PLANTEAMIENTOS

DESASTRE GEOLÓGICO SUCEDIDO EN CHILE DEBE ENCENDER LAS ALARMAS EN NUESTRO PAÍS

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 17 Oct 2026 08:00:00 -0500

El pasado día 8, en Chile, intensas e inusuales lluvias fuera de temporada provocaron una crecida repentina que desbordó la “Quebrada Honda” desencadenando un aluvión que afectó a la comuna de “Las Condes” en Santiago, ocasionando personas lesionadas y cuantiosos daños por inundaciones en viviendas, establecimientos públicos, y decenas de unidades de transporte arrastrados y atrapados entre lodo y desechos.

Una catástrofe de esta naturaleza debe encender las alarmas en nuestro país porque podría suceder un desastre similar, principalmente en poblaciones asentadas en laderas, cauces y quebradas. Las intensas lluvias vinculadas al Fenómeno El Niño durante el verano con temperaturas más altas de lo habitual, podrían activar quebradas y generar peligros geológicos como huaicos o aluviones. Según la Comisión Multisectorial que estudia El Niño (Enfen), hasta enero 2027 alcanzaría magnitudes “extraordinarias”.

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) tiene identificadas 2,186 zonas críticas por peligros geológicos, y su aplicativo “Perú en Alerta” advierte que la región Lima concentra 362 zonas que presentan elevada exposición a la activación de quebradas y deslizamientos y caída de huaicos en épocas de lluvias, además, Lima Metropolitana contabiliza 147 y el Norte 205, las cuales, por constantes lluvias, acumulación de agua y erosión de suelos, representan peligro inminente de deslizamientos, inundaciones y huaicos.

Sin embargo, en este escenario, que pueda producirse un peligro geológico de forma intempestiva, como un huaico, aluvión o sismo de gran magnitud (la costa central tiene energía sísmica acumulada desde el terremoto magnitud 9 del año 1,746), existe un caso que debería ser urgentemente resuelto, se trata de 145,000 toneladas de relaves mineros altamente tóxicos que se encuentran en la ladera del cerro Tamboraque ubicado en Huarochirí y que un factor geológico o climático podría precipitarlos al cauce del río Rímac que abastece el 80% de agua potable a Lima. Estos relaves provienen de antigua explotación de la mina Coricancha por la empresa canadiense Great Panther Coricancha S.A., la cual se niega a retirarlos pese a que en 2008 el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin) dispuso su retiro total, además, en 2010, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó el plan de cierre disponiendo su traslado a la localidad de Chinchán en Canta, con plazo agosto 2015, y, en julio 2023, el Tribunal Constitucional declaró improcedente un recurso de la empresa canadiense que buscaba evitar su retiro, a pesar de ello, dichos relaves continúan peligrosamente en la falda del cerro Tamboraque. Es urgente que Ingemmet y Minem exijan su traslado definitivo.

Bajo este panorama, los factores geológicos y climáticos forman parte de la evolución y erosión de montañas y cordilleras, pudiendo repetirse en forma intempestiva por el actual Fenómeno El Niño que estamos soportando, por precipitaciones intensas y temperaturas más altas de lo habitual, o por un sismo de magnitud, se trata de una dinámica natural que nos debe obligar a planificar nuestras ciudades, implementando políticas públicas de largo plazo, considerando los riesgos que implica, no solo para responder las emergencias, sino principalmente para reducir los riesgos antes de que puedan ocurrir en el conjunto de quebradas del territorio para prevenir catástrofes en vías aluviales y cursos de agua, realizando trabajos de campo y evaluaciones de peligros geológicos en áreas de deslizamiento, prohibiendo construcciones en áreas expuestas a remociones en masa e implementándose medidas preventivas y educativas a la población.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de octubre de 2026

HOMENAJE A LA MARINA DE GUERRA EN SU 205° ANIVERSARIO

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 10 Oct 2026 08:00:00 -0500

El pasado día 8 se conmemoró el 205° Aniversario de creación de la Marina de Guerra, fecha importante en que nace una institución cuya historia a través del tiempo es pródiga, protagonista del comienzo de la patria y enriquecedora del espíritu nacional. El 6 de octubre de 1821 el general José de San Martín, con el título de Protector de la Libertad del Perú, firmó un Estatuto Provisional cuyos principios debían servir de pauta a la sociedad peruana mientras se organizaba el nuevo país independiente. El gobierno constituido bajo dicho protectorado encargó al capitán de navío Jorge Martín Guise, de origen británico, la misión de organizar la Marina nombrándolo como su primer Comandante General. Al juramentar dicho estatuto, el 8 de octubre de 1821, se estableció la fecha para la posteridad, de la fundación oficial de nuestra Marina de Guerra.

Asimismo, coincide en el calendario histórico de nuestra patria la conmemoración del 147° aniversario del Glorioso Combate Naval de Angamos, en el que nuestro máximo héroe nacional y Peruano del Milenio, Miguel Grau Seminario, quien, por su heroísmo, modelo de valores, ejemplo de liderazgo y amor a la patria, nos legó su manifiesto sentido del deber y de servicio a la patria y marcó el destino histórico de nuestra Marina, la cual mantiene una sólida columna de ejemplo que aporta en su estructura nobles vertientes de patriotismo, tradición, lealtad, deber y honor.

Sobre la base de dicha estructura, nuestra Marina cumple importantes misiones en nuestro país, entre ellas: Garantiza la independencia, soberanía e integridad territorial de la República en el ámbito marítimo. Ejerce control, vigilancia y defensa en los ámbitos fluvial y lacustre; Participa en elaboración de políticas sobre el empleo de la Marina Mercante Nacional como componente de la reserva naval; Conduce el tráfico acuático; Desarrolla investigación científico-tecnológica en el ámbito naval acuático y subacuático; Ejecuta actividades oceanográficas, meteorológicas, biológicas y de recursos marítimos, fluviales y lacustres, y mantiene presencia del Estado Peruano en el continente antártico.

Además, realiza acciones cívicas a nivel nacional, impulsando campañas sociales con plataformas itinerantes en cuencas de ríos amazónicos y Lago Titicaca, asistiendo a la población en emergencias y desastres; A través de la política Nacional Marítima 2019-2030, controla y fomenta actividades en el Mar de Grau para alcanzar un desarrollo integral de nuestro dominio marítimo, sostenibilidad del medio ambiente, preservación de ecosistemas y desarrollo de actividades socioeconómicas; Promueve e impulsa la industria naval a través de los Servicios Industriales de la Marina, y, el buque a vela BAP Unión representa nuestra embajada itinerante alrededor del mundo.

En su intervención en actividades ilegales, la Marina, en conjunto con la Fiscalía Especializada ha llevado a cabo en 2025 más de 50 operativos contra la minería ilegal en la Amazonía peruana en 12 ríos, en Madre de Dios, Marañón, Tambopata, Urubamba, Inambari, Pariamanu, Aguaytía, Nanay, Pachitea, Napo, Yaguas y Malinowski, destruyendo equipos y materiales valorizados en más de S/. 30 millones.

Bajo este panorama, el 8 de octubre, se rinde homenaje a nuestra Marina de Guerra del Perú, institución, que inspirada en el ejemplo de vida del Gran Almirante Miguel Grau, en sus valores, sacrificio y amor a la Patria, reafirma su compromiso, en su misión y funciones, de promover la identidad nacional, una conciencia histórica de integración y unidad y un estímulo de fe en el destino de nuestra patria.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de octubre de 2026

EN EMERGENCIA LA INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 3 Oct 2026 08:00:00 -0500

El actual ministro de Educación, José Chang, (MINEDU) ha señalado que unas 26,905 instituciones educativas se encuentran en riesgo de colapso, lo cual, además, fue claramente advertido en CADE Educación 2026. Para el Instituto Peruano de Economía (IPE) la brecha de infraestructura educativa es de S/ 172,000 millones, la que, al ritmo actual de inversión, el Estado tardaría unos 20 años en cubrirla en 20 regiones del país, afectando a más de 3 millones de escolares, y en otras regiones, como Huancavelica y San Martín, tardaría hasta más de 40 años. Solo en Lima Metropolitana, de 190 colegios públicos existentes, la Contraloría identificó, en marzo pasado, 144 de ellos con graves deficiencias en paredes, techos y pisos.

Además, nuestra infraestructura educativa no está preparada para un evento climático severo como podría presentarse con el fenómeno El Niño, tampoco si sucediera un terremoto de gran magnitud. Durante el período junio-agosto 2026, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) identificó, a nivel nacional, 5,084 locales educativos expuestos a riesgo muy alto y 10,982 a riesgo alto por inundaciones.

A pesar que la Ley 28044, Ley General de Educación, establece que todas las instituciones educativas deben estar dotadas de infraestructura adecuada y segura, mobiliario, materiales y recursos educativos, equipamiento con tecnología vigente y servicios básicos indispensables para el proceso de enseñanza y aprendizaje, y, además, que contamos con un Plan Nacional de Infraestructura Educativa vigente (PNIE 2017-2028) que propone la planificación de la infraestructura educativa a largo plazo, considerando el mejoramiento, rehabilitación, ampliación, construcción, sustitución, reforzamiento y gestión de la infraestructura existente, lamentablemente, durante muchos años, muy poco se ha cumplido, habiéndose llegado al extremo del grave deterioro y precariedad de la actual infraestructura educativa pública a nivel nacional, lo cual representa enorme obstáculo para el aprendizaje de estudiantes, y para las condiciones laborales de docentes, lo cual perjudica su capacidad de innovar y mejorar los procesos educativos en el aula.

El pasado 27 de agosto el gobierno ha declarado en emergencia la infraestructura de los colegios públicos a nivel nacional (DS-013-2026), debiendo el MINEDU, elaborar, en un plazo de 30 días hábiles (que se cumple este lunes 9), las normas para impulsar una reforma de la gestión de la infraestructura escolar, para reducir brechas existentes y fortalecer la planificación, gestión, mantenimiento y sostenibilidad de los colegios públicos, sin embargo, esta normativa será de muy difícil cumplimiento porque no considera ninguna partida adicional, disponiendo solo del presupuesto de MINEDU.

Bajo este panorama, entre los principales factores que intervienen en esta debacle de infraestructura educativa, especialmente en gran porcentaje de colegios de zonas rurales, son: el deterioro critico de colegios que representa alto riesgo para estudiantes y docentes; la insuficiente e inequitativa infraestructura; exigua inversión en construcción y mantenimiento; y, falta de servicios en agua potable, electricidad y conectividad.

Dichos factores evidencian la necesidad de implementar políticas de distribución equitativa, mejorando la planificación y ejecución de inversiones para asegurar el derecho a una educación de calidad. Los gobiernos regionales y locales son los principales responsables de la infraestructura educativa porque concentran el 77% del presupuesto de inversión y no lo ejecutan adecuadamente en avance de obras, por falta de gestión, negligencia, incapacidad, ineficiencia o por casos de corrupción, debiendo ser estrictamente controlados y fiscalizados por el Ministerio de Educación.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de octubre de 2026

DESMESURADA EVASIÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIA EN EL PERÚ

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 26 Sep 2026 08:00:00 -0500

El pasado día 3, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, durante la sustentación ante el Pleno del Congreso del proyecto de ley de presupuesto del sector público año 2027, manifestó que la evasión tributaria es uno de los grandes retos del gobierno que actualmente representa el 9% del PBI anual (aunque en otra entrevista indicó que bordea el 10% del PBI). Este porcentaje es muy alto en relación al 6.7% de promedio de los países de América Latina y el Caribe, y, según cálculos del MEF. si se lograse reducir solamente 2% de evasión tributaria al Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR), se podría recaudar en dos años hasta S/ 20,000 millones adicionales para destinarlos a infraestructura y bienes sociales.

