Hasta hace unos días, las empresas españolas no podían hacer libremente sorteos y promociones publicitarias sino que necesitaban una autorización de la ONLAE que debían pedir con al menos un mes de antelación y que no siempre se concedía.

Sin embargo, la situación acaba de cambiar. Mi compañera de despacho, Erika Navarlaz, acaba de publicar bajo la coordinación de Joaquín Muñoz un breve artículo (Cambios en la regulación de rifas y sorteos promocionales) en el que explica de forma clara y directa la modificación normativa, por lo que aquí no repetiré nada de lo que ella ya ha dicho. Me centraré en la parte práctica, que es la que al común de los mortales le interesa: ¿qué debo hacer si mi empresa quiere realizar una promoción publicitaria gratuita (sortear un videojuego entre mis clientes, por ejemplo)?

• El formulario a rellenar será el que se publique en la ONLAE Pero mientras no haya ninguno publicado se deberá imprimir y rellenar a mano el que figura en el anexo del Real Decreto.
• El formulario deberá ser enviado por los medios que indique la ONLAE en su web. Pero mientras no haya ningún medio indicado se deberá enviar al siguiente número de fax: 91.cinco.96.dos.331.
• La notificación hay que hacerla antes de iniciar la acción. No se ha establecido con cuánta anterioridad por lo que puede ser incluso el día de antes.
• La notificación exige el pago de la cuota. En el caso de promociones publicitarias es el 10% del valor de todos los bienes o servicios que se vayan a sotear, sin IVA. Este pago ha de hacerse en la forma que figure en el modelo de carta de pago que estará disponible en los próximos días en la Agencia Tributaria.
• El plazo para realizar el pago es de 30 días desde el inicio de la acción.

Pero ya sabéis cómo van estas cosas del derecho. Lo que puede servir para unos puede no servir para otros así que si te quedan dudas, quieres que te lo hagan otros o quieres asegurarte de hacerlo bien a la primera, te recomiendo preguntar a Joaquín Muñoz, que de estos temas sabe.

Ojo: La normativa sólo ha cambiado para Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales. El resto de prácticas relacionadas con el azar siguen necesitando autorización o están consideradas delito de contrabando.

Según informa La Vanguardia (tomando como fuente un comunicado de la Agencia EFE), “las peluquerías catalanas han declarado la guerra a la Sociedad General de Autores de España (SGAE), que las obliga a pagar un canon por poner la radio, y han iniciado una campaña en la que piden a los clientes que acudan con su propia música para evitar el pago del impuesto” (Nota al lector: donde la agencia EFE dice “canon” e “impuesto” en realidad quiere decir “cuota” y “tarifa”). La polémica surgió a raiz de la visita de uno de los inspectores de la SGAE a una peluquería de Barcelona y cuya historia puede leerse aquí (aunque hago un resumen en el párrafo siguiente).

En resumen, los hechos son los siguientes: el titular de la referida peluquería abierta al público tiene instalado en ella una radio. El aparato de radio mencionado está ubicado en la zona de atención al público y su finalidad es la de dar un servicio más a sus clientes, cual es el de crear ambiente; un ambiente agradable que invite a esperar y cortarse el pelo de forma más relajada y agradecida. Uno de los inspector de la SGAE entró en la peluquería con la intención de informar al titular del local de que, por mandato legal y en representación de los socios que forman parte de la sociedad, debía pagar una cuota de 6 euros mensuales en concepto de comunicación pública por la música que ponía a sus clientes. A raíz de esta comunicación, las peluquerías de Cataluña han puesto el grito en el cielo, como ya antes lo hicieron los hosteleros, los transportistas de viajeros, los baristas, etc.

Leída la noticia en los medios de prensa y esbozada una mueca de complicidad con los peluqueros, recibo una llamada de Radio Nacional para hablar en el programa La tarde en vivo (Radio 5) y explicar si la SGAE tiene o no derecho a cobrar en estos casos.

Resumen jurídico de los fundamentos de derecho que permiten a la SGAE cobrar en estos supuestos:

INTRODUCCIÓN: La “propiedad intelectual” es un derecho que crean sus autores sobre el que, de conformidad con los arts. 348 y 428 del Código Civil, tienen derecho a gozar y disponer del mismo a su voluntad, y explotar su obra literaria, científica o artística, en todas las variedades que la vigente legislación reconoce. Tal derecho tiene un contenido no sólo de satisfacción interna de su autor, sino que externamente está destinado a la difusión de la obra producida entre el público, contribuyendo, entre otros fines, a la formación cultural y lúdica de éste, constituyendo la obra intelectual en sus variadas formas una propiedad tan legítima y respetable como las demás que el derecho reconoce, según ya de antiguo declaró la Sala Primera del Tribunal Supremo en sentencia de  6 octubre de 1915.

