PERÚ: TALA ILEGAL Y TRÁFICO DE MADERA


El pasado día 8 el Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor) informó que reportó a autoridades competentes y fiscalías especializadas en materia ambiental (Fema) sobre irregularidades (en el período octubre 2017-agosto 2018) en extracción de 60  millones de pies tablares de madera (274 mil m3), volumen que transportarían 5 mil camiones de carga (cada uno con 12 mil pies tablares), esta carga ilegal extraída en zonas no autorizadas de diferentes provincias de Ucayali, Requena, Loreto y Maynas (región Loreto) equivale a S/108 millones. Pero además, durante 2017, de toda la madera que se extrajo y movilizó en el país, 67% (374 mil m3) tuvo origen ilegal, principalmente de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y San Martín.

El pasado día 18 el Comité de Madera de EE UU advirtió sobre la insuficiencia de acciones peruanas para fortalecer el sector forestal y detener la tala ilegal, esto debido a que en febrero 2018, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE UU (manejo del sector forestal capítulo 18, anexo 18.3.4), el Comité de Madera de EE UU solicitó a Osinfor la verificación de si tres embarques a su país habían cumplido leyes y normas sobre extracción y comercio, determinándose posteriormente que parte de los envíos incumplieron los requisitos legales.

Bajo este panorama, en nuestro país el comercio de madera relacionado con la tala ilegal, incluido su tráfico, socavan el comercio de productos legales, reducen el valor económico de recursos naturales y debilitan su conservación y manejo sostenible. Según el Banco Mundial, 80% de madera exportada del Perú proviene de tala ilegal. Estamos muy lejos de combatir eficazmente la tala y comercio ilegal de madera a pesar que tenemos nueva Ley Forestal 29763 con 4 reglamentos (setiembre-2015), además, estrategia nacional contra la tala y comercialización ilegal, y para combatir estos delitos existe una comisión multisectorial permanente y un alto comisionado, Serfor, Osinfor y Sinafor, sin embargo, anualmente perdemos 160,000 hectáreas de bosques.

Se requiere mayor inversión para actividades de control, vigilancia y fiscalización de nuestros bosques, rigurosa revisión de títulos habilitantes y concesiones madereras, detección de casos de aprovechamiento ilícito y manejo de la madera que asegure su procedencia legal antes de exportarla, considerando principios y criterios del Consejo de Manejo Forestal (FSC), asimismo, debe mejorarse la conexión informática entre entidades del sector forestal y sancionarse con rigurosidad y prisión efectiva los delitos forestales.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de setiembre de 2018


PENSIONES DE FF AA Y PNP: INFRACCIONES LEGALES DEL GOBIERNO


El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dependiente del Poder Ejecutivo, ha venido manejando el caso del pago de las pensiones de las FF AA y PNP con distorsiones e inequidades afectando el derecho fundamental de igualdad ante la ley e incumpliendo el derecho constitucional de equivalencia, tal es el caso de los pensionistas dependientes del DL 19846 a quienes se les vulnera la igualdad incluso desde antes de la Reforma Remunerativa Pensionaria que estableció la Remuneración Consolidada, el MEF incumplía desde hace años lo dispuesto en los mandatos de diferentes normas, tales como las Bonificaciones Pensionables otorgadas de acuerdo a los DU-090-96, DU-073-97 y DU-011-99, pagándose de manera disímil, no equivalente y decreciente a los pensionistas de la Fuerza Aérea, Marina, Ejército y Policía Nacional, y en el caso de la Bonificación de Calificación dispuesta en el DS-213-90-EF, se pagaba también a los pensionistas de manera no equivalente empleándose diferentes referencias de la Remuneración Mínima Vital.

Estas distorsiones e inequidades pensionables fueron aplicadas por el MEF con arbitraria e inconstitucional discriminación, a pesar que su función técnica debe estar enmarcada estrictamente en el cumplimiento constitucional y legal (primera función del Ejecutivo dispuesta en el artículo 118ª de la Constitución). Con el DL 1132 se corrigieron, bajo el principio de legitimidad, las inequidades equiparándose los ingresos de acuerdo al mandato de las normas incumplidas por el MEF, y asimismo, el derecho conculcado por una errada interpretación y aplicación del DL 1133 fue subsanado con la Ley 30683 (promulgada por el Congreso en noviembre 2017) haciéndose justicia al disponer la equivalencia a los pensionistas de las FF AA y de la PNP, reponiendo los principios de derecho, proporcionalidad y razonabilidad inherentes a la meritocracia e igualdad de trato ante la ley dispuesta en la Constitución (Artículo 174ª).

