Observando la política mundial

México entre CELAC y Alianza del pacífico

2013-01-27T17:25:00.000-03:00

Creo que la relevancia que en el mediano plazo pueda tener la CELAC depende fundamental del comportamiento de dos actores: Brasil y México. Ambos por sus características de grandes potencias regionales y, de alguna forma, los dos polos más significativos entre los que se mueve América Latina. Bien sabemos que este hecho ha sido explotado de manera muy significativa por Brasil durante la última década, pues ha gozado de condiciones particularmente favorables: un gobierno con claras aspiraciones de política exterior, el boom de las materias primas generó un rápido crecimiento económico, que a la vez permitió financiar una intensa agenda de política doméstica para atacar problemas sociales como la pobreza y la inseguridad, creando un clima propicio para el desarrollo y la inversión y la presencia global. A ello hay que sumarle el que Brasil se tomó muy en serio su rol de potencia emergente, articulando alianzas diplomáticas en foros internacionales e impulsando el rol global de los BRICS. Del mismo modo, Brasil ha podido ir equilibrando su relación con América Latina y su rol de líder regional con sus aspiraciones globales.

México, en cambio ha seguido un camino mucho más errático en su relación con América Latina. Por un lado está su inexorable cercanía con los Estados Unidos, que ha sido canalizado principalmente a través del North America Free Trade Agreement (NAFTA) y que se profundizó durante los gobiernos del PAN de Vicente Fox y Felipe Calderón, a pesar de las tensiones que existen entre ambos países, particularmente en lo relacionado a las migraciones transfronterizas. A esto se suma la cooperación cercana y formal entre México y los Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico, que sumió a varios Estados del norte de México y por derivación al gobierno federal en un conflicto armado que, además de ineficaz, ha dejado como saldo más de 60 mil muertos en los últimos años.

Como aditivo a esta situación, está el profundo encadenamiento de las economías mexicana con la estadounidense, que llevó a que México se viera particularmente afectado por la recesión en los Estados Unidos. Lo negativo de esto es que el NAFTA terminó por consolidar una dependencia unidireccional de México hacia los Estados Unidos, con lo cual se vuelve más atractivo para los mexicanos diversificar su portafolio de exportaciones.

En consecuencia, el ascenso de Brasil en la región vino acompañado por un constante alejamiento de México, que profundizó sus lazos con los Estados Unidos. Es una especie de conjunción de hechos que contribuyó al alzamiento de Brasil como líder regional y al ocaso de México en América Latina, lo que evitó en los primeros años una rivalidad cierta hacia el liderazgo que se planteó desde Brasilia para la región. En todo esto Centroamérica quedó en un estado de parcial orfandad, la que fue llenada con la ascensión de Venezuela que empezó a generar su propia esfera de influencia en América Central y el Caribe.

Con el PRI de regreso en Los Pinos se ha dicho de manera frecuente que México regresará la mirada hacia América Latina. El asunto es que hoy América Latina es una región cambiada, cuenta con instituciones internacionales relativamente estables que han formalizado la relación entre los principales actores de la región y Brasil juega un preponderante rol en la articulación de estas instituciones, particularmente del MERCOSUR y de UNASUR, así como de otras iniciativas particulares creadas al alero de las dos más importantes.

En ese marco hay dos instancias de las cuales México podría valerse para aterrizar en América Latina y empezar a profundizar lazos nuevamente con los países del sur. El primero es la Alianza del Pacífico, que plantea una serie de ventajas habida cuenta que dicho organismo se crea bajo la aspiración más amplia de crear la TPP o Trans-Pacific Parthnership, que busca crear una gran zona de libre comercio en todo el arco del océano pacífico. Entre las utilidades que presenta está el hecho que México no necesita prescindir de su relación con Estados Unidos para hacerse parte de la Alianza del Pacífico. El NAFTA pasa a ser un eje complementario —al igual que la alianza del pacífico— del potencial TPP en gestación. Esto cobra particular importancia cuando tomamos en cuenta que la participación comercial de México en América Latina ha sido notablemente baja en comparación con Brasil, como se ve en los siguientes gráficos (Click para ver más grande. Fuente de los datos: CEPAL)

De esa forma, la Alianza para el Pacífico, en una dimensión comercial, puede llevar a que México intensifique sus relaciones comerciales con América Latina, aunque probablemente éstas no lleguen en el corto plazo a los niveles de Brasil, debido a los volúmenes de comercio que éste mantiene con Argentina, que concentran el 43,1% del comercio intrarregional brasileño y además se llevan los principales productos industriales de ambos países. De este modo, podría ser beneficioso para México buscar en el mediano un tratado de libre comercio con Mercosur o bien que Alianza del Pacífico busque construir un acuerdo de la misma naturaleza, incorporando de esa forma a Brasil al bloque.

Pero la política exterior no debe reducirse a la dimensión económica o comercial, aunque sea ésta uno de los grandes incentivos que tienen los países para buscar construir alianzas estratégicas entre ellos que contribuyan al desarrollo económico y social. La dimensión política del regreso de México a América Latina podría estar marcada por el rol que juegue en CELAC. Sin embargo, al carecer CELAC de cualquier institucionalidad formal —a diferencia de UNASUR o MERCOSUR— su potencial para la región puede llegar a ser marginal, máxime cuando intenta agrupar a subregiones que poseen intereses diversos en cuanto a su propia posición relativa en América Latina: América Central, el Caribe y América del Sur. Sumando a ello la exclusión de los Estados Unidos y Canadá, que en el plano político marca una especie de autonomía simbólica respecto a lo que sucede en la OEA, no obstante, en lo real, gran parte de los países que forman CELAC mantienen profundos lazos con los Estados Unidos, no sólo en términos comerciales, sino que además en asuntos relacionados con migraciones, remesas y seguridad. Visto así, OEA sigue siendo un actor significativo por institucionalizar esa relación.

Ahora bien, desde un punto de vista particular la CELAC sí puede presentar cierta utilidad para algunos países. México se podría beneficiar usando la organización como mecanismo para fortalecer los lazos políticos con América Latina y en la ecuación parece claro que si México quiere efectivamente volver a mirar al sur tendrá que exhibir aquellas ventajas que puede ofrecer a los países sudamericanos, por un lado un mercado de 120 millones de habitantes y una economía que lucha por situarse en el segundo socio comercial de Estados Unidos, después de Canadá, y desafiando a China. ¿Qué interés tienen los países sudamericano de mirar de formas más atractiva a México?

En mi opinión, México debería hacer un esfuerzo por mostrarse cercano a América Latina pero sin buscar rivalizar con Brasil. En un escenario de confrontación entre las dos principales economías latinoamericanas, México no tiene mucho que ofrecer debido a su lejanía de las economías secundarias más importantes de la región, todas colindantes o muy cercanas a Brasil: Colombia, Argentina, Chile y Perú. En un escenario de complementariedad podríamos perfectamente enfrentarnos a una región bipolar en la que Brasil y México compartan algún nivel de liderazgo, aunque para eso parece haber un camino importante que recorrer aún, sobre todo porque México no goza del prestigio global del que sí puede disfrutar Brasil. Aunque como primer paso para llegar a una posición regional de prestigio, CELAC puede ser una herramienta útil aunque, a mi juicio, no tanto como podría serlo, en una primera instancia, la Alianza para el Pacífico.

El presidente ausente

2013-01-11T00:47:00.000-03:00

La manifestación que vimos hoy en Caracas se ha convertido en una nueva reafirmación respecto del indiscutido liderazgo que tiene Hugo Chávez entre los electores venezolanos y pasa a ser la confirmación de una serie de triunfos electorales que sólo en este año se remontan al 7 de octubre, cuando en la elección presidencial más de 8 millones de electores votaron por la continuidad de Chávez a la cabeza del poder ejecutivo; y continuó con las elecciones regionales que, si bien le dieron el triunfo a Henrique Capriles en el Estado de Miranda –el débil líder que busca mantener cohesionada a la oposición y ventilarla de nuevos aires– el partido del presidente logró 20 gobernaciones de un total de 23. Más allá que uno comulgue o no con las ideas políticas del presidente Chávez, no es posible negar la posición política que ocupa en su país.

La capital desde una moto, Diana Calderón radiografía la crisis venezolana internacional.elpais.com/internacional/…
— EL PAIS (@el_pais) January 10, 2013

Sin embargo, Chávez también se ha convertido en el presidente ausente. Su enfermedad se ha llegado a ser un obstáculo importante que le ha impedido ejercer de manera continua el cargo. La imagen de Chávez está en grabaciones de sus discursos –en la concentración en Caracas de esa forma estuvo presente al cantar el himno nacional de Venezuela–, aparece en figuras de goma que sus adherentes llevan y que acompañaron una parte de la campaña presidencial. Es el líder que está ahí pero a la vez habita en otro lugar. Nicolás Madura, el delfín del chavismo, no expele el carisma ni el liderazgo del convaleciente presidente que, supuestamente, es capaz de entregar instrucciones desde Cuba.

Se supone que este 10 de enero empezaba en Venezuela un nuevo periodo presidencial, en la que el presidente electo debía prestar juramento ante la Asamblea Nacional. Pero el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó, básicamente, que dada la continuidad administrativa del poder ejecutivo no era necesaria una nueva juramentación (como llaman los venezolanos a la toma de posesión del cargo). Sin embargo, no existe acuerdo entre los juristas respecto a la constitucionalidad de esta resolución.

Jefe de AN debe asumir si el Presidente electo no viene - Nacional y Política - EL UNIVERSAL bit.ly/XPs4r8vía @eluniversal
— P. A. Valenzuela (@pau_albert) January 10, 2013

'La reelección no implica continuación del período anterior', aseguran profesores de Derecho Público #Venezuela - ow.ly/gFKzj
— El Universal (@ElUniversal) January 9, 2013

Y es que el Tribunal Supremo de Justicia no responde a las características que debe tener un poder autónomo del Estado. Su composición es totalmente a favor del gobierno, al igual que la mayoría que el presidente tiene en la Asamblea Nacional. Cualquier mecanismo de pesos y contrapesos en el sistema institucional real de Venezuela hoy resulta una quimera.

Dada la forma en la que ha funcionado Venezuela los últimos años, el TSJ no es un poder autónomo. Es un brazo jurídico del PSUV #VP
— P. A. Valenzuela (@pau_albert) January 10, 2013

Capriles: Creo que es obvio que el TSJ decidió sobre un tema según lo que el partido de Gobierno necesitaba #10E
— El Universal (@ElUniversal) January 9, 2013

Capriles: Nuestra lucha es para que los poderes sean independientes#10E
— El Universal (@ElUniversal) January 9, 2013

De esa forma, la resolución del tribunal no es una sorpresa, pues dada su cercanía con el gobierno no iba a interpretar de otra forma el punto.

En todo caso, pareciera ser que donde sí existe cierto acuerdo es que Nicolás Maduro no se puede convertirse en un vicepresidente permanente y el tiempo que ocupe la primera magistratura en reemplazo de Chávez debe ser acotado. El vicepresidente, en Venezuela, es seleccionado por el presidente, a diferencia de lo que ocurre en Argentina o Brasil, donde compite de manera conjunta en las elecciones y los votantes deben elegir una fórmula.

Capriles: Maduro que mida muy bien los pasos que da, porque él no fue electo el 7 –O. Están allí por las circunstancias #10E
— El Universal (@ElUniversal) January 9, 2013

El mismo tribunal señaló, de manera un tanto ambigua, que el permiso que tiene el presidente para no presentarse a jurar su tercer periodo bajo la Constitución Bolivariana es hasta que la condición sobreviniente desaparezca, es decir, se convierta en falta absoluta de acuerdo a lo que señala la propia ley fundamental o bien el presidente regrese al país. Brasil fijó su postura al señalar que:

Para Brasil es constitucional una 'prórroga prudencial' en #Venezuela - ow.ly/gFKzE
— El Universal (@ElUniversal) January 9, 2013

La posición de Brasil no es menor. En tanto líder regional –o aspirante a– no puede aprobar que un país rompa el ordenamiento constitucional. Pero tampoco puede, abiertamente, confrontarse con su vecino recientemente incorporado al Mercosur. Lo llamativo es que para algunos la posición que adopta el TSJ puede llegar a ser tan amañada como la que adoptó el congreso paraguayo al destituir a Fernando Lugo, levantando una ola de voces respecto al supuesto golpe de Estado y activando los mecanismos de protección democrática de Mercosur y Unasur. Claramente, más allá de las causas jurídicas, en Venezuela no pasará lo mismo. El presidente electo es Chávez y eso es lo más preocupante, pues hasta ahora el gobierno está siendo ejercido por Nicolás Maduro. Algún tinte institucional se mantendría si la presidencia fuera asumida por el presidente de la Asamblea Nacional de manera interina, toda vez que él si posee la legitimidad democrática para ejercer un cargo de la naturaleza de la presidencia de la república.

Lo anterior pareciera revelar que dentro del PSUV sí existen conflictos y no sería raro que así fuera, pues el partido tiene una conformación tan heterogénea como la del Mesa de Unida Democrática. Decenas de grupúsculos que encontraron su punto de cohesión más poderoso en el discurso bolivariano del presidente Chávez, quien además actúa como mediador en tanto líder. Eso es clásico de los populismos. Cuando Ernesto Laclau –probablemente el más alto teórico del tema– habla del asunto releva la importancia de las cadenas de equivalencia que conforman los grupos y que les permite unirse a través del discurso del líder. Otros estudiosos del tema, como Kurt Weyland y Guy Hermet, hacen observaciones similares respecto del rol del líder, el cual además tiene poder sobre la masa a través de un discurso altamente carismático. De ahí que la ausencia del líder no pueda ser suplida fácilmente. A la muerte de Perón en Argentina no hubo un heredero de la presidencia hasta Menem, y después del colapso del sistema un discurso similar, con Néstor Kirchner, se alzó con el poder. Esa característica del populismo no es heredable y es extraño lo que ha ocurrido en el caso del matrimonio presidencial al frente de la nación argentina.

La ausencia de Chávez ciertamente que abre esos conflictos, pero además genera incertidumbre hacia el caribe y América Central. El presidente Chávez se ha convertido, a punta de petróleo barato, en un líder de importancia para la región. Le ha entregado cierta certidumbre energética a países que carecen totalmente de recursos y a la vez ha podido esparcir así el discurso bolivariano. De todas formas, a diferencia de lo que piensa Iván Moreira, Chávez está lejos de ser un factor desestabilizador en la región, pero tampoco es el líder más importante o quien ha puesto a América Latina en el mundo. Indiscutiblemente ese rol lo ha jugado Brasil.

Estamos ciertos en que el escenario es bastante complicado pues no sólo se trata de un aspecto jurídico. Es un error analizar la política exclusivamente respecto a lo que dice o no dice la Constitución. La ausencia del presidente tiene implicancias particulares a un nivel doméstico y en un nivel regional con énfasis en América Central y el Caribe. En América del Sur ese liderazgo parece más fuerte para el caso de Ecuador y Bolivia y menos en Argentina. Se debilita en el caso de Colombia, Perú o Chile. Sin embargo, el presidente ausente duele más para el caso de los venezolanos, pues más allá que el culto a la personalidad de escalofríos...

El culto a la peronalidad e idloatria a Chavez me da escalofrio. Y cuando presidentes de otros paises se suman a ese tono, peor.
— Monserrat Álvarez (@alvarez_monse) January 11, 2013

...es el presidente a quien los venezolanos han votado y, más allá de los análisis políticos, jurídicos o polítológicos, esa decisión democrática debe, por sobre todo, ser respetada en la medida que el presidente pueda ejercer el cargo para el que fue electo y la institucionalidad se mantenga en los límites del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

No basta con los frutos

2012-12-30T13:51:00.001-03:00

Soy un convencido que a los gobiernos no corresponde evaluarlos sólo por lo que hacen o por los resultados que son capaces de ofrecer. Eso puede quedar para el mundo privado en el que, efectivamente, quien tiene el control mayoritario de las acciones, los títulos o como quiera que se exprese la propiedad de la compañía, puede tomar decisiones basándose en criterios estrictamente económicos y sin que sea una condición sine que non aunar criterios y alcanzar subóptimos que trasciendan la esfera financiera.

Los gobiernos hay que evaluarlos también respecto a cómo llevan a cabo su tarea. Los gobiernos deben lograr un inestable equilibro entre la gobernabilidad y la representatividad. Por mucho que la ciudadanía pida alguna política pública, las ataduras del poder democrático hacen que no siempre se puedan llevar a cabo lo que todos piden, pues es imposible dejarlos a todos contentos. Como decía Anatole France, no existen los gobiernos populares, pues gobernar es crear descontentos.

Woodrow Wilson ilustra esta situación en una analogía magistral en su trabajo El estudio de la administración, de 1887: En el gobierno, como en la virtud, lo más difícil es lograr el progreso. Antes, la razón de ello era que el soberano único era egoísta, ignorante y tímido, o tonto, aunque de vez en cuando apareciera uno sabio. Hoy, la razón es que los muchos, el pueblo, que son el soberano, no tienen un solo oído al que nos podamos acercar y son egoístas, ignorantes, tímidos, obcecados o tontos; con el egoísmo, la ignorancia, la obcecación, la timidez y las tonterías de varios miles, aunque haya centeneras de sabios.

Con Sebastián Piñera el país ha crecido a tasas cercanas a las que tuvimos a mediados de los 90 –con el eventual peligro de un recalentamiento de la economía–, se han creado cientos de miles de empleos, se han impulsado una serie de políticas públicas y hay otras en cartera. El gobierno ciertamente no ha sido inoperante, ha hecho cosas. Pero no podemos juzgar al gobierno sólo y exclusivamente por lo que ha hecho. Al menos no si queremos situarnos como observadores críticos de la política que nos rodea y no sólo como electores ocasionales o predicadores de alguna causa política.

Todo lo que ha hecho el gobierno no quita que el presidente sea políticamente incompetente y que quienes le rodean tengan poco conocimiento de lo que significa estar en el poder. Varias veces el ministro Larroulet, de SEGPRES, ha dicho que la concertación se ha dedica sólo a obstruir, revelando así la concepción desnaturalizada que tiene el ministro respecto al rol que deben jugar los actores políticos en un sistema democrático. No son pocos los miembros de este gobierno que parecen concebir al congreso como un buzón en el que los proyectos pasan con mínimas revisiones y a los tribunales de justicia como un obstáculo.

El gobierno desde un principio careció de una estructura ad-hoc para resolver conflictos políticos entre los partidos y para canalizar de forma adecuada su relación con el congreso y con la oposición. Cada fuente potencial de conflicto se transformó en un doloroso parto para el gobierno y llegó a ser un mantra decir que el gobierno apagaba los incendios con bencina, pues extrañamente fueron incapaces de manejar las crisis, las que crecieron como bolas de nieve y terminaron por aplastar la popularidad del presidente. Un gobierno que no sabe comportarse políticamente hablando es un mal gobierno, aunque haga muchas cosas. Aunque claro, es mejor que un gobierno políticamente incompetente y además inoperante.

Extrañamente, el liderazgo de Michelle Bachelet durante su gobierno no fue muy diferente al de Sebastián Piñera. A diferencia de lo que ocurrió durante los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos, en los que el presidente se situó convenientemente por sobre los partidos políticos y en su rol de jefe del gobierno llegó a ser también el líder de la coalición gobernante. Con la presidente Bachelet no fue así. Ella, al igual como ha ocurrido con Piñera, no actúo por sobre los partidos, sino que entre ellos e incluso bajo los dictados de los presidentes de partido.

Pero entre Bachelet y Piñera hay una diferencia capital que tiene que ver con las estructuras institucionales que cada coalición provee. La concertación fue capaz de generar desde el primer gobierno, bajo el liderazgo de Edgardo Boeninger, instituciones informales que ayudaban a buscar consensos dentro de la coalición y acuerdos políticos más allá de ella. A lo largo de los años, la concertación fue perfeccionando este mecanismo de concertación política, el que probablemente llegó a su cúspide durante el gobierno del presidente Lagos y las reformas constitucionales de 2005.

Esas mismas instituciones hicieron que el gobierno de Bachelet, sin ser el que mejor liderazgo ha mostrado, funcionase bien dentro de la serie de conflictos que se fueron desatando en los primeros meses de su mandato. Dicho de otra forma, la concertación aprendió a ser gobierno y perfeccionó un mecanismo que le ayudó a tener gobiernos exitosos y en donde las crisis fueron bien manejadas. Incluso en los peores momentos del presidente Lagos, luego de los escándalos de los sobresueldos a principios de la década pasada, se apeló a esas formas de resolver conflictos.

Recuerdo cuando en el verano de 2010 se hablaba de la forma que adoptaría el gobierno para relacionarse con los partidos y para conformar el cuerpo de asesores: el segundo piso. En algún momento el presidente dijo que aspiraba a formar algo parecido a lo que hizo el presidente Patricio Aylwin y Edgardo Boeninger, pues se trataba de inaugurar el mandato de una nueva coalición ausente del poder por 20 años. Creo que ese fue el primer error de este gobierno en este campo. ¿Por qué querer armar una estructura parecida a aquella que siguió después de la dictadura? Los tiempos políticos eran diferentes. Ya en otros escritos señalé lo infructuoso que sería para el gobierno aspirar a actuar como lo hizo el presidente Aylwin, quien gobernó en un momento único en nuestra historia reciente. Piñera y la derecha fueron incapaces de leer el momento político en el que se encuentra Chile hoy.

Al gobierno le quedan 14 meses. No aprenderá a hacer lo que en los años anteriores hicieron mal. Por más que digamos que este gobierno tiene una lista interminable de logros –algunos ciertos, otros irresponsablemente inflados– su gestión política debe estar entre las más malas de los últimos años. Y por más que algunos ciegamente digan que eso no importa, sino que por sus frutos los conoceréis, no podemos ignorar que si efectivamente la actitud política del gobierno fuera tan irrelevante, las encuestas mostrarían otra cosa.

Morsi, el nuevo articulador en el cercano oriente

2012-11-22T10:01:00.001-03:00

Históricamente Egipto ha jugado un rol importante en su región. El país se constituye en una especie de puente entre el norte de África, lo que se denomina el Magreb, y los países de oriente próximo, donde el conflicto se ha hecho sentir desde hace décadas, pero con mucha más fuerza en los últimos días. Allí Egipto parece competir o al menos rivalizar con el liderazgo al que también aspiran Turquía e Irán, en cuyos líderes, Erdogan y Ahmadineyad tienen posicionamientos diferentes respecto del mundo.

Mientras Ankara mantiene su alianza con la OTAN, un lazo que la une indefectiblemente a los países occidentales, no se niega tampoco a mantener relaciones cordiales con Rusia, a pesar de la amenaza que ha llegado a representar el conflicto sirio, sobre el que Rusia ha estado pendiente y, ciertamente, dándole una mano al régimen de Al-Assad. Por otro lado, Tehran mantiene esa tensa relación con occidente y el líder del régimen islámico ha dicho varias ocasiones que Israel debe desaparecer y que se trata de una mancha nefasta.

Pero allí aparece Egipto y su nuevo líder Mohamed Morsi, que se convirtió en el articulador del acuerdo de cesa al fuego entre Israel y Hamás, poniendo fin a varios días de intercambio de misiles entre la franja de gaza y las ciudades israelíes, particularmente del sur del país. Si bien es cierto que los Estados Unidos no estuvieron ausentes en el proceso —como parece razonable de parte de la potencia global— su involucramiento fue más explícito una vez que las conversaciones entre Israel y Hamás llevadas a cabo en El Cairo ya se encontraban encaminadas. Fue el presidente Morsi uno de los primeros en reaccionar una vez desatado el conflicto llamando a la negociación y buscando articular una tregua entre las partes y, una vez alcanzado el cese al fuego este miércoles por la noche, recibió los agradecimientos de varios líderes por el rol que jugó encaminando el conflicto hacia una tregua.

