NUESTRO DEFICIENTE SISTEMA TRIBUTARIO


El pasado día 7 Claudia Suárez juró como nueva Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), institución cuya misión principal es proporcionar los recursos para la sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica del gobierno mediante la administración y fomento de una tributación justa, tiene el enorme reto de reducir la informalidad, el contrabando y ampliar la base tributaria, sin embargo, presenta una imagen que prioriza la fiscalización y recaudación al grupo minoritario de contribuyentes que pagan sus impuestos sin conseguir ampliar la tributación de los evasores que representan la mayoría del país.

Según el INEI, 86% de empresas nacionales no paga impuestos, se estima que dejan de recaudarse anualmente S/ 60 mil millones; según cifras del MEF, la evasión fiscal anual al Impuesto General a las Ventas (IGV) llega a 36% y al Impuesto a la Renta (IR) 57%. El indicador que más preocupa en nuestro país es la baja recaudación tributaria respecto al PBI (presión tributaria), en 2018 llegaría a 13.9%, bajísimo nivel respecto al promedio de América Latina y el Caribe (23%), y peor aún al promedio OCDE (35%); para desarrollarnos nuestra presión tributaria no debería bajar de 25%.   

En el marco de la Ley de Fortalecimiento de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, en 2013 fue creado el Consejo Fiscal (adscrito al MEF) para fortalecer el buen desempeño y manejo de la política fiscal, su presidente, Waldo Mendoza, en setiembre pasado graficó crudamente la situación de nuestro sistema tributario “la recaudación en Perú va casi de la mano con el valor de  los commodities, en realidad no hemos hecho nada, no hay tendencia a la recuperación de la presión tributaria, los gastos se han venido ajustando, un país como este no tiene futuro”. Situación compleja porque el Banco Mundial pronostica que las materias primas en los próximos 10 años seguirán a la baja lo que complicaría nuestra base de recaudación por significar 60% de las exportaciones y 20% de ingresos fiscales.

Bajo este panorama, para atenuar las brechas socioeconómicas existentes requerimos de un sistema tributario eficiente y justo que aumente la recaudación fiscal ampliando la base tributaria, para ello la Sunat además de simplificar los procesos, deberá incrementar su capacidad operativa, técnica, organizacional, estructural, de capital humano, informática y tecnológica, pero además, el aparato público debe mejorar la gestión y calidad del gasto de los tributos de los contribuyentes para el desarrollo del país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de enero de 2019

DESAPERCIBIDO MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA 2018


Como para que pase desapercibida la grave realidad sobre drogas en nuestro país, faltando solo tres días para la navidad fue publicado el último Monitoreo de Cultivos de Coca - diciembre 2018 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) conjuntamente con Devida (normalmente es publicado meses antes), el cual obviamente pasó inadvertido y no pudo ser analizado. La mayoría de datos clave registrados de 2017 aumentaron respecto al año anterior, entre ellos, el área de cultivos 49,900 (+14%) con incremento continuo los últimos 3 años, también aumentó la producción de hoja seca 117,292 TM (+11%) principal insumo para producción de cocaína cuyo valor de producción alcanza US$ 399 millones (+22%), contrariamente lo que disminuyó fue la erradicación de cultivos registrando 25,784 ha (-14%). La incautación de pasta básica (15.3 TM) y clorhidrato de cocaína (21.4 TM) es irrisoria comparada a la producción que sale al exterior y aunque no se cuenta con cifras oficiales desde hace 10 años (la última fue de 302 TM)  se calcula que podría llegar hasta 500 TM) los monitoreos desde 2008 repiten que no cuentan con el factor actualizado de conversión coca-cocaína, lo cual es inaudito.

Viendo el mapa de la superficie de coca por zona de producción, es muy grave que haya aumentado la cantidad de cultivos en las 13 zonas cocaleras evaluadas, siendo las más afectadas Pichis, Palcazú, Pachitea (+554%), San Gabán (+226%), y Vraem, como la zona más compleja y relevante, registra 21,646 ha (67% de la producción total y con la más alta productividad) pero a pesar de ello jamás se ha erradicado ni una hectárea, además, los cultivos en las Áreas Naturales Protegidas crecieron 36% y en las zonas de amortiguamiento 15% siendo los más afectados el Parque Nacional Bahuaja Sonene (Puno) y la comunidad nativa Shinpen-chariato (Junín-Vraem).

