ProDerecho

La ley autonómica

2010-06-20T18:05:00.002+02:00

El estatuto de autonomía es la ley fundamental de las Comunidades autónomas, que contiene sus principales pautas de organización, tales como las competencias asumidas o trasferibles por el Estado, finanzas y economía o relaciones con las instituciones del Estado.

Por otra parte, el Parlamento estatal no detenta de forma exclusiva el poder legislativo sino que lo comparte con las Comunidades autónomas. El ejercicio de la potestad legislativa por parte de éstas debe ajustarse sin embargo a ciertos límites. El primero de ellos es una consecuencia lógica del principio de competencia territorial, según el cual las leyes autonómicas sólo tienen vigencia dentro del territorio de la Comunidad autónoma que los dicta. Por otra parte, las leyes autonómicas sólo podrán regular aquellas materias cuya competencia le haya sido atribuida en sus respectivos estatutos de autonomía.

Entre la ley autonómica y la ley estatal no existe una relación de dependencia jerárquica sino de competencia. En este sentido, la ley autonómica será inconstitucional si regula una materia que no le haya sido atribuida estatutariamente. Del mismo modo, aquella ley estatal que legisle sobre una materia competencia de la Comunidad autónoma también será incontitucional.

El ordenamiento jurídico penal está integrado por un conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen, como hecho, a la pena, como legítima defensa de la paz social.
Para determinar si una norma jurídica tiene carácter penal, es preciso examinar el tipo de sanción que lleva implícita: si ésta figura entre las que el Código penal establece en caso de delito, la norma se inscribe ciertamente en el ámbito del derecho penal.
Es preciso recurrir a este criterio para distinguir la norma penal de aquella otra regulación o normativa (perteneciente, por ejemplo, al derecho administrativo) que aunque incluye una sanción no posee, sin embargo, verdadera naturaleza penal.

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Las Comunidades autónomas

2010-06-20T17:48:00.003+02:00

La Constitución española establece que cualquier nacionalidad o región pueda acceder a la autonomía mediante el traspaso de todas aquellas competencias no reservadas expresamente al Estado. Asimismo, consagra el principio de autogobierno que se define como la no interferencia de la administración central en la actuación de las Comunidades autónomas.

Las Comunidades autónomas reproducen la distribución de poderes del Estado, claro está, con las debidas matizaciones. En este sentido, se rigen por una asamblea legislativa, un consejo de gobierno que ejerce las funcionesejecutivas y administrativas y un presidente elegido entre sus miembros y nombrado por el rey. También disponen de organización judicial, aunque este poder viene ejercido por órganos pertenecientes al poder judicial del Estado.

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El Defensor del Pueblo

2010-06-17T15:41:00.002+02:00

La institución del Defensor del Pueblo tiene su origen en la figura del Ombudsman sueco. En la actualidad, todos los sistemas democráticos contemplan una institución parecida, aunque con denominaciones distintas. El Defensor del Pueblo tiene encomendada la defensa de los derechos y las libertades fundamentales reconocidos en la Constitución y, en segundo lugar, el control de la actividad de la administración.

Su principal misión consiste en evitar que la administración actúe de forma arbitraria, vulnerando los derechos y las libertades de los ciudadanos.

La Constitución española establece que el Defensor del Pueblo es un alto comisionado de las Cortes Generales que ha sido nombrado entre juristas de reconocido prestigio pero que es autónomo respecto de las mismas. Puede ser nombrado Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad, en pleno disfrute de sus derechos.
Para ser elegido, el candidato ha de conseguir el voto de las tres quintas partes del Congreso y ser ratificado posteriormente por el Senado con la misma mayoría. Su mandato se extiende por un período de cinco años y puede cesar por las siguientes causas: por renuncia, por muerte o incapacidad sobrevenida, por actuar con notoria negligencia, supuesto que debe ser apreciado por el Congreso y el Senado con una mayoría de tres quintos, y por haber sido condenado mediante una sentencia firme por un delito doloso.

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El recurso de amparo

2010-06-16T15:41:00.002+02:00

El recurso de amparo es una de las competencias más importantes del Tribunal Constitucional. Mediante este procedimiento, cualquier ciudadano puede exigir el respeto de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución. Están legitimados para interponer recurso de amparo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio fiscal. La causa de la presentación del recurso de amparo descansa en cualquier actuación de los poderes públicos que lesione los derechos y las libertades mencionados.

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El recurso de inconstitucionalidad

2010-06-15T15:40:00.004+02:00

Según la Constitución española, están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el presidente del gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, los órganos ejecutivos de las Comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas.
La cuestión de la constitucionalidad de una ley se plantea cuando un juez, ya sea de oficio o a instancia de parte, considera que una ley de la que depende el fallo puede ser contraria a la Constitución.

Además de consagrar una serie de derechos fundamentales, es decir aquellos que corresponden al hombre por el mero hecho de haber nacido, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad o a la intimidad, la Constitución incluye un sistema de garantías para hacerlos efectivos. Entre éstos destacan el recurso de amparo, para que aquellos ciudadanos que consideren que sus derechos han sido vulnerados por los tribunales ordinarios puedan apelar al Tribunal Constitucional, y a la institución del Defensor del Pueblo, que protege a los ciudadanos contra las arbitrariedades de la administración.