Egipto tuvo un papel clave en el acuerdo entre #Hamas e #Israel. Clinton: "Egipto asumio un liderazgo responsable en la region"
— José Levy (@joselevycnn) November 21, 2012

Just spoke to Egypt's Foreign Minister to congratulate him on Egypt's role in #Gaza ceasefire and to promise UK support in days ahead
— William Hague (@WilliamJHague) November 21, 2012

#EU leaders greet declaration of #Israel #Gaza ceasefire, praise Egypt's role in mediation htz.li/RS5okn #Israelunderfire
— Haaretz.com (@haaretzcom) November 21, 2012

Egypt Leader and Obama Forge Link in Gaza Deal nyti.ms/10wYQeK
— The New York Times (@nytimes) November 22, 2012

De alguna forma la actuación de Egipto en este conflicto le permitió a Morsi consolidarse a nivel regional como un líder articulador y responsable y legitimarse a nivel global como un actor protagonista en la región. Así mismo, se consolidan las relaciones entre Egipto y los Estados Unidos, las que Obama había venido intentando cimentar desde que llegó a la Casa Blanca a principios de 2009, pero que terminaron sufriendo un paréntesis debido a las convulsiones internas de los países del norte de África que hicieron que, naturalmente, cada uno de ellos mirara hacia adentro. Mientras Libia busca reconstruirse y en Siria la guerra civil se mantiene, con Al-Assad con cada vez menos apoyos internacionales y un reconocimiento creciente a la coalición opositora al régimen y con Irán tensionando las relaciones con occidente e incluso avalando los ataques de Hamás, el líder aparentemente más estable de la zona vuelve a tomar un rol significativo en su proyección regional.

.@williamjhague: We are clear that terrorists must not be allowed to set the agenda. #Israel #Gaza
— Foreign Office (FCO) (@foreignoffice) November 21, 2012

.@williamjhague: This shocking violence further underlines the urgent need for an immediate de-escalation of violence and a full ceasefire.
— Foreign Office (FCO) (@foreignoffice) November 21, 2012

.@williamjhague: Urge all those involved to do everything they can to give maximum support to Egyptian-led efforts to allow them to succeed
— Foreign Office (FCO) (@foreignoffice) November 21, 2012

¿Qué se viene luego de este alto al fuego? ¿El esfuerzo de Egipto irá más bien a sostener el status quo en la región o bien buscará rearticular un nuevo proceso de paz en la zona, sustentable y de largo plazo? al parecer Egipto sí está dispuesto a jugar ese rol en la zona.

Posible cambio estrategico en el conflicto. #Israel y #Hamas dispuestos a negociar temas Gaza, con mediacion #Egipto
— José Levy (@joselevycnn) November 21, 2012

Egypt’s Morsi emerges as key player washingtonpost.com/world/egypts-m…
— Pablo A. Valenzuela (@pau_albert) November 22, 2012

En definitiva, puede que este cese al fuego sea sólo uno más de las tantas treguas que han habido en estos más de 60 años de conflicto y se termine rompiendo por acción de una de las partes... por un auto explotando en el centro de Tel Aviv o por una acción localizada de Israel en Gaza. Lo que sí parece más relevante, lo que parece muy relevante, además del hecho que con el cese al fuego muchas personas pueden volver a dormir tranquilas —si cabe, en una zona en conflicto permanente— es que el presidente de Egipto pasa a la cabeza entre los líderes regionales y podría empezar a jugar un rol internacional bastante significativo.

Colombia y Nicaragua a la luz del fallo de la CIJ

2012-11-20T19:56:00.000-03:00

Ayer se formó mucha expectación en Chile por el fallo que daría la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto al litigio entre Colombia y Nicaragua. Sin entrar en detalles, porque desconozco profundamente los pormenores del litigio entre Bogotá y Managua y asumo que la mayoría de los chilenos ni siquiera sabíamos que esa controversia existía y estaba siendo tratada por la CIJ.

Pero lo que sí se puede decir es que la Corte de La Haya suele ser bastante ecuánime en sus fallos. Evita darle toda la razón a solo una de las partes y, además, no existe más allá de la Corte algún organismo superior al que se pueda apelar. Me imagino que esa práctica de entregarle a algún monarca el rol de mediador hoy ya se usa menos. Y evidentemente aceptar el fallo, aunque no guste, es el costo de entregarla el rol de dirimente a una tercera parte y no resolverlo mediante el diálogo bilateral.

El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha señalado de forma explícita que el fallo debe ser rechazado. El tema es ¿ante quién se rechaza el fallo de una corte, que actúa como máxima y única instancia, y a la que ambas partes le han entregado la competencia para resolver?

Fallo debe rechazarse, las cortes internacionales no están instituidas para derrocar la soberanía de una nación: Colombia.
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 20, 2012

Fallo debe rechazarse, ningún país acepta un despojo, menos de 75 mil kilómetros cuadrados de mar
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 20, 2012

Fallo debe rechazarse por lesivo a la soberanía de Colombia, a los derechos de habts de San Andrés, a terceros países.
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 20, 2012

El argumento tradicional para señalar que el derecho internacional no es efectivo es la carencia de mecanismos que permitan hacer cumplir las normativas que emanen de los organismos internacionales. Desde esa premisa cobra sentido la concepción realista de un mundo anárquico, pero al mismo tiempo gana fuerza la idea que los Estados que le han dado legitimidad a los organismos internacionales no desoigan sus decisiones cuando han aceptado que éstas sean vinculantes. Luego, la comunidad internacional es la que termina dándole eficacia a esas instancias de derecho internacional que voluntariamente han creado para darle más certidumbre al sistema internacional. De lo contrario, reeditamos de forma completa el nunca desaparecido sistema de equilibrio de poderes... y nos armamos hasta los dientes.

El fallo negó la posesión de las islas para Nicaragua, se dice fundamentalmente que nunca los nicaragüenses nunca hicieron soberanía efectiva sobre las islas, por lo que el fallo ratifica la soberanía colombiana sobre todas las islas en disputa. Pero el mismo fallo cambió el límite marítimo entre los dos países, entregándole una parte significativa de territorio marítimo a Nicaragua.

La Corte al trazar la línea de delimitación marítima cometió errores graves que nos afectan negativamente.
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) November 20, 2012

No estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el tratado que ella misma había declarado válido y vigente.
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) November 20, 2012

Como Jefe de Estado lideraré la defensa de los intereses y derechos de los colombianos, y en especial de los habitantes del Archipiélago.
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) November 20, 2012

¿Cómo reaccionaremos en Chile si percibimos que el fallo de la CIJ no nos favorece? ¿Cuál es el alcance de la CIJ como instancia de solución de controversias entre Estados? ¿Cómo armonizar el derecho interno frente al derecho internacional? El presidente Santos señala que uno de los problemas es que los cambios de límites deben ser aprobados por reforma constitucional y, evidentemente, no existe una instancia internacional que obligue a Colombia a incorporar a su derecho doméstico. En ese mundo toda la arquitectura del derecho internacional se va al suelo y la capacidad de la Corte para resolver sin la voluntad de las partes involucradas, en este caso, los Estados que le dan legitimidad a la CIJ para resolver, se vuelve completamente ineficaz. La anarquía del sistema internacional parece no haber desaparecido del todo. Es la voluntad de los Estados y, en última parte, la de los líderes de esos Estados, los que terminan construyendo y dándole viva al tinglado internacional de instituciones.

La Alianza del Pacífico en su relación con el resto de América Latina

2012-11-04T15:56:00.000-03:00

Hace algunos meses, Andrés Oppenheimer publicó una columna en el diario La Nación de Buenos Aires, en la que señalaba la existencia de dos Latinoaméricas. Una comprometida con el libre mercado y la inserción global, conformada principalmente por Chile, Perú, Colombia, México y Panamá, con la mirada hacia el pacífico y el intento de inserción en bloques comerciales de largo alcance como punto común. Chile, Perú y México son miembros de APEC y Colombia ha iniciado desde ya hace algunos años ingentes esfuerzos por alcanzar acuerdos de libre comercio con varios países, entre ellos Chile y los Estados Unidos. Panamá ha sido llamada por la prensa “el Singapur de América Latina” por el potencial que tiene y pese a las sombras de una burbuja inmobiliaria (Laprensa.hn, 2011)

La otra, conformada por países que han puesto más resistencia a la inserción en bloques comerciales grandes y donde se ha beneficiado más la venta de materias primas. Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay formarían este bloque. Miran al atlántico y su mayor esfuerzo por integrarse comercialmente se ve reflejado en el Mercosur.

Para Edgar Vieria (Retrospectiva, 2011) esta conformación dual de América Latina tendría su reflejo formal en la recientemente constituida Alianza del Pacífico y el ALBA. La coincidencia no es completa con la opinión de Oppenheimer, pero sí es útil para reconocer las dos posturas que tienen los actores secundarios en América Latina. Es decir, Brasil queda fuera de la ecuación tanto por sus dimensiones como por las características de la inserción global a la que aspira. Allí el ALBA como bloque sí cobra sentido, en contraposición a los países que han empezado a mirar con mayor énfasis hacia el pacífico y a liberalizar crecientemente sus mercados.

En ese marco, nacen una serie de interrogantes, algunas más difíciles de responder que otras, que tienen a ver cómo se inserta este nuevo bloque en el amplio –quizás demasiado amplio– abanico de organizaciones latinoamericanas de integración. ¿Qué posición puede tener Brasil en esto? ¿Cómo se relacionará con el Mercosur? ¿Y con la Comunidad Andina? ¿Qué postura tienen los demás países latinoamericanos con costas al pacífico?

Comunidad Andina y Mercosur

En primer lugar, la gran diferencia con el otro gran bloque comercial de América Latina: El Mercosur, es que en conjunto el nuevo bloque exporta más del doble que el Mercosur, representando cerca de un 55% del comercio exterior de la región y, además, teniendo una inserción muy significativa a través de tratados bilaterales de libre comercio. Eso se contrapone con lo que recientemente han hecho Argentina y Brasil, aplicando ciertas medidas proteccionistas a su comercio exterior y enfrentando dificultades para insertarse en las redes de comercio global.

La Comunidad Andina, por otro lado, ha visto en las últimas décadas cómo sus integrantes y promotores más significativos: Chile y Venezuela, la han abandonado y, de acuerdo a Klaus Bodemer, ex director del GIGA Hamburgo, la integración de la Alianza del Pacífico por parte de Perú y Colombia viene a quebrar definitivamente una agónica CAN, que en la práctica ha dejado de existir (DW.de, 07/06) y que en su seno aloja a las dos visiones predominantes en el marco de los procesos políticos latinoamericanos: Ecuador y Bolivia, por el lado bolivariano, y Colombia y Perú, por una relación más amistosa con la globalización.

Es decir, si ponemos a la Alianza del Pacífico en perspectiva con los otros bloques de la región, nos encontramos con que viene a renovar las perspectivas de integración económica y comercial en América Latina, pero con nuevos aires, que ya no provienen de la promoción del comercio intrarregional, sino de mecanismos para insertarse de una forma más competitiva en un entorno global. La CAN y el Mercosur representan esfuerzos fracasados, fraccionados y agónicos, en tanto, la Alianza del Pacífico un nuevo camino que aspira a convertirse en un referente nuevo y que ya ha despertado el interés de otros países por integrarlo: Panamá y Costa Rica, quienes podrán ser miembros plenos del bloque –hoy son observadores– cuando terminen las negociaciones de los acuerdos comerciales que tienen pendientes con los países miembros.

Brasil en la costa pacífico

La Alianza del Pacífico viene a ser una confirmación fáctica de la importancia creciente del pacífico en las relaciones de poder a nivel global. Se suma a otras iniciativas que destacan esto, como la reciente estrategia de defensa de los Estados Unidos y la APEC, organización pionera en la integración económica de la cuenca pacífica. En ese marco, tener acceso al océano pacífico es una condición casi fundamental para llegar a ser un actor relevante en la política mundial. En esa línea, Brasil se convierte en el único BRIC sin acceso a la ribera del Pacífico y sus principales alternativas para llegar a él mediante convenios de infraestructura –fundamentalmente Chile y Perú– hoy pueden mejorar ostensiblemente su posición para negociar con Brasil este tipo de convenios.

No obstante lo anterior, se debe tomar en cuenta que dichos procesos están dados también en el marco de otros acuerdos internacionales, como el de UNASUR e incluso uno previo, la IIRSA (Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana) que nace el 2001 en Brasilia, y que promueve la construcción de carreteras transcontinentales, puertos, aeropuertos e infraestructura energética que facilite la integración. En consecuencia, no es eso lo que viene a ser más complejo para Brasil.

Lo que es más importante es que Brasil convive en América Latina con Estados con suficiente autonomía en el escenario internacional que, sin aspiraciones de hegemonía global, sí buscan insertarse en esos espacios, Chile probablemente el que más. Brasil, en ese marco, no viene a ser la gran potencia sudamericana que media en la relación del resto de los Estados con el resto del mundo. Tiene un liderazgo regional pero a nivel latinoamericano no es el único actor legitimado por el sistema internacional y eso lo ha obligado a articular alianzas en otras regiones, como el mismo BRIC y el IBSA.

La Alianza del Pacífico está constituida por potencias medianas regionales o secondary regional powers, definidas así pues las potencias regionales, en este caso, Brasil, requieren de su cooperación para alcanzar ciertos objetivos a nivel regional e incluso global (Nolte, 2006: 17). Así por ejemplo, Brasil requiere de Chile y Perú para alcanzar la cuenca del pacífico y de Colombia para generar mecanismos de cooperación en temas de seguridad regional e integración militar (Telesur, 02/05).

Con el caso de México la relación puede ser algo diferente. La distancia geográfica y los aparentemente irrompibles lazos entre México y los Estados Unidos, parecieran alejar al país azteca de América del Sur, pero la Alianza del Pacífico viene a mostrar que esto no sería tan así y que México sí tiene algún grado de interés en la región y en las posibilidades que le pueden brindar su relación con economías estables y con aspiraciones similares ¿Un desafío a Brasil? Difícilmente, pues México tiene una serie de problemas internos que le impiden sostenerse en el escenario global como una potencia de gran alcance. Pero sí es una señal para hacerse presente en Sudamérica y reiterar que en América Latina Brasil no monopoliza el poder.

Por tanto, la Alianza para el Pacífico, pese a las palabras de buena crianza de los presidentes, que han dicho que no es un bloque para desafiar a alguien, sí parece ser una instancia que busca contrapesar el rol de Brasil en la región, articulando a potencias medianas regionales en asuntos comerciales y financieros para mejorar su posición respecto de Brasilia y, más especialmente, respecto de las economías del sudeste asiático.

Ecuador y América Central

Dos elementos más dignos de mención son la posición que tienen otros países con costas en el pacífico sobre de esta alianza. Ellos serían Ecuador, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Panamá y Costa Rica ya han solicitado su ingreso a esta Alianza y los Estados Unidos han mencionado la posibilidad de una gran área de libre comercio entre todos los países ribereños del pacífico. Algo que, de concretarse, en el largo plazo terminará por superar a APEC.

En este punto es interesante notar dos elementos. El primero es la conciencia pacífico, es decir, que tanto acercamiento tienen los países con el bloque de la cuenca del océano pacífico, tanto en términos de comercio, como por la posición geopolítica que ocupan. El segundo tiene que ver con las visiones de desarrollo de los países y su aversión por estos mecanismos de apertura comercial e inserción global.

Para el caso de Ecuador ambas condiciones están presentes. La relación del país con la cuenca pacífica es escasa, su posición cordillerana lo pone de espaldas al océano y sus propios ciudadanos tienden a mirar mucho más hacia los Estados Unidos y a Europa por razones económicas o comerciales, que al Asia. Tendencia que, sin embargo, ha venido cambiando en los últimos años. El segundo elemento está presente desde el gobierno del presidente Correa, que ha instalado un programa con tendencia socialista bolivariana. La firma del acta constitutiva de la Alianza del Pacífico generó varias críticas a Rafael Correa, señalando que Ecuador se encuentra a la deriva en la generación de alianzas que tiendan a dinamizar la economía, salvo en su relación con China (Hoy.com.ec, 08/06). La presencia de Ecuador en UNASUR no responde a aspiraciones comerciales, pues en su génesis, UNASUR es un organismo de integración política y no comercial. El diario de Quito El Comercio fue mucho más duro, al señalar que la Cancillería ecuatoriana está mucho más interesada en defender tiranías de oriente medio que en mirar al futuro del país o, al menos, al presente (El Comercio, 10/06). A pesar de esta situación, en futuro cercano pareciera ser probable que más por necesidad que por motivaciones ideológicas, Ecuador tenga que empezar a mirar más de frente el océanos pacífico por las oportunidades que entrega.

Centroamérica es un caso variopinto. El Salvador, Honduras y Guatemala viven una escalada de violencia que acapara gran parte de las energías de los gobiernos, su relación con los Estados Unidos en términos comerciales y financieros es muy alta y solo recientemente ha aumentado tanto el comercio intrarregional como con China. Por otro lado, Nicaragua, adhiere a las líneas programáticas del ALBA, con lo que su posición es bastante parecida a la que sostiene Ecuador, en cuanto al rechazo de estas instancias que, de alguna forma, terminan consolidando las estructuras comerciales del mundo.

Como conclusión, la Alianza del Pacífico es muy nueva para evaluarla en términos globales, sin embargo, desde la perspectiva de quiénes la conforman y de los intereses de cada uno de esos Estados, no pareciera ser tan incorrecto señalar que de prosperar se empezará a convertir en una alternativa al ALBA y en versión aggiornadade la hoy fenecida ALCA, en la que más que miradas endógenas, exista la voluntad por posicionarse conjuntamente en el escenario global y mejorar la posición para negociar e incluso contrapesar el poder de algunas potencias emergentes, particularmente Brasil en América Latina; y China, India, Corea del Sur o Viet Nam, en la ribera oriental del océano pacífico, nuevo centro de las relaciones de poder a nivel global.

_________________________________

Entrada originalmente publicada en www.ballotage.cl

Mercosur y los ejes fundamentales de política exterior de Chile

2012-10-21T18:29:00.000-03:00

La política exterior de Chile en los últimos años ha tenido dos ejes bastante significativos en los últimos 20 años. Primero, la inserción económica y comercial del país de manera bilateral o en bloques de países con objetivos similares a los chilenos, esto es, la liberalización del comercio y la eliminación de las barreras arancelarias que dificulten la libre circulación de bienes. De ahí que el país se haya involucrado activamente en APEC, sea hoy parte de la naciente Alianza del Pacífico y tenga tratados de libre comercio o de complementación económica con numerosos países en todas las regiones del planeta.

El segundo eje, de carácter más político, dice relación con la promoción del multilateralismo y lo que la literatura ha llamado “diplomacia de cumbres”. Esto es una forma más flexible de generar encuentros entre los países, sin densas orgánicas institucionales, en las que se promueve el consenso entre los países miembros y se avanza en la medida que se vayan construyendo acuerdos de manera conjunta. De esta forma han aparecido innumerables encuentro: Cumbre de las América, cumbre iberoamericana, cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, cumbre América del sur-países árabes, entre varias otras en las que Chile ha tenido un rol importante como patrocinador, como organizador o como miembro activo del proceso.

Ambos ejes de acción en la arena internacional han estado marcados por una estrategia de regionalismo abierto. Chile no se ha circunscrito en su política exterior sólo a América Latina. Alberto Van Klaveren (1997) explica que la estrategia de regionalismo que Chile ha adoptado tiene las siguientes características: las distintas opciones de inserción regional no son mutuamente excluyentes, más bien tienden a superponerse y a complementar objetivos diversos de política exterior; cada proyecto de inserción tiene sus propias incertidumbre y limitaciones, por lo que cada uno debe tener una forma particular de atención; los acuerdos entre países deben quedar abiertos a la incorporación de nuevos miembros; y, finalmente, la profundización de los esquemas regionales de integración debe ser compatible con la liberalización comercial, evitando el surgimiento de nuevas barreras que dificulten la libre circulación de bienes y servicios.

En ese contexto, Mercosur es para Chile una fuente de contradicciones que genera conflictos en los objetivos de nuestra política exterior. El Mercosur planteó la generación de un arancel externo común en un momento en el que Chile llevaba varios años reduciendo –incluso de forma unilateral– el impuesto a las importaciones. Además de la coordinación de políticas económica, monetarias, cambiarias, entre otras. Todo, con el objetivo de construir una zona económica comunitaria.

Chile es un país que no ha estado dispuesto a subordinar su actuación en el sistema internacional a otros bloques de países o a relaciones bilaterales que puedan tener algún grado mayor de profundidad o interés. Ha quedado claro en los últimos años que uno de los activos más preciados del país a nivel internacional ha sido la preservación de la autonomía para actuar y tomar decisiones. Eso quedo claramente demostrado con la negativa de Chile a la guerra de Irak cuando en 2003 ocupaba un puesto no permanente en el consejo de seguridad de Naciones Unidas, a pesar que paralelamente se venía negociando el tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El uso de las cumbres como herramienta predilecta y la mirada, un poco más tímida, frente a organismos que aspiran a tener una densidad burocrática mayor son otros de los elementos que permiten inferir esta búsqueda de la autonomía. Chile pertenece a bloques de países con límites difusos en los que los costos del disenso son bajos y que además no le impiden actuar por iniciativa propia en otras dimensiones en la agenda global. Como consecuencia de esto, para Chile los espacios más cómodos los representan instancias como APEC o Alianza del Pacífico pues en sí mismas conjugan todos los lineamientos basales de la política exterior chilena.

Mercosur es más incómodo, aunque es cierto que el actuar como país asociado al bloque y no como miembro pleno permite hacer consistente el posicionamiento de Chile en términos comerciales en América del sur. No obstante lo anterior, es importante relevar la importancia del Mercosur para las relaciones económicas y políticas chilenas para con Sudamérica. Podemos convenir que Mercosur no representa de manera íntegra los valores comerciales y económicos que Chile busca promover en el sistema internacional, pero ignorarlo puede ser un gran error si Chile busca avanzar en el refinamiento de sus relaciones comerciales y la sofisticación de la industria exportadora nacional.

Fuente: Sistema de estadísticas CEPAL

Las estadísticas de la CEPAL muestran que desde 1995 –el acuerdo de complementación fue firmado con Mercosur en 1996– el comercio como los países del Mercosur ha crecido un 309%, siendo los principales motores de este crecimiento Brasil y la Argentina. En términos relativos, también Mercosur ha aumentado su peso en las exportaciones intrarregionales de Chile, como se ve en el gráfico 2.

Fuente: Sistema de estadísticas CEPAL

Es interesante notar la caída entre 1995 y 2002, pues este es el periodo de crisis económicas importantes en el continente, partiendo por lo que sucedió en México en 1994, la devaluación del real en Brasil en 1999 y las crisis argentinas y uruguayas de 2001 y 2002 respectivamente.

Fuente: Sistema de estadísticas CEPAL

El dato interesante que nos muestra el gráfico 3 es que, si tomamos como año base el 2002, la participación de las exportaciones al Mercosur respecto de las exportaciones al resto del mundo ha tendido a crecer levemente, pasando de un 5,7% a un 8,2%; en tanto que las exportaciones intrarregionales han decrecido en el mismo periodo, pasando de un 20,4% a un 17,1%.

Otro punto significativo es que Mercosur es un receptor importante de productos industriales chilenos. Después de la recuperación económica de la Argentina y Brasil a partir de 2002, las exportaciones de los productos manufacturas chilenos inician un proceso exponencial de crecimiento.

Fuente: Sistema de estadísticas CEPAL

Un informe elaborado por DIRECON en 2011 con motivo del décimo quinto aniversario de la firma del acuerdo entre Chile y el Mercosur señala que Mercosur es el primer destino de los productos manufacturados chilenos, por sobre los Estados Unidos y China, lo cual viene a mostrar la importancia de la relación con el Mercosur para que la economía chilena profundice la agregación de valor a los productos exportados, lo que ciertamente no se puede alcanzar en la relación con China y, en general, el sudeste asiático, debido a los diferenciales de competitividad que existen con esos países. La cercanía geográfica y las posibilidades de integración entre Chile y los países del Mercosur pueden ser ventajas que Chile debería explotar en la relación comercial con el Mercosur y, de manera más general, con América Latina, en una búsqueda por la complementación económica sin comprometer otros lineamientos comerciales de Chile.

