La noticia tiene peso porque Venezuela fue país fundador del CIAT en los años 60 y el Seniat fue el principal proyecto de asistencia técnica que la organización realizó en su historia. Lo que pocos saben: la ausencia de Venezuela en estos espacios técnicos internacionales había durado años, afectando la capacidad del país para acceder a mejores prácticas en recaudación tributaria.

Maniglia destacó que durante el encuentro el Seniat pudo interactuar con delegaciones de países miembros e intercambiar experiencias en recaudación. El superintendente enfatizó la estrategia MODA: modernización, digitalización y automatización del Seniat.

Márcio Ferreira Verdi, secretario ejecutivo del CIAT, subrayó que el regreso de Venezuela a la comunidad tributaria latinoamericana y caribeña “representa muchísimo” para la organización. Añadió que esperan colaborar en la modernización del Seniat y recibir aportes históricos de Venezuela.

Maniglia reconoció a Delcy Rodríguez por “abrir los caminos para Venezuela en el mundo”. Ojo con esto: la readmisión abre puertas para formación en materia tributaria, pero los resultados en recaudación dependerán de la implementación efectiva de estas modernizaciones en el territorio nacional.

La agenda de cooperación incluye intercambio de saberes, innovación tecnológica y construcción de alianzas. Sin embargo, la capacidad real del Seniat para aplicar estas mejores prácticas en un contexto de volatilidad económica sigue siendo incógnita.

Fuente: Banca y Negocios

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“No es la primera vez que lo hace”, señaló Romero en declaraciones donde enfatizó que Venezuela mantiene su condición de nación soberana.

El diputado planteó que la relación bilateral debe basarse en el respeto mutuo. “Con los Estados Unidos no tenemos ningún problema ideológico. Queremos una relación de igualdad entre dos naciones soberanas”, expresó. Lo que pocos saben es que estas tensiones diplomáticas afectan directamente los trámites de regularización migratoria que muchos venezolanos requieren en suelo estadounidense.

Romero también abordó la situación de los migrantes venezolanos. Denunció “la terrible situación que están viviendo los migrantes venezolanos en los Estados Unidos” y señaló que si Washington se perfila como un nuevo socio de Venezuela, entonces el trato a estos compatriotas “es sencillamente inaceptable”.

En su intervención, el parlamentario enfatizó la importancia de que la presencia de Venezuela en la Asamblea General de las Naciones Unidas contribuya a resolver conflictos que afectan a la familia venezolana. Ojo con: aunque estos comunicados tienen repercusión mediática, rara vez avanzan en negociaciones concretas entre gobiernos cuando hay fricciones de este nivel.

La declaración refleja la complejidad de la política exterior venezolana en momentos donde sectores de la oposición intentan mantener canales de diálogo mientras critican acciones externas percibidas como injerencistas.

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La operación comenzó con un hospital de campaña en La Guaira y un punto de salud en la plaza Padre Machado de Maiquetía. Posteriormente, incorporó nuevas modalidades de respuesta, entre ellas las visitas médicas domiciliarias, jornadas de atención médica y ahora el Punto Comunitario, ubicado en el balneario de Catia La Mar.

Esta evolución responde a un proceso permanente de evaluación y a las más de 500 retroalimentaciones recibidas de las comunidades. La información recopilada permite a los equipos conocer las situaciones que persisten, identificar prioridades y definir las actividades y servicios que se desarrollan en cada localidad.

Servicios que permanecen activos de la Cruz Roja Venezolana
La Sociedad Nacional mantiene activos distintos centros para facilitar el acceso a servicios esenciales en La Guaira. Entre ellos se encuentran los puntos de hidratación del hospital de campaña de Macuto, la plaza Padre Machado de Maiquetía, el campamento transitorio de Ciudad Caribia y el ambulatorio Las Salinas.

En Catia La Mar, la Sociedad Nacional inauguró un Punto Comunitario en el balneario de la localidad con el apoyo de Banesco.

