HACINAMIENTO DE PENALES Y GRILLETES ELECTRÓNICOS


Nuestro sistema penitenciario se encuentra en estado de emergencia hace más de 3 años (desde enero 2017) “por razones de seguridad, salud, hacinamiento y deficiente infraestructura” pero la situación empeora, actualmente existen 68 cárceles a nivel nacional con capacidad para 40,000 internos pero albergan 97,000 (sobrepoblación de 143%), adicionalmente el Covid-19 las están convirtiendo en focos mortales (al 16 de junio habían 221 presos muertos por el virus) y varios motines durante esta pandemia. De los 95,000 internos 45,600 (48%) están sin sentencia, de los cuales, según expertos, se tendrían que liberar entre 15,000 y 20,000 para que las cárceles sean manejables, en este contexto el gobierno ha anunciado 12,250 excarcelaciones. 

El pasado 4 de junio, como medida extemporánea e impuesta por la grave epidemia que afecta los penales, fueron promulgados dos Decretos Legislativos, el 1513, sobre criterios excepcionales para deshacinamiento de los penales, y el 1514, para utilización de grilletes electrónicos (sistema de vigilancia electrónica personal penal) en procesados o condenados entre 4 y 10 años (excluyendo a internos que hayan cometido delitos graves), según el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, el INPE está trabajando para contar con 8,000 grilletes e implementarlos (a un costo de S/.50 millones) para que los jueces puedan usar esta medida coercitiva en lugar de presión preventiva, sin embargo, el ministro no ha aclarado la fecha de la implementación ni si existe la infraestructura adecuada para su uso masivo, ya que actualmente la situación de dichos elementos es incierta y la usan solo 25 presos.  

Sin embargo el tema de los grilletes electrónicos ha sido pésimamente gestionado desde hace 10 años cuando fue promulgada la ley 29499 (enero 2010) que establece la vigilancia electrónica personal, y su reglamento (DS-003-2010-JUS agosto 2010), en ese entonces se decidió la adquisición de 2,000 grilletes con expediente técnico y viabilidad presupuestaria aprobada, sin embargo, se desconoce si fueron adquiridos o si se utilizó el recurso asignado.

Bajo este panorama la aplicación de los grilletes electrónicos representa grandes ventajas, además de haber sido probada su eficiencia y fiabilidad en la región (México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay) y es menos costoso que la pena de encarcelamiento (alrededor de S/.10,000 anuales por reo), además, combate el grave hacinamiento actual y en el caso de los procesados evita que imputados primerizos o por delitos de escasa gravedad se mezclen con internos más avezados y peligrosos lo que agrava el problema social carcelario.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de julio de 2020


DESFACHATEZ CULTURAL Y AFRENTA CONTRA EL PERÚ


No podemos pasar por alto, ni dejar en el olvido esta grave ofensiva cultural del Ministerio de Cultura contra nuestra patria, es indignante que bajo su auspicio legal y económico promueva la difusión del largometraje comunista “Hugo Blanco, Río Profundo” el cual fomenta la apología al terrorismo, convoca la subversión y pretende, de manera disfrazada e irresponsable, introducir en la mente de los peruanos (especialmente de jóvenes que no han vivido en carne propia los feroces crímenes terroristas) la idea que este trotskista terrorista es un defensor de campesinos, pero contrariamente, este delincuente criminal realizó actos deleznables levantándose contra el Estado en 1962 en el Cusco cometiendo actos terroristas y asesinando a tres policías en el puesto policial de Pucyura, en Anta.   

Increíblemente, el jefe de la Dirección de Industrias Culturales, Santiago Alfaro, responde los pronunciamientos, comunicados, manifiestos y reclamos de diversas instituciones de nuestras FF AA y Policiales, explicando de manera desfachatada que el ministerio destina subsidios que son evaluados por jurados independientes y especializados, por la sociedad civil, diciendo que no hacen dirigismo cultural, que el documental postuló y fue premiado y que no pueden definir el contenido de los proyectos porque significaría una restricción de libertad de expresión. Cabe destacar que el jurado cuenta con tres integrantes que el ministerio nombra a su gusto.

En toda la documentación oficial revisada del Ministerio de Cultura sobre el proceso de convocatoria del Concurso Nacional de Proyectos de Distribución de Largometraje-2019 hemos encontrado una gran incongruencia, la RD-D000122-2019-DAFO/MC (6 agosto) presenta la relación oficial de 166 postulaciones aptos para el concurso y evaluación del jurado, en la que no están incluidos ni el documental del terrorista Hugo Blanco ni la responsable del proyecto Malena Martínez, sin embargo, tres días después con RD-D000217-2019-DGIA/MC (9 agosto) lo declaran como ganador (¿otro caso Swing?). Cabe mencionar que la cineasta Martínez ha producido otros dos documentales sobre Hugo Blanco en 2014 y 2017.  

