Estación Política

Primarias en Argentina: Medición de fuerzas sin definiciones claras

2011-08-12T20:37:00.000-04:00

Este domingo 14 de agosto por primera vez en la historia, Argentina vivirá un proceso de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos o pactos políticos que desean hacerse parte de las elecciones nacionales del 23 de octubre y donde deben concurrir a sufragar todos los ciudadanos mayores de 18 años. ¿Qué podemos esperar de este escenario electoral inédito en la historia política argentina?

Las elecciones primarias tienen varios efectos en la competencia electoral. Aumenta el rol de los electores en la competencia partidaria permitiendo que sean ellos los que definen las candidaturas que competirán y no los partidos, aunque tampoco les quita a éstos la responsabilidad original, propia de los partidos en democracia, de presentarle candidaturas a los votantes. Por otro lado, refuerza las estructuras partidarias y busca institucionalizar el sistema de partidos al permitir que sólo puedan competir en las elecciones nacionales aquellos candidatos que se han sometido a las primarias, que son intermediadas por un partido o una agrupación política.

También tiende a disminuir la fragmentación del sistema de partidos y a reducir las opciones disponibles en la elección nacional, pues pone un umbral mínimo de votación en las primarias para presentarse luego en las elecciones generales de octubre, en este caso, un 1,5%. Lo esencial, sin embargo, en todo proceso de primarias es que no son las cúpulas partidarias las que eligen a los candidatos, con lo cual no basta que éstos tenga que congraciarse con los líderes del partido o alinearse tras de ellos para alcanzar la posibilidad de competir a un cupo, sino que además deben acercarse a los votantes.

Con todo, las ideas anteriores se limitan a meras especulaciones a la luz del efecto de las elecciones primarias en otros países y queda ver qué sucederá el domingo. Revisemos un poco el escenario previo.

Para las elecciones presidenciales se presentan diez fórmulas: Cristina Fernández con Armando Budou, por el Frente para la Victoria; Raúl Alfonsín y Javier González por los radicales, y Eduardo Duhalde y Mario Das Neves, por la Unión Popular, son, a mi juicio, los tres principales competidores. Aunque Hermes Binner, que compite por los socialistas, tiene un nicho electoral potente en la provincia de Santa Fe y Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, compitió en las elecciones de 2007 y llegó a la segunda vuelta con la actual presidenta Fernández, con lo cual podrían dar alguna sorpresa. Sin embargo todas las candidaturas presidenciales están definidas y las elecciones primarias sólo permitirán tener un panorama más claro respecto a la fuerza política de cada uno de los candidatos o dejar algunas en el camino frente a la posibilidad que saquen menos del 1,5% de los votos que pide la ley. También se podrían generar que candidaturas que obtengan una votación muy baja, aunque superior al mínimo legal, busquen aliarse con candidatos más votados para obtener más posibilidades de alcanzar el poder y así reducir aún más el número de candidaturas.

Indirectamente la reducción de candidaturas perjudica la opción de Cristina Fernández de ganar en primera vuelta. Un hecho cierto desde hace un tiempo es el grado de confrontación política y polarización entre los principales actores del escenario político argentino, que viene a dificultar un traspaso de votos desde candidaturas opositoras a la candidatura oficialista. Lo más probable es que la reducción de las candidaturas termine beneficiando a Carrió, Duhalde o Alfonsín, permitiéndole agregar votos y acercarse a la, hasta ahora, más probable ganadora de la elección presidencial. De esta forma se podría forzar una segunda vuelta donde la oposición kirchenerista podría alinearse tras el candidato que compita con Cristina para intentar derrotar sus opciones de reelección. El sistema electoral argentino contempla que si un candidato obtiene más del 40% de los votos y aventaja por más de 10% al segundo, obtiene la presidencia sin necesidad de una segunda vuelta y con más del 45% de los votos el candidato se convierte en presidente(Art. 97º y 98º Constitución Nacional). De Perogrullo resulta decir que mientras más candidaturas opositoras existan más posibilidades tiene Cristina de aventajar por más de 10% a sus contendientes.

Otro factor relevante es el rol que jugará Mauricio Mancri y Gabriela Michetti del PRO, jefe de gobierno y diputada por la ciudad de Buenos Aires, respectivamente. Esto, pues la propuesta republicana no lleva candidato presidencial y tampoco ha llamado a votar por ningúno en particular, pese a los acercamientos que ha habido de parte de algunos candidatos presidenciales, particularmente Duhalde y Alfonsín, a la centro derecha macrista. En la campaña que ha iniciado el PRO por sus diputados nacionales llaman a “cortar boleta” dejando en libertad de acción a sus adherentes en la elección de los candidatos a presidente. Si tomamos en cuenta los resultados en la elección por la provincia y en la ciudad de Buenos Aires en 2009, donde el PRO alcanzó el primer lugar, y el Frente para la Victoria quedó en tercer y segundo lugar respectivamente, es poco factible que los votos se muevan hacia Cristina. Los mismos resultados de 2009 nos muestran que Carrió tiene mayores posibilidades de tomar votos del PRO en la provincia; y el Proyecto Sur, con escasas posibilidades nacionales, sí tendría alguna oportunidad en la ciudad, frente a la ausencia de un candidato presidencial de Macri.

Lo que ocurra en Buenos Aires no es menor, habida cuenta que es el distrito electoral más importante del país. Sin embargo, el PRO sigue sin tejer redes al interior de la Argentina en cuanto a diputados y senadores nacionales, aspecto que sí utiliza otros partidos como el Frente para la Victoria, la UCR y los justicialistas disidentes. A pesar de esto, en Santa Fe el candidato Miguel del Sel obtuvo el segundo lugar, siendo la primera vez que el PRO incursiona en provincias. (Ver: Ballotage)

Nos preguntamos si es posible que las primarias revelen alguna sorpresa. En cuanto a los candidatos a presidente es probable que la respuesta sea no, y lo único que permitan las elecciones del domingo sea entregar más certidumbre a los candidatos respecto a las verdaderas posibilidades electorales que tienen y cumplir uno de los objetivos de las primarias: reducir las candidaturas sólo a aquellas electoralmente más viables, so riesgo de disminuir las posibilidades de ganar en primera vuelta para Cristina Fernández.

Otro asunto es la situación de diputados y senadores nacionales. El sistema de partidos argentino tiene un nivel creciente de desnacionalización. Hay una gran cantidad de partidos que responden a los intereses locales de cada entidad federal y, en muchos casos, no se alinean ni buscan hacerlo con los partidos que tienen un mayor alcance nacional, esto, para defender la autonomía de las provincias frente al gobierno federal, al que le es más sencillo involucrarse en los asuntos subnacionales en la medida que tenga aliados políticos en las provincias, como gobernadores, diputados o senadores. Con esta situación, es difícil que la fragmentación del sistema de partidos argentino se reduzca gracias a las elecciones primarias, pues los partidos que mayor alcance nacional poseen: el peronismo y los radicales, difícilmente podrán cooptar, al menos en el corto plazo, partido provinciales.

En consecuencia, las primarias ayudarán a los candidatos presidenciales para evaluar la viabilidad de sus candidaturas y de los proyectos políticos que están presentando y hacerse un panorama de cómo quedará más o menos conformado el congreso nacional para un eventual periodo de gobierno. De esa forma, tendrán más certidumbre respecto a las alianzas que deberían buscar y a los partidos provinciales que deberían intentar conquistar para asegurarse gobernabilidad entre el 2011 y el 2015. No creo que las primarias nos den alguna sorpresa respecto a lo que sucederá en octubre, sino que sólo serán útiles para hacernos un mapa político más claro y certero de cara a las elecciones nacionales.

Sistema binominal: Argumentos para cambiarlo

2011-08-10T00:02:00.000-04:00

Uno de los elementos más criticados del sistema político chileno es el sistema electoral para diputados y senadores. Se le acusa de ser desproporcional, de excluir a las fuerzas políticas menores y de paralizar el sistema de partidos en dos coaliciones que acaparan casi la totalidad de los asientos en el congreso. Particularmente en esta columna revisaré algunos elementos con datos para la cámara de diputados, pues el Senado debería tener una lógica diferente de representación a nivel territorial y no al nivel del elector.

Lo primero que hay que señalar que la ciencia política reconoce dos tipos de sistemas electorales, aquellos de representación mayoritaria y los que son de representación proporcional. Los primeros se caracterizan porque su elección se realiza en distritos uninominales donde un solo candidato se queda con toda la representación y puede variar entre una mayoría absoluta y una mayoría relativa. Un ejemplo de esta situación es Inglaterra, donde en distritos uninominales el candidato que obtiene la mayoría relativa más alta alcanza el escaño, dejando sin representación al resto de los electores del distrito.

Esa es la principal diferencia entre los sistemas mayoritarios y proporcionales, pues en éstos últimos se busca que los votos de la minoría no se pierdan, teniendo una representación en la cámara. Con ello, los sistemas proporcionales se caracterizan por elegir diputados en distritos con dos o más escaños, buscando reflejar ojalá de una manera fiel la distribución de las preferencias electorales entre los partidos. Bajo esta definición el sistema chileno sería de representación proporcional, aunque debe reconocerse que el menos proporcional de todos por tener sólo dos escaños por distrito.

Sin embargo, Nohlen (1985) critica estas dos definiciones pues dependen del resultado electoral o de la magnitud del distrito. Inglaterra antes de 1948 no tenía un sistema electoral proporcional pese a que la circunscripción uninominal no estaba aún consolidada, como ocurre hoy, y en España y Portugal existen circunscripciones plurinominales en sistemas electorales mayoritarias que permiten la representación en minoría. En consecuencia, el autor propone la definición de los sistemas electorales de acuerdo a lo que aspiran. Los mayoritarios buscarían formar una mayoría clara fomentando la desproporción entre los votos y los escaños. Los proporcionales, en cambio, no buscarían la formación de mayorías sino la representación de las preferencias electorales en el congreso. Bajo esta definición el sistema chileno es un híbrido que busca la mayoría a través de los incentivos que genera para la formación de alianzas electorales estables, pero que a la vez busca representar a los partidos políticos evitando una fragmentación excesiva del sistema (Von Baer, 2009). Con todo, si usamos a los partidos políticos como unidad de análisis el sistema chileno es proporcional.

Otra definición para sistemas electorales la da Sartori (2010) quien señala que los sistemas electorales deberían evaluarse de acuerdo a sus resultados. El ejemplo puede ser el caso alemán que en su definición sería un sistema mixto con representación proporcional un distrito nacional y mayoritaria para distritos más pequeños, sin embargo, el resultado del sistema es completamente proporcional y por lo tanto así debería ser definido.

Al mismo tiempo, esto tiene sentido toda vez que en los sistemas políticos existe una serie de elementos que interactúa de forma sistémica generando inventivos para el comportamiento de los actores políticos. El sistema electoral tiene influencia importante, pero ésta no resulta tan decisiva como se pensaba, aunque sí es posible que posea un efecto manipulador en el comportamiento electoral de los votantes, quienes pueden cambiar su preferencia para “no perder el voto” optando por aquellos partidos con más posibilidad de ganar, hay otros elementos también importantes, como el apego de los partidos a determinados grupos sociales o la profundidad de las fisuras de la sociedad. La distribución territorial de los votantes de los partidos también es relevante.

Bajo esta definición –y usando siempre como unidad de análisis a los partidos– el sistema electoral chileno también resulta proporcional –aunque se nota más su carácter de "el menos proporcional– pues existe una brecha relativamente pequeña entre el número de votos y el número de escaños que obtienen los partidos, salvo en el caso de los partidos más grandes, que son beneficiados por el sistema, sin embargo, hay partidos pequeños que también logran representación, como el PRSD y el PRI quien con menos del 5% de los votos obtienen escaños.

El siguiente gráfico muestra los índices de desproporción de los votos. Cuando las líneas están por sobre el cero significa que los partidos han sido sobrerrepresentados obteniendo porcentualmente más escaños que votos y cuando está bajo el cero es porque han sido subrepresentados, obteniendo un porcentajes menor de escaños que de votos.

Se han usado sólo los partidos que han obtenido representación legislativa en la cámara de diputados de manera constante entre 1989 y 2009. No se incluyen los independientes dentro de pactos. El PS no presentó candidatos en la primera elección legislativa en 1989 pues el socialismo aún estaba dividido. Las facciones usaron al PPD y al PAIS como partidos instrumentales y también hubo candidatos socialistas electos como independientes dentro de la lista de la concertación. Fuente: http://www.elecciones.gob.cl

Lo primero que es posible ver es que no existe una proporcionalidad exacta y que la UDI, RN y la DC son los partidos que históricamente han sido sobrerrepresentados en la cámara de diputados. Pero al miso tiempo la DC y RN ha sido perjudicados, en 2005 y en 2009 respectivamente. El PPD fue beneficiado sólo en 2001. Las elecciones más proporcionales fueron las de 2001, cuando el promedio de la desproporción entre partidos llegó sólo a un 0,87% con una desviación estándar de 1,56%. La menos proporcional sería la elección de 1997 cuando el promedio de desproporción alcanzó un 1,28% con un 3,22% de desviación estándar. En 2009 el promedio de desproporción fue más bajo (un 0,89%) pero la desviación estándar alcanzó un 3,21% debido a la sobrerrepresentación de la UDI.

Las desventajas de la proporcionalidad pura

El sistema binominal, proporcional de acuerdo a la categorización de sistemas electorales, tiene índices desproporcionalidad relativamente altos para los partidos sobrerrepresentados. En 1997 la DC tuvo 8% más de escaños que de votos. La UDI en las últimas dos elecciones ha obtenido 5% y 7% de sobrerrepresentación. En la elección de 1989 la DC y RN obtenía más de un 5,5% más de escaños que los que le corresponderían por votación en un sistema proporcional puro. El resto de los partidos ha registrado históricamente índices bajos de desproporcionalidad, encontrándose los promedios históricos más altos en RN y la DC, con 2,71% y 2,64%, seguidos de la UDI, con 2,17%. La desviación estándar más alta la tiene la DC con un 4,45% y es esperable pues el partido pasó de estar sobrerrepresentado en las primeras elecciones a ser subrepresentado en 2005.

Sin embargo, hay que decir que un sistema electoral, al ser una pieza que interactúa con otras en el sistema político, puede tener efectos indeseables para la gobernabilidad. De esa forma, cuando tenemos representación proporcional hay que generar un equilibrio con la estabilidad para el gobierno. A partir de esta búsqueda de gobiernos estables y efectivos –sobre todo en regímenes presidenciales– es posible derivar dos conclusiones.

La primera es que la proporcionalidad pura, como ha sido argumentado por Sartori (2010) y estudiado por Lijphart (2000) genera un efecto multiplicador en el sistema de partidos, incentivando a que partidos menores entren a la cámara de diputados, aumentando así el número de partidos representados. Esto resulta negativo desde dos puntos de vista, el primero es que dificulta al gobierno obtener una mayoría que le permita desarrollar un gobierno efectivo y estable. En los presidencialismos esto resulta grave toda vez que un multipartidismo extremo y polarizado vuelve al presidencialismo inmóvil e inestable y el poder del presidente se ve opacado por su incapacidad de aprobar proyectos de ley. La inestabilidad de los gobiernos con un gran número de partidos se refleja en Italia o Israel y en los casos de la IV Repúbica Francesa o la Alemania de Weimar. En América Latina encontramos los casos de Perú o Brasil.

El segundo punto de vista tiene que ver con el control que puede realizar una oposición fragmentada a un presidente de minoría. En Argentina ocurre que el gobierno del FpV es minoría en la cámara de diputados, pero en la misma hay 16 fuerzas políticas representadas en un sistema de partidos desnacionalizado y con un sistema electoral altamente proporcional (Cox & Morgenstern, 2001)

De ahí que una ventaja del binominal es mantener un multipartidismo moderado pero con limitaciones suficientes para evitar la fragmentación excesiva, entregar mayorías suficientes al presidente de la República y evitar que las alianzas se rompan antes de terminar el mandato, entregándole al sistema una creciente estabilidad muy apreciada en el contexto latinoamericano.

La segunda conclusión, en contra del binominal, es que el sistema ha actuado como un agente determinante en la política de alianzas de los partidos, congelando dos coaliciones que no buscan cambiar debido a que la sobrevivencia electoral de los partidos está determinada por mantenerse cohesionados. El PRSD obtiene menos votos que el PC, pero aquel ha obtenido representación en todas las elecciones desde 1989, mientras que éste obtuvo diputados sólo en la última elección fruto de un acuerdo con la concertación. Esto ha generado una especie de camisa de fuerza sobre el sistema que impide que los partidos actúen de forma autónoma y se reconfiguren las alianzas. En política tiene poco sentido mantenerse unidos por tanto tiempo, pues las coaliciones en general buscan entregarle estabilidad al gobierno o sumar votos para alcanzar el poder y varían según cambien los intereses de los partidos. En Chile esos dos fines están sobrepasados por el de la sobrevivencia electoral.

Al mismo tiempo, la estabilidad ha alcanzado tal nivel que los cambios se hacen cada vez más difíciles. El gobierno es mayoría en la cámara de diputados aliado con el PRI –que no tiene presencia en el ejecutivo– pero en el Senado tiene minoría, la concertación tuvo durante varios periodos mayoría en la cámara, pero minoría en el Senado con los senadores designados derogados en 2005, y el periodo más favorable –el de Bachelet, con mayoría en ambas cámaras– revelo las fisuras internas de las coaliciones, particularmente de la concertación. Hoy existen poderes de veto, cruzados y numerosos que dificultan los cambios (Tsebelis, 2006): la cámara de diputados –con el PRI como actor especial– el senado –y la concertación de protagonista–, el presidente de la República, los partidos individualizados de la coalición de gobierno, la ciudadanía y los movimientos sociales. De alguna forma se ha configurado un escenario con un complejo equilibrio en el que el gobierno no puede gobernar sin buscar generar amplios acuerdos que satisfagan a todos pero que, en el peor de los casos, no cambien nada.

Entonces, en el corto plazo el sistema binominal generó estabilidad y atemperó las consecuencias de la proporcionalidad electoral, tan desventajosa para gobiernos efectivos y para coaliciones duraderas y eficaces. Pero en el largo plazo ha congelado en el sistema dotándolo de una estabilidad excesiva que es perjudicial para impulsar cambios estructurales. Y ese es el principal problema del sistema. No es tanto la proporcionalidad ni la exclusión, sino que es el hecho de forzar coaliciones que no deberían durar 20 años, pues los intereses van cambiando. Hoy la estabilidad se ha superpuesto a la gobernabilidad, anulándola.

Pero los cambios en el sistema deben intentar constituir un nuevo equilibrio que le permita al presidente efectivamente gobernar en un sistema que no se fragmente en demasía y además permitir que el efecto del voto sea notorio, esto significa, reducir el efecto manipulador del sistema que obliga a muchas personas a votar por ciertos partidos intracoaliciones pues saben que de votar por un partido fuera de la coalición perderían el voto.

Es así como los cambios tendrían que aumentar el número de escaños en los distritos más grandes, los cuales podrían variar entre 6 y 8 escaños. En los distritos medios repartir entre 4 y 6 escaños y dejar dos escaños para los distritos más pequeños, corrigiendo así otro vicio del sistema que tiene que ver con el peso del voto, pues distritos con alta población pesan lo mismo que distritos demográficamente pequeños. Las listas deberían ser abiertas, es decir, que el elector pueda elegir el orden en el que serán asignados los escaños a los integrantes de cada lista, evitando que la decisión deba pasar necesariamente por los partidos políticos.

¿Cambiando el sistema fuerzas políticas nuevas surgirán? Probablemente sí, pero lentamente, y es posible que las mayorías sigan siendo tomadas por las fuerzas tradicionales, al menos en las primeras elecciones. La mayor ventaja del cambio de sistema electoral es que ya no condicionará la obtención de escaños a la pertenencia a una de las coaliciones o a acuerdos por omisión entre las fuerzas políticas –restándole poder de decisión al elector– reconfigurando el mapa partidista de Chile y abriendo así la posibilidad a cambios mayores en la estructura política del país, hoy altamente deslegitimada.

Señalar que el sistema no es proporcional resulta falaz. El sistema funciona sobre una proporcionalidad impura –común en el mundo mediante variados mecanismos– que beneficia a los partidos más grandes. Sin embargo, hasta ahora la proporcionalidad se ha mantenido por acuerdos entre los partidos, lo que los ha alejado de la ciudadanía. Si fueran los partidos los que compitieran directamente y no a través de coaliciones el escenario sería completamente diferente y probablemente hoy tendríamos un bipartidismo fuerte con partidos menores con muy poco poder de veto. Y, con todo, si usáramos ese argumento tomando en cuenta los índices de desproporción de los partidos más grandes, estaríamos ignorando los problemas principales del binominal, su peso en la toma de decisiones de los partidos, la manipulación que se produce al elector por el voto estratégico, el congelamiento del sistema de partidos y el poco peso que a la larga tiene el votante en la decisión final de quién ocupa el escaño.

Es probable que hoy estemos en un escenario propicio para proponer cambios al sistema. La presión ciudadana sobre el gobierno es mayúscula y se hace fundamental dar la posibilidad para abrir el sistema político. Su cerrojo actual es el sistema binominal, hay que quitarlo, y ver si los electores deciden seguir beneficiando a las fuerzas políticas actuales o bien darles la espalda. Esa decisión se tendría que tomar en la urna.

Referencias

Cox, G., & Morgenstern, S. (2001). Legislaturas reactivas y presidentes proactivos en América Latina. Desarrollo económico , 373-393.

Lijphart, A. (2000). Modelos de democracia: formas de gobierno y resultados en 36 países. Barcelona: Ariel.

Nohlen, D. (1985). El análisis comparativo de los sistemas electorales, con especial consideración en el caso chileno. Estudios Públicos , 69-86.

Sartori, G. (2010). Ingeniería constitucional comparada. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Tsebelis, G. (2006). Jugadores con poder de veto. Cómo funcionan las instituciones políticas. Ciudad de México: Fondo de cultura económica.

Von Baer, E. (2009). Sistema binominal: Consensos y disensos. En A. Fontaine, C. Larroulet, N. Jorge, & I. Walker, Reforma al sistema electoral chileno (pp. 177-206). Santiago de Chile: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

La primavera de los pueblos y el derrumbe de lo público y lo político

2011-08-09T01:12:00.000-04:00

En los últimos meses el mundo se ha visto convulsionado por una serie de protestas y movimientos ciudadanos que tienen orígenes y contextos diferentes pero que es posible que, en su base, respondan al mismo descontento: La democracia y las formas de gobierno. España, Grecia, Islandia, el mundo árabe, Inglaterra, Chile y otros casos menos mediáticos pero casi igual de latentes han revelado un descontento con la forma de gobernar nuestras democracias y nuestras sociedades. Pero al mismo tiempo se incuba un riesgo latente en el que democracias deterioradas estructuradas en base a preceptos liberales pueden pasar a formas poco virtuosas de gobierno. La hipótesis que quisiera plantear es que las democracias occidentales se han transformado en oligarquías que gobiernan con un escaso apego al interés general pero al mismo tiempo las demandas ciudadanas, que pregonan por una apertura de la democracia, fraguan el peligro de la tiranía de la mayoría.