El lugar cuenta con una programación que incluye apoyo psicosocial cara a cara, primeros auxilios psicológicos, actividades recreativas para niños, niñas y adolescentes, espacios para personas mayores y charlas sobre salud, protección, higiene y autocuidado. También dispone de servicios para facilitar el acceso a agua segura, así como baños y duchas para las familias.

El Punto Comunitario funciona de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm, de acuerdo con la programación establecida por los equipos de la Cruz Roja Venezolana.

Una operación sostenida por el voluntariado
Más de 1.600 voluntarios de 24 filiales han participado en las distintas etapas de la respuesta, con equipos que se han desplazado desde diferentes regiones del país para apoyar las acciones en las zonas afectadas.

Esta coordinación ha permitido integrar perfiles y capacidades distintas en jornadas médicas, visitas domiciliarias, distribuciones, actividades comunitarias y servicios de agua segura.

La movilización de voluntarios también ha permitido mantener una presencia constante en los puntos de atención y acompañar la evolución de la operación durante estos tres meses.

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La operación comenzó con un hospital de campaña en La Guaira y un punto de salud en la plaza Padre Machado de Maiquetía. Posteriormente, incorporó nuevas modalidades de respuesta, entre ellas las visitas médicas domiciliarias, jornadas de atención médica y ahora el Punto Comunitario, ubicado en el balneario de Catia La Mar.

Esta evolución responde a un proceso permanente de evaluación y a las más de 500 retroalimentaciones recibidas de las comunidades. La información recopilada permite a los equipos conocer las situaciones que persisten, identificar prioridades y definir las actividades y servicios que se desarrollan en cada localidad.

Servicios que permanecen activos de la Cruz Roja Venezolana
La Sociedad Nacional mantiene activos distintos centros para facilitar el acceso a servicios esenciales en La Guaira. Entre ellos se encuentran los puntos de hidratación del hospital de campaña de Macuto, la plaza Padre Machado de Maiquetía, el campamento transitorio de Ciudad Caribia y el ambulatorio Las Salinas.

En Catia La Mar, la Sociedad Nacional inauguró un Punto Comunitario en el balneario de la localidad con el apoyo de Banesco.

El lugar cuenta con una programación que incluye apoyo psicosocial cara a cara, primeros auxilios psicológicos, actividades recreativas para niños, niñas y adolescentes, espacios para personas mayores y charlas sobre salud, protección, higiene y autocuidado. También dispone de servicios para facilitar el acceso a agua segura, así como baños y duchas para las familias.

El Punto Comunitario funciona de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm, de acuerdo con la programación establecida por los equipos de la Cruz Roja Venezolana.

Una operación sostenida por el voluntariado
Más de 1.600 voluntarios de 24 filiales han participado en las distintas etapas de la respuesta, con equipos que se han desplazado desde diferentes regiones del país para apoyar las acciones en las zonas afectadas.

Esta coordinación ha permitido integrar perfiles y capacidades distintas en jornadas médicas, visitas domiciliarias, distribuciones, actividades comunitarias y servicios de agua segura.

La movilización de voluntarios también ha permitido mantener una presencia constante en los puntos de atención y acompañar la evolución de la operación durante estos tres meses.

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Sin embargo, y luego de dos décadas de expedientes judiciales, intervenciones regulatorias, colapsos bancarios y reclamaciones de depositantes, se han encendido las alarmas que ponen en entredicho su credibilidad como jurisdicción financiera confiable.

Basta con hacer un recuento de los últimos escándalos financieros, para entender que Antigua y Barbuda, no carga solamente sobre sus hombros el penoso recuerdo de Stanford Internacional Bank y uno de los mayores fraudes financieros de la historia moderna. Desde entonces, otras instituciones supervisadas desde St. John’s han terminado intervenidas, liquidadas o sometidas a administración oficial, dentro de las cuales vale la pena mencionar los casos de Meinl Bank Antigua; Antigua Overseas Bank; Global Bank of Commerce; y desde mayo de 2026, BOI Bank Corporation, este último es propiedad del venezolano Víctor Vargas.

