Prevención del Lavado de Activos

DE LA OBLIGACIÓN A LA ESTRATEGIA: 7 BUENAS PRÁCTICAS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA EMPRESA

2026-09-12T11:10:51.785-07:00

El lavado de activos no es un riesgo exclusivo de bancos y entidades financieras. Empresas inmobiliarias, automotrices, constructoras, comercializadoras, casas de cambio, estudios profesionales y muchas otras actividades pueden ser utilizadas para introducir, movilizar u ocultar fondos de origen ilícito.

Por ello, un sistema eficaz de prevención no debería limitarse al cumplimiento formal de procedimientos. El objetivo es conocer los riesgos de la empresa, identificar oportunamente comportamientos inusuales y adoptar controles proporcionales a esos riesgos. Este enfoque basado en riesgos constituye uno de los pilares de los estándares internacionales del GAFI.

Estas son algunas de las mejores prácticas que una empresa puede implementar.

1. Conocer y evaluar los riesgos de LA/FT

El primer paso consiste en identificar cómo podría utilizarse el negocio para lavar activos. La empresa debe evaluar sus principales factores de riesgo: clientes, productos o servicios, canales de distribución y zonas geográficas, considerando además la naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones.

No todos los riesgos requieren los mismos controles. Una operación de bajo riesgo puede recibir un tratamiento estándar, mientras que una operación de mayor exposición requiere verificaciones adicionales.

2. Aplicar una debida diligencia efectiva

“Conocer al cliente” significa mucho más que solicitar su documento de identidad. Es necesario comprender quién es, a qué se dedica, cuál es el propósito de la relación comercial y si sus operaciones son razonablemente compatibles con su perfil económico.

La información obtenida debe mantenerse actualizada y los controles deben intensificarse cuando el riesgo sea mayor. La UIF-Perú destaca precisamente la debida diligencia con enfoque basado en riesgos como una de las principales medidas para reducir la exposición al LA/FT.

3. Identificar al beneficiario final

Las estructuras societarias complejas pueden utilizarse para ocultar a las personas que realmente poseen o controlan una empresa. Por ello, no basta con identificar al representante legal o al accionista inmediato.

Una buena práctica consiste en determinar quién está detrás de la estructura societaria, quién ejerce el control efectivo y quién se beneficia finalmente de la operación. La transparencia del beneficiario final constituye un componente fundamental de los estándares internacionales para evitar el uso indebido de personas jurídicas.

4. Implementar señales de alerta y monitoreo

Las empresas deberían establecer alertas relacionadas con sus propios riesgos. Operaciones incompatibles con los ingresos del cliente, pagos realizados por terceros sin justificación, cancelaciones anticipadas, transferencias provenientes de jurisdicciones de mayor riesgo o resistencia injustificada a proporcionar información pueden requerir un análisis adicional.

Una señal de alerta no significa automáticamente que exista lavado de activos. Es el punto de partida para investigar y comprender mejor una operación. La propia SBS distingue entre la identificación de una alerta y la determinación posterior de una operación inusual o sospechosa.

5. Fortalecer al Oficial de Cumplimiento

Cuando corresponda contar con esta función, el Oficial de Cumplimiento debe disponer de autonomía, acceso a información, herramientas tecnológicas y respaldo de la alta dirección.

Su función no debería reducirse a elaborar reportes regulatorios. Debe participar activamente en la evaluación de riesgos, análisis de operaciones inusuales, diseño de controles, capacitación y mejora continua del sistema preventivo.

6. Capacitar con casos reales

Las capacitaciones son más efectivas cuando enseñan a reconocer situaciones concretas. Por ejemplo: ¿qué debería hacer un trabajador si un cliente pretende adquirir un activo de elevado valor que no guarda relación con sus ingresos?

El personal comercial, administrativo y directivo debe comprender qué señales identificar, cómo actuar y a quién comunicar una situación inusual.

7. Utilizar tecnología e inteligencia artificial

La tecnología puede mejorar considerablemente la prevención. Analítica de datos, automatización e inteligencia artificial generativa pueden apoyar la segmentación de clientes, identificación de patrones, búsqueda de información adversa, priorización de alertas y análisis preliminar de operaciones.

Sin embargo, la tecnología debe complementar —no reemplazar— el criterio profesional. Los resultados deben ser verificables, documentados y sometidos a revisión humana cuando puedan afectar decisiones relevantes.

DE LA SEÑAL DE ALERTA AL ROS: CÓMO ANALIZAR UNA OPERACIÓN INUSUAL PASO A PASO

2026-08-30T17:58:50.735-07:00

Una señal de alerta no convierte automáticamente una operación en sospechosa. Su aparición indica que existe un comportamiento, transacción o circunstancia que se aparta de lo esperado y que merece ser analizado. El reto del Oficial de Cumplimiento consiste precisamente en transformar una alerta en una investigación razonada, capaz de determinar si existe una explicación económica o jurídica razonable o si, por el contrario, corresponde evaluar su reporte como operación sospechosa.

El proceso puede desarrollarse en seis pasos.

1. Identificar y comprender la señal de alerta

El primer paso consiste en determinar exactamente qué generó la alerta. Puede tratarse de una operación incompatible con el perfil económico, una cancelación anticipada, movimientos de fondos inusuales, intervención de terceros, fraccionamiento de operaciones o resistencia a proporcionar información.

No basta con registrar que “se activó una alerta”. El analista debe preguntarse: ¿qué comportamiento concreto resulta inusual?, ¿cuándo comenzó?, ¿es un hecho aislado o recurrente?

2. Recopilar información relevante

Identificada la alerta, corresponde reunir la información necesaria para comprenderla. El análisis puede incluir documentación de conocimiento del cliente, actividad económica, ingresos, patrimonio, operaciones históricas, origen de fondos, beneficiario final, relaciones con terceros y cualquier documentación que permita reconstruir razonablemente la operación.

Ejemplo: un cliente cancela anticipadamente un crédito equivalente a S/ 150,000. Antes de concluir que existe una operación sospechosa, debería determinarse quién efectuó el pago, de dónde provino el dinero y si el cliente tenía capacidad económica para realizarlo.

3. Analizar el contexto de la operación

Los números por sí solos dicen poco. Una operación debe interpretarse dentro de su contexto.

Una transferencia de S/ 200,000 puede resultar perfectamente razonable para una empresa con ventas anuales de varios millones de soles, pero ser altamente inusual para una persona que declara ingresos mensuales de S/ 3,500.

También deben considerarse circunstancias como cambios de actividad económica, venta de activos, préstamos, herencias, crecimiento empresarial u otros acontecimientos que puedan explicar razonablemente la operación.

4. Contrastar la operación con el perfil del cliente

Este es uno de los momentos centrales del análisis. El Oficial de Cumplimiento debe comparar lo ocurrido con lo que conoce del cliente.

Conviene formular preguntas sencillas: ¿la operación guarda relación con sus ingresos?, ¿es consistente con su actividad económica?, ¿el origen de los fondos resulta razonable?, ¿su comportamiento actual coincide con su historial?, ¿participan terceros sin una justificación aparente?

Por ejemplo, si un pequeño comerciante comienza a recibir y transferir elevados importes entre distintas cuentas y empresas sin relación conocida con su negocio, la discrepancia entre su perfil y su comportamiento transaccional requiere profundizar el análisis.

5. Documentar el análisis y sus conclusiones

Una buena investigación PLAFT debe permitir que otra persona pueda comprender qué ocurrió, qué se investigó y por qué se llegó a determinada conclusión.

El expediente debería reflejar la alerta detectada, operaciones analizadas, información consultada, documentación obtenida, explicaciones proporcionadas por el cliente, inconsistencias identificadas y razonamiento utilizado para cerrar o escalar el caso.

No es suficiente concluir: “la operación está justificada”. Debe explicarse por qué está justificada y qué evidencia respalda esa conclusión.

6. Decidir si corresponde evaluar un ROS

La pregunta final no debería ser simplemente: “¿se activó una señal de alerta?”, sino: ¿después del análisis existe una explicación razonable, verificable y coherente para la operación?

Si la información obtenida permite explicar satisfactoriamente el comportamiento observado, la alerta podrá cerrarse dejando debidamente documentado el análisis.

Por el contrario, cuando persisten inconsistencias relevantes, falta de justificación económica, dudas sobre el origen o destino de los fondos, participación injustificada de terceros u otros elementos que razonablemente generen sospecha, corresponderá evaluar la operación conforme al procedimiento establecido para el eventual Reporte de Operación Sospechosa (ROS).

De detectar alertas a construir hipótesis

El verdadero valor del Oficial de Cumplimiento no está en acumular alertas, sino en convertir información dispersa en una historia comprensible.

Una alerta es solamente el punto de partida. El análisis profesional comienza cuando preguntamos qué ocurrió, quién intervino, de dónde provino el dinero, cuál fue su destino y si todo ello resulta coherente con lo que conocemos del cliente.

En PLAFT, detectar es importante. Saber investigar, documentar y fundamentar una decisión lo es mucho más.

10 SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS QUE TODO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEBERÍA CONOCER

2026-08-24T18:52:39.845-07:00

En prevención del lavado de activos, una señal de alerta no demuestra por sí sola que exista una operación sospechosa. Es, más bien, un indicador que advierte que una operación, comportamiento o característica del cliente se aparta de lo esperado y que, por tanto, merece un análisis más profundo.

Para el Oficial de Cumplimiento, el verdadero desafío no consiste únicamente en detectar alertas, sino en interpretarlas dentro del contexto del cliente y determinar si existe una explicación razonable y verificable. Estas son diez señales que conviene tener siempre presentes.

1. Operaciones incompatibles con el perfil económico

Una de las alertas más relevantes aparece cuando las operaciones realizadas no guardan relación con los ingresos, actividad económica, patrimonio o antecedentes del cliente. Ejemplo: una persona que declara ingresos mensuales de S/ 4,000 adquiere en corto tiempo dos vehículos de alta gama sin financiamiento y sin acreditar otros ingresos.

2. Dificultad para justificar el origen de los fondos

No basta con conocer cuánto dinero utiliza el cliente. También puede ser necesario comprender de dónde proviene. Respuestas genéricas, contradictorias o sin documentación razonable incrementan el riesgo. Ejemplo: ante una operación importante, el cliente señala que el dinero corresponde a “ahorros familiares”, pero no puede explicar quién los generó, durante qué periodo ni cómo fueron acumulados.

3. Operaciones inusuales sin justificación económica aparente

Una operación puede ser perfectamente legal y, sin embargo, resultar inusual por su monto, frecuencia, características o falta de lógica económica. Ejemplo: una empresa comienza repentinamente a realizar operaciones por montos muy superiores a los registrados durante los últimos dos años, sin cambios conocidos en su actividad comercial.

4. Fraccionamiento de operaciones

La realización de múltiples operaciones por montos menores puede ser una señal relevante cuando parece orientada a evitar controles, registros o niveles de revisión. Ejemplo: en lugar de realizar una sola operación por S/ 100,000, el cliente efectúa varias operaciones similares por importes menores en un periodo reducido.

5. Estructuras societarias innecesariamente complejas

La utilización de múltiples empresas, sociedades en distintas jurisdicciones o cadenas de propiedad sin una razón comercial clara puede dificultar conocer quién controla realmente una operación. Ejemplo: una pequeña empresa local pertenece a otra sociedad extranjera que, a su vez, pertenece a varias compañías interpuestas, sin que el cliente explique una finalidad empresarial razonable para dicha estructura.

6. Dificultades para identificar al beneficiario final

Debe generar especial atención la resistencia a proporcionar información sobre las personas naturales que finalmente poseen o controlan una persona jurídica. Ejemplo: el representante insiste en entregar únicamente información de los accionistas formales, pero evita identificar a las personas naturales que se encuentran detrás de las sociedades accionistas.

7. Cancelaciones anticipadas sin explicación razonable

La cancelación anticipada de créditos u otras obligaciones puede convertirse en una señal cuando resulta incompatible con la capacidad económica conocida del cliente. Ejemplo: una persona obtiene financiamiento a cinco años y cancela prácticamente toda la deuda pocos meses después utilizando fondos provenientes de terceros.

8. Intervención injustificada de terceros

Debe analizarse por qué una persona distinta del cliente entrega fondos, realiza pagos o participa recurrentemente en las operaciones. Ejemplo: las cuotas de un financiamiento contratado por una persona son pagadas regularmente por diferentes personas que aparentemente no mantienen relación económica con ella.

9. Cambios abruptos en el comportamiento transaccional

El historial del cliente constituye una referencia fundamental. Un cambio significativo puede revelar un nuevo nivel de riesgo. Ejemplo: un cliente que durante años realizó operaciones pequeñas comienza repentinamente a efectuar transacciones frecuentes y de elevado importe sin que haya cambiado su actividad económica declarada.

10. Resistencia injustificada a proporcionar información

La negativa, evasión o entrega reiterada de información inconsistente durante la debida diligencia constituye una alerta que no debería evaluarse aisladamente. Ejemplo: ante preguntas sobre actividad económica, patrimonio u origen de fondos, el cliente modifica sucesivamente sus respuestas o presiona para que la operación se realice sin entregar los documentos solicitados.

LA GUÍA DE IDENTIFICACIÓN Y REPORTE DE ALERTAS: UN NUEVO ESTÁNDAR DE CALIDAD PARA EL SISTEMA PLAFT PERUANO

2026-08-17T18:58:14.919-07:00

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha publicado la Guía de Identificación y Reporte de Alertas 2026, un documento que introduce a los sujetos obligados un canal complementario al Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): las Alertas. Su propósito central es preservar la calidad de la información que recibe la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), evitando que hechos meramente informativos —sin sustento de inusualidad transaccional— saturen el canal del ROS.

El problema que resuelve

Durante años, muchos Oficiales de Cumplimiento enfrentaron la disyuntiva de qué hacer con información relevante pero no concluyente: una noticia adversa, una investigación fiscal en curso o una coincidencia en listas de riesgo, cuando el análisis de la operativa del cliente no arrojaba señales de inusualidad. Reportar estos casos como ROS generaba falsos positivos que, según la propia guía, consumen recursos de priorización en la UIF-Perú, deterioran el puntaje de calidad del sujeto obligado ante los supervisores y distraen al Ministerio Público de investigaciones con mayor sustento. La Alerta nace precisamente para canalizar esta información estratégica sin desnaturalizar al ROS como principal insumo de inteligencia financiera.

La regla de oro

El documento resume el criterio de decisión en una frase memorable: si no es posible describir una operación u operativa sospechosa, no es un ROS; es una Alerta. Cuando el reporte se sustenta exclusivamente en fuentes externas —prensa, fiscalía, listas informativas no vinculantes— y no en las operaciones observadas ante el sujeto obligado, corresponde el canal de Alertas. Una excepción crítica: esta flexibilidad no aplica a las coincidencias con las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, casos en los que procede el Congelamiento Administrativo de Fondos de forma inmediata.

Un formulario más ágil sobre la misma infraestructura

Operativamente, la Alerta se presenta a través del Portal PLAFT, reutilizando la estructura técnica del sistema ROSEL para minimizar la curva de aprendizaje. Sin embargo, exige menos campos obligatorios que el ROS: en la Sección 1 solo son indispensables la identificación de la oficina y la narrativa de los hechos; en la Sección 3 se simplifican los datos de la operación; y las Secciones 4 y 5 son enteramente opcionales. Esta flexibilidad refleja la naturaleza informativa —y no acusatoria— de la Alerta.

Casuística que aclara la frontera

La guía ilustra la distinción con dos casos contrastantes: un cliente mencionado en prensa por presunto delito, pero cuya operativa financiera es coherente con su perfil declarado (Alerta); frente a un joven que recibe fondos de un tercero y despliega un patrón de fraccionamiento y devolución compatible con uso de testaferros (ROS), independientemente de si existe o no cobertura mediática.

Consideraciones finales para el Oficial de Cumplimiento

El documento cierra con dos precisiones relevantes. Primero, la Alerta goza del mismo deber de reserva del artículo 12 de la Ley N.° 27693 que protege al ROS. Segundo, contempla la evolución de una Alerta hacia un ROS: si el monitoreo posterior detecta operaciones inusuales sustentadas, el nuevo ROS deberá referenciar expresamente el número de la Alerta previa como antecedente.