El contexto de la primavera de los pueblos

El concepto de primavera de los pueblos es recogido a partir de la denominación que la historia le ha dado a las revoluciones que en 1848 remecieron Europa y removieron las bases de la restauración absolutista que se intentó construir después del congreso de Viena, dando paso a una nueva etapa del desarrollo europeo, y culminando un proceso revolucionario que se inaugurara en el mundo con la revolución americana de 1776 y la revolución francesa en 1789 (Hobsbawm, 2003) El concepto resulta atingente para mirar el proceso actual de movimientos sociales que, si bien con un futuro incierto, creemos que en general tiene relación con la forma de ejercer los gobiernos y que bien puede dar origen a una nueva etapa de desarrollo, con un cambio profundo ya no sólo exclusivamente para pasar desde gobiernos autocráticos y dictatoriales –lo cual se podría relacionar con los procesos de democratización en el mundo– sino además para cambiar las condiciones de una democracia desgastada y con un alcance insuficiente.

Sin embargo ¿es cierto que resulta insuficiente? Desde un punto de vista procedimental muchas democracias en el mundo han alcanzado estándares adecuados para ser consideradas democracias consolidadas. Dahl (1997) indica que una democracia procedimental es aquella donde se dan tres condiciones básicas: que para optar por alternativas políticas se ponga en práctica algún procedimiento para recoger las preferencias individuales, que cada una de esas preferencias tenga el mismo valor y que se imponga aquella opción que obtenga más preferencias. Resulta natural este proceso que, sin embargo, en muchos lugares no es tan antiguo.

De la misma definición se desprende, como señala Griggs (2006) que los procesos eleccionarios cobran fundamental importancia, por tanto, habría tres momentos en toda sociedad democracia: el previo a la elección, donde todas las fuerzas políticas puedan tener acceso tanto a la competencia electoral como a la información de ésta; luego vendría el acto electoral en sí mismo –la fiesta de la democracia, como la definió un ex presidente de Chile– y finalmente el momento posterior a la elección, donde la mayoría resultante accede al poder y tener suficiente autoridad para hacer que sus disposiciones se cumplan y la minoría debe tener suficientes garantías para que no devenga la tiranía de la mayoría.

Si esas condiciones se cumplen incluso de forma creciente en muchos países con democracias jóvenes ¿Qué es lo malo? ¿Por qué pensar que existe un deterioro de esta forma de gobierno? Justamente porque la categorización de Dahl resulta reduccionista y se simplifica en extremo el involucramiento de la ciudadanía en los procesos políticos de los países. En las comunidades políticas donde existen sólo esas condiciones se incuba un malestar latente con la democracia por restar protagonismo al ciudadano, pieza central en las formas de gobierno desde donde se recogen los principios normativos que rigen nuestros regímenes: la democracia ateniense y la República romana.

De ahí que surjan una serie de movimientos que remecen los cimientos de gobiernos democráticos aparentemente consolidados pero que han ido tomando decisiones que han afectado directamente el interés del pueblo que eligió a los gobernantes. En esto quizás el caso más emblemático –pero quizás poco representativo por la magnitud del país– sea el de Islandia, donde el pueblo se movilizó frente a un gobierno que buscaba salvar las principales entidades financieras a costa de aumentar la deuda del Estado. El colapso económico se produjo de todas formas, los bancos no pudieron ser salvados de la quiebra por la negativa popular expresada en un referéndum y, como corolario, el gobierno se derrumbó.

Pero claramente no es el único país. España y los indignados en la puerta del sol que no sólo se manifiestan contra los recortes fiscales que se debe hacer el Estado –lo que sí podría ocurrir en Grecia– si no que también con una democracia a la que acusan de excluyente (El País, 2011). Chile está actualmente transitando en la misma senda de desapego a las formas tradicionales de representación buscando una mayor injerencia de los actores directamente afectado por las decisiones del gobierno en el proceso donde éstas se toman.

Y para cerrar un cuadro mayúsculo de cambio, la primavera árabe –tan profunda que tiene su propia denominación– que sigue un camino incierto en contra de regímenes tiránicos pero con un futuro brumoso que nos lleva a recordar a Santo Tomás de Aquino diciendo “de ahí que cuando en Siracusa todos deseaban la muerte de Dionisio, una anciana no dejaba de pedir que sobreviviese incólume. Al saberlo el tirano, le preguntó a qué obedecía su actitud y ella le contesto diciendo: Cuando yo era joven teníamos un tirano cruel, cuya muerte deseaba, muerto el cual le sucedió otro más duro, y también deseé vivamente el final de su dominio; luego empezamos a aguantarte a ti, más insoportable que los anteriores Por tanto, si tú eres removido, otro peor ocupará tu sitio (Widow, 1995, pág. 360).” Hoy no tenemos claro si a la caída de los líderes autocráticos del norte de África le sucederán otras formas de tiranía o bien formas incipientes de democracia.

Se trata, por lo tanto, de un movimiento contra el status quo democrático que se aleja del bien común o que busca iniciar caminos democratizadores. Lo cierto, en cualquier sentido, es que el germen del cambio está instalado en estas sociedades que hoy se encuentran en encrucijadas profundas que ofrecen alternativas diversas para avanzar en esta nueva etapa y que cuestionan las estructuras políticas actuales.

De la democracia como mejor forma de gobierno

Si nos preguntamos si la democracia es la mejor forma de gobierno, la respuesta más probable es que no lo sea, aunque tendríamos que parafrasear quizás a Winston Churchil, diciendo que lo es a excepción de todas las demás.

La democracia clava sus raíces en Atenas y Platón será el llamado a criticarla como forma de gobierno. En La República, nos dice Platón a menos que los filósofos reinen en los Estados o los que ahora son llamados reyes y gobernantes filosofen (…) y que coincidan en una misma persona el poder político y la filosofía (…) no habrá fin de los males de los Estados ni tampoco del género humano (Gómez-Lobo, 1993, pág. 395) El mismo Gómez-Lobo nos señala que la crítica de Platón a la democracia directa es que las decisiones no se toman desde un punto de vista racional y por ello no son necesariamente buenas para la comunidad.

Pero Aristóteles responde a Platón respecto a este punto e introducirá un elemento que sigue presente en varios pensadores posteriores. Se trata del régimen republicano siguiendo la tradición latina –la Res pública Romana– en el que todos tienen derecho al poder pero ninguno de forma absoluta (Bartlett, 1995). La politeia por tanto sería una forma de democracia limitada en la que se busca el bien de la comunidad en su conjunto pero donde al mismo tiempo todos tienen derecho al poder, a diferencia de la monarquía donde uno accede al poder o la aristocracia, donde acceden unos pocos, pese a que son regímenes virtuosos que buscan el bien de la comunidad. Aristóteles señala que La tiranía es efectivamente, una monarquía orientada hacia el interés del monarca, la oligarquía busca el de los ricos, y la democracia el interés de los pobres, pero ninguna de ellas el provecho de la comunidad. (Godoy, 1993, pág. 28)

Cicerón, asimismo, toma la categorización de Aristóteles. Dice Escipión que Al recuerdo de Ciro, rey que llamaría tolerable (…) sucede en mi mente el de Falaris, monstruo de crueldad, y comprendo que la dominación absoluta de uno solo corre por resbaladiza pendiente hacia la tiranía. Al lado del gobierno aristocrático de Marsella, nos presenta Atenas la facción de los treinta. Y por no citar otros ejemplos, entre los mismos atenienses la dominación del pueblo ofrece el triste espectáculo de una multitud desenfrenada, que comete los mayores excesos (Cicerón, 2007) La democracia, aquella directa ejercida por el pueblo, es considerada como un mal para la salud del Estado y para el interés general de la comunidad.

Santo Tomás de Aquino releva la importancia del argumento ciceroniano para engrandecer la República Romana, señalando que la mayor gloria de Roma se vivió justamente cuando el pueblo romano expulsó a los reyes e instituyeron cónsules y otros magistrados por quienes empezaron a gobernarse (Widow, 1995). Sin embargo, huelga señalar que para Santo Tomás el mejor régimen es la monarquía, pues el gobierno de los muchos es más propenso a convertirse en tiranía que el de uno solo. Pero indica también que tanto el gobierno de muchos, la democracia, como el de uno solo, la monarquía, están expuestas al riesgo de devenir tiranías, por cuanto es necesario temperar el poder del rey para reducir el peligro de que se convierta en tirano.

Quede pues dicho que en los antiguos pensadores el concepto de democracia –en el sentido del gobierno del pueblo– no se encuentra presente como una forma de gobierno virtuosa que procure el bienestar general. Por el contrario, se le considera perjudicial para el bien común, tanto como la tiranía y la oligarquía. La tradición democrática en el mundo por lo tanto es reciente y va de la mano con el surgimiento de ideas liberales durante el siglo de las luces y la declinación del poder absoluto del rey para dar paso a formas constitucionales de regulación del gobierno. Rousseau (Miranda, 1997) defiende la separación del gobierno, pues no es bueno que el que hace las leyes también las ejecute. Y al mismo tiempo indica que es necesario distinguir los deberes de los ciudadanos en calidad de súbditos y los derechos de los que gozan en tanto hombres. Cuando el Estado requiera algo del súbdito debe ser por el bien de la comunidad. De lo anterior desprendemos que cuando se limitan derechos fundamentales, como la libertad de reunión, deben ser únicamente en beneficio de la comunidad.

Llegamos a la conclusión con todo este razonamiento previo que el mejor régimen es aquel capaz de limitar el poder de quien lo ostente –el rey, el príncipe, el presidente– permitiendo la participación en el proceso político tanto a los ricos como a pobres sin que ninguno de ellos pueda hacerse del poder suficiente como para imponer a los otros su propia voluntad pasando por encima de la voluntad general y del bienestar de la comunidad. Tomado de esa forma, tenemos que la democracia vista desde el punto de vista procedimental es completamente insuficiente y que la existencia de leyes que busquen regular el uso del poder político tienen un alcance limitado para consolidar la república en la medida que no todos pueden hacerse parte del poder y que esas mismas leyes perpetúan élites políticas en los puestos estatales.

De la ruinas de la res pública deviene oligarquía

Hoy no basta un régimen republicano donde un presidente gobierne, un congreso legisle en representación de los ciudadanos y un sistema judicial administre las sanciones a los transgresores de la ley. Es fundamental mantener esas estructuras pero depurarlas para evitar que devengan en gobiernos corruptos. Hoy, a diferencia de la república romana, no hablamos de representantes de clases: El cónsul, el senado, los tribunos de la plebe. Hoy todos los representantes pertenecen a una misma élite social en la que la línea que separa los negocias privados de los asuntos públicos es extremadamente difusa.

Esta forma de gobierno donde todos tienen acceso al gobierno de forma justa pero nunca absoluta hoy no se cumple de manera cabal y es lo que ha llevado a la crisis de la democracia recta. Los mecanismos de acceso al poder hoy están desgastados y eso hace que actualmente sólo un grupo privilegiado, una élite social, actúe como supuesto representante del pueblo frente a la soberanía del Estado, provocando que miles de ciudadanos se vean excluidos de la toma de decisiones en la comunidad política. Es decir, se pierde la esencia del ciudadano que se hace parte de las deliberaciones de los asuntos públicos para transmutar en el ciudadano-elector que una vez que ha votado vuelve a sus asuntos privados olvidando que el mundo público es el de lo común, el que incumbe a todos, el que ha estado antes de nosotros y nos sobrevivirá después, según dice Hannah Arendt (Fernandois, 2006)

Esto nos lleva a decir que la democracia se ha estancado en el fortalecimiento de los procesos electorales. El buen gobierno ha decaído y hoy tenemos una oligarquía electa que no sabe diferenciar entre lo que es bueno para las élites y los que es bueno para la comunidad ¿Cómo se explica, sin este marco, que Islandia haya preferido salvar de la quiebra los bancos desfinanciando el Estado y reduciendo beneficios sociales para sus ciudadanos? ¿O que Estados Unidos gaste dinero tan desmedidamente que ponga en riesgo a todo el mundo? Es algo tan sencillo como decir que las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan.

Pero la responsabilidad es compartida. El decaimiento de la república y el debilitamiento de la democracia no se producen exclusivamente por el alzamiento de una élite perversa y oportunista que ocupa los mecanismos democráticos para proteger sus intereses y olvidar los de la comunidad. Hay también un silencio ante lo público, una indiferencia hacia la política y un rechazo hacia quienes buscan ejercerla. De ahí que se equiparen como derechos fundamentales aquel que permite a las personas manifestarse respecto a los asuntos políticos usando los espacios públicos y el libre tránsito de personas que están dedicadas a sus asuntos privados.

Ya dijimos que Rousseau (Miranda, 1997) señala que a las personas, en tanto hombres integrantes de una sociedad, se les pude limitar derechos sólo cuando sea necesario por el bien de la comunidad y, en vista que las manifestaciones relacionadas con los asuntos públicos son beneficiosas para la comunidad política, es razonable que aquellos derechos orientados a los asuntos privados puedan verse efectivamente limitados. Hoy, sin embargo, pareciera que la prioridad se ha invertido y el uso de los espacios públicos para ejercer un acto político milenario, como la manifestación y la deliberación respecto a asuntos públicos, se ve limitada por la preeminencia de aquello que no es común, en definitiva, de lo privado.

Se ha producido una indiferencia tan potente con los temas públicos y con la política que hoy en muchos casos es lo privado lo que irrumpe en la esfera pública. Asuntos que no son comunes ni afectan el devenir de una sociedad son tratados en ventanas públicas como la televisión y la prensa. Baumann (2001) indica justamente que hemos perdido esos espacios de deliberación pública donde puedan identificarse los problemas públicos –aquellos que no pueden ser solucionados de forma individual– y han sido reemplazados por foros para publicar lo privado. Nos faltan ágoras, denuncia el sociólogo polaco.

Frente a esta situación se ha producido un importante levantamiento de la ciudadanía en la búsqueda de revertir decisiones gubernamentales que perjudican profundamente a las comunidades políticas. Cambios bruscos que ponen en riesgo la estabilidad de los gobiernos y la fortaleza del tejido social. Sin embargo, creemos que en esas demandas se ocultan peligros que socavarían aún más la calidad del gobierno pues no sólo no mejorarían el acceso de todos al poder de forma justa y no absoluta –la manera que hemos entendido el buen régimen– sino dañarían instituciones republicanas que si bien hoy están deslegitimadas sí existen y aplicando cambios adecuados pueden usarse de acuerdo al espíritu con el que fueron concebidas: permitir el acceso de todos al poder, pero de ninguno de manera absoluta. La voluntad general siempre se puede ver atropellada por voluntades particulares.

Referencias

Bartlett, R. (1995). La ciencia aristotélica del mejor régimen. Estudios Públicos , 35-64.

Bauman, Z. (2001). En busca de la política. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Cicerón, M. T. (2007). Tratado de la República. México DF: Editorial Porrúa.

Dahl, R. (1997). Poliarquía: participación y oposición. Madrid: Tecnos.

El País. (2011, mayo 15). La manifestación de 'indignados' reúne a varios miles de personas en toda España. Retrieved agosto 06, 2011, from El País: http://www.elpais.com/articulo/espana/manifestacion/indignados/reune/varios/miles/personas/toda/Espana/elpepuesp/20110515elpepunac_12/Tes

Fernandois, J. (2006). Una pensadora para nuestro tiempo: El centenario de Hannah Arendt. Estudios Públicos , 211-471.

Godoy, O. (1993). Antologia de la política de Aristóteles. Estudios Públicos , 1-61.

Gómez-Lobo, A. (1993). Escritos políticos de Platón. Estudios Públicos , 337-411.

Griggs, T. (2006). Democracia contemporánea. Modelos procedimental de Dahl y la crítica normativa de Habermas. Santiago de Chile: Documento de apoyo docente-Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Hobsbawm, E. (2003). La era de la revolución: 1789-1848. Barcelona: Crítica.

Miranda, C. (1997). Antología política de Rousseau. Estudios públicos , 321-377.

Widow, J. A. (1995). Escritos políticos de Santo Tomás de Aquino. Estudios Públicos , 345-408.

Sistemas electorales y decisiones de los partidos políticos

2011-08-02T21:09:00.000-04:00

Los sistemas electorales tienen un efecto significativo en el ordenamiento político e institucional de los países. Sin embargo, si seguimos a Sartori en Ingeniería Constitucional Comparada, el efecto es más complejo al señalado por Duverger en sus leyes electorales, pues los sistemas electorales funcionan en una red institucional más compleja que tiene efectos sistémicos en la conformación del sistema político.

A grosso modo las leyes de Duverger señalan una interacción entre la forma del sistema de partidos y el sistema electoral. Si el sistema electoral es mayoritario es altamente probablemente que forme un sistema bipartidista, en cambio, con un sistema electoral proporcional es más probable que se forme un multipartidismo, pues más partidos podrán ingresar al parlamento.

La crítica de Sartori a este esquema se centra en que resulta en extremo determinista indicar que el sistema electoral causa tales efectos en la estructuración del sistema de partidos, pues habría otros elementos que contribuyen a su formación. Latamente Sartori busca explicar, en primer término, a qué se le puede llamar un sistema de partidos estructurado para a partir de ello inferir los factores que le dan origen. Creo que es dable destacar que los sistemas de partidos estructurados pueden surgir solo cuando los partidos de masas desplazan y reemplazan a los partidos de notables propios del siglo XIX.

De lo anterior se deriva que las leyes de Duverger solo pueden ser aplicadas en contextos de sistemas de partidos estructurados, allí por tanto hay que buscar si se cumplen o no los efectos reductores o multiplicadores que los sistemas mayoritarios y proporcionales sugeridos a partir de las leyes de Duverger.

Si definimos un sistema bipartidista solamente con los criterios de coalición y chantaje –la definición de partido relevante– nos encontramos con una serie de países con sistemas bipartidistas en los que, sin embargo, hay terceros partidos con un importante caudal electoral. Sin embargo, sin tener en cuenta esos criterios de relevancia en la cámara política, solamente Estados Unidos se podría considerar un país con un sistema bipartidista puro donde la presencia de terceros partidos electoralmente significativos es escasa o nula. Reino Unido tiene presencia fuerte de los liberales-demócratas, hoy en el gobierno de coalición con los conservadores, Canadá tiene un tercero e incluso un cuarto partido con alta votación, lo cual lleva a que se formen gobiernos de minoría. Australia posee un partido que en realidad es una mezcla de dos partidos. Lo importante de todo esto es que si bien los partidos obtienen votos, casi nunca logran elegir candidatos y, de hacerlo, el número de escaños obtenidos no alcanza a ser suficiente para tener un impacto efectivo en la política de alianzas de los otros partidos o en la modificación de la agenda gubernativa del partido gobernante.

Por lo tanto habría que refinar las definiciones de bipartidismo para depurar el análisis. Entonces los bipartidismo estarían definidos por la existencia de dos partidos importantes que son capaces de gobernar solos independiente de terceros partidos. Eso diferenciaría lo que ocurre en Australia con lo que sucede en Alemania, donde el partido mayoritario (la CDU) debe hacer coalición son la SPD o con los verdes, como sucede actualmente. Una idea adicional es que incluso se puede dar un sistema bipartidista con gobierno de minoría, como lo que sucede en Canadá.

Esta definición, más amplia que la tradicional idea de dos partidos que se alternan en el poder, sin tomar en cuenta en ella la existencia de otros partidos con votación altas pero con representaciones parlamentarias irrelevantes. Ahora bien, bajo este esquema, habría que incluir también países que con un sistema electoral proporcional poseen un bipartidismo. Con ello, las leyes de Duverger pierden alcance para explicar los efectos reductores o multiplicadores de los sistemas electorales.

Sartori deriva cuatro enunciados. El primero de ellos señala que un sistema electoral mayoritario no puede por sí mismo estructura un bipartidismo pero que sí puede ayudar a mantenerlo cuando ya existe. La segunda regla es que en el largo plazo un sistema mayoritario puede producir un bipartidismo siempre que se cumplan dos condiciones: que el sistema de partido esté estructurado y que la proporción de votantes no sometidos al bipartidismo no se encuentre dispersa. La tercera regla indica que es imposible que exista un bipartidismo bajo cualquier sistema electoral siempre que un tercer partido represente a las minorías en una proporción mayor a la pluralidad. Esto se puede dar cuando existan minorías lingüísticas, étnicas, religiosas o de otro tipo. La cuarta regla indica que la representación proporcional tendrá un efecto reductor en la medida que imponga barreras de entrado o premios, diluyendo a partidos pequeños o que tiene al electorado muy disperso en distritos pequeños.

A la luz de este razonamiento, se proponen cuatro posible combinaciones que sirven para comprender desde un punto de vista más complejo los efectos del sistema electoral. La primera combinación destaca los efectos reductores que tiene el sistema electoral sobre el sistema de partidos. Esto tiene que ver no únicamente con la representación mayoritaria, pues como se señaló previamente, es posible que un sistema proporcional tenga efectos reductores bajo ciertas circunstancias. O bien, extendiendo el argumento de Sartorio, un sistema con características mayoritarias podría promover el funcionamiento de una mecánica bipartidista aún en un contexto multipartidista, como lo ocurre en Chile, con una competencia centrípeta de coaliciones plurales.

La segunda combinación posible tiene que ver con que, aunque exista una representación proporcional, un sistema de partidos fuertemente estructura limitará la actuación de los electores. ¿Podrían en Chile surgir nuevos partidos si el sistema electoral fuera más proporcional –pues en estricto rigor el sistema binominal es propocional– o se mantendría el escenario actual? ¿O los partidos seguirían bajo un path dependency tomando las mismas decisiones que han llevado hasta el actual escenario?

La tercera combinación señala que cuando existe un sistema electoral fuerte y un sistema de partidos poco estructurado, el efecto limitante se verá únicamente a nivel distrital y no tendrá consecuencias a nivel nacional. Según Sartori, está combinación puede explicar el fracaso de sistemas mayoritarios en contextos de sistemas de partidos poco estructurados para reducir la fragmentación del sistema, pues la presencia de partidos distritales es fuerte.

Finalmente, con sistemas electorales y sistemas de partidos débiles, el efecto que habrá será nulo respecto al proceso político. Es decir, mientras más pura se la representación proporcional –con un distrito único nacional, por ejemplo– y menos barreras existan para la representación –sin umbrales mínimos de votación– el efecto que tendrá el sistema electoral o el sistema de partidos sobre los resultados será cada vez menor.

