En el Día de Internet, que celebramos hoy en España y en buena parte de Latinoamérica –y en todo el mundo a través del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información–, quiero felicitar a los pioneros, desarrolladores y la sociedad en su conjunto, a toda la ciudadanía conectada, por el impulso a una de las mayores herramientas, si no la mejor, ideadas por la humanidad para la comunicación, el conocimiento, la colaboración, las libertades y el desarrollo democrático.

Valores que tumban barreras y fronteras de toda índole, y que para un territorio como Canarias, alejado y fragmentado, suponen un instrumento de capital importancia para el progreso y la superación de siglos de olvido y abandono.

Internet es, como digo, un baluarte de la sociedad democrática del siglo XXI, pues atesora y promueve esos rasgos básicos que la caracterizan: apertura, transparencia, participación, cooperación… avanzando como nunca antes hacia un modelo mucho más horizontal en el que todos y todas contamos cada vez más.

Mi relación activa con Internet, a través de esa vanguardia digital que son las redes sociales y, en general, las nuevas plataformas de comunicación de la Web 2.0, cumple precisamente estos días su segundo año. En el plano personal desde este mismo blog, en Facebook, Twitter, Flickr, YouTube o experimentando también ahora con Google+; y en el plano institucional con todos los planes de acción 2.0 emprendidos desde Presidencia y desde los distintos departamentos, en los que también participo directamente desde El Presidente Responde.

Pero nuestra apuesta, la del Gobierno de Canarias, va más allá de la acción comunicativa. Queremos que Internet sea una herramienta para la participación ciudadana, para la optimización de la Administración y para la transparencia. En ese sentido, estamos dando pasos importantes en aspectos como la Administración electrónica y la atención al ciudadano, al tiempo que impulsamos procesos como la propia Ley de Transparencia y Acceso de la Ciudadanía, el ‘open data’ o el software libre, además de contemplar la Red como elemento de máxima importancia en nuestro modelo de desarrollo sostenible ligado al talento, el conocimiento y la innovación.

Sé que a mucha gente se le llena la boca hablando de Internet, de su importancia y de la necesidad de defenderla, pero luego son los primeros en tomar medidas o promulgar leyes y decretazos que van justamente en la dirección contraria.

Desde aquí, una vez más, en mi más profunda convicción democrática, reitero mi compromiso con la Red, con sus valores y con todo lo que eso representa. En sintonía con la mayor parte de los países y organizaciones internacionales, considero que el acceso y uso de Internet es ya un derecho fundamental, como lo son también la libertad de información y de expresión, el acceso a la cultura o el secreto de las comunicaciones.

En la defensa de todos esos valores y libertades me tendrán siempre a su lado.

Feliz Día de Internet.

Celebramos el Día de Canarias afrontando momentos realmente difíciles provocados por la crisis y los recortes impuestos desde Madrid, y aunque este 30 de mayo presenta un programa de actos necesariamente austero, no deja de ser ambicioso, porque tenemos un mar de razones para seguir luchando por esta tierra con la fortaleza y unidad que los canarios siempre hemos demostrado en otros momentos difíciles de nuestra historia.

La campaña de este año mira al frente, hacia el mar que nos une, que reclama protección y una convivencia responsable que proteja nuestro entorno natural, nuestros cielos, nuestros paisajes, para seguir avanzando hacia un desarrollo sostenible, la cohesión territorial, la justicia social y la igualdad de oportunidades.

El reto es colectivo, solidario, que debe nacer de cada uno de nosotros para construir una Canarias mejor.

* Puedes bajarte el ‘Programa de Actos del Día de Canarias: Un mar de razones’

Los últimos datos relativos al desempleo confirman, lamentablemente, que la reforma del mercado laboral decretada por el Gobierno del Partido Popular iba a provocar –ya está provocando– que miles de canarios pierdan su puesto de trabajo. 

Apunté meses atrás que, dado el enorme peso que el sector servicios tiene en nuestra economía, la reforma laboral iba a ser especialmente perjudicial para Canarias. Por desgracia, se han cumplido las previsiones más pesimistas y el desempleo ha vuelto a crecer en nuestras islas.

Así las cosas, cabe hacer algunas consideraciones. Es necesario un análisis que solo puede hacerse compartiendo la enorme preocupación de miles de personas –y familias– que en España y en las Islas se ven fuera del mercado laboral.

La primera consideración es que las administraciones, especialmente las administraciones autonómicas, tenemos una capacidad de maniobra limitada en este ámbito. El trabajo lo crean los empresarios. Los gobiernos debemos promover e impulsar las condiciones adecuadas para que el mercado laboral funcione con fluidez y eficacia; en definitiva, para ponérselo fácil a quienes pueden –y deben– generar empleo.

