Por si acaso

Sobre el posible adelanto electoral

2026-06-05T23:00:00.000+02:00

No hay nada menos general en política que el interés general. O eso parece, a juzgar por la forma que tienen nuestros cargos públicos de entenderlo. Hace algo más de una semana Pedro Sánchez se aferraba al interés general para justificar que no anticipara las elecciones legislativas previstas para mediados de 2027. Ironizaba incluso al sostener que, de convocarlas, su interés no sería general, sino partidista, dado que estaba convencido de arrasar en las urnas. (Al poco, por si alguien dudaba de ello, un sondeo del CIS vino a recordarnos que, a pesar de todos los pesares socialistas, que son muchos en estos momentos, el PSOE sacaría 11 puntos porcentuales de ventaja al PP en caso de celebrarse ahora los comicios.) Y si esto afirmaba Sánchez, Aitor Esteban, presidente del PNV, no le andaba a la zaga y declaraba, a modo de réplica, que la legislatura había llegado a su fin y que sólo a él, en tanto que presidente del Gobierno y en aras del interés general, correspondía disolver las cámaras y convocar elecciones.

Basta sin duda este ejemplo para comprobar lo lejos que está nuestra clase política de usar con propiedad el concepto de interés general. Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, interés general es un “concepto que resume las funciones que se encomiendan constitucionalmente a los poderes públicos y que concierne a valores y objetivos que trascienden los intereses concretos de ciudadanos o grupos”. Salta a la vista que no es el caso. Ni para el uno ni para el otro. A Sánchez el término le servía para justificar la no convocatoria de elecciones anticipadas; a Esteban, para justo lo contrario. En ambos casos, pues, el interés no era general, sino privativo. El primero lo utilizaba para permanecer a toda costa en el poder; el segundo, para seguir vaciando de competencias el Estado en provecho de una comunidad autónoma que aspira a alcanzar la plena soberanía y cada vez se halla más cerca de lograrlo.

Cuando se cumplen ocho años del acceso de Sánchez al poder, el número de ocasiones en que sus gobiernos o las mayorías parlamentarias que los sostienen han incumplido “las funciones que se encomiendan constitucionalmente a los poderes públicos” no tiene precedente en nuestra democracia. La lista es larga, por lo que me limitaré, a modo de inventario, a dos de los casos en que el interés general ha sido escandalosamente pisoteado. De un lado, los presupuestos generales del Estado, que el Gobierno no ha presentado en lo que llevamos de legislatura, contraviniendo lo dispuesto en la Constitución –que establece que tengan carácter anual–, ante la evidencia de que no iban a ser aprobados por las Cortes –por lo que hoy continúan vigentes los de 2023, aprobados a finales de 2022–. (El reciente anuncio de Sánchez de que el Gobierno iba a presentar los del año próximo a sabiendas de que no van a ser aprobados no deja de ser un intento más de aparentar normalidad ante el infierno judicial que cerca a su entorno político y familiar.) De otro lado, el recurso a los decretos-leyes, que la Carta Magna reserva a casos “de extraordinaria y urgente necesidad” y de los que el Gobierno ha hecho un uso a todas luces desmedido para acortar al máximo la duración de las tramitaciones parlamentarias de cada una de las leyes en cuestión.

Descartada, pues, cualquier apelación al interés general jurídicamente establecido para justificar una convocatoria anticipada de las elecciones por parte del jefe del Ejecutivo, sólo queda preguntarnos si a Sánchez puede interesarle adelantarlas. O sea, si puede convenirle con vistas a prolongar su residencia en La Moncloa –dado que no cabe imaginar otro interés, tratándose de quien se trata, que el muy privativo de su propia persona–. A priori, no parece que el tiempo juegue a su favor. Cada día que pasa nos despertamos con una muesca más en la multiplicidad de casos abiertos. Cada mes se publican nuevos sondeos que registran un crecimiento sostenido de las expectativas electorales de las fuerzas de oposición. A medida que la izquierda va perdiendo efectivos, la derecha los va ganando. Y luego está el partido, donde cunde el miedo a perder, no ya las generales, lo que casi se da por descontado, sino las autonómicas y municipales.

Aun así, no parece que el One esté por convocar elecciones. Prefiere quemar las naves –léase Estado de derecho, pero también PSOE e izquierda española en su conjunto– antes que reconocer el final de su aventura política. Hay quien sostiene que el miedo a una posible imputación sin contar con los resortes del poder –esos resortes desde los que habría movido, como acabamos de conocer, una trama criminal contra los pilares del propio Estado de derecho– es lo que le impide convocarlas ya. Quién sabe. También podría estar barruntando una retirada a lo Zapatero en 2011, cuando la crisis económica y la amenaza de una intervención por parte de la Unión Europea y sus hombres de negro. Entonces la dimisión de la presidencia del Gobierno del hoy imputado expresidente llevó aparejado el anuncio del adelanto electoral, su renuncia a la reelección y la designación, por parte del Comité Federal, de Alfredo Pérez Rubalcaba como sustituto. ¿Es capaz Pedro Sánchez de hacer algo parecido, coger un Bolaños o un Puente cualquiera y decirle “calienta, que sales”? ¿Es capaz de aceptar, en fin, que los españoles no le quieren o, lo que es mismo en su caso, que ya no es el más guapo?

El tiempo dirá.

(The Objective, viernes 5 de junio de 2026)

De Alejo a Alejandro

2026-05-22T23:00:00.000+02:00

De vez en cuando llegan buenas noticias de Cataluña. El que Alejandro Fernández vaya a seguir siendo presidente del Partido Popular en esta Autonomía lo es sin duda alguna. Cuando Núñez Feijóo se hizo con las riendas de la formación, uno de sus primeros pasos fue tender puentes con el nacionalismo catalán. Para un partido de ámbito nacional como el PP, tender puentes con un partido nacionalista –sea este catalán, vasco o gallego– equivale a aceptar que el interés de parte se anteponga al general. Ese interés de parte puede concretarse en una tajada más grande de la caja común, en transferencias de competencias que laminen aún más los principales pilares del Estado o en desbrozos de dirigentes regionales que no son del agrado del mainstream nacionalista. En el caso catalán, esa cabeza cortada fue la de Alejo Vidal-Quadras cuando Jordi Pujol se la exigió a José María Aznar para apoyarle en su primera investidura como presidente del Gobierno de España y este se la entregó.

Desde entonces (1996), el PP catalán anduvo como pollo sin cabeza. Quienes cogieron el relevo de Vidal-Quadras, no es que abrazaran abiertamente la causa del nacionalismo; hicieron algo peor, si cabe: callaron y otorgaron. Estaban hartos, decían, de que les señalaran como malos catalanes, por lo que recibieron con mucho gusto las nuevas directrices. Fue en este contexto, aunque años más tarde, cuando nació Ciudadanos. Si el PP catalán no iba a abanderar la lucha contra el nacionalismo, menos iba a hacerlo un PSC que siempre había profesado una suerte de nacionalismo de baja intensidad para que no lo confundieran con el de CiU, y que, a raíz de su alianza con ERC y la amalgama ecocomunista –concretada en el llamado Pacto del Tinell, que incluía el compromiso de no llegar a ningún acuerdo con el PP–, había perdido ya todo disimulo. Si algo caracterizó a aquel Ciudadanos primerizo fue su denuncia desacomplejada de la transversalidad nacionalista, al tiempo que le contraponía la del constitucionalismo. De ahí que su crecimiento se produjera lo mismo a izquierda que a derecha, lo mismo a costa de votantes del PSC que del PP. El posterior estallido del procés no hizo sino potenciarlo hasta convertirlo, junto a sus indiscutibles aciertos, en el primer partido de Cataluña.

Pero poco le duró la alegría al partido de Albert Rivera. La renuncia de Inés Arrimadas a presentarse a la investidura y su ulterior traslado a la política nacional dejaron al partido huérfano de liderazgo en Cataluña. La debacle en las elecciones generales de noviembre de 2019, unida al abandono de la política de Rivera y a la deficiente gestión de Arrimadas, sin olvidar la aparición de Vox, fueron la puntilla. De los restos de Ciudadanos en la tierra donde nació sacaron provecho electoral en primera instancia (2021) PSC y Vox, y en segunda (2024), de nuevo PSC y Vox, aunque en esta ocasión junto al PP. Un PP que nada tenía que ver con el de años anteriores y sí mucho, en cambio, con el de los tiempos de Vidal-Quadras.

El artífice de esa transformación era un hombre que llevaba años en el partido picando piedra. Un hombre culto, con una formación política envidiable y con un discurso rotundo, sin medias tintas, bien enhebrado, rebosante de ideas y aliñado con la ironía justa. Por sus maneras, por sus dotes como orador parlamentario y como escritor –ahí está su reciente A calzón quitao (La Esfera de los Libros, 2025) para comprobarlo–, dos virtudes que más bien escasean en nuestra clase política, por su valentía en denunciar las tropelías del nacionalismo y plantar cara a los dirigentes nacionales de su propio partido y, claro está, por su ideología, Alejandro Fernández es sin lugar a dudas el heredero de Alejo Vidal-Quadras. El heredero y fiel continuador. Que a Núñez Feijóo, a pesar de sus reservas iniciales, no le haya quedado más remedio que rendirse a las evidencias y proponerlo como futuro presidente del partido en Cataluña constituye una excelente noticia. Para los catalanes y para el resto de los españoles.

¡Ah, y ojalá el destino le depare un futuro con cabeza!

(The Objective, viernes 22 de mayo de 2026)

El armario empotrado de la corrupción del sanchismo

2026-05-08T23:00:00.013+02:00

El juicio en el Supremo del llamado caso mascarillas ha coincidido felizmente en el tiempo con la aparición de Todos los hombres de Sánchez (Deusto, 2026), el libro de Ketty Garat sobre la trama de corrupción urdida a la sombra del poder durante el sanchismo y cuyos pormenores lleva años publicando, la gran mayoría en primicia, este periódico. Y digo felizmente, porque dicha coincidencia ha permitido al lector del libro seguir el desarrollo del juicio no sólo a través de las crónicas que ofrecían a diario los medios, sino también con la ayuda de un material de excepción, como quien escucha una ópera habiendo leído el libreto y teniendo a mano la ficha artística. Con todo, del mismo modo que el caso mascarillas no es el único que va a sentar en el banquillo a los hombres de Sánchez –están en lista de espera los casos Begoña, Hermanísimo, Servinabar, Plus Ultra, Air Europa, hidrocarburos, Leire Díez y, con toda probabilidad, PSOE–, el libro de Garat no se limita a reunir en volumen, debidamente fundidas en un nuevo relato, las crónicas que la propia autora había ido publicando en The Objective; también anticipa las nuevas. Para comprobarlo, basta leer las noticias con que este periódico ha abierto estos últimos días su edición. Todos los hombres de Sánchez constituye, en este sentido, el armario empotrado de la corrupción del sanchismo.

Lo que uno halla en sus páginas es eso que en periodismo se llama el qué: los hechos, sus circunstancias. Y como complemento necesario, el quién y el cómo. La verdad, en una palabra. Y en caso de que la búsqueda no alcance a despejar alguno de esos interrogantes, ni que sea pocas veces, el reconocimiento sin peros ni trampantojos del fracaso. De la lectura del libro se derivan, por otra parte, relaciones que el carácter forzosamente fragmentario de las noticias en el momento de su publicación impedía establecer. Por poner un ejemplo –algo bufo, lo reconozco–: Koldo prodigaba el apelativo “cariño” lo mismo a la entonces presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, que a las prostitutas con las que convivía o intimaba el ministro, sin que de ello quepa inferir, por supuesto, equiparación alguna entre sus respectivos quehaceres.

Acabo de referirme al carácter forzosamente fragmentario de las noticias y conviene precisar. A menudo esa fragmentación era voluntaria, fruto de una estrategia del propio medio y, en general, del oficio. Si el material de que disponía lo exigía, la autora lo parcelaba en distintas entregas, que The Objective publicaba en días sucesivos o muy cercanos en el tiempo. Ella misma afirma que estuvo dos años enteros sin publicar nada, dedicada tan sólo a investigar y a asegurar la solidez de la información que iba acaudalando –siempre con el temor, eso sí, de levantar la liebre y de que alguien de la competencia pudiera robarle la exclusiva–. De ahí que el material a su disposición, al que se añadían nuevos hallazgos, diera tanto de sí y durante tanto tiempo. Y siga dándolo, claro.

Pero hay otro cómo en Todos los hombres de Sánchez, aparte del perteneciente al canon periodístico –por más que muchas veces se solapen–. Me refiero a la factura misma del libro, a cómo está hecho. La adopción del punto de vista en primera persona constituye sin duda un acierto. De un lado, permite a Garat ir narrando paso a paso la investigación en curso, no exenta de amenazas –a la propia autora y al medio donde escribe–, silencios y juego sucio por parte de no pocos compañeros de profesión, prestos a obstaculizar el afloramiento de todo aquello que el poder no quiere que aflore. De otro lado, facilita la intercalación en el relato de consideraciones sobre el oficio, sus grandezas y sus miserias –como la de comprobar que los mismos compañeros de otros medios que al principio ignoraban o denostaban lo que uno escribía, se apropian más adelante de esos mismos hallazgos sin reconocer siquiera la autoría de la información–, sus peajes –en particular, el sacrificio que supone para la vida familiar una dedicación exclusiva, como la que requiere el periodismo–, la importancia de ser perseverante, fiel al “quien la sigue la consigue”, por más que a veces no quede más remedio que admitir la derrota. Momentánea al menos, puesto que el paso del tiempo, del mismo modo que a menudo acaba dando la razón, también termina proporcionando en más de una ocasión la pieza que faltaba para completar el puzle.

No sé si continúan existiendo universidades donde se enseña en verdad el periodismo. Pero si tales estudios siguen vigentes, deberían tener como libro de referencia, muy en primer lugar, Todos los hombres de Sánchez. No lo duden.

(The Objective, viernes 8 de mayo de 2026)

La otra prioridad nacional

2026-04-24T23:00:00.001+02:00

Como era de prever, la “prioridad nacional”, ese bichito maligno que Vox coló en el “Acuerdo de gobierno” firmado con el PP en Extremadura y que deberá aplicarse al acceso a la vivienda protegida y el alquiler social, así como a la obtención de ayudas públicas; ese bichito maligno, decía, que con toda seguridad va a figurar también en la réplica aragonesa del acuerdo, está dando que hablar. Y que hacer. Que se lo pregunten, si no, a los populares, a lo que este martes faltó tiempo para presentar una enmienda a una moción de Vox y dejar claro que para ellos dicha “prioridad nacional” iba ligada a “un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, al tiempo que “adecuado a la legalidad vigente”, tal y como consta en el documento suscrito entre las partes. Aunque el PP vaya en esta cuestión a remolque de su socio de gobierno, no es cosa de permitir que los de Abascal se cuelguen solitos la medalla. Y, sobre todo, a su manera.