En resumidas cuentas, podríamos señalar respecto de los efectos de los sistemas electorales en la conformación del sistema político, son condicionados también por otros elementos propios de la evolución sociopolítica de cada uno de los países y, por lo tanto, es posible explicar de esa forma las transgresiones a las leyes de Duverger en cuanto al número de partidos político que formen el sistema. Existen variables como la polarización del sistema, la existencia de divisiones sociales cruzadas entre sí –las que según Lipjhart dan origen a sociedades plurales– como condicionantes étnicas, lingüísticas, religiosas o regionales. Asimismo, la fortaleza e institucionalización de los sistemas de partidos puede tener efectos limitantes sobre las decisiones de los electores, aún bajos formas proporcionales de elección, con lo cual el impacto del sistema electoral no necesariamente será unidireccional en cuanto a la conformación del sistema de partidos o a las preferencias de los votantes.

Finalmente, creo que es adecuado enfatizar que los sistemas electorales sí tienen efectos importantes sobre el proceso político y no deberían ser tratados como variables constantes de éste cuyo impacto es nulo frente a otros aspectos. Muchas decisiones de los partidos políticos, desde un punto de vista de elección racional, pueden estar condicionadas a la sobrevivencia electoral, por ejemplo, la política de alianzas de los partidos puede tender a ello. Sin embargo, no se puede dejar de lado el hecho que el sistema electoral es parte de un entramado institucional formal y no formal que también actúa como determinante de las decisiones de electores y partidos. Así por ejemplo, un sistema distinto al binominal ¿habría producido los mismos efectos en la política de alianzas de los partidos chilenos durante los primeros diez años de democracia? So riesgo de parecer simplista, da la impresión que sí, toda vez que el plebiscito de 1988 dividió al país y ese pseudoclivaje se mantuvo al menos hasta la elección presidencial de 1999. Con todo esto, quiero señalar que no existe un determinismo ni una unidireccionalidad en la conformación de los sistemas y los procesos políticos, que en parte importante obedecen a elementos nacionales poco susceptibles de ser generalizados.

La indignación es con la democracia

2011-06-29T20:34:00.001-04:00

Durante 21 años de democracia en Chile han gobernado casi las mismas personas bajo las mismas instituciones construidas durante la dictadura, políticamente validadas en democracia y perpetuadas en un documento constitucional que aunque sin la firma del dictador –a partir de 2005 la Constitución lleva la firma de Ricardo Lagos– sigue teniendo los mismo vicios de aquella que vio nacer la democracia en el marco de acuerdos y consensos de la clase política, sin mucho diálogo ciudadano ni participación social. Mantener la democracia era el objetivo más importante y para eso se podían transar otras cosas que arbitrariamente fueron consideradas menos relevantes.

Es probable que la ciudadanía haya considerado lo mismo frente a la importante experiencia que significó la transición pactada en Chile, valorando lo que se había logrado y no tanto lo que hubo que sacrificar. O bien que las luces del crecimiento económico de los años 90 –ese que nos hizo autodenominarnos “los jaguares” de América– que alimentó una idea no muy bien concebida respecto al milagro económico chileno, con cifras macroeconómicas que nos hacían brillar pero dejaban a su paso una sociedad atomizada, con muy bajos niveles de cohesión social en ciudades altamente segregadas, incubando dentro de sí profundos resentimientos, agudizando las contradicciones del neoliberalismo y excluyendo social, política y económicamente a grandes grupos.

Y es que Chile ya dejó de deslumbrarse con el crecimiento económico sobre el 6%, con las bajas cifras de inflación o la disminución del desempleo. Después de 21 años los chilenos nos hemos dado cuenta que hay que dar un salto sustancial en la calidad de la política y de la democracia. Las cifras económicas que hacen de Chile un ejemplo –muy cuestionable– y que nos han llevado a la OCDE pierden total validez cuando la exclusión se hace presente. Y lo peor es que no solo hablamos de exclusión económica, pues con un par de tarjetas de crédito cualquier persona puede sentirse parte de funcionamiento del mercado y adquirir bienes que en nuestra sociedad neoliberal entregan status y distinción, pero no siempre calidad de vida. Hablamos de exclusión política y social. En definitiva, hablamos de profundas fallas de la democracia que hoy deja afuera a importantes sectores sociales que ven en el crecimiento económico una falacia.

Desde las protestas estudiantiles, las marchas por Hidroaysén, Castilla y Punta de choros; las protestas en Punta Arenas y en Calama; las huelgas de los trabajadores del cobre, los problemas relacionados con la reconstrucción y las demandas, menos mediáticas pero también presentes, sobre una nueva Constitución, no revelan otra cosa que un malestar generalizado con un sistema injusto y excluyente. Y ojo, no me refiero necesariamente a un sistema económico que genera desigualdades –que sí las genera– sino de un sistema político que genera desencanto y, lo que es más grave, exclusión.

Y todo esto se da en un contexto donde las alternativas políticas parecen no existir, en un sistema de partidos cuya representatividad y legitimidad es cada vez menor y con una ciudadanía que se niega a canalizar e institucionalizar los conflictos, porque simplemente el sistema no da el ancho para generar soluciones esperadas y los partidos y los políticos no dan la confianza. Las grandes comisiones que buscaron crear un “gobierno ciudadano” –el vago concepto que Bachelet intentó instalar– se han traducido en acuerdos entre las cúpulas partidarias, y los ciudadanos excluidos del proceso de toma de decisión han interpretado eso como una traición. De ahí que no sea extraño que las demandas de todos los movimientos partan por exigir garantías mínimas para negociar. La palabra empeñada ya no sirve, pues cuando se creyó en ella los políticos le dieron un portazo a los movimientos sociales con los que negociaron.

Los problemas estructurales de la política chilena, esos que no se solucionan con el cosismo y el discurso apolítico de la derecha, se están volviendo cada vez más evidentes. Y la centro-izquierda tampoco tiene un discurso para hacerle frente. Fueron muchos años de acuerdos de segundo piso. Para solucionar nuestra crisis política lo que necesitamos es justamente volver a la política, reencontrarnos con ideales republicanos que evoquen el bienestar general, la deliberación ciudadana y la democracia. Así será posible generar los puentes que vuelvan a unir el clamor ciudadano y la actividad política.

Pero hay un problema grave y es que en el poder permanecen políticos que han rotado por cargos una y otra vez, cuando no se ha mantenido en el mismo desde el retorno a la democracia y, peor aún, pues algunos ya ocupaban algún escaño en el congreso antes del derrumbe de la democracia. Es un stablishment político e institucional apto para alcanzar la democracia, para hacerla estable y para hablar del crecimiento con equidad que se quedó más en crecimiento. No es el que necesitamos para ampliar los pilares democráticos, para hacer un sistema político más representativo y adecuado a la sociedad que hoy somos.

¿Será acaso que una fuerza de destrucción creadora tendrá que aparecer en nuestro país para barrer con las viejas instituciones y con los viejos rostros y producir la emergencia de un nuevo entramado institucional? ¿Será que, como en varias partes del mundo, la indignación y el malestar se están dando contra la democracia de mentira y amenazan a los que ocupan posiciones de poder? La clase política está en una coyuntura crítica que bien puede tener un desenlace inesperado. Se trata de entregar las garantías, de generar los cambios, de renunciar a sus cotos de caza particulares y buscar los caminos para darle a Chile un nuevo futuro. Si ese camino no se sigue pronto el malestar crecerá y se puede convertir en una indignación tan grande que barrerá con todo y el costo que habrá que pagar será demasiado alto.

Chile necesita una nueva Constitución, por Bastián González

Crisis de la democracia y revolución de las élites, por Gabriel Henríquez

El descontento con una democracia no democrática, por Natalia Vargas

De la fortuna y la virtud en la conquista y conservación del Estado en «El Príncipe»

2011-06-27T18:02:00.000-04:00

Las ideas de Maquiavelo están fundadas en la preeminencia de la razón de Estado sobre cualquier otra de carácter moral, este concepto se refiere a las medidas racionales que un gobernante debe tomar con objeto de conservar la salud y fuerza de un Estado En otras palabras, el Estado goza de una racionalidad propia y superior; y para conservarla se justifican medidas de dudosa ética o contrapuestas a la moral tradicional.

El Príncipe, por tanto, no se ajusta a las normas morales, es decir, que un mal menor y que ameritaría un rechazo social (por ejemplo, un crimen) se justifica siempre y cuando se evite un mal mayor (una revuelta). Esto se condice a la perfección con aquella frase que dice “un príncipe no debe preocuparse porque lo acusen de cruel, siempre y cuando su crueldad tenga por objeto el mantener unidos y fieles a los súbditos; porque con pocos castigos ejemplares será más clemente que aquellos que, por excesiva clemencia, dejan multiplicar los desordenes, causa de matanzas y saqueos que perjudican a toda una población”

Esto lleva a que la conservación del Estado y del poder del príncipe no esté radicada únicamente en el devenir de las cosas, sino que es importante que el soberano sea capaz actuar para mantener la salud del Estado. Por tanto, en este punto es bueno hacer la distinción entre la fortuna y la virtud, toda vez que de la fortuna depende la mitad de nuestras acciones, pero nos deja dirigir la otra mitad o algo menos. Luego, la conservación del Estado depende de las acciones del príncipe y no tanto del devenir de la providencia. Es así como cobran importancia los elementos que permitan al príncipe mantener el control del Estado mediante las armas propias, aprovechando o bien mitigando lo que la fortuna designe y que, pudiendo estar en contra de la moral tradicional, encuentran su justificación en la conservación del poder estatal.

Sin embargo, huelga decir que la buena o mala fortuna de los hombres para Maquiavelo depende también de sus acciones. Señala que las acciones se deben acomodar al tiempo en que los hombres viven, actuando con impetuosidad o con prudencia dependiendo de las circunstancias. Luego, las repúblicas pueden aprovechar mejor la buena fortuna, aunque también tienen dificultad para ajustar sus instituciones a los tiempos. Cuando en los principados, en cambio, el tiempo cambia en sentido contrario a los procedimientos del príncipe, éste sucumbe más rápido.

Se desprende de todo lo anterior que la conservación del Estado depende de la buena fortuna y de las circunstancias, pero el aprovechamiento de éstas se basa en las acciones que el gobernante emprenda para aprovecharlas. Actuando como sea necesario de acuerdo a lo que su entorno le demanda. Siendo cruel o clemente en la medida que las circunstancias se lo permitan o se lo requieran. Por tanto, fortuna y virtud –armas propias y armas ajenas– están íntimamente relacionadas en la tarea de conservar el Estado ya que la virtud debe dominar a la fortuna.

Pero se debe tener en cuenta que no siempre se necesitan las mismas dosis de fortuna y talento para dominar un Estado. Así por ejemplo cuando se trata de Estados conquistados en el mismo espacio territorial y que tienen la misma lengua y costumbres solo basta que la dinastía anterior de príncipes desaparezca y que el príncipe nuevo mantenga los tributos y las leyes que tenían los antiguos. Conservar estos Estados es fácil, pues las personas no están acostumbradas a vivir en libertad.

En cambio aquellos Estados que están alejados y que tienen costumbres, leyes y una lengua diferente requieren de una gran fortuna para su dominación y grandísimo talento. Recomienda Maquiavelo que los príncipes nuevos que conquistan este tipo de Estados deben irse a vivir al territorio conquistado para hacer más fuerte la dominación. En esas circunstancias, por tanto, se requerirá que el príncipe actúe de acuerdo a las razones de Estado pues es complejo conservar ese poder.

Respecto al primer tipo de Estado podríamos señalar que la fortuna es más importante. Factores externos pueden permitir al príncipe llegar a hacerse del poder de un Estado cercano. La decadencia de la dinastía anterior de príncipes puede generar los espacios para que un nuevo príncipe ascienda, un vínculo entre dos dinastías puede llevar al poder a un príncipe nuevo sin que medie la fuerza ni las armas propias. Solo las circunstancias.

En cuanto al segundo tipo de Estado, la virtud es mucho más importante. El príncipe requiere dominar la mala fortuna y aprovechar la buena a través de sus acciones. Puede ser necesario cometer crímenes para asegurar la paz y la sobrevivencia de la dominación. Los castigos ejemplares que lo hagan ver cruel, pero que sin ellos el resultado sería peor no solo para la vida del príncipe nuevo, sino que también para la población.

En suma, fortuna y virtud se encuentran íntimamente relacionadas. Para alcanzar un Estado y para conservar su poder se requieren dosis justas de cada una y depende de las circunstancias y del tiempo en que lo toque vivir al príncipe. Conservar el poder puede ser sencillo o puede ser difícil y ahí entra la virtud del soberano o el simple aprovechamiento de la fortuna. Con todo, siempre hay que tener en cuenta que el objetivo final es la conservación de la salud y la vida del Estado y que perdure la dominación del príncipe, sin importar si ello reporta la necesidad de actuar contra la moral tradicional, pues el Estado tiene una racionalidad superior y distinta y las acciones que se deben seguir para conservarlo deben ser juzgadas desde ese punto de vista.

El sueldo mínimo, la calidad del empleo y la inflación

2011-06-21T23:26:00.000-04:00

La discusión sobre el sueldo mínimo se centra todos los años en los efectos que un alza muy pronunciada puede provocar en los equilibrios macroeconómicos –particularmente la inflación– y también en el nivel del empleo. Lo primero tiene que ver con la productividad, pues la teoría nos señala que los sueldos suben en la medida que aumenta la productividad de los empleos, de no ser así, se estarían alimentando escaladas de inflación producto de la mayor cantidad de dinero circulante en la economía sin un correlato de producción.

Lo segundo tiene que ver con que las empresas que mayormente contratan a sus trabajadores por el sueldo mínimo son micros, pequeñas y medianas empresas que no podrían enfrentar un alza del sueldo mínimo mucho más alta que el crecimiento de la productividad y por lo tanto la solución sería despedir trabajadores dejándolos en una situación de mayor vulnerabilidad. El razonamiento es algo así como “ganan poco, pero peor sería que ganaran nada”.

Este supuesto equilibrio nos lleva a varias ideas que no se toman en cuenta a la hora de la discusión del corto plazo, pues ésta se centra en cuánto puede crecer el sueldo mínimo en un conflicto de suma cero donde las posiciones del gobierno y de los trabajadores se contraponen.

La primera idea es la calidad de los empleos en Chile y las posibilidades que tienen para volverse más productivos. Un estudio de Kirsten Sehnbruch y Jaime Ruiz-Tagle realizado para la subsecretaria del trabajo el año 2009 demostró que cerca de un 60% de los empleos en Chile son precarios, definidos éstos como empleos poco productivos, mal remunerados y sin las condiciones adecuadas de protección social.

La pregunta luego es por qué estos empleos son pocos productivos y la respuesta más plausible es que la economía chilena se sustenta en gran parte gracias a sectores económicos y a industrias que producen empleos de mala calidad. Las industrias de servicios, retail, agricultura de baja productividad y, por cierto, micro, pequeñas y medianas empresas con una baja productividad. La economía chilena produce este tipo de empleos, en parte porque el desarrollo de sectores económicos más productivos y sofisticados es escaso y porque la inversión en mejoramiento del capital humano desde el punto de vista técnico no es suficiente para alcanzar trabajadores mejor preparados –y más productivos– para los empleos que hoy existen.

La segunda idea tiene relación con el insuficiente alcance del alza anunciada por el gobierno para restituir el poder adquisitivo de los trabajadores que reciben el sueldo mínimo. Bajo la lógica que un alza de esta variable debería ir en línea con la inflación acumulada –aunque también se ha dicho que debe ir en línea con la inflación proyectada– para devolverle a los trabajadores el poder adquisitivo que la moneda va perdiendo con el alza de los precios de los productos y también en línea con el crecimiento de la productividad (Ministerio de Hacienda 16/06), de modo que a mayor productividad aumente el poder adquisitivo de los trabajadores, se nos presenta el siguiente escenario.

El alza aprobada en la cámara baja fue de un 5,5%, lo cual deja el sueldo mínimo en 181 mil pesos. El alza real, sin embargo es de un 2,2% pues el 3,3% adicional únicamente responde a la inflación acumulada en los últimos 12 meses. De acuerdo a la combinación de variables –inflación y productividad– el alza debe haber sido solo de un 4,4%, de acuerdo a lo señalado por la comisión de expertos que el ministerio de hacienda convoca para estos fines, para mantener consistente el sueldo mínimo con los equilibrios macroeconómicos y las condiciones del mercado laboral.

Pero ¿Quiénes ganan el sueldo mínimo? La respuesta a esto la da la encuesta CASEN que señala que en Chile las personas que ganan entre 1 y 1,5 sueldos mínimos llegan a casi un millón de trabajadores. En una familia de cuatro personas, donde solo un integrante trabaje, como es la norma en los hogares de menores recursos, ganar entre 172 mil y 258 mil pesos se convierte en una condena a ser pobre o a mantenerse levemente por sobre la línea de la pobreza. Pero las cifras son siempre engañosas y la situación siempre puede ser peor a cómo se ve en los números presentados por el gobierno… por cualquier gobierno.

Las familias de los quintiles más bajos, además, destinan gran parte de sus ingresos a alimentos. Es natural. La comida es lo prioritario cuando el dinero es escaso. ¿Cómo es el comportamiento de la inflación en el tramo de alimentos? El alza acumulada en 12 meses es de un 7,4% y las expectativas que existen al respecto señalan que se mantendrá al alza. El pan y la lecha líquida han subido, solo en un mes, un 2,5% y un 2,9% respectivamente y la lecha en polvo un 4,2%. Los servicios básicos como agua, electricidad y gas han tenido un alza de un 7,3% en el último año, el gas licuado y la parafina, ambos combustibles usados como calefacción o para cocinar en los hogares más pobres, han subido en último mes un 2,6% y un 1,3% respectivamente. Y el transporte ha subido un 5,3%.

Con todas estas cifras, vista de forma desglosada y más transparente ¿es posible pensar que un crecimiento del 5,5% del sueldo mínimo es capaz de restituir el poder adquisitivo a los trabajadores más pobres? La respuesta es categórica: no. Ni pensar en aumentar el sueldo en términos reales. Cuando los alimentos, el transporte y los servicios básicos están subiendo dos o tres puntos porcentuales más que el IPC en términos agregados, el alza del sueldo mínimo viene solo a paliar una situación de precariedad creciente entre los trabajadores más pobres del país.

A modo de conclusión, hay dos desafíos muy presentes que se abren para mejorar los ingresos y la posibilidad de obtenerlos en los trabajadores de los quintiles más bajos. El primero pasa por mejorar la calidad de los empleos generando programas de innovación, desarrollo y agregación de valor a procesos productivos y que además consideren programas efectivos para capacitar a los trabajadores, tanto en aquellos sectores productivos nuevos que pueden surgir como en aquellos que hoy tenemos y que tiene falencias en su productividad.

Lo segundo tiene que ver con sincerar las cifras con las cuales se realiza el reajuste. No es adecuado que la opinión pública y los trabajadores vean que su sueldo crece cuando en realidad y de acuerdo a los hábitos de consumo de las familias que viven con el sueldo mínimo, el crecimiento es marginal, no restituye poder adquisitivo ni permite a las personas aumentar sus ingresos en términos reales. A partir de eso es necesario revisar las soluciones que se pueden plantear para mantener el justo equilibrio entre el mercado laboral, los equilibrios macroeconómicos y la ineludible responsabilidad que tiene el gobierno por mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

¿Por qué a la derecha le cuesta tanto gobernar en democracia?

2011-06-12T17:25:00.001-04:00

Veinte años tardó la derecha en volver a la moneda, cincuenta en hacerlo a través de los canales democráticos. Más de alguien dirá que los hoy oficialistas partidos de centro derecha tuvieron veinte años para prepararse en la tarea de gobernar, para aprender de los errores de la concertación, para capitalizar la decadencia de la centro-izquierda chilena y hacerse del poder mediante las urnas. En parte es cierto. Los centros de estudios de la derecha han desarrollado profundas investigaciones de los problemas que tiene Chile y en los grupos Tantauco de Sebastián Piñera fueron sistematizadas en el programa de gobierno que finalmente fue favorecido en las elecciones.

Para lo que no se prepararon –pues probablemente no existe una adecuada preparación– fue en la tarea misma de gobernar y asumir el poder de la presidencia de la República. Gobernar no implica solamente dar soluciones eficientes a los problemas reales de la gente (Sentidos Comunes, 26(04), se trata también de tejer una compleja red de acuerdos, negociaciones e intereses que armonice de manera adecuada las diferentes visiones políticas, ideológicas, gremiales y corporativas de los problemas y de las soluciones que se plantean. Más todavía en un gobierno de minoría en coalición, donde hay que tomar en cuenta los intereses de los partidos que forman la coalición, los intereses de la oposición pues posee mayoría en el Senado y los intereses de los grupos sociales, tan movilizados en las últimas semanas.

Pero los indicios de los últimos meses y particularmente de los últimos días, nos muestran una coalición de gobierno donde lo menos que impera es la concordia y la armonía. Se evidencian demasiado las brechas que hay entre las facciones de RN y la UDI y se generan tensiones entre el presidente, que cree puede estar más allá de los partidos que le dan el apoyo, y su coalición. No es que esto sea algo negativo, en gobiernos de coalición es esperable e incluso deseable que ocurran divergencias en las posiciones. Sin embargo, debe existir la adecuada gestión política y un buen manejo de la agenda para mantener las diferencias bajo control e impedir que se conviertan en una amenaza para la gobernabilidad y para la misma coalición de gobierno.

Sorprendente es que estas dificultades sean también visibles en otros gobiernos de derecha. Desde la promulgación de la Constitución de 1925, Chile ha tenido tres gobiernos alineados con la centro-derecha del país: Arturo Alessandri entre 1932 y 1938, Jorge Alessandri entre 1958 y 1964 y Sebastián Piñera.

El segundo gobierno de Alessandri –quien había gobernado bajo la Constitución de 1833 entre 1920 y 1925– fue apoyado por radicales, liberales y grupos de izquierda. Sin embargo, durante su periodo el temor a golpes de Estado se mantenía latente. Para mantener a raya esos miedos y estabilizar el país, Alessandri hizo uso de las nuevas facultades que la Constitución de 1925 le entregaba al presidente. Este uso de los poderes extraordinarios hizo que a principios del gobierno los grupos de izquierda se alejaran del gobierno y mediados de la década el partido radical también abandonó la coalición para empezar a conformar el Frente Popular que gobernaría a partir de 1938.

