El hecho político más importante de los últimos años no es que el chavismo continúe gobernando, por ahora, sino que tuvo que abandonar aspectos fundamentales de su proyecto original para mantenerse en el poder. El socialismo del siglo XXI no fue derrotado, aún, por una transición democrática, sino por la resistencia prolongada de millones de venezolanos.

Durante años el chavismo presentó el socialismo del siglo XXI como un destino inevitable, no sólo para Venezuela sino para todo el mundo. No era una política pública incluida en la Carta Magna. Era el horizonte histórico que debía reemplazar definitivamente a la democracia representativa, al pluralismo político y a la economía de mercado. Quienes se oponían no eran simplemente adversarios políticos: eran “enemigos del pueblo”, “agentes del imperialismo” o viudas de un pasado destinado a desaparecer.
Hoy, sin embargo, el propio chavismo parece alejarse aceleradamente de aquel proyecto.

Los acontecimientos del 3 de enero marcaron el inicio de una profunda reingeniería política. Aunque el chavismo continúa ejerciendo el poder, el modelo que intenta construir bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez presenta diferencias significativas respecto al proyecto impulsado durante las últimas dos décadas, por Hugo Chávez primero y por extensión por Nicolás Maduro.
La primera transformación es ideológica. Durante años, la identidad oficialista estuvo construida alrededor del antiimperialismo. La confrontación con Estados Unidos no era solamente una estrategia diplomática: constituía uno de los pilares simbólicos del proyecto político. Sin embargo, la actual relación de cooperación y negociación con Washington ha vaciado de contenido buena parte de ese discurso. Lo que durante años fue presentado como una contradicción inaceptable hoy es defendido como una necesidad pragmática.

El segundo cambio es económico. El estatismo que caracterizó al socialismo del siglo XXI está siendo sustituido por una orientación abiertamente favorable al mercado. La expansión de la propiedad estatal, las expropiaciones, los controles de precios y la centralización económica dieron paso a políticas de liberalización, apertura a la inversión privada y flexibilización de regulaciones que habrían sido impensables en los años de mayor radicalización ideológica.

Paradójicamente, esta transformación constituye una admisión implícita de fracaso, y esto hay que subrayarlo. Si el socialismo del siglo XXI hubiera logrado construir la sociedad que prometía, no existiría necesidad alguna de desmontar sus principales pilares.

Pero esta derrota no puede atribuirse únicamente a los errores de quienes gobernaron. Tampoco puede explicarse exclusivamente por factores externos. La historia sería incompleta sin reconocer el papel desempeñado por millones de venezolanos que, durante más de dos décadas, resistieron la imposición de un proyecto político que nunca estuvo contemplado en la Constitución de 1999.

Esa resistencia adoptó formas diversas. Fueron las protestas estudiantiles de 2007. Fueron las movilizaciones masivas de 2014, 2017 y 2024. Fueron los periodistas que continuaron informando pese a la censura. Fueron las organizaciones de derechos humanos que documentaron abusos cuando hacerlo implicaba riesgos personales. Fueron los sindicatos que defendieron derechos laborales. Fueron las comunidades que desarrollaron mecanismos de solidaridad para sobrevivir a la emergencia humanitaria. Fueron los miles de ciudadanos que insistieron una y otra vez en ejercer su derecho al voto incluso cuando las condiciones eran crecientemente adversas. Pero, sobre todo, fueron las acciones anónimas de millones de personas que, de diferente manera, rechazaron la estatización completa de su vida cotidiana.

El resultado de esa resistencia no fue una transición democrática, que hasta ahora no hemos logrado. Pero sí generó algo que parecía imposible: impedir que el proyecto original alcanzara plenamente sus objetivos. El socialismo del siglo XXI no consiguió sustituir completamente la diversidad social, eliminar el pluralismo político ni construir la hegemonía cultural permanente que prometía. Terminó agotando sus propias bases materiales, económicas y simbólicas.

La pelea es peleando

La situación sigue siendo de perplejidad. Todo indica que Venezuela atraviesa una fase de recomposición autoritaria. El objetivo ya no parece ser la construcción de una sociedad socialista, sino la preservación del poder mediante una combinación de pragmatismo económico, control político y legitimación internacional. El discurso revolucionario pierde importancia mientras gana espacio una lógica tecnocrática orientada a garantizar estabilidad, inversiones y gobernabilidad.

Pero esta nueva configuración también genera tensiones para el propio chavismo.

Por una parte, la progresiva desideologización amenaza con profundizar divisiones internas entre quienes aún se identifican con los principios históricos del movimiento y quienes consideran que la supervivencia política exige abandonar viejas banderas. Por otra, sectores importantes de la izquierda internacional observan con creciente incomodidad la evolución del proceso venezolano. La cooperación con Estados Unidos, la apertura económica y el abandono de antiguas consignas revolucionarias son vistos por muchos antiguos aliados como una renuncia a los postulados que durante años dijeron defender. Y esto, tarde o temprano, pasará algunas facturas.

La paradoja es evidente. Para mantenerse en el poder, el chavismo parece obligado a alejarse cada vez más de aquello que le dio origen.

En medio de esta incertidumbre conviene recordar una lección fundamental. El hecho político más importante de los últimos años no es únicamente la transformación del chavismo. Es la extraordinaria capacidad de resistencia demostrada por la sociedad venezolana.

Durante años se afirmó que el proyecto totalitario era irreversible. Que la hegemonía oficialista sería permanente. Que la sociedad terminaría adaptándose y aceptando cualquier condición impuesta desde el poder. Nada de eso ocurrió.

Por eso, incluso en un escenario marcado por nuevas formas de autoritarismo, existen razones para la esperanza. Si la sociedad venezolana fue capaz de frustrar las aspiraciones totalitarias del socialismo del siglo XXI, también puede encontrar las formas de enfrentar esta nueva etapa. La historia reciente demuestra que ningún proyecto de dominación es invencible cuando una sociedad conserva su capacidad de resistir, organizarse y defender su deseo de libertad.

Paradójicamente, esta transformación constituye una admisión implícita de fracaso, y esto hay que subrayarlo. Si el socialismo del siglo XXI hubiera logrado construir la sociedad que prometía, no existiría necesidad alguna de desmontar sus principales pilares.

Ahora podemos estar agotados. Pero una pausa nos permitirá recuperar el aliento. La pelea es peleando y esto aun no se ha acabado.

(Publicado en Tal Cual)

Los informes de organismos internacionales han hecho un total de 898 recomendaciones para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, antes de enfrentar esos desafíos tenemos un reto a corto plazo: Enfrentar la imposición de una falsa “reconciliación” en Venezuela que, si prospera, hará casi imposible promover verdaderos cambios en el país.

Luego del 3E hay palabras que están siendo repetidas por el movimiento democrático venezolano. Transición es una de ellas. Sin embargo, el discurso de las autoridades tuteladas va por otro lado: “convivencia”, “paz” y, recientemente, “reconciliación”. ¿Qué quieren decir estas palabras para el chavismo en el poder?