En síntesis, esta guía no solo formaliza un instrumento operativo adicional, sino que refuerza una cultura de calidad en el reporte: distinguir con rigor entre lo informativo y lo sospechoso fortalece la cadena de inteligencia financiera peruana.

CASOS DE USO DE LA IA GENERATIVA EN PLAFT

2026-08-06T08:48:30.266-07:00

La prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (PLAFT) atraviesa una etapa de transformación impulsada por la inteligencia artificial generativa. Más allá de automatizar tareas repetitivas, esta tecnología tiene la capacidad de comprender grandes volúmenes de información, sintetizar datos complejos y generar análisis que fortalecen la toma de decisiones de los oficiales de cumplimiento. No reemplaza el criterio humano ni las obligaciones regulatorias, pero sí se convierte en un aliado estratégico para mejorar la eficiencia, reducir tiempos de análisis y elevar la calidad de las investigaciones.

A continuación, se presentan cinco casos de uso con alto potencial para las organizaciones.

1. Debida diligencia reforzada de clientes

La IA generativa puede integrar información proveniente de expedientes internos, bases documentales y fuentes abiertas para elaborar perfiles de riesgo más completos. Asimismo, resume antecedentes relevantes, identifica inconsistencias entre la actividad económica declarada y la información disponible públicamente, y propone líneas de investigación adicionales. Esto permite acelerar los procesos de admisión de clientes sin sacrificar la profundidad del análisis.

2. Investigación de alertas y operaciones inusuales

Uno de los mayores desafíos de las áreas de cumplimiento consiste en revisar cientos de alertas generadas por los sistemas de monitoreo. La IA generativa puede analizar simultáneamente el comportamiento transaccional, el perfil del cliente, la documentación disponible y las noticias relacionadas para producir un informe preliminar que explique por qué una operación podría ser razonable o sospechosa. De esta manera, el analista dedica más tiempo al juicio profesional y menos a tareas manuales de recopilación de información.

3. Elaboración automática de informes técnicos

La redacción de informes de debida diligencia, investigaciones internas o sustentos para reportes de operaciones sospechosas suele demandar varias horas de trabajo. La IA generativa puede estructurar estos documentos utilizando formatos estandarizados, resumir evidencias, organizar cronologías y redactar conclusiones preliminares con lenguaje técnico y consistente. El especialista mantiene siempre la responsabilidad de revisar, validar y aprobar el contenido antes de su utilización.

4. Capacitación personalizada y asistencia normativa

La formación continua es un componente esencial de cualquier sistema PLAFT. Mediante asistentes inteligentes, la IA generativa puede responder consultas sobre normativa, explicar conceptos complejos con ejemplos prácticos, diseñar casos de estudio adaptados al sector económico y generar evaluaciones de conocimiento. Esto facilita una capacitación más dinámica, permanente y alineada con los riesgos específicos de cada organización.

5. Evaluación integral de riesgos LA/FT

La IA generativa también puede asistir en la identificación y evaluación de riesgos considerando factores como clientes, productos, canales de distribución y zonas geográficas. A partir de esa información, genera matrices de riesgo, identifica controles existentes, propone medidas de mitigación y explica el razonamiento detrás de cada recomendación. Como resultado, la organización obtiene una visión más integral y consistente de su exposición al riesgo.

La inteligencia artificial generativa representa una oportunidad para evolucionar desde un cumplimiento reactivo hacia un modelo preventivo, analítico e inteligente. Su verdadero valor no radica únicamente en automatizar procesos, sino en transformar grandes cantidades de información en conocimiento útil para la toma de decisiones. Las organizaciones que integren esta tecnología con una adecuada gobernanza, supervisión humana y estricto cumplimiento de la normativa estarán mejor preparadas para detectar riesgos emergentes y fortalecer la eficacia de sus sistemas de prevención del lavado de activos.

IA GENERATIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL LA/FT Y EL COMPLIANCE PENAL

2026-07-28T14:05:31.899-07:00

La prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), así como el Compliance Penal, atraviesan una etapa de profunda transformación impulsada por la inteligencia artificial (IA) generativa. Lejos de reemplazar el criterio del oficial de cumplimiento o del profesional de compliance, esta tecnología se ha convertido en un asistente especializado que potencia el análisis, mejora la productividad y fortalece la toma de decisiones basada en riesgos.

Uno de los principales aportes de la IA generativa es su capacidad para procesar grandes volúmenes de información en cuestión de segundos. Puede revisar normativa nacional e internacional, interpretar cambios regulatorios, resumir informes técnicos, analizar jurisprudencia y consolidar información proveniente de diversas fuentes abiertas. De esta manera, reduce significativamente el tiempo destinado a tareas repetitivas y permite que los especialistas concentren sus esfuerzos en actividades de mayor valor estratégico.

En el ámbito de la prevención del LA/FT, la IA también facilita la evaluación de riesgos mediante el análisis de factores relacionados con clientes, productos, canales de distribución y zonas geográficas. Asimismo, puede colaborar en la elaboración de matrices de riesgo, informes técnicos, procedimientos internos, programas de capacitación y borradores de reportes para la alta dirección. Estas capacidades contribuyen a que las organizaciones respondan con mayor rapidez y consistencia frente a los desafíos regulatorios.

En materia de Compliance Penal, la IA generativa constituye una herramienta de apoyo para identificar riesgos asociados a delitos corporativos, diseñar controles preventivos, revisar políticas y procedimientos, y generar documentación alineada con las mejores prácticas internacionales. Además, facilita la difusión de la cultura de cumplimiento mediante la creación de contenidos didácticos, casos prácticos y materiales de capacitación adaptados a distintos públicos.

No obstante, el uso de esta tecnología exige una adecuada supervisión humana. Los resultados generados por la IA deben ser validados por profesionales competentes, quienes son los responsables de verificar la exactitud de la información, interpretar el contexto y adoptar las decisiones finales. La IA no sustituye el juicio profesional; lo complementa.

En definitiva, las organizaciones que integren responsablemente la inteligencia artificial generativa en sus sistemas de prevención y cumplimiento estarán mejor preparadas para gestionar riesgos, incrementar la eficiencia operativa y afrontar un entorno regulatorio cada vez más complejo. El futuro del compliance no consiste en reemplazar a las personas con tecnología, sino en potenciar las capacidades humanas mediante herramientas inteligentes que permitan tomar decisiones más oportunas, fundamentadas y eficaces.

COMPLIANCE SOBRE PLAFT PARA EL SECTOR REAL

2020-09-29T18:15:00.001-07:00

No sólo son tiempos de pandemia, también son tiempos de compliance.

La principal característica del compliance sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) es su obligatoriedad, de manera que, los sujetos obligados no tienen otra alternativa que cumplirla en los términos descritos en la ley.

Tras la observancia de la norma encontramos dos escenarios: El primero, dado por el riesgo de que los productos/servicios del sujeto obligado sea utilizado para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo (LAFT), el cual debe ser administrado bajo la gestión del riesgo de LAFT; y, el segundo, dado por el deber de ceñirse a los preceptos normativos aplicables para evitar ser sancionado por su incumplimiento.

Gestionar el riesgo de LAFT no evita que el sujeto obligado incurra en infracciones a la normativa y sea sancionado por tal motivo.

Por tanto, los sujetos obligados deben asegurarse de gestionar sus riesgos de LAFT, para lo cual la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, con acierto, ha publicado recientemente unas guías sobre la materia para los sectores cambiario, construcción e inmobiliaria, y que se estructura en base a tres ejes fundamentales: (1) identificación y evaluación de riesgos, (2) perfil de riesgo para clientes y (3) monitoreo sobre la efectividad de los controles.

El cumplimiento de la normativa trasciende a la gestión del riesgo de LAFT y requiere ser igualmente cubierto para evitar sanciones.

La Resolución SBS N° 8930-2012, que aprobó el Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, detalla la relación de supuestos sancionables por incumplir las obligaciones sobre prevención del LAFT descritas en la Resolución SBS N° 789-2018, que aprobó la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Descripción de la infracción	Nivel de cumplimiento
Descripción de la infracción	Bueno	Regular	Malo
No haber aprobado el programa de capacitación en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, de acuerdo a la normativa vigente, en caso el sujeto obligado sea una persona jurídica.
No ejecutar durante el año calendario el programa de capacitación que corresponde al sujeto obligado en caso sea una persona jurídica.
No haber recibido la capacitación anual sobre prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo establecido en la normativa vigente, en caso el sujeto obligado sea persona natural; así como en el caso de los trabajadores, oficial de cumplimiento, gerente general, gerentes, administradores o los que hagan sus veces, cuando el sujeto obligado sea persona jurídica.
No cumplir con llevar un legajo personal de cada trabajador con la información mínima señalada en la normativa vigente.
No comunicar, dentro del plazo establecido en la norma, los cambios relacionados a la información mínima de la designación del oficial de cumplimiento.
No tomar acciones oportunas y debidas respecto de las observaciones y/o no cumplir con la implementación de las recomendaciones realizadas por la Superintendencia, a través de la UIF-Perú, con relación al sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo del sujeto obligado.
No entregar dentro del plazo establecido la información solicitada por la Superintendencia, a través de la UIF-Perú.
No brindar a la Superintendencia, a través de la UIF-Perú, las facilidades necesarias para el inicio y/o desarrollo de las visitas de supervisión o de cualquier otro procedimiento de control, u obstaculizar tales acciones.
No contar con un plan anual de auditoría especial del programa de detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, orientado a mejorar el sistema de control interno, cuando corresponda de acuerdo a la normativa vigente.
No contar con un plan anual de auditoría especial del programa de detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, orientado a mejorar el sistema de control interno, elaborado por un gerente distinto al oficial de cumplimiento, cuando corresponda.
No contratar una firma auditora independiente o equipo auditor distinto del que emite el informe anual de estados financieros, para que emita un informe especial que tenga su propio fin, cuando corresponda.
No cumplir con las obligaciones previstas en la normativa vigente sobre los informes del auditor externo y/o interno.
No tomar acciones oportunas y debidas respecto de las observaciones realizadas con relación al sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, por la auditoría interna o la auditoría externa, cuando corresponda.
No contar con registro de operaciones.
No registrar las operaciones, de acuerdo a lo exigido en la normativa vigente.
No conservar el registro de operaciones por el plazo establecido en la normativa vigente.
No cumplir con incluir en el registro de operaciones la información mínima establecida en la normativa vigente.
No contar con copia de seguridad del registro de operaciones, durante el plazo establecido en la normativa.
No poner a disposición de la Superintendencia, a través de la UIF-Perú, el registro de operaciones, o a disposición del Ministerio Público, las copias de seguridad de este, dentro del plazo establecido en la normativa vigente.
No cumplir con las disposiciones que emita la Superintendencia respecto al registro de operaciones
Incumplir o no aplicar los procedimientos necesarios para la detección de operaciones inusuales y sospechosas establecidas en las normas vigentes sobre prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo o las normas internas adoptadas por el propio sujeto obligado en esta materia.
No reportar a la UIF-Perú las operaciones sospechosas detectadas, realizadas o que hayan intentado realizarse, dentro del plazo establecido en la normativa vigente.
No dejar constancia documental del análisis y evaluación realizada para calificar una operación como inusual o sospechosa y/o no especificar el motivo por el cual una operación inusual no fue calificada como sospechosa y reportada a la UIF-Perú.
No cumplir con incluir en los reportes de operaciones sospechosas remitidos, la información mínima establecida en la normativa vigente.
No contar con un manual para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así como no mantenerlo actualizado.
No cumplir con los requisitos y/o condiciones exigidas por la normativa vigente en el manual para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
No contar con un manual para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, debidamente aprobado por los órganos correspondientes cuando sea persona jurídica, o por el titular si es persona natural.
No contar con un código de conducta para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así como no mantenerlo actualizado.
No cumplir con los requisitos y/o condiciones exigidas por la normativa vigente en el código de conducta para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
No contar con un código de conducta para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, debidamente aprobado por los órganos correspondientes cuando sea persona jurídica, o por el titular si es persona natural.
No designar oficial de cumplimiento.
No designar oficial de cumplimiento de acuerdo a los plazos previstos y/o los requisitos establecidos en la normativa vigente.
No comunicar a la Superintendencia, a través de la UIF-Perú, la designación del oficial de cumplimiento dentro del plazo establecido por la normativa vigente.
Que el oficial de cumplimiento no se desempeñe a dedicación exclusiva, cuando la Superintendencia señale al sujeto obligado que debe contar con un oficial de cumplimiento a dedicación exclusiva.
No brindar al oficial de cumplimiento las condiciones para contar con absoluta autonomía e independencia en el ejercicio de sus responsabilidades y funciones que le asigna la normativa vigente o no proveerlo de los recursos e infraestructura necesaria para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades y funciones.
Mantener el cargo de oficial de cumplimiento en situación de vacancia por más de treinta (30) días calendario, desde la fecha en que se produjo.
No mantener la confidencialidad del oficial de cumplimiento conforme a la normativa vigente.
No cumplir con las responsabilidades de oficial de cumplimiento previstas en la normativa vigente.
No comunicar a la Superintendencia, a través de la UIF-Perú, la remoción o resolución del cargo de oficial de cumplimiento dentro del plazo y de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
No comunicar la ausencia temporal del oficial de cumplimiento a la Superintendencia, a través de la UIF-Perú, así como el nombre del trabajador que lo reemplazará, de acuerdo a la normativa vigente.
Mantener la ausencia del cargo de oficial de cumplimiento por más de cuatro (4) meses.
No presentar el informe anual del oficial de cumplimiento dentro del plazo establecido en las normas vigentes.
No cumplir con presentar el informe anual del oficial de cumplimiento de acuerdo con el contenido mínimo establecido en las normas vigentes.
Presentar el informe anual del oficial de cumplimiento con información inexacta.
No haber evaluado, identificado y categorizado por lo menos una vez al año, los riesgos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, de acuerdo a la normativa vigente.
En el caso de los Notarios, no haber dejado constancia en la escritura pública, de haber efectuado las mínimas acciones de control y debida diligencia en materia de prevención del lavado de activos, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
Incumplir con la obligación de revisar permanentemente la publicación de las listas que realiza la SBS en su página web, de las personas o entidades designadas por el CSNU de conformidad con la Resoluciones 1267 (1999), 1718 (2006) y 2231 (2015), y las resoluciones que la sucedan y no contrastar estas con sus registros de operaciones y base de datos de sus clientes, usuarios y proveedores, de ser el caso, a efectos de identificar cualquier tipo de fondo u otros activos o cualquier operación que involucre a las personas o entidades designadas por el CSNU.
Incumplir con la obligación de comunicar sin demora a la UIF-Perú, los fondos u otros activos detectados de las personas o entidades designadas por el CSNU.
Incumplir con la obligación de revisar sin demora los registros de operaciones y base de datos de sus clientes, usuarios y proveedores, de ser el caso, a efectos de identificar cualquier tipo de fondo u otros activos o cualquier operación que involucre a las personas o entidades sobre las cuales la UIF-Perú dispone el congelamiento administrativo.
Incumplir con la obligación de comunicar sin demora a la UIF-Perú la no existencia de fondos u otros activos de las personas o entidades sobre las cuales la UIF-Perú dispone el congelamiento administrativo.
Incumplir con la obligación de ejecutar sin demora la medida congelamiento administrativa de fondos u otros activos dispuesta por la UIF-Perú.
Transgredir el deber de reserva consagrado en el artículo 12° de la Ley Nº 27693, poniendo en conocimiento de cualquier persona, entidad u organismo, bajo cualquier medio o modalidad, el hecho de que alguna información ha sido solicitada por la Superintendencia, a través de la UIF-Perú o proporcionada a esta.

LA ACTIVIDAD DE COMPRAVENTA DE DIVISAS EN EL INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA DEL PERÚ (GAFILAT 2018)

2019-03-03T16:51:00.000-08:00

El Informe de Evaluación Mutua del Perú (2018) realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), presta atención a las acciones de prevención del lavado de activos realizadas por la actividad cambiaria.

En ese ámbito, se recomienda que:

«Las empresas de compra venta de divisas y las de ETF deben mejorar sus controles internos ALA/CFT, aplicar medidas apropiadas de DDC para sus clientes (incluyendo a los BF) y fortalecer su monitoreo continuo y de análisis de alertas para remitir ROS que sean de utilidad a la autoridad».