Que existe una contradicción manifiesta entre promover una prioridad de este tipo y adecuarse a la legalidad vigente salta a los ojos, a poco que uno tenga presente el artículo 14 de la Constitución. Pero a ninguno de los firmantes del pacto esa contradicción preocupa lo más mínimo. Lo que hoy se conoce como “ganar el relato” es lo único que cuenta, y para eso ya están las cocinas de los partidos, con sus estrategas y sus gabinetes de comunicación. Como está por supuesto, al otro lado de la zanja y presto a sacar tajada del engendro, el todopoderoso Gobierno de Pedro Sánchez, que por algo dispone de 609 asesores en La Moncloa y una ristra de voceros en los medios subsidiados, tanto públicos como privados.

Se han recordado estos días algunos de los antecedentes de la prioridad de marras, notoriamente la promovida por el Rassemblement National –antes Front National– de Marine Le Pen y Jordan Bardella. Pero se ha hablado en cambio muy poco o nada de otra clase de prioridad nacional que venimos padeciendo la inmensa mayoría de los ciudadanos desde la aprobación de la Constitución y la puesta en marcha de la España de las Autonomías. Me refiero a la que perpetran los nacionalismos periféricos, en especial el vasco y el catalán, para quienes no existe otra nación que la suya ni otra prioridad que laminar poco a poco el armazón del Estado. Aun cuando no afecte a los mismos supuestos contemplados en el pacto extremeño, el impacto de dicha prioridad en los territorios donde el separatismo ha echado raíces resulta tan o más pernicioso. En primer lugar, por su longevidad –medio siglo cumplido–. Y luego, por su carácter transversal y expansivo. Sirviéndose como checkpoint de la lengua que consideran propia, ambos nacionalismos gobernantes han levantado un muro entre los suyos, a los que prioriza, y el resto de los ciudadanos.

Si bien esa prioridad vinculada a la lengua se da en múltiples ámbitos de la sociedad, allí donde cobra más fuerza es en los que dependen directamente de la Administración autonómica. Y, entre estos, el de la educación figura sin duda en primer término. En el País Vasco, por ejemplo, todos los pasos dados por la actual Consejería de Educación van en la línea de ir eliminando el castellano como lengua vehicular de la escuela pública en provecho de una enseñanza impartida únicamente en euskera. Así, esta semana hemos sabido de un colegio público de Guecho donde dejan de ofertar la enseñanza en castellano en educación infantil; a las familias disconformes con la medida, les dan como alternativa escolarizar en otro centro docente a sus pequeños en euskera con la ayuda de un intérprete, y santas pascuas. También en el País Vasco, la universidad pública, cuya denominación oficial había sido hasta ahora bilingüe, en adelante lucirá sólo el nombre en euskera.

El caso de Cataluña es harto conocido. La prioridad nacional viene aplicándose a rajatabla por la Administración educativa desde hace años, hasta el punto de que en la enseñanza pública obligatoria y postobligatoria ha provocado ya la expulsión del castellano como lengua vehicular de todas las aulas. Otra cosa es la universidad, donde la presión gubernamental todavía encuentra resistencia. Por lo demás, la coyuntura migratoria y los apremios de Pedro Sánchez por complacer a Junts, han llevado a Salvador Illa a anunciar que el conocimiento del catalán no será un requisito para obtener el permiso de residencia emitido por la Administración autonómica, pero sí para renovarlo un año más tarde. No era lo que pedía Junts, pero es un paso más en el camino de la imposición de la lengua. Y no precisamente la común.

Sobra añadir, en fin, que esta otra clase de prioridad nacional también se da de bruces con la Constitución. Y, aun así, en lo que llevamos de democracia ningún Gobierno de España se ha empeñado en cumplirla y hacerla cumplir en este punto. ¿Por qué será?

(The Objective, viernes 24 de abril de 2026)

Por una escuela bilingüe en Cataluña

2026-04-10T23:00:00.001+02:00

Uno de los efectos colaterales de la ola de corrupción que ha convertido la política española en una ciénaga desde que Pedro Sánchez ocupa la presidencia del Gobierno es el oscurecimiento de noticias cuya relevancia hubiera merecido en otras circunstancias, si no grandes titulares, sí un tiempo y un espacio mucho mayores del que están recibiendo. La fórmula: “La actualidad manda”, usada en radio y televisión para justificar la interrupción de un programa y dar paso a una noticia de alcance, podría aplicarse asimismo a la prensa digital, donde la jerarquía informativa puede durar lo que tarda otra noticia en cocinarse y estar lista para su publicación. Y la actualidad en estos momentos la protagoniza, qué duda cabe, junto al conflicto de Oriente Próximo, el juicio por la trama de las mascarillas durante la pandemia que se celebra en el Supremo.

Una de esas noticias opacadas es la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de ejecutar provisionalmente el fallo por el que se anulaban los artículos nucleares del decreto dictado en 2024 por el Gobierno de la Generalidad, presidido aún por Pere Aragonès, cuyo objetivo era blindar lo que el nacionalismo y la izquierda regionales han bautizado como “modelo de escuela catalana”, en otras palabras, el modelo de inmersión lingüística en catalán. El fallo en cuestión, fechado en septiembre de 2025, consideraba contrario a derecho el papel residual del español como lengua vehicular –dos horas en primaria y tres en secundaria a la semana– e instaba al Gobierno autonómico a garantizar el 25% como mínimo de enseñanza en la lengua materna de la mayoría de la población de Cataluña y única oficial del Estado. Tras la sentencia del TSJC, la Generalidad interpuso un recurso ante el Supremo, al tiempo que se negaba a aplicar la sentencia. De ahí que la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) –que lleva una larga decena de años batallando incansablemente por los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en Cataluña– recurriera de nuevo al TSJC a fin de que, a la espera de la resolución del Supremo, la anulación de los artículos surtiera efecto y ese 25% de enseñanza en castellano fuera un hecho. Finalmente, el pasado 30 de marzo llegó la bendición del Tribunal Superior. Y aquella misma mañana –lo contaba aquí Laura Fàbregas– el propio Salvador Illa hizo público que su gobierno no iba a acatar la resolución judicial.

Nada permite pensar, por desgracia, que ese largo toma y daca entre la Justicia y la Generalidad catalana vaya a concluir algún día. Cada vez que los tribunales, a instancias de una entidad representativa de la sociedad civil, consignan en sus resoluciones un quebrantamiento de la legalidad por parte del gobierno catalán y le compelen a volver al redil del Estado de derecho, el Ejecutivo autonómico responde con un nuevo acto de desobediencia. De ahí, sin duda, que en esta ocasión la AEB haya elaborado además un plan de choque. En él, junto a acciones legales y denuncias de los proyectos lingüísticos de centro donde no conste, como sería preceptivo, el porcentaje de asignaturas impartidas en castellano, figuran medidas asistenciales para solventar los impedimentos con que van a tener que bregar, sí o sí, profesores y alumnos deseosos de ejercer sus derechos y recibir la enseñanza en castellano. No en vano los centros docentes catalanes están colonizados casi por completo por el nacionalismo y la izquierda, y sus equipos directivos, amparándose en su autonomía y en el apoyo sin fisuras que les presta la Consejería de Educación, se resisten a la más mínima modificación del statu quo del que gozan.

Así las cosas, resulta admirable el empeño de la AEB en lograr que la ley rija de una vez por todas en el mundo de la enseñanza catalana. Lo cual no significa, claro, que ese empeño vaya a dar, tarde o temprano, sus frutos. Y no sólo por el proceder de los gobernantes autonómicos, sino sobre todo por el desistimiento del Ministerio del ramo en lo que respecta a la defensa de los derechos de los ciudadanos españoles, en este caso, el de recibir, ni que sea en parte, la enseñanza en su lengua común. Algo que lamentablemente no depende del color político del Gobierno del Estado. Ni siquiera del momento en que nos encontramos. Es cierto que todo ha ido a peor con los ejecutivos de Pedro Sánchez. Pero también lo es que desde aquel lejano 1980 en que Jordi Pujol accedió a la Presidencia de la Generalidad, ningún Gobierno del Estado, gobernara quien gobernara, se ha propuesto defender ese derecho por el que los abnegados miembros de la AEB se están dejando la piel.

No estaría de más que el próximo, previsiblemente del Partido Popular, se propusiera, de hecho y de derecho, romper esa tónica.

(The Objective, viernes 10 de abril de 2026)

Meloni y la tentación totalitaria

2026-03-27T23:00:00.001+01:00

De la reciente derrota de la primera ministra italiana Giorgia Meloni en su referéndum, pueden sacarse varias lecciones. Por ejemplo, que aunque los referéndums se convocan para ganarlos, a menudo se pierden. Le ocurrió, sin ir más lejos, a uno de sus antecesores en el cargo, Matteo Renzi, que perdió el suyo hará pronto diez años. Tanto Meloni como Renzi pretendían modificar el marco constitucional. En el caso de Renzi, la consulta afectaba a la composición del Senado y a su capacidad de intervención en las leyes aprobadas por el Congreso, que habrían quedado notoriamente disminuidas de haber prosperado la reforma. En el de Meloni, concernía al Poder Judicial, cuya independencia con respecto a los demás poderes habría sufrido, de ser aprobada la propuesta, una merma considerable. Aun así, mientras que el primer referéndum trajo como consecuencia la dimisión de Renzi como primer ministro, el segundo tuvo un desenlace distinto. Meloni había desligado ya su futuro político del resultado de la consulta, por lo que de su derrota no se han seguido otras secuelas que el cese de un par de cargos de segundo nivel y la dimisión de una ministra que nada tenía que ver con el área de Justicia, directamente implicada en la reforma.

Otra lección que sacar es que los electores suelen convertir esas consultas en plebiscitos, no ya ceñidos a los asuntos que se someten a su aprobación o rechazo, sino a los líderes políticos que los promueven. De ahí que los partidos de la oposición reclamen, en caso de rechazo, la cabeza del dirigente perdedor, cuando este no la ofrece motu proprio. En este sentido, la reacción de Renzi dimitiendo tras su derrota en 2016, no sólo le honra, sino que recuerda la de David Cameron, cuando en julio de aquel mismo año renunció al cargo de primer ministro del Reino Unido después de convocar el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea (el famoso Brexit), que se saldó con la victoria del no. Consecuente con lo que él mismo había pedido, esto es, la permanencia en la Unión –al contrario que su partido, por cierto, que no se había pronunciado ni a favor ni en contra–, Cameron dimitió como primer ministro.

Pero acaso la principal lección que nos deja lo ocurrido en Italia el largo fin de semana pasado tenga que ver con la fortaleza del Estado de Derecho. O, si lo prefieren, con la eficacia del sistema de pesos y contrapesos en que se funda dicha fortaleza. En la reforma constitucional de Meloni –y en menor medida, en la de Renzi de hará pronto una década– puede percibirse eso que se ha convenido en llamar la “tentación totalitaria”. Al Poder Ejecutivo acostumbran a molestarle los demás poderes, en especial el Judicial. Suele percibirlos como un estorbo, como un escollo, como algo que obstaculiza unas pretensiones, las suyas, de cuya legitimidad no tiene dudas.

Piénsese, a modo de ejemplo, en el revés que el Tribunal Supremo estadounidense propinó a Donald Trump al sentenciar que el Ejecutivo se había extralimitado en la imposición de unos aranceles que sobrepasaban lo permitido por la ley. O en el fallo del Tribunal Supremo de Israel, al que ya me referí en otro artículo, cuando rechazó la “revolución judicial” que el gobierno de Benjamin Netanyahu pretendía aplicar tras lograr aprobarla en la Knéset, sede del Poder Legislativo israelí. En ambos casos, el afán totalitario de los mandatarios chocó con la barrera del Poder Judicial. Dicho de otro modo: el sistema de pesos y contrapesos en que se asienta el Estado de Derecho funcionó.

¿Y en nuestra España, tal vez se pregunten? Pues, para desespero del presidente del Gobierno y alivio de la mayoría de los españoles, tres cuartos de lo mismo. Hasta hoy, al menos.

(The Objective, viernes 27 de marzo de 2026)

Las palabras de Von der Leyen

2026-03-13T23:00:00.001+01:00

Esta semana Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha hablado mucho. En público y en privado. Empezaré por lo segundo, cuya privacidad no ha impedido que sus palabras llegaran en parte hasta nosotros a través del corresponsal de El Mundo en Bruselas. Resulta que Von der Leyen se ha quejado más de una vez en su círculo más cercano de los problemas con que se topa a menudo cuando lleva propuestas al Consejo Europeo. Y estos problemas tienen nombre propio: “Viktor Orban y Pedro Sánchez”. A su juicio, los bloqueos a los que someten sus propuestas obedecen a un mismo motivo: “Obtener un rédito político nacional, un beneficio electoral”, lo que en el caso del español debe de contrariarle especialmente, pues hasta no hace mucho Sánchez le había estado bailando el agua. Por otra parte, que la presidenta de la Comisión Europea lo parangone con un euroescéptico como Orban dice muy poco del presunto europeísmo del inquilino de La Moncloa, por más que este, con sus pronunciamientos, se esfuerce en erigirse en el salvador de las esencias europeas y de la paz en el mundo y que medios como el Financial Times lo presenten como la némesis de Trump en el Viejo Continente.

Y entrando ya en lo público, o sea, en el contenido de la intervención del lunes de Von der Leyen ante los embajadores de la Unión Europea en el exterior, no hay duda de que pasará, si no a la historia, sí a los anales de la política comunitaria. Dejemos a un lado, si les parece, el hecho de que a las pocas horas la propia presidenta suscribiera una suerte de manifiesto en que el carácter terminante de lo afirmado en su intervención ante los embajadores aparecía considerablemente rebajado y que en intervenciones posteriores se reafirmara en “el compromiso inquebrantable [de la UE] con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional”, tal y como le reclamaban desde filas socialistas, y centrémonos en lo dicho en su discurso. Y es que, si bien se mira, nada hay en él que justifique la reacción que ha provocado.

Cuando Von der Leyen sostiene que “Europa ya no puede ser custodia del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá”, no está diciendo que haya que renunciar a un marco con normas, como torticeramente se ha querido entender, sino que las normas con las que hoy contamos no son suficientes y no se puede confiar en ellas “como la única forma para defender nuestros intereses”. De ahí la necesidad de trabajar para “construir nuestro propio camino europeo”. Y en esta tarea, la seguridad y la defensa van a tener, asegura, un papel cardinal: “Para buscar la paz en el mundo actual, Europa debe ser capaz de proyectar poder: para disuadir, para contrarrestar y para aumentar nuestra influencia”. Dicho de otro modo, debe actuar como una gran potencia no sólo en el campo económico y comercial; también en el militar. Y para ello se requiere, a falta de un ejército común, una mayor inversión en Defensa de la que participen todos y cada uno los Estados miembros.