En el contexto de la Venezuela post 3E, “reconciliación” es un significante vacío y en disputa. Las autoridades están intentando imponer una narrativa de impunidad que parte de algo a su favor: El marco de interpretación comúnmente aceptado sobre lo que es “reconciliación”. ¿Qué es lo que la gente se imagina cuando escucha esta palabra? Un tipo de perdón, que a falta de una mejor descripción voy a adjetivar de “perdón cristiano”. La gente recrea una escena cinematográfica, donde dos hermanos se pelearon, y a pesar que intentaron hacerse daño de muchas maneras, llega un momento antes del final de la película en que se abrazan frente a una madre conmovida hasta las lágrimas. Entonces la película tiene este final feliz: El perdón cristiano de dos hermanos que se habían enfrentado a muerte.

Este imaginario es sobre el cual cabalga la narrativa oficial sobre lo que significa el supuesto “nuevo momento político” en materia de derechos humanos: Perdonar para pasar la página, Perdonar para hacer un “borrón y cuenta nueva”. Es la pretensión de imponer un perdón sin justicia, y por tanto, un perdón con impunidad. Si esta falsa reconciliación logra imponerse en el corto plazo, estaremos en un punto en que ninguna de las 898 recomendaciones de los organismos internacionales de DDHH podrá realmente implementarse en el país

En estos 4 meses que han transcurrido desde la detención de Nicolás Maduro hay suficientes evidencias sobre la ausencia de voluntad del gobierno tutelado para permitir un proceso de transición a la democracia y, por extensión, una verdadera reconciliación.

¿Qué podemos hacer para enfrentar este proyecto político, tanto del chavismo en el poder como de sectores normalizadores para imponer una falsa reconciliación? Hacer una incesante labor de pedagogía ciudadana, en todos los espacios y lugares posibles.
Esta pedagogía debe ser eficaz para transmitir varios mensajes claves:

1) La reconciliación ni es un decreto ni es un punto de partida: Es el final de un proceso
2) Este proceso no es el resultado de una sola acción, sino de varias dimensiones, varias partes.

Ya que han sido tan eficaces comunicacionalmente los llamados “mantras”, podemos promover como mantra de la reconciliación sus cuatro componentes: Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición

No tenemos espacio para ahondar en todo lo que contiene cada una de estas palabras, pero solo me quiero detener brevemente en la primera: La “verdad”. Si las autoridades no tienen la voluntad política de reconocer su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos, permitir que organismos internacionales visiten Venezuela para levantar información y permitir el acceso a expedientes y fuentes de información, nunca podremos hablar de una verdadera reconciliación. La propia experiencia de América Latina enseña que los mecanismos de verdad, como las llamadas Comisiones de la Verdad, son realmente eficientes cuando operan bajo gobiernos democráticos.

Entonces nos toca la labor titánica de cuestionar la narrativa hegemónica, insistiendo que:

– Incluir la palabra “perdón” en entrevistas a medios internacionales no es reconciliación
– La foto de una reunión entre el gobierno y sectores no oficialistas no es reconciliación
– Que ya no llamen a María Corina Machado “la sayona” no es reconciliación
– Que el gobierno promueva la inversión extranjera no es reconciliación

Una verdadera reconciliación es Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, todas actuando al mismo tiempo. Repitan conmigo el nuevo mantra: Verdad…

Publicado en Tal Cual

El pasado 12 de enero, en horas de la madrugada, falleció en la ciudad de Cork, Irlanda, el sociólogo Nelson Freitez, a la edad de 72 años. Como lo expresó Carolina Jiménez en un acto en su memoria, América Latina despide a un referencial defensor de derechos humanos. A ello agregamos nosotros: también a un intelectual íntegro, un amante de Venezuela y del estado Lara y, por sobre todo, a un gran ser humano que influenció positivamente a todos quienes tuvimos el placer de conocerlo.

La verdad es que no recuerdo en qué momento conocí a Nelson Freitez, porque es como si siempre hubiera estado allí, esperándonos para ser el gran anfitrión y representante de todo lo larense para quienes volvíamos a la ciudad crepuscular de tanto en tanto. Era un gran promotor de la tradición cooperativa que existía en la región centrooccidental, siendo para muchos el enlace con la emblemática red de cooperativas Cecosesola.

No lo conocí de sus días en la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO), que para otros es su referencia más lejana. Mi punto de partida pudiera ser su rol como profesor en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), donde dirigía la Cátedra Libre de Derechos Humanos.

En 2014, Nelson fue clave para que varias ONG de derechos humanos de Caracas, como Provea y Cofavic, pudiéramos entrevistar a las víctimas de la dura represión de ese año. En 2017 también estuvo en el epicentro del conflicto, acompañando las manifestaciones y a quienes fueron detenidos arbitrariamente o asesinados por las fuerzas de seguridad. Arriesgando su propia integridad, se puso al frente de la denuncia sobre los vínculos entre las autoridades regionales y la actuación de grupos de civiles armados contra quienes ejercían su derecho a la protesta pacífica. En ese momento comenzó el hostigamiento contra él y su esposa, Yonaide Sánchez, que finalmente los obligó a resguardar su vida e integridad saliendo al exilio.

Nelson era un profundo creyente del hacer colectivo, de la cayapa que caracteriza a los larenses. Su orientación fue clave para que un grupo de víctimas de la represión en la entidad se organizara como una ONG bajo el nombre de FUNPAZ (Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz). FUNPAZ realizó una importante labor de documentación y denuncia, resumida en su libro “Perdigones en la cédula”, donde recopilaron 24 duros testimonios sobre lo sucedido.

Su ascendencia también estimuló la conformación del Comité de Víctimas contra la Impunidad (Covicil), que señaló la participación de Luis Reyes Reyes y su hijo, Luis Jonás, en una trama de corrupción y represión contra los sectores populares de la entidad. Como consecuencia de esa visibilización, uno de los integrantes de Covicil sería asesinado: el joven Mijaíl Martínez, hijo del luchador social larense Víctor Martínez.

Ese interés por la creación y el fortalecimiento de vínculos también permeó al movimiento de derechos humanos a nivel nacional, en el que, haciendo gala de sus virtudes como sociólogo, explicaba la identidad que se había construido en su interior.
Podría contar muchas más cosas para reforzar la idea de que Nelson Freitez estuvo en medio de los principales sucesos sociales y políticos protagonizados por la sociedad larense en los últimos 20 años. Muchos de nosotros bromeábamos diciéndole que era el ministro plenipotenciario de la “guaritud”. Escuchar sus historias sobre el Mercado de El Manteco, el significado de la Divina Pastora y su procesión de cada 14 de enero, la idiosincrasia de los larenses o la manera en que ocurría el homenaje a Pedro Infante en El Tocuyo, era caer en la tentación de enamorarse perdidamente de aquellos crepúsculos que Nelson pintaba con particular intensidad.

Alguien lo dijo recientemente: será muy duro regresar a la capital musical de Venezuela sin la posibilidad de que Nelson Freitez esté esperándote para recibirte. Será difícil llenar el vacío de lo que antes era tanta plenitud.

Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. El Nelson amante de los boleros, del equilibrio entre el compromiso y el placer, el dicharachero, el amigo cercano, así lo recordaremos siempre. Te extrañaremos demasiado, Nelson.

Los hechos del 3E marcaron el clímax de una tendencia que venía gestándose dentro del chavismo: la ruptura definitiva entre su poder y su autoridad. Con su giro proestadounidense, el bolivarianismo abandona su mito fundacional —el antiimperialismo— y deja al descubierto una coalición cuyos restos ya no están unidos por lo que creen, sino por lo que temen perder.

En una ciudad del interior del país dos policías regionales imponen una infracción de tránsito a una mujer que había girado su vehículo donde no debía. Al llegar a su comando los dos funcionarios son humillados por su superior: La persona escarmentada era esposa de una persona importante del PSUV, siendo obligados a pagar el monto de la multa. Esta escena pudiera ser una más de la larga historia de abusos de poder ocurridas en los últimos años. Sin embargo, hay una diferencia: Los dos policías denuncian el abuso por redes sociales. No al ministerio público ni a la defensoría del pueblo, sino ante la opinión pública.

El hecho ocurre semanas después de la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, por parte de un operativo militar estadounidense, que bombardeó por lo menos 7 puntos del territorio ocasionando, al menos, 100 bajas. Ese día algo terminó por romperse a lo interno del universo bolivariano. La actitud de los dos policías es un síntoma: Lo que hasta el 2 de enero hubiera sido silenciado o invisibilizado, hoy se difunde públicamente por redes sociales.

El fundador de la sociología comprensiva, Max Weber, distinguía entre poder (imposición) y autoridad (obediencia legítima). Para él la clave de la autoridad era: la gente obedece porque cree que debe hacerlo. Esta legitimidad para la obediencia puede venir de tres fuentes: La llamada “Tradicional-patrimonial” basada en la herencia o en las lealtades personales; La “carismática” vinculada a la figura de un líder y la “Legal-racional”, anclada en instituciones y normas.

La pérdida de autoridad no es un concepto abstracto: se expresa cuando las órdenes dejan de ser obedecidas por convicción, cuando los subordinados comienzan a actuar por cálculo y cuando los conflictos internos ya no se procesan dentro de la jerarquía, sino que se exponen públicamente.

Según el análisis weberiano Hugo Chávez combinó el carisma con un orden patrimonal. Luego, sin la influencia del caudillo y sin los grandes recursos de otros años, Nicolás Maduro intentó mantener el sistema de lealtades basado en la gestión de recursos, sustituyendo la legitimidad por coerción.

Sin embargo, la crisis económica que apareció a partir del año 2014 rompió el pacto material que daba sustento orgánico al bolivarianismo. Con recursos menguados, un Maduro sin carisma intentó mantener la continuidad del esquema patrimonial mediante redes de lealtad personal y el control de recursos mediante áreas de influencia. En este sentido la purga contra Tarek El Aissami debe entenderse a través de esas dos dimensiones. La principal fuente de autoridad de “Super bigotes” era haber sido designado por el propio Hugo Chávez.

Aunque podemos entender la presidencia interina de Delcy Rodríguez como la emergencia de un chavismo de tercer nivel, lo cierto es que están ocurriendo importantes cambios estructurales y de diseño a lo interno de la coalición bolivariana que dan elementos para señalar que el “Rodrigato” sería el fin del chavismo, como lo hemos conocido hasta ahora, y la aparición de un modelo diferente de dominación.

Destacamos dos elementos. El primero de ellos es el abandono de nociones fundamentales del chavismo creado por Hugo Chávez: El antiimperialismo, por un lado, y la sustitución del Estado benefactor por una economía de libre mercado. La segunda es la creación de un modelo, que sin el sustrato ideológico que lo justifique, se base en la fidelidad política a una persona, en este caso a los hermanos Rodríguez. La purga interna, para apartar al anterior círculo de confianza de Nicolás Maduro de cargos de poder con rentabilidad económica, dejará múltiples actores desplazados y resentidos dentro de la coalición.

A estos cambios endógenos hay que sumar un tercer elemento: El 3 de enero. Además de la derrota militar y la incapacidad de defender el territorio, cada vez hay más indicios que suman a la hipótesis de traición interna a Nicolás Maduro y entrega de la pareja presidencial a las autoridades norteamericanas por sus propios camaradas. Ese día no sólo detuvieron al heredero del zurdo de Sabaneta, sino que también desapareció al aura revolucionaria que orbitaba en torno al chavismo. Ese día el chavismo se rindió sin pelear, entregó a su principal vocero y, para mantenerse en el poder, aceptó convertirse en otra cosa. Esta “otra cosa” está en este momento en proceso de configuración. No estamos hablando exclusivamente de un giro táctico que pudiera revertirse en un futuro cercano, por ejemplo ante la derrota de Donald Trump en sus comicios de medio término. Estamos siendo testigos, también, de una transformación estratégica.

Es cierto que la derrota del 28 de julio le dio un importante golpe reputacional y simbólico al chavismo, como representante de las mayorías populares, pero hasta ese momento esa responsabilidad podía adjudicarse exclusivamente a Nicolás Maduro. El abandono de la promesa utópica de futuro y la cosmovisión épica ahora es responsabilidad de toda la cúpula gobernante.  El 28J erosionó la legitimidad social del chavismo. El 3E, en cambio, quebró su autoridad interna. Si el primero fue una derrota frente al país, el segundo fue una derrota frente a sí mismo.

El bombardeo no devolvió la democracia a Venezuela. Pero sí implosionó el chavismo que hemos conocido y padecido durante 20 años. El autoritarismo sigue, actualmente en proceso de mutación.

Siendo así, la procesión del chavismo va por dentro. Ya no hay obediencia por convicción sino por una cohesión negativa derivada por la suma de intereses, dependencia y temores compartidos. Hay una suerte de “lealtad por atrapamiento”, debido a que sus diferentes actores comparten responsabilidades y costos en todo lo que ha sucedido. Como nunca antes hay tensiones latentes, desconfianza y vigilancia mutua: no sólo importa quién tiene la confianza de los Rodríguez, sino también quién mantiene canales de comunicación con Estados Unidos.

La ausencia de autoridad no implica desintegración inmediata. La coalición se mantiene unida no por convicción, sino por interdependencia, por los costos de ruptura y por el miedo compartido a un escenario de transición.

¿Habrá rebelión de un sector del chavismo por la hipoteca de su patrimonio revolucionario? Es difícil predecirlo. Internamente contradecir a su cúpula no es sólo un gesto político, también es existencia. Los disidentes enfrentarían riesgos legales o judiciales, pérdida de protección política y económica, ruptura de redes y posible persecución. En redes han circulado varios casos de chavistas, que apelando a su racionalidad antiimperialista, están sufriendo represalias en este momento. Finalmente, quien pudiera capitalizar ese descontento interno a su favor es la figura sombría de Diosdado Cabello. 

El chavismo no ha perdido el poder, pero ha perdido algo más difícil de reconstruir: la autoridad. Y cuando un sistema deja de ser obedecido por convicción y necesita imponer cada vez más para sostenerse, no entra en una fase de estabilidad, sino en su momento de mayor fragilidad.