Sin embargo, en el Perú, son históricamente elevadas, tanto la evasión tributaria (conducta ilícita que deliberadamente falsifica, manipula u oculta información para no pagar impuestos o pagar menos), así como la elusión tributaria (opera en el límite del marco legal, buscando vacíos legales, ambigüedades, mecanismos o estructuras para reducir pagos de impuestos).

A pesar del dinamismo con que nuestro crecimiento interanual está mejorando (3.5%, según el MEF, llegaría a 4% en 2027), sin embargo, recaudamos menos, no hemos podido resolver el elevado nivel de incumplimiento tributario, principalmente del IGV e IR, que en los últimos 5 años, con el promedio del 9% del PBI anual, solo en 2023, se dejó de recaudar S/ 99,000 millones, cantidad mayor a la suma de los presupuestos 2027 para Educación (S/ 49,000 millones), Salud (S/ 32,000 millones) y Orden Público y Seguridad (S/ 15,000 millones). Además, según el Banco Central de Reserva (BCRP), en los últimos 30 años nuestros ingresos tributarios fueron entre 13% y 17% del PBI, muy retrasados si nos comparamos con la recaudación de más de 23% que registran Chile. Argentina y Brasil y 34% de los países OCDE.

La evasión tributaria proviene mayormente de empresas que compran facturas falsas que hasta son ofertadas en redes sociales, pero existen métodos más complejos, la SUNAT, en su Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal, ha incluido 11 nuevas modalidades, entre ellas, prestamos encubiertos, venta, transferencia o cesión de derechos sobre acciones de una empresa (enajenación de acciones), operaciones de crédito encubiertas con bancos del exterior, contratos asociativos sin crear empresa o sociedad formal, y otras modalidades en sectores constituidos como minería, transporte, construcción, comercio, salud y servicios personales, donde se ejecutan muchas transacciones que podrían encajar en delitos de defraudación tributaria.

El pasado día 17 la presidente Fujimori presentó a 7 comisionados de alto nivel para realizar reformas estructurales en formalización laboral, inclusión financiera, inversión pública y cumplimiento tributario, en esta última área, ha sido nombrado el comisionado Manuel Estela (exdirector del BCR y exsuperintendente de SUNAT).

Bajo este panorama, la política fiscal del gobierno debe ser eficiente y eficaz para, mediante la reducción de nuestra desmesurada evasión y elusión tributaria, lograr el incremento de su recaudación y asegurar el financiamiento de políticas sociales. Pero estas medidas deben ser acompañadas de una lucha frontal contra la corrupción, eficiente gestión de la administración pública y priorización de la meritocracia en la función pública, lo cual brindará una percepción de confianza a los contribuyentes que sus impuestos serán bien utilizados y contribuirán al desarrollo de nuestro país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de setiembre de 2026

HUNDIMIENTO DE GOLETA CHILENA COVADONGA, EPISODIO CRUCIAL DE NUESTRA HISTORIA

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 19 Sep 2026 09:00:00 -0500

El pasado día 13 la Marina de Guerra del Perú conmemoró el 146° aniversario del hundimiento de la goleta chilena Virgen de la Covadonga, ocurrido el 13 de setiembre de 1880 frente a las costas de Chancay, durante la Guerra del Pacífico. En la ceremonia se rindió homenaje a quienes protagonizaron este importante episodio, así como se resaltó esta acción para preservar y transmitir la memoria naval.

Durante la guerra, en momentos que la situación de nuestra escuadra naval era crítica, Chile, desde el 1 de setiembre de 1880, impuso un riguroso bloqueo naval a los puertos del Callao, Ancón y Chancay, designando a la goleta Covadonga para el bloqueo del puerto de Chancay y evitar el ingreso de armas a la resistencia peruana.

Por acción del patriotismo de un grupo de peruanos que actuaban como “Fuerzas Sutiles”, dirigidos en el puerto por el teniente primero Decio Oyague Neyra, a cargo de la brigada torpedista, y apoyados por el inventor y armero Manuel José Cuadros, camuflaron en el falso suelo de la quilla de un pequeño bote de recreo elegante y atractivo, un artefacto explosivo en forma de torpedo conteniendo 350 Kilogramos de dinamita, además, para tentar al enemigo, lo cargaron con víveres, aves de corral y frutas, dejándolo flotar a la deriva en la bahía.

El día 13, día del hundimiento, el comandante de la Covadonga, capitán de corbeta Pablo de Ferrari, ordenó inspeccionar dicho bote, y al no encontrarse nada sospechoso, dispuso acercar el bote al buque e izarlo a bordo, dicha maniobra liberó un mecanismo de resorte que accionó el fulminante produciendo una gran explosión que le ocasionó un inmenso forado a la goleta, hundiéndose en unos 3 minutos, murieron el comandante y 31 tripulantes, fueron tomados prisioneros 48 tripulantes y 29 de ellos pudieron salvarse abordando un bote que fue rescatado por la cañonera chilena Pilcomayo.

Hubo muchos pedidos para reflotar la Covadonga. En 1987, la cámara de diputados propuso hacerlo, por lo que el Servicio de Salvamento y la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, efectuaron investigaciones subacuáticas a unas 11 brazas (20 metros) de profundidad y llegaron a la conclusión que la madera del casco se encontraba en estado de putrefacción y carecía de puntos de soporte, concluyendo que no era posible el reflotamiento o recuperación del casco.

Según el antropólogo peruano Miguel Julio Pereda, el hundimiento de la goleta Covadonga fue una victoria material y moral para el Perú, y significó consternación y estupor para Chile. Los propios historiadores chilenos describieron así el momento: Vicuña Mackenna manifestó "No era aquella goleta el barco más importante de la armada, pero era el más querido por el país y su marina", porque durante el conflicto de Chile con España, en noviembre de 1865, fue capturada la Covadonga por la armada chilena, siendo considerada como un trofeo de guerra; asimismo, el chileno Gonzalo Bulnes indicó que "En esos días ocurrió un suceso que conmovió al país, la Covadonga fue echada a pique en Chancay por un torpedo".

Bajo este panorama, el hundimiento de la Goleta chilena Covadonga, representa para el Perú una victoria estratégica e histórica que simboliza la defensa de la soberanía marítima y el espíritu de resistencia peruana. Es un episodio crucial de nuestra historia que debe preservar y fortalecer nuestra memoria sobre la Guerra del Pacífico.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, sábado 19 de setiembre de 2026

CAMBIO CLIMÁTICO ACELERA DESHIELO DE NUESTROS GLACIARES E INCREMENTA RIESGO DE DESBORDES

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 12 Sep 2026 08:30:00 -0500

El pasado 26 de agosto fuimos testigos de un enorme aluvión producido en la franja fronteriza entre Nepal y el Tíbet, ocasionado por una avalancha de hielo y rocas al derrumbarse un glaciar y el flanco entero de una montaña sobre la cual se apoyaba la masa de hielo originando un deslizamiento de tierra denominado “tsunami de montaña”. Inicialmente se pensó que el aluvión se produjo por un GLOF (Inundación por desborde violento de lago glaciar), sin embargo, fue ocasionado por esa inmensa caída súbita que se precipitó sobre el río Lhende Khola creando un dique natural, el cual, al ceder, generó un aluvión con olas de hasta 5 metros, arrasando edificios, viviendas, carreteras, puentes, hidroeléctricas y ocasionando 650 víctimas y 3,000 desaparecidos.

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), asemeja este caso, en cómo se produjo, a lo ocurrido en Yungay (Áncash) el 31 de mayo de 1970, porque no se trató tampoco del desborde de una laguna glaciar, sino, que un terremoto magnitud 7.9 produjo el desprendimiento de una losa de roca de 800 metros de ancho del pico norte del Nevado Huascarán, desde una altitud de 6,000 msnm, provocando un devastador aluvión que movilizó 50 millones de m3 de nieve, hielo, barro y rocas hacia al Callejón de Huaylas, sepultando la antigua ciudad de Yungay y ocasionando 30,000 víctimas.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el cambio climático y el calentamiento global ha roto el equilibrio natural medioambiental, lo cual desestabiliza los glaciares y afecta las rocas en zonas de alta montaña degradando el permafrost (capa de sedimento que mantiene congelado el hielo a la roca durante largos períodos), sus derretimientos se incrementan y aceleran la formación de lagunas glaciares y el peligro de desbordamientos y aluviones por sismos, lluvias intensas o procesos de inestabilidad en las laderas.

En nuestro caso, según el último Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar (INGLOG II), a cargo del INAIGEM, tenemos 2,084 glaciares, en altitudes mayores a 4,000 msnm, con una superficie de 1,050 km2, además, 8,466 lagunas glaciares con una superficie de 1,081 km2, sin embargo, de dicho total de lagunas, se han identificado 528 con riesgo de desborde, de las cuales 58 están clasificadas con riesgo “muy alto”. Entre las zonas más peligrosas figuran Áncash y Cusco, principalmente ubicadas en la cordillera Blanca y Central, siendo una de las más críticas la laguna Parón en Huaylas, Áncash, por la inestabilidad en sectores de sus picos norte y sur, tiene un volumen de agua entre 52.9 y 64.3 millones de m3 y ha superado en agosto pasado su tope máximo de nivel de seguridad (4,185 msnm), su desborde podría afectar a 35,000 habitantes de la ciudad de Caraz, ubicada en la parte baja de la laguna.

Bajo este panorama, se requiere implementar una estrategia completa sobre gestión de riesgo para anticipar escenarios en las lagunas glaciares mediante sistemas de monitoreo y alarma temprana empleando ciencia y tecnología (sensores de nivel de agua, botes robóticos, fotogrametría con drones) para prevenir riesgos de desbordes y aluviones, asimismo, evitar ocupación de la población en zonas de riesgo, fortalecer los ecosistemas de los andes, y generar conciencia a las poblaciones sobre las políticas de mitigación a los impactos del calentamiento global.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de setiembre de 2026

LA ANEMIA INFANTIL AFECTA GRAVEMENTE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y EL FUTURO DEL PAÍS

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 5 Sep 2026 08:30:00 -0500

El capital humano representa el principal patrimonio de la riqueza total de un país, para preservarlo e incrementarlo es fundamental que niños y jóvenes obtengan las habilidades necesarias para incorporarse, en su momento, a un cambiante y complicado mercado laboral. Justamente, la anemia infantil es uno de los principales problemas de salud pública que padecemos y amenaza ese eslabón de capital humano peruano, el cual es imprescindible en la construcción de nuestro futuro como país.

