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Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia [Vigente]

2026-05-22T13:30:00.000+02:00

Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 7.025 Extraordinario de fecha 22 de mayo de 2026.

☑ Vigente ☞ FICHA TÉCNICA

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

LEY ORGÁNICA DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Artículo 1. Se reforma el artículo 8, el cual queda redactado de la forma siguiente:

Artículo 8. La Sala Constitucional estará integrada por siete (7) Magistradas o Magistrados y las demás Salas por cinco (5) Magistradas o Magistrados.

Cada una de las Salas tendrá una (1) Secretaria o un (1) Secretario y una (1) o un (1) Alguacil.

Artículo 2. Se reforma el artículo 80, el cual queda redactado de la forma siguiente:

Artículo 80. La Inspectoría General de Tribunales, la Inspectoría General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura son órganos dependientes jerárquica, organizativa y funcionalmente de la Sala Plena.

En caso de falta absoluta en la dirección de los órganos auxiliares, la Asamblea Nacional procederá a la designación por un nuevo período, según el procedimiento que preceptúa esta Ley. Mientras se hace la designación, la falta absoluta será suplida, temporalmente, por la o el suplente correspondiente de cada órgano auxiliar.

El nombramiento de la o el suplente de cada uno de los órganos auxiliares será conforme al procedimiento establecido para la designación de las y los suplentes de las Magistradas o los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por un período de siete (7) años.

Artículo 3. Se reforma la disposición final primera, quedando redactada de la forma siguiente:

DISPOSICIÓN FINAL

Primera. El Tribunal Supremo de Justicia deberá proceder a la reorganización de su estructura conforme a lo previsto en esta Ley de Reforma.

Artículo 4. Se reforma la disposición final segunda, quedando redactada de la forma siguiente:

DISPOSICIÓN FINAL

Segunda. La Asamblea Nacional procederá a la designación de las Magistradas y los Magistrados, principales y suplentes, que constituyan la nueva configuración institucional del Tribunal Supremo de Justicia, así como al nombramiento de los titulares y suplentes de los órganos auxiliares correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley.

Artículo 5. Se reforma la disposición final tercera, quedando redactada de la forma siguiente:

DISPOSICIÓN FINAL

Tercera. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 6. Se reforma la disposición final cuarta, quedando redactada de la forma siguiente:

DISPOSICIÓN FINAL

Cuarta. Imprímase esta Ley con la reforma aprobada y en un texto único, aplíquese el lenguaje de género en los artículos que corresponda, agréguese epígrafes a los artículos que no lo tengan, y corríjase la numeración de artículos y capítulos donde corresponda, con los datos de sanción y promulgación, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Publicaciones Oficiales.

Artículo 7. Se incorpora la disposición derogatoria única, la cual queda redactada de la forma siguiente:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Se derogan las normas que colidan con esta Ley.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los doce (12) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026). Años 216° de la Independencia, 167° de la Federación, y 27° de la Revolución Bolivariana.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen, organización y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia.

Rectoría del Poder Judicial
Artículo 2. El Tribunal Supremo de Justicia constituye parte del Sistema de Justicia, es el máximo órgano rector del Poder Judicial, y goza de autonomía funcional, financiera y administrativa. En su carácter de rector del Poder Judicial y su máxima representación, le corresponde la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, incluyendo la elaboración y ejecución de su presupuesto, así como la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las defensorías públicas, de conformidad con la Constitución de la República y las leyes.

Máxima Instancia
Artículo 3. El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto tribunal de la República; contra sus decisiones, en cualquiera de sus Salas, no se oirá, ni admitirá acción ni recurso alguno, salvo lo que se dispone en esta Ley.

Supremacía Constitucional
Artículo 4. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Será el máximo y último intérprete de la Constitución de la República y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.

Justicia gratuita
Artículo 5. El Tribunal Supremo de Justicia no podrá establecer tasas, aranceles, comisiones, ni exigir pago alguno por sus servicios.

Sede
Artículo 6. La ciudad de Caracas es el asiento permanente del Tribunal Supremo de Justicia, sin perjuicio de que, en Sala Plena, resuelva ejercer provisionalmente las funciones del Tribunal Supremo de Justicia en otro lugar de la República.

TÍTULO II
ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Capítulo I
Salas y sus funcionarias y funcionarios

Salas
Artículo 7. El Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Constitucional, Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, así como en Sala Plena, la cual estará integrada por las Magistradas o Magistrados de todas las Salas señaladas.

Integración
Artículo 8. La Sala Constitucional estará integrada por siete (7) Magistradas o Magistrados y las demás Salas por cinco (5) Magistradas o Magistrados.
Cada una de las Salas tendrá una (1) Secretaria o un (1) Secretario y una (1) o un (1) Alguacil.

Salas Especiales
Artículo 9. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia deberá crear e instalar Salas Especiales para cada una de las Salas que componen el Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de la Sala respectiva, cuando se acumulen, por materia, cien o más causas para que sean decididas.

Las Salas Especiales que se crearen funcionarán hasta cuando la última de las causas sea decidida. Ellas estarán conformadas por una Magistrada o Magistrado de la Sala respectiva y por dos Magistradas o Magistrados Accidentales, que serán designadas o designados por la Sala Plena de la lista de suplentes.

Quórum de deliberaciones
Artículo 10. El quórum requerido para la deliberación en cada una de las Salas es la mayoría absoluta de los miembros que la deban integrar.

Quórum de decisión
Artículo 11. Para que sean válidas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que la deban integrar.

Secretarias o Secretarios y Alguaciles
Artículo 12. Cada Sala tendrá una Secretaria o Secretario y una o un Alguacil, quienes deberán cumplir con los requisitos de ley para el ejercicio de dichos cargos y no estar incursos en las causales de incompatibilidad que establece esta Ley.

Las faltas temporales y accidentales de las Secretarias o Secretarios y de las o los Alguaciles serán suplidas por las personas que designe la Presidenta o Presidente de la Sala respectiva, quien designará también, temporalmente, a las personas que hayan de suplir dichas funcionarias o funcionarios, cuando haya falta absoluta.

Requisitos para ser Secretaria o Secretario
Artículo 13. Las Secretarias o Secretarios deben ser abogadas o abogados, mayores de treinta años y haber ejercido la profesión o tener carrera dentro del Poder Judicial, por un mínimo de diez años. Al día siguiente o el más inmediato posible a la designación de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, la Presidenta o Presidente de cada una de ellas nombrará los respectivos Secretarias o Secretarios y Alguaciles; todos los cuales prestarán el juramento ante sus Salas. Las actas de las sesiones en que sean designadas o designados estas funcionarias o funcionarios se publicarán en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Atribuciones de la Secretaria o Secretario
Artículo 14. Son atribuciones de la Secretaria o Secretario del Tribunal Supremo de Justicia y de las respectivas Salas:

1. Dirigir la Secretaría, velar porque las empleadas o empleados de su dependencia concurran puntualmente a ella y cumplan con sus deberes.
2. Recibir y entregar, al inicio y conclusión de su mandato y bajo formal inventario, los libros, sellos, expedientes y archivos de la Secretaría y demás bienes del Tribunal, así como custodiarlos y conservarlos.
3. Recibir las demandas, representaciones y cualquier otra clase de escritos o comunicaciones que les sean presentados de conformidad con la Ley, dar cuenta de ellos al Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con las instrucciones de la Presidenta o Presidente; y autorizar, con su firma, las diligencias de las partes y demás interesadas o interesados.
4. Redactar las actas de las sesiones del Tribunal y suscribirlas en unión de la Presidenta o Presidente, después de que sean aprobadas; asimismo, deberá suscribir con los Magistradas o Magistrados las sentencias, autos y demás decisiones que dicte el Tribunal, y deberá expedir las certificaciones, copias y testimonios que le ordene la Presidenta o Presidente.
5. Actuar con la Presidenta o Presidente, como Secretaria o Secretario del Juzgado de Sustanciación y suscribir conjuntamente con ella o él los autos y demás decisiones de aquél, sin perjuicio de lo que dispone esta Ley.
6. Hacer llevar al día y con la mayor precisión y exactitud los libros donde consten las actuaciones del Tribunal según esta Ley y su Reglamento Interno; concurrir puntualmente a la Secretaría y a las sesiones del Tribunal y cumplir con las instrucciones de la Presidenta o Presidente en todo lo que esté relacionado con sus deberes; informar a la Presidenta o Presidente del curso de los asuntos y de las deficiencias o irregularidades que observe en el Tribunal.
7. Las demás que les señalen las leyes y el Reglamento Interno.

Atribuciones de la o el Alguacil
Artículo 15. Son atribuciones la o el Alguacil del Tribunal Supremo de Justicia y de las respectivas Salas:

1. Mantener el orden interno y anunciar públicamente la realización de los actos para los que las leyes exijan el cumplimiento con tal requisito.
2. Practicar las citaciones o notificaciones que les sean encomendadas.
3. Dar cumplimiento a las instrucciones que reciba de sus superiores inmediatos.
4. Las demás que les señalen las leyes o el Reglamento Interno.

En el ejercicio de sus funciones las o los Alguaciles son funcionarias o funcionarios de policía, dentro y fuera del Tribunal Supremo de Justicia, y con tal carácter podrán recabar la colaboración de otros agentes del orden público para el cumplimiento de aquéllas.

Funcionarias subalternas o funcionarios subalternos
Artículo 16. El Tribunal Supremo de Justicia tendrá las funcionarias o funcionarios que necesite para el cumplimiento de sus funciones. En el caso de estas funcionarias o funcionarios, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dictará el respectivo estatuto en el cual se establecerá el régimen de carrera de los mismos.

El Tribunal Supremo de Justicia podrá contratar como auxiliares a profesionales y técnicos en aquellos casos en que se requiera personal calificado para realizar tareas específicas y por tiempo determinado. Se prohibirá la contratación de personal para realizar funciones correspondientes a los cargos de carrera. El régimen aplicable al personal contratado será aquél previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral.

Juzgados de Sustanciación
Artículo 17. La Presidenta o Presidente, La Secretaria o Secretario y la o el Alguacil del Tribunal Supremo de Justicia constituyen el Juzgado de Sustanciación de cada Sala.

Los Juzgados de Sustanciación de las Salas, salvo el de la Sala Plena, podrán constituirse con personas distintas de las señaladas en el párrafo anterior, cuando así lo decida la Sala Plena.

Recursos contra el Juzgado de Sustanciación
Artículo 18. Cada Sala conocerá de las apelaciones y recursos que se intenten de acuerdo con la ley contra las decisiones del respectivo Juzgado de Sustanciación.

La Magistrada o Magistrado de cuya decisión como Jueza Sustanciadora o Juez Sustanciador se recurra por ante la Sala de la cual forma parte, no participará en las decisiones y deliberaciones de ésta sobre el recurso intentado. En tal caso, la Sala actuará válidamente con sus miembros restantes.

Capítulo II
Junta Directiva

Junta Directiva
Artículo 19. El Tribunal Supremo de Justicia tendrá una Junta Directiva que estará integrada por una Presidenta o Presidente, una Primera y Segunda Vicepresidenta o Vicepresidente y tres Directoras o Directores, quienes presidirán, respectivamente, las Salas que conformen.

En ningún caso, la Presidenta o Presidente, la Primera Vicepresidenta o Primer Vicepresidente, la Segunda Vicepresidenta o Segundo Vicepresidente y las tres Directoras o Directores de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser miembros de una misma Sala.

Elección de la Junta Directiva
Artículo 20. Los integrantes de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y de cada una de sus Salas durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidas o reelegidos. La Sala Plena elegirá, por el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes que estén presentes, la Junta Directiva y la de las restantes Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en la forma que establezcan esta Ley y el Reglamento Interno. La elección de la Junta Directiva de las Salas se efectuará en la última reunión de la Sala Plena cada dos años o en la fecha más inmediata siguiente.

Publicación de las Actas
Artículo 21. Las actas correspondientes a los nombramientos de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y de cada una de las Salas deberán ser publicadas en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela.

Atribuciones de la Presidenta o Presidente
Artículo 22. Son atribuciones de la Presidenta o Presidente del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Presidir y representar al Tribunal Supremo de Justicia o delegar dicha representación en alguno de las Vicepresidentas o Vicepresidentes, Directoras o Directores u otra Magistradas o Magistrados.
2. Administrar el presupuesto del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Ejercer la supervisión de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Inspectoría General de Tribunales, Inspectoría General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura.
4. Asistir a la Comisión Nacional del Sistema de Justicia en calidad de integrante.
5. Dirigir los debates de la Sala Plena, de acuerdo con el Reglamento Interno.
6. Convocar la Sala Plena a sesiones extraordinarias, cuando lo creyere conveniente o lo solicite la mayoría absoluta de las Magistradas o Magistrados.
7. Suscribir, junto con la Secretaria o Secretario, las actas de las sesiones o audiencias de la Sala Plena, una vez que hayan sido aprobadas.
8. Dar cuenta a la Sala Plena de la inasistencia de aquellas Magistradas o Magistrados y demás funcionarias o funcionarios o empleadas o empleados que se hubieren separado de sus cargos sin licencia previa.
9. Dar cuenta a la Sala Plena de los actos de autoridad que realice y, en particular, de las sanciones correctivas o disciplinarias que imponga en el ejercicio de sus funciones.
10. Conceder licencia hasta por siete días continuos a las Magistradas o Magistrados, funcionarias o funcionarios o empleadas o empleados que la soliciten por causa justificada.
11. Velar por el mantenimiento del orden e imponer las sanciones correspondientes a quienes lo infrinjan.
12. Hacer ejecutar las sanciones disciplinarias que impongan la Sala Plena o la Presidenta o Presidente, cuando sea procedente.
13. Suscribir los despachos y la correspondencia oficial del Tribunal Supremo de Justicia.
14. Decidir sobre las quejas por demoras o cualesquiera otras faltas en el despacho de los asuntos e informar acerca de ellas a la Sala Plena, cuando así lo exija su gravedad.
15. Decidir sobre las quejas que formulen las partes contra las funcionarias o funcionarios o empleadas o empleados, o viceversa.
16. Disponer, por Secretaría, la devolución de documentos y la expedición de copias certificadas, de conformidad con la Ley.
17. Actuar como Jueza o Juez de Sustanciación, sin perjuicio de lo que dispone esta Ley.
18. Conocer las inhibiciones y recusaciones de las Magistradas o Magistrados y demás funcionarias o funcionarios de la Sala Plena.
19. Guardar la llave del Arca que contiene los libros originales de las Actas de instalación correspondientes al Tribunal Supremo de Justicia y las primeras Corte Suprema de Justicia, Alta Corte Federal, Corte de Casación y Corte Federal y de Casación y entregarla a su sucesor legal.
20. Las demás que le atribuyan la Constitución de la República, esta Ley, otras leyes nacionales y el Reglamento Interno del Tribunal Supremo.

Estas atribuciones se asignan, también, a las Presidentas o Presidentes de cada una de las Salas, en sus respectivos ámbitos de competencia, con excepción de las que establecen los numerales 1, 2, 3, 4 y 19.

Atribuciones de las Vicepresidentas o Vicepresidentes
Artículo 23. Son atribuciones de las Vicepresidentas o Vicepresidentes del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Suplir las faltas temporales o accidentales de la Presidenta o Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, en el orden respectivo.
2. Colaborar con la Presidenta o Presidente en el mantenimiento de la disciplina interna y en la buena marcha del Tribunal.
3. Dar cuenta a la Presidenta o Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de las irregularidades que observen en la marcha o funcionamiento del mismo y, en particular, de sus respectivas Salas.
4. Las demás que les señalen las leyes y el Reglamento Interno.

Las Vicepresidentas o Vicepresidentes de las Salas suplirán a las Presidentas o Presidentes de éstas en caso de falta y tendrán, además, las atribuciones que les señalen las leyes y el Reglamento Interno.

TÍTULO III
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Capítulo I
Competencias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia

Competencias de la Sala Plena
Artículo 24. Son competencias de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de la Presidenta o Presidente de la República o quien haga sus veces y, en caso afirmativo, conocerá de la causa, previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva.
2. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de la Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo, de las o los integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de las Ministras o Ministros del Poder Popular, de la Procuradora o Procurador General de la República, de la o el Fiscal General de la República, de la Contralora o Contralor General de la República, de la Defensora o Defensor del Pueblo, de la Defensora Pública o Defensor Público General, de las Rectoras o Rectores del Consejo Nacional Electoral, de las Gobernadoras o Gobernadores, Oficiales Generales y Almirantes Efectivos y en funciones de comando, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de las Jefas o Jefes de Misiones Diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos a la o el Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y, si el delito fuere político, conocerá de la causa hasta la sentencia definitiva.
3. Dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de instancia con distintas competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia por la materia afín a la de ambos.
4. Las demás que establezcan la Constitución de la República y las leyes.

Competencia de la Sala Constitucional
Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la República.
2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios que sean dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República y que colidan con ella.
3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley que sean dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con la Constitución de la República.
4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta.
5. Verificar, a solicitud de la Presidenta o Presidente de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad con la Constitución de la República, de los tratados internacionales que sean suscritos por la República, antes de su ratificación.
6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción que sean dictados por la Presidenta o Presidente de la República.
7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo Municipal, Estadal o Nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento con la Constitución de la República, o las haya dictado en forma incompleta, así como las omisiones de cualquiera de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal, y establecer el plazo y, si fuera necesario, los lineamientos o las medidas para su corrección.
8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer.
9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público.
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los Tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.
11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales.
12. Revisar las sentencias definitivamente firmes en las que se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las leyes u otras normas jurídicas, que sean dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República.
13. Resolver los conflictos de cualquier naturaleza que puedan suscitarse entre las Salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia o entre las funcionarias o funcionarios del propio Tribunal, con motivo de sus funciones.
14. Determinar, antes de su promulgación, la constitucionalidad del carácter orgánico de las leyes que sean sancionadas por la Asamblea Nacional, o de los decretos con Rango, Valor y Fuerza de ley que sean dictados por la Presidenta o Presidente de la República en Consejo de Ministros.
15. Conocer la solicitud que formule la Presidenta o Presidente de la República, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma, acerca de la inconstitucionalidad de una ley que sea sancionada por la Asamblea Nacional o de algunos de sus artículos, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República.
16. Avocar las causas en las que se presuma violación al orden público constitucional, tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya recaído sentencia definitivamente firme.
17. Conocer la demanda de interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional.
18. Conocer en única instancia las demandas de amparo constitucional que sean interpuestas contra las altas funcionarias públicas o altos funcionarios públicos nacionales de rango constitucional.
19. Conocer las apelaciones contra las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional autónomo que sean dictadas por los juzgados superiores de la República, salvo contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
20. Conocer las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
21. Conocer las demandas y las pretensiones de amparo para la protección de intereses difusos o colectivos cuando la controversia tenga trascendencia nacional, salvo lo que disponen leyes especiales y las pretensiones que, por su naturaleza, correspondan al contencioso de los servicios públicos o al contencioso electoral.
22. Conocer de las demandas de amparo contra los actos, actuaciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral, de la Junta Electoral Nacional, e la Comisión de Registro Civil y Electoral, de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, así como los demás órganos subalternos y subordinados del Poder Electoral.
23. Las demás que establezcan la Constitución de la República y las leyes.

La facultad de la Sala Constitucional en su actividad de conocer y decidir los asuntos de su competencia, no abarca la modificación del contenido de las leyes.

En todo caso, en resguardo de la seguridad jurídica, si la interpretación judicial da lugar a una modificación legislativa, la Sala deberá así referirlo para que la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales realice las modificaciones o reformas a que hubiere lugar.

Competencia de la Sala Político Administrativa
Artículo 26. Son competencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún instituto autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
2. Las demandas que ejerzan la República, los Estados, los Municipios, o algún instituto autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, los Municipios o cualquiera de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
3. La abstención o la negativa de la Presidenta o Presidente de la República, del Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo de la República, de las ministras o ministros del Poder Popular, así como de las máximas autoridades de los demás órganos de rango constitucional, a cumplir los actos a que estén obligados por las leyes.
4. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las altas autoridades antes enumeradas.
5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por la Presidenta o Presidente de la República, la Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo de la República, las ministras o ministros del Poder Popular, así como por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional, cuyo conocimiento no estuviere atribuido a otro órgano de la Jurisdicción Administrativa en razón de la materia.
6. Las demandas de nulidad que se ejerzan contra un acto administrativo de efectos particulares y al mismo tiempo del acto normativo sublegal que le sirve de fundamento, siempre que el conocimiento de este último corresponda a la Sala Político Administrativa.
7. Las controversias administrativas entre la República, los Estados, los Municipios u otro ente público, cuando la otra parte sea una de esas mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado.
8. Las controversias administrativas entre autoridades de un mismo órgano o ente, o entre distintos órganos o entes que ejerzan el Poder Público, que se susciten por el ejercicio de una competencia atribuida por la Ley.
9. La apelación de los juicios de expropiación.
10. Las demandas que se interpongan con motivo de la adquisición, goce, ejercicio o pérdida de la nacionalidad o de los derechos que de ella derivan.
11. Las demandas que se ejerzan con ocasión del uso del espectro radioeléctrico.
12. Las demandas que le atribuyan la Constitución de la República, o las leyes especiales, o que le correspondan conforme a éstas, en su condición de máxima instancia de la Jurisdicción Administrativa.
13. Las demás demandas derivadas de la actividad administrativa desplegada por las altas autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público, no atribuidas a otro tribunal.
14. Las causas que se sigan contra los representantes diplomáticos acreditados en la República, en los casos permitidos por el derecho internacional.
15. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y de las consultas que le correspondan conforme al ordenamiento jurídico.
16. El avocamiento, de oficio o a petición de parte, sobre algún asunto que curse en otro tribunal cuando sea afín con la materia administrativa.
17. Los juicios en que se tramiten acciones conexas, cuando a la Sala Político Administrativa le esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas.
18. Los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa.
19. Las consultas y recursos de regulación de jurisdicción.
20. Los recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo.
21. Los juicios sobre hechos ocurridos en alta mar, en el espacio aéreo internacional o en puertos, o territorios extranjeros tramitados en la República, cuando su conocimiento no estuviese atribuido a otro Tribunal.
22. Los juicios para declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias dictadas por autoridades extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales o en la ley.
23. Las demás causas previstas en la Ley.

Competencias de la Sala Electoral
Artículo 27. Son competencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral, tanto los que estén directamente vinculados con los procesos comiciales, como aquéllos que estén relacionados con su organización, administración y funcionamiento.
2. Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos de naturaleza electoral que emanen de sindicatos, organizaciones gremiales, colegios profesionales, organizaciones con fines políticos, universidades nacionales y otras organizaciones de la sociedad civil.
3. Conocer las demandas de amparo constitucional de contenido electoral, distintas a las atribuidas a la Sala Constitucional.

Competencia de la Sala de Casación Civil
Artículo 28. Son competencias de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Conocer el recurso de casación en los juicios civiles, mercantiles y marítimos.
2. Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras, de acuerdo con lo que dispongan los tratados internacionales o la ley.
3. Las demás que establezcan la Constitución de la República y las leyes.

Competencias de la Sala Penal
Artículo 29. Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley.
2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes, en materia penal.
3. Conocer las solicitudes de radicación de juicio.
4. Las demás que establezcan la Constitución de la República y las leyes.

Competencias de la Sala de Casación Social
Artículo 30. Son competencias de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Conocer el recurso de casación en los juicios del trabajo, familia, de protección de la niña, niño y adolescente y agrarios.
2. Conocer, en alzada, los recursos contencioso-administrativos de nulidad en materia ambiental y agraria.
3. Conocer el Recurso de Control de Legalidad.
4. Las demás que establezcan la Constitución de la República y las leyes.

Competencias comunes de las Salas
Artículo 31. Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley.
2. Conocer los recursos de hecho que le sean presentados.
3. Conocer los juicios en que se ventilen varias pretensiones conexas, siempre que al Tribunal esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas.
4. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico.
5. Conocer las demandas de interpretación acerca del alcance e inteligencia de los textos legales, siempre que dicho conocimiento no signifique una sustitución del mecanismo, medio o recurso que disponga la ley para dirimir la situación de que se trate.
6. Conocer cualquier controversia o asunto litigioso que le atribuyan las leyes, o que le corresponda conforme a éstas en su condición de más alto Tribunal de la República.

Control concentrado de la constitucionalidad
Artículo 32. De conformidad con la Constitución de la República, el control concentrado de la constitucionalidad sólo corresponderá a la Sala Constitucional en los términos previstos en esta Ley, mediante demanda popular de inconstitucionalidad, en cuyo caso, no privará el principio dispositivo, pudiendo la Sala suplir, de oficio, las deficiencias o técnicas del demandante por tratarse de un asunto de orden público. Los efectos de dicha sentencia serán de aplicación general, y se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y en la Gaceta Oficial del Estado o Municipio según corresponda.

Consulta sobre control difuso de la constitucionalidad
Artículo 33. Cuando cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales de la República ejerzan el control difuso de la constitucionalidad deberán informar a la Sala Constitucional sobre los fundamentos y alcance de la desaplicación que sea adoptada, para que ésta proceda a efectuar un examen abstracto sobre la constitucionalidad de la norma en cuestión. A tal efecto deberán remitir copia certificada de la sentencia definitivamente firme.

Proceso de nulidad de oficio
Artículo 34. Conforme a lo que se dispone en el artículo anterior, cuando se declare la conformidad a derecho de la desaplicación por control difuso, la Sala Constitucional podrá ordenar el inicio del procedimiento de nulidad que dispone esta Ley. Igualmente procederá cuando el control difuso de la constitucionalidad sea ejercido por dicha Sala.

Efectos de la revisión
Artículo 35. Cuando ejerza la revisión de sentencias definitivamente firmes, la Sala Constitucional determinará los efectos inmediatos de su decisión y podrá reenviar la controversia a la Sala o Tribunal respectivo o conocer la causa, siempre que el motivo que haya generado la revisión constitucional sea de mero derecho y no suponga una nueva actividad probatoria; o que la Sala pondere que el reenvío pueda significar una dilación inútil o indebida, cuando se trate de un vicio que pueda subsanarse con la sola decisión que sea dictada.

Capítulo II
Atribuciones Administrativas del Tribunal Supremo de Justicia

Atribuciones administrativas
Artículo 36. El Tribunal Supremo de Justicia tiene las siguientes atribuciones:

1. Recibir en Sala Plena, el juramento de la Presidenta o Presidente de la República, en el caso que preceptúa el artículo 231 de la Constitución de la República.
2. Iniciar proyectos de ley relativos a la organización y procedimientos judiciales y designar a aquéllos de sus miembros que deban representarla en las sesiones en que ellos se discutan.
3. Recomendar a los otros Poderes Públicos reformas en la legislación sobre materias en las que no tenga iniciativa legislativa.
4. Elaborar su propio presupuesto y el del Poder Judicial.
5. Elegir su Junta Directiva y la de cada Sala.
6. Nombrar y juramentar a las juezas y jueces de la República, conforme a lo previsto en el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
7. Nombrar a las funcionarias o funcionarios, empleadas o empleados del Poder Judicial, cuya designación le atribuya la ley y recibir el juramento de aquéllos que deban prestarlo ante él.
8. Decidir la creación de los Juzgados de Sustanciación previstos en esta Ley, y atribuirle la sustanciación de los asuntos de su competencia que lo requieran.
9. Calificar sus miembros, recibir sus renuncias y remitirlas a la Asamblea Nacional.
10. Dictar las normas concernientes a los derechos y obligaciones de las empleadas o empleados a su servicio, y organizar el sistema de administración de dicho personal.
11. Ordenar las publicaciones que juzgare conveniente en materia de su competencia.
12. Dictar su reglamento interno.
13. Designar a los representantes del Tribunal Supremo de Justicia ante la Comisión Nacional del Sistema de Justicia.
14. Nombrar y remover a las Secretarias o Secretarios, alguaciles y los demás funcionarias o funcionarios y empleadas o empleados de su dependencia, o delegar en su Presidenta o Presidente el nombramiento y remoción de estos últimos.
15. Recibir el juramento que deben prestar las funcionarias o funcionarios y empleadas o empleados del Tribunal Supremo de Justicia o comisionar a su Presidenta o Presidente para hacerlo, si se tratare de estos últimos.
16. Verificar las credenciales de las Defensoras Públicas y Defensores Públicos y sus suplentes que hayan sido acreditadas o acreditados por la Defensora Pública o Defensor Público General, en ejercicio de sus atribuciones, para actuar ante el Tribunal Supremo de Justicia.
17. Ordenar la convocatoria de los o las suplentes en caso de falta temporal o accidental.
18. Ordenar la convocatoria de las o los suplentes respectivos en caso de falta absoluta, hasta cuando la Asamblea Nacional designe al nueva Magistrada o Magistrado que cubra dicha falta.
19. Designar a quienes deban suplir a las Secretarias o Secretarios y Alguaciles, en caso de falta absoluta, sin perjuicio de lo que dispone esta Ley.
20. Mantener la disciplina interna e imponer las sanciones correspondientes por las faltas en que puedan incurrir funcionarias o funcionarios o particulares de conformidad con la ley.
21. Recibir la cuenta de los asuntos que se sometan a su consideración y darles el destino correspondiente.

La Sala Plena ejercerá con exclusividad las atribuciones a que se refiere este artículo en sus numerales 1 al 14. Las señaladas en los demás numerales también serán ejercidas en las demás Salas, dentro de los ámbitos de su competencia, conforme a las disposiciones de esta Ley y el Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia.

TÍTULO IV
MAGISTRADAS O MAGISTRADOS Y SUPLENTES

Capítulo I
Magistradas o Magistrados

Requisitos y Responsabilidad
Artículo 37. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 263 de la Constitución de la República, para ser Magistrada o Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, el o la aspirante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadana o ciudadano de conducta ética y moral intachables.
2. Ser abogada o abogado de reconocida honorabilidad y competencia.
3. Estar en plena capacidad mental.
4. No haber sido condenada o condenado penalmente mediante sentencia definitivamente firme ni haber sido sancionada o sancionado por responsabilidad administrativa de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, mediante acto administrativo definitivamente firme.
5. Renunciar a cualquier militancia político-partidista, y no tener vínculo, hasta el segundo grado de consanguinidad o el tercer grado de afinidad, con las Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con la Presidenta o Presidente de la República, la Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo de la República, las ministras o ministros del Poder Popular, la o el Fiscal General de la República, la Defensora o Defensor del Pueblo, la Defensora Pública o Defensor Público General, la Contralora o Contralor General de la República, las Rectoras o Rectores del Consejo Nacional Electoral y la Procuradora o Procurador General de la República.
6. No estar unido por matrimonio ni mantener unión estable de hecho con alguno de las Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
7. No realizar alguna actividad incompatible con las funciones y atribuciones de las Magistradas o Magistrados de conformidad con la ley.
8. Tener título universitario de especialización, maestría o doctorado en el área de ciencia jurídica.

Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son responsables personalmente por los delitos o faltas que cometan con ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar de conformidad con la ley.

Período y procedimiento de designación
Artículo 38. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán designadas o designados por la Asamblea Nacional, por un período único de doce años, mediante el procedimiento siguiente: Cuando sea recibida la segunda preselección que consigne el Poder Ciudadano, de conformidad con el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley, la Asamblea Nacional hará la selección definitiva con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros en sesión plenaria que sea convocada, por lo menos, con tres días hábiles de anticipación. En caso que cumplidas tres sesiones consecutivas no haya acuerdo para la designación de las Magistradas o Magistrados, se convocará a una cuarta sesión en la cual serán designados por mayoría simple de los miembros de la Asamblea Nacional.

