Desde primera fila Fernando Tellado y yo tomamos nota de todo, antes y después de la esperadísima llegada de Paloma Llaneza, ilustre del Derecho, especialista en seguridad, representante del CNCCS y, además, persona sensata ahí donde las haya.

Brian Krebs, uno de los primeros ponentes en intervenir, comenzó haciendo alusión a las bondades del cloud computing como recurso fundamental en la lucha contra el cibercrimen gracias a la posibildad que ofrece de compartir datos en tiempo real sobre seguridad. Paloma Llaneza, por su parte, habló sobre la figura de los “huérfanos digitales” refiriéndose a la situación común en la que se encuentran  muchos padres al creer que sus hijos son expertos en el uso de redes sciales e Internet, sin darse cuenta de que desconocen la ilitud de determinados actos y los riesgos que estan asumiendo. Sin duda, dijo Paloma, falta una verdadera consciencia del significado de la tecnología.

Se habló también del problema de la geolocalizacion voluntaria descontrolada como fuente de información para criminales del mundo offline y online por igual. Marcelo Rivero recordó a los asistentes que los creadores de malware ya no buscan reconocimiento sino beneficio y afirmó que se está produciendo un peligroso aumento del malware de ingeniería social. John Leyden respondió que  es precisamente la diversidad de plataformas y Sistemas Opertivos la que dificulta en extremo la labor de contención y supresión de actividades criminales.

Según afirmó Marc Cortes, el miedo lleva a la desconexion. Pero ya es imposible estar desconectado. Debido a que para Marc la seguridad es tan solo un tema de percepción, su propuesta fue clara: “los ordenadores no pueden estar perfectamente protegidos pero se puede generar la percepción de que está seguro”. Esta fue una de las afirmaciones que más revuelo causó en la mesa, pero no la única ni la más polémica. Uno de los debates más candentes de la tarde fue el protagonizado por Paloma Llaneza y Yago Jesús: Mientras que Paloma abogaba por la dualidad protección tecnológica – concienciación del usuario, Yago Jesús se encasilló en una postura populista y llena de adeptos tecnófilos sobre la necesidad de que todo el software se produzca seguro por defecto, no dejando nada al arbitrio o voluntad del usuario, que, por defecto, no sabe hacer la o con un canuto. Aunque solo fuese por la gracia y contundencia con la que Yago Jesús expresó sus convicciones tan apegadas al día a día de los usuarios (“las campañas mágicas no funcionan”; y “el usuario es un inculto tecnológico y no quiere aprender”), arrancó varias oleadas de aplausos del público.

Javier Sanz, otro de los sensatos del día, informó apoyado por su experiencia como administrador de ADSL Zone que “la mayoría de los infectados lo son por temerarios. Son usuarios que no toman ni las mínimas medidas de seguridad”. Además, confirmó la existencia de una imparable proliferación de antivirus falsos y advirtió que uno de los focos más comunnes de infección son los pendrives que se comparten entre amigos y compañeros de trabajo.

Por último, Joseph Menn afirmó que es imposible arreglarlo todo y Kurt Wismer se preguntó “¿por qué la ejecución de la normativa no es tan buena como debería ser?”

La excelente jornada organizada por Panda y securizada por Luis Corrons, Protector de las redes, concluyó con un agradable canapé (por la conversación y por lo bueno que estaba el canapé) en el que, como anécdota, asistí al peculiar ritual de integración de una canapera entrada en canas.

Durante los meses de enero y febrero he tenido la oportunidad de impartir clase en la Universidad de Alcalá, en el Máster en Comunicación Corporativa e Institucional Digital Web 2.0, del que es Javier Celaya su Director. La nueva convocatoria del máster ya ha empezado y volveré a dar clase en pocos meses.

El módulo del que soy responsable tiene el título Aspectos legales de la web 2.0 y está dirigido a profesionales del mundo de la comunicación corporativa y la prensa digital.

