Canarias se la juega en Bruselas. De ahí que estemos multiplicando esfuerzos para abordar con solvencia un proceso negociador del que depende nuestro encaje en la propia Unión Europea y buena parte del desarrollo económico y social del Archipiélago.

Con esa convicción, mañana mantendré en Bruselas distintas reuniones de trabajo para, entre otros objetivos, avanzar en la consolidación de líneas singulares para la lucha contra el desempleo, el tratamiento específico de nuestra comunidad a través de las compensaciones y ayudas de Estado, el futuro de las ayudas al transporte y, en lo que constituye una de las asignaturas que figuran en lo más alto de nuestra agenda, para seguir dando pasos para incrementar el protagonismo de Canarias como frontera exterior de la UE o abrir puertas al futuro de nuestro sector pesquero.

El empleo, el turismo, la atención de nuestra lejanía y singularidades, la externalización de nuestra economía, la actualización de nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) o la defensa de nuestro sector primario son objetivos estratégicos de primer nivel para las Islas, y deben convertirse también en prioridad para Europa en unos momentos tan extremadamente difíciles; dificultades económicas y sociales que `castigan´ especialmente a los territorios que, como es el caso de Canarias, están más alejados del continente y son, por tanto, más vulnerables. Europa debe entender que las desventajas que sufre Canarias son estructurales y permanentes.

Mi primera reunión será con Joaquín Almunia, vicepresidente y comisario de la Competencia de la Comisión Europea (CE), al que comunicaré –entre otros asuntos– nuestra preocupación por la reducción general de los umbrales de las ayudas a la inversión. Por lo que se refiere a las ayudas de Estado al transporte aéreo o marítimo trasladaré al comisario la necesidad de que se flexibilicen las reglas de la competencia para hacer posible el lanzamiento de nuevas rutas con terceros países vecinos, lo que ayudaría a Canarias a poner en marcha con éxito nuestra estrategia de desarrollo en nuestra zona geográfica –que pasa también por medidas que faciliten los intercambios comerciales y la promoción de la internacionalización de las empresas canarias–.

Ante la griega María Damanaki, comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca de la CE, defenderé los intereses del sector pesquero de las Islas en el marco de los acuerdos pesqueros con Marruecos y Mauritania, así como en la reforma de la Política Común de Pesca y el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Igualmente me reuniré con el nuevo embajador-representante Permanente de España ante la UE, Alfonso Dastis Quecedo, con el que abordaré los retos que tienen ante sí las RUP y los apoyos que se precisan para el mantenimiento del estatuto específico y de las dotaciones financieras, de la renovación de los incentivos fiscales y económicos del REF y de nuestras reivindicaciones en las negociaciones sobre el Marco Financiero Plurianual 2014-2020 y el paquete legislativo sobre la política de Cohesión 2014-2020 en el Consejo de Ministros de la UE, entre otros aspectos.

Por último, mantendré una entrevista con Johannes Hahn, comisario de Política Regional de la CE, con el que insistiré en la necesidad de tener en cuenta nuestras oportunidades y necesidades, así como el establecimiento de medidas específicas y de mejora de los instrumentos existentes en el texto de la próxima Comunicación para una estrategia renovada a favor de las RUP, que será aprobada en el segundo trimestre de 2012.

Para Canarias, la estrategia europea a favor de las RUP debe estar dirigida, principalmente, a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y a la creación de empleo, así como a aumentar la competitividad de la economía local, reducir el déficit de accesibilidad y mejorar la inserción regional con los terceros países de nuestro entorno geográfico.

Mañana espero lograr una implicación efectiva de mis interlocutores. Es mucho lo que nos jugamos.

Si nadie lo remedia, el Parlamento Europeo dará luz verde mañana al nuevo Tratado Agrícola con Marruecos, un acuerdo que agrava aún más la posición de nuestro sector hortofrutícola, con especial incidencia en la situación del tomate.

Marruecos verá incrementadas sus exportaciones a la Unión Europea en 65.000 toneladas anuales, pasando de las 220.000 actuales a nada menos que 285.000, mientras que las exportaciones de tomate canarias a Europa han caído de las 300.000 toneladas de la década de los noventa a las 100.000 del pasado año. Un desequilibrio difícil de defender y claramente perjudicial para el Archipiélago.