Cuando la anemia infantil se presenta en niños entre 6 meses y 3 años, por mala alimentación y nutrición (insuficiencia de hierro, vitaminas A y C, calcio y proteínas) origina disminución de hemoglobina (Hb), considerada severa a niveles menores de 7 g/dl, y genera durante su desarrollo, hasta los 11 años, peligrosos efectos irreversibles en su desempeño inmunológico, físico, emocional, cognitivo e intelectual, repercutiendo en una deficiente capacidad para aprender y desarrollarse, afectando su formación educativa y posteriormente, su eficiencia laboral, lo cual afecta directamente en nuestra productividad y crecimiento económico.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Nacional y Departamental 2025, la incidencia de anemia entre niños entre 6 meses y 3 años fue de 43.4% (área urbana 40.5% y rural 50.4%). Increíblemente, desde hace 17 años, la incidencia solo se redujo 7% (de 50.4% en 2009 a 43.4% en 2025). Esto demuestra que se trata de un problema estructural y crítico de salud pública que no ha podido ser resuelto. Es impresionante y muy peligrosa su incidencia en Puno (75.4%), Cusco (56.6%) y Loreto (55.6%). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) porcentajes de anemia superiores a 40% representan un “problema grave de salud pública”.

Sobre la prevención y control de la anemia infantil existe extensa normativa, desde la Ley 26842 “General de Salud” de julio 1997, hasta la fecha, existen decenas de leyes, resoluciones supremas y ministeriales, decretos supremos y planes nacionales y multisectoriales, sin embargo, no han funcionado y la incidencia persiste. El último plan multisectorial 2024-2030 que busca reducir la prevalencia de la anemia a 37.2% (desde 43.4% en 2025), involucra a 6 ministerios (Salud, Desarrollo Agrario, Desarrollo e Inclusión Social, Educación. Producción y Vivienda), pero, inconcebiblemente, dicho plan debe operar sin presupuesto asignado, y su financiamiento debe usar recursos institucionales de dichos ministerios. Habría que preguntar a los ministerios mencionados que cantidad han aportado para combatir la anemia infantil desde la aprobación del plan, en junio 2024.

Bajo este panorama, el actual ministro de Salud, Luis Dyer, debería considerar los siguientes aspectos y acciones para prevenir y reducir la anemia y la desnutrición infantil:

1) Promover una adecuada intervención articulada de los sectores involucrados en los 3 niveles de gobierno, en el trabajo conjunto de diagnóstico temprano, tratamiento y control oportuno en madres gestantes y niños entre 6 meses y 3 años;

2) Acentuar la participación y compromiso de gerencias y directores regionales de salud;

3) Incrementar, a nivel nacional, la cantidad de equipos biomédicos para diagnósticos etiológicos de anemia;

4) Mejorar la consejería nutricional para aumentar el conocimiento poblacional sobre el uso de alimentos adecuados ricos en hierro y vitaminas;

5) Integrar los planes multisectoriales con políticas públicas relacionadas para optimizar el acceso a servicios básicos e infraestructura sanitaria, y

6) Reforzar los programas sociales y de seguridad alimentaria, principalmente en zonas rurales y amazónicas con pobreza y exclusión social.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de setiembre de 2026

RESPUESTA A MARTÍN TANAKA SOBRE SU ARTÍCULO EN EL COMERCIO “EL LUM Y LA CVR”

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 29 Aug 2026 08:30:00 -0500

El profesor principal de la PUCP e investigador en el IEP, Martín Tanaka, publicó en “El Comercio” un artículo titulado “el LUM y la CVR”, en 2 partes (días 18 y 25), basado en declaraciones del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, durante una entrevista periodística publicada en “Perú 21”, en la que el ministro manifestó que el Lugar de la Memoria (LUM) debería contar la verdadera historia del terrorismo y estar adscrito al Ministerio de Justicia, porque el LUM “es vocero de un falso relato de la Comisión de la Verdad (CVR) cuyo objetivo es “salvar a la izquierda de su compromiso y complicidad con el terrorismo” y “desprestigiar a las FF.AA.”. Durante la entrevista, el ministro también explicó que la guerra propiciada por el senderismo, tuvo al inicio una mala respuesta del Estado, pero con un cambio de estrategia basado en participación de comunidades campesinas e indígenas, se pudo ganar la guerra a la subversión.

Basándose en esta explicación, Tanaka intenta desacreditar el accionar de las FFAA incidiendo que los “errores” que reconoce el ministro, según conclusiones de la CVR, implicaron: represión indiscriminada de las FFAA contra la población considerada sospechosa de pertenecer al PCP-SL, practicas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Sobre estas conclusiones de la CVR que usted defiende, Señor Tanaka, le contesto lo siguiente: es un documento vergonzoso y nefasto que nunca deslindó entre la criminal agresión terrorista y la defensa del Estado que con sus FF AA combatieron a delincuentes terroristas y protegieron la sociedad en cumplimiento del deber y defensa de la Patria.

Además, Señor Tanaka, le recuerdo que la CVR fue conformada por 11 (de 13) personajes con marcada ideología de izquierda, y su informe presenta argumentos falsos e inaceptables: califica a Sendero Luminoso como “partido político” y no grupo terrorista; usa terminología maoísta (guerra popular, acciones armadas, ajusticiamientos); incrementaron deliberadamente el número real de muertos, el especialista Manrique Valier (a pedido de la CVR) concluyó que hubieron 19,000 víctimas y 3,000 desaparecidos, como les pareció pocos, contrataron al norteamericano Patrick Ball, quien aplicando cálculos de poblaciones de animales silvestres determinó la descabellada cifra de 69,280 víctimas, aumentando proporcionalmente las cantidades atribuibles a las Fuerzas del Orden para desprestigiarlas, y solo denunciaron a miembros de las FFAA, pero a ningún terrorista. Además, gastaron en 2 años el exorbitante presupuesto de US$ 11’740,000.

También señor Tanaka, Ud. demuestra clara animadversión contra las Fuerzas del Orden cuando expresa: “lo que estamos discutiendo es el papel de las fuerzas del orden en un contexto de criminalidad, polarización y conflictividad social, y que, contar con el respaldo de las fuerzas armadas y policiales implica asegurarles márgenes amplios de impunidad frente a excesos o crímenes cometidos en el pasado o que puedan ocurrir en el presente y futuro”, añadiendo que “la conducción y responsabilidad fundamental en las tareas de mantenimiento de seguridad y orden público debe ser liderada y asumida por la autoridad política democrática, no delegada a los uniformados”.

Bajo este panorama, el falso e infame relato de la CVR, que continúa divulgando “con creces” el LUM, legitima a los terroristas y a quienes defienden sus ideas, desacredita a las FFAA y desorienta a nuestra juventud. Tiene razón el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez: “El LUM hay que reorganizarlo todo, del inicio al final”.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de agosto de 2026

SITUACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN NUESTRO PAÍS

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 22 Aug 2026 08:30:00 -0500

La inteligencia artificial (IA) en nuestro país comenzó a usarse hace 10 años en el entorno laboral y empresarial, utilizándose en forma progresiva hasta que fue formalizada en julio 2023 con Ley 31814 y reglamentada el 9 abril 2025, la cual resalta que promueve el desarrollo económico y social, nos posiciona como uno de los países líderes en Latinoamérica, y actualmente es una importante herramienta utilizada en aplicaciones móviles que usamos a diario, en entidades públicas y privadas, academia, sociedad civil, y coadyuvan a mejorar la salud, educación, justicia, seguridad ciudadana, entre otros.

El pasado día 4, el Banco Mundial presentó un “Informe sobre el desarrollo mundial 2026: La promesa de la inteligencia artificial”, el cual explica que, si se implementan políticas correctas, las naciones de ingresos bajos y medianos, tienen una oportunidad histórica para superar desafíos sociales y económicos que han persistido por generaciones y actúe como sustituto que potencie la productividad de quienes carecen de apoyo especializado con modelos de bajo costo, pueden funcionar en teléfonos móviles básicos e incluso sin conexión permanente a internet, ideales para zonas rurales o con infraestructura limitada.

Sin embargo, el uso de IA en educación, aunque ofrece beneficios, también puede generar dependencia tecnológica excesiva, limitar la comprensión, razonamiento, pensamiento crítico, creatividad, juicio profesional e interacciones humanas. En el campo empresarial y laboral existen desafíos importantes como fragmentación tecnológica y operativa, falta de políticas claras de gestión, seguridad y privacidad de datos, falta de talento especializado en profesionales de IA, cloud y ciberseguridad (seguridad en la nube) que obliga a las compañías a depender de consultorías tecnológicas para desarrollar, mantener o sostener sus sistemas. En otros proyectos, la IA podría implementarse en agricultura y minería para monitoreos y en la Amazonía para combatir la minería ilegal y deforestación.

Pero lo más preocupante de la IA es el fraude informático por ciberdelincuentes a personas y negocios que realizan operaciones a través de dispositivos móviles. Estos ciberdelincuentes perfeccionan técnicas muy sofisticadas y estrategias que emplean IA como Chatbots (sofware que usan engaño y manipulación para obtener informaciones confidenciales o financieras), o Deepfake (utiliza la IA para crear videos, voces o imágenes), delitos que se están incrementando para suplantar identidades, contra el honor, calumnia, difamación o fraudes informáticos, imitación de voces o mensajes de video y hasta utilizan IA avanzada, cuya complejidad técnica genera dificultades para determinar culpables. A pesar que la Ley 32314 del 29 abril 2025 modifica el Código Penal incluyendo como delitos con penas más severas, a casos de difamación, estafa, pornografía infantil, plagio e infracciones contra derechos de autor y de propiedad intelectual, sin embargo, no se conoce sentencia alguna con penalidades por dichos delitos.

Bajo este panorama, recién hace 4 meses (abril 2026) el gobierno anterior implementó una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030 (ENIA) que contiene, en 81 páginas, 4 ejes estratégicos y 16 líneas de acción, pero no incluye recursos asignados para aplicarlos. Sin presupuestos para IA el Estado no podrá elevar sus capacidades de decisión, anticipar necesidades, integrar información, asignar mejor los recursos y ofrecer mejores servicios, asimismo, el gobierno tendrá limitaciones para fortalecer y actualizar medidas para prevenir fraudes porque limitará la actualización de operaciones que se adelanten al accionamiento de estrategias cibercriminales ni tampoco mejorar campañas para crear conciencia sobre el uso seguro de tecnologías digitales para evitar fraudes mediante videos y suplantación de funcionarios públicos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de agosto de 2026

PERÚ: EPICENTRO DE EXPORTACIÓN DE ORO ILEGAL EN LA REGIÓN

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 15 Aug 2026 08:30:00 -0500

Recientemente hubo varios asaltos violentos contra vehículos que transportaban oro ilegal, el pasado 22 de marzo delincuentes, encapuchados y con fusiles, atracaron en la Costa Verde un vehículo que trasladaba lingotes de oro y el pasado 9 de julio, atracaron otro vehículo en la avenida El Derby, Surco, que llevaba 5 kg de oro. Anteriormente en agosto 2023, cerca del aeropuerto internacional detuvieron un vehículo con una barra de oro de 7 kg, incautación que permitió a la fiscalía identificar una posible red de empresas y personas involucradas que exportaban oro ilegal a India y Emiratos Árabes Unidos. Y en abril de 2025 se incautaron lingotes de oro ilegales valorizados en US$ 13 millones a una red criminal que exportaba este metal a India, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong a través de empresas fachada mediante documentos falsificados.