La Comunicación Corporativa e Institucional Digital web 2.0 supone el desarrollo de acciones encaminadas a promocionar la empresa, aumentar su visibilidad y gestionar su identidad online. Para ello, consciente o inconscientemente se:

• Recaban y tratan datos de carácter personal
• Generan y utilizan contenidos con propiedad intelectual
• Hace uso de marcas, nombres comerciales y dominios
• Comunica y comercia a través de páginas web o sistemas electrónicos

A lo largo del módulo se analizan los principales aspectos legales a tener en cuenta en la comunicación digital, haciendo especial hincapié en aquellas cuestiones prácticas que deben ser objetivamente cumplidas por toda empresa que se dedique a la realización de actividades de Comunicación Corporativa e Institucional Digital web 2.0.

Adicionalmente e integrados en la parte teórica, se han incluido pequeños casos prácticos, algunos reales y otros ficticios, de manera que ayuden a la mejor comprensión de la terminología, tendencias, doctrinas y artículos que se citan en el módulo.

Finalmente, se plantea al alumno un caso práctico que podrá resolver con el conocimiento adquirido a lo largo del presente módulo.

No pretendo formar a especialistas en Derecho Tecnológico, para lo cual haría falta un máster completo sobre la materia, sino inculcar los conocimientos legales básicos que afectan a la comunicación 2.0 con el fin de que los alumnos conozcan los requisitos y consecuencias jurídicas que puede conllevar una concreta actividad de comunicación. No obstante, debido a que este módulo no se encuadra en un cursillo de verano sino en un curso de postgrado profesional, cuenta de una alta carga lectiva, memorística y de reflexión, que exige al estudiante la dedicación de tiempo y esfuerzo suplementario.

Al finalizar el módulo los alumnos son capaces de:

• Explicar cada uno de los derechos de propiedad intelectual que la ley otorga a los autores.
• Detectar incumplimientos de la normativa de propiedad intelectual.
• Aplicar licencias a trabajos, páginas web y otras obras
• Distinguir y explicar las diferencias entre marca, nombre comercial, denominación social y dominio.
• Resumir los puntos básicos que afectan al comercio electrónico y la publicidad en internet.
• Enumerar las obligaciones legales de los prestadores de servicios de la sociedad de la información
• Enumerar los requisitos legales para adecuar una campaña de comunicación 2.0 a la normativa de protección de datos

Por ahora, las valoraciones del módulo realizadas por los alumnos son bastante positivas.

Imagen cedida por Vasya Pipiskin

El pasado miércoles (17 de febrero de 2010) fui a presentarme a los alumnos del MNDTIA (Máster en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual). Este año los alumnos han tenido que resolver el caso que preparé a la promoción 08/09.

Me consta que es un caso popular ya que he recibido solicitudes de resolución del mismo de alumnos de postgrados similares de Méjico, Colombia y Perú.

Durante mi visita de presentación uno de los alumnos me preguntó por las consecuencias jurídicas derivadas de la ubicación de los servidores en las Islas Caimán y su relación con la protección de datos. ¿Existe transferencia internacional? Naturalmente, existe. Por el solo hecho de que los datos personales traspasen la frontera política del E.E.E., la transferencia internacional existe, teniendo diferentes efectos prácticos si el destino o el tránsito y, en cualquier caso, su tratamiento se realiza en un país miembro de la Unión Europea o externo a ésta; y en este último caso, también sería diferente si la entidad encargada del tratamiento forma o no parte del Acuerdo de Puerto Seguro.

Sin embargo, aunque el caso está preparado para poder ser abordado desde cualquier ángulo jurídico, ninguna de las preguntas del caso práctico fue concebida para ser respondida sobre cuestiones relativas a la protección de datos, por la simple razón de que no era yo el profesor a quien se le había encargado impartir esa materia. La pregunta va más encaminada a impulsar a los alumnos a investigar qué ley es aplicable en caso de conflicto con los derechos de autor de las obras alojadas y cuál sería en cada caso la jurisdicción competente.