No obstante, lo curioso del proceder de Antigua y Barbuda como garante de transparencia financiera, es que sus actuaciones son a destiempo a pesar de las denuncias y advertencias, tanto de los ahorristas, así como de entes perjudicados por el proceder de este paraíso offshore.

El caso de BOI, de alguna manera constata la demora para tomar decisiones a tiempo. Es decir, su crisis financiera no apareció de repente, durante años las alarmas estuvieron encendidas, anunciando una tragedia financiera. Y lo peor, no es simplemente la antología de hechos de un banco que terminó bajo administración oficial, sino la historia de un regulador que reconoció restricciones extraordinarias desde 2019, fue expuesto a litigios públicos de depositantes, recibió estados financieros que mostraban tensiones materiales y, finalmente asumió el control de BOI en mayo de 2026.

Aquí vale la pena preguntarse, ¿por qué Antigua y Barbuda, con suficiente información en mano, dejó correr el velo cuando lo supo y no actuó a tiempo, evitando así el desfalco a cientos de ahorristas. ¿A quién protegían?

BOI Bank y el universo financiero de Víctor Vargas

BOI Bank Corporation fue constituido en Antigua en 1994 y operó durante años dentro del universo financiero asociado al empresario venezolano Víctor Vargas Irausquín.

Documentación presentada en procedimientos relacionados con la liquidación del Banco del Orinoco, identifica comunicaciones en las que BOI Bank Corporation, Bancamérica y AllBank, aparecen vinculados al denominado Grupo Financiero Internacional BOD. Otros documentos societarios han descrito la estructura accionaria del BOI hasta su beneficio final.

El grupo tenía una nutrida clientela venezolana y latinoamericana. Y en 2019, tres piezas de aquel entramado comenzaron a sufrir problemas severos casi que de manera simultánea. 

El Banco del Orinoco fue intervenido en Curazao; AllBank Corp, corrió la misma suerte en Panamá y BOI Bank quedó sometido a medidas extraordinarias en Antigua, destacándose una coincidencia temporal importante, pero lo más llamativo quizá, es la diferencia en las respuestas regulatorias: ¿Complacencia de Antigua y Barbuda a instituciones bancarias con prácticas inseguras, permitiendo el desfalco de sus ahorristas?

Antecedentes que ponen en entredicho una actuación transparente 

El 19 de septiembre de 2019, mientras circulaban informaciones sobre problemas en BOI, la Financial Services Regulatory Commission de Antigua y Barbuda (FSRC), autoridad encargada de supervisar la banca internacional del pequeño Estado caribeño, publicó un comunicado donde se admitía que habían impuesto “directives” al banco, pero de manera inmediata aplicó un bálsamo tranquilo a los ahorristas: las medidas no eran consecuencia de una determinación de deterioro y no impedían al banco procesar las operaciones de sus clientes. Además, anunciaba que supervisaba continuamente a todas las instituciones bajo su jurisdicción.

Al unísono de esta declaración por parte de la FSRC, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, emitida durante la liquidación forzosa de Plus Capital Market, describió las restricciones impuestas por Antigua a BOI.

Según ese regulador, incluían limitaciones para captar nuevos clientes, reembolsar acreedores, otorgar nuevos créditos, realizar operaciones superiores a determinados montos, distribuir dividendos y ejecutar nuevas operaciones bursátiles, además de reportes frecuentes a la FSRC.

Lo curioso de esto es que el mismo mes que Antigua afirmaba que sus directivas no impedían procesar las transacciones de clientes, otro regulador describía un régimen en el que BOI no podía reembolsar acreedores sin autorización previa. ¿Cuál era el argumento de Antigua para permitir operaciones que ponían en riesgo a los clientes?

