El artículo 26 de la Constitución estable que el  Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Siendo el Tribunal Supremo de Justicia la máxima autoridad del Sistema de Administración de Justicia está obligada a cumplir con mucho celo tal obligación. Tiene, además,  por razones éticas el deber de dar el ejemplo para el resto de los tribunales del país. Es absolutamente incoherente que la Sala Constitucional dicte sentencias obligando al resto del Poder Judicial a sentenciar de manera expedita y ella misma no cumpla con sus postulados y mandatos.

En mayo del año 2010, es decir hace 18 meses Provea interpuso una demanda contra la Asamblea Nacional por la omisión legislativa de la ley de pensiones. A la fecha ni siquiera se ha pronunciado sobre la admisibilidad. La Asamblea tiene la obligación de dictar la Ley del Subsistema de Seguridad Social relacionado con las pensiones. Tiene una mora de más de 10 años. Por ello se acudió al TSJ para que le ordene a la Asamblea cumpla con su obligación. Al no legislar en la materia se afecta millones de personas en el país. La omisión de la Asamblea es injustificable y causa daño al país. Y ese daño lo complementa la Sala Constitucional con su omisión al no administrar justicia de manera adecuada.

Lo que está en juego es un asunto de justicia social. Pero dos poderes públicos por su negligencia conspiran contra millones de personas que pudiesen verse favorecidas si existiera una normativa clara en materia de jubilaciones y pensiones. Oportuno es recordar el contenido del artículo 139 constitucional que dice así: El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley.

Nos preguntaban si era posible interponer la acción de amparo contra la Sala Constitucional. Respondemos categóricamente que si. La Ley dice que contra las sentencias de la Sala no hay recurso alguno, pero no dice que contra sus actos no haya ninguna posibilidad jurídica y más cuando dichos actos son violatorios de derechos. Además, la Constitución da al Soberano el derecho de ejercer la contraloría social ante los Poderes Públicos y los funcionarios del Estado. La acción de amparo contra la Sala Constitucional es una legítima actividad de contraloría social que por obligación los y las funcionarias deben estimular y no obstaculizar.

El mayor interés de Provea al interponer la acción es que la Sala Constitucional le ordene a la Asamblea que legisle sobre pensiones y jubilaciones. Y ojalá si esa orden se da, los y las diputadas tanto de oposición como del oficialismo tengan la suficiente sindéresis para comprender que sobre esa materia hay que legislar con urgencia.

En las instalaciones del Hospital Central de Maracay fue prohibido el acceso a los periodistas y medios de comunicación, acorde con declaraciones realizadas por la Secretaria General del Colegio Nacional de Periodistas en el estado Aragua, Amira Muci; “Tenemos derecho a saber lo que allí ocurre, no le estamos pidiendo un favor al gobierno de turno”, agrega la periodista, quien también añade que se trata de un derecho de los periodistas a buscar la información y el ciudadano a conocerla, acorde con la constitución nacional. (Espacio Público, 09.02.12)

Presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano

¿Por qué volver a repetir un Decreto que ya se había dado en el 2000? ¿Un segundo chance o desespero por equilibrar fuerzas? El Presidente ha promulgado un Decreto Ley en Venezuela, por el que se autoriza incorporar a la Fuerza Armada Nacional (FAN) y a su Sistema de Seguridad Social al personal militar, no solo participante sino también involucrado (vaya concepto jurídico) en las rebeliones cívico-militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992.

El Decreto es sui generis en varios aspectos. No contempla mecanismo alguno de control administrativo para el procedimiento de reincorporación. Y en el texto se autodefine el Presidente, como el único decisor del reingreso del solicitante y cual Cesar, solo él considera y aprueba.

Un gesto de soberbia que el Decreto dictado por la Asamblea Nacional Constituyente en enero de 2000 similar a este, no estableció sensatamente, al ordenar constituir sendos comités por componente de la FAN a objeto de analizar cada solicitud de reincorporación.

El Presidente ha decidió establecer un chance de 2 años y no de 2 meses, como en el año 2.000, para la reincorporación de los golpistas. Un compás de espera suficiente para captar interesados, que pueden llegar a ser muchos más de la cuarentena de oficiales que se han señalado reingresarían. No nos olvidemos que durante 13 años de gobierno, en cada cuento que echa Chávez nos enteramos de nuevos participantes directos e indirectos en los golpes.

Lo que aunado a la cajita feliz que puede representar el “Derecho a la Seguridad Social de la FAN” que abarca salud, pensión, derecho a la vivienda, y otras prestaciones dinerales como dice la ley, hará golpistas a muchos desempleados que habiéndose ido de baja señalen ahora haber participado en las intentonas. Quizá esa sea la fórmula ideada por Chávez para conformar la “FANB Chavista” de la que le ha dado por referir en este 2012. Pues lo de chavista no se lo cree ni el mismo, con lo que hay allí adentro, 2 décadas formadas en democracia, entre 1982 y 1999.