En el discurso de Von der Leyen está presente, sobra precisarlo, la convulsión producida por la guerra de Irán. Es más: de sus palabras se desprende una aprobación tácita del ataque militar conjunto de Israel y Estados Unidos contra el régimen criminal de los ayatolás, por el que, a su entender, “no debe derramarse lágrima alguna”. Y aunque eso sería otorgar demasiada importancia a nuestro presidente del Gobierno, tampoco cabe descartar que el pronunciamiento unilateral de Sánchez –ese “problema” con el que la presidenta de la Comisión no tiene más remedio que lidiar– haya intensificado el tono de su intervención. Con todo, y mal que les pese a los socialistas peninsulares, tan olvidadizos del derecho internacional cuando no les conviene apelar a él –lo recordaba el martes aquí mismo Maite Rico, haciéndolo extensivo a todos los que se rasgan ahora las vestiduras y no lo hicieron en el pasado–, mucho me temo que la razón no está de su lado, sino de quien, dirigiéndose a los embajadores de la UE, no hizo sino exponer, con toda crudeza, las flaquezas de una Europa que ya no “puede ser custodia del viejo orden mundial”.

Lo cual no impide, claro está, que a nuestro presidente del Gobierno esas flaquezas le traigan al pairo. Él a lo suyo, que mientras se hable de Europa no se habla de otras cosas.

(The Objective, viernes 13 de marzo de 2026)

Vox, ¿tras los pasos de Ciudadanos?

2026-02-27T23:00:00.001+01:00

Tal vez lo recuerden. El 15 de febrero de 2019 Pedro Sánchez convocaba de forma anticipada elecciones generales para el 28 de abril siguiente. “Voy a, de forma humilde, pedir la confianza de los españoles”, dijo sin humildad ninguna en su comparecencia ante los medios en La Moncloa. El pretexto para el adelanto, el rechazo de los Presupuestos en el Congreso. La razón de fondo, los cálculos de su gurú de entonces, Iván Redondo, convencido de que tras la foto de Colón del domingo anterior –los líderes de PP, Cs y Vox juntos en el escenario anticipando lo que hoy hubiera sido tildado por esta izquierda nuestra de fachosfera– había llegado el momento de dar el gran salto hacia la mayoría absoluta.

La jugada no le salió bien. El salto fue grande, pero no suficiente. Y se dio la paradoja de que la única mayoría posible para una investidura era la formada por el Partido Socialista y Ciudadanos, que había tenido una gran crecida a costa sobre todo del Partido Popular. Pero enseguida se vio que no iba a fructificar. A Sánchez le gritaban sus huestes la noche misma de las elecciones: “¡Con Rivera no, con Rivera no!”, a lo que él respondía sonriendo: “Me ha quedado claro, me ha quedado claro”. No hizo falta comprobarlo. Los dirigentes de Cs se encargaron de ello al renunciar a todo tanteo con sus homólogos socialistas, aunque sólo fuera para la galería, para que nadie pudiera echarles en cara que ni siquiera lo habían intentado.

Y es que el objetivo de Cs no era hacer valer la segunda de las dos misiones para las que fue fundado, a saber: en Cataluña, plantar cara al nacionalismo; y en el conjunto de España, poner sus votos a disposición del mejor situado de los dos grandes partidos mayoritarios, a fin de que no tuviera que pactar con los nacionalistas de turno para gobernar, lo cual llevaba siempre implícito aceptar unas exigencias que laminaban poco a poco las competencias del Estado. El objetivo no era ese, digo, sino sobrepasar al PP y convertirse en el principal partido de la oposición; hacer realidad, en una palabra, el ansiado sorpasso. Lo que vino luego fue la caída en picado de Ciudadanos en las siguientes generales.

Pero hubo más. Durante el periodo que medió entre ambas citas electorales los expertos en sondeos fueron detectando, semana a semana, el progresivo derrumbe del partido liderado por Albert Rivera, al tiempo que observaban como los datos reflejaban una subida significativa de Vox y una vuelta al redil de los votantes de los partidos mayoritarios, cuando no un refugio en la abstención. Los comicios de noviembre no desmintieron los pronósticos. Cs se dejó dos millones y medio de votos por el camino, mientras que Vox ganó un millón y el PP cerca de 700.000. Aunque las transferencias de sufragios no son ni mucho menos tan limpias como las presento aquí, sí sirven, creo, para hacerse una idea de lo ocurrido. La inacción, en política, no se perdona, y eso fue lo que hizo durante esos meses fatales Ciudadanos: no hacer nada –o como mucho, hacerlo demasiado tarde, con las cartas ya echadas–. Y cuando el lector se convence de que votar a un partido deja de ser útil, cambia de papeleta u opta por el voto en blanco, nulo o directamente por la abstención.

Santi González escribía anteayer en estas páginas –ya me perdonarán la muletilla del viejo periodismo– sobre el empeño de Vox en sobrepasar al PP y sobre el drama que supone para el interés general, tan maleado desde hará pronto ocho años, el que un partido que está en la oposición convierta ese empeño en el eje de su política, en vez de dedicarse a colaborar en la tarea de construir una alternativa de gobierno de cara al futuro, cuyas primeras estaciones son la ristra de elecciones autonómicas que ya tienen fecha y, en último término, las generales que vengan después si es que no vienen antes. Ciertamente. Y si yo he traído hoy aquí el ejemplo de Ciudadanos no es tanto por la posibilidad de que un desenlace en las urnas vaya a ser parecido –estamos lejos de ello–, sino por las similitudes existentes entre uno y otro caso en cuanto a los estragos que puede llegar a provocar el modo de proceder de unos dirigentes guiados en gran medida por la ambición.

Y con la esperanza, claro, de que la realidad alcance a desmentirme más pronto que tarde, si no es mucho pedir.

(The Objective, viernes 27 de febrero de 2026)

Los extremos (no) se tocan

2026-02-13T23:00:00.001+01:00

No le sentó nada bien a Jean-Luc Mélenchon, líder de La France Insoumise (LFI), que el Ministerio del Interior francés haya encasillado a su movimiento entre las formaciones de “extrema izquierda”. Es verdad que fue en una circular que el Ministerio envía a sus préfets con vistas a las municipales que deben celebrarse el próximo mes de marzo y cuyo propósito no es otro que el de ayudarles en su tarea. Tenía, pues, un carácter meramente administrativo, y, aun así, a Mélenchon no le gustó. Y es que en las elecciones legislativas de 2024 LFI figuraba en esta misma circular entre las formaciones de “izquierda”, por lo que no sabía a qué era debido el cambio. Según el Ministerio, la causa había que buscarla en algunas manifestaciones recientes de los de Mélenchon, como por ejemplo llamar a la desobediencia civil, poner en entredicho la autoridad de los jueces, los medios de comunicación y la policía o alejarse de los valores universalistas republicanos. Ello justificaría el desplazamiento de un grupo a otro, del más integrado en el sistema, donde se hallan, entre otros, los partidos socialista y comunista, al más distante, integrado por fuerzas políticas autodenominadas anticapitalistas y revolucionarias. Teniendo en cuenta que LFI lideró en las últimas legislativas una coalición de partidos de la que formaban parte socialistas y comunistas, además de los ecologistas, resulta comprensible su negativa a ser agrupada bajo el mismo paraguas que las fuerzas antisistema. Y con mayor motivo dada la aspiración de Mélenchon a convertirse en un futuro en primer ministro, cuando no en presidente de la República.

Que el calificativo “extrema” aferrado a “izquierda” constituya una impedimenta para quien pretende alcanzar algún día, aunque sea a medio plazo, el gobierno, tiene su lógica. No se gobierna desde la esquina del tablero político, por más que Pedro Sánchez, con sus políticas populistas, su filibusterismo, sus trueques abyectos y su apego al poder a cualquier precio se empecine en demostrar lo contrario. Y lo mismo que vale para la izquierda vale para la derecha. También en Francia, el Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen ya se topó en 2024 con un rechazo ministerial parecido cuando se le ocurrió protestar por la inclusión del partido entre las formaciones de extrema derecha. Y, de igual modo, es muy probable que el calificativo adosado al nombre obrara entonces en Le Pen y sus expectativas políticas –siempre y cuando logre revertir, o reducir al menos, los cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos a los que fue condenada por malversación– de forma semejante a como lo ha hecho ahora con Mélenchon y las suyas, es decir, como una carga inconveniente. Sea como sea, y tenga ello la importancia que tenga, el Ministerio francés se ha mantenido firme en la decisión tomada.

Ignoro si en España el Ministerio del Interior cuenta con una clasificación análoga. Quienes sí recurren, en cambio, a esas etiquetas que los propios etiquetados tratan en general de quitarse de encima son los políticos y los medios de comunicación. Respecto a estos últimos, el director del medio en que escribo señalaba hace poco en la red social X que The Objective no usa en sus informaciones esos marchamos malqueridos ni a derecha ni a izquierda, entiendo que para no herir las sensibilidades de quienes simpatizan con uno u otro extremo del tablero político o simplemente desaprueban esa manera de designarlos.

Con todo, lo cierto es que dicha adjetivación, en la mayoría de los medios de comunicación, rara vez se aplica a la izquierda. Distinto es el caso de la derecha. Aunque su uso alterna con el de “ultraderecha” (el Libro de estilo de El País en su cuarta edición de 1990, que es la que manejo, recoge el vocablo ultra y lo define como ‘extremista de derechas’) y con eufemismos del tipo “derecha dura”, “derecha más dura” o incluso “derecha más extrema” o “derecha más a la derecha”, la denominación “extrema derecha” sigue siendo la que se lleva la palma cuando de lo que se trata es de referirse a partidos cuyo ideario se asemeja al del partido fundado por Marine Le Pen. No hace falta añadir que en esta tarea, en general denigratoria, aparte de los miembros del Gobierno y de los grupos parlamentarios que le prestan su apoyo, destacan sobremanera los medios componentes de la llamada sincronizada, siempre atentos a obedecer las consignas que emanan de La Moncloa.

Por todo ello, no es de extrañar que a Vox, al igual que al Rassemblement de Le Pen, pueda incomodarle el adjetivo antepuesto a “derecha”. Y más si se repara en que los resultados obtenidos por la formación en las últimas autonómicas y, con toda probabilidad en las que están por venir, parecen augurarle un crecimiento bastante similar en el conjunto del país, lo cual consolidaría su candidatura a integrar, en coalición con el PP, un futuro Gobierno de España. Las dificultades que se observan estos días en las negociaciones entre los dos partidos para llegar a pactos en el ámbito autonómico cabe entenderlas, sobre todo, como amagos preelectorales. Los programas de uno y de otro no son, en el fondo, tan distantes. Además, si al decir de Feijóo, las únicas líneas rojas que pone el PP para alcanzar acuerdos son la Constitución y la ley, no hay duda de que el programa de Vox no se las salta. Como sí lo hacen, por cierto, los de partidos situados en la “extrema izquierda”, y en especial las de los nacionalistas, sean estos de derecha o de izquierda.

(The Objective, viernes 13 de febrero de 2026)

García Montero, al rescate del Gobierno

2026-01-30T23:00:00.001+01:00

Tal vez recuerden aquella entrevista que a Pedro Sánchez le hicieron en Radio Nacional recién celebradas las segundas elecciones generales de 2019 y en la que, en respuesta a un periodista de la casa que le preguntaba cómo se las compondría para traer a Puigdemont a España, el entonces presidente en funciones respondía con otra pregunta: “¿La Fiscalía de quién depende?” “¿De quién depende?”, insistía. A lo que su seguro servidor contestaba: “Sí, sí, del Gobierno”. “Pues ya está”, remachaba Sánchez, ufano. Como es natural, las principales asociaciones de fiscales expresaron al punto su malestar, cuando no su indignación. Lo que vino después no hizo sino demostrar el poco caso que Sánchez tenía pensado hacerles.

Esta breve secuencia resume a la perfección lo que entiende Pedro Sánchez por ejercicio del poder: una sumisión a su persona y a sus intereses por parte de cuantas personas e instituciones él cree que están a su servicio –aquí la Fiscalía y la radio pública–. El respeto a la división de poderes, en el supuesto de que haya oído hablar de ella, no ha entrado nunca en sus planes. Pero incluso dentro del mismo poder que preside, la existencia de una Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil, creada por una ley de agosto de 2024 y de la que depende la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órgano colegiado encargado de investigar el trágico accidente de Adamuz para determinar las causas del siniestro; la existencia de esa Autoridad, decía, debería haberle intranquilizado, aunque sólo fuera por la palabra independiente incrustada en el nombre. Pero seguramente no fue así, al igual que en el caso del ministro Óscar Puente, convencidos como estarían uno y otro de la eficacia de otra ley, esta no bendecida por el poder legislativo: la del “¿de quién depende?”

Por desgracia para Sánchez y su sosias vallisoletano, el intento de colonización de la CIAF, si intento ha habido, no ha surtido efecto. El presidente de la comisión, Iñaki Barrón, adelantaba este martes no ya una mera hipótesis sobre la causa del accidente, sino casi casi una certeza, y esta no concordaba con las facilitadas a trancas y barrancas y en sucesivas contradicciones por el propio Puente. Total, que Barrón, pese a las sospechas iniciales que ponían el acento en el carácter dependiente de la CIAF por su adscripción al Ministerio de Transportes, ha hecho honor a la independencia de la Autoridad de la que pende. Dicho de otro modo: ni Puente ni el resto del Gobierno, incluyendo a su presidente, pueden con todo.

Por suerte, Luis García Montero está siempre al quite. Y no por la labor que se le supone al frente del Instituto Cervantes –aunque aquí también ha sido protagonista de más de una colisión–, sino por la que lleva a cabo como bombero del Gobierno desde su columna semanal en El País, hasta el punto de hacerse merecedor del sobrenombre de Luis García Bombero. Cada vez que el Gobierno se encuentra en un aprieto –en uno de los gordos, se entiende, que de un tiempo a esta parte son casi todos–, allí está el poeta engagé para intentar apagar el fuego. Hace algo más de medio año, por ejemplo, justo la semana en que el juez del Supremo Ángel Hurtado enviaba a juicio al fiscal general Álvaro García Ortiz, García Montero la emprendía en su columna contra algunos jueces por atreverse a suplantar “la voluntad del pueblo encarnada en la política”. O sea, en la Fiscalía. Es más, para despejar toda duda sobre sus intenciones, abogaba por que la Fiscalía ejerciera de contrapoder de estos jueces, a los que afeaba su soberbia.

Ahora el incendio es de otra naturaleza. Ahora se trata del accidente de Adamuz. Pero afortunadamente para el Gobierno, García Montero tiene recursos para todo. En esta ocasión, después de recordar el número de fallecidos en el choque de trenes, de preguntarse “cuáles son las causas de este maldito accidente” y de dejar la pregunta sin respuesta, enumeraba las cifras de muertos en otras tragedias, que nos “ayudan a comprender la realidad”: los muertos en Gaza, en Irán, en Ucrania. Y hasta los habidos en Venezuela cuando el rapto del dictador Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos. Hecha la equiparación, constatado que los nuestros pesan poco en comparación con los de los demás y concluir que “así están las cosas en el mundo”, ¿quién se acuerda ya de las malditas causas del accidente?