No obstante, hay otros elementos que para Chile deben tener también importancia. La relación estratégica que se puede lograr en el seno del Mercosur con Brasil puede llegar a ser muy importante para la política exterior chilena, dado el peso estratégico que a nivel sudamericano tiene el país de Dilma Rousseff. Chile ya tiene instalado un discurso de libre comercio e inserción internacional sin exclusión regional, pero no sería posible explicar que teniendo a uno de los BRIC’s al lado, Chile no contemple en su política exterior algún eje particular con Brasil en términos de integración física, comercial y económica. Y es más, pues si bien es cierto que Chile participa activamente de UNASUR, en donde Brasil es también un actor relevante, pero dada la actuación de Chile en el sistema internacional parece poco conveniente que la relación con el país más importante de la región quede subsumida a un organismo regional.

Mercosur tiene potencialidades que van más allá de lo económico. En una columna publicada en Ballotage.cl revisé el punto para la Argentina. En el caso de Chile, sin ser miembro pleno, puede aprovechar la serie de ventajas económicas y comerciales que el bloque puede entregar, así como también aquellas estratégicas, lo que fundamentalmente viene dado por la relación con Argentina y Brasil en un proceso de inserción del cono sur en la cuenca del pacífico.

Finalmente, Chile ha adoptado en su política exterior una muy interesante forma de inserción internacional que ha resuelto de manera muy eficaz los posibles conflictos o inconsistencias entre los ejes de política definidos por los actores domésticos y las acciones que se llevan a cabo en la arena internacional. Así se han podido complementar diferentes acuerdos bilaterales o multilaterales y las participaciones diversas en mecanismos de integración que, formalmente, pueden tener objetivos distintos, pero que funcionalmente contribuyen a la concreción de los objetivos que tiene el gobierno chileno en la arena internacional. Luego, Chile podría convertirse en América Latina en un actor importante capaz de hacer confluir dos vertientes de inserción económica y política en la cada más importante cuenca del hacia pacífico, participando por un lado en la Alianza del Pacífico y APEC, pero actuando como puente con Mercosur y permitiendo la complementariedad de los dos bloques económicos dentro de América Latina y salvando así las dificultades que existen para que en algún momento UNASUR y Mercosur converjan.

Referencias

Van Klaveren, A. (1997). América Latina : hacia un regionalismo abierto. Estudios Internacionales, 62-78.

Inglaterra, 1348 - Company of Liars

2012-10-09T13:40:00.003-03:00

Un breve extracto del libro "Comitiva de embusteros" de Karen Maitland.

»— Le mate porque era un sacerdote, porque son los sacerdotes, los buleros y el resto de su misma calaña los que destruyen a la gente joven y hermosa, a los inocentes y los indefensos. Cristo nos enseñó lo que era la compasión. Nos mostró la misericordia de Dios, pero ello usan su nombre para atormentar a quienes deberían atender. Hacen que se avergüencen de la belleza. Hacen que desprecien su naturaleza y su propio cuerpo. Hay muchas personas crueles en el mundo, Camelot, que roban, asesinan y se aprovechan de los débiles, pero al menos son sinceros. No pretenden hacernos creer que sus fechorías son la voluntad del Señor. No llevan a los hombres hasta la desesperación y dicen que lo hacen por amor. Si torturan a alguien, lo hacen sólo en este mundo. No le condenan al infierno para que sufra tormento durante toda la eternidad. Eso sólo lo hacen los sacerdotes y los obispos.

La expresión en el rostro de Rodrigo era de furia.»

Reelección de congresistas y profesionalización del trabajo legislativo

2012-07-25T02:16:00.000-04:00

Las movilizaciones de los últimos meses han puesto en tela de juicio no sólo los pilares económicos del modelo de desarrollo chileno, sino que también vienen a ser útiles para cuestionar los cimientos políticos de una democracia que, a juicio de la ciudadanía y a la luz de las demandas esbozadas por los movimientos sociales, se ha vuelto incompleta para dar por finalizado un proceso de transición política que no termina de morir. A partir de esta premisa se ha profundizado un cuestionamiento a nuestras instituciones políticas que si bien no es nuevo, sí ha cobrado fuerza debido a la incapacidad que esas instituciones han demostrado en la tarea que les corresponde a la hora de solucionar los conflictos sociales.

Entre esas instituciones, el nudo gordiano pareciera ser la regulación electoral, partiendo por el sistema binominal y llegando a los incentivos que la reelección o la estructura de los partidos políticos generan para el adecuado funcionamiento de la democracia. Bajo esta lógica de querer cambiar completamente las instituciones políticas –esgrimiendo en algunos casos argumentos falaces que escapan a los aportes que ha hecho la literatura de Ciencia Política– un grupo de diputados ha presentado una moción para limitar la posibilidad de reelección de diputados y senadores aduciendo que con esta reforma se responde a las demandas ciudadanas que claman por mayor representatividad y renovación de liderazgos (cámara.cl, 19/08)

Creo que la moción de los diputados parte de un diagnóstico equivocado y desconoce los beneficios que entrega la posibilidad de reelección en los congresos. La idea que subyace a la propuesta es que dado que los diputados y senadores se pueden reelegir se eternizan en sus cargos y eso produce un envejecimiento progresivo de los liderazgos quebrando paulatinamente las relaciones entre el representante y sus representados dado que el diputado o senador se siente dueño de su cargo. Pero cabe preguntarse ¿existe efectivamente una relación causal entre reelección indefinida debilitamiento democrático e institucional? Creo que para este caso la respuesta más clara es que no y que por el contrario la posibilidad de reelección se convierte en un elemento de fortalecimiento a la actividad legislativa, no solo por el peso que tiene el congreso, donde los diputados y senadores pueden dedicarse a hacer una carrera política que si es positiva será recompensada con la reelección; además está el hecho que mientras más tiempo pasen los diputados y senadores haciendo uso de su escaño, más experiencia van ganando en el desempeño de sus funciones, agregando así crecientes cuotas de profesionalización a la actividad legislativa.

Además podríamos hacer un cuestionamiento normativo. ¿Es adecuado que una ley limite la posibilidad que tienen los electores para premiar o castigar a sus representantes de acuerdo a la calidad de su desempeño? Ante eso yo respondería que no, pues no solo se debilitaría al congreso sino que la decisión del elector sería subestimada ¿Por qué éste no podría premiar a un diputado o a un senador que lo haya hecho bien en su cargo? Por lo tanto, el problema debe ser buscado en otras dimensiones.

Con la reelección limitada de forma tan drástica como lo propone el proyecto de ley –una reelección consecutiva para diputados y ninguna para senadores– los congresistas carecerían de incentivos suficientes para tener un desempeño positivo con sus electores. Es más, pues ¿de qué valdría fortalecer la relación con el distrito si al final de cuentas el diputado o senador no podrá ser reelecto? Además, el proyecto no aclara si la reelección se limitaría de forma global, es decir, quien complete el periodo permitido debe salir del congreso, o bien sólo a nivel distrital, en donde el congresista podría seguir ocupando un escaño pero por una circunscripción o distrito diferente. Ambas alternativas son malas. Con la primera alternativa tendríamos periódicamente tasas de reemplazo elevadas en el congreso, probablemente entraría de forma intempestiva un gran contingente de nuevos diputados y senadores inexpertos en las tareas que les corresponden y de esa forma veríamos crecer la burocracia legislativa. El congreso dejaría de ser una opción para hacer carrera política, debilitándose el rol de sus integrantes, transformando sólo en una plataforma para optar a otros cargos.

Bajo la segunda alternativa se profundizaría el vicio actual de alejamiento entre electores y representantes, pues valdría más hacer carrera dentro del partido para ganar la designación de la candidatura en distritos diferentes y los diputados y senadores se irían rotando entre distritos y circunscripciones de las que no son originarios, profundizando un vicio muy criticado hoy en día y que salió a la luz pública de forma reciente con la designación de Carlos Larraín como senador en la región de los ríos.

Para un grupo de diputados puede aparecer incluso como un acto de inmolación el pedir que se limiten sus propias posibilidades de reelección, pero al largo plazo Chile podría caer en la misma dinámica de falta de profesionalización y debilitamiento progresivo de las legislaturas de la cual son víctimas varios países de América Latina que tienen altos índices de reemplazo en sus congresos. Hoy la profesionalización legislativa en Chile es un activo que no es totalmente valorado, principalmente porque existen otros elementos que han generado una brecha entre los electores y los diputados y senadores, la pregunta por lo tanto es ¿cómo mantenemos los aspectos positivos que tiene nuestro congreso y a la vez lo acercamos a los ciudadanos?

Dos cambios creo útiles para iniciar el debate: el primero es el criticado sistema binominal que hace que los partidos tengan un poder excesivo en la designación de las candidaturas, en ese contexto lo que diga el elector a la hora de sufragar no es más que una confirmación a lo que ha dicho el partido. Un cambio en el sistema electoral debería incluir la posibilidad de listas cerradas no bloqueadas, es decir, el partido o agrupación de partidos propone una serie de candidatos en un número mayor a los escaños que se reparten, y el elector puede ordenar los candidatos según la precedencia que él desee para la posterior repartición de escaños.

El segundo elemento debe tender a incentivar a que en la designación misma de los candidatos la decisión de los electores tenga algún peso, ya sea mediante primarias o a través de otros mecanismos que tengan el mismo objetivo. Con estos dos aspectos el elector tendría más incentivos a la participación y el diputado o senador no podría desentenderse de sus distritos y de sus electores pues es su decisión, en gran parte, la que define su candidatura y su eventual obtención de un escaño. Limitar la reelección va justamente en el camino contrario, si hay que sacar a un congresista por ineficaz ¿quién mejor para hacerlo que sus propios electores?

Quisiera terminar señalando que la discusión respecto a las reformas políticas se está dando de una forma parecida a otras discusiones atingentes a asuntos públicos, de una forma tradicional en la que los ciudadanos acatan las propuestas de políticos y de los partidos. No creo que eso sea malo cuando los mecanismos de representación funcionen adecuadamente, pero en Chile hoy eso no está ocurriendo. Es así como la forma ideal para intentar modificar la institucionalidad política chilena pasa por intentar construir un pacto social a nivel nacional que permita una deliberación pública respecto al tipo de democracia que queremos construir. Eso, necesariamente, pasa por modificar los preceptos de la Constitución y tender a que se puedan reconstruir los cimientos de una democracia representativa sólida que tienda a su consolidación y podamos dar por cerrado este episodio de transición.

_________________________________

Si te gustó la columna puedes visitar más escritos del autor en Ballotage.cl

Esta columna se publicó originalmente en Sentidos Comunes.

El demonio del binominal

2012-07-16T03:27:00.000-04:00

Pierre Simon Laplace fue un matemático francés que vivió entre 1749 y 1827. Su pensamiento estaba sustentado en el determinismo causal que señalaba que la visión actual del universo es producto del pasado y causa del futuro. Sus pensamientos encontraban sustento en las ideas newtonianas y postulaba que conociendo las leyes de Newton sería posible predecir el comportamiento de todos los cuerpos en el universo, desde los planetas hasta los seres humanos. Es el demonio de Laplace que busca conocer y predecir todo cuánto hay en el universo.

En Chile el sistema electoral se ha constituido en nuestro propio demonio. Es el efecto de la dictadura y la causa de la crisis de representatividad actual. En la mayoría de los temas de interés público suele hacerse algún tipo de relación causal con el binominal. Que sí el binominal no existiera la ley antidiscriminación sería mejor, el sueldo mínimo sería más alto, se habrían aprobado una serie de reformas durante los 90, la UDI no sería el partido más grande, entre muchas otras afirmaciones. Sin embargo, cualquiera de nosotros quisieras habitar en aquel universo paralelo donde Chile, sin binominal, es un paraíso terrenal. En realidad eso parece más de ciencia ficción.

El binominal tiene hartos males. El principal de ellos es probablemente la altísima barrera de entrada que pone para que actores nuevos se puedan hacer parte del sistema. La negociación con alguna de las coaliciones, como lo hizo el PC en la elección de 2009, es un camino. La escisión de incumbentes que levanten sus propias banderas es otro camino y de esa forma hemos visto a candidatos del PRI obtener escaños rompiendo el bicoalicionismo actual. Fuera de esas dos opciones, cualquier partido nuevo está casi perdido y eso ha incentivado a que, a diferencia con lo que ocurría en Chile antes de 1973, sean pocas las alternativas partidarias que buscan ofrecer a los electores propuestas distintas a las tradicionales. Simplemente porque es muy costoso hacerlo y eso ha generado una capa de organizaciones y proyectos políticos excluidos, particularmente en la izquierda. Pero a su vez ha dado lugar a un status quo consolidado en el que las reformas resultan cada vez más difíciles dado el nivel de acuerdo que existe entre los núcleos de las coaliciones políticas en Chile y las altas mayorías que varias de esas reformas requieren.

Se ha dicho además que el sistema binominal es desproporcional y sobre (o sub-representa) a algunos partidos. En una entrada anterior intenté poner esto en perspectiva, mostrando que el binominal tendería a premiar a los partidos más votados con muchos más escaños de los que por votación le corresponderían, pero con los demás partidos no pareciera tener un efecto tan concluyente. Actualmente el partido más beneficiado es la UDI, pero en algún momento fue la DC y RN. Cuando vemos la misma situación en perspectiva comparada, vemos que Chile tampoco es de los países más desproporcionales de América Latina. Un trabajo de Bunker y Navia (2010) muestra tres diferentes índices de desproporcionalidad para 18 países de la región entre 1993 y 2006. En el índice de Rae, Chile obtiene un 1,78. La cifra más baja la obtiene Uruguay, que tiene un único distrito nacional, con un 0,53. La más alta la obtiene México, un 6,44, donde 200 de 500 diputados son electos a través de un distrito único nacional. El resto es mediante distritos uninominales.

En el segundo índice, el de Loosemore y Hanby, Chile obtiene un 12,28 y el más bajo sigue siendo Uruguay con un 1,17 y el más alto resulta Ecuador con un 26,8. El tercer índice usado por los autores, el de Gallagher, muestra a Chile con un 6,82. Uruguay obtiene 1 y Argentina, que resulta con el guarismo más alto, obtiene 32,87. La teoría señala que existe una relación muy importante entre magnitud del distrito y proporcionalidad, es decir, mientras más escaños se repartan en un determinado distrito mayor es la proporcionalidad que alcanza el sistema. Eso se comprueba para el caso de Uruguay en los tres índices, no obstante, países con una magnitud de distrito mayor a la chilena (2) no necesariamente tienden a tener índices de desproporcionalidad más bajos.

Por lo tanto, cualquier reforma del sistema binominal debería tener como objetivo principal reducir la barrera de entrada para los partidos políticos y eso, indirectamente, podría tener un impacto en la proporcionalidad del sistema. En otras palabras, lo que debemos buscar tiene que ver más con flexibilizar las condiciones para que un partido pueda ser electoralmente viable, ya que con la normativa actual los partidos con mayores facilidades para hacerse de un escaño son aquellos que poseen una significativa penetración territorial, redes clientelares lo suficientemente desarrollados o nichos de votos duros suficientemente concentrados, como sucede con la UDI en las comunas de la zona oriente de Santiago. En otras palabras, partidos tradicionales. La renovación en ese marco no puede venir desde fuera del sistema, por más proyectos que existan.

Lo que parece menos probable es que las preferencias electorales cambien de manera violenta. Nunca lo han hecho, aunque cuando grandes reformas electorales se han llevado a cabo. Los cambios van siendo graduales y lo importante es la facilidad que haya para que partidos excluidos puedan alcanzar puestos de poder. Por ejemplo, a fines de los años 80 Venezuela realizó una serie de reformas que tendían a la descentralización del país, las cuales permitieron que surgieran partidos de carácter regional que más tarde actuaron como plataforma de nuevas propuestas políticas nacionales, como ocurrió con proyecto Carabobo que más tarde fue Proyecto Venezuela. En Chile esa reforma inclusiva debería la reforma al sistema electoral.

Sin embargo, existen otros elementos que en Chile no parecen estar asociados al sistema electoral y que también juegan un rol en la definición de los actores políticos relevantes del sistema. Luna (2008) destaca por ejemplo algunas prácticas clientelares que permiten que algunos partidos tengan importantes fuentes de votos en zonas vulnerables, la UDI es un ejemplo de esto y eso ha llevado a que sea el partido más grande del país en elecciones legislativas y el segundo partido más grande, después de RN, en las elecciones de concejales. Es decir, con un sistema electoral distinto, estas prácticas no tendrían por qué desaparecer, pues han estado presentes casi de manera constante desde que Chile empezó la institucionalización de su sistema de partidos en la década de 1870.

Además de lo anterior, existen una serie de elementos que tienen que ver con la democracia interna de los partidos políticos. La selección de los candidatos puede ser la más significativa entre ellas. Las condiciones actuales permiten que los partidos tengan un poder muy importante a la hora de definir a los candidatos y los electores, en muchos casos, sólo confirman lo que los partidos han dicho. Este punto pareciera tener su origen en que los distritos entregan sólo dos escaños y siempre es muy probable que resulte electo un candidato de cada coalición. Pero ocurre que ese problema se verifica también cuando la lista es cerrada y bloqueada, es decir, el elector debe optar por un bloque íntegro de candidatos propuestos por orden de precedencia en el partido. De esa forma, los partidos ponen a candidatos fuertes en los primeros lugares de la lista y a los más débiles al final. En Chile es posible ver el mismo efecto, pero mucho más sutil pues el elector vota por el candidato, no obstante, en la mayoría de los casos hay un candidato principal cuyo objetivo es obtener el escaño y uno secundario, que solamente está para sumar votos. Eso provoca que el escaño sea percibido como del partido y no de los electores. Para el candidato es importante estar en sintonía con los intereses del partido pues son sus líderes quienes pueden, a la hora de la elección, definir su su incumbencia.

Finalmente, la disponibilidad de recursos económicos para los partidos también contribuye con su viabilidad. En Chile los partidos con mayores recursos son capaces de generar campañas más rimbombantes, sino que además pueden estructurar equipos territoriales que les ayuden a mantener redes de electores, financiar prestaciones para sus votantes e incluso dar lugar a relaciones clientelares. Como señala Luna (2008: 106-107) lo importante al final del día en muchos distritos termina siendo la cantidad de cuentas de luz que un candidato puede pagar durante su campaña y no su desempeño en el congreso.

De esta forma y a modo de conclusión, una reforma inclusiva en Chile debería tener las siguientes dimensiones. Primero, un cambio al sistema electoral, es decir, al mecanismo que se usa para traducir votos en escaños, permitiendo que la barrera de entrada sea menor. Un segundo elemento deben ser los mecanismos de selección de candidatos y, en este punto serían buenas dos innovaciones, una sería una sistema de primarias organizados y financiados por el Estado, para cuando haya más de un miembro del partido aspirando a una candidatura; y, por otro lado, un sistema de voto de lista cerrada pero no bloqueada, es decir, el partido propone a un número determinado de candidatos, pero el orden de precedencia que tienen para ocupar los escaños los puede definir el elector. Eso genera mayores incentivos para que los candidatos se den a conocer con los electores sin debilitar demasiado el rol de los partidos políticos, y a su vez los votantes identifiquen a los candidatos, pues en distritos grandes la identificación de los candidatos y los representantes electos puede llegar a ser un problema para los ciudadanos.

Finalmenete, debe haber algún tipo de reforma tendiente a introducir algún sistema de financiamiento público a los partidos políticos, de modo tal que las capacidades que éstos tengan para realizar la actividad política no esté asociada con las posibilidades económicas de sus candidatos y militantes. Así también, es necesario mejorar el mecanismo de financiamiento de las campañas, transparentar el uso de los dineros y su procedencia, limitanto el rol que juegan consorcios privados en la financiación electoral.

En resumidas cuentas, es cierto que el sistema electoral en Chile tiene muchos males, pero en ningún caso se puede considerar como la causa prima de todos los problemas que hoy aquejan a la democracia chilena. No lo podemos tomar como el demonio explicativo de los fenómenos políticos en Chile. Los problemas de representatividad pueden tener alguna relación con el sistema electoral, pero, de forma más global, tienen que ver con una serie de formas excluyentes de hacer política.

Referencias

Bunker, K., & Navia, P. (2010). Explicando la despropocionalidad en América Latina. Magnitud de distrito, malapportionment y fragmentación partidaria. Revista española de ciencia política n.23, 81-110.

Luna, J. P. (2008). Partidos políticos y sociedad en Chile. Trayectoria histórica y mutaciones recientes. En A. Fontaine, C. Larroulet, J. Navarrete, & I. Walker, Reforma de los partidos políticos en Chile (págs. 75-124). Santiago de Chile: CEP; L&D, CIEPLAN.

__________________________________
Si te gustó esta entrada, puedes revisar más escritos del autor en Ballotage.cl

¿Qué le falta a la oposición venezolana?

2012-05-24T01:23:00.001-04:00

Ningún partido debería renunciar a ser gobierno. O al menos, a formar parte de una coalición que le permita acceder a ciertas posiciones de poder al interior de un gobierno. Ni siquiera los partidos más pequeños deberían desechar alguna oportunidad de formar una coalición y defender o impulsar ciertas políticas desde puestos ejecutivos. Cualquier partido que renuncie a eso dejaría de cumplir una función esencial de representación. No se trata que un partido se vaya a convertir en gobierno con el sólo hecho de aspirarlo, debe también buscar los mecanismos que le permitan convertirse en una alternativa de gobierno para los electores, congraciarse con ellos. Un partido podrá aspirar a ser gobierno pero si es incapaz de movilizar votantes sus esfuerzos serán vanos.

Algo así le pasa a la oposición en Venezuela.

Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda se convertirá en el tercer candidato de la oposición que desafía al presidente Hugo Chávez desde la vigencia de la Constitución de 1999. Ni Francisco Arias Cárdenas, en 2000, ni Manuel Rosales, en 2006, pudieron arrebatarle a Chávez su sueño bolivariano. La gran pregunta que surge ¿Irá a poder Capriles? ¿Qué elementos tiene la oposición a su favor? ¿Cuáles en contra?

Si hay algo que le ha faltado a la oposición en Venezuela desde el triunfo de Hugo Chávez en 1998 hasta hoy es capacidad para movilizar electores, a diferencia de Chávez, quien elección tras elección ha aumentado su caudal electoral en términos relativos y absolutos. Si en 1998 Hugo Chávez y Enrique Salas Römer sumaron 6.461.414 votos, en 2006 Hugo Chávez y Manuel Rosales alcanzaron 11.601.546 votos. Entre ambas elecciones hubo un total de 5.140.132 votos nuevo, un crecimiento de un 79,5%, de los cuales 3.635.395, un optaron por Hugo Chávez, mientras que sólo 1.504.737 se decantaron por los candidatos de la oposición. Es decir, el caudal electoral de Hugo Chávez creció en 8 años un 98,9%, mientras que el de la oposición creció un 53,9%.

Si agregamos a la serie la elección legislativa de 2010, tenemos que entre la coalición encabezada por el PSUV y la Mesa de Unidad Democrática, sumaron 10.743.688, un 7,4% menos de votantes que en la presidencial de 2006, sin embargo, la distribución fue mucho más pareja, pues la oposición obtuvo 5.320.364 votos, 1.130.858 votos más que en la presidencial de 2006, lo que significa un crecimiento de un 26,3%. En tanto, el oficialismo obtuvo 5.423.324 votos, lo que equivale a 1.885.756 votos menos que en 2006, lo que se traduce en un decrecimiento de un 25,8%. ¿Podríamos decir que todos quienes no votaron por Chávez votaron por la oposición? Claramente no, pues no disponemos de evidencia para ello. Lo que sí podemos decir es que el escenario político cambió y el punto de inflexión lo podemos situar en 2007, cuando el presidente Chávez sufrió la primera derrota electoral durante su mandato.