En este sentido, para responder correctamente a la pregunta sería necesario realizar un análisis (sucinto) de la normativa nacional e internacional relativa a normas de conflicto y reglas de jurisdicción en materia de derecho de autor y derecho internacional privado. Resulta exquisitamente entretenido de leer, y un buen punto de partida para la investigación, el análisis del tema que realizó la Profesora Raquel Xalabarder (Profesora de Derecho Civil de la UOC) para el “Décimo Encuentro Regional de la Sociedad Americana de Derecho Internacional. Undécimo Simposio Anual Fulbright”, bajo el título Derechos de autor: ley aplicable y jurisdicción competente en la era digital.

Hasta hace unos días, las empresas españolas no podían hacer libremente sorteos y promociones publicitarias sino que necesitaban una autorización de la ONLAE que debían pedir con al menos un mes de antelación y que no siempre se concedía.

Sin embargo, la situación acaba de cambiar. Mi compañera de despacho, Erika Navarlaz, acaba de publicar bajo la coordinación de Joaquín Muñoz un breve artículo (Cambios en la regulación de rifas y sorteos promocionales) en el que explica de forma clara y directa la modificación normativa, por lo que aquí no repetiré nada de lo que ella ya ha dicho. Me centraré en la parte práctica, que es la que al común de los mortales le interesa: ¿qué debo hacer si mi empresa quiere realizar una promoción publicitaria gratuita (sortear un videojuego entre mis clientes, por ejemplo)?

• El formulario a rellenar será el que se publique en la ONLAE Pero mientras no haya ninguno publicado se deberá imprimir y rellenar a mano el que figura en el anexo del Real Decreto.
• El formulario deberá ser enviado por los medios que indique la ONLAE en su web. Pero mientras no haya ningún medio indicado se deberá enviar al siguiente número de fax: 91.cinco.96.dos.331.
• La notificación hay que hacerla antes de iniciar la acción. No se ha establecido con cuánta anterioridad por lo que puede ser incluso el día de antes.
• La notificación exige el pago de la cuota. En el caso de promociones publicitarias es el 10% del valor de todos los bienes o servicios que se vayan a sotear, sin IVA. Este pago ha de hacerse en la forma que figure en el modelo de carta de pago que estará disponible en los próximos días en la Agencia Tributaria.
• El plazo para realizar el pago es de 30 días desde el inicio de la acción.

Pero ya sabéis cómo van estas cosas del derecho. Lo que puede servir para unos puede no servir para otros.

Ojo: La normativa sólo ha cambiado para Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales. El resto de prácticas relacionadas con el azar siguen necesitando autorización o están consideradas delito de contrabando.

Despacho de abogados especializado en promociones publicitarias y Juego Online: Abanlex Abogados

Según informa La Vanguardia (tomando como fuente un comunicado de la Agencia EFE), “las peluquerías catalanas han declarado la guerra a la Sociedad General de Autores de España (SGAE), que las obliga a pagar un canon por poner la radio, y han iniciado una campaña en la que piden a los clientes que acudan con su propia música para evitar el pago del impuesto” (Nota al lector: donde la agencia EFE dice “canon” e “impuesto” en realidad quiere decir “cuota” y “tarifa”). La polémica surgió a raiz de la visita de uno de los inspectores de la SGAE a una peluquería de Barcelona y cuya historia puede leerse aquí (aunque hago un resumen en el párrafo siguiente).

En resumen, los hechos son los siguientes: el titular de la referida peluquería abierta al público tiene instalado en ella una radio. El aparato de radio mencionado está ubicado en la zona de atención al público y su finalidad es la de dar un servicio más a sus clientes, cual es el de crear ambiente; un ambiente agradable que invite a esperar y cortarse el pelo de forma más relajada y agradecida. Uno de los inspector de la SGAE entró en la peluquería con la intención de informar al titular del local de que, por mandato legal y en representación de los socios que forman parte de la sociedad, debía pagar una cuota de 6 euros mensuales en concepto de comunicación pública por la música que ponía a sus clientes. A raíz de esta comunicación, las peluquerías de Cataluña han puesto el grito en el cielo, como ya antes lo hicieron los hosteleros, los transportistas de viajeros, los baristas, etc.