(Publicado en Tal Cual)

The Venezuelan case offers a particularly clear ground to observe the functioning of a phenomenon that we will call “minor colonialism.” Not because it is exceptional, but because it condenses a series of structural tensions between ideological universalism, intellectual authority, and concrete suffering that today run through much of the international debate on authoritarianism, the left, and geopolitics.

For years, Venezuela has been the object of intense discursive production from distant and external places. Academics, public intellectuals, activists, and analysts —mainly from the Global North, but also from metropolitan lefts in the Global South— have built interpretations of the conflict centered in Caracas that circulate with greater international legitimacy than the voices of those who live under the regime. This asymmetry is neither accidental nor neutral.

Gayatri Chakravorty Spivak is an Indian philosopher and literary theorist who wrote an illuminating text, “Can the Subaltern Speak?”, in 1988. Spivak retrieves and expands Gramsci’s term. The subaltern is not simply “the oppressed,” but also the one excluded from dominant circuits of representation, both political and discursive. It is not only deprived of power: it lacks a place from which its voice is recognized as meaningful. The subaltern is not the one who does not speak, but the one who is not heard as a subject of meaning.

Spivak refutes leftist thinkers who argue that the oppressed can speak for themselves and that the intellectual should simply “let them speak.” She responds that this view ignores the power structures that determine who is audible; it hides the fact that the intellectual continues mediating, even while denying it, and reproduces a form of epistemic imperialism under a seemingly solidaristic and anti-authoritarian appearance.

In a provocative way, this author introduces the concept of “epistemic violence”: it is not physical violence, but the production of knowledge that erases, distorts, or invalidates the experience of the subaltern. This occurs when academic knowledge, generated in distant places, defines what counts as rational; lived experience is treated as anecdotal, irrational, or “non-theoretical.” The translation performed by the intellectual replaces the testimony of concrete people.

Speaking for Venezuelans. Not with them

The concept of minor colonialism seeks to name a specific form of symbolic domination that emerges in contexts of peripheral political conflicts —such as the Venezuelan one— when external actors, shielded by universal principles or critical credentials, assume the authority to interpret, rank, and ultimately replace the voices of those who directly experience violence.

This is not classical colonialism, nor a direct imperial relationship. Nor is it a coercive imposition. Rather, it is a form of soft power exercised in the field of discourse, morality, and knowledge, which does not manage territories but administers meanings, does not control populations but governs narratives, which end up becoming hegemonic in the interpretation of what is happening.

This colonialism is “minor” not because of its impact —which can be profound— but because of its low visibility, its apparent respectability, and its progressive self-image. Paradoxically, it relies on an abstract moral universalism that ends up producing blindness toward a historically situated reality.

Here Hannah Arendt’s warning becomes key: human rights, when separated from real conditions of belonging, become empty formulas. The “right to have rights” is not a moral abstraction, but a situated political condition.

Minor colonialism is expressed in a form of inverted pedagogical solidarity: Venezuelans must learn from external actors how to interpret their own tragedy. They are required to show historical patience, geopolitical understanding, and political maturity. Meanwhile, nothing equivalent is demanded of those who interpret from afar. This relationship is not horizontal. It is a disciplinary one, where solidarity functions as a reward for narrative docility.

Naming this dynamic is not about breaking with international solidarity, but about rescuing it from its colonial, imperial, and hegemonizing drift. True solidarity does not immediately translate, does not correct testimony, does not rank suffering. It begins with a radically simple and deeply political gesture: recognizing that those who live the violence have priority in naming it.

Tom Yorke’s exhortation that Venezuelans should “stop looking at their own navel” is not just an unfortunate phrase, but the synthesis of a deeper asymmetrical relationship: the presumption that those who observe from afar possess a broader, more rational, and morally superior view than those who experience violence firsthand. The problem is not the criticism of celebrating violence —a legitimate concern— but the dispossessing gesture that accompanies it: the denial of the right of those affected to interpret their own present, to name their dilemmas, and to decide which tensions are politically relevant to them.

When distance becomes authority and abstract principle becomes a disciplinary yardstick, solidarity ceases to be a bridge and turns into a device of tutelage. In the face of this, the task is not to demand silence from the intellectual nor to shield suffering from all critique, but to restore a basic ethical hierarchy: in concrete conflicts, the first word —and also the last— cannot belong to those who look from the outside, but to those who carry the weight of history on their own bodies

En días recientes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aludía a nuestro país en un mensaje en la red social X: “En Venezuela se necesita un periodo de transición donde se gobierne y se llegue a un acuerdo y diálogo político (…). Ahora ayudaremos a Delcy a estabilizar Venezuela y a crear ese clima de confianza entre los venezolanos”. El responsable de la Casa de Nariño resumía una curiosa teoría de cambio promovida por un sector político y social: reforzar el autoritarismo para que, luego, se autodisuelva.

La premisa existe en la caverna de Platón, donde se considera como verdad la sombra de los objetos. Durante décadas, la literatura académica sobre las transiciones políticas sugirió que los cambios de régimen podían surgir de acuerdos entre élites: sectores del poder que, ante una crisis, aceptaban negociar una apertura con sus adversarios.

Sin embargo, esa idea —que en su momento ayudó a explicar procesos específicos— se ha convertido también en una sombra proyectada en la pared cuando se aplica mecánicamente a contextos donde esas condiciones no existen.

Mientras analistas y catedráticos teorizan, la experiencia cotidiana de los venezolanos apunta en otra dirección. No se trata de una discusión abstracta sobre modelos de transición, sino de lo que la gente ha visto, vivido y aprendido: quienes concentran hoy el poder no lo abandonarán voluntariamente. Luego de años de diálogos y conversaciones fallidas, con toda clase de estímulos para “aumentar los costos de permanencia”, fue un hecho de fuerza el que logró un verdadero compromiso de las autoridades, al menos para liberar a un grupo de presos políticos. Los propios países aliados —los panas de Miraflores— fueron incapaces, por la vía diplomática, de liberar a sus connacionales presos en el país, hasta que llegaron los bombazos.

El sentido común de la gente, que para la sociología es una fuente de conocimiento, tiene una intuición persistente: la naturaleza revolucionaria de la ideología de las actuales autoridades las hace ajenas a la alternabilidad en el poder. No es un problema de la calidad de esa ideología, sino del uso interesado que hacen de ella para (auto)convencerse de que son los elegidos para construir en Venezuela el supuesto paraíso socialista en la tierra. En este sentido, el fraude electoral del 28 de julio no fue un accidente, sino una consecuencia natural de la vocación totalitaria por mantener el Estado bajo su control. “Salvo el poder todo es ilusión”, afirmó Lenin.

La urgencia económica

Según la encuesta de Gold Glove Consulting, de febrero de 2026, el costo de la vida era la principal preocupación para más del 60% de los venezolanos. Por eso, las movilizaciones por el salario —luego de las protestas por los presos políticos— han protagonizado manifestaciones en todo el país. Sobre esta legítima prioridad —mejorar la calidad de vida tras años de depauperización— se instala una interesada matriz de opinión: la prioridad es mejorar la economía; lo demás, vendría después.