Se detectado, pues, que el sector cambiario registra ciertas debilidades relacionadas con: (1) aplicación de controles internos para prevenir el lavado de activos, (2) aplicación de la debida diligencia para el conocimiento del cliente y del beneficiario final, (3) monitoreo continuo del cliente y de sus operaciones y (4) análisis de alertas que permitan elaborar y remitir reportes de operaciones sospechosas útiles para la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.

A continuación, presentamos algunos alcances que pueden permitir a los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados pertenecientes al negocio cambiario, así como a sus funcionarios y colaboradores, cumplir y aplicar especialmente aquellos aspectos descritos en el informe del GAFILAT.

1. Aplicación de controles internos.

En principio, la determinación de controles internos está estrechamente ligado a la identificación y evaluación de riesgos de lavado de activos que, por imperio de la misma norma (Resolución SBS N° 789-2018), todo sujeto obligado del sector real debe realizar.

Sin embargo, de una lectura atenta de dicha resolución, se pueden extraer ciertos controles mínimos para prevenir el lavado de activos en la actividad cambiaria. Así, tenemos: (a) Solicitar al cliente la presentación del documento oficial de identidad, (b) solicitar al cliente que complete la declaración jurada de conocimiento del cliente. Se trata, sin duda, de controles generales y transversales a cualquier clase de clientes (personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeros) y a cualquier lugar geográfico donde se encuentre el establecimiento del negocio cambiario.

2. Aplicación de la debida diligencia del cliente y beneficiario final.

De acuerdo a la Resolución SBS N° 789-2018, la debida diligencia comprende tres etapas: identificación, verificación y monitoreo. Las dos primeras, la realiza el operador de ventanilla, quien debe identificar al cliente, verificar su identidad y emitir la correspondiente boleta de venta. El oficial de cumplimiento deberá supervisar que esta obligación se observe continuamente. El monitoreo, a cargo del oficial de cumplimiento, constituye una labor mucho más analítica, que ampliaremos a continuación.

3. Monitoreo continuo de clientes y operaciones.

El monitoreo tiene como finalidad detectar señales de alerta que permitan identificar operaciones inusuales y sospechosas, a través de la constatación de que las operaciones realizadas por el cliente se adecúan a su perfil.

El monitoreo debe comprender tanto a aquellos clientes que realizaron una sola operación, como a aquellos que efectuaron varias operaciones en un periodo determinado.

Asimismo, el monitoreo implica la calificación del perfil de riesgo de lavado de activos del cliente, con el objeto de centra la atención en aquellos clientes, que por sus especiales características, tendrían mayor riesgo de exposición al referido ilícito penal.

Se propone los siguientes pasos:

a) Construir listados de clientes con base en el registro de operaciones. Se seleccionan los datos necesarios para analizar la información, tales como: nombres y apellidos, denominación o razón social de los clientes; fecha, moneda y monto de las operaciones realizadas, entre otros.

b) Establecer un periodo para efectuar el monitoreo. Puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, semestral o anual.

c) Identificar la frecuencia y volumen de operaciones realizadas en el periodo en el que se hace el monitoreo.

d) Cotejar la lista de clientes con las listas que contribuyan a la prevención del lavado de activos.

e) Calificar al cliente según su perfil de riesgo atendiendo a variables extraíbles de los datos incluidos en el registro de operaciones.

f) Verificar la probable fuente de ingresos y eventualmente de los fondos en bases de datos de SUNAT o ESSALUD, de aquellos clientes que representan un perfil de riesgo moderado o alto.

g) Realizar verificaciones complementarias en listas restrictivas.

4. Análisis de alertas.

La fuente de las alertas radican tanto en la comunicación que efectúen los operadores de ventanilla como en aquellas que puede detectar el oficial de cumplimiento como resultado de las verificaciones y análisis de la información u operaciones producto del monitoreo.

El análisis de alertas para una casa de cambio puede hacerse en la etapa final del proceso antes indicado y se produce mediante el cotejo de cada cliente con perfil de riesgo moderado o alto, con las señales de alerta individualizadas por el sujeto obligado. La suma de coincidencias da lugar a un previo análisis del clientes y sus operaciones a partir de las alerta identificadas, y concluye con la calificación de la operación como inusual o no.

¿Sistema de prevención del lavado de activos o Sistema de prevención de riesgos penales?

2017-12-09T06:35:00.000-08:00

Las normas sobre prevención del lavado de activos, los sujetos obligados deben implementar y mantener en funcionamiento un sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en adelante sistema de prevención de LA/FT, con la finalidad de evitar ser utilizados para fines delictivos relacionados con los ilícitos penales detallados precedentemente.

Del mismo modo, la Ley N° 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, prevé la adopción de un modelo de prevención, que denominaré sistema de prevención de riesgos penales, en adelante sistema de prevención de RP, con el propósito de que la persona jurídica a quien se le atribuye los delitos de cohecho, lavado de activos o financiamiento del terrorismo, quede exenta de pena o reciba una pena atenuada.
A partir de dicho escenario normativo, habría una aparente identidad entre ambos sistemas de prevención, lo que podría tener consecuencias adversas en términos del cumplimiento de ley, así como de las expectativas que pudieran formarse frente a una eventual imputación de los delitos de cohecho, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
Con el propósito de delimitar el ámbito de aplicación de los referidos sistemas de prevención, a continuación, expondré brevemente sus semejanzas y diferencias.
Semejanzas:
1.      El sistema de prevención de LA/FT y el sistema de prevención de RP permiten prevenir y detectar conductas delictivas cometidas a través o dentro de su organización.
2.      Ambos sistemas de prevención se fundamentan en la gestión de riesgos, que implica identificar y evaluar los riesgos a los que se encuentra expuesto el sujeto titular de dicho sistema.
3.      Ambos sistemas de prevención son administrados por un oficial de cumplimiento, responsable por su adecuado funcionamiento.
4.      Los elementos del sistema de prevención de RP (políticas, procedimientos, control, difusión), lo son también del sistema de prevención de LA/FT.
5.      Ni el sistema de prevención de LA/FT ni el sistema de prevención de RP requieren ser certificados sobre su composición, idoneidad o funcionamiento.
Diferencias:
1.      El sistema de prevención de LA/FT está dirigido tanto a personas naturales como personas jurídicas; el sistema de prevención de RP está dirigido únicamente a personas jurídicas.
2.      El sistema de prevención de LA/FT forma parte del Derecho administrativo sancionador; mientras que el sistema de prevención de RP está regulado por el Derecho penal.
3.      El sistema de prevención de LA/FT comprende los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; en tanto que el sistema de prevención de RP abarca, además, el delito de cohecho.
4.      El sistema de prevención de LA/FT permite identificar y comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú operaciones sospechosas de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo; el sistema de prevención de RP permite identificar y denunciar penalmente ante el Ministerio Público la comisión de los delitos de cohecho, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
5.      El sistema de prevención de LA/FT comunica operaciones sospechosas realizadas por los clientes del sujeto obligado; por el contrario, el sistema de prevención de RP denuncia los delitos de cohecho, lavado de activos o financiamiento del terrorismo cometidos por sus trabajadores.
6.      El sistema de prevención de LA/FT tiene carácter obligatorio para los sujetos obligados; en tanto que el sistema de prevención de RP es opcional para las personas jurídicas.
7.      El sistema de prevención de LA/FT evita que el sujeto obligado incurra en una infracción administrativa; mientras que el sistema de prevención de RP evita que la empresa sea responsable penalmente por la comisión de un delito.
Con lo expuesto, se tiene el sistema de prevención de LA/FT es diferente al sistema de prevención de RP, aunque parecidos, cada uno tiene sus propias características y finalidades.

EL SISTEMA ACOTADO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

2017-06-01T16:38:00.000-07:00

1. Marco conceptual.

Los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, detallados en la Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s[1], deben implementar un «sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo», que no es sino el «sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo», tal y conforme está contemplado en el literal a), numeral 10.2.1, artículo 10° de la Ley N° 27693, Ley de creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú:

El Directorio y el Gerente General de los sujetos obligados a informar serán responsables de implementar en las instituciones que representan, el sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o del financiamiento de terrorismo, así como, de designar a dedicación exclusiva a un funcionario que será el responsable junto con ellos, de vigilar el cumplimiento de tal sistema (Lo resaltado es mío).

El referido sistema de prevención incluye todas y cada una de las obligaciones que las diferentes normas establecen para prevenir el lavado de activos, tales como: (i) designar oficial de cumplimiento, (ii) conocer al cliente, el mercado y a los trabajadores, (iii) capacitar a estos últimos, (iv) registrar operaciones, (v) analizar operaciones inusuales, (vi) reportar operaciones sospechosas, (vii) deberes de informar, (viii) revisar el sistema de prevención, (ix) conservar documentos, entre otras obligaciones, cuya observancia depende del tipo de norma que aplique al sujeto obligado en particular.

Cuadro 1: Tipos de normas sobre prevención del lavado de activos

Sin embargo, a raíz de la publicación del Decreto Legislativo N° 1249 (p. el 26 de noviembre de 2016), que modificó el artículo 3° de la Ley N° 29038, se ha creado un nuevo sistema de prevención, denominado «sistema acotado de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo», el cual tiene como característica principal reducir el número de obligaciones establecidas originariamente, así como limitar su aplicación a determinados sujetos obligados.

2. El sistema de prevención de LA/FT en la legislación peruana.

El sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo está compuesto por el conjunto de políticas, procedimientos y controles que el sujeto obligado debe implementar para prevenir, detectar y reportar dichos ilícitos penales a la autoridad competente.

Cada sujeto obligado desarrolla una determinada actividad económica bajo una organización y procedimientos particulares que responden a la concepción que se tenga sobre la forma más óptima de incrementar el rendimiento operativo y los resultados económicos del negocio. Existen, además, otros factores que van a condicionar su funcionamiento, tales como el monto del capital, el número de empleados, la cobertura geográfica, etc.

Es por esta razón que el sistema de prevención debe ser implementado a la medida del sujeto obligado, de manera que dicho sistema no constituya un lastre para la marcha del negocio.

Alrededor de estas premisas, la ley compele a los sujetos obligados a que implementen un sistema de prevención para evitar ser utilizados para lavar activos o financiar actividades terroristas u organizaciones terroristas, adoptando medidas internas y controlando su cumplimiento.

Cada norma en particular contiene disposiciones específicas que se adecúan a la actividad o sector económico al cual regula, ello se advierte especialmente en el establecimiento de umbrales para los registros de operaciones[2] e, incluso, en los regímenes de debida diligencia para el conocimiento del cliente[3].

Antes de la reforma de 2016, todo sujeto obligado -con algunas excepciones derivadas de la naturaleza de la actividad económica desarrollada[4]-, tenía, en general, las siguientes obligaciones de cumplimiento:

a) Tener un sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

b) Designar un oficial de cumplimiento.

c) Elaborar un Código de Conducta y un Manual para la Prevención del Lavado de Activos.

d) Conocer al cliente, mercado y trabajador.

e) Analizar operaciones.

f) Capacitar a los trabajadores.

g) Registrar operaciones.

h) Reportar operaciones sospechosas.

i) Conservación de documentos.

j) Emitir informes.

De manera que, como quedó dicho, cada sujeto obligado, condicionado por su actividad económica, así como por la forma cómo la desarrolla y está organizado, debía observar cada una de las obligaciones descritas líneas arriba, interpretando la norma y adaptándola a su modelo de negocio, a fin de evitar incurrir en infracciones y ser sancionado por incumplimiento normativo.

3. El novísimo sistema acotado de prevención del LA/FT.

Con la reforma de 2016, se produce formalmente el nacimiento de un nuevo sistema de prevención denominado “sistema acotado”, con las características que pasamos a exponer.

3.1. Sujetos obligados comprendidos.

El nuevo sistema acotado de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo está expresamente dirigido para un grupo de sujetos obligados que, por sus particularidades operativas, de actividad, de capital u otras circunstancias, consideradas a priori, no correspondía exigírseles la observancia de todas las obligaciones de cumplimiento.

En concreto, el sistema acotado tiene como destinatarios únicamente a las personas naturales y jurídicas siguientes:

1) Las que se dedican al comercio de antigüedades.

2) Las organizaciones sin fines de lucro que recauden, transfieran y desembolsen fondos, recursos u otros activos para fines o propósitos caritativos, religiosos, culturales, educativos, científicos, artísticos, sociales, recreativos o solidarios o para la realización de otro tipo de acciones u obras altruistas o benéficas. En caso estos sujetos obligados faciliten créditos, microcréditos o cualquier otro tipo de financiamiento económico, se sujetan a las obligaciones previstas en el numeral 3.1. del artículo 3° de la Ley N° 29038.

3) Los gestores de intereses en la administración pública, según la Ley Nº 28024.

4) Los martilleros públicos.

5) Las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito.

6) Las agencias de viaje y turismo y los establecimientos de hospedaje.

7) Las empresas del Estado, que por la actividad que realizan no se encuentran dentro de los alcances del numeral 3.1 del artículo 3° de la Ley N° 29038, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales.

3.2. Obligaciones derivadas y consecuencias prácticas.

Conforme a la reforma de 2016, el sistema acotado de prevención del lavado de activos trae como consecuencia que los sujetos obligados alcanzados tengan las siguientes obligaciones:

a) Implementar el sistema acotado de prevención.

b) Reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.

c) Registrar operaciones.

d) Designar a un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva.

Cuadro 2: Obligaciones reguladas para el sistema de prevención y el sistema acotado de prevención del lavado de activos

Obligaciones	Sistema PLAFT	Sistema acotado PLAFT
Implementar un sistema de prevención	X	X
Designar un oficial de cumplimiento	X	X
Elaborar Código de Conducta/Manual PLAFT	X
Conocer al cliente, mercado y trabajador	X
Analizar operaciones	X
Capacitación	X
Registrar operaciones	X	X
Reportar operaciones sospechosas	X	X
Conservación de documentos	X
Emitir informes	X

En la práctica, el escenario real de cumplimiento sería distinto al pretendido por la reforma de 2016 en cuanto al número de obligaciones. Veamos.

Todo sistema de prevención del lavado de activos está conformado por políticas y procedimientos. En cuanto a las políticas institucionales no habría que hacer mayores comentarios, pero sí en lo que respecta a los procedimientos. La normativa exige que los sujetos obligados cuenten con determinados procedimientos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero ¿qué procedimientos? Entre otros, procedimientos para conocer al cliente, el mercado y al trabajador, por lo que estarían tácitamente incluidos en el nuevo sistema acotado de prevención.

Asimismo, para reportar operaciones sospechosas el sujeto obligado debe tener un procedimiento que, se sobreentiende, estaría incluido en el referido sistema acotado. Ahora bien, se reporta a clientes que han debido ser identificados, por lo que será necesario conocerlos (conocimiento del cliente) en los términos de sistema de prevención primigenio. Igualmente, el reporte debe estar documentado, lo que implica que el sujeto obligado deberá adoptar medidas de conservación de documentos. Por último, el reporte de operaciones sospechosas es el acto final de un proceso que se inicia con la detección de señales de alertas por parte de los trabajadores, de modo que éstos deberán ser capacitados en materia de prevención del lavado de activos sobre el supuesto que describe cada señal de alerta, así como en cuanto al procedimiento de consulta -frente a cualquier duda que pudiera tener el trabajador sobre la calificación del hecho detectado- y comunicación de señales de alerta a los órganos correspondientes. Continúa dicho proceso con el análisis de operaciones y la calificación correspondiente.

El registro de operaciones implica también que el cliente haya sido debidamente identificado, puesto que el registro comprende tanto la operación (monto, moneda, tipo, etc.) como al cliente (nombres y apellidos, tipo y número de documento de identidad, etc.

La designación de un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva supone que sea capacitado para que pueda desempeñar adecuadamente las labores de prevención que se le han encomendado.

Por último, las personas y negocios susceptibles de adoptar el referido sistema acotado deben materializarlo en un documento, lo que deviene en la necesaria elaboración de un Manual para la Prevención del Lavado de Activos, el cual, al estar escrito, facilita su conocimiento y cumplimiento.