El año 2007 el intento de Chávez por aprobar una reforma constitucional que le permitiera reelegirse indefinidamente provocó una movilización que no se había visto hasta entonces. Si hasta el año 2005 quienes integraban la oposición tenían serios lazos con el stablishment puntofijista que se derrumbó durante los 90 y se codeaban con los gremios industriales y comerciales del país; a partir del año 2007 se empieza a producir una notable entrada de nuevos rostros y líderes a la oposición, fundamentalmente por la eclosión de movimientos estudiantiles que se organizaron y protestaron contra las aspiraciones reeleccionistas de Chávez —las que de todas formas se concretaron en un referéndum en 2009. Este hecho probablemente ha permitido renovar las bases electorales y programáticas de la oposición y ha deslegitimado las posturas más reaccionarios contra el gobierno que convivían aún hasta el 2005 con posiciones más moderadas que querían aceptar el arreglo institucional de Chávez e intentar derrotarlo mediantes las urnas y no con la violencia gremial o con asonadas militares. Aún está fresco en la memoria el golpe de febrero de 2002, que sacó al presidente del Palacio de Miraflores por dos días y que se convirtió en el hecho más simbólico de la polarización política en Venezuela. Y, de ese mismo año, la asonada de la Plaza Altamira, que también reclamó la renuncia del presidente y dio pie a una larga movilización que intentó presionar esa dimisión. En más de un discurso Hugo Chávez ha aludido a alguno de estos hechos, incluso de manera muy reciente.

Sin duda, lo anterior es algo a favor. Podríamos pensar que la gente está con Chávez porque no ve en la oposición una alternativa lo suficientemente nueva para gobernar. Se le sigue relacionando con el antiguo pacto de punto fijo. Y el presidente no escatima ningún esfuerzo por poner constantemente a la oposición como enemigo del pueblo y como aliados del imperialismo. Si mediante esta renovación la oposición empieza a ser percibida como una opción, las probabilidades de alcanzar la presidencia aumentan.

Pero en contra hay varias cosas más. La oposición ha sido sometida constantemente a procesos eleccionarios, que desgastan y que han obligado a los movimientos y partidos que la componen a estar permanentemente movilizados para motivar electores a votar, con resultados exiguos en la mayoría de los casos. Eso no deja tiempo para el desarrollo programático y para el ejercicio opositor adecuado. La lucha electoral termina siendo parte del devenir político. En 14 años, desde 1998, los venezolanos han ido a votar 20 veces.

En contra tienen también al Estado. Y es que hoy la figura del presidente se ha mimetizado con un Estado que, a su vez, está atravesado por el partido. Saber dónde termina el Estado venezolano y empieza el PSUV hoy es algo difícil. Eso ha permitido que el gobierno goce de una serie de recursos políticos y económicos para repartir entre sus adherentes, muchos de ellos con plena discrecionalidad presidencial. En consecuencia, posee también una gran facilidad para generar redes clientelares con los sectores más bajos del electorado, que son aquellos donde justamente la oposición no ha podido entrar.

Según el diario El Universal, Henrique Capriles, inscribirá su candidatura presidencial el 10 de junio. Tiene un camino empinado por delante, pero ciertamente tiene algunas cosas a su favor, de las que no gozaron los antiguos aventureros que emprendieron la senda del desafío a la hegemonía bolivariana. Su triunfo no está garantizado. Pero eso es lo de menos. Porque las cosas parecen indicar que, por primera vez desde que llegó al poder, el triunfo chavista tampoco es seguro.

________________

Si te gustó esta entrada, no olvides visitar más columnas del autor en Ballotage.cl

Primarias en Argentina: Medición de fuerzas sin definiciones claras

2011-08-12T20:37:00.000-04:00

Este domingo 14 de agosto por primera vez en la historia, Argentina vivirá un proceso de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos o pactos políticos que desean hacerse parte de las elecciones nacionales del 23 de octubre y donde deben concurrir a sufragar todos los ciudadanos mayores de 18 años. ¿Qué podemos esperar de este escenario electoral inédito en la historia política argentina?

Las elecciones primarias tienen varios efectos en la competencia electoral. Aumenta el rol de los electores en la competencia partidaria permitiendo que sean ellos los que definen las candidaturas que competirán y no los partidos, aunque tampoco les quita a éstos la responsabilidad original, propia de los partidos en democracia, de presentarle candidaturas a los votantes. Por otro lado, refuerza las estructuras partidarias y busca institucionalizar el sistema de partidos al permitir que sólo puedan competir en las elecciones nacionales aquellos candidatos que se han sometido a las primarias, que son intermediadas por un partido o una agrupación política.

También tiende a disminuir la fragmentación del sistema de partidos y a reducir las opciones disponibles en la elección nacional, pues pone un umbral mínimo de votación en las primarias para presentarse luego en las elecciones generales de octubre, en este caso, un 1,5%. Lo esencial, sin embargo, en todo proceso de primarias es que no son las cúpulas partidarias las que eligen a los candidatos, con lo cual no basta que éstos tenga que congraciarse con los líderes del partido o alinearse tras de ellos para alcanzar la posibilidad de competir a un cupo, sino que además deben acercarse a los votantes.

Con todo, las ideas anteriores se limitan a meras especulaciones a la luz del efecto de las elecciones primarias en otros países y queda ver qué sucederá el domingo. Revisemos un poco el escenario previo.

Para las elecciones presidenciales se presentan diez fórmulas: Cristina Fernández con Armando Budou, por el Frente para la Victoria; Raúl Alfonsín y Javier González por los radicales, y Eduardo Duhalde y Mario Das Neves, por la Unión Popular, son, a mi juicio, los tres principales competidores. Aunque Hermes Binner, que compite por los socialistas, tiene un nicho electoral potente en la provincia de Santa Fe y Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, compitió en las elecciones de 2007 y llegó a la segunda vuelta con la actual presidenta Fernández, con lo cual podrían dar alguna sorpresa. Sin embargo todas las candidaturas presidenciales están definidas y las elecciones primarias sólo permitirán tener un panorama más claro respecto a la fuerza política de cada uno de los candidatos o dejar algunas en el camino frente a la posibilidad que saquen menos del 1,5% de los votos que pide la ley. También se podrían generar que candidaturas que obtengan una votación muy baja, aunque superior al mínimo legal, busquen aliarse con candidatos más votados para obtener más posibilidades de alcanzar el poder y así reducir aún más el número de candidaturas.

Indirectamente la reducción de candidaturas perjudica la opción de Cristina Fernández de ganar en primera vuelta. Un hecho cierto desde hace un tiempo es el grado de confrontación política y polarización entre los principales actores del escenario político argentino, que viene a dificultar un traspaso de votos desde candidaturas opositoras a la candidatura oficialista. Lo más probable es que la reducción de las candidaturas termine beneficiando a Carrió, Duhalde o Alfonsín, permitiéndole agregar votos y acercarse a la, hasta ahora, más probable ganadora de la elección presidencial. De esta forma se podría forzar una segunda vuelta donde la oposición kirchenerista podría alinearse tras el candidato que compita con Cristina para intentar derrotar sus opciones de reelección. El sistema electoral argentino contempla que si un candidato obtiene más del 40% de los votos y aventaja por más de 10% al segundo, obtiene la presidencia sin necesidad de una segunda vuelta y con más del 45% de los votos el candidato se convierte en presidente(Art. 97º y 98º Constitución Nacional). De Perogrullo resulta decir que mientras más candidaturas opositoras existan más posibilidades tiene Cristina de aventajar por más de 10% a sus contendientes.

Otro factor relevante es el rol que jugará Mauricio Mancri y Gabriela Michetti del PRO, jefe de gobierno y diputada por la ciudad de Buenos Aires, respectivamente. Esto, pues la propuesta republicana no lleva candidato presidencial y tampoco ha llamado a votar por ningúno en particular, pese a los acercamientos que ha habido de parte de algunos candidatos presidenciales, particularmente Duhalde y Alfonsín, a la centro derecha macrista. En la campaña que ha iniciado el PRO por sus diputados nacionales llaman a “cortar boleta” dejando en libertad de acción a sus adherentes en la elección de los candidatos a presidente. Si tomamos en cuenta los resultados en la elección por la provincia y en la ciudad de Buenos Aires en 2009, donde el PRO alcanzó el primer lugar, y el Frente para la Victoria quedó en tercer y segundo lugar respectivamente, es poco factible que los votos se muevan hacia Cristina. Los mismos resultados de 2009 nos muestran que Carrió tiene mayores posibilidades de tomar votos del PRO en la provincia; y el Proyecto Sur, con escasas posibilidades nacionales, sí tendría alguna oportunidad en la ciudad, frente a la ausencia de un candidato presidencial de Macri.

Lo que ocurra en Buenos Aires no es menor, habida cuenta que es el distrito electoral más importante del país. Sin embargo, el PRO sigue sin tejer redes al interior de la Argentina en cuanto a diputados y senadores nacionales, aspecto que sí utiliza otros partidos como el Frente para la Victoria, la UCR y los justicialistas disidentes. A pesar de esto, en Santa Fe el candidato Miguel del Sel obtuvo el segundo lugar, siendo la primera vez que el PRO incursiona en provincias. (Ver: Ballotage)

Nos preguntamos si es posible que las primarias revelen alguna sorpresa. En cuanto a los candidatos a presidente es probable que la respuesta sea no, y lo único que permitan las elecciones del domingo sea entregar más certidumbre a los candidatos respecto a las verdaderas posibilidades electorales que tienen y cumplir uno de los objetivos de las primarias: reducir las candidaturas sólo a aquellas electoralmente más viables, so riesgo de disminuir las posibilidades de ganar en primera vuelta para Cristina Fernández.

Otro asunto es la situación de diputados y senadores nacionales. El sistema de partidos argentino tiene un nivel creciente de desnacionalización. Hay una gran cantidad de partidos que responden a los intereses locales de cada entidad federal y, en muchos casos, no se alinean ni buscan hacerlo con los partidos que tienen un mayor alcance nacional, esto, para defender la autonomía de las provincias frente al gobierno federal, al que le es más sencillo involucrarse en los asuntos subnacionales en la medida que tenga aliados políticos en las provincias, como gobernadores, diputados o senadores. Con esta situación, es difícil que la fragmentación del sistema de partidos argentino se reduzca gracias a las elecciones primarias, pues los partidos que mayor alcance nacional poseen: el peronismo y los radicales, difícilmente podrán cooptar, al menos en el corto plazo, partido provinciales.

En consecuencia, las primarias ayudarán a los candidatos presidenciales para evaluar la viabilidad de sus candidaturas y de los proyectos políticos que están presentando y hacerse un panorama de cómo quedará más o menos conformado el congreso nacional para un eventual periodo de gobierno. De esa forma, tendrán más certidumbre respecto a las alianzas que deberían buscar y a los partidos provinciales que deberían intentar conquistar para asegurarse gobernabilidad entre el 2011 y el 2015. No creo que las primarias nos den alguna sorpresa respecto a lo que sucederá en octubre, sino que sólo serán útiles para hacernos un mapa político más claro y certero de cara a las elecciones nacionales.

Sistema binominal: Argumentos para cambiarlo

2011-08-10T00:02:00.000-04:00

Uno de los elementos más criticados del sistema político chileno es el sistema electoral para diputados y senadores. Se le acusa de ser desproporcional, de excluir a las fuerzas políticas menores y de paralizar el sistema de partidos en dos coaliciones que acaparan casi la totalidad de los asientos en el congreso. Particularmente en esta columna revisaré algunos elementos con datos para la cámara de diputados, pues el Senado debería tener una lógica diferente de representación a nivel territorial y no al nivel del elector.

Lo primero que hay que señalar que la ciencia política reconoce dos tipos de sistemas electorales, aquellos de representación mayoritaria y los que son de representación proporcional. Los primeros se caracterizan porque su elección se realiza en distritos uninominales donde un solo candidato se queda con toda la representación y puede variar entre una mayoría absoluta y una mayoría relativa. Un ejemplo de esta situación es Inglaterra, donde en distritos uninominales el candidato que obtiene la mayoría relativa más alta alcanza el escaño, dejando sin representación al resto de los electores del distrito.

Esa es la principal diferencia entre los sistemas mayoritarios y proporcionales, pues en éstos últimos se busca que los votos de la minoría no se pierdan, teniendo una representación en la cámara. Con ello, los sistemas proporcionales se caracterizan por elegir diputados en distritos con dos o más escaños, buscando reflejar ojalá de una manera fiel la distribución de las preferencias electorales entre los partidos. Bajo esta definición el sistema chileno sería de representación proporcional, aunque debe reconocerse que el menos proporcional de todos por tener sólo dos escaños por distrito.

Sin embargo, Nohlen (1985) critica estas dos definiciones pues dependen del resultado electoral o de la magnitud del distrito. Inglaterra antes de 1948 no tenía un sistema electoral proporcional pese a que la circunscripción uninominal no estaba aún consolidada, como ocurre hoy, y en España y Portugal existen circunscripciones plurinominales en sistemas electorales mayoritarias que permiten la representación en minoría. En consecuencia, el autor propone la definición de los sistemas electorales de acuerdo a lo que aspiran. Los mayoritarios buscarían formar una mayoría clara fomentando la desproporción entre los votos y los escaños. Los proporcionales, en cambio, no buscarían la formación de mayorías sino la representación de las preferencias electorales en el congreso. Bajo esta definición el sistema chileno es un híbrido que busca la mayoría a través de los incentivos que genera para la formación de alianzas electorales estables, pero que a la vez busca representar a los partidos políticos evitando una fragmentación excesiva del sistema (Von Baer, 2009). Con todo, si usamos a los partidos políticos como unidad de análisis el sistema chileno es proporcional.

Otra definición para sistemas electorales la da Sartori (2010) quien señala que los sistemas electorales deberían evaluarse de acuerdo a sus resultados. El ejemplo puede ser el caso alemán que en su definición sería un sistema mixto con representación proporcional un distrito nacional y mayoritaria para distritos más pequeños, sin embargo, el resultado del sistema es completamente proporcional y por lo tanto así debería ser definido.

Al mismo tiempo, esto tiene sentido toda vez que en los sistemas políticos existe una serie de elementos que interactúa de forma sistémica generando inventivos para el comportamiento de los actores políticos. El sistema electoral tiene influencia importante, pero ésta no resulta tan decisiva como se pensaba, aunque sí es posible que posea un efecto manipulador en el comportamiento electoral de los votantes, quienes pueden cambiar su preferencia para “no perder el voto” optando por aquellos partidos con más posibilidad de ganar, hay otros elementos también importantes, como el apego de los partidos a determinados grupos sociales o la profundidad de las fisuras de la sociedad. La distribución territorial de los votantes de los partidos también es relevante.

Bajo esta definición –y usando siempre como unidad de análisis a los partidos– el sistema electoral chileno también resulta proporcional –aunque se nota más su carácter de "el menos proporcional– pues existe una brecha relativamente pequeña entre el número de votos y el número de escaños que obtienen los partidos, salvo en el caso de los partidos más grandes, que son beneficiados por el sistema, sin embargo, hay partidos pequeños que también logran representación, como el PRSD y el PRI quien con menos del 5% de los votos obtienen escaños.

El siguiente gráfico muestra los índices de desproporción de los votos. Cuando las líneas están por sobre el cero significa que los partidos han sido sobrerrepresentados obteniendo porcentualmente más escaños que votos y cuando está bajo el cero es porque han sido subrepresentados, obteniendo un porcentajes menor de escaños que de votos.

Se han usado sólo los partidos que han obtenido representación legislativa en la cámara de diputados de manera constante entre 1989 y 2009. No se incluyen los independientes dentro de pactos. El PS no presentó candidatos en la primera elección legislativa en 1989 pues el socialismo aún estaba dividido. Las facciones usaron al PPD y al PAIS como partidos instrumentales y también hubo candidatos socialistas electos como independientes dentro de la lista de la concertación. Fuente: http://www.elecciones.gob.cl

Lo primero que es posible ver es que no existe una proporcionalidad exacta y que la UDI, RN y la DC son los partidos que históricamente han sido sobrerrepresentados en la cámara de diputados. Pero al miso tiempo la DC y RN ha sido perjudicados, en 2005 y en 2009 respectivamente. El PPD fue beneficiado sólo en 2001. Las elecciones más proporcionales fueron las de 2001, cuando el promedio de la desproporción entre partidos llegó sólo a un 0,87% con una desviación estándar de 1,56%. La menos proporcional sería la elección de 1997 cuando el promedio de desproporción alcanzó un 1,28% con un 3,22% de desviación estándar. En 2009 el promedio de desproporción fue más bajo (un 0,89%) pero la desviación estándar alcanzó un 3,21% debido a la sobrerrepresentación de la UDI.

Las desventajas de la proporcionalidad pura

El sistema binominal, proporcional de acuerdo a la categorización de sistemas electorales, tiene índices desproporcionalidad relativamente altos para los partidos sobrerrepresentados. En 1997 la DC tuvo 8% más de escaños que de votos. La UDI en las últimas dos elecciones ha obtenido 5% y 7% de sobrerrepresentación. En la elección de 1989 la DC y RN obtenía más de un 5,5% más de escaños que los que le corresponderían por votación en un sistema proporcional puro. El resto de los partidos ha registrado históricamente índices bajos de desproporcionalidad, encontrándose los promedios históricos más altos en RN y la DC, con 2,71% y 2,64%, seguidos de la UDI, con 2,17%. La desviación estándar más alta la tiene la DC con un 4,45% y es esperable pues el partido pasó de estar sobrerrepresentado en las primeras elecciones a ser subrepresentado en 2005.

Sin embargo, hay que decir que un sistema electoral, al ser una pieza que interactúa con otras en el sistema político, puede tener efectos indeseables para la gobernabilidad. De esa forma, cuando tenemos representación proporcional hay que generar un equilibrio con la estabilidad para el gobierno. A partir de esta búsqueda de gobiernos estables y efectivos –sobre todo en regímenes presidenciales– es posible derivar dos conclusiones.

La primera es que la proporcionalidad pura, como ha sido argumentado por Sartori (2010) y estudiado por Lijphart (2000) genera un efecto multiplicador en el sistema de partidos, incentivando a que partidos menores entren a la cámara de diputados, aumentando así el número de partidos representados. Esto resulta negativo desde dos puntos de vista, el primero es que dificulta al gobierno obtener una mayoría que le permita desarrollar un gobierno efectivo y estable. En los presidencialismos esto resulta grave toda vez que un multipartidismo extremo y polarizado vuelve al presidencialismo inmóvil e inestable y el poder del presidente se ve opacado por su incapacidad de aprobar proyectos de ley. La inestabilidad de los gobiernos con un gran número de partidos se refleja en Italia o Israel y en los casos de la IV Repúbica Francesa o la Alemania de Weimar. En América Latina encontramos los casos de Perú o Brasil.

El segundo punto de vista tiene que ver con el control que puede realizar una oposición fragmentada a un presidente de minoría. En Argentina ocurre que el gobierno del FpV es minoría en la cámara de diputados, pero en la misma hay 16 fuerzas políticas representadas en un sistema de partidos desnacionalizado y con un sistema electoral altamente proporcional (Cox & Morgenstern, 2001)

De ahí que una ventaja del binominal es mantener un multipartidismo moderado pero con limitaciones suficientes para evitar la fragmentación excesiva, entregar mayorías suficientes al presidente de la República y evitar que las alianzas se rompan antes de terminar el mandato, entregándole al sistema una creciente estabilidad muy apreciada en el contexto latinoamericano.

La segunda conclusión, en contra del binominal, es que el sistema ha actuado como un agente determinante en la política de alianzas de los partidos, congelando dos coaliciones que no buscan cambiar debido a que la sobrevivencia electoral de los partidos está determinada por mantenerse cohesionados. El PRSD obtiene menos votos que el PC, pero aquel ha obtenido representación en todas las elecciones desde 1989, mientras que éste obtuvo diputados sólo en la última elección fruto de un acuerdo con la concertación. Esto ha generado una especie de camisa de fuerza sobre el sistema que impide que los partidos actúen de forma autónoma y se reconfiguren las alianzas. En política tiene poco sentido mantenerse unidos por tanto tiempo, pues las coaliciones en general buscan entregarle estabilidad al gobierno o sumar votos para alcanzar el poder y varían según cambien los intereses de los partidos. En Chile esos dos fines están sobrepasados por el de la sobrevivencia electoral.

Al mismo tiempo, la estabilidad ha alcanzado tal nivel que los cambios se hacen cada vez más difíciles. El gobierno es mayoría en la cámara de diputados aliado con el PRI –que no tiene presencia en el ejecutivo– pero en el Senado tiene minoría, la concertación tuvo durante varios periodos mayoría en la cámara, pero minoría en el Senado con los senadores designados derogados en 2005, y el periodo más favorable –el de Bachelet, con mayoría en ambas cámaras– revelo las fisuras internas de las coaliciones, particularmente de la concertación. Hoy existen poderes de veto, cruzados y numerosos que dificultan los cambios (Tsebelis, 2006): la cámara de diputados –con el PRI como actor especial– el senado –y la concertación de protagonista–, el presidente de la República, los partidos individualizados de la coalición de gobierno, la ciudadanía y los movimientos sociales. De alguna forma se ha configurado un escenario con un complejo equilibrio en el que el gobierno no puede gobernar sin buscar generar amplios acuerdos que satisfagan a todos pero que, en el peor de los casos, no cambien nada.

Entonces, en el corto plazo el sistema binominal generó estabilidad y atemperó las consecuencias de la proporcionalidad electoral, tan desventajosa para gobiernos efectivos y para coaliciones duraderas y eficaces. Pero en el largo plazo ha congelado en el sistema dotándolo de una estabilidad excesiva que es perjudicial para impulsar cambios estructurales. Y ese es el principal problema del sistema. No es tanto la proporcionalidad ni la exclusión, sino que es el hecho de forzar coaliciones que no deberían durar 20 años, pues los intereses van cambiando. Hoy la estabilidad se ha superpuesto a la gobernabilidad, anulándola.

Pero los cambios en el sistema deben intentar constituir un nuevo equilibrio que le permita al presidente efectivamente gobernar en un sistema que no se fragmente en demasía y además permitir que el efecto del voto sea notorio, esto significa, reducir el efecto manipulador del sistema que obliga a muchas personas a votar por ciertos partidos intracoaliciones pues saben que de votar por un partido fuera de la coalición perderían el voto.

Es así como los cambios tendrían que aumentar el número de escaños en los distritos más grandes, los cuales podrían variar entre 6 y 8 escaños. En los distritos medios repartir entre 4 y 6 escaños y dejar dos escaños para los distritos más pequeños, corrigiendo así otro vicio del sistema que tiene que ver con el peso del voto, pues distritos con alta población pesan lo mismo que distritos demográficamente pequeños. Las listas deberían ser abiertas, es decir, que el elector pueda elegir el orden en el que serán asignados los escaños a los integrantes de cada lista, evitando que la decisión deba pasar necesariamente por los partidos políticos.

¿Cambiando el sistema fuerzas políticas nuevas surgirán? Probablemente sí, pero lentamente, y es posible que las mayorías sigan siendo tomadas por las fuerzas tradicionales, al menos en las primeras elecciones. La mayor ventaja del cambio de sistema electoral es que ya no condicionará la obtención de escaños a la pertenencia a una de las coaliciones o a acuerdos por omisión entre las fuerzas políticas –restándole poder de decisión al elector– reconfigurando el mapa partidista de Chile y abriendo así la posibilidad a cambios mayores en la estructura política del país, hoy altamente deslegitimada.

Señalar que el sistema no es proporcional resulta falaz. El sistema funciona sobre una proporcionalidad impura –común en el mundo mediante variados mecanismos– que beneficia a los partidos más grandes. Sin embargo, hasta ahora la proporcionalidad se ha mantenido por acuerdos entre los partidos, lo que los ha alejado de la ciudadanía. Si fueran los partidos los que compitieran directamente y no a través de coaliciones el escenario sería completamente diferente y probablemente hoy tendríamos un bipartidismo fuerte con partidos menores con muy poco poder de veto. Y, con todo, si usáramos ese argumento tomando en cuenta los índices de desproporción de los partidos más grandes, estaríamos ignorando los problemas principales del binominal, su peso en la toma de decisiones de los partidos, la manipulación que se produce al elector por el voto estratégico, el congelamiento del sistema de partidos y el poco peso que a la larga tiene el votante en la decisión final de quién ocupa el escaño.