Esto, unido a los bajos precios de los productos marroquíes derivados del bajo coste de su mano de obra y reducidos costes sociales (la hora de trabajo en Marruecos está a 0,60 céntimos), suponen una competencia desleal, que se transforma en agravio desde el momento en que el acuerdo ni siquiera garantiza el control de los contingentes y de los precios.

La posición del Gobierno de Canarias es clara: nuestra absoluta oposición a un acuerdo de estas características, que atenta contra la pervivencia de un importante sector productivo de una región ultraperiférica de la UE para favorecer a países terceros. Un sector del que en Canarias, una comunidad especialmente castigada por la crisis global y el desempleo, dependen más de 20.000 personas.

Por tanto, exigimos la retirada del acuerdo en los términos en los que se ha redactado y su revisión para atender los intereses de los productores de las Islas. Si esto no es posible, como así parece (a pesar de la posición en contra de Canarias y de la mayoría de los eurodiputados españoles), instamos a la modificación del reglamento regulador de precios de entrada y la articulación de medidas compensatorias que garanticen la supervivencia de esta actividad y de todos los trabajadores que de ella dependen.

La Unión Europea debe defender a sus regiones más alejadas y frágiles. La UE debe proteger sus sectores productivos. Europa debe comprometerse con el tomate. España debe multiplicar sus esfuerzos en la defensa de nuestros intereses.

Fotografía: Arte & Fotografía

“La Energía es el hilo de oro que conecta el crecimiento económico, aumenta la equidad social y preserva el medio ambiente”.

Estas palabras fueron pronunciadas por el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, durante la inauguración del Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos el pasado 16 de enero, en Abu Dhabi. Y las recuerdo porque, según resaltó el propio Ban Ki Moon en su intervención:

La falta de acceso a la energía no contaminante, asequible y fiable obstaculiza el desarrollo social y económico y constituye un obstáculo importante para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.

Hoy celebramos el Día Mundial de la Energía. Y esta mañana, durante un acto que hemos celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Tenerife, he incidido en que todavía hoy 1.400 millones de personas carecen de acceso a la energía moderna, en tanto 3.000 millones de seres humanos dependen de la ‘biomasa tradicional’ y del carbón como principales fuentes de energía.

Es más, el 80% de la energía que consume el planeta se produce a partir de combustibles fósiles, el 36% proveniente del petróleo. Sólo el 2% de la energía que consume el planeta proviene de energías renovables.

La conclusión que se desprende de estos datos es obvia y ampliamente conocida:

• El mantenimiento del actual sistema energético es, más allá de una o dos generaciones, sencillamente insostenible.
• La dependencia de los combustibles fósiles no solo está agotando las reservas existentes. También está incrementando el efecto invernadero, contribuyendo a la deforestación.
• Ese panorama, en un territorio fragmentado y lejano como Canarias, adquiere características específicas y singulares que requieren también soluciones específicas y singulares.

Se equivocan quienes pretender tratar como iguales territorios que son diferentes.

El Archipiélago no posee recursos energéticos convencionales propios, por lo que la dependencia energética exterior ha sido históricamente absoluta. Cada Isla, a excepción de Lanzarote y Fuerteventura, constituye un sistema energético aislado, caracterizado por su reducido tamaño y la distancia con respecto a los grandes centros de abastecimiento. De ahí que la acción de nuestro Gobierno en materia energética, recogido en el Plan Energético de Canarias, cuya revisión 2006-2015 hemos finalizado, se asiente en cuatro pilares básicos:

• Garantizar el suministro energético en condiciones óptimas.
• Potenciar al máximo el uso racional de la energía.
• Impulsar la máxima utilización posible de fuentes de energía renovables, reduciendo la dependencia exterior y potenciando la protección del medio ambiente.
• Y, por último, integrar la dimensión ambiental en todas la decisiones y acciones en materia energética.

Para Canarias y para este Gobierno, incrementar el nivel de autoabastecimiento energético en el Archipiélago a partir de las energías renovables es una apuesta irrenunciable. Porque tenemos características específicas, las soluciones deben ser específicas y acordes a las singularidades de Canarias.

En un territorio fragmentado y lejano como el nuestro, el desarrollo de nuestros propios recursos energéticos a partir de energías limpias, no contaminantes y sin fecha de caducidad, no es un lujo, sino una necesidad y una premisa básica para seguir creciendo de forma sostenible.

Nuestro compromiso supone, además, otro paso más en el camino emprendido hacia la diversificación económica y el apoyo explícito y decidido al desarrollo tecnológico en las Islas.