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El Tribunal Constitucional

2010-06-14T15:40:00.002+02:00

El Estado de derecho tiene como postulado fundamental el sometimiento de los poderes públicos a la ley. Para que este principio sea efectivo es imprescindible que el ordenamiento jurídico forme un todo coherente, es decir que las leyes de rango inferior no contradigan lo dispuesto en las leyes de rango superior y que, a su vez, todas ellas respeten el texto constitucional.

El Tribunal Constitucional vela por el respeto del ordenamiento a los principios constitucionales y en este sentido realiza una importante labor en defensa de los derecho fundamentales.

El Tribuna Constitucional está integrado por 12 miembros nombrados por el rey entre personas de reconocido prestigio jurídico, como jueces, fiscales, abogados, catedráticos, todos ellos con más de 15 años de ejercicio. De entre sus miembros, cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del gobierno y los tres restantes a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los miembros propuestos por el Congreso y el Senado se eligen por una mayoría reforzada o cualificada de 3/5. Su mandato dura 9 años y poseen un régimen casi absoluto de incompatibilidades.

El Tribunal Constitucional posee tres competencias fundamentales: decidir en materia de constitucionalidad de las leyes mediante la resolución de los recursos de inconstitucionalidad, decidir en materia de conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas y resolver los recursos de amparo.

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El poder judicial

2010-06-13T15:39:00.002+02:00

Según el dogma de la división de poderes, el poder jurisdiccional, es decir la potestad de aplicar el derecho vigente mediante sentencias, corresponde a un órgano del Estado, independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo.

La Constitución española garantiza la independencia del poder judicial y configura el derecho a la jurisdicción como uno de los derecho fundamentales de los ciudadanos.

Esto se articula en tres aspecto: libre acceso de los ciudadanos a los jueces y tribunales, protección procesal de los derechos humanos fundamentales y garantías procesales para los inculpados.
El libre acceso a los jueces y tribunales significa que todo ciudadano puede acudir a la administración de justicia cuando considere que ha sufrido un menoscabo en sus derechos; de no existir este posibilidad, se produciría una situación de indefensión. La protección procesal de los derechos humanos fundamentales implica una serie de garantías en el desarrollo del proceso, que giran en torno al denominado derecho de defensa. Dichas garantías se plasman en diversas prerrogativas, como el reconocimiento de la presunción de inocencia, el derecho a la asistencia y defensa por letrado y la posibilidad de impugnar las sentencias.

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Cese del gobierno

2010-06-12T15:39:00.002+02:00

El cese del gobierno se produce en tres circunstancias: tras la celebración de elecciones generales, por dimisión del presidente del gobierno y por perder la confianza parlamentaria. La celebración de elecciones supone la pérdida de representatividad del Parlamento, hasta que se dé a conocer la nueva voluntad popular. Las elecciones se pueden celebrar por expiración del mandato parlamentario o bien por disolución anticipada de las cámaras.

A su vez, la dimisión del presidente del gobierno implica necesariamente el cese del gobierno dirigido por él. Finalmente, la pérdida de la confianza parlamentaria conlleva normalmente la dimisión del gobierno, aunque en algunas ocasiones éste puede seguir gobernando en minoría, cuando por razones de Estado no es aconsejable crear un vacío de poder o anticipar la disolución de las cámaras.

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Cuestión de confianza y disolución del Parlamento

2010-06-11T15:38:00.002+02:00

Del presidente del gobierno dependen dos circunstancias políticas de gran relevancia: la cuestión de confianza y la disolución de las cortes. La cuestión de confianza guarda semejanza con la moción de censura, expuesta anteriormente, aunque posee una diferencia fundamental respecto a ésta: es presentada por el propio presidente del gobierno y no por el Parlamento. Su principal consecuencia es que, caso de no ser aprobada, provoca la destitución de éste y la de su gobierno. La cuestión de confianza se entiende otorgada cuando vota a favor de la misma mayoría simple de los diputados.

En la práctica política, la cuestión de confianza constituye un instrumento para reforzar la imagen del presidente ante la opinión pública o para reafirmar su liderazgo en el seno de su propio partido.
Se habla de disolución del Parlamento cuando ésta se produce antes de que finalice el mandato parlamentario. La facultad de disolver el Parlamento corresponde al gobierno y al jefe del Estado. De hecho constituye una prerrogativa del poder ejecutivo para actuar ante el Parlamento, cuando se produce un conflicto político irresoluble.

En este supuesto, el presidente del gobierno, previa deliberación y bajo su exclusiva responsabilidad, propone la disolución de las cámaras, que será decretada por el rey.
En el decreto de disolución se ha de establecer la fecha de las nuevas elecciones. Si se estuviera tramitando una moción de censura, no se puede presentar la propuesta de disolución de las cortes.

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El presidente del gobierno

2010-06-10T15:38:00.002+02:00

El presidente del gobierno, en su condición de líder del partido mayoritario, personifica la voluntad del electorado y por lo tanto se le atribuye la función de dirigir la política nacional. El presidente del gobierno es la cabeza visible del poder ejecutivo y ostenta la representación del gobierno en su relación con el rey y con los demás poderes del Estado. En este sentido, puede afirmarse que el presidente del gobierno no es un primus interpares, sino que existe una clara preeminencia de esta figura respecto a la de los ministros.