Estos son solo ejemplos de cómo la minería ilegal de oro se está criminalizando y nos está posicionando como los mayores exportadores regionales de oro ilegal generando en 2025 unos US$ 12,000 millones, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), exportamos 44%, seguido por Colombia (25%), Bolivia (12%), Ecuador (9%) y Brasil (9%). Para estas exportaciones ilegales de oro se utilizan autorizaciones y facturas de compra y venta fraudulentas, concesiones fantasmas, flujos de contrabando, plantas de producción y fundición cómplices, finanzas de economías ilegales y de grupos criminales, y corrupción para evadir sanciones económicas y procesos judiciales.

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los factores estructurales que más influyen en la comercialización de oro ilegal son su alto precio (US$ 4,400 por onza), mínima presencia del Estado en zonas remotas de producción, altos niveles de informalidad económica, operativos de interdicción sin inteligencia previa, y la influencia de una política tolerante hacia la minería artesanal y de pequeña escala, como es el caso del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) que se convirtió en un protector de impunidad, además, existen demasiadas plantas de beneficio registradas en la pequeña minería (2,000 y deberían ser 50) que procesan cientos de toneladas de oro diario que son comercializados por cuestionados agentes y compañías.

El último reporte estadístico de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de enero 2016 a junio 2026, registra 174,718 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por bancos, cooperativas, casas de cambio, notarios, empresas para prevención de lavado de activos. Además, incluye datos de comunicaciones de inteligencia nacional e internacional por un monto involucrado total de US$ 206,736 millones, de los cuales US$ 83,116 millones (40%) corresponden a minería ilegal como un delito precedente vinculado, también Informes de Inteligencia Financiera (IIF) por US$ 10,370 millones, de los cuales US$ 6,531 millones (63%) corresponden a minería ilegal. Esta información de la UIF demuestra que la minería ilegal, principalmente de oro, es el principal motor de lavado de activos en nuestro país y sostiene redes financieras ilícitas dentro del sistema económico formal.

Bajo este panorama, la minería ilegal es una de las principales economías ilícitas en nuestro país, ocasiona graves impactos ambientales, sociales y económicos y moviliza millones de dólares anuales, superando al narcotráfico en ingresos ilícitos y presencia territorial. Fuerza Popular tiene el gran reto de reducirla, con una nueva ley MAPE que reemplace el REINFO, controlando toda la cadena productiva y fiscalizándola. Según el gobierno, se ha trazado como objetivo, al 2031, erradicarla al menos el 50% en zonas críticas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de agosto de 2026

FENÓMENO EL NIÑO: IMPRESIONANTE NEGLIGENCIA EN PREVENCIÓN PARA REDUCIR GRAVES IMPACTOS

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 8 Aug 2026 08:30:00 -0500

El actual fenómeno El Niño se encuentra activo y fortaleciéndose con señales inquietantes de elevado calentamiento en nuestra costa, según el Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), las temperaturas del Pacífico registran por encima del promedio y alcanzarían su mayor intensidad hacia finales de 2026 con incrementos de temperatura de la superficie del mar que modifiquen los patrones climáticos (hasta 3°C), afectando la pesca y ecosistemas marinos asimismo, la llegada de ondas Kelvin generan debilitamiento de los vientos alisios, generando exceso o falta de lluvias que impactarían la agricultura. Según Macroconsult, considerando que El Niño ocurra entre los meses de enero y abril 2027, el PBI pesquero puede impactar su crecimiento anual entre -7.2% y -24.3%, considerando un fenómeno moderado o extremo, y, el PBI agrícola entre -0.6% y -2.5%.

No hemos aprendido de experiencias de anteriores fenómenos devastadores, entre ellos, de 1982-1983, de 1997-1998, de 2017 y de 2023-2024 con desbordes de ríos, inundaciones, huaicos, deslizamientos y movimientos en masa que afectaron la costa norte y central, y también en sierra y selva, las sequías y variaciones del régimen de lluvias. Estos eventos dejaron cientos de miles de fallecidos, millones de damnificados, millones de dólares en pérdidas, enormes daños a miles de viviendas familiares, así como en infraestructura pública, carreteras, puentes, áreas agrícolas. Pero a pesar de ello, la negligencia sobre prevención ha sido impresionante, especialmente por el gobierno saliente de Perú Libre que no ha tomado las acciones necesarias para enfrentar el actual fenómeno de El Niño, reduciendo además presupuestos para obras de protección de ciudades para control de quebradas y drenajes pluviales.

Balcazar no priorizó las labores para mitigar impactos de El Niño, de la partida 0068 para dichos proyectos, solo ejecutó 28.3%. Además, la Contraloría General y Colegio de Ingenieros de Piura informaron que la región no cuenta con labores de prevención necesarias para mitigar el impacto de desbordes en el río Piura, también, el órgano de control aseguró que el Gobierno Regional de La Libertad, solo ejecutó trabajos preventivos en 21 de los 103 puntos críticos identificados por la Autoridad nacional del Agua (ANA), y hasta existen más de 80 puentes en estado crítico y necesitan obras urgentes.

Bajo este panorama, a pesar que el medio ambiente está experimentando un proceso de cambios a una velocidad vertiginosa y la naturaleza nos volverá a golpear con este fenómeno de El Niño en períodos cada vez más cortos (en promedio ocurre entre cada 2 a 7 años), sin embargo, el denominador común es que siempre nos toma por sorpresa, principalmente en las regiones más vulnerables, porque no nos preparamos adecuadamente, no se convierten los recursos en obras de prevención, no tenemos capacidad de anticipación ni respuesta para reducir sus devastadoras impactos, principalmente por una baja ejecución, reflejo de limitaciones de gestión que ha enfrentado el gobierno saliente y muchos gobiernos regionales y municipios para formular proyectos, completar expedientes técnicos, contratar profesionales capacitados, así como transformar planes en acciones preventivas concretas y eficaces mediante la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos, y complementarlos con mecanismos financieros que aseguren una respuesta rápida y sostenible. La etapa de prevención ya terminó, le corresponde ahora al gobierno de Fuerza Popular la preparación y tomar las acciones urgentes para mitigar y reducir los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de agosto de 2026

PARALIZADO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CARRETERA CENTRAL

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 1 Aug 2026 08:30:00 -0500

Finalmente, el pasado 28 de julio Keiko Fujimori juró como presidenta de la República y seguidamente dio lectura a su Mensaje a la Nación ante el Congreso de la República. Uno de los ejes principales del mensaje se centró en la infraestructura y construcción de grandes proyectos viales, entre ellos, la Nueva Carretera Central. Este importante megaproyecto conceptuado para conectar Lima (Ate) y Junín (Yauli), contempla una autopista de 4 carriles de una extensión de 183.6 kilómetros, con 33 kilómetros de túneles y 19 de viaductos, y está valorizado actualmente en S/ 30,000 millones, será la primera autopista de montaña del país que fortalecerá el transporte de pasajeros y mercancías, y beneficiará a más de 10 millones de personas. Estaba proyectada para ser financiada íntegramente con recursos del fisco bajo el modelo de obra pública gestionada por la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) francesa.

Sin embargo, los gobiernos interinos de Boluarte, Jerí y Balcázar, no han puesto mayor esfuerzo para iniciarlo. En el período de Boluarte, durante su mensaje del 28 julio 2025 prometió que su construcción se iniciaría el primer trimestre de 2026, y hasta el MTC Pérez Reyes había asegurado que se iniciarían a fines de 2025 finalizando el año 2031. Sin embargo, para desmentirlos, un informe de la Contraloría, un mes antes (25 junio), advirtió serias demoras en estudios técnicos, en programas de investigación geotécnica e inconsistencias en la fecha de finalización, lo cual retrasaría su conclusión hasta el 2035.

En el período de Jerí, el Premier Álvarez, cuando solicitó el voto de confianza, aseguró que las obras se iniciarían en mayo 2026 con la construcción del Túnel de Pariachi, sin embargo, el gobierno anuló, el 5 de febrero 2026, la asistencia técnica con PMO-VÍAS, que formaba parte del contrato Gobierno a Gobierno con Francia (G2G), afectando lo avanzado, tanto en la Carretera Central como el puente Santa Rosa y la vía de acceso al Aeropuerto Jorge Chávez. La resolución de este contrato dejó estas obras en una situación de gran incertidumbre hasta la fecha.

Peor fue durante el período de Balcázar, apenas ingresó el 18 de febrero 2026, para evitar un arbitraje, se buscó continuar el modelo G2G para estudios preliminares y diseño, pero para la construcción, operación y mantenimiento, con una Asociación Público-Privada (APP). El 26 de febrero Balcázar aseguró S/ 600 millones como recursos garantizados que aseguren el inicio de la obra para este 2026, sin embargo, no lo cumplió.

Bajo este panorama, aún con una Ley 32696 de julio 2026, que considera este proyecto de necesidad pública y de preferente interés nacional, además, clave para la integración de la Macro Región Centro, sin embargo, presenta retrasos administrativos, observaciones técnicas y limitaciones financieras. El presupuesto para la construcción se proyectó inicialmente en S/ 12,000 millones, pero el costo actual se estima en S/ 30,000 millones, y se encuentra paralizado, ni siquiera se han iniciado los primeros trabajos en el Túnel Pariachi en Ate, a un costo de S/ 2,537 millones, requiriéndose para iniciarlo S/ 400 millones, que prometió entregar Balcázar y tampoco cumplió.

Toda esta cruda realidad, mientras el Gobierno Regional de Junín cuestiona la falta de recursos y el nuevo Gobierno de Fuerza Popular hereda una carretera central colapsada y sin presupuesto asignado para la Nueva Carretera Central, lo cual debe resolver con prioridad y urgencia.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de agosto de 2026

MINERÍA ILEGAL AVANZA SIN FRENO Y ESTADO PERUANO ES DEMANDADO ANTE LA CAN POR CASO RÍO NANAY

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 25 Jul 2026 10:00:00 -0500

En general, la minería ilegal continúa avanzando sin freno en todo el Perú amenazando reservas naturales protegidas, bosques amazónicos, glaciares, ríos y territorios indígenas, desde la Amazonía hasta la costa y los Andes, destruyendo hasta 8 áreas protegidas. Para que tengamos una cabal idea de como la minería ilegal nos está afectando, según informe 2025 de Conservación Amazónica (ACCA) existen 1,613 dragas para extracción de oro que afectan 250 ríos y 73 comunidades nativas en 9 regiones, y el Instituto Peruano de Economía (IPE), advierte que en 2025 movilizaron US$11,500 millones mediante operaciones de empresas que actúan sin fiscalización adecuada del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de los gobiernos regionales, estos dineros ilícitos financian intereses políticos y perpetúan la impunidad logrando ampliar el Reinfo hasta 2027 fomentando la ilegalidad.