Luis García Montero. ¿De quién depende? Sí, del Gobierno. Pues ya está.

(The Objective, viernes 30 de enero de 2026)

La indignidad de la inmersión lingüística obligatoria

2026-01-16T23:00:00.001+01:00

“Yo no soy de Cataluña. Soy valenciano. ¿Cuál es mi lengua materna y lo será siempre? El castellano. (…) La lengua materna es aquella en la que empiezas a expresarte, no la de un territorio.” Quien así razonaba era Lluís V. Aracil. Sus palabras figuran en el libro de Iván Tubau Nada por la patria y están extraídas de la entrevista que el propio Tubau le hizo a Aracil hace justo cuatro décadas. O sea, en 1986. Lo que las hace singulares, más allá de su significado y del año en que fueron pronunciadas, es la personalidad del enunciante. Aracil estaba considerado como el padre de la sociolingüística catalana y el introductor –cito a Tubau– de “la noción de ‘normalización lingüística’, que se ha llevado en Cataluña más lejos que en parte alguna”. Dicho de otro modo: quien las pronunció se enmendó a sí mismo tras comprobar los estragos que la política lingüística emprendida por la Generalidad de Jordi Pujol –la llamada inmersión en catalán en la enseñanza, en concreto– estaba ocasionando. O, dándole de nuevo la voz a Aracil: “La inmersión de los niños castellanohablantes de Cataluña en el catalán atenta contra la dignidad humana”. Afirmación a la que seguía un vaticinio: “Tarde o temprano llegará el asco, el aburrimiento de esto del catalanismo. Pero la acción subliminal sobre el inconsciente de una generación ya será para entonces una devastación mucho más grave de lo que fue el franquismo. Estoy seguro. Porque van más directamente a incapacitar y a indignificar a la gente con eso de la lengua del territorio.”

De la entrevista, insisto, hace cuarenta años. Y su vaticinio no parece que esté lejos de cumplirse, si no se ha cumplido ya, cuando menos en lo tocante a la acción subliminal sobre el inconsciente de una generación. Pero la perversión de la implantación del modelo de inmersión lingüística en aquellas comunidades autónomas donde aparte de la lengua común existe una lengua cooficial reconocida por el respectivo estatuto como propia del territorio no atañe tan sólo al ámbito moral; también al meramente educativo. Este martes el diario El Mundo traía un largo artículo de Olga R. Sanmartín, basado en el trabajo del economista Ángel Martínez a partir del análisis de los microdatos extraídos de los informes TIMMS (realizados con los resultados obtenidos en pruebas con alumnos de cuarto de Primaria) y PISA (con los obtenidos con adolescentes de 15 años). De él se desprende, entre otras conclusiones, que España es uno de los países de la Unión Europea con un porcentaje mayor de alumnos cuya lengua de aprendizaje en la escuela difiere de la que emplean en casa, es decir, de la familiar o materna, porcentaje que, por lo demás, ha ido en aumento en los últimos años. Los factores que influyen en esa “discordancia lingüística” son el bilingüismo, la inmigración y la inmersión, que pueden darse por separado o a la vez –el último, por ejemplo, sólo en determinadas comunidades autónomas con lengua cooficial, bien de forma absoluta, como en el caso de Cataluña, bien de forma parcial–. Sobra añadir que los efectos de tal discordancia en el rendimiento educativo no son precisamente positivos; de ahí que deberían ser, caso de que a nuestros gobernantes les preocuparan lo más mínimo, motivo de reflexión y acarrear un firme propósito de enmienda.

Pero no basta con enunciar, sin más, los factores apuntados en el artículo; todos requieren matización. Así, el bilingüismo entendido como la concurrencia de dos lenguas vehiculares en una misma línea educativa difiere según que estas lenguas sean la castellana y la cooficial –y aún aquí habría que distinguir entre el caso del vascuence y el del resto de las lenguas cooficiales, mucho más próximas a la común– o según que sean la castellana y la inglesa, por las dificultades que conlleva para gran parte del profesorado impartir la materia que tienen encomendada en una lengua que la mayoría de las veces no dominan, lo que acaba resultando en un aprendizaje defectuoso por parte del alumnado. En cuanto a la inmigración, la discordancia recae, como es lógico, en la que no es hispanohablante y, muy particularmente, en la procedente de familias lingüísticas distantes de la nuestra. Con todo, más incluso que la lengua, aquello que termina afectando negativamente al aprendizaje es a menudo el nivel socioeconómico y cultural de la familia inmigrante, en especial cuando se trata de la escuela pública.

Y en lo que respecta al modelo de inmersión, el principal problema no está en la eficacia de la inmersión en sí, como acostumbra a probarlo el rendimiento de aquellos alumnos cuyos progenitores han querido y podido escolarizarlos –en inglés, francés, alemán– en centros privados donde se emplea el modelo, sino en su obligatoriedad, en especial de nuevo en la escuela pública, aunque también en parte de la concertada. Cataluña, y en menor medida Baleares, han convertido el catalán en la única lengua de aprendizaje, y todo indica que en el País Vasco llevan camino de hacer lo mismo. Poco importa que una mayoría de la población residente en estas comunidades autónomas tenga como lengua materna el castellano. Poco importa que, a la postre, los resultados de las pruebas internacionales demuestren que la inmersión es cada vez más nociva para el aprendizaje. Poco importa que un experto en educación como Francisco López Rupérez, en un estudio basado en los datos de PISA, haya llegado a la conclusión de que los alumnos catalanes van un curso por detrás de los de la Comunidad de Madrid por el lastre que supone para una mayoría de ellos estar estudiando en una lengua distinta de la materna. Poco importan, en definitiva, las evidencias. Aquella falta de dignidad que Aracil atribuía hace cuarenta años a quienes habían empezado a aplicar a la fuerza el modelo de inmersión lingüística en catalán a los niños castellanohablantes puede extenderse por igual a quienes han seguido sus pasos haciendo caso omiso de las consecuencias educativas que entrañaba y que a la vista estaban y están.

(The Objective, 16 de enero de 2026)

Feijóo y la magnitud del cambio

2026-01-02T23:00:00.001+01:00

En su reciente comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance de 2025, Alberto Núñez Feijóo prometió impulsar, cuando le llegue la hora de gobernar –momento que él sitúa en 2026–, “el mayor cambio a mejor de la historia de España”. Antes había afirmado que el año que acabamos de cerrar había sido “el peor año del peor Gobierno en democracia”. No sé si el presidente del Partido Popular o quien le redacte los discursos reparó en algún momento en que ese “mayor cambio a mejor de la historia de España” dependerá tanto de lo que llegue a hacer el gobierno que Feijóo alcance a presidir como de lo hecho por el precedente, o sea, el actual. Y si este, a juzgar por sus propias palabras, ha sido “el peor Gobierno en democracia”, a Feijóo le va a bastar con muy poco para protagonizar ese cambio a mejor y poder decir de este modo que ha cumplido con su palabra. Otra cosa es que vaya a ser el mayor cambio de la historia de España. Hace medio siglo, sin ir más lejos, se inició uno que nos permitió pasar de una dictadura a una monarquía parlamentaria y que tanta importancia tuvo que causó la admiración si no del mundo entero, sí de muchísimos países.

Cuando uno se entrega al desenfreno verbal se arriesga a hacer el ridículo. Lo mismo por las obviedades en que cae que por las hipérboles a las que recurre. Además del mayor utilizado para hinchar el cambio, Feijóo aseguró que “España es un gran país”. No es la primera vez que un político echa mano del tópico. En el propio Partido Popular, por ejemplo, lo usaron ya José María Aznar y Mariano Rajoy. Y hasta el rey Felipe VI lo empleó hace unos días en su discurso de Nochebuena. Pero Feijóo fue más allá y le añadió “el mejor del mundo”. Ahí es nada. Que España es un gran país puede entenderse en más de un sentido, todos ellos justificables y, por lo tanto, refutables, pero de ahí a venirse arriba y sostener que es el mejor país del mundo hay un trecho descomunal.

El resto de su intervención se centró mucho más en los fracasos del “peor Gobierno en democracia” que en el gran salto adelante prometido por el líder popular. Y es una pena. Por más que un balance del año acostumbre a ceñirse a lo que ha sido la gestión gubernamental y que este 2025 haya dado para un montón de titulares, a muchos ciudadanos, a estas alturas del sanchismo, lo que seguramente les interese saber no es tanto lo ocurrido en los últimos doce meses como qué hará el próximo ejecutivo cuando la fuerza de los hechos arrumbe al actual. Y, en concreto, qué reformas abordará para que lo ocurrido en España desde 2018 no pueda volverse a producir en el futuro. Y ello tanto en el campo institucional como en el social y económico, tanto en la política interna como en la exterior.

Habrá quien objete, no sin razón, que en el último congreso del partido, celebrado en julio del año pasado, Feijóo ya presentó un decálogo con las grandes promesas que piensa tomar si llega a la Moncloa. Pero el caso es que lo hecho hasta hoy por los gobiernos autonómicos con presidentes del PP no permite abrigar grandes esperanzas. Ese “mayor cambio a mejor de la historia de España”, que cabría adivinar, cuando menos a pequeña escala, en las políticas de los ejecutivos que se formaron a mediados de 2023, no se ve por ninguna parte excepto en lo relativo a la fiscalidad. Así, no ha habido voluntad ninguna de romper con lo heredado, de descolonizar las instituciones mediante las reformas necesarias para garantizar su independencia, de eliminar organismos públicos superfluos, de garantizar la enseñanza en nuestra lengua común allí donde no lo está, sino simple y placentero acomodo. El cambio a mejor, si cambio ha habido, ha venido más de las condiciones que le han puesto sus socios de Vox, allí donde eran imprescindibles, para facilitar investiduras y aprobar presupuestos, que de lo que el PP estaba dispuesto a hacer.

Ojalá el precedente autonómico, lejos de ser un anticipo de lo está por llegar, suponga un estímulo para no caer de nuevo en el mismo error.

(The Objective, 2 de enero de 2026)

¡A por todas!

2025-12-19T23:00:00.001+01:00

El viernes de la pasada semana el diario Abc traía en su edición digital un perfil político de Javier Izquierdo. Izquierdo, que había renunciado el día anterior a su acta de senador y a su responsabilidad como secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal del PSOE tras una presunta denuncia por acoso sexual, se sumaba así a una nutrida lista de cargos del partido señalados por el mismo delito y que no haría sino incrementarse en días sucesivos. Para ilustrar la noticia, el periódico había recurrido a una foto de archivo del protagonista. Este aparecía detrás de un atril en el que se leía “¡A por todas!”. El lema se repetía en una suerte de telón situado al fondo de la imagen.

Leída hoy, la expresión podría interpretarse como lo que en narratología se entiende por anticipación. O, si lo prefieren, como un spoiler. Esto es, como una invitación a los compañeros del partido, Izquierdo entre ellos, a no pararse en barras y lanzarse a por las compañeras que dependen orgánicamente de ellos. Bromas aparte, esas situaciones de acoso pueden darse en cualquier organización o empresa donde el puesto de trabajo o la posibilidad de un ascenso en el escalafón dependen del informe de un superior, y, por supuesto, hay que denunciarlas y combatirlas. Y las formaciones políticas, claro, no constituyen una excepción, lo mismo si el acoso es sexual que si es meramente laboral. Es más, dado que en un partido la conservación del puesto de trabajo o una hipotética promoción no suelen estar sujetas a criterios más o menos objetivables, como el mérito o la capacidad, sino a la estricta observancia de una obediencia perruna al superior inmediato o a algún dirigente con mando en plaza, los casos de acoso, se denuncien o no –no todo el mundo está dispuesto a correr el riesgo de una posible represalia que ponga en peligro su puesto de trabajo o su carrera política–, no acostumbran a trascender.

Pero lo del Partido Socialista es distinto. Tanto el PSOE como el resto de las fuerzas de izquierda que conforman el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria en la que este se sustenta tienen al feminismo como algo propio, privativo, como una seña de identidad irrenunciable que agitan como arma arrojadiza contra la tan denostada derecha, a la que no suelen conceder derecho alguno, empezando por el de erigirse en una alternativa de gobierno. Que esos casos se estén dando en la casa madre del feminismo resulta particularmente penoso para la militancia del partido y para quienes lo votan y tenían previsto volverlo a votar. Hasta puede que este ejemplo de doble moral termine haciendo más mella en el electorado, en especial femenino, que los casos de corrupción. Del mismo modo que estos últimos van a seguir sucediéndose, todo indica que más denuncias por acoso irán saliendo a la luz en los próximos días. Por de pronto, tal y como revelaba ayer El Confidencial, la recién creada, a instancias de la Unión Europea, Autoridad Independiente de Protección del Informante ha abierto un expediente al PSOE y estudiará posibles sanciones por el mal funcionamiento de su canal interno de denuncias. En otras palabras, el partido no ha tenido ningún interés en resolver las denuncias que le han presentado sus afiliadas. O, como mínimo, en resolverlas con la celeridad exigible. A juzgar por los casos que han trascendido, el hecho de que afectaran a cargos significativos del partido no ha sido ajeno a la desidia con que han sido tratados.

Este periódico informaba el pasado sábado de que miembros del PSOE y de la ejecutiva local de Almussafes, población valenciana de la que sigue siendo alcalde Toni González, uno de los acusados por un presunto delito de acoso sexual y laboral, habían emprendido en los grupos de whatsapp del partido una campaña infamante contra la denunciante, en la que no habían faltado injurias e intimidaciones. Con lo que se demuestra, dicho sea de paso, que del “¡a por todas!” de que hablábamos al principio, ni que fuera con retranca, al “¡a por ella!” de Almussafes hay sólo un paso cuando lo que en verdad importa no es ya el feminismo, sino conservar los agarraderos del poder.

(The Objective, viernes 19 de diciembre de 2025)

El fenómeno Aliança Catalana

2025-12-05T23:00:00.001+01:00

Aunque los periódicos lleven ya algún tiempo interesándose por esa chica de Vic, Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, diputada en el Parlamento de Cataluña y líder de Aliança Catalana, no ha sido sino hasta el último sondeo del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) –para entendernos, el CIS catalán, pero sin un Tezanos que lo dirija– que Orriols y el experimento político que encabeza han adquirido la categoría de fenómeno. Y es que el sondeo del CEO arrojaba un dato espectacular: si hoy se celebrasen elecciones autonómicas en Cataluña, Aliança podría igualar a Junts en la tercera plaza y quedaría a muy poca distancia de ERC, que ocuparía la segunda. Lo de Orriols y su partido, pues, debe ser tomado en serio. Tan en serio que, tras año y medio de legislatura, la formación habría multiplicado por diez el número de escaños obtenidos en mayo de 2024.