20 años después del fin del gobierno de Arturo Alessandri su hijo, Jorge Alessandri, alcanzaría la primera magistratura con el 31,56% de los votos. Su gobierno profundizaría un discurso apolítico de la actividad gubernamental. Se trataría de un gobierno gerencial donde los ministros del primer gabinete no representarían a los partidos conservador y liberal. Con todo, hubo apoyo parlamentario al gobierno y, a diferencia de lo que ocurre hoy, el dinamismo de la economía y la baja de la inflación durante los primeros 18 meses de gobierno devinieron en importante apoyo a los partidos que apoyaban el gobierno.

En las elecciones municipales de 1960 conservadores y liberales alcanzan juntos más de un 30% de los votos y los radicales con un 20,93% serían la principal fuerza política del país. Un año más tarde, en elecciones parlamentarias, se mantiene la misma tendencia. Sin embargo, a esa fecha las medidas económicas habían empezado a mostrar estancamiento. La inflación que había sido controlada empezaba nuevamente a desatarse. La agitación social y política regresó. A mediados de 1961 el país estaba prácticamente paralizado y la coalición entre conservadores y liberales no tenía mayoría en el congreso.

En este punto el presidente busca ampliar su apoyo parlamentario invitando a los radicales y la democracia cristiana a entrar al gobierno. La DC rechaza la invitación mientras que los radicales, luego de varias semanas de negociación, asumen cuatro ministerios. Se había consagrado así el derrumbe del proyecto económico que le había permitido a Alessandri llegar a La Moneda y el gobierno de los gerentes tuvo que dar paso, como es natural, a los políticos para hacer frente a los crecientes problemas sociales que se presentaban en el país.

En general, el proyecto de Alessandri, que buscaba transformar el país fundamentalmente mediante un programa económico careció de apoyo político y no encontró suficiente arraigo en la ciudadanía. Sin embargo, para ser ecuánimes, todos los presidentes de la época enfrentaron problemas políticos y dificultades en la relación ejecutivo-legislativo. Presidentes de minoría con obligación de llevar a cabo complejas negociaciones para alcanzar apoyo legislativo para sus programas siempre cercenados, sin embargo, estos problemas eran más evidentes y las negociaciones eran más costosas cuando el presidente subvaloraba el rol de los partidos políticos. Lo vivió Ibáñez en su segundo periodo y lo vivió también Alessandri.

Hoy Sebastián Piñera vive problemas políticos graves al interior de la propia coalición de gobierno y el país se sumerge en un clima creciente de agitación social y protesta. Lo paradójico es que la economía anda bien –a diferencia de lo que ocurría en el gobierno de Jorge Alessandri– pero eso no se está traduciendo en mayor apoyo al gobierno, las encuestas no revelan que la ciudadanía se encuentre conforme con la administración de Piñera. Y es que, de nuevo, se le sacan componentes políticos claves a la forma de gobernar para introducir elementos de gestión administrativa y económica que si bien es cierto son importantes, dejan de lado la conducción y gestión política del gobierno, que permita generar los acuerdos necesarios al interior de la coalición oficialista y llevar adelante la negociación con la oposición para sacar adelante el programa de gobierno. Lamentablemente para el presidente, con una posición minoritaria en el congreso y con una coalición donde las brechas entre conservadores y liberales son cada vez más evidente no se puede gobernar sin negociar.

Y todo esto viene de un discurso propio del conservadurismo chileno (Ballotage, 08/02/2010) que alega que los males que han afectado al país son propios de los partidos políticos y de los políticos. Así Arturo Alessandri denostó al sistema pseudoparlamentario en los años 20 y se encontró con la oposición legislativa que desembocó en el ruido de sables el 3 de septiembre de 1924 que pedía la rápida tramitación de la agenda social del presidente.

Jorge Alessandri vivió lo mismo. Al triunfo de la derecha en 1958, El Mercurio editorializaba diciendo que por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1925, el gobierno desplazaría los criterios partidistas para funcionar sobre criterios técnicos y que se instalaría finalmente el régimen presidencial, pues Alessandri gobernaría de manera independiente de los partidos políticos.

La dictadura de Pinochet culpa también a los partidos políticos del colapso democrático. La actividad política es denostada por el régimen de facto y el discurso apolítico de la actividad pública se hace carne en la ideas corporativistas de la sociedad civil plasmadas en la Constitución de 1980 inspirada en el pensamiento de Jaime Guzmán.

Por tanto ¿Por qué a la derecha la cuesta tanto gobernar en democracia? Le cuesta porque intenta aislar al gobierno de la discusión política. Sacarlo de la esfera que le es propia: la actividad política. De ahí que los proyectos económicos y de reformas no vayan acompañados de suficiente gestión política por parte de los ministros, pues se asume –como lo hizo el Mercurio en 1958– que el poder que las instituciones le entregan al presidente son suficiente para administrar el gobierno y la relación con los partidos políticos tanto oficialistas como opositores solo le resta independencia y poder a la institución presidencial.

Lo cierto es, sin embargo, que mientras más se reniegue de la actividad de los partidos políticos más necesaria se hará la relación con ellos y más costosa será la búsqueda de la gobernabilidad y del cumplimiento del program. Y los mismos más atención demandarán por parte del presidente omnipotente. Luego, un gobierno de derecha sustentado por un discurso apolítico y carente de un relato –un gran proyecto político que sustente su actividad– encontrará resistencia no solo en los sectores ciudadanos sino en los partidos que sostienen la presidencia, ambos elementos claves para el ejercicio gubernamental y para la sostenibilidad de la democracia.

Ideas sobre los totalitarismos en Hannah Arendt

2011-06-06T14:57:00.000-04:00

A partir del texto "El origen de los totalitarimos" de Hannah Arendt es posible identificar algunos elementos característicos y constitutivos de estos movimientos y al mismo tiempo extrapolar ciertas causas por las cuales los totalitarismos no lograron de forma efectiva el control global al cual aspiraban. La autora analiza los dos regímenes que alcanzaron un grado más significativo de control de las sociedades: la Alemania Nazi y la Unión Soviética bajo el dominio de Stalin.

Un primer elemento que se debe rescatar es la eliminación de todos aquellos elementos que fragmentarán la sociedad y la nación. Los totalitarismos buscan unificar a la sociedad, romper con el individualismo. Señala la autora que el perfecto gobierno totalitario es aquel donde los hombres se han convertido en un solo hombre. Así, una analogía ilustrativa es la del hormiguero donde toda la colonia forma un solo cuerpo que funciona de manera unificada. Es posible además hacer la relación que lleva a Popper a señalar que Aristóteles, en la República, constituiría el antecedente más inicial de los totalitarismos, al señalar que el ser humano es una parte de la ciudad y que viviendo alejado de la polis su vida pierde sentido. Argumento que es sumamente discutible.

Volviendo al punto, los totalitarismos no ven en la democracia una alternativa para el gobierno. La presencia de la oposición, inherente a toda democracia, fragmenta la sociedad y le pone obstáculos a la evolución natural de las sociedad, ya sea desde un punto de vista darwinista, como en Alemania, o bien desde el marxismo de la Unión Soviética. En el primero la evolución es natural y el Estado actual del hombre no es el final. Bajo esta concepción las ideas de espacio vital y la superioridad de la raza aria cobran profundo sentido.

En el caso de los soviéticos, el sustento a su evolución histórica se encuentra en el argumento de Marx. Los métodos estalinistas pata eliminar a quienes se oponen al correcto funcionamiento de la dictadura del proletariado y que obstaculizan el avance de la sociedad comunistas hacia el fin de las clases sociales. Tanto el estalinismo como el nazismo tienen aspiraciones de dominación mundial explícitamente señaladas. El primero debido a la expansión casi biopolítica del comunismo por los países del mundo, de ahí que esperaran la caída del capitalismo, y en el caso de Alemania con la marcha hacia el este que los lleva a ocupar Polonia, entrar en guerra con Rusia y buscar la dominación total de Europa.

Un segundo elemento que es necesario señalar y que probablemente sea el más conocido de los totalitarismos que analiza la autora pero no necesariamente el más característico de estos sistemas, pues aparecen también en gobiernos autoritarios que no aspiran al control global y ni tampoco a la dominación mundial. Se trata de la violencia y el terror. Lo que distingue el uso de la violencia en los totalitarismos de otros gobiernos que la han usado, como los gobiernos burocráticos-autoritarios fundados en la doctrina de la seguridad nacional en América Latina, es que la coerción física y el uso del terror ayuda a los regímenes a mantener su propaganda y su organización (dos elementos sobre los que volveré más adelante) intimidando —o usando las palabras de la autora, aterrorizando— a todos quienes se aparten de la línea que plantea el régimen.

La violencia era considerada por los movimientos totalitarios como un instrumento necesario e inherente de control. No se trataba del simple hecho de matar, sino de eliminar bajo un plan diseñado para retirar del camino de la evolución natural o histórica cualquier elemento que se interponga. Así, el terror, como elemento característico de los totalitarismos cobra sentido en la medida que convive con los otros elementos y de esta forma también se puede distinguir del uso de la violencia por parte del Estado que llevan a cabo otros regímenes.

En este uso de la violencia y el terror para sostener la estructura del régimen deja fuera solo los que se encuentran en el círculo más cercano al líder y, por cierto, el líder mismo, que constituyen el núcleo central del movimiento. Esto nos lleva al tercer elemento característico: la organización. La autora habla de capas que se van superponiendo a partir desde el propio líder, el círculo de hierro más interno —que se puede ilustrar con los generales del gobierno nazi de Alemania que se quedó en el búnker con Hitler en los últimos días del régimen previo a la caída de Berlín— y llega hasta la masa no totalitaria.

A diferencia de otros regímenes militares, que se estructuran valiéndose de la misma jerarquía piramidal de los ejércitos que se hacen con el poder, situación, por ejemplo, de las dictaduras militares de la Europa mediterránea, los totalitarismos hacen que todas las decisiones que se toman graviten en torno al centro, que es líder del movimiento. El líder le da orden a las diversas capas y éstas se controlan mutuamente en un ambiente de desconfianza constante en el otro. Un brazo de los regimen totalitarios para mantener este control es la policía secreta. La policía constituye el control de partido, del Estado, del movimiento y de ella misma en la organización.

La propaganda es el cuarto elemento característico de los regímenes. Si bien es cierto que la propagan es usada por muchos regímenes de carácter autoritario, en los totalitarismos ésta tiene un carácter superior, pues contribuye a la socialización de las ideas del régimen y a la reeducación de todo el orden social. La propagan tiene como fin la creación de un mundo de ficción que tiene como eje la conspiración contra la Alemania nazi, por parte de los judíos, y contra el pueblo socialista y el proletariado, por parte de la Rusia estalinista. La ficción llega hasta tal punto, que transforma la realidad existente y la reemplaza por un mundo creado por la propaganda que a su vez es legitimado por componente científicos que buscan reforzar la socialización de las masas y las verdades del régimen. Corea del Norte, actualmente, sería un ejemplo potente de dominación con la propagando como elemento esencial.

Finalmente, el Estado totalitario es el quinto elemento de los regímenes. El partido se convierte en un espejo del Estado que le ayuda al movimiento mantener el control del funcionamiento de todo el aparato institucional. Se constituye así un aparato que busca la dominación global de la sociedad, la eliminación de todos los elementos que se interpongan en el camino de la nación hacia su destino evolutivo natural o histórico, se sustenta en la planificación totalitaria del líder y se ayuda de una propaganda que busca cambiar la realidad y aspirar, expresamente, a la dominación mundial, sea en años, décadas e incluso siglos, pues la evolución es la que lleva a la sociedad hacia allá y los regímenes totalitarios buscan hacer que ese camino sea más expedito.

Un acercamiento crítico a las ideas de Linz sobre el presidencialismo a partir de Scott Mainwaring

2011-05-30T23:20:00.000-04:00

La crítica que Juan Linz hace del presidencialismo parte de la premisa básica que indica que los regímenes que han tenido democracias más estables y duraderas estructuran su forma de gobierno en torno al parlamento y no en torno a la figura presidencial. A excepción de los Estados Unidos, gran parte del resto de los países que tienen un presidente han sufrido quiebres democráticos durante su historia política.

Incluso aquellos que se pueden considerar políticamente más estables, como Chile y Uruguay, que de acuerdo a lo señalado por Mainwaring (Lanzaro, 2001), habrían establecido democracias estables antes de los quiebres de 1973. Yendo incluso más allá, Sartori (2009) señala que el sistema de los Estados Unidos, paradigma del sistema presidencial, está diseñado para el inmovilismo del gobierno, pero que sin embargo es la voluntad de los actores políticos la que mitiga las desventajas del sistema y que cuando éste se exporta a otros países, como en el caso de los gobiernos latinoamericanos, el presidencialismo muestra todas sus debilidades, las que sin embargo han sido morigeradas en los países del sur gracias al aumento de las facultades presidenciales, lo cual en muchos casos ha llevado a consolidar sistemas hiperpresidencialistas.

Existen varios argumentos que Linz —y también Arturo Valenzuela— señala como las debilidades principales del presidencialismo y que han impedido que pueda consolidar gobiernos democráticos estables. La rigidez del periodo de gobierno, las posibilidades de bloqueo entre los poderes del Estado y que emanan de la doble legitimidad entre el Presidente de la República y el congreso, la falta de mecanismos institucionales que dificultan la resolución de los conflictos políticos dentro de los marcos normativos y también la baja propensión cooperativa. Todo lo anterior se deriva en las mayores probabilidades de derrumbarse que tienen los regímenes democráticos bajos formas de gobierno presidencialistas y que quedan plasmadas en una frase de Arturo Valenzuela: En los sistemas parlamentarios, las crisis son del gobierno y no del régimen.

Sin embargo, Mainwarnig introduce al análisis de los sistemas de gobierno el contexto en el cual funcionan, estudiando también las implicancias que tienen en la estabilidad democrática otros componentes del sistema político, como el sistema de partidos, el sistema electoral y otros elementos no tan presentes, como la disciplina partidaria.

Mainwaring detecta a partir de este análisis las implicancias negativas que tienen para la estabilidad democrática la presencia de un gobierno presidencial bajo un sistema multipartidista. Algo así como “la difícil combinación”. La tesis de Mainwaring (Chasquetti, 2001) se centra fundamentalmente en que en los sistemas presidencialistas con alta fragmentación y polarización, y por tanto menos proclives a la cooperación, son más vulnerables frente a los quiebres de régimen que aquellos que mantienen una mayor cohesión y menor fragmentación en el sistema de partidos.

Un problema que deriva de la difícil combinación y que durante muchos años vieron los presidentes latinoamericanos, es el gobierno de minoría. En el caso de Chile, desde la constitución de 1925 hasta el quiebre democrática de 1973, solamente Eduardo Frei Montalva (56,09%) y Juan Antonio Ríos (55,93%) fueron elegidos con mayoría absoluta.

Esto lleva a que la tesis de Linz debe ser puesta en perspectiva con el sistema de partidos, habida cuenta que en la medida que se generen presidentes minoritarios la probabilidad de caer es mayor, sin embargo, en los sistemas parlamentarios los Jefes de gobierno que son elegidos en coaliciones o bien que gobiernan en minoría tienen también una probabilidad mayor de no poder sostener su gobierno durante todo el periodo que se estipula, llegando incluso al caso extremo de Israel con una alta inestabilidad gubernamental o al de la IV República francesa.

Así las cosas, los países que durante más tiempo pudieron sostener la democracia con sistemas presidenciales en América Latina son Uruguay, Costa Rica y Chile, siendo los dos primeros sistemas bipartidistas —En Uruguay el Frente Amplio de convierte en un actor relevante solo a fines de los 90— Chile entonces sería un caso particular que puede ser explicado a la luz de la configuración tripartita en un sistema de partidos relativamente institucionalizado que mantenía equilibrado los poderes entre los distintos actores de la arena política.

Ahora bien, no podemos dejar de lado el argumento que a nuestro juicio es el más significativo a la hora de evaluar los presidencialismos. Si bien es cierto que en sistemas presidenciales con bipartidismos institucionalizado y con un grado de disciplina partidaria significativa es posible constatar mayor estabilidad democrática, aunque queda pendiente el tema de los mecanismos institucionales para la resolución de conflictos políticos.

En los presidencialismos, desde el más paradigmático sistema estadounidense hasta los regímenes latinoamericanos, la única forma de remover al presidente de su cargo es mediante un juicio político —Impeachment— que es altamente dificultoso, nuevamente, en sistema que están fragmentados, debido a las lógicas de cooperación centrifugas que dificultan y limitan las políticas de alianza al interior de las cámaras bajas, usualmente las que deben resolver sobre la admisibilidad de las acusaciones al presidente de la República.

El otro camino que se puede seguir es la renuncia del primer mandatario. En varios países de América Latina frente a crisis políticas de gravedad y ante la dificultad de resolver el conflicto sin sacrificar el equilibrio de régimen, han renunciado. Algunos ejemplos son Alberto Fujimori, Fernando de la Rua, y Fernando Collor de Mello. En este contexto no siempre existe una línea de sucesión clara que cubra la acefalia presidencial.

A modo de conclusión, es necesario señalar que ni los argumentos de Linz ni los de Mainwaring son tan categóricos como pareciera y que normativamente no habría evidencia suficiente para señalar que uno de los dos sistemas es mejor otro. Esto deriva de la gran variedad de formas que ha adoptado el parlamentarismo en el mundo, desviándose del tradicional modelo Westminster que impera en Inglaterra y en algunos otros países de la Commonwealth.

Asimismo, en los últimos años se han mostrado una creciente consolidación de las democracias presidencialistas de América Latina las cuales, pese a las rigidices del presidencialismo expresadas en varios conflictos políticos a lo largo de las década de los 90 y del 2000, no han hecho tambalear el sistema democrático, siendo, como dice Valenzuela, crisis de los gobiernos pero no del régimen.

Bibliografía

Chasquetti, D. (2001). Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina: evaluando la difícil combinación. En J. L. (Ed), Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina (págs. 319-352). Buenos Aires: CLACSO.

Lanzaro, J. (2001). Tipos de presidencialismo y modos de gobierno en América Latina. En J. Lanzaro, Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina (págs. 15-40). Buenos Aires: CLACSO.

Sartori, G. (2009). Ingeniería constitucional comparada. Ciudad de México: Fondo de cultura económica.

Chile y la OCDE ¿Dónde estamos parados?

2011-05-25T13:26:00.000-04:00

Cuando hacia fines del gobierno de la presidenta Bachelet se oficializó el ingreso de Chile a la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) se dijo que era un reconocimiento al país por las buenas prácticas en materia de políticas públicas, manejo económico y desarrollo del país. Eso puede ser cierto.

En 20 años Chile ha más que duplicado su PIB y su ingreso per cápita, la pobreza se ha reducido, la economía se vuelto dinámica y abierta al mundo. Chile se ha convertido prácticamente en el símbolo del libre mercado y del comercio abierto. En América Latina el país se ha convertido en ejemplo de crecimiento y desarrollo. Las prácticas chilenas buscan ser imitadas en otros países, aunque no siempre con los mismos resultados ―sean estos positivos o negativos― y Santiago se ha convertido en una de las mejores ciudades de la región, recomendada para hacer negocios, con un alto nivel de vida y un ingreso elevado.

En ese marco, parecía que todo lo hacíamos bien en comparación con países que han adoptados otros caminos para enfrentar las problemáticas propias de países subdesarrollados y cuyo éxito ha sido relativo. Durante mucho tiempo se habló del milagro económico chileno que además era cruzado por un proceso de transición y consolidación democrática y un discurso político que ponía por delante la búsqueda de la equidad y la estabilidad democrática.

El ingreso a la OCDE fue un premio para eso. Pero por cierto, dejamos de ser el niño más aplicado del barrio. En realidad, lo seguimos siendo, pues un país de ingresos relativamente elevados con un índice de desarrollo humano alto y con una economía abierta y dinámica, en un continente donde los países aún luchan por bajar del 30% o 40% de pobreza y por alcanzar una cobertura efectiva de los servicios públicos del Estado en todo el territorio. Esa es la mirada optimista. Chile es una familia de clase media ―un poco arribista y apática con los vecinos― que vive en una población con familias más pobres.

El ingreso a la OCDE nos ayuda dar la mirada pesimista. Chile es probablemente el país peor posicionado de la OCDE en temas que hoy son relevantes para el desarrollo: Cohesión social, educación, equidad en el ingreso, democracia, protección del medio ambiente, asuntos energéticos, protección social y legislación laboral. Pero solo estando en la OCDE nos podemos dar cuenta y, es más, el club de los países ricos, nos puede sacar de nuestra hermosa burbuja de progreso, desarrollo y prosperidad para mostrarnos que no somos un país ni tan desarrollo, ni tan próspero, ni tan rico como se nos hace creer. Es cierto que Chile está bien posicionado en el contexto latinoamericano, pero eso no lo hace más desarrollado ni tampoco ejemplo, pues el costo de ese desarrollo es probablemente más alto del beneficio que estamos obteniendo.

Los chilenos hoy viven mejor. La clase media es amplia pero parece que las oportunidades de continuar moviéndose en la escala social empiezan a agotarse. Muchos pobres hoy han emergido de esa categoría, tienen más ingresos, viven en otras zonas, sus hijos estudian en algún colegio particular subvencionado. Pero esos mismos pobres, con más posesiones y con acceso a otros servicios hoy también son más vulnerables. Viven endeudados para poder sostener el nivel de vida que tienen y para satisfacer las necesidades que la pertenencia a la “clase media” les impone. Entre las cuotas del colegio, el plasma, el crédito hipotecario, las vacaciones en el extranjero, el auto y un extenso etcétera que incluye todo cuanto es posible pagar con tarjetas de crédito se va el sueldo del mes.

Y los empleos parecen no mejorar mucho. Se trabaja largas horas pero la productividad es baja, la protección al trabajado es también escasa. Todo lo adquirido en base al endeudamiento en cualquier momento se puede derrumbar si hay desempleo en la familia o si una enfermedad costosa afecta a algún integrante del hogar. Y vaya que Chile está expuesto a las crisis económicas externas que amenazan la estabilidad laboral y la seguridad social de los chilenos.

Si la OCDE fuera un colegio, Chile asistiría con mugre detrás de las orejas y con una que otra mancha en el gastado cuello de la camisa. Es ahí, en la OCDE, donde no somos tan buenos, no brillamos tanto. Es un estanque demasiado grande como para que Chile parezca el mejor. Somos la cola del león… porque claro, con tremenda melena ¿quién se fija en la cola?

Pero no es tan malo en la medida que no nos conformemos con la mirada optimista de estar en la OCDE. Es necesario mirarnos y ver cuán negativo es nuestro modelo de desarrollo actual al compararnos justamente con los países desarrollados. No basta ni el chorreo ni el precio del cobre. Ni los condominios en La Reina o Ñuñoa. No son suficientes las tarjetas de crédito para construir una sociedad más justa y cohesionada. ¿Dónde queda el bien común? ¿Quién vela hoy por el interés general? ¿Cómo mejorar un país donde nadie se preocupa justamente de eso, del país?