Desde una perspectiva estrictamente militar, el nuevo Decreto Ley es un signo de debilidad. Necesita de sus golpistas dentro de la FAN para hacer ver que la controla. Desde el punto de vista político y de cara a unas elecciones presidenciales cruciales como nunca para el país en décadas, introduce una variable dentro de la FAN que puede mover en su contra el status quo que lo ha beneficiado hasta la fecha.

Y desde la perspectiva de Derechos Humanos, profundiza la brecha entre los venezolanos, especialmente con las víctimas de los sucesos del 4F y 27N que aún esperan por justicia, verdad y reparación.

Al final, lo que sucede con Chávez y los militares es como una partida de ajedrez. Sabe que perdió su chance de ganar al sector institucional que representa un 80 % en la FAN. Y el que pierde sólo puede prolongar el juego. Ambos saben que el juego ha terminado, es sólo cuestión de tiempo. (Rocío San Miguel, Tal Cual, 09.02.12)

Trabajadores de la Planta de Pellas estuvieron nueve días paralizados para exigir su ingreso y ayer los empleados de las empresas de transporte que se encargan de movilizar al personal de la estatal iniciaron una huelga de brazos caídos para solicitar su incorporación a la nómina fija.

Contratados de todas las áreas de producción recuerdan cómo el presidente de la República, Hugo Chávez, instó a eliminar la tercerización. Además reclaman, detienen sus actividades por días, se reúnen y, al final, deciden seguir sus labores con la única promesa de que sus casos serán estudiados.

“Saben que cuentan conmigo, pero no me pueden pedir que arregle de un plumazo lo que pasó en muchos años”, dijo Chávez a los tercerizados de Sidor en diciembre de 2011, desde el Teatro Municipal de Caracas.

Así, en las últimas semanas se han paralizado trabajadores del muelle de Sidor, transportistas, empleados de áreas como Planta de Pellas, amarradores, entre otros.

El vocero de la subcomisión especial del Plan Guayana Socialista, Julio Romero, aseguró que los ingresos a la estatal deben hacerse bajo un plan que evalúe la viabilidad financiera de la empresa, pues “los efectos pueden ser delicados y hay que medirlos”.

A juicio de Romero, ha faltado claridad. “Se necesita paciencia y de repente no hay claridad de una fecha, sería importante que se les explique con claridad cuáles son los indicadores de producción que permitirían los ingresos y, a partir de eso, cuándo serían ingresados”.

A pesar de que los costos de producción de las estatales superan los precios de venta, en parte debido a la sobrepoblación laboral en las industrias, el vocero del Plan Guayana Socialista sostuvo que las empresas básicas sí son capaces de absorber más personal “en la medida que se vaya estabilizando la producción y se realice con un plan. Se ha hablado de reactivar áreas pero eso es en el mediano plazo”.

El presidente de Sidor, Carlos D’Oliveira, ha sido claro. En declaraciones a Correo del Caroní-reseñadas el 30 de enero- aseguró que “no podemos seguir absorbiendo en forma directa más personal”.

Prefieren trabajo asalariado

Entretanto, la posibilidad de crear cooperativas no es una opción, aseguran los trabajadores.

El sociólogo y miembro del Centro Gumilla, Nelson Freitez, aseguró que aunque la conformación de cooperativas inició sus primeros pasos en medio de un “boom” que se refleja en las elevadas cifras de constitución de estas instancias, en la actualidad “los trabajadores venezolanos no quieren formar parte de cooperativas porque han podido comparar que el trabajo asalariado ofrece mejores condiciones”.

Explicó que la creación de cooperativas se impulsó bajo ciertos parámetros: en primera instancia, facilidades para constituirlas; retribución en forma distinta al salario; y seguridad social autofinanciada por las propias cooperativas.

“Lo que ha terminado ocurriendo es que las grandes empresas del Estado contrataron cooperativas y las condiciones fueron desventajosas. Eso trajo como consecuencia que entre la masa laboral la figura cooperativa empezara a verse como desventajosa, precaria, sin buena rentabilidad, remuneración y si comparaban con las retribuciones de los trabajadores asalariados, no lo veían con buenos ojos”, explicó.

Cooperativa = tercerización

De acuerdo con Freitez, la política de promoción cooperativa tuvo tres intenciones: el debilitamiento del sindicalismo pues se vio como una forma de organización paralela al sindicato; una vía para la reducción de costos que permitía un manejo más flexible de las relaciones de trabajo; y una estrategia para crear empleos a corto plazo.