Siendo éstos nuestros compromisos, y éstos nuestros objetivos, nuestra apuesta por la energía eólica, entre otras, es clara.

Esperamos las conclusiones del Comité de Expertos en Energía para promover una nueva adjudicación en el segundo semestre de 2012.

Asimismo, la construcción de la central Hidroeólica en El Hierro supone un paso importante en la consecución de esos retos que nos hemos marcado. De hecho, en la actualidad solo cuatro islas de la Unión Europea están desarrollando programas para autoabastecerse con energías renovables por completo. El Hierro será la primera en conseguirlo. Y ello nos sitúa como referente en sostenibilidad y cuidado medioambiental dentro de la UE.

Un camino, no les quepa la menor duda, desde el Gobierno que presido, sobre el que seguiremos avanzando.

Los asuntos que en estos momentos ocupan la agenda de las relaciones Canarias-Estado merecen analizarse con detenimiento. Debemos hacerlo, además, partiendo de la normalidad que preside el día a día en las relaciones de los diferentes departamentos de ambos gobiernos.

Basta repasar o recordar las numerosas reuniones que han mantenido ministros, consejeros y altos cargos de ambas administraciones para concluir que, como no puede ser de otra manera, en general se está trabajando con normalidad y voluntad de cooperación.

Sabe el presidente Rajoy, porque así se lo he expresado, que esa es la actitud constructiva desde la que nosotros abordaremos los diferentes asuntos. Colaboración y diálogo. Y firmeza. Firmeza cuando, como ha ocurrido en las últimas semanas, el Gobierno del Estado toma decisiones que son objetiva y demostrablemente contrarias a los intereses de Canarias.

Animo a Rajoy a que las decisiones de su Gobierno se adopten ‘con y no contra Canarias’, con y no contra nuestras instituciones, con y no contra la posición de la sociedad de las Islas.

Dije hace unos días en el Parlamento, y reitero, que tiendo la mano a Rajoy. Ambos creemos en la necesidad de que las relaciones Canarias-Estado tengan en el respeto mutuo su punto de partida. Ambos creemos en el diálogo, y en ese camino se va a mover la relación entre ambos gobiernos.

Partiendo de la normalidad en la que se está desarrollando ese día a día entre ambos gabinetes, y también de la necesidad de afrontar los temas con seriedad y rigor, parece incontestable que las primeras decisiones del Gobierno del PP están generando una creciente preocupación e inquietud en las Islas.

Efectivamente, los canarios estamos siguiendo con mucha preocupación las primeras decisiones que ha tomado el Gobierno de España. Medidas tan perjudiciales para las Islas como la eliminación de la bonificación de las tasas aeroportuarias, la supresión de las primas a las energías renovables o la posición del Gobierno del PP sobre las prospecciones petrolíferas, una posición articulada de espalda a las Islas, desoyendo a los canarios y a nuestras instituciones. Tres decisiones que suponen una zancadilla a Canarias. Por ello, porque deben reconducirse, volvemos a apelar al diálogo y la colaboración leal con el Estado.

Una vez más, y cuantas veces sean necesarias, cabe recordar respecto a la bonificación de las tasas aeroportuarias que Canarias ha levantado una voz unánime pidiendo que no se eliminen y defendiendo los efectos tremendamente positivos de las bonificaciones sobre el turismo y la llegada de visitantes a las Islas. Gobierno y agentes económicos y sociales, con una sola voz, coincidimos en que esa herramienta es fundamental en la recuperación del sector. ¿Por qué, entonces, ese empeño en eliminarlas si, además, no implican una merma de ingresos para el ente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea? Desde Canarias no vemos ningún motivo que justifique una decisión tan perjudicial para los intereses del Archipiélago. La unanimidad sobre su conveniencia debe ser atendida y escuchada por el Gobierno del Estado.

Si hablamos de las prospecciones petrolíferas, el Gobierno autónomo quiere igualmente que se escuche la voz de las instituciones canarias. Una medida de ese calado y repercusión no puede adoptarse sin contar con Canarias.

No se entiende que en esta materia el Estado tienda la mano a los valencianos y se la niegue a los canarios. O que con la supresión de las primas para el desarrollo de las energías renovables se tienda la mano a los extremeños y nos la nieguen a los canarios tratando como iguales sistemas energéticos tan diferentes como los insulares y continentales.