NORMATIVA: Por todo ello, el reflejo que en la normativa vigente tiene el derecho de propiedad intelectual persigue conceder al autor el derecho de explotación de la misma, traducido, en lo que ahora se discute – art. 20, 2.g), del Real Decreto Legislativo 1/2006- en “la emisión o transmisión, en lugar accesible al público, mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra radiodifundida“. Norma ésta a su vez previamente establecida en el Convenio de Berna, que en su art. 11.bis.1 atribuye a los autores intelectuales no sólo la radiodifusión de sus obras o su comunicación pública por cualquier medio y toda comunicación pública, con hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida o televisada, sino, en cuanto ahora interesa, “la comunicación pública por altavoz o por cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida o transmitida”.

EL EQUILIBRIO DE DERECHOS: La prestación dineraria se justifica, además, porque suponiendo la creación de obras artísticas de cualquier clase un esfuerzo por parte de sus autores, unido a aptitudes especiales en ciertas clases de obras que implican emanaciones de la personalidad y preparación del creador, su utilización gratuita por extraños con fines lucrativos supondría un enriquecimiento injusto, en cuanto que la retransmisión de la propiedad intelectual ajena la tiene como uno de los servicios que presta a sus clientes, y, por tanto, integra un medio lucrativo por el que es de justicia que satisfaga la contraprestación correspondiente. Tal es, sin duda, el propósito del legislador nacional y del derecho comparado, pues de otra forma se desequilibrarían las recíprocas prestaciones nacidas, por el mero hecho de la recepción, entre quien dispone del trabajo creativo de un tercero, para incrementar su clientela y en definitiva su patrimonio, y el dueño de la obra, que tiene evidente derecho a su exclusiva explotación.

LA AUTORIZACIÓN DEL AUTOR: El carácter exclusivo de los derechos de autor para autorizar “toda comunicación pública, sea por hilo o sin hilo”, de la obra radiodifundida, sea por altavoz o de cualquier otro modo, comprendiendo sonidos e imágenes” (Convención de Berna, art. 11.bis.1), y el corresponder al autor, según el art. 17 de la Ley de Propiedad Intelectual, “el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma” y en especial su “comunicación pública y transformación; que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente ley”; son expresiones literales que no ofrecen duda y a ellas hay que atender en primer lugar según el art. 3.º1 del Código Civil; sin tergiversar su sentido y llegar a una interpretación contra legem, toda vez que la frase que se utiliza en ambas normas internacional e interna de “obra radiodifundida” o “de obra difundida” no indica una expresión referida exclusivamente a supuestos específicos, sino que tiene el sentido de generalidad como uno de los caracteres de las leyes, que ha de ser compatible en este caso con el citado art. 17 y con la emisión o transmisión en lugares accesibles al público mediante cualquier instrumento idóneo “por radio o televisión”.

PAGO NO DUPLICADO: Lo anterior queda a su vez corroborado, a modo de una interpretación auténtica, por la Orden Ministerial de 15-6-1959, no derogada, en el sentido de que no hay una duplicidad de derechos de autor, puesto que se trata de supuestos de hecho completamente diferentes que el legislador contempla con independencia, cuales son las radiodifusión, la retransmisión, y la comunicación pública por altavoz o elementos transmisor de sonidos o de imágenes; ni sería equitativo hacer pesar únicamente sobre la emisora de radio la relación económica con los titulares de la propiedad intelectual utilizada, prescindiendo del hecho de la retransmisión en cadena a otras emisoras o de su utilización pública por medio de receptores, cada uno de cuyos actos produce por sí mismo una propia difusión o publicación de la obra intelectual de distinta naturaleza, excluyendo por supuesto como hace expresamente la Ley vigente (art. 20.1, párr. 2) las comunicaciones que se celebren dentro de un “ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo”; revelando así estas puntualizaciones la sujeción al régimen general de cualquier otra comunicación.