Cuadro 3: Obligaciones no reguladas pero necesarias para cumplir con el sistema acotado de prevención

Obligaciones	Sistema PLAFT	Sistema acotado PLAFT
Implementar un sistema de prevención	X	X
Designar un oficial de cumplimiento	X	X
Elaborar Código de Conducta/Manual PLAFT	X	X
Conocer al cliente, mercado y trabajador	X	X
Analizar operaciones	X	X
Capacitación	X	X
Registrar operaciones	X	X
Reportar operaciones sospechosas	X	X
Conservación de documentos	X	X
Emitir informes	X

4. Conclusiones

Salvo nueva disposición legal sobre la materia, el sistema acotado de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo contiene casi todas las obligaciones inherentes al sistema de prevención inicialmente concebido.

Por tratarse de obligaciones primigenias no tratadas como tal en el nuevo sistema acotado, tendrían únicamente la condición de exigencias internas no obligatorias, lo que significaría que no podrán ser objeto de evaluación en las visitas de supervisión realizadas por el organismo regulador, en cuyo caso, sería oponible.

[1] Según el artículo 3° de la Ley N° 29038, y sus modificatorias, son sujetos obligados, los siguientes:

1) Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros y las demás comprendidas en los artículos 16° y 17° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y los corredores de seguros.

2) Las empresas emisoras de tarjetas de crédito.

3) Las cooperativas de ahorro y crédito.

4) Las que se dedican a la compraventa de divisas.

5) Las que se dedican al servicio postal de remesa y/o giro postal.

6) Las empresas de préstamos y/o empeño.

7) Los administradores de bienes, empresas y consorcios.

8) Las sociedades agentes de bolsa, las sociedades agentes de productos y las sociedades intermediarias de valores.

9) Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión y fondos colectivos.

10) La Bolsa de Valores, otros mecanismos centralizados de negociación e instituciones de compensación y liquidación de valores.

11) La Bolsa de Productos.

12) Las que se dedican a la compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves.

13) Las que se dedican a la actividad de la construcción y/o la actividad inmobiliaria.

14) Los agentes inmobiliarios.

15) Las que se dedican a la explotación de juegos de casinos y/o máquinas tragamonedas, y/o juegos a distancia utilizando el internet o cualquier otro medio de comunicación, de acuerdo con la normativa sobre la materia.

16) Las que se dedican a la explotación de apuestas deportivas a distancia utilizando el internet o cualquier otro medio de comunicación, de acuerdo con la normativa sobre la materia.

17) Las que se dedican a la explotación de juegos de lotería y similares.

18) Los hipódromos y sus agencias.

19) Los agentes de aduana.

20) Los notarios.

21) Las empresas mineras.

22) Las que se dedican al comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.

23) Los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos y bienes fiscalizados.

24) Las empresas que distribuyen, transportan y/o comercializan insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal, bajo control y fiscalización de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

25) Las que se dedican a la comercialización de las maquinarias y equipos que se encuentran comprendidos en las Subpartidas nacionales N° 84.29, N° 85.02 y N° 87.01 de la Clasificación Arancelaria Nacional.

26) Las que se dedican a la compraventa o importaciones de armas y municiones.

27) Las que se dedican a la fabricación y/o la comercialización de materiales explosivos.

28) Las que se dedican a la financiación colectiva o participativa y que operan a través de plataformas virtuales.

29) Los abogados y contadores públicos colegiados, que de manera independiente o en sociedad, realizan o se disponen a realizar en nombre de un tercero o por cuenta de este, de manera habitual, las siguientes actividades:

a. Compra y venta de bienes inmuebles.

b. Administración del dinero, valores, cuentas del sistema financiero u otros activos.

c. Organización de aportaciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas.

d. Creación, administración y/o reorganización de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.

e. Compra y venta de acciones o participaciones sociales de personas jurídicas.

Asimismo, las personas naturales y jurídicas siguientes:

1) Las que se dedican al comercio de antigüedades.

3) Los gestores de intereses en la administración pública, según la Ley N° 28024.

4) Los martilleros públicos.

5) Las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito.

6) Las agencias de viaje y turismo y los establecimientos de hospedaje.

7) Las empresas del Estado, que por la actividad que realizan no se encuentran dentro de los alcances del numeral 3.1 del art. 3° de la Ley N° 29038, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales.

[2] En el artículo 9° de la Resolución SBS N° 486-2008, las empresas dedicadas a la actividad inmobiliaria deben registrar operaciones por montos iguales o mayores a USD 30,000, mientras que las empresas constructoras deben hacerlo por USD 50,000.

[3] En los artículos 30°, 31° y 32° de la Resolución SBS N° 2660-2015, las instituciones bancarias y financieras deben aplicar regímenes de debida diligencia basados en la cantidad y calidad de documentos; en tanto que el artículo 18° de la Resolución SBS N° 6426-2015, señala que las casas de cambio deben fija los regímenes de debida diligencia simplificado y general de acuerdo a las cantidades transadas.

[4] Es el caso, por ejemplo, de los corredores de seguros, cuyo sistema de prevención y obligaciones de cumplimiento está regulado en forma independiente en el Título IV de la Resolución SBS N° 2660-2015, como una versión reducida de las disposiciones generales prevista en el mismo texto legal.

Jooble un buscador

2017-05-29T09:23:00.001-07:00

Jooble un buscador

Este buscador de ofertas de empleo funciona en 64 países del mundo, con más de 120 millones de usuarios anuales. Si tomamos en cuenta a todos los países donde Jooble está presente, Jooble recolecta casi todas las vacantes que existen en cada país.
La empresa de origen ucraniana es una especie de Google, específicamente para buscar empleo, no solamente en el área legal, sino que en todos los rubros.
Pero, ¿en qué se diferencia Jooble de tantos otros buscadores de trabajos? “Nosotros recopilamos todas las ofertas laborales actuales de los sitios de empleo, páginas de anuncios, sitios corporativos, y las ofrecemos a nuestros usuarios de una forma fácil”, dice Roman Prokofiev, uno de los creadores de este proyecto.
“Entrando a nuestro sitio, el usuario tiene información sobre todas las vacantes actuales, según su interés y en su ciudad”, dice Roman Prokofiev, y cuenta que es en Europa donde son más conocidos, pero gracias a sus grandes avances en el Viejo Continente han llegado a Latinoamérica con miras a convertirse en uno de los más importantes buscadores de empleos.
Desde 2006, “Jooble, más que un sitio y una empresa TI, es una herramienta muy útil: ahorra tiempo y en una sola búsqueda podemos obtener resultados que se encuentran en diferentes páginas, dándonos así la mejor opción a la hora de buscar empleo”, explica Prokofiev.

Como Funciona
Las personas interesadas en buscar trabajo no se inscriben en Jooble, sino que simplemente buscan las profesiones del sector que les interesa. Por ello, no existen perfiles, pero cuentan con un servicio para crear una hoja de vida y enviarla a las empresas de las vacantes que a cada usuario le interesen. Por ahora, esa modalidad está disponible sólo en Europa”, advierte Ángel I Villares, Country Manager Latin America de Jooble.
Para el resto de los países, cuando a un usuario le interesa un aviso de trabajo, clickea en éste para ser dirigido a la página original que publica la vacante, y así poder postular directamente desde allí.
Puedes visitarnos y elegir tu país en Jooble.

La prevención del lavado de activos y la protección de datos personales

2016-08-02T16:37:00.001-07:00

En el presente artículo traigo a colación un tema que normalmente es relegado a un segundo plano cuando pensamos en la observancia de las normas sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel de los sujetos obligados, como es la protección de datos personales. Su alcance e importancia es de tal magnitud que, si realizamos un tratamiento inadecuado de la información suministrada por sus titulares, el sujeto receptor podría verse implicado en consecuencias administrativas y civiles, con el consiguiente perjuicio económico que ello le causaría.

En el Perú, la diversa y cada vez más abundante normativa sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las instituciones financieras y no financieras irroga a los sujetos obligados a cumplir un conjunto de obligaciones destinada a evitar que sus productos y servicios sean utilizados por parte de las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a sus ingresos delictivos. Para ello, deben desarrollar, implementar y cumplir, dentro del marco legal que les resulte aplicable, medidas para conocer a sus clientes, trabajadores y proveedores, entre otros aspectos no menos importantes y directamente relacionados.

En lo que sigue, tomaremos como referencia el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobado por Resolución SBS Nro. 2660-2015, aplicable al sector bancario y financiero, lo que no significa que las demás disposiciones legales existentes dentro del conglomerado de normas PLAFT no regulen la materia sub examine, sobre todo teniendo en cuenta que el conocimiento del cliente es un mecanismo de capital importancia en la prevención de los referidos ilícitos penales.

El Art. 30 de la Resolución SBS Nro. 2660-2015, en el marco del régimen de debida diligencia en el conocimiento del cliente, establece que los sujetos obligados deben obtener de sus clientes que son personas naturales, siempre que sea aplicable, entre otra, la siguiente información: nombres y apellidos completos; tipo y número del documento de identidad; nacionalidad y residencia; domicilio; número de teléfono y/o correo electrónico; propósito de la relación a establecerse con la empresa; ocupación, oficio o profesión; y nombre del centro de labores; en caso el cliente fuera una persona expuesta políticamente (PEP), el nombre de la institución, organismo público u organización internacional y el cargo; de igual modo, la identificación de los representantes legales, apoderados y mandatarios con poderes de disposición, así como el documento que acredite la representación legal o el otorgamiento de los poderes correspondientes.

Asimismo, en el supuesto que el cliente fuese una persona jurídica, el requerimiento de información a solicitar consiste en la denominación o razón social; el Registro Único de Contribuyentes (RUC) o registro equivalente para no domiciliados; el objeto social, actividad económica principal o finalidad de constitución de la persona jurídica o ente jurídico, según corresponda; la identificación de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente más del 25% del capital social, aporte o participación de la persona jurídica y/o ente jurídico, considerando la información requerida para las personas naturales, identificando aquellos que sean PEP, cuando corresponda; el propósito de la relación a establecerse; la identificación de los representantes legales considerando la información requerida para las personas naturales, así como el otorgamiento de los poderes correspondientes; las personas jurídicas vinculadas al cliente y/o a su grupo económico, si corresponde; y la dirección y teléfono de la oficina o local principal, donde desarrollan las actividades propias al giro de su negocio.

Con respecto a los trabajadores, el Art. 35 de la citada resolución, señala el contenido de la información que debe ser requerida por los sujetos obligados: nombres y apellidos completos; copia del documento de identidad; estado civil, incluyendo los nombres, apellidos y número documento de identidad del cónyuge o conviviente; dirección domiciliaria y número telefónico de su domicilio habitual; certificado u otros documentos que presenten información sobre sus antecedentes policiales y penales; declaración jurada patrimonial y de otros ingresos, distintos a los percibidos por la relación laboral con la empresa; ocupación dentro de la empresa; y nivel de endeudamiento en el sistema financiero.

Finalmente, en cuanto a los proveedores, la resolución en cuestión prescribe en su Art. 36 la información mínima requerida: nombres y apellidos completos o denominación o razón social, en caso se trate de una persona jurídica; el Registro Único de Contribuyentes (RUC), o registro equivalente para no domiciliados, de ser el caso; el tipo y número de documento de identidad, en caso se trate de una persona natural; la dirección de la oficina o local principal; los años de experiencia en el mercado; los rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios; la identificación de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente más del 25% del capital social, aporte o participación de la persona jurídica, y el nombre del representante legal, considerando la información requerida para las personas naturales; y la declaración jurada de no contar con antecedentes penales del proveedor, de ser el caso.

A toda esta información solicitada por los sujetos obligados a los clientes, trabajadores y proveedores, a título de “requisito” o “condición” para la prestación del servicio o el suministro del producto ofrecido, o para la vinculación laboral, tiene una finalidad predeterminada por la propia ley, y que en el caso concreto consiste en satisfacer las exigencias legales sobre prevención del lavado de activos, lo que significa que el tratamiento que se le asigne a la información recopilada, debe corresponder al marco de actuación normativa, pues excederse a ello, implicaría vulnerar la ley. A manera de ejemplo, la información de los clientes se utilizaría para examinar la naturaleza de las operaciones que realiza con el sujeto obligado; la información de los trabajadores, para conocer el grado de colaboración y cumplimiento de las disposiciones internas; y, el conocimiento de los proveedores para prevenir y evitar situaciones de riesgo que puedan perjudicar las actividades empresariales del sujeto obligado, y su patrimonio.

En la línea de lo anterior, se requiere adoptar las medidas de seguridad adecuadas que permitan proteger la información. Dichas medidas de seguridad, tienen dos vertientes: la primera, está dada por la conservación de la información relacionada directamente con la prevención del lavado de activos, tales como registros de operaciones, carpetas individuales de clientes, etc., (Arts. 54 y 55 de la Resolución SBS Nro. 2660-2015), y por la obligación de confidencialidad que resguarda a los reportes de operaciones sospechosas (Art. 61 de la Resolución SBS Nro. 2660-2015). Y la segunda, consiste en destinar esa misma información recibida como resultado de la aplicación de las normas PLAFT a una finalidad diferente a la establecida en la ley. Es precisamente aquí donde asume competencia la obligación de proteger los datos personales.

La protección de datos personales es un derecho fundamental, previsto en el Art. 2, numeral 6, de la Constitución Política del Perú, con la siguiente redacción:

Toda persona tiene derecho:

A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

Conforme a las Normas PLAFT, y aquí hago naturalmente extensivo a todos los sujetos obligados, sin excepción, tendrían, cuando menos, hasta tres bancos de datos, regulados por la Ley Nro. 29733, Ley de Protección de Datos Personales, reglamentado por Decreto Supremo Nro. 003-2013-JUS: el de clientes, el de trabajadores y el de proveedores. El titular de dichos bancos de datos sería el propio sujeto obligado, mientras que el titular de los datos personales sería, respectivamente, el cliente, el trabajador y el proveedor.

El tratamiento de los datos personales por parte del titular del banco de datos debe hacerse con respeto a los principios rectores de legalidad (Art. 4), consentimiento (Art. 5), finalidad (Art. 6), proporcionalidad (Art. 7), calidad (Art. 8), seguridad (Art. 9), de disposición de recurso (Art. 10) y de nivel de protección adecuado (Art. 11).

La ley confiere al titular de datos personales el derecho de información (Art. 18), el derecho de acceso (Art. 19), el derecho de actualización, inclusión, rectificación y supresión (Art. 20), derecho a impedir el suministro (Art. 21), derecho de oposición (Art. 22), el derecho al tratamiento objetivo (Art. 23), derecho a la tutela (Art. 24), y el derecho a ser indemnizado (Art. 25).

Asimismo, el sujeto obligado, como titular del banco de datos, deberá observar las siguientes obligaciones puntuales (Art. 28):

1. Efectuar el tratamiento de datos personales, solo previo consentimiento informado, expreso e inequívoco del titular de los datos personales, salvo ley autoritativa, con excepción de los supuestos consignados en el artículo 14 de la presente Ley.

2. No recopilar datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.

3. Recopilar datos personales que sean actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados, con relación a finalidades determinadas, explícitas y lícitas para las que se hayan obtenido.

4. No utilizar los datos personales objeto de tratamiento para finalidades distintas de aquellas que motivaron su recopilación, salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación.

5. Almacenar los datos personales de manera que se posibilite el ejercicio de los derechos de su titular.

6. Suprimir y sustituir o, en su caso, completar los datos personales objeto de tratamiento cuando tenga conocimiento de su carácter inexacto o incompleto, sin perjuicio de los derechos del titular al respecto.

7. Suprimir los datos personales objeto de tratamiento cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad para la cual hubiesen sido recopilados o hubiese vencido el plazo para su tratamiento, salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación.

8. Proporcionar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales la información relativa al tratamiento de datos personales que esta le requiera y permitirle el acceso a los bancos de datos personales que administra, para el ejercicio de sus funciones, en el marco de un procedimiento administrativo en curso solicitado por la parte afectada.

9. Otras establecidas en la Ley Nro. 29733 y en su reglamento.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, los sujetos obligados deben cumplir dos mandatos esenciales: Por un lado, inscribir cada banco de datos en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales; y, por otro, adoptar medidas de seguridad apropiadas según su naturaleza.

La norma en cuestión, también regula las infracciones y sanciones susceptibles de ser aplicadas por inobservancia de las obligaciones subyacentes.

