Política e Internacionales

El lobby del cabildeo

2020-04-23T16:45:00.000-07:00

A principio de 2020 me invitaron muy amáblemente a publicar una columna sobre cabildeo en el periódico ContraRéplica de Puebla. Son columnas de opinión cortas, con la intención de tratar y divulgar la discusión sobre el tema. Aquí está el compendio de publicaciones hasta el momento.

Breve introducción teórica al cabildeo.

El lobbying o cabildeo no es un tema nuevo. Se trata de un ejercicio intenso del derecho de petición. Así, tanto en México como América Latina ha venido creciendo su notoriedad, práctica y estudio con el advenimiento de las transiciones hacia la democracia. Y es justamente esto lo que intentaremos hacer en este espacio denominado El lobby del cabildeo: poner al lobbying y/o cabildeo bajo la lupa.

Como primer punto, el lobbying es lo mismo que el cabildeo. Mientras unos prefieren usar el anglicismo, otros optan por utilizar un término en castellano para referirse a lo mismo. Por su puesto que cada país tiene sus singularidades y su propia cultura política, pero la materia es la misma y, en consecuencia, su concepto no varía si le llamamos lobbying, lobby, cabildeo o gestión de intereses. Entonces, poniéndolo con el término comúnmente usado en México: ¿qué es el cabildeo?

Para definirlo con precisión, como argumenta Anthony Nowness (2006)^¹, se tiene que abundar sobre la noción de que es un proceso constante, comprendido por una variedad de técnicas y prácticas de persuasión donde, más allá de los recursos de los grupos y sus estrategias, la información es el principal bien de transacción. Así, el cabildeo es realizado por una diversa amalgama de organizaciones interesadas en los distintos asuntos del gobierno, además de que es llevado a cabo tanto en los tres órdenes de gobierno –Federal, Estatal y Municipal– como en sus tres ramas –Ejecutiva, Legislativa y Judicial.

Por otro lado, el cabildeo involucra actores activos y pasivos. Los primeros son los ciudadanos y grupos de interés que ingresan sus demandas al sistema político. Los segundos son los representantes y servidores públicos, es decir, los que reciben el cabildeo. Entonces, los que cabildean no forman parte de ningún cuerpo colegiado del poder público, porque éstos son sujetos de recibir cabildeo y, en todo caso, ejercitan el contra-cabildeo.

Una vez definido y comprendido que los grupos de interés y los individuos de la sociedad civil son los que cabildean, habría que preguntarse qué tipo de estratégias y tácticas de cabildeo se utilizan, si es una forma de presión o persuasión, dónde y para qué se lleva a cabo; asimismo, quién financia esos esfuerzos, qué son los grupos de interés, cómo se relacionan éstos y el cabildeo con la democracia y por qué ha crecido tanto en los últimos años, en México como en América Latina.

Todas estas y más preguntas serán puestas a consideración en este espacio. Mismo que, por motivos de extensión, llega a su fin por esta entrega.

1 Nownes, A. (2006). Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get It). Cambridge: Cambridge University Press. Libro donado por un servidor y el Dr. Víctor Manuel Reynoso Angulo a la biblioteca de la UDLAP.

Feminicidios, marchas y cabildeo.

No se pretende en esta columna agregar más palabras sobre los casos de feminicidios que aquejan a Puebla y todo México, sino aprovecharlos para resaltar el cabildeo que se está desarrollando, en parte, a raíz de estos crímenes. En resumen: las actuales marchas contra los feminicidios y la inseguridad, son una manera de cabildear.

Al cabildeo se lo puede dividir en dos: en directo e indirecto. El primero es el tradicional, el que se lleva a cabo cara a cara y hacia adentro de los límites físicos del poder público. El segundo es el que se realiza hacia afuera de esos confines. Es decir, el cabildeo indirecto o de base -grassroots lobbying en inglés- es visible cuando algún grupo de interés, generalmente de la sociedad civil, realiza una manifestación para incidir en la opinión pública.

Con protestas en las calles, campañas en los medios de comunicación y en las redes sociales, por mencionar algunas de las tácticas y los espacios donde este tipo de cabildeo se despliega, los grupos -como pueden ser 33 Mujeres AC para los feministas, ANECPAP para el caso de los de estudiantes universitarios y ANUIES para las universidades y sus directivos- primero procuran influir en la opinión pública. Posteriormente estos buscan acceder a reuniones para, ya de manera directa, persuadir a los tomadores de decisiones sobre alguna legislación o política pública.

También existen estrategias mixtas de cabildeo. Como lo vimos con lasmarchas que se llevarona cabo este pasado miércoles de ceniza en Puebla y lassubsiguientes como la denominada Mega Marcha Universitaria, hubieron esfuerzos inéditos y conjuntos entre grupos de la sociedad civil, grupos feministas, estudiantes y directivos de la BUAP y la UPAEP. En esta ocasión se dio un cabildeo cruzado, directo e indirecto a la vez.

Hubo cabildeo indirecto porque se realizaron marchas multitudinarias con alto impacto en la opinión pública, acompañado de mucha actividad en las redes sociales. Asimismo existió cabildeo directo porque, los rectores de las mencionadas casas de estudio mantuvieron juntas puntuales con el gobernador del Estado. Y se dio un esfuerzo de cabildeo cruzado porque actores con intereses y afiliaciones disímiles, supieron juntarse en pro de la seguridad y contra los feminicidios.

Claro que hay diferentes mecanismos de participación ciudadana, pero el cabildeo directo y/o indirecto es una manera eficiente de presionar o persuadir a las autoridades. Como este fenómeno es más conocido por su mala fama y los casos de corrupción, así como por ser casi exclusivo de los grupos empresariales, los grupos feministas y de la sociedad civil buscan definir sus actividades con otros términos. Pero estos son errores conceptuales: el cabildeo es una forma asertiva y no exclusiva de gestionar intereses, como quedó demostrado en Puebla. Y más que negarlo, hay que mejorarlo.

Mas púrpura para el padrón de cabilderas del Senado.

Retomando el análisis del cabildeo y la relevancia que tiene el que muchas mujeres están haciendo de manera indirecta, como por ejemplo con la marcha del pasado domingo 8 de marzo y su huelga del lunes 9, muy brevemente vamos a referirnos al crecimiento de las cabilderas profesionales y su gestión directa de intereses.

Una manera de hacerlo es remitiéndonos al Padrón de Cabilderos del Senado de la República -que ya debería cambiar su nombre por el de Padrón de Cabilderas y Cabilderos. Precisamente, en el año 2010 se promulgaron reformas a los reglamentos interiores de las dos cámaras que componen al Congreso de la Unión. Estas incluyeron un capítulo en cada lineamiento que, por primera vez, reguló y le dio reconocimiento legal a la profesión. Por cierto, en América Latina son sólo cuatro países hasta el momento los que cuentan con algún tipo de reglamentación sobre el cabildeo: Perú, México, Chile y Colombia.

Basta por ahora decir que, aunque esta norma es muy escueta y tiene muchos faltantes, sentó las bases para el desarrollo formal del cabildeo y abrió las puertas parauna posible ley particular de este fenómeno, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Así, estareglamentación definió a la actividad ya sus actores, de igual forma que instó a quienesla ejercían, de hecho pero no de derecho, a declararse como cabilderos o cabilderas refiriendo sus datos fiscales, es decir, sison personas físicas o morales, sus datos de contacto y páginas de internet, así como sus temas de interés ylas comisiones en las que participan.

Independientemente de que los hombres siguen siendo mayoría en la actividad, el número de mujeres ha crecido año con año. En el 2015 las mujeres representaron el 33.5 por ciento de las 121 personas físicas registradas en total, al tiempo que eran el 22.6 por ciento de las acreditadas dentro de las 134 personas morales dadas de alta -se permiten dos agentes por firma. Es decir, en ese año habían 40 mujeres como personas físicas y 64 cabilderas dentro de las personas morales empadronadas.

Ganando relevancia con su buen desempeño, el número de cabilderas registradas en el Senado de la República, para el año 2019, ascendió a 59 mujeres inscritas dentro de las 147 personas físicas en total. Es decir, en cuatro años ya llegaron a ser el 40.14 por ciento. Igualmente, en el 2019 sumaron 81 mujeres acreditadas dentro de las 116 personas morales; o sea, de un 22.6 por ciento en 2015 ya llegaron al 37.15 por ciento.

Haciendo un recuento de estos datos, la participación de las mujeres y su rol en el cabildeo profesional a nivel federal viene aumentando y no se avizora que vaya a retroceder. Aunque todavía faltan sumar más, estas son buenas noticias, dado que la equidad de género y una paridad de cupo en los puestos claves dentro de la política son metas a alcanzar para una mejor calidad de la democracia.

El cabildeo y los grupos empresariales en tiempos del Coronavirus.

Identificar qué tipo de grupos de interés existen y las diferencias entre éstos, son tareas fundamentales a la hora de analizar un fenómeno como el cabildeo. Un grupo de interés puede definirse como una asociación de personas que, en base a uno o varios asuntos compartidos, intenta influir a su favor en la política sin formar parte del gobierno. Así y dada la relevancia que, en estos últimos días, han vuelto a tener los grupos de interés empresariales, vamos a referirnos a éstos. La intención es explicar, muy brevemente, por qué hoy hay grupos y líderes empresariales más influyentes que otros.

Mientras que el universo de los grupos de interés es complejo, porque éstos tienen discrepancias entre sí y hacia sus interiores, también difieren por los sectores que representan, por sus recursos, tipos de organización, liderazgos, extracciones o contactos partidarios, historia y un largo etcétera. Además, los grupos se distinguen entre sí por el tipo de relación que guardan con el gobierno en turno. A grandes rasgos se puede dividir este universo en dos grandes conjuntos, en base a un factor institucional: los grupos neo-corporativistas y los grupos pluralistas (C. S. Thomas y K. Klimovich, 2013).

Inicialmente hay que decir que los grupos neo-corporativistas son llamados de esta manera porque, como su nombre los describe, están relacionados o identificados a un modelo de democracia corporativista. De igual manera, los grupos pluralistas son llamados así porque están más ligados a la democracia liberal. Ninguno es mejor que el otro, pero el tipo de grupos, cabildeo y estrategias que prevalecen sufre variaciones dependiendo del régimen y modelo de democracia que opere en un momento determinado.

Si tenemos en cuenta que, actualmente en México opera un gobierno democrático más de corte corporativista, con mayorías en las cámaras legislativas y un liderazgo más centralista, es claro que grupos con características neo-corporativistas sean más exitosos en sus cabildeos que los grupos de corte pluralista. Aclaro que esto no es “chairos contra fifís”, es teoría de los sistemas de grupos de interés.

Sin querer agobiar más con teoría ni ciencias políticas, vale la pena remontarnos a noviembre del año 2018, cuando el entonces presidente electo López Obrador anunció que formaría un consejo de empresarios para ser consultado sobre asuntos económicos. Esta es una práctica más corporativista que pluralista. Por lo tanto, no debe ser motivo de suspicacias comprender por qué hay grupos y lideres empresariales de corte neo-corporativistas que, actualmente, tienen más ascendencia en sus cabildeos que otros. Es decir, la COPARMEX es un grupo de tipo pluralista, mientras que, por ejemplo, la CONCAMIN o empresarios como Salinas Pliego o el mismo Slim del Grupo Carso son del otro tipo. Y por lo mismo estos últimos, actualmente, tienen mayor atención del gobierno que el primero.

Un último comentario, aplicando la teoría a la actualidad. El hecho de que el jueves pasado, tras intensos cabildeos y contra-cabildeos, López Obrador haya convocado a una reunión a los líderes de grupos diversos como la CONCAMIN, el CCE, el Consejo Mexicano de Negocios y la Asociación de Bancos de México, nos habla de grupos que tienen titulares, estrategias y agendas más flexibles con la coyuntura que el de la COPARMEX. Sólo buscando ser descriptivo y propositivo, si Gustavo de Hoyos pretende ser más asertivo en su cabildeo, debería ponderar la flexibilidad para ser más exitoso en sus cometidos. El ejemplo lo está poniendo el CCE que, aunque es un grupo de interés más de corte pluralista, está siendo convocado a reuniones y consiguiendo cierto seguimiento en sus propuestas, tanto con el presidente como con senadores. El resultado está por verse y es otro asunto.

A lot.

El 4/20 y el cabildeo de la mariguana en México.

Este pasado lunes 20 de mayo (May 20th, por su fecha en inglés) se festejó el 4/20, es decir, el día mundial de la mariguana. Con esa reciente fecha como escusa, nos vamos a referir aquí sobre el cabildeo que en México se ha estado haciendo en torno a la canabis. Con muchos grupos cabildeando, aristas y un tema por demás polémico, vale la pena enterarse del estado de la situación del asunto y relajarnos un poco (o un chingo) de los temas que hacen a la crisis y el Covid-19.

Desde el año 2000 hasta la fecha, en el Senado y la Cámara de Diputados han ingresado un gran número de iniciativas de ley, que buscan legalizar la mariguana a nivel federal. En los últimos cinco años, son más de setenta iniciativas que, con sus singularidades, están buscando regular desde el cultivo, la producción e industrialización, la tenencia, la penalización, el consumo y la comercialización medicinal y lúdica, entre otros aspectos que hacen a la mariguana un asunto de interés público. Hay iniciativas de todos los partidos, y legisladores que traen el tema desde bastante tiempo atrás como, por ejemplo, el hoy senador por Puebla Alejandro Armenta Mier quien, en 2017, fue de los diputados que participaron en la legislación que modificaron la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para permitir el uso medicinal y científico de la mariguana.

En la actual legislatura, ya van diez iniciativas presentadas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados. En parte este frenesí de intentos de legalizar la mariguana, ha crecido sobre todo porque en Estados Unidos y Canadá, los socios del TLCAN o TMEC, su producción, comercialización y consumo ya es legal (primero lo fue para el uso medicinal y luego recreativo, también). Asimismo, porque el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Federación conminó al Senado a regular la materia en el plazo de un año. Y es que, urge dar claridad y certidumbre sobre un tema que va más allá del consumo medicinal o recreativo, y que llega a tener un uso industrial.

Así las cosas, a finales del año pasado y a inicios de este año las comisiones unidas de Salud, Justicia y Estudios Legislativos, con la participación activa de la Junta de Coordinación Política del Senado con el senador Ricardo Monreal a la cabeza, emprendieron la tarea de, por fin, legislar la materia. Para esto se realizaron foros, audiencias y actividades informativas para que los especialistas y cabilderos que representan a una amalgama plural de organizaciones y empresas, interactuaran con los legisladores. Es decir, con el propósito de promulgar una ley que haga a la mariguana legal y permita su producción, industrialización, comercialización y consumo de una manera similar que en otro países, el Senado abrió sus puertas de acceso para que el cabildeo haga su tarea en la búsqueda de influir a los tomadores de decisiones.

Por supuesto que este tema trae muchas y diferentes visiones, como los temas científicos versus los éticos, los de seguridad contra los de desarrollo económico, etcétera. Pero también trajo consigo e hizo palpables, las contrariedades del propio cabildeo. Por un lado, mostró cómo los grupos y empresas más organizadas y con mayores recursos, pueden actuar con más ascendencia sobre los legisladores, que los grupos con menor pericia y fondos para cabildear. Esto quedó de manifiesto con la cantidad de cabilderos representado a empresas transnacionales (sobre todo canadienses y estadounidenses), que supieron hacerse escuchar más que los grupos de especialistas y académicos.

Así, si bien en el padrón de cabilderos del Senado sólo hay registrados cinco personas físicas (tres son mujeres) y una persona moral que declaran, como tema de interés, la legalización de la mariguana, desde octubre pasado hasta febrero de este año cabildearon en este tema un número muy superior de representantes de empresas, grupos y organizaciones con interés en la industria del canabis o mariguana. Por ejemplo, fueron sonadas las participaciones de Khiron Life Science (que contrató a Vicente Fox), Aurora Cannabis, Constellation Brands (la empresa cervecera) y el Grupo Promotor de la Industria del Canabis (que agrupa a 25 empresas mexicanas).

Desafortunadamente, la pandemia del coronavirus, las presiones de algunos cabilderos y la falta de acuerdos legislativos, especialmente en el partido mayoritario, hicieron que el tema volviera a la congeladora legislativa del Senado. Habrá que esperar, quizá al año que entra, para ver si un gobierno de izquierda promulga esta ley que, según dicen aunque no queda claro, pertenece a su agenda.

https://elpais.com/sociedad/2020/02/05/actualidad/1580930959_133582.html

https://politica.expansion.mx/congreso/2020/03/04/senado-regular-uso-ludico-de-marihuana

https://www.excelsior.com.mx/nacional/empresas-presionan-al-senado-por-cannabis-cabilderos-provocan-atoron-en-el-tema/1344405

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/la-cannabis-los-cabilderos-y-la-revolucion-verde

https://elpais.com/internacional/2017/04/29/mexico/1493419178_321134.html

2017-08-16T12:49:00.002-07:00

El lobby en América Latina: entre el poder y la presión
Entrevista a Mario Ricciardi* En www.nuso.org Revista Nueva Sociedad.

Los lobbies se han convertido en un actor central en la política. ¿Son tan malos como creemos? ¿En qué consisten realmente? ¿Para qué poderes trabajan?

Por Mariano Schuster

Agosto 2017

Durante los últimos tiempos y a raíz de las relaciones entre algunos Estados de la región con empresas que obtuvieron evidentes beneficios, se ha puesto en debate la temática del lobby. ¿Qué tipo de incidencia tiene hoy el lobby empresarial en América Latina y cuáles son sus modalidades de acción?

La pregunta es compleja e implica una serie de variables dependientes e independientes. Lo más importante para empezar a analizar el fenómeno de una manera académica y seria es determinar qué es el lobby, lobbying o cabildeo –como se lo conoce en México y otros países de habla castellana–. Después, ya se puede hablar del lobby financiero, sus impactos y las modalidades de acción política que emprenden los lobbistas y los grupos que los contratan.

A grandes rasgos, las diferentes definiciones de este fenómeno coinciden en que es una actividad política encaminada a influir en las decisiones de las autoridades públicas y que se trata, nada más y nada menos, que de «un especial e intenso ejercicio del derecho de petición, tal como afirma la clásica definición de Lewis Dexter. Es decir, el lobbying es fundamental para una democracia de calidad porque apuntala el derecho de los ciudadanos de peticionar frente a las autoridades públicas, así como de intentar influenciarlas.

Una vez definido el lobby y ligado a sus modalidades de acción, hay que diferenciar qué tipo de grupo de interés es el que está haciendo lobby por equis asunto determinado, así como definir qué son los grupos de interés y tipificarlos, siempre deslindando lo peyorativo de otra expresión utilizada como sinónimo en estos temas, que es la de «grupos de presión». También hay que distinguir si un grupo de interés actúa por su cuenta o en alianza con otros grupos de su sector o de algún otro, lo que genera estrategias de lobby cruzado. Por otro lado, para buscar influir en la toma de decisiones, los grupos y los lobbistas pueden buscar acceso a los tomadores de decisiones de manera directa –es decir, a la manera clásica del lobby– o generar tácticas de lobby indirecto, haciendo campañas para influenciar a la opinión pública o llevando a cabo movilizaciones en las calles –o en las redes sociales– que tengan efecto en los legisladores, por ejemplo. también existe y muy extendidamente el lobbying en procesos electorales.

Aquí es donde surge uno de los temas más controversiales para la discusión de la democracia y el lobby: las inequidades en la gestión de intereses producto, entre otras cosas, de la interacción del dinero y la política. Otro tema de discusión es la tensión que existe en la democracia entre la libertad y la igualdad que el ejercicio del lobbydeja ver más fácilmente.

En términos regionales, ¿cuáles son los países que tienen legislaciones más restrictivas con respecto al lobby y qué tipo de efectos han conseguido?

El lobby en América Latina ha estado creciendo en los últimos 30 años. Cuando los países de la región comenzaron a transitar el camino hacia la democracia, el lobbyprofesional empezó a crecer más vigorosa y apresuradamente. En ese sentido, el nivel y la regulación varían en cada país de la región. Solo en Chile y Perú hay una legislación con algunos rasgos equivalentes al Lobbying Disclosure Act de Estados Unidos. También México tiene legislación al respecto, pero es un capítulo dentro de los reglamentos interiores de las cámaras del Congreso de la Unión. En Colombia se incluye un apartado en el Código Penal y en Argentina hay un decreto presidencial para regular la gestión de intereses en el Poder Ejecutivo. Los demás países no tienen legislación sobre el lobby, pero en casi todos, así como en los mencionados, hay proyectos de ley al respecto y la actividad ha venido creciendo en magnitud. También cabe resaltar que en la mayoría de los países se ha comenzado a generar mecanismos legales y prácticas para hacer más transparentes la gestión pública y los procesos legislativos. De igual formar, comenzaron a tipificarse delitos como el tráfico de influencias, la corrupción y el nepotismo, entre otros.

Un punto interesante a destacar es que en la región ha venido creciendo el número de estudios académicos sobre el tema, así como las organizaciones civiles o centros de estudios que trabajan sobre el fenómeno de la gestión de intereses, para hacer transparente el dinero en la política y lo que pasa en la «caja negra», en términos del clásico David Easton. Esta es una buena noticia, pero aún falta que mucha información pública esté disponible, para poder inferir más puntualmente aspectos del lobby y sus impactos, así como para detectar casos de corrupción. Asimismo, ha crecido el número de despachos que profesionalmente ejercen y prestan servicios de lobby, al tiempo que los diferentes grupos de interés y los actores responsables de éstos, son más conscientes de la necesidad de hacer lobby todo el tiempo.

El lobby financiero es, en el marco del capitalismo especulativo, uno de los que más poder ha adquirido y mayor incidencia ha tenido en la política de los Estados de la región. ¿Qué modo de operatoria ha desarrollado este tipo de lobby y en qué políticas concretas de los países latinoamericanos puede verse su marco de acción?

En Estados Unidos, los grupos del sector financiero, de seguros y propiedades son los que más gastan recursos en lobby. En América Latina no es tan fácil hacer aseveraciones de este tipo porque no hay suficiente información al respecto. De igual forma, el lobby financiero está presente en muchos asuntos legislativos y ejecutivos, y las tácticas directas son las más empleadas. Se puede apreciar cómo este lobby actúa fuertemente en los distintos intentos de reformas fiscales o cuando se formulan los presupuestos de ingresos y egresos de la federación.

En México, por ejemplo, existe un registro de cabilderos en las dos cámaras del Congreso de la Unión, con lo cual se puede saber quién y a nombre de quién se está cabildeando, en qué temas, comisiones y con qué diputados o senadores. De todos modos, no hay muchos detalles específicos. En América Latina la financiación de la política y las campañas electorales por parte de los privados no es tan amplia y regulada como, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los grupos organizan parte de ese trabajo para tal o cual candidato. Este hecho hace que el dinero en la política sea opaco e ilegal, lo cual incrementa los riesgos de impactos negativos del lobby y alimenta la mala fama del fenómeno.

Las modalidades de acción y los impactos están ligados a los recursos, la organización, el liderazgo y la coyuntura política, entre otras variables. También son muy importantes el tipo de régimen y el sistema político de cada país. De igual forma, es central entender que el lobby no es un fenómeno político exclusivo de las democracias, pero que este tipo de sistema político es más proclive a tener más y mejor lobby. Por otro lado, hay que apuntar que el proceso del lobby se despliega en los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Asimismo, se desarrolla en los gobiernos federal, estatales y municipales. Y, por supuesto, también hay lobby internacional.

Existe una visión alternativa a la crítica del lobby que consiste en sostener que, en realidad, este tipo de actividad favorece la presión no solo de empresarios sino también de trabajadores y grupos subalternos. Esto parece no condecirse demasiado con la realidad, pero expresa una vocación de los grupos de poder de legalizar este tipo de actividad. ¿En qué estado se encuentra este debate en la región? ¿Cree que los grupos de poder están avanzando en una concepción que favorezca la aceptación del lobby como un fenómeno normal dentro de la democracia?

El lobby no solo favorece a los empresarios o grupos patronales, también los sindicatos de trabajadores lo utilizan con éxito. En los últimos años, y en parte derivado del reimpulso que las redes sociales en internet le han dado a las tácticas de lobby indirecto, muchas organizaciones de la sociedad civil han mejorado el nivel de su participación en los asuntos públicos y políticos. De todos modos, la aceptación del lobby como un fenómeno normal dentro de la democracia no tiene el camino allanado.

De hecho, el lobby es visto por algunos grupos y teorías de las ciencias políticas como un distorsionador de la democracia. Según estas posturas, solo favorecería a los más poderosos y ricos. Pero esta es una aseveración muy simplista y no se condice con la realidad. Casos de éxito (por ejemplo en México con el caso de la denominada Ley 3 de 3 o la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que emanaron de grupos de la sociedad civil luego apoyados por la Confederación Patronal del la República Mexicana, COPARMEX) son los que van calando en esa visión negativa y binaria del lobby, para ir posibilitando otra concepción del fenómeno que no sea tan negativa y de suma cero. Pero es claro que falta mucho por andar en este camino. Es natural que en América Latina, con culturas políticas poco transparentes, la opinión pública todavía desconfíe de este tema.

Uno de los problemas más importantes en el caso del lobby es el del desconocimiento por parte de la ciudadanía de cuáles son los grupos de presión específicos. En el caso de los países en los que el lobby está asumido como una práctica normal, ¿cómo se actúa en función de esta cuestión? ¿Qué tipo de procesos pueden abrirse en esos países para transparentar ante la ciudadanía las relaciones entre los lobbys y los diversos gobiernos?