Entre sus principales atribuciones figuran el nombrar y separar libremente a los ministros, dirigir la política exterior, controlar el nombramiento de los funcionarios, plantear al Congreso de los Diputados la cuestión de confianza y disolver el Parlamento.

Para proceder a su nombramiento, la Constitución establece que el rey ha de proponer al Congreso de los Diputados un candidato a la presidencia del gobierno, previa consulta con los representantes de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso. A continuación, el candidato propuesto presenta ante el Congreso su programa de gobierno; si éste, por mayoría absoluta de sus miembros, otorga su confianza al candidato, el rey lo nombrará presidente. Si en esta primera votación, no la obtuviese, se procederá a una segunda votación al cabo de 48 horas en la que bastará la mayoría simple. Si en esta ocasión fuese posible la investidura, se realizarán sucesivas votaciones en un plazo máximo de dos meses, contados a partir de la primera investidura. Si trascurrido este período, ningún candidato obtuviera la confianza del Congreso, el rey disuelve las Cámaras y convoca nuevas elecciones.

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El gobierno

2010-06-09T15:37:00.002+02:00

En su acepción más estricta, el término gobierno designa el poder ejecutivo, es decir, el órgano colegiado del Estado encargado de determinar, impulsar y dirigir la ejecución de la política general. La Constitución española establece que el gobierno es un órgano colegiado, integrado por el presidente, el vicepresidente o los vicepresidentes, los ministros y demás miembros que establezca la ley. Los miembros del gobierno pueden ser asimismo miembros del Parlamento, aunque su cargo es incompatible con el ejercicio de cualquier actividad profesional. Nuestra Constitución atribuye al gobierno la dirección de la política interior y exterior, la administración civil y militar, la defensa del Estado, así como la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.

Su principal función política es pues determinar y dirigir la política general del Estado. Por determinar debemos entender definir los objetivos o fines políticos que ha de llevar a cabo en un período determinado de tiempo; dirigir significa llevar a cabo los actos de gobierno pertinentes para asegurar el cumplimiento de los fines propuestos.

Además de ser el máximo órgano del poder ejecutivo, el gobierno también desempeña funciones legislativas mediante distintos cauces como son la presentación de un proyecto de ley o la utilización de la legislación delegada, que tiene lugar en aquellos casos en los que el poder legislativo faculta al ejecutivo para que legisle.
Además, tal como se ha indicado, el gobierno detenta la postestad reglamentaria y puede emitir decretos leyes y decretos legislativos sobre determinadas materias.

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El jefe del Estado

2010-06-08T12:46:00.002+02:00

Las constituciones contemporáneas contemplan dos tipos de jefatura del Estado: el rey de las monarquías parlamentarias democráticas y el presidente de las repúblicas liberales. Nuestro país acoge el primer modelo, que ilustra el conocido aforismo "el rey reina pero no gobierna".

La institución del rey como jefe del Estado es fruto de la evolución del constitucionalismo liberal europeo y se caracteriza porque el rey no dirige el poder ejecutivo, función que corresponde al presidente del gobierno, ni tampoco es soberano, puesto que la soberanía nacional está depositada en el Parlamento. El rey es ante todo un símbolo de la unidad del Estado, que encuentra una referencia personal en la corona. Como veremos a continuación, el rey es una institución más social que política.

La Constitución atribuye teóricamente al rey una larga serie de prerrogativas de contenido político, legislativo y ejecutivo.
Entre las políticas, destacan las siguientes: arbitrar y moderar la vida política, convocar y disolver las cámaras, convocar las elecciones y los referéndums y representar al Estado en las relaciones internacionales. En el ámbito legislativo, le corresponde la promulgación y sanción de las leyes. Sus competencias de tipo ejecutivo son, entre otras, la propuesta y nombramiento del presidente del gobierno, la separación de los miembros del mismo, la acreditación de los representantes diplomáticos y el mando supremo de las fuerzas armadas.

Sin embargo, este amplio elenco de competencias debe ser interpretado en su justa medida, ya que en la mayoría de los casos, el rey firma decisiones que otro ya ha tomado. Por ejemplo, el rey es quien sanciona y promulga las leyes, pero no se trata de una prerrogativa sino de una obligación, ya que no puede negarse a hacerlo, ni tampoco puede alterar el contenido de aquéllas. Del mismo modo, el rey interviene en la vida política, pero lo hace de forma muy matizada: aunque está informado de los asuntos del Estado, lo único que puede hacer en las consultas que realiza con los demás poderes es aconsejar, sin imponer ningún criterio.

El rey goza de dos prerrogativas reales: la inviolabilidad y la irresponsabilidad política. En virtud de la primera, el rey no puede ser procesado, juzgado, ni detenido; si cometiera algún delito, se lo tendría que destituir antes del trono para poder procesarlo. La segunda prerrogativa significa que el rey no está sujeto a responsabilidad política y puede actuar políticamente como desee, sin serle exigible ningún comportamiento determinado.

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La moción de censura

2010-06-07T10:21:00.003+02:00

La supremacía del Parlamento no reside únicamente en la elaboración y aprobación de las leyes, sino también en el control de la actividad del gobierno mediante la moción de censura.