La reciente intervención del BOI Internacional Bank enciende las alarmas

En septiembre de 2019, se encendió la primera gran alarma cuando surgieron las reclamaciones de depositantes que ubicaban sus dificultades para recuperar fondos en años anteriores. Uno de esos casos terminó formalmente ante la High Court de Antigua y Barbuda en 2019, y posteriormente se produjo una sentencia pública.

Es importante tener claro que, una disputa de retiro no prueba insolvencia. Un banco puede retener fondos por razones contractuales, regulatorias o de cumplimiento. Pero desde el punto de vista prudencial, reclamaciones de gran cuantía sostenidas durante años constituyen información que un supervisor debe evaluar en conjunto con liquidez, corresponsalía bancaria, composición de activos y concentración de riesgos.

Es importante entender que las señales de tensión no comenzaron en 2020 o en 2022, ya eran visibles antes de las directivas de septiembre de 2019. Sin embargo, se les permitió operando como si nada estuviera ocurriendo.

Mientras dos bancos relacionados caían, BOI continuó operando bajo el manto protector de Antigua y Barbuda.

En septiembre de 2019, el Banco del Orinoco fue intervenido en Curazao y AllBank fue intervenido en Panamá. De hecho, una documentación regulatoria panameña dejó constancia, además de activos mantenidos por terceros en Banco del Orinoco, AllBank y BOI que no estaban disponibles para su titular.

BOI, sin embargo, permaneció formalmente dentro del sistema bancario internacional de Antigua, y entre 2020 y 2021, continuaba figurando en directorios oficiales de bancos licenciados por la FSRC.

Aquí surge una nueva interrogante: ¿Por qué mientras otras jurisdicciones actuaron sobre instituciones relacionadas, Antigua optó por mantener a BOI operativo bajo restricciones y supervisión?

La duda se agudizó aún más cuando documentos regulatorios y judiciales de Curazao, describieron deficiencias graves en la institución que terminaron contribuyendo a la pérdida de su licencia y posterior quiebra. Sin embargo, Antigua conocía que el BOI pertenecía al mismo universo financiero cuyas instituciones relacionadas enfrentaban intervenciones simultáneas en Panamá y Curazao, y permitió que BOI sobreviviera regulatoriamente durante siete años más, lo que, sin lugar a dudas, reitera la hipótesis, Antigua y Barbudas con todos estos antecedentes y más, puede conservar el estatus de jurisdicción financiera confiable.

Antigua después de Stanford

Si bien es cierto que Antigua se vio obligada a reformar su marco legal, luego del escándalo de Stanford International Bank, y es que el país adoptó una nueva International Banking Act en 2016, fortaleció formalmente las facultades de supervisión y ha sido objeto de evaluaciones internacionales sobre su régimen financiero y de prevención de lavado de dinero, no ha dejado de “amparar” a instituciones financieras cuestionadas.

Pero, el problema no es si Antigua posee leyes suficientes, tampoco si la FSRC puede intervenir un banco porque lo ha hecho repetidamente, aquí el planteamiento es, por qué se blindó a BOI, a sabiendas de las denuncias y señalamientos.

Un centro financiero serio no se mide exclusivamente por cuántas licencias expide ni por la sofisticación de sus leyes. Se mide por lo que ocurre cuando un depositante pide recuperar su dinero, por la velocidad con que el regulador identifica deterioros, por la transparencia con que explica sus decisiones y por la distancia que mantiene entre los intereses comerciales de una industria offshore y sus obligaciones de proteger al público.

La culpa no es del ciego, sino del que le da el garrote

Stanford demostró lo que ocurre cuando esa distancia desaparece completamente. BOI plantea una realidad diferente y quizá más inquietante. ¿qué ocurre cuando las alarmas son públicas, notorias y comunicacionales y se encienden durante años, el regulador reconoce que está imponiendo restricciones, los litigios llegan a los tribunales y, la intervención definitiva se alarga hasta 2026?

¿Banqueros venezolanos siguen amparados en paraísos fiscales para el quiebre financiero de sus ahorristas?

