Prensa y Expresión

Primera Enmienda en Buenos Aires

2013-05-15T11:37:00.000-04:00

En una decisión política que profundizará las diferencias con el gobierno nacional de Cristina de Kirchner, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en un arrebato por hacer prevalecer el federalismo, sancionó un decreto para proteger la libertad de prensa, una medida que evita que Cristina pueda disponer mayores ataques a periodistas y medios de comunicación en la capital del país.

El decreto de “necesidad y urgencia para la protección de la libertad de prensa” es una especie de Primera Enmienda o de escudo protector para evitar que los medios y periodistas puedan ser sometidos a intervenciones autoritarias del gobierno; todo esto en el contexto de fuertes rumores de intervención federal sobre la propiedad mediática del Grupo Clarín y de allanamientos que se han hecho a casas de periodistas críticos del gobierno.

El decreto no puede frenar ningún tipo de metodología federal contra los medios, pero dispone que por 30 días esos conflictos deban dirimirse ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad.

Macri, al momento del anuncio del decreto, hizo referencias a los artículos de la Constitución (14 y 32) y de la carta de la ciudad (47) sobre la necesidad de garantizar la libertad de prensa, además de criticar a la Presidenta por su falta de vocación a favor de la libertad de prensa, denunciando que el gobierno federal también insiste en discriminar a los medios a través de la publicidad oficial.

Para que el decreto siga teniendo vigencia después de los 30 días, deberá ser sancionado por la Legislatura porteña.

Petrodiplomacia y legitimidad

2013-05-13T22:38:00.000-04:00

La petrodiplomacia es característica principal del chavismo. Pero a diferencia de Hugo Chávez, que la utilizaba a la ofensiva para crear alianzas, abrir mercados y vender ideas, el presidente Nicolás Maduro la usa en defensa propia, para comprar legitimidad y protección.

Ante fuertes sospechas de que el 14 de abril ganó mediante fraude electoral, Maduro recorrió esta semana Brasilia, Buenos Aires y Montevideo. El viaje no tuvo intención económica sino política. Como fachada ofreció acuerdos para trocar petróleo por alimentos, pero el objetivo fue bloquear posibles consensos para que desde el Mercosur, la UNASUR o la OEA, se intente sugerir la revisión de las elecciones o activar la Carta Democrática Interamericana.

Venezuela también usó esta semana la diplomacia preventiva a través de Petrocaribe. Incorporó a Honduras y Guatemala, aumentando su póliza de seguro con países que si bien se benefician ahora con petróleo a precios reducidos y diferidos y bajas tasas de interés, endeudan a sus gobiernos del futuro.

La defensiva de Maduro es lógica. Busca contrarrestar la ofensiva de miembros y legisladores de la oposición que, evidencias en mano, se pasearon por varios países latinoamericanos a denunciar el fraude. Cuentan con más de cuatro mil denuncias de empleados públicos despedidos por no votar por la revolución, un par de presos políticos y sus propias cicatrices y moretones, desde que fueron brutalmente golpeados en la Asamblea Nacional, mientras el titular del recinto, Diosdado Cabello, ordenaba cerrar las puertas y les prohibía hablar o cobrar sueldos por no reconocer a Maduro presidente.

En el Cono Sur no debe haber sido fácil escuchar a Maduro. Fue a validar métodos similares que estos gobernantes sufrieron en manos del autoritarismo cuando estaban en la oposición o proscriptos. Pero ironías del destino, en Argentina, donde más juicios se hicieron por las violaciones a los derechos humanos del pasado, Maduro tuvo pan y circo en estadio de fútbol, donde se lo vitoreó por decir que vio a Chávez “en cada esquina de Buenos Aires”.

En su primer periplo, Maduro no consiguió simpatías como despertaba Chávez, pero tampoco creó enemigos. Habló del manido tema del imperio, pero limitó su perorata sobre denuncias de sabotaje. Ni siquiera mencionó al ex presidente colombiano Álvaro Uribe como a su nuevo “asesino”, ni hostigó a gobiernos de Perú y España, que se ofrecieron como intermediarios, pidiendo mayor tolerancia y diálogo para superar la crisis.

En lo político, Maduro dio un paso positivo para neutralizar a sus aliados. Pero en la calle no se lo tomó en serio, todavía se lo reconoce como interlocutor de pajaritos y pese a que trata de ganar adeptos mezclando a Artigas y Bolívar, con Chávez y Perón, se interpretó que fue a “comprar” legitimidad. Todos saben que Venezuela está comprometida, que una caída de los precios del petróleo reduciría la beneficencia diplomática y, con ello, se desmoronaría la revolución.

Por otro lado, Herique Capriles, cree que habría ganado por 400 mil votos en lugar de perder por 224 mil de no haber sido por el fraude. Convencido, no cesa de denunciar el fraude y exige anulación de los comicios ante el Superior Tribunal Electoral. Aun reconociendo que la justicia responde al gobierno, sabe que su prédica es la única herramienta para desafiar al poder y para obligar a las instituciones a responder y ser transparentes.

Lo gran duda es si fue buena su decisión y de la oposición no acudir al proceso de auditoría que el Consejo Nacional Electoral empezó esta semana. El hecho de que no se quiere validar otra irregularidad, porque el conteo es incompleto y no se revisarán los padrones electorales donde se confirmarían evidencias de miles de votos dobles y de fallecidos, demuestra la impotencia de la oposición ante un poder que lo puede todo y que no tiene vergüenza de nada.