Como apunté en las primeras líneas de mi reflexión, en la convicción de que todos debemos poner de nuestra parte para propiciar unas buenas relaciones Canarias-Estado reitero mi apuesta por el diálogo y el entendimiento con el Gobierno central. Ni he perdido ni perderé una milésima de segundo en descalificaciones siempre estériles.

Ahora bien, mi responsabilidad y compromiso como presidente de Canarias pasa por ser firme y claro cuando en los ministerios se adoptan decisiones objetivamente injustas, decisiones que perjudican nuestros intereses generales.

La lealtad de Canarias con el Estado se traduce por nuestra parte en voluntad de colaboración; la lealtad de mi Gobierno con los canarios se traduce en mostrarnos firmes cuando se toman decisiones contrarias al interés de los canarios o cuando se da la espalda a nuestras instituciones. Las decisiones deben tomarse con Canarias, no contra Canarias.

El Estado no puede mirar hacia otro lado ni desentenderse ahora que, con el cierre de Spanair, la conectividad de Canarias queda `tocada´, condenándonos por errores ajenos a dar un paso atrás en la mejora de nuestras comunicaciones aéreas.

Si la iniciativa privada no es capaz de garantizarnos una comunicación fluida y con precios razonables -sin abusos-, el Estado debe actuar activando la herramienta de la declaración de obligación de servicio público.

Con el cierre de Spanair los canarios estamos afrontando en el día a día mayores dificultades porque mayores son los problemas cuando, como así está ocurriendo, las opciones de vuelos van a menos y el esfuerzo de las familias para poder viajar -los precios- a más. Las familias y los trabajadores canarios no merecen pagar los platos rotos del cierre de Spanair.

Señalé recientemente que el cese de operaciones de Spanair es una muy mala noticia para Canarias. De una parte, por los graves perjuicios ocasionados a pasajeros y empleados de la compañía en nuestras islas; y, de otra, porque cualquier reducción del número de operadoras, vuelos y frecuencias que operan con el Archipiélago conlleva -como así se está notando ya en estos primeros días- un paso atrás en el objetivo de contar con una conectividad que fortalezca la economía de las Islas y el bienestar de los canarios.

Hablamos de un tema de especial sensibilidad para nuestra tierra, vital. Canarias depende directamente de sus puertos y, en especial, de sus aeropuertos. Por tanto, las consecuencias de un asunto como éste merecen respuesta e iniciativa política desde los ámbitos competentes, sobre todo en un momento en el que, precisamente gracias a la mejora de la competitividad de nuestros aeródromos, comenzábamos a asistir al repunte de nuestro principal recurso: el turismo. El cierre de Spanair es un paso atrás, un obstáculo en nuestro camino hacia una mejor conectividad.

Con el cierre de Spanair se reduce el número y frecuencias de vuelos, y asistimos a un movimiento muy poco alentador por parte del resto de aerolíneas que, en algunos casos, adquiere rasgos de subasta -en lo que supone un aprovechamiento muy difícil de defender de una situación crítica y, como digo, de primera necesidad para los canarios-.

Este episodio resulta especialmente duro para nuestro sector turístico tras la incertidumbre generada, de forma unilateral y quiero creer que poco meditada, por tres decisiones tomadas por el Gobierno del PP sobre la bonificación de las tasas aéreas, las prospecciones petrolíferas y la desaparición de las primas a las energías renovables.

Tres factores que, de forma directa o indirecta, tienen una importante incidencia en nuestra competitividad, nuestra imagen exterior y nuestro territorio. Claves, por tanto, para esa estrategia acordada con todos los sectores de las Islas (Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, sindicatos, confederaciones empresariales, cámaras de comercio, patronales turísticas y las propias compañías aéreas) que tan buenos frutos comenzaba a proporcionar.

La bonificación a las tasas aéreas porque es la directa responsable de que en 2011 hayamos batido los mejores registros turísticos de nuestra historia, las prospecciones petrolíferas porque no se escucha a nuestras instituciones y la desaparición de las primas a las energías renovables porque debilita la estrategia de apuesta por la sostenibilidad de un territorio especialmente dotado de ‘materia prima’ -sol, viento, etcétera- para su desarrollo e implantación, alcanzando esa ‘marca verde’ a la que aspiramos y que sería muy bien recibida en el exterior.