Las infracciones pueden ser de tres clases: leves, graves y muy graves (Art. 38), siendo:

- Infracciones leves:

a. Dar tratamiento a datos personales sin recabar el consentimiento de sus titulares, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en la Ley Nro. 29733.

b. No atender, impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos del titular de datos personales reconocidos en el título III de la Ley Nro. 29733, cuando legalmente proceda.

c. Obstruir el ejercicio de la función fiscalizadora de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

- Infracciones graves:

a. Dar tratamiento a los datos personales contraviniendo los principios establecidos en la Ley Nro. 29733 o incumpliendo sus demás disposiciones o las de su Reglamento.

b. Incumplir la obligación de confidencialidad establecida en el artículo 17 de la Ley Nro. 29733.

c. No atender, impedir u obstaculizar, en forma sistemática, el ejercicio de los derechos del titular de datos personales reconocidos en el título III de la Ley Nro. 29733, cuando legalmente proceda.

d. Obstruir, en forma sistemática, el ejercicio de la función fiscalizadora de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

e. No inscribir el banco de datos personales en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales.

- Infracciones muy graves

a. Dar tratamiento a los datos personales contraviniendo los principios establecidos en la Ley Nro. 29733 o incumpliendo sus demás disposiciones o las de su Reglamento, cuando con ello se impida o se atente contra el ejercicio de los derechos fundamentales.

b. Crear, modificar, cancelar o mantener bancos de datos personales sin cumplir con lo establecido por la Ley Nro. 29733 o su reglamento.

c. Suministrar documentos o información falsa o incompleta a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

d. No cesar en el tratamiento ilícito de datos personales, cuando existiese un previo requerimiento de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales para ello.

e. No inscribir el banco de datos personales en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, no obstante haber sido requerido para ello por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Las sanciones administrativas están previstas en el Art. 39 y son de índole patrimonial. Así, las infracciones leves son sancionadas con una multa mínima desde cero coma cinco de una unidad impositiva tributaria (UIT) hasta cinco unidades impositivas tributarias (UIT), las infracciones graves son sancionadas con multa desde más de cinco unidades impositivas tributarias (UIT) hasta cincuenta unidades impositivas tributarias (UIT), y las infracciones muy graves son sancionadas con multa desde más de cincuenta unidades impositivas tributarias (UIT) hasta cien unidades impositivas tributarias (UIT).

Mi nuevo libro: "Derecho Administrativo Sancionador en la Prevención del Lavado de Activos"

2015-10-21T17:59:00.000-07:00

Medidas de debida diligencia del cliente en el sistema bancario y financiero y en el mercado de capitales y fondos colectivos

2015-01-27T14:05:00.000-08:00

1.- Consideraciones previas.
El régimen administrativo de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo señala que el conocimiento del cliente es un elemento sustancial en la observancia de la normativa. Elevada a nivel de “política”, conocer al cliente, en tanto obligación de cumplimiento aquí y en todas partes, es tan sólo uno de los mandatos impuestos por la ley, de cual derivan otros de singular importancia, es el caso de los registros de operaciones, los análisis de operaciones y el reporte de operaciones sospechosas. Sin una adecuada identificación y conocimiento del cliente habría serios impedimentos, en algunos casos insalvables, para observar aquellas obligaciones.
La debida diligencia varía conforme al perfil asignado para cada cliente, un perfil que está determinado por el nivel de exposición al riesgo de lavado de activos que representa cada cliente en particular. Si éste representa a priori un riesgo mayor, por los criterios que fuesen, la debida diligencia se incrementa., y viceversa.

2.- Estándares internacionales.
La Recomendación 10 del GAFI indica que las medidas de debida diligencia a adoptarse para todos los clientes en general son las siguientes: (1) identificar al cliente y verificar su identidad; (2) identificar al beneficiario final y tomar medidas razonables para verificar su identidad; (3) entender, y cuando corresponda, obtener información sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial; y, (4) realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación.
La debida diligencia aumenta cuando se trata de clientes PEP’s, por lo que la Recomendación 12 del GAFI informa que los sujetos obligados deben adoptar medidas adicionales (ampliadas o reforzadas): (a) contar con sistemas apropiados de gestión de riesgo para determinar si el cliente o el beneficiario final es un PEP’s; (b) obtener la aprobación de la alta gerencia para establecer (o continuar, en el caso de los clientes existentes) dichas relaciones comerciales; (c) tomar medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y la fuente de los fondos; y, (d) llevar a cabo un monitoreo continuo intensificado de la relación comercial.

3.- Régimen de debida diligencia para las empresas del sistema bancario y financiero.
En Perú, la normativa antilavado aplicable a los bancos y demás empresas del sistema financiero (Res. SBS 838-2008 y sus modificatorias) establece tres regímenes de debida diligencia para el conocimiento del cliente: régimen general, reforzado y simplificado, estableciéndose medidas diferenciadas entre uno y otro sistema.
El Art. 8 de la citada norma señala expresamente que, dentro del régimen general, las personas naturales deberán exigir la siguiente información mínima: a) nombre completo; b) tipo y número del documento de identidad; c) lugar y fecha de nacimiento; d) nacionalidad y residencia; e) domicilio, número de teléfono, y correo electrónico, de ser el caso; f) ocupación, oficio o profesión; g) nombre del centro de labores, cargo que ocupa y tiempo de servicios, de ser el caso; h) cargo o función pública desempeñada en los últimos dos (2) años, así como nombre de la institución, de ser el caso; i) finalidad de la relación a establecerse con la empresa; j) declaración jurada sobre el origen de los fondos, cuando menos en los casos en que se excedan los umbrales para el registro de operaciones establecidos en el Art. 12 de la presente norma; k) de acuerdo a la naturaleza del cliente y su perfil de riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo, las empresas deberán procurar contar con información respecto de los ingresos promedio aproximados mensuales de sus clientes y las características de las operaciones que realizarán a través de ellas, considerando información sobre tipo de operaciones, montos, monedas, cuentas involucradas, lugares de realización, periodicidad y otra información que consideren relevante, lo cual constará en el legajo personal de cada cliente; l) realizar indagaciones razonables para determinar si la persona es PEP, caso en el que se requerirá nombre de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad y del cónyuge o concubino, así como, la relación de personas jurídicas donde un PEP tenga el 5% o más de participación en el capital social, aporte o participación, de ser el caso, de una persona jurídica; y, m) realizar indagaciones razonables para determinar si el cliente es sujeto obligado a informar a la UIF-Perú, conforme el artículo 3 de la Ley Nº 29038, y en caso sea sujeto obligado, solicitarle una declaración jurada en la cual señale que tiene Oficial de Cumplimiento registrado ante la Superintendencia. Dicha información estará a disposición de la Superintendencia. De igual modo, para las personas jurídicas, deberá requerirse bajo el régimen general la información siguiente: a) denominación o razón social; b) Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el caso; c) Información financiera mínima cuando ella sea requerida de acuerdo a la regulación vigente; d) objeto social y actividad económica principal (comercial, industrial, construcción, transporte, etc.); e) identificación de los administradores considerando la información requerida para las personas naturales, en lo que resulte aplicable; f) identificación de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación de la persona jurídica, considerando la información requerida para las personas naturales, en lo que resulte aplicable, identificando a aquellos que sean PEP; g) personas jurídicas vinculadas al cliente, y/o a su grupo económico, en caso corresponda; h) ubicación y teléfonos de la oficina o local principal, donde desarrollan las actividades propias al giro de su negocio, la de sus sucursales, agencias u otras de naturaleza similar, de ser el caso; i) identificación de representantes, considerando la información requerida en el caso de personas naturales; así como el otorgamiento de los poderes correspondientes; j) finalidad de la relación a establecerse con la empresa; k) declaración jurada sobre el origen de los fondos, cuando menos en los casos en que se excede los umbrales para el registro de operaciones establecidos en el artículo 12 de la presente norma; l) de acuerdo a la naturaleza del cliente y su perfil de riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo, las empresas deberán procurar contar con información respecto de los ingresos promedio aproximados mensuales de sus clientes y las características de las operaciones que realizarán a través de ellas, considerando información sobre tipo de operaciones, montos, monedas, cuentas involucradas, lugares de realización, periodicidad y otra información que consideren relevante, lo cual constará en el legajo personal de cada cliente; y, m) realizar indagaciones razonables para determinar si la persona jurídica es Sujeto Obligado a informar a la UIF-Perú, conforme el artículo 3 de la Ley Nº 29038, y en caso sea sujeto obligado, solicitarle una declaración jurada en la cual señale que cuenta con Oficial de Cumplimiento registrado ante la Superintendencia.
En lo que concierne al régimen simplificado de debida diligencia, el numeral 9.1 del Art. 9 de la Res. SBS 838-2008 y sus modificatorias establece que la información mínima a requerir es el nombre completo, el tipo y número de documento de identidad y el domicilio.
Finalmente, en el marco del régimen reforzado, las medidas aplicables son las siguientes: a) registrar la declaración del cliente acerca del origen de los fondos y de ser posible identificar el origen de los fondos; b) incrementar la frecuencia en la revisión de la actividad transaccional del cliente; c) incrementar la frecuencia en la actualización de la información del cliente, incluida cuando se trate de personas jurídicas, una actualización anual de sus accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% de su capital social, aporte o participación, de ser el caso; d) realizar indagaciones y aplicar medidas adicionales de identificación y conocimiento del cliente. Entre estas se podrían considerar: obtener información sobre los principales proveedores y clientes, recolectar información de fuentes públicas o abiertas, entre otras; e) la decisión de aceptación y/o de mantenimiento de la relación con el cliente estará a cargo del nivel gerencial más alto de la empresa, quien a su vez podrá delegar esta función a otro puesto gerencial dentro de la organización, o a un comité establecido al efecto, reteniéndose la responsabilidad de la aceptación y/o mantenimiento o no del cliente; y, f) realizar por lo menos una (1) vez al año una visita al domicilio del cliente, cuando se encuentre domiciliado en el Perú.

4.- Debida diligencia para los sujetos obligados del mercado de capitales y de fondos colectivos.
Para los sujetos obligados que están en el ámbito de supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, la Res. CONASEV 033-2011 y su modificatoria, establece en consonancia con la Recomendación 10 del GAFI como regla de aplicación general para todos los clientes, las siguientes medidas: (a) identificar al cliente y verificar dicha identidad utilizando, documentos, datos o información, confiables y de fuentes independientes del cliente; (b) identificar al beneficiario final adoptando medidas razonables para comprobar su identidad. En el caso de clientes personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, esto debe incluir el entendimiento de su estructura de propiedad y control; (c) obtener información, cuando corresponda, a fin de conocer, el propósito y naturaleza de la relación comercial; y, (d) realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y examinar las operaciones realizadas o que se hayan intentado realizar a lo largo de esa relación, de manera que aquellas sean consistentes con su conocimiento del cliente, del negocio y de su perfil de riesgo, incluyendo la fuente de los fondos, cuando sea necesario.
El mencionado cuerpo de leyes establece de manera general, en su numeral 7.2 del Art. 7, la obligación de exigir al cliente la siguiente información mínima: En el caso de personas naturales: a) nombres completos; b) Tipo y número del documento de identidad; c) lugar y fecha de nacimiento; d) Registro Único de Contribuyentes (RUC) y Registro Único de Titular (RUT) de valores mobiliarios anotados en cuenta en CAVALI SA ICLV, de ser el caso; e) nacionalidad y país de residencia; f) señas particulares y capacidad legal; g) domicilio, número de teléfono (fijo y móvil), fax y correo electrónico, de ser el caso; h) ocupación habitual, oficio o profesión; i) centro de trabajo y cargo que ocupa, así como el tiempo de servicios, de ser el caso; j) cargo o función pública desempeñada en los últimos dos (2) años, así como nombre de la institución, de ser el caso; k) finalidad de la relación a establecerse con el sujeto obligado; l) si es o no una persona calificada como PEP.; y, m) en el caso de los PEP’s, nombre de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad y del cónyuge o concubino, de ser el caso. En lo que respecta las personas o estructuras jurídicas: a) denominación o razón social; b) Registro Único de Contribuyentes (RUC) y Registro Único de Titular (RUT) de valores mobiliarios anotados en cuenta en CAVALI SA ICLV, de ser el caso; c) objeto social y actividad económica principal; d) identificación de los directores y accionistas, socios o asociados, que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación de la persona jurídica, considerando la información requerida para personas naturales, en lo que resulte aplicable, identificando a aquellos que sean PEP; e) domicilio, número de teléfono, fax y dirección electrónica corporativa de la oficina o local principal, agencias, sucursales u otros locales donde desarrollan las actividades propias del giro de su negocio, de ser el caso; f) identificación de los representantes, considerando la información requerida en el caso de personas naturales; así como verificar el otorgamiento de los poderes correspondientes; g) identificación de los administradores y respecto de éstos deberá presentarse la información requerida para personas naturales, en lo que resulte aplicable; h) personas jurídicas que de acuerdo a la regulación de vinculación y grupo económico, califiquen como vinculadas al cliente; i) propósito de la relación comercial a establecerse con el sujeto obligado; y, j) estado de situación financiera y estado de resultados.
Asimismo, el numeral 7.5 del Art. 5 señala que deberán aplicarse medidas reforzadas para ciertos clientes a modo de régimen reforzado, que son: a) realizar por lo menos una (1) vez al año una revisión al perfil, antecedentes, documentación, entre otros aspectos, del cliente, así como, en caso se encuentre domiciliado en el Perú, realizar una visita a su domicilio u oficinas, cuando lo estime necesario, en caso que de la revisión al perfil, antecedentes, documentación del cliente no guarde correspondencia con lo declarado; b) la decisión de aceptación del cliente estará a cargo del nivel gerencial más alto del sujeto obligado, quién a su vez podrá delegar esta función a otro puesto gerencial dentro de la organización, reteniéndose, sin embargo, la responsabilidad de la aceptación o no del cliente; c) realizar indagaciones u obtener información adicional del cliente, aún en el caso que actúe a través de un representante; y, d) actualizar la información del cliente, adicionalmente en el caso de personas jurídicas, dicha actualización deberá realizarse al menos una vez el año, y comprende la de sus accionistas, socios o asociados, que tengan directa o indirectamente más del 5% de su capital social, aporte o participación, de ser el caso.

5.- Apuntes finales.
Habiéndonos referido tan sólo a dos cuerpos normativos sobre prevención del lavado de activos, de los más importantes por cierto dada la naturaleza de los sujetos obligados regulados por tales normas, vemos que existen diferencias en el tratamiento de la debida diligencia en el marco del conocimiento del cliente.
Corresponde, en consecuencia, preguntarnos, en qué medida es prudente diseñar regímenes para el conocimiento del cliente para unos casos, mientras que para otros disposiciones generales de las que se infieren regímenes que legalmente no son regímenes pero que podrían serlo.
Lo cierto es que podría recurrirse a una mejor técnica legislativa a fin de establecerse en un texto legal, digamos en una ley, las medidas de debida diligencia con alcance para todos los sujetos obligados, y en otro tipo de normas, llámese resoluciones de la SBS o de la SMV, precisiones en cuanto a la cantidad y calidad de las medidas a observar por cada tipo de sujeto obligado.

Los mitos de la prevención del lavado de activos

2013-11-19T14:04:00.000-08:00

En el presente artículo desarrollamos lo que consideramos los principales “mitos” que afectan el cumplimiento de las normas internas para prevenir el lavado de activos en los sujetos obligados.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, «mito» es toda “persona o cosa a las que se atribuyen cualidades o excelencias que no tienen, o bien una realidad de la que carecen”. En prevención del lavado de activos, los mitos se configuran a través de afirmaciones que se dan por válidas prescindiendo de argumentos obtenidos de los conocimientos y de la experiencia.

MITO: Las normas anti lavado se contraponen a las normas del negocio.
Este mito es absolutamente falso, no existe o no debe existir conflicto alguno entre ambos tipos de disposiciones. Entre uno y otro debe haber una adecuación, una fusión que permita ser entendida como una sola norma.

MITO: Las normas anti lavado restringen las ventas.
Este mito también es completamente errado, de lo que se trata es establecer y mantener relaciones comerciales con clientes que utilicen fondos provenientes de una actividad económica real y transparente, para lo cual sólo se exige un mínimo nivel de diligencia, requisitos y controles.