Es probable que hoy estemos en un escenario propicio para proponer cambios al sistema. La presión ciudadana sobre el gobierno es mayúscula y se hace fundamental dar la posibilidad para abrir el sistema político. Su cerrojo actual es el sistema binominal, hay que quitarlo, y ver si los electores deciden seguir beneficiando a las fuerzas políticas actuales o bien darles la espalda. Esa decisión se tendría que tomar en la urna.

Referencias

Cox, G., & Morgenstern, S. (2001). Legislaturas reactivas y presidentes proactivos en América Latina. Desarrollo económico , 373-393.

Lijphart, A. (2000). Modelos de democracia: formas de gobierno y resultados en 36 países. Barcelona: Ariel.

Nohlen, D. (1985). El análisis comparativo de los sistemas electorales, con especial consideración en el caso chileno. Estudios Públicos , 69-86.

Sartori, G. (2010). Ingeniería constitucional comparada. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Tsebelis, G. (2006). Jugadores con poder de veto. Cómo funcionan las instituciones políticas. Ciudad de México: Fondo de cultura económica.

Von Baer, E. (2009). Sistema binominal: Consensos y disensos. En A. Fontaine, C. Larroulet, N. Jorge, & I. Walker, Reforma al sistema electoral chileno (pp. 177-206). Santiago de Chile: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

La primavera de los pueblos y el derrumbe de lo público y lo político

2011-08-09T01:12:00.000-04:00

En los últimos meses el mundo se ha visto convulsionado por una serie de protestas y movimientos ciudadanos que tienen orígenes y contextos diferentes pero que es posible que, en su base, respondan al mismo descontento: La democracia y las formas de gobierno. España, Grecia, Islandia, el mundo árabe, Inglaterra, Chile y otros casos menos mediáticos pero casi igual de latentes han revelado un descontento con la forma de gobernar nuestras democracias y nuestras sociedades. Pero al mismo tiempo se incuba un riesgo latente en el que democracias deterioradas estructuradas en base a preceptos liberales pueden pasar a formas poco virtuosas de gobierno. La hipótesis que quisiera plantear es que las democracias occidentales se han transformado en oligarquías que gobiernan con un escaso apego al interés general pero al mismo tiempo las demandas ciudadanas, que pregonan por una apertura de la democracia, fraguan el peligro de la tiranía de la mayoría.

El contexto de la primavera de los pueblos

El concepto de primavera de los pueblos es recogido a partir de la denominación que la historia le ha dado a las revoluciones que en 1848 remecieron Europa y removieron las bases de la restauración absolutista que se intentó construir después del congreso de Viena, dando paso a una nueva etapa del desarrollo europeo, y culminando un proceso revolucionario que se inaugurara en el mundo con la revolución americana de 1776 y la revolución francesa en 1789 (Hobsbawm, 2003) El concepto resulta atingente para mirar el proceso actual de movimientos sociales que, si bien con un futuro incierto, creemos que en general tiene relación con la forma de ejercer los gobiernos y que bien puede dar origen a una nueva etapa de desarrollo, con un cambio profundo ya no sólo exclusivamente para pasar desde gobiernos autocráticos y dictatoriales –lo cual se podría relacionar con los procesos de democratización en el mundo– sino además para cambiar las condiciones de una democracia desgastada y con un alcance insuficiente.

Sin embargo ¿es cierto que resulta insuficiente? Desde un punto de vista procedimental muchas democracias en el mundo han alcanzado estándares adecuados para ser consideradas democracias consolidadas. Dahl (1997) indica que una democracia procedimental es aquella donde se dan tres condiciones básicas: que para optar por alternativas políticas se ponga en práctica algún procedimiento para recoger las preferencias individuales, que cada una de esas preferencias tenga el mismo valor y que se imponga aquella opción que obtenga más preferencias. Resulta natural este proceso que, sin embargo, en muchos lugares no es tan antiguo.

De la misma definición se desprende, como señala Griggs (2006) que los procesos eleccionarios cobran fundamental importancia, por tanto, habría tres momentos en toda sociedad democracia: el previo a la elección, donde todas las fuerzas políticas puedan tener acceso tanto a la competencia electoral como a la información de ésta; luego vendría el acto electoral en sí mismo –la fiesta de la democracia, como la definió un ex presidente de Chile– y finalmente el momento posterior a la elección, donde la mayoría resultante accede al poder y tener suficiente autoridad para hacer que sus disposiciones se cumplan y la minoría debe tener suficientes garantías para que no devenga la tiranía de la mayoría.

Si esas condiciones se cumplen incluso de forma creciente en muchos países con democracias jóvenes ¿Qué es lo malo? ¿Por qué pensar que existe un deterioro de esta forma de gobierno? Justamente porque la categorización de Dahl resulta reduccionista y se simplifica en extremo el involucramiento de la ciudadanía en los procesos políticos de los países. En las comunidades políticas donde existen sólo esas condiciones se incuba un malestar latente con la democracia por restar protagonismo al ciudadano, pieza central en las formas de gobierno desde donde se recogen los principios normativos que rigen nuestros regímenes: la democracia ateniense y la República romana.

De ahí que surjan una serie de movimientos que remecen los cimientos de gobiernos democráticos aparentemente consolidados pero que han ido tomando decisiones que han afectado directamente el interés del pueblo que eligió a los gobernantes. En esto quizás el caso más emblemático –pero quizás poco representativo por la magnitud del país– sea el de Islandia, donde el pueblo se movilizó frente a un gobierno que buscaba salvar las principales entidades financieras a costa de aumentar la deuda del Estado. El colapso económico se produjo de todas formas, los bancos no pudieron ser salvados de la quiebra por la negativa popular expresada en un referéndum y, como corolario, el gobierno se derrumbó.

Pero claramente no es el único país. España y los indignados en la puerta del sol que no sólo se manifiestan contra los recortes fiscales que se debe hacer el Estado –lo que sí podría ocurrir en Grecia– si no que también con una democracia a la que acusan de excluyente (El País, 2011). Chile está actualmente transitando en la misma senda de desapego a las formas tradicionales de representación buscando una mayor injerencia de los actores directamente afectado por las decisiones del gobierno en el proceso donde éstas se toman.

Y para cerrar un cuadro mayúsculo de cambio, la primavera árabe –tan profunda que tiene su propia denominación– que sigue un camino incierto en contra de regímenes tiránicos pero con un futuro brumoso que nos lleva a recordar a Santo Tomás de Aquino diciendo “de ahí que cuando en Siracusa todos deseaban la muerte de Dionisio, una anciana no dejaba de pedir que sobreviviese incólume. Al saberlo el tirano, le preguntó a qué obedecía su actitud y ella le contesto diciendo: Cuando yo era joven teníamos un tirano cruel, cuya muerte deseaba, muerto el cual le sucedió otro más duro, y también deseé vivamente el final de su dominio; luego empezamos a aguantarte a ti, más insoportable que los anteriores Por tanto, si tú eres removido, otro peor ocupará tu sitio (Widow, 1995, pág. 360).” Hoy no tenemos claro si a la caída de los líderes autocráticos del norte de África le sucederán otras formas de tiranía o bien formas incipientes de democracia.

Se trata, por lo tanto, de un movimiento contra el status quo democrático que se aleja del bien común o que busca iniciar caminos democratizadores. Lo cierto, en cualquier sentido, es que el germen del cambio está instalado en estas sociedades que hoy se encuentran en encrucijadas profundas que ofrecen alternativas diversas para avanzar en esta nueva etapa y que cuestionan las estructuras políticas actuales.

De la democracia como mejor forma de gobierno

Si nos preguntamos si la democracia es la mejor forma de gobierno, la respuesta más probable es que no lo sea, aunque tendríamos que parafrasear quizás a Winston Churchil, diciendo que lo es a excepción de todas las demás.

La democracia clava sus raíces en Atenas y Platón será el llamado a criticarla como forma de gobierno. En La República, nos dice Platón a menos que los filósofos reinen en los Estados o los que ahora son llamados reyes y gobernantes filosofen (…) y que coincidan en una misma persona el poder político y la filosofía (…) no habrá fin de los males de los Estados ni tampoco del género humano (Gómez-Lobo, 1993, pág. 395) El mismo Gómez-Lobo nos señala que la crítica de Platón a la democracia directa es que las decisiones no se toman desde un punto de vista racional y por ello no son necesariamente buenas para la comunidad.

Pero Aristóteles responde a Platón respecto a este punto e introducirá un elemento que sigue presente en varios pensadores posteriores. Se trata del régimen republicano siguiendo la tradición latina –la Res pública Romana– en el que todos tienen derecho al poder pero ninguno de forma absoluta (Bartlett, 1995). La politeia por tanto sería una forma de democracia limitada en la que se busca el bien de la comunidad en su conjunto pero donde al mismo tiempo todos tienen derecho al poder, a diferencia de la monarquía donde uno accede al poder o la aristocracia, donde acceden unos pocos, pese a que son regímenes virtuosos que buscan el bien de la comunidad. Aristóteles señala que La tiranía es efectivamente, una monarquía orientada hacia el interés del monarca, la oligarquía busca el de los ricos, y la democracia el interés de los pobres, pero ninguna de ellas el provecho de la comunidad. (Godoy, 1993, pág. 28)

Cicerón, asimismo, toma la categorización de Aristóteles. Dice Escipión que Al recuerdo de Ciro, rey que llamaría tolerable (…) sucede en mi mente el de Falaris, monstruo de crueldad, y comprendo que la dominación absoluta de uno solo corre por resbaladiza pendiente hacia la tiranía. Al lado del gobierno aristocrático de Marsella, nos presenta Atenas la facción de los treinta. Y por no citar otros ejemplos, entre los mismos atenienses la dominación del pueblo ofrece el triste espectáculo de una multitud desenfrenada, que comete los mayores excesos (Cicerón, 2007) La democracia, aquella directa ejercida por el pueblo, es considerada como un mal para la salud del Estado y para el interés general de la comunidad.

Santo Tomás de Aquino releva la importancia del argumento ciceroniano para engrandecer la República Romana, señalando que la mayor gloria de Roma se vivió justamente cuando el pueblo romano expulsó a los reyes e instituyeron cónsules y otros magistrados por quienes empezaron a gobernarse (Widow, 1995). Sin embargo, huelga señalar que para Santo Tomás el mejor régimen es la monarquía, pues el gobierno de los muchos es más propenso a convertirse en tiranía que el de uno solo. Pero indica también que tanto el gobierno de muchos, la democracia, como el de uno solo, la monarquía, están expuestas al riesgo de devenir tiranías, por cuanto es necesario temperar el poder del rey para reducir el peligro de que se convierta en tirano.

Quede pues dicho que en los antiguos pensadores el concepto de democracia –en el sentido del gobierno del pueblo– no se encuentra presente como una forma de gobierno virtuosa que procure el bienestar general. Por el contrario, se le considera perjudicial para el bien común, tanto como la tiranía y la oligarquía. La tradición democrática en el mundo por lo tanto es reciente y va de la mano con el surgimiento de ideas liberales durante el siglo de las luces y la declinación del poder absoluto del rey para dar paso a formas constitucionales de regulación del gobierno. Rousseau (Miranda, 1997) defiende la separación del gobierno, pues no es bueno que el que hace las leyes también las ejecute. Y al mismo tiempo indica que es necesario distinguir los deberes de los ciudadanos en calidad de súbditos y los derechos de los que gozan en tanto hombres. Cuando el Estado requiera algo del súbdito debe ser por el bien de la comunidad. De lo anterior desprendemos que cuando se limitan derechos fundamentales, como la libertad de reunión, deben ser únicamente en beneficio de la comunidad.

Llegamos a la conclusión con todo este razonamiento previo que el mejor régimen es aquel capaz de limitar el poder de quien lo ostente –el rey, el príncipe, el presidente– permitiendo la participación en el proceso político tanto a los ricos como a pobres sin que ninguno de ellos pueda hacerse del poder suficiente como para imponer a los otros su propia voluntad pasando por encima de la voluntad general y del bienestar de la comunidad. Tomado de esa forma, tenemos que la democracia vista desde el punto de vista procedimental es completamente insuficiente y que la existencia de leyes que busquen regular el uso del poder político tienen un alcance limitado para consolidar la república en la medida que no todos pueden hacerse parte del poder y que esas mismas leyes perpetúan élites políticas en los puestos estatales.

De la ruinas de la res pública deviene oligarquía

Hoy no basta un régimen republicano donde un presidente gobierne, un congreso legisle en representación de los ciudadanos y un sistema judicial administre las sanciones a los transgresores de la ley. Es fundamental mantener esas estructuras pero depurarlas para evitar que devengan en gobiernos corruptos. Hoy, a diferencia de la república romana, no hablamos de representantes de clases: El cónsul, el senado, los tribunos de la plebe. Hoy todos los representantes pertenecen a una misma élite social en la que la línea que separa los negocias privados de los asuntos públicos es extremadamente difusa.

Esta forma de gobierno donde todos tienen acceso al gobierno de forma justa pero nunca absoluta hoy no se cumple de manera cabal y es lo que ha llevado a la crisis de la democracia recta. Los mecanismos de acceso al poder hoy están desgastados y eso hace que actualmente sólo un grupo privilegiado, una élite social, actúe como supuesto representante del pueblo frente a la soberanía del Estado, provocando que miles de ciudadanos se vean excluidos de la toma de decisiones en la comunidad política. Es decir, se pierde la esencia del ciudadano que se hace parte de las deliberaciones de los asuntos públicos para transmutar en el ciudadano-elector que una vez que ha votado vuelve a sus asuntos privados olvidando que el mundo público es el de lo común, el que incumbe a todos, el que ha estado antes de nosotros y nos sobrevivirá después, según dice Hannah Arendt (Fernandois, 2006)

Esto nos lleva a decir que la democracia se ha estancado en el fortalecimiento de los procesos electorales. El buen gobierno ha decaído y hoy tenemos una oligarquía electa que no sabe diferenciar entre lo que es bueno para las élites y los que es bueno para la comunidad ¿Cómo se explica, sin este marco, que Islandia haya preferido salvar de la quiebra los bancos desfinanciando el Estado y reduciendo beneficios sociales para sus ciudadanos? ¿O que Estados Unidos gaste dinero tan desmedidamente que ponga en riesgo a todo el mundo? Es algo tan sencillo como decir que las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan.

Pero la responsabilidad es compartida. El decaimiento de la república y el debilitamiento de la democracia no se producen exclusivamente por el alzamiento de una élite perversa y oportunista que ocupa los mecanismos democráticos para proteger sus intereses y olvidar los de la comunidad. Hay también un silencio ante lo público, una indiferencia hacia la política y un rechazo hacia quienes buscan ejercerla. De ahí que se equiparen como derechos fundamentales aquel que permite a las personas manifestarse respecto a los asuntos políticos usando los espacios públicos y el libre tránsito de personas que están dedicadas a sus asuntos privados.

Ya dijimos que Rousseau (Miranda, 1997) señala que a las personas, en tanto hombres integrantes de una sociedad, se les pude limitar derechos sólo cuando sea necesario por el bien de la comunidad y, en vista que las manifestaciones relacionadas con los asuntos públicos son beneficiosas para la comunidad política, es razonable que aquellos derechos orientados a los asuntos privados puedan verse efectivamente limitados. Hoy, sin embargo, pareciera que la prioridad se ha invertido y el uso de los espacios públicos para ejercer un acto político milenario, como la manifestación y la deliberación respecto a asuntos públicos, se ve limitada por la preeminencia de aquello que no es común, en definitiva, de lo privado.

Se ha producido una indiferencia tan potente con los temas públicos y con la política que hoy en muchos casos es lo privado lo que irrumpe en la esfera pública. Asuntos que no son comunes ni afectan el devenir de una sociedad son tratados en ventanas públicas como la televisión y la prensa. Baumann (2001) indica justamente que hemos perdido esos espacios de deliberación pública donde puedan identificarse los problemas públicos –aquellos que no pueden ser solucionados de forma individual– y han sido reemplazados por foros para publicar lo privado. Nos faltan ágoras, denuncia el sociólogo polaco.

Frente a esta situación se ha producido un importante levantamiento de la ciudadanía en la búsqueda de revertir decisiones gubernamentales que perjudican profundamente a las comunidades políticas. Cambios bruscos que ponen en riesgo la estabilidad de los gobiernos y la fortaleza del tejido social. Sin embargo, creemos que en esas demandas se ocultan peligros que socavarían aún más la calidad del gobierno pues no sólo no mejorarían el acceso de todos al poder de forma justa y no absoluta –la manera que hemos entendido el buen régimen– sino dañarían instituciones republicanas que si bien hoy están deslegitimadas sí existen y aplicando cambios adecuados pueden usarse de acuerdo al espíritu con el que fueron concebidas: permitir el acceso de todos al poder, pero de ninguno de manera absoluta. La voluntad general siempre se puede ver atropellada por voluntades particulares.

Referencias

Bartlett, R. (1995). La ciencia aristotélica del mejor régimen. Estudios Públicos , 35-64.

Bauman, Z. (2001). En busca de la política. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Cicerón, M. T. (2007). Tratado de la República. México DF: Editorial Porrúa.

Dahl, R. (1997). Poliarquía: participación y oposición. Madrid: Tecnos.

El País. (2011, mayo 15). La manifestación de 'indignados' reúne a varios miles de personas en toda España. Retrieved agosto 06, 2011, from El País: http://www.elpais.com/articulo/espana/manifestacion/indignados/reune/varios/miles/personas/toda/Espana/elpepuesp/20110515elpepunac_12/Tes

Fernandois, J. (2006). Una pensadora para nuestro tiempo: El centenario de Hannah Arendt. Estudios Públicos , 211-471.

Godoy, O. (1993). Antologia de la política de Aristóteles. Estudios Públicos , 1-61.

Gómez-Lobo, A. (1993). Escritos políticos de Platón. Estudios Públicos , 337-411.

Griggs, T. (2006). Democracia contemporánea. Modelos procedimental de Dahl y la crítica normativa de Habermas. Santiago de Chile: Documento de apoyo docente-Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Hobsbawm, E. (2003). La era de la revolución: 1789-1848. Barcelona: Crítica.

Miranda, C. (1997). Antología política de Rousseau. Estudios públicos , 321-377.

Widow, J. A. (1995). Escritos políticos de Santo Tomás de Aquino. Estudios Públicos , 345-408.

Sistemas electorales y decisiones de los partidos políticos

2011-08-02T21:09:00.000-04:00

Los sistemas electorales tienen un efecto significativo en el ordenamiento político e institucional de los países. Sin embargo, si seguimos a Sartori en Ingeniería Constitucional Comparada, el efecto es más complejo al señalado por Duverger en sus leyes electorales, pues los sistemas electorales funcionan en una red institucional más compleja que tiene efectos sistémicos en la conformación del sistema político.

A grosso modo las leyes de Duverger señalan una interacción entre la forma del sistema de partidos y el sistema electoral. Si el sistema electoral es mayoritario es altamente probablemente que forme un sistema bipartidista, en cambio, con un sistema electoral proporcional es más probable que se forme un multipartidismo, pues más partidos podrán ingresar al parlamento.

La crítica de Sartori a este esquema se centra en que resulta en extremo determinista indicar que el sistema electoral causa tales efectos en la estructuración del sistema de partidos, pues habría otros elementos que contribuyen a su formación. Latamente Sartori busca explicar, en primer término, a qué se le puede llamar un sistema de partidos estructurado para a partir de ello inferir los factores que le dan origen. Creo que es dable destacar que los sistemas de partidos estructurados pueden surgir solo cuando los partidos de masas desplazan y reemplazan a los partidos de notables propios del siglo XIX.

De lo anterior se deriva que las leyes de Duverger solo pueden ser aplicadas en contextos de sistemas de partidos estructurados, allí por tanto hay que buscar si se cumplen o no los efectos reductores o multiplicadores que los sistemas mayoritarios y proporcionales sugeridos a partir de las leyes de Duverger.

Si definimos un sistema bipartidista solamente con los criterios de coalición y chantaje –la definición de partido relevante– nos encontramos con una serie de países con sistemas bipartidistas en los que, sin embargo, hay terceros partidos con un importante caudal electoral. Sin embargo, sin tener en cuenta esos criterios de relevancia en la cámara política, solamente Estados Unidos se podría considerar un país con un sistema bipartidista puro donde la presencia de terceros partidos electoralmente significativos es escasa o nula. Reino Unido tiene presencia fuerte de los liberales-demócratas, hoy en el gobierno de coalición con los conservadores, Canadá tiene un tercero e incluso un cuarto partido con alta votación, lo cual lleva a que se formen gobiernos de minoría. Australia posee un partido que en realidad es una mezcla de dos partidos. Lo importante de todo esto es que si bien los partidos obtienen votos, casi nunca logran elegir candidatos y, de hacerlo, el número de escaños obtenidos no alcanza a ser suficiente para tener un impacto efectivo en la política de alianzas de los otros partidos o en la modificación de la agenda gubernativa del partido gobernante.

Por lo tanto habría que refinar las definiciones de bipartidismo para depurar el análisis. Entonces los bipartidismo estarían definidos por la existencia de dos partidos importantes que son capaces de gobernar solos independiente de terceros partidos. Eso diferenciaría lo que ocurre en Australia con lo que sucede en Alemania, donde el partido mayoritario (la CDU) debe hacer coalición son la SPD o con los verdes, como sucede actualmente. Una idea adicional es que incluso se puede dar un sistema bipartidista con gobierno de minoría, como lo que sucede en Canadá.

Esta definición, más amplia que la tradicional idea de dos partidos que se alternan en el poder, sin tomar en cuenta en ella la existencia de otros partidos con votación altas pero con representaciones parlamentarias irrelevantes. Ahora bien, bajo este esquema, habría que incluir también países que con un sistema electoral proporcional poseen un bipartidismo. Con ello, las leyes de Duverger pierden alcance para explicar los efectos reductores o multiplicadores de los sistemas electorales.

Sartori deriva cuatro enunciados. El primero de ellos señala que un sistema electoral mayoritario no puede por sí mismo estructura un bipartidismo pero que sí puede ayudar a mantenerlo cuando ya existe. La segunda regla es que en el largo plazo un sistema mayoritario puede producir un bipartidismo siempre que se cumplan dos condiciones: que el sistema de partido esté estructurado y que la proporción de votantes no sometidos al bipartidismo no se encuentre dispersa. La tercera regla indica que es imposible que exista un bipartidismo bajo cualquier sistema electoral siempre que un tercer partido represente a las minorías en una proporción mayor a la pluralidad. Esto se puede dar cuando existan minorías lingüísticas, étnicas, religiosas o de otro tipo. La cuarta regla indica que la representación proporcional tendrá un efecto reductor en la medida que imponga barreras de entrado o premios, diluyendo a partidos pequeños o que tiene al electorado muy disperso en distritos pequeños.

A la luz de este razonamiento, se proponen cuatro posible combinaciones que sirven para comprender desde un punto de vista más complejo los efectos del sistema electoral. La primera combinación destaca los efectos reductores que tiene el sistema electoral sobre el sistema de partidos. Esto tiene que ver no únicamente con la representación mayoritaria, pues como se señaló previamente, es posible que un sistema proporcional tenga efectos reductores bajo ciertas circunstancias. O bien, extendiendo el argumento de Sartorio, un sistema con características mayoritarias podría promover el funcionamiento de una mecánica bipartidista aún en un contexto multipartidista, como lo ocurre en Chile, con una competencia centrípeta de coaliciones plurales.

La segunda combinación posible tiene que ver con que, aunque exista una representación proporcional, un sistema de partidos fuertemente estructura limitará la actuación de los electores. ¿Podrían en Chile surgir nuevos partidos si el sistema electoral fuera más proporcional –pues en estricto rigor el sistema binominal es propocional– o se mantendría el escenario actual? ¿O los partidos seguirían bajo un path dependency tomando las mismas decisiones que han llevado hasta el actual escenario?

La tercera combinación señala que cuando existe un sistema electoral fuerte y un sistema de partidos poco estructurado, el efecto limitante se verá únicamente a nivel distrital y no tendrá consecuencias a nivel nacional. Según Sartori, está combinación puede explicar el fracaso de sistemas mayoritarios en contextos de sistemas de partidos poco estructurados para reducir la fragmentación del sistema, pues la presencia de partidos distritales es fuerte.