Por tanto, y al margen de que podamos reconducir la incertidumbre generada por esos tres anuncios a los que he aludido, en lo que al cierre de Spanair y la conectividad de Canarias se refiere, el Estado debe dar un paso al frente, con toda la urgencia que la situación requiere. Si el ámbito privado no es capaz de garantizar la recuperación del hueco dejado por esa compañía, debe activarse de inmediato la declaración de obligación de servicio público.

Estos mismos días hemos asistido al anuncio de varias operadoras que se verán obligadas a reducir sus vuelos si no se renuevan las bonificaciones de las tasas aéreas en nuestros aeropuertos.

La realidad habla por sí misma. Sin intermediarios.

Canarias no puede quedar aislada.

El Gobierno del PP no puede mirar hacia otro lado.

Fotografía: elblogdelvuelo.es

El presidente del Gobierno de España debe convocar ya una conferencia de presidentes autonómicos

Rajoy debe poner boca arriba, ante las comunidades autónomas, su hoja de ruta.

Los mensajes del Ejecutivo central a través de los medios de comunicación, confusos y a veces contradictorios, no están ayudando a generar las certezas que demandamos las comunidades y la ciudadanía.

La reunión celebrada este jueves entre Mariano Rajoy y Angela Merkel, lejos de servir para generar certidumbres e infundir confianza a los agentes económicos y sociales, sigue alimentando desconcierto sobre los objetivos y la estrategia del Gobierno del PP para sacar a España de la crisis y el desempleo.
     
No sabemos a ciencia cierta si Rajoy quiere que Europa flexibilice los objetivos del déficit –como defendió el miércoles en Portugal- o si, por el contrario, pretende seguir a ‘pies juntillas’ el guión de recortes impuesto por Bruselas –como defendió en Berlín -.
  
Desgraciadamente, muchos nos tememos que los intereses electorales del PP andaluz ha provocado por parte del Gobierno del Estado un cóctel de precipitación, demoras o medias verdades –dependiendo del episodio que analicemos–  en temas de crucial importancia para el futuro de España. Sólo así se explican las dilaciones, en unos casos, y contradicciones, en otros, a las que estamos asistiendo.
 
Cada día que pasa, cada periódico que sale a la calle, nos encontramos con declaraciones que desorientan al resto de administraciones –que, no lo olvidemos, son parte sustantiva en la estructura político-administrativa del Estado–.
    
En consecuencia, no es posible diseñar una salida eficaz y duradera a la crisis sin contar con las comunidades autónomas, sin escucharlas, sin tener en cuenta sus opiniones. Pero de primera mano. Sentados en una mesa de trabajo. Desde la lealtad y la colaboración institucional que, sin duda, defendemos y por las que apostamos en Canarias en las relaciones con el Ejecutivo central.
    
Dado ese escenario de incertidumbres, en el que los mensajes del Gobierno del Estado no están ayudando a generar certezas ni en la sociedad ni en las comunidades autónomas, es necesario una reunión en la que los distintos territorios sepamos a qué atenernos; una reunión en la que se pongan las cartas boca arriba sobre la hoja de ruta que tiene el Gobierno del Estado.
   
Es necesario que las comunidades autónomas conozcamos de primera mano, y no a través de medios de comunicación internacionales y nacionales, cuáles son las intenciones y objetivos del Ejecutivo estatal.
   
Aprovechemos esa reunión para hablar de política presupuestaria, de financiación de los servicios públicos, de infraestructuras, de puertos o de aeropuertos.    
No pueden seguir pasando las semanas y los meses sin que el Estado y las autonomías nos sentemos a la misma mesa.
  
Canarias quiere una conferencia de presidentes autonómicos donde exponer nuestras necesidades y planteamientos; donde se pueda hablar de la necesidad de cambiar el sistema de financiación autonómica, que nos está perjudicando sobremanera; donde se plantee la puesta en marcha de un gran ‘plan renove’ que revitalice el turismo; donde, en definitiva, la voz de las autonomías cobre la relevancia que la propia Constitución nos otorga.  

Hoy hemos tenido una reunión de una importancia vital para Canarias. Todas las instituciones del Archipiélago (Gobierno, los siete cabildos y los ayuntamientos a través de la Fecam), el representante de todas las aerolíneas que operan en las Islas y el sector empresarial (las dos grandes confederaciones, CEOE y CCE, las cuatro cámaras de comercio y las cuatro patronales turísticas) hemos alcanzado un acuerdo unánime para exigirle al Gobierno central el mantenimiento de las bonificaciones aéreas en vigor desde 2011, el instrumento que ha permitido al Archipiélago batir récords de llegada de turistas e iniciar el camino de nuestra recuperación económica.