Régimen de incompatibilidades
Artículo 39. Las Magistradas o Magistrados podrán ejercer cargos académicos y docentes siempre y cuando no sea a tiempo completo o no resulten incompatibles con el ejercicio de sus funciones, y ser miembros de comisiones codificadoras, redactoras o revisoras de leyes, ordenanzas y reglamentos que, según las disposiciones que las rijan, no constituyan destinos públicos remunerados.

No podrán ser designadas o designados simultáneamente Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quienes estén unidos entre sí por matrimonio, unión estable de hecho, adopción o parentesco en línea recta o en línea colateral, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

En caso de que ocurriese este supuesto, la Asamblea Nacional revocará la última designación y procederá a una nueva selección, de conformidad con esta Ley.

Juramentación e incorporación
Artículo 40. Las Magistradas o Magistrados prestarán juramento de ley, en sesión especial ante la Asamblea Nacional, dentro de los diez días siguientes a su elección; sin embargo, los que no concurrieran al acto de juramentación, o por cualquier circunstancia no hubieren sido juramentados o juramentadas ante la Asamblea Nacional, se juramentarán ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Las Magistradas o Magistrados se incorporarán al Tribunal Supremo de Justicia al día siguiente de su juramentación o, posteriormente, en la fecha más inmediata que señale el órgano ante el cual se hayan juramentado.

Presunción de no aceptación del cargo
Artículo 41. Si alguno de las Magistradas o Magistrados no tomare posesión del cargo dentro de los veinte días siguientes a su designación, ni durante el lapso que al efecto le señale el Tribunal en Sala Plena, se considerará que no ha aceptado el cargo y la Asamblea Nacional hará una nueva designación.

Principio de continuidad
Artículo 42. Las Magistradas o Magistrados continuarán en el ejercicio de sus funciones, hasta tanto sean sustituidos o sustituidas por quienes deban reemplazarlos o reemplazarlas.

Orden de sustitución
Artículo 43. En caso de que todos las Magistradas o Magistrados que sean designadas o designados no concurran en la misma fecha a tomar posesión de su cargo, la Presidenta o Presidente del Tribunal Supremo de Justicia determinará el orden en que aquéllas o aquéllos deban ser reemplazadas o reemplazados.

Vacaciones anuales Jubilación
Artículo 44. Las Magistradas o Magistrados tienen derecho al disfrute de vacaciones anuales y a que sean jubilados o jubiladas en los términos y condiciones que disponga el estatuto correspondiente.

Capítulo II
Las o los Suplentes

Designación de suplentes
Artículo 45. Las y los suplentes de las Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán designadas o designados por la Asamblea Nacional para un período de seis años, mediante el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros y podrán ser reelegidas o reelegidos hasta por un período de igual duración. En caso que cumplidas tres sesiones consecutivas no haya acuerdo para la designación de las Magistradas o Magistrados suplentes, se convocará a una cuarta sesión en la cual serán designados por mayoría simple de los miembros de la Asamblea Nacional. Las Magistradas y Magistrados suplentes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 263 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley.

Las o los suplentes prestarán juramento ante la Asamblea Nacional de conformidad con lo que dispone esta Ley.

En ningún caso se nombrarán conjueces para conformar las Salas, ni para cubrir faltas accidentales de las Magistradas o Magistrados.

Requisitos, Remuneración
Artículo 46. Las o los suplentes del Tribunal Supremo de Justicia deberán cumplir los mismos requisitos exigidos en la Constitución de la República y en esta Ley para ser Magistradas o Magistrados.

El Tribunal Supremo de Justicia establecerá, mediante Reglamento, la asignación económica de las o los suplentes por el cumplimiento con sus funciones.

Tanto la Asamblea Nacional como el Tribunal Supremo de Justicia velarán, en sus casos, para que las listas de suplentes se mantengan actualizadas y para que en ellas se especifique el orden de las o los suplentes disponibles que deberán suplir las faltas de las Magistradas o Magistrados.

Capítulo III
Modo de suplir a las Magistradas o Magistrados

Faltas absolutas Nueva designación
Artículo 47. En caso de falta absoluta de una Magistrada o Magistrado, la Asamblea Nacional procederá a la designación por un nuevo periodo de doce años, según el procedimiento que preceptúa esta Ley. Mientras se hace la designación, la falta absoluta será suplida, temporalmente, por la o el suplente correspondiente, quien podrá ser postulada o postulado para el nuevo periodo.

Suplencias
Artículo 48. Para la suplencia de las faltas absolutas de las Magistradas o Magistrados, hasta tanto se produzca el nombramiento por parte de la Asamblea Nacional en los términos de esta Ley, se convocará a los o las suplentes en el orden de su designación.

Se entiende por orden de designación, el que aparezca establecido en las listas de suplentes que sean elegidas o elegidos por la Asamblea Nacional para cada Sala.

Se considerará que dichas listas forman una sola, y se convocará a sus integrantes, comenzando por el primer suplente de la lista correspondiente a la Sala en que se haya producido la falta.

Agotamiento de las listas de suplentes
Artículo 49. Si se excusaren todos las o los suplentes, o no hubiese a quien convocar por haberse agotado las listas de las mismas o los mismos, mientras la Asamblea Nacional provea lo conducente para suplir la falta absoluta, podrá continuarse la sustanciación de los asuntos en curso, siempre y cuando el número de las Magistradas o Magistrados que falte no exceda de la mayoría absoluta de los miembros que integren el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena o la Sala respectiva.

Incidencia de falta absoluta
Artículo 50. La falta absoluta de una o más Magistradas o Magistrados en una de las Salas no afecta el normal funcionamiento de las otras.

Suplencia ante faltas temporales
Artículo 51. Las faltas temporales de las Magistradas o Magistrados, serán cubiertas por las o los suplentes, en el orden de su designación.

Cada Sala apreciará si la falta temporal de alguno de las Magistradas o Magistrados que la integran exige o no la inmediata convocatoria de quien deba sustituirla o sustituirlo. En todo caso, la convocatoria deberá realizarse si la falta temporal excede de diez días continuos.

Suplencia ante faltas accidentales
Artículo 52. En caso de faltas accidentales, los o las suplentes de cada Sala cubrirán las faltas mediante designación aleatoria, a través del método de
insaculación.

Capítulo IV
Procedimiento de inhibición y recusación

Oportunidad para la inhibición o la recusación
Artículo 53. La inhibición o la recusación de las Magistradas o Magistrados podrán tener lugar hasta cuando venzan los lapsos de sustanciación, si es el caso, o dentro de los tres días siguientes al momento en que se produzca la causa que las motive.

Normas supletorias
Artículo 54. Las Magistradas o Magistrados y demás funcionarias o funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia, estarán sujetos, supletoriamente, a las reglas que sobre inhibición y recusación establecen las normas procesales en vigor.

Inhibición o recusación de todos las Magistradas o Magistrados
Artículo 55. Si se inhibieren o fueren recusados todos las Magistradas o Magistrados que integran alguna de las Salas, conocerá de la incidencia la Presidenta o Presidente de la Sala Plena, a menos que ésta o éste también sea uno de los inhibidos o recusados, en cuyo caso conocerá de la incidencia la Primera Vicepresidenta o Primer Vicepresidente; y si ésta o éste también se hubiere inhibido o fuere recusado, resolverá la Segunda Vicepresidenta o Segundo Vicepresidente. Si ésta o éste también se inhibe o es recusado conocerán las directoras o directores en orden de antigüedad. Y si tampoco éstos pudieren conocer, lo hará aquél de las Magistradas o Magistrados, no inhibido, ni recusado, a quien corresponda decidir conforme a una lista que elaborará la Sala Plena en el día hábil siguiente a aquél en que hubiere designado su directiva o, posteriormente, en la fecha más inmediata.

Decisión de la incidencia por suplentes
Artículo 56. En caso de que ninguno de las Magistradas o Magistrados pudiere conocer de la incidencia, conocerán de ella las o los suplentes en el orden establecido en la lista que a tal efecto elaborará también el Tribunal en Sala Plena, en la misma oportunidad indicada en el artículo anterior. Asimismo, se convocará a las o los suplentes, cuando se inhiban o sean recusados todas las Magistradas o Magistrados del Tribunal en Sala Plena.

Inhibición o recusación parcial Convocatoria de suplentes
Artículo 57. Cuando la inhibición sea parcial y se produjere en el Tribunal en Sala Plena, se procederá según lo dispuesto en este capítulo. Pero, si se produjere recusación o inhibición en otras Salas, el conocimiento de la incidencia corresponderá a la Presidenta o Presidente de la respectiva Sala, a menos que se hallare entre los recusados o inhibidos, en cuyo caso, conocerá su Vicepresidenta o Vicepresidente, y si ésta o éste también estuviese impedida o impedido, decidirá la Magistrada o Magistrado o suplente no inhibido, ni recusado, a quien corresponda conocer, teniendo en cuenta el orden en que aparezcan en las listas de que formen parte, respectivamente. La convocatoria de las o los suplentes compete a la Presidenta o Presidente de la Sala respectiva.

Listas incompletas de suplentes
Artículo 58. La circunstancia de que alguna lista de suplentes esté incompleta, no impide que se convoque a los demás que figuren en ella, en los casos en que sea procedente.

Pero al quedar incompleta alguna lista de suplentes, la Presidenta o Presidente del Tribunal lo comunicará a la Asamblea Nacional, a los fines previstos en esta Ley.

Salas Accidentales
Artículo 59. Declarada con lugar la recusación o inhibición, se constituirá la respectiva Sala Accidental con los o las suplentes a quienes corresponda llenar la falta.

Capítulo V
Ausencias Temporales

Licencia por enfermedad o misión oficial
Artículo 60. Las Magistradas o Magistrados podrán obtener licencia para que se separen temporalmente del cargo, por motivo de enfermedad, desempeño de misión oficial compatible con el cargo, u otra causa que la Sala Plena considere justificada. Si vencida la licencia la Magistrada o Magistrado no se reincorporare, ni hubiere obtenido prórroga, se considerará que ha renunciado al cargo, a menos que una causa justificada se lo haya impedido.

Licencia por motivos graves
Artículo 61. En caso de separación del cargo de una Magistrada o Magistrado por enfermedad, o por cualquier otro motivo grave a juicio de la Sala Plena, aquél tendrá derecho a su remuneración completa hasta por seis meses. Si la licencia fuere para desempeñar misión oficial, la Magistrada o Magistrado devengará sus dotaciones legales durante el tiempo de la misión. Mientras dure la licencia, dicha falta temporal será cubierta por el o la suplente correspondiente.

Capítulo VI
Remoción de las Magistradas o Magistrados

Causales de remoción
Artículo 62. Las Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidas o removidos de sus cargos en los términos que establece el artículo 265 de la Constitución de la República, y serán causas graves para ello las siguientes:

1. Las que establecen la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y el Código de Ética de la Jueza Venezolana o Juez Venezolano y,
2. Manifiesta incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica que designe el Tribunal Supremo de Justicia previa autorización de la Asamblea Nacional.
3. No ser imparcial o independiente en el ejercicio de sus funciones.
4. Eximirse del ejercicio de sus funciones, salvo en los casos de inhibición o recusación.
5. Llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante.
6. Realizar actividades incompatibles con sus funciones, por sí o por interpuestas personas.
7. Ejercer simultáneamente otro cargo público remunerado, salvo lo que se dispone para cargos académicos o docentes a que se refiere esta Ley.
8. Abandonar el cargo y así lo declare el Tribunal Supremo de Justicia.
9. Incumplir o incurrir en negligencia manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones y deberes.
10. Que sus actos públicos atenten contra la respetabilidad del Poder Judicial y de los órganos que represente.
11. Cometer hechos graves que, constitutivos o no de delito, pongan en peligro su credibilidad e imparcialidad y comprometan la dignidad del cargo.
12. Cuando ejerzan influencia directa en la designación de quienes cumplan funciones públicas.
13. Cuando incurran en abuso o exceso de autoridad.
14. Cuando incurran en grave e inexcusable error de derecho, cohecho, prevaricación, dolo o denegación de justicia.
15. Cuando hubiere suministrado datos falsos con motivo de su postulación como Magistrada o Magistrado a la fecha de la misma, que impida conocer o tergiverse el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta ley y en la Constitución de la República.
16. Cuando la actitud pública de las Magistradas o Magistrados atente contra el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de alguna de sus salas o del Poder Judicial.
17. Cuando infrinjan algunas de las prohibiciones que están establecidas en la Constitución de la República y en las leyes.

Audiencia y decisión
Artículo 63. Una vez que sea calificada la falta y sean recibidas las actuaciones del Consejo Moral Republicano, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional deberá convocar, dentro de los diez días hábiles siguientes, a una sesión plenaria para escuchar a la interesada o interesado y resolver inmediatamente sobre la remoción planteada.

TÍTULO V
COMITÉ DE POSTULACIONES JUDICIALES

Capítulo I
Disposiciones Generales

Naturaleza, sede, reglamento interno
Artículo 64. El Comité de Postulaciones Judiciales en un órgano asesor para la selección de las candidatas o candidatos a Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Inspectora o Inspector General de Tribunales y Directora o Director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Igualmente asesorará a los colegios electorales judiciales para la elección de las juezas o jueces de la competencia disciplinaria. Su sede estará en la Asamblea Nacional.

El Comité de Postulaciones Judiciales dictará su reglamento interno de organización y funcionamiento.

Funcionamiento del Comité de Postulaciones Judiciales
Artículo 65. El Comité de Postulaciones Judiciales está integrado por veintiún (21) miembros designados por la plenaria de la Asamblea Nacional con las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, de los cuales once (11) son Diputadas o Diputados y diez (10) serán postuladas o postulados por los otros sectores de la sociedad. A tal efecto, la Asamblea Nacional nombrará la Comisión Preliminar integrada por los once (11) Diputadas o Diputados, la cual deberá realizar una convocatoria de las postuladas y postulados de la sociedad, que será objeto de amplia divulgación por todos los medios disponibles, incluyendo su publicación en la página web de la Asamblea Nacional y, por lo menos, tres (3) veces en tres (3) diarios de circulación nacional.

La Comisión Preliminar se encargará de recibir, preseleccionar y remitir a la plenaria de la Asamblea Nacional, mediante un proceso público y transparente, las postuladas o postulados por los diferentes sectores de la sociedad para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, procurando asegurar la paridad de género y la participación de los grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Una vez designado dicho Comité las o los integrantes de la Comisión Preliminar pasan a formar parte del mismo.

El Comité de Postulaciones Judiciales funcionará por un período de dos años.

Competencias de la Presidenta o Presidente del Comité
Artículo 66. Corresponderá a la Presidenta o Presidente del Comité de Postulaciones Judiciales convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité; asimismo, le corresponderá elaborar la agenda que presentará a la consideración del Comité en las reuniones correspondientes.

Función del Comité
Artículo 67. El Comité de Postulaciones Judiciales tendrá como función esencial seleccionar, mediante un proceso público y transparente y con atención a los requisitos que sean exigidos constitucional y legalmente, las candidatas a Magistradas o candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que deban ser presentados al Poder Ciudadano para la segunda preselección en los términos que establece en el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Poder Ciudadano deberá, salvo causa grave, respetar la selección que provenga del Comité de Postulaciones Judiciales.

Requisitos para ser miembro del Comité
Artículo 68. Los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales deberán ser ciudadanas venezolanas o ciudadanos venezolanos, de reconocida honorabilidad y prestigio en el ejercicio de las funciones o profesión que ejerzan o les haya correspondido ejercer. También deberán ser mayores de treinta y cinco años y no haber sido condenadas o condenados penalmente mediante sentencia definitivamente firme, ni haber sido sancionadas o sancionados por responsabilidad administrativa, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, mediante acto administrativo definitivamente firme.

Quorum, deliberaciones y decisiones
Artículo 69. El Comité de Postulaciones Judiciales se instalará al día siguiente de la última designación de sus miembros. Elegirá por mayoría absoluta de su seno a la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente, y fuera de su seno a la Secretaria o Secretario. Para sus deliberaciones requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y tomará sus decisiones con el voto favorable de la mayoría de los presentes.

Capítulo II
Preselección de las candidatas o candidatos

Carácter público del proceso
Artículo 70. El proceso de preselección de candidatas o candidatos será público; a estos efectos, el Comité de Postulaciones Judiciales convocará a las interesadas e interesados mediante un aviso, que se publicará en no menos de tres diarios de circulación nacional, el cual contendrá los requisitos que deben reunir de conformidad con la Constitución de la República y esta Ley, así como el lugar y plazo de recepción de las mismas. Este último no será mayor de treinta días continuos.

Publicidad de las postuladas o postulados
Artículo 71. Una vez concluido el plazo para las postulaciones, el Comité de Postulaciones Judiciales publicará, el día hábil siguiente, en un diario de circulación nacional, los nombres de las postuladas o postulados con indicación expresa de que las interesadas o interesados podrán impugnar ante ese mismo órgano, mediante prueba fehaciente, a cualquiera de las candidatas y candidatos, en un plazo de quince días continuos, que se computarán desde la publicación de la lista. Vencido dicho lapso, el Comité de Postulaciones Judiciales se pronunciará sobre la admisión de las objeciones que hayan sido recibidas en un lapso de ocho días continuos, y notificará por cualquier medio al afectado o afectada, para una audiencia dentro de los tres días siguientes, para que exponga sus alegatos y probanzas que contradigan las impugnaciones en su contra.

Principio de colaboración
Artículo 72. Para el mejor cumplimiento de su cometido, el Comité de Postulaciones Judiciales podrá requerir de todo órgano o ente público o privado, información relacionada con alguno de las candidatas postuladas o candidatos postulados. El ente u órgano requerido deberá responder en un lapso no mayor de cinco días continuos, salvo en los casos debidamente justificados por su complejidad.

Baremo de preselección de las postuladas o postulados
Artículo 73. El Comité de Postulaciones Judiciales aprobará, por las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes, el baremo que se utilizará para la preselección de las postuladas o postulados. El Comité de Postulaciones preseleccionará, entre las postuladas o postulados, un número no inferior al triple de los cargos de Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y al día siguiente remitirá al Poder Ciudadano la lista de preseleccionadas o preseleccionados con sus respectivos expedientes.

En caso de que el número de postuladas o postulados no exceda al triple del número de tales cargos, se preseleccionarán todos las postuladas y postulados.

Segunda preselección
Artículo 74. El Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, dentro de los diez días continuos a la recepción de la documentación enviada por el Comité de Postulaciones Judiciales, hará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, con el propósito de que realice la selección definitiva dentro de los cinco días continuos siguientes a la recepción de la documentación que sea enviada por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano.

TÍTULO VI
DIRECCIÓN, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

Capítulo I
Dirección Ejecutiva de la Magistratura

Organización
Artículo 75. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura es un órgano que depende jerárquica y funcionalmente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

La Sala Plena regulará la organización y funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y de sus oficinas regionales.

Designación de la Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo
Artículo 76. La Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo de la Magistratura será la máxima autoridad gerencial y directiva del órgano y lo representará.

La Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo de la Magistratura será designada o designado por mayoría simple de la Sala Plena y será de libre nombramiento y remoción.

En ningún caso podrán ocupar este cargo las Magistradas o Magistrados en ejercicio de sus funciones.

Atribuciones de la Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo
Artículo 77. La Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo de la Magistratura tendrá las siguientes atribuciones:

1. Ejecutar y velar por el cumplimiento de los lineamientos sobre la política, planes, programas y proyectos que sean dictados por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que deban seguir la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y sus oficinas regionales.
2. Decidir, dirigir y evaluar los planes de acción, programas y proyectos institucionales según los planes estratégicos y operativos, así como el presupuesto asignado, de conformidad con la política, lineamientos y actos que emanen de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Presentar a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, los planes estratégicos, institucionales y planes operativos anuales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y sus oficinas regionales.
4. Dictar la normativa interna de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, de conformidad con el correspondiente Reglamento de Organización y Funcionamiento que apruebe la Sala Plena.
5. Informar a la Sala Plena sobre las actuaciones de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y sus oficinas regionales.
6. Evaluar trimestralmente los informes de gestión que le presente la Coordinación General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
7. Proponer a la Sala Plena la normativa sobre la organización y funcionamiento de los órganos que integren la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura y sus oficinas regionales.
8. Velar por la correcta aplicación de las políticas y normas internas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, así como por la integridad y calidad de los procesos internos que se desarrollen en dicha dirección y en sus oficinas regionales.
9. Decidir sobre los asuntos concernientes al manejo administrativo y operativo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y sus oficinas regionales.
10. Nombrar y remover a los miembros de la Coordinación General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
11. Promover la realización de estudios de importancia estratégica para incrementar la eficiencia institucional de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial.
12. Decidir sobre el ingreso y remoción del personal de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, de conformidad con lo que establezca la Sala Plena.
13. Presentar a la consideración de la Sala Plena los resultados de la gestión de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y de sus oficinas regionales.
14. Promover el desarrollo técnico y gerencial en los diferentes niveles de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
15. Las demás que le sean asignadas por la Sala Plena.

Coordinación General
Artículo 78. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura tendrá una Coordinación General, cuya competencia, estructura y funcionamiento será regulado por la Sala Plena.

Atribuciones de la Coordinadora o Coordinador General
Artículo 79. La Coordinadora o Coordinador General tendrá las siguientes atribuciones:

1. Ejercer la supervisión de los órganos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
2. Coordinar la gestión operativa de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, bajo los lineamientos de la Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo de la Magistratura.
3. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Coordinación General.
4. Coordinar la elaboración de la memoria y cuenta de las actividades realizadas por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
5. Expedir copias certificadas de acuerdo con las formalidades que disponga la ley.
6. Cualesquiera otras que le asignen la Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo de la Magistratura o el Reglamento Interno de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
7. Suplir las faltas temporales o absolutas de la Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo de la Magistratura, hasta por un lapso de tres meses.

Capítulo II
Órganos Auxiliares

Órganos Auxiliares
Artículo 80. La Inspectoría General de Tribunales, la Inspectoría General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura son órganos dependientes jerárquica, organizativa y funcionalmente de la Sala Plena.

En caso de falta absoluta en la dirección de los órganos auxiliares, la Asamblea Nacional procederá a la designación por un nuevo período, según el procedimiento que preceptúa esta Ley. Mientras se hace la designación, la falta absoluta será suplida, temporalmente, por la o el suplente correspondiente de cada órgano auxiliar.

El nombramiento de la o el suplente de cada uno de los órganos auxiliares será conforme al procedimiento establecido para la designación de las y los suplentes de las Magistradas o los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por un período de siete (7) años.

Inspectoría General de Tribunales
Artículo 81. La Inspectoría General de Tribunales tendrá como función esencial la inspección y vigilancia de los tribunales de la República, de conformidad con la ley, conforme a las políticas que sean dictadas por la Sala Plena.

La Inspectoría General de Tribunales estará dirigida por la Inspectora o Inspector General de Tribunales, el cual será designado por la Asamblea Nacional, conforme al procedimiento establecido para la designación de las Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por un período de siete (7) años.

En ningún caso podrán ocupar este cargo las Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

La Inspectora o Inspector General de Tribunales deberá cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos para la designación de Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 263 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley.

La remoción de la Inspectora o Inspector General de Tribunales se realizará con el mismo procedimiento establecido para las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Inspectoría General de Defensas Públicas
Artículo 82. La Inspectoría General de Defensas Públicas tendrá como función esencial la inspección y vigilancia, por órgano de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a las Defensas Públicas o Unidades Regionales de la Defensa Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Escuela Nacional de la Magistratura
Artículo 83. La Escuela Nacional de la Magistratura es el centro de formación de las juezas y jueces, así como de las demás servidoras y servidores del Poder Judicial, conforme a las políticas que sean dictadas por la Sala Plena.

La Escuela Nacional de la Magistratura debe cumplir con la función esencial e indelegable de profesionalización de las juezas y jueces, para lo cual mantendrá estrechas relaciones con las universidades y demás centros de formación académica nacionales e internacionales.

La Directora o Director de la Escuela Nacional de la Magistratura será designado por la Asamblea Nacional, conforme al procedimiento establecido para la designación de las Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por un período de siete (7) años. En ningún caso podrán ocupar este cargo las Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

La Directora o Director de la Escuela Nacional de la Magistratura deberá cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos para la designación de Magistradas o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 263 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley.

La remoción de la Directora o Director de la Escuela Nacional de la Magistratura se realizará con el mismo procedimiento establecido para las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Organización de la Escuela Nacional de la Magistratura
Artículo 84. Las políticas, organización y funcionamiento de la Escuela Nacional de la Magistratura, así como sus orientaciones académicas, corresponderán a la Sala Plena; y la planificación la ejercerá en coordinación con la Comisión de Formación e Investigación de la Comisión Nacional del Sistema de Justicia.

TÍTULO VII
PROCESOS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Capítulo I
Disposiciones Generales

Principios del proceso
Artículo 85. Los procesos que se preceptúan en esta Ley, constituyen instrumentos fundamentales para la realización de la justicia y se regirán por los principios de gratuidad, simplicidad, economía, uniformidad, inmediación, oralidad y realidad. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

El Tribunal Supremo de Justicia en cada una de sus Salas favorecerá la utilización de las herramientas tecnológicas disponibles para la sustanciación de las causas sometidas a su conocimiento, para la implementación de trámites transparentes y expeditos.

Cuantía
Artículo 86. El Tribunal Supremo de Justicia conocerá y tramitará, en la Sala a la que corresponda, los recursos de casación cuando la cuantía exceda de tres mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, sin perjuicio de lo que dispongan las normas procesales en vigor.

Requisitos para actuar ante el Tribunal Supremo de Justicia
Artículo 87. Para actuar en cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia se requiere la asistencia jurídica de una abogada o un abogado que cumpla los requisitos que exige el ordenamiento jurídico.

Medios alternativos para la resolución de conflictos
Artículo 88. Los medios alternativos para la resolución de conflictos podrán utilizarse en cualquier grado y estado del proceso, salvo que se trate de materia de orden público, o aquéllas no susceptibles de transacción o convenimiento, de conformidad con la ley.

Actuación de oficio
Artículo 89. El Tribunal Supremo de Justicia conocerá de los asuntos que le competen a instancia de parte interesada; no obstante, podrá actuar de oficio en los casos que disponga la ley.

Identificación de la Sala Competente
Artículo 90. En las demandas o solicitudes que se dirijan al Tribunal Supremo de Justicia deberá indicarse la Sala a la que corresponde el conocimiento del asunto.

Sin embargo, la omisión de este requisito o la indicación incorrecta de la Sala no impedirá que se remita a la Sala competente.

Notificaciones
Artículo 91. Las notificaciones de las partes, interesadas o interesados deberán ser practicadas en principio de forma personal entregándola con acuse de recibo que sea firmado por las destinatarias o destinatarios o por su representante legal.

No obstante, se admiten las notificaciones practicadas por los siguientes medios:

1. Mediante boleta u oficio que sea dejada por la o el Alguacil en el domicilio procesal del sujeto de que se trate, luego de lo cual dicha funcionaria o funcionario dejará constancia escrita de haberla practicado. Dicha boleta contendrá la identificación completa de las partes, el objeto de la pretensión, el término de comparecencia y clara advertencia de las consecuencias procesales de su incumplimiento. Al momento de librarse la boleta se ordenará su publicación en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia.
2. Mediante correspondencia postal.
3. Mediante boleta que sea enviada a través de sistemas de comunicación telegráficos, facsimilares, electrónicos y similares, en cuyo caso la Secretaria o Secretario dejará constancia en el expediente de haberla practicado. A tal efecto las partes indicarán su dirección de correo electrónico o número de fax, cuando se incorporen al proceso. Al momento de librarse la boleta se ordenará su publicación en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia.

Efectos de la Notificación
Artículo 92. Las notificaciones que sean practicadas conforme a lo que se establece en los numerales 1 y 2 del artículo anterior surtirán efectos el día de despacho siguiente a que su práctica conste en autos.

Cuando la notificación se lleve a cabo conforme a lo que se establece en el numeral 3 del artículo anterior, ella surtirá efectos al quinto día de despacho siguiente a cuando su práctica conste en autos y su publicación en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia.

Notificación por cartel
Artículo 93. Cuando fuese imposible efectuar la notificación por cualesquiera de los medios que dispone el artículo 91, ésta se practicará mediante la fijación de un cartel en la Secretaría de la Sala, que contendrá la identificación completa de las partes, el objeto de la pretensión, el término de comparecencia que sea aplicable y clara advertencia de las consecuencias procesales de su incumplimiento. En la misma oportunidad, se publicará el cartel en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia.

Las partes se entenderán notificadas vencido el término de diez días de despacho siguientes a que conste en autos la fijación del cartel.

Perención
Artículo 94. La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año por inactividad de parte actora, antes de la oportunidad de los informes o de la fijación de la audiencia, según el caso.

Improcedencia de la perención
Artículo 95. No se podrá declarar la perención de la instancia en los procesos que comprendan materia ambiental; o cuando se trate de pretensiones que estén dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, el patrimonio público, o el tráfico de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Efecto del desistimiento y la perención
Artículo 96. El desistimiento de la apelación o la perención de la instancia dejan firme la sentencia apelada o la actuación objeto de la demanda, salvo que lesionen normas de orden público.

Apelación contra el Juzgado de Sustanciación
Artículo 97. Contra las decisiones del Juzgado de Sustanciación se oirá apelación en un solo efecto, en el lapso de tres días de despacho siguientes a la fecha de su oportuna publicación. Las Salas decidirán en el lapso de diez días de despacho siguientes al recibo del expediente, previa sustanciación de la incidencia correspondiente.

Normas supletorias
Artículo 98. Las reglas del Código de Procedimiento Civil regirán como normas supletorias en los procesos que cursen ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, cuando en el ordenamiento jurídico no se preceptúe un proceso especial a seguir se podrá aplicar el que las Salas juzguen más conveniente para la realización de la justicia, siempre que tenga fundamento legal.

Capítulo II
Ponencias

Designación de Magistrada o Magistrado ponente
Artículo 99. En los asuntos que sean sometidos al conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, la Presidenta o Presidente de la Sala respectiva, designará una Magistrada o Magistrado ponente, dentro de los tres días hábiles siguientes, computables desde el momento en que se hubiere dado entrada al asunto. Las ponencias serán asignadas en estricto orden cronológico de acuerdo con la fecha y hora de presentación de las respectivas actuaciones.

Reserva de ponencias
Artículo 100. La Presidenta o Presidente de cada Sala actuará como Magistrada o Magistrado ponente en aquellas causas que le correspondan, y en los asuntos que ella o él se reserve.

Sesiones de Sala
Artículo 101. La Presidenta o Presidente de la Sala convocará a todas las Magistradas o Magistrados que constituyan la Sala respectiva, por lo menos, una vez a la semana, o cuantas veces sea necesario para la discusión y decisión de los asuntos y proyectos de sentencia que sean sometidos a su conocimiento; o para el suministro de información sobre el estado de los asuntos en que sean Ponentes o para adoptar las medidas que requieran la celeridad de los procesos y el normal y eficaz funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia.

Proyectos de sentencias
Artículo 102. La Magistrada o Magistrado ponente deberá presentar, a las demás Magistradas o Magistrados, un proyecto de sentencia para su consideración en Sala.

Votación de las sentencias
Artículo 103. Para que sean válidas las decisiones se requiere el voto de la mayoría absoluta de los miembros que conformen la Sala respectiva. En caso de empate, se suspenderá la deliberación y se convocará a una segunda reunión. Si el empate persiste, el voto de la Presidenta o Presidente de la Sala respectiva, será considerado doble.

En caso de que el proyecto no cuente con la aprobación de la mayoría de los miembros de la Sala, la ponencia deberá reasignarse a otra Magistrada o Magistrado de la Sala correspondiente.