Finalmente, con sistemas electorales y sistemas de partidos débiles, el efecto que habrá será nulo respecto al proceso político. Es decir, mientras más pura se la representación proporcional –con un distrito único nacional, por ejemplo– y menos barreras existan para la representación –sin umbrales mínimos de votación– el efecto que tendrá el sistema electoral o el sistema de partidos sobre los resultados será cada vez menor.

En resumidas cuentas, podríamos señalar respecto de los efectos de los sistemas electorales en la conformación del sistema político, son condicionados también por otros elementos propios de la evolución sociopolítica de cada uno de los países y, por lo tanto, es posible explicar de esa forma las transgresiones a las leyes de Duverger en cuanto al número de partidos político que formen el sistema. Existen variables como la polarización del sistema, la existencia de divisiones sociales cruzadas entre sí –las que según Lipjhart dan origen a sociedades plurales– como condicionantes étnicas, lingüísticas, religiosas o regionales. Asimismo, la fortaleza e institucionalización de los sistemas de partidos puede tener efectos limitantes sobre las decisiones de los electores, aún bajos formas proporcionales de elección, con lo cual el impacto del sistema electoral no necesariamente será unidireccional en cuanto a la conformación del sistema de partidos o a las preferencias de los votantes.

Finalmente, creo que es adecuado enfatizar que los sistemas electorales sí tienen efectos importantes sobre el proceso político y no deberían ser tratados como variables constantes de éste cuyo impacto es nulo frente a otros aspectos. Muchas decisiones de los partidos políticos, desde un punto de vista de elección racional, pueden estar condicionadas a la sobrevivencia electoral, por ejemplo, la política de alianzas de los partidos puede tender a ello. Sin embargo, no se puede dejar de lado el hecho que el sistema electoral es parte de un entramado institucional formal y no formal que también actúa como determinante de las decisiones de electores y partidos. Así por ejemplo, un sistema distinto al binominal ¿habría producido los mismos efectos en la política de alianzas de los partidos chilenos durante los primeros diez años de democracia? So riesgo de parecer simplista, da la impresión que sí, toda vez que el plebiscito de 1988 dividió al país y ese pseudoclivaje se mantuvo al menos hasta la elección presidencial de 1999. Con todo esto, quiero señalar que no existe un determinismo ni una unidireccionalidad en la conformación de los sistemas y los procesos políticos, que en parte importante obedecen a elementos nacionales poco susceptibles de ser generalizados.

La indignación es con la democracia

2011-06-29T20:34:00.001-04:00

Durante 21 años de democracia en Chile han gobernado casi las mismas personas bajo las mismas instituciones construidas durante la dictadura, políticamente validadas en democracia y perpetuadas en un documento constitucional que aunque sin la firma del dictador –a partir de 2005 la Constitución lleva la firma de Ricardo Lagos– sigue teniendo los mismo vicios de aquella que vio nacer la democracia en el marco de acuerdos y consensos de la clase política, sin mucho diálogo ciudadano ni participación social. Mantener la democracia era el objetivo más importante y para eso se podían transar otras cosas que arbitrariamente fueron consideradas menos relevantes.

Es probable que la ciudadanía haya considerado lo mismo frente a la importante experiencia que significó la transición pactada en Chile, valorando lo que se había logrado y no tanto lo que hubo que sacrificar. O bien que las luces del crecimiento económico de los años 90 –ese que nos hizo autodenominarnos “los jaguares” de América– que alimentó una idea no muy bien concebida respecto al milagro económico chileno, con cifras macroeconómicas que nos hacían brillar pero dejaban a su paso una sociedad atomizada, con muy bajos niveles de cohesión social en ciudades altamente segregadas, incubando dentro de sí profundos resentimientos, agudizando las contradicciones del neoliberalismo y excluyendo social, política y económicamente a grandes grupos.

Y es que Chile ya dejó de deslumbrarse con el crecimiento económico sobre el 6%, con las bajas cifras de inflación o la disminución del desempleo. Después de 21 años los chilenos nos hemos dado cuenta que hay que dar un salto sustancial en la calidad de la política y de la democracia. Las cifras económicas que hacen de Chile un ejemplo –muy cuestionable– y que nos han llevado a la OCDE pierden total validez cuando la exclusión se hace presente. Y lo peor es que no solo hablamos de exclusión económica, pues con un par de tarjetas de crédito cualquier persona puede sentirse parte de funcionamiento del mercado y adquirir bienes que en nuestra sociedad neoliberal entregan status y distinción, pero no siempre calidad de vida. Hablamos de exclusión política y social. En definitiva, hablamos de profundas fallas de la democracia que hoy deja afuera a importantes sectores sociales que ven en el crecimiento económico una falacia.

Desde las protestas estudiantiles, las marchas por Hidroaysén, Castilla y Punta de choros; las protestas en Punta Arenas y en Calama; las huelgas de los trabajadores del cobre, los problemas relacionados con la reconstrucción y las demandas, menos mediáticas pero también presentes, sobre una nueva Constitución, no revelan otra cosa que un malestar generalizado con un sistema injusto y excluyente. Y ojo, no me refiero necesariamente a un sistema económico que genera desigualdades –que sí las genera– sino de un sistema político que genera desencanto y, lo que es más grave, exclusión.

Y todo esto se da en un contexto donde las alternativas políticas parecen no existir, en un sistema de partidos cuya representatividad y legitimidad es cada vez menor y con una ciudadanía que se niega a canalizar e institucionalizar los conflictos, porque simplemente el sistema no da el ancho para generar soluciones esperadas y los partidos y los políticos no dan la confianza. Las grandes comisiones que buscaron crear un “gobierno ciudadano” –el vago concepto que Bachelet intentó instalar– se han traducido en acuerdos entre las cúpulas partidarias, y los ciudadanos excluidos del proceso de toma de decisión han interpretado eso como una traición. De ahí que no sea extraño que las demandas de todos los movimientos partan por exigir garantías mínimas para negociar. La palabra empeñada ya no sirve, pues cuando se creyó en ella los políticos le dieron un portazo a los movimientos sociales con los que negociaron.

Los problemas estructurales de la política chilena, esos que no se solucionan con el cosismo y el discurso apolítico de la derecha, se están volviendo cada vez más evidentes. Y la centro-izquierda tampoco tiene un discurso para hacerle frente. Fueron muchos años de acuerdos de segundo piso. Para solucionar nuestra crisis política lo que necesitamos es justamente volver a la política, reencontrarnos con ideales republicanos que evoquen el bienestar general, la deliberación ciudadana y la democracia. Así será posible generar los puentes que vuelvan a unir el clamor ciudadano y la actividad política.

Pero hay un problema grave y es que en el poder permanecen políticos que han rotado por cargos una y otra vez, cuando no se ha mantenido en el mismo desde el retorno a la democracia y, peor aún, pues algunos ya ocupaban algún escaño en el congreso antes del derrumbe de la democracia. Es un stablishment político e institucional apto para alcanzar la democracia, para hacerla estable y para hablar del crecimiento con equidad que se quedó más en crecimiento. No es el que necesitamos para ampliar los pilares democráticos, para hacer un sistema político más representativo y adecuado a la sociedad que hoy somos.

¿Será acaso que una fuerza de destrucción creadora tendrá que aparecer en nuestro país para barrer con las viejas instituciones y con los viejos rostros y producir la emergencia de un nuevo entramado institucional? ¿Será que, como en varias partes del mundo, la indignación y el malestar se están dando contra la democracia de mentira y amenazan a los que ocupan posiciones de poder? La clase política está en una coyuntura crítica que bien puede tener un desenlace inesperado. Se trata de entregar las garantías, de generar los cambios, de renunciar a sus cotos de caza particulares y buscar los caminos para darle a Chile un nuevo futuro. Si ese camino no se sigue pronto el malestar crecerá y se puede convertir en una indignación tan grande que barrerá con todo y el costo que habrá que pagar será demasiado alto.

Chile necesita una nueva Constitución, por Bastián González

Crisis de la democracia y revolución de las élites, por Gabriel Henríquez

El descontento con una democracia no democrática, por Natalia Vargas

De la fortuna y la virtud en la conquista y conservación del Estado en «El Príncipe»

2011-06-27T18:02:00.000-04:00

Las ideas de Maquiavelo están fundadas en la preeminencia de la razón de Estado sobre cualquier otra de carácter moral, este concepto se refiere a las medidas racionales que un gobernante debe tomar con objeto de conservar la salud y fuerza de un Estado En otras palabras, el Estado goza de una racionalidad propia y superior; y para conservarla se justifican medidas de dudosa ética o contrapuestas a la moral tradicional.

El Príncipe, por tanto, no se ajusta a las normas morales, es decir, que un mal menor y que ameritaría un rechazo social (por ejemplo, un crimen) se justifica siempre y cuando se evite un mal mayor (una revuelta). Esto se condice a la perfección con aquella frase que dice “un príncipe no debe preocuparse porque lo acusen de cruel, siempre y cuando su crueldad tenga por objeto el mantener unidos y fieles a los súbditos; porque con pocos castigos ejemplares será más clemente que aquellos que, por excesiva clemencia, dejan multiplicar los desordenes, causa de matanzas y saqueos que perjudican a toda una población”

Esto lleva a que la conservación del Estado y del poder del príncipe no esté radicada únicamente en el devenir de las cosas, sino que es importante que el soberano sea capaz actuar para mantener la salud del Estado. Por tanto, en este punto es bueno hacer la distinción entre la fortuna y la virtud, toda vez que de la fortuna depende la mitad de nuestras acciones, pero nos deja dirigir la otra mitad o algo menos. Luego, la conservación del Estado depende de las acciones del príncipe y no tanto del devenir de la providencia. Es así como cobran importancia los elementos que permitan al príncipe mantener el control del Estado mediante las armas propias, aprovechando o bien mitigando lo que la fortuna designe y que, pudiendo estar en contra de la moral tradicional, encuentran su justificación en la conservación del poder estatal.

Sin embargo, huelga decir que la buena o mala fortuna de los hombres para Maquiavelo depende también de sus acciones. Señala que las acciones se deben acomodar al tiempo en que los hombres viven, actuando con impetuosidad o con prudencia dependiendo de las circunstancias. Luego, las repúblicas pueden aprovechar mejor la buena fortuna, aunque también tienen dificultad para ajustar sus instituciones a los tiempos. Cuando en los principados, en cambio, el tiempo cambia en sentido contrario a los procedimientos del príncipe, éste sucumbe más rápido.

Se desprende de todo lo anterior que la conservación del Estado depende de la buena fortuna y de las circunstancias, pero el aprovechamiento de éstas se basa en las acciones que el gobernante emprenda para aprovecharlas. Actuando como sea necesario de acuerdo a lo que su entorno le demanda. Siendo cruel o clemente en la medida que las circunstancias se lo permitan o se lo requieran. Por tanto, fortuna y virtud –armas propias y armas ajenas– están íntimamente relacionadas en la tarea de conservar el Estado ya que la virtud debe dominar a la fortuna.

Pero se debe tener en cuenta que no siempre se necesitan las mismas dosis de fortuna y talento para dominar un Estado. Así por ejemplo cuando se trata de Estados conquistados en el mismo espacio territorial y que tienen la misma lengua y costumbres solo basta que la dinastía anterior de príncipes desaparezca y que el príncipe nuevo mantenga los tributos y las leyes que tenían los antiguos. Conservar estos Estados es fácil, pues las personas no están acostumbradas a vivir en libertad.

En cambio aquellos Estados que están alejados y que tienen costumbres, leyes y una lengua diferente requieren de una gran fortuna para su dominación y grandísimo talento. Recomienda Maquiavelo que los príncipes nuevos que conquistan este tipo de Estados deben irse a vivir al territorio conquistado para hacer más fuerte la dominación. En esas circunstancias, por tanto, se requerirá que el príncipe actúe de acuerdo a las razones de Estado pues es complejo conservar ese poder.

Respecto al primer tipo de Estado podríamos señalar que la fortuna es más importante. Factores externos pueden permitir al príncipe llegar a hacerse del poder de un Estado cercano. La decadencia de la dinastía anterior de príncipes puede generar los espacios para que un nuevo príncipe ascienda, un vínculo entre dos dinastías puede llevar al poder a un príncipe nuevo sin que medie la fuerza ni las armas propias. Solo las circunstancias.

En cuanto al segundo tipo de Estado, la virtud es mucho más importante. El príncipe requiere dominar la mala fortuna y aprovechar la buena a través de sus acciones. Puede ser necesario cometer crímenes para asegurar la paz y la sobrevivencia de la dominación. Los castigos ejemplares que lo hagan ver cruel, pero que sin ellos el resultado sería peor no solo para la vida del príncipe nuevo, sino que también para la población.

En suma, fortuna y virtud se encuentran íntimamente relacionadas. Para alcanzar un Estado y para conservar su poder se requieren dosis justas de cada una y depende de las circunstancias y del tiempo en que lo toque vivir al príncipe. Conservar el poder puede ser sencillo o puede ser difícil y ahí entra la virtud del soberano o el simple aprovechamiento de la fortuna. Con todo, siempre hay que tener en cuenta que el objetivo final es la conservación de la salud y la vida del Estado y que perdure la dominación del príncipe, sin importar si ello reporta la necesidad de actuar contra la moral tradicional, pues el Estado tiene una racionalidad superior y distinta y las acciones que se deben seguir para conservarlo deben ser juzgadas desde ese punto de vista.

El sueldo mínimo, la calidad del empleo y la inflación

2011-06-21T23:26:00.000-04:00

La discusión sobre el sueldo mínimo se centra todos los años en los efectos que un alza muy pronunciada puede provocar en los equilibrios macroeconómicos –particularmente la inflación– y también en el nivel del empleo. Lo primero tiene que ver con la productividad, pues la teoría nos señala que los sueldos suben en la medida que aumenta la productividad de los empleos, de no ser así, se estarían alimentando escaladas de inflación producto de la mayor cantidad de dinero circulante en la economía sin un correlato de producción.

Lo segundo tiene que ver con que las empresas que mayormente contratan a sus trabajadores por el sueldo mínimo son micros, pequeñas y medianas empresas que no podrían enfrentar un alza del sueldo mínimo mucho más alta que el crecimiento de la productividad y por lo tanto la solución sería despedir trabajadores dejándolos en una situación de mayor vulnerabilidad. El razonamiento es algo así como “ganan poco, pero peor sería que ganaran nada”.

Este supuesto equilibrio nos lleva a varias ideas que no se toman en cuenta a la hora de la discusión del corto plazo, pues ésta se centra en cuánto puede crecer el sueldo mínimo en un conflicto de suma cero donde las posiciones del gobierno y de los trabajadores se contraponen.

La primera idea es la calidad de los empleos en Chile y las posibilidades que tienen para volverse más productivos. Un estudio de Kirsten Sehnbruch y Jaime Ruiz-Tagle realizado para la subsecretaria del trabajo el año 2009 demostró que cerca de un 60% de los empleos en Chile son precarios, definidos éstos como empleos poco productivos, mal remunerados y sin las condiciones adecuadas de protección social.

La pregunta luego es por qué estos empleos son pocos productivos y la respuesta más plausible es que la economía chilena se sustenta en gran parte gracias a sectores económicos y a industrias que producen empleos de mala calidad. Las industrias de servicios, retail, agricultura de baja productividad y, por cierto, micro, pequeñas y medianas empresas con una baja productividad. La economía chilena produce este tipo de empleos, en parte porque el desarrollo de sectores económicos más productivos y sofisticados es escaso y porque la inversión en mejoramiento del capital humano desde el punto de vista técnico no es suficiente para alcanzar trabajadores mejor preparados –y más productivos– para los empleos que hoy existen.

La segunda idea tiene relación con el insuficiente alcance del alza anunciada por el gobierno para restituir el poder adquisitivo de los trabajadores que reciben el sueldo mínimo. Bajo la lógica que un alza de esta variable debería ir en línea con la inflación acumulada –aunque también se ha dicho que debe ir en línea con la inflación proyectada– para devolverle a los trabajadores el poder adquisitivo que la moneda va perdiendo con el alza de los precios de los productos y también en línea con el crecimiento de la productividad (Ministerio de Hacienda 16/06), de modo que a mayor productividad aumente el poder adquisitivo de los trabajadores, se nos presenta el siguiente escenario.

El alza aprobada en la cámara baja fue de un 5,5%, lo cual deja el sueldo mínimo en 181 mil pesos. El alza real, sin embargo es de un 2,2% pues el 3,3% adicional únicamente responde a la inflación acumulada en los últimos 12 meses. De acuerdo a la combinación de variables –inflación y productividad– el alza debe haber sido solo de un 4,4%, de acuerdo a lo señalado por la comisión de expertos que el ministerio de hacienda convoca para estos fines, para mantener consistente el sueldo mínimo con los equilibrios macroeconómicos y las condiciones del mercado laboral.

Pero ¿Quiénes ganan el sueldo mínimo? La respuesta a esto la da la encuesta CASEN que señala que en Chile las personas que ganan entre 1 y 1,5 sueldos mínimos llegan a casi un millón de trabajadores. En una familia de cuatro personas, donde solo un integrante trabaje, como es la norma en los hogares de menores recursos, ganar entre 172 mil y 258 mil pesos se convierte en una condena a ser pobre o a mantenerse levemente por sobre la línea de la pobreza. Pero las cifras son siempre engañosas y la situación siempre puede ser peor a cómo se ve en los números presentados por el gobierno… por cualquier gobierno.

Las familias de los quintiles más bajos, además, destinan gran parte de sus ingresos a alimentos. Es natural. La comida es lo prioritario cuando el dinero es escaso. ¿Cómo es el comportamiento de la inflación en el tramo de alimentos? El alza acumulada en 12 meses es de un 7,4% y las expectativas que existen al respecto señalan que se mantendrá al alza. El pan y la lecha líquida han subido, solo en un mes, un 2,5% y un 2,9% respectivamente y la lecha en polvo un 4,2%. Los servicios básicos como agua, electricidad y gas han tenido un alza de un 7,3% en el último año, el gas licuado y la parafina, ambos combustibles usados como calefacción o para cocinar en los hogares más pobres, han subido en último mes un 2,6% y un 1,3% respectivamente. Y el transporte ha subido un 5,3%.

Con todas estas cifras, vista de forma desglosada y más transparente ¿es posible pensar que un crecimiento del 5,5% del sueldo mínimo es capaz de restituir el poder adquisitivo a los trabajadores más pobres? La respuesta es categórica: no. Ni pensar en aumentar el sueldo en términos reales. Cuando los alimentos, el transporte y los servicios básicos están subiendo dos o tres puntos porcentuales más que el IPC en términos agregados, el alza del sueldo mínimo viene solo a paliar una situación de precariedad creciente entre los trabajadores más pobres del país.

A modo de conclusión, hay dos desafíos muy presentes que se abren para mejorar los ingresos y la posibilidad de obtenerlos en los trabajadores de los quintiles más bajos. El primero pasa por mejorar la calidad de los empleos generando programas de innovación, desarrollo y agregación de valor a procesos productivos y que además consideren programas efectivos para capacitar a los trabajadores, tanto en aquellos sectores productivos nuevos que pueden surgir como en aquellos que hoy tenemos y que tiene falencias en su productividad.

Lo segundo tiene que ver con sincerar las cifras con las cuales se realiza el reajuste. No es adecuado que la opinión pública y los trabajadores vean que su sueldo crece cuando en realidad y de acuerdo a los hábitos de consumo de las familias que viven con el sueldo mínimo, el crecimiento es marginal, no restituye poder adquisitivo ni permite a las personas aumentar sus ingresos en términos reales. A partir de eso es necesario revisar las soluciones que se pueden plantear para mantener el justo equilibrio entre el mercado laboral, los equilibrios macroeconómicos y la ineludible responsabilidad que tiene el gobierno por mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

¿Por qué a la derecha le cuesta tanto gobernar en democracia?

2011-06-12T17:25:00.001-04:00

Veinte años tardó la derecha en volver a la moneda, cincuenta en hacerlo a través de los canales democráticos. Más de alguien dirá que los hoy oficialistas partidos de centro derecha tuvieron veinte años para prepararse en la tarea de gobernar, para aprender de los errores de la concertación, para capitalizar la decadencia de la centro-izquierda chilena y hacerse del poder mediante las urnas. En parte es cierto. Los centros de estudios de la derecha han desarrollado profundas investigaciones de los problemas que tiene Chile y en los grupos Tantauco de Sebastián Piñera fueron sistematizadas en el programa de gobierno que finalmente fue favorecido en las elecciones.

Para lo que no se prepararon –pues probablemente no existe una adecuada preparación– fue en la tarea misma de gobernar y asumir el poder de la presidencia de la República. Gobernar no implica solamente dar soluciones eficientes a los problemas reales de la gente (Sentidos Comunes, 26(04), se trata también de tejer una compleja red de acuerdos, negociaciones e intereses que armonice de manera adecuada las diferentes visiones políticas, ideológicas, gremiales y corporativas de los problemas y de las soluciones que se plantean. Más todavía en un gobierno de minoría en coalición, donde hay que tomar en cuenta los intereses de los partidos que forman la coalición, los intereses de la oposición pues posee mayoría en el Senado y los intereses de los grupos sociales, tan movilizados en las últimas semanas.

Pero los indicios de los últimos meses y particularmente de los últimos días, nos muestran una coalición de gobierno donde lo menos que impera es la concordia y la armonía. Se evidencian demasiado las brechas que hay entre las facciones de RN y la UDI y se generan tensiones entre el presidente, que cree puede estar más allá de los partidos que le dan el apoyo, y su coalición. No es que esto sea algo negativo, en gobiernos de coalición es esperable e incluso deseable que ocurran divergencias en las posiciones. Sin embargo, debe existir la adecuada gestión política y un buen manejo de la agenda para mantener las diferencias bajo control e impedir que se conviertan en una amenaza para la gobernabilidad y para la misma coalición de gobierno.

Sorprendente es que estas dificultades sean también visibles en otros gobiernos de derecha. Desde la promulgación de la Constitución de 1925, Chile ha tenido tres gobiernos alineados con la centro-derecha del país: Arturo Alessandri entre 1932 y 1938, Jorge Alessandri entre 1958 y 1964 y Sebastián Piñera.

El segundo gobierno de Alessandri –quien había gobernado bajo la Constitución de 1833 entre 1920 y 1925– fue apoyado por radicales, liberales y grupos de izquierda. Sin embargo, durante su periodo el temor a golpes de Estado se mantenía latente. Para mantener a raya esos miedos y estabilizar el país, Alessandri hizo uso de las nuevas facultades que la Constitución de 1925 le entregaba al presidente. Este uso de los poderes extraordinarios hizo que a principios del gobierno los grupos de izquierda se alejaran del gobierno y mediados de la década el partido radical también abandonó la coalición para empezar a conformar el Frente Popular que gobernaría a partir de 1938.

20 años después del fin del gobierno de Arturo Alessandri su hijo, Jorge Alessandri, alcanzaría la primera magistratura con el 31,56% de los votos. Su gobierno profundizaría un discurso apolítico de la actividad gubernamental. Se trataría de un gobierno gerencial donde los ministros del primer gabinete no representarían a los partidos conservador y liberal. Con todo, hubo apoyo parlamentario al gobierno y, a diferencia de lo que ocurre hoy, el dinamismo de la economía y la baja de la inflación durante los primeros 18 meses de gobierno devinieron en importante apoyo a los partidos que apoyaban el gobierno.

En las elecciones municipales de 1960 conservadores y liberales alcanzan juntos más de un 30% de los votos y los radicales con un 20,93% serían la principal fuerza política del país. Un año más tarde, en elecciones parlamentarias, se mantiene la misma tendencia. Sin embargo, a esa fecha las medidas económicas habían empezado a mostrar estancamiento. La inflación que había sido controlada empezaba nuevamente a desatarse. La agitación social y política regresó. A mediados de 1961 el país estaba prácticamente paralizado y la coalición entre conservadores y liberales no tenía mayoría en el congreso.