Si Chile está en la OCDE probablemente es porque lo merece por la construcción de la década del 90 y de los 2000 de una sociedad estable y económicamente emergente. Pero ese discurso no sirve para el Chile del bicentenario en donde la equidad y el desarrollo inclusivo son necesarios. No estamos en la OCDE por ser un país rico mucho menos por ser desarrollado. Es un hecho, tenemos que estar en la OCDE para darnos cuenta que los amigos con los que siempre nos hemos codeados, poderosos países industrializados del primer mundo, no pueden hacer otra cosa que sorprenderse por la linda fachada que hemos construido ―por las soluciones que tenemos para los grandes temas― que contrasta con la suciedad que hay por dentro. El jardín bonito no aguanta para siempre. El discurso del Chile como ejemplo no es infalible… ni permanente.

Construcción de instituciones democráticas en Perú, más que el voto en el extranjero

2011-04-11T22:52:00.000-03:00

Estamos de acuerdo en algo. El voto de los ciudadanos en el extranjero es un elemento deseable para la democracia, más aún en un contexto de alta movilidad entre países donde las fronteras son lugares de paso y ya no barreras franqueables solo por algunos pocos ciudadanos. Vivir en otro países en muchos casos es sinónimo de búsqueda de oportunidades, ya sea para una vida mejor lejos de las carencias de los países subdesarrollados del sur o bien para perfeccionarse en algunos ámbitos, bien buscando mejor educación o mayor experiencia laboral, para volver luego al país En cualquier caso, se trata de una especie de ciudadanía global, en la que los territorios van perdiendo importancia en la medida que la movilidad y las redes se ven fortalecidas.

Las últimas elecciones en Perú alimentaron un debate que hace tiempo se viene dando en Chile. Y no es que solo ahora los peruanos residentes en el extranjero hayan podido elegir al presidente, al congreso y a los miembros peruanos en el parlamento andino. Lo pueden hacer desde hace tiempo y su participación es relevante pues los 700 mil electores que no residen en Perú pueden definir una elección fácilmente.

Y ahora en Chile llueven las loas a la democracia peruana por permitir a sus residentes votar en el extranjero, sobretodo de la oposición que aprovecha la instancia para criticar la propuesta del gobierno que pondría ciertas condiciones para que los chilenos que viven fuera del país puedan votar. No es mi idea apoyar o rechazar la reforma que Sebastián Piñera ha planteado.

Pero entre las alabanzas a la democracia peruana se olvidan de las débiles instituciones del sistema político que quedan de manifiesto en la casi inexistencia de partidos políticos capaces de reflejar el orden social peruano, el surgimiento de caudillos modernos que aglutinan tras de sí las preferencias de electores que no ven representación en los movimientos políticos: Alberto Fujimori es una muestra de ello y los resabios de su gobierno casi dictatorial hoy se alinean tras la imagen de su hija, que muchos pintan como la continuidad de un gobierno terminado violentamente.

El APRA es el único partido político tradicional del Perú, relativamente institucionalizado y con una escasa disciplina. Pero hoy se ve reducido a un escaso 6,5% de las preferencias y a no más de 6 escaños en el congreso peruano.

Si usamos como medida para la estabilidad democrática la que usa Mainwaring, diciendo que son democracias estables las que por más de 25 años son capaces de garantizar ciertas libertades civiles y derechos políticos, Perú no calza. La pseduo dictadura de Alberto Fujimori terminó hace poco más de 10 años y entre Alejandro Toledo y Alán García se ha intentado fortalecer una democracia endeble gracias a un modelo de crecimiento que ha dado sus frutos y que, en lo grueso, no es amenazado por ninguno de los candidatos que se presentaron a la elección de ayer. Lo que está en discusión son las consecuencias muy conocidas de la apertura liberal de la economía: desigualdad y chorreo. Y de eso hoy los peruanos se dieron cuenta. No basta el chorreo, dijeron, para combatir las altas tasas de desigualdad y las precarias condiciones de vida de millones de personas en el altiplano y en el norte selvático.

Yo también alabo la democracia peruana, pero no porque sus residentes voten en el extranjero, sino porque la elección de 2001, 2006 y 2011 han sido competitivas, transparentes y libres y nadie pone en duda el resultado que han arrojado, independiente de los innecesarios calificativos que motejan las decisiones que soberanamente toma el pueblo peruano. Pero antes de ver eso, hago un ejercicio previo: reconocer las falencias, las debilidades que para la gobernabilidad democrática trae la alta fragmentación del congreso y la indisciplina partidaria. Reflejos ciertos de la debilidad institucional.

Y sabido es que la existencia de partidos políticos estables y disciplinados sí es una condición necesaria para una democracia efectiva, mucho más que el voto de los ciudadanos en el extranjero, que en un contexto de debilidad institucional generalizada puede no ser más que un bonito tinte democrático, tal como pueden serlo las elecciones que los dictadores convocan con el falso afán de legitimar su acción política en la conducción del Estado.

Perú avanza a paso seguro en la construcción de sus propias instituciones democráticas. Ollanta Humala, al que muchos han demonizado, hoy es parte de esta arena democrática que nadie pone en duda, pero que requiere de perfeccionamientos profundos. Perú no es Venezuela. Su contexto económico de para pensar que, guardando las proporciones, se parece más al Brasil que recibió Lula con un sistema de partidos tan o más indisciplinado que el peruano, que a la Venezuela en crisis que vio surgir al Chávez boliviariano.

Esperar que el mismo proceso político de Venezuela se repita en Perú con Ollanta Humala solo refleja el desconocimiento de la historia política de Venezuela y la ignorancia respecto al proceso político boliviano, que tantos comparaban con el chavismo, pero que ha sabido desmarcarse para dar respuesta a la demandas de la sociedad multicultural boliviana.

El análisis en muchas personas se queda corto. Alaban la democracia por un elemento que, sin dejar de ser importante, es accesorio en la medida que lo principal flaquee. Es positivo el voto en el extranjero, pero de ahí a señalar que eso hace a la democracia peruana más avanzada es reduccionista y, peor aún, es vendarse un ojo para destacar lo que nos conviene –si nos gusta el voto en el extranjero- pero ignorar otros elementos tan importantes para el funcionamiento adecuado de la democracia.

Dos desafíos democráticos de América Latina a la luz de la Carta Democrática Interamericana de la OEA

2011-04-07T21:56:00.000-03:00

Los países de América Latina han vivido durante los últimos 30 años procesos significativos de recuperación y reconstrucción de las instituciones democráticas, profundamente dañadas por los regímenes burocrático-autoritarios de los 70 y 80, o bien porque nunca se había construido de forma sólida tal que los sistemas políticos pudieran canalizar eficientemente las demandas ciudadanas a los órganos de gobierno.

La construcción o recuperación de instituciones democráticas ha sido un proceso largo y no exento de problemas. Han sido varios los presidentes que en la región no han podido terminar sus periodos presidenciales y las rigidices del sistema presidencial han quedado de manifiesto a la hora de resolver conflictos políticos, los cuales terminan en la mayoría de los casos con la dimisión de los presidentes. No obstante, un avance significativo es que la dimisión presidencial no ha implicado en ningún caso la interrupción del ciclo democrático. Es lo que Mustapic (2006) denomina la inestabilidad sin colapso.

Resulta plausible presumir que en la región se ha consolidado la democracia en la medida que las crisis sociales o políticas que se han registrado en los últimos años han hecho caer gobiernos, pero no han puesto en peligro la continuidad del régimen democrático. Dos casos parecen ser la excepción: Ecuador en 2010, aunque no ha quedado claro que los policías insurrectos hayan tenido aspiraciones de hacerse con el poder del Estado y el resto de las fuerzas armadas se mantuvo bajo el poder presidencial defendiendo el gobierno electo. Honduras es el otro caso de quiebre institucional, empero, se aduce que el Presidente Zelaya actúo inconstitucionalmente y las fuerzas armadas actuaron en función del artículo 272 de la Constitución de ese país. Pese a eso, el presidente fue derrocado por las fuerza de las armas y si bien la actitud de rechazo fue generalizada, el continente se vio dividido al tener que aceptar las nuevas elecciones que llevaron al poder al presidente Porfirio Lobos.

Pero así como se han mostrado los peligros de la inmadurez democrática en algunos países, no es menos cierto que otros han avanzado en instalar o reforzar instituciones fuertes propias de la democracia y en generar las condiciones adecuadas para llevar a cabo la democracia procedimental de la que habla Robert Dahl y que está circunscrita a dos momentos principales en la vida de las comunidades políticas: el acto de votar y el tiempo que hay entra una elección y otra (Griggs, 2006). En casi la totalidad de los países de la región las elecciones hoy son libres y el resultado emanado es respetado. Incluso más, pues en países como Argentina y Uruguay se cumple la condición señalada por Mainwaring (1993) que en sistemas políticos que durante 25 años mantienen elecciones abiertas y competitivas, sufragio universal y garantías para las libertades civiles, la democracia puede ser considerada suficientemente estable.

En otros países, en tanto, la alternancia en el poder se ha convertido en una situación posible e incluso se ha producido. En México el PRI perdió el poder después de 71 años, en Chile la Concertación cedió el poder a la Coalición por el cambio, en Uruguay el Frente Amplio desplazo a blancos y colorados del gobierno en 2004, en Brasil el PSDB le entregó el poder al PT de Lula, en Costa Rica el Partido Unidad Social Cristiana le entregó el poder al Partido de Liberación Nacional, de Óscar Arias. La lista podría continuar, pero la primera conclusión visible de esto es que hoy las condiciones para la poliarquía y para el ejercicio democrático se han profundizado en América Latina.

Es pues, en este marco de creciente estima a la democracia como forma de gobierno donde la Carta Democrática Interamericana de la OEA se transforma en un soporte institucional en el sistema internacional que apoya, promueve e impulsa la consolidación de las condiciones democráticas en América Latina y genera mecanismos de defensa para los eventuales quiebres institucionales que amenacen la continuidad de la democracia. Sin embargo, la defensa a la democracia no se puede limitar a la protección de las condiciones poliárquicas que, como he argumentado previamente, se han ido instalando en la región de forma paulatina para empezar a consolidarse en varios países.

¿Qué desafíos presenta la carta democrática y, a nivel más global, la defensa de nuestra democracia? Si hay algo que inspiró a Alexis de Tocqueville a escribir su obra La Democracia en América y que lo sorprendió gratamente en su visita a los nacientes Estados Unidos fue la igualdad de condiciones en la que vivían los ciudadanos norteamericanos. La democracia de Los Estados Unidos, inspiradora en muchos sentidos de las revoluciones latinoamericanas que buscaban libertad y democracia, tenía ese valor que sorprendió a Tocqueville y que hoy sigue marcando la deuda de los gobiernos latinoamericanos con la democracia de nuestros países y sus pueblos.

En consecuencia, se presentan por delante una serie de desafíos sociales y ciudadanos que impiden que la democracia se profundice tal que sea capaz de incluir los diversos intereses y visiones de país que se incuban al interior de nuestras sociedades, me gustaría mencionar dos de estos desafíos. Huelga decir también que las sociedades latinoamericanas muestran significativas divisiones que dan origen a sectores sociales claramente diferenciados y no siempre a lo largo de nuestra historia adecuadamente representados por los mecanismos electorales existentes.

Se podrían mencionar ejemplos paradigmáticos en los que grupos minoritarios de la sociedad se hacían con el poder del Estado, ya sea a través de la fuerza o a través canales electorales fraudulentos. O bien, se generaban movimientos con aspiraciones excluyentes que polarizaban en gran medida el sistema político hasta hacer colapsar los canales institucionales. Casos como el boliviano, donde la élite oligárquica gobernó excluyendo a amplios sectores indígenas y agrícolas; en la Argentina donde el partido peronista contribuyó a polarizar el sistema de partidos argentino de manera gravitante, tanto que se dice que en Argentina existen dos facciones: los peronistas y los antiperonistas. Casi la totalidad de los quiebres democráticos en la Argentina tuvieron como actor, protagónico o secundario, al partido fundado por el General Perón.

En Uruguay, Blancos y Colorados se repartieron el gobierno durante todo el siglo XX en lo que se ha denominado una partidocracia de consensos (Chasquetti & Buquet, 2004) en la que las dos principales fuerzas políticas generaron mecanismos para coparticipar en el gobierno e incluso hacia fines del siglo pasado, cuando el Frente Amplio se convertía en una real alternativa para gobernar, después de ganar la intendencia de Montevideo, los dos partidos tradicionales reformaron la Constitución para juntos poder estar un periodo más en el poder, hasta 2004 cuando Tabaré Vazques gana la presidencia (Moreira, 2004) y permite que un amplio sector de izquierda, no tradicional, alcancé el poder ejecutivo uruguayo.

Mirar el pasado contribuye a ver qué elementos se deben potenciar y cuáles se deben evitar para dar un nuevo paso en los procesos de democratización que se iniciaron en América Latina hace un par de décadas. El primer tema fundamental es reconocer que las sociedades latinoamericanas, con la excepción de Uruguay –probablemente Costa Rica- son diversas y plurales, por cierto que no al punto de algunas democracias recientes de Europa del este y otras más longevas del norte continental europeo. Reconocer este elemento de nuestras sociedades, con intereses cruzados y variados entre diferentes sectores sociales no es un dato baladí, permite introducir cambios a los sistemas electorales y a la forma de hacer gobierno tal que se pueda avanzar para construir democracias más estables pero, a la vez, más inclusivas y consensuales en sociedades que no son completamente homogéneas, ya sea porque existen una gran división social sobresaliente o varias que se cruzan entre sí.

Lo anterior se hace muy presente en la medida que desde hace algunos años se manifiestan en el continente fuertes corrientes polarizadoras y excluyentes que, una vez que llegan al poder, buscan anular, silenciar o derechamente excluir, ya sea a través de mecanismos formales o prácticas informales, la participación de la oposición en los procesos electorales, erosionando con ello las condiciones que señala Dahl para el funcionamiento adecuado de una poliarquía. En este contexto es posible señalar el caso de Venezuela, donde el sistema electoral manifiesta un alto índice de desproporcionalidad, como se mostró en las últimas elecciones legislativas de 2010. Argentina es otro caso donde el Frente para la Victoria, que incluye al radical Julio Cobos en la fórmula presidencial, muestra un significativo deterioro de las relaciones que mantiene con otros partidos políticos. Ecuador, Nicaragua y Bolivia también podrían ser señalados como ejemplos de estas situaciones. El denominador común es que la cooperación y el diálogo entre las fuerzas políticas que representan a vastos sectores sociales se dañan y como resultado de esto una de las condiciones señaladas por Lijphart (1988) para que funcionen las democracias en sociedades plurales y por Chasquetti (2001) para que las democracias con sistemas multipartidistas sean los suficientemente estables, se pierde.

Otro elemento que se debe relevar para lograr una plena implementación de la Carta Democrática Interamericana tiene que ver con las grandes brechas sociales que existen en todos los países latinoamericanos y que contribuyen a que las personas no puedan desarrollar una ciudadanía efectiva en el marco de una democracia representativa.

En uno de sus acápites, la Carta Democrática Interamericana señala explícitamente que la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes entre sí y se refuerzan mutuamente. Eso genera la necesidad de mejorar las condiciones que estructuralmente están atentando contra el cierre de las brechas entre ricos y pobres en nuestra región. Sin embargo, no solo la desigualdad en la distribución de la riqueza es un aspecto importante a la hora de profundizar y sostener la democracia –que sí lo es- sino que también la desigual distribución de servicios básico sociales, como salud y educación, y mala distribución del poder para hacerse parte de los procesos de toma de decisiones y de diseño de políticas públicas.

En ese marco, dentro de las condiciones estructurales que impiden a las personas ejercer plenamente actividades políticas y de participación social y ciudadana se puede situar al empleo. En general, trabajos de baja calidad con escasa protección social y reducidos salarios impide que las personas puedan salir de la pobreza, mantenerse fuera de ella. En Chile, por ejemplo, la informalidad se mantiene constante hace 20 años en torno a un 22% de la fuerza laboral, el seguro de cesantía está próximo a cumplir solo 10 años y muchos empleos son temporales. En países centroamericanos la situación del empleo es aún peor. Se trata, en consecuencia de mejorar las condiciones de empleo e instalar el trabajo decente, promovido por la OIT, para asegurar condiciones sociales sosteniblemente positivas que permitan el ejercicio efectivo de los derechos políticos y el empoderamiento de la ciudadanía para propender a una mayor participación, aspectos significativos para el desarrollo humano.

Finalmente, y a modo de conclusión, quisiera recoger de forma ilustrativa el título del libro editado por Alejandro Foxley y Fernando Enrique Cardoso el año 2009: A medio camino: Nuevos desafíos de la democracia y el desarrollo en América Latina. El continente hoy ha avanzado de manera significativa en el asentamiento de instituciones democráticas, fortalecimiento de las finanzas públicas, crecimiento económico, control de la inflación y lucha contra la pobreza y la desigualdad, flagelos constantes para nuestra región en un pasado que aún no está muy lejano en los libros de historia, empero, no hemos avanzado lo suficiente, efectivamente, nos encontramos a medio camino para lograr democracias sólidas y consolidadas en sociedades equitativas y con Estados que sean capaces de proporcionar a sus ciudadanos las condiciones mínimas de desarrollo social, humano y económico y la protección social frente a un mundo globalizado que se vuelve más dinámico y peligroso para las personas más pobres y vulnerables.

Es un imperativo, por tanto, impulsar una segunda ola de instituciones democráticas, que permita a nuestros países pasar de la democracia electoral que se ha construido luego de la caída de las dictaduras militares a una democracia más efectiva y profunda, que tienda a la participación en el gobierno, el diálogo, la solidez y el respeto a las instituciones, el empoderamiento de las ciudadanos y la transparencia y accountability de los gobernantes en el ejercicio de la función pública.

Bibliografía

Chasquetti, D. (2001). Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina: evaluando la difícil combinación. En J. Lanzaro, M. Novaro, & R. Mayorga, Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina (págs. 319-359). Buenos Aires: CLACSO.

Chasquetti, D., & Buquet, D. (2004). La democracia en Uruguay: Una partidocracia de consensos. Política , 221-247.

Lijphart, A. (1988). Democracia en sociedades plurales: Una investigación comparativa. Ciudad de México: Ediciones Prisma S.A.

Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination. Comparative Political Studies , 198-228.

Moreira, C. (2004). Final de juego: Del bipartidismo tradicional al triunfo de la izquierda en Uruguay. Montevideo: Ediciones Trilce.

Mustapic, A. M. (2006). Instability without collapse. Presidential resignation: Argentina in 2001. Desarrollo económico .

Por qué no me gusta el presidencialismo chileno y creo que hay que cambiarlo

2011-03-22T23:01:00.000-03:00

Los conflictos políticos que hemos visto al interior de la coalición por el cambio y de la concertación y que revelan las dificultades que se están dando mantener coaliciones políticamente estables y electoralmente viables pueden ser explicados a la luz de las debilidades del sistema político chileno, entre el sistema electoral y la forma de gobierno. El presidencialismo, como forma de gobierno, presenta una serie de debilidades que durante muchos años no habíamos visto en Chile pero que hoy, bajo una nueva forma de gobernar, lentamente empiezan a eclosionar.

Chile tiene un sistema de partidos que, dependiendo de los autores, puede ser calificado como multipartidismo moderado o como extremo, con 8 partidos representados en la cámara de diputados con diferentes grados de relevancia cada uno después de las elecciones de 2009, sin embargo, hasta las elecciones de 2005 los partidos representados eran solo 6 y tenían una clara sintonía con el gobierno o la oposición. La relación entre la forma de gobierno y el sistema de partidos se encuentra bien documentada y, a la vez, entre el sistema de partidos y los sistemas electorales, cuya relación si bien no monocausal sí produce ciertos incentivos a la hora de generar las políticas de coalición de los partidos políticos.

Algunos autores, como Mainwaring, señalan que los sistemas multipartidistas, como el chileno, no muestran un buen desempeño bajo formas de gobierno presidencialistas y entre las razones esgrimidas se halla la difícil conformación de coaliciones estables, el incentivo al conflicto que se puede producir entre presidentes minoritarios en el congreso y la polarización del sistema. Vale señalar que esta última es una de las razones que Arturo Valenzuela indica como causas del quiebre democrático en 1973.

La paradoja es evidente. Chile, con un sistema multipartidista en los últimos 20 años, ha mantenido una notable estabilidad política y democrática, con significativos avances sociales y económicos y con un proceso modernizador que se ha venido haciendo presente desde los albores de la democracia reciente. ¿Dónde podemos encontrar las causas de esto? La primera hipótesis que puedo dar responde al efecto que tuvo el plebiscito de 1988, que provoca una especie de pseudoclivaje dividiendo de manera temporal a la sociedad –y a los partidos- entre pinochetistas y antipinochetistas, misma división que intenta ser perpetuada por el sistema electoral. Por tanto, durante al menos los primeros 10 años de gobiernos democráticos se mantuvo esta división y el sistema, apoyado también por el binominal, funcionaba en los hechos como un sistema de dos partidos que le daba gobernabilidad y estabilidad al país.

Pero no es la única causa. Arend Lijhpart, por ejemplo, ha señalado que un multipartidismo puede ser estable en la medida que exista un alto sentido de la cooperación y diálogo entre los partidos políticos. Este elemento ha estado presente en la política chilena desde principios de los 90, con lo que se podría llamar doctrina Aylwin o si queremos ser más exactos doctrina Boeninger, plasmada de forma muy clara en el libro “Políticas públicas en democracia” del fallecido ministro Edgardo Boeninger.

La idea de lograr políticas públicas a través de la búsqueda de consensos políticos ha tenido varios efectos en nuestro sistema político. Por un lado, ha evitado la competencia centrípeta de los partidos y la consecuente polarización del sistema –aspecto en el cual también contribuye el binominal, ha generado una especie de cultura de cooperación. La existen de mayorías estrechas en el congreso, particularmente en el senado con la existencia de senadores vitalicios y designados hasta la elección de 2005, generaban incentivos para buscar la cooperación y le inyectaba al sistema una cuota de disciplina partidaria. Para sacar adelante reformas era necesario buscar el acuerdo dentro de la coalición y también fuera de esta.