Voto salvado o concurrente
Artículo 104. La Magistrada o Magistrado que disienta de la decisión o de su motiva, anunciará su voto salvado o concurrente, según corresponda, que deberá consignar por escrito en el que fundamente las razones de su desacuerdo, dentro de los tres días de despacho siguientes a la aprobación del proyecto de sentencia.

Este escrito deberá ser firmado por todos las Magistradas o Magistrados de la Sala respectiva y se agregará a la sentencia.

Firma y publicación de la sentencia
Artículo 105. La sentencia y el voto salvado o concurrente de las Magistradas o Magistrados se publicarán con la firma de todas las Magistradas o Magistrados que hubieren asistido a la sesión en la que se aprobó la sentencia, con inclusión de los que hubieren disentido.

Sin perjuicio de lo anterior, la decisión podrá publicarse, aunque no haya sido suscrita por todas las Magistradas o Magistrados que integren la Sala respectiva, si sus firmantes constituyen, por lo menos la mayoría absoluta de quienes la conforman, y entre los firmantes se encuentre la mayoría que esté conforme con ella.

Capítulo III
Avocamiento

Competencia
Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

Procedencia
Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

Procedimiento
Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al Tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo, y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida.

Sentencia
Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro Tribunal competente en la materia, así como, adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido.

Capítulo IV
Antejuicio de Mérito

Competencia para el enjuiciamiento de
la Presidenta o Presidente de la República
Artículo 110. Corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de la Presidenta o Presidente de la República o de quien haga sus veces y, en caso afirmativo, previa autorización de la Asamblea Nacional aprobada con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, conocer de la causa hasta sentencia definitiva, sea cual fuere la naturaleza del delito, de acuerdo con las reglas del proceso ordinario previsto en el Código Orgánico Procesal Penal.

Autorización de la Asamblea Nacional
Artículo 111. Cuando se declare que hay mérito para el enjuiciamiento de la Presidenta o Presidente de la República, la Sala Plena participará su decisión a la Asamblea Nacional a los fines de la autorización que prevé en el artículo 266, numeral 2, de la Constitución de la República.

Competencia para el enjuiciamiento
de altas funcionarias o altos funcionarios
Artículo 112. Corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de la Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo; de las o los integrantes de la Asamblea Nacional o del Tribunal Supremo de Justicia; de las ministras o ministros del Poder Popular; de la Procuradora o Procurador General de la República; la o del Fiscal General de la República; de la Contralora o Contralor General de la República; de la Defensora o Defensor del Pueblo; de la Defensora Pública o Defensor Público General, de las Rectoras o Rectores del Consejo Nacional Electoral; de las gobernadoras o gobernadores; oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de comando y de las jefas o jefes de misiones diplomáticas de la República.

De haber mérito para el enjuiciamiento, se remitirán las actuaciones a la o el Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso, para que, de conformidad con lo señalado en el Código Orgánico Procesal Penal respecto a las reglas del procedimiento ordinario, inicie la averiguación penal a los fines de dictar el acto conclusivo correspondiente, sólo si el delito es de naturaleza común. Si el delito es de naturaleza política, la Sala Plena conocerá de la causa hasta sentencia definitiva, según las reglas del procedimiento ordinario previstas en el Código Orgánico Procesal Penal.

Sobreseimiento
Artículo 113. Cuando la Sala Plena declare que no hay mérito para el enjuiciamiento del funcionario o funcionaria decretará el sobreseimiento y archivará el expediente.

Desestimación
Artículo 114. La Sala Plena también es competente para conocer y decidir de la solicitud de desestimación de la denuncia o querella o bien, de la solicitud de sobreseimiento contra las altas funcionarias o altos funcionarios señalados en los artículos anteriores, conforme a las causales previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. En estos casos, la solicitud deberá ser presentada únicamente por el o la Fiscal General de la República dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia o querella.

En caso de que sea declarada con lugar la desestimación de la denuncia o querella, se remitirá las actuaciones a la o el Fiscal General de la República para su archivo definitivo, previa notificación de aquél contra quien se interpuso la denuncia o querella. En caso contrario, si la Sala Plena rechaza la desestimación de la denuncia o querella o la solicitud de sobreseimiento, solicitará a la o el Fiscal General de la República proseguir con la investigación. En estos casos, si el delito fuere de acción privada, se requerirá instancia de la parte presuntamente agraviada para continuar con la investigación, en cuyo caso corresponderá al o la Fiscal General de la República presentar la solicitud formal del antejuicio de mérito.

Rol de la Víctima
Artículo 115. Quien se considere víctima en los delitos cuya acción es dependiente de la parte agraviada, podrá solicitar a la Sala Plena que se proceda al antejuicio de mérito para las personas que gozan de tal privilegio; será ella quien aporte las pruebas que hagan verosímiles los hechos objeto de la solicitud.

En estos casos, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena admitirá o negará para su tramitación tal petición, en fallo apelable ante la Sala Plena en el lapso correspondiente. De ser admisible la solicitud, la Sala Plena deberá enviarla con sus recaudos y el auto de admisión a la o el Fiscal General de la República para que dé cumplimiento al numeral 3 del artículo 285 de la Constitución de la República y, de ser el caso, proponga formalmente el antejuicio de mérito.

Flagrancia
Artículo 116. Cuando uno de las funcionarias mencionadas o funcionarios mencionados en los artículos anteriores fuere sorprendida o sorprendido en la comisión flagrante de un delito, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho tanto la o el Fiscal General de la República como a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la última de las cuales decidirá sobre la libertad de la funcionaria o funcionario bajo custodia.

Audiencia Pública
Artículo 117. Admitida la solicitud de antejuicio de mérito, la Sala Plena, dentro de los treinta días continuos siguientes, convocará a una audiencia pública. Iniciada la audiencia, la o el Fiscal General de la República expondrá los argumentos de hecho y de derecho en que fundamenta su solicitud. Seguidamente, la funcionaria o funcionario y su defensora o defensor expondrán los alegatos correspondientes y contarán, en conjunto, con el mismo tiempo concedido al máximo representante del Ministerio Público. Se admitirá réplica y contrarréplica. Concluido el debate, la Sala Plena, dentro de los treinta días continuos siguientes, declarará si hay mérito o no para el enjuiciamiento de la funcionaria o funcionario, sin que tal decisión prejuzgue acerca de su responsabilidad penal.

Si de las actuaciones cursantes en el expediente, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia constata la contumacia en la conducta de la funcionaria o funcionario, podrá celebrar la audiencia oral prescindiendo de su presencia y con la sola participación de su defensora privada o defensor privado. En caso de no constar el nombramiento de defensora privada o defensor privado, la Sala Plena proveerá lo conducente a los fines de la designación de una defensora pública o defensor público para que represente a aquélla o aquél en la audiencia pública, a cuyo efecto habilitará el tiempo necesario para que se imponga de las actas del expediente con suficiente antelación a su celebración.

Normas Supletorias
Artículo 118. Se aplicarán supletoriamente a este Capítulo las disposiciones contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal y en el Código de Procedimiento Civil.

TÍTULO VIII
PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA DEL PUEBLO

Participación Ciudadana
Artículo 119. Toda persona tiene derecho a participar de manera organizada, directa y protagónica en la formación de las políticas y control de la gestión del Tribunal Supremo de Justicia, a través de los consejos comunales y las demás formas de organización popular, incluyendo las que corresponden a los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico.

Es obligación del Tribunal Supremo de Justicia, sus órganos auxiliares y todos los tribunales de la República generar las condiciones más favorables para garantizar el ejercicio pleno y efectivo de este derecho.

Acceso a información para la participación popular
Artículo 120. El Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Junta Directiva y de sus órganos auxiliares, deberá suministrar amplia, oportuna y veraz información sobre su organización, funcionamiento y actividades, con el fin de que el pueblo participe y ejerza control social sobre su gestión pública.

El Tribunal Supremo de Justicia y sus órganos auxiliares deberán crear, mantener y actualizar un sistema de información físico y electrónico que contenga, entre otros, el esquema actualizado de su organización y funcionamiento, así como un mecanismo de comunicación e información electrónica disponible para todas las personas.

TÍTULO IX
SANCIONES

Multa
Artículo 121. Las Salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa de hasta cien veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, a quienes irrespeten, ofendan o perturben con sus actuaciones al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia a sus órganos o funcionarias o funcionarios; o a quienes hagan uso abusivo de recursos o acciones judiciales; igualmente, sancionarán a las partes que falten el respeto al orden debido en los actos que realicen, o que incumplan, desobedezcan o desacaten las decisiones, acuerdos u órdenes judiciales o llamen públicamente a ello.

La multa se pagará ante cualquier entidad bancaria receptora de fondos públicos nacionales dentro de los treinta días continuos siguientes a la notificación de la decisión que imponga la sanción o de la decisión que resuelva el reclamo conforme a lo que se establece en el artículo 125 de esta Ley. La constancia de haberse efectuado el pago será consignada a los autos dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para el pago.

Si la sancionada o sancionado no pagare la multa en el lapso establecido la sanción podrá aumentarse entre un tercio y la mitad del total de la multa.

Multas por desacato
Artículo 122. Las Salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa equivalente hasta doscientas veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, a las personas funcionarias o funcionarios que no acataren sus órdenes o decisiones o no le suministraren oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar.

Multa por reincidencia
Artículo 123. Si quien hubiere sido sancionada o sancionado con arreglo a las disposiciones anteriores fuese reincidente la multa será entre doscientas y trescientas veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela.

Expulsión de la sede
Artículo 124. Los Magistradas o Magistrados de las Salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia podrán expulsar de la sede a cualquier persona que transgreda el orden dentro del recinto o que se encuentre incurso en los supuestos que se describen en los artículos anteriores, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones en ellos establecidas.

Reclamo de la sanción
Artículo 125. La sancionada o sancionado podrá reclamar por escrito la decisión judicial que imponga las sanciones a que se refieren los artículos 121, 122 y 123 de esta Ley, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, cuando expondrá las circunstancias favorables a su defensa. El reclamo será decidido por la Sala respectiva dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para reclamar la decisión en la cual la Sala podrá ratificar, revocar o reformar la sanción, siempre y cuando no cause mayor gravamen al sancionado o sancionada.

TÍTULO X
GACETA JUDICIAL

Gaceta Judicial
Artículo 126. Se crea la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, como órgano oficial de divulgación de los acuerdos y resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia, así como de las notificaciones y carteles en los procesos seguidos ante el Tribunal cuya publicación ordena esta Ley.

Las publicaciones contenidas en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela tendrán fuerza de documento público, sin perjuicio de que los actos en ella contenidos gocen de autenticidad a partir de su publicación en la página web del Tribunal Supremo de Justicia o en el expediente por parte de la Secretaría de la Sala correspondiente.

La Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela priorizará su formato electrónico y el Tribunal Supremo de Justicia garantizará su distribución en todo el territorio nacional.

TÍTULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Capítulo I
Competencia Constitucional y Contencioso Electoral

Competencia Constitucional y Contencioso Electoral
Artículo 127. Hasta tanto se dicten las leyes que regulan las competencias Constitucional y Contencioso Electoral, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante la Sala Constitucional y Electoral, se regirán por los procedimientos que se establecen en el presente título y demás normativas especiales en cuanto sean aplicables.

Capítulo II
Procesos ante la Sala Constitucional

Demandas sujetas a tramitación
Artículo 128. Hasta tanto se dicte la Ley que regula la Competencia Constitucional las demandas a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 17 del artículo 25 de esta ley se tramitarán conforme a lo que dispone este capítulo.

Requisitos de la demanda
Artículo 129. El demandante presentará su escrito, con la documentación indispensable para que se valore su admisibilidad, ante la Sala Constitucional o ante cualquiera de los tribunales que ejerzan competencia territorial en el lugar donde tenga su residencia, cuando su domicilio se encuentre fuera del Área Metropolitana de Caracas. En este último caso, el tribunal que lo reciba dejará constancia de la presentación al pie de la demanda y en el Libro Diario, y remitirá a la Sala Constitucional el expediente debidamente foliado y sellado, dentro de los tres días hábiles siguientes.

En el caso de que la demanda sea presentada sin la documentación respectiva se pronunciará su inadmisión.

Solicitudes cautelares
Artículo 130. En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto.

Oposición
Artículo 131. Cuando se acuerde alguna medida cautelar, transcurrirá un lapso de tres días de despacho para la oposición. Si hubiere oposición, se abrirá cuaderno separado y se entenderá abierta una articulación de tres días de despacho para que los intervinientes promuevan y evacuen pruebas. Dentro de los cinco días de despacho siguientes la Sala sentenciará la incidencia cautelar.

Designación de ponente
Artículo 132. En la misma oportunidad en que se dé cuenta de la demanda se designará ponente, quien conocerá de la totalidad del juicio con tal carácter, incluso sus incidencias; la Sala decidirá acerca de la admisión de la demanda dentro de los cinco días de despacho siguientes.

Causales de Inadmisión
Artículo 133. Se declarará la inadmisión de la demanda:

1. Cuando se acumulen demandas o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.
2. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la demanda es admisible.
3. Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el o la demandante o de quien actúe en su nombre, respectivamente.
4. Cuando haya cosa juzgada o litispendencia.
5. Cuando contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.
6. Cuando haya falta de legitimación pasiva.

Despacho saneador
Artículo 134. En las demandas que sean de tal modo ininteligibles que resulte imposible su tramitación, se ordenará la corrección en lugar de su admisión. En el caso de que la parte demandante no corrija el escrito dentro del lapso de tres días de despacho, o en el supuesto de que, si lo hiciere, no subsanare la falta advertida, la Sala Constitucional negará la admisión de la demanda.

Auto de admisión
Artículo 135. En la oportunidad de la admisión, se ordenará la citación de la parte demandada. Asimismo, se ordenará la notificación de la o el Fiscal General de la República, si ésta o éste no hubiere iniciado el juicio, para que consigne su informe acerca de la controversia; a la Procuradora o Procurador General de la República, de conformidad con la ley que rige sus funciones, de la Defensora o Defensor del Pueblo y así como de cualquier otra autoridad que estime pertinente.

Igualmente, se ordenará emplazar a las interesadas o interesados por medio de un cartel.

Si fuera necesario, se solicitarán a la demandada o demandado los antecedentes administrativos del caso.

Si el auto de admisión recayere fuera del plazo, se ordenará la notificación de la parte demandante.

Cuando sea admitida la demanda, se ordenará la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación para su tramitación.

Lapso para librar Cartel
Artículo 136. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al recibo del expediente y cuando sea verificada la estadía a derecho de la parte demandante, el Juzgado de Sustanciación librará los oficios y el cartel.

Cartel de emplazamiento
Artículo 137. El cartel de emplazamiento será publicado por la parte demandante en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, para que las interesadas o interesados concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación. La parte demandante tendrá un lapso de diez días de despacho, contados a partir del momento en que se haya librado el cartel, para retirarlo y publicarlo y consignar en autos un ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado. Si la parte demandante incumpliere con esta carga se declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente, salvo que existan razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Juzgado de Sustanciación.

Notificación tácita de las interesadas o interesados
Artículo 138. Cuando venzan los lapsos previstos en el artículo anterior, deberá dejarse transcurrir un término de diez días de despacho para que se entienda que las interesadas o interesados han quedado notificadas o notificados.

Participación de los intervinientes
Artículo 139. Luego del vencimiento del término previsto en el artículo anterior, y una vez que conste en autos haberse efectuado la última de las notificaciones, el Juzgado de Sustanciación se pronunciará, dentro del lapso de tres días de despacho, sobre la participación de los intervinientes; y concluido este lapso comenzará a transcurrir un lapso de diez días de despacho para que consignen los escritos para la defensa de sus intereses y promuevan pruebas, si lo estiman pertinente. En esa oportunidad los intervinientes deberán evacuar las pruebas documentales.

Se hará constar en el expediente la fecha en que venza el plazo para la consignación de los escritos.

Dentro de los tres días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de promoción, las partes podrán oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que consideren manifiestamente ilegales o impertinentes.

Lapso de pruebas
Artículo 140. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapso que se indicó en el artículo anterior, el Juzgado de Sustanciación providenciará los escritos de prueba; admitirá las que sean legales y procedentes y desechará las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. En el mismo auto, el Tribunal ordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos que aparezcan claramente como no controvertidos entre las partes.

En esa oportunidad se fijará la audiencia pública y se remitirá el expediente a la Sala.

En caso de que ninguno de los intervinientes promueva pruebas distintas a las documentales, la causa entrará en estado de sentencia y el Juzgado de Sustanciación remitirá el expediente a la Sala, para que decida en un plazo de veinte días de despacho.

Queda a salvo la facultad de la Sala Constitucional de fijar audiencia si lo estima pertinente.

Audiencia Pública
Artículo 141. En la audiencia pública las partes expondrán sus alegatos. Cuando comience el acto, la Presidenta o Presidente de la Sala señalará a las partes el tiempo de que disponen para que expongan y de igual modo procederá si manifestaren su deseo de ejercer el derecho a réplica o contrarréplica.

Principio de inmediación y concentración
Artículo 142. Al inicio de la audiencia pública la Sala expondrá en qué términos quedó trabada la controversia y ordenará, si fuera el caso, la evacuación de las pruebas, en la misma audiencia o en otra oportunidad. Asimismo, deberá resolver cualquier incidencia en relación con el control y contradicción de la prueba.

En todo caso, si no fuere suficiente la audiencia fijada para agotar completamente el debate, ésta continuará en la oportunidad que fije el Tribunal y así cuantas veces fuere necesario hasta agotarlo.

Una vez que oiga a los intervinientes, el Tribunal podrá ordenar la evacuación de las pruebas que juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos que aparezcan dudosos u oscuros.

Luego de la conclusión de la audiencia pública se levantará un acta, la cual deberá ser firmada por todos los intervinientes y, si se negaren a hacerlo, la Secretaria o Secretario dejará constancia de ello. La audiencia será la última actuación de las partes en materia litigiosa.

Desistimiento tácito
Artículo 143. La inasistencia de la parte demandante se entenderá como desistimiento de la demanda y se dará por terminado el proceso, a menos que la Sala considere que el asunto afecta al orden público.

Conclusión del debate
Artículo 144. Luego de la conclusión del debate, las Magistradas o Magistrados deliberarán y podrán:

1. Decidir inmediatamente el fondo del asunto y exponer en forma oral los términos del dispositivo del fallo.
2. Dictar la decisión en la oportunidad de publicarse la sentencia cuando las circunstancias del caso así lo ameriten.
3. Diferir por una sola vez y hasta por un lapso de cinco días de despacho, el pronunciamiento del dispositivo del fallo, cuando la complejidad del asunto así lo requiera.

El texto íntegro del fallo deberá ser publicado dentro de los diez días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia pública o al vencimiento del diferimiento.

Causas no sujetas a sustanciación
Artículo 145. En las causas en las que no se requiera sustanciación, la Sala decidirá en un lapso de treinta días de despacho contados a partir del día en que se dé cuenta del recibo de las actuaciones, salvo lo que preceptúan la Constitución de la República y leyes especiales.

No requerirán sustanciación las causas a que se refieren los numerales 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, y 15 del artículo 25 de esta Ley. Queda a salvo la facultad de la Sala Constitucional de dictar autos para mejor proveer y fijar audiencia si lo estima pertinente.

Capítulo III
Demandas de Protección de Derechos e Intereses Colectivos y Difusos

Demanda de protección
Artículo 146. Toda persona podrá demandar la protección de sus derechos e intereses colectivos o difusos. Salvo lo dispuesto en las leyes especiales, cuando los hechos que se describan posean trascendencia nacional su conocimiento corresponderá a la Sala Constitucional; en caso contrario, corresponderá a los tribunales de primera instancia en lo civil de la localidad donde aquéllos se hayan generado.

En caso de que la competencia de la demanda corresponda a la Sala Constitucional, pero los hechos hayan ocurrido fuera del Área Metropolitana de Caracas, la o el demandante podrá presentarla ante un tribunal civil de su domicilio. El tribunal que la reciba dejará constancia de la presentación al pie de la demanda y en el Libro Diario, igualmente remitirá el expediente debidamente foliado y sellado, dentro de los tres días de despacho siguientes.

Requisitos de la demanda
Artículo 147. La demanda de protección de derechos e intereses colectivos o difusos deberá presentarse por escrito y contendrá:

1. Los datos concernientes a la identificación del demandante y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido;
2. Suficiente identificación de la o el demandante y de la demandada o demandado, señalamiento de su domicilio o residencia y, de ser el caso, indicación de las circunstancias de su localización.
3. La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión;
4. Cualquier explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional.
5. Identificación de los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los que se derive inmediatamente el derecho deducido.

Estos instrumentos deberán ser producidos con el escrito de la demanda.

Despacho saneador
Artículo 148. Si la solicitud no llenare los requisitos exigidos en el artículo anterior, se notificará a la o el demandante para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de tres días de despacho siguientes desde que conste en autos la notificación. Si no lo hiciere, la demanda será declarada inadmisible, salvo que esté involucrado el orden público, en cuyo caso se ordenará la continuación del proceso.

Demandas ininteligibles
Artículo 149. En las demandas que sean de tal modo ininteligibles que resulte imposible su tramitación, se ordenará la corrección del escrito en lugar de su admisión. En el caso de que la parte demandante no corrija el escrito dentro del lapso de tres días de despacho siguientes desde que conste en autos su notificación, o en el supuesto de que si lo hiciere no subsanare la falta advertida, se declarará inadmisible la demanda, salvo que esté involucrado el orden público, en cuyo caso se ordenará la continuación del proceso.

Causales de inadmisión
Artículo 150. También se declarará la inadmisión de la demanda:

1. Cuando se acumulen demandas o pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.
2. Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el o la demandante o de quien actúe en su nombre, respectivamente.
3. Cuando haya cosa juzgada o litispendencia.
4. Cuando la pretensión pueda ser satisfecha a través de otras vías o cuando por su naturaleza el conocimiento de la pretensión corresponda al contencioso de los servicios públicos o al contencioso electoral.
5. Cuando contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.

Lapso de admisión
Artículo 151. En la misma oportunidad en que se dé cuenta de la demanda o de su corrección, el Tribunal se pronunciará sobre su admisión dentro del lapso de cinco días de despacho siguientes. En el caso de la Sala Constitucional, además, se designará ponente, quien conocerá de la totalidad del juicio con tal carácter, con inclusión de sus incidencias.

Auto de admisión
Artículo 152. En el auto de admisión, se ordenará la citación de la parte demandada; la notificación de la Defensoría del Pueblo, si ésta no hubiere iniciado el juicio; del Ministerio Público; y de cualquier otra autoridad que se estime pertinente. Se emplazará a las interesadas o interesados por medio de un cartel a expensas de la parte demandante.

Cuando sea verificada la estadía a derecho de la parte demandante, el tribunal librará los oficios y el cartel.

Cartel de emplazamiento
Artículo 153. El cartel de emplazamiento será publicado en un diario de circulación nacional o regional, según el caso, para que las interesadas o interesados concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación. La parte demandante tendrá un lapso de diez días de despacho, que se contarán a partir del momento en que se haya librado el cartel para retirarlo y publicarlo y consignar en autos un ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado. Si la parte demandante incumpliere con esta carga se declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente; salvo que existan razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Tribunal.

Notificación tácita de las interesadas o interesados
Artículo 154. Cuando venzan los lapsos previstos en el artículo anterior, deberá dejarse transcurrir un término de diez días de despacho para que se entienda que las interesadas o interesados han quedado notificados o notificadas.

Participación de los intervinientes
Artículo 155. Luego del vencimiento del término previsto en el artículo anterior, y una vez que conste en autos haberse efectuado la última de las notificaciones, el Tribunal se pronunciará, dentro del lapso de tres días de despacho, sobre la participación de los intervinientes; concluido este lapso comenzará a transcurrir otro de diez días de despacho para que se dé contestación a la demanda.

Lapso probatorio
Artículo 156. Vencida la oportunidad para dar contestación a la demanda, se iniciará un lapso de diez días de despacho para promover pruebas. En esa misma ocasión deberán evacuarse las pruebas documentales.

Dentro de los tres días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de promoción, las partes podrán oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que consideren manifiestamente ilegales o impertinentes.

Vencido este lapso, dentro de los cinco días de despacho siguientes el Tribunal providenciará los escritos de prueba, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales e impertinentes. En el mismo auto, el Tribunal ordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes y fijará una audiencia pública, la cual tendrá lugar al quinto día de despacho siguiente.

Principio de inmediación y concentración
Artículo 157. Al inicio de la audiencia pública el Tribunal expondrá en qué términos quedó trabada la controversia y ordenará, de ser el caso, la evacuación de las pruebas en la misma audiencia o en otra oportunidad. Asimismo, deberá resolver cualquier incidencia en relación al control y contradicción de la prueba.

Audiencia Pública
Artículo 158. En la audiencia pública las partes expondrán sus alegatos. Al comenzar el acto, el Tribunal señalará a las partes el tiempo de que disponen para exponer y de igual modo procederá si manifestaren su deseo de hacer uso del derecho a réplica o contrarréplica.

En todo caso, si no fuere suficiente la audiencia fijada para agotar completamente el debate, ésta continuará en la oportunidad que fije el Tribunal y así cuantas veces fuere necesario hasta agotarlo.

Una vez que oiga a las partes, el Tribunal podrá ordenar la evacuación de las pruebas que juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos que aparezcan dudosos u oscuros.

Cuando finalice la audiencia pública se levantará un acta la cual deberá ser firmada por cada uno de los intervinientes y, si se negaren a hacerlo, la Secretaria o Secretario dejará constancia de ello. La audiencia será la última actuación de las partes en materia litigiosa.

Desistimiento tácito
Artículo 159. La inasistencia de la parte demandante a la audiencia se entenderá como desistimiento de la demanda y se dará por terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere que el asunto afecta al orden público.
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Conclusión del debate
Artículo 160. Una vez concluido el debate, el Tribunal podrá:

1. Decidir inmediatamente el fondo del asunto y exponer en forma oral los términos del dispositivo del fallo.
2. Dictar la decisión en la oportunidad de publicarse la sentencia, cuando las circunstancias del caso así lo ameriten.
3. Diferir por una sola vez y hasta por un lapso de cinco días de despacho, el pronunciamiento del dispositivo del fallo, cuando la complejidad del asunto así lo requiera.

El texto íntegro del fallo deberá ser publicado dentro de los diez días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia pública o del vencimiento del diferimiento.

Apelación
Artículo 161. Contra la decisión que se dicte en primera instancia se oirá apelación en ambos efectos, dentro de los cinco días de despacho siguientes a su publicación o notificación, ante el Juzgado Superior en lo Civil.

Trámite en segunda instancia
Artículo 162. Después de que el expediente sea recibido por el Juzgado Superior, transcurrirán cinco días de despacho para que las partes presenten sus escritos ante la alzada. Concluido este lapso, el Juzgado Superior decidirá la apelación dentro de los veinte días de despacho siguientes.

Antes de emitir decisión, el Tribunal podrá convocar a una audiencia pública cuando la complejidad del caso así lo amerite, para lo que seguirá las reglas que se estipulan en los artículos precedentes.

Solicitudes Cautelares
Artículo 163. En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar al tribunal y éste podrá acordar, aún de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para garantizar la tutela judicial efectiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto.

Oposición
Artículo 164. Cuando se acuerde alguna medida cautelar, transcurrirá un lapso de tres días de despacho para la oposición. Si la hubiere, se abrirá cuaderno separado y se entenderá abierta una articulación de cinco días de despacho para que los intervinientes promuevan y evacuen pruebas. Dentro de los cinco días de despacho siguientes, el Tribunal sentenciará la incidencia cautelar.

Demandas de protección ante la Sala Constitucional
Artículo 165. Cuando la demanda de protección de derechos e intereses colectivos o difusos competa a la Sala Constitucional, el ponente designado conocerá de la totalidad del juicio con tal carácter, incluso sus incidencias.

Normas supletorias
Artículo 166. Serán de aplicación supletoria las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil.

Capítulo IV
Habeas Data

Demanda de Habeas Data
Artículo 167. Toda persona tiene derecho a conocer los datos que a ella se refieran así como su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o privados; y, en su caso, exigir la supresión, rectificación, confidencialidad, inclusión, actualización o el uso correcto de los datos cuando resulten inexactos o agraviantes.

El Habeas Data sólo podrá interponerse en caso de que el administrador de la base de datos se abstenga de responder el previo requerimiento formulado por el agraviado dentro de los veinte días hábiles siguientes al mismo o lo haga en sentido negativo, salvo que medien circunstancias de comprobada urgencia.

Principio de celeridad
Artículo 168. Para la tramitación del habeas data todo tiempo será hábil y no se admitirán incidencias procesales.

Requisitos de la demanda
Artículo 169. El habeas data se presentará por escrito ante el Tribunal de Municipio con competencia en lo Contencioso Administrativo y con competencia territorial en el domicilio de la o el solicitante, conjuntamente con los instrumentos fundamentales en los que se sustente su pretensión, a menos que acredite la imposibilidad de su presentación.

Informe del agraviante
Artículo 170. Después de la admisión del habeas data el Tribunal ordenará al supuesto o supuesta agraviante que presente un informe sobre el objeto de la controversia y que remita la documentación correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

La falta de remisión del informe a que alude este artículo será sancionada con multa conforme al régimen que preceptúa el Título IX de esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.

En cualquier caso el Tribunal podrá ordenar la evacuación de las pruebas que juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Observaciones al Informe
Artículo 171. Una vez que sea recibido el informe o sean evacuadas las pruebas que hubieren sido ordenadas por el Tribunal, transcurrirán tres días para que el solicitante formule observaciones. Tras la conclusión de este lapso, el Tribunal decidirá dentro de los cinco días siguientes.

Antes de emitir decisión, el Tribunal podrá convocar a una audiencia pública cuando la complejidad del caso así lo amerite, para lo cual seguirá las reglas que se estipulan en los artículos 157 al 160 de esta Ley.

Contenido de la decisión
Artículo 172. La sentencia que declare con lugar el habeas data ordenará al o la agraviante de forma inmediata la exhibición, supresión, rectificación, confidencialidad, inclusión, actualización o el uso correcto de los datos, según corresponda. Quien incumpliere con esta orden será penado o penada con prisión de seis meses a un año, a cuyo efecto el Tribunal oficiará al Ministerio Público para que inicie la averiguación penal correspondiente.

Apelación
Artículo 173. Contra la decisión que se dicte en primera instancia, se oirá apelación en un solo efecto ante la alzada correspondiente, dentro de los tres días siguientes a su publicación o notificación.

Trámite en Alzada
Artículo 174. Después de que el expediente sea recibido por el Juzgado Superior, transcurrirán cinco días de despacho para que las partes presenten sus escritos ante la alzada. Concluido este lapso, el Juzgado Superior decidirá la apelación dentro de los treinta días continuos siguientes.

La decisión que dicte el Tribunal de Alzada no será objeto de casación.

Proceso sumario de corrección
Artículo 175. En los casos de errores numéricos o materiales, tales como cambio de letras, palabras mal escritas o con errores ortográficos, transcripción o traducción errónea de nombres y apellidos, y otros semejantes, el procedimiento se reducirá a demostrar ante el juez la existencia del error por los medios de prueba admisibles y la jueza o juez, con conocimiento de causa, resolverá lo que considere conveniente.

Las correcciones de los errores en las actas del Registro Civil se tramitarán ante los tribunales y órganos administrativos correspondientes según lo que establecen las leyes especiales correspondientes.

Solicitudes cautelares
Artículo 176. En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar al tribunal y éste podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para garantizar la tutela judicial efectiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y los intereses en conflicto.