El abogado venezolano, Roberto Hung, especialista en Derecho y representante legal de numerosos ahorristas afectados por estos blindajes a institucione financieras, ha mantenido una posición crítica frente a la impunidad y la falta de controles que han dado pie a que grupos financieros, utilicen estructuras y bancos offshore en detrimento del patrimonio de los ciudadanos.

Ha criticado con vehemencia la opacidad y el uso fraudulento de filiales externas. Y, ha alertado en múltiples escenarios que el problema principal no radica solo en la existencia de los bancos offshore en sí, sino en cómo las directivas de grandes instituciones financieras, como el Grupo Financiero BOD y sus filiales en Curazao (Banco del Orinoco) o Antigua y Barbuda (BOI Bank), captaron depósitos en divisas de ciudadanos venezolanos bajo promesas de seguridad, para luego desviar y bloquear dichos fondos sin autorización.

Los esquemas irregulares dejaron a los ahorristas en total vulnerabilidad frente a quiebras o liquidaciones en otras jurisdicciones produciendo una afectación colectiva y sistemática, debido a que las maniobras financieras impactaron a miles de personas, incluyendo a pequeños ahorristas, trabajadores y jubilados que dependían de esos fondos para atender emergencias médicas, subsistir o emprender proyectos de vida.

No obstante, la falta de supervisión y exigencias por parte de los órganos reguladores de Antigua y Barbuda, así como la falta de acción y el retraso de responsabilidades administrativas y penales hacia los altos directivos y accionistas de los bancos, ha generado crisis financieras de gran impacto, que pudieron ser evitadas, si se hubiese actuado con celeridad, transparencia e imparcialidad.

Resulta una obscenidad que instituciones financieras de gran envergadura en Venezuela, hayan ejecutado operaciones que disolvieron el patrimonio de sus clientes sin que las autoridades locales y los reguladores hubiesen fijado sanciones contundentes, incluyendo la devolución del dinero, a pesar de que las alarmas de irregularidades estaban encendidas desde hace mucho tiempo.

Desde la redacción de Por la calle del Medio, tratamos de contrastar esta información con el Ministro de Asuntos Exteriores de Antigua y Barbuda, Chet Greene; así como con abogados que llevan varios casos de desfalco de las entidades bancarias, incluyendo a Craig Jacas del BOI, pero al cierre de este reportaje, fue imposible contactarlos. Por lo que dejamos abierta esta posibilidad para una próxima entrega.

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La jueza federal Kathleen M. Williams impuso la sentencia en Miami. Niembro, de 64 años y ciudadano español y venezolano, deberá cumplir tres años de libertad supervisada tras su liberación y entregar más de 16,9 millones de dólares. Lo que pocos saben: esa cifra representa solo lo que obtuvo del fraude directo, pero Niembro y asociados extrajeron al menos 24,9 millones de la institución.

Entre 2017 y 2023, Niembro trabajó junto con Juan Francisco Ramírez, entonces presidente de la junta de Nodus, para que el banco invirtiera aproximadamente 11 millones en una entidad crediticia de Miami. Los fondos fueron utilizados después para otorgar préstamos que beneficiaron personalmente a ambos ejecutivos, disfrazados como inversiones bancarias.

La operación se extendió. Entre enero de 2018 y septiembre de 2021, ambos hombres consiguieron que la junta directiva aprobara la compra de 47 pagarés por unos 25,3 millones de dólares emitidos por Nodus Finance, una compañía radicada en Miami que era propiedad conjunta de Niembro y Ramírez. Documentos judiciales citan que parte de esos recursos financió hipotecas, tarjetas de crédito e inversiones privadas de los ejecutivos.

Niembro se declaró culpable en marzo de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Hay un detalle que la mayoría de reportes sobre el caso omite: entre 2021 y 2023, Niembro también participó en operaciones financieras prohibidas con una persona designada por OFAC por proporcionar apoyo material a PDVSA.