Bajo este panorama, los cultivos de coca se incrementan y los narcotraficantes producen mayores cantidades de cocaína de mejor calidad y pureza (emplean permanganato de potasio como antioxidante en el proceso de refinación)  incrementado su precio en todas las zonas de producción. Nuestro país ostenta el vergonzoso segundo lugar como productor y exportador mundial de cocaína (después de Colombia) debido a erradas políticas, mala gestión, dobles discursos, indefiniciones, estrategias antidrogas inadecuadas, y como resultado, el flagelo del narcotráfico sigue creciendo generando una peligrosa realidad que corroe el tejido social y amenaza nuestra estabilidad nacional.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EPRESO, fecha 5 de enero de 2019


TLC: EE.UU. ADVIERTE A PERÙ POR MAL MANEJO FORESTAL


Según el diario New York Times (edición 19 diciembre), el presidente Donald Trump tomaría medidas contra el Perú en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Perú y EE.UU (TLC) por la deforestación de la Amazonía al no detener la tala ilegal, especialmente en Madre de Dios, la región más deforestada del bioma amazónico entre los 9 países que comparten este ecosistema y Perú ha sido negligente para protegerla, además porque se están limitando las funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) cargo que fue creado con dicho TLC con la misión de controlar y verificar la extracción y comercio de productos madereros.

El TLC con EE.UU fue suscrito en abril 2006 y puesto en ejecución en enero 2009 (DS-009-2009-Mincetur), el cual, en su capítulo 18 (Medio Ambiente) incluye un anexo sobre Manejo del Sector Forestal (anexo 18.3.4) en el que Perú se compromete a fortalecer la capacidad institucional para cumplir la ley forestal, mejorar el manejo forestal e incrementar la fiscalización a la tala ilegal, cumpliendo diversas acciones como la implementación de un plan anticorrupción para funcionarios forestales, la creación de Osinfor como organismo independiente, el aumento de sanciones penales, control de exportaciones madereras en el comercio internacional, supervisión y fiscalización de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (Cites), entre otros.

El caso de la devastación en Madre de Dios es realmente incontrolable y sus efectos perjudiciales durarán por varias generaciones, en los últimos 17 años la deforestación se ha cuadruplicado de 5,603 hasta 23,669 hectáreas incluyendo zonas cercanas a áreas protegidas y a concesiones destinadas a reforestación. En el caso de Osinfor, según EE.UU se han limitado sus funciones  porque dicho organismo ha pasado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Ministerio del Ambiente (Minan), inclusive por dicho motivo renunció su presidente Máximo Salazar.

Bajo este panorama, el tema del TLC y las medidas que podría tomar EE.UU contra Perú debe ser resuelto bilateralmente, sin embargo, le corresponde al Estado peruano poner máximos esfuerzos para erradicar la tala ilegal en nuestra Amazonía porque genera círculos viciosos de corrupción, delincuencia, pobreza y depredación del recurso forestal, además, socava el aprovechamiento sostenible de nuestros bosques tropicales afectando los ecosistemas Amazónicos y agravando el problema del calentamiento global. Es inconcebible que en nuestro país, en los últimos 35 años, se hayan perdido alrededor de 8 millones de hectáreas de bosques.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de diciembre de 2018


SISTEMA PENITENCIARIO: NO QUEREMOS VER LA REALIDAD


El pasado día 12 la Defensoría del Pueblo presentó el Informe Defensorial “Retos del Sistema Penitenciario” en el que advierte que el nivel de hacinamiento en 54 de los 69 penales existentes en el país ha sido desbordado, de una capacidad máxima para recibir 39,156 internos actualmente albergan a 89,166, es decir, existe una increíble sobrepoblación de 128%, pero hay penales que tienen extrema sobrepoblación y hacinamiento como el penal del Callao Sarita Colonia casi en 500%, el penal Miguel Castro Castro (300%) y Lurigancho (200%). Además se presentan otros graves problemas, entre ellos, el nivel de internos sin condena llega al 40%, además, para personas vulnerables internadas hay déficit o ausencia de políticas de tratamiento, y los problemas de seguridad dentro de los penales son deficientes, en el penal de Lurigancho hay un solo agente penitenciario disponible para el resguardo de 117 internos y en el penal El Milagro (Trujillo) hay disponible un agente penitenciario para y 131 internos.