En términos generales, América Latina toma los ejemplos de la Unión Europea y Estados Unidos para mejorar la práctica del lobby. En este último caso –gracias a la información que brinda una legislación adecuada del lobby y de la política de los grupos de interés–, hay varias ONG que dan seguimiento al dinero en la política y al lobbying que hacen los grupos de interés separados en los sectores de la economía. En estos reportes, que se publican en el sitio de internet www.opensecrets.org o la aplicación móvil Dollarcracy, se puede apreciar que el lobby empresarial es más asertivo que el lobby de la sociedad civil, entre otras cuestiones importantes, porque el dinero y la organización de los primeros son inmensamente superiores a los de los segundos. También, las estrategias y tácticas de lobby que usan los grupos empresariales o financieros son más efectivas que la de otros grupos civiles, porque la demanda de información por parte de los legisladores o funcionarios públicos, en los temas que atañen a estos grupos, es mayor.

Otro punto a considerar es que un lobbista profesional está presente todos los días en los escenarios políticos –como el Congreso– y no solamente cuando se va a tocar el punto en el que el grupo quiere influir. Esa es otra diferencia entre los grupos que hacen lobby con lobbistas y los grupos, en su mayoría de la sociedad civil, que hacen lobby solo con especialistas y activistas. Sea como fuere, las críticas hacia los lobbiespoderosos, como el financiero, son una constante, también en América Latina, por las inequidades que generan en la agregación de demandas por parte de los grupos y la generación de bienes públicos por parte de la autoridad.

*Mario Ricciardi es especialista en lobby. Es licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad de las Américas de Puebla.

2017-08-12T17:41:00.000-07:00

El lobby en América Latina: entre el poder y la presión

Entrevista en journal digital Nueva Sociedad. www.nuso.org

Entrevista a Mario Ricciardi

Los lobbies se han convertido en un actor central en la política. ¿Son tan malos como creemos? ¿En qué consisten realmente? ¿Para qué poderes trabajan?

Por Mariano Schuster

Agosto 2017

La pregunta es compleja e implica una serie de variables dependientes e independientes. Lo más importante para empezar a analizar el fenómeno de una manera académica y seria es determinar qué es el lobby, lobbying o cabildeo –como se lo conoce en México y otros países de habla castellana–. Después, ya se puede hablar del lobbyfinanciero, sus impactos y las modalidades de acción política que emprenden los lobbistas y los grupos que los contratan.

En términos regionales, ¿cuáles son los países que tienen legislaciones más restrictivas con respecto al lobby y qué tipo de efectos han conseguido?

El lobby en América Latina ha estado creciendo en los últimos 30 años. Cuando los países de la región comenzaron a transitar el camino hacia la democracia, el lobby profesional empezó a crecer más vigorosa y apresuradamente. En ese sentido, el nivel y la regulación varían en cada país de la región. Solo en Chile y Perú hay una legislación con algunos rasgos equivalentes al Lobbying Disclosure Act de Estados Unidos. También México tiene legislación al respecto, pero es un capítulo dentro de los reglamentos interiores de las cámaras del Congreso de la Unión. En Colombia se incluye un apartado en el Código Penal y en Argentina hay un decreto presidencial para regular la gestión de intereses en el Poder Ejecutivo. Los demás países no tienen legislación sobre el lobby, pero en casi todos, así como en los mencionados, hay proyectos de ley al respecto y la actividad ha venido creciendo en magnitud. También cabe resaltar que en la mayoría de los países se ha comenzado a generar mecanismos legales y prácticas para hacer más transparentes la gestión pública y los procesos legislativos. De igual formar, comenzaron a tipificarse delitos como el tráfico de influencias, la corrupción y el nepotismo, entre otros.

En términos generales, América Latina toma los ejemplos de la Unión Europea y Estados Unidos para mejorar la práctica del lobby. En este último caso –gracias a la información que brinda una legislación adecuada del lobby y de la política de los grupos de interés–, hay varias ONG que dan seguimiento al dinero en la política y al lobbyingque hacen los grupos de interés separados en los sectores de la economía. En estos reportes, que se publican en el sitio de internet www.opensecrets.org o la aplicación móvil Dollarcracy, se puede apreciar que el lobby empresarial es más asertivo que el lobby de la sociedad civil, entre otras cuestiones importantes, porque el dinero y la organización de los primeros son inmensamente superiores a los de los segundos. También, las estrategias y tácticas de lobby que usan los grupos empresariales o financieros son más efectivas que la de otros grupos civiles, porque la demanda de información por parte de los legisladores o funcionarios públicos, en los temas que atañen a estos grupos, es mayor.

Otro punto a considerar es que un lobbista profesional está presente todos los días en los escenarios políticos –como el Congreso– y no solamente cuando se va a tocar el punto en el que el grupo quiere influir. Esa es otra diferencia entre los grupos que hacen lobby con lobbistas y los grupos, en su mayoría de la sociedad civil, que hacen lobby solo con especialistas y activistas. Sea como fuere, las críticas hacia los lobbies poderosos, como el financiero, son una constante, también en América Latina, por las inequidades que generan en la agregación de demandas por parte de los grupos y la generación de bienes públicos por parte de la autoridad.

Mario Ricciardi es especialista en lobby. Es licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad de las Américas de Puebla.

Lobbying en América Latina: Una introducción teórica*.

2014-10-26T18:21:00.000-07:00

Sumario.

1. Introducción.

2. Lobbying en teoría.

2. Definiciones de lobbying.

2. Cambios en el lobbying.

3. Variables teóricas.

4. Conclusión.

1. Introducción.

El lobbying es un fenómeno que si bien no es exclusivo de ningún sistema político ni país en particular, comúnmente se lo relaciona con el presidencialismo estadounidense y el parlamentarismo inglés. En el primero es donde se desarrolló con mayor envergadura y en el segundo donde embrionariamente se instituyó y propagó el hábito de peticionar frente a las autoridades. En presidencialismos latinoamericanos como pueden ser los casos de México, Chile, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay y Argentina, por mencionar algunos, éste no es un asunto nuevo, porque la gestión de intereses es tan vieja como la misma política y se ajusta a la naturaleza de cualquier régimen y sistema. Pero los procesos de transición hacia la democracia que se han estado llevando a cabo por los últimos veinticinco o treinta años en estos países y en la región, permiten hablar de un reimpulso del lobbying, más allegado que otrora a los arquetipos de Estados Unidos e Inglaterra.

Con el fin de hacer una contribución académica sobre un tema relativamente poco tratado en idioma castellano y para los casos de los países de América Latina, este artículo pretende ser una minuciosa introducción teórica sobre el lobbying. Es decir, en aras de definir puntual y comedidamente un fenómeno político complejo y, muchas veces, inexactamente conceptualizado por algunos académicos, columnistas y periodistas de habla castellana, este artículo es una investigación teórica recuperada del estudio y análisis de diversas fuentes bibliográficas especializadas de esta materia. Asimismo, este trabajo es la base teórica para posteriores estudios de caso comparativos o estudios de caso aplicados o particulares, como por ejemplo trabajos ya puestos en marcha por este autor en relación a la comparación entre el lobbying en México y Argentina, así como del lobbying o cabildeo y la participación ciudadana para el caso local del municipio de Puebla, México.

Así, muchas cuestiones surgen a raíz del tema de estudio de esta investigación. ¿Qué es, exactamente, el lobbying? ¿Es lo mismo que el cabildeo o son fenómenos distintos? ¿Es solamente una práctica de grupos empresariales o también los grupos sociales hacen lobbying? ¿Cómo se justifica en la democracia un fenómeno que, comúnmente, se destaca públicamente por actos de corrupción o soslayada e inequitativa presión sectorial? ¿Qué implicancias tiene el lobbying y cómo se relaciona con la transición hacia la democracia en América Latina?

Entre estas y otras cuestiones, la hipótesis que se plantea en este trabajo es que el lobbyinges un fenómeno intrínsecamente relacionado a la democracia, aunque no exclusivo, porque se basa en la agregación de un cúmulo diverso de demandas desde la sociedad hacia el sistema político, y comprende aspectos positivos y negativos para la calidad del mismo. De esta forma, una hipótesis secundaria de este trabajo indica que el lobbyingse manifiesta cuando, por parte de diferentes sectores, grupos o individuos de la sociedad se hace un ejercicio intenso del derecho de petición en relación a intereses sectoriales; por el contrario –aunque con matices–, el lobbying no acontece cuando los representantes o funcionarios públicos de los distintos poderes del Estado negocian sus intereses públicos y políticos entre sí.

Asimismo, se estipula que el lobbying no solamente ocurre cuando grupos de interés empresariales abogan por sus intereses, sino también cuando grupos de la sociedad civil hacen lo propio, lo cual muchas veces es desatinadamente separado, ignorado o pasado. En concreto, este trabajo busca demostrar qué es y qué no es el lobbying, así como definir su amplitud, magnitud e implicancias, para, posteriormente, tener sustento teórico propio para aplicarlo en estudios de caso.

Para esto, en el segundo apartado del artículo se hará un estudio teórico sobre el lobbying, destacando sus orígenes, diferentes conceptos y distintas variables que lo componen, así como los cambios que ha sufrido con el tiempo. En el tercer apartado del artículo se analizarán las variables e implicancias del fenómeno, para demostrar que si bien la definición del lobbying y las variables que lo componen se amplificaron, éste sigue siendo básicamente un ejercicio del derecho de petición, es decir, de la participación que tiene la sociedad y los ciudadanos en la política y en la gestión de sus intereses particulares de cara a lo público. Por último se esbozarán algunas conclusiones, mismas que servirán de picaporte para dar paso a futuros estudios de caso en donde se ligue más a detalle al lobbying con la transición hacia la democracia de los países de América Latina.

2. Lobbyingen teoría.

Aunque el lobbying es un fenómeno tan antiguo como el mismo hecho de formular peticiones frente a las autoridades, no es fácil de entender teóricamente y, muchas veces, se presta a confusiones. A grandes rasgos, las diferentes definiciones de este fenómeno coinciden en que es una actividad política encaminada a influir en las decisiones de las autoridades públicas (Mascot, 2006: 6) y que se trata, nada más y nada menos, de “un especial e intenso ejercicio del derecho de petición” (Dexter, 1969: 11). No obstante esta coincidencia básica, existen divergencias entre definiciones y teorías a punto tal que, en ocasiones, parecería haber una confusión en torno a qué es exactamente el lobbying y cuáles son sus alcances, variables, riesgos y dilemas, entre otras cuestiones teóricas y prácticas. Por lo tanto, es importante definirlo en términos politológicos para saber con precisión qué es lo que se quiere observar, indagar y analizar.

Para comenzar un tratamiento académico propio del tema y definirlo en consecuencia, debemos destacar que en los países de habla castellana comúnmente se emplea el término “cabildeo” para referirse al lobbying. Esta es una interpretación o traducción sugestiva, ya que el diccionario de la Real Academia Española define que: “cabildear significa ‘gestionar con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación’” (Piñeiro, 2001: 18). Sin embargo, es plausible argumentar que el uso de la palabra cabildeo se presta a confusiones y delimita erróneamente al lobbying, además de que lo presupone peyorativamente al estar ligado al calificativo “maña”, el cual si bien es sinónimo de “destreza” o “habilidad”, comúnmente se lo entiende como una acción tramposa o dolosa (Astié-Burgos, 2011: 12). Además, al referirse sólo a actividades relacionadas al ámbito municipal –por ligarse a la institución del Cabildo–, el término castellanizado de lobbyingacota el espectro de la materia (Lerdo de Tejada y Godina, 2001: 16).

Por otro lado y como se verá, en ocasiones se malentiende lo que hace un funcionario de gobierno, un gobernador o presidente municipal frente a los legisladores y se lo cataloga, erróneamente, como “cabildeo”. Por lo mismo, aunque no se descarta el uso de esta palabra, ya que en México y otros países ha sido bastante difundida –no así en Argentina y otros, donde se lo llama más comúnmente lobby–, en este trabajo se usará el término lobbying, además porque en el idioma castellano existen palabras tomadas de otros idiomas que no son traducidas, sino asimiladas: lobbyinges una de ellas, y el término “hacer lobby” es ampliamente entendido (Rodríguez, 2006: 28). De ahí los conceptos: lobbying –la actividad, proceso o profesión en sí–, lobbyista –el profesional o agente– y lobby –la firma responsable o grupo de interés– (Piñeiro, 2000: 22). Sin embargo, en el fondo hablar de lobbying y de cabildeo es referirse al mismo tema, más allá de consideraciones formuladas a razón de aspectos teóricos válidos como los expuestos y escogidos para este trabajo.

Aclarado lo anterior, el fenómeno del lobbying es tal vez tan viejo como el ejercicio de la petición frente a las autoridades. Se asienta que desde el año 1215, época en que fue sancionada la Carta de Foresta o Carta Magna por el rey Juan I de Gran Bretaña, en Inglaterra, se hizo usanza que alrededor de los corredores de la corte o del parlamento hubieran personas con títulos nobiliarios demandando por un interés particular frente a los detentadores del poder monárquico (Eastman, 1977: 3). Para finales del siglo XVIII la práctica de formular demandas ya se había extendido a las trece colonias inglesas en América del Norte, haciéndose patente cuando los colonos de esos territorios apelaron contra una resolución de la corona inglesa sobre el cobro de impuestos sobre el té. Con el argumento de que si eran partícipes de la economía de las colonias a través del pago de impuestos, también lo eran de las decisiones políticas como el cobro de impuestos –es el caso de the Resolution of the Stamp Act de 1765, la cual abrazó la frase no taxation without representation (no impuestos sin representación), el acto de peticionar ante las autoridades comenzó a tomar cauce y legitimidad en lo que tiempo después sería Estados Unidos (Eastman 1977: 4). De igual forma, en las colonias de España en América sucedió algo parecido, en tanto entre los siglos XVI y XIX los peninsulares y criollos comerciantes, eclesiásticos, militares, entre otros habitantes encumbrados de la sociedad, pululaban por los ayuntamientos de los virreinatos para gestionar sus intereses particulares ligados a permisos de construcción de viviendas, hospitales, conventos y escuelas, así como solicitudes de tierras, entre otras cuestiones (Astié-Burgos, 2011: 11).

Un punto a destacar aquí es que el lobbying, desde sus orígenes, se emparenta con el derecho de petición, la formulación y la gestión de distintas demandas sectoriales o particulares que individuos o grupos realizan frente al Estado, lo cual, hasta cierto punto, puede entenderse como la equiparación teórica de estos términos (Logan, 1929: 2). De igual forma, y como se verá más adelante, mientras el lobbying se relaciona con el derecho y las acciones que realizan ciudadanos y grupos para gestionar intereses, peticionar y apelar sobre asuntos concretos frente al Estado, también se relaciona con las acciones de presionar, corromper, chantajear y extorsionar a las autoridades y representantes públicos. Aunque la posibilidad de que el lobbyingasista a la corrupción es factible, ya que son muchos los casos en donde esto se ha dado, vale precisar que el mismo fenómeno puede entenderse con una acepción positiva y una negativa. Es decir, el lobbyingpuede concebirse como una acción positiva de persuasión o como una tarea de presión ligada a la corrupción, lo cual cambia el universo del tema y cómo se piensa el mismo. Inclusive, asumiendo la segunda acepción y pensando al lobbying como una actividad turbia ligada a la presión de las grandes corporaciones que conlleva a la corrupción, como argumenta Alonso Piñeiro basándose en un fallo de la justicia argentina sobre un caso de tráfico de influencias y corrupción, “el fenómeno de la presión política no es malo o ilícito en sí mismo, siempre que no lo sea el fin perseguido y los métodos usados” (Piñeiro, 2000: 26-27).

Retomando la historia del fenómeno, en 1787, en la publicación The Federalist 10 (El Federalista 10), James Madison notó que la ineludible existencia de diferentes grupos, intereses o facciones en el seno de una república democrática y plural, hace necesario que el derecho de petición sea posible para todas las partes más allá del tamaño de las mismas, ya que violar la libertad individual de expresión para aplacar el comportamiento faccioso de algunos, como puede ser el de una minoría muy poderosa frente a una mayoría débil o viceversa, sería inadmisible para las libertades y la pluralidad de una república democrática (Eastman, 1977: 2; ). Madison estableció, pues, la noción de que estos intereses, grupos o facciones son inevitables en la vida democrática de un Estado plural, aunque los mismos pueden ser nocivos, dependiendo el caso, para el interés y bien general de una población. Así, desde tiempos lejanos, el hecho y derecho de petición ha sido reconocido y ejercitado por aquellos interesados en un tema particular en que interviene el gobierno, tal como ha sido ejemplificado en la primera enmienda de la constitución estadounidense y trasladado a muchas de las constituciones republicanas del resto del continente americano (Piñeiro, 2000: 54).

Hacia el año 1832, el término lobbyistas fue adjudicado en la prensa estadounidense para referirse peyorativamente a aquellos cuya tarea, básicamente, era esperar a los legisladores en la antesala –o lobby– del Congreso para peticionar en pro de intereses especiales y organizados (McGuiness, 1987: 2; Dexter, 1969: 5). Con el crecimiento y diversificación de los grupos de interés en la capital estadounidense, en particular inmediatamente después de acabada la Guerra de Secesión, cada vez fue más notoria la presencia de aquellos encargados de, alguna manera, gestionar los propósitos de distintos sectores económicos frente al gobierno federal. De esta manera, el concepto se arraigó en la segunda mitad del siglo XIX, en relación a la rutina del entonces presidente estadounidense Ulysses Grant (1869-1877), quien pasaba buen tiempo en el lobby del hotel Willard y era abordado por diferentes representantes de algún interés particular (Anastisiadis, 2006: 6), los “malditos lobbyistas”, como él los llamaba peyorativamente.

Derivado de lo anterior, la definición ya expuesta de Dexter –que el lobbying es “un especial e intenso ejercicio del derecho de petición” (1969: 11)– es una descripción que, aunque laxa y demasiado amplia del fenómeno, sirve para establecer un primer parámetro que identifique cuándo existe una acción de lobbying o cabildeo. Es decir, que cuando un ciudadano o, por el caso, un grupo de ciudadanos se manifiestan frente al gobierno para mediar en pos de un interés sectorial o particular, mismo que implica gestionar sus intereses de cara a las autoridades del Estado, lo que están haciendo es lobbying. Esto demuestra, en primera instancia, que el lobbying se refiere a las acciones que los gobernados hacen frente a los gobernantes y no las acciones que los gobernantes hacen entre sí para persuadir a los demás de ciertas posturas en la designación de bienes públicos –aunque no se descarta la contratación de firmas de lobby por parte de los distintos órdenes de gobierno y los partidos políticos para, indirectamente, persuadir a los diputados y senadores en un asunto determinado–, como lo sugiere Salazar Vargas (2010). Por lo anterior, para poder tener una mejor perspectiva e idea teórica del tema es propicio profundizar en la conceptualización del lobbying.

2.1 Definiciones de lobbying.

Tomando al caso estadounidense como arquetipo del lobbying, porque es el originario en una democracia, el más desarrollado, estudiado y referencial del tema, se puede argumentar que el término lobbyingse refiere a “un proceso por medio del cual los representantes de los grupos de interés, actuando como intermediarios, llevan a conocimiento de los legisladores o de los funcionarios de gobierno, los deseos de esos grupos” (Piñeiro, 2000: 19). Aunque esta definición tomada de Giancarlo Pasquino es interesante, porque además de ser concisa denota que este fenómeno es un proceso y no meramente una actividad, deja espacios para ambigüedades.

Como argumenta Anthony J. Nowness (2006), para definir al lobbyingcon precisión se tiene que abundar sobre la noción de que es un proceso constante, comprendiente de una variedad de técnicas y prácticas de persuasión realizadas por una diversa amalgama de organizaciones interesadas en los distintos asuntos del gobierno, además de que es llevado a cabo tanto en los tres órdenes de gobierno –Federal, Estatal y Municipal– como en sus tres ramas –Ejecutiva, Legislativa y Judicial– (11). Aunque Nowness no revela que el lobbying también se desarrolla en ciertos ámbitos de las relaciones internacionales (Beltramino y Goñi, 2001: 7), su concepto del fenómeno parece más completa que la tomada por Piñeiro. Por otro lado, al decir que el lobbyinges practicado por una amalgama de organizaciones, lo que queda descubierto es que este se trata de una expresión propia de la sociedad, la cual no excluye a los grupos empresariales que tratan temas económicos de los grupos u organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que se ocupan de variados asuntos sociales.

Como se puede observar, al tratarse de un objeto de estudio complejo y que muchas veces es malentendido, es conveniente tomar distintas definiciones que, además de rescatar lo argumentado por autores destacados en la materia, sean lo suficientemente flexibles para alcanzar a cubrir la totalidad de las variables que componen al proceso y las implicancias del lobbying. A continuación, se presentan tres definiciones teóricas precisas y abarcadoras del fenómeno.

Según Luigi Graziano (2001: 80), el lobbying se refiere a dos cosas:

Representación de los grupos de interés basada en información cuidadosamente investigada, usualmente seguida por negociaciones con distintos representantes del gobierno [y] movilización del público y la opinión pública. Resumiendo, el lobbying es una colección de actividades encaminadas a la presión.

El ya citado Anthony Nowness (2006: 12) argumenta que, en definitiva:

El lobbying no es una actividad aislada y única, como pueden ser asistir a audiencias legislativas, sesiones del congreso o de comisiones legislativas, o acudir a una reunión con un legislador o funcionario público. Más bien, es un “proceso” que comprende esas y otras actividades. Entonces, cuando defino al lobbying como ‘un esfuerzo para incidir en lo que hace el gobierno’, necesariamente la palabra “esfuerzo” comprende a una variedad de actividades de lobbyingque están interrelacionadas entre sí.

Por último, en una suerte de definición más amplia y detallada, Stephanos Anastasiadis (2006: 11) argumenta que:

El lobbyingbusca afectar las políticas públicas y legislaciones proveyendo a los hacedores de políticas información específica sobre preferencias o posiciones políticas de los distintos grupos de interés. Puede implicar trasmitir información sobre los costos y beneficios de diferentes decisiones en distintos temas o, más ampliamente: intentar sentar las bases para influir de determinada manera en los debates y así canalizar las discusiones políticas favorablemente para éstos últimos […] El bien proveído es información. El objetivo del lobbying es, por lo tanto, influenciar al legislador o funcionario público con capacidad de decisión. Para ello, el lobbying incluye una gama de tácticas, tanto directas como indirectas: reportar resultados de investigaciones y encuestas; organizar grupos de investigación en diversos proyectos; asistir como expertos en diferentes audiencias informativas de los distintos cuerpos del gobierno, y; suministrar reportes técnicos e investigaciones a los tomadores de decisiones. En adición a los votos necesarios para conseguir el fin político trazado, una meta principal del lobbying también es desarrollar una fuerte reputación, de manera tal que los políticos sean capaces de confiar en la información provista y, en consecuencia, acudir a los lobbyistas para conseguir información cuando se encuentran desarrollando o discutiendo un asunto político.

Tal como lo indican los conceptos expuestos, el lobbying es un proceso de agregación de demandas hacia el sistema político basado en el intercambio sistemático de información, datos técnicos, opiniones y argumentos políticos o jurídicos referentes a temas concretos compartidos entre los representantes de los grupos de interés, es decir, entre los lobbyistaso ciudadanos que gestionan sus intereses colectivos o individuales con aquellos que toman decisiones en los poderes del Estado, como pueden ser el propio presidente, los legisladores, los secretarios de Estado, los funcionarios o servidores públicos y los jueces, además de los asistentes de los mismos, entre otros actores vinculantes. Justamente, cuando se lo analiza, así como cuando se busca regularlo legalmente, se tiene que distinguir entre la presencia de actores pasivos, encarnados en los representantes y servidores públicos, así como sus asesores, y la presencia de actores activos, es decir, ciudadanos, lobbyistas y los distintos representantes de los diversos grupos de interés de la sociedad. Así, en el esquema conductista del sistema político democrático de David Easton (1956), el lobbyinges una manera de gestionar o hacer ingresar las demandas, peticiones o inputs de los distintos sectores medios, grupos e individuos de la sociedad hacia la caja negra[2](black box) del sistema político, hacer que éstos interactúen con los distintos actores políticos y demás demandas e intereses para generar retroalimentación o feedbacks con la expectativa de que las autoridades den respuestas –outputs– favorables a sus objetivos.

Otro punto a resaltar es que, en la primera definición citada, Luigi Graziano señala que el lobbying es una “colección de actividades encaminadas a la presión” (2001: 80). El concepto expuesto reconoce que esta es una actividad política que puede servir para la presión, lo cual es diferente a la persuasión. Como se verá más adelante en este artículo, este entendimiento del lobbying se relaciona con la conceptualización que se tenga de los grupos de interés, ya que éstos pueden ser entendidos como grupos de presión y generar una acepción negativa del propio fenómeno. Asimismo, la idea del lobbying como una acción encaminada a la presión, la extorsión y el chantaje si bien en cierto grado es sostenida por la teoría neoclásica de Marcur Olson, no necesariamente es compartida por otras teorías de la democracia que tratan esta materia de una manera más positiva (Galaviz, 2006: 24). Para este punto, también, vale lo argumentado anteriormente sobre la finalidad última de lo que se persigue y cómo se lo busca.

Por otro lado, como se mencionó en las definiciones expuestas, el lobbying se apoya por sobre todo y, cada vez más, en el intercambio de información técnica en asuntos legislativos, de gestión y de políticas públicas. Este ir y venir de información está motivado, por un lado, por el interés de los grupos que pretenden influir a su favor en alguna decisión pública y, por el otro, por la necesidad de instrumentos que constriñe al gobierno y sus poderes para resolver los diversos asuntos públicos que encara. El acceso y la información son, por lo tanto, variables claves. El acceso es fundamental, porque sin él no hay forma de llegar a conseguir los propósitos de aquellos para los que el lobbying se lleva a cabo, mucho menos de intercambiar datos u opiniones tendientes a favorecer una postura sectorial. Pero la información y datos técnicos juegan un papel crucial, porque para los políticos son un bien fundamental e indispensable para su trabajo, y para conseguirlo abren canales formales e informales de acceso a la toma de decisiones. De esta manera, para el lobbying la información viene a ser algo así como un “bien transaccional de acceso”, dado que es el principal recurso para determinado grupo de interés –representado por un agente de alguna firma o no– de tener la posibilidad de acceder a las instancias decisorias y ejercer cierto grado de persuasión o influencia en la toma de decisiones públicas (Bouwen, 2001: 370). Es decir, sin información no hay forma de acceder a las instancias decisivas de los asuntos públicos, por lo que la información es un medio para lograr acceder a estas y un componente fundamental en las prácticas exitosas de lobbying.