El caso del río Nanay es particularmente alarmante, la minería ilegal, asentada en la cabecera de la cuenca Nanay, opera en el río con decenas de dragas para extraer anualmente 500 kg de oro aluvial mediante vertido de mercurio utilizando 1.4 toneladas de este metal altamente tóxico contaminando el agua de los habitantes de zonas aledañas, peces, medio ambiente y el agua que consume más de medio millón de habitantes de Iquitos, también afecta al Área de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu Chambira, donde se inicia la cuenca. El pasado día 22, las comunidades nativas, organizaciones ribereñas, indígenas, sociedad civil y el pueblo organizado de Loreto convocaron una movilización pública contra la minería ilegal en el río Nanay y otros ríos de Loreto. Pese a los esfuerzos de la Marina de Guerra y Fiscalía Ambiental que logran destruir decenas de dragas ilegales, éstas son inmediatamente reemplazadas por mineros ilegales utilizando los inmensos recursos ilegales que les genera esta ilícita actividad.

El pasado 26 de junio, un grupo de 33 comunidades amazónicas y campesinas presentó ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) en Lima, una denuncia contra el Estado Peruano por incumplir la Decisión 774 “Política Andina de Lucha Contra la Minería Ilegal” suscrita en julio 2012, por los países que la conforman (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Dicha denuncia acusa al gobierno peruano de incumplir dicha decisión que obliga a combatir la minería ilegal enfrentándola de manera integral, optimizando el control y vigilancia de comercialización de minerales ilegales y maquinaria, equipos o insumos usados en este delito atentatorio contra la salud humana, seguridad, economía, recursos naturales y medio ambiente.

Además, la CAN suscribió la Decisión 844 en mayo 2019 creando el “Observatorio Andino de gestión e información sobre uso y control de Mercurio” conteniendo datos sobre producción, importación, exportación, comercialización, transporte y su uso en cada país. A pesar que en el Perú el uso de mercurio está prohibido en minería artesanal, sin embargo, la minería ilegal lo obtiene por contrabando. Solo hace 3 días, en el puerto del Callao, fueron descubiertas, en un falso cargamento de baterías, 2.5 toneladas de mercurio líquido valorizado en US$ 4 millones.

Bajo este panorama, la minería ilegal es una gravísima realidad que debe ser combatida con urgencia y energía por el nuevo gobierno de Fuerza Popular, cerrando definitivamente el Reinfo, prohibiendo concesiones mineras en los ríos, tomando medidas para evitar la corrupción en regulación y control minero, imponiendo penas de cárcel a quienes causen daños a la salud pública y la biodiversidad.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 25 de julio de 2026

MAJES SIGUAS I Y II PRESENTAN GRAVES PROBLEMAS QUE DEBERÁ RESOLVER EL GOBIERNO DE FUERZA POPULAR

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 18 Jul 2026 08:30:00 -0500

El proyecto integral Majes Siguas consta de 2 etapas, la primera (Majes Siguas I) construido entre 1971 y 1982 con una inversión pública (US$ 914 millones) actualmente irriga 16,000 hectáreas de las pampas de Majes y Siguas utilizando agua de los ríos Apurímac y Colca.

El proyecto Majes Siguas II contempla la irrigación de 38,500 hectáreas adicionales, sumando las 16,000 hectáreas habilitadas en la primera etapa, comprende la construcción del embalse Angostura (río Apurímac), para almacenar 1,140 millones de m3 de agua y desviarlas hasta las Pampas de Siguas. En setiembre 2010 fue concesionado, y desde diciembre 2017 se encuentra paralizado con mínimo avance.

El gobierno de Fuerza Popular, en su Plan de Gobierno 2026-2031 incluye el impulso de grandes proyectos de represamiento de agua a nivel nacional, entre ellos, Majes Siguas II. Para la toma de decisiones de dichos proyectos, deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1) El proyecto Majes Siguas I está operando desde hace 44 años sin mantenimiento integral ni rehabilitación, el 80% de la estructura hidráulica mayor presenta latente riesgo de colapso (advertido por la Contraloría). El pasado 19 de junio, Midagri anunció que los trabajos de rehabilitación los ejecutará el Gobierno de Japón (G2G) con una inversión de US$531 millones, iniciándose en 2028 y durarán 5 años 3 meses.

2) El Proyecto Majes Siguas II, desde su concesión en 2010 a la empresa española Angostura Siguas (Grupo Cobra), tanto el Gobierno Regional de Arequipa como el Gobierno Central han demostrado una pésima gestión y falta de eficiencia y eficacia en manejos técnicos, financieros, legales y políticos, ocasionando prolongados retrasos y ocasionando su paralización desde 2017.

3) En julio 2024, para destrabar el proyecto y evitarse un arbitraje con Cobra, el Consejo Regional de Arequipa lo transfirió al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El ex ministro, Ángel Manero, aseguró que, al ser transferido al Gobierno Central, en 2 meses resolvería el arbitraje con Cobra, sin embargo, en octubre 2024 dicha empresa demando al Estado peruano ante CIADI por US$ 1,400 millones, por falta de respaldo y garantías de financiación e incumplimientos de plazos. Este proceso en CIADI tendrá una duración estimada de 4 años (hasta 2028).

4) El 24 de marzo pasado Majes Siguas II ha sido incorporado al Plan Nacional de Infraestructura 2026–2031 del MEF, tratando de otorgarle respaldo técnico y político.

5) El 23 de mayo pasado, ProInversión anunció la formulación de la convocatoria para ejecución de Majes Siguas II para el 2° trimestre 2027, con una inversión de US$850 millones, para construir la Represa Angostura, la derivación del túnel Angostura-Colca (18 km) y el sistema de entubado para 38,500 hectáreas, dichos trabajos se podrían iniciar en 2028 después del litigio en CIADI, y durarían unos 4 años, hasta 2032.

Bajo este panorama, considerando que el proyecto integral Majes Siguas I y II brindará a la región sur y a todo el país un enorme avance en la agroindustria regional y nacional, además de potenciar el desarrollo exportador, dinamizar la economía, generar empleo, atraer inversiones, mejorar la competitividad y promover un crecimiento sostenible, esperamos que el nuevo gobierno de Fuerza Popular tome las acciones necesarias para iniciar el proceso de rehabilitación de Majes Siguas I, y destrabe e inicio del proceso de construcción de Majes Siguas II, con avances concretos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de julio de 2026

COMPETITIVIDAD: NO PODEMOS REVERTIR SU DECRECIENTE TENDENCIA

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 11 Jul 2026 10:00:00 -0500

El pasado día 1 el Institute for Management Development (IMD) de Suiza y Centrum PUCP publicaron el Informe de Competitividad mundial 2026, el cual evalúa, en 70 países, la capacidad de cada uno para generar un entorno favorable en inversión, productividad y crecimiento económico, para mejorar la calidad de vida y bienestar poblacional. La medición en este informe se basa en la evaluación de 4 factores: Desempeño Económico (evaluación macroeconómica), Eficiencia del Gobierno (favorecimiento de las políticas del gobierno en incrementar la competitividad), Eficiencia de los Negocios (desempeño innovador, eficiente y responsable de las empresas) e Infraestructura (cumplimiento de los requerimientos en los recursos básicos, científicos y humanos).

En el Ranking 2026 del informe hemos registrado 43.3 puntos (puesto 60 entre 70 países), el más bajo puntaje desde 2008 en que obtuvimos 56.3 puntos (puesto 35 entre 55 países), y desde dicho año, no podemos revertir la tendencia de decrecimiento en materia de competitividad. Las mayores reducciones las tuvimos entre 2021 y 2026, en el actual gobierno de Castillo, Boluarte y Balcázar. En América Latina Chile se ubica primero (puesto 43), seguido por Argentina (58), Colombia (59) y Perú (60), atrás aparecen México (62), Brasil (65) y Venezuela (70).

En el primer factor (Desempeño Económico), la macroeconomía es nuestra mayor fortaleza, siendo el pilar del crecimiento económico desde 1990 cuando se implementaron las reformas estructurales que trajeron equilibrio, aunque nuestra economía demuestra solidez en estabilidad de precios y mercados financieros, mostramos retrocesos en empleo y comercio internacional, además, desde 2015 mantenemos un crecimiento promedio estancado por debajo del 4%, lo que no permite reducir la pobreza ni elevar la calidad de vida. En el segundo factor (Eficiencia del Gobierno), ocupamos los últimos puestos en legislación empresarial y marco social, además, el mal desempeño de nuestras instituciones limita el fortalecimiento competitivo, para recuperarlo, requerimos de mayor inversión, crecimiento económico, mejorar la inclusión y reducir la pobreza e informalidad.

En el tercer factor (Eficiencia de los Negocios), estamos entre los 3 últimos puestos por baja productividad y eficiencia, al respecto, la competitividad y sostenibilidad de cualquier organización, depende de su capacidad para operar eficientemente, transformando procesos, optimizando recursos y maximizando resultados. Y, en el cuarto factor (Infraestructura), aunque cumple rol clave en el desarrollo económico y social del país, registramos el peor resultado en los últimos 5 años, estamos en los 4 últimos puestos en infraestructura básica, tecnológica y científica, y, principalmente, en sistemas de salud y educación, lo cual se agrava por una inadecuada planificación y ejecución de proyectos de largo plazo, malas inversiones, ineficiente burocracia gubernamental, corrupción y mala gestión.

Bajo este panorama, nuestro bajo nivel de competitividad mundial está relacionado principalmente a una deficiente e inconsistente productividad, déficit en infraestructura urbana, logística, tecnológica y científica (según el Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad, la brecha, considerando el acceso a servicios básicos, asciende a US$110 mil millones en el largo plazo, la cual se cerraría en 40 años), además, por un deficiente avance en investigación y desarrollo, baja calidad educativa y de salud, precaria institucionalidad que posibilita corrupción, lavado de activos, narcotráfico, inseguridad ciudadana e informalidad, y una grave inestabilidad política que limita la inversión privada y los negocios internacionales. Esperamos que estas deficiencias que afectan seriamente nuestra competitividad comiencen a revertirse desde que Fuerza Popular asuma el gobierno.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de julio de 2026

CONSIDERACIONES QUE DEBERÍA ANALIZAR FP PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE PETROPERÚ

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 4 Jul 2026 08:30:00 -0500

El pésimo manejo y gestión administrativa, económica y financiera de Petroperú, no logra estándares de gestión y gobierno corporativo requeridos, no es una empresa austera (burocracia, altos sueldos, activos improductivos), no tiene liquidez ni cumple sus compromisos financieros, solo presenta riesgos y costos mal llevados que son cubiertos por el Estado con los impuestos de todos los peruanos. Su mayor descalabro fue la modernización de la Refinería de Talara, los precios aumentaron exponencialmente desde 2004 con un estudio de prefactibilidad para la ampliación de 3 unidades por US$ 315 millones, hasta 2022, al termino, con la astronómica suma de US$ 6,500 millones, y nunca ha alcanzado el 100% de su capacidad operativa.

Según ha manifestado Keiko Fujimori, su gobierno se centrará en Petroperú, mypes y minería. Sobre Petroperú, plantea que se convierta en una asociación público-privada, donde el Estado mantenga el 51% de las acciones y el 49% restante sea gestionado por el sector privado. El objetivo es incrementar la eficiencia, transparencia y sostenibilidad financiera de la empresa, evitando rescates recurrentes del Estado y reduciendo deudas sin respaldo público, además, continuará con la gestión de la venta de activos no estratégicos de la petrolera estatal para reducir pasivos, mejorar su flujo de caja y redireccionar recursos en las operaciones de mayor rentabilidad y valor público.