OBLIGACIÓN DE PAGAR A LA SGAE: El titular que explota un local abierto al público en el que ofrece audiciones radiofónicas, viene obligado a satisfacer a la SGAE los derechos correspondientes según las tarifas generales, y siempre que las mismas sean de aplicación a las circunstancias acreditadas, por cuanto que esta sociedad de gestión de derechos representa a una multiplicidad de autores que voluntariamente han decidido delegar a la misma el cobro de estos derechos.

ALTERNATIVAS AL PAGO A LA SGAE: No son de aplicación las referidas tarifas cuando en el local no se comuniquen obras incluídas en el repertorio de la SGAE, tal y como sucede en los establecimientos que sólo hacen uso de emisoras de noticias o de la llamada “música libre”.

Materiales disponibles:

• Escucha la entrevista (Radio Nacional de España. Radio 5 – Todo Noticias)
• Sentencia de 19 de junio de 1993 del Tribunal Supremo (el post está basado casi literalmente en esta sentencia)

En mi caso, tras varios años de uso de Last.fm, generé una lista de grupos de música preferidos que, de otra forma, jamás hubiera conocido o de los cuales nunca me habría llegado a aprender sus nombres. En el momento en que el servicio se volvió exclusivamente de pago, trasladé mi playlist a Spotify, creando varias listas de reproducción. Drawing shadows es una de estas listas con los principales éxitos de los 100 grupos de música que más veces recibieron mi scrobbling en Last.fm. Una vez creada la lista, la compartí en Spotyshare; hace pocas horas la he abierto para convertirla en colaborativa y en pocos minutos ha alcanzado el grado de “popular”. Pero lo sorprendente es que en esos pocos minutos ya ha cambiado su estructura varias veces, ha mutado, aumentado de tamaño y mejorado considerablemente gracias a las aportaciones y ediciones de usuarios anónimos.

En comentarios puedes dejar recomendaciones, opiniones y enlaces a tus listas publicadas en Spotyshare!

El artículo es extenso y denso, con cantidad de términos técnicos sobre Gestión de la Calidad en las Administraciones Públicas y un marcado acento socio-político. Está especialmente dirigido a tecnicos de la administración, politólogos con conocimientostécnicos y abogados de derecho tecnológico, aunque cualquiera con interés sobre la materia lo puede leer sin problemas.

Estoy especialmente satisfecho con el resultado, a excepción de los últimos 4 párrafos en los que hablo del Plan Avanza Local (me quedaron muy poco afinados y consiguieron despistarme lo suficiente como para dar un final bastante mejorable al artículo).

Los temas principales que analizo en profundidad son los siguientes:

1. Redes sociales en internet
2. Encaje de las redes sociales en el ámbito de las administraciones locales
3. Anacronismos en la actuación de la administración local actual y los retos que se le presentan
4. Posibilidades y propuestas: la creación de una red de perfiles únicos
5. Por qué las redes sociales en internet pueden ser la solución
6. E-participación
7. Ventajas del Plan Avanza Local

El artículo se ofrece bajo licencia Creative Commons de sólo Reconocimiento 3.0 para su uso en trabajos de clase, informes, etc.

Materiales:

• Descarga el artículo Rumbo hacia la e-administración: Las Redes Sociales en la Administración Pública Localadministración (.pdf)
• Accede a la versión online de la revista Ayuntamiento XXI

Frankie me pasa un meme sobre propósitos de año nuevo, que a su vez le ha pasado JoséK (que ya me pasó otro hace tiempo).

Para aumentar un poco el nivel de friquez de este post, que ya es de por sí elevado, voy a guardarlo como borrador y a continuar desde el iPhone….

…

…Ya estoy de vuelta. Y aquí van mis propósitos de año nuevo, cada uno de ellos dedicado a una persona en concreto para que me ayude a conseguirlo:

Personales:

• Llamar más a los abuelos (Angelines).
• Aprender a distinguir el verde melón del verde limón y éste del verde pistacho (Maestra Zen).
• Hacer más deporte (no es el típico propósito; tengo un plan…) (Alejo)
• Salir más con mis amigos del colegio (Borja).
• Salir de viaje o hacer excursiones (Alberto)
• Jugar a juegos de mesa (Zapa)
• Volver a jugar a videojuegos (Frankie)

Profesionales

• Aprender la diferencia entre ayudar y trabajar gratis

(Hezu)

• Crear un departamento “especial” en mi despacho. (JoseK)
• No trabajar los domingos (Azahara)
• Rendir al máximo en el doctorado (Alberto)
• Elegir mejor… (Joaquín)

Si alguna de estas personas se da por aludida y quiere echarme una mano, puede que gracias a ella consiga hacer realidad mis propósitos de año nuevo.