Es de sobra conocido que en el caso de las comunidades autónomas el margen es tremendamente estrecho. Si a esa limitación sumamos que los Presupuestos Generales no atienden las necesidades de Canarias en esta materia –y además le añadimos que el Estado ha eliminado medidas que estaban ayudando a crear empleo–, esta combinación de elementos colocan al Gobierno canario –a los canarios– en una situación tremendamente difícil y con escaso margen de maniobra en políticas empleo.

Este año tenemos en Canarias 170 millones de euros menos para políticas de empleo, lo que implica que tendremos que hacer más esfuerzos con menos.

A pesar de esos condicionantes, estamos actuando para mitigar el impacto de la reforma laboral, de unos malos Presupuestos Generales y de la eliminación de medidas –tasas aéreas, por ejemplo– que estaban ayudando a generar empleo.

En este sentido, en breve se pondrá en marcha el Plan Anual de Empleo, que permitirá la contratación directa en el mes de junio de 5.000 parados a través de los ayuntamientos, tal y como se fijó en el Plan de Choque aprobado el pasado mes de febrero.

Este plan, a pesar de ver reducido su presupuesto, mantiene los objetivos y las acciones fijadas, que se centran en la contratación en sectores verdes –relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible– y blancos –en atención sociosanitaria–.

Está previsto, igualmente, mantener las políticas de apoyo a los agentes de desarrollo local de los cabildos, los talleres de empleo y las escuela taller. De la misma manera, se trabaja en el diseño del plan contra el desempleo juvenil, dado que la tasa de paro de los menores de 25 años, según la Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre de 2012, alcanza el 54 por ciento. Este plan contará con dos ámbitos de actuación: los jóvenes sin cualificación y los cualificados. En materia de formación, se dará continuidad al plan de choque para los desocupados, dotado con 17 millones de euros, y para los jóvenes menores de 30 años sin estudios se ha desarrollado un nuevo sistema formativo a través de Internet.

Son solo algunos ejemplos de las acciones que emprendemos desde Canarias, mutiplicándonos con escasos recursos pero con el máximo compromiso.

Por lo demás, cabe destacar una importante particularidad que se ha manifestado claramente en la última Encuesta de Población Activa: el elevado número de nuevos activos en Canarias. El incremento del desempleo en 20.400 personas y el crecimiento de la población activa en 17.000 personas son datos que merecen toda la atención –cabe recalcar que en términos interanuales el incremento de la población activa en Canarias duplica a la media del resto del Estado–.

Esta circunstancia nos debe hacer reflexionar seriamente sobre la capacidad de Canarias para asumir de manera indefinida nuevos activos laborales, factor que merece una reflexión responsable.

No vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que el impacto de la reforma laboral y de otros factores no acelere la destrucción de empleo en las Islas. Nuestro margen de maniobra es limitado y los Presupuestos Generales del Estado nos lo ha limitado aún más. Ahora bien, el empleo ha estado, está y estará en lo más alto de la agenda del Gobierno canario.

Canarias no puede esperar. Ni presupuestaria ni políticamente el Gobierno del Estado puede seguir dando la espalda a dos millones de ciudadanos que viven a más de mil kilómetros de la España continental. 

Por eso, porque es imprescindible que Madrid reconsidere algunas decisiones tomadas en los últimos meses, hay que reabrir –pero ya– la senda del diálogo, de la lealtad y el respeto en ambas direcciones, de los esfuerzos en común. 

Así lo he venido defendiendo siempre. Así lo he hecho desde el primer momento, así lo recordé cuando arrancó la legislatura en el ámbito estatal –invitando a la colaboración– y así lo reitero en una coyuntura en la que, sin dar un paso atrás en la defensa del interés de Canarias, he apostado, apuesto y apostaré por el entendimiento porque los ciudadanos no merecen tensiones sino soluciones. Firmeza sí, pero no tensiones.

Así se lo trasladé hace días al jefe del Estado, a quien informé de la situación extremadamente delicada que afrontan nuestras islas. Mi compromiso es defender el interés de Canarias, y lo he hecho y haré en todos los ámbitos y ante todas las instancias que puedan ayudar en esa dirección. En ese sentido, mi obligación me llevó a trasladar al Rey –con responsabilidad, lealtad y realismo– la necesidad de que se actúe para evitar que las Islas se conviertan en un problema de Estado.

Canarias no confronta con el Estado. Es el Gobierno del Estado el que, por acción u omisión, está generando problemas y confrontando con Canarias.

Canarias, con su Gobierno e instituciones al frente, tiende la mano. Canarias invita al diálogo, a una colaboración desde el respeto y la lealtad que deben marcar la relación entre gobiernos. 

Quienes por acción, omisión o delegación están fomentando que no se apueste ni invierta en Canarias, están abonando el terreno del problema de Estado en las Islas.

No están arrinconando al Gobierno de Canarias.

Están arrinconando a dos millones de canarios que viven a más de mil kilómetros de España, de la España continental. 

Y, si todo obedece a estrategias de partido, dan muestras –mal aconsejados– de una actitud tan irresponsable como torpe.