Bajo este panorama, para la toma de decisiones sobre Petroperú, Fuerza Popular debería analizar las siguientes consideraciones:

El valor de esta empresa estatal es negativo, actualmente se encuentra al borde del abismo, su deuda cuadruplica su patrimonio colocándola en quiebra técnica, financieramente está endeudada en US$ 8,000 millones.

El 31 de diciembre pasado, con DU-010-2025, se dispuso la reestructuración de Petroperú con la posible privatización parcial de la Refinería a cargo de ProInversión, lo cual ha generado amplias protestas de trabajadores y comunidades locales. El 21 de mayo pasado, el Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros para que declare inaplicable dicho DU, lo cual será visto en audiencia única recién el próximo 5 de octubre.

Petroperú ha tenido 14 presidentes de directorio desde 2021 con cambios de la mayoría de gerencias encargadas, ocasionando absoluta inestabilidad institucional e impidiendo delinear un adecuado plan a mediano plazo. Para que Petroperú no siga comprometiendo su capacidad operativa, es prioritario el nombramiento de un presidente de Directorio idóneo que garantice cabalmente una profunda reestructuración patrimonial y la protección de activos frente a riesgos económicos y financieros.

Se requiere reducir la planilla de 2,800 trabajadores que generan un costo anual de US$130 millones.

A pesar que desde setiembre 2024, con DU-013-2024, se dispone que ProInversión se encargue de la venta de los inmuebles de Petroperú, cuyo plazo venció en setiembre 2025, no hay planificación específica y no se ha vendido ningún predio, irresponsablemente, hace 2 días, esta Agencia ha diferido la subasta pública sin fecha anunciada, además, hay gran resistencia para no venderse el edificio principal de 22 pisos en San Isidro, tiene un terreno de 22,000 m2 y su precio total se estima en US$ 100 millones.

Es urgente que una compañía internacional de prestigio realice una auditoría forense a la Refinería de Talara y revise las cuentas y decisiones de ingeniería que se tomaron durante todo el proceso de modernización.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de julio de 2026

GOBIERNO DE FP DEBERÁ PRIORIZAR ACCIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 27 Jun 2026 08:30:00 -0500

La administración pública es el conjunto de acciones que realizan todas las entidades del Estado en los tres niveles de gobierno: nacional (los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial), regional (gobiernos regionales), y local (municipalidades provinciales, distritales y centros poblados). Según el último registro del Servicio Civil Peruano (Servir), en 2023 el Estado peruano contaba con un total de 1´549,000 servidores civiles (gobierno nacional 45%, regional 42% y local 13%).

En las estructuras administrativas de los tres niveles de gobierno la corrupción de funcionarios y autoridades es el principal impedimento para lograr nuestro desarrollo, grave delito que se ha convertido en un problema recurrente y generalizado, se trata de un fenómeno prevaleciente que actúa como enormes barreras para el progreso económico, social y político porque utiliza indebidamente el poder político y administrativo en beneficio personal o de grupos coludidos con intereses privados a expensas del desarrollo, perpetuando un ciclo de exclusión y marginación social, la falta de transparencia de procesos administrativos contribuye a la ineficiencia y falta de rendición de cuentas en las instituciones estatales.

La corrupción pública es un mal endémico en nuestro país y se trata del delito más grave que se puede cometer desde cualquier entidad del Estado. Existen infinidad de delitos que se cometen en la administración pública, tales como: negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude a la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, exacciones ilegales, apropiación indebida, enriquecimiento ilícito, prevaricato, entre otros, que socavan las instituciones y los valores democráticos, la ética, la justicia, y comprometen gravemente nuestro desarrollo. Según la Contraloría General de la República, este delito representa un costo anual promedio equivalente a 12% del presupuesto nacional (unos S/ 25 millones), y al 2.5% del PBI, igualmente, su Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) registra que, de 2,928 entidades públicas evaluadas, el 99% presenta al menos un indicador de riesgo, por corrupción o disfunciones administrativas graves.

Además, la excesiva burocracia de servidores civiles es una realidad que representa un altísimo costo al Estado e impide su desarrollo como sociedad, consume gran porcentaje del presupuesto estatal afectando inversiones en infraestructura, además, muchas entidades públicas operan con personal mal capacitado, rotativo o designado por favores políticos, sin evaluación real ni consecuencias por mal desempeño afectando objetivos y metas de las políticas gubernamentales.

La tramitología burocrática excesiva afecta a las inversiones privadas, encarece los procesos y desalienta la formalización, según Indecopi, solo entre 2020 y 2024, se eliminaron e inaplicaron 26,387 barreras burocráticas, pero tenemos tantas pendientes que el proceso es muy lento y fragmentado.

Bajo este panorama, tanto la corrupción como la burocracia dorada vienen incrementándose desde hace muchos años generando millonarias pérdidas económicas y obstaculizando el desarrollo social del país. El nuevo gobierno de FP deberá priorizar el diseño de medidas para reducir la corrupción, entre ellas, ejecutando una reforma de la administración pública, reducir los monopolios burocráticos que afectan la inversión, asfixia el emprendimiento y perpetua la informalidad y la corrupción. Es urgente simplificar los trámites administrativos, reducir barreras burocráticas, para mejorar la competitividad y atraer la inversión extranjera. Además, es imprescindible mejorar la eficiencia del gasto público, la selección de proyectos, controles internos y las capacidades técnicas y administrativas en los tres niveles de gobierno.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de junio de 2026

LOS MÁS GRAVES PROBLEMAS QUE DEBERÁ PRIORIZAR EL PRÓXIMO GOBIERNO

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 20 Jun 2026 08:30:00 -0500

A partir del 28 de julio próximo, en que se proyecta como virtual presidente para el período 2026-2031, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, se iniciará este período de gobierno adverso y muy complicado, con muchas dificultades por el retorno del bicameralismo con un parlamento fragmentado de 6 agrupaciones, algunas de ellas, con diputados y senadores con agendas partidarias, ideológicas, individuales o con intereses personales, lo cual representa al próximo gobierno enormes desafíos para garantizar la gobernabilidad de nuestro país y ejecutar las reformas necesarias, debiendo construir alianzas para aprobar proyectos de ley, elegir mesas directivas y conformar comisiones.

De ganar las elecciones Fuerza Popular, a pesar de no tener mayoría parlamentaria en el próximo Congreso, debería, con las facultades que le otorga la Constitución al Poder Ejecutivo, reanudar y acelerar la gran cantidad de obras públicas de infraestructura estancadas, como puentes, carreteras, colegios, hospitales, etc., así como mejorar las capacidades del Estado para responder las más urgentes necesidades de la población, especialmente, de la más vulnerable.

Sin embargo, en los primeros 100 días, el gobierno tendría que priorizar los problemas más graves, en primer lugar, la inseguridad ciudadana, delincuencia y criminalidad que representa la principal preocupación de la población desde hace años y que continúa incrementándose con quebrantamientos cada vez más violentos, como homicidios y extorsiones, delitos que, representando la principal amenaza, muchos quedan impunes. Según estudio de la Universidad de Piura, el costo de la delincuencia anualmente es de 3.1% del PBI, equivalente a US$11,800 millones, debido al cierre de pequeños y medianos comercios, reducción de actividad productiva y pérdidas de fuentes de trabajo.

Una importante conclusión del sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia nos advierte que la inseguridad ciudadana se ha convertido en un fenómeno estructural que afecta la economía, la salud mental y la vida cotidiana de millones de peruanos. El transporte es el sector que se ha convertido en el más vulnerable frente a la extorsión y el sicariato, principalmente en Lima y Callao, pero también aumenta en Piura, La Libertad e Ica, solo en los 5 primeros meses de este año, han ocurrido 131 atentados contra conductores, cobradores y pasajeros.

Del mismo modo, el nuevo gobierno debe enfrentar urgentemente la corrupción política e institucional que incrementa cada vez más la inseguridad ciudadana y afecta la democracia y los servicios públicos, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 nos ubica en el puesto 130 entre 180 países evaluados, también influyen gravemente otras actividades delictivas que deben ser urgentemente contrarrestadas, tales como el crimen organizado que promueve las economías ilegales (minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, comercio ilegal de tala y pesca) las cuales están dominando las actividades más rentables en nuestro país.

Bajo este panorama, de llegar al gobierno Fuerza Popular deberá tomar las acciones urgentes para accionar, en el menor tiempo posible, lo propuesto en su Plan de Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana: modernización de la Policía Nacional; creación de un Comando Unificado Permanente contra el crimen organizado; implementación de Centros de Comando interconectados con inteligencia artificial; construcción de mega penales y creación de un Consejo de Prevención del Delito. Sin embargo, el nuevo gobierno tendrá necesariamente que implementar dichas acciones fortaleciendo, de manera simultánea, la gestión interna y la institucionalidad estatal, fundamentos esenciales para garantizar el orden y el bienestar común.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de junio de 2026

ESPEREMOS CON FE QUE GANE FP, PERO SIN DESCUIDAR LA VIOLENCIA COMUNISTA

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 13 Jun 2026 08:30:00 -0500

Finalmente, el conteo oficial de la ONPE está certificando todas las proyecciones estadísticas, modelos, análisis y estimaciones realizadas, las cuales, faltando menos del 2% del conteo de las mesas, mantendrían la tendencia y resultaría ganador el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori (FP), sobre el partido Juntos por el Perú de Roberto Sánchez (JP). Y de concretarse, sería un triunfo patriótico que generaría inmensa esperanza con enormes expectativas favorables para nuestro país porque FP respalda la vigencia del sistema democrático y el Estado de Derecho, la estabilización económica, promoción de ,la inversión, defensa de los derechos humanos y la educación y formación con valores y principios. Pero lo más importante es que FP estaría derrotando a una coalición extremista y radical de tendencia comunista marxista, la cual resultaría nefasta para nuestro país porque propugna la lucha de clases e incita el odio, busca la captura ideológica del Estado y representaría regresar, con mayor peligro, intensidad y agresividad, al populismo autoritario y corrupto que inició su socio y aliado Castillo desde julio 2021, quien después, con Dina Boluarte, destruyeron nuestra institucionalidad llenando los organismos claves del Estado con comunistas radicales, familiares y partidarios para poder controlar el Estado, lo cual nos llevó al caos, inestabilidad, desorden, confusión absoluta y confrontación.

Basándose en el conteo rápido que elaboró IPSOS, el cual no es un resultado oficial, Sánchez, junto con simpatizantes y aliados estratégicos celebraron efusivamente la victoria, arengando consignas de triunfo, inclusive, muchos de sus aliados ya habían tenido coordinaciones para cubrir ministerios, quienes, de no ganar JP las elecciones, se convertirán en acreedores políticos.