Principio de publicidad
Artículo 177. Todas las actuaciones serán públicas. El Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, cuando estén comprometidas la moral y las buenas costumbres, o cuando exista disposición expresa de ley, podrá ordenar la reserva del expediente y que la audiencia sea a puerta cerrada.

Notificaciones
Artículo 178. Las notificaciones podrán ser practicadas mediante boleta, o comunicación telefónica, fax, telegrama, correo electrónico o cualquier medio de comunicación interpersonal, dejando la Secretaria o Secretario constancia detallada en autos de haberse efectuado y de sus consecuencias, con arreglo a lo que disponen en los artículos 91, 92 y 93 de esta Ley.

Capítulo V
Proceso Contencioso Electoral

Demanda contencioso electoral
Artículo 179. La demanda contencioso electoral se propondrá ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia por cualquier persona que tenga interés legítimo.

Requisitos de la demanda
Artículo 180. En el escrito correspondiente se indicará con precisión la identificación de las partes y contendrá una narración circunstanciada de los hechos que dieron lugar a la infracción que se alegue y de los vicios en los que haya incurrido el supuesto o supuesta agraviante.

Causas de inadmisión
Artículo 181. El incumplimiento de los extremos antes señalados provocará la inadmisión de la demanda, salvo que se trate de omisiones no sustanciales que no impidan la comprensión de las pretensiones interpuestas.

Interposición de la demanda
Artículo 182. La o el demandante podrá presentar su escrito ante cualesquiera de los tribunales que ejerzan competencia territorial en el lugar donde tenga su residencia, cuando su domicilio se encuentre fuera del Área Metropolitana de Caracas. En este caso, el tribunal que lo reciba dejará constancia de la presentación al pie de la demanda y en el Libro Diario, y remitirá a la Sala Electoral el expediente debidamente foliado y sellado, dentro de los tres días de despacho siguientes.

Caducidad
Artículo 183. La demanda contencioso electoral deberá intentarse en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de que se produzca la publicidad del acto, si se trata de actos expresos; desde la oportunidad en que la interesada o interesado tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho, en caso de actuaciones materiales o vías de hecho; desde el momento en que la decisión ha debido producirse, si se trata de abstenciones u omisiones.

En caso de actos expresos que dicten los órganos del Poder Electoral, el lapso de caducidad transcurrirá, bien desde la oportunidad en que haya sido notificado o notificada personalmente el o la demandante, o bien desde su publicación en la Gaceta Electoral, según lo que ocurra primero.

Antecedentes administrativos e Informe de la demandada o demandado
Artículo 184. El mismo día o el día de despacho siguiente a la presentación de la demanda o de la recepción del escrito, según el caso, se dará cuenta y se formará expediente.

La Sala Electoral remitirá copia de la demanda al ente u órgano demandado y le solicitará los antecedentes administrativos, de ser el caso, así como la remisión de un informe sobre los aspectos de hecho y de derecho relacionados con la demanda, los cuales deberán ser remitidos en el plazo máximo de tres días hábiles.

Admisión de la demanda
Artículo 185. En caso en que la demanda no contenga solicitud de medida cautelar, la Sala remitirá al Juzgado de Sustanciación el informe y los antecedentes administrativos el mismo día en que los reciba, a los fines de que éste se pronuncie sobre la admisión dentro de los dos días de despacho siguientes.

Si la demanda contiene solicitud de medida cautelar se designará ponente a fin de que la Sala Electoral se pronuncie sobre la admisión de la demanda y la pretensión cautelar, lo cual podrá realizarse, atendiendo a la urgencia del caso, con prescindencia del informe y de los antecedentes administrativos a que se refiere el artículo anterior.

Auto de admisión
Artículo 186. En el auto de admisión de la demanda, se ordenará la citación de la demandada o demandado y de las interesadas legítimas o interesados legítimos cuya existencia resulte evidente del examen de los autos. Asimismo, se ordenará la notificación del Ministerio Público para que consigne su opinión acerca de la controversia. Igualmente, se ordenará emplazar a las interesadas o interesados por medio de un cartel.

Oposición a la medida cautelar
Artículo 187. Cuando se acuerde alguna medida cautelar, transcurrirá un lapso de tres días de despacho para la oposición. Si hubiere la oposición, se abrirá cuaderno separado y se entenderá abierta una articulación de tres días de despacho para que los intervinientes promuevan y evacuen pruebas. Dentro de los cinco días de despacho siguientes, la Sala sentenciará la incidencia cautelar.

Participación de los intervinientes
Artículo 188. Los intervinientes distintos al o la demandante deberán comparecer dentro de los cinco días de despacho siguientes a que conste en autos la práctica de la última de las citaciones o notificaciones que hubieren sido ordenadas.

Cartel de emplazamiento
Artículo 189. El cartel deberá ser retirado, publicado en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, y consignado por la parte demandante dentro de los siete días de despacho siguientes a su expedición. Si la parte demandante incumpliere con esta carga, el Juzgado de Sustanciación declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente; sin embargo, podrá remitir el expediente a la Sala cuando estimare que existen razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Juzgado de Sustanciación. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del plazo para el retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento, las interesadas o interesados podrán comparecer y presentar sus alegatos.

Lapso probatorio
Artículo 190. Después del vencimiento del lapso de emplazamiento que está previsto en el artículo anterior y de la práctica de la última de las citaciones o notificaciones, se abrirá de pleno derecho un lapso probatorio de cinco días de despacho para la promoción de pruebas. Las partes podrán oponerse a la admisión de las pruebas dentro de un plazo de dos días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de promoción. Vencido este último lapso, el Juzgado de Sustanciación se pronunciará sobre la admisión de las pruebas, en un plazo de tres días de despacho. El lapso de evacuación será de diez días de despacho contados a partir de la admisión de las pruebas.

Informes Orales
Artículo 191. Al día siguiente del vencimiento del lapso probatorio se designará ponente y se fijará la oportunidad en la que tendrá lugar el acto de informes orales.

Decisión
Artículo 192. Después de la realización del acto de informes orales se remitirá el expediente a la Sala para que decida en un lapso de quince días de despacho, prorrogable por el mismo lapso, cuando la complejidad del asunto así lo requiera.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. se derogan las normas que colidan con esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. El Tribunal Supremo de Justicia deberá proceder a la reorganización de su estructura conforme a lo previsto en esta Ley de Reforma.

Segunda. La Asamblea Nacional procederá a la designación de las Magistradas y los Magistrados, principales y suplentes, que constituyan la nueva configuración institucional del Tribunal Supremo de Justicia, así como al nombramiento de los titulares y suplentes de los órganos auxiliares correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley.

Tercera. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los doce (12) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026). Años 216° de la Independencia, 167° de la Federación, y 27° de la Revolución Bolivariana.

JORGE RODRÌGUEZ GÒMEZ
Presidente de la Asamblea Nacional
PEDRO INFANTE APARICIO
Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional
GRECIA COLMENARES SANTANDER
Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional

MARÍA ALEJANDRA HERNÁNDEZ ALDANA
Secretaria de la Asamblea Nacional

JOSÉ OMAR MOLINA
Subsecretario de la Asamblea Nacional

Promulgación de la LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veintiséis. Años 216° de la Independencia, 167° de la Federación y 27° de la Revolución Bolivariana.

Cúmplase,
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela

Refrendado

El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno
JUAN FRANCISCO ESCALONA CAMARGO
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores
YVÁN EDUARDO GIL PINTO
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz
DIOSDADO CABELLO RONDÓN
El Ministro del Poder Popular para la Defensa
GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PIRELA
El Vicepresidente Sectorial de Economía
CALIXTO JOSÉ ORTEGA SÁNCHEZ
La Ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas
ANABEL PEREIRA FERNÁNDEZ
El Ministro del Poder Popular de Comercio Exterior (E)
JOHANN CARLOS ÁLVAREZ MÁRQUEZ
El Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional
LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
La Ministra del Poder Popular para el Turismo
DANIELLA DESIREÉ CABELLO CONTRERAS
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras
JULIO CÉSAR LEÓN HEREDIA
El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura
JUAN CARLOS LOYO HERNÁNDEZ
El Ministro del Poder Popular para la Alimentación
CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERÍA
La Ministra del Poder Popular de Hidrocarburos
PAULA KRISTINA HENAO VERA
El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas
HÉCTOR JOSÉ SILVA HERNÁNDEZ
El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
La Ministra del Poder Popular para la Salud
NURAMY JOSEFA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
CLARA JOSEFINA VIDAL VENTRESCA
La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género
YELITZE DE JESÚS SANTAELLA HERNÁNDEZ
El Ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas
CARLOS GUILLERMO MAST YUSTIZ
El Ministro del Poder Popular para la Juventud (E)
SERGIO JULIO LOTARTARO TOVAR
El Ministro del Poder Popular para el Deporte
FRANKLIN AMILCAR CARDILLO ROMERO
El Ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario
JULIO JOSÉ GARCÍA ZERPA
El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (E)
CARLOS ALEXIS CASTILLO ASCANIO
El Ministro del Poder Popular para la Cultura
DIMAS RAÚL NICOLÁS CAZAL ACOSTA
El Ministro del Poder Popular para la Educación y Vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial (E)
HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO
La Vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud Ciencias
ISABEL ALICIA ITURRIA CAAMAÑO
La Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología
GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMÍREZ
La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria
ANA MARÍA SANJUÁN MARTÍNEZ
El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo
FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda
JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE
El Ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana
ÁNGEL JOVANNY PRADO PADUA
La Ministra del Poder Popular para el Transporte
JACQUELINE COROMOTO FARÍA PINEDA
El Ministro del Poder Popular de Obras Públicas Y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios
JUAN JOSÉ RAMÍREZ LUCES
El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica
ROLANDO JOSÉ ALCALÁ MIRANDA
La Ministra del Poder Popular para los Adultos y Adultas Mayores, Abuelos y Abuelas de la Patria (E)
MAGALLY VIÑA CASTRO

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 7.025 Extraordinario de fecha 22 de mayo de 2026

2026-05-22T12:30:00.000+02:00

Leyes, Decretos, Resoluciones, Providencias Administrativas y demás actos legislativos, administrativos y judiciales, documentos y avisos, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 7.025 Extraordinario de fecha 22 de mayo de 2026.

Sumario

Asamblea Nacional
Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.376 de fecha 15 de mayo de 2026

2026-05-15T01:30:00.000+02:00

Leyes, Decretos, Resoluciones, Providencias Administrativas y demás actos legislativos, administrativos y judiciales, documentos y avisos, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.376 de fecha 15 de mayo de 2026.

Sumario

Presidencia de la República
Decreto Nº 5.339, mediante el cual se nombra al ciudadano Armando Antonio Marín Velásquez, como Presidente y al ciudadano Carlos Alberto Silva Barros, como Vicepresidente del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación.
Decreto N° 5.340, mediante el cual se crea la Universidad Bolivariana de la Diplomacia de Paz (UBDP).
Decreto N° 5.341, mediante el cual se nombra al ciudadano José Martín Milano Rincones, para ocupar los cargos que en él se mencionan, del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.
Decreto N° 5.342, mediante el cual se declara una insubsistencia al presupuesto de egresos vigente del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, por la cantidad que en él se indica.
Decreto N° 5.343, mediante el cual se declara una insubsistencia al presupuesto de egresos vigente del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, por la cantidad que en él se menciona.
Decreto N° 5.344, mediante el cual se autoriza la distribución de un crédito adicional, con cargo al presupuesto de egresos vigente, para el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, por la cantidad que en él se indica.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Elizabeth Martínez Médina, como Directora General de la Oficina Administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General de Policía, de este Ministerio, en calidad de Encargada.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Luseph Jesús Barrios Oliveros, en su carácter de Director General del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), dependiente jerárquicamente de este Ministerio, las atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ella se especifican.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Luseph Jesús Barrios Oliveros, en su carácter de Director General del Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo, en calidad de Encargado, dependiente jerárquicamente de este Ministerio, las atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ella se indican.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Alexis Rodríguez Cabello, en su carácter de Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), dependiente jerárquicamente de este Ministerio, las atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ella se señalan.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Danny Ramón Ferrer Sandrea, en su carácter de Viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal y Cuentadante responsable de la Unidad Administradora Desconcentrada Ordenadora de Pago N° 00355, las atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ella se mencionan.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Edgar Alonso Arteaga Matute, en su carácter de Viceministro de Asuntos Religiosos y Cultos y Cuentadante responsable de la Unidad Administradora Desconcentrada Ordenadora de Pago N° 00038, las atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ella se especifican.
Resolución mediante la cual se ordena la publicación, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, del otorgamiento de Título de Intérprete Público, en el idioma INGLÉS, a las ciudadanas y ciudadano que en ella se mencionan.

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas

  ONAPRE
Providencias mediante las cuales se procede a la publicación de los Traspasos de Créditos Presupuestarios, de gasto corriente para gasto de capital, del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, por las cantidades que en éllas (sic) se mencionan.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Iluska Coromoto Salazar Rondón, como Vicerrectora Académica; y se designa a la ciudadana Vanessa María Quintana Hernández, como Vicerrectora Administrativa, de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), en calidad de Encargada.

Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Resolución mediante la cual se designan como Directores Principales y Suplentes del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Osly del Carmen Hernández Rueda, como Directora General de la Oficina de Gestión Comunicacional, del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

Ministerio del Poder Popular para el Transporte
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Rafael Acosta García, como Director General de la Oficina de Planificación y Presupuesto, del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, en calidad de Encargado.

  CONVIASA
Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones, con carácter permanente, del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A., (CONVIASA); y quedará conformada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información
Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a la ciudadana María Eva Zambrano Ojeda.
Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a la ciudadana Mariela de Fátima Oropeza Alvarado.
Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a la ciudadana Glady Josefina Aguilar Aguilar.

Ministerio Público

  Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público
Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana Lilian Margarita Montero Rodríguez, en su carácter de Presidente y Directora General de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público y Miembro Principal del Consejo Directivo, la firma de los actos que en ella se indican.
Providencia mediante la cual se constituye, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones Públicas de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público; la cual estará conformada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

La anterior es una transcripción de su original. Pandectas Digital no se hace responsable por cualquier discrepancia u omisión contenida en ella, ni por los daños o perjuicios que pudieran causarse por su uso, ni por su reproducción total o parcial.

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.375 de fecha 14 de mayo de 2026

2026-05-14T01:30:00.000+02:00

Leyes, Decretos, Resoluciones, Providencias Administrativas y demás actos legislativos, administrativos y judiciales, documentos y avisos, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.375 de fecha 14 de mayo de 2026.

Sumario

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
Resolución mediante la cual se conforman los Consejos Disciplinarios de Policía, para el período bianual 2026-2028.
Resolución mediante la cual se otorga la Autorización para que presten los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, sin armamento, previstos en el numeral 1 del artículo 3° del Reglamento de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, a las sociedades mercantiles que en ella se mencionan, en los estados del territorio nacional, que en ella se especifican.
Resolución mediante la cual se otorga la Autorización a la sociedad mercantil MACRO VALORES, C.A., domiciliada en la calle Orinoco, urbanización Las Mercedes, municipio Baruta, estado Miranda, para que preste los Servicios de Traslado y Custodia de Valores, con armamento, previstos en el numeral 2 del artículo 3° del Reglamento de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, en todo el territorio nacional.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jovir José Evies Bueno, como Comisionado Nacional de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Carlos Edgardo Ramírez Rodríguez, como Director General de Control Operacional de los Órganos de Investigación Penal, en calidad de Encargado, dependiente del Despacho del Viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, de este Ministerio.

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras

  INIA
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Amílcar Martín Seijas Pulido, como Consultor Jurídico del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA).

Ministerio del Poder Popular para la Salud

  Fundación Misión Barrio Adentro
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Yenny del Carmen Delgado Barrios, como Directora General (E) de Gestión Administrativa, de la Fundación Misión Barrio Adentro Sede Central.

Ministerio del Poder Popular para el Transporte
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Lucy Yoimar Coa, como Directora Estadal de Sucre, del Ministerio del Poder Popular para Transporte, en calidad de Encargada.

  Servicio Desconcentrado Fondo Nacional de Transporte
Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Doanny Jesús Hernández Caraballo, Director de Gestión Territorial del Servicio Desconcentrado Fondo Nacional de Transporte, en calidad de Encargado, la atribución y firma de los actos y documentos que en ella se señalan.

La anterior es una transcripción de su original. Pandectas Digital no se hace responsable por cualquier discrepancia u omisión contenida en ella, ni por los daños o perjuicios que pudieran causarse por su uso, ni por su reproducción total o parcial.

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.374 de fecha 13 de mayo de 2026

2026-05-13T01:30:00.000+02:00

Leyes, Decretos, Resoluciones, Providencias Administrativas y demás actos legislativos, administrativos y judiciales, documentos y avisos, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.374 de fecha 13 de mayo de 2026.

Sumario

Asamblea Nacional
Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Franklin Mauricio Zeltzer Malpica, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Santa Sede, para aceptar la Condecoración “Caballero Gran Cruz de la Orden de Pío IX (Ordo Pianus)”, otorgado por el Estado de la Santa Sede.
Acuerdo en respaldo a la defensa integral del territorio de la Guayana Esequiba y a la estrategia jurídica del Estado venezolano ante la Corte Internacional de Justicia.

Ministerio del Poder Popular de Comercio Exterior
Resolución mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones Públicas del Ministerio del Poder Popular de Comercio Exterior, con carácter permanente; y estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

Ministerio Público
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Dannybal Carbal Reyes Umbría, como Director de la Dirección de Promoción y Difusión de la FUNDACIÓN “ESCUELA NACIONAL DE FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO” (FENFMP).
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Émerson Vicente Aguilar Carreño, como Director General Contra la Corrupción, del Ministerio Público.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Roberto José Delgado Idrogo, como Director de Revisión y Doctrina, del Ministerio Público.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Wendy Jacqueline González Romero, como Subdirectora de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental, del Ministerio Público.

Contraloría General de la República
Resolución mediante la cual se ratifica la Intervención de la Contraloría Municipal del municipio Sucre, del estado Bolivariano de Mérida; y se designa a la ciudadana María Dolores García Martínez, como Contralora con carácter provisional de la referida Contraloría Municipal.
Resolución mediante la cual se ratifica la Intervención de la Contraloría Municipal del municipio Tovar, del estado Bolivariano de Mérida; y se designa a la ciudadana Franca Daniela Picciallo Abreu, como Contralora con carácter provisional de la referida Contraloría Municipal.
Resolución mediante la cual se ratifica la Intervención de la Contraloría Municipal del municipio Libertador, del estado Bolivariano de Mérida; y se designa a la ciudadana Yardely Dayepsi González Batista, como Contralora con carácter provisional de la referida Contraloría Municipal.
Resolución mediante la cual se ratifica la Intervención de la Contraloría Municipal del municipio Guaraque, del estado Bolivariano de Mérida; y se designa a la ciudadana Ana Isabel Vera Villamizar, como Contralora con carácter provisional de la referida Contraloría Municipal.
Resolución mediante la cual se ratifica la Intervención de la Contraloría Municipal del municipio Caracciolo Parra y Olmedo, del estado Bolivariano de Mérida; y se designa a la ciudadana Karín del Carmen Carrero Molina, como Contralora con carácter provisional de la referida Contraloría Municipal.

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.373 de fecha 12 de mayo de 2026

2026-05-12T01:30:00.000+02:00

Leyes, Decretos, Resoluciones, Providencias Administrativas y demás actos legislativos, administrativos y judiciales, documentos y avisos, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.373 de fecha 12 de mayo de 2026.

Sumario

Presidencia de la República
Decreto N° 5.338, mediante el cual se nombra a los Miembros de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, la cual estará conformada por las ciudadanas y ciudadano que en él se mencionan.

Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Wilmer Alberto Parra Rodríguez, como Presidente de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), de la Dirección General de Industria Militar, del Despacho del Viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de Brigada Juan Francisco Rodríguez Hernández, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, CENTRO DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS DEL COMANDO DE DEFENSA AEROESPACIAL INTEGRAL.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano General de Brigada Juan Francisco Rodríguez Hernández, en su carácter de Director del Centro de los Servicios Logísticos del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, CENTRO DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS DEL COMANDO DE DEFENSA AEROESPACIAL INTEGRAL.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Bruno Alejandro Hernaíz Gerig, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, COMANDO DE VIGILANCIA COSTERA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de Brigada Antonio Ramón Casadiego Pineda, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA CZGNB-45 (LA GUAIRA).
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de Brigada Misael Ricardo Luna Párica, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, COMANDO DE ZONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA CZGNB-43 (DISTRITO CAPITAL).

Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Yupairo José Magallanes Barrios, como Director General de Seguimiento y Equilibrio Industrial y Comercial, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra de Regulación Industrial y Comercial del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jonathan Harry Morales Key, como Director General de Trámites Industriales, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra de Regulación Industrial y Comercial, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, en condición de Encargado.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana María de Los Ángeles González García, como Directora General de Prácticas Comerciales, adscrita al Despacho del Viceministro o Viceministra de Regulación Industrial y Comercial, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, en condición de Encargada.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yadetsy Josefina Garrido Pacheco, como Directora General de Normas Técnicas, adscrita al Despacho del Viceministro o Viceministra de Regulación Industrial y Comercial, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Lenina Prado Pérez, como Directora General de Estandarización y Calidad de la Producción y Comercio Nacional, adscrita al Despacho del Viceministro o Viceministra de Gestión Industrial y Comercial, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, en condición de Encargada.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Kelvin Alejandro Osio Moleiro, como Director General de Seguimiento a las Unidades Productivas Industriales, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra de Gestión Industrial y Comercial, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, en condición de Encargado.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Dionicio Antonio Zurita Aguilera, como Director General de Políticas de Sustitución Estratégica de Importaciones, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra de Gestión Industrial y Comercial, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, en condición de Encargado.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Wiogladys Meza de Rodríguez, como Directora General de Estrategias y Encadenamiento Productivo y Sistema de Actores, adscrita al Despacho del Viceministro o Viceministra de Gestión Industrial y Comercial, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, en condición de Encargada.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Luis Jesús Díaz Pereira, como Coordinador Nacional de Consejos Estadales de Gestión Universitaria (CEGU), en condición de Encargado, del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.372 de fecha 11 de mayo de 2026

2026-05-11T01:30:00.000+02:00

Leyes, Decretos, Resoluciones, Providencias Administrativas y demás actos legislativos, administrativos y judiciales, documentos y avisos, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.372 de fecha 11 de mayo de 2026.

Sumario

Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Jorge Luis Ochoa Fung, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, JUNTA PERMANENTE DE EVALUACIÓN DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Edgar del Valle Farías Ruíz, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Roberth Asunción Marín Ayala, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Lino de Jesús Bolívar Blanco, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Almirante Jorge Alejandro Agüero Montes, en su carácter de Comandante General de la Armada Bolivariana, la facultad de firmar el ADDENDUM N° 001-2026 al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) y la República Bolivariana de Venezuela, por Órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través de la Armada Bolivariana, celebrado el 15 mayo de 2023.

Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Resolución mediante la cual se delega a la ciudadana Nadia Giovanna Mignogna Toro, en su condición de Viceministra de Turismo Nacional, del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, las firmas de actos y documentos que en ella se mencionan.
Resolución mediante la cual se delega a la ciudadana Claudia Alejandra Domínguez Salvucci, en su condición de Viceministra de Proyectos y Obras Turísticas, del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, la firma de actos y documentos relacionados con las Condiciones de Desarrollo de la actividad turística.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Hugo Andrades Pulgar, como Responsable Patrimonial de los Bienes Públicos, pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

CNU
Providencia mediante la cual se aprueba el Calendario de Sesiones del Consejo Nacional de Universidades (CNU) para el ejercicio fiscal 2026, las cuales podrán realizarse bajo la modalidad presencial o virtual, según el cronograma que en ella se indica.
Providencia mediante la cual se fijan como días hábiles para el año 2026 del Secretariado Permanente del Consejo Nacional de Universidades, todos los días calendarios, en el horario comprendido de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.; con excepción de los feriados, los señalados en la Ley de Fiestas Nacionales, en el artículo 184 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y los establecidos en la IV Convención Colectiva Única del Sector Universitario.
Providencia mediante la cual se convoca a los Miembros del Consejo Nacional de Universidades, a la Sesión Extraordinaria con modalidad presencial y virtual, N° 001-2026, a celebrarse el día jueves 14 de mayo de 2026, hora: 9:00 a.m., en la sede: Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar, La Carlota, Caracas.

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica
Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 003-2026 de fecha 06 de abril de 2026, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.349, de fecha 07 de abril de 2026.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Rodolfo Federico Vílchez Sevilla, en su carácter de Director General de la Consultoría Jurídica, del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, la atribución para solicitar opiniones jurídicas y/o instruir al Procurador General o Procuradora General de la República, sobre los asuntos en que deba intervenir en las materias de la competencia de este Ministerio, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yamaira Eveling Delgado Chacón, como Presidenta de la Fundación Fondo Autoadministrado de Salud para el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, sus Órganos integrados y Entes adscritos (FASMEE), y de su Consejo Directivo, en calidad de Titular, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Juan Carlos Pernía Contreras, como Director General de la Oficina de Atención Ciudadana, en calidad de Titular. Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Haydée Jacqueline Rivera Sarmiento, como Directora General de la Oficina de Planificación y Presupuesto, en calidad de Titular.

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Resolución mediante la cual se designa a Ernesto Emilio Villegas Poljak, como Embajador, Representante Permanente, en la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

2026-05-08T02:30:00.000+02:00

Resolución N° 130 de fecha 7 de mayo de 2026, mediante la cual se designa al ciudadano Ernesto Emilio Villegas Poljak, como Embajador, Representante Permanente, en la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.371 de fecha 8 de mayo de 2026.

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.371 de fecha 8 de mayo de 2026

2026-05-08T01:30:00.000+02:00

Leyes, Decretos, Resoluciones, Providencias Administrativas y demás actos legislativos, administrativos y judiciales, documentos y avisos, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.371 de fecha 8 de mayo de 2026.

Sumario

Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Francisco Carlos de Jesús Zapata Linares, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, SEGUNDO COMANDO Y JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Luis Alberto Núñez Marcano, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, CUERPO DE INGENIEROS DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División José Luis Criollo Mora, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, PUESTO DE COMANDO DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Pedro José Rodríguez Rivera, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano General de División Pedro José Rodríguez Rivera, en su carácter de Director de la Dirección de Logística de la Aviación Militar Bolivariana, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ernesto Emilio Villegas Poljak, como Embajador, Representante Permanente, en la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en la ciudad de París, República Francesa.

Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología

  FUNDACITE LARA
Providencia mediante la cual se constituye y modifica el Comité de Licitaciones, con carácter permanente, para la Enajenación de Bienes Públicos Nacionales pertenecientes a la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Lara (FUNDACITE LARA); y estará integrado por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

Ministerio del Poder Popular para la Educación
Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación al Personal Docente, Administrativo y Obrero que en ella se especifican, del Ministerio del Poder Popular para la Educación. CNAE, S.A.
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Javier Geovanni Boza Rumbos, como Cuentadante, responsable de las Unidades Administradoras para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del año 2026.
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Abner Eliu Carrasco Peraza, como Responsable Patrimonial de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar CNAE, S.A., en condición de Encargado.

Ministerio del Poder Popular para la Salud
Resolución mediante la cual se declara oficial el Anuario de Mortalidad del Año 2017, editado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, al estilo formato 1/9 y constará de cinco (05) ejemplares de quinientas diez (510) páginas cada uno y estará además publicado en la página Web de este Ministerio.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Carolin Moya, como Consultor Jurídico, en calidad de Encargada, de este Órgano Ministerial.

Ministerio del Poder Popular para el Transporte

  INEA
Providencia mediante la cual se nombra al ciudadano Edgar Antonio Sánchez Ángel, como Capitán de Puerto de la Capitanía de Puerto de Tucacas, del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.

Tribunal Supremo de Justicia

  Dirección Ejecutiva de la Magistratura
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Francis Josefina Lameda Herrera, como Jefa de la División de Administración, Finanzas y Cuentadante de la Dirección Administrativa Regional del estado Trujillo / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Érick José Martínez Flores, como Director de Servicios Judiciales / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Luisaura Esmeralda Oropeza Suárez, como Jefa de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Yaracuy / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Diahnorad del Milagro Soto Campos, como Jefa de la División de Servicios Judiciales de la Dirección Administrativa Regional del estado La Guaira / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Henry Ramón Maya Martínez, como Jefe de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Bolívar / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargado.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Engerlin Sophia Pérez de Armas, como Jefa de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Anzoátegui / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.

La anterior es una transcripción de su original. Pandectas Digital no se hace responsable por cualquier discrepancia u omisión contenida en ella, ni por los daños o perjuicios que pudieran causarse por su uso, ni por su reproducción total o parcial.

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Normas de VI Concurso de Credenciales y de Conocimientos de la Carrera Defensoril

2026-05-07T02:30:00.000+02:00

Resolución N° DDPG-2026-080 de fecha 27 de abril de 2026, mediante la cual se dictan las Normas de VI Concurso de Credenciales y de Conocimientos de la Carrera Defensoril, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.370 de fecha 7 de mayo de 2026.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DEFENSA PÚBLICA

Nº DDPG-2026-080
Caracas, 27 de abril de 2026
216°, 167° y 27°

El Defensor Público General, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad Nº V-12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 26 de Julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 42.427, de fecha 27 de julio de 2022, en cumplimiento de lo estatuido en los artículos !, 2, 3, 26 y 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 3, 8 y 26, ambos en su numeral 1 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14 numerales 1, 2 y 17 ejusdem.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el sistema de justicia está conformado, entre otros órganos, por la Defensa Pública. Siendo importante resaltar, que dicho organismo constitucional está dotado de plena autonomía funcional y administrativa.

CONSIDERANDO

Que es competencia de la Defensa Pública garantizar el derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, en todas las materias que le son atribuidas de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás Leyes.

CONSIDERANDO

Que los numerales 1 y 4 del artículo 14 ejusdem, establece, "( ... ). Son atribuciones del Defensor Público General o Defensora Pública General las siguientes: l. Ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. ( ... ) 4. Aprobar y publicar las normas reglamentarias internas necesarias para el desempeño de las funciones del servicio. ( ... )"

CONSIDERANDO

Que según los artículos 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 119 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, disponen que el ingreso de las funcionarias y funcionarios públicos a los cargos de carrera se efectuarán mediante concurso público.

RESUELVE:

Dictar las NORMAS DEL VI CONCURSO DE CREDENCIALES Y DE CONOCIMIENTOS DE LA CARRERA DEFENSORIL, en los siguientes términos:

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto

Las presentes normas tienen por objeto regular el VI concurso de credenciales y de conocimientos para la carrera defensoril, de las Defensoras Públicas y Defensores Públicos Provisorios.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Las presentes normas aplican al VI concurso de credenciales y de conocimientos para las Defensoras Públicas y Defensores Públicos Provisorios con competencia en materia Penal, que se encuentren activos en el ejercicio de sus funciones a nivel nacional. Se exceptúan las Defensoras Públicas y Defensores Públicos Provisorios que hayan reprobado dos o más concursos anteriores.

Las Defensoras Públicas y Defensores Públicos Provisorios, que se hallaren en cargos directivos o funciones administrativas, en condición de encargaduría dentro de la Institución, podrán participar en el concurso público de credenciales y de conocimientos.

Artículo 3. De la Escuela Nacional de la Defensa Pública

La Escuela Nacional de la Defensa Pública es la encargada de gestionar todas las actividades relativas a los concursos públicos de credenciales y de conocimientos, para la obtención de cargos de carrera defensoril.