La moción de censura es el mecanismo a través del cual el Parlamento puede exigir responsabilidad política al gobierno. Su trascendencia es decisiva, ya que en caso de prosperar, conlleva la sustitución del actual gobierno por otro. Para poder presentar una moción de censura se han de respetar una serie de requisitos legales entre los que destacan los siguientes: debe estar suscrita por un número determinado de parlamentarios, al menos una décima parte de los diputados; debe designar un candidato a presidente de gobierno y ha de ser aprobada por mayoría absoluta. En caso de prosperar la moción de censura, el gobierno tiene la obligación de presentar su dimisión. La moción de censura no podrá ser sometida a votación hasta transcurridos cinco días desde su presentación.
La imposición de este plazo tiene como finalidad abrir un período de tiempo de reflexión que evite tomar decisiones precipitadas. Por ello recibe el nombre de "período de enfriamiento".

La votación de la moción de censura puede tener dos consecuencias. En primer lugar, que sea rechazada, en cuyo caso sus suscriptores no estarán autorizados a presentar otra durante el mismo período de sesiones.
Si por el contrario, la moción de censura es aprobada por mayoría absoluta, se produce a la destitución del gobierno. El presidente se ve obligado a dimitir y se instituye nuevo presidente del gobierno al candidato propuesto en la moción de censura.

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La elaboración de las leyes

2010-06-06T12:10:00.003+02:00

El ejercicio de la potestad legislativa mediante la elaboración y aprobación de las leyes ha de respetar un determinado procedimiento fijado por la ley. La iniciativa legislativa corresponde al gobierno, al Parlamento, a las asambleas legislativas de las Comunidades autónomas o a la denominada iniciativa particular. Cuando la iniciativa legislativa procede del gobierno, recibe el nombre de proyecto de ley; en los demás casos se denomina proposición de ley.

Los proyectos y proposiciones de ley se presentan en la mesa del Congreso en donde se ordena su publicación en el Diario Oficial del Parlamento y se remite para su estudio y dictamen a la comisión correspondiente. Concluida esta fase, se traslada al pleno del Congreso, en donde se realiza el debate y votación en sesión plenaria de la totalidad del texto y a continuación del articulado. Tras la aprobación de un proyecto de ley o de una proposición de ley por el Congreso de los Diputados, aquéllos pasan al Senado que tiene tres posibilidades: aceptar la propuesta o proyecto de ley sin más, rechazarlo totalmente u oponerse parcialmente. En el primer caso, la propuesta o proyecto es devuelta al Congreso que acata o no la oposición del Senado, por mayoría absoluta. Si ésta fuera rechazada, prevalece la voluntad del Congreso. Tras la aprobación definitiva del texto, el jefe del Estado lo promulga y se publica en el Boletín Oficial del Estado. Como norma general, las leyes entran en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.

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Los diputados

2010-06-05T11:03:00.002+02:00

Los diputados ejercen su mandato durante un período de tiempo denominado legislatura. Ésta coincide con la duración del mandato presidencial, a menos que se produzca alguna de las situaciones políticas que obliguen jurídicamente a la disolución del Parlamento. La legislatura está dividida en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero de ellos se prolonga se septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

La Constitución determina los requisitos necesarios para ser candidato a ocupar un escaño parlamentario, al igual que las causas de ineligibilidad y el régimen de incompatibilidades. En su calidad de parlamentarios, los diputados gozan de una serie de privilegios referidos a su retribución, honores y exenciones. Entre todos los privilegios, destacan los de inviolabilidad e inmunidad.

La inviolabilidad parlamentaria implica que los diputados no pueden ser enjuiciados por las opiniones que emiten en los discursos pronunciados en el Parlamento, ni por la utilización de su derecho a votar en las sesiones parlamentarias. Por su parte, el derecho a la inmunidad parlamentaria significa que los parlamentarios no pueden ser detenidos ni procesados sin autorización previa de la cámara a la que pertenecen, el denominado suplicatorio. Como excepción a este privilegio está la detención del parlamentario in fraganti.

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El parlamento

2010-06-04T12:01:00.001+02:00

El término parlamento proviene del inglés parliament, que designaba la asamblea política representativa de Inglaterra en cuya sede el rey y los grupos sociales se reunían para parlamentar o negociar. El modelo inglés, que contemplaba dos cámaras, la de los lores con predominio aristocrático y la de los comunes, de composición burguesa, ha inspirado a la mayoría de los Estados europeos. En un principio, el bicameralismo suponía una igualdad de atribuciones a ambas cámaras si bien la evolución histórica ha ido consolidando el predominio de la cámara baja frente a la alta.

En España, el bicameralismo viene representado por una cámara baja, el Congreso de los Diputados, y una cámara alta, el Senado. El Congreso está compuesto por 350 diputados elegidos por sufragio universal y secreto mediante un sistema de representación proporcional atenuada. El Senado es una cámara de representación territorial, integrada por 4 senadores por provincia, más uno por cada Comunidad autónoma, y otro adicional por cada millón de habitantes. Las competencias atribuidas al Congreso hacen que éste predomine claramente sobre el Senado que queda reducido a un clásico órgano de moderación.

En su condición de representante del pueblo español, el Parlamento tiene una preeminencia teórica sobre los demás poderes del Estado y es sin duda el eje vertebral de la democracia española.

El funcionamiento de las cámaras se realiza a través de los siguientes órganos parlamentarios: la mesa, las comisiones y el pleno. La mesa es el órgano rector de la cámara y está formada por el presidente, los vicepresidente y los secretarios. Su composición se realiza de forma proporcional a la presencia de los grupos parlamentarios en la cámara. Entre sus principales atribuciones, figuran el mantenimiento de la disciplina interna, la dirección del trabajo parlamentario y la representación de la cámara.