Esa persona mantenía una deuda de 2,5 millones con Nodus por un préstamo anterior a las sanciones. El banco obtuvo autorización de OFAC para ejecutar una hipoteca sobre una propiedad en Southampton, Nueva York. Pero Niembro y el individuo sancionado acordaron después que Nodus vendiera la vivienda por 4 millones mediante una empresa fachada.

Los fiscales confirmaron que esa transacción violaba las sanciones estadounidenses sin autorización de OFAC.

El colapso de Nodus Bank en 2023 afectó a cientos de depositantes, especialmente venezolanos residentes en el sur de Florida. La institución operaba como banco internacional en Puerto Rico, lo que significa que los depósitos no tenían cobertura de la Federal Deposit Insurance Corporation. Decenas de millones de dólares quedaron atrapados en liquidación.

Las autoridades regulatorias de Puerto Rico detectaron irregularidades después de que el banco entró en crisis. El Departamento de Justicia señala que el esquema de Niembro contribuyó directamente al fracaso de la institución. Las ramificaciones continúan en Miami, Puerto Rico y entre venezolanos en el exterior que confiaron fondos en Nodus.

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Venezuela necesita superar la confrontación permanente, esa que durante años ha servido para profundizar divisiones, justificar fracasos y mantener a los ciudadanos atrapados en una disputa política que parece no tener final.

Los venezolanos queremos transitar POR LA CALLE DEL MEDIO.

No porque pretendamos desconocer las diferencias, las responsabilidades o las posiciones políticas existentes, sino porque estamos convencidos de que el país no puede seguir siendo rehén de ellas.

Mientras transcurren los días, las semanas, los meses, los años y las décadas, Venezuela continúa esperando respuestas.

Y mientras unos hablan de poder, otros hablan de resistencia; mientras unos defienden sus intereses, otros los confrontan, y millones de venezolanos siguen esperando algo mucho más elemental: servicios públicos que funcionen, oportunidades, seguridad, instituciones que respondan y condiciones dignas para vivir.

Por eso creemos que llegó el momento de colocar a Venezuela por encima de las conveniencias particulares.

Quienes hoy ostentan espacios de poder, de un lado y del otro, tienen una responsabilidad histórica. No se trata únicamente de conquistar o conservar posiciones. Se trata de entender que una nación no puede reconstruirse desde la imposición, la exclusión ni la confrontación permanente.

Venezuela necesita acuerdos, no más trincheras.
Necesita soluciones, no más consignas.
Necesita resultados, no más discursos.

Si no somos capaces de encontrar puntos de coincidencia y unir esfuerzos alrededor de lo verdaderamente importante, corremos el riesgo de volver a desperdiciar otra oportunidad para comenzar a reconstruir el país.

Nacimos para informar

Por la Calle del Medio nació un 10 de agosto de 2020 en plena pandemia.

En aquel momento, cuando emprender un proyecto comunicacional podía parecer una apuesta temeraria, decidimos salir al ruedo porque entendimos que Venezuela necesitaba espacios informativos capaces de ejercer el periodismo sin convertir la línea editorial en una camisa de fuerza partidista.

Nacimos convencidos de que informar no significa imponer una verdad.

Significa buscarla, contrastarla, contextualizarla y ponerla a disposición de los ciudadanos para que sean ellos quienes formen su propio criterio.

Por eso hemos procurado mantener nuestras páginas abiertas a las distintas voces y opiniones que forman parte de la realidad venezolana.

No pretendemos pensar por nuestros lectores.

Pretendemos brindarles información para que piensen.

Porque una sociedad democrática necesita ciudadanos informados, capaces de cuestionar, discernir y sacar sus propias conclusiones sobre la historia que se está escribiendo.

Esa ha sido nuestra apuesta.

Y no ha sido fácil.

Hemos atravesado una pandemia, tormentas, dificultades económicas, acontecimientos políticos y un doblete sísmico que estremeció al país. Hemos enfrentado circunstancias que pudieron habernos obligado a bajar la persiana.

Pero aquí estamos.