MITO: Comunicar una alerta es como “apuñalar” a mi cliente.
Nada más equivocado, salvo que el cliente esté realmente relacionado con actividades criminales, la comunicación de una alerta debe ser entendida como el “cumplimiento de un deber” impuesto por la Ley y que el sujeto obligado no hace más que ponerlo en práctica dentro de su organización. No se está denunciando a nadie, sólo se da cumplimiento a un debe de naturaleza administrativa.

MITO: Si el cliente deposita en el banco, no es necesario que yo me preocupe.
Falso. Todo sujeto obligado debe prevenir el lavado de activos, independientemente de la interrelación que pueda existir entre uno y otro. La obligación de conocer al cliente es inherente y no puede sobre entenderse con la actuación ajena. Cada sujeto obligado responde por sus propios actos.

MITO: Si el cliente es sujeto de crédito en el sistema financiero, es porque el banco lo ha calificado y ve que no hay ningún riesgo.
No es verdad. En primer lugar, la calificación que hace el banco al considerarlo sujeto de crédito es de índole crediticia (capacidad de pago) y no específicamente de lavado de activos. En segundo lugar, los criterios utilizados entre una evaluación crediticia y una de lavado de activos, son diferentes.

MITO: Es difícil que en la empresa se laven activos.
No es cierto. Por el contrario, sin una debida diligencia, sin una actitud de permanente alerta por parte de los trabajadores, el lavado de activos se puede concretar, y es probable que cuando no notemos, ya estemos siendo objeto de un procedimiento sancionador o de una investigación penal por lavado de activos.

MITO: El lavado de activos no produce mayores agravios para las personas.
Nada más errado. El lavado de activos permite que los ingresos obtenidos de actividades delictivas sean legitimados para su disfrute posterior. Estas actividades delictivas (delitos fuente) generan sufrimientos invaluables para la víctima y su familia.

El titular real en las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas

2013-11-08T14:22:00.000-08:00

La identificación del titular real en las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas es un verdadero reto para el Oficial de Cumplimiento y requiere necesariamente de la colaboración en el suministro de información por parte del cliente.

Las personas jurídicas pueden ser utilizadas como fachada para ocultar a sus verdaderos propietarios, es decir, a aquellos que ejercen el poder de decisión sobre los activos y las transacciones que éstas realizan. Las personas jurídicas tienen una existencia y un interés propios, diferente al de los socios o accionistas que la constituyeron, de lo que se colige que todas las transacciones que efectúe deben hacerse en función de su objeto social. En este escenario, aparece el uso de la persona jurídica como herramienta para fines que no le son propios y obedecen, por el contrario, a un interés particular que, incluso, puede ser distinto a las personas naturales que registran como sus socios o accionistas, donde éstas serían, al igual que la persona jurídica, simples instrumentos. Usualmente, una cadena de mando y poder decisorio así diseñada es proclive a ser utilizada para facilitar operaciones de lavado de activos. El GAFI recomienda que los sujetos obligados deben identificar al beneficiario final de las personas jurídicas. Dice la Recomendación 24 del GAFI:

Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas
Los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente. En particular, los países que tengan personas jurídicas que puedan emitir acciones al portador o certificados de acciones al portador, o que permitan accionistas nominales o directores nominales, deben tomar medidas eficaces para asegurar que éstas no sean utilizadas indebidamente para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Los países deben considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final y el control por las instituciones financieras y las APNFD que ejecutan los requisitos plasmados en las Recomendaciones 10 y 22.

La situación se complica en las denominadas estructuras jurídicas y particularmente en el caso dado por una persona jurídica que es accionista de otra persona jurídica, que a su vez es accionista de otra persona jurídica. Si a ello agregamos la realización de transacciones interbancarias y que domicilia en un país distinto al que se practica la debida diligencia para el conocimiento del cliente, y este país es no cooperante con el GAFI o se trata de un territorio o jurisdicción de especial riesgo de lavado de activos según nuestras propias bases de datos, o simplemente un país extranjero, el cumplimiento de las normas anti lavado se torna poco menos que compleja. La Recomendación 25 del GAFI dice:

Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas
Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de otras estructuras jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. En particular, los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomisos expresos, incluyendo información sobre el fideicomitente, fiduciario y los beneficiarios, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente. Los países deben considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final y el control por las instituciones financieras y las APNFD que ejecutan los requisitos establecidos en las Recomendaciones 10 y 22.

Como funcionarios de cumplimiento, al encontrarnos frente a un cliente que es una persona jurídica u otra estructura jurídica, toda la información y documentación que se solicita debe orientarse hacia la identificación del titular real de la misma, no perder esta perspectiva permite aplicar suficientemente la ley. No olvidemos que uno de los mayores logros para el lavador es el no ser identificado como tal, por ello a veces se presenta a través de un representante, un testaferro, bajo la cobertura legal de una empresa legítima o como el “cliente ideal”.

Mi primer aporte en el campo de la prevención del lavado de activos

2013-10-28T20:24:00.000-07:00

El Beneficiario Final

2013-06-10T14:41:00.000-07:00

La identificación del beneficiario final no siempre es una tarea fácil, pues por lo general está oculto y su detección puede llevarnos a diferentes ámbitos, y por si fuera poco, las Normas para la Prevención del Lavado de Activos nos exigen que lo identifiquemos.

Por lo general, la idea de beneficiario final está asociada a la de persona jurídica, así puede inferirse de las recomendaciones 24 y 25 del GAFI, sin embargo, el beneficiario final será siempre una persona natural. La persona jurídica le servirá sólo de cobertura jurídica ideal en las transacciones destinadas a legitimar dinero de procedencia ilícita.

Conforme a los Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, El Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación, beneficiario final “se refiere a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee o controla a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica”.

Revisemos brevemente cada uno de los elementos de la definición:

1. Sólo puede ser beneficiario final una persona natural, nunca una persona jurídica, ya que esta última siempre estará bajo el control de la primera.

2. El beneficiario final puede serlo respecto de una persona natural y de una persona jurídica u otras estructuras jurídicas.

3. El beneficiario final debe ejercer el control sobre las decisiones del cliente respecto de la operación que realizará frente al sujeto obligado.

4. Es también la persona en cuyo nombre se realiza una transacción, es decir, hay otra persona (cliente o usuario) que realiza la transacción pero por cuenta de otra, por ejemplo, el hijo que deposita US $ 10,000 en la cuenta bancaria de su padre.

5. Es la que ejerce el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica. Ejemplo, una persona que funge de accionista, gerente o administrador de una o más personas jurídicas tendrá el control sobre las decisiones que se adopten en aquélla.

Lo usual es que quien se presenta como cliente debe ser el beneficiario final, es decir el destinatario de las operaciones que se realizan. Por ejemplo, en la compra de un vehículo, el beneficiario final deberá ser el comprador; o en el otorgamiento de un préstamo dinerario, el beneficiario final deberá ser el prestatario; etc. Debido a que no siempre se produce esta equivalencia, surge la necesidad de preguntarnos si realmente nuestro cliente es el beneficiario final del producto vendido o servicio prestado, o se trata de una persona que, en definitiva, poco le interesa adquirir el bien o servicio salvo por la “comisión” que recibe. Nos preguntamos entonces ¿por qué identificar al beneficiario final?

Diremos, en principio, que la figura del beneficiario final es una abstracción derivada de la persona del cliente, donde su utilidad está indesligablemente relacionada con el lavado de activos.

En efecto, el lavador no siempre querrá ser titular ni aparecer en las transacciones con propósito de blanqueo por obvias razones, normalmente permanecerá oculto, estará detrás de las transacciones comerciales pero ejerciendo un control directo sobre el movimiento y destino de los activos involucrados. Para lograrlo, no sólo determinará el tipo, monto y moneda de las operaciones a realizar, sino que, además, seleccionará y persuadirá a personas, que luego del acuerdo con el lavador, se convertirán en clientes, quienes aparecerán como titulares de acciones, compradores de inmuebles, titulares de operaciones de cambio de moneda extranjera o de la cuenta bancaria receptora de una transferencia de dinero, prestando su nombre o actuando como si fuera beneficiario “real” de las relaciones comerciales. Así las cosas, prevenir el lavado de activos implica también identificar situaciones anómalas, relacionadas con el beneficiario final, que nos conduzcan a determinar el trasfondo de la operación, donde, de acuerdo a la naturaleza de relación comercial, lo normal es tener a un cliente – beneficiario y no a un cliente – fachada.

Enfoque antilavado: prevenir para no lamentar

2013-03-01T07:58:00.001-08:00

Representa una verdad absoluta que prevenir el lavado de activos en un sujeto obligado trae consigo determinados costos que se deberán asumir. En efecto, implementar un Sistema de Prevención del LA/FT requiere no sólo de infraestructura y de medios informáticos apropiados, sino también de personal idóneo que ponga en práctica los mandatos legales sobre la materia. La capacitación permanente para los trabajadores, para el Oficial de Cumplimiento y el personal bajo su mando es un costo adicional no menos importante que los primeros de los costos mencionados.

Pero hablar de “costos” quizás no resulte del todo adecuado si tenemos en cuenta que implementar lo exigido legalmente implica dotar de seguridad a nuestro negocio que puede verse perjudicado en el supuesto contrario. Utilicemos mejor la palabra “inversión”, que es la que mejor se ajusta a la realidad, donde el retorno de “lo invertido” revierte en la buena imagen y reputación del negocio y en la permanencia en una actividad económica libre de toda contaminación generada por el dinero de origen ilícito mezclado con aquel obtenido legalmente, afirmaciones estas últimas que deben conducirnos a entender que la prevención antilavado no es, en absoluto, una carga que nos impone el Estado, sino una obligación que tenemos por el sólo hecho de hacer negocio. Es totalmente irresponsable hacer negocio sin hacer muchas preguntas al cliente y sobre todo prestando poco interés acerca del origen del dinero utilizado en la transacción. Resulta poco ético que nuestra empresa, incumpliendo con la normativa antilavado, acepte de buena gana dinero en las transacciones, “venga de quién venga” y “venga de dónde venga”, aún pudiéndose suponer que derivan de alguna actividad ilícita.

Prevenir el lavado de activos contribuye, además, a reducir la exposición al riesgo de lavado de activos en las empresas y negocios obligados según la ley, esto es, el riesgo de verse involucrados en investigaciones de diversa índole. La falta de cumplimiento o el cumplimiento parcial de las normas sobre prevención del lavado de activos puede dar lugar a procedimientos sancionadores por parte de los reguladores y con ello la imposición de multas e incluso el cierre temporal o definitivo del negocio: ¿cuánto dinero podría perder nuestro negocio si, como resultado de un procedimiento administrativo adverso, estuviera obligado a pagar una multa, normalmente, calculada sobre la base de la UIT? De igual modo, ¿cuánto dinero perdería nuestro negocio por cada día de cierre o por la clausura definitiva del local comercial? Incumplir las normas antilavado no sólo implica que tendremos que asumir las consecuencias económicas de las sanciones impuestas, sino que, además, tendremos que implementar, a nuestro costo, todas y cada una de las obligaciones legales incumplidas, es decir, tendríamos que hacer por “las malas” aquello que no hicimos por “las buenas”.

En el mejor de los casos y aún con el desmedro económico que habría por las razones que hemos dejado expuestas en el párrafo precedente, incumplir con las normas administrativas sobre prevención del lavado de activos sea el menor de los problemas que tendríamos que afrontar. Lo grave y sumamente riesgoso sería si termináramos siendo involucrados en alguna de las conductas de lavado de activos (actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia) en los que no tendríamos culpa alguna, ¡qué duda cabe!, en la calidad que fuese (autor o cómplice) y por el monto que fuese, por el solo hecho de no haber adoptado las medidas de prevención antilavado existentes o no tener al personal debidamente capacitado presto a detectar cualquier situación u operación inusual o sospechosa. Ni pensar en las consecuencias personales de los directores, gerentes y personal involucrado, ni en lo que le espera a la propia empresa como consecuencia de una condena (consecuencias accesorias). A todo esto habría que agregar el gasto que significaría tener que contratar a abogados y asesores externos para defendernos en juicio ante una eventual incriminación de dicha naturaleza, y sólo por no haber prevenido en su oportunidad.

Por lo general, solemos “no hacer nada hasta que nos pase”, el detalle es que, cuando “nos pase” puede que vivamos sólo para contar cómo quedó nuestro negocio o cómo quedamos nosotros, por lo que es necesario y conveniente prevenir hoy para no lamentar mañana.

Calificar o no calificar una operación como sospechosa: ¡He ahí el dilema!

2013-01-18T23:33:00.000-08:00

Reportar una operación inusual que el Oficial de Cumplimiento ha calificado como sospechosa es una obligación que tienen todos los sujetos obligados a informar. ¿Pero qué consecuencia habría si no reportamos una operación sospechosa?

El segundo párrafo de la Primera Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo Nro. 1106 establece claramente esa obligación en los siguientes términos:

“(…) Los sujetos obligados establecidos a través de la Ley Nro. 27693 deberán reportar bajo responsabilidad de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas puedan conducir razonablemente a sospechar que se está utilizando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación”.

Todo reporte de operación sospechosa está precedido de un acto de calificación, que compete al Oficial de Cumplimiento, quien atribuye la categoría de “sospechosa” luego de evaluar y analizar toda la información a su alcance sobre el contexto (informes, bases de datos, etc.), el cliente (conocimiento del cliente) y sus operaciones (monitoreo transaccional). Este acto de calificación no es otra cosa que la decisión que adopta el Oficial de Cumplimento a través del cual presume que en la operación realizada estarían involucrados activos de origen ilícito. En torno a este acto de calificación surgen dos supuestos excluyentes: se califica o no se califica la operación inusual como sospechosa. La calificación positiva, es decir, si se califica la operación como sospechosa, conlleva a su inmediata comunicación a la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro del plazo establecido.

Pero, ¿qué sucede si habiendo indicios razonables y suficientes para calificar una operación inusual como sospechosa, el Oficial de Cumplimiento, por los motivos que fueran o por presiones externas a él, no decide calificarla como tal y, por el contrario, opta por archivar sus indagaciones? O, ¿qué pasaría si el Oficial de Cumplimiento simplemente no comunica la operación sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera? Analicemos brevemente cada uno de estos supuestos.

El Oficial de Cumplimiento no califica una operación inusual como sospechosa a pesar de los indicios existentes.
En este primer supuesto se presentan dos situaciones: En la primera, estaríamos frente a una actitud negligente del Oficial de Cumplimiento, quien a pesar de la información sobre el conocimiento del cliente así como de las alertas identificadas o reportadas por el personal del negocio obligado, o porque simplemente su buen criterio no le alcanzó, decide no calificar la operación como sospechosa. Aquí no hubo acto de calificación y, al no haberlo, la operación inusual nunca se convirtió en sospechosa, a pesar de las evidencias. En la segunda situación, el Oficial de Cumplimiento recibe presiones externas, digamos de algún trabajador o de la alta gerencia, para que no califique una operación inusual como sospechosa, a pesar de las alertas que así lo sugieren, o para que se retracte de una eventual calificación no obstante estar convencido de sus sospechas acerca de la naturaleza de las operaciones realizadas.

En ambos casos, de presentarse una visita de supervisión por parte del organismo supervisor o por funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, y siempre que así lo estime pertinente, el Oficial de Cumplimiento deberá responder y explicar las razones por las cuales no calificó la operación inusual como sospechosa, a pesar de la calidad de las alertas existentes, pudiendo someterse a revisión el adecuado cumplimiento de sus funciones o cuestionar su idoneidad para el ejercicio del cargo. Asimismo, puede cuestionarse la eficiencia y/o la eficacia del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y, con ello, las políticas, procedimientos y controles implementados.

El Oficial de Cumplimiento no comunica la operación que ha calificado como sospechosa.
En este segundo supuesto, el dilema reviste de una mayor claridad por existir una respuesta legal para ello. La no comunicación de la operación sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera genera consecuencias penales. En efecto, el artículo 5 del Decreto Legislativo Nro. 1106 contempla el delito de omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas con el texto siguiente:

“El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, con ciento veinte a doscientos cincuenta días multa e inhabilitación no menor de cuatro ni mayor de seis años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36° del Código Penal.
La omisión por culpa de la comunicación da transacciones u operaciones sospechosas será reprimida con pena de multa de ochenta a ciento cincuenta días multa e inhabilitación de uno a tres años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36° del Código Penal.”