Bajo este panorama, los ministros de Defensa e Interior tienen la obligación moral de pronunciarse sobre esta afrenta contra el Perú, contra las Fuerzas del Orden y contra los deudos de miles de peruanos que fueron vilmente asesinados por manos terroristas, asimismo, el ministro de Cultura debe explicar sobre este presunto arreglo para que el largometraje comunista del terrorista Hugo Blanco haya ganado sin estar en la lista de postulaciones aptas además de entregar S/.119,322.00 para su difusión a nivel nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de junio de 2020


CULTURA: MINISTERIO EN DECADENCIA


Recientemente se han presentado dos escandalosos casos en el Ministerio de Cultura que han defraudado su misión de coadyuvar a la integración de todos los peruanos y afirmar nuestra identidad nacional. El primero es indignante y alevoso porque distorsiona nuestra historia, trata de la aberrante promoción de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (Dafo) del Ministerio de Cultura para la proyección de un documental “Hugo Blanco, Río Profundo” que exalta la figura de este comunista, trotskista, terrorista y autoinculpado por el alevoso crimen de tres policías en Pucyura, Cusco. Dicho documental obtuvo un reconocimiento en el Ministerio de Cultura en agosto 2019 aprobando su proyección sigilosamente en el Cusco con proyecciones comunitarias para no llamar la atención, pero actualmente lo promueven con recursos públicos a nivel nacional invitando con afiches a toda la población, a instituciones, municipios, organizaciones indígenas, campesinas y estudiantiles, ofreciendo llevar el film a todas las regiones. Este documental con ideología comunista y apología terrorista debe ser inmediatamente retirado del Ministerio. 

El segundo caso de Richard Cisneros conocido como “Richard Swing” creó una olla de grillos en el Ministerio, con contratos camuflados a este personaje creándose necesidades de servicios “muy urgentes” con contratos no programados, sin metas ni indicadores, a un solo postor y con pagos indebidos de hasta S/.170,000 en seis gestiones ministeriales, inclusive durante el estado de emergencia, este caso debe ser investigado hasta las últimas consecuencias.

Estos vergonzosos e indignantes casos son solo parte de la decadencia del Ministerio, desde su creación en 2010 (Ley 29565) han pasado 14 ministros (7 en este período de Vizcarra) y poco o nada se ha avanzado en promoción cultural y artística ni en protección de nuestro patrimonio, ni siquiera contamos con una Política Nacional de Cultura, ni con planes, programas y proyectos culturales eficaces, tenemos 13,000 sitios  monumentos arqueológicos intangibles pero muchos de ellos afectados por invasiones y destrucción. Históricamente la inversión en cultura ha sido invisibilizada con ínfimos presupuestos, este año se redujo en 140% comparado a 2019 (de S/.3,160 millones a S/.1,314 millones), pero también la capacidad de gasto ha sido pésima además de presentar precariedad administrativa y de planificación.

Bajo este panorama, nuestra frágil proyección cultural requiere de un ministerio con experiencia de gestión, capacidad planificadora, esfuerzo y entrega, para custodiar y proteger nuestro patrimonio histórico, arqueológico, artístico y documental, y asimismo, asociar la cultura a una visión de desarrollo nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de junio de 2020


TERRORISMO: EN JULIO REANUDARÍAN EL CASO PERSEO


Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus los casos de terrorismo estuvieron paralizados cerca de tres meses y según el procurador Milko Ruiz las audiencias se reiniciarán el 1 de julio de modo virtual, mencionó también que uno de los procesos más importantes es el caso Perseo, en el cual se encuentran denunciados el cabecilla del grupo criminal terrorista Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán y sus dirigentes, además los representantes y seguidores del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político-legal de dicho grupo criminal.