El comunista Sánchez, con grave irresponsabilidad y desfachatez, y, sin esperar el término de conteos oficiales de la ONPE, está azuzando peligrosamente a la violencia, con gritos destemplados ha advertido: “Desconociendo el voto de las regiones, eso no lo vamos a tolerar, llamamos a las fuerzas patrióticas, democráticas, al pueblo rural, al pueblo andino, a que se movilicen a defender la voluntad democrática”, convocaciones insensatas que están ocasionando múltiples señales agresivas de comunistas, tales como del dirigente del Fenatep-Movadef, Lucio CCallo, quien amenaza bloquear el puente internacional de Ilave, en Puno; Jaime Quito, Hernando Zevallos y el vocero de JP, Walter Flores, quienes están convocando marchas a nivel nacional; Víctor Pizarro, presidente de las comunidades campesinas del Cusco, quien coordina para que cada provincia convoque en distritos a todos los coordinadores, ofreciendo hospedaje y alimento para viajar a Lima; Raúl Noblecilla, conocido comunista, arenga a “defender la voluntad popular a cualquier sacrificio”; inclusive el ML-19 (Movimiento de Liberación 19 de julio) organización Tupacamarista, antiimperialista y anticapitalista, que en 2021 con JP apoyaron la candidatura de Castillo, ha presentado un pronunciamiento llamando a JP y a Sánchez para poner en marcha el plan de movilización popular permanente en costa, sierra y selva por la defensa de la voluntad popular.

Bajo este panorama, el comandante general de la PNP Óscar Arriola, al responder por la posibilidad de una “nueva toma de Lima”, aseguró que ésta se evitará, y que el deber de la fuerza es proteger a quienes resulten afectados por eventuales hechos violentos y a quienes tienen a su cargo bienes del Estado, además, situando el operativo a escala nacional, aseguró que “la policía va a garantizar la seguridad de los 34 millones de peruanos”. Le tomamos la palabra general Arriola.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de junio de 2026

NUESTRO VOTO POR LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 6 Jun 2026 08:30:00 -0500

Mañana, domingo 7, durante la segunda vuelta electoral, los peruanos que somos demócratas y exigimos libertad y estabilidad para nuestro país, votaremos por el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori (FP), porque respalda la vigencia del sistema democrático y el Estado de Derecho, la estabilización económica, promoción de la inversión, defensa de los derechos humanos y educación y formación con valores y principios.

No votaremos por el partido Juntos por el Perú de Roberto Sánchez (JP), porque como partido comunista marxista, propugna la lucha de clases e incita el odio, busca la captura ideológica del Estado y representa el camino que amenaza a nuestro país de regresar al experimento fracasado del populismo autoritario de corrupción, inestabilidad y confrontación que inició su socio y aliado Castillo desde julio 2021 en su nefasto período de 1 año y 130 días, y el 7 diciembre 2022, al intentar dar un golpe de Estado, fue destituido terminando en la cárcel.

De llegar al poder JP, nos traería devastadoras consecuencias por su ideología expansiva, confiscadora y totalitaria. Increíblemente, aun estando prohibido constitucionalmente y por ley, a solo 7 días de la segunda vuelta, Sánchez tuvo la desfachatez de presentar un nuevo plan de gobierno (lo cambió 2 veces en un día) para sustituir las siguientes acciones radicales y extremistas de su plan de Gobierno original, único válido para efectos electorales: Un reemplazo total de la Constitución por intermedio de un proceso popular o Asamblea Constituyente (lo cual no es una alternativa constitucional, y con este cambio Juntos por el Perú busca la permanencia del presidente sin plazos para perpetuarse en el poder); la creación de una democracia sustantiva, participativa y popular, y de un poder popular “el pueblo” como nuevo poder del Estado; renegociación de los TLC, eliminación de contratos-ley y mayor control estatal de los recursos; estatizaciones; y la alineación al eje de Cuba-Venezuela-Nicaragua (con lo cual Sánchez copiaría el modelo venezolano de Maduro del socialismo del siglo XXI que no consideraba dictadura).

En economía, el partido comunista de Juntos por el Perú creará empresas públicas, afectará la inversión privada y la minería formal, perjudicará la producción y el crecimiento, aumentará la inflación, se incrementarán los precios de alimentos básicos, aumentará hasta S/1,500 el sueldo mínimo vital, afectando a micro y pequeñas empresas, se reducirá el empleo y aumentará la informalidad, habrá gran fuga de capitales y talentos. En educación, incrementará la ideología comunista en los colegios con cursos politizados extremistas. También, apoyará la minería informal e ilegal en todo el país y los cultivos ilegales de coca en el Vraem, además, llenará de comunistas todas las instituciones del Estado y, para colmo, también ejecutará una segunda reforma agraria.

Pero lo más grave es la influencia del etnocacerismo de Antauro Humala en JP pese a su radicalismo extremo y haber sido sentenciado a 19 años de prisión por la asonada del “andahuaylazo” con el asesinato de 4 policías, además, es muy grave el acuerdo político firmado el 12 de mayo entre Sánchez y el Fenatep (fachada del Movadef) para “cambio de Constitución e impulsar la libertad de los luchadores populares y el cese de los llamados juicios penales”.

Los peruanos demócratas, con nuestro voto por FP, tenemos la gran responsabilidad de impedir que el gobierno comunista marxista de JP nos avasalle con acciones radicales y extremistas y se perpetúe en el poder, destruya nuestra democracia, nuestras libertades individuales, de expresión, mercado, empresa, industria y finanzas y empuje a nuestro país al despeñadero.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de mayo de 2026

PEDRO FRANCKE: EXPERTO EN MAQUILLAR PLANES DE GOBIERNO RADICALES DE PARTIDOS COMUNISTAS

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 30 May 2026 08:30:00 -0500

Con el radicalismo comunista marxista leninista planteado en el ideario de Perú Libre y las propuestas extremas que pregonó Castillo en su campaña de la primera vuelta, Pedro Francke, ofreció sus servicios para moderar el plan de gobierno, exactamente como lo está haciendo ahora con Juntos por el Perú, preparándose con una táctica de maquillaje y engaño. Francke, como Sánchez, siempre estuvieron de acuerdo en cambiar la Constitución, es hora de cambiarla reiteraba Francke en diciembre 2020. En el campo económico tanto los gobiernos de Castillo como el actual plan de gobierno de Sánchez, coinciden en desmontar la economía de mercado y proyectar una economía centralmente planificada. Solo 6 meses le duró el maquillaje de Francke como ministro de Economía de Castillo, y al ser reemplazado se sacó la careta y dijo que tenía problemas para despachar con Castillo y según su evaluación, el gobierno no tenía un rumbo estratégico para encaminar al país.

En el caso de las propuestas de campaña de Sánchez (identificado con el desastroso gobierno de Castillo), Francke, que fue improvisado hace pocos días como su consejero económico, siendo experto maquillador de partidos comunistas radicales, durante el debate con Carranza, trató, con un discurso adaptado, de edulcorar las irracionales propuestas de Sánchez como no postular por el crecimiento económico sino por un crecimiento humano, o que el presidente del BCR, Julio Velarde, no los representa y lo van a echar, Francke aseguró que le pedirán a Julio Velarde continuar en el BCR, también dijo que no habrán estatizaciones, se respetarán los contratos, se tendrá una política económica de estabilidad, incentivarán y promoverán la inversión privada y la meta del déficit fiscal será 1%, realmente un doble discurso maquillador que los peruanos demócratas no debemos creer porque el Plan de Gobierno de Sánchez incluye propuestas de políticas radicales con mayor intervención estatal y revisión de contratos ley, lo cual genera desconfianza generalizada.

Es increíble que el comunista Sánchez no tenga cuadros económicos en su partido que respalden su candidatura y se ha visto obligado a presentar a Francke como maquillador para intentar apaciguar los mercados, la confianza empresarial y la inversión extranjera y ganar algunos votos, a pesar que cuando fue ministro de Economía de Castillo, fue un fracaso, el dólar llegó a alcanzar niveles récord mayores a S/ 4.130 que obligó al BCR a realizar millonarias intervenciones cambiarias por más de US$ 7,300 millones, además, la Bolsa de Valores de Lima sufrió cuantiosas pérdidas y hubo una gran salida de capitales de nuestro país de US$ 22,500 millones, perdimos competitividad de rentabilidad minera, además, en 2022, más de 628,000 peruanos pasaron a la categoría de pobres y más de 400,000 peruanos salieron del país por el golpe inflacionario y la pérdida de oportunidades.

Bajo este panorama, el candidato Sánchez nos quiere presentar una situación similar a la que desarrolló Castillo con su ministro de Economía Francke, quien trata de maquillar las ideas marxistas, confrontacionales e intolerantes de un sistema económico promotor del estatismo que el partido Juntos por el Perú expone claramente en su plan de gobierno, con mensajes contradictorios que crean desconfianza en todos los sectores empresariales nacionales y extranjeros en contar con predictibilidad para invertir, generar empleo y brindar bienestar a los ciudadanos peruanos. Votemos por la democracia y no por el comunismo.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de mayo de 2026

COMUNISTA SÁNCHEZ REITERA CONVOCAR ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y CAMBIO DE CONSTITUCIÓN

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 23 May 2026 08:30:00 -0500

El candidato comunista marxista radical Roberto Sánchez, y su grupo ideológico, han repetido hasta el cansancio, que de llegar al poder van a imponer una Asamblea Constituyente a pesar de su inviabilidad constitucional, y peor aún, pretenden llevarlo a referéndum, Sánchez ha declarado que “hay que derogar esa ley que ha arrebatado el derecho al referéndum”, refiriéndose a la ley 31399 del 30 enero 2022 que protege la Constitución para limitar el referéndum. La obsesión y prioridad comunista es cambiar la Constitución vigente. Sánchez, quien se autodenomina “candidato castillista”, ha manifestado textualmente que, con una nueva Constitución, van a nacionalizar el gas de Camisea y ha reiterado su propuesta de nacionalización como soberanía sobre nuestros recursos naturales.

Pero este estribillo de la Asamblea Constituyente y cambio de Constitución comenzó desde el periodo preelectoral del golpista Castillo. Cuando juró como presidente, en julio 2021, lo hizo “por una nueva Constitución Política”, también en julio 2023, cuando Waldemar Cerrón juró como segundo vicepresidente del Congreso, lo hizo por la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, igualmente, Sánchez lo enfatiza como una de sus principales banderas políticas, su argumento es que la actual carta magna favorece a las élites económicas, genera mayor desigualdad y pobreza, por lo cual plantea un nuevo modelo que reconozca a Perú como un Estado “plurinacional”. La táctica comunista para lograr sus objetivos es creando narrativas falsas articuladas para amplificar cualquier inconsistencia o injusticia y relacionarlas como un clamor de protestas de marginados y vulnerados que deben ser reivindicados.

Sánchez y el comunismo en general, quieren imponer una Asamblea constituyente para cambiar la Constitución con el fin de suplantar el capítulo económico (título III) porque nuestra Constitución es contraria al ideario comunista ya que regula la economía social de mercado e iniciativa privada y garantiza la libertad de trabajo y de empresa, comercio e industria, además, el rol económico del Estado estimula la creación de riqueza, han pasado casi 33 años de vigencia de nuestra Constitución promoviendo en nuestro país la estabilidad y desarrollo económico. Además, buscan destruir las libertades de mercado, empresa, industria, finanzas, libertades individuales y de expresión y eliminar el impedimento de reelección presidencial inmediata (artículo 112°) para perpetuarse como dictadura indefinidamente en el poder, siguiendo el ejemplo de Cuba (74 años), Nicaragua (47 años) o Venezuela (26 años).