Sección I
Del concurso para la obtención del cargo de Defensora Pública Titular y Defensor Público Titular

Artículo 4. Concurso de Credenciales y de Conocimientos

EI concurso para optar al cargo de Defensora Pública Titular o Defensor Público Titular, está fundamentado en los principios de constitucionalidad, legalidad, honestidad, idoneidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

El concurso para ingresar a la carrera defensorll estará integrado por tres (3) evaluaciones que serán acumulativas, las cuales se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la presente Resolución. Las referidas evaluaciones son las siguientes:

l. Evaluación de conocimientos en prueba escrita.
2. Evaluación de conocimientos en entrevista o prueba oral.
3. Evaluación de credenciales.

Parágrafo Único: La o el concursante podrá solicitar al jurado la revisión de las evaluaciones, dentro de los tres (03) días siguientes a la publicación de los resultados, y deberá recibir oportuna respuesta dentro de los tres (03) días siguientes a la presentación de su solicitud.

Artículo 5. Fases del concurso

El concurso de credenciales y de conocimientos, contemplará las fases siguientes:

a) Designación del Jurado.
b) Convocatoria.
c) Inscripción y consignación de credenciales.
d) Control Social e Impugnación.
e) Evaluación de conocimiento en la prueba escrita.
f) Evaluación de conocimientos en la entrevista o prueba oral.
g) Evaluación de credenciales.
h) Emisión del veredicto del jurado.
i) Nombramiento y Juramentación de las Defensoras Públicas y Defensores Públicos Titulares.

Artículo 6. Oportunidad y lugar del concurso

El concurso de credenciales y de conocimientos, se realizará en las fechas, horas y lugares que señale el Defensor Público General, lo cual será debida y oportunamente informado a las y los participantes.

Artículo 7. Escala de evaluación

La calificación total de cada concursante será el promedio acumulado de la puntuación obtenida en la evaluación de prueba escrita, de entrevista o prueba oral y evaluación de credenciales. La escala de evaluación final, a ser utilizada, a los fines de reportar la calificación final del concurso será de uno ( 1) a cien ( 100) puntos.

Artículo 8. Calificación mínima aprobatoria

La calificación mínima aprobatoria del concurso es de setenta y cinco (75) puntos.

Artículo 09. De la evaluación de conocimientos

La evaluación de conocimientos constará de dos (02) pruebas, una prueba escrita con valoración de treinta por ciento (30%) y una prueba oral con valoración de cincuenta por ciento (50%). Tales evaluaciones aportarán el ochenta por ciento (80%) de la nota definitiva.

Artículo 10. De la evaluación de credenciales

La evaluación de credenciales aportará el veinte por ciento (20%) de la calificación definitiva.

Artículo 11. Ausencia del concursante

La o el concursante que no asista en la fecha y hora fijada para la práctica de las evaluaciones (escrita y oral), quedará automáticamente fuera del concurso.

Se entenderá como ausencia Justificada, cuando la o el concursante demuestre una situación de caso fortuito o fuerza mayor, que le Impidió asistir en la fecha y hora fijada para la práctica de las evaluaciones (escrita y oral), en el lapso de tres (03) días hábiles contados a partir del momento en que se haya producido la falta, ello a los fines que se reprograme una nueva oportunidad para la presentación de la evaluación respectiva.

Artículo 12. Anulación del concurso

Cuando el Defensor Público General, tenga fundadas razones para presumir la existencia de graves irregularidades en la celebración del concurso, declarará de oficio o a instancia de parte, su nulidad y ordenará la apertura de un nuevo concurso.

Artículo 13. Descalificación del concursante

La alteración, perturbación y obstrucción del normal desarrollo del concurso por parte de la o del concursante, será motivo de su descalificación, a juicio del jurado, de lo cual se dejará constancia en acta.

Sección II
De la convocatoria e inscripción

Artículo 14. De la convocatoria

Con el fin de garantizar la debida difusión del concurso, se publicará un aviso donde se indicarán los requisitos, lapsos para las inscripciones y cualquier otra información que se considere conveniente.

Artículo 15. Sobre el proceso de inscripción y su duración

Para inscribirse en el concurso, las y los aspirantes, deben reunir las condiciones de orden moral, ético y jurídico, así como técnico-científico en general, necesarias para el cabal desempeño de sus atribuciones legales. De Igual manera, deberán presentar la solicitud de inscripción contentiva de la manifestación de voluntad de participar en el concurso y la indicación expresa de conocer y entender todas y cada una de las especificaciones contenidas en esta normativa, acompañada de los siguientes recaudos, a vista de original:

a) Currículum vitae, con los soportes que lo acrediten.
b) Copia simple de la cédula de Identidad.

El proceso de inscripción tendrá un lapso que no excederá de siete (07) días continuos, contados a partir de la publicación de la convocatoria de inscripción. Durante el plazo y dentro del horario establecido, los aspirantes deberán presentar en original su documentación ante la Coordinadora o Coordinador Regional o de extensión, a efectos de su verificación; posterior a esto, deberán realizar el proceso vía digital, remitiendo los documentos o recaudos exigidos, el cual una vez finalizado generará un comprobante de inscripción. Se podrá prorrogar hasta por cinco (05) días continuos el lapso referente al proceso de inscripción.

Cada concursante deberá remitir en formato físico o digital a la Dirección Nacional de Gestión Humana de la Defensa Pública, la documentación que hayan presentado al momento de su inscripción en el concurso, a fin de anexarla al expediente administrativo que reposa en la referida Dirección Nacional, siempre que la misma no conste en dicho expediente administrativo laboral.

Artículo 16. Listado de admitidos.

Culminado el lapso de inscripción, se publicará un listado con las y los concursantes admitidos.

Sección III
De la Impugnación y el control social

Artículo 17. Impugnación

Las y los concursantes podrán ser impugnados, una vez terminado el proceso de inscripción y publicación de los aspirantes admitidos para la realización del concurso.

Artículo 18. Control social

El control social se efectuará una vez publicada la relación de las y los aspirantes admitidos, informando a la comunidad en general sobre la apertura de un lapso de tres (03) días, a partir de la fecha de dicha publicación, para que presenten por escrito y en sobre cerrado, las objeciones sobre las y los concursantes admitidos en el concurso, con los soportes que lo sustenten, ante la Escuela Nacional de la Defensa Pública, la cual deberá remitirlo al jurado para su consideración.

Artículo 19. Objeciones

Los sobres con las objeciones presentadas, a las y los concursantes, serán abiertos por el jurado en reunión formal y privada. El jurado desechará aquellas objeciones que sean anónimas, o que contengan conceptos ofensivos e Injuriosos, o no presenten elementos que las sustenten.

Artículo 20. Descargo

Las y los concursantes impugnados, dispondrán de dos (02) días contados a partir de su notificación, para realizar el descargo correspondiente, sobre lo cual el jurado emitirá un informe de carácter no vinculante, que remitirá a la Máxima Autoridad de la Defensa Pública.

Artículo 21. Decisión sobre las objeciones presentadas

El Defensor Público General evaluará las impugnaciones remitidas por el jurado, y dentro de los tres (03) días siguientes decidirá sobre la exclusión del concurso de la o el concursante impugnado, atendiendo a la gravedad de las objeciones.

En el lapso de dos (02) días, se Informará por correo electrónico, a la o el concursante impugnado, la decisión del Defensor Público General, sobre los resultados del proceso de control social.

Sección IV
Del Jurado

Artículo 22. Integración del jurado

El jurado del concurso estará integrado por tres {03) miembros principales y sus suplentes, designados por el Defensor Público General.

Artículo 23. De la convocatoria del jurado

La convocatoria del jurado la hará el Defensor Público General, con al menos tres (03) días de anticipación, a la convocatoria de participación de las y los concursantes.

Artículo 24. De la aceptación o excusa del jurado

La convocada o convocado manifestará su aceptación o excusa, dentro de los tres (03) días siguientes a la notificación de su convocatoria.

Artículo 25. Funciones del jurado

El jurado se encargará de realizar y calificar las evaluaciones establecidas en el artículo 4 del presente instrumento normativo.

El jurado deberá sujetarse a la presente normativa para la calificación de las credenciales y conocimientos de las y los concursantes.

Artículo 26. Confidencialidad

Los miembros del jurado están obligados a mantener la debida confidencialidad acerca de las deliberaciones efectuadas y se abstendrán de divulgar cualquier información incluida en los registros personales de las y los concursantes, so pena de su exclusión definitiva como integrante del jurado.

Artículo 27. De la inhibición o recusación

Los miembros del jurado podrán inhibirse o ser recusados, dentro de los dos (02) días siguientes a aquel en que comenzó a conocer del asunto, mediante escrito razonado, ante el Defensor Público General, cuando se presenten las circunstancias siguientes:

a) Existencia de amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los concursantes.
b) Vinculación con los concursantes por lazos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o ser cónyuge del concursante.

Artículo 28, Decisión sobre inhibición o recusación

El miembro del jurado objeto de recusación, será notificado de manera inmediata del contenido de la misma y dispondrá de tres (03) días, contados a partir de su notificación, para contestar la recusación, y de ser el caso; promover pruebas. El Defensor Público General decidirá sobre la recusación o inhibición, al octavo (8°) día hábil siguiente a la fecha de recepción de la solicitud de inhibición o recusación.

Sección V
De la evaluación de conocimientos en la prueba escrita

Artículo 29. Evaluación de conocimientos en la prueba escrita

Finalizado el periodo de inscripción el jurado se constituirá para la evaluación de conocimie11tos, a través de la prueba escrita, la cual será realizada en función del contenido del área de competencia jurídica en la que se concurse.

Articulo 30. De la prueba escrita

Se Informará a cada concursante vía correo electrónico de la fecha, hora y lugar en que se efectuará la prueba escrita, la cual tendrá como finalidad examinar conocimientos jurídicos sobre el contenido de los temas del programa del concurso, con el objeto de apreciar la formación académica, el dominio de la materia, capacidad de análisis, de síntesis y de redacción.

La prueba escrita se hará con antelación a la prueba oral, pudiendo el Jurado Evaluador aplicar ambas evaluaciones en una misma oportunidad, lo cual deberá ser previamente notificado a cada concursante.

Artículo 31. Duración de la prueba escrita

La duración de la prueba escrita no podrá ser menor de una (01) hora ni mayor a dos (02) horas académicas.

Sección VI
De la Evaluación de conocimientos en la entrevista o prueba oral

Artículo 32. De la entrevista o prueba oral

Se Informará a cada concursante vía correo electrónico de la fecha, hora y lugar en que se efectuará la entrevista o prueba oral, la cual consistirá en una evaluación oral y tendrá como finalidad examinar conocimientos jurídicos, capacidad de oratoria y argumentación; además, de la habilidad para desarrollar un tema en técnicas de defensa legal.

Artículo 33. Duración de la entrevista o prueba oral

La entrevista o prueba oral tendrá una duración máxima de treinta (30) minutos y versará sobre un tema, el cual será seleccionado al azar por la o el concursante, mediante procedimientos transparentes y aleatorios, entre aquellos contemplados en el programa respectivo del concurso. Durante · la entrevista o prueba oral, el jurado realizará las preguntas, orientaciones y/o sugerencias que estime pertinentes.

Sección VII
De la evaluación de las credenciales

Artículo 34. Evaluación de credenciales

La evaluación de credenciales consistirá en la valoración y calificación de las credenciales aportadas por las y los concursantes.

Artículo 35. Consignación extemporánea de credenciales

En caso que la o el .concursante consigne extemporáneamente. algún documento o credencial de las señaladas en el artículo siguiente, excepcionalmente podrán ser consideradas y valoradas por el jurado, dejándose constancia de ello en un acta levantada a tales fines.

Artículo 36. Clases de méritos a evaluar

Las credencial a evaluar se refieren a las siguientes clases de méritos:

a) Formacíón Académica.
b) Experiencia Profesional en Instituciones del Estado.
c} Docencia, facilitador de aprendizaje

Artículo 37. Formación académica

Se valorará el grado académico debidamente acreditado, así como otras certificaciones de capacitación o formación, tales como: Estudios de cuarto nivel, diplomados, programas de formación para el ingreso a la carrera defensoril, cursos, jornadas, talleres, congresos, seminarios, entre otros.

Artículo 38. Experiencia profesional

Se valorarán aquellos méritos que se refieran al desempeño de cargos en cualquier institución del Estado.

Artículo 39. Docencia

La experiencia docente, se valorará de acuerdo al ejercicio de la enseñanza, como profesor o facilitador de aprendizaje, en las distintas áreas jurídicas e incluso en cualquier área del saber. se estimará el grado y nivel de ejercicio docente, así como otros aspectos pertinentes.

Artículo 40. De la calificación de credenciales

La evaluación de credenciales equivale al veinte por ciento (20%) del cien por ciento (100%) establecido para la calificación del concurso de credenciales.

Artículo 41. Modificación de calificacion.

Las calificaciones obtenidas por las y los concursantes, en cada prueba no podrán modificarse luego de emitidas, salvo excepciones debidamente justificadas.

Sección VIII
Del veredicto

Articulo 42. De la emisión del veredicto

Culminada la evaluación de credenciales, el jurado precederá a efectuar la deliberación final y emitirá el veredicto. Cualquier miembro del jurado que tenga observaciones, disidencia o anuncie voto salvado sobre el veredicto, podrá consignarlo ante el Defensor Público General, en un lapso de hasta dos (02) días siguientes a la emisión del veredicto.

Artículo 43. Características del veredicto

El veredicto debe emitirse por escrito, recogido en un acta que suscribirán todos los miembros del jurado y en la cual se debe hacer constar lo siguiente:

a) Lugar y fecha de realización del concurso.
b) Materia de competencia de que trata el concurso.
c) Identificación de los miembros del jurado.
d) Datos de las y los concursantes.
e) El veredicto del jurado, indicando a las y los concursantes aprobados y el respectivo orden de mérito en función de las calificaciones.
f) Cualquier otro hecho o circunstancia, que a juicio de algún miembro del jurado deba constar.
g) Firma manuscrita de los miembros del jurado, con la indicación del voto salvado debidamente razonado, si los hubiere, subsistiendo en todo caso, la obligación de firmar el acta de veredicto.

Artículo 44. Entrega de ejemplares del veredicto

Del acta de veredicto, se emitirán cuatro (04) ejemplares, de los cuales se entregará:

a) Uno (01) al Defensor Público General.
b) Uno (01) a la Coordinación General de la Defensa Pública.
c) Uno (01) a la Dirección Nacional de la Escuela Nacional de la Defensa Pública.
d) Uno (01) a la Dirección Nacional de Gestión Humana.

Artículo 45. Concurso desierto

El jurado declarará desierto el concurso y lo notificará al Defensor Público General, cuando:

a) No se presente ningún concursante.
b) Ninguno de las o los concursantes alcance la calificación mínima definitiva de setenta y cinco (75) puntos.
c) Se determine que ningún concursante cumple con los requisitos establecidos en las Leyes correspondientes y en estas Normas.

Artículo 46. Nueva convocatoria

En caso de declararse desierto el concurso, se realizará una nueva convocatoria, dentro de un lapso de noventa (90) días, contados a partir de haberse declarado desierto el concurso.

Artículo 47. Publicación del veredicto del concurso

El veredicto del concurso se publicará mediante aviso contentivo del listado de los nombres, apellidos y cédulas de identidad de las y los aprobados, dentro de los cinco (05) días siguientes contados a partir de la emisión del veredicto por parte del jurado.

Sección IX
Nombramiento y Juramentación de las Defensoras Públicas Titulares y
Defensores Públicos Titulares

Artículo 48. Titularidad del cargo

Cumplidos los procedimientos previstos y habiendo obtenido la calificación m1mma aprobatoria, las y los concursantes aprobados serán nombrados y juramentados por el Defensor Público General, como Defensora Pública Titular o Defensor Público Titular.

Artículo 49. Nulidad del nombramiento

El Defensor Público General de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente, anulará el nombramiento de fa Defensora Pública Titular o Defensor Público Titular que, aunque habiendo obtenido la titularidad del cargo, se demuestre que hayan forjado documentos o suministrado información falsa para participar en el mismo, sin perjuicio de otras responsabilidades a que haya lugar.

Sección X
Disposiciones Finales

Artículo 50. Casos no previstos

Lo no previsto o no regulado en el presente Instrumento será resuelto por el Defensor Público General, con base en las disposiciones contenidas la normativa que te sea aplicable.

Artículo 51. Publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela

Se ordena publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas.

Comuníquese y publíquese,

DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA
Defensor Público General

La anterior es una transcripción de su original. Pandectas Digital no se hace responsable por cualquier discrepancia u omisión contenida en ella, ni por los daños o perjuicios que pudieran causarse por su uso, ni por su reproducción total o parcial.

Los enlaces que eventualmente contenga este documento, dirigen a las normas e instrumentos normativos vigentes para la fecha de su publicación. Antes de su aplicación se sugiere verificar su vigencia.

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.370 de fecha 7 de mayo de 2026

2026-05-07T01:30:00.000+02:00

Leyes, Decretos, Resoluciones, Providencias Administrativas y demás actos legislativos, administrativos y judiciales, documentos y avisos, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.370 de fecha 7 de mayo de 2026.

Sumario

Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano General de División Carlos Arturo Romero Padrón, en su carácter de Director de la Dirección de Personal de la Aviación Militar Bolivariana, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, DIRECCIÓN DE PERSONAL DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Carlos Arturo Romero Padrón, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, DIRECCIÓN DE PERSONAL DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de Brigada Rafael José Rojas Pérez, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano General de Brigada Rafael José Rojas Pérez, en su carácter de Jefe de la Oficina de Gestión Administrativa de la Aviación Militar Bolivariana, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Reinaldo José Quintana Díaz, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, INSPECTORÍA DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la Fundación “Centro Internacional Miranda”, celebrada el día 05 de junio de 2025.
Resolución mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, con carácter permanente; estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

Ministerio del Poder Popular para el Transporte
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana María Eugenia Velásquez Villarroel, como Directora Estadal de Nueva Esparta, del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, en calidad de Encargada.
Resolución mediante la cual se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Directores Principales y Suplentes de la Junta Directiva de la empresa del Estado Bolivariana de Aeropuertos (BAER), S.A.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Miguel Médina Olivares, como Director General de la Oficina de Gestión Humana, del Ministerio del Poder Popular para el Transporte.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Carlos José Granadillo Sierra, como Director General de la Consultoría Jurídica, del Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

  INEA
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Héctor Luis Gómez Cobo, como Capitán de Puerto (E) de la Capitanía de Puerto de Amazonas, del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.

Tribunal Supremo de Justicia

  Sala Plena
Actas de Constitución e Instalación de la Sala Constitucional, Sala Político Administrativa, Sala Electoral, Sala de Casación Civil, Sala de Casación Penal y Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia.

  Dirección Ejecutiva de la Magistratura
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Alexandra Yajaira Padrino Muñoz, como Jefa de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Guárico / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Jhosibel Grisbely Médina Amaro, como Jefa de la División de Administración, Finanzas y Cuentadante / Dirección Administrativa Regional del estado Guárico / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Gleisys Carolina Chirino Yancen, como Jefa de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Falcón / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano David Leonardo Ortíz, como Director Administrativo Regional del Distrito Capital / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Henry del Valle Vásquez Marín, como Director Administrativo Regional del estado Delta Amacuro / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Mireily Deyanei López Madero, como Jefa de la División de Evaluación y Capacitación / Dirección de Estudios Técnicos / Dirección General de Recursos Humanos, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.

Defensa Pública
Resolución mediante la cual se crean las Defensorías Públicas que en ella se mencionan, con competencia en las materias que en ella se indican, adscritas a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Carabobo, con sede en el municipio Guacara.
Resolución mediante la cual se dictan las Normas de VI Concurso de Credenciales y de Conocimientos de la Carrera Defensoril.
Resolución mediante la cual se delega en la Directora o Director de la Dirección Nacional de Actuación Procesal, la facultad de tramitar, sustanciar y dictar la decisión de las inhibiciones y recusaciones relacionadas con las defensoras y defensores públicos.

Defensoría del Pueblo
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Anelvy Carmen Brito Rodríguez, como Defensora Delegada, de la Defensoría Delegada del Área Metropolitana de Caracas, en calidad de Encargada.

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Resolución mediante la cual se designa a Gustavo Adolfo Espinoza Silva, como Presidente de la Empresa INDUSTRIA CANAIMA, C.A.; y se designa a la Junta Directiva de la Empresa INDUSTRIA CANAIMA, C.A.

2026-05-06T03:30:00.000+02:00

Resolución N° 332 de fecha 5 de mayo de 2026, mediante la cual se designa al ciudadano Gustavo Adolfo Espinoza Silva, como Presidente de la Empresa INDUSTRIA CANAIMA, C.A.; y se designa a la Junta Directiva de la Empresa INDUSTRIA CANAIMA, C.A., publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.369 de fecha 6 de mayo de 2026.

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Resolución mediante la cual se designa a los Miembros del Consejo Directivo de la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía y Tecnologías Aplicadas Francisco J. Duarte (CIDATA)

2026-05-06T02:30:00.000+02:00

Resolución N° 331 de fecha 5 de mayo de 2026, mediante la cual se designa a los Miembros del Consejo Directivo de la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía y Tecnologías Aplicadas Francisco J. Duarte (CIDATA), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.369 de fecha 6 de mayo de 2026.

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.369 de fecha 6 de mayo de 2026

2026-05-06T01:30:00.000+02:00

Leyes, Decretos, Resoluciones, Providencias Administrativas y demás actos legislativos, administrativos y judiciales, documentos y avisos, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.369 de fecha 6 de mayo de 2026.

Sumario

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

  “Corporación Juntos Todo es Posible”, S.A., “Juntos”
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Gary Fernando Romero Colmenares, como Gerente de la Oficina de Gestión Administrativa y Finanzas, de la “CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE”, S.A., en condición de Encargado.
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Maryumirle Rosalía Cardozo González, como Gerente de la Oficina de Gestión Humana, de la “CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE”, S.A., en condición de Encargada.
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Miller Alfredo Moreno Tineo, como Gerente de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, de la “CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE”, S.A., en condición de Encargado.
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Carlos Enrique Padilla Yépez, como Gerente de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación, de la “CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE”, S.A., en condición de Encargado.
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Lolimar Karina Magallanes Franco, como Gerente de la Gerencia de Diseño y Ejecución de Proyectos, de la “CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE”, S.A., en condición de Encargada.
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Cheryl Adeline Silva González, como Directora del Despacho de la Presidencia, de la “CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE”, S.A., en condición de Encargada.
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Daniela María Muñoz Colmenares, como Tesorera de la Oficina de Gestión Administrativa y Finanzas, de la “CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE”, S.A., en condición de Encargada.

Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano Vicealmirante Ernesto José Castellanos Chirinos, como Director del Servicio Desconcentrado Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR), de la Dirección General de Empresas y Servicios, del Despacho del Viceministro de Servicios para la Defensa.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Contralmirante Eduardo José Acosta Calderón, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ARMADA BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Contralmirante Eduardo José Acosta Calderón, en su carácter de Jefe de la Oficina de Gestión Administrativa de la Armada Bolivariana, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ARMADA BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Vicealmirante Beder José Ledezma Castillo, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE LA ARMADA BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Vicealmirante Beder José Ledezma Castillo, en su carácter de Director de la Dirección de Logística de la Armada Bolivariana, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE LA ARMADA BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Jesús Alberto Guacarán Milano, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, AYUDANTÍA GENERAL DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.

Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología
Resolución mediante la cual se designa a las ciudadanas y al ciudadano que en ella se mencionan, como Miembros del Consejo Directivo de la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía y Tecnologías Aplicadas Francisco J. Duarte (CIDATA).
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Gustavo Adolfo Espinoza Silva, como Presidente de la Empresa INDUSTRIA CANAIMA, C.A.; y se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva de la Empresa INDUSTRIA CANAIMA, C.A., ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología.

  FUNDACITE MÉRIDA
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Marcela Patricia Cifuentes Tolosa, como Directora de la Oficina de Evaluación, Seguimiento y Control de Gestión, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Mérida (FUNDACITE MÉRIDA).

   FUNDACITE ANZOÁTEGUI
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Laureana del Valle Cedeño Malavé, como Directora Ejecutiva, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del estado Anzoátegui (FUNDACITE ANZOÁTEGUI).

   FUNDACIÓN INFOCENTRO
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Osly del Carmen Hernández Rueda, como Directora de Comunicación Popular y Estratégica, de la Fundación Infocentro.

  CNTQ
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Kleydis Nairobyth Rodríguez de Fernandes, como Directora Ejecutiva Encargada, de la Fundación CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA QUÍMICA (CNTQ).

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información
Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a la ciudadana Neida Ysabel López Terán.

Ministerio Público
Resolución mediante la cual se designa como Miembros Principales y Suplentes del Consejo Directivo de la FUNDACIÓN ESCUELA NACIONAL DE FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO (FENFMP), a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

Tribunal Supremo de Justicia

  Sala Plena
Acta de Sesión Extraordinaria relativa a la designación de los Miembros de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, Comisión Judicial, Salas del Alto Tribunal y demás cargos para la constitución de la Sala Plena.
Resolución mediante la cual se extiende la competencia especial al Juzgado Décimo Noveno (19°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para conocer y decidir casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, con jurisdicción a Nivel Nacional.

Dirección Ejecutiva de la Magistratura
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yeniret Natacha Reinoso Médina, como Directora de Estudios Técnicos / Dirección General de Recursos Humanos, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Lisbeth Amalia Navarro Hurtado, como Directora de Servicios al Personal / Dirección General de Recursos Humanos, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Eva Docampo Parra, como Jefa de la División de Carrera Judicial / Dirección General de Recursos Humanos, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yohanna Josefina Manzanilla Vielma, como Jefa del Área de Nómina / Dirección de Servicios al Personal / Dirección General de Recursos Humanos, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Lisandro Enrique Fariñas Zacarías, como Jefe de la División de Servicios Judiciales de la Dirección Administrativa Regional del estado Monagas / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

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Sentencia Nº 73 de la Sala Constitucional del 6 de febrero de 2024, que establece con carácter vinculante consideraciones en torno al sistema de justicia y el fraude procesal, el principio de intervención mínima y subsidiaria del derecho penal, el territorio judicial y el uso arbitrario de la jurisdicción penal, en casos cuya naturaleza es netamente civil

2026-05-05T05:00:00.000+02:00

Sentencia Nº 73 de la Sala Constitucional del 6 de febrero de 2024, que establece con carácter vinculante consideraciones en torno al sistema de justicia y el fraude procesal, el principio de intervención mínima y subsidiaria del derecho penal, el territorio judicial y el uso arbitrario de la jurisdicción penal, en casos cuya naturaleza es netamente civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.368 de fecha 5 de mayo de 2026.

MAGISTRADO PONENTE: LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

El 14 de febrero de 2024, el ciudadano ALÍ SALIM ABDUL HADI, titular de la cédula de identidad N° 81.999.403, actuando en su carácter de apoderado de la Asociación Solidaridad y Sanidad Onlus, asistido por los abogados Alejandro González Valenzuela y María Estela Zannekla Torres, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 32.176 y 114.214, respectivamente, consignó escrito e instrumento poder, solicitando “(…) se sirva declarar la nulidad del dispositivo de la sentencia proferida el pasado 6 de febrero de 2024, en razón de ser manifiestamente violatorio del orden público constitucional, o; en su defecto se pronuncie sobre todos los aspectos no decididos o deficientemente resueltos en la aludida sentencia de avocamiento”.

Asimismo, el 15 de febrero de 2024, el abogado Luís Erison Marcano López, actuando con el carácter de Fiscal Sexto del Ministerio Público para actuar ante la Sala Plena y las Salas Político-Administrativa, Electoral y Constitucional de este máximo Tribunal, solicitó la aclaratoria de la sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024, dictada por esta Sala.

El 16 de febrero de 2024, la abogada María Estela Zannekla Torres, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Alí Salim Abdul Hadi y de la Asociación Solidaridad y Sanidad ONLUS, consignó instrumento poder ad effectum videndi.

En esa misma fecha, el Alguacil de esta Sala consignó los resultados de las notificaciones ordenadas por esta Sala.

El 1° de marzo de 2024, el ciudadano Fiscal Sexto del Ministerio Público, consignó escrito de alcance a la aclaratoria solicitada el 15 de febrero de 2024.

El 14 de octubre de 2024, visto el beneficio de jubilación otorgado por la Sala Plena a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado y la incorporación de la Magistrada Janette Trinidad Córdova Castro, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Tania D’Amelio Cardiet, Presidenta; Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta; el Magistrado y Magistradas Luis Fernando Damiani Bustillos, Michel Adriana Velásquez Grillet y Janette Trinidad Córdova Castro, ratificándose la ponencia al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

I
DE LA SOLICITUD DE ACLARATORIA

El 15 de febrero de 2024, el abogado Luis Erison Marcano López, actuando con el carácter de Fiscal Sexto del Ministerio Público para actuar ante la Sala Plena y las Salas Político-Administrativa, Electoral y Constitucional de este Máximo Tribunal planteó solicitud de aclaratoria, en los siguientes términos:

“(…) La parte resolutoria de la sentencia № 0073 de fecha 06 de febrero de 2024, cuya aclaratoria se solicita, estableció expresamente en su dispositivo cuarto, que ‘Se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor de la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, ya identificada, de conformidad con el artículo 300 numeral 2° del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, se queda extinguida la acción penal’, sin embargo, dicho fallo, más allá de mencionar a la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, nada refiere sobre sobre (sic) sus efectos en la pluralidad de sujetos denunciados en la investigación llevada por la Fiscalía Sexta (6°) Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la causa signada con el № JP-132583-2023, en la que además de haberse investigado a la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández (hoy sobreseída por mandato de esa Sala Constitucional), también se investiga a los ciudadanos BETTY RODRÍGUEZ DE QUINTERO y JHON AEL QUINTERO RODRÍGUEZ, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-16.304.587 y V-14.033.418, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de invasión y agavillamiento previstos y sancionados en los artículos 471-A y 286 del Código Penal.
Lo cual tomo (sic) fundamental importancia en el caso de la ciudadana BETTY RODRÍGUEZ DE QUINTERO, quien ocupa el apartamento № 5 del del (sic) Edificio Dautar, situado en la Avenida Principal de las Mercedes, del Municipio Baruta del Estado Miranda, pues la misma al momento de rendir entrevista en fecha 10 de julio del 2023, y responder las interrogantes formuladas por el Fiscal Sexto (6°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, cuyo contenido riela en autos del expediente judicial, se dejó sentado lo siguiente:
‘...PREGUNTA: ¿Diga usted, posee contrato de arrendamiento de dicho inmueble con el propietario del inmueble? CONTESTÓ: ‘no, no tengo ninguno’ PREGUNTA: ¿Diga usted, posee título de propiedad del inmueble que habita actualmente? CONTESTÓ: ‘No, no tengo...’.’.
Así, habiéndose declarado en la sentencia cuya aclaratoria se requiere, la nulidad de la imputación y el sobreseimiento sólo respecto de una de las imputadas, ciudadana MARIELA ALEJANDRA REYES HERNÁNDEZ, cabe preguntar a esa Honorable Sala Constitucional: ¿Qué ocurre con los restantes imputados?, ¿puede la Fiscalía Sexta (6°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas continuar con la investigación la causa signada con el № MP-132583-2023, con relación al resto de los imputados, distintos a la ciudadana MARIELA ALEJANDRA REYES HERNÁNDEZ?, ¿se dispone remitir el expediente al Tribunal Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para que se dé continuidad a la causa, con respecto a los ciudadanos BETTY RODRÍGUEZ DE QUINTERO y JHON RAFAEL QUINTERO RODRÍGUEZ, antes identificados? Estos puntos en concreto, requieren ser dilucidados por esa Honorable Sala Constitucional, para poder entender a cabalidad el alcance del mandato emanado de la sentencia № 0073 de fecha 06 de febrero de 2024, dictada en la causa signada con el 2023-0968, nomenclatura de esa Sala Constitucional (…)” (Resaltado y mayúsculas del original).