Las comisiones son los órganos a través de los cuales se distribuye el trabajo parlamentario. En función de sus atribuciones, se clasifican en comisiones legislativas o no legislativas, y en permanentes o especiales. Las legislativas emiten dictámenes sobre proyectos o proposiciones de ley, mientras que las no legislativas realizan informes sobre cuestiones políticas de competencia parlamentaria no legislativa.
Por su parte, las permanentes operan durante toda la legislatura a diferencia de las especiales, que tienen un comedido puntual y se disuelven en cuanto éste se haya realizado; tal es el caso, por ejemplo, de las comisiones de investigación.

Finalmente, el pleno designa la reunión o comparecencia de todos los miembros que componen la cámara. Su principal atribución consiste en conocer los asuntos políticos de mayor trascendencia mediante la deliberación, votación y aprobación de leyes.

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Decreto ley y decreto legislativo

2010-06-03T11:34:00.001+02:00

El principio de la división de poderes, que atribuía de forma exclusiva al poder legislativo la facultad de legislar, nunca se ha llevado hasta sus últimas consecuencias, puesto que el poder ejecutivo sigue detentando una parcela de la función legislativa.
En efecto, la administración además de ejecutar las leyes, también posee potestades legislativas, ya que puede emitir reglamentos, y en algunos supuestos se le autoriza a legislar en sustitución del poder legislativo mediante las llamadas disposiciones normativas con carácter de ley. Esta categoría de normas comprende el decreto ley y el decreto legislativo, normas elaboradas por la administración pero que al dictarse en sustitución del poder legislativo tienen la misma fuerza vinculante que las demás leyes.

El decreto ley se define como una norma dictada por el gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad, cuya apreciación corresponde al mismo. La Constitución establece una serie de límites al decreto ley, ya que éste no puede regular determinadas materias como los derechos, las libertades y los deberes fundamentales de los ciudadanos, las instituciones básicas del Estado, el régimen de las Comunidades autónomas y el derecho electoral general. Las circunstancias excepcionales que autorizan al gobierno a emitir un decreto ley conllevan el carácter provisional del mismo, de modo que una vez promulgado, el decreto ley deberá ser sometido a votación por el Congreso de los Diputados en el plazo de treinta días para determinar su convalidación definitiva o su derogación.

Por su parte, el decreto legislativo se define como una disposición normativa dictada por el gobierno en virtud de delegación atribuida por el Parlamento. La Constitución establece una serie de límites al uso del decreto legislativo prohibiendo que incida en materias reservadas a la ley orgánica.

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Las leyes y sus diferentes tipos

2010-06-02T11:32:00.001+02:00

El ordenamiento jurídico de un Estado está integrado por un conjunto de normas de distinta naturaleza y rango. La ley puede ser definida como aquella norma jurídica elaborada, dictada y publicada por los órganos legislativos del Estado. Por lo tanto, la ley en sentido estricto es la norma elaborada por el Parlamento y se contrapone al reglamento, que es una norma elaborada por el poder ejecutivo. La legislación española contempla tres tipos de leyes: las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y las disposiciones normativas con fuerza de ley.

Las leyes orgánicas son las relativas a materias de especial trascendencia para la colectividad, como son los derechos fundamentales y las libertades públicas, la aprobación de los Estatutos de Autonomía o el régimen electoral general. En consideración a la importancia de su regulación, las leyes orgánicas requieren un proceso de elaboración más complejo que las demás normas: han de ser aprobadas por la mayoría absoluta del Parlamento y no pueden ser delegables en el poder ejecutivo.

Las leyes ordinarias se definen por exclusión , ya que son las que regulan las materias no reservadas a la ley orgánica. Requieren para su aprobación mayoría simple y su elaboración es delegable.

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Israel y la ley mosaica

2010-06-01T11:22:00.001+02:00

El eje central de la sociedad hebrea, desde el punto de vista moral, religioso y jurídico es la ley revelada por Dios. A través de ésta, la autoridad divina ordena y dispone y el pueblo de Israel se esfuerza en obedecer, obteniendo a cambio prosperidad y salvación eterna. El Antiguo Testamento expresa un auténtico pacto: el término testamentum, la traducción latina de berith, significa literalmente "pacto", dotado de validez contractual. Se ha hablado por ello de la existencia de una verdadera legislación hebrea, según la cual la vida de los hebreos se regia por la observacia absoluta de las leyes, en un sistema en el que la justicia y el respeto a la ley iban a la par.

Los hebreos, a pesar de considerarse a sí mismos como el pueblo predilecto de Dios, no consiguieron nunca organizarse de modo estable y formar un Estado unitario. En su origen, los hebreos estaban sometidos a un régimen patriarcal, después se dividieron en doce tribus y se reunificaron en torno a una monarquía establecida en Jerusalén y, finalmente, se dividieron nuevamente en dos reinos. El gobierno tuvo siempre carácter teocrático, porque se consideraba que Dios era el jefe supremo del pueblo hebreo. La cultura, al igual que el derecho y el ordenamiento social, quedaba plasmada en la Biblia, que expresaba la ley dictada por Dios para el pueblo hebreo así como la historia de éste. El texto bíblico está integrado en cuatro partes: los Libros legales, los Libros históricos, los Libros Poéticos y sapienciales y, finalmente, los Libros proféticos. Los Libros Legales, llamdos así porque contienen la ley religiosa y civil del pueblo hebreo, se componen del Pentateuco, atribuido a Moisés, y que comprende el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Los Libros Históricos recogen la historia del pueblo hebreo desde la conquista de Palestina hasta el regreso a la esclavitud en Babilonia.