La jefatura del Estado y el Gobierno de España deben ser conscientes de la dimensión del problema. Por eso, ahora y no más tarde, debemos abrir cauces de diálogo  para dar  confianza  a miles y miles de personas atrapadas en el desempleo o paralizadas por el desánimo. Hay mucho en juego como para que menudeces partidistas pongan en riesgo el futuro de esta y futuras generaciones. Es nuestra obligación como responsables públicos agotar todas las vías de diálogo posibles para impedir daños mayores. Esa ha sido siempre la disposición del Gobierno de Canarias.

Nunca Canarias ha pedido privilegios. Ni lo hará. Sólo quiere justicia. Sólo quiere ser atendida según unas necesidades que no son, objetivamente, iguales a las de territorios continentales. Porque la insularidad obliga a esfuerzos suplementarios en materia de sanidad; porque su carácter archipelágico condiciona la movilidad, los sistemas de transportes; porque la lejanía de la Península precisa de factores correctores en la adquisición de bienes y servicios; porque necesita medidas que estimulen una economía dependiente y otras más que consoliden su principal industria, el turismo; porque exige profundizar en su peculiar régimen fiscal. En definitiva, porque la diferencia ha de ser siempre un valor añadido, jamás una carga.

Canarias exige una política clara y diferenciada por parte del Estado, pero hoy lejos de crear oportunidades las destruyen. Una demanda que se fundamenta en nuestra condición, en su situación y en su  realidad social y económica.

Debemos ser  tratados  de manera particular, como así lo ha entendido inequívocamente la Unión Europea.

El compromiso de la Administración autonómica es una gestión responsable de los recursos públicos, la contención del gasto y el cumplimiento de los duros criterios de estabilidad en déficit y deuda pública. Pero no basta con nuestros esfuerzos. Es necesario que el Estado sople a favor y no en contra de las Islas. Sin embargo, hoy por hoy no hay una política de Estado con Canarias.

Gobierno de Canarias y del Estado debemos trabajar de nuevo conjuntamente. El Gobierno de Canarias comparte con empresarios, sindicatos y diferentes colectivos la necesidad de propiciar puntos de encuentro. Canarias tiende la mano. Siendo así, la pelota esta ahora en el tejado del Gobierno de España.

Fotografía: Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos

Vengo defendiendo hace meses –en este mismo blog, y en distintas apariciones públicas– que la salida a la crisis no pasa exclusivamente por la reducción del gasto público o por las políticas de austeridad como receta única; que el sentido común, la sensatez y, sobre todo, la experiencia y el análisis de los más destacados analistas apuntan que solo con los recortes no mejorarán las cosas. Hacen falta medidas de carácter incentivador y de promoción del empleo que permitan crecimiento económico y generación de trabajo.

Apunté hace meses, y reitero, que era erróneo y tremendamente injusto que las directrices económicas europeas apostaran únicamente por los ajustes, silenciando que la creación de empleo es la cuestión central.

Es necesario contener el gasto e ir a más con medidas de ahorro, y en ese camino Canarias ha ido y va por delante de las demás comunidades. Ahora bien, lo primero es crear las condiciones para generar puestos de trabajo.

En esa dirección, con las tasas aéreas y los planes de rehabilitación –entre otras medidas– Canarias fue la comunidad donde menos empleo se destruyó en 2011. Lamentablemente, la reforma laboral y las decisiones adoptadas por el Gobierno del PP –contrarias a los intereses de los canarios– han acabado con esa buena tendencia y están provocando que miles de canarios pierdan sus trabajos.

La contención del gasto y las medidas de ahorro son necesarias, y Canarias cumple. Pero es imprescindible impulsar el crecimiento para generar empleo. En ese objetivo, la inversión publica juega un papel fundamental.

Canarias es la comunidad donde más ha recortado la inversión el Gobierno del PP, dificultando más que en ninguna otra el crecimiento y la creación de empleo.

A la vista está, el Gobierno del PP invierte menos donde debe invertir más.

El PP está equivocando la receta. Hay otras. Las reformas se pueden hacer de otra manera. Otros presupuestos son posibles. Otra reforma es posible. El camino no es aspirar a que España sea el alumno más aventajado de una fórmula, la de Merkel, que cada mes que pasa se revela más equivocada.

Si no se invierte en crecimiento, los ajustes ‘sin más’ del PP son un atajo hacia la recesión y la destrucción de empleo. Si se insiste en ese error, sus anunciadas soluciones se convierten en parte del problema; bien haría el PP si recapacita y da pasos para reformar sus reformas, para cambiar el cambio que anunciaron en las elecciones generales.

“Lo que está claro es que todavía más austeridad no ayudará nada. Lo único que hace es reforzar la espiral descendente, y acercar más la posibilidad de una catástrofe real”, señalaba a principios de marzo el economista y premio Nobel Paul Krugman a propósito de las medidas emprendidas por el Gobierno del Partido Popular.