Este caso Perseo es trascendental sin embargo muy poco se conoce, es un antiguo proceso iniciado hace 8 años, en 2012, con una minuciosa investigación contra 43 imputados de SL y del Movadef por delitos de afiliación, pertenencia a un grupo terrorista, financiación al terrorismo con dinero del narcotráfico y lavado de activos, obteniéndose contundentes pruebas, entre ellas, declaraciones de colaboradores eficaces del mismo movimiento, actas de audios con interceptaciones telefónicas, directivas incautadas de puño y letra del cabecilla terrorista contactándose con dirigentes del movimiento y hasta recepciones de dinero de sus dirigentes de manos del  terrorista Florindo Flores “Artemio” para impulsar el movimiento. En marzo 2013 la Fiscalía formalizó denuncia a los imputados por filiación con la organización terrorista SL y financiamiento al terrorismo, solicitando al Segundo Juzgado Penal Nacional su detención y captura. Actualmente este proceso ya tiene acusación, solo falta que en julio se realice la audiencia de control para procesar a los implicados.

Bajo este panorama, a pesar de la crisis sanitaria y económica, no debemos mirar de soslayo el terrorismo, aunque el cabecilla terrorista y sus dirigentes involucrados ya se encuentran presos faltaría procesar y penalizar a los dirigentes y seguidores implicados del Movadef, brazo político-ideológico de SL, lo cual sería crucial para desmantelar este movimiento plenamente activo y peligroso porque se fundamenta en el “Pensamiento Gonzalo”, ideario político fundamentalista basado en la destrucción del Estado y la sociedad para implantar un régimen totalitario empleando métodos terroristas y genocidas. En enero pasado, Alfredo Crespo, a cargo de Movadef, interpuso acción de inconstitucionalidad ante el TC contra 13 normas (9 leyes y 4 decretos legislativos) que penalizan actos subversivos, entre ellas, la Ley 29936 sobre penas y financiamiento del terrorismo, Ley 30610 sobre delito de apología y Ley 30794 sobre el requisito de no tener condenas por terrorismo para trabajar en el sector público.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de junio de 2020


PROINVERSIÓN: MALA GESTIÓN E INCAPACIDAD OPERATIVA


El 31 de mayo pasado el PCM aprobó la reorganización de ProInversión buscando fortalecer su estructura orgánica para el cumplimiento de sus funciones. Esta reorganización que durará un año es realmente extraña ya que en febrero 2017 y abril 2018 los ministros de esa época, de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo y de Economía, David Tuesta, declararon que en esta institución ya se había realizado una profunda reorganización.   

Proinversión, entidad del Estado que promueve las inversiones privadas incorporándolas en obras y servicios públicos, está pasando muchas complicaciones, su gestión es poco satisfactoria, no atrae grandes inversionistas, con proyectos mal formulados y adjudicaciones erráticas. En 2017 solo adjudicó 12 proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) por S/.925 millones, en 2018, 8 proyectos por S/.3,087 millones, y en 2019 se redujo a 4 proyectos por S/.414 millones, para el período 2020-junio 2021 tiene una cartera de 23 proyectos con una inversión de S/:18,350 millones (US$5,349 millones), lo cual sería imposible de alcanzar.

Tenemos ejemplos de mala gestión e incapacidad operativa: 1).Hidrovía Amazónica, proyecto lanzado por Proinversión hace 10 años no habiéndose iniciado ningún trabajo físico porque el adjudicado Consorcio Cohidro no puede responder 400 observaciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 2).Proyecto Majes-Siguas II, cuya adjudicación la otorgó Proinversión en setiembre 2010 al Consorcio Angosturas-Siguas pero en 10 años transcurridos se encuentra paralizado. 3).Proyecto PTAR Titicaca para tratamiento de aguas residuales Proinversión lo evaluó desde mayo 2014 y a pesar de su importancia y urgencia recién fue adjudicado en abril 2019 al cuestionado Consorcio mexicano Fypasa Construcciones y hasta la fecha no se inician los trabajos.4). Gasoducto del Sur, en junio 2014 Proinversión, descalificando al segundo grupo postor, adjudico la obra valorizada en US$7,000 millones y por 34 años al Consorcio conformado por Odebrecht, Graña  Montero y Enegás, firmando el contrato Ollanta Humala, pero años después, en febrero 2017, se rescindió el mismo por incumplimiento de cierre financiero, en junio 2019 se conoció sobre presuntos pagos ilícitos de Odebrecht para obtener dicha licitación, finalmente en agosto 2018 el consorcio demandó al Perú ante el Ciadi por 490 millones de Euros por habérsele retirado la concesión del proyecto.

Bajo este panorama se requiere que esta reorganización de Proinvesión sea la más adecuada para que esta institución inicie una nueva etapa, con funcionarios responsables, procesos claros y transparentes, mejor planificación previa de proyectos para evitar cambios y postergaciones, así como mejor control y seguimiento de las inversiones.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de junio de 2020





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