Están integrados, entre otros, por los libros de Josué y los Juicios. Los libros poéticos y sapienciales incluyen la lírica religiosa y las máxima morales. Los primeros están constituidos por los libros de Job y los Salmos; los segundos comprenden, entre otros, los libros de los Proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Los libros proféticos enuncian las profecías de cuatro grandes profetas (Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel) y las de otros doce profetas menores.

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La Constitución española

2010-05-31T16:01:00.001+02:00

La palabra constitución ha tenido diversos significados según el momento histórico en el que ha sido utilizada. Así, en la antigua Roma designaba cada una de las instituciones de la república o durante el Renacimiento fue empleada por algunos autores como Maquiavelo para referirse al régimen político establecido. En la actualidad, el término constitución alude al documento escrito que contiene la ley fundamental de un Estado.

La Constitución española de 1978 supuso la plasmación de una fractura ideológica y política respecto al régimen anterior y su acatamiento por los distintos sectores políticos se convirtió en la piedra angular de la convivencia política en nuestro país.

La finalidad de la norma constitucional es racionalizar y regular el poder en mano de los gobernantes mediante el establecimiento de una serie de principios esenciales para la vida del país, como el sistema nervioso es esencial para regular el funcionamiento del organismo.

En su primer artículo, la Constitución establece que España se constituye en un "Estado de derecho", por lo que las administraciones públicas actuarán con sometimiento pleno a la ley y al derecho. A tenor del mismo artículo, España es un "Estado social", lo que implica que las administraciones realizarán un papel intervencionista a favor del bienestar de la colectividad y se dedicarán a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas. En tercer lugar, España se constituye en un "Estado democrático" que reconoce el pluralismo político como uno de sus valores superiores. Finalmente , España reconoce el "derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones", a la vez que establece la solidaridad entre todas ellas.

La Constitución no es una simple declaración de intenciones, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Es la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico. De ello se derivan importantes consecuencias jurídicas: su aprobación conlleva la derogación de todas las normas anteriores que se le opongan y, además, todos los poderes públicos están obligados a acatarla.

La situación de supremacía de la Constitución respecto al resto del ordenamiento jurídico se garantiza mediante dos mecanismos. El primero de ellos es el establecimiento del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones normativs con fuerza de ley que contradigan lo dispuesto en una norma constitucional. El segundo consiste en la imposición de un procedimiento muy complejo para la reforma constitucional.

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Derecho tradicional japonés

2010-05-30T16:02:00.002+02:00

El derecho tradicional japonés asignaba a los miembros de la sociedad unos roles y unos deberes específicos en relación a su estatus social, a la profesión que desempeñaban y a la posición de su familia. Por lo tanto, la administración de justicia se basaba en el respeto a una jerarquía social rígida de castas y clases. A semejanza del derecho chino, las relaciones interpersonales de los ciudadanos no estaban sujetas a leyes específicas.

Mediante unos procedimientos rituales, denominados giri, se lograba evitar el conflicto directo y conseguir una conciliación. La autoridad central del Estado se abstenía de intervenir en las disputas civiles; en el caso de contenciosos entre miembros pertenecientes a las castas sociales inferiores, el desinterés estatal era total. La autoridad imperial, a través de una red de funcionarios, se ocupaba de resolver los casos penales más graves.

Sin embargo, la autoridad imperial era a menudo meramente simbólica, ya que, en la práctica, los poderosos señores locales se resistían a acatarla y preferían gestionar personalmente sus asuntos, incluidos aquellos casos judiciales que en teoría eran competencia del emperador.

Una característica específica de los sistemas jurídicos asiáticos en la Antigüedad consiste en la aplicación del derecho consuetudinario en materia civil y el recurso a una autoridad central poderosa para resolver las causas penales.

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El derecho en China

2010-05-29T16:01:00.001+02:00

Tradicionalmente, se ha considerado que en China, hasta el siglo XIX, el interés jurídico se centraba exclusivamente en el ámbito penal. En los demás ámbitos jurídicos, las relaciones interpersonales y sociales no estaban reguladas por normas jurídicas y quedaban al margen del Estado, a quien no le correspondía impartir justicia. La tradición filosófica y religiosa china predicaba resolver los contenciosos civiles mediante la conciliación privada, es decir, sin la intervención de un tribunal.

El pensamiento de Confucio exhortaba a los ciudadanos a que resolvieran sus "controversias" no penales en base a una serie de principios fundamentales, como el perdón, el natural sometimiento a los superiores o a la piedad filial.

Tras la revolución de 1911, la legislación china tiende a acercarse al modelo europeo. Sin embargo, en la práctica, los ciudadanos continuaron regulando sus relaciones según la antigua escuela del pensamiento. Igualmente , los propios jueces siguieron aplicando la tradición milenaria no escrita del país, excepto en la esfera del derecho penal.