Posteriormente, el 1° de marzo de 2024, el referido abogado interpuso escrito contentivo de un alcance a la aclaratoria solicitada, el cual es del siguiente tenor:

“(…) Quien suscribe, LUIS ERISON MARCANO LÓPEZ, venezolano, mayor de edad, abogado de este domicilio, titular de la cédula de identidad № 13.200.393, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el № 112.711, actuando en el presente acto con el carácter de Fiscal de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público para actuar ante la Sala Plena y las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, según la Resolución № 1800, de fecha 07 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela № 40.292 del 12 de noviembre de 2013, así como apoderado judicial del MINISTERIO PÚBLICO, tal como se evidencia del instrumento poder debidamente otorgado por el ciudadano Tarek Willian Saab Halabi, en su condición de Fiscal General de la República, en fecha 13 de julio de 2022, anotado bajo el № 40, Tomo 46, folios 194 hasta 198 de los Libros de Autenticaciones llevados por ante la Notaría Pública Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital, condición que se encuentra debidamente acreditada en autos, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acudo ante su competente autoridad a los fines de presentar un alcance de la solicitud aclaratoria consignada en fecha 15 de febrero de 2024, de la sentencia № 0073 de fecha 06 de febrero de 2024, dictada en la causa signada con el № 2023-0968, nomenclatura de esa Sala, referida a la Solicitud de Avocamiento (sic) requerido por ante esa Sala Constitucional, por la ciudadana MARIELA SOBEIDA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad № 4.417.377, asistida por el abogado Juan Carlos Castro Villalobos, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el № 68.615, contra ‘la causa contenida en el expediente № 20° C-S-1027-23 que tramita el Tribunal Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas’ (Corchetes agregados); la cual procedo a formular en los siguientes términos:
Consideró esa Sala Constitucional que el supuesto táctico que involucra la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, en torno a la ocupación que tiene sobre el inmueble identificado con el № PH-6, del Edificio Dautar situado en la avenida principal de las Mercedes, Municipio Baruta del Estado Miranda, no constituye una situación a ser dilucidada dentro del ámbito de la acción penal que monopoliza el Ministerio Público, sino que se trata de un conflicto de índole civil; sin embargo, no se precisa en la sentencia en comento, cuáles mecanismos en la jurisdicción civil dispone el ciudadano ALI (sic) SALIM ABDUL HADI, titular de la cédula de identidad N.° V-E-81.999.403, en Representación (sic) de la ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD Y SANIDAD ONLUS, titular del Registro de Información Fiscal (RIF) 95060930245, propietaria legítima del inmueble en referencia, a los fines de recuperar el mismo?; y si bien, dicha circunstancia en strícto (sic) sensu, no forma parte del thema decidendum, considera esta Fiscalía necesario aclarar ese punto, no solo a fines ilustrativos, sino que en salvaguarda de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva, es sano poner en conocimiento al propietario del inmueble, quien funge como víctima en la causa penal llevada por el Ministerio Público (MP-132583-2023) y es también destinatario de esa sentencia, de las acciones civiles efectivas y expeditas a las cuales puede acudir, con el objeto de recuperar el inmueble de su propiedad en manos de sus actuales poseedores, en caso de que ello resulte procedente.
Por otra parte, en la parte in fine de la motiva de la sentencia № 0073 de fecha 06 de febrero de 2024, dictada en la causa signada con el № 2023-0968 por esa honorable Sala Constitucional, se precisó que:
‘...Finalmente, esta Sala hace un llamado de atención a los ciudadanos y ciudadanas en general y a los miembros del sistema de justicia penal venezolano (Jueces, Fiscales, Defensores Públicos y abogados en ejercicio), a utilizar y tramitar las acciones judiciales de manera prudente y para el fin con el que fueron creadas y no en perjuicio del sistema de justicia, y en lo que respecta al trámite de las denuncias, atendiendo particularmente a la aplicación directa del principio de intervención mínima del Derecho penal y, concretamente, del principio de subsidiariedad...’.
Si bien la Sala hace un llamado de atención a ‘los miembros del sistema de justicia penal venezolano’, en los términos descritos, es importante precisar si lo explanado en ese fallo es un criterio vinculante, y si sus postulados son susceptibles de hacerse extensivo al resto de los miembros del sistema de justicia en materia no penal.
Estos puntos en concreto, requieren ser dilucidados por esa Honorable Sala Constitucional, para poder entender a cabalidad el alcance del mandato emanado de la sentencia № 0073 de fecha 06 de febrero de 2024, dictada en la causa signada con el № 2023-0968, nomenclatura de esa Sala Constitucional, y así respetuosamente lo requiero mediante el presente alcance de solicitud aclaratoria (…)” (Mayúsculas, resaltado del original).

II
DE LA SENTENCIA CUYA ACLARATORIA SE SOLICITA

La sentencia cuya aclaratoria se solicitó, signada bajo el N° 73, del 6 de febrero de 2024, fue dictada con ocasión a la solicitud de avocamiento efectuada por la ciudadana Mariela Sobeida Hernández González, asistida por el abogado Juan Carlos Castro Villalobos, ya identificados, “de la causa contenida en el [e]xpediente N° 20° C-S-1027-23 que tramita el Tribunal Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas  (…)”, y en la cual esta Sala, visto que la posesión del inmueble presuntamente invadido era legítima,  toda vez que se encontraba sustentada en un contrato de arrendamiento, entre otros dispositivos decidió: i) anular “(…) el acto de imputación formal de fecha 8 de agosto de 2023 contra la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, ya identificada, por la presunta comisión del delito de invasión previsto y sancionado en el artículo 471-A del Código Penal, y ii) el fallo de fecha 6 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Jueza Yolimar Duque Morales, que declaró con lugar la medida cautelar innominada de restitución de inmueble sobre el apartamento N° 6 ubicado en la avenida principal de las Mercedes (entre las calles New York y Orinoco). Edificio Dautar, piso 3, Apartamento N° PH-6, jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda”.

Asimismo, visto que el hecho imputado no reviste carácter penal, decidió “(…) decretar el sobreseimiento de la presente causa, a favor de la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, ya identificada, de conformidad con el artículo 300 numeral 2º del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, se queda extinguida la acción penal (cfr. Sentencia de esta Sala Nº 370/2021)”.

Ahora bien, el Ministerio Público, solicitante de la aclaratoria, fundó su pretensión en que la sentencia “(…) más allá de mencionar a la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, nada refiere sobre sobre (sic) sus efectos en la pluralidad de sujetos denunciados en la investigación llevada por la Fiscalía Sexta (6°) Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la causa signada con el № JP-132583-2023, en la que además de haberse investigado a la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández (hoy sobreseída por mandato de esa Sala Constitucional), también se investiga a los ciudadanos BETTY RODRÍGUEZ DE QUINTERO y JHON AEL QUINTERO RODRÍGUEZ, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-16.304.587 y V-14.033.418, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de invasión y agavillamiento previstos y sancionados en los artículos 471-A y 286 del Código Penal (…)” (Resaltado y mayúsculas del original).

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

1.- Punto Previo

Esta Sala advierte que el 14 de febrero de 2024, el ciudadano Alí Salim Abdul Hadi, en su carácter de apoderado de la Asociación Solidaridad y Sanidad ONLUS, asistido por los abogados Alejandro González Valenzuela y María Estela Zannekla Torres, ya identificados, consignaron escrito, mediante el cual solicitaron a esta Sala “(…) se sirva declarar la nulidad del dispositivo de la sentencia proferida el pasado 6 de febrero de 2024, en razón de ser manifiestamente violatorio del orden público constitucional, o; en su defecto se pronuncie sobre todos los aspectos no decididos o deficientemente resueltos en la aludida sentencia de avocamiento”, en los siguientes términos:

“(…) Yo, ALÍ SALIM ABDUL HADI, de nacionalidad brasileña, mayor de edad, empresario, de este domicilio, titular de la cédula de identidad №. E-81.999.403, en mi carácter de apoderado de la ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD Y SANIDAD ONLUS, entidad sin fines lucro de utilidad social, con sede en Vicenza, en Vía Mora, №. 57 y titular del código (RIF) 95060930245, carácter éste que consta de instrumento poder que me fuera otorgado ante el Consulado General de Milán (Italia) de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 3 de septiembre de 2021, el cual, quedó anotado bajo el №. 2, del Libro Autenticaciones llevado por dicho Consulado General, que en copia se acompaña (Anexo f), y presento en original ad effectum videndi, asistido en este acto por los abogados ALEJANDRO GONZÁLEZ VALENZUELA y MARÍA ESTELA ZANNELLA TORRES, venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, de este domicilio, titulares las cédulas de identidad Nros. 13.737.999 y 10.283.278, respectivamente, inscritos en el título de Previsión Social del Abogado, bajo los Nros. 32.176 y 114.214, respectivamente, respetuosamente ante su competente autoridad, de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de 1999, a los fines de exponer:
I
ANTECEDENTES
Consta de las actas procesales que, en fecha 6 de febrero de 2024, esta Sala Constitucional profirió la sentencia en causa de Avocamiento iniciada a instancia de la ciudadana MARIELA SOBEIDA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad № V-4.417.377. madre de la ocupante originaria de la titular de un contrato de alquiler de vivienda un inmueble identificado con el №. 3 PH6 del Edificio Dautar, hoy destinado a local jal, situado en la avenida principal de Las Mercedes, Municipio Baruta del estado Miranda,; quién actuó debidamente asistida por el abogado JUAN CARLOS CASTRO VILLAALOBOS.
En la referida decisión, esta Sala Constitucional estableció lo siguiente:
….omissis…
Visto los dispositivos precitados, resulta obligante plantearse las siguientes interrogantes: ¿Son los dispositivos de esta sentencia constitucionalmente legítimos? ¿Es esta sentencia realmente inmutable?.

II
DEL PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DE LAS SENTENCIAS: SUS
EXCEPCIONES
El principio de intangibilidad o inmutabilidad de las sentencias es una de las manifestaciones relevantes del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de 1999; se trata, en otras palabras, de un principio o en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil venezolano, conforme al cual ‘después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.’
Sin perjuicio de lo antes señalado, debe precisarse que la inmutabilidad o intangibilidad la cosa juzgada, si bien es un principio constitucional, está sujeto a excepciones de carácter convencional, constitucional, legal y político, a saber: (i) La excepción de carácter convencional, la encontramos en el artículo 20.3 del Estatuto de Roma, conforme al cual, ‘La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 (sic) a menos que el proceso en el otro tribunal a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; o b) No hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia’; la excepción de carácter constitucional ha sido establecida por esta Sala Constitucional, al mutar la norma del artículo 336.10, de la Constitución de 1999, en el precedente vinculante establecido en la sentencia №. 93/2000, caso Corpoturismo, en el que asumió la facultad de revisar sentencias definitivamente firmes de cualquier naturaleza; (iii) las excepciones de carácter legal, serían las previstas: a) en el Código de Procedimiento Civil, en su artículo que enumera las causales taxativas de invalidación de sentencias definitivamente firmes; b) en la Ley Orgánica de Amparo (sic), que prevé el amparo contra sentencias, y; c) en el Código Orgánico Procesal Penal, en sus artículos 462 y ss (sic); (iv) Las excepciones de carácter político, el indulto y la amnistía.
Empero, ¿Son éstas las únicas excepciones al principio de inmutabilidad de las sentencias? ¿Qué ocurre cuando un Tribunal Constitucional dicta una sentencia que viola el principio de doble instancia? Y ¿Además, vulnera el principio de competencia (ratione materiae) ¿Debe considerarse válida tal decisión?

III
VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE DOBLE INSTANCIA Y DEL PRINCIPIO DE ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL
1.- Vulneración del principio-garantía constitucional de la doble instancia.
Del dispositivo del fallo bajo examen, puede apreciarse que esta Sala Constitucional declaró no solo la nulidad del acto de imputación formal realizado contra la ciudadana MARIELA ALEJANDRA REYES HERNÁNDEZ; también, declaró el sobreseimiento de la causa seguida contra la precitada ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 numeral 2° del Código Orgánico de Procesal Penal, y, en consecuencia, extinguida la acción penal; incurriendo con ello en grosera violación del principio-garantía constitucional de la doble instancia.
Ciertamente, esta Sala Constitucional al declarar la nulidad de la imputación y el sobreseimiento de la causa seguida a la ciudadana MARIELA ALEJANDRA REYES HERNÁNDEZ, incurrió en grosera extralimitación de las facultades previstas en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en materia de Avocamiento, que limitaba su labor analítica y decisora, únicamente a: (i) decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia; o (ii) decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos; u (iii) ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro Tribunal competente en la materia, o (iv) adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido; pero, en ningún caso le autorizaban a subrogarse en el rol de juez de control y tomar decisiones de fondo como la nulidad de la imputación y del sobreseimiento, precitados. Es decir, la Sala Constitucional incurrió en uno de los casos problemáticos, de la taxonomía de MacKormick, concretamente, en un problema de calificación (subsunción), esto es, cuando los hechos son establecidos, pero, no cubren el supuesto de hecho de la ley. En otras palabras, la Sala explicó su sentencia, pero, no la justificó desde una perspectiva racional y constitucional; este grueso error puede graficarse con el ejemplo de Nino: ‘La razón (ámbito explicativo) por la que Pedro mató a su mujer, es que ésta hablaba demasiado; pero, hablar demasiado no es razón (ámbito justificativo) para matar’, es decir, de haberse advertido la supuesta lesión de algún derecho constitucional, ha debido ordenarse la reparación de tal situación jurídica, pero, en ningún caso ha debido ‘matarse’ o extinguirse (¿?) (sic) el proceso penal.
Asimismo, junto con extralimitarse en la sentencia de Avocamiento, esta Sala Constitucional cercenó a mí (sic) representada, en tanto víctima, su derecho a recurrir de las decisiones de nulidad de la imputación y del sobreseimiento de la causa seguida contra la ciudadana MARIELA ALEJANDRA REYES HERNÁNDEZ, pues, de conformidad con lo previsto en el artículo 122.9 del Código Orgánico Procesal Penal, las víctimas tienen derecho a: ‘Impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria’, derecho que virtualmente se impide ejercer a mi representada con la arbitraria sentencia aquí cuestionada.
Huelga precisar que junto a la extralimitación de su función jurisdiccional al proferir la sentencia de Avocamiento, y con el cercenamiento del derecho de mi representada a la apelación, esta Sala Constitucional vulneró de manera flagrante el principio o garantía constitucional de la doble instancia, ínsito en el artículo 26 de la Constitución de 1999; consagrado expresamente en el artículo 49.1, íbidem (sic), en los siguientes términos: ‘Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas esta Constitución y la ley’; también, reconocido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en los siguientes términos: ‘Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas (...) h).- derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.’, y; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.5 ‘Toda persona rada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley’. Importa precisar que tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son normas convencionales, pero, a la vez, normas de ius cogens.
Al efecto, esta Sala Constitucional, en sentencias Nros. 95/2000, 2661/2002 y 1/2005) (sic), entre otras, ha señalado la relevancia del principio de doble instancia, especialmente, en materia penal, en los siguientes términos:
…omissis…
Asimismo, en sentencia №. 212/2012, caso: María Ofelia Pereira Sánchez, esta misma Sala estableció:
…omissis…
Ahora bien, en este estado de cosas, resulta inevitable plantearse las siguientes interrogantes: ¿Puede derogar o eliminar esta Sala Constitucional, mediante una sentencia de avocamiento, el principio convencional y constitucional de doble instancia? ¿Puede la Sala Constitucional mediante una sentencia falsa (en sus supuestos y sus efectos), sentar un precedente que contraría no sólo su pacífica y reiterada doctrina jurisprudencial, sino, además lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal (art. 122.9), la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (art. 122), la Constitución de 1999 (arts. 26 y 49.1), y normas ius cogens: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.2.b) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5)? ¿Podría tener valor de precedente constitucional vinculante, una sentencia que modifica toda la doctrina jurisprudencial de esta a en relación al principio de doble instancia? Y finalmente, ¿Siendo ostensible que esta Constitucional vulneró de manera flagrante el principio de doble instancia, al extralimitarse en el ejercicio de la facultad de Avocamiento, resulta jurídicamente irreversible la violación constitucional consumada?
2.- La doctrina de las nulidades por violación del orden constitucional.
A efectos de dilucidar las interrogantes antes planteadas, cabe advertir que al margen de las excepciones al principio de inmutabilidad de las sentencias, antes aludidas, existe otra categoría la de orden público constitucional, referida, por cierto, en la sentencia aquí cuestionada, pero, sin explicar su pertinencia, y, en el escrito de solicitud de Avocamiento presentado por el abogado JUAN CARLOS CASTRO VILLALOBOS, la cual, posibilita la revisión y declaratoria de nulidad absoluta de los fallos viciados de manifiesta inconstitucionalidad.
Como se sabe, este significante aún no ha sido definido por la doctrina y la jurisprudencia, sin embargo, de acuerdo con la caracterización que de él se ha hecho, se desprende que se trata de una institución funcionalizada a la preservación de la hegemonía (supremacía) de la Constitución como fuente primigenia del ordenamiento jurídico, esto es, responde a una nueva exigencia epistémica, a una nueva relación político-jurídica fundamental, como dictamen rationis y norma normarum, lo cual, trae aparejado importantes consecuencias: (i) la norma constitucional pasa a ser la norma normarum, es decir, el primer referente del sistema, y, por tanto, la fuente de creación del resto de las normas del sistema jurídico, quedando la observancia del orden público constitucional imbricada a la preservación de la hegemonía de la Constitución; (ii) la hegemonía absoluta de sus valores y demás preceptos en el orden interno, a cuya observancia (y del orden público constitucional) están sujetos gobernantes y gobernados; (iii) pone en evidencia la naturaleza de los poderes los que emanan las distintas normas de cada ordenamiento, esto es, poder constituyente/Constitución, y poderes constituidos/normas ordinarias, cuya vulneración comporta violación del orden público constitucional; (iv) el carácter único de la norma constitucional, que da origen: a una superlegalidad formal conformada por mecanismos reforzados de modificación constitucional (rigidez constitucional) frente a los procedimientos legislativos ordinarios, y; a una superlegalidad material que asegura a la Constitución una preeminencia jerárquica sobre las demás normas, que serán válidas si no violentan el orden público constitucional y, los límites al ejercicio del poder y los derechos fundamentales (Beaud, García Pelayo García de Enterría, Jellinek), y; (v) el desbordamiento constitucional, esto es, la inmersión de la Constitución dentro del ordenamiento jurídico, en del cual, los operadores jurídicos ya no acceden a la Constitución a través del legislador, sino que lo hacen directa y permanentemente, pues es difícil encontrar un problema jurídico serio que carezca de relevancia constitucional, y que sea indiferente al orden público constitucional.
El orden público constitucional es una categoría jurídica de cuya ‘esencia se desprende está concebida para preservar la supremacía de la Constitución’ (Vid. Sentencia №. J6/2004, caso: Asociación Bolivariana de Abogados), en tal sentido, se trata de un mecanismo preordenado a un fin (telos), pero, no a un fin cualquiera, sino, a un deber ser constitucional (ethos), esto es, a la preservación de la hegemonía e integridad del principio supremacía normativa de la Constitución (bien jurídico protegido en todo proceso constitucional). Este rasgo caracterizador permite afirmar que estamos frente a una categoría jurídica que tiene su propio perfil jurídico, que se diferencia claramente de la noción de orden público de la Teoría General del Derecho, o, del orden público legal, como también se le conoce (Germán Bidart Campos, La Interpretación y el Control Constitucionales en la Micción Constitucional). En esta perspectiva, orden público constitucional vendría a ser, de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, una herramienta (función) jurídica a finalidad esencial es garantizar la hegemonía e integridad del principio de supremacía de la Constitución, tal como lo estableció esta Sala Constitucional, en la sentencia líder (leading case), №. 77/2000, caso José Zamora Quevedo, en la que señaló:
…omissis….
Con base a lo expuesto, resulta forzoso concluir que al advertirse dentro de un proceso existencia de determinaciones judiciales ostensiblemente contrarias al orden público constitucional, el juez que responde por la integridad y supremacía de la Constitución debe de oficio dejar sin efecto tales determinaciones judiciales, por lo que emerge la institución del orden público constitucional, como una nueva excepción, una excepción extraordinaria al principio de inmutabilidad de las sentencias.
En este contexto, resulta inexcusable el deber de esta Sala de declarar de oficio, la ilegitimidad de la declaratoria de nulidad de las imputaciones, y el sobreseimiento de la causa a la ciudadana MARIELA ALEJANDRA REYES HERNÁNDEZ, pues, de aceptarse la validez de tal pronunciamiento se estaría trastocando todo el orden constitucional, al permitirse la eliminación del principio de doble instancia a partir de una sentencia fundada en falsos supuestos; importa precisar que en este caso, ninguna otra solución es jurídicamente factible, pues, si se remitiera el expediente al Tribunal de Control para que se ejerciera el respectivo recurso de apelación, estaríamos ante la absurda situación de que una Sala de la Corte de Apelaciones revisaría en alzada una sentencia de la Sala Constitucional; por tanto, cabe otra posibilidad, para corregir el entuerto generado, que declarar de oficio la nulidad dispositivos sobre las imputaciones y sobre el sobreseimiento, precitados. Así pido se declare.
IV
DE LA IMPROCEDENCIA DEL AVOCAMIENTO Y VIOLACIÓN DEL DERECHO AL JUEZ NATURAL (VIOLACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO
CONSTITUCIONAL)
De otra parte, ante el alcance de las irregularidades contenidas en la sentencia de Avocamiento, surgen razonables interrogantes, a saber: ¿Puede avocarse la Sala Constitucional a causas penales, en las que no se denuncian violaciones de derechos humanos? ¿Puede la Sala Constitucional avocarse a una causa penal sin haber acreditado los extremos para ello, y sin haber acreditado que se ejercieron los recursos ordinarios para corregir las supuestas irregularidades denunciadas?
Al efecto, debe advertirse que la sentencia aquí referida, vulnera, además, el principio competencia (ratione materiae), y por consiguiente, el derecho al juez natural de mi representada (art. 49.4 Constitución 1999), por cuanto, la materia objeto de análisis y de decisión, tal como se deriva de la sentencia de Avocamiento, se contrae exclusivamente a cuestiones penales, tales como: un supuesto terrorismo judicial; un supuesto fraude procesal; teorización del principio de intervención mínima y subsidiaria del derecho penal, y; termina declarando la nulidad de la imputación a la solicitante del Avocamiento y su sobreseimiento en una causa penal; sin hacer mayores consideraciones sobre derechos fundamentales lesionados o amenazados de lesión.
Huelga señalar que al comportar el Avocamiento una afectación (disrupción) del doble grado de jurisdicción, las Salas de este Tribunal Supremo de Justicia, deben ser muy acuciosas y prolijas en determinar la concurrencia de las condiciones objetivas a tal fin, estableciendo, en primer lugar, la afinidad de la materia objeto de la solicitud de Avocamiento las competencias naturales de cada Sala.
En el presente caso, se observa que esta Sala Constitucional incurrió en flagrante usurpación de funciones, al ‘avocarse’ a una causa penal, en la que abundan alegatos de no penal, incluso los formulados por el abogado de la solicitante JUAN CARLOS CASTRO VILLALOBOS (...), quien señaló:
‘(...) en el caso de autos se encuentran dadas las circunstancias extraordinarias que dispone el ordenamiento jurídico y la doctrina judicial constitucional establecida por esta Sala Constitucional para la procedencia del avocamiento, por cuanto las irregularidades generadas desde el principio con esta falsa denuncia que ha llevado a dictarse decisión cautelar, repit[e], basada en una falsa denuncia que no fue verificada por el tribunal, ni si quiera (Sic) a considerar los elementos mínimos para dictar una medida cautelar como son la presunción del buen derecho, el peligro de daño o la ilusoriedad del proceso, siendo que la representación del Ministerio Público solicitó dicha medida sin ni siquiera presentar un acto conclusivo de acusación, sin tener aún un posible pronóstico de condena en contra de las imputadas, pero sí judicializa su investigación solicitando esta medida ilegal basado en una denuncia falsa, cuya verdad, aquí se está demostrando, siendo esa verdad que las ciudadanas imputadas no cometieron los delitos señalados, y sí son poseedoras legítimas de los inmuebles, generando ello, graves consecuencias, que trascienden de la esfera jurídico subjetiva de los sujetos procesales en esa causa, cuyo avocamiento se peticiona, de tal manera que afectan al orden público constitucional y a la imagen del Poder Judicial’.
Al efecto, importa precisar que, aun cuando, en un proceso se haya materializado una violación del orden público constitucional, tal violación no autoriza necesariamente a que el asunto sea conocido únicamente por la Sala Constitucional, pues, tal como lo estableció la leading case (sentencia líder) en materia de orden público constitucional, №. 77/2000, caso é (sic) Zamora Quevedo, todos los jueces de la República están obligados a velar por la intangibilidad del principio de supremacía de la Constitución, y declarar de oficio nulidades por violación del orden público constitucional; en el presente caso, resulta más que evidente quee las supuestas violaciones al orden público constitucional, señaladas en la sentencia aquí cuestionada, debieron denunciarse ante la correspondiente Sala Penal.
Sobre este punto esta misma Sala Constitucional ha establecido en sentencia №. 10/2018, caso: Rafael Ferraro Marino, lo siguiente:
…omissis…
En tal perspectiva, resulta evidente que al avocarse esta Sala Constitucional a un asunto, sobre la base de argumentos de tipo penal, vulnerando con ello la competencia (ratione materiae), y el derecho al juez natural de mi representada; sin haber acreditado las irregularidades procesales presuntamente cometidas, y; sin haberse acreditado el ejercicio de recursos ordinarios, para subsanar las supuestas irregularidades; resulta más que evidente esta Sala incurrió en grosera violación del orden público constitucional, al avocarse a un asunto para el que no tenía competencia, y en el que no se cumplieron los extremos de ley. Así pido se declare.
V
DE LA COSA JUZGADA RELATIVA Y DE LA COSA JUZGADA PRESUNTA
Finalmente, cabe observar que de la sentencia de Avocamiento aquí cuestionada no puede derivarse ningún efecto de cosa juzgada formal ni material, por cuanto, sus dispositivos son absoluta e inequívocamente parciales, inconclusos, y constitucionalmente ilegítimos; por tanto, no pueden producir efectos jurídicos válidos, según pasamos a explicar de seguidas.
Ciertamente, en el dispositivo del fallo hay absoluta indeterminación no sólo respecto cuál de los supuestos del numeral 2 del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado a la solicitante del Avocamiento, pues, dicha norma contiene diversos supuestos hecho (el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación; inculpabilidad o no punibilidad), y se desconoce hasta ahora cuál fue el que se estimó procedente, y se aplicó; sino, además, hay indeterminación respecto de la secuela del proceso, es, siendo una pluralidad de sujetos los denunciados, y habiéndose declarado la nulidad la imputación y el sobreseimiento solo respecto de una de las imputadas, las interrogantes surgen son ¿Qué ocurre con los restantes imputados? ¿Se remitirá el expediente al tribunal respectivo para que continúe la causa respecto de los no favorecidos por tan singular fallo? ¿Es posible emitir un fallo de avocamiento con el propósito de beneficiar a un solo de una causa y dejar en un limbo jurídico a los restantes? ¿Se remitirá el expediente al tribunal que se asigne para que los interesados puedan ejercer los recursos a los que tienen derecho? ¿Puede ser revisada esta sentencia por un tribunal de inferior jerarquía?
Al efecto, cabe señalar que los pronunciamientos de la Sala Constitucional adquieren fuerza de cosa juzgada formal, es decir, son irrevisables para la misma Sala Constitucional cuando no violan el orden público constitucional; sin embargo, aun en el supuesto, que negamos en el presente caso, de no incursión en violación del orden público constitucional, sentencias, como la aquí cuestionada, son revisables, además, en aspectos conexos con las mismas con base en la doctrina de la cosa juzgada relativa y doctrina de la cosa juzgada ente, la cual, tiene amplio desarrollo en el derecho comparado (Colombia y Alemania), e extraordinariamente puede plantearse la revisión de la cosa juzgada constitucional cuando ésta es relativa o aparente, ello, con el propósito de hacer prevalecer la hegemonía e intangibilidad del principio de supremacía constitucional.
Al efecto, se entiende por cosa juzgada constitucional relativa aquella que permite la revisión de una materia que ha sido objeto de un fallo constitucional, desde una perspectiva diferente a la tratada en la sentencia, por ejemplo, en el presente caso, se inició el proceso una solicitud de Avocamiento que, en los hechos, derivó en una especie de amparo constitucional en favor de la solicitante quedando diversos aspectos jurídicos, a los que se traen las interrogantes previas, sin resolver, razón por la cual, surge una cosa juzgada relativa al existir varios aspectos procesales insolutos. La Corte Constitucional colombiana la cosa juzgada relativa ha dicho: ‘Al respecto, entonces, no puede hablarse siquiera una cosa juzgada relativa -que consiste en el estudio de una norma a la luz de ciertos argumentos o razones, dejando posibilidad de otros no considerados, pero sobre el supuesto que, al menos, la normatividad acusada ha sido materia de examen- ...omissis...’ -sentencia C-700799 de la Corte Constitucional Colombiana (sic), de fecha 16-09-99).
Por otra parte, se entiende por cosa juzgada constitucional aparente aquella que se deduce cuando en un fallo constitucional, no existe pronunciamiento expreso y preciso sobre las cuestiones sometidas a consideración del órgano jurisdiccional constitucional, o en casos en que habiendo habido pronunciamiento la motivación es deficiente, en razón de cual, a efectos de preservar la supremacía constitucional, la garantía del orden público constitucional permite un nuevo pronunciamiento correctivo de las deficiencias apuntadas.
La Corte Constitucional colombiana ha establecido, al efecto, lo siguiente:
…omissis…
De lo expuesto precedentemente, se deriva que la sentencia de Avocamiento ha producido cosa juzgada relativa, por cuanto, existen muchos aspectos que no fueron resueltos con el dispositivo del fallo, tal como ya se señaló, esto es: ¿Qué ocurre con los restantes imputados?, ¿Se remitirá el expediente al tribunal respectivo para que continúe la causa respecto de los no favorecidos por tan singular fallo?, ¿Se remitirá el expediente al Tribunal que se asigne para que los interesados puedan ejercer los recursos a los que tiene derecho?, ¿Puede ser revisada esta sentencia por un tribunal de inferior jerarquía?
De igual manera, existen otros aspectos resueltos deficientemente, lo que ha dado lugar cosa juzgada aparente, es decir: ¿Es posible emitir un fallo de Avocamiento con el propósito de beneficiar a un solo sujeto de una causa y dejar en un limbo jurídico a los restantes?, ¿Cuál de los diversos supuestos del numeral 2 del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, fue aplicado, a la solicitante del Avocamiento?
Siendo evidente que la sentencia de Avocamiento aquí cuestionada, al margen de los vicios señalados en los capítulos precedentes, está afectada de cosa juzgada relativa y cosa juzgada aparente, resulta obligante para esta Sala Constitucional emitir un nuevo pronunciamiento sobre todos los aspectos no decididos o deficientemente decididos, a cuyo efecto, habiendo adelantado opinión el magistrado ponente, e incurrir en causal de inhibición, procedente sería su deslinde con el presente proceso. Así pido se declare.
PETITUM
En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho a que se contraen los capítulos precedentes, solicito muy respetuosamente a esta Sala Constitucional, se sirva declarar la nulidad del dispositivo de la sentencia proferida el pasado 6 de febrero de 2024, en razón de manifiestamente violatorio del orden público constitucional, o; en su defecto se pronuncie sobre todos los aspectos no decididos o deficientemente resueltos en la aludida sentencia de avocamiento (…)” (Mayúsculas, resaltado y subrayado del original).