Los análisis, como es natural, no se han hecho esperar, y han incidido, en general, en unos mismos aspectos como claves de la fulgurante ascensión de Aliança. De un lado, el recurso a un discurso claro, simplista, atento, antes que al corazón independentista, a los problemas reales de los ciudadanos, sean o no independentistas, y a las soluciones que esos problemas merecerían y no reciben por parte de la clase política catalana; así, la inmigración –con especial énfasis en la de religión musulmana–, la inseguridad, la vivienda –léase, sobre todo, la okupación– o el despilfarro de dinero público mediante subvenciones a una ristra interminable de proyectos y asociaciones del universo woke falsamente solidarios –por caso, la famosa flotilla–. De otro lado, la personalidad de Orriols, reflejada en sus declaraciones y en la excelente oratoria que exhibe en sus intervenciones parlamentarias: una mujer valiente, de mirada fría, que no duda en decir las cosas por su nombre, lo que no impide que para ello recurra a menudo a las consabidas falacias de las formaciones populistas.

Todo lo anterior hace que a Aliança se la tenga por una fuerza xenófoba. Lo es, sin duda alguna. Pero al encasillarla de este modo se olvida que su aparición ha servido para blanquear la xenofobia de otra fuerza política, Junts, y también en cierta manera la de ERC, como si el rechazo a cuantos ciudadanos, catalanes o no, se sienten o se consideran españoles no fuera ya por sí mismo, y sin necesidad de añadirle ninguno de los ingredientes que caracterizan a los partidos de extrema derecha, una conducta xenófoba. Por lo demás, el hecho de que su auge coincida según el sondeo con un desmoronamiento de Junts en sus feudos tradicionales de la Cataluña interior, hasta el extremo de privar a los de Puigdemont de su primacía electoral en las provincias de Lérida y Gerona, ha inducido a creer que estaríamos asistiendo a una simple transferencia de voto de una fuerza a otra. Sin negar la existencia de ese trasvase y su papel determinante en el crecimiento exponencial de Aliança, resulta obligado fijarse también en el impacto que el partido estaría teniendo entre los jóvenes y que compartiría con el otro partido situado en la derecha más extrema, es decir, Vox.

En definitiva, la irrupción del partido liderado por Orriols en el escenario político catalán y su formidable crecimiento es algo que debería preocupar a las demás formaciones que componen el mainstream nacionalista. Hubo una vez en Cataluña un partido llamado Ciudadanos que empezó de la nada y que en unas condiciones mucho peores que las que afronta hoy en día Aliança llegó a ganar once años más tarde de su nacimiento las elecciones autonómicas. Y eso que no sólo no formaba parte del mainstream nacionalista de entonces, sino que incluso había nacido para combatirlo.

(The Objective, viernes 5 de diciembre de 2025)

Poder ser nacionalista y estudiar en tu lengua

2025-11-21T23:00:00.001+01:00

Dentro de la deleznable campaña emprendida por el Gobierno para celebrar que se cumplen cincuenta años de la muerte de Franco en la cama, ha aparecido esta semana en los principales periódicos de papel un anuncio que lleva como lema “La democracia es tu poder”. En consonancia, supongo, con el inicio del medio siglo conmemorado, el texto está impreso en blanco y negro en una hoja arrugada, como las que salían de aquellas vietnamitas con las que la oposición al régimen se enfrentaba a golpe de octavilla a la dictadura del general. El contenido merece una exégesis a fondo. Yo aquí me limitaré a una parte del mensaje, aquella donde se plasma hasta qué punto el nacionalismo ha infectado hasta las entrañas lo que nos queda de Estado.

El texto consiste en un listado de los derechos que “tú” –se supone que en tanto que ciudadano español– puedes ejercer gracias a esa democracia cuyo inicio el Gobierno de Pedro Sánchez ha situado, falsariamente, el 20 de noviembre de 1975, en vez de tomar como referencia el 15 de diciembre de 1976, fecha de la aprobación en referéndum de la Ley para la Reforma Política; o el 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones generales desde el inicio de la guerra civil, o el 6 de diciembre de 1978, fecha de la aprobación en referéndum de nuestra Constitución.

Vayamos con dos de esos derechos conquistados a los que alude el texto. El primero, “Poder ser nacionalista, progresista o conservador”, consagra la añeja aspiración del supremacismo –catalán, vasco o gallego– de erigirse como una ideología aparte, transversal, en la que poco importa ser progresista o conservador y donde lo único que cuenta es llevar puesta la camisa vieja del nacionalismo. La construcción disyuntiva no puede ser más explícita.

El segundo derecho, “Poder estudiar en tu lengua”, no admite otro destinatario –para quien reside en aquellas partes del Estado que disponen, según los respectivos Estatutos de Autonomía, de una “lengua propia”– que el ciudadano que tiene como propia la misma lengua que el Estatuto considera territorial. Como nadie ignora ya a estas alturas, en estas regiones de España estudiar en castellano es un imposible, a no ser que uno opte por inscribir a sus hijos en una escuela privada. De ahí que los castellanoparlantes, porcentualmente mayoritarios en dichas regiones, no puedan darse por aludidos, sino, por el contrario, doblemente afrentados. De un lado, por la mentira que encierra el mensaje; de otro, por la hipocresía y el cinismo de quienes lo han urdido a sabiendas de que faltaban a la verdad.

Por todo ello, de igual modo que en la redacción de la llamada Ley de Amnistía intervino al parecer el secretario general de Junts, no debería descartarse que en la concepción de este anuncio haya ocurrido algo parecido. Y más aún si se repara en que en la mismísima Gran Vía madrileña han colgado una lona gigante donde se lee “Poder posar un anunci en català enmig de la Gran Vía”, acompañado del lema de campaña “La democracia es tu poder”. Lo destacaba en la red social X Ángel Escolano Rubio, presidente de la asociación Convivencia Cívica Catalana, y lo encabezaba con el siguiente comentario: “El Gobierno de España puede colgar una lona gigante en catalán en plena Gran Vía de Madrid (pagada con nuestros impuestos), pero Loli no puede rotular sólo en castellano su mercería en la Diagonal de Barcelona: la obligan a usar catalán. Libertad, pero para lo que les interesa.”

Aunque quién sabe si, al cabo, no es todo mucho peor y resulta que este Gobierno de España tiene ya tan asumido, tan interiorizado el hecho diferencial del nacionalismo catalán que ni siquiera precisa de su ayuda para idear una campaña como esta.

(The Objective, viernes 21 de noviembre de 2025)

La misión imposible de Junts

2025-11-07T23:00:00.001+01:00

Pues parece que Junts –o un sector importante del partido, por lo menos– quiere volver a ser lo que fue, o sea, Convergència Democràtica de Catalunya. En otras palabras, quiere abandonar la radicalidad del Procés para recuperar la centralidad de los viejos tiempos, cuando Jordi Pujol era todavía aquel “español del año” –Abc dixit– que a cambio de sustantivas transferencias en especie y de un buen dinero apuntalaba con sus votos en Las Cortes la política del Gobierno de España, mandara quien mandara en La Moncloa y sin perder nunca de vista los objetivos “nacionalizadores” contenidos en aquel “Programa 2000” concebido y difundido entre bastidores en 1990.

Antes que nada conviene precisar que esa vuelta atrás, de darse, no sería a la Convergència de hace treinta años, sino a otra muy distinta, marcada por la transformación a que la sometió Artur Mas desde que el patriarca le invistió como sucesor en la presidencia del partido y de la Generalidad, y se retiró a su cuartel de invierno. Tres décadas no pasan en balde y más si se han visto marcadas, como es el caso, por un desafío frontal al Estado de derecho. Aquella Convergència de los años noventa y comienzos de 2000 está muerta y enterrada, y la que le ha sucedido, desde Mas a Puigdemont con cambio de nombre incluido, no guarda otro parecido con su antecesora que el nacionalismo, más o menos pancatalanista.

Así las cosas, ¿puede Junts recuperar su “pactismo” de antaño? Según parece –lo reportaba aquí este lunes Laura Fàbregas–, quienes se estarían moviendo en esta dirección serían los alcaldes de la formación, que ven como cada vez más cargos públicos, militantes y votantes –estos últimos a tenor de lo que predicen las encuestas– abandonan sus filas para engrosar las de la pujante Aliança Catalana que lidera Sílvia Orriols y creen, no sin razón, que la política seguida por su partido puede llevarles dentro de dos años a perder el ayuntamiento que presiden, y no de resultas de una alianza de izquierdas como la que gobierna en estos momentos la Generalidad, sino por la irrupción de una fuerza de extrema derecha cuyo populismo, lejos de limitarse, como el de Junts, a cultivar la xenofobia y el odio hacia lo español, se extiende a la inmigración y, en particular, a la que profesa el islamismo. Y no sólo desde una óptica identitaria; también aludiendo a unos problemas –paro, inseguridad, fracaso escolar, colapso en los centros de salud, falta de vivienda asequible– que afectan a muchos de sus convecinos y de los que Aliança culpa en gran medida a los extranjeros residentes en Cataluña.

A esa preocupación se añade la de comprobar como la situación de Puigdemont está enquistada. Peor aún. Descartada la aplicación de la amnistía al delito de malversación, el prófugo de Waterloo está cada día que pasa más cerca de convertirse en un exiliado perpetuo, a no ser que se resigne a regresar a España y ponerse en manos de la justicia, como hicieron su conmilitón Junqueras en la asonada de 2017 y unos cuantos más. El anuncio de ayer por parte de Junts de enmendar en su totalidad todas las leyes que el Gobierno vaya a presentar en adelante en el Congreso o se encuentren ya en tramitación, en lo que supone de facto bloquear la legislatura, no ofrece tampoco pista alguna sobre las intenciones futuras de Puigdemont, como no sea la de doblar su apuesta por la confrontación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En todo caso, dirigir un partido a más de mil kilómetros de distancia y sin conocer de primera mano la realidad a la que se enfrentan los ciudadanos a los que se aspira a representar, difícilmente puede considerarse un proyecto a medio o largo plazo.

Y eso no es todo. El mapa político catalán ha sufrido también modificaciones desde el día en que Puigdemont huyó de España en el maletero de un coche. Han pasado ocho años y el independentismo ha perdido fuerza. Lo mismo a la izquierda que a la derecha. Y el centro, como ocurre siempre que una situación política se polariza, se ha reducido o ha cambiado de dueño. Hoy el centro político en Cataluña lo ocupa en buena medida el PSC, un partido que ha hecho méritos suficientes para que nadie dude de su nacionalismo y cuya imagen moderada, flotillas aparte, se ve favorecida por la radicalidad de sus socios de gobierno. A pesar de alguna veleidad socialdemócrata, el perfil de los socialistas catalanes recuerda cada vez más el de aquella Convergència de hace tres décadas. Pensar siquiera que Junts, caso de proponérselo, podría disputarle hoy en día ese centro por el que algunos, dentro del partido, parecen suspirar no deja de ser, como diría Pla, una ilusión del espíritu.

(The Objective, viernes 7 de noviembre de 2025)

El filólogo y la RAE

2025-10-16T23:00:00.001+02:00

No creo exagerar lo más mínimo si afirmo que nada hay más dañino para nuestra democracia que el desprecio a las instituciones y a quienes las dirigen. Y no digamos ya cuando los que practican ese desprecio y contribuyen a propagarlo son los máximos representantes del Poder Ejecutivo, desde el presidente del Gobierno hasta el último de sus ministros. A estas alturas, cuesta encontrar alguno que se comporte con el decoro que cabría esperar de su cargo. Las invectivas contra el Poder Judicial y los forcejeos con el Legislativo responden casi siempre al empeño de imponer la voluntad gubernamental a cualquier precio. Y el primero en perder las formas y en jactarse de ello para intentar lograr su propósito –como si de un émulo de Donald Trump se tratase, aunque sin ninguna medalla que lucir de puertas afuera– es el propio Pedro Sánchez.

Pero ese desprecio institucional se extiende más allá de las esferas del Gobierno. El contagio no conoce límites, y ahí tenemos al director del Instituto Cervantes convirtiendo los prolegómenos del recién inaugurado X Congreso Internacional de la Lengua Española en una suerte de pugilato entre él y su homólogo de la Real Academia Español. Al parecer, el desencuentro entre Luis García Montero y Santiago Muñoz Machado no es cosa de ayer. Algunos lo atribuyen a una incompatibilidad de caracteres, a dos egos difíciles de congeniar. Lo dudo. Allí donde comparece el ego de García Montero no tiene cabida ningún otro. También se ha aludido a su incontinencia, lo que sin duda se acerca más a la verdad. Quien haya leído alguna de sus columnas en El País –no me refiero ahora a las de tema lírico, sino a aquellas que versan sobre la situación política española– habrá comprobado que no le duelen prendas a la hora de remar a favor del gobierno presidido por quien lo empoderó al frente del Cervantes hace ya más de siete años. Y si no se contiene en absoluto ante lo indecoroso que resulta utilizar un medio escrito privado –pongamos que El País sigue siéndolo– para ensalzar la labor de aquel a quien rinde vasallaje, cómo va a contenerse en el curso de un desayuno informativo, en respuesta a una pregunta. Allí lo que priva la mayoría de las veces es cierta improvisación y más, si como buen ególatra, uno se pone estupendo.

Con todo, cuesta creer que las respuestas de García Montero del pasado jueves en dicho desayuno informativo fueran fruto de la improvisación. Al contrario, parecían un ataque premeditado, aunque sea por persona interpuesta –su director, en este caso–, a una institución supuestamente hermana. (Y digo supuestamente hermana porque tanto el Cervantes como la RAE colaboran en la organización del Congreso y, en general, en la proyección de la lengua española en el mundo.) García Montero le afeó a Muñoz Machado no ser filólogo, como sí lo habían sido sus antecesores inmediatos en la dirección de la Real Academia. Ello habría dificultado, según el filólogo García Montero, su relación con Muñoz Machado. Sobra añadir que en parte alguna de los estatutos de la institución académica figura la exigencia de que su director sea filólogo, por lo que Muñoz Machado, elegido en una junta plenaria por los académicos, lo es de pleno derecho, aun cuando su formación sea jurídica. No cabe descartar, de otro lado, que la referencia a las afinidades filológicas del pasado y a las desavenencias formativas del presente constituya en el fondo un anticipo de la batalla que el director del Cervantes piensa librar, según sus propias palabras, contra la posible elección del periodista Juan Luis Cebrián como sustituto de Muñoz Machado. Una batalla, por cierto, en la que resulta difícil no ver el sesgo ideológico y el afán colonizador de las instituciones, en la medida en que la va a librar quien presume de amistad con Pedro Sánchez contra quien lleva ya tiempo criticando en artículos y libros los efectos nocivos para España de la política populista del actual presidente del Gobierno.