Pero la economía no ocurre en el vacío. No se puede pretender mejorar los índices macroeconómicos sin elevar las condiciones laborales de los trabajadores ni fortalecer instituciones que, sin sesgos partidistas, regulen el flujo de capitales, el empleo y el consumo. La ausencia de reglas de juego solo atraerá a especuladores y aventureros, no a inversión estable.

Investigaciones de los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson (Premio Nobel 2024) han demostrado que las instituciones inclusivas —estado de derecho, participación política, derechos— son las que generan crecimiento sostenible. En contraste, las instituciones extractivas —autoritarismo, concentración de poder— bloquean el desarrollo a largo plazo. En el paper “La democracia sí genera crecimiento”, para la Universidad de Chicago, Acemoglu, Naidu, Restrepo y Robinson demostraron que la democratización aumenta el PIB per cápita en un 20% en el largo plazo. Lo hace porque impulsa la inversión, mejora educación y salud, promueve reformas económicas y reduce conflictos sociales.

La democracia, en suma, construye la confianza que el autoritarismo destruye.

Esperar lo que no será

Para el chavismo realmente existente y gobernante, Nicolás Maduro se había convertido en un lastre. Tras un año del fraude electoral, no habían logrado que sus aliados regionales lo reconocieran como presidente. Además, la línea de crédito con sus aliados internacionales se había agotado. Cinco meses antes de la presencia de los barcos de guerra norteamericanos en el Caribe, los Rodríguez ya negociaban que Delcy asumiera la presidencia. En su estrategia de permanencia, el chavismo ha ejecutado un giro táctico mayor: aliarse con su enemigo histórico, Estados Unidos.

La entrega de Nicolás Maduro —a través de una incursión del ejército estadounidense en territorio venezolano— obliga al oficialismo a encontrar un nuevo punto de equilibrio. Donald Trump puede presionar, pero los Rodríguez despliegan una agencia orientada a mantenerse en el poder, no a entregarlo. En esa tensión, hay oportunidades.

La apuesta del chavismo es cumplir el acuerdo de trabajo con la Casa Blanca, esperando que los resultados de las elecciones de medio término, en noviembre, reduzcan la capacidad de acción de Trump, especialmente en política internacional.

Lo que está en juego no es una discusión académica sobre modelos de transición, sino la capacidad de reconocer la realidad sin intermediarios, a partir de la experiencia vivida. En Venezuela no estamos frente a un gobierno que negocia su salida, sino ante un poder con una alta capacidad de adaptación para sobrevivir.

Por eso, insistir en que el autoritarismo puede ser la antesala de la democracia no es solo un error analítico: es una forma de prolongar la crisis. La mejora de la economía debe avanzar junto con las reformas políticas y sociales que allanen el camino a la democracia.

En esta discusión hay motivos nobles: gente que cree genuinamente que el oficialismo negociará su salida bajo una lógica de costos y beneficios. Y hay otros más oscuros: quienes se benefician del statu quo y quienes apostarán a retrasar lo posible el inicio de la transición, esperando el desgaste del liderazgo actual.

Al final, el problema no es de buena o mala fe, sino de lectura de la realidad. Hay quienes siguen esperando que el poder se comporte como debería, no como ha demostrado que es.

Pero en Venezuela esa discusión ya no es teórica. Está saldada en la experiencia.

¿Es contradictorio sostener dos ideas antagónicas al mismo tiempo? Usualmente sí. Sin embargo, debido a la singular situación planteada en Venezuela luego del 3E, tal vez solo podamos comprender lo que sucede entre nosotros precisamente a partir de las antinomias.

En filosofía, una antinomia es una situación en la que dos afirmaciones opuestas parecen ser verdaderas al mismo tiempo, porque cada una se sostiene sobre argumentos razonables. El concepto fue desarrollado por Immanuel Kant para mostrar que la razón humana puede llegar a conclusiones incompatibles cuando intenta explicar realidades complejas.

Algo similar ocurre hoy en Venezuela. El diagnóstico sobre el momento político depende del sentido que se le atribuya a los acontecimientos iniciados el 3 de enero.

Para algunos analistas, el hecho de fuerza del 3E y la tutela ejercida por Estados Unidos sobre el gobierno encabezado por los hermanos Rodríguez habrían abierto un proceso de transición política que, aunque pueda ser largo y accidentado, sería difícilmente reversible. Desde esta perspectiva, el país se encuentra en una etapa inicial de recomposición institucional, cuyos resultados dependerán de la presión interna, la negociación internacional y la evolución de la correlación de fuerzas.

Otros, desde una mirada más escéptica, sostienen que en realidad poco ha cambiado. Más allá de la ausencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el sistema político seguiría funcionando bajo las mismas lógicas de poder. El chavismo conservaría el control del aparato estatal y utilizaría el nuevo contexto internacional para reposicionarse, ganar tiempo y recuperar estabilidad económica sin alterar los fundamentos de su vocación hegemónica. Desde esta lectura, lo ocurrido el 3E sería menos el inicio de una transición que una reconfiguración del mismo sistema político.

Estas dos interpretaciones opuestas constituyen, en términos kantianos, una verdadera antinomia política: dos diagnósticos incompatibles que, sin embargo, encuentran respaldo en los hechos.

Existe, no obstante, una tercera posibilidad —en la que personalmente nos inscribimos—: que lo que esté ocurriendo sea la coexistencia de ambas dinámicas. En esta lectura, existiría un acuerdo provisional, aún en construcción, de trabajo y colaboración entre Estados Unidos y el liderazgo político que hoy controla el aparato estatal venezolano. Esta relación estaría marcada por una tensión permanente entre dos pulsiones contrapuestas: por un lado, la lógica de autopreservación del chavismo; por el otro, la estrategia estadounidense que, según lo anunciado por Marco Rubio, contempla varias fases orientadas, eventualmente, hacia una transición política.

Si esta fricción caracteriza el momento actual, entonces es plausible afirmar que hoy somos testigos simultáneamente de una pulsión de continuidad y una pulsión de cambio. La política venezolana estaría atrapada en una dialéctica incierta, en la que ambos movimientos coexisten y compiten por definir el sentido de la Venezuela post 3E.

Un ejemplo de esta antinomia puede observarse en el proceso anunciado para la designación de nuevas autoridades, tanto en el Ministerio Público como en la Defensoría del Pueblo. Para algunos sectores de la sociedad venezolana, esta convocatoria abre una oportunidad para iniciar un proceso gradual de reinstitucionalización. Bajo esa premisa, distintas organizaciones y actores han postulado a personas con trayectoria profesional y autonomía de criterio, con la esperanza de que el proceso permita introducir cambios en la arquitectura institucional del país.