El problema viene 20 años después, cuando la división entre pinochetistas y antipinochetistas, toda vez que se trató de un elemento temporal en la política chilena, se ha diluido casi por completo y la emergencia de nuevos intereses sociales empieza a desconcertar a un sistema cuyas instituciones no están diseñadas para un funcionamiento plural, sino más bien para uno dual, con una clara división o clivaje social. Tanto el sistema electoral como la forma de gobierno funcionan de manera más eficaz bajo sistemas bipartidistas que reflejen dos polos de la sociedad. Hoy no hay dos polos de electores claramente definidos y eso empieza a mostrar las naturales diferencias que se dan entre los partidos políticos que representan intereses plurales, pero que están funcionando bajo un sistema que los fuerza a mantener una estructura determinada, fundamentalmente para asegurar la gobernabilidad y seguir presentes en el escenario electoral a nivel legislativo.

Se hacen presentes así los fantasmas del presidencialismo con un sistema multipartidista sin los adecuados incentivos para la cooperación que ya se vieron en el gobierno de la presidenta Bachelet. El periodo 2006-2010 podría haber sido el periodo legislativo más favorable para la concertación. Con 65 diputados y 20 senadores, mayoría en ambas cámaras. Pero con esta situación el incentivo a la cooperación fue menor y empezaron a salir a la luz las grietas al interior de los partidos y la indisciplina partidaria se hizo más evidente. El resultado fue el predicho por la teoría, la coalición formada antes de la elección –la misma para todas las elecciones previas- se volvió inestable y el gobierno mayoritario devino en minoritario, con lo que el diálogo y la cooperación debieron regresar, pero la situación de inestabilidad ya estaba generada.

¿Qué sucede hoy y qué podríamos señalar para el futuro? Mantener las coaliciones unidas de manera forzosa puede resultar altamente perjudicial para el sistema político. El sistema binominal actúa como incentivo para mantener la actual política de alianzas, no obstante, la concertación y la coalición por el cambio representan variados intereses. Los partidos se ven forzados a unirse para seguir presentes en el escenario electoral y para intentar asegurarle gobernabilidad al presidente –cosa que ocurre siempre en los sistemas parlamentarios- sin embargo allí donde su sobrevivencia no se pone en juego, como en las elecciones a concejales, sí se presentan incentivos para ir en listas separadas.

Las soluciones posible puede ser cambiar el sistema electoral, permitiendo que se manifiesten intereses plurales pero eso puede devenir en los problemas ya vistos propios de los presidencialismo plurales: presidentes minoritarios, coaliciones muy frágiles y, en definitiva, escasa gobernabilidad, en vista de los pocos incentivos que tienen los congresales a cooperar con el presidente.

Algo más radical sería modificar la forma de gobierno. Un sistema semipresidencial (o semiparlamentario, como yo lo prefiero) puede dar la flexibilidad suficiente, ya que si el presidente es minoritario en la cámara política las instituciones se ajustan para funcionar como sistema parlamentario, el jefe de gobierno toma funciones que el presidente debe ceder a favor de la gobernabilidad del país (es lo que se conoce como cohabitación en el régimen francés). Por el contrario, cuando el presidente tiene mayoría en el congreso el primer ministro será del mismo partido que el presidente y, en ese contexto, éste último puede tomar mayores funciones de gobierno ejecutivo. Se trata, por tanto, de darle mayor elasticidad a las instituciones, para que puedan ajustar su funcionamiento de acuerdo a diversos contextos. Un cambio de esta naturaleza debería ir acompañado de un cambio al sistema electoral y dada la posibilidad reciproca de revocabilidad –el jefe de gobierno puede disolver la cámara, pero ésta también puede censurar al gobierno- reduce los incentivos a la inestabilidad de los ejecutivos, razón esgrimida para decir que en Chile el sistema parlamentario no funcionaría, por la experiencia 1891-1925, que en rigor nunca fue un sistema parlamentario.

Todo lo anterior lleva a la conclusión que se requieren cambios profundos en nuestro sistema político para procurar un mayor abanico de intereses representados en el acto electoral, pero al mismo tiempo intentar mantener una estabilidad en el sistema y generar mecanismos para que los conflictos políticos tenga caminos de resolución y la gobernabilidad y eficacia gubernativa también estén presentes.

La base electoral del gobierno de Sebastián Piñera a un año de llegar al poder

2011-03-09T21:56:00.000-03:00

A un año del gobierno de Sebastián Piñera, es necesario preguntarse si ha sido capaz de mantener la base de apoyo que le dio el triunfo el 17 de enero de 2010 y si acaso, frente a nuevas elecciones, podría alzarse como el triunfador un candidato de la coalición oficialista como continuador de la obra del actual presidente.

Históricamente, después del retorno a la democracia, la centro-derecha en el país tuvo en techo electoral en torno al 37% en las elecciones a diputados. Solo en dos ocasiones los votos que obtuvo la alianza por Chile superaron el 40%, la primera en las parlamentarias de 2001, probablemente gracias al impulso de la elección presidencial anterior liderado por Joaquín Lavín, donde la derecha alcanzó el 44,27% de las preferencias y se convirtió en el mejor rendimiento electoral de la alianza por Chile en 20 años de democracia en elecciones legislativas. La segunda en las parlamentarias de 2009 donde la alianza alcanzó un 43,35% de los electores.

En el mismo periodo la concertación no ha bajado de 44%·, siendo éste el resultado de las últimas parlamentarias y adicionalmente la coalición de centro izquierda estuvo siempre acompañada por el triunfo en las elecciones presidenciales y por notables resultados en las elecciones municipales. Toda esta dinámica electoral lleva a que se diga que en Chile la centroizquierda tiene una “mayoría social” o a que los valores progresistas de la concertación comulgan mejor con los valores de nuestra sociedad y que eso se refleja en los resultados electorales.

Esa idea se ve incluso avalada por conductas del propio gobierno. El concepto de “nueva derecha” que ha usado Rodrigo Hinzpeter y que no ha calado suficientemente hondo en el oficialismo apunta a una derecha que se renueva y empieza a sumar a sus banderas tradicionales otras que son propias del progresismo, como la defensa del medio ambiente y la protección social con una mirada diferente a la de la centro izquierda. Como lo señalaran Sergio Bitar y Jorge Insunza en El Mostrador (08 marzo) una derecha progresista. La reforma tributaria, obligada por el terremoto, la extensión del posnatal y la utilización de transferencias monetarias para solucionar la pobreza son aspectos que no han entrado en sintonía con el discurso de la derecha más ortodoxa y conservadora de nuestro país. Sin embargo, el ministro del interior en una entrevista que dio al diario La Tercera el 7 de noviembre señaló que la mayoría del gobierno es una mayoría electoral y no social, no obstante, la creación de esta nueva derecha ayudaría a ser una mayoría social.

¿Puede alguna coalición en nuestro país asentarse con la mayoría social? Si nos remitimos a las encuestas un gran sector de nuestra población se sienta apático a la concertación y a la coalición por el cambio, sin perjuicio a que un porcentaje mayor de ciudadanos se siente oficialista u opositor. En la última adimark un 27% de los encuestados aprueba el rol de la concertación pero un 42% se siente opositor, en tanto un 33% aprueba el comportamiento de la coalición por el cambio pero un 31% se siente identificado con el gobierno. Por tanto, ni la concertación ni la alianza son mayoría social desde este punto de vista.

Es posible también analizar el tema a partir de las elecciones presidenciales y las propuestas de nueva derecha. ¿Qué lleva a un 4% de los electores, algo así como 250 mil votantes, se muevan desde la concertación a la coalición por el cambio? Para indagar en una posible respuesta tenemos que remitirnos al funcionamiento del sistema de partidos en Chile.

En términos estrictos en Chile funciona un sistema multipartidista, en la cámara de diputados tenemos 8 partidos representados y si bien están agrupados en coaliciones, no siempre actúan de esa forma. El PRI, hoy aliado con la derecha en la testera de la cámara, tiene una capacidad chantaje y coalición significativa debido a que puede hacer variar las mayorías parlamentarias, cosa que no ocurre, por ejemplo, con el PC que tiene virtualmente nulas opciones de aliarse a la derecha y debe mantenerse alineado con la concertación o actuar de forma independiente, y allí se remitiría su relevancia en la cámara.

Sin embargo, cuando se acercan las elecciones el sistema de partidos empieza a actuar, presionado por el sistema electoral, como un sistema bipartidista. Los cupos para postular a escaños congresales se definen de modo tal que el compañero de lista no se convierta en un lastre para el candidato con más opciones de hacerse del escaño (generalmente el incumbente) y se hace un mayor esfuerzo en aquellos lugares con posibilidad de doblar a la otra lista y obtener los dos escaños, sin embargo, en la mayoría de los casos eso no ocurre.

Una característica del bipartidismo es que la competencia se vuelve centrípeta, es decir, tiende hacia el centro, los discursos más extremistas pierden fuerza frente a ideas moderadas. Esto, pues quienes están en la izquierda no tienen una alternativa electoralmente viable y le entregan sus votos a la coalición moderada de centro izquierda, situación análoga, al menos teóricamente, en la derecha. El punto es que al centro hay un grupo de electores que bien se puede identificar con la izquierda o con la derecha, actúan de manera pendular a la hora de votar. A diferencia de los electores de los extremos no temen comulgar con ambas grandes coaliciones al mismo tiempo y como son ellos quienes definen la elección también incentivan los lineamientos programáticos de los partidos políticos y las coaliciones.

Bajo esa lógica resulta natural que las ideas que recoge “la nueva derecha” y también aquellas ideas propias del progresismo actual tengan, entre varios de sus referentes, al partido conservador y laborista ingleses, respectivamente. Las ideas de conservadores no pueden acercarse mucho al neoliberalismo tatcherista de los 80 y los planteamientos del laborismo no pueden hacerle muchos guiños a las políticas socialdemócratas de la Europa continental o escandinava.

En Chile hemos visto claramente en las últimas elecciones como progresivamente el discurso de la concertación y de la alianza por Chile se ha ido acercando. La derecha buscó sacudirse de la imagen de la dictadura y para ello quien mejor que un candidato que ha repetido hasta el cansancio su voto por el NO en 1988 y ha levantado banderas propias de la concertación, como las políticas y la protección social. Esto demuestra, por un lado, que el discurso progresista que se instaló con fuerza desde el gobierno de Lagos y con mayor énfasis durante el gobierno de Michelle Bachelet sí tiene alojamiento en la sociedad, pero por otro lado, el triunfo de Piñera muestra que el discurso propio de la derecha también tiene llegada en la gente.

Es ahí donde cobra importancia ese votante centrista que valora temas de manera particular y no comulga ideológicamente con nadie. Este elector puede ser muy beneficiado con la protección social de la concertación peroto también sentirse inseguro en su población y querer que la derecha aplique la mano dura que tan pregona. Para evaluar el desempeño del gobierno en este primer año no solo hay que mirar el programa de gobierno y el nivel de cumplimiento de las promesas, sino que estudiar particularmente aquellos temas que la concertación fue incapaz de abordar e hicieron más sentido en el discurso programático de la coalición por el cambio.

En la misma línea argumentativa, el gobierno tiene una tarea más compleja pues no solo debe complacer a los electores históricos de la derecha, a los que según la última encuesta Adimark sí está, al menos en parte, satisfaciendo: particularmente en economía el gobierno es bien evaluado al igual que en empleo. Debe satisfacer también a los electores que, evaluando bien lo que hizo la concertación, buscaron un camino alternativo por temas puntuales y son esos elementos los que cobran fuerza. Es ahí donde temas como la delincuencia, el manejo del transporte público, la calidad de atención en salud, los temas medioambientales y la protección social se pueden convertir en flancos para el presidente. Los electores que le dieron su voto pensando en esos temas y no por el discurso tradicional de la derecha pueden volver a cambiarse pues no sienten un lazo político con la coalición gobernante, aunque tampoco con la oposición.

Por tanto, y a modo de conclusión, luego de un año de gobierno del presidente Piñera la base electoral no la tiene, ni por lejos, asegurada, ni siquiera se trata solo de mostrar buenos resultados, sino que se trata de no decepcionar en temas puntuales valorados por los votantes de centro. El 52% de enero es una cifra relativa, tras de sí esconde electores satisfechos con la concertación en varios temas y descontentos en otros, no son votos propios de la derecha, pero tampoco lo son de la concertación. Entonces ¿se ha mantenido la base de apoyo? A mi juicio no, el gobierno ha decepcionado en varios temas y las crisis al interior de la moneda o mal manejadas por el gabinete no han sido pocas y eso ha generado desencanto, decepción y desconfianza ,y básicamente porque los electores no siente una identificación política con el presidente sino solamente esperaban la solución de problemas específicos o la consolidación de otros, lo cual no se ha producido en el año que llevamos.

¿Se irá producir en lo queda de mandato? ¿Tendrá un giro este gobierno? ¿O los votantes desencantados hoy no ven alternativa posible entre un gobierno ineficaz y una oposición desordenada? El escenario es bastante complejo para el sistema político.

El alza de los alimentos: ganadores y perdedores

2011-02-21T17:30:00.000-03:00

El mundo está viviendo un escenario de escalada en los precios de los alimentos muy similar al que ocurrió a partir de fines de 2007 y que desató crisis alimentarias en varios países pobres y olas inflacionarias que afectaron a gran parte del mundo, incluido nuestro país. En octubre de 2008 la inflación en Chile llegó a un nivel de casi un 10% en 12 meses, de acuerdo a los datos entregados por el INE, desbordándose ampliamente del rango meta del Banco Central.

Hoy las presiones, si bien de la misma naturaleza, son un poco diferentes. Las expectativas de inflación son menores a las que existían en 2008 y se ha dicho que si bien existen posibilidades de que la inflación alcance niveles parecidos a los de 2008, éstas son menores e incluso el efecto de la actual alza de alimentos llegara con un rezago de al menos 3 meses al país (La Tercera, 20/02). En todo caso, Chile no será ni por lejos uno de los países más afectados por esta alza, si bien la inflación podría subir y el costo a pagar será una desaceleración de la actividad económica para llevarla a niveles del PIB potencial, en otros países más pobres el costo será mucho más elevado y tendrá tintes sociales significativos. Los alimentos, entre octubre de 2010 y enero de 2011 han subido un 15%, situándose un 29% por sobre el precio que tenían en el mismo periodo del año anterior.

Pero ¿cuál es la razón por la que suben los alimentos? Varias razones pueden sindicarse en la base de esta alza de precios. Por un lado están los daños que las inundaciones produjeron en Australia y que dañaron cientos de hectáreas de cultivos, además se registraron importantes incendios forestales y sequías en Rusia, uno de los principales productores de trigo del mundo, que provocaron la pérdida de las cosechas en numerosos campos. Pero también hay componentes de la demanda que contribuyen a subir los precios. Países como China o la India producen un efecto desestabilizador en los precios de los comodities, bien lo sabemos en el caso del cobre, y los alimentos no son la excepción.

Adicionalmente, una causa de que suban los alimentos recae en la producción de biocombustibles con maíz o aceite de soja. La producción de biocombustibles desplaza los cultivos para alimentos y ganadería, reemplazándolos por campos dedicados a la materia prima para el biodiesel, reduciendo así la oferta de alimentos. Si bien esta situación aún no es masiva, se han iniciado importantes inversiones en investigación para producir biodiesel. En Estados Unidos, el año 2009, el departamento de energía anunció que inyectaría 786,5 millones de dólares para acelerar la creación y comercialización de biocombustibles (Motor.es) y en 2007 la entonces administración Bush llevó a cabo un acuerdo con Brasil por el desarrollo de este tipo de energía (América.gov, 22/03/2007). Los biocombustibles tienen la capacidad de reducir la dependencia de los precios del petróleo y teóricamente disminuyen las emisiones de CO2 a la atmósfera, sin embargo, aumentan la presión sobre los precios de los alimentos y la producción de sus materias primas motiva la deforestación, con lo cual los beneficios netos de estos combustibles son dudosos.

Dos razones más se pueden añadir, por una parte, la especulación. Los mercados ya han empezado a sentir el alza y continúan generando una sensación “alcista” que no detiene la subida de los precios, por el contrario, la alienta. Por otro lado, está el alza del precio del petróleo que afecta de manera casi transversal a la actividad económica y que redunda en alzas en los costos de producción de los alimentos y en su transporte a los centros de distribución.

Así las cosas, tenemos un escenario en que en todo el mundo los alimentos empiezan a subir de precio y se generan no solo presiones inflacionarias sino que también eventuales problemas sociales. En China, por ejemplo, el alza de los alimentos en enero de 2011 fue de un 10,3% respecto al primer mes de 2010 (DF, 15/02) y el gobierno de Hu Jintao ya ha lanzado algunas medidas para contener el alza por temor a que generen inestabilidad social. Adicionalmente, el presidente del Banco Mundial ha señalado que los precios de los alimentos se encuentran en niveles peligrosos y su impacto podría complicar las frágiles condiciones sociales y políticas de oriente medio y Asia Central (América Economía, 16/02). Sin ir más lejos, las actuales revueltas sociales en el norte de África y en el Magreb tienen su origen, en parte, en las precarias condiciones económicas de los países afectados.

También tenemos el costo social de las alzas. En el mundo académico se ha generado un relativo consenso en que el alza de la pobreza en Chile en la última encuesta CASEN tiene sus raíces, en parte, en el IPC de los alimentos. La misma CEPAL publicó a fines de 2010 su informe social para América Latina en el que revela que la pobreza en Chile, aislando el efecto de los alimentos, habría bajado. Ese efecto negativo de los precios de los alimentos en los índices de pobreza se da en todo el mundo y afecta a los más pobres, pues son ellos quienes destinan la mayor cantidad de sus ingresos a alimentación. De acuerdo a lo señalado por el banco mundial (América Economía, 16/02) 44 millones de personas en todo el mundo serán arrastradas a la pobreza debido a los actuales niveles de precios de los alimentos y eso, bien en países pobres con poco espacios para tomar medidas que reduzcan los precios o bien en otros donde el espacio para usar la política fiscal es muy reducido o nulo, con lo cual la actuación posible de los gobiernos para contener precios es escasa.

Pero el alza de los precios tiene otra cara, aquella de los países que se ven beneficiados por la subida. La Argentina, Brasil y Rusia han presentado sus reparos, en la última cumbre del G20, contra la propuesta que han hecho países desarrollados para controlar los precios de las materias primas, entre ellas los alimentos (La Nación, 19/02). Y es que para los países emergentes productores de alimentos el alza en los precios no significa tanto inflación –pese a que en la Argentina cifras no oficiales señalan que ha llegado al 25%- y sí más ingresos para los fiscos y mayor crecimiento económico. No obstante, en un escenario así, el peligro de la enfermedad holandesa se cierne sobre las economías emergentes y los incentivos para convertirse en economías más competitivas y con mayor valor agregado se reduce.

El tema alimentario se suma a otros dilemas y desequilibrios globales que vive la economía, no obstante, no se está exento de peligros. Nicolás Eyzaguirre (La tercera, 21/02) señaló que hay que tener presente que la bonanza nunca dura para siempre y que en América Latina hemos aprendido aquello. Será bueno tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando el fantasma del recalentamiento y la inflación se cierne sobre nuestras economías.

Un nuevo 9 de noviembre

2011-02-11T20:35:00.000-03:00

El movimiento egipcio que partió hace casi 3 semanas y que es una extensión de las protestas que se inician en Túnez a principios de enero y que consiguen la caída de Ben Alí, autócrata árabe que había gobernado el país durante 23 años, ha alcanzado su primer gran objetivo: sacar del poder a Hosni Mubarak, en el poder desde hace 29 años y 4 meses, y quien había sumido al sistema político egipcio en un importante deterioro: las libertados democráticas fueron paulatinamente coartándose hasta que la oposición fue relegada a un plano simbólico y las elecciones descaradamente intervenidas para asegurar la continuidad del gobierno de Mubarak y las mayorías parlamentarias.

El principal movimiento de oposición, la Hermandad Musulmana, no podía presentarse a las elecciones y en ese contexto Mubarak caía en la misma práctica que la mayoría de los dictadores y autócratas del mundo contemporáneo en el que la democracia va ganando mayor valoración por parte de la comunidad internacional y la opinión pública: darle un viso democrático a sus regímenes, lo que se traduce en elecciones, periódicas o no, que adolecen de numerosos vicios en su realización pero que cumplen, al menos en parte, la pretensión de los líderes, es decir, entregarle un velo de legitimidad a sus regímenes altamente deslegitimados para el contexto internacional.

Un poco de historia

El 9 de noviembre de 1989 se abre el proceso más simbólico y representativo de un largo suceder de hechos que culminaría con la caída completa de la Unión Soviética, el fin del mundo bipolar y la instauración de un nuevo orden. Fukuyama diría incluso que como se terminaba la lucha ideológica y el capitalismo se alzaba como “exitoso” (compréndanse las comillas) vencedor en una contienda de más 40 años, la historia se terminaba. Es de Perogrullo mencionar que Fukuyama erró su predicción (él mismo lo reconocería más tarde) y hoy el mundo está pasando de un unipolarismo hegemónico a un unipolarismo –con el dominio de los Estados Unidos- compartido por varios polos regionales: Brasil, China, Alemania, India… cada uno con más o menos aspiraciones hegemónicas globales y con más o menos posibilidad de arrebatarle la posición a los Estados Unidos.

La democratización, no sin dificultades, de los países de Europa del este se enmarcaría en la tercera ola democratizadora que Samuel Huntington identificaría, en conjunto con los países de la periferia sur de Europa y del fin de las dictaduras militares en América Latina.

La democracia que cubre al mundo

Así las cosas, las olas democráticas fueron lentamente expandiéndose por el planeta y profundizándose en aquellos países que la conocieron primero, ampliándose las posibilidades de votación y participación en los gobiernos. Hoy existe una valoración significativa de la democracia por sobre otras formas de gobierno e incluso los gobiernos con democracias muy deterioradas –como Venezuela- apelan al concepto de “democráticos” para validarse frente a la comunidad internacional.

También ocurrió con los países con monarquías que paulatinamente fueron avanzando hacia sistemas menos monárquicos, con Inglaterra como sempiterno paradigma de la disminución de los poderes reales a favor de la soberanía de lo pueblo y de “los comunes”.

¿Una cuarta ola?

Sin embargo, numerosos países en el mundo viven sin democracia, sus vidas son ordenadas por monarcas todopoderosos –Jordania o Arabia Saudita- por partidos omnipresentes –como China o Cuba- o por autócratas o dictadores que se aferran al poder, como lo que hemos visto en Egipto o en Túnez. En otros casos caudillos pseudo populistas buscan que el Estado dominado por el partido oficialista alcance amplios aspectos de la vida de las personas, buscando cambiar sociedades y atropellas mayorías.

¿Será acaso que estamos asistiendo al inicio de un nuevo proceso democratizador en el mundo? ¿Será que lo que se inicio en Túnez empezará a expandirse por el Magreb y oriente medio? Hay varios aspectos comunes que hacen pensar que es posible que los mismos elementos que alimentaron las protestas en Túnez y Egipto se repitan en otros países del norte de África y de oriente próximo, la búsqueda de la democracia como principal motor de movilización.