Es posible argumentar, en este sentido, que el lobbyingversa cada vez más, “[sobre] la búsqueda de canales alternativos para conseguir información antes que influencia, ya que sin ésta no se podría actuar consecuentemente en la política y, por lo tanto, que los grupos de interés logren sobrevivir” (Petracca, 1992: 16). Si bien el manejo de la información está sujeta a distintas prácticas, tipos de estrategias y tácticas de persuasión o presión, como puede ser divulgar simultáneamente datos falsos y verdaderos para crear determinado contexto de incertidumbre y aprovecharse de él (Lyon y Maxwell, 2004: 564), es la calidad, la reputación de la fuente, la relevancia técnica de la información proporcionada, más la necesidad de investigación ante un tema complejo, lo que determina el grado de acceso del lobbying, o más bien la injerencia del lobbyista, en la toma de decisiones del gobierno o del parlamento (Anastasiadis, 2006: 12; Dexter, 1969: 7). Es decir, está claro que el lobbying se refiere a un proceso complejo con miras a conseguir beneficios sectoriales de las decisiones públicas que toma el gobierno y sus poderes, lo cual comprende varias etapas, estrategias, tácticas y una organizada presencia de los grupos de interés en los interiores del poder público (Graziano, 2001: 14).

Lo anterior supone, por lo menos, cuatro puntos. Primero, que el principal bien manejado por el lobbying es información específica y relevante en aspectos técnicos y políticos de los temas que componen la agenda de aquellos que toman las decisiones de los poderes del Estado –y que la información puede ser verídica o sesgada y que el tomador de decisiones la puede tomar o desechar –. Segundo, que existe una multiplicidad de intereses como actores constantemente intercambiando información y argumentos entre sí y con los responsables de los poderes públicos, por lo que las peticiones e intereses de un cúmulo importante de distintos grupos están siendo atendidos en un sentido democrático. Tercero, que los representantes y funcionarios públicos necesariamente abren canales institucionales de comunicación para conocer la información que los lobbyistas llevan consigo, puesto que la complejidad, cantidad y variedad de los temas tratados por el gobierno vuelve necesario el apoyo informativo y técnico proporcionado por el lobbying. Y cuarto, a mayor cantidad de canales de acceso a la toma de decisiones que se abran por los poderes del Estado, así como a mayor efectividad en el contrapeso que el Poder legislativo ejerce sobre el ejecutivo, mayor cantidad de lobbyingy pluralidad en la democracia. Cabe aclarar que este entendimiento está basado en el lobbying directo o tradicional que, como se verá más adelante, es distinto y complementario al lobbying indirecto o moderno.

En resumen, todas las acciones y decisiones que el gobierno toma, ya sea el Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial –aunque éste en menor grado–, federal, estatal o municipal, son sujetas a actividades de lobbyingde diferentes grupos, individuos y sectores económicos, políticos y sociales que buscan acceso e influencia en las disposiciones gubernamentales (Nownes, 2006: 16). También, el lobbying se lleva a cabo en las relaciones internacionales y en diferentes ámbitos de la política internacional, toda vez que empresas y corporaciones transnacionales lo practican en Washington, Bruselas, las sedes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA) y Foro Económico Mundial (FEM), entre otras arenas de la política internacional y las relaciones internacionales (Beltramino y Goñi, 2001). Es decir, también en los pasillos de la política internacional existen intereses particulares tratando de hacer prevalecer sus asuntos en arenas internacionales y en las resoluciones de las negociaciones entre los representantes de los Estados.

En ese orden de ideas, se puede concluir que el lobbying no es exclusivo de los intereses empresariales o corporativos, sino que es extensivo a intereses sociales o civiles; del mismo modo, queda claro que el lobbying es un asunto que proviene de la relación que mantiene la sociedad de cara al Estado; es decir, cuando determinado orden de gobierno gestiona sus intereses ante la cámara de diputados –y por añudadura los partidos políticos–, no se está ante una operación o práctica de lobbying, aunque este asunto tiene sus matices porque agencias de gobierno pueden contratar firmas de lobby para que los asista en determinados temas (Mascot, 2006: 8). Así, se puede argumentar que en el sistema político esquematizado por Easton, el lobbying es practicado por actores activos, es decir, los grupos de interés y los individuos de la sociedad, ya sea por medio de lobbyistasprofesionales o no, para ser recibido por actores pasivos, los representantes y funcionarios públicos del gobierno. Así, en tanto que el lobbying conlleva impactos positivos y negativos para un sistema político democrático, es un hecho que está presente en el día a día del mismo, de manera directa e indirecta.

2.2 Los cambios del lobbying.

Para entender y seguir la discusión teórica en torno al lobbying, es menester desglosar los cambios que se han sucedido durante el tiempo y los contextos. De esta forma, es importante destacar que la práctica del lobbying se puede dividir en dos: el lobbying directo o tradicional, que fue definido en el inciso anterior de este trabajo, y el lobbyingindirecto, moderno o de base –grassroots, en inglés–. Resumiendo, en este inciso se describirán los distintos cambios o adiciones en el lobbying y sus prácticas.

Con la creciente complejidad de los asuntos públicos más las nuevas tecnologías de la comunicación –como los medios que trasmiten noticias continuamente las 24 horas, internet y redes sociales tales como Facebook y Twitter, los teléfonos celulares devenidos en microcomputadoras portátiles, Smartphones como IPhone y Blackberry, todo lo cual ayuda a divulgar y recibir una enorme cantidad de datos, información y opiniones en tiempo real–, el lobbying se define cada vez más como un proceso complejo que versa en el acopio y traspaso de información a cambio de acceso a las decisiones públicas (Berry, 1976: 11; Petracca, 1992: 21; Xifra, 1998: 115; Hula, 1999: 32). Pero más allá de los cambios tecnológicos, “lo que últimamente ha estado cambiando y transformando al lobbying es su creciente magnitud e intensidad” (Petracca, 1992: 22). Es decir, la apertura política así como la creciente extensión de centros de poder a los cuales acudir para buscar influencia, aunado al aumento de cantidad y diversidad de grupos de interés que utilizan estrategias de lobbying, son variables que están cambiando el universo del fenómeno y sus prácticas (Cigler y Loomis, 1991: 57; Gómez, 2008: 103).

Por otro lado, una forma innovadora de lobbying es el creciente empleo del lobbying intergubernamental, aquel que se lleva a cabo por grupos de interés transnacionales en los ámbitos de las relaciones internacionales, foros, cumbres u organizaciones internacionales, cada vez más importantes derivados del proceso de globalización (Piñeiro, 2001: 47; Beltramino y Goñi, 2001: 20). Asimismo es creciente el uso del lobbying cruzado –cross-lobbying en inglés–, que se refiere a las estrategias que se dirigen a la búsqueda de influencia y coordinación entre los grupos de interés que convergen en alguna o varias demandas o temas particulares de cara al gobierno (Graziano, 2003: 25; Hula, 1999; 44). También, es importante el constante crecimiento del número de firmas especializadas y profesionales de lobbying –en Estados Unidos y Europa, pero también en América Latina–, que lo han vuelto más sofisticado, notorio y transparente. Empero, lo que define cada vez más el cambio del “viejo” al “nuevo” lobbying, como lo avizoró y asentó David B. Truman en su ya clásico libro The Governmental Process (El proceso gubernamental) o, son las nuevas formas indirectas de lobbying(1971: 215).

El lobbying indirecto, moderno o denominado por muchos “lobbying de base” –grassroots en inglés–, se constituye por cualquier evento, manifestación popular o acción que involucre a la sociedad, a la opinión pública y, más precisamente, a la plataforma electoral para indirectamente tomar contacto con los representantes e influirlos en un tema dado (Hula, 1999: 17; Mascot, 2007: 4). Con distintos tipos de esfuerzos, el lobbying indirecto trata de impactar en la toma de decisiones públicas a través de la movilización del electorado y la opinión pública, de la presentación de los temas como campañas de publicidad mediáticas, campañas masivas en las redes sociales y envío de cadenas de correos electrónicos a los representantes públicos con demandas puntuales, entre otras actividades colectivas de contacto indirecto con los representantes o funcionarios públicos (Hula, 1999: 111).

Para poder llevar a cabo varias de las actividades referidas, también el lobbying indirecto se sirve de las campañas electorales y de la participación en ellas para buscar acceso a la toma de decisiones públicas. A través de la organización de campañas publicitarias y la recaudación de fondos para fines electorales relacionados al apoyo de un candidato o partido, o varios a la vez, entre otras manifestaciones de persuasión o presión indirecta ligadas a actividades electorales, el lobbyingha crecido notablemente en su diversidad, eficiencia y presencia (Petracca, 1992: 25). La figura de los comités de campañas o de acción política –las Political Action Committee, PAC, por sus siglas en inglés–, son un claro ejemplo de esto para el caso estadounidense, pero que se replica con variantes en otros países –como por ejemplo en la campaña electoral presidencial de México del año 2000, con la agrupación “Amigos de Fox”–, así como la expansión de la política en las redes sociales y la política 2.0.[3]Por lo mismo, es plausible argumentar que:

[L]as técnicas y prácticas del lobbying incluyen cada vez más, complementando al contacto directo con funcionarios electos y no electos, tres estrategias importantes: formar coaliciones entre grupos de interés, organizar movilizaciones de base y financiar campañas electorales (Graziano, 2001: 9).

En sí, mientras el lobbying directo y tradicional trata de movilizar votos hacia adentro de los límites institucionales del estado en temas puntuales, el nuevo lobbyingindirecto se centra en mover votos fuera de los límites de los centros de poder en relación a temas nacionales y que suscitan posicionamientos de la opinión pública (Petracca, 1992: 21). Para esto, los grupos de interés que emprenden campañas indirectas operan estas estrategias en conjunto, llegando a generar “comunidades de lobbying” (Graziano, 2003: 10), alianzas sectoriales y coaliciones entre distintos intereses que convergen en una misma demanda.

Aunque dependiente de los distintos tipos de grupos, sectores e intereses, así como de los países y contextos en los que se opere, como ya se ha dicho, se denomina “lobbying cruzado” o de coaliciones –cross lobbying en inglés– a los distintos tipos de esfuerzos de lobbyingque conjuntamente y en red varios grupos realizan para influir al interior de otras organizaciones y así unificar criterios de caras al gobierno (Ginsberg, Lowi y Weird: 1999: 418; Hula, 1999: 77). Al mismo tiempo, varios intereses pueden compartir un rango variado de actividades de intervención pública, como pueden ser movilizaciones o campañas de apoyo a alguna causa o candidato, logrando asociaciones perdurables y coaliciones de intereses. A veces, estas coaliciones realizan esfuerzos indirectos exagerados o artificiales denominados astroturf lobbying, en donde una campaña de persuasión pública, apelando constantemente a los medios de comunicación para incidir indirectamente en las decisiones públicas, logra difundir información contradictoria para distraer la opinión pública y tomar provecho de eso (Ginsberg, Lowi y Weird, 1999: 429; Lyon y Maxwell, 2004: 563). Aunque este tipo de estrategias son más comúnmente utilizadas por los grupos de intereses sociales o públicos y organizaciones de la sociedad civil, los grupos de intereses privados también pueden sumarse a estas nuevas formas de lobbying indirecto. Es decir, en los tiempos actuales el “viejo lobbying” no es suficiente, por lo que se precisa también del “nuevo lobbying” como campañas publicitarias a favor de un tema, envío masivo de correos tanto a ciudadanos como a políticos, movilizaciones sociales y todo lo que sea tendiente a crear soporte de base, como el prominente astroturf lobbying y otras manifestaciones públicas (Lyon y Maxwell 2004: 563; Truman, 1951: 215; Smith, 1988: 244).

Con todo, de manera no limitativa, son actividades de lobbyingdirecto o tradicional: presentar resultados de investigaciones y encuestas en sesiones de comités parlamentarios; ayudar a los legisladores a juntar los votos necesarios para la aprobación o rechazo de una ley; trabajar con los asistentes de los legisladores y funcionarios públicos en el intercambio de datos y estudios; redactar proyectos de política pública y legislativos, entre otras tareas que constituyen el núcleo del lobbyingtradicional de la actualidad; acciones de lobbyingcruzado, entre otras (Petracca, 1992: 19; Graziano, 2003: 13). Por su parte, son actividades del lobbyingindirecto o de base: organizar campañas mediáticas o en redes sociales para apoyar un cierto tema o actor político; organizar y financiar campañas electorales; realizar acciones de lobbyingde tipo artificiales que divulgan información contradictoria de tipo astroturf, generar relaciones públicas y comunidades de lobbying, entre otras prácticas (Petracca, 1992: 19; Graziano, 2003: 13).

Por otro lado, con lo expuesto se desprende que este no es un fenómeno ajeno a la participación ciudadana, dado que muchos grupos sociales llevan a cabo, de hecho o de derecho, acciones de lobbying directo e indirecto de cara a los poderes del gobierno federal, estatal y municipal. Es decir, no solamente los grupos empresariales gestionan sus intereses, sino que los grupos sociales también lo hacen, aunque con algunas diferencias en sus prácticas y estrategias, al igual que en sus resultados (Gómez, 2008: 106). Por lo mismo y por último, vale la pena examinar ciertas variables determinantes para el fenómeno del lobbying, como los grupos de interés y la corrupción.

3. Variables teóricas del lobbying.

Para complementar un marco teórico sobre el lobbying y definirlo en consecuencia, hay que relacionarlo con otras variables. En primer lugar, hay que resaltar que se han formulado diferentes teorías que buscan entender por qué los grupos de interés hacen lobbying. Estas teorías –que también están contenidas en las teorías de la democracia– buscan establecer qué impactos tiene este fenómeno en el sistema político democrático y en el establecimiento de temas en la agenda de gobierno, la designación de los bienes públicos, así como en la toma de decisiones (Lowery, 2007; Galaviz, 2006: 19). Como se desprende de lo formulado por diferentes autores en la materia, a grandes rasgos y de una manera muy estructurada es plausible dividir el horizonte teórico en tres y entender al lobbyinga través de las teorías pluralista, neo-pluralista y de la acción colectiva o neoclásica. Cabe destacar que las diferencias entre las teorías sobre el lobbying son parte de la discusión entre distintas teorías sobre la democracia (Galaviz 2006:19; Milbrath, 1960: 33).

En síntesis, la teoría pluralista –con autores como Dahl y Truman– es la más benigna en torno al lobbying y la política de los grupos de interés, ya que los ve como positivos para la democracia en tanto que coadyuvan para incrementar la pluralidad en el sistema político y la participación de los distintos grupos de la sociedad. En oposición a esta teoría, la teoría de la elección colectiva del neoclásico Marcur Olson, hace énfasis en que el lobbying termina favoreciendo a los intereses más pudientes en términos económicos, por lo que no necesariamente favorece a la democracia y se equipara a una especie de deformación de la participación ciudadana. En el medio de estas dos corrientes teóricas –reiterando que este es un abreviado esquema y simplificado del asunto–, la teoría neopluralista –con autores como Salisbury, Givel y Lowery– sostiene que si bien los problemas que la teoría de la acción colectiva plantea en relación a la inequidad en la atención de las demandas públicas pueden ser plausibles, a semejanza de la teoría pluralista, la teoría neopluralista no descarta que el lobbying también tiene su lado positivo, en tanto sirve para que una diversidad importante de grupos de interés e individuos accedan a la toma de decisiones públicas.

Otro tema de debate teórico en torno al lobbying, anteriormente mencionado, se refiere a dos ideas distintas sobre lo que conlleva ultimadamente esta actividad: algunos difieren en si se trata de una acción de persuasión o si se trata de una actividad de presión. Por un lado, hay quienes sostienen que es una manera de presionar las voluntades de los legisladores y funcionarios públicos para que actúen de determinada manera, por lo que es una forma de coacción en pro de intereses poderosos y, por lo tanto, una acción ilegítima (Piñeiro, 2000: 20). Por el otro lado, “hay quienes argumentan a favor de la noción del lobbyingcomo un instrumento de persuasión y buscan trazar una línea clara entre lo que significa persuasión y extorsión” (Piñeiro, 2000: 20). En última instancia, las diferencias entre culturas políticas y organizacionales, las peculiaridades de los sistemas políticos, contextos y sus mecanismos institucionales para la rendición de cuentas, son algunos de los elementos para establecer qué tipos de acciones pueden tender a ser de presión o persuasión, así como para distinguir entre las técnicas legales y legítimas de aquellas que no lo son. Pero cabe recalcar que en una democracia, “emparentar el derecho constitucional de petición con la presión pura y llana resulta algo osado” (Piñeiro 2000: 21).

Pasando a otra variable, una fundamental para el estudio del lobbying son los grupos de interés, actores centrales en este fenómeno. Por lo mismo, es adecuado establecer qué tipo de intereses son los que gestionan los diferentes lobbyistasy bajo qué circunstancias lo hacen, para comprender por qué pueden darse inequidades en el lobbyingrelacionado a la asertividad de ciertos intereses en la toma de decisiones públicas (Dexter, 1969: 20).

Por un lado, el lobbying de los grupos varía en intensidad y técnicas de acuerdo a factores como: el grado de poliarquía o democracia liberal en que opera el sistema político, el tipo de gobierno que está en funciones, ya sea con una agenda gubernamental más de corte liberal o conservador, con una mayoría parlamentaria o con un gobierno dividido, el tipo de legislatura con la que el poder ejecutivo opera, el tipo de legisladores y partidos, así como de acuerdo a la coyuntura de la demanda en cuestión, entre otras variables sistémicas (Leech, 2006: 28; Givel, 2006: 407). Por otro lado, el tipo de interés y grupo que busca hacer lobbyingpara influir en el gobierno es incidente en la relevancia o el tipo de trato que los sectores pueden conseguir del gobierno. En este sentido, los grupos de interés son un factor importante para comprender por qué pueden existir lobbies que tiendan a defender el interés privado y económico de un sector aun a costa del bien e interés público, lo cual conlleva a la mala reputación pública, o bien, para inferir por qué hay lobbies que representan todo lo contrario. Vale recalcar que los grupos de interés, precisamente, velan ante todo por sus intereses, si bien eso no significa que el representar intereses privados tenga que ser a través de actos corruptos o antidemocráticos ante la voluntad pública de la sociedad (Truman, 1971: 38).

Entonces, si buena parte de los dilemas en torno al lobbyingse basan en el entendimiento sobre los grupos de interés, vale preguntarse: ¿qué es un grupo de interés? Un grupo de interés, grosso modo, se refiere a grupos de personas que promueven sus intereses tratando de influir al gobierno en lugar de hacerlo a través de la postulación de candidatos a puestos electivos (Petracca, 1992: 6). Hay grupos de intereses y sectores de todo tipo, así como grupos pequeños y grandes en número de miembros o recursos económicos, entre otras características organizativas (Ornstein y Elder, 1978: 54). Por lo tanto, como los grupos representan intereses diferentes y cuentan con distintos recursos para organizarse y actuar, no son iguales entre sí ni obtienen el mismo grado de atención del gobierno. Tampoco tienen el mismo tipo y grado de participación en las campañas electorales, como tampoco cuentan con la misma cantidad de lobbyistas contratados de tiempo completo o parcial en los poderes del Estado (Grinsberg, Lowi y Weird, 1999: 417). Es decir, los grupos de interés se distinguen entre sí por el sector económico, político y social e interés que representan, así como por la cantidad y tipo de recursos disponibles para gastos de, entre otras, maniobras de lobbying que le aseguren una participación mucha más efectiva en cuanto a la influencia en las instancias de decisiones públicas.

Pero los grupos de interés y su impacto varían de acuerdo, precisamente, al interés o el tipo de demanda que formulan ante los poderes del Estado, particularmente el Poder Legislativo. Así, a grandes rasgos es factible distinguir los grupos de interés entre grupos de intereses públicos o sociales y otros de intereses privados o empresariales (Petracca, 1992: 9; Ginsberg, Lowi y Weird 1999: 404-405). Pero para tener un mapa conceptual más amplio y preciso a la vez, que ligue al lobbying con los grupos de interés, los sectores económicos, las propias firmas de lobbying, los partidos políticos, los políticos y el gobierno, es decir, un paneo amplio que permita entender el binomio del dinero y la política, vale tomar el listado efectuado por la Organización No Gubernamental (ONG) de Estados Unidos denominada Centro para la política receptiva - Secreto a Voces –Center for Responsive Politics - Open Secrets–. Esta ONG lleva a cabo un estricto seguimiento del lobbying –puntualmente del dinero en la política para el caso de ese país–, y actualiza periódicamente un listado de los grupos de interés. Este listado –que se lleva a cabo siguiendo la información y transparencia que aporta la Ley de Divulgación del Lobbying, o Lobbying Disclosure Act en inglés– divide a los grupos de interés en las siguientes categorías: Finanzas, Seguros, Inmobiliario o Bienes Raíces; Varios; Negocios; Ideológicos, Monotemáticos; Salud; Abogados y Lobbyistas; Comunicaciones, Electrónica; Trabajo; Energía, Recursos Naturales; Construcción; Agro-negocios; Transporte; y Defensa (“Influence and Lobbying: Interest Groups”: www.opensecrets.com/industries/). Como se puede ver, el lobbying y los grupos de interés son un binomio básico para el funcionamiento del sistema democrático, lo cual conlleva externalidades positivas y negativas para la calidad del mismo.

Por otro lado, los lobbyistas son otra variable indispensable para entender este fenómeno. Justamente, la regulación y entendimiento del lobbying pueden remitirse a lo que hacen los lobbyistas, quienes en caso de pasar el límite de lo que corresponde a la esfera legal, ética y profesional como representantes de grupos de interés, posiblemente estén tendiendo a un abuso en la disposición de los bienes públicos. Sin menoscabar el lobbying que hagan ciudadanos no profesionales en la materia, a diferencia de un individuo que participa en política y efectúa acciones no remuneradas y aisladas de lobbying, un lobbyista es un profesional de las relaciones gubernamentales que ofrece servicios especializados como los que, en otras áreas y maneras, ofrece un abogado.

Por lo anterior, un prerrequisito singular para un lobbyistaefectivo es conocer psicológica y políticamente a los miembros del Congreso y los otros poderes del estado que toman decisiones de incumbencia para él y sus clientes (Xifra, 1998: 94). Asimismo, debe tener un conocimiento sobre los procedimientos técnicos e institucionales de los poderes públicos, en particular el proceso de sanción de leyes y políticas públicas, para lograr acceder a los miembros del gobierno y la oposición, obviamente en el poder legislativo y ejecutivo pero también en el interior de los partidos políticos (Wolpe: 1990: 5). Cabe destacar que los servicios de una firma de lobby no suelen ser baratos, justamente por el cúmulo de actividades que implica (Piñeiro, 2000: 57).

Así, de lo que se trata el trabajo de un lobbyista es de hacerle lo más fácil posible a un legislador, un servidor o funcionario público, o incluso al Presidente, el entendimiento de un tema y el porqué del apoyo a una propuesta determinada (Wolpe, 1990: 6). Para esto, los lobbyistas realizan tanto actividades relacionadas a temas técnicos como actividades relacionadas con asuntos políticos que repercuten en la opinión pública y el electorado. Es decir, un lobbyista profesional tiene que saber adquirir la mayor información posible de los temas que le interesan y los aspectos importantes de la carrera política de los representantes, del electorado que lo votó así como del partido de aquellos que, de distintas maneras, votan a favor o en contra de cierta petición de incumbencia para los lobbyistas y sus clientes. Se trata de lograr una relación profesional perdurable, para la cual trabajar codo a codo con los políticos vinculantes y sus asistentes es ineludible y fundamental (Xifra, 1998: 100). Por lo tanto, si bien los lobbyistas pueden incurrir en malas prácticas y sobornos por fuera de las normas y la ley, es exagerado suponer que el lobbying es completamente negativo porque, más allá de los intereses que representen, los lobbyistas pueden ser herramientas de trabajo muy útiles para los legisladores y funcionarios con dediciones complejas para tomar que atañen al interés público (Wolpe 1990: 7). Es decir, se puede inferir que la profesionalización de lobbying, el crecimiento de firmas especializadas y de lobbyistas son insumos en pro de la calidad de la democracia.

Por último, uno de los puntos que más controversia levanta es el relativo a la corrupción. Como señala el autor brasilero Paulo Nassar (2010: 62), “para muchos, el lobbying es una mala palabra”. Aun cuando se ha reconocido que su práctica, con aspectos positivos y negativos, es vital para el funcionamiento del sistema democrático y la toma de decisiones en asuntos complejos y altamente técnicos (McGuiness, 1987: 1), los casos de corrupción ligados al lobbying y la inequidad en la agregación de demandas e intereses en el sistema político, entre otras cosas, son hechos que opacan los impactos positivos de esta actividad. En tal sentido, una definición de corrupción es que ésta es “el uso de funciones y atribuciones de un cargo público, para obtener o conceder, beneficios particulares, en contravención con las disposiciones legales” (Escalante, 1989: 329), lo cual a menudo sucede en los entretelones de la política promovida por muchos lobbyistas en complicidad de políticos. En el caso del lobbying, cuando los contactos personales entre los lobbyistasy los políticos sobrepasan los límites de lo institucional, legal, ético y profesional para actuar conforme a favoritismos ligados a conveniencias políticas, económicas, personales, de amistad o lazos familiares, la corrupción se hace presente en el llamado tráfico de influencias.