No ha habido fisuras. Todos entendemos que las bonificaciones suponen hoy un elemento fundamental para el crecimiento económico, la actividad económica y el empleo en Canarias. Una fórmula que, además, funciona en las mismas condiciones para todas las compañías y no le cuesta ni un euro al Estado ni a Canarias.

No son subvenciones ni ayudas selectivas, tal y como se puede comprobar perfectamente en el Boletín Oficial del Estado. Son un estímulo que ha beneficiado ya a las 28 compañías aéreas que operan en el Archipiélago en una proporción aproximada de un 33% para las compañías de ‘low cost’ y un 66% para las tradicionales. Una fórmula muy trabajada, muy meditada y muy creativa con un objetivo: lograr el máximo compromiso de las compañías aéreas para traer más pasajeros a Canarias.

Y se hace con las siguientes condiciones:

• 100% de bonificación a las compañías incrementen su tráfico de pasakeros.
• 50% a las que incrementen el número de frecuencia de vuelos.
• 50% a las que operen en los ‘días valle’ (días de escaso tráfico en los aeropuertos).
• 30% a las que utilicen Canarias como HUB (vuelos con otros destino que hagan escala en Canarias).

Una herramienta muy importante que ha logrado situar nuestros aeropuertos a la altura de otros destinos más competitivos y, como digo, batir récords de pasajeros.

¿Por qué digo que esta medida no cuesta ni un euro? Porque los gastos que de ella se pudieran derivar quedan plenamente amortizados por el incremento de tráfico y de pasajeros, un crecimiento que demanda más servicios, más combustible…

Hablamos de una inversión muy rentable para Canarias. Y de unos aeropuertos muy rentables. Mientras que algunos, como los de Madrid y Barcelona, son deficitarios, el conjunto de los aeródromos del Archipiélago presenta un saldo positivo y ayudan a Aena a soportar el coste del sistema aeroportuario de toda España.

No estamos pidiendo nada, ni ayudas ni limosna. Exigimos lo que nos pertenece: la garantía de que nuestros aeropuertos sigan siendo competitivos.

Por tanto, esta voz unánime que se levanta desde Canarias exige al Estado que aclare este asunto de inmediato y mantenga las bonificaciones tal y como han venido funcionando hasta ahora. Está en juego nuestra actividad económica, nuestro bienestar y nuestro empleo.

Que las mantenga ya y, si en el futuro se idea una fórmula mejor que garantice la competitividad, pues ya veremos.

Hace unos días remití una carta al presidente Mariano Rajoy y he tenido la ocasión de hablar directamente con el ministro de Fomento. Hoy nuestro consejero de Transportes se entrevista en Madrid.

Se ha hablado mucho desde el desconocimiento, pero la realidad y los datos están ahí. Madrid debe escuchar la voz unánime de Canarias. Es mucho lo que está en juego.

Muchos ríos de tinta se han vertido sobre las políticas del transporte: reducción del transporte aéreo de carga con la Península, el modelo de gestión de los aeropuertos, la bonificación de las tasas aéreas para mejorar la competitividad de nuestros destinos, teniendo en cuenta nuestra gran dependencia del turismo (a lo largo del pasado año llegaron 12 millones de pasajeros), con el hándicap que tenemos frente a nuestros competidores del Mediterráneo por la lejanía… Entre 2010 y 2011 las tasas se han significado como un instrumento muy importante para la economía del Archipiélago.

Los aeropuertos son, junto con los puertos, los principales instrumentos para garantizar nuestra cohesión social y económica. No tienen nada que ver los aeropuertos de un archipiélago ubicado en medio del Atlántico con los aeropuertos del continente y, por lo tanto, es preciso una política diferenciada para captar clientes. Sin duda, Canarias tiene que participar en la gestión de sus recintos aeroportuarios.

¿Son rentables los aeropuertos de Canarias? Echemos un vistazo a los datos oficiales de Aena para 2010 (los de 2011 aún no están disponibles, pero se presumen mejores al haberse producido 5 millones más de movimientos):

Conclusión: sí, Canarias debe participar en la gestión de sus aeropuertos para mejorar y garantizar la competitividad de nuestra economía.