Leída la noticia en los medios de prensa y esbozada una mueca de complicidad con los peluqueros, recibo una llamada de Radio Nacional para hablar en el programa La tarde en vivo (Radio 5) y explicar si la SGAE tiene o no derecho a cobrar en estos casos.

Resumen jurídico de los fundamentos de derecho que permiten a la SGAE cobrar en estos supuestos:

INTRODUCCIÓN: La “propiedad intelectual” es un derecho que crean sus autores sobre el que, de conformidad con los arts. 348 y 428 del Código Civil, tienen derecho a gozar y disponer del mismo a su voluntad, y explotar su obra literaria, científica o artística, en todas las variedades que la vigente legislación reconoce. Tal derecho tiene un contenido no sólo de satisfacción interna de su autor, sino que externamente está destinado a la difusión de la obra producida entre el público, contribuyendo, entre otros fines, a la formación cultural y lúdica de éste, constituyendo la obra intelectual en sus variadas formas una propiedad tan legítima y respetable como las demás que el derecho reconoce, según ya de antiguo declaró la Sala Primera del Tribunal Supremo en sentencia de  6 octubre de 1915.

NORMATIVA: Por todo ello, el reflejo que en la normativa vigente tiene el derecho de propiedad intelectual persigue conceder al autor el derecho de explotación de la misma, traducido, en lo que ahora se discute – art. 20, 2.g), del Real Decreto Legislativo 1/2006- en “la emisión o transmisión, en lugar accesible al público, mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra radiodifundida“. Norma ésta a su vez previamente establecida en el Convenio de Berna, que en su art. 11.bis.1 atribuye a los autores intelectuales no sólo la radiodifusión de sus obras o su comunicación pública por cualquier medio y toda comunicación pública, con hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida o televisada, sino, en cuanto ahora interesa, “la comunicación pública por altavoz o por cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida o transmitida”.

EL EQUILIBRIO DE DERECHOS: La prestación dineraria se justifica, además, porque suponiendo la creación de obras artísticas de cualquier clase un esfuerzo por parte de sus autores, unido a aptitudes especiales en ciertas clases de obras que implican emanaciones de la personalidad y preparación del creador, su utilización gratuita por extraños con fines lucrativos supondría un enriquecimiento injusto, en cuanto que la retransmisión de la propiedad intelectual ajena la tiene como uno de los servicios que presta a sus clientes, y, por tanto, integra un medio lucrativo por el que es de justicia que satisfaga la contraprestación correspondiente. Tal es, sin duda, el propósito del legislador nacional y del derecho comparado, pues de otra forma se desequilibrarían las recíprocas prestaciones nacidas, por el mero hecho de la recepción, entre quien dispone del trabajo creativo de un tercero, para incrementar su clientela y en definitiva su patrimonio, y el dueño de la obra, que tiene evidente derecho a su exclusiva explotación.

LA AUTORIZACIÓN DEL AUTOR: El carácter exclusivo de los derechos de autor para autorizar “toda comunicación pública, sea por hilo o sin hilo”, de la obra radiodifundida, sea por altavoz o de cualquier otro modo, comprendiendo sonidos e imágenes” (Convención de Berna, art. 11.bis.1), y el corresponder al autor, según el art. 17 de la Ley de Propiedad Intelectual, “el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma” y en especial su “comunicación pública y transformación; que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente ley”; son expresiones literales que no ofrecen duda y a ellas hay que atender en primer lugar según el art. 3.º1 del Código Civil; sin tergiversar su sentido y llegar a una interpretación contra legem, toda vez que la frase que se utiliza en ambas normas internacional e interna de “obra radiodifundida” o “de obra difundida” no indica una expresión referida exclusivamente a supuestos específicos, sino que tiene el sentido de generalidad como uno de los caracteres de las leyes, que ha de ser compatible en este caso con el citado art. 17 y con la emisión o transmisión en lugares accesibles al público mediante cualquier instrumento idóneo “por radio o televisión”.