También se pueden presentar actos de corrupción cuando se dan casos de “puerta giratoria” –revolving door en inglés–, en donde un político que ya no es ni representante ni funcionario público empieza a trabajar como lobbyista recién al abandonar su cargo anterior o cuando ocurre lo contrario, un lobbyista que deja de serlo para volverse representante público y actúa de manera facciosa una vez elegido por el voto ciudadano (Ginsberg, Lowi y Weird, 1999: 400). A través de compensaciones económicas personales u otros métodos fuera del marco legal y ético, la práctica profesional del lobbyingpuede contribuir a la sobrerrepresentación de intereses, la inequidad en la disposición de los bienes públicos y a que los actores busquen sacar tajadas particulares, fuera de los parámetros de sus roles públicos y legales. Este puede ser el caso de los llamados “súper lobbyistas” (Smith, 1988: 239). Sin embargo, no son de desmerecer los avances en el terreno de la rendición de cuentas que los regímenes democráticos han imprimido en los últimos lustros sobre el lobbying y el controversial asunto del dinero en la política.

Teniendo en cuenta lo anterior, si bien a través del lobbyinglo que buscan los grupos de interés es convencer al gobierno de que su demanda también es de su conveniencia y de la sociedad en general, lo cual puede generar costos de transacción como casos de corrupción, los representantes y funcionarios públicos pueden tomar o desechar, según sea el caso para la conveniencia pública, política y de la administración, esa petición o información proporcionada (Grossman y Helpman, 2001: 104). Así, al cumplir una función fundamental para la gobernanza[4]del sistema político, el lobbying se redime ante las críticas y sus posibles aspectos negativos en la medida que se centra en el traspaso de información valiosa desde los distintos grupos de la sociedad hacia los representantes de los poderes de gobierno y viceversa, realzando el ejercicio del derecho de petición y la participación ciudadana, así como coadyuvando en el mejoramiento del funcionamiento democrático y plural del mismo Estado (McGuiness, 1987: 4).

Otra variable ineludible en correlación al lobbying, que merece un tratamiento más profundo y que se hará en un próximo trabajo de este autor, es el grado de democracia o poliarquía que tiene un sistema político, así como qué tipo de relación guarda el poder legislativo con el ejecutivo y el grado de autonomía de los legisladores con sus partidos políticos y bloques parlamentarios. Claramente, en los casos de los países de América Latina, la transición hacia la democracia ha apoyado para que el lobbying en la región se revigorice, emule las prácticas y se acerque gradualmente a los parámetros de Estados Unidos y Europa (Galaviz, 2006: 68). Esto no niega que anteriormente este haya existido en los países de la región, pero denota un reimpulso del mismo. En resumen, como ha sucedido en la década de los setenta en Estados Unidos y en muchos casos de los países de América Latina en transición hacia la democracia durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX y la primera década del siglo XXI, en mayor o en menor medida, dado que el Poder Legislativo se ha convertido en un contrapeso más o menos efectivo del Poder Ejecutivo, y las puertas de acceso a la toma de decisiones que proporciona este poder son mayores a las que proporciona el Poder Ejecutivo, el lobbyingse multiplica en cantidad y diversidad (Smith, 1988: 144; Galaviz, 2006: 68; Astié-Burgos, 2011: 112). Esto permite hablar de un reimpulso de vitalidad para una materia todavía por explorar más a profundidad, a detalle y empíricamente para los casos de los países de América Latina.

4. Conclusión.

Como se ha visto en este artículo, el lobbying es un fenómeno complejo que está intrínsecamente relacionado con la democracia y su funcionamiento, lo cual comprende implicancias e impactos tanto negativos como positivos para la calidad de la misma. Por un lado, se lo puede analizar como negativo para un sistema político democrático porque puede agudizar las desigualdades entre los grupos de interés y sectores que, por cuestiones financieras u organizativas, pueden incidir con mayor o menor influencia en las decisiones de los poderes del gobierno de una manera indebida. Por otro lado, puede argumentarse que es positivo para la democracia porque su funcionamiento se basa en la interacción de información técnica entre los lobbyistasy aquellos ciudadanos que gestionan un interés con los tomadores de decisiones públicas, quienes para resolver eficientemente las demandas que entran al sistema político y sus instituciones necesitan de ese tipo de información, demandas o in-puts. Asimismo y como punto fundamental, el lobbying es una forma de maximizar el derecho de petición que tienen los ciudadanos y gestionar más asertivamente sus intereses y demandas. Es decir, si bien existen aspectos negativos del lobbying como pueden ser ciertos abusos en la disposición de los bienes públicos y casos de corrupción, también este fenómeno puede ser visto positivamente porque al ser un medio para gestionar diversos y plurales intereses sectoriales nutre con información vital a los representantes y funcionarios públicos, quienes para solucionar las demandas públicas necesitan este insumo para tomar dediciones eficientes y efectivas.

En concordancia con distintos textos especializados de la materia, este artículo estableció que el lobbying consiste, básicamente, en el ejercicio y las prácticas que hacen los diferentes actores de la sociedad cuando peticionan, gestionan o abogan por sus intereses de cara al gobierno y los poderes del Estado. En tal sentido, se ha estipulado que, a grandes rasgos, existen dos tipos de actores: los activos y los pasivos. Los primeros son quienes llevan a cabo el lobbying, es decir, los ciudadanos, lobbyistas, organizaciones o grupos de interés. Los segundos, los actores pasivos, son los que reciben las acciones de lobbying, es decir, los políticos, los representantes, secretarios, ministros o servidores públicos, así como sus equipos. De igual forma, se estableció que al estudiar este fenómeno, es preciso tener en cuenta tanto los esfuerzos que hacen los grupos de interés de corte empresarial, como los que hacen los grupos de interés de corte social.

Por otro lado, se analizaron variables fundamentales ligadas al lobbying como los grupos de interés y los lobbyistas, notando que a medida que éstos profesionalizan su trabajo, así como aquellos que participan en pro de una demanda, coadyuvan con la calidad de la democracia. De igual forma, se analizaron diferentes cambios que el lobbying ha sufrido durante el tiempo, observando que con la irrupción de la tecnología y las redes sociales, así como la cantidad y pluralidad de las campañas de base tipo grassroots o de lobbying indirecto, ha impulsado el universo de la materia. Asimismo, y como un factor que apoya una acepción positiva del fenómeno, con este tipo de acciones indirectas la pluralidad de grupos de interés se ha incrementado en varias democracias en transición de América Latina.

En conclusión, en una democracia mínima la pluralidad en la agregación de demandas desde la sociedad hacia el gobierno es crucial. En este sentido, si bien el lobbying es factible, aunque con tergiversaciones, en sistemas no democráticos, en una poliarquía el lobbying es una constante esencial, porque supone un intermedio entre los polos que constituyen la sociedad, los grupos y las instituciones del sistema político. La articulación de demandas cimentadas en la información técnica, la búsqueda de especializar las demandas y la diversidad de grupos que llevan a cabo esfuerzos de lobbying, así como su profesionalización, entre otros factores, son indicativos significativos para establecer una diferencia entre el pasado y el presente de la actividad en democracias en transición y procesos de consolidación como la mayoría de los países de América Latina.

Así, este artículo sirve como base teórica sólida y propia para trabajos más a detalle del lobbying en estudios de casos. Para ahondar en la materia en el contexto de América Latina, es necesario llevar a cabo trabajos de caso comparativos en el ámbito de las ciencias políticas de idioma castellano. Pero una introducción y un tratamiento teórico puntual de la materia eran necesarios para comenzar a hilar fino en un tema relativamente todavía poco explorado en la academia politológica de América Latina.

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* Artículo publicado en el journal académico de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP), De Política, año 2 no.2, enero-junio de 2014.

[2] A propósito de la caja negra o black box, en las últimas décadas ésta dejó de ser tan oscura, dada la irrupción de los instrumentos y temas relacionados con la rendición de cuentas en la agenda pública, los cambios institucionales en pro de la transparencia, la participación ciudadana, el acceso a la información pública, el gobierno abierto, el combate a la corrupción, y el aprovechamiento de tecnologías de la información o TIC’s, entre otros, lo cual ha impactado sin duda en el lobbying (Canto Chac, 2011; Gobierno Abierto, 2012: www.ogov.eu).

[3] La política 2.0 se refiere a acciones en red y en tiempo real de participación política virtual y de comunicación política, que se desarrollan con plataformas digitales en internet como blogs, redes sociales, las aplicaciones en dispositivos móviles como Iphone y teléfonos inteligentes, entre otras cosas (Politics 2.0: The Multifaceted Effect Of Broadband Internet On Political Participation. (2013). Campante, Durante y Sobbrio. http://www.nber.org/papers/w19029.pdf).

[4] Le Galès la define como “un proceso de coordinación de actores, de grupos sociales, de instituciones para lograr metas definidas colectivamente en entornos fragmentados y caracterizados por la incertidumbre” (José Manuel Ruano de la Fuente, VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 Oct. 2002).

La Casa tomada de Cortázar y una metáfora política.

2014-08-26T07:51:00.001-07:00

Casa tomada, el cuento corto del escritor Julio Cortázar, ha tenido distintas lecturas e interpretaciones, siendo la política una de estas. Buscando hacer una pequeña aportación al centenario del nacimiento de este célebre escritor argentino, retomar el clásico cuento y ligarlo con la política es la intención de este artículo.

El cuento Casa tomada fue seleccionado de una publicación del año 1946 de la revista Sur, que dirigía Jorge Luís Borges, y se publicó en 1951 en el primer libro de Cortázar, Bestiario. En esos años, en Argentina gobernaba Perón y calaba la división política entre peronistas y antiperonistas, que aunque parezca increíble perdura hasta estos días. No pasó tiempo para que se hiciera la lectura de que el cuento era una insignia antiperonista, una despectiva forma de narrar la irrupción de los pobres a la vida política de la Argentina.

Cortázar narra cómo dos hermanos son expulsados de su propia casa, donde su familia había vivido por generaciones. A causa de sonidos imprecisos, como murmullos o voces que se van apoderando de los espacios de la amplia casa, poco a poco algo va desplazando a los habitantes a lo largo de las habitaciones de la casa, hasta que los dos terminan en la calle. El protagonista en primera persona y su hermana Irene se resisten a abandonar la casa, lamentando las pérdidas que les ocasiona ese algo cada vez que toma una parte de la casa. Pero, cuando ésta es tomada completamente, no tienen más remedio que dejarla, llevándose únicamente consigo un reloj y la llave de la casa, de la cual se deshacen tirándola a la alcantarilla.

Una interpretación que tuvo Casa tomada, entre tantas, era que se trataba de una metáfora: la Argentina tradicional que retrocedía bajo la avanzada del peronismo y la participación en la vida política de sectores populares, hasta entonces, mayormente marginados. Esta visión ha significado un verdadero anatema contra el autor por parte de la cultura oficial peronista, que durante años lo calificó de “gorila” (término con el que se designaba a los opositores al gobierno de Perón). Cortázar ha dicho que esa interpretación del relato bien puede ser válida; sin embargo, declaró en varias ocasiones que el origen de la idea para el cuento proviene de un sueño, una pesadilla en la que un ente misterioso se hace presente en su casa y paulatinamente (por el temor) va empujándolo hacia distintas áreas de la casa, hasta que por fin, termina dejándolo fuera de ella sin siquiera haberse percatado de la precisa naturaleza o composición del mismo.

“Casa tomada bien podría representar todos mis miedos, o quizá, todas mis aversiones; en ese caso la interpretación antiperonista me parece bastante posible, emergiendo incluso inconscientemente”, en una entrevista explicó el autor sobre su cuento. Es decir, la lectura política que se hizo al respecto bien pudo estar equivocada o sesgada; igualmente, vale la pena la interpretación y tomarla como una metáfora muy sugestiva para pensar la política y su acontecer.

En tal sentido, la alusión de la casa tomada es una muy válida para representar lo que puede suceder en cualquier escenario político, es decir, cuando un grupo toma de a poco el poder desplazando a otro. En la Argentina de los años 40 y 50 sucedió con el peronismo. En México, con las diferencias de cada caso, la metáfora de la casa tomada pudo simbolizarse con la foto de Pancho Villa y Emiliano Zapata en el Palacio Nacional, o cuando el PAN venció y llegó a Los Pinos.

Diplomacia parlamentaria entre México y Argentina.

2014-08-13T10:14:00.003-07:00

Un tema todavía poco explorado viene a colación dado que, este lunes y martes, el Congreso mexicano recibió a representantes del Congreso argentino. El tópico es la denominada “diplomacia parlamentaria”. Pero más allá del tema en sí, un dato le da más color al encuentro interparlamentario mexicano-argentino: el Vicepresidente de la Argentina, Amado Boudou, que constitucionalmente es el presidente del Senado, está doblemente procesado judicialmente por graves delitos de corrupción.

Para introducir muy brevemente el concepto de diplomacia parlamentaria y llegar al caso, esta consta de prácticas que aunque no están del todo legisladas, sí tienen sustento legal y se desarrollan entre diferentes representaciones parlamentarias para fines de enlace y acercamiento entre países y gobiernos, cooperación e intercambio de prácticas legislativas y opiniones en diversos temas de agenda, así como para reforzar las relaciones internacionales entre dos o más países. La diplomacia parlamentaria, básicamente, se divide en las actividades de los Grupos de Amistad, las Reuniones Interparlamentarias y los Organismos Parlamentarios Internacionales (Juan Ramírez Marín: 2006). Aunque sale a la luz pública más regularmente cuando se reúnen parlamentarios de México y Estados Unidos, o con los de Canadá, este tipo de reuniones protocolarias se mantienen con otros países también.

En mayo pasado, el Vicepresidente de Argentina, Amado Boudou había recibido en el Salón Gris de la Cámara alta de ese país a un grupo de legisladores mexicanos para avanzar en la preparación de la primera Comisión interparlamentaria argentino-mexicana. Así, la visita del grupo de parlamentarios argentinos a México sirvió para constituir esta comisión de trabajo. Así las cosas, un comentario cabría hacer sobre la constitución de las legaciones parlamentarias que salen de su país con carácter protocolario.

Muchas veces se cree que los viajes de diplomacia parlamentaria son una especie de vacaciones pagas para legisladores que salen de tour por algún país extranjero, o que son una especie de pago por algún favor. Pero para retraer este asunto político de lo protocolario de los grupos que llevan tal representación, la representatividad del parlamento se arregla en la conformación proporcional de estos grupos interparlamentarios internacionales. Por lo general, estas delegaciones se conforman tanto por legisladores de los partidos de oposición y como por el oficialista. Pero para el reciente viaje a México, la legación argentina no se ajustó a tal premisa.

Como informa el periódico argentino Ámbito Financiero, el titular de la Cámara alta partió de Buenos Aires este sábado acompañado por una comitiva integrada sólo por legisladores oficialistas, entre ellos los diputados Guillermo Carmona, Susana Canela y Gloria Bidegain, y los senadores Rodolfo Urtubey, Pablo González, Liliana Fellner, José María Roldán (Frente de Todos) y Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino). Si bien estaban invitados los diputados de la oposición Hugo Maldonado (UCR), Guillermo Durand Cornejo (Unión PRO), Ricardo Cuccovillo (Frente Amplio Progresista) y Nelly Lagorio (Frente Renovador), finalmente decidieron bajarse en una nueva señal de repudio por el doble procesamiento del Vicepresidente en el caso Ciccone –Boudou está acusado de apropiarse, a través de testaferros, de la empresa que imprime los billetes en la Argentina– y en la causa por irregularidades en la compra de un auto particular.

Este hecho habla mucho del estado de la democracia en Argentina. Por un lado, la conformación de la delegación de parlamentarios argentinos para el viaje a México es un gesto del carácter del gobierno y del bloque oficialista en el Congreso argentino, así como de la relación que existe entre los grupos parlamentarios de aquel país. Por otro lado, el hecho que desataca es que, los legisladores de oposición que estaban citados al viaje, declinaron la invitación por repudio a la figura del Vicepresidente y Presidente del Senado, Amado Boudou, que sigue en funciones y está procesado en dos causas judiciales.

Este hecho es de destacar, dado que si para algo sirven las comisiones interparlamentarias de este tipo es para hacer relaciones diplomáticas. En tal sentido, la figura de Amado Boudou no ayuda mucho a la diplomacia parlamentaria argentina, ya que su honorabilidad y continuidad constitucional está en vilo, esperando el resultado de los jueces. Tampoco apoya a la relación institucional mexicana-argentina. Con lo anterior, ¿qué imagen le da este condimento judicial al encuentro interparlamentario entre México y Argentina? No muy halagüeña.

La abdicación del Rey Juan Carlos, Felipe VI y El Príncipe.

2014-06-12T08:41:00.000-07:00

Una noticia dio vueltas el mundo en días recientes: el Rey Juan Carlos de España ha decidido abdicar al trono para dejar paso a su hijo, que será Felipe VI. Esta dimisión abre paso a nuevos escenarios, dado que hay voces que abogan por el fin de la monarquía en España. En tal sentido, buscando reflexionar sobre este episodio y la institución de la monarquía, vale la pena retomar a El Príncipe de Maquiavelo para ligarlo a este caso.

“Una nueva generación reclama el papel protagonista para afrontar con renovada intensidad los desafíos”, explicó el monarca, en un claro mensaje de cambio de ciclo (El País, 2 de junio de 2014). Esta declaración del Rey se escribe en un contexto: para un buen porcentaje de la población española la monarquía pasó de moda. Como muestran encuestas de la firma CIS publicadas por el diario El País, aunque en los últimos tiempos la percepción de los españoles sobre la monarquía ha tenido una leve mejoría, en una perspectiva de lo que va de esta década ha venido a la baja. Mientras unos años atrás las encuestas de aceptación ubicaban a la monarquía como la institución mejor vista por los españoles, en la actualidad es la sexta. Justamente, los casos de corrupción que involucraron a miembros de la familia real, y rozan al mismo rey, han golpeado duro a la institución. Es decir, la corrupción o los casos de presunta corrupción han manchado la popularidad de la monarquía, lo cual ha amplificado las voces que desean acabar con el orden monárquico actual.

Aquí vale la pena citar a Maquiavelo en relación a este caso: “… el príncipe hereditario tiene menos razones para ofender y menos necesidad de hacerlo, por lo que resulta más amado por su pueblo, y si no posee algún vicio extraordinario que lo haga ser odiado, es lógico esperar que sea amado por los súbditos…” (El Príncipe, 2014:24). Esta cita vale la pena, remarcando que si el monarca no posee ningún vicio extraordinario, no tendrá problemas con su popularidad y en mantenerse en el poder. Pero si el príncipe o rey tiene un vicio anodino, sí será odiado. Tal pudiera ser el caso de la corona española.

En tal sentido, como lo reporta la encuesta del artículo referido, mientras el rey está activo sus porcentajes de imagen positiva suben. Pero mientras el rey no está activo, los sondeos de opinión reflejan una baja en los números, resaltando en la opinión pública la corrupción y los costos económicos que significa la corona para los españoles en una situación de estancamiento económico. Sin embargo, el príncipe, el muy próximamente Rey Felipe VI, actualmente tiene mejores números en las encuestas que su padre, lo cual abre oportunidades para la institución, dado que como rey tendrá una actividad más intensa que la que ha tenido Juan Carlos en los últimos tiempos.

Con todo, ese vicio extraordinario al que se refiere Maquiavelo, para el caso referido de la corona española, bien pueden ser los casos de corrupción que la han rondado y dañado. Felipe VI tendrá que actuar al respecto, dado que la popularidad del monarca y de la propia monarquía depende de ello. Como lo indicara Maquiavelo para Lorenzo De Medici, el nuevo rey de España puede ser objeto de aversión por parte de los súbditos o de buena parte de éstos si no hace nada para limpiar a la institución y quitarla de vicios. No por nada el Papa Francisco actuó en consecuencia con el Vaticano y la Iglesia como institución ni bien asumió. Felipe VI tendrá que hacer algo parecido y su padre deberá apoyarlo, si lo que buscan es la estabilidad de la monarquía española en un contexto de prestigio no muy favorable.

Más apuntes sobre El Príncipe: evitar ser odiado.

2014-04-24T17:03:00.000-07:00

Una de las lecciones políticas más famosas escritas por Maquiavelo dice que, para un gobernante, puede ser mejor ser temido que querido. Ligada a esta recomendación, hay otra muy valiosa que se desprende de El Príncipe, quizá no tan conocida: evitar ser aborrecido u odiado. Nicolás Maquiavelo, otra vez, vuelve a venir a cuenta para analizar la política y su devenir local, nacional e internacional.

Más que dar consejos, lo que hace Maquiavelo en su póstuma y clásica obra es analizar una serie de variables que, en sí, se correlacionan con la gestión del gobierno y con la política, ésta entendida como un medio para hacerse del poder, mantenerlo e incrementarlo. Así, a lo largo de El Príncipe se enuncian y analizan los motivos por lo que los Estados pueden llegar al éxito o al fracaso, entre otras cosas. Unas de estas variables son el odio y el aborrecimiento de los gobernados hacia los gobernantes.

Maquiavelo indica que: “… el príncipe que se hace temer debe obrar de modo que si no se hace amar al mismo tiempo, evite el ser aborrecido; porque uno puede muy bien ser temido sin ser odioso; y él lo experimentará siempre, si se abstiene de tomar la hacienda de sus gobernados y soldados, como también de robar sus mujeres o abusar de ellas” (121).

En el Capítulo XIX de El Príncipe (131), Maquiavelo explica con detalle por qué un príncipe debe evitar ser aborrecido u odiado. Principalmente, evitar ser odiado y hacer lo necesario para tal fin, se justifica como un medio para sostenerse en el poder. Dado que en todo grupo gobernante hay conspiraciones internas y externas, este debe evitar ser aborrecido por sus gobernados de manera tal que, aunque haya conspiradores que atenten con la estabilidad de la autoridad y el poder del príncipe, la población lo apoye en los malos tiempos, como cuando ciertos grupos lo quieren derrocar. Si el gobernante es odiado por sus gobernados, cualquier conspiración puede ser apoyada por estos.

Tal es la importancia de no ser un gobernante aborrecido. Asegurarse el apoyo de los gobernados, es una tarea ineludible de un gobierno con legitimidad. Pero no sólo eso: es importante para su propia seguridad y para la construcción de poder. Así que para Maquiavelo, en aras de “mantener la fe dada”, un príncipe puede ser temido pero no aborrecido. Este consejo –que debería ser atendido por cualquier gobernante–, es sustentado en El Príncipe con tres ejemplos históricos. En esta ocasión y por cuestiones de espacio de este artículo, no se va a desplegar un ejemplo empírico. Lo que se pretende aquí es, solamente, poner este consejo en cuestión y pensar en el caso de tantos políticos que no repararon al respecto.

La lista puede ser larga, abarcar diferentes latitudes y órdenes de gobierno. Asi, tanto en México con Luis Echeverría, en el propio Estado de Puebla con Mario Marín Torres, en Estados Unidos con Richard Nixon, Brasil con Color de Mello, Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, como en Cuba con Fidel Castro, la lista de gobernantes que supieron hacerse aborrecer por sus gobernantes es larga. Sin profundizar en este momento en cada ejemplo, es preciso poner este tema en cuestión para, posteriormente, ahondar en diferentes casos de la historia.

La reforma político-electoral y el lobbying en México.

2013-12-08T17:01:00.000-08:00

La reforma política está en vísperas de ser aprobada por el Congreso de la Unión. Mucho se ha dicho en pro y en contra de la misma; muchos aspectos son susceptibles de análisis y opinión, derivado de los temas que componen a esta reforma o conjuntos de reformas. Uno de estos es el impacto de la llamada reforma política con respecto al lobbying o el cabildeo.

Si bien lo que se terminará aprobando en estos días, como muchos columnistas y analistas vaticinan, es más una reforma electoral que una política –o bien, puede ser denominada reforma político-electoral–, los cambios propuestos son, sin duda, relevantes para el sistema político democrático en sí. Cabe aclarar que las reformas están más ligadas a la democracia minimalista que a la maximalista, por eso se discuten asuntos relacionados a mecanismos indirectos de participación y no a directos. Es decir, aunque al ser una reforma fundamentalmente electoral quedan afuera cambios al sistema político que, en principio, también estaban en la mesa –como por ejemplo, el referéndum, la segunda vuelta electoral o ballotage y la consulta ciudadana–, las reformas propuestas son importantes, como es el caso de la reelección de diputados federales y locales, senadores y alcaldes.

Así, los puntos fuertes de la reforma política son la reelección de legisladores federales y locales, así como de alcaldes, y el cambio de las instituciones que lleva a cabo las elecciones. Entre otras cosas, estos son elementos esenciales para el desarrollo del cabildeo. Dado que muchas de las estrategias y prácticas del cabildeo se basan en la intervención de los diversos grupos de interés en procesos electorales, la aprobación de la reelección para legisladores –y alcaldes–, significa un incentivo para que las prácticas del cabildeo mexicano estén más apegadas a las que se llevan a cabo en el arquetipo estadounidense. Asimismo, hace que la relación de los cabilderos se profundice con los políticos que son legisladores y candidatos, lo cual quita peso a los partidos en cuanto a la selección y apoyo de candidaturas.

Si bien el cabildeo tiene aspectos negativos como ser un medio para la corrupción, el tráfico de influencias y la inequidad entre los diversos grupos de interés e intereses, también tiene impactos positivos para la democracia. Entre otros, amplía la especialización técnica de las demandas de los distintos sectores que hacen cabildeo, lo cual mejora la calidad en las propuestas de leyes, reglamentos y reformas que genera el Poder Legislativo. Asimismo, es un medio para gestionar más asertivamente los intereses de los distintos ciudadanos y grupos, lo cual es una manera de potencializar la eficiencia y eficacia de la democracia, así como su pluralidad.

Por otro lado, y regresando a la reelección legislativa que está por ser aprobada en México, los legisladores al poder ser reelectos no sólo tienen más incentivos para rendir cuentas en sus distritos electorales y ser más transparentes, sino que alcanzan especialización legislativa y técnica en determinados temas. También, los legisladores pueden adquirir cierto grado de independencia de su partido político, siempre y cuando tengan la simpatía del electorado.