Efectivamente, en los últimos años ha habido muchas y muy autorizadas voces que alertaban de las nefastas consecuencias de intentar conducir la recuperación económica por la única vía de los ajustes, obviando la pata del crecimiento. Opiniones que, en todo caso, caían en saco roto ante la obsesión de los principales dirigentes europeos, rendidos a la receta de la contención del gasto público como remedio único de todos los males.

Pero esta semana hemos asistido a una suerte de rebelión contra ese tratamiento de choque, liderada por el candidato francés a la Presidencia, el socialista François Hollande, quien defiende un giro en la política europea porque solo con la disciplina fiscal no se crecerá ni se creará empleo; antes al contrario, aumentará la división entre el norte y el sur de Europa.

Confiemos en que esa nueva visión se vaya abriendo paso en la Unión Europea y permita una reordenación de las medidas que hasta ahora se han puesto en práctica. Pero entretanto, nos toca luchar contra los efectos de una política que, en el caso de Canarias,  ha supuesto un golpe bajo.

Si avanza esa tesis emergente, más incomprensible resultará el tratamiento dispensado al Archipiélago en los Presupuestos Generales del Estado; y más preocupante aún la drástica reducción de las inversiones públicas decretada por el Gobierno del PP. Si concluimos que la Administración pública ha de actuar como motor de la actividad económica, especialmente en situaciones de crisis, mayor es la sinrazón e injusticia de los presupuestos del PP.

No hablo en este caso de un déficit de financiación para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales –escalofriante por sí mismo–, sino de un recorte brutal en las inversiones públicas que frena cualquier impulso de recuperación económica.

Veamos. Las inversiones estatales y las transferencias de capital para Canarias recogidas en los Presupuestos Generales de 2012 suponen un descenso del 50 por ciento con respecto al año anterior. En términos absolutos, hemos pasado de una inversión estatal de 747 millones de euros en 2011 a 384 millones este año; es decir, un 51,4 por ciento menos.

Canarias es la tercera comunidad autónoma con menos inversión directa del Estado. Así, la inversión ‘per cápita’ (por habitante) es de 134 euros, frente a una media estatal de 265 euros y a una distancia sideral de los 600 euros per cápita de Galicia y Castilla y León, las dos autonomías más favorecidas por el Gobierno estatal.

Con estos datos en la mano –y sobre todo con los últimos de la EPA– se constata que el camino de la austeridad no es el único adecuado para afrontar esta durísima crisis que padecemos. Las medidas de contención del gasto no se pueden seguir aplicando ‘sine die’; hay que buscar otras fórmulas que permitan, en paralelo, impulsar la economía y generar empleo.

Ese nuevo enfoque que parece instalarse en las altas esferas comunitarias ha de contribuir a la recuperación económica de Europa y de sus regiones más desfavorecidas, precisamente para que las diferencias entre unas y otras no provoquen una ruptura de la cohesión social y la quiebra de la justicia social, uno de los principios esenciales de la Unión Europea.

Según el PP, no hay dinero para los servicios públicos. El Gobierno del PP ha decidido sacrificarlos al recortar gravemente los recursos, incumpliendo así los compromisos adquiridos con quienes acudieron a las urnas el pasado 20 de noviembre. Así las cosas, condenan a las administraciones canarias a tomar medidas que nos ayuden a garantizar las prestaciones que reciben los que menos tienen.
 
Como ya conocen todos los canarios, con los datos en la mano se confirma que los Presupuestos Generales del Estado nos colocan en una situación extremadamente delicada, con una brutal merma de ingresos. La dimensión del recorte del PP hace que la capacidad de maniobra de las administraciones canarias para hacer frente a las obligaciones contraídas sea hoy en día tremendamente limitada.
 
De ahí que en el Gobierno nos hayamos visto obligados a tomar medidas. Los presupuestos del Gobierno del Estado no nos han dejado otra salida.
 
Desde el año 2008 hemos ajustado el gasto de forma muy significativa, reduciendo el número de consejerías, bajando los sueldos a los cargos públicos, disminuyendo el número de asesores, contrayendo el gasto corriente o, entre otras acciones, reorganizando el sector público empresarial. Enormes esfuerzos, ese compromiso con la austeridad, los ajustes y el adelgazamiento de la maquinaria administrativa, que nos han permitido mantener la calidad de los servicios públicos esenciales -la sanidad, la educación y las políticas sociales-, manteniéndolos a salvo de los efectos de una crisis profunda y feroz.

En concreto, Canarias ha contabilizado hasta 2011 un ahorro de unos 2.280 millones de euros, de los que 1.255 millones corresponden al periodo 2008- 2010 y los restantes 1.025 millones al ejercicio de 2011. Además de una reducción en la estructura administrativa a partir de noviembre de 2010, paralelamente se procedió a la disminución del número de altos cargos y se rebajaron las retribuciones de los miembros del Gobierno y directivos, cuyos sueldos siguen en 2012 congelados. De todos estos ahorros, es el gasto corriente el que ha tenido una especial relevancia, siendo la comunidad autónoma que más ha reducido este capítulo, según datos del ministerio de Economía y Hacienda. Se ha logrado disminuir desde los 1.500 millones de euros presupuestados en 2008 hasta los poco más de 1.000 millones previstos para 2012.
 