Para incurrir en este delito es necesario que se haya producido el acto de calificación de la operación inusual como sospechosa, y su consumación está directamente relacionada con el vencimiento del plazo establecido en las normas sobre prevención del lavado de activos.

Conforme a ley, sólo el Oficial de Cumplimiento tiene la facultad de calificar las operaciones inusuales como sospechosas. Dicho funcionario es el que va a responder frente a los reguladores por las razones que motivaron dicha calificación así como los argumentos que le condujeron a no asignar la condición de sospechosa a una determinada operación inusual, en términos coloquiales, el Oficial de Cumplimiento responderá por el “porqué sí” y “por el porqué no”.

Dos caras de la misma moneda: educar al cliente y entrenar al empleado

2012-12-17T10:28:00.000-08:00

Prevenir el lavado de activos es una obligación que corresponde sobre todo a aquellos negocios y empresas denominados sujetos obligados, quienes deben entender y aceptar que hacerlo contribuye a garantizar su imagen y buena reputación, y asegurar la confianza de la sociedad en su conjunto en el sector económico en el que participan.

Una de las aristas más importantes que exige la regulación antilavado está relacionada con el cliente. “Conocer al cliente” no sólo es una política institucional, es la base de todo sistema de prevención del lavado de activos. Si no conocemos adecuadamente al cliente, si no adoptamos la diligencia debida para obtener la información requerida conforme a los procedimientos internos y a la ley, el monitoreo posterior y la evaluación que se efectúe acerca de la naturaleza de las operaciones realizadas, podría ser defectuoso, parcial, incierto, con el peligro de arribar a conclusiones erróneas y reportar a clientes cuyas operaciones no debieron ser comunicadas si se hubiese tenido una información mucho más completa.

El cliente debe, en consecuencia, proporcionar determinada información a requerimiento del sujeto obligado. En la práctica vemos que los clientes en no pocas ocasiones se muestran reticentes a facilitar dicha información, lo que se erige como un obstáculo para el debido cumplimiento de las normas sobre prevención del lavado de activos.

Por otro lado, es el empleado el llamado a hacer cumplir las disposiciones internas para el conocimiento del cliente, lo que implica que dicho empleado debe tener un entendimiento cabal acerca de la necesidad de solicitarle al cliente determinada información. El empleado no sólo debe conocer qué información o qué documentos deben solicitarse al cliente, tiene además que comprender que esa información servirá para establecer un determinado perfil y anticiparse así a las operaciones que podría realizar durante la vigencia de la relación contractual, a fin de descartar o confirmar la probable ejecución de una operación de blanqueo. El empleado debe tener la convicción de que el cumplimiento normativo le permite protegerse de todo cuestionamiento por violación de la normativa interna frente al propio sujeto obligado y por vulneración de las leyes antilavado frente al regulador, y de toda acusación por complicidad de lavado de activos frente a las autoridades de aplicación de la ley. El empleado debe desarrollar técnicas de persuación para convencer al cliente que debe colaborar brindando la información que se le solicite, en especial cuando se vuelva renuente o reacio. Sin perjuicio de ello, el propio negocio obligado debe educar a sus clientes sobre la necesidad de colaborar brindando información, lo que puede materializarse a través de videos educativos colocados en las oficinas, volantes puestos a disposición del cliente o afiches colocados en los lugares de atención al público.

En el marco de la prevención del lavado de activos, el cliente debe ser educado para que facilite la información que le sea solicitada, haciéndole entender que dicha información le es requerida porque así lo exige la normativa antilavado y que si no la proporciona, la empresa podría ser multada. El empleado debe ser entrenado bajo esa perspectiva, dotándole de técnicas apropiadas para convencer al cliente sobre dicha necesidad.

Educar al cliente y entrenar al empleado permitirá obtener del cliente su predisposición para colaborar con el empleado en el cumplimiento de la ley, y el empleado convertirá al cliente reacio en un cliente colaborador. Reza el dicho popular: “el que nada debe, nada teme”. Bajo esta convicción, si el cliente se rehusa a dar información o se desiste de la relación comercial apenas le es solicitada, será porque algo esconde, y constituye una alerta que deberá ser comunicada al Oficial de Cumplimiento para su respectiva evaluación.

Enfoque al riesgo de lavado de activos en el sector cambiario

2012-11-02T21:24:00.000-07:00

Aproximaciones a una gestión del riesgo de lavado de activos en las operaciones de compra y venta de divisas.

En el presente trabajo desarrollaremos brevemente el tema “Enfoque al riesgo de lavado de activos en el sector cambiario” mediante el método de preguntas y respuestas. Para dicho efecto, asociaré los conceptos de “riesgo” y “prevención del lavado de activos” en las operaciones de cambio de moneda. Veamos.

1.- ¿Cómo se relacionan los conceptos de “riesgo” y de “lavado de activos”?

Es necesario afirmar que el riesgo está presente en todos los ámbitos del accionar humano, donde la iniciativa empresarial, llámese negocio o empresa, está incluida. Nuestra empresa estará siempre supeditada a la ocurrencia de riesgos que pueden poner en peligro su propia permanencia en el mercado, tales como malos manejos administrativos, competencia desleal, fraudes internos, alteración de las condiciones del mercado y lavado de activos.

Por “riesgo” podemos entender la probabilidad de ocurrencia de un hecho que, de materializarse, puede causar perjuicio. No es posible eliminar el riesgo (R = 0). Se debe reconocer y aceptar que el riesgo es inherente al negocio y que puede presentarse en cualquier momento. Es necesario que se reduzca su probabilidad de ocurrencia a fin de evitar sus eventuales perjuicios.

El lavado de activos es, sin duda, uno de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta cualquier empresa y que, de presentarse, puede acarrear cuantiosas pérdidas económicas y amenazar incluso la propia existencia del negocio. El riesgo de lavado de activos debe ser controlado, reducido, mitigado. El mayor riesgo asociado al lavado de activos es el riesgo reputacional que consiste en la pérdida de la buena imagen y reputación del negocio, con la consiguiente disminución de clientes e ingresos; sin embargo, no debemos olvidar los demás riesgos asociados como el legal, operacional y de contagio.

Toda empresa necesita tener una buena imagen en el mercado a fin de lograr la confianza de sus clientes y del público en general, tanto en ella como organización así como en sus productos o servicios. Verse involucrado en operaciones de lavado de activos, puede resultar muy dañino para la continuidad del negocio.

2.- ¿Por qué es importante el “enfoque a riesgo” en la prevención del lavado de activos?

Es importante porque permite concentrarse en aquellos aspectos que representan mayor riesgo para el negocio desde el punto de vista del lavado de activos a fin de diseñar y establecer controles adecuados que permitan reducir su exposición a dicho riesgo. Asimismo, porque permite asignar los recursos humanos y tecnológicos en las áreas y procedimientos internos que representan mayor riesgo, excluyendo a otros que tienen menor incidencia o presentan menor probabilidad de ocurrencia de lavado de activos.

3.- ¿En qué consiste el “enfoque a riesgo”?

El “enfoque a riesgo” debe estar reflejado en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos, donde las políticas y los procedimientos deben girar en torno a los riesgos, por lo que hablamos de una gestión propiamente dicha, de una gestión de riesgos. Tiene 4 etapas, como son la identificación, evaluación, controles y monitoreo.

En primer lugar, deben identificarse los riesgos relacionados con el lavado de activos a través de diversas categorías, tales como clientes, producto o servicios, transacciones y jurisdicción. Cada una de estas categorías tiene sus respectivas variables, que deben ser previamente definidas y luego identificadas según la experiencia del negocio.

En segundo lugar, los riesgos identificados deben ser evaluados o medidos a fin de determinar su probable impacto en el negocio.

En tercer lugar, deben establecerse los controles necesarios para mitigar los riesgos identificados, tales como pedir más información o documentos al cliente, realizar visitas a sus domicilios, hacer entrevistas a sus dueños o representantes, solicitar la aprobación del jefe o de la gerencia, hacerle firmar declaraciones o documentos especiales, etc.

Finalmente, debe realizarse un monitoreo periódico sobre la efectividad de los controles implementados para reducir los riesgos identificados.

4.- ¿Cómo se aplicaría el “enfoque a riesgo” en las operaciones de compra y venta de divisas?

Para aplicar una gestión del riesgo de lavado de activos en las operaciones de cambio de divisas deben tenerse en cuenta diversos aspectos tales como tipo (persona natural o jurídica) y domicilio (domiciliados o no domiciliados) de clientes; forma (efectivo, cheque u otra forma de pago), volumen (cantidad) y frecuencia (número de veces) de transacciones; nivel de formalidad de los clientes (registrados en la SUNAT, en la Municipalidad y ahora en la UIF); origen o destino de las transacciones (desde o hacia el Perú, tomando en cuenta las zonas geográficas dentro del Perú que podrían representar algún riesgo como el predominio del contrabando, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, etc.; o transacciones que vengan o se destinen a paraísos fiscales o países no cooperantes con el GAFI); entre otros. A partir de esta información deben aplicarse las etapas mencionadas con anterioridad.

Clonación de tarjetas de crédito y lavado de activos

2012-10-30T22:22:00.000-07:00

En el presente artículo realizaremos un estudio analítico sobre la clonación de tarjetas de crédito como delito fuente del lavado de activos.

Fraude y fraude bancario.

La clonación de tarjetas de crédito es una modalidad de fraude realizado en la actividad bancaria. Fraude es la acción cometida intencionalmente para obtener ganancia de forma ilícita o ilegal.

Bajo el criterio de ubicación del agente o titular del acto fraudulento, el fraude puede ser interno o externo. El fraude será interno cuando es realizado por los mismos trabajadores de la institución bancaria, por ejemplo, sustracciones de dinero que se realicen en perjuicio del propio banco o de sus clientes. De igual modo, el fraude será externo cuando el sujeto activo es una persona ajena a la entidad, por ejemplo, robos, falsificaciones, penetración no autorizada en los sistemas informáticos. La clonación de tarjetas bancarias como acto fraudulento está ubicada dentro de los fraudes externos.

Existen una serie de formas, técnicas o tipologías que permiten utilizar una tarjeta de crédito como medio o instrumento para cometer fraudes. Están son algunas de las modalidades:

- Aumento fraudulento de cupos.

- Tarjeta caliente.

- Falsificación de la banda magnética.

- Autoría del tarjeta habiente.

- Tarjeta expedida con datos falsos.

- Documento de identidad falso.

- Retiros fraudulentos por cajero automático.

Tarjeta de crédito.

Una tarjeta de crédito es un contrato que vincula a un cliente con una entidad financiera para realizar determinadas operaciones bancarias. Es, propiamente, un producto financiero que es utilizado como medio de pago para comprar, para retirar dinero y pagar préstamos en fechas posteriores, etc.

Una tarjeta de crédito tiene diversas partes. Sin embargo, para los efectos que nos ocupan, debemos poner de relieve lo concerniente a la banda magnética.

En la banda magnética se grava una serie de información de utilidad para la empresa emisora y necesaria para el manejo electrónico de datos. Tiene 3 renglones de almacenamiento de datos: la primera almacena el nombre del usuario y los datos confidenciales para la empresa emisora, la segunda guarda información sobre el número de la tarjeta, la clave secreta de acceso (PIN) y otros datos, y la tercera guarda información sobre la historia de los movimientos de la tarjeta para que sea usada en procesamiento de datos fuera de línea.

Clonación de tarjetas de crédito.

Pero ¿qué es la clonación de tarjetas de crédito? Lejos de dar una definición por el riesgo que significa excluir algunas formas en que se configura el ilícito, veamos las siguientes ideas:

- Es una modalidad de fraude con tarjeta de crédito.

- Es la reproducción ilícita de una tarjeta de crédito existente con propósito de fraude.

- Y, en estricto, consiste en el robo de la información contenida en la banda magnética de la tarjeta.

Las técnicas utilizadas por los delincuentes para clonar tarjetas de crédito son el phishing, trashing, sniffing, Boxing y skimming. Revisemos brevemente el significado de cada una de estas técnicas de clonación.

El phishing consiste en el envío de correos electrónicos de fuente aparentemente confiable.

El trashing es la obtención de la información consignada en el ticket de las tarjetas de crédito.

El sniffing es la interceptación de los datos de pagos realizados por internet con tarjetas de crédito.

El boxing es el robo de la tarjeta de crédito enviadas mediante su interceptación en la casilla de correo.

Y el skimming que es la técnica de clonación más conocida y consiste en la utilización de un dispositivo denominado skimmer para copiar la información contenida en la banda magnética de la tarjeta. Mediante esta técnica se coloca en el cajero automático un pequeño aparato llamado skimmer que roba los datos de la banda magnética arrastrando la tarjeta. Luego el clonador retira el dispositivo y transfiere los datos de la tarjeta en un ordenador PC para posteriormente transferirla en una tarjeta en blanco.

La clonación de tarjetas y el lavado de activos.

Habiéndose revisado los alcances de una tarjeta de crédito y las técnicas de clonación de las mismas, abordemos ahora su asociación o vinculación el lavado de activos. Para lo cual debemos responder a la siguiente pregunta: ¿La clonación de tarjetas de crédito puede dar lugar al lavado activos? Dar respuesta a esta pregunta exige que previamente analicemos tres aspectos que proponemos también a manera de preguntas: ¿La clonación de tarjetas de crédito es un delito? ¿La clonación de tarjetas de crédito es un delito previo? ¿La clonación de tarjetas de crédito produce ganancias ilegales? Veamos.

La primera pregunta dice: ¿Es la clonación de tarjetas de crédito un delito? El art. 186-A del CP vigente, tipifica el delito de hurto agravado, cuya parte pertinente transcribo a continuación:

– El agenta será reprimido con pena privativa de libertad no < 3 ni > 6 años si el hurto es cometido:

3. Mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos, de la telemática en general o la violación del empleo de claves secretas.

En consecuencia, la respuesta es afirmativa. La clonación de tarjetas de créditos es un delito.

La segunda pregunta dice: ¿Es la clonación de tarjetas de crédito un delito precedente? El Decreto Legislativo 1106, de Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado, de reciente publicación, que derogó la Ley 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos, establece en su art. 10 un catálogo de delitos que incluye minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delitos contra la administración pública, secuestro, proxenetismo, trata de personas, tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, delitos tributarios, extorsión, robo, delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción de los actas contemplados en el artículo 194° del Código Penal. El hurto gravado es un delito con “capacidad de generar ganancias ilegales”.

Respondiendo entonces a la pregunta en cuestión, la respuesta deberá ser también afirmativa.

Finalmente, la tercera y última pregunta: ¿Produce la clonación de tarjetas de crédito ganancias ilegales? Decimos que la clonación de tarjetas va a permitir al delincuente acceder a información confidencial de la tarjeta para adquirir bienes, entre otros, dinero en efectivo. Lo que permitirá que el delincuente obtenga un beneficio económico e incrementar su patrimonio. La respuesta a esta pregunta será entonces igualmente afirmativa.

Satisfechas las 3 preguntas que nos planteamos al inicio de esta sección, afirmamos en consecuencia que la clonación de tarjetas de crédito sí es delito previo al lavado de activos.

¿Cómo mitigar el riesgo de lavado de activos producto de la clonación de tarjetas de crédito.

La mitigación de este riesgo se logra desde la perspectiva de la entidad financiera y desde el propio cliente. Decimos mitigar y no anular, correcto, la posibilidad de que se materialice el lavado de activos como resultado de la clonación de tarjetas de crédito estará siempre latente, lo que hay que hacer simplemente es tratar de reducir esa posibilidad desde todos los ámbitos.

El banco deberá identificar aquellas transacciones que son producto de una clonación de tarjetas, mediante el monitoreo transaccional. Es decir, el personal de riesgos y cumplimiento de la entidad financiera, al momento de evaluar y analizar operaciones, deberá poner énfasis en los lugares donde frecuentemente un cliente hace transacciones con el banco, que puede ser un supermercado, un punto de venta cerca a su oficina, a su casa, etc. Asimismo, no debe prescindirse de la evaluación eventuales reclamos que haya formulado el cliente a fin de identificar falsos positivos.