Y, como es costumbre, paso el meme a otras dos personas con blog, por si lo quieren continuar: Rodrigo y David

Aquí tenéis una captura de pantalla del panel de edición de posts del iPhone:

ADSLzone acaba de decidir la retirada de más de cien comentarios de sus foros tras haber recibido un “cordial” C&D por parte de Superbanda.

ADSLzone es un sitio web en el que profesionales del sector de las telecomunicaciones y usuarios de banda ancha opinan libremente sobre los servicios de conexión y prestación de Internet. El usuario que desea opinar en la web tiene que registrarse mediante un formulario en el que debe aportar, entre otros datos, su nombre y un correo electrónico de contacto. Asimismo, se avisa en ese instante de que “el registro en la web conlleva la aceptación” del Aviso Legal, en cuyo apartado 11.2 se hace responsable al usuario de todo contenido que aporte, incluidos los comentarios. Esta declaración responsable de los usuarios permite que ADSLzone sea una zona de encuentro y opinión libre de censura, puesto que cada usuario debe responder de sus propias palabras y actos.

Sin embargo, ha sido precisamente esta libertad la que ha llevado a ciertos usuarios de ADSLzone a crear hilos en los que critican duramente a alguna de las empresas que ofrecen internet de banda ancha en España, usando incluso calificativos tales como mentirosos y sinvergüenzas para referirse a sus responsables.

A raíz de estas declaraciones, el representante miembros de Superbanda, mentados personalmente en varias ocasiones con calificativos un tanto desagradables, se han puesto en contacto con ADSLzone para solicitar la cancelación de datos y la supresión de los comentarios que los albergaban, con base en la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Ante este requerimiento, comúnmente denominado C&D (aunque en este caso no sea precisamente un C&D), los administradores de ADSLzone han decidido eliminar los comentarios conflictivos. Pero no lo han hecho para guardarse las espaldas, sino para proteger a sus usuarios de posibles acciones legales que Superbanda pudiera iniciar contra ellos por expresar sus opiniones sobre la calidad del servicio ofrecido por este operador. (Actualización: Superbanda ofrece su punto de vista sobre los hechos en los comentarios a este post).

Desde el punto de vista jurídico hay que hacer las siguientes apreciaciones:

- LOPD: A pesar de que el responsable miembros de Superbanda deseen ejercer su derecho de cancelación con base en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD), esta norma no es de aplicación en este caso concreto, puesto que no se trata de proteger datos que se encuentren incluidos en un fichero (entendido fichero como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”). Por tanto, no puede ejercer tal derecho por una razón tan sencilla como que no hay fichero sobre el que ejercerlo. La norma que aplica en este caso es la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

- LSSI: El responsable Los miembros mentados de Superbanda basa su solicitud de supresión de datos en el artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (que, por cierto, el Magistrado Juez Titular del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, decidió llamar “Ley de Sociedades y del Servicio de Información” en un alarde de originalidad extrema mientras escribía el texto cargado de estulticia y necedad a partes iguales que conforma el auto 138/09) y, más en concreto, en el apartado a.1. Aquí os dejo el artículo completo con algunas frases subrayadas

Artículo 16. Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos.

1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:

a No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o

b. Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.

2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control de su prestador.

El conocimiento es efectivo es aquel que se tiene cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos o la existencia de lesión. En caso de que se aprecie la ilicitud de los datos, el órgano deberá, además, ordenar bien su retirada, bien el bloqueo del acceso a los mismos. A esta declaración, que será judicial en la mayoría de los casos, se le añade la necesidad de que el prestador (ADSLzone) conozca la resolución para que pueda ejecutarla.

Por tanto, la simple creencia de que el contenido puede ser ilícito no supone el nacimiento automático de  responsabilidad, más allá de la propia de la “diligencia debida”, tal y como se señala en la sentencia de alasbarricadas.org. Sobre qué es “diligencia debida” y qué se entiende por “contenidos ilícitos” ya he escrito por lo que os remito al post titulado Responsabilidad por alojar contenido ilegal en España.