Pero donde el desprecio a la figura del director de la RAE aparece con mayor crudeza es en otra de sus salidas de tono: “La RAE está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias”, soltó el filólogo la semana pasada. Y lo remató diciendo: “Eso, personalmente, crea unas distancias. García Montero cobró el año pasado 107.805, 51 euros brutos procedentes tesoro público, a los que hay que añadir, supongo, lo percibido en concepto de dietas. Ignoro cuánto cobró Muñoz Machado por esos “negocios (…) para empresas multimillonarias” a los que se refería el filólogo, ni tengo por qué saberlo. Pero lo que sí sé es que los miembros de la RAE –una institución independiente, con personalidad jurídica propia, que no forma parte, por tanto, de la Administración General del Estado– no tienen sueldo fijo y sólo cobran dietas por cada pleno al que asisten o por desplazamiento si no residen en Madrid. La acusación del director del Cervantes carece pues de fundamento y sólo pretende confundir a la opinión pública sobre la licitud de los ingresos de su homólogo de la RAE. Y de paso, manchar a la propia institución. Por lo demás, esas palabras no pueden sino delatar la inveterada costumbre de tantos comunistas acaudalados de arremeter contra la propiedad privada. Siempre y cuando no sea la suya, claro está.

(The Objective, jueves 16 de octubre de 2025)

A vueltas con el nacionalismo lingüístico

2025-10-02T23:00:00.001+02:00

No voy a hablarles, no teman, del interminable culebrón sobre la fallida pretensión de los representantes del Gobierno de España de convertir el catalán y las demás lenguas cooficiales en sus respectivas regiones –excepto el valenciano, por cierto– en lenguas oficiales de la Unión Europea. Dos años llevamos ya con el asunto y con el consiguiente ridículo del ministro Albares y el presidente Sánchez cortejando sin éxito a sus homólogos europeos más reticentes. Si no fuera por la necesidad de demostrar al prófugo de Waterloo que por ellos no va a quedar, el simple decoro debería haberles llevado ya a abandonar su propósito.

Sí voy a hablarles, en cambio, de algunos hechos recientes, de ámbito autonómico, que sirven para comprobar una vez más hasta qué punto el nacionalismo lingüístico sigue condicionando la política de este país –para mal, sobra precisarlo–. Y voy a ceñirme para ello a los que giran en torno a la lengua catalana, que es la que mejor conozco.

Resulta obligado empezar por el epicentro. En vísperas de la última Diada (fiesta de guardar también este año en el Congreso de los Diputados), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hacía pública una sentencia por la que se anulaban artículos fundamentales del decreto de la Generalidad sobre régimen lingüístico no universitario, concretamente los que negaban al castellano la condición de lengua vehicular, junto al catalán, de la enseñanza. Al presidente de la Generalidad le faltó tiempo para anunciar que recurrirían contra la resolución del TSJC y para reafirmarse, al igual que sus antecesores independentistas en el cargo, en la defensa del llamado “modelo catalán”, o sea, el de inmersión lingüística en la lengua “propia” de la comunidad autónoma. Y, mientras, el Gobierno de España mirando, como de costumbre, hacia otro lado.

También en Cataluña tuvo lugar hace quince días un hecho singular, protagonizado en esta ocasión por un alcalde del Partido Popular, Xavier García Albiol. El caso es que la corporación municipal que él preside –la de Badalona, tercera ciudad más poblada de Cataluña– presentó y aprobó una moción de adhesión al “Pacte Nacional per la Llengua”, que no es otra cosa que un documento de 138 páginas elaborado por el Gobierno de la Generalidad a instancias del Parlamento autonómico en el que se justifica la política lingüística llevada a cabo hasta la fecha y donde se detallan las medidas que tomar para alcanzar –o intentarlo al menos– una Cataluña monolingüe en 2030. Ante las reacciones suscitadas por la moción, García Albiol, que tan ufano se mostraba al principio en las redes sociales por su iniciativa, rectificó al punto, quién sabe si percatándose de la metedura de pata o si obedeciendo simplemente órdenes de la cúpula de su propio partido. Fuera como fuese, menuda gracia debió de hacerle a Alejandro Fernández, líder del PP en la región, la ocurrencia de su correligionario (al que, por cierto, Alberto Núñez Feijóo tenía a comienzos de julio en tanta estima que le había otorgado la presidencia del Congreso Nacional de la formación).

Cambiando de territorio pero no de lengua, nos encontramos con el caso de Baleares, donde el Gobierno de la popular Marga Prohens tropezaba por las mismas fechas con el escollo de Vox y su empeño por lograr que el español sea también lengua vehicular de la enseñanza. En realidad, más que un empeño de Vox se trata de un empeño a priori compartido, dado que el propio PP lo llevaba como uno de los puntos del programa con que se presentó a las elecciones autonómicas de 2023 y también porque así consta en el documento suscrito por ambas fuerzas al arrancar la legislatura y que facilitó la investidura de Prohens. Pues bien, a mediados de este mes de septiembre Vox, constatando que las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno regional para introducir el castellano como lengua vehicular eran manifiestamente insuficientes, presentó una proposición de ley en el Parlamento regional que, en caso de aprobarse, reformaría de manera sustancial la actual Ley de Educación balear. Por descontado, la iniciativa no había sido consensuada con el PP, entre otras razones porque, de salir adelante, supondría la derogación del llamado decret de mínims, por el que se prescribe que un 50% como mínimo de las asignaturas deben cursarse en catalán. Ese decreto, aprobado en 1997 por un gobierno del propio PP, nada dice acerca del porcentaje máximo ni tampoco del número de asignaturas que deben cursarse en castellano, por lo que, con el tiempo, los centros educativos, amparados en su autonomía y colonizados casi por completo por docentes pancatalanistas, entendieron que el castellano no tenía por qué ser vehicular y subieron hasta cerca del 100% el porcentaje de asignaturas en catalán; de este modo, terminaron aplicando el mismo modelo de inmersión lingüística vigente ya en Cataluña. Y el caso es que el Gobierno de Prohens ya ha manifestado que no está dispuesto a derogar el citado decreto y que va a votar en contra de la proposición de ley de Vox. Lo que no ha aclarado es si su negativa es fruto de una convicción o si deriva, por el contrario, del pavor que le causa una posible movilización de los docentes como la que tuvo lugar hace más de una década durante el gobierno del entonces popular José Ramón Bauzá cuando este lo derogó. Suponiendo, claro está, que no resulte de la conjunción de ambas alternativas.

Y, en fin, también en la Comunidad Valenciana, donde además de castellano se habla valenciano –nombre con que se designa el idioma en el Estatuto de Autonomía y con el que se conoce desde hace siglos la variedad de catalán usada en la región–, la lengua ha tenido protagonismo político. Pero en esta ocasión no ha habido colisión entre los dos partidos de derecha antes coaligados, sino todo lo contrario. El presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, ha anunciado una futura reforma del Estatuto de Autonomía para que, entre otras cosas, la Academia Valenciana de la Lengua pase a llamarse Academia de la Lengua Valenciana y sus propósitos y funciones cambien radicalmente en relación con los fijados por el anterior Gobierno tripartito de izquierda y pancatalanista. Con toda probabilidad la reforma estatutaria no contará con los votos necesarios para ser aprobada –no bastan los de PP y Vox–, pero, aun así, la intención de Mazón es de lo más explícita: sustituir el nacionalismo lingüístico de sus predecesores por uno de nuevo cuño, valencianista en este caso, y a ello va a dedicar, de una forma u otra, parte de sus esfuerzos en lo que queda de legislatura.

Parece, pues, fuera de toda duda el efecto divisivo que produce en España el uso político de la lengua, ya sea por acción, ya por reacción. Y no me he referido en este artículo más que a unos cuantos episodios recientes relativos a la lengua catalana. Añádanles ahora los sucedidos con otras lenguas y otros territorios. Y luego pregúntense, en fin, si esto tiene solución o si no queda más remedio, como decía Ortega en 1932, que conllevarlo.

(The Objective, jueves 2 de octubre de 2025)

¿Hacia un nuevo Frente Popular?

2025-09-18T23:00:00.001+02:00

Los últimos sondeos electorales publicados, CIS aparte, apuntan todos a un crecimiento espectacular de Vox. Se trata, además, de un crecimiento sostenido, sondeo a sondeo, por lo que conviene tomarlo en serio. Desde que Vox abandonó los gobiernos autonómicos que compartía con el PP, la estimación de voto hacia sus siglas ha ido en aumento, y no por décimas sino por puntos. Todo indica, pues, que su consabida beligerancia contra el Gobierno y quienes lo apoyan, a la que se ha añadido la que toma como blanco al PP en los asuntos que preocupan a los ciudadanos y para los cuales este partido no parece tener respuestas nítidas (piénsese, por ejemplo, en la inmigración irregular y, en particular, la de religión musulmana), está dando sus frutos en términos electorales. El millón de votos que, hechas las cuentas, le ha robado Vox al PP más los procedentes de aquellos ciudadanos que en ocasiones anteriores han votado a otros partidos, se han abstenido o tendrán ahora por primera vez edad suficiente para votar, así lo certifican.

Pero las últimas encuestas también anuncian el fin de otra tendencia. Me refiero al paulatino crecimiento del PP a costa de los votantes tradicionales del PSOE, tanto de los que aún le seguían siendo fieles como de los ya refugiados en la abstención. En otras palabras, lo que los populares iban perdiendo por su derecha lo compensaban hasta cierto punto por su izquierda. Pero, insisto, parece que esto se acabó. O al menos de momento. Y, siempre según los sondeos, no se acabó porque el PSOE esté recuperando terreno con respecto al PP, o sea, por el centro del tablero político, sino porque el poco que va arañando en intención de voto lo hace entre los ciudadanos que habían optado en anteriores elecciones por partidos situados más a su izquierda. En este sentido, la insistencia de Pedro Sánchez y sus ministros en las críticas a Benjamin Netanyahu por las matanzas que el ejército israelí está perpetrando contra la población de Gaza –calificadas interesada y torticeramente de “genocidio”–, no cabe entenderlas tan sólo como una cortina de humo para encubrir los escándalos de corrupción que persiguen a su familia y a sus hombres de confianza en el partido y el Ejecutivo, sino también como un movimiento para fortalecer el bloque de izquierda con el que gobierna y que le presta su apoyo parlamentario. Que lo haga forzado por las circunstancias, es decir, para no perder apoyos parlamentarios y así poder mantenerse en la Presidencia del Gobierno hasta el fin de la legislatura, o por convicciones ideológicas es lo de menos. Lo realmente significativo es comprobar que el PSOE abraza ya sin complejos el populismo propio de formaciones como Podemos y afines, con lo que puede afirmarse que ya sólo le queda echarse a la calle –el pasado domingo Sánchez se mostraba orgulloso de quienes se habían movilizado boicoteando la Vuelta a España en protesta por la presencia en la misma de un equipo israelí y al día siguiente pedía la expulsión de Israel de todas las competiciones internacionales– para borrar cualquier matiz entre ambas fuerzas políticas. Y por si no bastaba con lo anterior, el martes RTVE anunciaba que no participaría en el próximo Festival de Eurovisión si lo hacía Israel.

Esa deriva largocaballerista del actual caudillo socialista invita a establecer asociaciones con otros populismos hispánicos, Por ejemplo, con los nacionalistas: ERC, Bildu, BNG, Compromís, PNV y Junts. Pero también, en el otro platillo de la balanza, con Vox. E invita, claro está, a remontarse a los tiempos convulsos de la Segunda República, en especial a sus postrimerías, a aquellas elecciones generales de febrero de 1936 ganadas oficialmente por el Frente Popular, por más que investigaciones recientes hayan demostrado lo fraudulento del recuento. Pues bien, aquel Frente Popular era una coalición de partidos encabezada por el PSOE de Largo Caballero, la fuerza mayoritaria. Y aunque eran otros tiempos, el lenguaje de este último, apelando a la movilización para evitar que la derecha gobernase en caso de ganar las elecciones, guarda no pocos parecidos con el del actual presidente del Gobierno de España cuando niega la alternancia y mete en un mismo saco fachosférico a toda la derecha.

Pero no hace falta acudir al pasado para tratar de entender lo que pasa hoy en España. Basta con fijarse en Francia. Si aquí la izquierda al completo revienta la Vuelta a España amparándose en la solidaridad con Gaza, allí la izquierda y sus apéndices sindicales hacen lo propio bloqueando todo el país en protesta por las medidas económicas y sociales que el ya extinto primer ministro centrista François Bayrou quería implantar. En las últimas elecciones a la Asamblea Nacional (2024), la izquierda se presentó agrupada en un Nuevo Frente Popular (resurrección, como su nombre indica, del que Francia ya tuvo en la primavera de 1936). La formación más votada de ese Frente Popular redivivo fue La Francia Insumisa, liderada por Jean-Luc Mélenchon –un exsocialista–, seguida por el Partido Socialista y otras fuerzas menores. En España no existe ningún movimiento de esta índole. Lo hubo hace años, cuando Podemos todavía podía. Incluso a Pablo Iglesias llegó a comparársele con Mélenchon. Pero desde que Iglesias está más en los negocios que en la política, el puesto permanece vacante.

Aunque todo indica que no por mucho tiempo. La progresiva radicalización del discurso de Pedro Sánchez con su llamada a sustituir nuestra democracia representativa por una suerte de democracia popular –no otra cosa es, al cabo, la legitimación del boicot a Israel apelando a la voz de la calle– le convierte en un firme candidato a ocupar ese liderazgo. Bien mirado, con unas encuestas que no le son hoy por hoy nada favorables, el actual inquilino de La Moncloa tendría ante sí un par de años para construir este nuevo Frente Popular y tratar de revertir los malos augurios demoscópicos. El crecimiento de Vox jugaría a su favor. Cuanto mayor fuese el espantajo del fascismo que viene, más fácil le resultaría a Sánchez convencer a sus socios de izquierda de la necesidad de sumar fuerzas para rentabilizar los votos y convertirlos en escaños, a fin de no tener que ceder el gobierno. Así las cosas, la pregunta, ya se lo imaginan, es qué haría el PP en semejante tesitura. ¿Seguir, como ahora, empeñado en no pactar con Vox, con el riesgo de quedar encajonado entre ambos populismos? ¿Intentar alcanzar un acuerdo con los de Abascal, ni que fuera provisorio, para fortalecer un bloque constitucional? Por desgracia, me temo que la respuesta estaría en el viento. O sea, en lo que, llegado el momento, dictasen los sondeos.

(The Objective, jueves 18 de septiembre de 2025)

¿Es la enseñanza un ascensor social?

2025-09-05T23:00:00.001+02:00

En uno de los capítulos de su ensayo más reciente, Pêcheur de perles (existe versión española en Alianza Editorial), Alain Finkielkraut aborda el tema de la enseñanza. Como en los demás capítulos, lo hace a partir de una de las perlas que ha ido pescando y coleccionando a lo largo de su vida y que vertebran el libro. La que viene al caso es del historiador francés Marc Bloch y dice así: “Pedimos una enseñanza secundaria de una gran amplitud. Su función es formar las élites, sin acepción de origen o de fortuna. Toda vez que ha dejado de ser (o de volver a ser) una enseñanza de clase, una selección se impondrá”. La cita está sacada de un texto escrito por Bloch en 1943, en plena Francia ocupada. Esa enseñanza por cuyo retorno suspiraba el historiador es la que había traído la Tercera República de Jules Ferry y que enlazaba, programáticamente, con la preconizada por Condorcet en las postrimerías de la Revolución Francesa. Bloch, asesinado por la Gestapo en 1944, no llegaría a verla, pero la derrota del nazismo y la reinstauración de la democracia y la República la harían posible.