Bajo este panorama, el economista Pedro Francke (conocido locuaz izquierdista que ya fue ministro de Economía del golpista Castillo) ha sido convocado por Juntos por el Perú como asesor económico para dar ideas sobre el tema económico, intentando atenuar el grave extremismo y radicalismo de Sánchez, así, Francke trata de dar tranquilidad al sector privado y dice que no habrán estatizaciones y que pedirán la ratificación de Julio Velarde en el BCR, y que es viable elevar el sueldo mínimo a S/1,500, todo lo cual es una falsa táctica que está siendo usada para mejorar la votación de Sánchez, sin embargo, éste, con ideas contrarias, aún no ha avalado a Francke. Lo cierto es que, si el comunista Sánchez saliera elegido, sería imposible que deje su entorno radical (Antauro Humala) y la influencia de personajes vinculados a organizaciones subversivas. En este caso, nos esperaría transitar hacia un inexorable y enorme caos y a la peor inestabilidad social, política y económica que podría ocurrir en nuestro país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de mayo de 2026

ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA: TURBIA Y PARCIALIZADA

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 16 May 2026 08:30:00 -0500

La Asociación Civil Transparencia, conocida como Transparencia, se autodefine como una asociación que trabaja por la calidad de la democracia y representación política plural en el Perú, sin embargo, Álvaro Henzler, mientras era presidente y vocero de dicha asociación, que ha participado como observadora electoral en las elecciones 2026, ha mostrado permanente acuerdo o apoyo al Jurado Nacional de Elecciones, durante y después del proceso electoral, no es una observadora electoral independiente ni imparcial. Según Giuliana Caccia, directora de la Asociación Origen, Transparencia ha recibido de Open Society Foundations de George Soros la cantidad de US$ 100,000 para contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad de la institución.

El 12 de abril, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dispuso que la votación se extienda hasta el día 13, Henzler saludó efusivamente esa decisión sin prestarle mayor atención a las graves irregularidades direccionadas por ONPE para torcer las elecciones en Lima. De manera inexplicable, el día 12 no difundió el conteo rápido de Transparencia e Ipsos, según él, por problemas logísticos, pero cuando vieron que Datum presentó el mismo día 12 su conteo rápido ubicando a Keiko Fujimori con 16.8%, seguida de López Aliaga con 12.9% y Sánchez 5° con 9.4%, se apuraron el día 13 en presentar su conteo rápido, colocando a Keiko Fujimori con 17.1% pero con datos muy diferentes que favorecían a Sánchez con 12.4%, lejos de López Aliaga con 11.3%. Presuntamente Datum difundió los datos correctos, y Transparencia e Ipsos, habrían incluido resultados ficticios de las actas serie 900 para poner 2° a Sánchez, información que en ese momento nadie conocía, lo cual debería ser profundamente investigado.

Esta grave situación de como Transparencia e Ipsos obtuvieron esos resultados tan elevados a favor de Sánchez, podría tener una explicación, justamente, el pasado 5 de mayo, en el programa televisivo Beto a Saber, se denunció que en diciembre 2025, Henzler, a través de su otra Asociación Civil Lucaris, recibió S/ 42,500 del JNE por una charla de “motivación y sensibilización para taller de ejes estratégicos”, acción inconcebible, antidemocrática y dolosa por el cargo que ostentaba como presidente de Transparencia, agravado por su actuación como asociación observadora electoral el 12 de abril.

Coincidentemente, el mismo día de la denuncia contra Henzler, Transparencia publicó un informe de observación electoral extremadamente parcializado, respaldando la legitimidad del proceso y también apoyaron el rechazo del JNE sobre pedidos de nulidad y elecciones complementarias, a pesar que una gran mayoría de peruanos reclamaba anular las elecciones por haberse cometido un presunto fraude electoral, además, sobre el sistema de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) manifiesta que solo dificultó su implementación en varias mesas, cuando realmente tuvo fallas generalizadas, principalmente en el software, habiendo el JNE dispuesto que ONPE no lo siga utilizando, lo cual Corvetto incumplió deliberadamente para seguir alterando la votación del proceso electoral.

Bajo este panorama, la grave denuncia contra Henzler que lo obligó a renunciar irrevocablemente el 8 de mayo, por, según él, haber cometido un “error de criterio”, realmente se trató de un comprometido conflicto de intereses que ha interferido profundamente con su capacidad de actuar de manera imparcial y objetiva enturbiando gravemente la observación electoral de Transparencia, generado serias dudas y desconfianza en la ciudadanía por su apoyo al cuestionado, irregular e ilegítimo proceso electoral 2026, y seguramente, con consecuencias nefastas para nuestro país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de mayo de 2026

DESPUÉS DEL CAOS ELECTORAL, JNE Y ONPE EJECUTAN ACCIONES PARA CONFUNDIR A LA POBLACIÓN

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 9 May 2026 08:00:00 -0500

En setiembre 2025, el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, confirmó ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que en el proceso electoral 2026 utilizará nuevos sistemas informáticos y tecnológicos para garantizar mayor seguridad y transparencia en las Elecciones, informó que había rediseñado el sistema de cómputo de votos incorporando inteligencia artificial para la lectura y procesamiento de actas, así como el uso del sistema STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio) para ayudar y mejorar la votación en la elaboración de actas y presentación de resultados. Para la implementación de dichos sistemas solicitó S/451 millones, de los cuales, para el STAE S/144 millones.

Sobre el STAE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, está seriamente comprometido porque un mes antes de las elecciones sabía que presentaba vulnerabilidades, detallando en un informe de fiscalización que podrían afectar la integridad, trazabilidad, disponibilidad y confiabilidad de la información procesada en las mesas de votación, sin embargo, no tomó ninguna acción para corregir las fallas y permitió su uso en las elecciones. Durante el proceso, junto con el gravísimo retraso en la apertura de las mesas de sufragio, el STAE presentó fallas generalizadas, y recién, el JNE dispuso que Corvetto deje de usarlo y restablezca la operación manual, sin embargo, éste no cumplió y ordenó deliberadamente que continúe usándose, originándose graves irregularidades que comprometieron los resultados de la votación.

Después de producirse este caos electoral, el JNE y la ONPE están ejecutando acciones para confundir a la población. Por un lado, el pasado día 2, el JNE informó que ha dispuesto una auditoría informática integral de la primera vuelta, sin dar detalles de su fecha de inicio, procedimiento, tiempo de duración, y si su ejecución va a concluir antes de proclamar los resultados. Y la ONPE, extrañamente el mismo día 2, emite un comunicado sobre la situación generada el 12 de abril, aduciendo que “las críticas y cuestionamientos obedecen al desconocimiento del funcionamiento del sistema y el descontento generado por los eventos ocurridos el día de los comicios”, por lo tanto, añade que “la democracia se sostiene en el respeto a las instituciones y a los resultados electorales”, pero para confundir aún más a la ciudadanía, 3 días después realizó una conferencia de prensa, donde el subgerente de Gobierno Digital e Innovación de ONPE, Fernando Zapata, señaló que desde el 13 noviembre 2025 la empresa MIT Corporation realizó una auditoría sobre amenazas y vulnerabilidades en los 3 sistemas de cómputo, y que, ¡oh sorpresa¡ recién ha culminado el 29 de abril, después de las elecciones del 12 de abril.

Bajo este panorama, el JNE y la ONPE tratan de hacer creer a la población que el resultado de la elección fue correcto y debe respetarse, pero jamás podrán ocultar las graves y groseras acciones e irregularidades dirigidas para comprometer los resultados de una irregular, dolosa, engañosa y manipulada votación que ha quebrado la voluntad popular creando una inmensa y creciente crisis de desconfianza electoral de la ciudadanía. El JNE debería, antes de proclamar los resultados, disponer una auditoría internacional que verifique los sistemas informáticos de la ONPE y efectúe un control concurrente integral de los programas de conteo de votos, incluyendo la situación de votación de la Serie 900, para garantizar la transparencia de todo el proceso.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de mayo de 2026

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES HA INCUMPLIDO SU COMPROMISO, SU FUNCIÓN Y CON LA CONSTITUCIÓN

noreply@blogger.com (Alfredo Palacios Dongo) — Sat, 2 May 2026 08:00:00 -0500

Roberto Burneo Bermejo ha incumplido primeramente su compromiso reafirmado en octubre 2024 cuando fue elegido presidente del JNE, aseguró: “Servir a nuestros ciudadanos, a la democracia y al Estado de derecho, para que la voluntad popular sea respetada en las próximas elecciones y todos los procesos electorales, garantizando un sistema electoral transparente, eficiente y moderno”, dicho compromiso ha resultado absolutamente contrario a lo acontecido en la elección. También ha incumplido su principal función al no garantizar la legalidad, transparencia y equidad del proceso, el respeto de la voluntad ciudadana, ni fortaleció la institucionalidad democrática.

Pero lo más grave y peligroso, con consecuencias penales para Burneo y su Pleno de 4 vocales, es que han incumplido varios mandatos constitucionales: (artículo 31°) al no permitir que cientos de miles de ciudadanos tengan el derecho de elegir libremente a sus representantes, resaltando que “es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”; (artículo 176°) por no asegurar que la votación traduzca la expresión auténtica, libre y espontánea y que el escrutinio sea reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector; (artículo 178°) por no fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y la realización del proceso electoral y no administrar justicia en materia electoral. Por lo tanto (artículo 38°) todos los peruanos estamos obligados a honrar a nuestro país, proteger los intereses nacionales y respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.

Son muy graves los actos punibles y reprobables ocurridos durante el proceso electoral con acciones claramente direccionadas en Lima, para limitar que cientos de miles de ciudadanos ejerzan su voto como derecho fundamental democrático, además de otras críticas irregularidades: cédulas de sufragio abandonadas en la vía pública o trasladadas en taxis; continuar usando en Lima, con fallas, el sistema STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio); comportamientos atípicos de votación en actas de serie 900 de poblados lejanos y casos inusuales de votaciones transversales; presuntos actos corruptos (la fiscalía ordenó peritaje informático a equipos y teléfonos institucionales y personales). Además, se han presentado más de 50 pedidos de nulidad contra las elecciones y según última encuesta CIT, en Lima Metropolitana, 72.1% de ciudadanos considera que hubo fraude electoral.

El JNE y su Pleno, el pasado día 28 decidió recién publicar el Acuerdo de fecha 23, con 14 páginas, declarando inviable la convocatoria a elecciones complementarias, con explicaciones jurídicas legales a su medida, pero además, con razones incoherentes como que “el proceso electoral ya está en marcha y no se puede parar”, o “por principio de preclusión cada etapa se cierra de manera definitiva y no puede ser reabierta porque alteraría el cronograma electoral”, o porque “generaría un grave escenario de incertidumbre política”.

Bajo este panorama, el JNE debe reflexionar y recular su equivocada decisión. Antes de proclamar los resultados debería reconsiderar elecciones complementarias en Lima, o permitir una auditoría electoral por una entidad internacional o nacional de prestigio, que podría realizarse en corto plazo, para garantizar la transparencia del proceso, verificándose el padrón electoral para determinar si existieron acciones y mecanismos ilícitos que buscaron alterar los resultados de las actas para consolidar un fraude. Caso contrario Burneo y su Pleno serán directos responsables de generar una grave crisis de legitimidad del proceso electoral con nefastas consecuencias para nuestro país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de mayo de 2026