La inseguridad de los penales es realmente dramática, se perpetran extorsiones con celulares, se coordinan secuestros y crímenes por encargo y predomina una grave corrupción y discrecionalidad donde se promueven excesos y abusos, se fortalecen bandas de secuestradores, narcotraficantes y escuelas de crimen, los decomisos de celulares, cocaína, licores, y armas son comunes, por lo que las posibilidades de resocialización son muy limitadas o casi nulas a pesar de que existe un mandato constitucional que dispone que el sistema penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, es decir, su mandato se adscribe a la función resocializadora penitenciaria (Artículo 139 inciso 22), sin embargo esto no se ejecuta en los penales.

Aunque parezca increíble el sistema penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) se encuentran declarados en emergencia desde el 6 enero 2017 por 2 años que culmina el 6 enero 2019 (Decreto Legislativo 1325) a fin de revertir la aguda crisis que atraviesan los establecimientos penitenciarios a nivel nacional por deficiencias en seguridad, salud, hacinamiento, lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la gestión administrativa e infraestructura, sin embargo, ya estamos solo a días de que concluya la declaratoria de emergencia y no se han logrado mejoras. El ministro de Justicia le debe una explicación al país sobre los resultados obtenidos en el sistema penitenciario nacional y en el Inpe durante estos dos años declarados en emergencia.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de diciembre de 2018


SITUACIÓN DE LA POBREZA RURAL EN EL PERÚ


El pasado 21 de noviembre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó en Buenos Aires, Argentina, la primera edición del “Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe” advirtiendo que en la última década aumentó la pobreza rural regional en 2 millones de personas llegando a 59 millones de pobres rurales, de los cuales 27 millones son pobres extremos rurales, resaltando que casi la mitad de la población rural regional es pobre a pesar que 28 de los 33 países que la conforman son de ingreso rural medio y alto.

Con relación al Perú, el informe incluye nivel de pobreza monetaria y nivel de pobreza multidimensional, respecto a la monetaria (actualmente aplicada por INEI) indica que hemos reducido la pobreza rural desde 1997, de 73% a 46% en 2014 (actualmente el INEI registra 44.4%), esto significa que de los 9 millones de peruanos rurales casi 4 millones son pobres), pero el informe también registra que tenemos 86% de pobreza multidimensional (de los 9 millones de peruanos rurales 7.7 millones son pobres). Para comprender esta extrema diferencia entre medición monetaria y multidimensional, el INEI emplea la medición monetaria considerando que quien tiene S/ 11.27 diarios para vivir (alimentación y todas las demás necesidades) no es pobre, y si tiene más de S/ 6.1 no es pobre extremo. Esta inexplicable e ilógica medición no permite dimensionar la magnitud de las carencias poblacionales que si incluye la medición multidimensional como falta de servicios básicos, educación, empleo, protección social, vivienda y calidad de vida.

Bajo este panorama nuestra pobreza rural es estructural, los elevados niveles de pobres y la mayoría de necesidades básicas insatisfechas demuestran que las zonas rurales están siendo olvidadas por el Estado y la sociedad. Se requieren programas estratégicos y políticas políticas coordinadas entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local priorizando la inversión para luchar contra la pobreza existente en el ámbito rural, principalmente en crear oportunidades de empleo (la informalidad supera 88%), mejorar agua y saneamiento (alrededor de 30% sin servicio de agua y 42% sin servicios higiénicos), salud (mínima inversión, cobertura muy reducida y en muchos casos inexistente), educación (muy bajos niveles de aprendizaje), capacitación de pequeños agricultores (siembras, cosechas, demanda, calidad, competencia y precios de productos), electrificación (brecha permanece en 20%), y gestión ambiental (conservación ambiental y manejo eficiente de recursos naturales).

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de diciembre de 2018


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