Se ponderan las alertas originadas en los formatos de vinculación, estados de cuenta y comprobantes de pago.

En cuanto al cliente, debe ser alertado por la entidad financiera para que sea precavido al momento de realizar sus transacciones, sea en puntos de venta, en cajeros automáticos o por internet, formando lo que se denomina una “cultura de prevención”.

Concluimos esta parte diciendo que se necesita el esfuerzo conjunto del banco y del cliente para prevenir y evitar riesgos de fraudes y lavado de activos con tarjetas de crédito.

Alertas que están relacionadas con el fraude con tarjetas bancarias.

El personal a cargo debe tener presente al momento de evaluar las transacciones de los clientes, las siguientes alertas:

ü Compras con tarjetas en diferentes ciudades del país, el mismo día, en cuantías iguales o similares, en las que el titular del producto no posee negocios.

ü Compras con tarjetas el mismo día o en un lapso de tiempo muy corto, cuyo total es cercano al tope establecido para la tarjeta, sin justificación aparente.

ü Compras efectuadas con tarjetas en zonas fronterizas del país, sin que la actividad económica lo justifique.

ü Múltiples, continuos y cuantiosos retiros de efectivo en el mismo cajero o cajeros de la misma red, cuyo monto total es alto o es el máximo establecido por el banco.

ü Múltiples compras en establecimientos comerciales con tarjetas de crédito en cajeros en la misma ciudad o diferentes ciudades sin justificación aparente o relación con la actividad económica de su titular.

Recomendaciones para evitar ser víctimas de fraudes y clonación de tarjetas.

Los titulares de tarjetas bancarias deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

ü Tape su clave al momento de digitarla.

ü Pida el punto de venta o acérquese a caja para realizar sus pagos. No pierda de vista su tarjeta.

ü Use una computadora confiable para sus operaciones en internet.

ü Digite directamente la página web de su banco.

ü No ejecute programas sobre supuestas noticias, postales, videos, etc

ü Guarde los recibos y cotéjelos con su estado de cuenta.

ü Destruya el comprobante de pago antes de arrojarlo.

ü Memorice su clave al recibirla y destruya el documento donde venía.

ü Si recibe llamadas preguntando sobre su información personal, constate que se trata del banco que le otorgó la tarjeta de crédito.

ü No suministre ningún tipo de información que le soliciten por correo electrónico.

Tipologías relacionadas con tarjetas bancarias.

Son tipologías relacionadas con tarjetas bancarias en general el arbitraje cambiario internacional mediante el transporte de dinero ilícito; la declaración de un premio ficticio obtenido en el exterior, para el ingreso a un país local de dinero ilícito; algunos productos financieros y de inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activas; e, inversión extranjera ficticia en una empresa local.

Conclusiones.

La clonación de tarjetas de crédito:

ü Es un tipo de fraude en la actividad bancaria.

ü Asociada a avances tecnológicos y mayor presencia del crimen organizado.

ü Afecta imagen del banco y transacciones comerciales.

ü Modalidad de d. informático que genera ganancias ilegales y es delito previo al lavado de activos.

ü El riesgo de lavado de activos a través de la clonación de tarjetas de crédito se reduce desde óptica banco-cliente, debiendo haber interacción recíproca permanente

La profesión de abogado y el lavado de activos

2012-07-13T16:57:00.000-07:00

Existen ciertas profesiones que vienen siendo utilizadas para legitimar ganancias de origen ilícito. Son los denominados “gatekeepers” y entre ellos aparecen los abogados, notarios y contadores. En las siguientes líneas nos ocuparemos de la profesión de abogado y su relación con los actos de blanqueo.

Los abogados y el lavado de activos en las tipologías del GAFI.

En el Informe sobre tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 2003 – 2004, emitido por el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI, en la tipología “Los gatekeepers y el lavado de activos”, se describen algunos casos de lavado de activos donde los abogados participaron activamente en el proceso de blanqueo:

Caso 1: Un contador y abogados prestan colaboración en un plan de lavado de activos.

Se identificaron movimientos sospechosos por más de 2 millones de dólares estadounidenses enviados en pequeñas cantidades por distintas personas que solicitaron transferencias electrónicas o giros bancarios a nombre de un cartel de narcotraficantes que importó 24 kg de heroína ocultos en un cargamento de productos al País Z. Las transferencias bancarias compradas a las distintas instituciones financieras del País Y (el país de origen de la droga) se usaron luego para adquirir inmuebles en el país Z.

El cartel recurrió a un contador para abrir cuentas bancarias y registrar las compañías. El contador también asesoró a los cabecillas sobre distintas alternativas de inversión.

El cartel también recurrió a una firma de abogados para adquirir propiedades con las transferencias bancarias compradas en el exterior luego de ser procesados a través de la cuenta fiduciaria de la firma de abogados. Los abogados también establecieron fideicomisos y compañías familiares.

Caso 2: Profesionales legales actúan como facilitadores en operaciones de lavado de activos.

El director de varias compañías industriales malversó varios millones de dólares utilizando cuentas bancarias de compañías extraterritoriales. Parte de los fondos malversados se invirtieron en propiedades en el País Y por medio de compañías de inversión inmobiliaria sin fines de intercambio administradas por colaboradores de la persona que cometió el delito principal.

Las investigaciones realizados en el País Y como consecuencia de una denuncia de la UIF demostraron que la creación e instrumentación de esta vía de lavado de activos había contado con el asesoramiento de “gatekeepers” profesionales de las áreas de contabilidad y legal. Ellos habían contribuido a organizar diferentes préstamos y a establecer el marco legal para las compañías de inversión inmobiliaria sin fine de intercambio utilizadas para adquirir los inmuebles. Estos profesionales también contribuyeron a la administración de las estructuras establecidas en el País Y. La investigación continúa.

Caso 3: Un abogado utiliza compañías y cuentas fiduciarias extraterritoriales para lavar dinero.

El Sr. S lideraba una organización dedicada a la importación de estupefacientes del País A al País B. El Sr. S contrató los servicios de un abogado para lavar los fondos provenientes de esta operación.

A fin de lavar el dinero obtenido de la operación de importación de estupefacientes, el abogado creó una red de entidades societarias extraterritoriales. Dichas entidades se constituyeron en el País C, donde rige un estricto control de los propietarios, registros y finanzas de las empresas. Una compañía de administración local del País D administraba estas compañías. Esas entidades se usaron para camuflar el movimiento de fondos ilícitos, la adquisición de activos y la financiación de actividades criminales. El Sr. S era el propietario del 100% del capital accionario al portador de estas entidades extraterritoriales.

En el País A, un grupo de personas y compañías sin relación aparente con el Sr. S transfirió grandes sumas de dinero al País D donde permanecen depositadas o bien, se las transfería a través de las compañías extraterritoriales del Sr. S. Se advirtió que esta misma red se utilizó para transferir grandes sumas de dinero a una persona en el País E, que según se descubrió más adelante, era la persona responsable de los cargamentos de droga destinados al País A.

Muchos otros abogados y sus cuentas fiduciarias se utilizaron para recibir efectivo y fondos transferidos, aparentemente, correspondían a beneficios de clientes comerciales del País A. Al ser interrogados por oficiales policiales y judiciales durante el curso de la investigación, muchos de estos abogados alegaban razones de “privilegio” para negarse a cooperar. Al mismo tiempo, el abogado creó otra red similar (que incluía otras cuentas fiduciarias del abogado) para adquirir activos y colocar fondos en medios e instrumentos específicos para ocultar la identidad real del beneficiario. No se pudo condenar al abogado por ninguno de los delitos en el País A. No obstante, los investigadores alegan que su conexión y acciones en nombre del Sr. S son irrefutables.

Caso 4: Un abogado utiliza la cuenta de su cliente para contribuir al lavado de activos.

Por un periodo de tres años, el Sr. X repartió fondos al País Y para su uso y beneficio personal. Para hacerlo, contó con la asistencia de abogados y contadores que utilizaban operaciones falsas y compañías extraterritoriales. El Sr. Y, un ex abogado, facilitó la trama de repatriación del Sr. X administrando la empresa extraterritorial y las cuentas bancarias del Sr. X en importantes centros financieros. El Sr. Y redactó documentos que aparentaban ser acuerdos de “préstamo” entre la compañía pantalla extraterritorial y una persona designada por el Sr. X en el País Y. Estos acuerdos de préstamo sirvieron como base para la transferencia de millones desde cuentas bancarias de distintos países al país de origen del Sr. X. Una vez que estos fondos llegaban a la cuenta de la persona designada por el Sr. X, se transferían al Sr. X. El abogado del Sr. X utilizaba las cuentas bancarias de la firma de abogados para las operaciones.

Caso 5: Se utiliza un fideicomiso para recibir dinero “negro” y adquirir bienes inmuebles.

Siguiente las instrucciones de un traficante de drogas, un abogado depositó efectivo en su propia cuenta fiduciaria y luego efectuó pagos periódicos de hipotecas sobre propiedades cuyo propietario y beneficiario era el mismo traficante. El abogado recibió comisiones por la venta de estas propiedades y por administrar las hipotecas. Si bien más adelante admitió haber recibido dinero en efectivo del traficante, haberlo depositado en su propia cuenta fiduciaria, y haber administrado los pagos hipotecarios del traficante, negó en todo momento tener conocimiento alguno del origen de los fondos.

Obligaciones de cumplimiento para los abogados según las recomendaciones del GAFI.

Los estándares internacionales sobre prevención del lavado de activos recomiendan que los abogados, notarios y contadores apliquen los procedimientos de debida diligencia del cliente y de conservación de los registros, y reporten operaciones sospechosas.

Recomendación 12: Los requisitos del procedimiento de debida diligencia respecto del cliente y de conservación de los registros expuestos en las Recomendaciones 5, 6 y 8 a 11 se aplican también a las actividades y profesiones no financieras en las siguientes situaciones:

(…)

d) Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores o contables cuando preparan o llevan a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes:

- Compraventa de bienes inmuebles.

- Administración del dinero, valores y otros activos del cliente.

- Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.

- Organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías.

- Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.

Recomendación 16: Los requisitos dispuestos en las Recomendaciones 13 a 15 y 21 se aplican a las actividades y profesiones no financieras designadas, con sujeción a las siguientes salvedades:

a) Se debería requerir a los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores o contables que reporten operaciones sospechosas cuando, por cuenta o en representación de un cliente, participen en una operación en relación con las actividades descritas en la Recomendación 12(d). Se alienta firmemente a los países a que hagan extensivo el requisito de reporte al resto de actividades profesionales de los contadores o contables, incluyendo las auditorías.

(…)

Participación de los abogados en operaciones de lavado de activos.

A raíz de los casos revisados así como de la necesidad de establecer normas sobre prevención del lavado de activos dirigidos a los profesionales del Derecho impartidas finalmente por el GAFI, no cabe duda que los abogados han participado y de hecho pueden participar activamente en el proceso de blanqueo de capitales ilícitos. Esta participación, idónea para el propósito de lavado debido a sus conocimientos especializados, pueden realizarla de tres formas: Primero, como asesores del traficante de drogas, elaborando complejos esquemas de “inversión” y utilización de productos y servicios financieros y no financieros, y de determinadas jurisdicciones. Segundo, como proveedor de servicios profesionales: constituyendo empresas, asumiendo la dirección de las mismas o siendo accionistas nominales por cuenta del traficante de drogas. Y tercero, mediante la tenencia y gestión de activos, comprando y vendiendo inmuebles, abriendo cuentas bancarias a su nombre para ser utilizadas en beneficio del traficante de drogas, o como testaferros, adquiriendo la titularidad de bienes y servicios, de bienes muebles e inmuebles o siendo propietarios de un empresa de fachada, todo por cuenta del traficante de drogas.

Los intermediarios, los testaferros y las empresas de fachada

2012-07-06T13:37:00.001-07:00

Entre las diversas personas utilizadas para facilitar operaciones de lavado de activos se encuentran los intermediarios, los testaferros y las empresas de fachada. Denominaremos a estas personas "instrumentos de legitimación”. Tienen características propias, pueden participar en las diferentes etapas de blanqueo y están asociadas a determinadas técnicas de lavado. Conocerlas permitirá identificarlas y evaluar la naturaleza de las operaciones que realizan, lo que a su vez contribuirá a prevenir el lavado de activos.

El lavado de activos consiste en utilizar el dinero[1] de origen ilícito[2] como si hubiese sido obtenido de manera lícita. El proceso de lavado de activos pasa por tres etapas: la colocación[3], la diversificación[4] y la integración[5].

Los intermediarios.

Son personas físicas, captadas por el lavador, para que, a cambio de una comisión, realicen determinados actos, orientados a la legitimación de capitales ilícitos. Son utilizados en la etapa de colocación y participan en las técnicas de “contrabando en efectivo”, “transferencias fraccionadas”, “cambio de moneda”, “compra de bienes e instrumentos monetarios”, “contrabando de obras de arte” y “tarjetas prepago”. Los intermediarios son, normalmente, personas que no perciben mayores ingresos, tales como amas de casa, estudiantes, jubilados y otros[6].

Los testaferros.

Según la Real Academia de la Lengua Española, testaferro es la «persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona». Los testaferros pueden participar en cualquiera de las tres etapas de lavado. Son utilizados tanto para esconder la verdadera propiedad de bienes muebles e inmuebles, de acciones o participaciones en una empresa, así como para ocultar la titularidad de productos y servicios en cualquier entidad financiera o no financiera y en las transacciones económicas. Pueden participar en las técnicas de “inmuebles”, “casinos y juego de azar”, “compraventa de obras de arte”, “capitalización de empresas legítimas, “exportación ficticia de servicios de asesoría”, “operaciones en el mercado de valores” y “operaciones de comercio internacional”. No siempre son personas de baja condición económica. Dependiendo del fin propuesto, pueden ser incluso hasta profesionales y personas solventes con trayectoria en determinado rubro de la actividad económica.

Las empresas de fachada.

Una empresa de fachada es aquella que está legalmente constituida, tiene personal, activos y realiza una actividad económica real, pero sus ingresos legítimos son mezclados con dinero sucio, sirviendo la actividad que desarrolla de cobertura para la normalización de fondos ilícitos. Como “instrumento de legitimación”, una empresa de fachada puede generar mayores beneficios para el lavador al utilizarla como respaldo para la obtención de créditos con o sin garantía, para la apertura de cuentas bancarias, ocultamiento de activos y como titular de diversos productos y servicios. Pueden ser utilizadas en cualquiera de las tres etapas del lavado de activos y en la mayoría de técnicas de blanqueo que requiera de un soporte empresarial.

Pautas de identificación.

Para identificar operaciones inusuales relacionadas con intermediarios, testaferros y empresas de fachada deben tomarse en consideración, entre otras, las siguientes pautas:

a) Los antecedentes del cliente[7] deben corresponder a su actividad económica actual.

b) Las características de sus operaciones deben corresponder al tipo de actividad económica.

c) El beneficiario, el lugar de destino o el propósito de las operaciones deben corresponder al tipo de actividad que desarrolla.

d) El lugar del domicilio del cliente debe corresponder al lugar de realización de sus operaciones o al lugar de desarrollo de su actividad.

e) Los estados financieros o los ingresos deben corresponder a la naturaleza de la actividad determinada en función de clientes que desarrollan la misma actividad y en el mismo lugar geográfico.

[1] Al dinero debemos entenderlo como una unidad de referencia que puede adquirir una variedad de formas durante el proceso de blanqueo.

[2] El dinero de origen ilícito es el dinero sucio, es decir, aquel que es producto del delito.

[3] La etapa de colocación consiste en hacer ingresar el dinero sucio al sistema financiero y no financiero legal.

[4] La etapa de diversificación se lleva a cabo a través de transacciones comerciales que buscan confundir la procedencia del dinero, alejándolo de su origen.

[5] La etapa de integración consiste en retorno del dinero lavado al blanqueador, para su utilización posterior.

[6] También pueden ser intermediarios todas aquellas personas cuya actividad no les permite generar mayores ingresos e incluso los trabajadores dependientes con bajas remuneraciones.

[7] Un intermediario, testaferro o empresa de fachada se presentarán como “clientes” ante la institución financiera o no financiera.