De pie.

Porque entendemos que hacer periodismo también significa mirar hacia donde otros no miran.

Significa escuchar al ciudadano que no tiene micrófono.

Dar espacio a quien no encuentra respuestas.

Visibilizar una comunidad que reclama.

Acompañar una solicitud de ayuda.

Denunciar una deficiencia en los servicios públicos.

Contar las historias de quienes, aunque no sean tendencia en las redes sociales, representan una realidad cotidiana para millones de venezolanos.

Ese también es el país.

El país que no siempre aparece en los grandes titulares, pero que existe. El que trabaja, reclama, espera, denuncia y sigue adelante.

Nuestro compromiso

Venezuela está cansada de la politiquería que no resuelve sus problemas.

Está cansada de las promesas que no se cumplen, de los discursos que se repiten y de las confrontaciones que terminan convirtiéndose en una excusa para postergar lo urgente.

El país necesita menos espectáculo y más gestión.

Menos intereses personales y más responsabilidad.

Menos confrontación y más capacidad para construir.

Porque reconstruir Venezuela no será tarea de un solo sector.

No será obra de un partido.

No dependerá exclusivamente de un gobierno ni de una oposición.

Será una responsabilidad colectiva.

Y para asumirla tendremos que entender que Venezuela es mucho más grande que quienes circunstancialmente ocupan posiciones de poder.

Nosotros seguiremos transitando POR LA CALLE DEL MEDIO, fieles a nuestra razón de ser y convencidos de que el periodismo tiene una responsabilidad que va mucho más allá de publicar noticias: acompañar a la sociedad, fiscalizar al poder, dar voz al ciudadano y defender el derecho a estar informado.

Quizás nuestro aporte sea pequeño frente a la dimensión del desafío.

Pero toda reconstrucción comienza con una decisión.

La nuestra fue decidir que, aun en medio de las dificultades, valía la pena seguir informando.

Aquí continuamos.

Sin trincheras.

Sin etiquetas.

Sin silencios impuestos.

Con Venezuela como norte.

Porque creemos que otro país es posible.

Y porque estamos convencidos de que reconstruirlo exige algo que no puede seguir esperando:

poner a Venezuela por encima de nosotros mismos.

POR LA CALLE DEL MEDIO.

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En mayo de 2020, durante el confinamiento por covid-19, Vinčić fue encontrado por la policía local en una cabaña en Bijeljina, Bosnia y Herzegovina. Según reportó Grupo Clarín, el lugar albergaba a nueve mujeres y 26 hombres, más de 10 mil euros en efectivo, decenas de armas y cocaína. La redada estaba vinculada a una investigación sobre prostitución, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

El árbitro esloveno sostuvo que había llegado a una reunión de negocios. Las autoridades lo liberaron horas después tras tomarle declaración como testigo. No fue acusado de los delitos investigados.

Sin embargo, la Policía de Bijeljina lo mantuvo retenido por su presunto vínculo con Tijana Maksimović, conocida como Tijana Ajfon, una influencer investigada por proxenetismo. Vinčić declaró posteriormente: “Acepté una invitación a comer, que resultó ser mi mayor error. Estaba sentado en una mesa cuando vino la Policía. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado. Fue el error más grande de mi vida”.

Advertencia práctica: este tipo de antecedentes no siempre aparecen en verificaciones rutinarias porque ocurrieron en un país fuera de la Unión Europea y fue liberado sin cargos formales.

Lo curioso es que el incidente no frenó su carrera. Según OneFootball, Vinčić continuó en la categoría de árbitros internacionales de la FIFA. En mayo de 2022 dirigió la final de la Europa League entre Eintracht Frankfurt y Rangers. Dos años después, en junio de 2024, arbitró la final de la Champions League donde el Real Madrid derrotó 2-0 al Borussia Dortmund en Londres. También dirigió la semifinal de la Eurocopa 2024 entre España y Francia.