Pero esos mismos acontecimientos pueden ser interpretados de manera muy distinta. Otros sectores consideran que el chavismo no es ni una víctima ni un rehén del nuevo contexto político, sino un actor que intenta adaptarse estratégicamente para preservar el poder. Desde esta perspectiva, los movimientos institucionales que hoy generan expectativas formarían parte de un esfuerzo por estabilizar el sistema, recomponer equilibrios internos —incluida la reducción de la influencia de figuras como Diosdado Cabello— y consolidar una relación funcional con Estados Unidos centrada en la recuperación económica.

Ambas lecturas tienen argumentos plausibles porque el significado del “nuevo momento político” todavía se encuentra en disputa. En cierto sentido, la sociedad venezolana está intentando interpretar un proceso cuyo desenlace estaría por definirse, y del cual hay tantas posibilidades de ser más de lo mismo como en decantar en algo nuevo.

Incluso, quienes sostienen diagnósticos diferentes coinciden en algo: la ventana de oportunidad para producir cambios podría ser limitada. Las elecciones de medio término en Estados Unidos, previstas para noviembre de este año, podrían alterar las prioridades de política exterior de la Casa Blanca. A medida que nos alejemos del 3 de enero, además, el efecto disuasorio producido por el bombardeo y la detención de Maduro podría diluirse progresivamente.Por ello la colisión entre ambas posibilidades duraría hasta finales de año, tras lo cual el escenario pudiera finalmente decantarse más claramente por alguna.

Tener fe y ser escéptico al mismo tiempo

Si el momento político venezolano está marcado por esta antinomia —continuidad y cambio coexistiendo al mismo tiempo—, tal vez la respuesta más realista sea asumir esa tensión en lugar de intentar resolverla prematuramente.

Desde esa perspectiva, podría resultar razonable que el campo democrático opere en dos direcciones simultáneas. Por un lado, participando en los espacios institucionales que puedan abrirse —como la postulación de candidatos a Fiscal o Defensor del Pueblo— y exigiendo procesos transparentes que empujen los límites de la voluntad de apertura. Por otro lado, denunciando de manera constante las restricciones estructurales que podrían impedir que esos procesos produzcan cambios reales.

El objetivo de esta doble narrativa no sería contradictorio. En ambos casos se trataría de presionar para abrir el camino hacia una transición democrática.

Algunos podrían objetar que esta coexistencia de estrategias terminaría por anularse mutuamente. Sin embargo, en el campo de la negociación política existe un principio conocido como “presión diferenciada”. La coexistencia de actores más confrontacionales y actores más moderados altera el cálculo del adversario y amplía el rango de decisiones posibles. Lo que en circunstancias normales parecería una concesión significativa puede percibirse como moderado cuando existe simultáneamente un discurso más duro que define el marco de referencia. Coloquialmente, esto se conoce como la estrategia del “policía bueno” y el “policía malo”.

En contextos autoritarios, esta diversificación de enfoques puede resultar particularmente útil. Diferentes voces, tonos y estrategias permiten abordar al poder desde ángulos múltiples, ampliando el campo de presión política.

De hecho, si se observa el debate público venezolano, puede advertirse que estos roles ya están siendo asumidos por diferentes actores. Lo que sería incoherente es que una misma voz sostuviera simultáneamente diagnósticos opuestos. Pero la coexistencia de ambas narrativas dentro del ecosistema democrático refleja, en buena medida, la naturaleza contradictoria del momento político que atraviesa el país.

Las condiciones de eficacia

El problema es que este doble movimiento requiere ciertas condiciones para funcionar.

La primera es algún grado de coordinación, algo que hoy resulta difícil debido al debilitamiento de los vínculos de confianza dentro del campo democrático.

La segunda es el reconocimiento mutuo entre actores que, aunque puedan tener diagnósticos y teorías de cambio distintas, comparten el objetivo de una transición democrática. Este reconocimiento se vuelve complejo en un contexto donde la cooptación estatal de algunas vocerías presentadas como opositoras ha erosionado la credibilidad del debate público.

La tercera condición es la existencia de banderas rojas comunes: principios y valores que, independientemente de las estrategias adoptadas, no deberían ser negociables.

Las antinomias del 2026 no son una anomalía del momento venezolano. Son, en buena medida, su condición estructural. La tarea del campo democrático no consiste necesariamente en resolverlas de inmediato, sino en aprender a actuar dentro de ellas. Porque en contextos autoritarios las transiciones rara vez nacen de una certeza. Con frecuencia emergen, más bien, de la tensión prolongada entre continuidad y cambio.

La aprobación de la reciente Ley de Amnistía no puede analizarse únicamente por su texto final. Más importante que el articulado es el proceso político que la produjo. En contextos autoritarios, las normas no surgen en el vacío: son resultado de correlaciones de fuerza, presiones sociales y cálculos de poder. Lo ocurrido en estas semanas deja al menos tres enseñanzas relevantes sobre cómo se construyó esta ley y qué revela sobre el momento político venezolano.

1) Primero fue la presión. Después vino la ley: Fue la movilización y presión de los familiares, en un contexto tan adverso como el del año 2025, el que logró que la liberación de los presos políticos se convirtiera en un tema de amplio consenso nacional. La alerta sobre sus condiciones de reclusión elevó el costo político de las detenciones arbitrarias, colocando su liberación en la lista de temas importantes en cualquier conversación o negociación con el Palacio de Miraflores. Fue la denuncia, no el silencio, la que lo convirtió en un asunto de alta prioridad para cualquier proceso de estabilización para el país. La excarcelación y liberación de presos políticos es una victoria de los familiares y de todos los que los acompañaron, siendo la ley una respuesta a la demanda ciudadana, no al reves

2) A mal proceso, peor resultado: La primera discusión de la ley se hace un jueves, siendo divulgada la propuesta el día después, con el anuncio que sería aprobada definitivamente el martes siguiente. De manera apresurada, una Comisión designada por la Asamblea Nacional para tal efecto convoca a diferentes sectores para que den su opinión durante el sábado y el domingo, quienes atropelladamente hacen sus aportes y recomendaciones. Llega el martes y no se discute. En eso otra Comisión paralela, primero llamada de Paz y Convivencia y luego “Programa de Convivencia y Paz”, convoca a los familiares a un censo de presos políticos en el Celarg de Caracas. En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional visita un centro de reclusión y anuncia que en una semana la ley estaría aprobada y los presos liberados. Ambas cosas no suceden, pero exacerban las expectativas de los familiares, quienes inician una huelga de hambre. El jueves 12 se aprueban los primeros 6 artículos, quedando postergada una semana la discusión de los restantes por el asueto de Carnaval. Con modificaciones mínimas, se impone la “unanimidad”, sin mayor deliberación, en el resto del articulado. Todo el proceso, en un tema tan sensible y complejo, dura 15 días.

Lo inusitado de los tiempos no responde a un accidente administrativo sino a una estrategia deliberada: Que la propuesta no pudiera ser contestada a partir de una deliberación de calidad y la articulación y participación de los actores con mensajes consensuados, que ameritan tiempo. El resultado está a la vista: Una ley con fallas de origen que empeoró en su segunda discusión, con la incorporación de un articulo final de contrabando, que extorsiona a los beneficiarios con una curiosa interpretación del principio de “no repetición” en materia de derechos humanos.   