En una publicación de The Economist aparecida en El Mercurio el 11 de febrero se señala que los países con mayor riesgo de revueltas serían Yemen (donde ya ha habido protestas) Siria, Libia, Egipto (con los resultados ya conocidos), Omán, Mauritania, entre otros. Se salvan países como Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. El desempleo, la corrupción generalizada, el dramático límite a las libertades individuales, los conflictos entre diferentes ramas del islamismo son leños que alimentan la hoguera de las revueltas. La eficacia de Túnez y Egipto son señal que las revueltas populares sí pueden hacer caer a los gobiernos autocráticos a favor de la democracia.

En todo caso, pareciera que es un hecho relativamente previsible que se seguirá expandiendo el sentimiento de búsqueda de libertades políticas y sociales y que el modelo a seguir por los movimientos sociales es el de Turquía. No obstante, lo que sí es una incógnita es el camino que adoptarán estas nuevas “revoluciones democráticas” una vez que logren su primer cometido. ¿Podrán iniciarse transiciones democráticas que empiecen a construir los cimientos de futuros gobiernos más plurales, diversos y participativos o bien se formarán gobierno caudillescos o dictatoriales al alero de las fuerzas armadas?

Prefiero pensar que sucederá lo primero y que se está iniciando un proceso democratizador parecido al que vivieron los países de Europa del este en 1989 y que se refleja en forma gráfica con la caída del muro de Berlín. Creo posible pensar que estamos asistiendo a un nuevo 9 de noviembre.

Crecimiento económico sano, sólido y sustentable... oh, wait!

2011-02-10T14:30:00.000-03:00

La economía chilena ha crecido en diciembre un 5,7%, el mercado, sin embargo, esperaba una cifra en torno al 7% (La Tercera, 08/02). Pese a esto, el presidente Piñera señaló que “Chile ha recuperado su capacidad de crecer” (gob.cl, 07/02), esa afirmación es cuestionable, en la medida que 2010 ha sido un año de pujante actividad económica que se ha registrado de la mano de hechos que no son habituales todos los años en nuestro país.

En primer lugar, durante 2009 se registró una significativa caída de la actividad, esto es un asunto que no debería estar fuera de los análisis que se hagan. Si bien en diciembre de 2009 el IMACEC fue de un 3,9% pues la economía ya empezaba a registrar una incipiente recuperación después de la desaceleración de los tres primeros trimestres del año, todavía era baja y quedaba espacio para ir salvando la brecha del PIB que se mantenía.

En segundo lugar, en 2010 vivimos el terremoto que obligó a la recuperación de numerosos activos por parte de los consumidores y a realizar significativas inversiones de parte de los empresarios. Así, no es casualidad que en marzo de 2010 la actividad económica haya caído un 2,2%, pero que en los meses posteriores se hay registrado una notable recuperación que incluso rompió el techo del 7% en varios de los meses del año, desatando también la algarabía del gobierno.

Un tercer hecho que si bien creo tuvo un impacto menor pero que de todas maneras generó cambios en la conducta de los consumidores fue el mundial de fútbol, que impulsó la actividad del comercio, pero que también provocó un efecto inverso en cuanto a productividad, debido a que en las empresas se detuvo el trabajo para ver los partidos de la selección.

En consecuencia, cabe que nos preguntemos ¿Qué ha hecho el gobierno para que la economía chilena “recupere la capacidad de crecer”? Hasta ahora solamente se ha publicado una agenda de de desarrollo que incluye una serie de tareas que deberían ser emprendidas por varios ministerios para aumentar la competitividad de la economía chilena, la calidad de los empleos y generar tasas de crecimiento sustentables para llegar a ser un país desarrollado en los simples términos planteados por el gobierno, es decir, que el ingreso per cápita alcance los niveles de países de la periferia europea.

Pero existen razones para pensar que dicha agenda tendría un efecto limitado al menos en el corto plazo. ¿Qué nos señala este documento? Incorpora variadas formas de aumentar los niveles de inversión en diferentes campos de la actividad económica desde energía y concesiones, hasta turismo e incentivos tributarios. También considera ítems para aumentar la productividad, tan venida a menos en Chile, promover la inversión extranjera y mejorar el mercado de capitales con la anunciada pero no detallada reforma “mercado de capitales bicentenario” o MKB.

Cierto es que la agenda puede ir en el camino correcto pero también no es menos cierto que dichas reformas pueden no tener efectos en los 3 años que restan del gobierno de Sebastián Piñera. Más cuando considerados dos variables más: 1) El contexto de los mercados desarrollados se está volviendo lentamente más favorable atrayendo de vuelta a inversionistas que durante 2010 se cambiaron a países emergentes por su favorable posición en un contexto global inestable y desequiibrado (La Tercera, 10/02). 2) El 2011 es el único año en que no habrá elecciones. 2010 ha visto a una oposición desarmada y este año será la prueba de fuego para una coalición que pretende no seguir cayendo electoralmente. Sabido es que los contextos electorales son también puntos importantes en la formulación de políticas públicas.

El punto central es que el gobierno debe impulsar una batería de reformas durante el menos un año de su gobierno esperando que tengan efecto sobre la economía chilena en los próximos 6 para alcanzar el desarrollo antes de 2018, tal como lo señaló el presidente en su discurso del 21 de mayo. Pero incluso así, tomando un horizonte mayor de tiempo para impulsar y ejecutar las reformas necesarias, hay elementos que tomarán más tiempo y/o que no necesariamente obedecen a lo que se está planteando en la agenda de desarrollo.

Primero, Chile se encuentra en una compleja situación energética que en un par de años más podría ser crítica, no solo porque el escenario ambiental se transforma en un dilema debido a las inversiones programadas para centrales a carbón en un entorno global que busca todos los días inversiones en energías limpias y renovables. Sino que también pues el escenario energético es una variable significativa para la inversión en otras áreas de la economía. Vale señalar que durante el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando estalla el conflicto gasífero con la Argentina, la economía se ve resentida, es posible asociar en parte el bajo crecimiento promedio del gobierno anterior a los problemas energéticos y además en 2008 se generaron presiones inflacionarias que también provinieron de ese sector: generar energía con carbón o petróleo es más caro que hacerlo con gas.

Segundo, Chile mantiene su tendencia a los recursos naturales sin el suficiente valor agregado que potencie ventajas competitivas y no comparativas. La agenda de innovación del CNIC 2010-2020 publicada en el sitio del organismo no contempla nichos nuevos de actividad económica. Por lo tanto ¿dónde queda la supuesta innovación?

Tercero, algunos rubros de la actividad económica no pueden prescindir de la acción del Estado, aún cuando se planteen incentivos tributarios, puede que no resulten suficientes para promover la inversión privada porque su explotación o construcción tiene costos hundidos significativos que dificultan la obtención de utilidades por parte de privados. Uno de ellos puede ser la inversión en ERNC como solares o eólicas que representan un alto costo. Asimismo, el transporte ferroviario con un alto costo de construcción y explotación pero con positivas externalidades para la sociedad, sobre todo en el transporte de cargas.

Por lo tanto, y a modo de conclusión, no se trata solamente de potenciar e incentivar lo que Chile ya produce para mantener niveles sustentables de crecimiento, la matriz productiva del país es insuficiente para asegurar que la actividad económica se dinamice bastante como para alcanzar en el plazo autoimpuesto por el gobierno niveles de desarrollo de países europeos. La meta ha de ser, por lo tanto, abrir nuevos caminos de desarrollo capaces de ampliar la matriz productiva de Chile y paralelamente realizar las inversiones necesarias para asegurar que esas actividades puedan crecer y mantenerse de forma sustentable, sin que sean amenazadas por problemas energéticos o ambientales, tomando en cuenta el énfasis que se está dando a temas como la huella de carbono. Ese es el camino para aumentar de manera significativa la calidad de vida de los chilenos y lograr que el crecimiento económico sí se convierta en la puerta hacia el desarrollo y sea realmente sano, sólido y sustentable.

Reemplazo de congresistas: Entre la legitimidad y la estabilidad

2011-01-24T12:46:00.000-03:00

En las últimas semanas se ha puesto en el debate la forma en la que se reemplazan los cargos vacantes de los diputados o senadores en el congreso. Desde el año 2005 el artículo 51º de la Constitución política de nuestro país señala que las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. Así las cosas, ya sea por muerte o por alguna inhabilidad sobreviniente para el ejercicio del cargo (como ser designado en un ministerio, cosa incompatible con el trabajo legislativo, en nuestro ordenamiento jurídico) el partido político designará al reemplazante.

La práctica la han usado casi todos los partidos con representación en el congreso. La usó el PS a la muerte de Juan Bustos, RN a la muerte de Pedro Álvarez y con la designación de Andrés Allamand, el PPD con la designación de Carolina Tohá en la vocería de gobierno, la UDI con el reciente llamado del presidente a Evelyn Matthei para ocupar el ministerio trabajo. Sin embargo no se ha instalado un patrón o alguna regla no escrita que regule este reemplazo, no es el compañero de lista ni tampoco alguien que tenga alguna experiencia legislativa, simplemente es aquella persona que el partido decida y que eventualmente pueda tener mayores posibilidades de mantener el cupo en la elección siguiente.

Incluso, se ha señalado que puede haber motivaciones políticas en el uso de este mecanismo para construirle un camino electoral más sencillo a aspirantes a la cámara. Sucedió con Felipe Harboe quien fue designado por el PPD cuando la presidenta Bachelet nombró a Carolina Tohá en la secretaría general de gobierno. Harboe en la elección siguiente se legitimó como diputado, sin embargo pudo usar la plataforma que le entrega un escaño en el congreso para proyectar su candidatura.

Los reemplazos que se produjeron en las últimas semanas también han generado ruido. La designación de Carlos Larraín, con un perfil altamente conservador y lejano a la circunscripción senatorial número 16 se contrapone a lo que representaba Andrés Allamand. El caso de Uriarte para reemplazar a Matthei genera otro debate pues también se debe designar al reemplazante del diputado UDI que pasa a la cámara alta.

Varias mociones se han presentado para cambiar esta forma de reemplazo o bien matizar el efecto que tiene. Maximiano Errázuriz y Amelia Herrera presentaron en abril de 2009 una propuesta de reforma constitucional que prohíbe el reemplazo de congresistas que sean designados ministros. Esta prohibición bien puede actuar como un desincentivo a nombrar diputados o senadores en ejercicio a cargo de ministerios, aspecto poco común en regímenes presidenciales, pero cotidiano en los sistemas parlamentarios, donde los ministros son necesariamente integrantes de la cámara política, de forma tal que se promueve una mejor coordinación entre ambos poderes. Pero, adicionalmente, y en caso que los gobiernos deban echar mano a experiencia política en el congreso –como ha sucedido en este último cambio de gabinete- el nombrar a un congresista como ministro dejaría sin representación a un grupo de electores.

Otra moción fue presentada tempranamente, en 2007, por un grupo de diputados: Francisco Chauhán, Marco Enriquez-Ominami, Álvaro Escobar, Marta Isasi, Tucapel Jiménez y Esteban Valenzuela. La propuesta, que entra a la cámara con boletín 5164-07, señala que el reemplazo se debe producir por elección complementaria en caso que la vacante se haya producido antes del último año de ejercicio del cargo, si se produjere en el último año el diputado o senador no sería reemplazado. Esto retorna a la lógica que imperó en Chile desde la constitución de 1925 hasta 1973, con episodios conocidos que desestabilizaron el sistema político, como el “naranjazo” en 1964, que motivó ciertas decisiones de los actores políticos de cara a las elecciones presidenciales de ese año.

En un contexto de mayorías estrechas como el actual, donde la diferencia entre las coaliciones políticas es de uno o dos congresistas en cada cámara, una elección complementaria puede modificar esas mayorías, obligando a cambiar la estrategia y agenda legislativa del gobierno, tal como ocurre en todos los países que contemplan elecciones legislativas a mitad del periodo presidencial. Hemos visto lo que ha ocurrido en los Estados Unidos en las últimas elecciones y también en la Argentina con las elecciones de 2009. En definitiva, es agregarle una cota de incertidumbre al periodo presidencial y la gobernabilidad durante los 4 años. Esto se puede atenuar con una elección que se realice con dos o tres candidatos del partido que tiene el cupo, no obstante, esto atentaría contra la idea de que las elecciones deben ser libres y pueden concurrir todos los ciudadanos.

En consecuencia, quedan dos alternativas posibles para modificar la actual forma de reemplazo que, a todas luces, merma la legitimidad de la cámara y del senado, toda vez que los diputados y senadores designados por sus partidos para llenar cupos vacantes no pasaron por una elección popular y, por tanto, no han sido validados por los depositarios de la soberanía electoral. La primera es usada en varios países latinoamericanos, México y Uruguay entre ellos, y consiste en que a la hora de inscribir la candidatura principal se inscribe también un suplente que debería reemplazar al diputado o senador electo en caso que éste debiera dejar su escaño por cualquier razón. La ciudadanía conocería el nombre del suplente desde antes por tanto si habría cierta legitimidad, no obstante, el obstáculo a esto es que se añadiría una cuota de complejidad adicional a la elección.

La segunda opción –que me parece la más adecuada- es volver a la modalidad previa a la ley 20050, es decir, que el reemplazante debe ser el compañero de lista. Esto si bien modifica la correlación de fuerzas entre los partidos no altera mayormente la fuerza de los pactos que hay en el congreso y por tanto mantiene la estabilidad, a grandes rasgos, del sistema. Además las ciudadanía conocería desde el momento de la elección al eventual reemplazante y el compañero de lista también habría sido votado por la población.

Hasta ahora varias alternativas duermen en el congreso, sin embargo, el presidente anunció en una entrevista televisiva hace algunos días que el propio ejecutivo enviaría un mensaje para modificar la norma.

El camino de Cristina hacia la reelección

2011-01-19T20:15:00.000-03:00

La situación que está viviendo Cristina Fernández a escasos 10 meses de las elecciones presidenciales en la Argentina muestra la situación de inestabilidad en la que quedó el gobierno nacional luego de la muerte del líder del justicialismo y hombre fuerte de la casa rosada. Por un lado se tiene a una presidenta intentando restablecerse emocional y políticamente de la pérdida de su marido y compañero político y una oposición que se está empezando a constituir electoralmente para enfrentar los comicios de octubre.

Al interior del gobierno

Un objetivo que lograba Néstor Kirchner era la centralización del poder federal y del partido justicialista en sí mismo. Eso le ayudaba a controlar el poder ejecutivo, evitando actuaciones personalistas de parte de algún ministro y monitoreando personalmente las actuaciones de los ministerios más importantes: economía, principalmente.

Adicionalmente, controlaba de cerca la actuación de los gobernadores de las provincias, especialmente de los oficialistas, controlando muy de cerca los gestos e ingresos de las provincias para evitar que se acumularan déficits que pudieran poner en riesgo la estabilidad macroeconómica global del país (La Nación, 31/10/2010). Políticamente, alineaba a los gobernadores tras la estrategia política del gobierno. Hoy ese rol se ha perdido y nada asegura que Cristina lo esté ejecutando, pues bien puede haber reforzado a algunos ministros del gabinete: Boduo en economía, De Vido, en planificación, Nilda Garré en Seguridad pública.

La actuación del gobierno ha venido a debilitar a otros ministros que eran considerados integrantes más poderosos del gobierno, especialmente Aníbal Fernández, jefe de gabinete, que pese a los desmentidos que ha realizado sobre su eventual alejamiento del gobierno (Clarín, 14/01) han sido fuertes las voces que señalan que la presidenta estaría sondeando algunos nombres para reemplazar a Aníbal Fernández y en los hechos el gobierno le estaría restando influencia (La Tercera, 19/12/2010) a favor de personas más cercanas y “leales” a la presidenta.

La estrategia parece apuntar hacia un objetivo claro: la presidenta busca sacudir su gobierno de aquellos rumores que en algún momento señalaron que las figuras fuertes del partido empezarían a aprovechar la ausencia de Kirchner para escalar en el ejecutivo, insinuando que la presidenta sería incapaz de asegurar la gobernabilidad en el año que restaba desde la muerte de Kirchner. La idea sería no repetir ni un ápice de lo sucedido en 1974 cuando a la muerte de Perón, María Estela se vio eclipsada por López Rega, con miras además, de una eventual reelección este año.

En suma, Cristina desea mostrar que, más allá de la luna de miel que ha tenido en las encuestas después de la muerte de su marido, es capaz de gobernar el país con su propio equipo.

Al interior del partido

La presidenta Fernández aún no ha definido si irá a la reelección, pese a que algunas noticias que ha dicho que ella ya habría comunicado a los más cercanos que optará por seguir en la casa Rosada (La Tercera, 17/01) no se deben desconocer las aspiraciones de otros integrantes del partido a la presidencia, como el mismo Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se viene un año electoral con importantes desafíos, el principal de ellos será probablemente la inflación –según algunos analistas podría llegar al 40% en 2011, siendo de las más altas del mundo (Clarín, 20/10/2010).

Joaquín Morales Solá, columnista del diario porteño La Nación, se pregunta si acaso la presidenta será capaz de mantener durante un año el impulso y respaldo que el Frente para la victoria y particularmente el justicialismo para seguir con opciones electoralmente viables. Los problemas a los que puede enfrentarse la Argentina el 2011, la acción de la oposición y el fin del sentimiento de duelo con la presidenta podrían, en definitiva, hace más complejo el final del camino electoral de la presidenta antes de las elecciones.

En ese contexto, la presidenta deberá ejercer un fuerte liderazgo político en el justicialismo para mantenerse electoralmente a flote, cuidarse de los conflictos y alinear a los gobernadores, tan importantes en el rol de penetración hacia el interior que deben llevar a cabo los partidos en cada evento electoral.

La oposición

El radical Ernesto Sanz lanzó oficialmente su precandidatura a la presidencia, adelantándose a lo que haga Ricardo Alfonsín y Julio Cobos, quien aún se debate entre la vice presidencia de la nación y la oposición, en una de las particularidades más significativas del actual gobierno argentino. El candidato final será definido en las internas del partido.

Asimismo, el candidato del peronismo Federal, Eduardo Duhalde, ha disparado profusamente en contra del gobierno, con lo que las opciones de la reunificación del peronismo vaticinadas en algún momento (Ballotage, 18/11/2010) parecen esfumarse. No obstante, se mantiene la necesidad de Mauricio Macri para buscar una alianza que lo ayude a penetrar en el país y así poder levantar una candidatura del PRO, salvo que decida quedarse un periodo más en la ciudad de Buenos Aires, donde tendría el triunfo bastante seguro a la luz de las últimas elecciones de 2009.

Elisa Carrió y Fernando Solanas son otros de los candidatos que aspiran a aparecer en el voto en octubre próximo. La primera alcanzó la segunda mayoría en las elecciones de 2007 donde Cristina Fernández ganó en primera vuelta. El segundo ha sido la sorpresa en Buenos Aires, pues con el movimiento “proyecto sur” logro alzarse con la segunda mayoría (24,21% frente a un 31,09 de Gabriela Michetti) en pasadas elecciones legislativa y ha motivado al gobierno de Macri a iniciar un ambicioso proyecto para aumentar su presencia al sur de la ciudad.

El panorama general es bastante favorable para el justicialismo, sobre todo pues la barrera electoral es de solo un 45% y resulta bastante complejo que PRO, Radicales y disidentes peronistas se agrupen en solo una candidatura, al menos para la primera vuelta, que como en todas las elecciones con segunda ronda de votación, actuará como primaria a nivel nacional. En una segunda vuelta ¿los peronistas disidentes apoyarán a Cristina? ¿Y los radicales? Eventualmente para una segunda vuelta si podría constituirse un frente amplio que busque sacar de Olivos a Cristina… pero viendo el comportamiento fraccionado que ha tenido la oposición en la cámara de diputados una estrategia así no asegura la gobernabilidad y la concreción de un proyecto político perdurable, corriendo un riesgo similar al de la Alianza (UCR-FREPASO) a principios del 2000.

¿El principio de la caída de Laurence Golborne?

2011-01-17T00:51:00.000-03:00

Cuando a principios de febrero de 2010 el presidente Sebastián Piñera presentó su gabinete nadie se podría imaginar que varios meses después uno de los más desconocidos de los ministros y jefe además de un ministerio que da poca exposición mediática, como lo es minería, estaría entre los políticos con más futuro e iniciaría de forma bastante anticipada la discusión respecto a la figura política de la alianza que tendrá la misión de alzarse con la candidatura oficialista en 2013.

El accidente en la mina San José, profusamente utilizado por el gobierno, ayudó a catapultar la imagen del desconocido Laurence Golborne a las altas cumbres de la opinión pública. Sin mostrar muchas habilidades políticas el ministro de minería pasó a encabezar las listas de eventuales candidatos a la presidencia que emergerían de La Moneda e inició un debate –un poquito artificial para mi gusto- que sumó a Rodrigo Hinzpeter y a Joaquín Lavín, dos de las figuras políticas con más peso al interior del gabinete. El tema incomodaba al propio Sebastián Piñera (La tercera, 19/11/2010) cuyo objetivo es enfatizar el carácter ejecutivo de su gobierno y luego empezar a discutir la sucesión.

Pero ¿qué tanto puede gustar esto a los partidos que apoyan políticamente al gobierno? La UDI y RN ya habían manifestado su malestar por la falta de representación política en el gabinete, incluso, en algún momento se dijo que ambos partidos buscaban fichar a alguno de los ministros independiente: Raineri, Golborne, Cruz-Coke, Kast, para así aumentar su representación al interior del gobierno (El Mercurio, 18/10/2010). Eso no ha sucedido y el escenario hoy es diferente.

Al gobierno entran dos ex senadores que abandonaron sus bancas en Valparaíso para allegarse a La Moneda y que tienen una dilatada carrera política construida en el congreso. Ambos tienen aspiraciones presidenciales, ya sea públicamente reconocidas o más privadas (La Tercera, 16/01) y son parte de cada uno de los partidos que conforma la alianza de gobierno y se suman a otras dos figuras que también miran el sillón presidencial: Lavín y Hinzpeter. ¿Qué pasará entonces con Golborne?

Creo que es bueno plantear una hipótesis que si bien puede que otros compartan no la he visto siendo ampliamente debatida en los medios: El actual cambio de gabinete tiene, entre otros objetivos, dejar a Golborne en una situación políticamente vulnerable que una persona con escasa capacidad política, como el mismo se reconoce (El Mercurio, 02/01) tendrá pocas opciones de enfrentarla y así reducir su alzamiento como carta presidenciable.