Mis conclusiones:

El hecho de que Superbanda algunos miembros de Superbanda hayan solicitado a ADSLzone la supresión de sus datos personales de sus directivos de las páginas del foro es razonable pero no de obligado cumplimiento por parte de los responsables del sitio web, en virtud del artículo 16 de la LSSI. No habría sido en absoluto razonable la solicitud de supresión de críticas sanas sobre su servicio puesto que el usuario es libre de opinar, siempre que lo haga con el debido respeto.

Por otro lado, la actitud de ADSLzone ha sido ciertamente conciliadora, ha ahorrado a sus usuarios y a sí misma problemas potenciales problemas, comunicados por burofax y alguna que otra visita a los juzgados, pero innecesaria desde un punto de vista estrictemente jurídico. Sin embargo, siendo justos con la realidad actual, también hay que tener en cuenta que aún bastantes jueces en España entienden que un foro o un sitio web es lo mismo que un períodico en papel y les aplican la normativa de prensa que hace responsable al Director (en este caso, a ADSLzone)del medio por todo lo que cualquiera haya podido publicar bajo su dominio, por lo que la decisión de ADSLzone también es acertada en este sentido, por si tocase lidiar con algún juez lego en la materia o de gran inventiva, como ciertos casos que se conocen…

(Actualización: Recomiendo leer los comentarios a esta entrada)

En cambio, existe un número reducido de abogados que ha decidido adquirir experiencia y conocimientos al tiempo que se desarrollan los avances tecnológicos. Para este colectivo, la autoformación es fundamental; al igual que la realización de cursos o un máster específico en tecnología.

Pero, sin duda, el indicio revelador de estar ante un verdadero abogado de nuevas tecnologías es el mantenimiento de un blog profesional, que obliga a su autor a investigar habitualmente, denotando constancia, perseverancia e ilusión por su trabajo.

Sobre estas cuestiones y otras aún más interesantes me entrevista el periodista Luis Javier Sánchez para Diario Jurídico, publicación digital del Gupo VLex.

• Acceder a la entrevista online.
• Descargar la entrevista en PDF.

Alumbrado que rodea los juzgados de Plaza Castilla (Madrid)

El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, procedentes, entre otros orígenes, de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas.

La imagen que ilustra este post corresponde al alumbrado público exterior de los Juzgados de Plaza Castilla (Madrid). Como se puede apreciar, son farolas de diseño moderno que alumbran al cielo contribuyendo a la ya notable contaminación lumínica de Madrid; eso sí, con bombillas de bajo consumo.

Ante mi solicitud de información al respecto, la Dirección General de Vías y Espacios Públicos me deriva al Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instruciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, publicada en el BOE de 19 de noviembre de 2008.

La exposición de motivos del citado Real Decreto establece que “el uso irracional de la energía y la contaminación lumínica suponen un impacto negativo sobre el medio ambiente, por lo que, ante la escasez de recursos naturales, se hace imperativo evitarlos, en la medida de lo posible”.

En este sentido la norma referida mantiene como uno de sus fines el de “limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta”, aspectos que a su vez regula de forma más específica el ITC-EA-03.

Este documento técnico (ITC-EA-03) establece en su apartado 1.1 que deben limitarse las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción de las de alumbrado festivo y navideño. Esta luminosidad depende del flujo hemisférico superior instalado y es diréctamente proporcional a la superficie iluminada y a su nivel de ilumninacia, e inversamente proporcional a los factores de utilización y mantenimiento de la instalación.

En el caso concreto de los Juzgados de Plaza Castilla, la zona debe ser considerada de brillo o de luminosidad alta, es decir, como zona E4, y, por tanto, el flujo hemisférico superior instalado FHS_INST ha de ser necesariamente igual o inferior al 25%, además de cumplir con las siguientes tres especificaciones técnicas:

1. Iluminar solamente la zona que se quiera dotar de alumbrado.
2. Los niveles de iluminación no deben superar los valores máximos establecidos en la ITC-EA-02.
3. El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la instalación debe satisfacer los valores mínimos establecidos en la ITC-EA-04.

En definitiva, el alumbrado instalado en Plaza Castilla que ilumina la acera aledaña al edificio de los juzgados es ineficiente en el gasto energético por la falta de direccionalidad del foco, incrementa las emisiones luminosas aumentando el efecto de la contaminación lumínica en Madrid e incumple de forma palmaria la normativa vigente al respecto, en concreto el Real Decreto 1890/2008 y la instruccione técnica EA-03.