PAGO NO DUPLICADO: Lo anterior queda a su vez corroborado, a modo de una interpretación auténtica, por la Orden Ministerial de 15-6-1959, no derogada, en el sentido de que no hay una duplicidad de derechos de autor, puesto que se trata de supuestos de hecho completamente diferentes que el legislador contempla con independencia, cuales son las radiodifusión, la retransmisión, y la comunicación pública por altavoz o elementos transmisor de sonidos o de imágenes; ni sería equitativo hacer pesar únicamente sobre la emisora de radio la relación económica con los titulares de la propiedad intelectual utilizada, prescindiendo del hecho de la retransmisión en cadena a otras emisoras o de su utilización pública por medio de receptores, cada uno de cuyos actos produce por sí mismo una propia difusión o publicación de la obra intelectual de distinta naturaleza, excluyendo por supuesto como hace expresamente la Ley vigente (art. 20.1, párr. 2) las comunicaciones que se celebren dentro de un “ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo”; revelando así estas puntualizaciones la sujeción al régimen general de cualquier otra comunicación.

OBLIGACIÓN DE PAGAR A LA SGAE: El titular que explota un local abierto al público en el que ofrece audiciones radiofónicas, viene obligado a satisfacer a la SGAE los derechos correspondientes según las tarifas generales, y siempre que las mismas sean de aplicación a las circunstancias acreditadas, por cuanto que esta sociedad de gestión de derechos representa a una multiplicidad de autores que voluntariamente han decidido delegar a la misma el cobro de estos derechos.

ALTERNATIVAS AL PAGO A LA SGAE: No son de aplicación las referidas tarifas cuando en el local no se comuniquen obras incluídas en el repertorio de la SGAE, tal y como sucede en los establecimientos que sólo hacen uso de emisoras de noticias o de la llamada “música libre”.

Materiales disponibles:

• Escucha la entrevista (Radio Nacional de España. Radio 5 – Todo Noticias)
• Sentencia de 19 de junio de 1993 del Tribunal Supremo (el post está basado casi literalmente en esta sentencia)

En mi caso, tras varios años de uso de Last.fm, generé una lista de grupos de música preferidos que, de otra forma, jamás hubiera conocido o de los cuales nunca me habría llegado a aprender sus nombres. En el momento en que el servicio se volvió exclusivamente de pago, trasladé mi playlist a Spotify, creando varias listas de reproducción. Drawing shadows es una de estas listas con los principales éxitos de los 100 grupos de música que más veces recibieron mi scrobbling en Last.fm. Una vez creada la lista, la compartí en Spotyshare; hace pocas horas la he abierto para convertirla en colaborativa y en pocos minutos ha alcanzado el grado de “popular”. Pero lo sorprendente es que en esos pocos minutos ya ha cambiado su estructura varias veces, ha mutado, aumentado de tamaño y mejorado considerablemente gracias a las aportaciones y ediciones de usuarios anónimos.

En comentarios puedes dejar recomendaciones, opiniones y enlaces a tus listas publicadas en Spotyshare!

El artículo es extenso y denso, con cantidad de términos técnicos sobre Gestión de la Calidad en las Administraciones Públicas y un marcado acento socio-político. Está especialmente dirigido a tecnicos de la administración, politólogos con conocimientostécnicos y abogados de derecho tecnológico, aunque cualquiera con interés sobre la materia lo puede leer sin problemas.

Estoy especialmente satisfecho con el resultado, a excepción de los últimos 4 párrafos en los que hablo del Plan Avanza Local (me quedaron muy poco afinados y consiguieron despistarme lo suficiente como para dar un final bastante mejorable al artículo).