Bajo este panorama, el ex presidente Kuczynski (actualmente investigado por lavado de activos), a pesar de sus promesas, con descaro y cinismo, en un acto falaz y desleal, presentó una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional contra dicha ley, e inexplicablemente la mantuvo el actual presidente Vizcarra. Corresponde ahora al Tribunal Constitucional actuar con debida motivación jurídica ajustada al derecho y justicia legítima, debiendo refrendar la constitucionalidad de la Ley 30683 por enmarcarse estrictamente dentro de las disposiciones contenidas en el DL 19846 (Ley que ordena las pensiones del personal militar-policial, noviembre 2017), actualmente vigente y reconocida por el Ejecutivo.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de setiembre 2018


CRISIS OCEÁNICA GLOBAL


El 23 y 24 de agosto pasado se llevó a cabo en Nueva York, EE UU, una reunión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Estado del Medio Ambiente Marino, en la cual, según el Instituto Español de Oceanografía (IEO) se puso en manifiesto que más del 90% del calor de la concentración de gases de efecto invernadero se ha almacenado en los océanos, habiéndose designado una comisión de expertos que elaborará un informe sobre el estado oceánico global.

En 1880, durante la Revolución Industrial (iniciada en 1780), se registraron concentraciones de bióxido de carbono atmosférico (CO2) de 280 partes por millón (ppm), habiendo aumentado progresiva y peligrosamente hasta la actualidad a más de 400 ppm enorme cantidad liberada a la atmósfera y responsable del efecto invernadero originándose el recalentamiento planetario por uso industrial y doméstico (petróleo, carbón, gas natural y leña), deforestación (descomposición de materia orgánica) y quema de biomasa vegetal, esta situación especialmente se agrava sobre los océanos por la alta capacidad del agua para conservar calor.

El calentamiento global ocasiona en los océanos cambios en el patrón de vientos, en velocidades y dirección de corrientes superficiales, desplazamientos de centros de alta y baja presión, incremento del nivel del mar (dilatación térmica, deshielo de glaciares y casquetes polares y pérdida de hielo en Groenlandia y la Antártida), lo cual genera devastadores fenómenos climatológicos, huracanes, sequías, intensificándose fenómenos como El Niño y La Niña, además, aumenta la acidificación oceánica poniendo en riesgo a especies y ecosistemas marinos alterando cadenas alimenticias y perturbando la productividad oceánica.

Bajo este panorama, estamos ad portas de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático 2018 (COP-24) a realizarse en la ciudad de Katowice, Polonia (3 al 14 diciembre) con asistencia de 197 países, evento en que se debatirá la situación de esta crisis global oceánica y asimismo se asegurará el compromiso de los países, planteado en el Acuerdo de París (diciembre 2015), de reducir sus emisiones para evitar que la temperatura media global del planeta supere los 2°C respecto a niveles preindustriales. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE UU (NOAA) la temperatura mundial promedio en abril 2018 fue 14.55°C, mayor en 0.83°C que la media del siglo pasado, y cruzándose el umbral de 2°C se presentarían cambios abruptos en los océanos, el hielo marino, la cobertura de nieve y la biósfera terrestre.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de setiembre de 2018


CIBERATAQUES, CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA


El pasado 15 de agosto la Oficina Federal de Investigación de EE UU (FBI) advirtió a las entidades bancarias del mundo sobre un ciberataque masivo por medio de un malware que afectaría múltiples cajeros automáticos. Este ataque financiero fue ocasionado por el virus virtual ransomware el cual retiene archivos de sistemas operativos pidiendo rescate de dinero a cambio de liberar la red. La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) confirmó que nuestro país sufrió una serie de ataques cibernéticos por lo que diversas entidades financieras suspendieron sus servicios y activaron sus protocolos de seguridad. Según la empresa Bafing, dedicada a seguridad informática y electrónica, los ciberataques a empresas peruanas aumentaron en 600% los últimos 12 meses, habiendo reportado incidentes de virus una de cada cuatro medianas empresas por falta de estrategias de seguridad.