Actualización: Queda presentada la reclamación oficial ante el Ayuntamiento de Madrid el 8 de septiembre de 2009 a las 2:43:22 con número de referencia 20090908XXXX.

El desarrollo de troyanos, spyware y otros virus informáticos se ha convertido en una industria capaz de “producir” miles de millones de euros al año. Atrás quedaron los felices días en los que un par de friki-delicuentes se juntaban para crear desde su garaje un programa que borraba el disco duro del desprevenido usuario (de PC). Hoy en día nadie gasta un segundo de su tiempo en crear una amenaza informática sin haber realizado antes un elaborado business plan y analizado minuciosamente el retorno de inversión.

Precisamente, el lunes pasado tuve la oportunidad de exponer en la radio los entresijos jurídicos que regulan este tipo de delitos y cuáles son las herramientas legales de las que disponen los ciudadanos para protegerse ante estas amenazas. Gracias a mi socio de despacho y amigo Joaquín Muñoz, pude asistir y participar como tertuliano invitado en el programa Hoy por hoy, de María Avizanda, en Cadena Ser, junto a Artemi Rallo (Director de la Agencia Española de Protección de Datos), Yolanda Ruiz (Comunicación de Panda Security) y Alfonso de Miguel Yanes (Capitán de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil).

Quien sea periodista de radio sabe que los minutos en antena (on air) pasan increíblemente rápido y, sin embargo, nos dio tiempo a analizar el robo físico de tarjetas de crédito, su homólogo digital, las consecuencias jurídicas de suplantar la identidad de otra persona y las consecuencias de acceder ilegalmente a una cuenta de correo ajena. Ha sido casi media hora de intenso debate que ha mantenido a la audiencia al límite hasta el último segundo.

Tras la tertulia, Yoli y yo nos fuimos al Starbucks de Gran Vía a tratar algunos temas concernientes al Consejo Nacional Consultivo de Cyber-Seguridad, organismo del que pronto tendremos muchas y buenas noticias.

• Escucha el audio
  

Imagen: Clix

Un meme es una unidad de información

Tarda un poco en cargar, pero si pulsáis aquí veréis la primera página que hice. Y aquí la de 2006.

Como véis, más que un blog era un portal cultural en el que monopolicé las secciones de cine, música y videojuegos para escribir mis propias críticas y aprender un poco de HTML. La parte de cine y videojuegos ahora es www.cineyjuegos.com y la de arte www.revistadearte.com; ambas en WordPress.

Más tarde, al tiempo que estudiaba Ciencias Políticas decidí abrirme un blog personal sobre gadgets y leyes; lo llamé Ley 2.0. Este blog alojado en Blogger me permitió mantener en Internet un espacio libre de opinión. Y, sin darme cuenta, comencé a investigar más de la cuenta… a interesarme por saber siempre más, por escribir mejor y por compartir con el resto de la comunidad lo que iba aprendiendo.

Cuanto más escribía, más deseaba saciar mi curiosidad; me suscribí a decenas de feeds, coleccionaba recortes, leía artículos de todo tipo. Al final, acabé abriendo otro blog más: www.PreguntasCuriosas.com, que desafortunadamente me he visto obligado a dejar casi en el olvido por la intensa carga de trabajo que genera Abanlex.

Finalmente decidí que, ya que compartía tantos artículos, tantas soluciones jurídicas y técnicas, tantas horas de estudio y trabajo, sería positivo para mi carrera profesional poner mi nombre al frente de mi propio blog: PabloBurgueno.com

Respondiendo al Meme de José Carlos (JoSeKBlog), ¿Qué me ha aportado escribir en el blog?

• Un profundo sentido de la curiosidad.
• Acentuar la generosidad con los demás, aportando gratuitamente todo el conocimiento que me da tiempo a escribir y respondiendo a las dudas que me plantean los lectores.
• Aprender algo de HTML, algo de CSS, algo de… Ni soy informático ni pretendo serlo; pero un buen abogado de derecho tecnológico que se precie ha de tener y mantener por sí mismo al menos un blog. Si no, ¿de qué? (como quien diría)
• Muchos contactos y algunas amistades.
• Un CV digital inmejorable.

Gracias, José Carlos, por plantearme el meme. Reconozco que nunca hago caso a estas cosas de memes, premios y similares, pero… una excepción es una excepción.