El hoy arbitro fue liberado sin acusación formal, lo que técnicamente significa que no hay condena registrada en su nombre. Esto explica parcialmente por qué siguió recibiendo designaciones de la FIFA, aunque el episodio permanece como parte de su historial público.

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“Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten atrapar el poder”, declaró según CNN Español. Ortega indicó que la Asamblea Nacional, controlada por su partido, aprobará leyes para “ponerle un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias”.

Lo que pocos saben es que esta decisión llega después de cambios constitucionales aprobados a inicios de 2025 que ampliaron de cuatro a seis años el período presidencial. Teóricamente los próximos comicios estaban programados para noviembre de 2027, pero ahora eso quedó descartado.

Salvador Marenco, coordinador de Nicaragua Nunca Más, organización que opera desde Costa Rica, señaló que el Frente Sandinista prácticamente se convirtió en un partido único. Desde 2024 han sido cerradas más de 5.600 entidades civiles, cancelados partidos políticos y medios de comunicación fueron clausurados.

“Todo esto debería ser parte del juego democrático, que en Nicaragua ya no existe porque no existe el Estado de derecho”, apuntó Marenco en declaraciones a CNN Español. El activista advierte que estas palabras no solo sepultan la posibilidad de elecciones en 2027, sino que reafirman “la impunidad”.

En su discurso, Ortega también criticó duramente a Estados Unidos. Acusó a Washington de “asaltar” la Casa Presidencial de Venezuela en enero para capturar a Nicolás Maduro. “Mataron a sus escoltas, en su mayoría cubanos, y lo llevaron a una prisión en Estados Unidos. Eso es una monstruosidad”, expresó.

Ortega además mencionó que políticos cubanos en el exilio solicitan a EE.UU. una invasión militar a la isla. “Hay cubanos que le piden al Gobierno de Estados Unidos que invada militarmente Cuba y se lleven preso al comandante de la revolución, Raúl Castro”, aseguró.

Nicaragua formaba parte de una alianza con Venezuela y Cuba que ahora se ve más frágil después de la intervención estadounidense en Caracas. Sin embargo, desde la captura de Maduro, Managua liberó a decenas de presos políticos, según reporta CNN Español.

El Departamento de Estado de EE.UU. ya respondió antes a estos cambios. En enero, cuando se cumplió un año de la reforma que creó el cargo de “copresidenta” para Rosario Murillo, esposa de Ortega, Washington calificó la posición como “inventada” sin legitimidad democrática.

La Casa Blanca emite periódicamente nuevas sanciones contra funcionarios cercanos a la pareja presidencial. En abril de este año incluso fue sancionada la familia directa de Ortega y Murillo. Advertencia práctica: si tienes familiares en Nicaragua vinculados al gobierno, estas sanciones pueden congelar cuentas bancarias en EE.UU. y limitar transacciones internacionales.

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Los gritos de celebración no tardaron. “Dale campeón”, gritaban los pasajeros mientras ondeaban sus camisetas albicelestes. La fiesta a 10 mil metros de altura fue real, aunque la noticia no.

Segundos después llegó el golpe: “España ha ganado la final”, soltó el piloto. Silencio absoluto. Guillermina, usuaria de TikTok que viajaba en el avión, capturó tanto la euforia como el momento de la verdad y lo subió a su cuenta como @williermina.

Lo que pocos saben es que este tipo de bromas en vuelos puede costar caro. Una broma similar sobre una emergencia o incidente de seguridad podría resultar en multas federales o problemas legales para la tripulación, así que el piloto jugó en terreno seguro eligiendo un tema deportivo. ABC, Diario Marca y El Mundo ya replicaron el video en sus plataformas.

La broma muestra cómo en redes los españoles siguen buscando puntos contra sus vecinos del otro lado del Atlántico, aunque esta vez con humor de buena fe. El video acumula millones de visualizaciones porque toca un nervio sensible: la rivalidad futbolística que sigue viva aunque hayan pasado años desde el último enfrentamiento importante entre ambas selecciones.

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