En estos primeros meses de 2012 está adoptando medidas que generarán una nueva reducción en el gasto corriente por importe de 77 millones de euros; una cantidad que se suma a los importantes ahorros de ejercicios anteriores. Las medidas implementadas son de distinta naturaleza. Entre ellas se encuentra la reducción en arrendamientos, energía eléctrica, agua, comunicaciones, informática, o papelería y consumibles. También destacan la telefonía; combustible y desplazamientos; atenciones protocolarias y de representación; reuniones, conferencias o eventos; publicidad; o estudios y trabajos técnicos.
 
Las restricciones están siendo aplicadas en todos los ámbitos posibles. Es más, esta misma semana se ha planteado a los empleados públicos la necesidad de asumir nuevos sacrificios en forma de reducción salarial para evitar despidos en la Administración.
 
El compromiso del Gobierno de Canarias con la austeridad ha sido total en los últimos cuatro años. Pero ese esfuerzo no ha sido reconocido por el Gobierno del PP, que ha castigado duramente a Canarias –a los canarios- con un tratamiento injusto e injustificable en los Presupuestos Generales del Estado; y todo ello, pesar de haber hecho las cosas bien en materia de contención del gasto, y de presentar unos resultados óptimos en términos de déficit y deuda pública. El Gobierno estatal ha hecho tabla rasa y ha impuesto el mismo objetivo de déficit y límite de deuda a todas las CCAA sin distinguir a las que se han esforzado.
 
Los incumplimientos del PP nos obligan a subir los impuestos en Canarias.
 
Dije, y reitero, que no vamos a cerrar colegios ni hospitales, que tomaremos las medidas recaudatorias que sean necesarias para garantizar esos servicios.
 
Lamentablemente, al retrasar los Presupuestos Generales del Estado por las elecciones andaluzas, el PP ha provocado que estos meses de 2012 los ajustes sean más duros y mayores los sacrificios de los afectados.
 
Incumplimientos, los del PP, que hace que todas las medidas de ahorro, adelgazamiento de la maquinaria administrativa y ajustes deban completarse con esa subida de impuestos.  
 
Desgraciadamente, la capacidad de maniobra de la Comunidad Autónoma para seguir ajustando gastos está al límite. No podemos compensar la pérdida de otros 1.000 millones de euros sólo por esa vía. El Gobierno del PP, sus reformas y ajustes, nos obligan a buscar otras fórmulas, a tomar otros caminos para cuadrar unas cuentas que salvaguarden la prestación de los servicios públicos esenciales y que nos permitan mantener abiertos hospitales y escuelas.
 
Estando la vía de la reducción del gasto prácticamente agotada, no tenemos otra alternativa que actuar por la vía de los ingresos, aunque la medida sea dolorosa.
 
El Estado ha colocado a los canarios en la tesitura de realizar enormes sacrificios para mantener el nivel y la calidad de los servicios que reciben. Y la responsabilidad del Gobierno autónomo es adoptar cuantas medidas sean precisas para cumplir con ese compromiso, que constituye una apuesta por la cohesión social y territorial a la que no vamos a renunciar.
 
Canarias ha podido mantener esos servicios en los últimos años gracias a la ambiciosa política de contención del gasto que hemos realizado, pero los Presupuestos estatales de este año no nos dejan otra opción. Nos han obligado a buscar nuevos ingresos que permitan compensar, en alguna medida, el injustificado recorte que nos han infringido.
 
Las cifras no admiten discusión: el Presupuesto autonómico para 2012 es de 6.700 millones de euros, de los que el 70 por ciento (4.600 millones) se destinan a servicios públicos esenciales. El Gobierno del PP ha asignado a Canarias 3.200 millones de euros por esos conceptos, por lo que tenemos un déficit de 1.400 millones para cubrir la sanidad, la educación y las políticas sociales.
 
Esa es la única razón –obligada- por que el Gobierno aprobó ayer determinadas modificaciones en el mapa fiscal del Archipiélago, que nos permitirán unos ingresos de 200 millones de euros, aproximadamente.  
 
A esta reestructuración tributaria se añadirá también un mayor control del fraude fiscal y nuevas medidas de reorganización del sector público empresarial, sacrificios que afectan a todos sin excepción.
 
Sacrificios que debemos asumir en la convicción de que nos permitirán la continuidad de unas prestaciones sociales que el Gobierno del Estado ha torpedeado gravemente.
 