En 1949, Mao Zedong derogó definitivamente las leyes antiguas, sustituyéndolas por una normativa inspirada en el modelo de extinta Unión Soviética.
Tras la ruptura de las relaciones con el país socialista hermano, y de manera especial a partir de 1989, el sistema jurídico chino se orienta hacia las legislaciones de corte europeo, tanto en el ámbito del derecho como en el de la economía.

En su esencia, la antigua normativa china, vinculada al conservadurismo confuciano, puede ser considerada como una forma de derecho en cuanto contempla medidas coercitivas y sanciones.
Sin embargo, resulta evidente que se trata de un derecho consuetudinario, basado en un comportamiento válido y vinculante para la comunidad, a pesar de no estar establecido en un código escrito de leyes. Esta concepción del derecho corresponde al pensamiento de Confucio, según el cual las reglas escritas han de existir únicamente en el ámbito penal y administrativo. En este contexto, los derechos de los ciudadanos no estaban bien definidos ni garantizados: el emperador ejercía un poder absoluto casi ilimitado a través de sus funcionarios.

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Concepto de ordenamiento jurídico

2010-05-28T16:00:00.002+02:00

El ordenamiento jurídico designa el conjunto de normas que regulan la vida social de un Estado. Dichas normas no constituyen un agregado de preceptos inconexos, un conjunto de leyes yustapuestas destinadas a resolver situaciones distintas de la vida social sin que exista vínculo alguno entre ellas. Por el contrario, esta pluralidad de normas forma un todo coherente regido por el principio de jerarquía normativa, según el cual la norma superior prevalece siempre sobre la de rango inferior.

Los juristas suelen utilizar la metáfora de una pirámide legislativa para describir el ordenamiento jurídico en su totalidad. En su vértice, se sitúa la carta magna, la Constitución, la norma suprema que da coherencia a todo el sistema y que han de respetar todas la demás leyes.

Pero el derecho es una realidad cambiante y el principio de jerarquía normativa no es suficiente para evitar las contradicciones entre las distintas normas que componen el ordenamiento jurídico. Para paliar este defecto, el ordenamiento consagra otros dos principios que garantizan su unidad: el de especialidad y el de cronología. El primero implica que la norma específica ha de prevalecer siempre sobre la norma general. En virtud del principio de cronología, la norma posterior es preferible a la anterior por estar más ajustada a la realidad que pretende regular.

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El derecho antiguo de la India

2010-05-27T16:00:00.001+02:00

En el subcontinente indio la convivencia de pueblos heterogéneos ( o sea de razas diversas) encuentra un equilibrio particular en un sistema social que separa netamente los grupos mediante un complejo sistema de castas. La estructura de castas se convertiría en el fundamento del derecho antiguo de la India. La casta de los brahmanes se sitúa en el vértice de la jerarquía social, por encima de las tres restantes. Muchas de las antiguas normas de las castas han sobrevivido hasta época recientes, sobre todo en el ámbito del matrimonio y de la familia. El derecho brahmánico se formó a partir a partir del año 1000 a.C. y fue aplicado hasta el inicio de la Edad Vulgar, en torno al siglo X d.C., cuando fue reemplazado por un nuevo ordenamiento jurídico, a consecuencia de las invasiones musulmanas. La teoría de las castas se basa en los in nuce, o bien en los veda, que constituyen la sruti, es decir, la fuerza reveladora de todo conocimiento (1500-1600 a.C.). La sruti se complementa con los smrti, o sea la tradición expresada en los sastra. Los textos sagrados del derecho brahmánico son los Dharmasutra ( recopilaciones de aforismos o máximas que se refieren al conjunto de reglas religiosas y sociales a las que se somete el individuo para formar parte de la sociedad). Más allá de la normativa concreta y cotidiana (que regula cada uno de los aspectos de la vida individual y social), el concepto fundamental es el respeto de las tres "finalidades de la vida" o varga, el artha, o sea aquello que es útil por encima de los aspectos activos y productivos de la existencia, el kama, es decir, el amor, y el dharma, término que se interpreta normalmente como "ley sacra" y que en realidad se refiere a un concepto omnicomprensivo de "justicia". El dharma representa, en otras palabras, la esencia del espíritu que da sentido a los otros fines de la vida. Así, el hombre debe y puede cultivar en la vida terrenal el éxito profesional y material (artha) y gozar de una vida afectiva y sexual plena y satisfactoria (kama) con tal de que sus exigencias respeten aquella justicia universal (dharma) sin la cual la actuación del hombre sería puro arbitrio e instinto desordenado y estéril.

Los textos de la revelación (sruti) y de la tradición (smrti), custodiados y difundidos por los brahmanes, desarrollan el concepto de dharma: el orden y el equilibrio que regulan la vida del hombre, de la sociedad y del cosmos entero. El dharma, que no es una ley humana sino una normativa universal, indica al hombre que su paso por este mundo tiene como única finalidad liberarlo de la transitoriedad de la existencia terrenal para proyectarlo hacia la liberación, es decir, hacia el ciclo del renacimiento. Por lo tanto, la observancia de las estrictas reglas de castas, de las normas matrimoniales y la obediencia al soberano y al sacerdote cumplen la función de mantener sólida y en funcionamiento a la sociedad (por lo tanto una finalidad profana).
Pero, sobre todo, permiten guiar al individuo, señalándole el comportamiento adecuado hacia la liberación. En suma, las finalidades profanas se convierten en metas morales y religiosas.