Los temas principales que analizo en profundidad son los siguientes:

1. Redes sociales en internet
2. Encaje de las redes sociales en el ámbito de las administraciones locales
3. Anacronismos en la actuación de la administración local actual y los retos que se le presentan
4. Posibilidades y propuestas: la creación de una red de perfiles únicos
5. Por qué las redes sociales en internet pueden ser la solución
6. E-participación
7. Ventajas del Plan Avanza Local

El artículo se ofrece bajo licencia Creative Commons de sólo Reconocimiento 3.0 para su uso en trabajos de clase, informes, etc.

Materiales:

• Descarga el artículo Rumbo hacia la e-administración: Las Redes Sociales en la Administración Pública Localadministración (.pdf)
• Accede a la versión online de la revista Ayuntamiento XXI

Frankie me pasa un meme sobre propósitos de año nuevo, que a su vez le ha pasado JoséK (que ya me pasó otro hace tiempo).

Para aumentar un poco el nivel de friquez de este post, que ya es de por sí elevado, voy a guardarlo como borrador y a continuar desde el iPhone….

…

…Ya estoy de vuelta. Y aquí van mis propósitos de año nuevo, cada uno de ellos dedicado a una persona en concreto para que me ayude a conseguirlo:

Personales:

• Llamar más a los abuelos (Angelines).
• Aprender a distinguir el verde melón del verde limón y éste del verde pistacho (Maestra Zen).
• Hacer más deporte (no es el típico propósito; tengo un plan…) (Alejo)
• Salir más con mis amigos del colegio (Borja).
• Salir de viaje o hacer excursiones (Alberto)
• Jugar a juegos de mesa (Zapa)
• Volver a jugar a videojuegos (Frankie)

Profesionales

• Aprender la diferencia entre ayudar y trabajar gratis

(Hezu)

• Crear un departamento “especial” en mi despacho. (JoseK)
• No trabajar los domingos (Azahara)
• Rendir al máximo en el doctorado (Alberto)
• Elegir mejor… (Joaquín)

Si alguna de estas personas se da por aludida y quiere echarme una mano, puede que gracias a ella consiga hacer realidad mis propósitos de año nuevo.

Y, como es costumbre, paso el meme a otras dos personas con blog, por si lo quieren continuar: Rodrigo y David

Aquí tenéis una captura de pantalla del panel de edición de posts del iPhone:

ADSLzone acaba de decidir la retirada de más de cien comentarios de sus foros tras haber recibido un “cordial” C&D por parte de Superbanda.

ADSLzone es un sitio web en el que profesionales del sector de las telecomunicaciones y usuarios de banda ancha opinan libremente sobre los servicios de conexión y prestación de Internet. El usuario que desea opinar en la web tiene que registrarse mediante un formulario en el que debe aportar, entre otros datos, su nombre y un correo electrónico de contacto. Asimismo, se avisa en ese instante de que “el registro en la web conlleva la aceptación” del Aviso Legal, en cuyo apartado 11.2 se hace responsable al usuario de todo contenido que aporte, incluidos los comentarios. Esta declaración responsable de los usuarios permite que ADSLzone sea una zona de encuentro y opinión libre de censura, puesto que cada usuario debe responder de sus propias palabras y actos.

Sin embargo, ha sido precisamente esta libertad la que ha llevado a ciertos usuarios de ADSLzone a crear hilos en los que critican duramente a alguna de las empresas que ofrecen internet de banda ancha en España, usando incluso calificativos tales como mentirosos y sinvergüenzas para referirse a sus responsables.

A raíz de estas declaraciones, el representante miembros de Superbanda, mentados personalmente en varias ocasiones con calificativos un tanto desagradables, se han puesto en contacto con ADSLzone para solicitar la cancelación de datos y la supresión de los comentarios que los albergaban, con base en la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Ante este requerimiento, comúnmente denominado C&D (aunque en este caso no sea precisamente un C&D), los administradores de ADSLzone han decidido eliminar los comentarios conflictivos. Pero no lo han hecho para guardarse las espaldas, sino para proteger a sus usuarios de posibles acciones legales que Superbanda pudiera iniciar contra ellos por expresar sus opiniones sobre la calidad del servicio ofrecido por este operador. (Actualización: Superbanda ofrece su punto de vista sobre los hechos en los comentarios a este post).