Hoy me he reunido con la Confederación Canaria de Empresarios en mi ronda de contactos por todas las islas para explicar los efectos de los Presupuestos Generales del Estado en el Archipiélago. Con 4 claves fundamentales:

1. Canarias siempre ha apostado por el diálogo y la lealtad institucional con el Estado, y va a seguir haciéndolo.
2. Canarias está haciendo sus tareas, como así lo reflejan los principales indicadores económicos.
3. Estos PGE son muy malos para Canarias y la perjudican gravemente.
4. Canarias pondrá todo su esfuerzo en garantizar los servicios esenciales a pesar de los recortes impuestos.

He trasladado a los empresarios la batería de medidas del gobierno del PP que perjudican a las islas y ha habido amplia coincidencia al respecto, en especial en asuntos como la subida de las tasas aéreas que ya están provocando efectos negativos en nuestros aeropuertos y en el turismo, o los convenios firmados que ahora no se quieren cumplir, lo cual no es propio de un gobierno serio. España debe demostrar con Canarias la misma seriedad que le exige a Argentina con Repsol o, en palabras del propio presidente de la CCE, “España debe demostrar que no estamos en una república bananera y debe cumplir sus compromisos con Canarias”.

Las reformas son necesarias, pero el Gobierno del Estado se está equivocando en el fondo y, a la vista está, en las formas.

Este no es el camino. Hay otra forma de emprender los cambios. Equivocan la receta. Las decisiones del PP, lejos de generar confianza y empleo, están generando incertidumbres, destruyendo puestos de trabajo y agrediendo seriamente a los servicios públicos.

Hay otra forma de salir de esta situación. No es verdad que se salga solo con ajustes, y no es justo que se salga de la crisis sacrificando prestaciones como única propuesta. Sencillamente, no es verdad. Hay otras fórmulas. Otras soluciones.

La solución no es cargarse los servicios, sino mejorar la gestión. El problema no es el modelo, sino la forma de gestionarlo.

Todas las comunidades autónomas debemos hacer ajustes, apretarnos el cinturón. Eso no está en discusión, eso no lo discutimos.

Sí discutimos, y rechazamos, que se culpe de la crisis a las comunidades. En este sentido, comparto las palabras del presidente de la Xunta de Galicia, que días atrás ha dicho que “el problema de España no son las comunidades autónomas”.

No discutimos que hay que sacrificarse; de hecho, desde 2008 las medidas de ahorro, ajuste y contención son una realidad en Canarias. Ahora bien, es injustificable que la comunidad más frágil –Canarias- sea la que más se castigue en los Presupuestos.

Las consecuencias de ese tratamiento presupuestario son múltiples, y todas negativas. En este sentido, hay algo que me preocupa muy por encima de cualquier otro efecto:

Los presupuestos y la reforma laboral del PP provocarán que miles de canarios pierdan su empleo

Fruto de esa enorme preocupación, el pasado miércoles reuní al Consejo Asesor del Presidente -órgano de carácter consultivo, integrado por las principales organizaciones sindicales y empresariales de Canarias- con el objeto de analizar el trato que recibe el Archipiélago en los Presupuestos Generales del Estado.

La coincidencia en el diagnóstico fue total. Sindicatos y empresarios comparten con el Gobierno de Canarias que las cuentas presentadas por el Gobierno del PP dañan gravemente a Canarias, condenándonos a enormes sacrificios en todos los órdenes.

Desgraciadamente, ese injustificado castigo presupuestario a los canarios tendrá consecuencias en la gestión contable de las administraciones y, sin duda, en el día a día de los ciudadanos de las Islas. El Gobierno del PP ha alejado a Canarias del resto de España –análisis compartido por sindicatos y empresarios, que piden una rectificación al Estado con medidas “que nos acerquen” y no al revés-.

Los PGE dan la espalda a un territorio –nuestro Archipiélago- que caminaba por la senda de la recuperación económica -tímida en términos absolutos, pero mayor que la media estatal el año 2011- a pesar de sus problemas estructurales y su alto índice de desempleo. Los PGE dan la espalda a un territorio que ha hecho bien sus deberes en contención del gasto desde hace cuatro años -2.280 millones de reducción- y que hoy ve cómo ese esfuerzo no solo no es tenido en cuenta sino que se penaliza gravemente.

Canarias no puede ajustar más su Presupuesto por la vía de la reducción del gasto; es sencillamente imposible si queremos mantener los servicios públicos esenciales. Y antes de vernos obligados a cerrar centros sanitarios o educativos, debemos tomar otro tipo de medidas que permitan mantener la cohesión social y territorial del Archipiélago.

Por eso es especialmente relevante la decisión adoptada por el Consejo Asesor de impulsar un gran Pacto Canario por la Economía, el Empleo y la Cohesión Social, que implique a todos -administraciones, partidos políticos, empresarios y trabajadores- en la búsqueda de soluciones.

Necesitamos un gran acuerdo social para defender los intereses generales de Canarias y de todos los canarios; para que se corrijan aquellas decisiones que nos alejan del resto del Estado y se propicien otras que nos acerquen al trato que merecemos.