3) Los límites de la Asamblea Nacional: La Ley de Amnistía se suma a otro precedente, la reforma express de la Ley de Hidrocarburos, que abordaba un debate histórico e inacabado en la intelectualidad venezolana: La participación del Estado en la industria petrolera. Luego de ese primer strike, se pensaba que un tema tan sensible como la liberación de presos políticos iba a obligar a los diputados no oficialista a realizar oposición a la propuesta oficialista. Salvo el escarceo por el artículo 7 (“ponerse a derecho”), que luego tuvo una modificación menor (puedes ponerte a derecho mediante un abogado que te represente), no hubo un real antagonismo en la discusión final de la propuesta, imponiéndose por una forzada “unanimidad”. Las reformas express, la nula deliberación y la simulación de consulta y participación, tras lo visto, serán las constantes en futuras reformas legislativas, en un parlamento con capacidades limitadas y acotadas para ser un espacio de contención al autoritarismo y de transición a la democratización del país.

Estas tres lecciones no son solo una evaluación del pasado inmediato, sino una advertencia hacia el futuro. En un Parlamento con márgenes estrechos de deliberación y con prácticas cada vez más aceleradas y controladas, la calidad del proceso legislativo se convierte en un termómetro del estado de la transición. La experiencia de la Ley de Amnistía demuestra que, incluso en escenarios adversos, la presión social puede producir resultados; pero también que sin deliberación real y garantías institucionales, las normas nacen frágiles y con riesgos incorporados. El hecho de fuerza y la ciudadanía logró abrir puertas. Ahora el desafío es evitar que la forma en que se legisla termine cerrando otras.

En Venezuela se repite con insistencia que la transición democrática exige la “unidad” de las fuerzas democráticas. Sin embargo, pocas veces se reconoce una realidad incómoda: el campo democrático está profundamente fragmentado y esa fragmentación no es un accidente ni una falla moral de sus actores, sino una consecuencia directa del autoritarismo. Comprender cómo se produjo esta ruptura del tejido social —y cómo actuar políticamente desde el desacuerdo— es hoy uno de los principales desafíos para cualquier horizonte de redemocratización.

Como parte de su estrategia de dominación, los regímenes autoritarios, como el venezolano, inducen deliberadamente la desconfianza entre distintos sectores de la sociedad. La polarización interna, por tanto, no es solo un problema moral o político: constituye un efecto estructural de la ausencia de democracia.

Luego del fraude electoral del 28J, las autoridades iniciaron una campaña de “terrorismo de Estado”, como fue calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llevó a un nuevo nivel la fragmentación de los sectores de la sociedad civil. Antes de esa fecha, el agotamiento por la duración del conflicto, la competencia por recursos escasos y la radicalización de identidades políticas habían transformado lo que antes eran espacios gremiales densamente articulados en tendencias dispersas, agrupadas como archipiélagos. La represión, que obligó al repliegue de los activistas, terminó de dinamitar la confianza y promover el aislamiento organizativo.

El repliegue tuvo así un efecto paradójico: si bien funcionó como mecanismo de protección frente a la represión estatal, también intensificó la segmentación del campo democrático. Los actores sociales comenzaron a interactuar principalmente con quienes compartían diagnósticos, estrategias o sensibilidades similares, generando circuitos cerrados de interpretación. En estos entornos de alta homogeneidad, las percepciones sobre los acontecimientos políticos se reforzaron sin mediación, las narrativas se radicalizaron y las posiciones divergentes fueron percibidas crecientemente como amenazas antes que como interlocuciones legítimas.

En estas condiciones, las diferencias dejaron de ser únicamente estratégicas y comenzaron a adquirir un carácter moral. La distancia entre actores sociales se amplió no solo por lo que pensaban, sino por las intenciones que atribuían al otro. El repliegue, por tanto, no solo redujo la capacidad de acción colectiva, sino que reconfiguró el modo en que la sociedad civil procesa el desacuerdo, transformando la pluralidad en fragmentación y la diversidad de enfoques en polarización interna.

Las conversaciones relegadas no son simplemente debates postergados, sino el resultado de una estructura de interacción social alterada por la represión. El aislamiento organizativo y la fragmentación del debate público crearon las condiciones para que diferencias latentes —sobre liderazgo, legitimidad, teorías de cambio o relación con el poder— se profundizaran y se convirtieran en líneas de división persistentes dentro del campo democrático. Aunque la transición amerita el mayor grado de concertación posible, negar esta realidad o intentar recomponer la “unidad” por decreto solo alejará la posibilidad de redemocratizar el país.

Las líneas de fuga

En este contexto, pueden identificarse varios temas que actualmente dividen a la sociedad civil venezolana. A nuestro juicio, los principales son:

1) Liderazgo opositor: representación versus pluralismo. El rol de María Corina Machado, y en contraposición el de otros actores políticos como Henrique Capriles, constituye una de las principales líneas divisorias actuales dentro de la sociedad civil. Este debate está atravesado por tensiones adicionales: liderazgo personal versus liderazgo colegiado y colectivo; estrategia confrontacional versus estrategia de negociación; legitimidad electoral; representación simbólica versus eficacia política.

Paradójicamente, estas fracturas no parecen reproducirse con igual intensidad en el resto de la sociedad: mientras figuras como María Corina Machado dividen a la sociedad civil organizada, encuestas recientes muestran niveles de apoyo ciudadano cercanos al 67%, lo que también evidencia una crisis de representación dentro del propio campo cívico.

2) 28 de julio de 2024: verdad electoral versus estabilidad política. Las posiciones se dividen en tres grandes tendencias: reivindicación plena del triunfo opositor; duda sobre los resultados y, por tanto, mayor flexibilidad en las demandas; y finalmente el pragmatismo, resumido en la idea de “pasar la página”.

3) Relación con el poder: pragmatismo versus principismo. Este debate refleja un dilema clásico en contextos autoritarios: coexistir con el poder para aliviar el sufrimiento o rechazarlo para evitar legitimar abusos. Dentro de la sociedad civil esto genera tensiones entre negociación y resistencia, gobernabilidad y legitimidad, así como entre eficacia humanitaria y coherencia ética.

4) El 3E: soberanía versus derechos humanos. La sociedad civil oscila entre el apoyo o la justificación de la detención de Nicolás Maduro y la condena a la intervención militar y la tutela de Estados Unidos sobre el gobierno venezolano.

5) “Los de adentro” versus “los de afuera”, o la legitimidad del sufrimiento. La división ocurre entre quienes reivindican la legitimidad de la resistencia desde el territorio nacional y quienes defienden el papel del exilio y la incidencia internacional, en una disputa atravesada por el reconocimiento del riesgo, el sacrificio y la autoridad moral.

6) La velocidad de los cambios: gradualismo versus ruptura. La sociedad civil oscila entre quienes defienden transformaciones progresivas y negociadas para evitar mayores costos sociales y quienes exigen cambios rápidos y urgentes frente a la prolongación del autoritarismo.