Así, con todo y las fallas o faltantes, la reforma político-electoral que trae la reelección de legisladores y alcaldes es un paso adelante para el sistema político y la democracia en México. Como se mencionó, la especialización de los legisladores en determinados temas relacionados a algún sector económico y de la sociedad, es positivo para la calidad de la democracia. Asimismo, es un estímulo para la profundización de la relación especializada entre los legisladores y cabilderos de los distintos sectores, grupos y firmas. Esto sumado a la perdurabilidad y calidad de las relaciones entre unos y otros, puede potencializar el cabildeo, lo cual es un insumo importante para la consolidación de la transición hacia la democracia.

El cabildeo en México y las noticias del caso de PWC.

2013-11-18T16:16:00.002-08:00

A raíz de las notas periodísticas que en semanas pasadas dieron a notar las prácticas de los cabilderos de la firma PriceWaterhouseCooper (PWC) en el Congreso de la Unión, el cabildeo volvió a ser noticia en México. Pero, ¿qué aspectos se resaltan de esta actividad tan controvertida en las noticias referidas?

El pasado 14 de octubre, el periódico nacional El Universalpublicó que la firma PWC ofrece sus servicios de cabildeo para “tirar” o “modificar” artículos contenidos en la entonces propuesta de reforma fiscal del Poder Ejecutivo (http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/1-mdd-por-cambiar-un-articulo-de-la-reforma-958005.html). Este periódico aseguró que, como se detalla en un documento confidencial que posee de esta firma, por cada artículo de la ley que logre modificar, PWC, presuntamente, cobra un millón de dólares más IVA. Asimismo, detalló que supuestamente cobra 70 mil dólares por cada entrevista que realice con cualquier legislador, y 5 mil dólares más IVA por cada hora invertida en el análisis de algún asunto. A todo esto, la firma replicó que existen errores de interpretación en el documento confidencial al que hace referencia El Universal, ya que dichos honorarios son en moneda nacional y no en dólares, como se afirma en las noticias, entre otras cosas.

Con estas noticias, el cabildeo en México se hizo notorio otra vez en la opinión pública. Pero tomó relevancia por el tráfico de influencias y la corrupción que puede suscitar, no por la información técnica y la pluralidad de voces que puede presentar a los legisladores ante un asunto determinado, como puede ser una reforma fiscal. Esto es una constante: parecería que el cabildeo o el lobbying es sinónimo de corrupción, lo cual induce una acepción negativa y parcial del mismo. En ese sentido, normalmente se hace especial énfasis en ese aspecto sombrío de la materia, pero se pasan por alto los aspectos positivos de la misma.

Los cabilderos de PWC están registrados como tales en el Congreso de la Unión y suscriben el código de ética de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo (PROCAB). A pesar de todo esto, llamó mucho la atención pública el monto que los cabilderos cobran por su labor. Igualmente, porque la corrupción es, otra vez, una constante en la política, en los políticos y los cabilderos que se benefician de la disposición de los bienes públicos de manera discrecional.

Además de que las noticias del cabildeo de PWC mostraron el lado negativo y más famoso del lobbying, vale resaltar que éstas también hicieron referencia a un crecimiento y desarrollo de este fenómeno en México, lo cual es una forma de mirar positivamente el tema. El Poder Legislativo federal, tanto su cámara baja como la alta, cuentan con un apartado en sus reglamentos interiores que norman al cabildeo y la actividad de los actores que lo llevan a cabo. Pocos países cuentan con este tipo de normatividad; en América Latina, México es de las pocas democracias en transición de la región que cuenta con este tipo de reglamento, lo cual no es poca cosa. Pero parecería que esto no es noticia, mientras que la corrupción sí.

Poniendo en perspectiva el asunto, las noticias referidas de El Universal colocaron el acento en aspectos negativos del cabildeo, pero sirvieron para poner el reflector sobre el tema y apresurar reformas en la normatividad que regula a la actividad. Aunque todavía quedaron pendientes para hacer más transparente el trabajo de los cabilderos, las reformas realizadas al Reglamento interior de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el capítulo del Cabildeo, son avances importantes en esta materia, ya que expresamente tipifica y prohíbe los sobornos.

Así, pudiera hacerse la lectura de que los avances en la regulación del cabildeo o lobbying en México, son parte de los resultados tangibles que arroja la consolidación de la transición hacia la democracia. Es decir, vale la pena matizar al lobbying y percibir tanto los aspectos positivos como los negativos para la democracia, tomando ambas acepciones y no solamente una de estas como normalmente ocurre.

El pragmatismo y la moral en la política: Maquiavelo y sus detractores.

2013-10-06T11:26:00.002-07:00

En días pasados se llevó a cabo en Puebla el Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Alcaldes A.C. (ANAC), siendo Luis Felipe Bravo Mena, un histórico dirigente del Partido Acción Nacional, quien estuvo a cargo de la conferencia magistral del evento. Entre los temas expuestos en su excelente intervención, se desprendió una idea sustancial: aunque se ha sostenido que la deformación de la política es un rasgo del siglo XXI, que han caído las ideologías y los paradigmas del siglo pasado, todavía existe una pugna entre la política con base en la moral y la política con base en el pragmatismo. Así, con todo y que la conferencia de Bravo Mena tocó varios puntos, la idea referida desprende un debate interesante de la filosofía política: Maquiavelo y el pragmatismo contra la moral y el deber ser.

Hablar de Maquiavelo y sus detractores, obliga a consultar textos que hayan criticado la obra del autor de El Príncipe. Un autor que trabajó de manera crítica en ese sentido, fue Federico II El Grande de Prusia. En el año 1740, traducido al español cinco años después, se publicó el libro El Anti Maquiavelo, en el cual el rey y pensador Federico II de Prusia hace una rotunda crítica moralista –o como él la llama, humanista–, sobre el trabajo de corte pragmático y realista de Maquiavelo. En su libro, Federico II toma cada uno de los capítulos de El Príncipe y los critica, sobre todo en relación a la moral humanista que carecen los postulados de Maquiavelo.

En tal sentido, el Anti Maquiavelo comienza así: “El Príncipe de Maquiavelo es a la ética lo que la obra de Spinoza es a la fe. Spinoza vació la fe de sus aspectos fundamentales y resecó el espíritu de la religión; Maquiavelo corrompió a la política y se dedicó a destruir los preceptos de la sana moral”. El autor reprocha a Maquiavelo por propiciar la tiranía, entre otras cosas, y de El Príncipe examina los tres modos legítimos, que establece Nicolás Maquiavelo, para convertirse en el gobernante de un país: la sucesión hereditaria; la elección por el pueblo allí en dónde está establecido el derecho electoral, y; la conquista de territorios enemigos, cuando la misma es el resultado de una guerra librada legítimamente.

En primer término, Federico II no se diferencia de Maquiavelo. Al decir que la monarquías hereditarias son las más fáciles de gobernar, no hay diferencia entre los dos autores. Pero éstos sí se diferencian entre sí en cuanto a la manera de consolidar o preservar el dominio en los territorios conquistados. Dice el autor del Anti Maquiavelo, “de acuerdo con la opinión de Maquiavelo, no hay mejor forma de preservar un Estado recién conquistado que destruyéndolo. Esta sería la manera más segura de no tener que temer una revuelta… Maquiavelo nos dice que un príncipe debe destruir al país libre recientemente conquistado para poder conservarlo con tanta mayor seguridad. Pero me pregunto: ¿para qué se emprendió la conquista en primer lugar? Se me dirá que fue para aumentar su poder y para hacerlo más temible. Pues precisamente eso es lo que quería oír para demostrar que – de acuerdo con los propios principios propuestos por Maquiavelo – lo que se logra es exactamente lo opuesto. Porque la conquista le ha costado mucho y destruyéndola lo único que logra es aniquilar al país que podría haberlo compensado de las pérdidas. Habrá de serme concedido que un país asolado, despojado de sus habitantes, no puede hacer poderoso a un príncipe”.

Como este tipo de análisis son los que se encuentran en este trabajo crítico a El Príncipe. Federico II de Prusia, alrededor de doscientos años después de la aparición de El Príncipe, critica a Maquiavelo por su modo tiránico de ver la política y el gobierno, por su ego contrario a cualquier mesura digna de un gobernante humanista. Entre otras cosas, estos son los temas que siempre han ocupado a la política y, como lo expuso Luis Felipe Bravo Mena en día pasados, con el transcurrir del tiempo las cosas cambian pero no en lo fundamental.

Lobbying histórico: la Intervención Francesa en México y el caso de Puebla.

2013-08-17T18:47:00.001-07:00

El cabildeo o lobbying se ha vuelto a hacer presente en Puebla, en días pasados, en relación a la protección de la vida y los derechos de los animales. El cabildeo indirecto que se desarrolló por distintas agrupaciones que defienden los derechos de los animales, dio cuenta de que este fenómeno ha venido in crescendo en cuanto a su cantidad y calidad en México, así como en entidades como Puebla. Pero esta no es una actividad nueva, y en este artículo se explorará al respecto.

Si bien el cabildeo se ha reimpulsado y hecho cada vez más profesional desde la transición hacia la democracia, este no es un fenómeno nuevo en la política mexicana ni latinoamericana. La gestión de intereses, aunque en democracia se desarrolla más libre, de forma más transparente y plural es tan vieja como la propia política. En tal sentido, si se entiende al cabildeo o al lobbying en una concepción amplia y laxa como la gestión constante del derecho de formular peticiones ante las autoridades, se puede formular la siguiente hipótesis: así como en los Estados Unidos de América –donde el lobbying fue practicado desde la época de las 13 Colonias y ocupó, como tema, a los Padres fundadores a finales del siglo XVIII–, también en México –y Puebla para ser más precisos– el cabildeo se comenzó a desarrollar en la época del Virreinato de la Nueva España, mucho antes de México como Estado-Nación y la democracia liberal republicana como régimen político.

Esta obvia hipótesis, en muchas ocasiones, ha sido ignorada cuando se habla del cabildeo en México. Pero, como consta en el libro Testimonios de la Puebla de Zaragoza en el Archivo General Municipal de Puebla: 1857-1980(BUAP y Ayuntamiento de Puebla, AGM, 2012: 117), en la serie Expedientes del Archivo General Municipal –la cual está compuesta de mil quinientos volúmenes que, desde la segunda mitad del siglo XIX, se recopiló para catalogar los diferentes asuntos que concernieron al gobierno municipal–, el cabildeo se practicaba por criollos, comerciantes, eclesiásticos, militares, entre otros habitantes encumbrados de la sociedad novohispana. De igual forma sucedía en el siglo XIX. Esto se constata con documentos que datan de 1591 y pasan por los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. Entre los temas que destacan dentro de estas serie de documentos del cabildo municipal, destacan las gestiones que se hacían para permisos de construcción de hospitales, conventos y escuelas, así como solicitudes de tierras.

También, constan documentos sobre cuestiones muy sensibles que vivieron los poblanos en 1863, año que ocupa al libro mencionado. En el año de la intervención francesa, un tema sucitó muchas peticiones a las autoridades: la obligatoriedad para los poblanos de alojar en sus casas al ejército francés, que tomó la ciudad tras el sitio de Puebla. Es decir, el hecho de peticionar frente a las autoridades del Ayuntamiento Municipal, ha sido ejercitado desde tiempos remotos, y el siglo XIX no fue la excepción.

Así, mediante un escrito dirigido al Cabildo y fechado el 20 de octubre de 1863, doña Catarina González de Remolina, preceptora de primeras letras en la ciudad y Directora de la Enseñanza Municipal para niñas, pedía que se le pagara lo que había dejado de percibir durante el tiempo del sitio, además de otros tres meses que había invertido en la reapertura de una nueva escuela y el aumento de dos pesos mensuales para igualar el sueldo que antes percibía. Pese a los oficios de la señora –que más allá de ese escrito, se desconoce si ella organizaba tertulias, invitaba a agasajos sociales, asistía a eventos públicos como ir a la Catedral o a la ópera, o si financiaba algún tipo de publicación, lo cual serían algunas acciones de cabildeo propias de aquellos tiempos–, el Ayuntamiento acordó que no había lugar a lo solicitado. Este fue un tema que ocupó a muchos en la Puebla de aquellos tiempos. Semanas después, el cuerpo edilicio recibió un proyecto de contribución para liberar a los habitantes de Puebla a la obligación de dar alojamiento a los oficiales, mismo que incluía un presupuesto aproximado de alojamientos en los diferentes cuarteles y hospitales de la ciudad. Dicho proyecto no tuvo ningún acuerdo o tratamiento posterior. Como siempre, los tiempos y contextos son determinantes para la fortuna de ciertos intereses y cabildeos.

El 14 de marzo de 1866, alrededor de dos años y medio después de los documentos antes mencionados, los tiempos cambiaban y el Cabildo hizo del conocimiento que se recibió el ocurso relativo a la solicitud que realizó el presbítero Manuel Paz y Puente, para que se le paguen los arrendamientos de unos entresuelos de la casa número 4 de la calle de Santa Teresa que fueron ocupados por el ejército francés; la ocupación fue hecha por un oficial de marina, desde mayo de 1863 hasta octubre de 1864, adeudándosele 144 pesos. El expediente tuvo el número 151 de la sección de Hacienda. También, consta el ocurso relativo al pago de arrendamientos de la casa número 9 de la calle Mesones, solicitado por dona Ignacia Rangel el 20 de marzo de 1866, por haber sido ocupada por oficiales del ejército francés; el expediente tuvo el número 162 de la sección de Hacienda.

Las demandas, peticiones o acciones en pro de algún interés particular que se realizaron por distintos poblanos y poblanas en la época de la intervención francesa, pueden ser asumidas como acciones de cabildeo. Así, se puede pensar que durante el siglo XIX la gestión de intereses, al igual que durante la colonia española de la Nueva España, iba queriendo emerger. Es decir, aunque la historia mexicana es basta en su temática, el cabildeo o lobbying no es una un tema muy tratado; lástima para un tema tan apasionante, ya que sobre el material que puede demostrarlo.

La política entendida en términos de Maquiavelo.

2013-08-17T18:43:00.000-07:00

Pasadas las elecciones locales en Puebla así como en otros trece estados mexicanos, llega la hora del análisis. Pensar en lo que vendrá en la política local y nacional, requiere reflexionar a fondo sobre la política en sí. Para ello, en este artículo se expondrá brevemente una noción sobre la propia política en relación a El Príncipe, misma que sirva para plantear escenarios posibles en el ajedrez del poder.

Siempre que se va a analizar el estado de las cosas en la política y plantear escenarios, antes que nada es preciso definir qué se entiende, justamente, por política. Aunque existen diferentes conceptos de la política, escoger una definición de ésta que la emparente estrechamente con el poder, es una opción válida para entablar un análisis coyuntural realista. Así, la ineludible selección es la concepción de la política fundada por la escuela de Nicolás Maquiavelo, cuya definición dice algo así: la política es el medio para hacerse, llegar o conquistar el poder, construir y cimentarlo, para luego afianzar y preservarlo. Por último, llega la etapa de ampliar o expandir el poder. Es decir, la política es un medio y el poder el fin o suceso.

En términos generales y en razón de la definición expuesta, la actividad política tiene tres momentos clave. Al principio está la conquista del poder; puesto que los vacíos de poder son muy raros, en todo caso muy breves en el tiempo, y por regla general el poder está siempre ocupado por alguien que jamás lo entregará gratuitamente. A la conquista le sigue la construcción política, mediante la cual el poder conquistado se afianza y avanza sobre los objetivos que su poseedor se ha propuesto. Por último, casi como corolario del primer momento, el poder necesita ser consolidado y defendido, ya que siempre será disputado por otros que también aspiran a ejercerlo. Aquí es donde se llega al punto de ampliar el poder, en la lógica que la mejor manera de defender lo obtenido y construido es a través de la expansión o el ataque.

Por lo anterior, se puede apreciar que el momento central, trascendente, de la actividad política llega con el momento de la construcción. Ese momento, el de la construcción de poder, es en realidad el que justifica –o no– a los otros dos. Es precisamente el momento, también, al que de alguna manera se refiere Maquiavelo con su famosa y casi siempre mal citada frase: “el éxito justifica los medios”. El “éxito”, no el “fin”. Es decir, el fracaso no justifica los medios, pero el éxito sí. Así, con el éxito que tuvo en Puebla la alianza de partidos encabezada por el PAN, se justificaron los medios empleados desde que la alianza llegó al poder, lo cual le da espacio para seguir construyendo y afianzando su poder, obvio en cánones de legalidad y legitimidad democrática. Eso es lo que hará, sobre todo el gobernador Moreno Valle, si se entiende a la política como se expone en este artículo, en sintonía con El Príncipe.

En resumen, analizar asuntos políticos y la coyuntura después de una elección requiere reflexionar en la política y entender de qué se trata. Así, pensando la política en los términos expuestos en este artículo, se pueden trazar escenarios políticos plausibles. En tal sentido, es factible que Moreno Valle y el PAN –como principal partido dentro de la alianza Puebla Unida– van a ir por todo el poder que la democracia permite. Es decir, llegaron al poder hace tres años por la vía electoral, construyeron poder y el éxito reciente en las urnas refrenda los medios utilizados, con lo cual afianzó su poder ante sus contrincantes. Ahora resta ver cómo el PAN y Moreno Valle buscarán expandir su poder local para llevarlo al tablero nacional. Es lo que les toca, sobre todo al gobernador que es, ya, uno de los referentes más prominentes del PAN a nivel nacional.

Reforma política y reelección en México.

2013-05-27T16:32:00.003-07:00

Es cuando menos interesante el que en México se esté debatiendo y reflexionando sobre reformas al sistema político. Reformas en y al sistema, no de éste como sucede en los países que integran el ALBA bolivariano. El Pacto por México, el acuerdo tipo La Monclova de puntos básicos a tratar en la agenda pública, que los tres partidos más importantes del país firmaron con el poder ejecutivo federal, contiene lo que se denomina “la reforma política”. Los partidos en el Congreso de la Unión también tienen el tema, aunque con variantes. Inclusive, varias de las asignaturas enmarcadas en la llamada reforma política están en la agenda nacional desde el sexenio pasado. Entonces, sin priorizar qué paquete de reformas tiene que ser pensada y discutida primero, la reflexión sobre las enmiendas que se proponen a la política es necesaria para un ítem fundamental para el estado de la democracia en México.

Vale decir que todas las reformas que se proponen en temas electorales, administrativos, financieros o hacendarios, de medios de comunicación, educación, penales, etcétera, son políticas en tanto impactan en la vida y gestión del poder, es decir, en la política misma. No obstante, la llamada reforma política bien puede ser titulada así porque agrupa reformas en leyes y normas que regulan los procesos electorales, el comportamiento de los partidos, entes administrativos y de gestión del Estado, entre otros temas que comúnmente son etiquetados como asuntos de la política con mayúscula. Así, más allá de la reforma política en su versión Senado de la República o Pacto por México –ya dividido en tres ejes: reforma secundaria en materia electoral, ley de partidos políticos y régimen político–, un tema básico es la reelección de legisladores y alcaldes.

Plantear la reelección es un asunto con muchas aristas. Una de estas es que los partidos políticos se ven afectados porque pierden poder ante legisladores o alcaldes, quienes se vuelven más independientes del aparato del partido. Esto puede contraer cambios en los modelos de partidos, entre otras cosas. Por ejemplo, al salir de campaña repetidas veces para el mismo puesto y en el mismo distrito, así como al tener mayor cercanía y capacidad de gestión que el partido ante determinadas comunidades de un distrito dado, los cuadros políticos ganan peso sobre los partidos. Es decir, entre otras cosas, los políticos que ostentan cargos de representación, independientemente de la división de puestos jerárquicos que cada partido acuerde o designe para ellos, toman preponderancia frente a sus respectivos partidos, su burocracia y dinero. Esto choca con un fundamento de la actual democracia mexicana, que se podría esquematizar en que los partidos políticos sistémicos, medianamente institucionalizados y fuertes sostienen a los sistemas de partidos y electoral, en los que a su vez descansa la democracia todavía en transición.

Así, aunque la reelección debilita a los partidos frente a los políticos que son representantes de la ciudadanía –“parlamentarios”, en términos del clásico Maurice Duverger–, esta juega un papel central para cualquier democracia minimalista: potencia el valor y peso del voto. Es decir, en teoría, la reelección empodera al ciudadano y efectiviza el principal instrumento de participación –el sufragio–, lo cual no es menor en una democracia liberal, de corte minimalista. Las democracias liberales, minimalistas, elitistas, schumpeterianas o pluralistas asignan un valor fundamental a las elecciones libres y competidas. Justamente, se llaman minimalistas porque el mecanismo más importante para legitimar y legalizar un gobierno democrático es mínimo, ya que se da en las urnas y en el origen del gobierno, no tanto en la gestión. En tal sentido, instrumentos para efectivizar el voto son torales para la calidad de este tipo de democracia.

Con todo y que en los últimos años han habido intentos y acciones en pro al gobierno abierto, es decir, a una democracia un tanto más maximalista, con distintos instrumentos de gobernanza y rendición de cuentas que pugnen por hacer que la democracia de las urnas sea trasladada a la gestión, el núcleo del sistema democrático liberal que rige en países de occidente sigue siendo minimalista. Entonces, hablar de reelección no es un tema menor. Al existir la posibilidad de la reelección, muchos de los políticos que ostentan puestos de elección popular se verán ante la opción de reelegirse en su cargo, lo que en teoría significa confrontarse ante el escrutinio público para evaluar su trabajo. Esto pudiera abonar a la rendición de cuentas vertical, la primordial en el sistema democrático que México tiene.

Sin dudas que el tema de la reelección conlleva muchas aristas y dicotomías. Incluso, también debería contemplarse la reelección del presidente de la república, la periodicidad de las reelecciones y los tiempos de gestión. Pero, por el momento, eso sería demasiado pedir. El asunto está muy arraigado en la cultura política mexicana y se acuña con el lema de la revolución “sufragio efectivo, no reelección”, mismo que el priismo amoldó para que el principio deviniera en generaciones de políticos chapulines. Dejando de lado lo anterior, la reelección de alcaldes, diputados locales y federales, así como de senadores es importante y está en puerta, por lo que se necesitarán distintas opiniones para matizar un tema que no es sencillo y ni siquiera es avalado por muchos académicos, políticos y ciudadanos.

Reforma política reloaded

2013-05-18T15:19:00.002-07:00

La llamada reforma política a nivel federal contraataca en México, ahora recargada o reloaded. Tiempo atrás, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, las reformas en materia político electoral fueron fallidamente puestas en la mesa de negociación. Ahora, en el sexenio de Peña Nieto, las reformas políticas vuelven a la luz, con cierto consenso político y con el halo del Pacto por México. Habrá que ver qué pasa.

Aunque en el pasado el PRI y el PRD se opusieron a las reformas políticas que promovía el PAN y el entonces presidente Calderón, actualmente las cosas no son iguales. Tanto el PAN como el PRD en el Senado de la República acordaron presentar en esa cámara legislativa una reforma política, misma que es coincidente en varios puntos con la presentada en el sexenio pasado y adiciona otros puntos más. En resumen, la iniciativa de reforma política consta de treinta temas importantes para la consolidación de la transición hacia la democracia en México.

La propuesta en comento contiene reformas para crear los gobiernos de coalición con un jefe de gabinete, reconocer en los gobiernos comunitarios un cuarto nivel de gobierno a nivel constitucional, así como darle autonomía al CONEVAL e independencia a la PGR. Además, contempla el ballotage o segunda vuelta electoral, la reelección legislativa, la eliminación del fuero, incluido el presidencial, y la reforma política en el Distrito Federal.

También, propone la fiscalización anticipada y durante las campañas de todos los recursos de partidos y candidatos, la pérdida de la candidatura y registro para el partido que rebase los topes de gasto durante las campañas, la nulidad de la elección, la destitución del cargo e inhabilitación del candidato –cuando el sobrepaso de los recursos gastados se acredite concluidos los comicios. De igual forma, plantea sanciones penales por la transmisión de propaganda o publicidad encubierta, la revocación de la concesión de radio y televisión cuando el medio intervenga ilegalmente en las campañas electorales. Además, obliga a los encuestadores a publicar y revelar la metodología, las fuentes de financiamiento y potenciales conflictos de interés con partidos, candidatos, gobiernos e intereses económicos o mediáticos, entre otros puntos.

Entre demás cuestiones de la propuesta de reforma política que se está elaborando en el Senado, valdría la pena resaltar que la reelección tendría que ser tanto para los cargos legislativos como para los cargos ejecutivos. En ese sentido, si la reelección es un mecanismo para tratar de reforzar la rendición de cuentas y la profesionalización de los cuadros políticos y administrativos gubernamentales, no queda claro por qué la reforma no contempla la reelección de los alcaldes y del propio presidente.

En otros países que cuentan con este mecanismo, como los Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina, por solo nombrar algunos del continente, si bien la reelección per se no asegura la rendición de cuentas, sí afirma que los órdenes de gobierno más próximos a la ciudadanía, es decir, el gobierno local o municipal y el poder legislativo, tengan que rendir cuentas periódicamente mediante el principal mecanismo de la democracia minimalista: las elecciones. Es decir, apuntala la efectividad del voto. Para esto, los períodos de mandato se tendrían que acortar a, por lo menos, cuatro años y los partidos políticos perderían un poco de fuerza frente al legislador o alcalde, según el caso. Pero este es un largo tema de discusión que no cabe en este artículo de opinión.

Con todo, es importante resaltar que tanto los partidos en el Congreso de la Unión como en el Pacto por México están tratando el reformar las normas que regulan a la política, la administración pública y a las elecciones en México, lo cual es un avance importante para la democracia mexicana. Habrá que ver qué pasa.

Elecciones en Venezuela y democracia mínima.

2013-04-22T10:54:00.003-07:00

Una de las reglas de cualquier democracia mínima es la aceptación y respeto de los resultados electorales por parte de los competidores y actores. Ya sean los ganadores o los perdedores, un sistema democrático minimalista más o menos de calidad es aquel en donde se respeta el resultado de las urnas, mismo que tuvo que haber emanado de elecciones libres, competidas y competitivas, entre otras cosas. Esto último, para el caso reciente de las elecciones presidenciales de Venezuela no aplicó.