De todo ello se puede deducir que el sistema indio no contempla una división entre derecho secular y religión: el dharma establece con claridad que cualquier normativa legal carecería de valor si no permitiese la salvación espiritual del individuo, por encima del correcto funcionamiento de la sociedad.

El célebre Código de Manu constituye uno de los máximos exponentes del sistema jurídico brahmánico. Fue redactado entre los siglo II a.C. y I d.C. y, junto a los escritos Yajna y Narada, sobresale entre los demás textos védicos y muestra una mayor consideración hacia el derecho humano. En estas obras hallamos, por un lado, los axiomas fundamentales del hinduismo relativos a la acción humana y, por otro, una serie de normas pertenecientes a las esferas más diversas, como la económica, la penal, la civil, la de castas o la matrimonial.

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El derecho egipcio y tolemaico

2010-05-26T16:01:00.001+02:00

Nuestro conocimiento del derecho egipcio es algo limitado, en parte debido a la antigüedad de la civilización egipcia La unificación faraónica, acaecida alrededor del año 3000 a.C., coincide con la aparición de la escritura, mientras que la construcción de las pirámides se inició en el año 2600 a.C.

Egipto, desde su origen, se configura como un Estado bastante bien organizado. A la cabeza de todos los acontecimientos públicos y privados se sitúa el faraón, que, al igual que en otras grandes monarquías orientales, es un soberano absoluto, dotado de carácter divino.
Además de ser dios, el faraón es el propietario de las tierras y es el máximo órgano de una compleja administración, cuya cabeza visible es el visir, dotado de diversos poderes: legislativos, judiciales y administrativos. En el año 2300 a.C., los gobernadores locales, a menudo enfrentados a los faraones, obtuvieron también el título de visir, consiguiendo equiparar su situación a la de aquel "primer ministro", que inicialmente debía ser de sangre real.

En la vida egipcia tienen un papel central los escribas, de los que existen numerosas representaciones en pintura y escultura. Éstos contaban con el respaldo de unas escuelas de escritura, indispensables debido a la complejidad de los jeroglíficos. A menudo, el escriba ejercía simultáneamente diversas y amplias funciones al servicio de su señor. El acceso a las escuelas de escritura no dependía exclusivamente del origen social del candidato, por lo que era posible realizar una brillante carrera en la administración incluso partiendo de una clase inferior. Este hecho demuestra que, a pesar de tratarse de una sociedad jerarquizada, existía cierta movilidad social. Los mismo esclavos podían ser protegidos contra su patrón y tenían derecho a formar una familia y a poseer un pequeño patrimonio personal. La mujer ostentaba una posición jurídica relativamente favorable, en una sociedad en la que imperaba la monogamia. Esta situación, incluso desde el punto de vista del derecho, cambia radicalmente con el advenimiento de la dinastía tolemaica, formada a finales del siglo IV a.C. por un general de Alejandro Magno, Tolomeo I Soter (es decir, "salvador", sobrenombre que le fue atribuido por haber salvado Egipto de la amenaza de Antígono, rey macedonio). Tolomeo, al igual que sus sucesores, fue un gran promotor de las ciencias y de las artes, dotando a Alejandría de dos famosas instituciones que la convertirían en el centro de la cultura mundial: la Biblioteca, que recogía alrededor de 700000 volúmenes (y que posiblemente fue incendiada en el siglo VIII d.C. por los árabes que conquistaron la ciudad), y el Museo, especie de universidad en donde literatos y licenciados, mantenidos por el rey, impartían enseñanzas y estudios profesionales y científicos, reunidos en torno al templo de las Musas.

La administración era ejercida por una eficiente red de funcionarios cuyas competencias se extendían a una porción concreta del territorio. De ellos dependían los responsables de las distintas comunidades. Sin embargo, esta jerarquía rígida fue incapaz de controlar todos los aspectos de la vida social, sobre todo por culpa de la inercia de los funcionarios que dejaban un amplio margen de acción a sus subordinados, a cambio de dinero.

Con el advenimiento de Tolomeo, Egipto se convirtió en un reino helenístico, regido por el llamado derecho grecoegipcio o tolemaico, del que conservamos abundante documentación en papiros. La introducción del derecho griego, la influencia del derecho persa o hebreo, la permanencia de las tradiciones jurídicas egipcias precedentes, incluso con adaptaciones, y la coexistencia de distintas jurisdicciones (incluso mixtas) egipcias y griegas permiten hablar de pluralismo jurídico, es decir, de una pluralidad de ordenamientos jurídicos.

Dos fenómenos adquieren vital importancia: el primero consiste en la amplia difusión de la forma escrita en los negocios jurídicos, paralelamente a la creación de una especie de archivo o catastro de la tierra; el segundo elemento reside en la intervención del rey en múltiples campos, desde la agricultura al comercio, con una fiscalidad muy importante y con una amplia burocracia, organizada de un modo que podríamos definir como moderno. Las riquezas obtenidas mediante esta política hicieron de Alejandría la ciudad más importante del mundo en aquellos siglos y la convirtieron en el faro de la cultura helenística.
Incluso cuando cayó bajo el dominio romano, Egipto gozó de un estatus particular, distinto del de otras provincias, y su romanización cultural fue meramente superficial.

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