7) La fecha de las elecciones: urgencia electoral versus garantías. Se enfrenta el dilema entre convocar elecciones inmediatas como salida al conflicto o priorizar condiciones y garantías antes de cualquier proceso electoral.

Conjurar la unidad por decreto

En estas circunstancias, resulta ingenuo —e incluso contraproducente— exigir la “unidad” de las fuerzas democráticas como uniformidad de posiciones. El autoritarismo ha fragmentado deliberadamente el tejido social y ha erosionado los mecanismos que antes permitían producir consensos. Pretender homogeneidad donde hay desconfianza solo profundizará las divisiones y generará frustración en la acción colectiva.

El desafío actual, por tanto, no es la unanimidad, sino la capacidad de actuar desde la diferencia para crear condiciones que permitan la redemocratización del país. Esto supone asumir una vocería diversificada, donde distintos sectores expresen posiciones complementarias desde registros y estrategias distintas, aunque divergentes en sus métodos, orientadas a un objetivo común. Por ejemplo, frente a la Ley de Amnistía podrían coexistir posiciones de apoyo y crítica dentro de un marco compartido orientado a lograr la liberación plena de todos los presos políticos. En segundo lugar, implica promover la dispersión estratégica: una acción colectiva que, como un enjambre, intervenga simultáneamente desde múltiples espacios sin necesidad de una dirección única, hoy tan improbable como problemática.

Sin embargo, tanto la vocería diversificada como la dispersión estratégica entrañan riesgos si no se ejercen con criterios mínimos compartidos. La pluralidad de voces puede derivar en mensajes contradictorios que generen confusión social, debiliten la credibilidad del campo democrático o faciliten estrategias de cooptación y división promovidas por el poder. Del mismo modo, la dispersión estratégica puede transformarse en fragmentación permanente, competencia entre actores o acciones desarticuladas que diluyan la capacidad de incidencia colectiva. Sin mecanismos básicos de reconocimiento mutuo, comunicación y principios comunes, la diversidad deja de ser fortaleza y puede convertirse en una prolongación de la desconfianza que el propio autoritarismo ha producido.

La reconstrucción democrática comienza allí donde la sociedad aprende a cooperar sin pensar igual. La tarea inmediata no es imponer unidad, sino reconstruir las condiciones que algún día hagan posible un proyecto de país común en el que todos puedan reconocerse.

La tutela internacional posterior al 3 de enero abrió una ventana política inédita, pero también produjo una ilusión peligrosa: la de una democratización irreversible garantizada desde afuera. Esa expectativa, comprensible tras años de dura represión e impotencia, reduce la presión por recomponer el tejido interno. Si otros resolverán el conflicto, la urgencia de cooperar disminuye. Y sin participación interna, cualquier transición corre el riesgo de ser meramente formal, sin una sociedad que la haga sustentable en el tiempo.

Cuando los barcos de guerra norteamericanos comenzaron a apostarse en el Mar Caribe, muchos cuestionaron que una amenaza creíble del uso de la fuerza no fuera protagonizada por los propios venezolanos. Luego, con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el 3 de enero de 2026, la sociedad civil venezolana se encontraba, tras meses de persecución, terrorismo de Estado y exilio, en su peor momento de repliegue y fragmentación.

Paradójicamente, el acontecimiento que quebró la sensación de intocabilidad del poder también abrió un nuevo riesgo: el de una transición sin participación. Las aprobaciones exprés de la reforma de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de Amnistía son precedentes en esa dirección.

La externalización de la agencia

A partir de la tutela internacional sobre el gobierno de los hermanos Rodríguez se instaló una expectativa extendida: la resolución del conflicto político venezolano dependerá principalmente de la presión y la actuación de actores externos.

Esta lógica es comprensible. Durante años, la movilización interna fue castigada con represión, cárcel y exilio. Los venezolanos intentaron todo para revertir el autoritarismo, sin mayor eficacia. Cuando el quiebre vino desde afuera se produjo una sensación de alivio, pero también pudo generarse un efecto de desplazamiento.

Si la transición se administra desde Washington, ¿qué papel queda para los gremios, los movimientos sociales y las organizaciones territoriales? La respuesta es desafiante, tras años de políticas deliberadas para reducir la autonomía y la potencia del tejido asociativo. Si somos sinceros, también hay heridas abiertas, debates acumulados y desconfianza mutua. La “unidad” es una quimera cuando existen temas que polarizan: desde el liderazgo de María Corina Machado, el posicionamiento sobre lo ocurrido el 3E, hasta la eventual fecha de las elecciones.

No obstante, podemos y debemos aprender de nuestra propia experiencia. El movimiento por la liberación de presos políticos logró un amplio consenso sin que hubiera un solo discurso, un solo liderazgo o una sola táctica. Se generó una masa crítica como consecuencia del enjambre impulsado por los familiares en movilización permanente, apelando a lo emocional, acompañados por ONG de derechos humanos; medios de comunicación amplificando sus mensajes e historias; Iglesias hablando de compasión y ofreciendo espacios para actividades; sectores internacionales presionando; activistas e infociudadanos usando redes; gremios incorporando el tema en sus agendas sectoriales. No fue una unidad homogénea, sino una convergencia plural. Y funcionó porque el objetivo era claro y transversal.

Aprender de nuestros propios pasos

En el contexto actual, insistir en la vieja ilusión de la “unidad” total puede ser tan irreal como contraproducente. La confianza, primer activo para la acción colectiva, no se recompone ni rápidamente ni por decreto. Las discrepancias continuarán; es un hecho.

Sin embargo, los distintos sectores del universo democrático podrían coexistir si existe acuerdo en tres aspectos: objetivos mínimos compartidos, líneas rojas éticas y respeto por la diversidad táctica.

En ese marco, una acción basada en la “dispersión estratégica” permite que unos presionen institucionalmente, otros movilicen socialmente, otros incidan internacionalmente y algunos produzcan narrativa cultural y de sentido. No todos deben hacer lo mismo. Lo que deberían evitar es sabotearse entre sí.

Una advertencia: la dispersión estratégica solo funciona si existe un marco común. Sin mínimos compartidos, la dispersión degenera en atomización. El consenso por la liberación de presos funcionó porque había un principio indiscutible: la libertad de personas detenidas arbitrariamente.

En contextos autoritarios prolongados, la resiliencia no siempre proviene de la uniformidad. A veces surge de la capacidad de actuar desde distintos frentes sin perder el horizonte común. La pregunta que deberíamos hacernos ahora es: ¿puede construirse un consenso transversal similar en torno a reglas democráticas básicas?

Para no quedarnos en el diagnóstico, el punto de partida debe ser claro: recuperar el espacio cívico en su totalidad. Eso significa que ningún venezolano sea criminalizado por protestar, organizarse o expresarse. Pero también implica algo más concreto: que la ciudadanía pueda incidir en el rumbo del país, incluida la realización de elecciones libres donde el voto no sea una formalidad, sino una herramienta efectiva de cambio.

Si delegamos en otros la resolución del problema, no solo estará en juego quién gobernará después, sino quién sostendrá ese gobierno desde una sociedad organizada.