En este punto el presidente busca ampliar su apoyo parlamentario invitando a los radicales y la democracia cristiana a entrar al gobierno. La DC rechaza la invitación mientras que los radicales, luego de varias semanas de negociación, asumen cuatro ministerios. Se había consagrado así el derrumbe del proyecto económico que le había permitido a Alessandri llegar a La Moneda y el gobierno de los gerentes tuvo que dar paso, como es natural, a los políticos para hacer frente a los crecientes problemas sociales que se presentaban en el país.

En general, el proyecto de Alessandri, que buscaba transformar el país fundamentalmente mediante un programa económico careció de apoyo político y no encontró suficiente arraigo en la ciudadanía. Sin embargo, para ser ecuánimes, todos los presidentes de la época enfrentaron problemas políticos y dificultades en la relación ejecutivo-legislativo. Presidentes de minoría con obligación de llevar a cabo complejas negociaciones para alcanzar apoyo legislativo para sus programas siempre cercenados, sin embargo, estos problemas eran más evidentes y las negociaciones eran más costosas cuando el presidente subvaloraba el rol de los partidos políticos. Lo vivió Ibáñez en su segundo periodo y lo vivió también Alessandri.

Hoy Sebastián Piñera vive problemas políticos graves al interior de la propia coalición de gobierno y el país se sumerge en un clima creciente de agitación social y protesta. Lo paradójico es que la economía anda bien –a diferencia de lo que ocurría en el gobierno de Jorge Alessandri– pero eso no se está traduciendo en mayor apoyo al gobierno, las encuestas no revelan que la ciudadanía se encuentre conforme con la administración de Piñera. Y es que, de nuevo, se le sacan componentes políticos claves a la forma de gobernar para introducir elementos de gestión administrativa y económica que si bien es cierto son importantes, dejan de lado la conducción y gestión política del gobierno, que permita generar los acuerdos necesarios al interior de la coalición oficialista y llevar adelante la negociación con la oposición para sacar adelante el programa de gobierno. Lamentablemente para el presidente, con una posición minoritaria en el congreso y con una coalición donde las brechas entre conservadores y liberales son cada vez más evidente no se puede gobernar sin negociar.

Y todo esto viene de un discurso propio del conservadurismo chileno (Ballotage, 08/02/2010) que alega que los males que han afectado al país son propios de los partidos políticos y de los políticos. Así Arturo Alessandri denostó al sistema pseudoparlamentario en los años 20 y se encontró con la oposición legislativa que desembocó en el ruido de sables el 3 de septiembre de 1924 que pedía la rápida tramitación de la agenda social del presidente.

Jorge Alessandri vivió lo mismo. Al triunfo de la derecha en 1958, El Mercurio editorializaba diciendo que por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1925, el gobierno desplazaría los criterios partidistas para funcionar sobre criterios técnicos y que se instalaría finalmente el régimen presidencial, pues Alessandri gobernaría de manera independiente de los partidos políticos.

La dictadura de Pinochet culpa también a los partidos políticos del colapso democrático. La actividad política es denostada por el régimen de facto y el discurso apolítico de la actividad pública se hace carne en la ideas corporativistas de la sociedad civil plasmadas en la Constitución de 1980 inspirada en el pensamiento de Jaime Guzmán.

Por tanto ¿Por qué a la derecha la cuesta tanto gobernar en democracia? Le cuesta porque intenta aislar al gobierno de la discusión política. Sacarlo de la esfera que le es propia: la actividad política. De ahí que los proyectos económicos y de reformas no vayan acompañados de suficiente gestión política por parte de los ministros, pues se asume –como lo hizo el Mercurio en 1958– que el poder que las instituciones le entregan al presidente son suficiente para administrar el gobierno y la relación con los partidos políticos tanto oficialistas como opositores solo le resta independencia y poder a la institución presidencial.

Lo cierto es, sin embargo, que mientras más se reniegue de la actividad de los partidos políticos más necesaria se hará la relación con ellos y más costosa será la búsqueda de la gobernabilidad y del cumplimiento del program. Y los mismos más atención demandarán por parte del presidente omnipotente. Luego, un gobierno de derecha sustentado por un discurso apolítico y carente de un relato –un gran proyecto político que sustente su actividad– encontrará resistencia no solo en los sectores ciudadanos sino en los partidos que sostienen la presidencia, ambos elementos claves para el ejercicio gubernamental y para la sostenibilidad de la democracia.

Ideas sobre los totalitarismos en Hannah Arendt

2011-06-06T14:57:00.000-04:00

A partir del texto "El origen de los totalitarimos" de Hannah Arendt es posible identificar algunos elementos característicos y constitutivos de estos movimientos y al mismo tiempo extrapolar ciertas causas por las cuales los totalitarismos no lograron de forma efectiva el control global al cual aspiraban. La autora analiza los dos regímenes que alcanzaron un grado más significativo de control de las sociedades: la Alemania Nazi y la Unión Soviética bajo el dominio de Stalin.

Un primer elemento que se debe rescatar es la eliminación de todos aquellos elementos que fragmentarán la sociedad y la nación. Los totalitarismos buscan unificar a la sociedad, romper con el individualismo. Señala la autora que el perfecto gobierno totalitario es aquel donde los hombres se han convertido en un solo hombre. Así, una analogía ilustrativa es la del hormiguero donde toda la colonia forma un solo cuerpo que funciona de manera unificada. Es posible además hacer la relación que lleva a Popper a señalar que Aristóteles, en la República, constituiría el antecedente más inicial de los totalitarismos, al señalar que el ser humano es una parte de la ciudad y que viviendo alejado de la polis su vida pierde sentido. Argumento que es sumamente discutible.

Volviendo al punto, los totalitarismos no ven en la democracia una alternativa para el gobierno. La presencia de la oposición, inherente a toda democracia, fragmenta la sociedad y le pone obstáculos a la evolución natural de las sociedad, ya sea desde un punto de vista darwinista, como en Alemania, o bien desde el marxismo de la Unión Soviética. En el primero la evolución es natural y el Estado actual del hombre no es el final. Bajo esta concepción las ideas de espacio vital y la superioridad de la raza aria cobran profundo sentido.

En el caso de los soviéticos, el sustento a su evolución histórica se encuentra en el argumento de Marx. Los métodos estalinistas pata eliminar a quienes se oponen al correcto funcionamiento de la dictadura del proletariado y que obstaculizan el avance de la sociedad comunistas hacia el fin de las clases sociales. Tanto el estalinismo como el nazismo tienen aspiraciones de dominación mundial explícitamente señaladas. El primero debido a la expansión casi biopolítica del comunismo por los países del mundo, de ahí que esperaran la caída del capitalismo, y en el caso de Alemania con la marcha hacia el este que los lleva a ocupar Polonia, entrar en guerra con Rusia y buscar la dominación total de Europa.

Un segundo elemento que es necesario señalar y que probablemente sea el más conocido de los totalitarismos que analiza la autora pero no necesariamente el más característico de estos sistemas, pues aparecen también en gobiernos autoritarios que no aspiran al control global y ni tampoco a la dominación mundial. Se trata de la violencia y el terror. Lo que distingue el uso de la violencia en los totalitarismos de otros gobiernos que la han usado, como los gobiernos burocráticos-autoritarios fundados en la doctrina de la seguridad nacional en América Latina, es que la coerción física y el uso del terror ayuda a los regímenes a mantener su propaganda y su organización (dos elementos sobre los que volveré más adelante) intimidando —o usando las palabras de la autora, aterrorizando— a todos quienes se aparten de la línea que plantea el régimen.

La violencia era considerada por los movimientos totalitarios como un instrumento necesario e inherente de control. No se trataba del simple hecho de matar, sino de eliminar bajo un plan diseñado para retirar del camino de la evolución natural o histórica cualquier elemento que se interponga. Así, el terror, como elemento característico de los totalitarismos cobra sentido en la medida que convive con los otros elementos y de esta forma también se puede distinguir del uso de la violencia por parte del Estado que llevan a cabo otros regímenes.

En este uso de la violencia y el terror para sostener la estructura del régimen deja fuera solo los que se encuentran en el círculo más cercano al líder y, por cierto, el líder mismo, que constituyen el núcleo central del movimiento. Esto nos lleva al tercer elemento característico: la organización. La autora habla de capas que se van superponiendo a partir desde el propio líder, el círculo de hierro más interno —que se puede ilustrar con los generales del gobierno nazi de Alemania que se quedó en el búnker con Hitler en los últimos días del régimen previo a la caída de Berlín— y llega hasta la masa no totalitaria.

A diferencia de otros regímenes militares, que se estructuran valiéndose de la misma jerarquía piramidal de los ejércitos que se hacen con el poder, situación, por ejemplo, de las dictaduras militares de la Europa mediterránea, los totalitarismos hacen que todas las decisiones que se toman graviten en torno al centro, que es líder del movimiento. El líder le da orden a las diversas capas y éstas se controlan mutuamente en un ambiente de desconfianza constante en el otro. Un brazo de los regimen totalitarios para mantener este control es la policía secreta. La policía constituye el control de partido, del Estado, del movimiento y de ella misma en la organización.

La propaganda es el cuarto elemento característico de los regímenes. Si bien es cierto que la propagan es usada por muchos regímenes de carácter autoritario, en los totalitarismos ésta tiene un carácter superior, pues contribuye a la socialización de las ideas del régimen y a la reeducación de todo el orden social. La propagan tiene como fin la creación de un mundo de ficción que tiene como eje la conspiración contra la Alemania nazi, por parte de los judíos, y contra el pueblo socialista y el proletariado, por parte de la Rusia estalinista. La ficción llega hasta tal punto, que transforma la realidad existente y la reemplaza por un mundo creado por la propaganda que a su vez es legitimado por componente científicos que buscan reforzar la socialización de las masas y las verdades del régimen. Corea del Norte, actualmente, sería un ejemplo potente de dominación con la propagando como elemento esencial.

Finalmente, el Estado totalitario es el quinto elemento de los regímenes. El partido se convierte en un espejo del Estado que le ayuda al movimiento mantener el control del funcionamiento de todo el aparato institucional. Se constituye así un aparato que busca la dominación global de la sociedad, la eliminación de todos los elementos que se interpongan en el camino de la nación hacia su destino evolutivo natural o histórico, se sustenta en la planificación totalitaria del líder y se ayuda de una propaganda que busca cambiar la realidad y aspirar, expresamente, a la dominación mundial, sea en años, décadas e incluso siglos, pues la evolución es la que lleva a la sociedad hacia allá y los regímenes totalitarios buscan hacer que ese camino sea más expedito.

Un acercamiento crítico a las ideas de Linz sobre el presidencialismo a partir de Scott Mainwaring

2011-05-30T23:20:00.000-04:00

La crítica que Juan Linz hace del presidencialismo parte de la premisa básica que indica que los regímenes que han tenido democracias más estables y duraderas estructuran su forma de gobierno en torno al parlamento y no en torno a la figura presidencial. A excepción de los Estados Unidos, gran parte del resto de los países que tienen un presidente han sufrido quiebres democráticos durante su historia política.

Incluso aquellos que se pueden considerar políticamente más estables, como Chile y Uruguay, que de acuerdo a lo señalado por Mainwaring (Lanzaro, 2001), habrían establecido democracias estables antes de los quiebres de 1973. Yendo incluso más allá, Sartori (2009) señala que el sistema de los Estados Unidos, paradigma del sistema presidencial, está diseñado para el inmovilismo del gobierno, pero que sin embargo es la voluntad de los actores políticos la que mitiga las desventajas del sistema y que cuando éste se exporta a otros países, como en el caso de los gobiernos latinoamericanos, el presidencialismo muestra todas sus debilidades, las que sin embargo han sido morigeradas en los países del sur gracias al aumento de las facultades presidenciales, lo cual en muchos casos ha llevado a consolidar sistemas hiperpresidencialistas.

Existen varios argumentos que Linz —y también Arturo Valenzuela— señala como las debilidades principales del presidencialismo y que han impedido que pueda consolidar gobiernos democráticos estables. La rigidez del periodo de gobierno, las posibilidades de bloqueo entre los poderes del Estado y que emanan de la doble legitimidad entre el Presidente de la República y el congreso, la falta de mecanismos institucionales que dificultan la resolución de los conflictos políticos dentro de los marcos normativos y también la baja propensión cooperativa. Todo lo anterior se deriva en las mayores probabilidades de derrumbarse que tienen los regímenes democráticos bajos formas de gobierno presidencialistas y que quedan plasmadas en una frase de Arturo Valenzuela: En los sistemas parlamentarios, las crisis son del gobierno y no del régimen.

Sin embargo, Mainwarnig introduce al análisis de los sistemas de gobierno el contexto en el cual funcionan, estudiando también las implicancias que tienen en la estabilidad democrática otros componentes del sistema político, como el sistema de partidos, el sistema electoral y otros elementos no tan presentes, como la disciplina partidaria.

Mainwaring detecta a partir de este análisis las implicancias negativas que tienen para la estabilidad democrática la presencia de un gobierno presidencial bajo un sistema multipartidista. Algo así como “la difícil combinación”. La tesis de Mainwaring (Chasquetti, 2001) se centra fundamentalmente en que en los sistemas presidencialistas con alta fragmentación y polarización, y por tanto menos proclives a la cooperación, son más vulnerables frente a los quiebres de régimen que aquellos que mantienen una mayor cohesión y menor fragmentación en el sistema de partidos.

Un problema que deriva de la difícil combinación y que durante muchos años vieron los presidentes latinoamericanos, es el gobierno de minoría. En el caso de Chile, desde la constitución de 1925 hasta el quiebre democrática de 1973, solamente Eduardo Frei Montalva (56,09%) y Juan Antonio Ríos (55,93%) fueron elegidos con mayoría absoluta.

Esto lleva a que la tesis de Linz debe ser puesta en perspectiva con el sistema de partidos, habida cuenta que en la medida que se generen presidentes minoritarios la probabilidad de caer es mayor, sin embargo, en los sistemas parlamentarios los Jefes de gobierno que son elegidos en coaliciones o bien que gobiernan en minoría tienen también una probabilidad mayor de no poder sostener su gobierno durante todo el periodo que se estipula, llegando incluso al caso extremo de Israel con una alta inestabilidad gubernamental o al de la IV República francesa.

Así las cosas, los países que durante más tiempo pudieron sostener la democracia con sistemas presidenciales en América Latina son Uruguay, Costa Rica y Chile, siendo los dos primeros sistemas bipartidistas —En Uruguay el Frente Amplio de convierte en un actor relevante solo a fines de los 90— Chile entonces sería un caso particular que puede ser explicado a la luz de la configuración tripartita en un sistema de partidos relativamente institucionalizado que mantenía equilibrado los poderes entre los distintos actores de la arena política.

Ahora bien, no podemos dejar de lado el argumento que a nuestro juicio es el más significativo a la hora de evaluar los presidencialismos. Si bien es cierto que en sistemas presidenciales con bipartidismos institucionalizado y con un grado de disciplina partidaria significativa es posible constatar mayor estabilidad democrática, aunque queda pendiente el tema de los mecanismos institucionales para la resolución de conflictos políticos.

En los presidencialismos, desde el más paradigmático sistema estadounidense hasta los regímenes latinoamericanos, la única forma de remover al presidente de su cargo es mediante un juicio político —Impeachment— que es altamente dificultoso, nuevamente, en sistema que están fragmentados, debido a las lógicas de cooperación centrifugas que dificultan y limitan las políticas de alianza al interior de las cámaras bajas, usualmente las que deben resolver sobre la admisibilidad de las acusaciones al presidente de la República.

El otro camino que se puede seguir es la renuncia del primer mandatario. En varios países de América Latina frente a crisis políticas de gravedad y ante la dificultad de resolver el conflicto sin sacrificar el equilibrio de régimen, han renunciado. Algunos ejemplos son Alberto Fujimori, Fernando de la Rua, y Fernando Collor de Mello. En este contexto no siempre existe una línea de sucesión clara que cubra la acefalia presidencial.

A modo de conclusión, es necesario señalar que ni los argumentos de Linz ni los de Mainwaring son tan categóricos como pareciera y que normativamente no habría evidencia suficiente para señalar que uno de los dos sistemas es mejor otro. Esto deriva de la gran variedad de formas que ha adoptado el parlamentarismo en el mundo, desviándose del tradicional modelo Westminster que impera en Inglaterra y en algunos otros países de la Commonwealth.

Asimismo, en los últimos años se han mostrado una creciente consolidación de las democracias presidencialistas de América Latina las cuales, pese a las rigidices del presidencialismo expresadas en varios conflictos políticos a lo largo de las década de los 90 y del 2000, no han hecho tambalear el sistema democrático, siendo, como dice Valenzuela, crisis de los gobiernos pero no del régimen.

Bibliografía

Chasquetti, D. (2001). Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina: evaluando la difícil combinación. En J. L. (Ed), Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina (págs. 319-352). Buenos Aires: CLACSO.

Lanzaro, J. (2001). Tipos de presidencialismo y modos de gobierno en América Latina. En J. Lanzaro, Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina (págs. 15-40). Buenos Aires: CLACSO.

Sartori, G. (2009). Ingeniería constitucional comparada. Ciudad de México: Fondo de cultura económica.

Chile y la OCDE ¿Dónde estamos parados?

2011-05-25T13:26:00.000-04:00

Cuando hacia fines del gobierno de la presidenta Bachelet se oficializó el ingreso de Chile a la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) se dijo que era un reconocimiento al país por las buenas prácticas en materia de políticas públicas, manejo económico y desarrollo del país. Eso puede ser cierto.

En 20 años Chile ha más que duplicado su PIB y su ingreso per cápita, la pobreza se ha reducido, la economía se vuelto dinámica y abierta al mundo. Chile se ha convertido prácticamente en el símbolo del libre mercado y del comercio abierto. En América Latina el país se ha convertido en ejemplo de crecimiento y desarrollo. Las prácticas chilenas buscan ser imitadas en otros países, aunque no siempre con los mismos resultados ―sean estos positivos o negativos― y Santiago se ha convertido en una de las mejores ciudades de la región, recomendada para hacer negocios, con un alto nivel de vida y un ingreso elevado.

En ese marco, parecía que todo lo hacíamos bien en comparación con países que han adoptados otros caminos para enfrentar las problemáticas propias de países subdesarrollados y cuyo éxito ha sido relativo. Durante mucho tiempo se habló del milagro económico chileno que además era cruzado por un proceso de transición y consolidación democrática y un discurso político que ponía por delante la búsqueda de la equidad y la estabilidad democrática.

El ingreso a la OCDE fue un premio para eso. Pero por cierto, dejamos de ser el niño más aplicado del barrio. En realidad, lo seguimos siendo, pues un país de ingresos relativamente elevados con un índice de desarrollo humano alto y con una economía abierta y dinámica, en un continente donde los países aún luchan por bajar del 30% o 40% de pobreza y por alcanzar una cobertura efectiva de los servicios públicos del Estado en todo el territorio. Esa es la mirada optimista. Chile es una familia de clase media ―un poco arribista y apática con los vecinos― que vive en una población con familias más pobres.

El ingreso a la OCDE nos ayuda dar la mirada pesimista. Chile es probablemente el país peor posicionado de la OCDE en temas que hoy son relevantes para el desarrollo: Cohesión social, educación, equidad en el ingreso, democracia, protección del medio ambiente, asuntos energéticos, protección social y legislación laboral. Pero solo estando en la OCDE nos podemos dar cuenta y, es más, el club de los países ricos, nos puede sacar de nuestra hermosa burbuja de progreso, desarrollo y prosperidad para mostrarnos que no somos un país ni tan desarrollo, ni tan próspero, ni tan rico como se nos hace creer. Es cierto que Chile está bien posicionado en el contexto latinoamericano, pero eso no lo hace más desarrollado ni tampoco ejemplo, pues el costo de ese desarrollo es probablemente más alto del beneficio que estamos obteniendo.

Los chilenos hoy viven mejor. La clase media es amplia pero parece que las oportunidades de continuar moviéndose en la escala social empiezan a agotarse. Muchos pobres hoy han emergido de esa categoría, tienen más ingresos, viven en otras zonas, sus hijos estudian en algún colegio particular subvencionado. Pero esos mismos pobres, con más posesiones y con acceso a otros servicios hoy también son más vulnerables. Viven endeudados para poder sostener el nivel de vida que tienen y para satisfacer las necesidades que la pertenencia a la “clase media” les impone. Entre las cuotas del colegio, el plasma, el crédito hipotecario, las vacaciones en el extranjero, el auto y un extenso etcétera que incluye todo cuanto es posible pagar con tarjetas de crédito se va el sueldo del mes.

Y los empleos parecen no mejorar mucho. Se trabaja largas horas pero la productividad es baja, la protección al trabajado es también escasa. Todo lo adquirido en base al endeudamiento en cualquier momento se puede derrumbar si hay desempleo en la familia o si una enfermedad costosa afecta a algún integrante del hogar. Y vaya que Chile está expuesto a las crisis económicas externas que amenazan la estabilidad laboral y la seguridad social de los chilenos.

Si la OCDE fuera un colegio, Chile asistiría con mugre detrás de las orejas y con una que otra mancha en el gastado cuello de la camisa. Es ahí, en la OCDE, donde no somos tan buenos, no brillamos tanto. Es un estanque demasiado grande como para que Chile parezca el mejor. Somos la cola del león… porque claro, con tremenda melena ¿quién se fija en la cola?

Pero no es tan malo en la medida que no nos conformemos con la mirada optimista de estar en la OCDE. Es necesario mirarnos y ver cuán negativo es nuestro modelo de desarrollo actual al compararnos justamente con los países desarrollados. No basta ni el chorreo ni el precio del cobre. Ni los condominios en La Reina o Ñuñoa. No son suficientes las tarjetas de crédito para construir una sociedad más justa y cohesionada. ¿Dónde queda el bien común? ¿Quién vela hoy por el interés general? ¿Cómo mejorar un país donde nadie se preocupa justamente de eso, del país?

Si Chile está en la OCDE probablemente es porque lo merece por la construcción de la década del 90 y de los 2000 de una sociedad estable y económicamente emergente. Pero ese discurso no sirve para el Chile del bicentenario en donde la equidad y el desarrollo inclusivo son necesarios. No estamos en la OCDE por ser un país rico mucho menos por ser desarrollado. Es un hecho, tenemos que estar en la OCDE para darnos cuenta que los amigos con los que siempre nos hemos codeados, poderosos países industrializados del primer mundo, no pueden hacer otra cosa que sorprenderse por la linda fachada que hemos construido ―por las soluciones que tenemos para los grandes temas― que contrasta con la suciedad que hay por dentro. El jardín bonito no aguanta para siempre. El discurso del Chile como ejemplo no es infalible… ni permanente.

Construcción de instituciones democráticas en Perú, más que el voto en el extranjero

2011-04-11T22:52:00.000-03:00

Estamos de acuerdo en algo. El voto de los ciudadanos en el extranjero es un elemento deseable para la democracia, más aún en un contexto de alta movilidad entre países donde las fronteras son lugares de paso y ya no barreras franqueables solo por algunos pocos ciudadanos. Vivir en otro países en muchos casos es sinónimo de búsqueda de oportunidades, ya sea para una vida mejor lejos de las carencias de los países subdesarrollados del sur o bien para perfeccionarse en algunos ámbitos, bien buscando mejor educación o mayor experiencia laboral, para volver luego al país En cualquier caso, se trata de una especie de ciudadanía global, en la que los territorios van perdiendo importancia en la medida que la movilidad y las redes se ven fortalecidas.

Las últimas elecciones en Perú alimentaron un debate que hace tiempo se viene dando en Chile. Y no es que solo ahora los peruanos residentes en el extranjero hayan podido elegir al presidente, al congreso y a los miembros peruanos en el parlamento andino. Lo pueden hacer desde hace tiempo y su participación es relevante pues los 700 mil electores que no residen en Perú pueden definir una elección fácilmente.

Y ahora en Chile llueven las loas a la democracia peruana por permitir a sus residentes votar en el extranjero, sobretodo de la oposición que aprovecha la instancia para criticar la propuesta del gobierno que pondría ciertas condiciones para que los chilenos que viven fuera del país puedan votar. No es mi idea apoyar o rechazar la reforma que Sebastián Piñera ha planteado.