Fotografía: Aeropuerto de Fuerteventura (Aena)

La reforma de la Ley debe incluir la participación de Canarias en la gestión de nuestras costas.

Los cambios profundos anunciados este viernes por el ministro Arias Cañete deben incorporar las demandas realizadas, veinticuatro horas antes, por Baleares y Canarias.

El pasado jueves, con motivo de la celebración del primer encuentro Canarias-Baleares, el presidente Bauza y yo coincidíamos en muchos análisis, así como en el enfoque y las medidas que requieren tantas realidades compartidas por ambos archipiélagos. Como acertadamente apuntó el presidente balear, es fácil que dos territorios con nuestras características acumulen puntos de encuentro y, a partir de ahí, que asome la voluntad de colaborar y trabajar conjuntamente en la reivindicación de soluciones adaptadas a nuestras islas.

Coincidencias, a las que aludo, que no acaban en la necesidad de que el Estado intensifique sus esfuerzos para mejorar la conectividad y accesibilidad en ambos archipiélagos, en la demanda de un ‘plan renove’ para el sector turístico, en la incorporación de nuestras comunidades a la gestión de los aeropuertos o en la unánimemente defendida oportunidad de consolidar en el tiempo la bonificación a las tasas aéreas que, en el caso de Canarias, nos ha colocado en los mejores datos turísticos de la última década -datos que tienen aun mas valor en unos momentos en los que los países de la Union Europea viven una coyuntura tan difícil como conocida-.

No acaban ahí las coincidencias, insisto, porque Baleares y Canarias comparten también la importancia de nuestras costas, relevancia que apunta a la defensa de valores medioambientales y de un uso responsable del territorio, sin duda, pero también a la conveniencia de que los gobiernos autonómicos de ambos archipiélagos participemos en la gestión y en las decisiones que afectan a nuestro litoral.

La experiencia demuestra que el desconocimiento de las realidades insulares desemboca a veces en decisiones que se mueven entre la injusticia, la inoportunidad y la torpeza.

Para evitar esos errores, especialmente en lo que se refiere a la gestión de una parte tan sensible del territorio, las decisiones deben ‘acercarse’ al espacio afectado por dichas decisiones, de forma que los gobiernos autonómicos -y en algunos casos las corporaciones locales- seamos actores y no meros observadores en actuaciones muchas veces trascendentales.

Menos de veinticuatro horas después de la demanda que hicimos los dos presidentes en esa comparecencia, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunciaba que la norma que delimita el uso publico del litoral sufrirá una reforma muy profunda para ‘poner en valor’ el litoral y, garantizando la seguridad jurídica, para proceder a una simplificación de la normativa medioambiental agilizando los trámites.

Si la actual Ley de Costas tiene los días verdaderamente contados -normativa por otra parte vigente desde 1988, sin apenas modificaciones- hay razones de peso para defender que Canarias y Baleares tengan voz y participación en la reforma en profundidad que ha anunciado el ministro. O, dicho de otra manera, no sería razonable que esa reforma de la Ley de Costas se lleve a cabo sin escuchar a Baleares y Canarias.

No debe olvidarse que hablamos de un elemento muy potente, de una pieza clave para mejorar la competitividad del sector turístico. En esa dirección, es necesario un uso verdaderamente racional de las posibilidades que nos ofrece la costa, el mar. Por eso queremos tener presencia en la gestión de las costas.

Este es un asunto que, como ya dijimos los presidentes de Baleares y Canarias veinticuatro horas antes del anuncio del ministro, estará en la hoja de ruta de los temas que vamos a plantear al Gobierno de España, con el objetivo de buscar un instrumento que nos permita participar para mejorar la gestión de nuestras costas.

Imagen: Costa de Santa Úrsula, por Tomás García (tgarrey)

La reivindicación  de un sistema de financiación propio debe ser una demanda del conjunto de la sociedad canaria. Entre otras razones, porque es imprescindible que el Estado incremente su inversión en las Islas para reforzar nuestra apuesta por los servicios públicos.

¿Control presupuestario a las comunidades autónomas? Como en Cataluña o Euskadi, en Canarias creemos que en Madrid hacen falta gestores, no tutores.

En los últimos días dos cuestiones han suscitado un oportuno debate, animándome a alguna reflexión en alto. De una parte, las reacciones a la demanda de un sistema de financiación propio para Canarias. De otro, que el Gobierno del Estado tenga en su agenda de intenciones aprobar una ley para controlar los presupuestos de las comunidades autónomas.