O no. Porque el propio Finkielkraut recuerda en su libro que ya en 1964 un ensayo de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, Les héritiers, echaba por tierra, mediante datos y estadísticas, la teoría según la cual una enseñanza pública bien entendida y aplicada ponía en pie de igualdad a todos los alumnos, con independencia de su clase social y del poder adquisitivo de la familia de la que formaran parte. La ilusión de la enseñanza como ascensor social no era más que eso, una ilusión. El esfuerzo y el mérito contaban, por supuesto. Pero al cabo, hecho el correspondiente triaje de exámenes y pruebas y echadas las cuentas, los alumnos que se llevaban la palma eran los pertenecientes a la clase media-alta, mientras que los de las clases más desfavorecidas quedaban relegados al furgón de cola. Hay excepciones, claro está. La más conocida tal vez sea la de Albert Camus y su célebre carta de agradecimiento a su maestro en la escuela primaria de Argel tras la concesión del Premio Nobel. Pero las excepciones ahí quedan, como ejemplos de personas de extracción humilde cuyo talento ha conseguido descollar gracias a la confianza y el apoyo de los docentes que han creído en ellos. Con todo, por importantes que sean, en modo alguno modifican los grandes números, que son, a la postre, los que confirman o desmienten la validez de una teoría.

Han pasado seis décadas desde entonces. Y no parece que la enseñanza francesa haya puesto remedio, si remedio hay, a la disfunción que se seguía de los resultados del estudio de Bourdieu y Passeron. Peor aún, al fracaso que trae implícita esa disfunción, en la medida en que se supone que la enseñanza pública y gratuita debería tener como principal misión la apuntada por Marc Bloch en su cita, se ha sumado la “traición de los profes”, por decirlo al modo de Jean-François Revel en su magnífico El conocimiento inútil, cuya primera edición francesa es de 1988. Una traición que se ha concretado sobre todo en el progresivo abandono por parte del gremio de la obligación de enseñar y transmitir el conocimiento y su sustitución por un pedagogismo que, enarbolando la fraternidad y el igualitarismo, ha ido barriendo poco a poco de las aulas valores como el esfuerzo o el mérito.

Llegados aquí, tal vez los lectores se pregunten qué tiene que ver lo ocurrido en Francia con el caso de España. La respuesta es sencilla. La misma década en que Revel denunciaba lo que estaba pasando en su país, España se aprestaba, mediante las primeras leyes educativas con marchamo socialista, a implantar un modelo muy similar al francés. Esas leyes, cuya cumbre es la vigente Lomloe, gestada por la actual embajadora de España ante la Santa Sede Isabel Celaá, y alumbrada por la hoy ministra de Educación Pilar Alegría, han hecho bandera de la equidad, es decir, del poco peso de la brecha socioeconómica en el rendimiento de los alumnos de las clases más favorecidas con respecto al de las más desfavorecidas. Así lo reflejan, en efecto, los resultados de las pruebas del último informe PISA, que mide el nivel educativo de los jóvenes quinceañeros de los países económicamente desarrollados. Pero, más allá del dato, lo interesante es comprobar en qué se traduce esa equidad: pues en una gran bolsa de estudiantes concentrados en la parte media baja de la tabla en contraste con el exiguo porcentaje de los que destacan por su excelencia. Se trata, sin duda, de la consecuencia de unas políticas educativas tendentes a igualar por abajo el nivel del alumnado y que para ello no han reparado en disposiciones legales que les allanaran el camino, como por ejemplo la de permitir pasar de curso pese a tener tres o más asignaturas suspendidas o la de dejar en manos de cada autonomía el temario y la consiguiente evaluación de las pruebas de acceso a la universidad.

¿Puede afirmarse, en definitiva, que en España la enseñanza es un ascensor social? Sí, siempre y cuando se entienda que en la inmensa mayoría de los casos ese ascensor no va a llegar a los pisos más altos de la escalera y que estos, quien aspire a alcanzar la cima deberá subirlos a pie. O sea, con penas y trabajos. Y aun así, tocando madera, no vaya a resultar que el aparato está fuera de servicio por una avería.

(The Objective, viernes 6 de septiembre de 2025)

Un gobierno cautivo abonado al ridículo

2025-07-24T23:00:00.001+02:00

La querencia del independentismo catalán por el ridículo no tiene límites. La historia está sembrada de ejemplos. Dejemos a un lado, si les parece, el pasado más lejano, y ciñámonos al relativamente reciente. 10 de octubre de 2017. ¿Quién no recuerda aquella declaración de independencia del entonces presidente de la Generalidad Puigdemont en el Parlamento de Cataluña, seguida, al cabo de un minuto escaso, de su suspensión? Un Rajoy que no salía de su asombro calificó el esperpento de “declaración implícita” y “suspensión explícita”. Hasta tuvo que preguntar el día siguiente al hoy prófugo si había declarado o no la independencia. Pero donde mejor se reflejó el ridículo fue en la reacción de las masas independentistas concentradas frente a la Cámara autonómica y que seguían la intervención de Puigdemont en las pantallas instaladas en la calle. Sus caras lo expresaban a las claras. Del gozo al pozo. O como dijo una joven: “Menudo coitus interruptus”. Pero el esperpento no quedó ahí. Tres días después de la declaración unilateral de independencia, el 27 de aquel mismo mes de octubre, Puigdemont huía de España en el maletero de un coche camino del exilio mientras la mayoría de sus compañeros de pronunciamiento se entregaban a la justicia española.

Pero ese ridículo no habría dejado de ser una muesca más en la larga lista de los protagonizados por el separatismo catalán –a la altura, eso sí, de los golpes de Estado de Macià y Companys, aunque sin armas de por medio en el caso de Puigdemont–, de no habérsele sumado en la presente legislatura el protagonizado por el Gobierno de España. La necesidad de plegarse a las exigencias del prófugo de Waterloo para conservar la Presidencia del Gobierno ha llevado a Sánchez a bendecir cuantos delirios soberanistas le ha puesto sobre la mesa, Santos Cerdán mediante, su socio preferente. Y entre esos delirios ocupan un lugar preferentísimo los que tienen que ver con la lengua catalana.

Primero, recién abierta la legislatura, fue aquella iniciativa de permitir a sus señorías intervenir en los plenos o en las sesiones de las comisiones en cualquiera de las lenguas cooficiales, o sea, en catalán, gallego o vascuence, y de surtirlos, pues, de pinganillos. Creo recordar que la broma, por llamarlo de algún modo, costó a los contribuyentes la friolera de un millón de euros entre sueldos de intérpretes y traductores y del material necesario para la labor. Pero eso fue lo de menos. Lo de más, lo buscado por Puigdemont con el concurso de Sánchez y la complicidad de la presidenta del Congreso Francina Armengol, fue diluir la condición del castellano como lengua común de los españoles y única oficial del Estado en el principal órgano de representación de los ciudadanos. El pinganillo, en este sentido, al margen del ridículo que supone verlo en la oreja de personas que no precisan de ningún intérprete para entenderse entre sí –como lo prueban, sin ir más lejos, las reuniones entre los respectivos presidentes de autonomías con lengua cooficial o entre alguno de ellos y el del Gobierno central–, obraba el milagro de parangonar a España con países como, por ejemplo, Suiza, donde no existe ninguna lengua común y sí cuatro idiomas oficiales, hablados cada uno de ellos en determinados cantones del territorio.

También en aquellos compases iniciales de legislatura el Gobierno de España se dispuso a cumplir con la otra exigencia de Puigdemont relacionada con la lengua, la de hacer del catalán –así como del vascuence y el gallego– una lengua oficial de la Unión Europea. El problema es que aquí la cosa no iba de mayorías, sino de unanimidades. En otras palabras, los 27 Estados miembros debían estar de acuerdo con la propuesta del Gobierno español. Transcurridos dos años desde entonces, nada ha cambiado. O sí, ya que después de siete intentos infructuosos de convencer a los 26 Estados restantes de la bondad de la propuesta recurriendo a argumentos de dudosa validez, por no decir espurios, algunos de estos países empiezan a estar hasta la coronilla de que el asunto figure en el correspondiente orden del día. Pero el Gobierno de España no ceja, ni va a cejar, en el intento, aunque ello suponga caer una vez más en el ridículo. Y no lo hará, porque, logre o no logre al final su objetivo, lo importante para Sánchez y compañía es, hoy por hoy, poder aducir ante Puigdemont que ellos han hecho todo lo que estaba en sus manos para conseguirlo y nada podían hacer ante la cerrazón de algunos Estados miembros. Y en cuanto al ridículo, ¿qué va a importarle a estas alturas al megalómano que nos gobierna un ridículo más o un ridículo menos?

(The Objective, jueves 24 de julio de 2025)

Lejos de Vox

2025-07-10T23:00:00.001+02:00

Uno de compromisos más notorios tomados por Alberto Núñez Feijóo en el reciente cónclave popular ha sido el de no gobernar con Vox tras las futuras elecciones generales, ni aun necesitando sus votos para superar la investidura. La importancia del anuncio, no hace falta decirlo, está tanto en su novedad –en vísperas de las últimas generales Feijóo no se cerró ninguna puerta– como en su trascendencia. Más allá de las disonancias programáticas que puedan existir entre ambos partidos –las mismas, al cabo, que hace dos años–, lo que ha pesado en el compromiso tomado y en la decisión de hacerlo público ha sido sin duda el cálculo. Y en ese cálculo han pesado una serie de factores, empezando por la propia situación política.

En julio de 2023, por más que la corrupción ya estuviera presente, tenía todavía, al menos en apariencia, un alcance limitado. Pero la investidura y la necesidad del candidato Sánchez de ceder a las exigencias del prófugo de Waterloo para superarla, unido a las demandas al alza del resto de separatismos, coronado todo con la aprobación de la ley de amnistía y su posterior bendición por un Tribunal Constitucional con una mayoría al servicio de los intereses del Gobierno han hecho de este bienio uno de los más sombríos de la democracia española. Por no hablar, claro, del reguero de escándalos que han salpicado al Ejecutivo, al principal partido que lo compone, a la familia del presidente y a la Fiscalía del Estado. No ha habido día exento de estupor para los ciudadanos. De estupor y de vergüenza ajena.

En el andamiaje de la corrupción merecen capítulo aparte Sánchez y sus muchachos, conocidos también como la banda del Peugeot. Las revelaciones de los medios de comunicación a partir de los informes elaborados por la UCO y que ya han llevado a la cárcel al penúltimo secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, demuestran a las claras la existencia de una banda criminal en el seno del partido desde hace por lo menos una década. Aunque Sánchez jure y perjure que nada sabía de los manejos ilícitos de los demás integrantes del vehículo en aquella larga marcha hacia la secretaría general con estación de término en la presidencia del Gobierno, los hechos se obstinan en desmentirle. Que Sánchez es un embustero profesional difícilmente puede ponerse en duda. (Como lo es, por cierto, Francina Armengol, la presidenta del Congreso, que este martes reconocía en el Senado que, al contrario de lo afirmado en una anterior comparecencia de hace un año, sí se había reunido con Víctor de Aldama, lo que no le impedía seguir sosteniendo que ella no había mentido, ni impidió ayer tampoco al Tribunal Supremo citarla como investigada por el mismo motivo.) Y todo indica que las revelaciones que están por llegar no harán sino confirmar la gravedad de la patología que afecta al presidente del Gobierno y en menor grado a la presidenta del Congreso.

Así las cosas, la decisión tomada por Feijóo al asegurar que no gobernaría con Vox –lo cual no excluye la posibilidad de alcanzar acuerdos puntuales en determinados ámbitos– persigue un doble objetivo. De un lado, el de arrebatar a los partidos de izquierda, con el PSOE a la cabeza, el arma de la identificación de la derecha como un todo, donde no se distingue el centro del extremo. De otro, el de facilitar a los votantes tradicionales del Partido socialista una suerte de voto prestado al PP, en la confianza de que ese último partido, en caso de gobernar, va a cumplir con el plan de regeneración esbozado por Feijóo el pasado domingo. Como es natural, dichos objetivos, y en especial el segundo, se asientan en la convicción de que el progresivo deterioro de la gobernabilidad y del principal partido del Gobierno –dos caras, al fin y al cabo, de una misma moneda– juegan a su favor. Cuanto más tiempo transcurra hasta que Sánchez –o quien presida en aquel momento el Gobierno– convoque a las urnas, más devastación institucional, más corrupción a la vista, más hartazgo ciudadano. Y tal como está el panorama hoy en día, con Sánchez encastillado en La Moncloa, ese tiempo no promete ser corto.

Friedrich Merz, el actual canciller alemán, se comprometió hace quince meses, en los últimos días de campaña para las elecciones federales, a no gobernar con la extrema derecha. Y cumplió su promesa. Feijóo se ha comprometido a lo mismo, sin esperar siquiera a que se convoquen nuevas elecciones. La apuesta es arriesgada, sin duda. Los últimos sondeos conocidos auguraban un incremento en la intención de voto de su partido, pero no suficiente aún para gobernar en solitario. Después del debate de ayer en el Congreso, la imagen de un Sánchez demacrado, cabizbajo y rendido tras el intercambio de réplicas con Feijóo permite aventurar que ese incremento será todavía mayor en las encuestas venideras. Eso si el presidente del Gobierno no arroja antes la toalla y convoca de una vez elecciones.

(The Objective, jueves 10 de julio de 2025)

¿Un nuevo partido liberal?

2025-06-26T23:00:00.001+02:00

El pasado martes Fede Durán publicó en estas páginas un artículo titulado “El regreso de Albert Rivera”. Para quien no lo haya leído, diré que el artículo plantea la hipótesis –eso sí, como “remota posibilidad”– de que, “a la vista del nivel de podredumbre del Gobierno actual y ante la escasa ilusión generada por Feijóo, surja de nuevo en España un partido liberal, impulsado desde la sociedad civil, y con un candidato que […] muestre una hoja servicios impecable y el magnetismo de los grandes líderes”. El autor se encarga de ponerle nombre a ese candidato desde el título mismo, aunque en el texto baraja también como alternativa el de Rosa Díez. Es más, ese partido liberal que debería surgir “de nuevo” no puede mirarse, a su juicio, sino en Ciudadanos o UPyD, nacidos ambos “en regiones donde el nacionalismo (hoy independentismo) tiene mucho tirón”.