Pero entre las alabanzas a la democracia peruana se olvidan de las débiles instituciones del sistema político que quedan de manifiesto en la casi inexistencia de partidos políticos capaces de reflejar el orden social peruano, el surgimiento de caudillos modernos que aglutinan tras de sí las preferencias de electores que no ven representación en los movimientos políticos: Alberto Fujimori es una muestra de ello y los resabios de su gobierno casi dictatorial hoy se alinean tras la imagen de su hija, que muchos pintan como la continuidad de un gobierno terminado violentamente.

El APRA es el único partido político tradicional del Perú, relativamente institucionalizado y con una escasa disciplina. Pero hoy se ve reducido a un escaso 6,5% de las preferencias y a no más de 6 escaños en el congreso peruano.

Si usamos como medida para la estabilidad democrática la que usa Mainwaring, diciendo que son democracias estables las que por más de 25 años son capaces de garantizar ciertas libertades civiles y derechos políticos, Perú no calza. La pseduo dictadura de Alberto Fujimori terminó hace poco más de 10 años y entre Alejandro Toledo y Alán García se ha intentado fortalecer una democracia endeble gracias a un modelo de crecimiento que ha dado sus frutos y que, en lo grueso, no es amenazado por ninguno de los candidatos que se presentaron a la elección de ayer. Lo que está en discusión son las consecuencias muy conocidas de la apertura liberal de la economía: desigualdad y chorreo. Y de eso hoy los peruanos se dieron cuenta. No basta el chorreo, dijeron, para combatir las altas tasas de desigualdad y las precarias condiciones de vida de millones de personas en el altiplano y en el norte selvático.

Yo también alabo la democracia peruana, pero no porque sus residentes voten en el extranjero, sino porque la elección de 2001, 2006 y 2011 han sido competitivas, transparentes y libres y nadie pone en duda el resultado que han arrojado, independiente de los innecesarios calificativos que motejan las decisiones que soberanamente toma el pueblo peruano. Pero antes de ver eso, hago un ejercicio previo: reconocer las falencias, las debilidades que para la gobernabilidad democrática trae la alta fragmentación del congreso y la indisciplina partidaria. Reflejos ciertos de la debilidad institucional.

Y sabido es que la existencia de partidos políticos estables y disciplinados sí es una condición necesaria para una democracia efectiva, mucho más que el voto de los ciudadanos en el extranjero, que en un contexto de debilidad institucional generalizada puede no ser más que un bonito tinte democrático, tal como pueden serlo las elecciones que los dictadores convocan con el falso afán de legitimar su acción política en la conducción del Estado.

Perú avanza a paso seguro en la construcción de sus propias instituciones democráticas. Ollanta Humala, al que muchos han demonizado, hoy es parte de esta arena democrática que nadie pone en duda, pero que requiere de perfeccionamientos profundos. Perú no es Venezuela. Su contexto económico de para pensar que, guardando las proporciones, se parece más al Brasil que recibió Lula con un sistema de partidos tan o más indisciplinado que el peruano, que a la Venezuela en crisis que vio surgir al Chávez boliviariano.

Esperar que el mismo proceso político de Venezuela se repita en Perú con Ollanta Humala solo refleja el desconocimiento de la historia política de Venezuela y la ignorancia respecto al proceso político boliviano, que tantos comparaban con el chavismo, pero que ha sabido desmarcarse para dar respuesta a la demandas de la sociedad multicultural boliviana.

El análisis en muchas personas se queda corto. Alaban la democracia por un elemento que, sin dejar de ser importante, es accesorio en la medida que lo principal flaquee. Es positivo el voto en el extranjero, pero de ahí a señalar que eso hace a la democracia peruana más avanzada es reduccionista y, peor aún, es vendarse un ojo para destacar lo que nos conviene –si nos gusta el voto en el extranjero- pero ignorar otros elementos tan importantes para el funcionamiento adecuado de la democracia.

Dos desafíos democráticos de América Latina a la luz de la Carta Democrática Interamericana de la OEA

2011-04-07T21:56:00.000-03:00

Los países de América Latina han vivido durante los últimos 30 años procesos significativos de recuperación y reconstrucción de las instituciones democráticas, profundamente dañadas por los regímenes burocrático-autoritarios de los 70 y 80, o bien porque nunca se había construido de forma sólida tal que los sistemas políticos pudieran canalizar eficientemente las demandas ciudadanas a los órganos de gobierno.

La construcción o recuperación de instituciones democráticas ha sido un proceso largo y no exento de problemas. Han sido varios los presidentes que en la región no han podido terminar sus periodos presidenciales y las rigidices del sistema presidencial han quedado de manifiesto a la hora de resolver conflictos políticos, los cuales terminan en la mayoría de los casos con la dimisión de los presidentes. No obstante, un avance significativo es que la dimisión presidencial no ha implicado en ningún caso la interrupción del ciclo democrático. Es lo que Mustapic (2006) denomina la inestabilidad sin colapso.

Resulta plausible presumir que en la región se ha consolidado la democracia en la medida que las crisis sociales o políticas que se han registrado en los últimos años han hecho caer gobiernos, pero no han puesto en peligro la continuidad del régimen democrático. Dos casos parecen ser la excepción: Ecuador en 2010, aunque no ha quedado claro que los policías insurrectos hayan tenido aspiraciones de hacerse con el poder del Estado y el resto de las fuerzas armadas se mantuvo bajo el poder presidencial defendiendo el gobierno electo. Honduras es el otro caso de quiebre institucional, empero, se aduce que el Presidente Zelaya actúo inconstitucionalmente y las fuerzas armadas actuaron en función del artículo 272 de la Constitución de ese país. Pese a eso, el presidente fue derrocado por las fuerza de las armas y si bien la actitud de rechazo fue generalizada, el continente se vio dividido al tener que aceptar las nuevas elecciones que llevaron al poder al presidente Porfirio Lobos.

Pero así como se han mostrado los peligros de la inmadurez democrática en algunos países, no es menos cierto que otros han avanzado en instalar o reforzar instituciones fuertes propias de la democracia y en generar las condiciones adecuadas para llevar a cabo la democracia procedimental de la que habla Robert Dahl y que está circunscrita a dos momentos principales en la vida de las comunidades políticas: el acto de votar y el tiempo que hay entra una elección y otra (Griggs, 2006). En casi la totalidad de los países de la región las elecciones hoy son libres y el resultado emanado es respetado. Incluso más, pues en países como Argentina y Uruguay se cumple la condición señalada por Mainwaring (1993) que en sistemas políticos que durante 25 años mantienen elecciones abiertas y competitivas, sufragio universal y garantías para las libertades civiles, la democracia puede ser considerada suficientemente estable.

En otros países, en tanto, la alternancia en el poder se ha convertido en una situación posible e incluso se ha producido. En México el PRI perdió el poder después de 71 años, en Chile la Concertación cedió el poder a la Coalición por el cambio, en Uruguay el Frente Amplio desplazo a blancos y colorados del gobierno en 2004, en Brasil el PSDB le entregó el poder al PT de Lula, en Costa Rica el Partido Unidad Social Cristiana le entregó el poder al Partido de Liberación Nacional, de Óscar Arias. La lista podría continuar, pero la primera conclusión visible de esto es que hoy las condiciones para la poliarquía y para el ejercicio democrático se han profundizado en América Latina.

Es pues, en este marco de creciente estima a la democracia como forma de gobierno donde la Carta Democrática Interamericana de la OEA se transforma en un soporte institucional en el sistema internacional que apoya, promueve e impulsa la consolidación de las condiciones democráticas en América Latina y genera mecanismos de defensa para los eventuales quiebres institucionales que amenacen la continuidad de la democracia. Sin embargo, la defensa a la democracia no se puede limitar a la protección de las condiciones poliárquicas que, como he argumentado previamente, se han ido instalando en la región de forma paulatina para empezar a consolidarse en varios países.

¿Qué desafíos presenta la carta democrática y, a nivel más global, la defensa de nuestra democracia? Si hay algo que inspiró a Alexis de Tocqueville a escribir su obra La Democracia en América y que lo sorprendió gratamente en su visita a los nacientes Estados Unidos fue la igualdad de condiciones en la que vivían los ciudadanos norteamericanos. La democracia de Los Estados Unidos, inspiradora en muchos sentidos de las revoluciones latinoamericanas que buscaban libertad y democracia, tenía ese valor que sorprendió a Tocqueville y que hoy sigue marcando la deuda de los gobiernos latinoamericanos con la democracia de nuestros países y sus pueblos.

En consecuencia, se presentan por delante una serie de desafíos sociales y ciudadanos que impiden que la democracia se profundice tal que sea capaz de incluir los diversos intereses y visiones de país que se incuban al interior de nuestras sociedades, me gustaría mencionar dos de estos desafíos. Huelga decir también que las sociedades latinoamericanas muestran significativas divisiones que dan origen a sectores sociales claramente diferenciados y no siempre a lo largo de nuestra historia adecuadamente representados por los mecanismos electorales existentes.

Se podrían mencionar ejemplos paradigmáticos en los que grupos minoritarios de la sociedad se hacían con el poder del Estado, ya sea a través de la fuerza o a través canales electorales fraudulentos. O bien, se generaban movimientos con aspiraciones excluyentes que polarizaban en gran medida el sistema político hasta hacer colapsar los canales institucionales. Casos como el boliviano, donde la élite oligárquica gobernó excluyendo a amplios sectores indígenas y agrícolas; en la Argentina donde el partido peronista contribuyó a polarizar el sistema de partidos argentino de manera gravitante, tanto que se dice que en Argentina existen dos facciones: los peronistas y los antiperonistas. Casi la totalidad de los quiebres democráticos en la Argentina tuvieron como actor, protagónico o secundario, al partido fundado por el General Perón.

En Uruguay, Blancos y Colorados se repartieron el gobierno durante todo el siglo XX en lo que se ha denominado una partidocracia de consensos (Chasquetti & Buquet, 2004) en la que las dos principales fuerzas políticas generaron mecanismos para coparticipar en el gobierno e incluso hacia fines del siglo pasado, cuando el Frente Amplio se convertía en una real alternativa para gobernar, después de ganar la intendencia de Montevideo, los dos partidos tradicionales reformaron la Constitución para juntos poder estar un periodo más en el poder, hasta 2004 cuando Tabaré Vazques gana la presidencia (Moreira, 2004) y permite que un amplio sector de izquierda, no tradicional, alcancé el poder ejecutivo uruguayo.

Mirar el pasado contribuye a ver qué elementos se deben potenciar y cuáles se deben evitar para dar un nuevo paso en los procesos de democratización que se iniciaron en América Latina hace un par de décadas. El primer tema fundamental es reconocer que las sociedades latinoamericanas, con la excepción de Uruguay –probablemente Costa Rica- son diversas y plurales, por cierto que no al punto de algunas democracias recientes de Europa del este y otras más longevas del norte continental europeo. Reconocer este elemento de nuestras sociedades, con intereses cruzados y variados entre diferentes sectores sociales no es un dato baladí, permite introducir cambios a los sistemas electorales y a la forma de hacer gobierno tal que se pueda avanzar para construir democracias más estables pero, a la vez, más inclusivas y consensuales en sociedades que no son completamente homogéneas, ya sea porque existen una gran división social sobresaliente o varias que se cruzan entre sí.

Lo anterior se hace muy presente en la medida que desde hace algunos años se manifiestan en el continente fuertes corrientes polarizadoras y excluyentes que, una vez que llegan al poder, buscan anular, silenciar o derechamente excluir, ya sea a través de mecanismos formales o prácticas informales, la participación de la oposición en los procesos electorales, erosionando con ello las condiciones que señala Dahl para el funcionamiento adecuado de una poliarquía. En este contexto es posible señalar el caso de Venezuela, donde el sistema electoral manifiesta un alto índice de desproporcionalidad, como se mostró en las últimas elecciones legislativas de 2010. Argentina es otro caso donde el Frente para la Victoria, que incluye al radical Julio Cobos en la fórmula presidencial, muestra un significativo deterioro de las relaciones que mantiene con otros partidos políticos. Ecuador, Nicaragua y Bolivia también podrían ser señalados como ejemplos de estas situaciones. El denominador común es que la cooperación y el diálogo entre las fuerzas políticas que representan a vastos sectores sociales se dañan y como resultado de esto una de las condiciones señaladas por Lijphart (1988) para que funcionen las democracias en sociedades plurales y por Chasquetti (2001) para que las democracias con sistemas multipartidistas sean los suficientemente estables, se pierde.

Otro elemento que se debe relevar para lograr una plena implementación de la Carta Democrática Interamericana tiene que ver con las grandes brechas sociales que existen en todos los países latinoamericanos y que contribuyen a que las personas no puedan desarrollar una ciudadanía efectiva en el marco de una democracia representativa.

En uno de sus acápites, la Carta Democrática Interamericana señala explícitamente que la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes entre sí y se refuerzan mutuamente. Eso genera la necesidad de mejorar las condiciones que estructuralmente están atentando contra el cierre de las brechas entre ricos y pobres en nuestra región. Sin embargo, no solo la desigualdad en la distribución de la riqueza es un aspecto importante a la hora de profundizar y sostener la democracia –que sí lo es- sino que también la desigual distribución de servicios básico sociales, como salud y educación, y mala distribución del poder para hacerse parte de los procesos de toma de decisiones y de diseño de políticas públicas.

En ese marco, dentro de las condiciones estructurales que impiden a las personas ejercer plenamente actividades políticas y de participación social y ciudadana se puede situar al empleo. En general, trabajos de baja calidad con escasa protección social y reducidos salarios impide que las personas puedan salir de la pobreza, mantenerse fuera de ella. En Chile, por ejemplo, la informalidad se mantiene constante hace 20 años en torno a un 22% de la fuerza laboral, el seguro de cesantía está próximo a cumplir solo 10 años y muchos empleos son temporales. En países centroamericanos la situación del empleo es aún peor. Se trata, en consecuencia de mejorar las condiciones de empleo e instalar el trabajo decente, promovido por la OIT, para asegurar condiciones sociales sosteniblemente positivas que permitan el ejercicio efectivo de los derechos políticos y el empoderamiento de la ciudadanía para propender a una mayor participación, aspectos significativos para el desarrollo humano.

Finalmente, y a modo de conclusión, quisiera recoger de forma ilustrativa el título del libro editado por Alejandro Foxley y Fernando Enrique Cardoso el año 2009: A medio camino: Nuevos desafíos de la democracia y el desarrollo en América Latina. El continente hoy ha avanzado de manera significativa en el asentamiento de instituciones democráticas, fortalecimiento de las finanzas públicas, crecimiento económico, control de la inflación y lucha contra la pobreza y la desigualdad, flagelos constantes para nuestra región en un pasado que aún no está muy lejano en los libros de historia, empero, no hemos avanzado lo suficiente, efectivamente, nos encontramos a medio camino para lograr democracias sólidas y consolidadas en sociedades equitativas y con Estados que sean capaces de proporcionar a sus ciudadanos las condiciones mínimas de desarrollo social, humano y económico y la protección social frente a un mundo globalizado que se vuelve más dinámico y peligroso para las personas más pobres y vulnerables.

Es un imperativo, por tanto, impulsar una segunda ola de instituciones democráticas, que permita a nuestros países pasar de la democracia electoral que se ha construido luego de la caída de las dictaduras militares a una democracia más efectiva y profunda, que tienda a la participación en el gobierno, el diálogo, la solidez y el respeto a las instituciones, el empoderamiento de las ciudadanos y la transparencia y accountability de los gobernantes en el ejercicio de la función pública.

Bibliografía

Chasquetti, D. (2001). Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina: evaluando la difícil combinación. En J. Lanzaro, M. Novaro, & R. Mayorga, Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina (págs. 319-359). Buenos Aires: CLACSO.

Chasquetti, D., & Buquet, D. (2004). La democracia en Uruguay: Una partidocracia de consensos. Política , 221-247.

Lijphart, A. (1988). Democracia en sociedades plurales: Una investigación comparativa. Ciudad de México: Ediciones Prisma S.A.

Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination. Comparative Political Studies , 198-228.

Moreira, C. (2004). Final de juego: Del bipartidismo tradicional al triunfo de la izquierda en Uruguay. Montevideo: Ediciones Trilce.

Mustapic, A. M. (2006). Instability without collapse. Presidential resignation: Argentina in 2001. Desarrollo económico .

Por qué no me gusta el presidencialismo chileno y creo que hay que cambiarlo

2011-03-22T23:01:00.000-03:00

Los conflictos políticos que hemos visto al interior de la coalición por el cambio y de la concertación y que revelan las dificultades que se están dando mantener coaliciones políticamente estables y electoralmente viables pueden ser explicados a la luz de las debilidades del sistema político chileno, entre el sistema electoral y la forma de gobierno. El presidencialismo, como forma de gobierno, presenta una serie de debilidades que durante muchos años no habíamos visto en Chile pero que hoy, bajo una nueva forma de gobernar, lentamente empiezan a eclosionar.

Chile tiene un sistema de partidos que, dependiendo de los autores, puede ser calificado como multipartidismo moderado o como extremo, con 8 partidos representados en la cámara de diputados con diferentes grados de relevancia cada uno después de las elecciones de 2009, sin embargo, hasta las elecciones de 2005 los partidos representados eran solo 6 y tenían una clara sintonía con el gobierno o la oposición. La relación entre la forma de gobierno y el sistema de partidos se encuentra bien documentada y, a la vez, entre el sistema de partidos y los sistemas electorales, cuya relación si bien no monocausal sí produce ciertos incentivos a la hora de generar las políticas de coalición de los partidos políticos.

Algunos autores, como Mainwaring, señalan que los sistemas multipartidistas, como el chileno, no muestran un buen desempeño bajo formas de gobierno presidencialistas y entre las razones esgrimidas se halla la difícil conformación de coaliciones estables, el incentivo al conflicto que se puede producir entre presidentes minoritarios en el congreso y la polarización del sistema. Vale señalar que esta última es una de las razones que Arturo Valenzuela indica como causas del quiebre democrático en 1973.

La paradoja es evidente. Chile, con un sistema multipartidista en los últimos 20 años, ha mantenido una notable estabilidad política y democrática, con significativos avances sociales y económicos y con un proceso modernizador que se ha venido haciendo presente desde los albores de la democracia reciente. ¿Dónde podemos encontrar las causas de esto? La primera hipótesis que puedo dar responde al efecto que tuvo el plebiscito de 1988, que provoca una especie de pseudoclivaje dividiendo de manera temporal a la sociedad –y a los partidos- entre pinochetistas y antipinochetistas, misma división que intenta ser perpetuada por el sistema electoral. Por tanto, durante al menos los primeros 10 años de gobiernos democráticos se mantuvo esta división y el sistema, apoyado también por el binominal, funcionaba en los hechos como un sistema de dos partidos que le daba gobernabilidad y estabilidad al país.

Pero no es la única causa. Arend Lijhpart, por ejemplo, ha señalado que un multipartidismo puede ser estable en la medida que exista un alto sentido de la cooperación y diálogo entre los partidos políticos. Este elemento ha estado presente en la política chilena desde principios de los 90, con lo que se podría llamar doctrina Aylwin o si queremos ser más exactos doctrina Boeninger, plasmada de forma muy clara en el libro “Políticas públicas en democracia” del fallecido ministro Edgardo Boeninger.

La idea de lograr políticas públicas a través de la búsqueda de consensos políticos ha tenido varios efectos en nuestro sistema político. Por un lado, ha evitado la competencia centrípeta de los partidos y la consecuente polarización del sistema –aspecto en el cual también contribuye el binominal, ha generado una especie de cultura de cooperación. La existen de mayorías estrechas en el congreso, particularmente en el senado con la existencia de senadores vitalicios y designados hasta la elección de 2005, generaban incentivos para buscar la cooperación y le inyectaba al sistema una cuota de disciplina partidaria. Para sacar adelante reformas era necesario buscar el acuerdo dentro de la coalición y también fuera de esta.

El problema viene 20 años después, cuando la división entre pinochetistas y antipinochetistas, toda vez que se trató de un elemento temporal en la política chilena, se ha diluido casi por completo y la emergencia de nuevos intereses sociales empieza a desconcertar a un sistema cuyas instituciones no están diseñadas para un funcionamiento plural, sino más bien para uno dual, con una clara división o clivaje social. Tanto el sistema electoral como la forma de gobierno funcionan de manera más eficaz bajo sistemas bipartidistas que reflejen dos polos de la sociedad. Hoy no hay dos polos de electores claramente definidos y eso empieza a mostrar las naturales diferencias que se dan entre los partidos políticos que representan intereses plurales, pero que están funcionando bajo un sistema que los fuerza a mantener una estructura determinada, fundamentalmente para asegurar la gobernabilidad y seguir presentes en el escenario electoral a nivel legislativo.

Se hacen presentes así los fantasmas del presidencialismo con un sistema multipartidista sin los adecuados incentivos para la cooperación que ya se vieron en el gobierno de la presidenta Bachelet. El periodo 2006-2010 podría haber sido el periodo legislativo más favorable para la concertación. Con 65 diputados y 20 senadores, mayoría en ambas cámaras. Pero con esta situación el incentivo a la cooperación fue menor y empezaron a salir a la luz las grietas al interior de los partidos y la indisciplina partidaria se hizo más evidente. El resultado fue el predicho por la teoría, la coalición formada antes de la elección –la misma para todas las elecciones previas- se volvió inestable y el gobierno mayoritario devino en minoritario, con lo que el diálogo y la cooperación debieron regresar, pero la situación de inestabilidad ya estaba generada.

¿Qué sucede hoy y qué podríamos señalar para el futuro? Mantener las coaliciones unidas de manera forzosa puede resultar altamente perjudicial para el sistema político. El sistema binominal actúa como incentivo para mantener la actual política de alianzas, no obstante, la concertación y la coalición por el cambio representan variados intereses. Los partidos se ven forzados a unirse para seguir presentes en el escenario electoral y para intentar asegurarle gobernabilidad al presidente –cosa que ocurre siempre en los sistemas parlamentarios- sin embargo allí donde su sobrevivencia no se pone en juego, como en las elecciones a concejales, sí se presentan incentivos para ir en listas separadas.

Las soluciones posible puede ser cambiar el sistema electoral, permitiendo que se manifiesten intereses plurales pero eso puede devenir en los problemas ya vistos propios de los presidencialismo plurales: presidentes minoritarios, coaliciones muy frágiles y, en definitiva, escasa gobernabilidad, en vista de los pocos incentivos que tienen los congresales a cooperar con el presidente.

Algo más radical sería modificar la forma de gobierno. Un sistema semipresidencial (o semiparlamentario, como yo lo prefiero) puede dar la flexibilidad suficiente, ya que si el presidente es minoritario en la cámara política las instituciones se ajustan para funcionar como sistema parlamentario, el jefe de gobierno toma funciones que el presidente debe ceder a favor de la gobernabilidad del país (es lo que se conoce como cohabitación en el régimen francés). Por el contrario, cuando el presidente tiene mayoría en el congreso el primer ministro será del mismo partido que el presidente y, en ese contexto, éste último puede tomar mayores funciones de gobierno ejecutivo. Se trata, por tanto, de darle mayor elasticidad a las instituciones, para que puedan ajustar su funcionamiento de acuerdo a diversos contextos. Un cambio de esta naturaleza debería ir acompañado de un cambio al sistema electoral y dada la posibilidad reciproca de revocabilidad –el jefe de gobierno puede disolver la cámara, pero ésta también puede censurar al gobierno- reduce los incentivos a la inestabilidad de los ejecutivos, razón esgrimida para decir que en Chile el sistema parlamentario no funcionaría, por la experiencia 1891-1925, que en rigor nunca fue un sistema parlamentario.

Todo lo anterior lleva a la conclusión que se requieren cambios profundos en nuestro sistema político para procurar un mayor abanico de intereses representados en el acto electoral, pero al mismo tiempo intentar mantener una estabilidad en el sistema y generar mecanismos para que los conflictos políticos tenga caminos de resolución y la gobernabilidad y eficacia gubernativa también estén presentes.