Es posible, asimismo, presumir de una eventual presión de los partidos políticos y de la incomodidad del propio presidente de tener un ministro tan alto en las encuesta para gatillar este movimiento. Los partidos, ciertamente, se pueden sentir poco agraciados de que la principal figura del gobierno de la alianza por Chile provenga de fuera de ésta, sin un lazo significativo con los partidos que la forman y en desmedro de otras personas que encarna de forma más activa la identidad partidaria. La alta popularidad de Golborne le hace sombre a Sebastián Piñera y a otros ministros y eso se vuelve significativo en un gobierno que funciona en base a popularidad, las encuestas y la opinión pública.

La cartera de energía no solo es compleja por las necesidades que actualmente tiene Chile en el tema, sino también porque hay un conflicto manifiesto en Punta Arenas y ha sido Laurence Golborne quien debe acometer con la solución, ciertamente se podría juzgar como una prueba para medir su capacidad política en la resolución del problema e intentar proyectarlo como un buen gestor más allá del accidente de los mineros, no obstante, el anuncio que hace Rodrigo Hinzpeter solo minutos después de que jurarán los nuevos integrantes del gabinete, respecto al uso de la ley de seguridad interior del Estado, hace pensar otra cosa.

¿No será acaso que Golborne en el ministerio de energía, con el conflicto en su punto más álgido y azuzado aun más por Rodrigo Hinzpeter y su invocación vehemente al orden público, solo es la forma que ha encontrado el gobierno para bajarlo de donde está y ponerlo camino al olvido político? La opinión pública es muy maleable y olvida rápido. Adicionalmente el mismo Golborne se mostró algo incómodo cuando luego del juramento de ministros fue consultado por la prensa respecto a los dichos previos de Hinzpeter y señaló que era rol del ministerio del interior velar por el orden público (Cooperativa, 16/01) respuesta que más tarde Carlos Huneeus, director del CERC y académico de la Universidad de Chile, criticó señalando que no viene a facilitarle el trabajo a Golborne la ley de seguridad interior del Estado (CNN Chile, 16/01)

Cómo se le viene el camino a Laurence Golborne es un tema que el tiempo dilucidará, pero en este momento el futuro no parece muy positivo y, más aún, las señales que se han visto permiten inferir que La Moneda, los partidos de la alianza y Sebastián Piñera, no tienen intención de construirle el piso político ni prestarle el caudal electoral para convertir a un independiente en eventual continuador del primer gobierno de la derecha en más de 50 años.

La interpelación en la medida de lo posible

2011-01-10T11:49:00.001-03:00

La interpelación es una institución propia de los sistemas parlamentarios que fue introducida en Chile en la reforma constitucional del 2005 como una manera de atenuar el poder presidencial y entregarle mayor capacidad de control al congreso nacional. Sin embargo, su uso ha sido dispar y las veces que han ocurrido interpelaciones más que un cuestionario al ministro la conversación se ha transformado en una serie de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición.

Adicionalmente no se trata de una institución de uso constante en la que los diputados quisieran conocer de forma regular el avance de las políticas públicas en los ministerios o el impacto de leyes aprobadas por los congresales. Esto lleva a que se genere una profusa expectación mediática en torno a la interpelación pues se desarrolla en contextos polémicos, vale recordar el caso de Yasna Provoste y el reciente con Magdalena Matte, que además incluyó una tribuna llena de personas “acarreadas” por los partidos a favor o en contra de la ministra.

En países con tradiciones parlamentarias existen varios mecanismos a través de los cuales los parlamentarios pueden monitorear la marcha del poder ejecutivo, uno de ellos es la interpelación, pero también las cuentas periódicas de ministerios ante la cámara política. En Alemania, por ejemplo, existe algo llamado la hora de preguntas, en las que semanalmente un ministro es interrogado por el parlamento. Es posible, además, que un 5% de los parlamentarios (el mínimo de parlamentarios para constituir una bancada) solicite a un ministro ir a la cámara política a dar cuenta del avance del ministerio o a responder preguntas. Se trata, por lo tanto, de una práctica periódica a interiorizada por los parlamentarios y por la opinión pública.

El intento que se ha hecho en Chile por “parlamentarizar” el sistema presidencial ha sido en la medida de lo posible sin incluir consecuencias sencillas a partir del propio mecanismo parlamentario. Es decir, la interpelación, institución parlamentaria, puede devenir en una acusación constitucional, propia de regímenes presidenciales, y que termina con la destitución, sanción administrativa que impide al funcionario destituido –un ministro, en este caso- ingresar a la administración pública por 5 años, aun cuando la responsabilidad del ministro puede ser eminentemente política y no administrativa, por lo tanto la destitución de convierte en una sanción exagerada.

De que Chile es un país altamente presidencial es un hecho casi incuestionable. El poder ejecutivo tiene amplio poder de intromisión en la agenda legislativa, manejando los tiempos máximos a través de las urgencias y además el congreso carece de mecanismos eficaces de control. Las comisiones investigadoras de la cámara de diputados tienen un alcance limitado pues no acaban en sanciones a los involucrados, solo pueden arrojar una serie de antecedentes que más tarde se podrían usar por la Contraloría o por la justicia ordinaria y, además, con la carácter político que tienen los informes finales de las comisiones.

Entonces, ¿por dónde avanzar? La interpelación podría tomar un carácter más serio si la cámara pudiera remover a un ministro de forma más sencilla, no obstante, eso no deja de ser parte de una parlamentarización a medias que no responde al espíritu de una sistema parlamentario ni tampoco a la evolución política ni histórica que han tenidos los sistemas de gobierno en el viejo mundo. Sin embargo, no creo que sea adecuado eliminar la institución de nuestro ordenamiento jurídico, sino más bien perfeccionarla y convertirla en una herramienta periódica de control parlamentario, a diferencia de lo que ocurre hoy que es usada en situaciones muy puntuales y con una alta exposición mediática.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la interpelación u otras formas de control parlamentario son necesarias para el buen ejercicio de la democracia. Hoy la figura se tiene presentada como una manera de sanción a la gestión pues la alianza, en su momento, y la concertación hoy las ha usado para cuestionar la labor ministerial y no para conocer la marcha de los ministerios y la implementación de políticas. Una práctica sana, por ejemplo, sería interpelar mensualmente a uno o dos ministros respecto a temas específicos considerados de interés públicos, de modo tal que la cámara de diputados esté constantemente informada de la actuación ministerial y se le vaya quitando el estrés que implica actualmente una interpelación cada mucho tiempo, dándole un carácter más periódico y de monitoreo. Ciertamente, ayudaría a construir mejor oposición desde la cámara de diputados.

Chile debería avanzar hacia un sistema menos presidencial, atenuando el poder del ejecutivo y construyendo prácticas políticas más equilibradas entre el presente o presidenta de la República y la Cámara de diputados. Perfeccionar la interpelación puede ser un primer paso pero posteriormente deberían venir otras instituciones que acerquen nuestro régimen a uno más consensual sin los vicios del presidencialismo latinoamericano.

La falta de viviendas como reflejo de la desigualdad social en América Latina

2011-01-06T00:16:00.000-03:00

Las últimas semanas se han producido en Buenos Aires varias tomas de terrenos por parte de personas que no tienen casa, en su mayoría inmigrantes que han llegado a la Argentina en busca de mejores oportunidades, trabajo y calidad de vida y se han encontrado con la escasez de viviendas y terrenos para construir. Más allá de las percepciones políticas que puede haber en torno a esta movilización –ya que se ha dicho que son movimientos que buscan desestabilizar el gobierno de Cristina Fernández (La Nación, 02/01)- es necesario mencionar que no son hechos nuevos en nuestro continente y que revelan una considerable situación de precariedad para las personas más vulnerables de América Latina: migrantes, indígenas, mujeres, adultos mayores.

Es necesario remontarse no muchos años para ver cómo en Chile proliferaban los campamentos reflejo del enorme déficit habitacional que tenía el país. Hoy hay menos campamentos, el déficit habitacional es menor y también las condiciones de habitabilidad de las viviendas han mejorado. Si en 1990 el 11,6% de la población declaraba vivir en mediaguas, en 2006 solo un 0,9% lo hacía, según datos de la encuesta CASEN. En el siguiente gráfico es posible apreciar diferencias en otras categorías.

Fuente: CASEN 1990 y 2006.

Es posible ver que en las categorías que precarizan la habitabilidad de las viviendas se producen caídas significativas. Hoy más personas tienen acceso a casas propias y con mejores condiciones, sin perjuicio que aún hay un porcentaje significativo viviendo en terrenos cedidos y en viviendas de material ligero y además se produce una gran diferencia entre el entorno de las viviendas sociales que se ubican en su gran mayoría en las comunas más pobres y aquellas que están en comunas ricas. Existe por lo tanto una amplia brecha que salvar aún y que deberían ser foco de la política habitacional y urbana en nuestro país.

Pero no es posible ignorar lo que ocurre a nivel regional. Las villas miseria en Buenos Aires, las Favelas en Río de Janeiro y las miles de casas que cuelgan en las periferias de Bogotá, Lima, Quito, Caracas o las capitales de los países centroamericanos vienen a revelar la incapacidad del Estado por entregar viviendas a su población y el fracaso de las políticas habitacionales y urbanas. Ciudades con niveles altos de segregación y fragmentación; altamente pobladas y muy extendidas, con todo lo que ello conlleva en cuanto a movilidad y transporte y a la configuración de los mercados laborales a interior de las ciudades.

¿Qué perjuicios generan estos problemas en las ciudades? En el caso de Santiago, donde los déficits y condiciones precarias han ido siendo superados se alzan como problemas la localización de las viviendas sociales y su acceso a servicios propiamente urbanos. Se trata de entornos altamente precarios donde las mismas condiciones contextuales alimentan una creciente vulnerabilidad social del cual la propia localización es un reflejo. Es la localización periférica sumada a la pobreza la que va generando condiciones propicias para la delincuencia, la marginalidad y la exclusión lo cual aumenta el riesgo de las familias que viven en esas zonas a seguir siendo pobres y a ver mermada su calidad de vida.

Pero en otros países de la región el problema es aún mayor, pese a que los niveles de segregación pueden ser menores –en Buenos Aires se alzan Villas miserias a pasos de Palermo, impensado sería que eso ocurriera cerca de El Golf, en Santiago- el gran problema es que la oferta de viviendas es insuficiente y lo ha sido por mucho tiempo y en consecuencia hoy la periferia se ha llenado de construcciones precarias que se ven privadas de una serie de servicios como agua potable, alcantarillado o acceso a salud y educación. Eso perjudica aún más la condición de vulnerabilidad de las familias que, pese a su cercanía con otros sectores económicos y las ventajas de interacción que eso genera.

¿Dónde está el problema? El tema se trata, esencialmente, de la capacidad de los gobiernos por entregar una política habitacional adecuada que propenda a la adecuada integración de los barrios marginales y excluidos a la dinámica urbana. En Santiago, por cierto, el desafío es parecido con la ventaja que las condiciones de habitabilidad de las viviendas son mejores que en otros países, aunque la exclusión y la segregación actúan igualmente como catalizadores de la pobreza y la desigualdad.

Cobra así importancia, finalmente, la necesidad de promover a través de la política pública y desde el Estado la cohesión social al interior de las ciudades y de los barrios permitiendo que los habitantes de cada territorio se puedan sentir parte de éste, generando una identidad con sus comunas y sus ciudades y permitiendo que se integren a éstas como fuente de bienes y públicos y servicios urbanos.

Por lo tanto, las tomas de terreno que se dieron en Buenos Aires, pero que se han vivido en diferentes momentos históricos en otras ciudades de América Latina, no solo reflejan la falta de casas, pues si escarbamos más profundo podremos encontrar el desarraigo territorial de las personas que migran en busca de oportunidades que en sus países no hay, la falta de identidad con las ciudades y los barrios, la escasa cohesión social y, al final del día, el gran lastre que pesa sobre los países latinoamericanos: la desigual distribución de ingresos, bienes, servicios y poder de decisión. Difícil resulta que en ese adverso escenario la región pueda dar un salto significativo hacia el desarrollo y la calidad de vida.

El dilema de Mauricio Macri en un año electoral

2011-01-02T00:01:00.000-03:00

Argentina ha entrado en un año electoral que está muy lejos de ser predecible y pareciera que guarda aún una serie de sorpresas que se irán mostrando durante 2011. Las próximas elecciones presidenciales son en octubre y hasta ahora pareciera que la candidata natural del oficialismo es Cristina Fernández, quien ha venido haciendo esfuerzos por mostrarse como una líder fuerte al interior del gobierno quitándole poder a funcionarios importantes durante la vida de Néstor o intentando poner al gobierno federal a la cabeza de problemas de carácter más local, como la inseguridad en la provincia de Buenos Aires o las tomas de terreno que han afectado a la Capital Federal.

En ambos espacios hay fuertes liderazgos que pueden llegar interponerse en el camino natural de Cristina a la reelección. En la ciudad de Buenos Aires, particularmente, la figura de Mauricio Macri, líder del PRO y jefe de gobierno de la ciudad, se ha alzado como una alternativa al peronismo e incluso se ha señalado en algunas oportunidades que es posible que busque aliados en el peronismo federal (Ballotage.cl 18/11) para ampliar su base electoral y que también es necesario que la oposición reconstruya ciertos consensos básicos para poder hacerle frente al oficialismo y sus aliados (La Nación 26/12)

Pero en el actual escenario, ¿una candidatura de Mauricio Macri es electoralmente viable? Es necesario revisar primero un par de particularidades del sistema político argentino para luego intentar responder esta pregunta.

Un primer elemento tiene que ver con el clivaje centro-periferia que en Argentina se manifiesta con más fuerza que en otros lugares. Por diversas razones Buenos Aires ha tenido una significativa preponderancia frente al interior del país y se ha mantenido una brecha entre la capital y las provincias y también entre las provincias. Esta situación ha sido cuna de caudillos que defienden los intereses provinciales frente a la hegemonía porteña y más de un conflicto interno recuerda la historia argentina debido a este quiebre entre el centro y la periferia. Cobra importancia, por tanto, la capacidad de los políticos de crecer ya sea hacia el interior del país desde Buenos Aires o desde alguna provincia hacia el resto del territorio. Y esto pues el alcance de las redes partidarias no es nacional, sino que se vale de bastiones electorales potentes desde los que se empieza a realizar trabajo territorial o bien tejer relaciones y alianzas con movimientos locales que hacen más fácil llegar al electorado. Las gobernaciones han sido formas que han elegido los partidos para fortalecer sus raíces en las provincias.

Lo segundo tiene que ver con la configuración del sistema de partidos argentino, pues siempre han sido dos los movimientos que han dominado el escenario y si bien es cierto desde fines de los 90, con el FREPASO, el PRO, la Coalición Cívica y otros movimientos, el bipartidismo ha tendido a resquebrajarse, la verdad muestra que durante el siglo XX el poder federal siempre se ha compartido entre peronistas y radicales (exceptuando, claramente, los periodos de dictaduras militares). Incluso cuando una fuerza distinta llega al poder en 1999 con la Alianza, el presidente De la Rua era radical y el vicepresidente, del FREPASO, se vio obligado a renunciar a su puesto. De ahí también la importancia de los espacios locales (gobernaciones, legislaturas) para que otras fuerzas políticas empiezan a crecer. Es el caso del PRO en Buenos Aires.

En consecuencia, ¿dónde están los flancos de la propuesta republicana de Mauricio Macri? No tanto en la estructura bipartidista del sistema de partidos argentino, pues si bien a nivel presidencial son dos los movimientos históricamente relevantes, a nivel de las gobernaciones provinciales y de las legislaturas de las provincias y la nacional sí es posible que entren otras fuerzas políticas, más todavía con el sistema electoral proporcional que tienen la Argentina.

El flanco, por tanto, está en la penetración que tiene Mauricio Macri en el resto del país. Su fuerza política y electoral se debilita a medida que viajamos desde la plaza de Mayo hacia la cordillera de Los Andes y empieza a pesar la capacidad que han tenido los movimientos políticos tradicionales –el Peronismo y la UCR- para tejer redes entre las provincias, ya sea por su propio trabajo territorial o por las alianzas con los partidos locales de las provincias.

Se presenta en este punto un dilema para el líder del PRO. Mantenerse como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para un nuevo periodo puede resultarle relativamente sencillo, en las últimas legislativas quedó visto que el PRO está relativamente asentado en el electorado de la ciudad –Gabriela Michetti fue electa diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires- y la mayor capacidad política del PRO está justamente en torno al delta del río de la Plata. La otra opción es ir a luchar por la presidencia de la Nación y poner a prueba la red que desde 2007 el PRO ha construido hacia el interior del país, débil en comparación con el peronismo o el radicalismo, y arriesgarse a perder la elección (un riesgo natural que cualquier candidato debe enfrentar) o bien, de ganar, gobernar sin una base política entre las provincias (entre gobernadores, diputados y senadores), elemento esencial para asegurar la gobernabilidad en el sistema político argentino.

Es posible que aún no sea el tiempo de Mauricio, pero sí el tiempo del PRO. Una candidatura presidencial en 2011 puede resultar aventurada e incluso arriesgada para aspiraciones futuras de Macri, sin embargo, es necesario que el PRO se instale políticamente en las provincias, llevando candidatos a diputados y a gobernadores y ganándolos, fortaleciendo así una red política y electoral que permita construir una base de gobernabilidad para un eventual futuro gobierno de Mauricio Macri.

La seguridad como bandera electoral en Argentina.

2010-12-20T18:07:00.000-03:00

Las últimas semanas hemos asistido a una serie de conflictos que se han dado en la provincia de Buenos Aires, gobernada por Daniel Scioli (PJ) y en la ciudad de Buenos Aires, cuyo jefe de gobierno es Mauricio Macri (PRO). Ambos han señalado sus intenciones de lanzar candidaturas presidenciales, pese a que el gobernador de la provincia ha moderado sus aspiraciones luego de la muerte de Néstor Kirchner.

Sin embargo, aún cuando Scioli no sea candidato presidencial, sí mantendrá sus aspiraciones en la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, Macri debe evaluar su capacidad de penetración hacia el interior del país antes de lanzarse como abanderado presidencial, pues hasta ahora el PRO no tiene ningún gobernador y solo tiene diputados en la ciudad y provincia de Buenos Aires. En el sistema político argentino la importancia de los caudillos locales es significativa para conseguir que los partidos penetren a las provincias. Tal es el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, que ha sido un bastión importante para los justicialistas y Córdoba que históricamente ha pertenecido a los radicales, pese a los cambios políticos puntales que se han producido.

En ese marco de aspiraciones políticas de los líderes del principal distrito electoral de la Argentina se han producido una serie de conflictos, los más reciente son los que han tenido lugar en Villa Soldati y Lugano. Sin embargo desde hace varios años que se ha planteado un debate respecto a la seguridad en la provincia y la capacidad del gobierno de Macri de entregar seguridad en la ciudad. Los últimos hechos con las ocupaciones en el parque indiamericano y de varios predios en la ciudad, la cercanía de las elecciones presidenciales de 2011 y las aspiraciones de Scioli y, en general, del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, han abierto la ventana de oportunidad para que el tema de la seguridad se instale a nivel federal y sea la casa rosada la que haya empezado a tomar medidas.

Las motivaciones que han llevado a que la casa rosada intervenga son, por un lado, electorales, demostrando preocupación por un tema que se ha instalado hace mucho en la agenda de Buenos Aires, y también políticas al interior del gobierno de Cristina, que viene mostrando ciertos cambios de actitud hacia algunos funcionarios que tenían más llegada a Néstor Kirchner y hoy la tienen menos con la viuda presidenta. Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, ha sido uno de ellos.

En términos electorales, el partido justicialista ha sufrido derrotas significativas en la zona de Buenos Aires. Lo primero viene a ser la elección del mismo Macri y la actual diputada, Gabriel Michetti, en 2007, donde su fórmula derrotó con más de un 60% de los votos a la fórmula oficialista por la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Luego vinieron las elecciones legislativas de 2009 donde en la ciudad la primera mayoría fue para la Propuesta republicana, con un 31% de los votos. El frente para la victoria obtuvo en la misma elección solo un 11% de las preferencias.

En la provincia se da un fenómeno parecido. El fallecido Néstor Kirchner resultó segundo detrás de Francisco de Narvaez, de la Unión PRO, con el 32% de los votos, en lo que sería la derrota más dura que debió enfrentar el oficialismo y el propio Néstor en las elecciones legislativas de 2009, pese a que contaba con la candidatura testimonial de Daniel Scioli, pues Scioli acompañaba en la campaña a Kirchner pero no podía postular como diputado nacional por ocupar el cargo de gobernador de la provincia. En suma, el terreno electoral que el Frente para la Victoria ha perdido en Buenos Aires es significativo, tomando en cuenta que en esta zona del país vive un tercio de la población y es el distrito electoral más importante de la Argentina y eso lleva a que la casa Rosada busque hacerse presente en los problemas de la provincia y la ciudad, intentando recuperar parte del terreno electoral que ha perdido a manos del PRO y del peronismo federal.

Un segunda impulso tiene que ver con las motivaciones política que Cristina tiene para quitarle poder al jefe de gabinete. Después de la muerte del ex presidente el gobierno de Cristina Fernández quedó debilitado y surgían algunas voces señalando que se repetiría el escenario que en 1974 cubrió a Isabelita, la viuda y compañera de fórmula de la última presidencia de Juan Domingo Perón, que debió asumir la presidencia a la muerte de fundador del justicialismo. En ese momento María Estela no estuvo a la altura, José López Rega, secretario y hombre fuerte del gobierno se convirtió en el conductor político de la sucesión peronista a la cabeza de la Argentina.

Probablemente las actitudes de Cristina hacia Aníbal Fernández y hacia otros personeros del gobierno busquen generar la sensación de fortaleza y gobernabilidad por parte de la presidenta, con miras a proyectarse como una alternativa cierta para la reelección en 2011 e intentando debilitar a las figuras fuertes de su gobierno que pueden restarle visibilidad a la presidenta.

Los ciclos electorales son una parte fundamental del proceso de formulación de políticas públicas, el caso de la seguridad en Argentina ilustra cómo un problema latente ha recibido atención de parte del gobierno federal, creación de un ministerio mediante, y con un amplio plan del gobierno para reformar la policía federal y la seguridad en el conurbano bonaerense y también en la ciudad. Ciertamente, todo está empezando a ser condicionado por las elecciones del próximo año que afectarán tanto a la presidencia de la Nación como a varias gobernaciones provinciales. El justicialismo requiere reencontrarse con los ciudadanos de Buenos Aires, tanto para darle suficiente piso electoral a Daniel Scioli ante una eventual reelección, como para conseguir mejores réditos para la propia presidenta y, por cierto, debilitar la figura de Mauricio Macri, Grabiela Michetti y otros actores políticas emergentes cuyo nicho fundamental es, justamente, la capital argentina.