Así, el referido ciudadano pretende que esta Sala revoque su propia decisión, específicamente, la sentencia N° 73 dictada el 6 de febrero de 2024, a través de la cual, en el marco de la solicitud de avocamiento planteada por la ciudadana Mariela Sobeida Hernández González, declaró:

“(…) 1.- INADMISIBLE la solicitud de avocamiento presentada por la ciudadana MARIELA SOBEIDA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ya identificada.
2.- Se AVOCA de oficio a la causa contenida en el expediente N° 20° C-S-1027-23 sustanciada por el Tribunal Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
3.- NULOS i) el acto de imputación formal de fecha 8 de agosto de 2023 contra la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, ya identificada, por la presunta comisión del delito de invasión previsto y sancionado en el artículo 471-A del Código Penal, y ii) el fallo de fecha 6 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Jueza Yolimar Duque Morales, que declaró con lugar la medida cautelar innominada de restitución de inmueble sobre el apartamento N° 6 ubicado en la avenida principal de las Mercedes (entre las calles New York y Orinoco). Edificio Dautar, piso 3, Apartamento N° PH-6, jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda.
4.- Se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor de la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, ya identificada, de conformidad con el artículo 300 numeral 2º del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, se queda extinguida la acción penal.
5.- Se ORDENA remitir copia certificada del presente fallo a la Jueza del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
6.- Se ORDENA a la Secretaría de esta Sala remitir copia certificada del presente fallo al Fiscal General de la República, ciudadano Dr. Tarek William Saab, para que tenga conocimiento de la presente decisión y, en el marco de sus competencias, realice las investigaciones pertinentes ante la presunta comisión de hechos punibles y faltas disciplinarias.
7.- DECRETA ERROR JUDICIAL INEXCUSABLE a la Jueza YOLIMAR DUQUE MORALES, a cargo del Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas.
8.- Se ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión al Ministerio Público, la Comisión Judicial, la Inspectoría General de Tribunales y al Colegio de Abogados de Caracas, a los fines que en el marco de sus competencias inicien de ser el caso, una investigación y tomen las acciones penales y disciplinarias en contra la Jueza YOLIMAR DUQUE MORALES, a cargo del Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas.
9.- Se ORDENA notificar de la presente decisión a la ciudadana Mariela Sobeida Hernández González, al Fiscal Provisorio Sexto (6°) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Moisés Alejandro García Velásquez, y a la Jueza Yolimar Duque Morales a cargo del Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas”. (Énfasis del texto)

De ello resulta, que a los fines del pronunciamiento correspondiente, esta Sala debe  atender el criterio sostenido respecto a las solicitudes de revocatoria de sus propias decisiones, visto lo cual se hace pertinente citar lo expuesto en su sentencia N° 1490/2011 (Caso: “Antonio José Varela”), en la cual se expresó lo siguiente:

“Ahora bien, esta Sala aprecia que lo peticionado por los recurrentes excede de las facultades de esta Sala, por cuanto después de pronunciada la sentencia carece este órgano jurisdiccional de una nueva facultad decisoria, salvo la aclaratoria o ampliación del fallo, lo cual no tiene por finalidad un nuevo pronunciamiento de la causa, sino ’principalmente la determinación precisa del alcance del dispositivo en aquel contenido, orientada a su correcta ejecución, por lo que el pronunciamiento del juez’ como reiteradamente lo ha expuesto esta Sala, en sentencia n° 1068 del 8 de mayo de 2003, por citar alguna de ellas; por tanto, no puede esta instancia modificar la decisión de fondo emitida, ni puede implicar un nuevo examen de los planteamientos de una u otra parte. Es, sencillamente, un mecanismo que permite determinar la voluntad del órgano decisor, a fin de su correcta comprensión y ejecución, o para salvar omisiones, hacer rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia.
Las decisiones dictadas por esta Sala Constitucional adquieren, desde su publicación, el carácter de cosa juzgada formal, consagrado en el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, y al mismo tiempo se perfecciona el carácter de cosa juzgada material dispuesto en el artículo 273 eiusdem, que impone que se tenga en cuenta el contenido de la decisión en todo proceso futuro entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, de allí que la Sala, luego de haber sido dictada sentencia definitiva, carece de potestad alguna para conocer nuevamente de sus propias decisiones, aunado al hecho de que, conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia- contra sus decisiones, en cualquiera de sus Salas, no se oirá ni admitirá acción ni recurso alguno, por tanto, la sentencia recurrida mediante la invalidación resulta, a todas luces, inimpugnable. (Vid. entre otras las sentencias n° 93 del 20 de febrero de 2008 / n° 681 del 26 de septiembre de 2009).
Además, la Sala le recuerda a los recurrentes que este mismo órgano judicial tampoco puede pronunciarse de nuevo sobre un asunto ya decidido con carácter definitivo, pues ha perdido jurisdicción para efectuar un nuevo examen del asunto”.

En ese sentido, mediante decisión N° 532/2012 (Caso: “Luciano Conti Camporese”), esta Sala precisó lo siguiente:

“(…) El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto Tribunal de la República; contra sus decisiones, en cualquiera de sus Salas, no se oirá, ni admitirá acción ni recurso alguno, salvo lo que se dispone en la presente Ley’.
La norma transcrita, establece la irrecurribilidad de las decisiones dictadas por este Máximo Tribunal en cada una de sus Salas y el consecuente carácter inmutable que el legislador con fundamentos político-sociales tendentes a la consolidación de la seguridad jurídica les ha otorgado, excluyendo así a las referidas sentencias del ejercicio de cualquier recurso o consulta, salvo la facultad extraordinaria de revisión de esta Sala, la cual tampoco opera con respecto a las sentencias dictadas por la propia Sala Constitucional.
De igual modo, tal circunstancia deriva del rango que detenta este Máximo Tribunal dentro de la estructura jerárquica de los órganos jurisdiccionales la cual, le atribuye el carácter de Máximo Órgano Jurisdiccional y por lo tanto, la última instancia judicial a la cual pueden ser sometidas las controversias de relevancia jurídica.
Conforme a lo expuesto, la solicitud de revocatoria de una sentencia definitiva de esta Sala, colide flagrante con el principio contenido en el citado artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual otorga a las sentencias de este Máximo Tribunal el carácter definitivamente firme de sus decisiones no admitiendo sino los recursos que taxativamente contempla la mencionada Ley Orgánica (Vid. sentencia N° 34/2008 del 19 de febrero, caso: Héctor González Guerra).
Ello así, quiere dejar claro la Sala que la irrecurribilidad de las sentencias dictadas por esta Sala, en modo alguno infringe la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contemplan el derecho a recurrir del fallo y, por tanto, el principio de doble grado de jurisdicción, dada la ubicación en las cúspide del Poder Judicial que ostenta este Supremo Tribunal.
Igualmente, debe advertir la Sala que tampoco puede este mismo órgano judicial volver a pronunciarse sobre un asunto ya decidido con carácter definitivo, toda vez que ha perdido jurisdicción para seguir conociendo del asunto. En este sentido, es preciso indicar que es un principio de derecho procesal común recogido en el encabezamiento del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que prevé: ‘Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocar ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado’, no obstante, la Sala, a solicitud de parte, puede aclarar los puntos dudosos, salvar omisiones y rectificar errores de copia, referencias o de cálculos numéricos que aparecen de manifiesto en la sentencia o dictar ampliaciones.
De otra parte, se advierte igualmente al solicitante que su inconformidad con el fallo dictado por la Sala en el ejercicio de su función jurisdiccional, no lo autoriza a pretender polemizar con este mismo órgano el acierto de la sentencia dictada, más aun cuando no acudió dentro del lapso fijado en el mencionado artículo 252 del Código de Procedimiento Civil a solicitar aclaratoria del fallo dictado el 9 de diciembre de 2010, evidenciándose una vez más su falta de diligencia para comparecer ante la Sala”.

Visto lo anterior, se observa que el planteamiento que hace el ciudadano Alí Salim Abdul Hadi, se encuentra dirigido a denunciar que la sentencia proferida por esta Sala violó el principio constitucional a la doble instancia y el orden público constitucional de su representada, y solicitó “(...) a esta Sala Constitucional, se sirva declarar la nulidad del dispositivo de la sentencia proferida el pasado 6 de febrero de 2024, en razón de manifiestamente violatorio del orden público constitucional, o; en su defecto se pronuncie sobre todos los aspectos no decididos o deficientemente resueltos en la aludida sentencia de avocamiento (…)”; a tal efecto, no se desprende que la pretensión del referido ciudadano pueda vincularse a alguno de los supuestos contemplados en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, sino que, por el contrario, persigue que este órgano judicial emita una nueva sentencia que modifique lo ya decidido, lo cual contraría la jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Sala a través de la cual se sostiene que las decisiones de este Alto Tribunal son irrecurribles, tal como lo dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que la solicitud planteada por el ciudadana Alí Salim Abdul Hadi, resulta improponible en derecho. Así se decide.

Por otra parte, el ciudadano Alí Salim Abdul Hadi, en su escrito planteó la inhibición del Magistrado ponente, Luis Fernando Damiani Bustillos, por ya haber adelantado opinión en el presente asunto, visto lo cual se hace necesario hacer las siguientes consideraciones:

La inhibición es la manifestación libre y espontánea del juez o funcionario judicial de separarse del conocimiento de un determinado asunto, porque se considera incurso en alguna o algunas de las causales que preceptúa la ley u otras distintas (cfr. sentencia de esta Sala N° 2140/2003), por lo que, en consecuencia, su imparcialidad podría estar comprometida; por tanto, el requerimiento de la inhibición no es una facultad de las partes ni surte efecto jurídico alguno. Sobre este particular, la Sala consideró que:

“(…) Es conocido en el campo de la doctrina jurídica que la figura de la inhibición es producto de una manifestación volitiva del decisor, ya que sólo éste es capaz de conocer si, efectivamente, en su persona existe algún motivo que pueda comprometer su imparcialidad. Así lo reconoce nuestra legislación, que obliga al funcionario judicial a separarse de la causa, cuando encuentre que en su persona existe una causal de recusación (artículos 84 del Código de Procedimiento Civil y 87 del Código Orgánico Procesal Penal, solo para citar algunos ejemplos). De modo tal, que no resulta pertinente que alguna de las partes o un tercero pretenda invadir este poder de apreciación individual bajo una solicitud de inhibición, como ocurre en el presente caso, motivo por el cual dicha solicitud no obliga a la emisión de pronunciamiento alguno en virtud de su improponibilidad.” (Vid. sentencia de esta Sala N° 2834/2003, de 28 de octubre, caso:”Magaly Cannizzaro de Capriles”; la cual fue reiterada, entre otras, en sentencia N° 1285/2008).

Respecto de la inhibición como un acto del juez y no de las partes -quienes solo podrán recusar-, esta Sala expresó que la inhibición constituye una facultad-deber inherente al juez, cuyo ejercicio o utilización puede ser obra de éste, de tal manera que, el ordenamiento jurídico sólo permite a estos funcionarios su invocación y aplicación, por lo que, solamente pueden las partes recusar al juez por los mismos motivos por los cuales aquel se debió inhibir (Vid. s.S.C. n.° 797/2007, del 2 de mayo, caso: “Freddy Alberto Pérez”). En relación con lo anterior, esta Sala consideró oportuno agregar lo siguiente:

“(…) en virtud del principio de legalidad que revisten aquellas formas ordenadoras del proceso, el ordenamiento jurídico procesal establece los medios idóneos por los cuales las partes pueden enervar la competencia subjetiva del Juez. Para ello, el legislador incorporó la figura de la recusación como medio específico en poder de las partes que estimen que algún funcionario judicial se halle incurso en algunas de las causales que estén establecidas en la ley, distinguiéndola de la inhibición, que opera de oficio, en tanto ello constituye un deber exclusivo del juez.” (Vid. s.S.C. n.° 1285/2008, del 13 de agosto, caso: ”Guillermo Palacios y otros”).

De modo pues, que la solicitud de inhibición debe desestimarse en tanto la inhibición como un acto del juez y no de las partes. No obstante, esta Sala debe señalar que si bajo el principio pro actione asumiera que la solicitud planteada no se refiere a una inhibición sino al planteamiento de una recusación, entendida como el medio que permite a las partes cuestionar la capacidad subjetiva del juez para resolver la controversia, por encontrarse incurso en alguna de las causales de inhibición, es necesario reiterar que ésta exige que el objeto de la tutela judicial se encuentre permitido por el Derecho, ya que en caso contrario, al no existir una pretensión susceptible de ser tutelable -vgr. cuando la pretensión resulta improponible como en el presente caso-, no es posible cuestionar la capacidad para juzgar  (cfr. sentencia de esta Sala N° 1079/2007), ya que lo que pretende el solicitante es en los términos expuestos supra, que esta Sala revoque sus propias decisiones.

Con base en lo precedentemente expuesto, se reitera que con el pronunciamiento contenido en  la decisión N° 73 de fecha 6 de febrero de 2024, esta Sala carece de una nueva facultad decisoria, salvo la solicitud de aclaratoria o ampliación, supuestos que no se verifican en la solicitud planteada, por lo que la solicitud de inhibición del Magistrado ponente, que fue formulada debe ser declarada improponible en derecho, y así se decide.

2.- De la admisibilidad de la solicitud de aclaratoria

La materia con relación a la cual debe resolver esta Sala en esta oportunidad, versa sobre la solicitud de aclaratoria del fallo antes mencionado, dictado por esta Sala el 6 de febrero de 2024. Al respecto, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en los procesos que cursan ante el Tribunal Supremo de Justicia, según lo acuerda el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece la procedencia de la citada figura, cuyo contenido es del tenor siguiente:

“Artículo 252. Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”.

En este orden de ideas, constata esta Sala que en el presente caso, el 9 de febrero de 2024, fue librado el oficio de notificación dirigido al Fiscal General de la República, y el 16 del mismo mes y año, el Alguacil de esta Sala dejó constancia de la práctica de la notificación antes aludida.

Ahora bien, visto que la solicitud de aclaratoria de la sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024, fue presentada el 15 de febrero de 2024, y su ampliación de fecha 1° de marzo de 2024, la misma fue planteada tempestivamente (Vid. Sentencia de esta Sala N° 1.196 del 23 de octubre de 2015). Así se decide.

3.- Del objeto de la solicitud de aclaratoria

La aclaratoria del fallo persigue principalmente que el órgano jurisdiccional aclare aquellos puntos dudosos, o para salvar omisiones, hacer rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia, por lo que debe acotarse que la aclaratoria o ampliación que pronuncie el juez, no puede modificar la decisión de fondo emitida ni puede implicar un nuevo examen de los planteamientos de una u otra parte. Es, sencillamente, un mecanismo que permite determinar el alcance exacto de la voluntad del órgano decisor, a los fines de su correcta comprensión y ejecución (Véase sentencia de esta Sala N° 2.025 del 23 de octubre de 2001).

Así pues, cuando lo que se procure con la solicitud de aclaratoria o ampliación sea cuestionar la sentencia, argumentándose que la decisión debía dictarse en una forma distinta, aquella resultará improcedente, ya que lo que se pretende es obtener la modificación o revocatoria del fallo que estima le resulta lesiva o contraria a sus intereses, en contra de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico.

En tal sentido, es importante destacar que la solicitante de la aclaratoria, señaló que la sentencia “(…) más allá de mencionar a la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, nada refiere sobre sobre (sic) sus efectos en la pluralidad de sujetos denunciados en la investigación llevada por la Fiscalía Sexta (6°) Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la causa signada con el № JP-132583-2023, en la que además de haberse investigado a la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández (hoy sobreseída por mandato de esa Sala Constitucional), también se investiga a los ciudadanos BETTY RODRÍGUEZ DE QUINTERO y JHON AEL QUINTERO RODRÍGUEZ, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-16.304.587 y V-14.033.418, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de invasión y agavillamiento previstos y sancionados en los artículos 471-A y 286 del Código Penal (…)”. (Énfasis del texto)

No obstante lo anterior, considera esta Sala, que en el fallo objeto de la presente solicitud de ampliación, no quedó nada por resolver, toda vez que la mencionada decisión estableció de manera clara y precisa, que:

“(…) 3.- NULOS i) el acto de imputación formal de fecha 8 de agosto de 2023 contra la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, ya identificada, por la presunta comisión del delito de invasión previsto y sancionado en el artículo 471-A del Código Penal, y ii) el fallo de fecha 6 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Jueza Yolimar Duque Morales, que declaró con lugar la medida cautelar innominada de restitución de inmueble sobre el apartamento N° 6 ubicado en la avenida principal de las Mercedes (entre las calles New York y Orinoco). Edificio Dautar, piso 3, Apartamento N° PH-6, jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda.
4.- Se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor de la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, ya identificada, de conformidad con el artículo 300 numeral 2º del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, se queda extinguida la acción penal”. (Énfasis del texto)

Asimismo, se dejó claro en el texto de la sentencia, que el dispositivo arriba precisado, fue proferido tomando en cuenta el caso concreto relacionado con la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, pues pudo determinarse “(…) de la revisión de las actas procesales, específicamente en los folios del ciento cuarenta y uno (141) al ciento cuarenta y ocho (148) de la pieza anexo N° 2 del expediente, se pudo verificar, la existencia de un contrato de arrendamiento suscrito entre la ciudadana Claudia María Ruettgers Dressing, titular de la cédula de identidad N° V-9.230.191, y la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, titular de la cédula de identidad N° V-13.886.579, sobre un inmueble, constituido por un apartamento ubicado en la Avenida Principal de las Mercedes (entre las calles New York y Orinoco), Edificio Dautar, piso 3, apartamento No. Ph-6, en jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda, notariado ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Baruta del Estado Miranda el 9 de septiembre de 2010”, y en consecuencia no debió ser imputada por la comisión del delito de invasión, dados los elementos de convicción que evidenciaban la existencia de una relación jurídica de naturaleza civil, siendo que lo ajustado a derecho, era que el Ministerio Público solicitara la desestimación de la denuncia, tal y como fue suficientemente fundamentado en el fallo objeto de aclaratoria.

Así, no puede dejar de advertir, que la sentencia se basta por sí misma, y en su narrativa y motiva esta Sala señaló y expuso claramente los datos exactos del caso concreto, los cuales se refieren a la ciudadana Mariela Alejandra Reyes Hernández, y que fueron producto del análisis de los hechos denunciados por la solicitante del avocamiento, y de las pruebas que se derivaron de la revisión del expediente de la causa; por lo que no puede pretender el Ministerio Público, a través de la figura de la aclaratoria o de la ampliación, que esta Sala se pronuncie respecto a personas cuya situación jurídica no son objeto de la tutela efectuada de oficio por esta Sala en el marco de sus competencias. Así se declara.

Asimismo, respecto al argumento esgrimido por el Ministerio Público, relativo a la supuesta imprecisión de la sentencia respecto “(…) a cuáles mecanismos en la jurisdicción civil dispone el ciudadano ALI (sic) SALIM ABDUL HADI (…) en representación de la ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD Y SANIDAD ONLUS (…), legítima propietaria del inmueble en referencia a los fines de recuperar el mismo”, el fallo en su texto señaló expresamente, que “el asunto debía ventilarse ante la jurisdicción civil, en la medida que el análisis de la naturaleza jurídica de la relación arrendaticia, le corresponde al juez civil, siendo órgano jurisdiccional competente para decidir sobre la efectiva restitución del inmueble, según sea el caso por cumplimiento de contrato o desalojo”. (Énfasis del texto)

Debe advertirse que en el presente caso no corresponde a esta Sala suplir las cargas de los abogados, que en el ejercicio del mandato otorgado, realicen las gestiones de asesoría y representación para la mejor defensa de los intereses de sus representados, en tanto la Ley de Abogados en su artículo 15, establece que “[e]l abogado tiene el deber de ofrecer al cliente el concurso de la cultura y de la técnica que posee; aplicarlas con rectitud de conciencia y esmero en la defensa; ser prudente en el consejo, sereno en la acción y proceder con lealtad, colaborando con el Juez, en el triunfo de la justicia”.  Corresponde a los interesados agotar los medios judiciales previstos en el ordenamiento jurídico aplicable a su relación de derecho privado. Esta Sala no advierte un interés general o de orden público que justifique el ejercicio de potestades oficiosas para suplir la actividad de sus representantes judiciales. En consecuencia, la solicitud debe desestimarse. Así se declara.

Establecido lo anterior, es menester destacar que el 1° de marzo de 2024, el ciudadano Luis Emerson Marcano, actuando como Fiscal Sexto del Ministerio Público, para actuar ante la Sala Plena y las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, consignó alcance a la solicitud de aclaratoria planteada el 15 de febrero de 2024, y en la cual advirtió lo siguiente:

“(...) Por otra parte, en la parte in fine de la motiva de la sentencia № 0073 de fecha 06 de febrero de 2024, dictada en la causa signada con el № 2023-0968 por esa honorable Sala Constitucional, se precisó que:
‘...Finalmente, esta Sala hace un llamado de atención a los ciudadanos y ciudadanas en general y a los miembros del sistema de justicia penal venezolano (Jueces, Fiscales, Defensores Públicos y abogados en ejercicio), a utilizar y tramitar las acciones judiciales de manera prudente y para el fin con el que fueron creadas y no en perjuicio del sistema de justicia, y en lo que respecta al trámite de las denuncias, atendiendo particularmente a la aplicación directa del principio de intervención mínima del Derecho penal y, concretamente, del principio de subsidiariedad…’.
Si bien la Sala hace un llamado de atención a ‘los miembros del sistema de justicia penal venezolano’, en los términos descritos, es importante precisar si lo explanado en ese fallo es un criterio vinculante, y si sus postulados son susceptibles de hacerse extensivo al resto de los miembros del sistema de justicia en materia no penal.
Estos puntos en concreto, requieren ser dilucidados por esa Honorable Sala Constitucional, para poder entender a cabalidad el alcance del mandato emanado de la sentencia № 0073 de fecha 06 de febrero de 2024, dictada en la causa signada con el № 2023-0968, nomenclatura de esa Sala Constitucional, y así respetuosamente lo requiero mediante el presente alcance de solicitud aclaratoria (...)”.

En relación con lo solicitado, se reitera que las interpretaciones de esta Sala sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes tanto para el resto de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República –artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia–. En ese sentido, las decisiones vinculantes de esta Sala cumplen con los requisitos de universalidad, ya que permiten llegar a determinar los presupuestos necesarios para que la interpretación y aplicación de una norma (constitucional o legal) en una determinada decisión judicial, sea justificada o acorde al Texto Fundamental, y ello es posible en el ordenamiento jurídico vigente, en la medida que esas decisiones vinculantes tienen implicaciones hacia el futuro –que se justifican entre otros argumentos– en la igualdad de trato y seguridad jurídica (cfr. sentencia N° 282/2021).

En la decisión N° 282/2021, antes señalada, esta Sala precisó:

“(...) Cuando esta Sala fija un criterio vinculante, el mismo puede plantear una regulación pormenorizada sobre el ámbito de su interpretación -como por ejemplo se verificó en la primera decisión de esta Sala con el establecimiento de las competencias en materia de amparo (Sentencia N° 1/2000) o en la sentencia N° 7/2000, con la regulación del trámite para las acciones de amparo), entre otras- o bien fijar un parámetro interpretativo, que comporta a cargo del juez un imperativo que se materializa en la obligación de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico en orden a garantizar la interpretación vinculante de la Sala respecto de las normas constitucionales, en la medida que estos le sean aplicables al caso en concreto –Cfr. Sentencias de esta Sala Nros. 471/06, 1.117/06 y 597/2011–.
Así, las decisiones vinculantes de esta Sala se insertan y garantizan el arquetipo diseñado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que rige plenamente el principio de supremacía constitucional, conforme al cual toda manifestación de autoridad del Poder Público debe seguir los imperativos o coordenadas trazadas en la norma fundamental, como un efecto del principio de interpretación conforme a la Constitución y de la funcionalización del Estado a los valores que lo inspiran –vid. sentencia número 780 del 24 de mayo de 2011, caso: ‘Julián Isaías Rodríguez Díaz’–, generando la necesaria coherencia del sistema jurídico, en la medida que la jurisdicción constitucional permite hacer afectivo el Texto Fundamental (cfr. Aguiló Regla, Josep. Teoría General de las Fuentes del Derecho (y del orden jurídico). Ariel, Barcelona, 2000, 101-123).” (Énfasis de la sentencia).

Siendo ello así, es necesario reiterar que los criterios sostenidos en la decisión N° 73/2024 deben ser aplicados adecuadamente, a los fines de evitar el uso desmedido de la jurisdicción penal para tratar asuntos de naturaleza civil, visto lo cual, esta Sala declara parcialmente procedente la aclaratoria formulada por el Fiscal Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial, y en consecuencia, se establece con carácter vinculante, que las consideraciones formuladas en la sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024 precisan el contenido y alcance de normas y principios constitucionales que informan el ordenamiento jurídico penal, en aras de lograr la protección de los derechos constitucionales de los justiciables, y en tal sentido, se reitera que ningún órgano que ejerza el Poder Público, puede afirmar un “derecho a la arbitrariedad” y ejercicio de las potestades públicas en materia penal, no pueden constituirse en una institución que niegue o desconozca, los elementos cardinales que caracterizan y definen el Estado de Derecho vigente, concebido fundamentalmente como un sistema de normas que limitan el ejercicio del poder y que tienen como distintivo cardinal el respeto de los derechos humanos consagrados en el Texto Fundamental. En tal sentido, en aquellos casos en los que se presenten denuncias por la presunta comisión de un delito de invasión, se deberá verificar la concurrencia de los supuestos de los cuales se desprenda la comisión de un hecho punible, y en caso contrario se deberá desestimar las denuncias planteadas dada la ausencia de tipicidad, a cuyo efecto, deberá atenderse a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y los criterios vinculantes de esta Sala en la materia, tales como lo establecido en la sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024, a los fines de evitar el uso de la jurisdicción penal, en casos cuya naturaleza es netamente civil. Así se declara.

Por otra parte, observa la Sala que de la revisión de la sentencia in commento, se omitió ordenar el desglose del expediente original y su remisión al Tribunal de origen, motivo por el cual, esta Sala amplía de oficio el dispositivo de la decisión N° 73 del 6 de febrero de 2024, de conformidad con lo establecido por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en los procesos que cursan ante el Tribunal Supremo de Justicia, según lo acuerda el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y en consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de esta Sala el desglose del expediente original signado con el N° C-S-1027-23, y vista la declaratoria de error judicial inexcusable proferido en el fallo, se ORDENA su remisión a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de su distribución a otro Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control, a los fines legales consiguientes. Así se decide.

Téngase la presente decisión como parte del fallo ampliado signado con el N° 73, del 6 de febrero de 2024, proferido por esta Sala y se ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyos sumarios se indicará textualmente lo siguiente:“Sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024, que establece con carácter vinculante consideraciones en torno al sistema de justicia y el fraude procesal, el principio de intervención mínima y subsidiaria del derecho penal, terrorismo judicial y el uso arbitrario de la jurisdicción penal, en casos cuya naturaleza es netamente civil”. Así también se decide.

IV
DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:

1.- IMPROPONIBLE en derecho la solicitud planteada por el ciudadano Alí Salim Abdul Hadi, actuando en su carácter de apoderado de la Asociación Solidaridad y Sanidad ONLUS, asistido por los abogados Alejandro González Valenzuela y María Estela Zannekla Torres, ya identificados.

2.- PARCIALMENTE PROCEDENTE la solicitud de aclaratoria y/o ampliación planteada por el abogado Luis Erison Marcano López, actuando con el carácter de Fiscal Sexto del Ministerio Público, y en consecuencia, se declara el CARÁCTER VINCULANTE la sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024.

3- Se ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyos sumarios se indicará textualmente lo siguiente:
“Sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024, que establece con carácter vinculante consideraciones en torno al sistema de justicia y el fraude procesal, el principio de intervención mínima y subsidiaria del derecho penal, el terrorismo judicial y el uso arbitrario de la jurisdicción penal, en casos cuya naturaleza es netamente civil”.

4.- Se AMPLÍA  de oficio el contenido de la sentencia N° 73 dictada por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 6 de febrero de 2024, y en consecuencia se ORDENA a la Secretaría de esta Sala el desglose del expediente original signado con el N° C-S-1027-23, y su remisión a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en los términos expuestos en el presente fallo.

5.- Téngase la presente decisión como parte integrante de la sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024.

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente sentencia a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y a la Fiscalía General de la República. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 25 días del mes de marzo  de dos mil veintiséis (2026). Años: 215° de la Independencia y 167° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,
TANIA D’AMELIO CARDIET

La Vicepresidenta,
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSO

El Magistrado y las Magistradas,


LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
Ponente

MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET

JANETTE TRINIDAD CÓRDOVA CASTRO

El Secretario,
CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

23-0968
LFDB.-

La anterior es una transcripción de su original. Pandectas Digital no se hace responsable por cualquier discrepancia u omisión contenida en ella, ni por los daños o perjuicios que pudieran causarse por su uso, ni por su reproducción total o parcial.

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Resolución mediante la cual se designa a Pedro Vicente Rodríguez Calderón, como Rector de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)

2026-05-05T04:00:00.000+02:00

Resolución N° 23 de fecha 4 de mayo de 2026, mediante la cual se designa al ciudadano Pedro Vicente Rodríguez Calderón, como Rector de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), en condición de Encargado, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.368 de fecha 5 de mayo de 2026.

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Resolución N° 045 mediante la cual se designa a Neider Yocse Lara Graterol, como Presidente de la Empresa de Propiedad Social Algodones del Orinoco, C.A.

2026-05-05T03:30:00.000+02:00

Resolución N° 045 de fecha 24 de abril de 2026, mediante la cual se designa al ciudadano Neider Yocse Lara Graterol, como Presidente de la Empresa de Propiedad Social Algodones del Orinoco, C.A., publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.368 de fecha 5 de mayo de 2026.

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Decreto N° 5.336 mediante el cual se nombra a Gabriel José Sirit Morillo, como Vicepresidente de la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida

2026-05-05T03:00:00.000+02:00

Decreto N° 5.336 de fecha 5 de mayo de 2026, mediante el cual se nombra al ciudadano Gabriel José Sirit Morillo, como Vicepresidente de la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.368 de esa misma fecha.

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Decreto N° 5.335 mediante el cual se nombra a Guillermo Enrique Sánchez Golding, como Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)

2026-05-05T02:30:00.000+02:00

Decreto N° 5.335 de fecha 5 de mayo de 2026, mediante el cual se nombra al ciudadano Guillermo Enrique Sánchez Golding, como Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.368 de esa misma fecha.

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.368 de fecha 5 de mayo de 2026

2026-05-05T01:30:00.000+02:00

Leyes, Decretos, Resoluciones, Providencias Administrativas y demás actos legislativos, administrativos y judiciales, documentos y avisos, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.368 de fecha 5 de mayo de 2026.

Sumario

Asamblea Nacional
Acuerdo mediante el cual se autoriza a la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la designación del ciudadano Ernesto Emilio Villegas Poljak, como Embajador Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París, República Francesa.