Un tratamiento justo que no pasa por la eliminación de las bonificaciones aeroportuarias; ni por el incremento de las tasas aéreas; ni por la eliminación de fondos para renovación turística; ni por la paralización de obras firmadas en los convenios de carreteras u obras hidráulicas, ni por el incumplimiento de que se invierta en Canarias al menos la media del resto del Estado; ni por la eliminación de las primas a las energías renovables.

Canarias se enfrenta al momento más duro de su recorrido autonómico, por lo que necesitamos coraje, unidad y firmeza para sobreponernos esta situación y dejar a las Islas en condiciones favorables para las nuevas generaciones.

Que no quede la menor duda de que el Gobierno de Canarias tomará todas las decisiones que deba adoptar –por dolorosas que puedan resultar a corto plazo- para garantizar la cohesión social en las Islas.

Si el Gobierno del PP no nos deja otra salida, habrá que tomar decisiones duras.

Se seguirá exigiendo al Estado –con la legitimidad que otorga el apoyo de la sociedad a través de sus organizaciones más representativas- respeto para dos millones de personas que, dada la lejanía y fragilidad de nuestro territorio, debemos ser tenidas especialmente en cuenta.

Los datos del paro correspondientes al mes de marzo han vuelto a suponer un enorme revés para la economía española y, lógica y desgraciadamente, también para la canaria. A la vista está, ni un cambio en el Gobierno del Estado era una receta suficiente ni era verdad que pudiera resolverse de la noche al día la situación de un modelo económico gravemente tocado por la prevalencia de una tasa de desempleo insoportable.

Canarias no queda al margen de esa tendencia, y aunque estamos entre las cuatro comunidades autónomas con un menor crecimiento del paro en términos interanuales (marzo 2011-marzo 2012), la cifra de desempleados nos obliga a seguir multiplicando esfuerzos y a volcarnos para mejorar la situación.

Resulta evidente que la crisis ha golpeado durísimamente el mercado laboral. Pero equivocaríamos el análisis si achacáramos en exclusiva a la coyuntura económica esos pésimos datos.

Dado que los problemas son de carácter estructural, es necesario tomar medidas que ataquen el problema de raíz; pero en lo alto de la agenda de todos los gobiernos -del Gobierno canario sin duda- deben estar los dramas personales que esconden las frías estadísticas, y eso conlleva poner los recursos públicos a trabajar para plantar cara a los problemas de tantísimas familias.

Con esa convicción como punto de partida, resultan inconcebibles e inaceptables los recortes previstos en los Presupuestos Generales del Estado en esta materia. En políticas activas de empleo, la reducción global será de 1.500 millones de euros, de los que 113 millones corresponden a Canarias. Hablamos de un descenso en las Islas del 35 por ciento con respecto a lo consignado en los Presupuestos de 2011. Cuentas que, de esta manera, también bloquean iniciativas de choque contra el desempleo.

Un territorio como Canarias, que ha venido haciendo sus deberes en contención del gasto desde hace años y que es una de las pocas comunidades autónomas cumplidoras en materia de déficit, no se merece trato tan injusto ni contrario a los intereses de sus ciudadanos.

Los recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno del PP torpedean cualquier esfuerzo emprendido para la recuperación de la economía del Archipiélago; desde la eliminación de las partidas para infraestructuras turísticas, educativas o para el POSEI, pasando por el tijeretazo para obras hidráulicas o carreteras (fijadas por convenio) o por la minoración en financiación de centros sanitarios (90 millones menos), la injusticia es tan inexplicable y objetiva que resulta difícil aceptar una justificación basada únicamente en la coyuntura económica o presupuestaria.

Es más, estos Presupuestos ponen en riesgo la prestación de los servicios básicos esenciales por más que el Gobierno de Canarias ha trabajado de manera intensa en los últimos años por garantizarlos. En concepto de financiación autonómica –precisamente el que se destina a sanidad, educación y políticas sociales–,  Canarias recibirá 322 millones de euros menos de lo que venía percibiendo, que ya era poco en comparación con otros territorios.

Con todo, la generación de actividad económica y, en consecuencia, la creación de empleo –el objetivo prioritario de cualquier política– queda en entredicho con unos Presupuestos estatales que van justamente en la dirección contraria.

Canarias, los canarios, no podemos permitir estos Presupuestos. El Gobierno que presido trabajará con todos los recursos a su alcance para intentar corregir el rumbo de unas cuentas que nos alejan más, mucho más, del resto del Estado.  

En Canarias se multiplican las voces que comparten la enorme preocupación expresada por el Gobierno canario, el rechazo a unos Presupuestos que alejan a los canarios de España, incrementando todavía más la diferencia entre lo que se invierte por habitante en nuestras Islas y los esfuerzos que se llevan a cabo en otras comunidades autónomas. 