En una comparecencia, el pasado miércoles, puse sobre la mesa la necesidad inaplazable de que los canarios contemos con un sistema de financiación propio. Canarias es una realidad diferente que requiere un sistema diferente. Otros son los problemas, otras deben ser las soluciones y, en consecuencia, otro el modelo de financiación. Con este punto de partida, la demanda de un sistema diferenciado para las Islas debe ser una meta del Gobierno y del conjunto de la sociedad canaria.

Canarias pide justicia, no privilegios. No puede perpetuarse un modelo, el actual, que mirando a Canarias invierte menos en quienes más necesitan. No puede mantenerse un sistema que tiene a los ciudadanos que más esfuerzo presupuestario requieren por parte del Estado recibiendo menos que otros territorios con menos dificultades estructurales. Canarias no puede cruzarse de brazos ante un sistema de financiación insolidario e injusto, un modelo que consolida las desigualdades y, en esa dirección, debilita la cohesión territorial y la justicia social.

Canarias es la única comunidad autónoma que no ha reducido en el Presupuesto de 2012 los recursos para la Sanidad y la Educación. Nuestro compromiso y apuesta por los servicios públicos es infinita, no así nuestros recursos. Creemos en el esfuerzo, y en ello estamos, pero no en los milagros. El Estado debe incrementar la inversión en Canarias porque nuestros servicios públicos lo exigen y los ciudadanos que los reciben lo merecen.

Algunas voces han respondido a este planteamiento recordando que CC defendió años atrás el sistema que ahora rechazamos. A esas voces cabe trasladarles algunas recomendaciones.

En primer lugar, para aconsejarles que pongan sus cinco sentidos a analizar las propuestas de presente y no lo que se hizo o dejó de hacer hace una década; entre otras cosas, porque en aquel momento se apoyó un sistema de financiación que, no siendo el que queríamos, era sobre el papel el menos malo para Canarias. Sistema que, es cierto, en su aplicación se rebeló injusto con nuestro archipiélago, y así lo hemos reconocido.

En segundo término, cabe animar a que no perdamos el tiempo mirando atrás, porque estaríamos incurriendo en un ejercicio tan estéril como puede serlo pasarnos el día recordando que hace apenas unas semanas se dijo que no se subirían los impuestos. No es ese el camino. Los gobiernos -y los partidos- estamos obligados a gestionar eficazmente el presente, enredarse en el pasado no es el camino para construir el futuro.

Y, por último, cabe igualmente recordar que la crisis ha abierto un tiempo nuevo que exige nuevas recetas e invalida muchas de las anteriores. Con la crisis, fórmulas que antes eran válidas ahora no lo son; ocurre con la política presupuestaria, con las estrategias de empleo y, también, con el sistema de financiación.

Miremos hacia delante y defendamos, con la unanimidad con que lo hacen otros territorios, que sea asunto de Estado que las Islas cuenten con un sistema de financiación propio, justo, adaptado a la realidad económica y demográfica de la Canarias de 2012.

Coincidiendo en el calendario con el debate que ha suscitado la propuesta formulada el miércoles -demanda que ya hice en idénticos términos en el mes de agosto, en esta misma ventana- estos días el Gobierno del Estado ha anunciado una ley para controlar los presupuestos autonómicos. Es deseable que en estos y otros asuntos las relaciones del Estado con las comunidades autónomas se desenvuelvan desde el diálogo, no confrontando. Ahora bien, esa intención anima a recordar que Canarias cumple, que ha demostrado su mayoría de edad haciendo bien los deberes en el terreno presupuestario y, con la autoridad que nos da nuestra solvencia, a decir alto y claro que no se puede tratar como menores a territorios que, como es nuestro caso, ha demostrado su mayoría de edad cumpliendo con las directrices que vienen de la Unión Europea.

Hemos demostrado con hechos que estamos trabajando por sanear las cuentas públicas, y vamos por delante en muchas medidas de ahorro y contención del gasto, pero no podemos mirar hacia otro lado cuando con la coartada de la crisis se proponen leyes que constituyen una falta de respeto a las comunidades autónomas. Apostamos por el entendimiento con el Gobierno central, pero al igual que Cataluña o Euskadi rechazamos que las comunidades autónomas sean tratadas como menores de edad. En Madrid queremos buenos interlocutores y gestores eficaces, no tutores.