Presidencia de la República
Decreto N° 5.335, mediante el cual se nombra al ciudadano Guillermo Enrique Sánchez Golding, como Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.
Decreto N° 5.336, mediante el cual se nombra al ciudadano Gabriel José Sirit Morillo, como Vicepresidente de la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida.
Decreto N° 5.337, mediante el cual se exonera del pago del Impuesto Sobre la Renta, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, a los enriquecimientos obtenidos por los tenedores, personas naturales y jurídicas residenciadas o domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, provenientes de las inversiones que realicen en títulos valores u otros instrumentos de similar naturaleza emitidos y avalados por el Banco Central de Venezuela.

Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Mayor General César Augusto Lugo Rivera, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, REGIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL CAPITAL DEL CEOFANB.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Orlando José Vásquez Moya, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, DIRECCIÓN DE APRESTO OPERACIONAL DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano General de División Orlando José Vásquez Moya, en su carácter de Director de la Dirección de Apresto Operacional del Ejército Bolivariano, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, DIRECCIÓN DE APRESTO OPERACIONAL DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Carlos José Abreu Rivero, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano General de División Carlos José Abreu Rivero, en su carácter de Director de Dirección de Logística del Ejército Bolivariano, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
Resolución mediante la cual se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes del Consejo Directivo de la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida.

Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Neider Yocse Lara Graterol, como Presidente de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL ALGODONES DEL ORINOCO, C.A., ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, en condición de Encargado.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Pedro Vicente Rodríguez Calderón, como Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ (UNESR), en condición de Encargado.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana que en ella se menciona, para ocupar el cargo que en ella se indica, en condición de Encargada, del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Tribunal Supremo de Justicia

  Sala Constitucional
“Sentencia Nº 73 del 6 de febrero de 2024, que establece con carácter vinculante consideraciones en torno al sistema de justicia y el fraude procesal, el principio de intervención mínima y subsidiaria del derecho penal, el territorio judicial y el uso arbitrario de la jurisdicción penal, en casos cuya naturaleza es netamente civil.”

  Dirección Ejecutiva de la Magistratura
Resolución mediante la cual se procede al cambio de condición de Titular a Encargada, a la ciudadana Maygualida del Valle Contreras, como Directora Administrativa Regional del estado Cojedes / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se procede al cambio de condición de Titular a Encargada, a la ciudadana Norelys Yamileth Álvarez Pérez, como Jefa de la División de Administración, Finanzas y Cuentadante de la Dirección Administrativa Regional del estado Barinas / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se procede al cambio de condición de Titular a Encargado, al ciudadano Douglas Alberto Guerrero Navas, como Coordinador de Cultura / División de Bienestar Social / Dirección de Servicios al Personal / Dirección General de Recursos Humanos, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se procede al cambio de condición de Titular a Encargada, a la ciudadana Keren Elynor Villaroel de Juárez, como Jefa de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Delta Amacuro, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Zunny Abigail Araque Lacera, como Jefa de la División de Servicios Judiciales de la Dirección Administrativa Regional del estado Barinas / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.

Ministerio Público
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Pedro José Lindarte Mejía, como Director de Investigación y Postgrado de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales, del Ministerio Público.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Juan Marcos Pereira Pereira, como Director de Gestión Administrativa de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales, del Ministerio Público.

La anterior es una transcripción de su original. Pandectas Digital no se hace responsable por cualquier discrepancia u omisión contenida en ella, ni por los daños o perjuicios que pudieran causarse por su uso, ni por su reproducción total o parcial.

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Reglamento Técnico para Cables y Conductores [Vigente]

2026-05-04T03:30:00.000+02:00

Resolución Conjunta N° 044 y 013 sin fecha, mediante la cual se dicta el Reglamento Técnico para Cables y Conductores, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.367 de fecha 4 de mayo de 2026.

☑ Vigente ☞ FICHA TÉCNICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y COMERCIO NACIONAL. DESPACHO DEL MINISTRO.
RESOLUCION Nº 044 2026.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
DESPACHO DEL MINISTRO.
RESOLUCIÓN Nº 013 2026.
CARACAS,
Años 215º, 167º y 27º
El Ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, designado mediante Decreto Nº 5.215 de fecha 16 de enero de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6. 968 Extraordinario, de esa misma fecha y el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica designado mediante Decreto Nº 4. 942 de fecha 22..de abril de 2024, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.803 Extraordinario, de esa misma ,fecha, ratificado mediante Decreto Nº 4.981 de fecha 27 de agosto de 2024, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.830 Extraordinario de esa misma fecha, con fundamento a lo consagrado en el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 65, así como lo dispuesto en los numerales 1, 3, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 72 de la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.543 de fecha 7 de octubre de 2002, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.555 de fecha 23 de octubre de 2002; concatenado con lo señalado en los artículos 18, 27, 28 y 33 de la Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.823, de fecha 19 de diciembre de 2011,
POR CUANTO
El Estado, debe realizar todas las gestiones pertinentes, a través de sus órganos competentes al servicio de la economía social, ejerciendo su poder regulatorio, facilitador, promotor y ejecutor de las políticas, como elementos esenciales para avanzar hacia sus propósitos, generando soluciones efectivas, a fin de mejorar la calidad y competitividad del sector productivo como factor condicionante para los mercados nacionales, que proporcionen confianza a clientes y consumidores al garantizar la idoneidad del producto o servicio suministrado,
POR CUANTO
Los cables y conductores, son esenciales para transportar la energía eléctrica de un punto a otro de manera segura y eficiente, permitiendo el funcionamiento de dispositivos y protegiend0 contra fallas eléctricas. Su correcta selección y uso, previenen sobrecargas, pérdidas de energía, cortocircuitos y descargas eléctricas, garantizando la seguridad de las personas y la durabilidad de los equipos.
POR CUANTO
El Ministerio del Poder Popular que ejerza las políticas públicas sectoriales en materia de industrias y comercio nacional, es el competente para dictar Reglamentos Técnicos para la producción de bienes y servicios, y el consumidor tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos o servicios es por lo que al momento de adquirir un producto o servicio es cada vez más consciente de las especificaciones del etiquetado o condiciones, asegurándose con ello que cumplan con los estándares establecidos, para los productos del sector eléctrico. Estos Despachos Ministeriales,

Dictan la siguiente,

RESOLUGIÓN MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENT0 TÉCNICO PARA CABLES Y CONDUCTORES

Objeto
Artículo 1. Este Reglamento Técnico, tiene por objeto establecer las características y requisitos generales que deben cumplir los cables y conductores de cobre o aluminio, aislados o desnudos, que se fabriquen, comercialicen o importen en todo el territorio nacional.
Campo de Aplicación
Artículo 2. Este Reglamento Técnico, comprende las Normas Técnicas que corresponden para la fabricación de los cables y conductores de cobre o aluminio, aislados o desnudos.
Definiciones
Artículo 3. A los efectos de este Reglamento Técnico, se aplican las definiciones siguientes:
1. Alambre: hilo o filamento de metal, trefilado, estirado o laminado, para conducir corriente eléctrica.
2. Alambre blando: es el que ha sido trefilado, estirado o laminado hasta su tamaño final y que luego es recocido para aumentar la elongación.
3. Alambres de acero: es un hilo o filamento de acero, utilizado como refuerzo en cables para darle mayor resistencia a la tracción.
4. Alambre duro: es el que ha sido trefilado en frío hasta su tamaño final, de manera que se acerque a la máxima resistencia a la tracción indicada por las normas aplicables.
5. Alambre semiduro: es aquel que ha sido trefilado, estirado o laminado hasta su tamaño final, cuya resistencia a la tracción se encuentra entre el alambre blando y el alambre duro, indicada por las normas aplicables.
6. Alta Tensión (AT): es el nivel de tensión mayor a 69 kV.
7. Autaextinguibles o retardantes a la llama: son aquellos materiales que solo arden mientras se le aplique una llama y que al retirarla se extingue.
8. Baja Tensión (BT): es el nivel de tensión menor o igual a 2 kV.
9. Cable con bajo contenido de halógenos: son cables de cobre o aluminio hasta 2000 V, con propiedades de no propagación del incendio, bajo contenido de halógenos, baja opacidad de humos, baja toxicidad, para ser utilizados obligatoriamente en áreas con alta concentración de personas.
10. Cable para uso submarino de baja y media tensión: son cables especiales para uso exclusivo debajo del agua en alta y baja tensión.
11. Cables multiplex cuádruplex: son un conjunto de tres conductores de aluminio (AAC) aislados y trenzados con un conductor mensajero de soporte (AAC, AAAC o ACSR).
12. Cables multiplex dúplex: es el conjunto de un conductor de aluminio (AAC) aislado y trenzado con un conductor mensajero de soporte (AAC, AAAC o ACSR).
13. multiplex tríplex: es el conjunto de dos conductores de aluminio (AAC) aislados y trenzados con un conductor mensajero de soporte (AAC, AAAC o ACSR).
14. Capacidad de corriente: es la corriente máxima que puede transportar continuamente un conductor en las condiciones de uso, sin superar la temperatura nominal de servicio.
15. Calibre: espesor o diámetro de determinado cable.
16. Clase A: tipo de trenzado de un conductor desnudo asociado a su flexibilidad, la clase A es más flexible que la clase AA, pero menos que la clase B.
17. Clase AA: tipo de trenzado de un conductor desnudo asociado a su flexibilidad, la clase AA es menos flexible que la clase A y aún menos que la clase B.
18. Conductor: es un conjunto de alambres sin aislamiento entre sí y trenzados en capas concéntricas.
19. Media Tensión (MT): niveles de tensión mayor a 2 kV y menor o igual 69 kV.
20. Termoestable: material que ha sido vulcanizado o reticulado, mediante el calor u otros medios y es sustancialmente infusible.
21. Termoplástico: material que puede ser moldeado repetidamente con calor sin que pierda sus propiedades.
22. Trenzado: consiste en torcer los alambres de un conductor para darle integridad al conjunto.

Siglas
Artículo 4. A los efectos de este Reglamento Técnico, se aplican las siglas siguientes:
1. AAAC: Conductor de Aleación de Aluminio, por sus siglas en ingles AII Aluminum Alloy Conductor.
2. AAC: Conductor de Aluminio, por sus siglas en ingles AII Aluminum Conductor.
3. AACSR: Conductor de aleación de aluminio reforzado con acero, por sus siglas en ingles Aluminum Alloy Conductor Steel Reinforced.
4. ACAR: Conductor de aluminio reforzado con aleación de aluminio, por sus siglas en ingles Aluminum Conductor Aluminum Alloy Reinforced.
5. ACSR: Conductor de aluminio reforzado con acero, por sus siglas en ingles Aluminum Conductor Steel Reinforced.
6. ACSS: Conductor de aluminio soportado con acero, por sus siglas en ingles Aluminum Conductor Steel Supported.
7. API: Instituto Americano del Petróleo.
8. ASTM: Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales, por sus siglas en ingles American Society for Testing and Materials.
9. AWG: Calibre de Alambre Estadounidense, por sus siglas en inglés American Wire Gauge.
10. EN: Norma Europea.
11. ICEA: Asociación de Ingenieros de Cables Aislados, por sus siglas en inglés Insulated Cable Engineers Association.
12. IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, por sus siglas en inglés Institute of Electrical and Electronics Engineers.
13. IEC: Comisión Electrotécnica Internacional, por sus siglas en inglés International Electrotechnical Commission.
14. NEMA: Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, por sus siglas en inglés National Electrical Manufactures Association.
15. OPWG: Cable de fibra óptica con protección contra descargas atmosféricas, por sus siglas en inglés Optical Ground Wire.
16. THHN: termoplástico resistente al calor (90ºC) y a la abrasión, por sus siglas en ingles Thermoplastic High Heat Nylon.
17. THW: termoplástico resistente al calor (75ºC) y a la humedad, por sus siglas en inglés Thermoplastic Heat Wet.
18. THWN: termoplástico resistente al calor (75ºC), a la humedad y a la abrasión, por sus siglas en inglés Thermoplastic Heat Wet Nylon.
19. THWN-2: termoplástico resistente al calor (90°C), a la humedad y a la abrasión, por sus siglas en inglés ThermoplastiG Heat Wet Nylon.
20. TW: termoplástico resistente a la humedad, por sus siglas en inglés Thermoplastic Wet.
21. UL: Underwriters Laboratories es una multinacional norteamericana dedicada a la seguridad y a la certificación de productos.
Requisitos
Artículo 5. Los ensayos y las tolerancias particulares con los que se evalúen los cables y conductores, deben estar de acuerdo con el referencial normativo indicado en la tabla Nº l.
Requisitos de los cables y conductores conforme a las normas específicas, de este Reglamento Técnico, de acuerdo con el uso para el que fue diseñado y fabricado el producto. Por lo tanto, los cables y conductores utilizados en las redes de energía eléctrica, no deberán ser evaluados con normas diferentes a las indicadas.
Se aceptan cables y alambres de aluminio recubierto en cobre (CCA), siempre que el procedimiento de recubrimiento cumpla con la norma ASTM B566.
Tabla Nº 1. Requisitos de los cables y conductores conforme a las normas específicas.

Muestreo
Artículo 6. El muestreo de los cables y conductores objeto de este Reglamento Técnico, se hará de acuerdo a la Norma Venezolana COVENIN 3133-1:2001. Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1: Esquemas de muestreo indexados por nivel de calidad de aceptación (NCA) para inspección lote por lote.

Marcado, Etiquetado y Embalaje
Artículo 7. Todo cable y conductor, debe cumplir con el Marcado, Etiquetado y Embalaje, que corresponda dependiendo de las condiciones siguientes: 1. Los cables y conductores aislados, deben tener un rotulo del tipo indeleble y legible, que se debe repetir a intervalos no mayores de 1 m, el cual puede ser en alto o bajo relieve o impreso con tinta. Se acepta en bajo relieve, siempre y cuando no se reduzca el espesor de aislamiento que comprometa la rigidez dieléctrica establecida en este Reglamento Técnico. El rótulo debe contener como mínimo la información siguiente:

1.1. calibre del conductor en kcmil, AWG o mm2.
1.2. Material del conductor.
1.3. Razón social o marca registrada del fabricante o comercializador.
1.4. Tensión nominal.
1.5. Tipo de aislamiento.
1.6. Temperatura máxima de operación.
1.7. Hecho en la República Bolivariana de Venezuela o País de Fabricación.
2. Los cables y conductores desnudos deben estar acompañados de una etiqueta donde se especifique:
2.1. calibre del conductor en kcmil, AWG o mm2.
2.2. Material del conductor.
2.3. Tensión mecánica de rotura.
2.4. Razón social o marca registrada del fabricante, importador o comercializador.
2.5. Longitud del conductor en metros.
2.6. Hecho en la República Bolivariana de Venezuela o País de Fabricación.
3. En el caso que el producto se entregue en rollos o carretes, estos deben contar con una etiqueta donde se especifique:
3.1. Longitud del conductor expresado en el Sistema Internacional de Unidades.
3.2. Calibre del conductor en kcmil, AWG o mm2.
3.3. Razón social o marca registrada del fabricante, importador o comercializador.
3.4. Material del conductor.
3.5. Tensión nominal.
3.6. Tipo de aislamiento (Si aplica).
3.7. Temperatura máxima de operación.
3.8. Hecho en la República Bolivariana de Venezuela o País de Fabricación.
3.9. Número de Control Metrológico, emitido por el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos SENCAMER. (Cuando se esté tramitando por primera vez, en el modelo de etiqueta se colocará xxxxxxxxx).

Resultados de Ensayos y
Certificados de Conformidad
Artículo 8. Los ensayos y certificados, deben ser emitidos por laboratorios u Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados en el país.

En caso de no disponer de laboratorios u Organismos de Evaluación de la conformidad acreditados en el país, se aceptarán certificados o informes de resultados de las pruebas y ensayos emitidos por laboratorios y organismos reconocidos por el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER).

De no existir la capacidad para realizar ensayos en el país, los importadores y fabricantes, podrán realizar la evaluación de la conformidad de los requisitos establecidos, a través de laboratorios y organismos acreditados en otros países y reconocidos por el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER).

Los certificados o informes de resultados de las pruebas y ensayos deberán estar apostillados o legalizados por los órganos competentes a los respectivos países donde se lleven a cabo los ensayos.

Registro
Artículo 9. Todo fabricante o importador de Cables y Conductores objeto de este Reglamento Técnico, deberá inscribirse en el Registro de Productos Nacionales e Importados, creado mediante la Resolución Nº 044 de fecha 24 de marzo de 1998, dictada por el Ministerio de Industria y Comercio, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.450 de fecha 11 de mayo de 1998, que al efecto se lleva en el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER).

Una vez cumplido con los requisitos exigidos, se le otorgará una Constancia de Registro con fines comerciales, la cual tendrá una duración de un (01) año, sin fines comerciales y con fines de investigación y desarrollo, de tres (03) meses.

Responsabilidades
Artículo 10. Los fabricantes nacionales o importadores de los productos indicados en el artículo 1 de este Reglamento Técnico, deben suministrar copia de la Constancia de Registro a todas las empresas responsables de la cadena de comercialización de sus productos, la cual debe estar vigente al momento de la nacionalización del producto; en caso de ser importado y al momento de la comercialización por el fabricante nacional o importador.

Control
Artículo 11. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica y el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de industrias y comercio nacional, en ejecución de los principios de cooperación y coordinación, a través del Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER) implementarán sistemas de seguimiento y evaluación, podrán efectuar inspecciones y controles periódicos en la industria, empresas importadoras, establecimientos comerciales, en los recintos, zonas aduaneras y almacenes privados, con la finalidad de verificar el cumplimiento de este Reglamento Técnico.

Sanciones
Artículo 12. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica y el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de industrias y comercio nacional, a través del Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, (SENCAMER), ejercerán la supervisión y el control del cumplimiento de lo establecido en este Reglamento Técnico.

Las infracciones, serán sancionadas de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico y la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad, sin menoscabo de las sanciones civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar.

Referencia Normativa
Artículo 13. Las Normas que se encuentran en vigencia al momento de la elaboración de este Reglamento Técnico son:

Al momento de realizar la aplicación de lo previsto en este Reglamento Técnico, se utilizará lo contemplado en el ordenamiento jurídico aplicable, o en consecuencia, la versión actualizada de la norma referenciada.

Entrada en Vigencia
Artículo 14. Esta Resolución, entrará en vigencia a partir de los seis (06) meses de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela.

Comuníquese y publíquese,
Por el Ejecutivo Nacional

Luis Antonio Villegas Ramírez
Ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional

Rolando José Alcalá Miranda
Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica

La anterior es una transcripción de su original. Pandectas Digital no se hace responsable por cualquier discrepancia u omisión contenida en ella, ni por los daños o perjuicios que pudieran causarse por su uso, ni por su reproducción total o parcial.

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Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo para el mes de febrero de 2026 y las tasas de interés para operaciones con tarjetas de crédito, correspondiente al mes de marzo de 2026

2026-05-04T02:30:00.000+02:00

Aviso Oficial de fecha 12 de marzo de 2026, mediante el cual se informa al público en general las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo para el mes de febrero de 2026 y las tasas de interés para operaciones con tarjetas de crédito, correspondiente al mes de marzo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.367 de fecha 4 de mayo de 2026.

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

AVISO OFICIAL

El Banco Central de Venezuela, Informa al público en general:

A. TASAS DE INTERÉS
APLICABLES A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO
1. Tasa activa estipulada durante el mes de febrero de 2026 aplicable a los supuestos a que se refieren los artículos 128, 130, 142 literal f, y 143 Cuarto Aparte, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

58,20%
2. Tasa promedio entre la activa y la pasiva estipulada durante el mes de febrero de 2026, aplicable al supuesto a que se refiere el Tercer Aparte del artículo 143 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

47,10%

B. TASAS DE INTERÉS PARA OPERACIONES
CON TARJETAS DE CRÉDITO
1. Tasa de interés activa máxima anual a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por las operaciones activas con tarjetas de crédito que regirá para el mes de marzo de 2026.

60,00%
2. Tasa de Interés activa mínima anual a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por las operaciones activas con tarjetas de crédito que regirá para el mes de marzo de 2026; sin perjuicio de las tasas de interés mínimas activas especiales dictadas por el Banco Central de Venezuela mediante Avisos Oficiales emitidos al efecto, y aquellas autorizadas por este Instituto a ser aplicadas de conformidad con lo previsto en el Segundo Aparte del artículo 96 del antedicho Decreto-Ley.

17,00%

3. Tasa de interés máxima que podrán cobrar las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por las obligaciones morosas de sus tarjetahabientes para el mes de marzo de 2026.

3,00%

Caracas, 12 de marzo de 2026.

En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Luis Alberto Pérez González
Primer Vicepresidente Gerente (E)

La anterior es una transcripción de su original. Pandectas Digital no se hace responsable por cualquier discrepancia u omisión contenida en ella, ni por los daños o perjuicios que pudieran causarse por su uso, ni por su reproducción total o parcial.

Los enlaces que eventualmente contenga este documento, dirigen a las normas e instrumentos normativos vigentes para la fecha de su publicación. Antes de su aplicación se sugiere verificar su vigencia.

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2026-05-04T01:30:00.000+02:00

Leyes, Decretos, Resoluciones, Providencias Administrativas y demás actos legislativos, administrativos y judiciales, documentos y avisos, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.367 de fecha 4 de mayo de 2026.

Sumario

Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Vicealmirante Manuel Eduardo Pérez Cedeño, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓN DE PERSONAL DE LA ARMADA BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Juan Alfredo Castillo González, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Juan Ricardo Sosa Castro, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DESARROLLO NACIONAL DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División David Carmelo Tovar Angulo, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Coronel Douglas Johan Soto Tovar, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, CUARTEL GENERAL DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA.

Banco Central de Venezuela
Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo para el mes de febrero de 2026 y las tasas de interés para operaciones con tarjetas de crédito, correspondiente al mes de marzo de 2026.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Alexander Gabriel Yánez Deleuze, como representante del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en la Comisión Presidencial Autoridad Nacional para la aplicación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo de la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, quien además lo presidirá.

Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo
Resolución mediante la cual se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, de la Contraloría del municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda.

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

  MERCAL, C.A.
Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones de la Empresa MERCADOS DE ALIMENTOS, C.A. (MERCAL, C.A.), de carácter permanente, integrada por las ciudadanas y el ciudadano que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

Ministerios del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional y para la Energía Eléctrica
Resolución Conjunta mediante la cual se dicta el Reglamento Técnico para Cables y Conductores.

Tribunal Supremo de Justicia

  Dirección Ejecutiva de la Magistratura
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Vicente José Peyran Velásquez, como Director Administrativo Regional del estado Anzoátegui / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Flor Ángel Morantes Vivas, como Jefa de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del Distrito Capital / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Juan Antonio Artahona, como Jefe de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Apure / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargado.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yovanina Yorselin Materán Quintana, como Directora de Servicios Médicos de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Mailin Johanna García Solórzano, como Jefa de la División de Reclutamiento y Selección / Dirección de Estudios Técnicos / Dirección General de Recursos Humanos, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.

La anterior es una transcripción de su original. Pandectas Digital no se hace responsable por cualquier discrepancia u omisión contenida en ella, ni por los daños o perjuicios que pudieran causarse por su uso, ni por su reproducción total o parcial.

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.366 de fecha 30 de abril de 2026

2026-04-30T01:30:00.000+02:00

Leyes, Decretos, Resoluciones, Providencias Administrativas y demás actos legislativos, administrativos y judiciales, documentos y avisos, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.366 de fecha 30 de abril de 2026.

Sumario

Presidencia de la República
Decreto N° 5.334, mediante el cual se nombra al ciudadano José Luis García Jiménez, como Presidente del Instituto Nacional de Canalizaciones, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte; y a su vez como el Presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Canalizaciones.

Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Vicealmirante Luciano Francisco Fernández, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada con firma, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA ARMADA BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Vicealmirante Luciano Francisco Fernández, en su carácter de Director de la Dirección de Educación de la Armada Bolivariana, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la Unidad Administradora Desconcentrada con firma DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA ARMADA BOLIVARIANA.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Mayor General José Rafael Serrano Gotera, en su carácter de Viceministro de Servicios para la Defensa, la facultad para firmar los actos y documentos que en ella se indican.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Mayor General Alfredo Tanzella Rangel, en su carácter de Viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa, la facultad para firmar los actos y documentos que en ella se indican.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Mayor General Alfredo Tanzella Rangel, Viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa, la facultad de ejercer la coordinación y el control correspondiente de los Órganos Desconcentrados y Entes Descentralizados, adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, que en ella se indican.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

  OPSU
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano que en ella se menciona, para ocupar el cargo que en ella se indica, de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), en condición de Encargado.

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Carlos Barrero Hernández, como Director General de la Consultoría Jurídica, del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Carlos Alberto Barrero Hernández, Director General de Consultoría Jurídica, del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, la firma de los actos y documentos que en ella se mencionan.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ángel Eduardo Moronta Juliao, como Director General de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Ángel Eduardo Moronta Juliao, como Director General de la Oficina de Gestión Humana, del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, la competencia y firma de los actos y documentos que en ella se mencionan.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Francisco Oviedo Guerra, como Director de la Unidad Territorial, del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras del estado Cojedes, y como Cuentadante y responsable de los fondos de avance o anticipos que les sean girados a esa Unidad Administradora (Sede San Carlos).

Ministerio del Poder Popular para la Cultura
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Rocío Amambay Cazal Acosta, como Directora General de la Oficina de Gestión Comunicacional, adscrita al Despacho del Ministro del Poder Popular para la Cultura.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ronald José Sánchez Reyes, como Director General, en calidad de Encargado, de la Oficina de Coordinación Territorial, adscrita al Despacho del Ministro del Poder Popular para la Cultura.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Óscar Augusto Llodera Oliveros, como Director General del Gabinete Cultural del estado Nueva Esparta, adscrito a la Oficina de Coordinación Territorial, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Arturo Luis Barroeta Coronado, como Director General, en calidad de Encargado, del Gabinete Cultural del estado Trujillo, adscrito a la Oficina de Coordinación Territorial, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Miguel Ángel Ramones Galviz, como PRESIDENTE DE CONSTRUPATRIA, S.A, Empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Edgar Antonio Zambrano Jurado, como VICEPRESIDENTE DE CONSTRUPATRIA, S.A, Empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

Tribunal Supremo de Justicia

  Dirección Ejecutiva de la Magistratura
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Audrey Bermi Chacón Barazarte, como Jefa de la Oficina de Asesoría Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ruth Carolina Contreras Vera, como Directora Administrativa Regional del estado Táchira / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Ad Honorem.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Alfredo Solano Mora, como Director Administrativo Regional del estado Carabobo / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

La anterior es una transcripción de su original. Pandectas Digital no se hace responsable por cualquier discrepancia u omisión contenida en ella, ni por los daños o perjuicios que pudieran causarse por su uso, ni por su reproducción total o parcial.

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.365 de fecha 29 de abril de 2026

2026-04-29T01:30:00.000+02:00

Leyes, Decretos, Resoluciones, Providencias Administrativas y demás actos legislativos, administrativos y judiciales, documentos y avisos, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.365 de fecha 29 de abril de 2026.

Sumario

Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano General de División Boris Iván Berroterán de Jesús, en su carácter de Director General de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la facultad para firmar los actos y documentos que en ella se indican.

Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Gustavo Alejandro Cárdenas Toro, como Director General de Posicionamiento Internacional, en calidad de Encargado, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra de Turismo Internacional, del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Eduardo Enrique Carvajal Galindo, como Coordinador de Prevención, Control y Fiscalización, Contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, en calidad de Encargado, adscrito al despacho de la Ministra del Poder Popular para el Turismo.

  INATUR
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana María Andreína Quintero Pabón, como Jefe de División de Planificación, adscrita a la Oficina de Planificación y Presupuesto, del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo.
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano José Rafael Basán Cardiet, como Jefe de División de Desarrollo Organizacional, adscrito a la Oficina de Planificación y Presupuesto, del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo.
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Elsa Sivira Rodríguez, como Jefe de División de Control de Gestión, adscrita a la Dirección Ejecutiva, del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo.
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Alba Lisbeth Adrianza González, como Gerente de la Unidad Estadal del estado Carabobo, en calidad de Encargada, del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo.
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Lucia Antonia Torres Morillo, como Coordinadora de Capacitación, adscrita a la Unidad Estadal Barinas, del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo.
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Naybeth Yaneydys de los Ángeles Berrios Álvarez, como Gerente de la Unidad Estadal del estado Sucre, en calidad de Encargada, del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo.
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Aris Arturo Córdova Campos, como Gerente Nacional de Capacitación, Sensibilización y Formación Turística, del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

Ministerio del Poder Popular para la Educación
Resolución mediante la cual se concede el beneficio de Pensión de Sobreviviente a los ciudadanos, que en ella se mencionan.
Resolución mediante la cual se concede el beneficio de Pensión por Incapacidad al personal Docente, Administrativo y Obrero, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación, que en ella se mencionan.

Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Javier Oviedo Rosario, como Director de la Unidad Territorial de Ecosocialismo estado Sucre, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Tribunal Supremo de Justicia

  Dirección Ejecutiva de la Magistratura
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jimmy Endrix Barreto Salcedo, como Jefe de la División de Desarrollo / Dirección de Sistemas / Oficina de Desarrollo Informático, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargado.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Franco José Castro Quintero, como Jefe de la División de Soporte a Usuarios / Dirección de Servicios / Oficina de Desarrollo Informático, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano César Augusto Rico Palacios, como Jefe de la División de Servicios Judiciales / Dirección Administrativa Regional del estado Miranda / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ehilin Milagros Romero Graterol, como Jefa de la División de Servicios Judiciales de la Dirección Administrativa Regional del estado Portuguesa / Dirección de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Alix Marina Luna Duarte, como Jefa de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Miranda / Dirección General de Servicios Regionales, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

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Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia [Vigente]

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 7.025 Extraordinario de fecha 22 de mayo de 2026

Sumario Asamblea NacionalLey Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.376 de fecha 15 de mayo de 2026

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.375 de fecha 14 de mayo de 2026

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.374 de fecha 13 de mayo de 2026

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.373 de fecha 12 de mayo de 2026

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.372 de fecha 11 de mayo de 2026

Resolución mediante la cual se designa a Ernesto Emilio Villegas Poljak, como Embajador, Representante Permanente, en la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.371 de fecha 8 de mayo de 2026

Normas de VI Concurso de Credenciales y de Conocimientos de la Carrera Defensoril

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.370 de fecha 7 de mayo de 2026

Resolución mediante la cual se designa a Gustavo Adolfo Espinoza Silva, como Presidente de la Empresa INDUSTRIA CANAIMA, C.A.; y se designa a la Junta Directiva de la Empresa INDUSTRIA CANAIMA, C.A.

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Resolución mediante la cual se designa a los Miembros del Consejo Directivo de la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía y Tecnologías Aplicadas Francisco J. Duarte (CIDATA)

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.369 de fecha 6 de mayo de 2026

Resolución mediante la cual se designa a Pedro Vicente Rodríguez Calderón, como Rector de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)

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Resolución N° 045 mediante la cual se designa a Neider Yocse Lara Graterol, como Presidente de la Empresa de Propiedad Social Algodones del Orinoco, C.A.

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Decreto N° 5.336 mediante el cual se nombra a Gabriel José Sirit Morillo, como Vicepresidente de la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida

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Decreto N° 5.335 mediante el cual se nombra a Guillermo Enrique Sánchez Golding, como Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)

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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.368 de fecha 5 de mayo de 2026

Reglamento Técnico para Cables y Conductores [Vigente]

Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo para el mes de febrero de 2026 y las tasas de interés para operaciones con tarjetas de crédito, correspondiente al mes de marzo de 2026

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.367 de fecha 4 de mayo de 2026

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.366 de fecha 30 de abril de 2026

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.365 de fecha 29 de abril de 2026

Sumario

Asamblea Nacional
Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

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