A diferencia de lo que sucedió en ese país unos meses atrás, cuando el todavía presidente Hugo Chávez fue reelecto por tercera vez al vencer al candidato opositor, Henrique Capriles, quien aceptó su apretada derrota, ahora el mismo candidato opositor no está conforme con los resultados electorales e impugnó la elección. Más allá de si la postura de Capriles y los suyos responde a una estrategia diferente a la que tomaron unos meses atrás, así como si está en lo correcto o no, sin duda que la situación representa un problema para la democracia, con todo y que Venezuela hace tiempo que es un país con serios problemas en lo que tiene que ver con su sistema político democrático liberal.

En tal sentido, como lo argumentara Alonso Lujambio en sus impecables textos sobre transición hacia la democracia, quien pierde y no acepta su derrota mete en aprietos a una democracia mínima. Vale decir que, este tipo de democracia liberal se resguarda en un sistema electoral competitivo y competido, con reglas claras y aceptadas por todos los jugadores, entre otras cosas. Así, un principio fundamental de la democracia, aceptar la victoria o la derrota electoral, según sea el caso, se ha visto mermado en las elecciones recientes de Venezuela. Con menos del dos por ciento de diferencia entre Nicolás Madura y Henrique Capriles, éste considera que la elección no fue democrática y que existieron manejos fraudulentos por parte del chavismo. Es decir, al existir dudas sobre el funcionamiento del sistema electoral venezolano y del marco democrático en el que estas se desarrollaron, pareciera que no se sabe cómo se llama el juego en el cual Capriles perdió contra Maduro.

Varios analistas han hecho el parangón con el caso de las elecciones presidenciales de México en el 2006, pero habría que ver hasta qué grado son casos comparables. Más allá de la comparación y la posibilidad de equiparar ambos casos, la diferencia obligada que hay entre el caso mexicano del 2006 y el reciente de Venezuela es que, las diferencias son grandes entre un país y otro en cuanto al grado de consolidación y hasta tropicalización del sistema democrático liberal. Es decir, el contexto en el que Maduro le ganó a Capriles no es similar al que existió cuando Calderón le ganó a López Obrador.

Así, el hecho es que en Venezuela Capriles no está respetando lo fundamental para una democracia minimalista: el veredicto de las urnas y del voto de la ciudadanía. Sin embargo, el contexto en el que se desenvolvieron las elecciones recientes de Venezuela dista de ser uno mínimamente democrático, con lo cual la reacción del candidato opositor ante el resultado y cómo éste se oficializó puede ser correcto o plausible, pero llama la atención porque mete en mayores aprietos al endeble sistema democrático liberal de Venezuela.

El ritual del 1 de diciembre en México

2012-11-26T08:18:00.000-08:00

José Elías Romero Apis de El Excélsior, reflexiona sobre los mensajes con los que comenzaron su mandato 13 Presidentes de México, desde Lázaro Cárdenas hasta Felipe Calderón

José Elías Romero Apis *

Fotos ArchivoExcélsior

Manuel Ávila Camacho, quien se convirtió en Presidente en 1940, rechazó la influencia de “intereses privilegiados” en su gobierno.

Primera de tres partes

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de noviembre.- Aunque la Constitución no obliga a que el Presidente entrante dé un mensaje luego de rendir protesta, es una costumbre que lo haga, ya sea en el Congreso o en otra sede.

1. La idea central

Nuevamente me encuentro con el amable lector en estas páginas que el argot periodístico conoce como artículo especial, quizá para distinguirlo de aquellos que aportamos semanalmente y con programación predeterminada y preconocida.

El tema de éste es lo que se conoce como “discurso inaugural” y es el que pronuncian los Presidentes en la ceremonia en la que juran el desempeño de su encargo y toman posesión del mismo. Para obtener la información necesaria para su elaboración, Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior, dispuso que me facilitaran, del archivo de este diario, los ejemplares de los días 2 de diciembre de los años de elecciones. Es decir, el ejemplar periodístico donde se reseña la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo y se incluye, en texto completo, el discurso presidencial.

La experiencia fue deliciosa. Durante toda una mañana me encerré en la Sala del Consejo de esta casa editorial con los tomos empastados donde se reseñan las 13 tomas de posesión que van desde la de Lázaro Cárdenas hasta la de Felipe Calderón. Acoté, arbitrariamente, mi campo de observación a tan sólo las presidencias que han sido sexenales. Antes de ello, recuérdese que eran cuatrienales.

Pero, además, la curiosidad no me detuvo en leer discursos presidenciales. De paso, viajé en la máquina del tiempo que son las hemerotecas y me entretuve viendo anuncios de comercios que ya no existen o de entonces novedades del momento como las lavadoras, los televisores o el más famoso refresco embotellado. No se diga las páginas sociales que, si las de hoy nos mueven a risa, las de entonces provocarían chunga.

Allí, en la mesa donde todos los días se deciden las páginas con las que desayunarán los mexicanos al día siguiente, tomé mis notas y registré mis reflexiones. Pero, también, como en todo ejercicio histórico, traté de ubicarme en el personaje central. En el Presidente-orador. En sus sentimientos de ése su glorioso día. En las circunstancias de una ceremonia compleja. En el ambiente nacional que rodea a esa transmisión de poder. En lo que pensará un Presidente debutante. En sus alegrías, sus esperanzas y su temores. En su familia y en su equipo.

Pero, sobre todo, tenía que centrarme en su discurso. En sus deseos, en sus ilusiones y hasta en sus fantasías. Todo ello, pasando por sus angustias, sus propósitos y sus promesas. En los consejeros que le surtieron las grandes líneas. En los técnicos que le dieron los datos precisos. En los coautores que lo ayudaron a redactarlo. En los autores anónimos si es que se lo hicieron todo. Y en los consultores que lo escucharon veinte veces hasta estar seguros de cómo sonaba.

Con todo ello quedó un documento de cinco veces el tamaño del que hoy presento. Ningún periódico lo publicaría. Ni siquiera Excélsior, que bien me quiere y mucho le debo. Por eso, me apliqué a utilizar la goma de borrar hasta dejarlo como quedó. Mi mayor deseo, que lo disfrute el lector.

El 1 de diciembre de 1946, Miguel Alemán destacó la necesidad de “llevar a cabo la industrialización del país que nos hemos propuesto”.

Adolfo Ruiz Cortines, el 1 de diciembre de 1952, habló de reforzar la unidad nacional con la distribución equitativa de la riqueza.

2. No existe un modelo de discurso inaugural

No existen patrones de instructivo ni paradigmas del pasado que nos indiquen, de manera inexorable, el formato que tiene dicha alocución.

Lo primero que la irreflexión nos surte es que se trata de un discurso muy importante en la vida del orador que lo pronuncia y en la de su país. Pero una introspección más detenida no indica que no existe, necesariamente, una razón para ello.

Desde luego, pareciera que debiera ser el mejor. Que ya que una nación está estrenando Presidente, éste se afanara por demostrar que, por lo menos, es un buen orador político. Creo que él mismo supone que el suyo habrá de ser uno de los grandes discursos de la historia de su país. Pero ya hemos visto que no es así. En México podría decirse que nunca el discurso inaugural ha sido el mejor pronunciado por el respectivo Presidente.

Por ejemplo, de entre los discursos famosos en la historia política mexicana mencionaré tres. El más famoso de Plutarco Elías Calles no fue el primero sino el último que pronunció como Presidente. Fue el dicho con motivo de su último Informe de Gobierno, en septiembre de 1928, al cual se le conoce como De los caudillos a las instituciones.

En esta pieza histórica, Calles delinea todo el siglo XX mexicano. Sentencia que la Revolución Mexicana ha rebasado una etapa de caudillismos y que ahora entrará a una era de instituciones. Que éstas y no aquéllos serán el eje rector del poder político mexicano. Y que a ellas tendrán que someterse todos los intereses personales o de grupo que, hasta ese momento, habían enfrentado a los líderes revolucionarios y habían arriesgado el destino de su movimiento.

Por si fuera poco, en ese discurso anuncia la inminente fundación del PRI, con su nombre inicial, el cual habría de convertirse en el partido político más importante de la historia latinoamericana.

Un segundo discurso que mencionaría es el pronunciado por Adolfo López Mateos en la convención partidista que lo postuló a la Presidencia de la República, allá en noviembre de 1957. No se trató de un discurso de grandes alcances políticos ni históricos como el que he mencionado de Calles. Pero sin duda alguna se trata de una arenga muy bella, con muy buena técnica discursiva y muy lleno de inflamación patriótica. Puede no ser un discurso importante pero es un discurso muy emocionante. Se le conoce como La entrega de mi vida e, incluso, una de sus más famosas frases es la que adorna el mausoleo del ex Presidente.

Por último, evoco el que pronunció Luis Echeverría en octubre de 1969. Fue pronunciado a los dos o tres días de haber sido “destapado” como candidato presidencial y se le conoce como el Discurso de las Inconformidades. Más aún, por eso al patio donde fue pronunciado en la Secretaría de Gobernación se le conoce como el “patio de las inconformidades”.

Fue una pieza de unos siete minutos pronunciada ante jóvenes universitarios y politécnicos. Su contenido fue una crítica al sistema político mexicano, en lo que tenía de criticable a los ojos de las nuevas generaciones. Su estructura estuvo compuesta por una decena de párrafos donde cada uno comenzaba con la expresión “estoy inconforme”, seguida de la mención de los vicios en los que había ido cayendo no sólo el gobierno de México sino, también, la propia sociedad mexicana: la represión, la corrupción, la simulación, la intolerancia, la hipocresía, el egoísmo, la ambición y muchos otros vicios.

Este discurso fue muy bien dicho, aunque no serviría para ganar ningún concurso de oratoria. Pero lo verdaderamente trascendente es que tuvo el enorme e insustituible mérito de la oportunidad. En ello hubo talento y visión.

La juventud mexicana de entonces se encontraba un año después de Tlatelolco. Las heridas todavía sangraban. Ese discurso significaba una mano amiga que tendía, ni más ni menos, el candidato presidencial del PRI. El candidato del sistema considerado por los jóvenes como cruel y perverso. En pocas palabras, el candidato de Díaz Ordaz. Sin embargo, los jóvenes encontraron y tomaron esa mano abierta, se entusiasmaron y se emocionaron y, con ello, las generaciones mexicanas se reconciliaron o, por lo menos, se serenaron.

Pero, repito, esos sus mejores discursos no fueron sus mensajes presidenciales inaugurales.

En otras latitudes esta regla acontece muy similar a como ha sucedido en México. Sin embargo, tengo una excepción y media. Los dos mejores discursos de Franklin Roosevelt están considerados dentro de los cuatro mejores discursos de la historia política de los Estados Unidos. Y, uno de ellos, fue su discurso inaugural. Se le conoce como El miedo del miedo, y toma su nombre de la advertencia que hace a su pueblo en el sentido de que a lo único que deberían tenerle miedo es al propio miedo.

La trascendencia política de ese mensaje fue histórica. Con ese discurso se inició la recuperación anímica, económica y política de una nación en esos momentos agobiada por la depresión económica, por el hampa y por la desesperanza.

Otra semi-excepción sería el discurso inaugural de John F. Kennedy. No es una oración de gran contenido, pero se hizo famosa por aquella frase de “no preguntes lo que puede hacer tu país por ti, sino lo que puedes hacer por tu país”. Ésta se convirtió en una de las frases más conocidas de Kennedy. Sin embargo, su discurso más importante lo dijo en la capital alemana y se le conoce como Yo soy berlinés.

En fin, creo que el Presidente orador no está obligado a llegar a la cúspide de su carrera tribunicia en el primer día de su mandato. No tiene por qué vaciarse en el principio. Lo mejor de una vida, de un matrimonio o de una profesión no son el bautizo, la boda ni la graduación. El principio no es el fin y no debemos hacer que lo parezca.

3. El escenario: la toma de posesión

El ceremonial de la toma de posesión presidencial difiere mucho de país a país. Por ejemplo, en Estados Unidos la ceremonia es todo un evento lleno de formalidad, pero también de entusiasmos y de espectacularidad. Se desarrolla en la afueras del Capitolio para el efecto de que pueda asistir una gran cantidad de invitados. Pero en Francia, sin embargo, es una ceremonia de tendencia muy sencilla.

En esto, también, tiene mucho que ver el tiempo que dista entre la elección presidencial y el inicio del mandato. En los Estados Unidos transcurren casi tres meses entre la elección que se verifica el primer martes de noviembre y el 20 de enero, día del inicio del mandato presidencial. En Francia, en cambio, tan sólo transcurren unos días entre la elección y el relevo. Un lapso mayor propicia una ceremonia más formal.

En el caso mexicano, transcurren casi cinco meses entre el primer domingo de julio, fecha electoral, y el primero de diciembre, fecha asuncional. El evento se realiza, por disposición constitucional en una sesión de Congreso General, ante el cual se protesta el leal desempeño del encargo.

El lugar de ceremonia ha sido diverso. Cárdenas y Ávila Camacho juraron en el ya extinto Estadio Nacional. Alemán y Ruiz Cortines, en la Cámara de Diputados, entonces en Allende y Donceles. López Mateos y Díaz Ordaz, en Bellas Artes. Echeverría y López Portillo, en el Auditorio Nacional. Y de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Ahora vamos a lo que tiene que ver con el discurso. La Constitución Política no dispone ni obliga a que se pronuncie discurso alguno. La única obligación es la de rendir la protesta señalada en el artículo 87 constitucional. Sin embargo, por una tradición de cortesía, se ofrece el uso de la palabra al nuevo Presidente de la República, para que dirija un mensaje al Congreso de la Unión y al pueblo de México.

Es por eso que el mandatario entrante toma la cortesía congresional y pronuncia su discurso. Claro que, en ocasiones, las cortesías recíprocas han pasado al cesto de la basura. En ocasiones, por grosería de algunos congresistas. Salinas y Calderón fueron maltratados por las bancadas derrotadas. En otros casos, por descomedimento presidencial. Echeverría les endilgó un discurso inaugural de hora y media de duración, lo cual es una insolencia, y Fox fue indecente con los priistas, sus creencias y sus próceres.

Felipe Calderón ha sido el único que no fue invitado a hablar, dadas las especiales circunstancias en las que rindió juramento, al final de lo cual se retiró habiéndose cumplido con el mandato constitucional.

Ahora bien, una innovación constitucional reciente abre la posibilidad de recintos alternos cuando el mencionado ceremonial no pueda realizarse en la sede congresional. Pero tampoco obliga a discurso alguno. Este sigue siendo optativo y discrecional.

Pero, los Presidentes panistas iniciaron una modalidad que no sé si subsistirá para el futuro. La de realizar una ceremonia propia después de la oficial. Tanto Fox como Calderón la realizaron en el Auditorio Nacional. Allí Fox pronunció su “segundo” discurso inaugural, y Calderón el único que pronunció, porque no lo hizo en el Palacio Legislativo.

Habrá que ver si Enrique Peña Nieto sigue la tradición priista de una sola ceremonia y un solo discurso o adopta el estilo panista de doble fiesta y doble perorata.

Seis años después

En el Palacio Legislativo de San Lázaro se espera para el 1 de diciembre próximo un ambiente diferente al de hace seis años.

El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón se puso la Banda Presidencial entre los gritos y protestas de los legisladores de los partidos políticos de izquierda, luego de las quejas de quien fue su candidato a Los Pinos, Andrés Manuel López Obrador, por el resultado de los comicios.

Esta vez, López Obrador ha anunciado protestas luego de ser derrotado por segunda vez consecutiva en los comicios presidenciales, pero ahora sin tener tantos afines en el Legislativo.

Excélsior publicó el 8 de octubre pasado que hay legisladores que no ocultan su respaldo al ex candidato presidencial, aunque únicamente tiene la lealtad de ocho senadores y una decena de diputados federales.

Aunque 46 por ciento de los senadores de izquierda se asumen abiertamente como aliados o incondicionales de Andrés Manuel López Obrador, sólo ocho de ellos se arrogan plenamente como integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional.

Se trata de Manuel Bartlett, David Monreal, Marco Antonio Blásquez, Ana Gabriela Guevara, Layda Sansores, Martha Palafox, Adán Augusto López y Alejandro Encinas.

En tanto que en San Lázaro si bien en el discurso y en sus propuestas los 135 integrantes del llamado Frente Legislativo Progresista se han manifestado por defender la plataforma política del tabasqueño, en la práctica esto no se traduce en una incondicionalidad en cuanto a la filiación partidista.

En consecuencia, entre las curules de San Lázaro, los fieles incondicionales de Morena y su futuro apenas suman una decena, entre ellos Martí Batres, quien anunció su integración al movimiento político de Andrés Manuel López Obrador.

Segunda de tres partes

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de noviembre.- Es un recuento de programas y también
de más promesas, pero el primer mensaje de un Presidente forma parte de un ceremonial seguido por grandes sectores de la población.

4. El peor día para discursos

Decíamos al principio que casi nunca el discurso inaugural del sexenio de un Presidente ha sido clasificado como el mejor de su autor, no obstante que debe haber sido frecuente que el orador en turno suponga que será una gran pieza o que crea que está obligado a que así lo sea.

Pero la verdad es que casi nunca lo ha sido porque es un discurso que tiene que enfrentarse a muy fuertes desventajas que, difícilmente, pueden ser remontadas.

La primera es que es el peor día para decir discursos, porque es el día que el nuevo Presidente se enfrenta a dos de los peores enemigos que acosan a un político. Esos enemigos son la soberbia y la inexperiencia.

La soberbia porque se trata de un gobernante que viene de un triunfo electoral nacional y de muchos triunfos previos y, muchas veces desconocidos, que lo llevaron a la cumbre política de su nación. Desde luego, no se le pueden regatear los méritos de una victoria que, usualmente, fue dura y difícil. Pero tampoco puede negarse que es difícil desprenderse de la soberbia del triunfalismo.

Además, todavía no han comenzado los reclamos de su pueblo. Toda su interlocución es bella. Todos le piden, todos le sugieren y todos lo elogian. Nadie tiene, todavía, facturas que presentarle ni cuentas que cobrarle. Ése es su gran día, quizá su único gran día. Sus programas todavía no se cancelan, sus promesas todavía no se revocan, sus propósitos todavía no fracasan y sus colaboradores todavía no se equivocan. Tendrán que pasar muchos días de derrota en Los Pinos para ir volviendo a la normalidad de la vida. Pero, por eso, ese gran día, delicioso y paradisiaco, no es bueno para los discursos.

Y la inexperiencia es el otro gran enemigo. Y ése su primer día es, por lógica aristotélica, su día de mayor inexperiencia. Dentro de dos años ya habrá sufrido mucho y ya habrá perdido mucho, pero ya habrá aprendido mucho. Pero este día es todavía blanco y puro. No digo que tonto, porque ningún Presidente mexicano lo ha sido. Pero son distintas la inteligencia y la experiencia. De hecho, la inteligencia nos sirve para aprender rápido. Permite obtener experiencia pronta no para sustituir a la experiencia. Por eso, tampoco es un buen día para los discursos.

Pero, además, ese día el discurso tiene muy poderosos enemigos mediáticos que le impiden lucir y que lo relegan hasta las páginas interiores de los diarios.

El primer enemigo es el gabinete. La noticia del nuevo equipo “mata” a cualquier discurso presidencial. Quizá, también, porque el gabinete es en sí mismo un discurso y, muchas veces, mucho más claro que el de la tribuna. El gabinete dice más que muchas frases. Indica hacia dónde va el gobierno, lo que le importa al Presidente o lo que puede sacrificar, las promesas que va a cumplir y las que va a olvidar. El gabinete es el verdadero tarot de la política. Es la adivinación del futuro de un gobierno.

El segundo enemigo mediático es el evento en sí mismo. El ceremonial, el protocolo, el ritual republicano que, por fortuna, sigue interesando y entusiasmando a grandes sectores de la población, como un síndrome de republicanismo y de institucionalidad.

Y el tercero es la llamada nota-de-color, aquella reseña coloquial que permite al lector ubicarse como si hubiera estado dentro del propio evento y hubiera visto lo que sucedía con todos los asistentes. Este relato de chismorreo es, también, una atracción que suele relegar a la arenga presidencial.

Quizá todo ello junto, más algunas imprevisiones presidenciales, han determinado que, como regla general, tengamos las siguientes constantes en el discurso presidencial inaugural.

Lo primero es que, casi siempre se trata de un discurso indebidamente largo como para ser buen discurso. Recordemos que se trata de una oportunidad que se brinda por cortesía y ésta tiene sus reglas congresionales. El tiempo más largo que se otorga a un congresista para usar la tribuna es de quince minutos, en condiciones y ceremonias muy especiales. Luego entonces, un invitado a hablar debiera no exceder de este tiempo o, cuando mucho, hasta de veinte minutos en total.

Por si fuera poco, un buen discurso político debe ser corto. A mí, en lo personal, me seduce el discurso de siete minutos. Pero si el orador es lo suficientemente genial, puede hacerlo más corto y mejor. El que ha sido considerado, por muchos, como el más grande discurso político de la historia duró, tan sólo, dos minutos y ellos fueron suficientes para decir todo lo que se tenía que decir en esa ocasión y para decirlo con elegante belleza. Sobre ese discurso se han escrito libros y ensayos durante más de siglo y medio.

Lo segundo es que el discurso inaugural se ha destinado a ser un recuento de programas muy aburrido y muy poco emotivo. No olvidemos que el nuevo Presidente lleva, ya para entonces, más de un año hablando de propósitos, programas y promesas. Lo hizo en la contienda interna, en la campaña electoral y en el período poselectoral. Repetir lo dicho es redundancia. Modificarlo sería inconsistencia. Muchas de sus frases que gustaron ya se gastaron. Pasaron del gusto al gasto.

Lo tercero es que casi siempre se trata de un discurso muy ingenuo. No quiero decir que haya sido cínico, pero si es muy promisorio y muy quimérico.

Por ejemplo, ha habido tantos discursos inaugurales donde se asegura que se acabará la corrupción gubernamental. Y quiero suponer que los autores lo creían y no lo fingían. Prefiero creerlos cándidos que sinvergüenzas.

En fin, los discursos inaugurales no son buenos para aprender oratoria salvo en lo que no se debe hacer.

5. La ambientación del discurso

El discurso inaugural no se da en el ambiente estéril de un laboratorio, sino en las circunstancias contaminantes de una realidad política. Alrededor de la ceremonia existen esperanzas y preocupaciones nacionales que, muchas veces, son acertadamente percibidas por el orador presidencial y, consecuentemente, su atención es parte esencial de su discurso. Otras más, han sido ignoradas por el protagonista de la fiesta.

Pero repasemos esa ambientación que prevaleció en las tomas de posesión.

Adolfo López Mateos (izquierda) llegó a la Presidencia en la segunda década de desarrollo sostenido, y habló de generar más beneficios.

Gustavo Díaz Ordaz, el 1 de diciembre de 1964, se comprometió a generar las condiciones para crear 400 mil puestos de trabajo al año

En 1934, Lázaro Cárdenas tuvo al socialismo como el eje central de su discurso. En esto vale detenernos para rectificar una desviación de la óptica histórica. Muchas veces se ha repetido que la pugna Calles-Cárdenas tuvo su origen en las tendencias socialistas del cardenismo. Creo que es equivocado. En primer lugar porque Calles también las tuvo. Muchas de sus acciones tuvieron ese perfil. Sus amigos y asociados políticos más cercanos eran líderes obreros. Y, por último, este discurso inaugural se da en el auge del “Maximato”, cuando Calles es el líder todopoderoso de la nación.

En realidad, la disputa Calles-Cárdenas se da por razones personales y no por cuestiones ideológicas. Pero fue esa disputa la que determinó que el discurso de Manuel Ávila Camacho, en 1940, estuviera impregnado de convocatorias a la unidad nacional.

Para 1946, la institucionalización de la vida nacional fue el ambiente en el que se dio el discurso de Miguel Alemán. Y, en 1952, el tema de la corrupción fue lo que caracterizó la arenga de Adolfo Ruiz Cortines, la cual ha pasado a la historia como una reprimenda al Presidente saliente, aunque la lectura del discurso revela fuertes dosis de alabanza hacia Alemán.

En 1958 el país ya había entrado a su segunda década de desarrollo sostenido y lo que se requería eran las suficientes dosis de estabilidad para hacerlo benéfico. Ese fue el marco en el que se dio el discurso inaugural de Adolfo López Mateos.

Para 1964 el ambiente político mexicano era realmente plácido y no se vislumbraban temas imperativos en la toma de posesión. Así, casi al gusto, Gustavo Díaz Ordaz tomó a la soberanía como un tema interesante en un mundo que afrontaba la Guerra Fría.

Pero, para 1970, esa placidez había desaparecido. Muchos conflictos internos habían revelado al mexicano como un gobierno represor. Había heridas que cerrar y Luis Echeverría se aplicó con un discurso en el que la reconciliación fue nota sobresaliente.

En 1976, José López Portillo asume el mando en medio de la primera crisis económica después de más de veinte años de desarrollo con estabilidad. La injusticia económica es el tema fundamental de su discurso inaugural. Pero la crisis no se resolvería sino, antes al contrario, se agudizaría y Miguel de la Madrid llegaría a la Presidencia, en 1982, afrontando una crisis de proporciones mayores. Eso fue su tema central.

Llegamos a 1988. Carlos Salinas de Gortari asume rodeado de rumores de ilegitimidad electoral. Vicente Fox se había injertado unas “orejas de burro” y Marcos Rascón habría de portar una “cara de cerdo”. Salinas decide que la legitimidad de la gestión subsidiará la de la elección y esa será la ambientación discursiva.

Para 1994 el ambiente político no podía estar más enrarecido. La rebelión en Chiapas, los berrinches de Camacho, el magnicidio de Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu, la incertidumbre generalizada fueron el marco de la asunción de Ernesto Zedillo.

