Después de haber tomado declaración testimonial a empleados y directivos del Hotel 15 de Diciembre, que es propiedad del Sindicato de los Camioneros, el fiscal marplatense Carlos David Bruna ordenó una pericia contable para tratar de precisar el monto del presunto fraude que investiga alrededor de la administración del complejo, que depende de Hugo Moyano. Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales al tanto del expediente.

En el gremio advierten que el desvío de fondos podría alcanzar los 10 millones de dólares. La denuncia en la justicia marplatense fue realizada por Héctor “Yoyo” Maldonado, una suerte de mano derecha de Moyano y con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo. Desde que explotó este escándalo, Moyano resolvió desplazar a dos dirigentes de la comisión directiva: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos pertenecían a su círculo íntimo. Además, esta semana no le habría aceptado la renuncia a Rodrigo Condorí, uno de sus abogados y quien supo ser el interventor de la compañía postal OCA cuando quedó bajó control del gremio.

El escándalo por los supuestos negociados en el Hotel 15 de Diciembre derivó, además, en la expulsión del gremio del administrador del complejo, ubicado en Santa Fe 2373, en el centro de Mar del Plata, la ciudad natal de Moyano. El empleado desplazado no habría tenido poder de decisión en la maniobra de presunta estafa y fraude, según el descargo que presentó mediante su abogado en una fiscalía marplatense.

El empleado que fue demandado penalmente por el gremio pidió mantener su identidad bajo reserva. Actualmente, el hotel está cerrado “por reformas” y los afiliados no pueden reservar habitaciones.

La investigación judicial está focalizada en lo que fue la administración del hotel y en los supuestos sobreprecios pagados por servicios y alimentos. Se habría dispuesto el bloqueo de todos los cheques emitidos, según dijeron fuentes judiciales y sindicales.

“Esto es para tapar otros problemas, como la interna o cuestiones económicas. No pueden justificar gastos y por eso echaron a los dos directivos de Buenos Aires. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata”, explicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente judicial. De ser así, el avance de esta causa podría salpicar a Moyano, como jefe del sindicato.

Tal vez sabiendo que el Ministerio Público Fiscal revisará las cuentas del gremio, Moyano ordenó esta semana una auditoría interna. Entre algunos otros cambios, dispuso que Marcos Vivas, que antes se desempeñaba en el área de comunicación, ocupe un puesto en la tesorería.

Diferentes fuentes del gremio vinculan el escándalo a la disputa de poder entre Hugo Moyano y su hijo Pablo por el control del sindicato. Lo cierto es que Pablo, si bien conserva su cargo de secretario adjunto, un virtual número dos, está alejado hace casi dos años de la vida interna del gremio. Mantiene de todos modos a hombres propios en diferentes estructuras. Uno de ellos es Marcelo Aparicio, el secretario gremial, que tiene ascendencia sobre las diferentes ramas.

Pablo Moyano dejó de asistir a su despacho en el gremio y se dedica prácticamente a tiempo completo a su cargo de presidente del Club Deportivo Camioneros, que tuvo un vertiginoso ascenso en el fútbol argentino, con tres ascensos de categoría en dos años. Es más, lo entusiasma ocupar a partir del año que viene un cargo en representación del club en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde manda Claudio Tapia, su excuñado y también con pasado en la dirigencia del gremio de los camioneros.

Por Nicolás Balinotti

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El monto surge de aplicar la equivalencia del 22% del Haber Mínimo Garantizado, fijado en $326.298,38 por la Resolución ANSES N° 317/2025, correspondiente a octubre de 2025, con un incremento del 1,88% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Este valor actualiza las sanciones previstas en el artículo 32 de la Ley N° 24.557, que establece multas de entre 20 y 2.000 MOPREs por incumplimientos, lo que equivale a un rango de $1.435.712,80 a $143.571.280.

De acuerdo con el Decreto N° 1.694/2009, la SRT es la responsable de publicar el importe actualizado del MOPRE cada vez que la ANSES ajusta el Haber Mínimo Garantizado, conforme a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley N° 26.417. La resolución, firmada por el Superintendente Gustavo Darío Morón, fue publicada el 8 de octubre y busca garantizar la adecuación de las sanciones al contexto económico, protegiendo los derechos de los trabajadores dentro del sistema de riesgos laborales.

Multas por riesgos del trabajo: Aclaración sobre los cálculos

El valor del MOPRE de $71.785,64 se obtiene al aplicar el 22% al Haber Mínimo Garantizado de $326.298,38, según lo estipulado en el artículo 15 del Decreto N° 1.694/2009. Este cálculo (0,22 × $326.298,38 = $71.785,64) refleja la equivalencia establecida por la normativa.

Las multas, definidas en el artículo 32 de la Ley N° 24.557, se determinan multiplicando el MOPRE por el rango de 20 a 2.000, resultando en $1.435.712,80 (20 × $71.785,64) para la multa mínima y $143.571.280 (2.000 × $71.785,64) para la máxima, asegurando que los montos sean proporcionales a la gravedad del incumplimiento.

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CONFLICTOS EN PUERTA

Como es bien sabido se viven tiempos agitados en la UOMRA, producto de las próximas elecciones donde se vienen cambios en algunas importantes seccionales y en la conducción nacional.
Diversas agrupaciones metalúrgicas de distintas seccionales del país se preparan para dirimir sus diferencias y promover recambios en un ambiente democrático.
Lo llamativo es que, en la Seccional Zarate Campana del actual secretario general de la UOM, Albel Furlán y a Sol Calles, a quien califican como “La Primera Dama de la UOMRA” se le presentó una consolidada lista opositora. Voceros de la agrupación contraria a la dupla Furlán- Calles, aseguran que tienen los votos para derrotarlos en las próximas elecciones.
Esta aseveración se basa en la picante asamblea, donde por ínfimo margen Furlán-Calles pudieron mantener su junta electoral. Pero una cosa es una asamblea convocada por el oficialismo y otra cosa muy distinta es la elección con voto directo de todos los trabajadores.
Lo que viene generando malestar en el Secretariado Nacional es el ninguneo de Furlán-Calles al histórico y legendario Naldo Bunelli, cuando su Seccional de San Nicolás es desplazada como a él mismo. del entramado que conduce hoy la UOMRA.
Ahora bien, a esta situación se suman los intereses económicos que desde la Obra Social manipula el diestro o siniestro –según quien lo mire- Raúl Olmos que está enfrentado a Furlán y a otros secretarios generales que salieron de su gerenciadora RED BASA y se autogestionan como La Matanza y Vicente López y varias seccionales más que muestran mejores resultados en el manejo de la Obra Social que la gerenciadora de Raúl Olmos.
Toda esta situación política, económica y social que vive la UOMRA podría afectar al negocio de Raúl Olmos, ya que el ejemplo de las seccionales independientes de RED BASA podría expandirse al resto de las seccionales. Dejándolo en inferioridad de condiciones frente a Furlán que pretende quitarle en gran negocio del “seguro de vida y sepelio”. El rumor insistente es que Raúl Olmos está operando dentro de la UOM para comprar voluntades a través de algunos dirigentes socios entre los que se destacan Osvaldo Lobatto (San Martín), Daniel Laporta (Avellaneda), Antonio Caló (Capital) y Antonio Donello (Rosario).

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