El mundo depende cada vez más de tecnologías de información y comunicaciones, de internet, y de redes privadas inaccesibles, lo que ocasiona en el ciberespacio latentes amenazas a la seguridad de un Estado o de cualquier organización con sofisticados ciberataques (Hackers, Botnets, Spyware, ransomware, defacing, etc) que podrían causar gran impacto en el funcionamiento del gobierno, empresas o seguridad ciudadana.

En este contexto, estas graves amenazas se enfrentan con adecuadas políticas, planes, estrategias e inteligencia informática en el ámbito cibernético, tanto en seguridad como en defensa, a través de la ciberseguridad definida como la capacidad del Estado para reducir niveles de riesgo de amenazas cibernéticas de organizaciones, empresas o población usuaria, y la ciberdefensa, definida como la capacidad del Estado para prevenir y contrarrestar amenazas o ataques cibernéticos que afecten la seguridad nacional o las infraestructuras críticas del Estado (servicios, tecnologías de información y redes).

Bajo este panorama, en nuestro país contamos con el Sistema Nacional de Informática y su ente rector, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (Ongei) de la PCM, también existe un proyecto de ley 772/2016-CR sobre ciberseguridad aprobado por la Comisión de Inteligencia que no ha sido debatido, y hasta una ley 30096 (octubre-2013) que incluye 9 graves delitos informáticos, sin ninguna pena privativa impuesta concretada, pero principalmente, no contamos con un marco normativo actualizado ni con una política ni plan de acción nacional en ciberseguridad y ciberdefensa, que nos permita desarrollar objetivos estratégicos, lineamientos y planes de acción destinados a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar los riesgos de las cada vez mayores amenazas cibernéticas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de setiembre de 2018


UNASUR: TRAS 10 AÑOS, EN SU PEOR MOMENTO


La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) fue constituida hace 10 años en Brasilia (23 mayo 2008) al ser suscrito el tratado por 12 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, con el principal objetivo de construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en los ámbitos cultural, social, económico y político, fortalecer las democracias y reducir las asimetrías entre Estados. Con retraso de casi 3 años desde su suscripción recién entró en vigencia el 11 marzo 2011.

El pasado 20 de abril, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú decidieron suspender su participación en la organización por tiempo indefinido, “hasta que se garantice su adecuado funcionamiento”, y recientemente (10 de agosto) Colombia decidió “irreversiblemente” retirarse de la Unasur, según su canciller Carlos Holmes, por “haberse convertido en cómplice de la dictadura venezolana”, además, consulta con Perú, Argentina, Chile y oros países, para, en caso de una decisión similar, actuar en conjunto.

La Unasur nació mal, fue impulsada por el fallecido dictador venezolano Hugo Chávez en una coyuntura que varios presidentes izquierdistas se oponían a la propuesta respaldada por Estados Unidos de crear un Área de Libre Comercio de las Américas, y siguió mal por concepciones muy divergentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador, integrantes de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), la crisis se acentúa el 31 diciembre 2016 por falta de Secretario General cuando culminó funciones el expresidente colombiano Ernesto Samper, quien iba a reemplazarlo, el embajador argentino José Octavio Bordón, respaldado por la mayoría de países, no pudo asumir por negativa de los presidentes de Venezuela y Bolivia.

Bajo este panorama, la Unasur, que fue creada principalmente para buscar la integración latinoamericana, no ha logrado este objetivo Los gobiernos democráticos sudamericanos no pueden seguir reconociendo la dictadura de Maduro como régimen democrático, y la Unasur, por su incapacidad, tiene mucha responsabilidad por la grave crisis generada en Venezuela por esta dictadura que continúa suprimiendo libertades e incrementando abusos con fuerza criminal, ocasionando un masivo éxodo de venezolanos. La pregunta sería: ¿debería el Perú seguir integrando un organismo que en 10 años no tiene ningún resultado de integración que exhibir? En marzo 2015 la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso recomendó al gobierno que suspenda su participación en dicha organización mientras el régimen de Maduro la continúe usando para fines exclusivamente políticos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 25 de agosto 2018


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