Para el 2000, era otra la incertidumbre. Por primera vez, en 70 años, habría un presidente que no era priista. No se sabía cómo iba a funcionar el México del futuro. La transición o la alternancia, como cada quien quiera llamarla, no fue un tema abordado a fondo por Vicente Fox. Se dedicó a otras cosas.

Por último, en 2006, Felipe Calderón no pronunció discurso alguno en el Palacio Legislativo. Tuvo su ceremonia particular en el Auditorio Nacional. El ambiente político había estado cargado de dudas y de incertidumbre. Durante los cinco meses que van de la elección, en julio, a la ceremonia inaugural, en diciembre, los mexicanos primero no sabíamos quien había ganado y, después, no sabíamos si asumiría el cargo.

Esos han sido los ambientes reinantes en los diciembres mexicanos de relevo presidencial. Eso ha sido determinante en el contenido de los respectivos discursos inaugurales.

6. El contenido del discurso

José López Portillo (izquierda) aprovechó el 1 de diciembre de 1976 para perdir ayuda a los críticos, y a sus colaboradores, honradez.

Ahora veamos, con mayor detalle, el contenido de los discursos de inauguración. De una manera sintética repasemos los temas que más importancia merecieron de sus autores y que sus escuchas más registraron.

Lázaro Cárdenas abordó el tema de la economía nacional. El mundo empezaba a salir de la pavorosa depresión del 29 y la posibilidad de consolidar un progreso futuro era la esperanza universal. Abordó el problema de la productividad agraria como eje rector de nuestra economía. Se refirió a la situación de los trabajadores. Mencionó el camino hacia una educación socialista. Tocó el tema de la situación de los militares y el posicionamiento del Ejército. Advirtió sobre los riesgos futuros para nuestra diplomacia.

Más adelante hizo referencia a los problemas de la justicia social y a las desigualdades del desarrollo. Manifestó su preocupación por el desempleo. Refrendó su respeto por el estado de Derecho. Por último, invocó la cooperación y la fe de todos los mexicanos.

Manuel Ávila Camacho adoptó ciertos matices místicos. Habló de la necesidad de consolidar espiritualmente a nuestras conquistas sociales. Eran tiempos de inquietud frente al “socialismo-cardenista”. Recién se había fundado el PAN como una respuesta opositora a ello. Recalcó la necesidad de proteger la pequeña propiedad agraria, la expansión de la economía y los valores espirituales.

En 1946, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, remitido el fascismo y restablecida la paz, Miguel Alemán proclamó que el suyo sería un gobierno de libertades inviolables. Que no habría superiores ni inferiores. Que se apegaría a la ley y que sería un gobierno para todos, inspirado en el bien común. Esto del “bien común” nos refleja que Carlos Salinas no fue el primero que le “pirateó” esa bandera discursiva a Acción Nacional.

Prometió una elevación del nivel de vida, mayor protección para los trabajadores y para los consumidores. Ofreció arribar a la normalidad monetaria y al control de la inflación. Para terminar dijo que el patrimonio moral es tan grande como el material.

Por su parte, Adolfo Ruiz Cortines señaló que se había consolidado nuestra vida institucional. Que habían terminado las pugnas nacionales. Ofreció aplicarse al equilibrio de nuestros recursos naturales. Que continuaría la reforma agraria. Que habría guerra contra monopolistas y acaparadores. Que fortalecería la economía nacional. Que actuaría con absoluta honradez, moral pública y administrativa. Que ejercería su máxima energía contra los venales.

Alabó la gestión de Miguel Alemán “por su esfuerzo creador, su entusiasmo, su vigor y su patriotismo lo que le ganó el afecto y el respeto de los mexicanos”.

En 1958, Adolfo López Mateos declaró la guerra a “dos enemigos: la pobreza y la ignorancia”. Garantizó una moneda estable y “progreso parejo para todos”. Libertad con orden. Producir más para exportar más. Recalcó la importancia de una educación pública con planeación total. Pidió mayor aportación de la iniciativa privada. Se refirió a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y a una mejor distribución del ingreso. Alabó a Ruiz Cortines y terminó “con la Revolución Mexicana en la conciencia y el imperativo de la ley en la voluntad”.

Gustavo Díaz Ordaz empleó frases como “mucho me ha confiado mi pueblo y sé muy bien que mucho me va a exigir”. Parece que adivinaba. Dijo que siempre haría un “planteamiento sereno de los problemas”. En esto lo traicionó su temperamento. Llamó a cuidar lo conquistado en años. Prometió 400 mil empleos cada año, condicionar la inversión extranjera y estabilidad. Cuidar los bosques, el campo, el turismo y la educación. “Mi voz es la de un ciudadano típico. De la propia entraña del pueblo vengo y a ella he de regresar”.

Luis Echeverría pronunció el más largo discurso inaugural que se haya dicho en México. Duró hora y media, lo cual es un exceso, como ya se dijo. Habló de la excesiva concentración del ingreso como amenaza para el desarrollo. De la injusta distribución de beneficios. Dijo que son incompatibles las carreras de funcionario y negociante. “Llego a la Presidencia de la República sin resentimientos, ambiciones o intereses”. “Vayamos hacia arriba. Vayamos hacia adelante”.

En su turno, José López Portillo manifestó que peligraba la libertad si continuaban los enfrentamientos. Debe usarse la razón en vez de la fuerza, dijo. Curiosamente prometió un gobierno ajeno a la corrupción. De allí lo que digo de la ingenuidad. Luego vino una letanía de disculpas que tuvieron, momentáneamente, cierto efecto teatral pero que, después, se revirtieron contra el autor. “Pido perdón a los desposeídos por no sacarlos aun de su postración”.

También hizo convocatorias-solicitudes disparadas hacia todos lados. “A los empresarios les pido usar la función social de la empresa. A los intelectuales, no sacrificar su talento al prestigio de la soberbia (sic), a los que critican les pido que nos ayuden, a los campesinos y obreros les pido nobleza y dignidad, a mis colaboradores les pido honradez, a los soldados les pido hombría y lealtad, a los desnacionalizados les pido que se vayan y no nos estorben”.

Mencionó que heredaba (sic) un país en crisis, que reestructuraría la banca nacional y mixta (terminaría expropiándola) y que “con el todos y el yo integráramos un nosotros”.

Así llegamos a Miguel de la Madrid. Algunas de sus frases fueron “con sacrificios, pero evitaré que el país se deshaga”. “Se gobierna o se hacen negocios”, en clara alusión a la corrupción precedente. “La banca nacionalizada no será botín político”. “Respetaré y haré respetar la ley”. “No hay derecho contra el Derecho”. Esbozó un plan de diez puntos para la recuperación económica.

Carlos Salinas de Gortari asume en medio de acusaciones de usurpación. Quizá, por eso, se compromete a impulsar una reforma electoral democrática. Señala que la capital mexicana está en crisis de seguridad (ya desde entonces) y que los capitalinos ya están hartos de promesas. Delínea un programa de tres acuerdos nacionales: ampliación de la vida democrática, recuperación económica con estabilidad y mejoramiento productivo con bienestar social.

Ernesto Zedillo habría de señalar que “la pobreza es el lastre más doloroso de nuestra historia”. Anticipa una profunda reforma al sistema de justicia. “México debe ser un país de leyes”. Ofrece concordia y desarrollo para el Sureste. Dice que le indigna la inseguridad y la violencia. Jura honrar el ejemplo de Luis Donaldo Colosio. “El gabinete no es lugar para amasar riquezas”.

De Vicente Fox ya se ha dicho mucho sobre sus discursos. En el inaugural quedaron para el registro de la memoria primero el dirigirse a sus hijos y no a la representación nacional. Segundo, tomar chunga con Juárez. Dijo que “demolería todo vestigio de autoritarismo” y que “compartiría el poder” (sic). “Soy depositario del Ejecutivo no su propietario”. Dijo que gobernaría con Dios y la Guadalupana. “No habrá borrón y cuenta nueva para los grandes corruptos”. Sin embargo, refrendó la permanencia de la educación laica y gratuita, así como la propiedad estatal de Pemex y la CFE.

Por último, Felipe Calderón dijo un discurso en el que, básicamente, llamó de nuevo a la concordia.

Como podrá advertir el amable lector, no hay mucha tela de donde cortar.

Tercera y última parte

7. Los coautores del discurso

Miguel de la Madrid Hurtado, en su alocución el 1 de diciembre de 1982. El entonces Presidente contó con la ayuda en sus discursos de Jesús Reyes Heroles, Miguel González Avelar y Sergio García Ramírez

Ahora, ya casi para terminar, platiquemos un poco sobre la autoría. ¿Quiénes han sido los verdaderos autores de los discursos presidenciales? Porque, en todo el mundo, los altos gobernantes no siempre escriben lo que leen ante el público. Y esto no tiene que ver con que sepan hacerlo o no. Pueden ser muy buenos literatos y oradores. Pero no siempre tienen el tiempo para escribir sus propias piezas. Hay Presidentes que tan solo dictan las grandes líneas o confeccionan las frases titulares. Otros, desde luego, ni siquiera eso.

También sucede que el discurso pueda estar dirigido a un público especializado y el autor tenga que ser un conocedor de la materia a tratar. Por ejemplo, hablar ante el gremio de físicos nucleares o ante la comunidad indígena de los rarámuri. Se requiere ayuda para no desbarrar.

Por eso, en ocasiones, hay coautores anónimos que son los que escriben para el gran-jefe. Compartiré los que yo supongo que participaron como tales al lado de cada Presidente mexicano. Subrayo que hubo algunos que lo hicieron con muchos presidentes. Jaime Torres Bodet y Jesús Reyes Heroles fueron consejeros políticos y asesores de discursos de cuatro presidentes, cada uno.

Pues bien, supongo que Lázaro Cárdenas se auxilió de las plumas de Narciso Bassols y de Ignacio García Téllez. El primero, mexiquense, sería secretario de Hacienda y el segundo, guanajuatense, sería Procurador de la República.

Manuel Ávila Camacho fue el primer Presidente que se apoyó en Jaime Torres Bodet, futuro secretario de Educación Pública de su gobierno. Pero, además, creo que contó con Ezequiel Padilla, guerrerense y futuro canciller, así como con José Aguilar y Maya, abogado de Guanajuato y procurador de la República.

Miguel Alemán siguió valiéndose de Torres Bodet, ya para entonces canciller. Pero creo que también escuchaba, en materia de discursos, al campechano Héctor Pérez Martínez, a quien designó como secretario de Gobernación, y al chiapaneco Andrés Serra Rojas, quien fungiría como secretario del Trabajo.

Adolfo Ruiz Cortines fue el tercer Presidente que se benefició de Torres Bodet. Pero, además, tenía cerca a un joven y destacado orador: Adolfo López Mateos, secretario del Trabajo y su sucesor presidencial. Además, su secretario de Hacienda, Antonio Carrillo Flores, era un político e intelectual muy destacado para estas cuestiones.

A su vez, Adolfo López Mateos era un magnífico orador que confeccionaba sus propios discursos. Pero fue el cuarto y último Presidente que contó con Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública, así como de otro notable orador, el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.

Al igual que López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz tenía la capacidad suficiente para servirse a sí mismo. Pero, además, fue el primero en servirse de Jesús Reyes Heroles y puede ser que, también, de Antonio Carrillo Flores.

Llega Luis Echeverría y prosigue Reyes Heroles. Pero, además, se agregan las plumas extraordinarias de Mario Moya Palencia, de Porfirio Muñoz Ledo y de Enrique Herrera.

Con José López Portillo continúa Reyes Heroles. Pero creo que también colaboran en los discursos el propio López Portillo, buen orador, así como Alejandro Carrillo Castro.

Miguel de la Madrid sería el último en beneficiarse de Reyes Heroles, quien falleció a medio sexenio. Pero creo que el Presidente contó con el nuevo secretario de Educación Pública, Miguel González Avelar, y con Sergio García Ramírez, procurador de la República.

Carlos Salinas de Gortari tuvo muchas plumas a su servicio. Pero destaco a Patricio Chirinos Calero, José Carreño Carlón, Otto Granados Roldán, Juan Rebolledo Gout y, en ocasiones especiales, a José Francisco Ruiz Massieu.

De Ernesto Zedillo supongo muy pocos datos. Pero algo me dice que siguió utilizando los servicios de Juan Rebolledo y, quizá, de Luis Téllez Kuenzler.

El discurso inaugural de Vicente Fox creo que estuvo dictado por Adolfo Aguilar Zinser, Carlos Abascal Carranza y Jorge Castañeda Gutman.

Por último, he escuchado que Salvador Abascal, desde la Fundación Preciado Hernández, tuvo mucho que ver en el discurso inaugural de Felipe Calderón.

En fin, estas coautorías son meras suposiciones. Desde luego, bien fundamentadas, pero no comprobadas. Podría decir, porque me lo contaron los protagonistas, aunque no atestiguar, porque no me consta si lo que me contaron fue verdad, que Enrique Herrera inventó el “arriba y adelante” y que Alejandro Carrillo inventó “la solución somos todos”. Sin lugar a dudas, las frases fueron muy exitosas. Hay quien dice que fueron lo mejor o lo único bueno del sexenio. Juan Rebolledo es muy discreto y no me confirma, pero tampoco me niega, las horas que destinaba, además de su trabajo oficial, a escribir los discursos de Carlos Salinas.

Adolfo López Mateos escribía sus propios discursos, aunque algunas veces recurrió a Jaime Torres Bodet y Gustavo Díaz Ordaz.

8. El discurso imaginario

Nunca me han encargado ningún discurso presidencial inaugural. Pero, en ocasiones, he pensado cómo creo que debería ser. Breve, de sólo siete a 12 minutos. Conciso, sólo referido al carácter que se le imprimirá a la Presidencia de la República, no a todo el gobierno. Realista, y sólo comprometerse por uno mismo y no por miles de burócratas que no se pueden avalar. Con eso se logra un discurso sincero, sensato y apreciable.

Allá, en mis años juveniles, me resultaba importante la elaboración profesional de discursos. Mi clientela estaba compuesta por varios políticos importantes de ese tiempo. La tarea era muy bien pagada, para bien de mi sufrido presupuesto juvenil y, además, me resultaba muy divertida.

En cierta ocasión me encontraba con un cliente en su imponente oficina, revisando la pieza que me había encargado. Le gustó mucho. Su agrado me satisfizo porque ese cliente era un magnífico orador político. Mi trabajo se debía a su falta de tiempo, no a su incapacidad tribunicia.

Cuando terminamos la revisión y, después de que lo leyéramos en voz alta, primero yo y él después, allí mismo en su oficina me invitó un whisky y nos pusimos a platicar. Me preguntó mi manera personal para hacer un buen discurso. Le contesté que no sabía cuál sería la mejor, pero le referí la que más me acomodaba. Primero, poner en el papel todo lo que los demás quieren escuchar sobre el tema de la ocasión. Segundo, agregarle todo lo que uno debe decir en ese momento. Por último, se puede añadir todo lo que uno quiere decir. Ésos son los ingredientes. Ahora, vamos a las dosis.

Para ello, parafraseando a Miguel Ángel, debemos borrar todo lo que sobra. Lo primero es quitar todo aquello que está de más porque no lo quieren oír ni de nosotros ni de nadie. Todo aquello que nos muestre mentirosos, cínicos, irresponsables, inconscientes, miedosos, interesados, abusivos, egoístas, débiles o menores.

En segundo lugar, eliminar lo que no debemos decir ni allí o, quizá, nunca. Lo que lastima innecesariamente. Lo que revela lo guardado secretamente. Lo que se anticipa indebidamente. Lo que asusta imprudentemente. Lo que se predice tontamente.

Y, por último, en tercer lugar, utilizar la autocrítica más franca sobre nuestros gustos y deseos discursivos. Con ella, eliminar nuestras frases huecas, tontas o inútiles.

Si después de esto queda algo, ése es el discurso. Ya tenemos algo que, seguramente, será bueno y apreciado. Si no queda nada que quieran escuchar y nada de lo que debemos decir, olvidémonos de lo que queremos decir y preparémonos para guardar silencio.

En fin, el día presidencial inaugural tiene discurso. Tan cómodo que sería sin ello. El nuevo Presidente no sufriría en decirlo ni los asistentes en escucharlo. Pero nunca hay dicha completa. Si eres Presidente tienes que ponerte a hablar, y si eres invitado tienes que escuchar. Total, pasa pronto y pronto se olvida.

En la redacción de sus discursos, Carlos Salinas de Gortari tuvo el auxilio de varios personajes, como Patricio Chirinos, José Carreño Carlón, Otto Granados y José Francisco Ruiz Massieu

En su discurso del 1 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León recordó a Luis Donaldo Colosio.

Fotos ArchivoExcélsior

*Abogado y político.

Presidente de la Academia Nacional, AC.

w989298@prodigy.net.mx

Twitter: @jeromeroapis

2012-11-24 11:00:00

A propósito del foro Periodismo bajo amenaza

2012-11-25T18:59:00.000-08:00

A propósito del foro Periodismo bajo amenaza que este martes organiza e-Consulta, quisiera compartir una opinión sobre el tema de la libertad de prensa. En específico, quisiera opinar sobre la mesa número dos, que se refiere al subtema de la censura. Si bien los otros dos subtemas –el narco y el crimen–, también son problemáticas que acosan fuertemente la libertad de prensa en México y otras partes del mundo, mismo que ha sido denunciado y señalado por diversas organizaciones internacionales de prensa y medios, el narco y el crimen no me ocupan en esta pequeña reflexión. El foco aquí es la censura a la prensa desde el Estado, ya sea usando el poder fuerte o el suave, es decir, la fuerza de las armas o del dinero.

El no estar en posibilidades de hacer pleno ejercicio del derecho a la libertad de pensar, decir y escribir de manera pública o privada lo que una persona o periodista tenga ganas, es decir, vivir en un ambiente de censura, sin dudas es un problema para la democracia y su calidad. Pegada a la libertad de expresión está la libertad de prensa. Así, a través de la pauta oficial publicitaria, el premio a ciertos empresarios con negocios o contratos para ellos y sus empresas, créditos, etcétera, el gobierno puede coartar la libertad de periodistas de hacer un libre ejercicio de su profesión.

Lo anterior refiere a un escenario no del todo democrático, donde la censura es llevada a cabo por medio del poder suave del gobierno. En México siempre existió esta práctica, pero lo últimos lustros han mostrado una mejoría al respecto, con todo y que López Obrador diga lo contrario. De hecho, el Peje tiene una narrativa muy parecida a la de Chávez, Correa y Kirchner: “los monopolios mediáticos, fieles representantes del imperio, le mienten a la gente, les lava la cabeza y no les deja ver la realidad de las cosas, porque la gente es una bola de ignorantes que no saben distinguir lo verdadero a la ficción creada por los medios”. En México es Televisa y en Argentina es Clarín. Más allá de la caricaturización presentada, sin duda que el tema de la cultura política de una sociedad y las personas que la habitan es muy complejo como para reducirlo a una línea discursiva como la antepuesta. Sin embargo, esa idea es la que usan los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Argentina, también probada en México por López Obrador.

Dicho lo anterior, quisiera centrarme un poco en Argentina, para sumar una mirada que se pudiera usar para comparar la actualidad de México. En Argentina se sancionó una llamada ley de medios audiovisuales que, en resumidas cuentas, cambia el mapa de empresas que juegan en ese mercado. La empresa más grande del mercado, Clarín, está siendo sentenciada a muerte por la presidente, sus ministros y periodistas afines. El próximo 7 de diciembre, conocido como el 7D, entra en vigor la ley de medios aprobada por el Congreso hace más de dos años atrás. Clarín se amparó de la ley, pero la medida cautelar que dio la justicia termina el día mencionado. Así, el discurso del gobierno que se vende como de izquierda, popular y nacional dice que, a partir de ese día los medios de comunicación en Argentina serán más plurales, democráticos y libres que antes. Para ese día, el gobierno obligará a Clarín a desinvertir en su negocio, es decir, vender desde sus licencias hasta los cables de televisión.

Encima, el tipo de periodismo que se reivindica en los medios que quedarían, de desaparecer Clarín, La Nación y Perfil, es el llamado periodismo militante. Este tipo de periodismo muy de moda en Argentina, más que periodismo y ejercicio del libre pensamiento crítico, se dedica a hacer un ejercicio de justificación, adulación y tergiversación de los acontecimientos políticos de la Argentina. Así, la presidente argentina hace cadenas nacionales cada semana, no da entrevistas o ruedas de prensa, los ministros no conceden entrevistas a no ser que éstas sean en medios oficialistas, y los medios de comunicación con periodistas militantes se dedican a atacar personalmente a los políticos y periodistas que están en contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el mejor de los casos, el periodismo militante se propone a generar teorías de la conspiración supuestamente organizadas por el dueño de Clarín, Magnetto, que es un golpista que quiere derrocar al gobierno nacional y popular. Aunque suene a caricatura, ese es el discurso del periodismo militante.

En Argentina el gobierno ha hecho del canal estatal de televisión y su radio un aparato de propaganda al estilo del nazi Joseph Goebbels. También, ha apoyado a empresarios afines y amigos para crear o comprar empresas de medios de comunicación, al igual que ha hecho quebrar periódicos por no darles un solo centavo por concepto de publicidad oficial o por no venderles o dejarles importar papel. En lo que a periódicos se refiere, el panorama argentino es el siguiente: Clarín, Perfil y La Nación –que es el periódico más antiguo del país– tienen una línea editorial crítica al gobierno; Página 12, La Razón, Crónica, Tiempo Argentino, etcétera tienen una obsecuencia insoportable con el gobierno kirchnerista. El periódico más vendido es Clarín, cuya empresa tendrá que elegir entre tener un canal de televisión o un periódico.

Entre otras cosas, con lo expuesto queda claro que no hay plena libertad de expresión en Argentina o un ambiente de libre prensa como en otros países de la región. A diferencia de México en los últimos años, en Argentina hay censura porque el gobierno se ocupa de descalificar medios y periodistas, además de premiar e incentivar a empresarios amigos para que adquieran medios de comunicación. Al mismo tiempo, la presidente se encarga de enjuiciar muy a menudo al dueño del grupo más importante de la prensa liberal del país, es decir, Clarín, que se transformó en el reducto de la oposición al gobierno. En fin, este escenario no es el deseable para una democracia más o menos de calidad; esperemos que en México el PRI no quiera regresar a esas prácticas que hacen de los medios de comunicación rehenes del dinero de la pauta oficial.

Bondades y retos de la elección de 2012 en México.

2012-08-26T17:05:00.001-07:00

Un dato particular del resultado de las elecciones de este año es que, por sexta vez consecutiva a nivel federal, el parlamento no presenta una mayoría partidaria. De nueva cuenta, al igual que viene sucediendo en México desde las elecciones de 1997, en el Congreso de la Unión ningún partido político posee la mayoría parlamentaria, sino que la primera y subsiguientes minorías. Este punto, dentro de los tantos que ofrece una elección presidencial para el análisis, es importante tener en cuenta por varios motivos, uno de éstos el cabildeo o lobbying.

El resultado de las elecciones de 2012 conformó un gobierno dividido –es decir, que el partido del poder ejecutivo no es mayoría en el poder legislativo–, lo cual es todo un tema en la ciencia política mexicana. Este es uno de los rasgos de la transición hacia la democracia de México, que el presidente y su partido no tienen las curules suficientes para, por ejemplo, por sí mismos hacer reformas de leyes, nombrar libremente ciertos funcionarios de alto rango y designar los titulares en los órganos de gobierno de los poderes legislativo y judicial, entre otras cosas. Por lo tanto, no es raro que este sea un tema recurrente de los politólogos mexicanos en sus artículos y estudios.

La politóloga María Amparo Casar, en este sentido, es un muy buen exponente. En su artículo de la revista Nexos de este agosto, El reparto del poder: Otro gobierno sin mayoría (Nexos, agosto de 2012, http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102851), la académica del CIDE organiza datos electorales y, entre otras cosas, argumenta que:

“En su relación con los poderes fácticos las cosas son más complicadas. Muchos de ellos acompañaron a Peña en su campaña. Muchos de ellos son los que se resisten al paso de las reformas estructurales: el SNTE en el caso de la educación, el STPRM en el caso de Pemex, otros sindicatos en el caso de la reforma laboral, los dueños de las televisoras en el caso de las telecomunicaciones, los beneficiarios de la exenciones fiscales en el caso de la reforma hacendaria, los sectores de alta concentración de mercado en el caso de la ley de competencia”.

Más allá del alto nivel de la autora y del artículo aludido, a mi juicio se equivoca al utilizar el término “poderes fácticos” en lugar de “grupos de interés”. Parecería que Casar hace referencia y habla más desde la perspectiva de un sistema tipo corporativista que desde la de uno pluralista. Es comprensible, porque México no tiene un sistema político pluralista tipo estadounidense (cuyo caso ha sido tildado de excepcional por muchos). Pero tampoco es que tras la segunda alternancia partidaria en la presidencia de la república, el sistema político mexicano no tenga rasgo pluralista alguno. Habría que pensar que, por ejemplo en las negociaciones para el paquete fiscal del ejercicio del año entrante, muchos y diferentes grupos de interés, no sólo los llamados poderes fácticos, estarán involucrados y estimulados a mover influencias en su favor.

En tal sentido, es una bondad y un reto para el sistema político mexicano el tener una repartición del poder parlamentario y no una concentración del mismo en las manos de un partido político. Con esto, y está comprobado, crecen los canales de acceso para diferentes intereses y grupos –que no deberían ser entendidos como poderes fácticos sino como grupos de interés–, y crecen las posibilidades de que, entre los diferentes actores y cabilderos, el nivel de esta actividad mejore, se pluralice y se haga más transparente. Este es un reto constante, por lo que politólogos de la altura de María Amparo Casar deberían opinar más a menudo al respecto.