Desde el punto de vista jurídico hay que hacer las siguientes apreciaciones:

- LOPD: A pesar de que el responsable miembros de Superbanda deseen ejercer su derecho de cancelación con base en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD), esta norma no es de aplicación en este caso concreto, puesto que no se trata de proteger datos que se encuentren incluidos en un fichero (entendido fichero como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”). Por tanto, no puede ejercer tal derecho por una razón tan sencilla como que no hay fichero sobre el que ejercerlo. La norma que aplica en este caso es la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

- LSSI: El responsable Los miembros mentados de Superbanda basa su solicitud de supresión de datos en el artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (que, por cierto, el Magistrado Juez Titular del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, decidió llamar “Ley de Sociedades y del Servicio de Información” en un alarde de originalidad extrema mientras escribía el texto cargado de estulticia y necedad a partes iguales que conforma el auto 138/09) y, más en concreto, en el apartado a.1. Aquí os dejo el artículo completo con algunas frases subrayadas

Artículo 16. Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos.

1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:

a No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o

b. Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.

2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control de su prestador.

El conocimiento es efectivo es aquel que se tiene cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos o la existencia de lesión. En caso de que se aprecie la ilicitud de los datos, el órgano deberá, además, ordenar bien su retirada, bien el bloqueo del acceso a los mismos. A esta declaración, que será judicial en la mayoría de los casos, se le añade la necesidad de que el prestador (ADSLzone) conozca la resolución para que pueda ejecutarla.

Por tanto, la simple creencia de que el contenido puede ser ilícito no supone el nacimiento automático de  responsabilidad, más allá de la propia de la “diligencia debida”, tal y como se señala en la sentencia de alasbarricadas.org. Sobre qué es “diligencia debida” y qué se entiende por “contenidos ilícitos” ya he escrito por lo que os remito al post titulado Responsabilidad por alojar contenido ilegal en España.

Mis conclusiones:

El hecho de que Superbanda algunos miembros de Superbanda hayan solicitado a ADSLzone la supresión de sus datos personales de sus directivos de las páginas del foro es razonable pero no de obligado cumplimiento por parte de los responsables del sitio web, en virtud del artículo 16 de la LSSI. No habría sido en absoluto razonable la solicitud de supresión de críticas sanas sobre su servicio puesto que el usuario es libre de opinar, siempre que lo haga con el debido respeto.

Por otro lado, la actitud de ADSLzone ha sido ciertamente conciliadora, ha ahorrado a sus usuarios y a sí misma problemas potenciales problemas, comunicados por burofax y alguna que otra visita a los juzgados, pero innecesaria desde un punto de vista estrictemente jurídico. Sin embargo, siendo justos con la realidad actual, también hay que tener en cuenta que aún bastantes jueces en España entienden que un foro o un sitio web es lo mismo que un períodico en papel y les aplican la normativa de prensa que hace responsable al Director (en este caso, a ADSLzone)del medio por todo lo que cualquiera haya podido publicar bajo su dominio, por lo que la decisión de ADSLzone también es acertada en este sentido, por si tocase lidiar con algún juez lego en la materia o de gran inventiva, como ciertos casos que se conocen…

(Actualización: Recomiendo leer los comentarios a esta entrada)

En cambio, existe un número reducido de abogados que ha decidido adquirir experiencia y conocimientos al tiempo que se desarrollan los avances tecnológicos. Para este colectivo, la autoformación es fundamental; al igual que la realización de cursos o un máster específico en tecnología.

Pero, sin duda, el indicio revelador de estar ante un verdadero abogado de nuevas tecnologías es el mantenimiento de un blog profesional, que obliga a su autor a investigar habitualmente, denotando constancia, perseverancia e ilusión por su trabajo.

Sobre estas cuestiones y otras aún más interesantes me entrevista el periodista Luis Javier Sánchez para Diario Jurídico, publicación digital del Gupo VLex.

• Acceder a la entrevista online.
• Descargar la entrevista en PDF.