Antes de abordar la viabilidad y la conveniencia de la aparición de una fuerza política de ese perfil, el lector me permitirá que empiece por desmentir una creencia muy extendida a lo largo de la pasada década. (Me ceñiré al caso de Ciudadanos, que es el que conozco desde sus comienzos por dentro y por fuera.) Ciudadanos nació como un partido en cuyo ideario tenían cabida tanto la socialdemocracia como el liberalismo. Puede decirse, pues, que estaba destinado a ocupar, o ese era su querer, el centro del tablero político. Pero el partido nació sobre todo como una formación antinacionalista que reclamaba, tal y como indicaba su primer manifiesto, la existencia en Cataluña de una fuerza política de nuevo cuño que se enfrentara a los problemas reales de los ciudadanos, ocultos bajo el manto hegemónico del nacionalismo. En este sentido, su función estaría mucho más cerca de la que suele atribuirse a los llamados “partidos bisagra”, susceptibles de aliarse lo mismo con el centroderecha que con el centroizquierda para apuntalar la gobernabilidad que no de un partido que aspira a alcanzar por sus propios medios el poder.

Tras su éxito inicial en Cataluña, donde consiguió representación en el Parlamento autonómico durante dos legislaturas, su gran crecimiento en la región y su expansión por el resto de España se produjo a partir de 2012, a rebufo del llamado procés. A Ciudadanos se le reconocía, con plena justicia, la valentía de haber plantado cara al independentismo en las instituciones y en la calle. El punto culminante de ese crecimiento se dio en 2017 en Cataluña, donde, meses después del golpe de Estado de Puigdemont, Junqueras y compañía, ganó los comicios autonómicos –era la primera vez que un partido declaradamente antinacionalista lo conseguía–, y en 2019 en el conjunto de España, donde, a pesar de su subida en votos y escaños en las elecciones generales del mes de abril, no logró rebasar al PP y convertirse de este modo en el principal partido de la oposición.

Y fue entonces cuando empezó la caída. Hasta el punto de que Ciudadanos pasó de 57 diputados a 10 en las elecciones de noviembre de aquel mismo año, convocadas tras los intentos voluntariamente fallidos de Pedro Sánchez de superar la investidura. El partido liderado por Albert Rivera –que dimitió como presidente de la formación y abandonó la política a la mañana siguiente de los resultados–, nacido para ejercer de bisagra, había renunciado meses antes a tal misión, cuando sus escaños, sumados a los del PSOE, hubieran permitido que Sánchez formara gobierno. Es verdad que, en tal caso, Sánchez probablemente habría encontrado cualquier excusa para rechazar la oferta de Rivera, pero el gesto de uno y de otro hubieran quedado ahí, listos para engrosar la hemeroteca: la iniciativa generosa del segundo en aras de la gobernabilidad del país confrontada a la irresponsabilidad de quien ya no velaba más que por sus propios intereses. Sea como fuere, nadie habría podido decir en lo sucesivo que Ciudadanos no había servido para lo que fue creado.

Y luego están las evidencias. A lo largo de aquel aciago verano de 2019 en el que nada parecía moverse en la política del país, los sondeos de opinión de los que disponían los partidos sí iban reflejando dos tendencias. De una parte, el desplome de Ciudadanos; de otra, la crecida de Vox, crecida que terminó concretándose en noviembre en un salto de 24 a 52 diputados. Es verdad que no todo el voto perdido por Ciudadanos fue a parar a Vox; también el PP había recuperado en noviembre un buen puñado de los escaños que el partido de Rivera –que en su IV Asamblea general había eliminado de su ideario la referencia a la socialdemocracia– le había quitado. Pero el hecho decisivo, insisto, fue que Ciudadanos dejó de ser útil para muchos españoles. Y que, puestos a poner pie en pared ante las envestidas del separatismo, más valía encomendarse al mensaje claro y rotundo de Vox, al que se unía, por lo demás, la contundencia en su denuncia del wokismo y de la inmigración ilegal, que apostar por los devaneos de Ciudadanos.

Y ahora volvamos al principio, esto es, a la viabilidad y conveniencia de la creación ex novo de un partido liberal. Empezaré por lo segundo. En un país tan polarizado como lo es España en estos momentos, ¿tiene sentido dispersar aún más el voto con la creación de una nueva fuerza política? Aunque un partido liberal no tiene por qué adscribirse a la derecha del tablero, no hay duda de que hoy sólo cabría en esta parte. La otra la ocupan de cabo a cabo los partidos en el Gobierno y los que les prestan su apoyo. Así pues, ¿tiene sentido dividir el voto entre tres, con la pérdida irremisible de escaños que ello conlleva, cuando puede dividirse entre dos? Habrá quien aduzca, en favor de la creación de este partido liberal, que acaso recogería el voto de quienes han sido votantes tradicionales del PSOE y que hoy, incapaces de seguir votándole y para no malgastar la papeleta, se abstendrían de ir a votar. A esos habría que convencerles de que lo prioritario hoy en día es desalojar a Sánchez del poder y que la mejor forma de hacerlo, y la más segura, es votar al PP, la opción política que más se acerca a aquel partido socialista de otro tiempo.

En lo que respecta a la viabilidad de un partido liberal, creo que lo más sensato es hacerse la pregunta cuando este país haya recuperado la normalidad institucional y Yo el Supremo se encuentre de una vez por todas allí donde le corresponde, es decir, entre los desechos de nuestra historia política más reciente.

(The Objective, jueves 26 de junio de 2025)

García Montero y la soberbia judicial

2025-06-12T23:00:00.001+02:00

De aquel lejano gobierno formado por Pedro Sánchez en 2018 tras la moción de censura que se llevó por delante a Mariano Rajoy sólo quedan en pie, aparte del presidente, tres piezas: Margarita Robles, María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlasca. No me atrevería a decir si esta longevidad –siete años seguidos pisando moqueta ministerial– es fruto de su eficiencia o de su lealtad, aunque, tratándose de Sánchez, seguro que lo segundo pesa más que lo primero. Pero ese triunvirato ministerial no debería esconder otros casos de permanencia en el cargo en lo que podríamos calificar de segundo nivel.

Uno, y muy llamativo, es el de Luis García Montero, el actual director del Instituto Cervantes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ignoro si su nombramiento fue a propuesta del entonces ministro del ramo, Josep Borrell, o si se trató de un dedazo del propio Sánchez. Sea lo que fuere, el hombre ya ha visto pasar un total de tres ministros y ahí sigue, hasta el punto de que a estas alturas es el director que más años ha estado al frente del Instituto.

Pero la dirección del Cervantes García Montero la ha compaginado, entre otras actividades, con una colaboración semanal en el diario El País, donde lleva años estampando su firma todos los lunes en la contraportada. Confieso que siempre me ha sorprendido que un cargo público no viera impedimento alguno en compatibilizar su labor institucional con la escritura en prensa. Hablo, por supuesto, de una colaboración periódica; el que un político escriba de vez en cuando en los medios, y en especial si lo que escribe trata de asuntos que atañen a la tarea que está desarrollando y pueden considerarse, pues, de interés general, lo encuentro más que razonable. Pero no es el caso de García Montero. Como he indicado, el director del Cervantes escribe una columna cada lunes desde hace años, y encima en la página de mayor notoriedad del periódico, a excepción de la primera. No contento con esto, en vez de dejar a un lado la actualidad política y dedicar su artículo, pongamos por caso, a la lírica, la filatelia, la trashumancia o a algún suceso pintoresco del que haya sido testigo, García Montero se sumerge a menudo en el mismo cenagal en el que se va hundiendo, día tras día, el Gobierno al que sirve. Así, el lunes de la pasada semana arremetió en su columna contra los jueces. Perdón, no contra todos; sólo contra los que “se salen de su decencia profesional para sustituir a la voluntad del pueblo encarnada en la política [,] aprovechan la crispación y buscan protagonismo, convertidos en una autoridad social sin límites que no distingue entre denuncias, pruebas, indicios y sospechas”. Lo cual le llevaba a sentenciar: “Si este tipo de jueces consigue convertir su soberbia en costumbre jurídica, un poder judicial autopoderoso se convertirá en el problema más grave de la democracia”.

Que hable de decencia profesional quien no tiene inconveniente en cometer, o cuando menos en permitir, cuantas irregularidades sean necesarias con tal de favorecer a una subordinada facilitándole una plaza de funcionaria en el Instituto que dirige, tal como reveló aquí mismo Antonio Rodríguez, dice mucho de la probidad del columnista. Pero al margen del alegato contra “este tipo de jueces” –donde es fácil adivinar los nombres de todos aquellos que tienen en sus manos procedimientos judiciales vinculados a casos de corrupción que afectan al círculo familiar y político del presidente del Gobierno–, lo que en verdad resulta asombroso es el remedio propuesto por García Montero para impartir justicia: la Fiscalía, escribe, “el único contrapoder que puede enfrentarse a la soberbia judicial”. Y al referirse a la Fiscalía está pensando, claro está, en el fiscal general y su tropel de seguros servidores, que no han dudado en recurrir a los medios más rastreros para entorpecer la tarea de la justicia cuando esta podía perjudicar los intereses de Pedro Sánchez. Así las cosas, que esta misma semana haya trascendido que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dictado un auto por el que se envía a juicio al fiscal general Ángel García Ortiz y a Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, acusados de filtrar datos privados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid siguiendo indicaciones de Presidencia del Gobierno, no habrá sino confirmado, a ojos de García Montero, la magnitud de la soberbia de “este tipo de jueces”.

Valga como circunstancia eximente de su, llamémosle, pensamiento, la información que sobre el caso viene publicando el propio periódico en que García Montero publica, lunes tras lunes, sus columnas y que sin duda es el suyo de cabecera. Y también, claro –aunque aquí no hay absolución posible, sino terca persistencia en un despotismo institucionalizado–, el que, como buen comunista, lo que en el fondo desearía es un poder judicial subordinado al poder político. Eso sí, siempre y cuando mandaran los suyos.

(The Objective, 12 de junio de 2025)

La inmigración como problema

2025-05-29T23:00:00.002+02:00

Ignoro si el problema de la inmigración será uno de los temas a debatir en el próximo congreso del Partido Popular, aunque sería bueno que así fuera. Jesús Fernández-Villaverde, doctor en Economía e investigador y docente en diversas universidades extranjeras, daba cuenta el sábado en una entrevista en El Mundo de la magnitud del problema al advertir –y apuntalar con sólidas evidencias– de que “el nivel de inmigración que tenemos es insostenible y económicamente muy mal negocio”. Y los artículos publicados recientemente sobre el particular en estas mismas páginas por Enrique Morales y Marcos Ondarra no ofrecían tampoco ningún sosiego. De un lado, según datos del Banco de España correspondientes a 2023, España es uno de los países de la Unión Europea con mayores tasas de entrada de extranjeros: 24 inmigrantes por cada mil habitantes, en contraste, por ejemplo, con Francia –5 por cada mil– o Italia –6 por cada mil–. De otro lado, la nueva ley de extranjería que entró en vigor el pasado martes y ha rebajado los requisitos exigidos para la nacionalización hará que en tres años 900.000 inmigrantes puedan regularizar su situación.

No parece, en definitiva, que al Gobierno le asusten esas cifras. Muy al contrario, se comporta en este terreno como se ha comportado con el reparto de los menores migrantes no acompañados desembarcados en Canarias. O sea, utilizando el problema como arma política. Si con los menas, tras desentenderse primero del asunto, se esforzó luego en no llegar a acuerdos con la oposición y, sobre todo, en no lesionar con sus decisiones los intereses de comunidades autónomas gobernadas por partidos de los que depende para mantener su frágil mayoría en el Congreso, todo indica que con la nueva ley quiere predisponer a los inmigrantes a su favor con vistas a futuras contiendas electorales.

Pero al margen de estos aspectos, ya por sí mismos preocupantes, si el partido destinado a gobernar España cuando Yo el Supremo abandone la Moncloa desea abordar de verdad en su congreso eso que se ha venido en llamar “la batalla de las ideas”, no debería descuidar otra cara de la inmigración, acaso la más importante cuando se trata de migrantes de religión musulmana. A ella se refería el rotativo Le Figaro el pasado miércoles 21 en una exclusiva que revelaba la existencia de un informe minucioso y detallado, encargado por el ministro de Interior, sobre el grado de infiltración de los Frères Musulmans (Hermanos Musulmanes) en los ámbitos políticos, educativos, asociativos, deportivos y culturales franceses, sin olvidar las redes sociales. El periódico lo calificaba de explosivo y, a juzgar por lo publicado, sin duda lo es. Tanto, que el mismo día el Consejo Superior de Defensa Nacional, presidido por Emmanuel Macron, lo convirtió en el tema central de su reunión. El presidente de la República pidió a su término un tiempo de reflexión antes de anunciar las respuestas del Estado, pero todo induce a creer que estas van a ser contundentes.

Frères Musulmans es una organización fundada hace cerca de un siglo en Egipto y que tiene como fin último la implantación de la ley islámica. En Europa, se extendió primero por Alemania, Suiza y Reino Unido, antes de hacerlo por Francia. Su estrategia consiste, por una parte, en ir infiltrándose en distintos estratos sociales, procediendo de abajo arriba, y, por otra, en aislar a sus correligionarios del resto de la sociedad –la educación en madrasas tiene aquí un papel fundamental– con tal de inculcarles la doctrina islámica. El mismo miércoles, tras hacerse público el informe, los partidos de centro y de derecha franceses expresaron su apoyo a las medidas que vaya a tomar el Gobierno, mientras que Jean-Luc Mélenchon, líder de la principal formación de izquierda, las criticaba con el argumento de que iban a acrecentar la islamofobia. (Curiosamente, y no creo que sea casualidad, el escritor Michel Houellebecq anticipaba ya en 2015 en su novela Soumission un escenario no muy alejado del actual, que situaba en el año 2022 y en el que una Fraternidad Musulmana alcanzaba en Francia el poder.)

No sé si en España el CNI o algún otro organismo vinculado a Defensa o Interior andará investigando la posible existencia de una trama similar; al fin y al cabo, no se trata de una organización terrorista. Pero, aun así, no estaría de más que tomara el informe desvelado por Le Figaro como modelo de lo que conviene hacer. Y que, ya puestos, empezara por escarbar en Cataluña, donde el Gobierno de Convergència i Unió se empeñó a comienzos de siglo en catalanizar a los inmigrantes magrebíes, para lo cual nombró al independentista Àngel Colom delegado de la Generalitat en Marruecos. La idea era favorecer la llegada a Cataluña de inmigrantes que no tuvieran como lengua materna el español, para así facilitar su conversión en catalanohablantes. Un cuarto de siglo más tarde, el número de ciudadanos que usan el catalán para relacionarse se halla, en el mejor de los casos, estadísticamente estancado. En cuanto a las consecuencias de dicha repoblación forzada, basta fijarse en el crecimiento exponencial de la xenófoba Aliança Catalana para convencerse del éxito de la empresa.

(The Objective, 29 de mayo de 2025)