Sobre las encuestas en las elecciones presidenciales 2012

2012-07-12T14:48:00.002-07:00

En la recta final de las campañas electorales un clásico de la política mexicana volvió a hacerse presente: la guerra de encuestas. Aunque el tema había tenido su relevancia durante las campañas, en la recta final de las mismas y después de conocidos los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), las opiniones sobre las encuestas electorales parecieron incrementarse. De nueva cuenta, con valoraciones en favor y en contra, el trabajo demoscópico de distintas empresas nacionales y locales fue puesto en tela de juicio por muchos analistas.

Como tantas veces se ha dicho, las encuestas electorales son una foto de la tendencia del voto al momento en que son levantadas. A grandes rasgos, son una muestra, más o menos precisa, de lo que pudiera pasar en el día de la elección. Es decir, las encuestas no necesariamente arrojarán un porcentaje idéntico al de las urnas al final de la jornada electoral. Pero más allá de estas y otras consideraciones teóricas, en estas elecciones presidenciales la opinión de muchos fue que las encuestas son una herramienta de la publicidad más que de la estadística. Y como primer argumento de esta supuesta hipótesis está el que los resultados de las encuestas no se parecieron en nada al de las urnas.

Habría que matizar esto, puesto que las encuestas electorales sí son una herramienta de la estadística de mucha utilidad para la democracia. En las elecciones que acaban de pasar, un grupo de encuestas marcaron exitosamente las posiciones en las que los candidatos terminaron al final de la contienda: Peña Nieto en primer lugar, López Obrador en segundo, Josefina Vázquez Mota en tercero y Quadri en cuarto. Pero los resultados de las urnas, aunque coincidentes en cuanto a los puestos que ocuparon en las encuestas los candidatos a la presidencia a nivel nacional durante el proceso electoral, fueron distintos en porcentaje al de las encuestas. Por ahí va el punto en cuestión para algunos, en la inexactitud de las encuestas y sus inciertos comportamientos y finalidades.

Para poner el asunto en contexto, en el 2006 los resultados de las votaciones marcaron una diferencia mínima de medio punto porcentual entre Felipe Calderón y López Obrador, resultado que era vaticinado por un grupo de encuestadoras. En aquella ocasión, encuestas como las de GEA-ISA reflejaron en sus trabajos el resultado de las urnas. En cambio, en estas elecciones de 2012, encuestas como las de la empresa nombrada, misma que por primera vez en México publicó en Milenio un trackingdiario del pulso electoral, esta vez no se aproximaron al resultado de las urnas con la exactitud de hace seis años. Sin embrago, esta y otras empresas marcaron el pulso del electorado y sirvieron de guía para, entre otras cosas, diferenciar las encuestas que estaban truqueadas y las que no.

Valdría la pena notar que GEA-ISA y otras casas encuestadoras sí acertaron en la tendencia del voto y los comportamientos del electorado. Por ejemplo, al inicio de las campañas se reflejó en las encuestas que Josefina no cubrió la expectativa de ciudadanos que pudieron haber votado al PAN y por eso descendió en el porcentaje de intención de voto. De igual modo, se reflejó como López Obrador rebasaba a Vázquez Mota y se instalaba en el segundo lugar del podio, aunque bastante lejos del primero. El tema en discusión parece ser que la diferencia entre López Obrador y Peña Nieto: en las encuestas éste aventajaba al tabasqueño por diez o quince puntos, pero la elección terminó con una diferencia de menos de ocho puntos entre el primero y el segundo.

Así, las encuestas electorales siguen siendo un tema de discusión como lo prueban estas elecciones presidenciales de 2012. Aunque es un tema trillado, la llamada guerra de encuestas ha estado otra vez presente y las opiniones al respecto han sido y son muchas. Con todo, vale recalcar que las encuestas que ahora son llamadas a la atención, en su mayoría son empresas serias que trabajan hace años en el mercado, por lo que no les sería conveniente hacer trabajos de mala calidad que perjudique sus prestigios. En tal sentido, con todo y que pudieron haber resultados de encuestas que fallaron en comparación con el resultado electoral, no se mide por ahí la finalidad, precisión y honestidad de las encuestas.

2012: ¿campaña o guerra sucia?

2012-05-27T15:13:00.003-07:00

Pasó el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la república y algo está claro a estas alturas de la campaña presidencial: falta discusión de fondo. Mucho se ha dicho sobre el debate y de lo que va de la campaña, pero parecería que se habla más de la forma que del fondo de los eventos políticos. Un tema llamativo, es la supuesta campaña o guerra sucia del PAN y el PRD contra el PRI, que ha hecho de estas campañas un soliloquio. En corto, la negativa del PRI a contestar a sus adversarios, con la escusa de que éstos promueven una campaña o guerra sucia que encona al país, hace necesaria una reflexión básica: una campaña no es una guerra y, por lo tanto, una campaña sucia no es una guerra sucia.

Una campaña sucia no es que un candidato diga cosas poco onerosas sobre sus adversarios; una campaña sucia se puede ejemplificar con el escándalo de Watergate, no con el mote de un peligro para México o con la acusación que un candidato puede hacer hacia otro al decir que es un mentiroso. Watergate fue el nombre con que se conoció en los Estados Unidos y el mundo las maniobras desleales que el gobierno de Nixon y el partido republicano llevaron a cabo contra el partido demócrata y su candidato, George McGovern, en las elecciones presidenciales de ese país, en 1972. Nixon y sus allegados formaron el Comité para Re-elegir al Presidente (CRP), que fue el grupo que organizó las infiltraciones en equipos de campaña, las maniobras para desactivar actos públicos del candidato demócrata en diferentes ciudades del país, la intervención de teléfonos y correspondencia, entre muchas otras tácticas claramente ilegales para unas elecciones democráticas.

Con todo y que el CRP interfirió teléfonos, desactivó actos proselitistas e infiltró oficinas del partido demócrata –de hecho, el Watergate era el hotel en Washington D.C. donde los demócratas tenían sus oficinas nacionales de campaña–, aquel escandalo fue digno de una campaña sucia, no de una guerra sucia. Es decir, el Watergate fue muy diferente al Irangate o la guerra de los Contras versus el Frente Sandinista de Liberación Nacional en los años ochenta.

Una Guerra Sucia fue lo que sucedió, por ejemplo, en México durante los años sesenta y setenta. En aquellos años el Estado financiaba grupos paraestatales armados para desarticular a los grupos guerrilleros, que en su mayoría eran comunistas. La guerra era armada porque varios grupos políticos de aquellos años habían tomado las armas como la manera para abrirse paso al poder. Quizá esto sucedió porque no se entendía a la democracia de la manera que se entiende hoy, ni del lado del Estado ni de los grupos políticos de izquierda. Como quiera que sea, una guerra sucia no tiene nada que ver con una campaña sucia, como se quiere insinuar por algunos analistas de la actualidad política.

Con lo dicho, vale la pena pensar en la campaña que está haciendo el PRI, el delantero en las encuestas, y cómo impacta eso en la calidad democrática de la contienda. La estrategia que en esta campaña ha usado principalmente el PRI y su candidato a la presidencia, es no responder a los cuestionamientos de sus adversarios. La excusa dice que eso sería caer en una campaña sucia o guerra sucia que divide y encona al país. Sin respuestas por parte de los priistas y el puntero de las encuestas, cuando sus adversarios los increpan, la campaña presidencial se limita a una serie de compromisos electorales que bien se pueden sintetizar en un spot de treinta segundo. Así, pasado el mes de campaña y el primer debate organizado por el IFE, el PRI, el que lleva la delantera en las encuestas, se limitó a un monólogo que, bajo la escusa o la sombra de las campañas sucia o, indistintamente, de la guerra sucia de sus adversarios, tiene como rehén el debate de fondo entre los candidatos.

La expropiación petrolera en Argentina: una interpretación

2012-04-28T15:18:00.001-07:00

La semana pasada una noticia trascendió las fronteras de Argentina: la expropiación de la empresa Repsol-YPF. En México, como en muchos otros lados del mundo, las repercusiones se dieron en diferentes sentidos. Entre otras cosas, las manifestaciones de los distintos actores políticos mexicanos sobre la expropiación de la empresa Repsol YPF, trae a colación un tema quizá olvidado para muchos: la falta de actualización de la doctrina de política exterior mexicana.

Como introducción, vale decir que Yacimientos Petroleros Fiscales (YPF) fue la primera empresa estatal de petróleo del mundo, en 1922. Después de décadas de ser estatal, mutar a un esquema mixto y volver a ser estatal, el expresidente Menem la vendió a Repsol, una empresa multinacional con base española. Entre otras cosas, los despidos que generó la privatización de YPF impactaron fuertemente en un país poco diversificado como Argentina, lo cual apuntaló la negatividad con que se perpetuó la privatización.

Después de una década de privatizada, y tras la crisis económica, política y social que estalló en 2001-2002, Néstor Kirchner apareció en la escena pública como un candidato presidencial remoto, que se proponía como una alternativa al modelo neo-liberal; el tema de la privatización de YPF fue un tema de campaña muy popular que Kirchner encarnó exitosamente. Lo curioso de la trama es que, Kirchner, cuando era gobernador de la provincia de Santa Cruz, apoyó la privatización de la empresa estatal de petróleo, ya que las provincias se convertían en accionistas de la nueva empresa Repsol-YPF. Es decir, como gobernador, Kirchner prefirió ser accionista de una empresa privatizada que defender lo público de este preciado bien.

Dicho esto, la expropiación de YPF ocupó las primeras planas de buena parte del mundo y México no fue la excepción. Coincidentemente con la cumbre de países americanos –en la que, entre otras cosas, Brasil puso en jaque a Estados Unidos al sostener que si Cuba no es reintegrada a estas reuniones interamericanas, el país carioca no volverá a asistir a las mismas–, Argentina dio el batacazo con la expropiación de YPF. Entre paréntesis: Fernández de Kirchner se reunió con Obama en dicha cumbre, pero, aparentemente, la primera no le comunicó al segundo nada del asunto. Así, aunque el actual gobierno de Argentina ya había hecho embargos, la expropiación petrolera tomó resonancia mundial por tratarse de un bien estratégico.

Por eso, países de diferentes lados del mundo se expresaron: el petróleo y los energéticos constituyen la razón de varias de las guerras actuales y de mucho de lo que se expresa en las relaciones internacionales. YPF, entonces, no es un tema de un Estado, es un tema global, estratégico y geopolítico. En ese sentido, y dado que PEMEX era accionista con un 9 por ciento de las acciones de esa empresa multinacional de energéticos, no es descabellado que el presidente mexicano se exprese públicamente, al igual que sus pares de Colombia y Chile. Cabe resaltar que estos países se expresaron, al igual que otros, en un sentido negativo, pero que también se dieron los casos de países que se expresaron públicamente en un sentido positivo. Los criticados por expresarse de este tema fueron los gobiernos que reprobaron lo hecho y no los que lo aprobaron, pero: ¿no estarían incurriendo ambos bandos en lo mismo, es decir, entrometerse –positiva o negativamente– en los asuntos internos de un Estado soberano como la Argentina?

El tema, visto desde el lado mexicano, se relaciona con la doctrina de política exterior. Esta, entre diferentes puntos, establece que México está en contra de la intervención en los asuntos internos de otros Estados. Por lo mismo, el candidato del PRI a la presidencia y el Jefe de Gobierno del D.F. se manifestaron en c ontra de las declaraciones del presidente Calderón, quien criticó la medida del gobierno argentino por perjudicar los intereses mexicanos. Si bien es cierto que la doctrina de la política exterior mexicana establece que los priistas y perredistas están en lo cierto al objetar que no hay que opinar públicamente sobre la expropiación petrolera que llevó a cabo el gobierno argentino, porque constituye un asunto de otro país, también es cierto que el petróleo es un asunto global y que PEMEX formaba parte de la empresa expropiada.

Así, valdría la pena pensar en que la doctrina de la política exterior mexicana está un tanto anacrónica, puesto que no contempla lo global de asuntos como el presente. Si bien es una doctrina ejemplar, habría que reflexionar en una teoría mexicana de las relaciones internacionales, que actualice a esa doctrina que fue creada mucho tiempo atrás, cuando los Estado-Nación eran los actores más relevantes de las relaciones internacionales. Al tiempo…

"Dígame Licenciado"

2012-03-19T16:41:00.002-07:00

Mucho de lo que pensamos y discutimos, ni se diga lo que criticamos o hacemos, está ligado a nuestra cultura. Ergo, lo que se piensa sobre política, el sistema y los temas políticos está relacionado con la cultura política que se tenga en un determinado lugar, entre tantas otras cosas. Entonces, más allá de la ilustración e instrucción que cada quien tenga por sus estudios, sean estos académicos o no, o por su experiencia, mucho de lo sucede en términos públicos se relaciona a la cultura política.

No voy a hilar fino para reflexionar sobre la conformación de la cultura política o de las clases, elites o conceptos aledaños, ni mucho menos hablar sobre todo lo que se desprende de los mismos; lo que se pretende aquí es, brevemente, reflexionar sobre varios costumbrismos que hacen a la cultura política, en este caso, mexicana. Mi favorito, sin duda, es el de “dígame licenciado”, tan famoso por el sketch cómico de Chespirito.

En México, como resultado de la “dictadura perfecta”, como fueran catalogados los años priistas, la cultura política está configurada por los códigos de la identidad partidaria del PRI con sus distintas facetas. Son muchas las costumbres políticas que están fijadas por la cultura del PRI, es innegable. Decir “compañeros” o “licenciado”, para poner un ejemplo, es usar expresiones relacionadas con la cultura política forjada por el PRI. Sin embargo, no solamente los priistas usan estas palabras para dirigirse a otra persona dentro de la administración pública, por poner un lugar. Es decir, la expresión “licenciado” es todo un fenómeno de la cultura política nacional, que buena parte del siglo XX estuvo ligada al PRI. Por eso Chespirito, satíricamente personificando a un burócrata –con la acepción negativa del término– perdedor y conformista que, con todo y todo, cuando alguien se dirigía a él, orgulloso de sí mismo aclaraba, “dígame licenciado”.

Poniendo el asunto en perspectiva, el “dígame licenciado” de Chespirito no es solamente un cliché, es un fenómeno de la cultura política nacional. Cuando uno tiene que dirigirse a un servidor público tiene que decirle “licenciado”, porque si no uno ya empezó con el pie izquierdo lo que sea que haya ido a hacer con ese servidor público. Por lo mismo, si uno tiene que hacer un escrito, casi siempre tiene que escribirle al “Lic.” fulano de tal, si no es que al “Mtro.” o “Doc.” tal y tal. Entonces, en este tipo de situaciones uno no se dirige a un igual, es decir, a un ciudadano como uno, sino que a un licenciado. Lo mismo se da con los arquitectos, que son “arquis”, los médicos, que son “doctores”, con los docentes, que hay que decirles “maestros”, y así sigue la lista. Es cultura: “dígame licenciado”.

En Argentina, por ejemplo, donde al abogado se le dice “doctor” y no “licenciado”, el chiste de Chespirito se entiende pero no del todo. De todos modos, la risa aplica porque allá se le tiene que decir “doctor” a un abogado (awiwi). Entonces, parecería que en México y en Argentina no es lo mismo ser un ciudadano común y corriente que un abogado-burócrata, ya que uno es ciudadano y el otro es “licenciado” o “doctor”. Ni se diga si uno es “compañero” del sindicato, de la universidad o del partido. Es decir, esos supuestos títulos académicos ponen escalones entre las personas, lo cual es una contradicción con el espíritu de igualdad que reina entre el ideario de la ciudadanía.

Volviendo al punto, es tal la cultura política de México “a la priista” que, con todo y el cambio del partido en el poder presidencial, el PAN no pudo por sí mismo cambiar costumbres como el “dígame licenciado”. Mientras panistas de nueva generación se llaman a sí mismo “licenciados”, los panistas de vieja cepa se llaman por sus nombres, es decir, de ciudadanos. Es una diferencia cultural.

Estando en un cuarto de guerra de la campaña para la gubernatura estatal de la rara alianza que se tejió entre el PAN, el PRD y disidentes del PRI en Durango, pude ver un ejemplo clarificador. Uno de los colaboradores del candidato a presidente municipal de la capital, senador con licencia, exdiputado y delegado federal, le dijo licenciado al Negro Elizondo, un histórico del PAN de Durango y nacional de la década de los ochenta, y éste reaccionó con un grito y diciendo, “no me digas licenciado, deja esa mamada para los priistas como Aispuro” (que era el candidato a gobernador por la alianza electoral mencionada y viejo priista expresidente municipal ligado al PRI de Colosio).

Lo mismo sucede con la firma de cualquier oficio de gobierno. Es irónico que, con todo y las administraciones panistas o del PRD, se siga poniendo al calce de las firmas la leyenda “sufragio efectivo, no relección”. Es increíble: el famoso decálogo del presidente Calderón para la reforma política decía que había que poderse re-elegir ciertos puestos, pero se siguen firmando los oficios con la leyenda que dio fuerza a la revolución. En fin, es parte de la cultura política mexicana, ligada a la vida de un partido que, para colmo, tiene los colores de la bandera (lo cual, por ejemplo en Argentina, está prohibido).

Guerra de encuestas edición 2012

2012-03-17T19:17:00.000-07:00

“Guerra de encuestas”: aunque el término suena estruendoso, el tema está trillado y es más exageración que otra cosa. Sin embargo, es necesario tocar el tema brevemente, dada su relevancia en la opinión pública, y ponerlo en contexto.

Las encuestas volvieron a ser el centro de la discusión político electoral. Con un número considerable de encuestas publicadas cuyos resultados no necesariamente coinciden entre sí, en México se ha vuelto a hablar de una “guerra de encuestas”. Aunque el término suena estruendoso –al igual que el de “campaña sucia”–, valdría la pena reflexionar si el tema vale la pena. Por esto, es preciso dimensionar a las encuestas y ponerlas en contexto, es decir, en su lugar.

Primero habría que dimensionar que el hecho de que haya tantas encuestadoras que publiquen sus trabajos es parte esencial de una democracia liberal con rasgos de mercado. Que se conozcan encuestas serias y encuestas patito es normal. Herramientas como las encuestas electorales o de gestión, la consultoría en comunicación, imagen o estrategia política, el cabildeo, las relaciones públicas, etcétera, son elementos que hacen a un mercado de bienes y servicios políticos y gubernamentales en expansión, donde hay libre competencia en la oferta y la demanda de los mismos. En tal sentido, la transición mexicana hacia la democracia se enmarca en un sistema minimalista con atributos de mercado que propician este tipo de actividades. Es decir, en una democracia liberal necesariamente coexisten un importante número de encuestadoras que realizan todo tipo de trabajos, fidedignos y no fidedignos.

En segundo lugar, esta nueva “guerra de encuestas” regresa la discusión política a una hipótesis planteada hace tiempo: en el universo de la demoscopia existen las encuestas mediáticas y las no-mediáticas, por así llamar los dos conjuntos. Las primeras son las publicadas en los medios de comunicación y que, en la mayoría de los casos, son financiadas por los mismos medios. Las segundas, en cambio, en su mayoría son financiadas por los partidos y candidatos para también publicarlas en los medios de comunicación. Aunque la procedencia de la financiación no necesariamente tiene que relacionarse con la calidad del trabajo demoscópico, esta hipótesis de los dos tipos de encuestas ha probado su plausibilidad. Así, las encuestas mediáticas no yerran en el mismo grado que las no-mediáticas, si se comparan sus resultados con el seguimiento –tracking– de la tendencia global del voto o, en dado caso, con el resultado final de la votación, entre otras cosas.

Ahora bien, la “guerra de encuestas” también puede hacernos reflexionar sobre las encuestas como un tema político. Más allá del impacto real que estas tengan en la intención del voto, lo cierto es que hablar de encuestas cuando todavía no empieza oficialmente la campaña, parecería un disparate. Quizá porque no existe la posibilidad de discutir temas de fondo –en parte por la “veda” de la ley electoral reformada en 2007–, pero que a estas alturas del calendario pre-electoral se haga de las encuestas y sus disímiles resultados un tema de polémica desmedida es un sinsentido. En fin, las encuestas le ponen a las elecciones un condimento importante que la democracia necesita: que haya incertidumbre en el resultado que habrán de arrojar las urnas. Pero hacer de las encuestas el tema más importante del comentario político electoral, como ha sucedido en las últimas semanas, es desproporcionar el asunto y volver a discutir sobre los impactos de una “guerra de encuestas”, lo cual, teóricamente, es innecesario.

Plataforma para la recuperación del pensamiento crítico

2012-01-08T11:33:00.000-08:00

Texto completo del manifiesto que un grupo de intelectuales generó en busca de adhesiones para “escapar al efecto impositivo de un discurso hegemónico”.

Escapar al efecto impositivo de un discurso hegemónico no es una tarea fácil. Pero es necesario y posible generar una voz colectiva que enuncie este problema y lo transforme en acto de demanda. Si algo nos define como intelectuales es pensar sobre el mundo y la sociedad en la que vivimos, poner en cuestión los problemas que nos plantea, promover el debate de ideas, intentar leer más allá de la letra manifiesta y visibilizar lo oculto, tratar de salir de la mera apariencia de los efectos para bucear en las causas que los determinan. En síntesis, sostener nuestra capacidad y conciencia crítica y manifestarla, romper el silencio, como paso imprescindible hacia un accionar colectivo y transformador.

No encontramos este ánimo en algunos trabajadores del campo de la cultura, a quienes hemos respetado y queremos seguir respetando, pero que al colocarse como voceros del Gobierno han producido una metamorfosis en relación con su historia y su postura crítica.

Nos encontramos ante verdaderos escándalos de diferente naturaleza y calidad, que tienen como denominador común la impunidad en relación con las responsabilidades de quienes nos gobiernan. Y de manera paralela, asistimos a la construcción de un relato oficial, que por vía de la negación, ocultamiento o manipulación de los hechos, pretende investir de gesta épica el actual estado de cosas.

Javier Chocobar, Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas, Mariano Ferreyra, Roberto López, Mario López, Mártires López, Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña, Emilio Canavari, Ariel Farfán, Felix Reyes, Juan Velázquez, Alejandro Farfán, Cristian Ferreira. Vemos crecer la lista de los asesinados. Muertes que en su repetición no dejan de asombrarnos. Muertes que van cubriendo toda nuestra geografía. Muertes que, lejos de ser inocentes, marcan un encarnizamiento represivo que no puede ser negado ni atribuido a lejanas decisiones para desresponsabilizar al gobierno central. Ahora descubrimos que desde 1994 somos un país federal, y que por lo tanto las muertes dependen de las policías provinciales, o de los caciques locales. Curiosa apelación al federalismo, cuando es el Gobierno nacional el que ejerce el centralismo unitario y decide de hecho los presupuestos provinciales, el que resuelve candidaturas, impone ministros y se abraza con los gobernadores casi al mismo tiempo de ocurridos los hechos.

Muchas de las últimas muertes están vinculadas a la carencia de tierra, y detrás de cada nombre hay una historia de vida que se remonta a la histórica lucha de los pueblos originarios contra el despojo del que han sido objeto. El proceso de concentración de la propiedad de la tierra y la soja-dependencia de los últimos ocho años son un correlato en el presente de aquel despojo, que el discurso oficial oculta.

El “relato” hegemónico pretende imponerse sobre la materialidad y el valor simbólico de estas muertes. Efectivamente, en torno a estos y muchos otros hechos se elabora un discurso oficial que construye consensos, porque aparenta dar cuenta de una serie de necesidades sociales y reivindicaciones nacionales mientras se afianza la persistencia de lo mismo que aparenta cuestionar.

Este relato disciplinador y engañoso utiliza la potencia de los recursos comunicacionales de que dispone crecientemente el Gobierno para ejercer control social mediante la inducción de mecanismos alienatorios sobre las formas colectivas de la subjetividad.

Quieren aparecer como actores de una gesta contra las “corporaciones”, mientras grandes corporaciones como la Barrick Gold, Cerro Vanguardia, General Motors, las cerealeras, los bancos o las petroleras –y el propio Grupo Clarín, hoy señalado como la gran corporación enemiga– han recibido enormes privilegios de este gobierno.

Quieren también aparecer como protagonistas de una histórica transformación social, mientras la brecha de la desigualdad se profundiza. Y cuando la realidad se impone sobre el “relato”, los voceros oficiales y oficiosos del gobierno sostienen que se trata de “lo que falta”. Según los intelectuales reunidos en Carta Abierta, “lo que falta” sería –más allá de las “asignaturas pendientes” que estarían dispuestos a admitir– una cuestión de “imaginación política”. Y lo que es evidencia y síntoma de lo que no sólo no se transforma sino que se profundiza sería –como en el fenómeno de las placas tectónicas– algo así como restos traumáticos del pasado en el interior de un proceso transformador, que reaparecen una y otra vez.

El contenido de la producción ideológica oficial se inscribe en una metodología. La discusión de ideas es sustituida por la descalificación del interlocutor y toda disidencia es estigmatizada. Trivialización del debate, bravata “intelectual”, sacralización de sus referentes con independencia de las acciones que producen, son sólo algunas de las modalidades en las que se expresa el intento de imponer un discurso único. Cuando desde los medios públicos se utiliza la denigración de toda voz crítica por medio de recortes de frases, repeticiones, burlas y prontuarización como procedimiento intimidatorio y se invalida a esas mismas voces cuando se expresan en otros medios, se produce una encerrona que por una u otra vía sólo promueve el silencio.

Hoy la homogeneidad discursiva empieza a estar atravesada por algunas filtraciones que la erosionan: el relato épico ha iniciado un proceso de cierto desenmascaramiento. La asociación entre derecho de huelga y extorsión o chantaje, o la justificación de la sanción de la Ley Antiterrorista, serían expresiones paradigmáticas de este fenómeno.

A pesar del afán disciplinador del discurso hegemónico, es nuestra responsabilidad como intelectuales y trabajadores de la cultura romper el silencio que pretende amordazar el pensamiento crítico y promover un debate transformador de los grandes problemas que plantea el presente. Es necesario. Y es posible.