Empresarios, sindicatos, partidos y grupos parlamentarios han expresado ya su inquietud ante el trato que recibe Canarias en los Presupuestos elaborados por el Partido Popular, inquietud que me ha llevado a convocar para el próximo miércoles al Consejo Asesor del presidente -será en esa mesa de trabajo donde definamos las líneas de actuación que multiplicaremos en defensa de Canarias-. 

Ahora más que nunca, los canarios debemos ser una sola voz. Al igual que ocurre en otros territorios como Cataluña, el Gobierno autónomo, junto a los agentes económicos y sociales –junto a la sociedad en su conjunto– debemos movilizarnos en defensa de un trato justo y para que el Gobierno del PP rectifique y dé marcha atrás con unos Presupuestos que alejan todavía más a Canarias de España.  

Con estos Presupuestos el PP condena a Canarias a enormes sacrificios.

Las decisiones del Gobierno del PP alejan cada vez más a Canarias. A la espera de que se garantice que la reducción de las subvenciones al transporte no acabará castigando a los residentes canarios, la actitud y las decisiones de estos meses consolidan la percepción de que el PP gobierna contra Canarias.

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado el pasado viernes, una vez superadas las elecciones andaluzas y asturianas que tanto temía el PP y que motivaron su retraso, ha generado una enorme preocupación e incertidumbre entre los canarios.

Unos presupuestos que, a la espera de conocer su letra pequeña, anuncian que alejarán aún más a Canarias del resto del Estado.

Como ya apunté días atrás, es comprensible que el Gobierno del Estado se haya visto obligado a presentar unos Presupuestos Generales austeros, pero además de austeros deben ser justos, garantizando la cohesión social y territorial, así como la prestación de los servicios públicos que, no lo olvidemos, son las prestaciones que reciben los que menos tienen -la parte más frágil de nuestra sociedad-.

Hay menos recursos y, precisamente por eso, ahora más que nunca deben distribuirse atendiendo a estrictos criterios de justicia social.

Los primeros análisis apuntan a que los presupuestos que ha aprobado el Gobierno del PP atarán de pies y manos a las comunidades. De alguna forma, todo parece indicar que el PP cumplirá con Europa sacrificando a las comunidades -importando poco que seamos las CCAA las que mantenemos en pie los servicios PÚBLICOS-. En este sentido, las cuentas del Estado en ningún caso deben estrangular la FINANCIACIÓN de la SANIDAD, la EDUCACIÓN y las POLÍTICAS SOCIALES: ésa es la línea que el PP no puede cruzar.

Pendientes de que en breve pongan nombre y apellidos a los recortes, desgraciadamente todo apunta a que se ha desatendido la obligación de garantizar la cohesión territorial y social.

Es necesario que se atienda mejor a quienes están sufriendo de manera más intensa los efectos de la crisis, de ahí que las cuentas estatales deban evitar lastrar nuestros esfuerzos en sanidad, educación o políticas sociales.

Somos la comunidad peor financiada del Estado. Canarias debe acercarse a la media del Estado, no retroceder. Nuestra realidad, alejada e insular, obliga a un sobreesfuerzo por parte del Estado. No puede ser que la comunidad autónoma que más esfuerzo requiere por parte del Estado sea la que menos reciba. ¿Cuánto tardarán en entender que si no somos asunto de Estado seremos un problema de Estado?

A la espera de ampliar los datos y contar con garantías en un asunto de especial relevancia para los canarios, el descenso en 65 millones de euros de las subvenciones al transporte de residentes no peninsulares se ha recibido en las Islas como un durísimo golpe.

Si no cabe la posibilidad de que acaben castigando a los residentes canarios, la pregunta es cómo, siendo un asunto tan sensible, en la comparecencia que siguió al Consejo de Ministros no se dijo, alto y claro, que en ningún caso esa reducción afectará a los residentes de las Islas. ¿Por qué no se zanjó en ese momento?

El mismo Gobierno que dice no querer ser un problema para Europa en cien días ha dado muestras de ser un problema para Canarias. No queremos palabras, sino hechos. Estos presupuestos llegan tarde -anteponiendo las necesidades del PP a las de España-, y según los primeros análisis, llegan mal. La reducción de 1.500 millones de euros en políticas activas de empleo o los recortes en los convenios de carreteras, entre otros, consolidan la impresión de que estamos ante unos PGE que alejan a Canarias del resto de España.

Lamentablemente, las decisiones y los hechos consolidan entre los canarios la convicción de que Canarias no está en la agenda de Rajoy. Cien días DESPUÉS, Canarias está más lejos. A pesar de que desde el primer minuto el Gobierno que presido ha apostado -y apuesta- por unas relaciones Canarias-Estado basadas en la colaboración -diálogo sí, pero no sumisión-, crece en las Islas la sensación de que el Gobierno del PP gobierna contra Canarias, desoyendo a nuestro Parlamento, quebrantando la lealtad con cabildos y ayuntamientos, dando la espalda a la sociedad de las Islas.