Hubiera sido mejor seguir vigilando el proceso de auditoría de cerca y deslegitimarlo sobre la marcha si era necesario. Es que la oposición ya tuvo una pésima experiencia cuando se retiró de la Asamblea General y de las elecciones parlamentarias en 2005. En lugar de dejar sentado un principio, le extendió un cheque en blanco al oficialismo y, de esa forma, legitimó e incentivó los abusos que buscaba frenar.

Expropiará el papel; y algo más

2013-05-11T15:22:00.002-04:00

El gobierno de Cristina Kircher sigue con la lógica impuesta por su ex marido de quebrar al Grupo Clarín. Luego del romance inicial del Grupo Clarín con Néstor Kirchner llegaron las grandes desavenencias y los insultos al por mayor. Le siguió la Ley de Medios o de Servicios Audiovisuales para que el Grupo Clarín tenga que desinvertir, acusando al grupo de ser un monopolio que no lo es, en un país donde existen varios grupos que concentran medios y donde el Estado (que es manejado como gobierno) ya tiene casi o más cantidad de medios y periodistas que los medios privados.

Luego siguió la intervención estatal de la fábrica Papel Prensa, de la que Clarín es socio mayoritario con 59 por ciento, La Nación con 22 y el resto del Estado, una época en que Cristina decretó que el papel de periódicos es un producto de interés nacional por lo que se asumía un rol preponderante en la fabricación de papel, su distribución y la importación de insumos. Una movida que incluso encontró adeptos dentro del propio periodismo, particularmente del interior argentino, donde varios diarios debieron soportar las políticas arrogantes de Clarín y La Nación en la repartija de papel a regañadientes y a precios más altos, que hacían difícil la sustentabilidad de los diarios que debían pagar más o importar a mayores precios.

Pero ahora con la expropiación de Papel Prensa presentado en proyecto de ley por diputados kirchneristas, el gobierno quiere quedarse con la mayoría de las acciones, mediante argucia del “interés nacional” y de que el Estado velará para que haya suministro parejo para todos y así la libertad de prensa estará garantizada.

Obviamente se trata de una mentira. Así como el gobierno usa la publicidad para entregarla solo a medios amigos y negarla a los independientes y críticos, usará el papel con el mismo criterio. En Argentina, donde el gobierno se comporta y cree que es Estado, esta política es una de las tantas que se utiliza para arremeter contra la prensa independiente. Seguramente se trata de una nueva represalia en contra de Jorge Lanata, quien desde Clarín y la televisión sigue denunciando la corrupción que roza a la Presidenta, su ex marido y al entorno de ambos; y recuerda episodios corruptos que nunca se cerraron, como la valija de Antonini.

De consumarse la expropiación de papel, no será la última bofetada. Vendrán otras. El gobierno persiste en su estrategia de apagar cualquier voz que opaque la agenda única que quiere imponer en el país. Si esta situación del kirchnerismo se asemeja cada vez más al chavismo venezolano, no es pura coincidencia.

El gobierno de izquierda de los Kirchner, se asemeja al de derecha de Carlos Menem: Es corrupto, manipula a la justicia y odia a la prensa.

Correa insiste contra la CIDH

2013-05-10T09:55:00.001-04:00

El presidente Rafael Correa se la tiene jurada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El último informe de libertad de prensa sobre Ecuador, habla de más de 70 violaciones cometidas por el gobierno ecuatoriano.

Por razones similares en el pasado y enojadísimo porque según él se le desprestigia en materia de derechos humanos, Correa impulsó, dentro del esquema de los países que conforman el ALBA, una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) con el objetivo de debilitarlo y neutralizarlo. En su intención, Correa arremetió contra la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, se quejó de que esta instancia tenga fondos provenientes de gobiernos fuera del sistema, como de EE.UU. y de países europeos, y puso cortapisas para que no pueda “entrometerse en asuntos internos”, lo que equivale a sacarle a esa oficina su razón de ser.

Aquella vez, la propuesta de Correa - impulsada en una reunión celebrada en Cochabamba, Bolivia, en 2011 y tras posteriores reuniones, lobby y presión a otros gobiernos - terminó por desvanecerse el 23 de marzo de este año, tras una Asamblea General Extraordinaria de la OEA. Ecuador y los países del ALBA no consiguieron el apoyo necesario y, por aclamación, se aprobó una resolución dando por terminado el proceso de reflexión sobre las reformas al SIDH. Sin embargo, se dejó una puerta abierta para que el proceso pudiera continuar.

Con esa puerta entreabierta, el gobierno ecuatoriano difícilmente se quedaría con las manos atadas. Como corolario, de nuevo eligió la ciudad de Cochabamba para que este próximo 14 de mayo se insista con la reforma del SIDH, al menos, con la intención de que la sede de la CIDH salga de Washington para instalarse en Buenos Aires. Se trata de una segunda reunión con los cancilleres de los 23 estados que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

Esta segunda oportunidad demuestra varias cosas. Primero la tozudez y terquedad de Correa de cumplir con sus objetivos. Segundo, que la OEA tendrá que discutir y gastar energías nuevamente en un tema que es irrelevante ante otros como la activación de la Carta Democrática Interamericana ante el supuesto fraude electoral en Venezuela. Y tercero, obligará nuevamente a miles de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos a tener que lidiar contra un aparato intergubernamental paquidérmico y burocrático de impredecible conducta.