A partir de 2007, el impulso económico a las cooperativas mermó. Pero, no sólo es eso. En el “boom” inicial del nacimiento de estas instancias, el Gobierno no consideró que ésta era una forma práctica de tercerización, tan rechazada en la actualidad por el mandatario nacional.

Freitez destacó que las cooperativas funcionan como outsourcing, como empresas mercantiles. “En la práctica concreta es una tercerización”, dijo.

He allí un factor que alimenta el rechazo de los trabajadores que enarbolan y predican el discurso de eliminar la tan reprochada tercerización.

Transportistas se paralizan

Los empleados de las empresas de transporte que prestan servicios a Sidor paralizaron sus operaciones a las 2:00 de la tarde y se apostaron en el portón III de la acería para exigir respuestas sobre su ingreso a la empresa.

Son 300 choferes de las empresas Bufalino, TranSidor, Oriyar, Chango, Viastour, Gran Poder de Dios, los que esperan pasar a la nómina. Representantes de la empresa los exhortaron a participar en la reunión que se realizará este viernes con los tercerizados de Planta de Pellas.

Los transportistas “recogieron al personal de 3:00 pm a 11:00 pm y se quedaron en el portón III. Los trabajadores del turno de 7:00 am a 3:00 pm se van en sus carros particulares y otros en cola o caminando”, explicó Jesús López, coordinador de la comisión de transporte de Sutiss.

El trabajador Henry Contreras, de Transporte Bufalino, indicó que aunque se reunieron con los representantes de la empresa William Rondón y Cirio Velásquez, aguardaban ser atendidos por directivos con mayor poder de decisión. “En la mañana nos invitaron a una reunión, allí se pelearon y eso nos parece una burla”, dijo.

El chofer Manuel Rodríguez sostuvo que se mantendrán en paro hasta obtener respuesta positiva o firmar un acta en la que la empresa se compromete a escuchar sus planteamientos este viernes.

Los trabajadores del taller de mantenimiento de transporte -equipos móviles y locomotoras- de Sidor también están en protesta desde el pasado lunes. Reclaman que a los equipos móviles de la acería se les realiza el mantenimiento correctivo y preventivo afuera de la empresa, mientras el área cuenta con personal para realizar tales labores.

Piden capacitación y suministro de insumos y repuestos para asumir los trabajos de mantenimiento. (María Ramírez, Correo del Caroní, 09.02.12)

Imagen no relacionada con la nota

A mediados de octubre de este año, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, prevé inaugurar el Hospital Oncológico y Toxicológico, ubicado en Barinitas, municipio Bolívar del estado Barinas, obra que presenta más de 60% de avance físico.

La comisionada regional de Salud, Seham Yamoul, indicó que el nosocomio especializado contará con cuatro etapas de edificación, 220 camas, salas quirúrgicas, de consultas y hospitalización para ofrecer atención integral a pacientes con cáncer y enfermedades respiratorias, digestivas y cutáneas.

Subrayó además que este hospital tendrá un área de cuidados intensivos y laboratorio para efectuar pruebas especiales, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias.

“Además, en el recinto ofreceremos atención de todas las especialidades: ginecología, obstetricia, incluso habrá una sala de parto y quirófanos, es decir, será una obra integral”, sostuvo.

Yamoul dijo que la infraestructura no solamente beneficiará a los habitantes de la geografía barinesa, ya que el personal del centro hospitalario atenderá a pacientes de Portuguesa, Mérida, Trujillo y Cojedes. (RNV, 09.02.12)

Explicó que las obras ya han pasado por 3 constructoras. La primera realizó 8 obras (las cuales presentan fallas de estructura), la segunda empresa realizó 2 edificios, los cuales están custodiados por la GNB desde noviembre de 2011. La última constructora construyó 5 edificios, de los cuales dos deben ser entregados a los damnificados de El Hipódromo.

“No hay plata para reparar”, dijo Amaya, quien se preguntó cómo van a construir obras y entregarlas de la “peor manera”.

La representante del consejo comunal informó que en horas de la noche de este miércoles, hubo un conato de invasión en las 2 obras que están culminadas, por lo que la comunidad se acercó al lugar a impedir que los invasores ingresaran a los edificios hasta que un representante de Inavi atienda su situación. Precisó que funcionarios de la GNB arremetieron con personas mayores y mujeres embarazadas que se encontraban en el lugar.

Amaya también denunció altas deudas que mantiene Inavi por consumo de agua y deslizamientos de tierra en el lugar. 

Puntualizó que tienen fotos del 2009 y actuales de cómo se encuentran los edificios ya consignados. (Globovisión, 09.02.12)

Ponentes:

Isolda De Salvatierra y Ofelia Álvarez del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres.

Fecha:

09 de febrero

Hora: 

5:00 pm

Lugar: 

Biblioteca Francisco Herrera Luque, 3era avenida, biblioteca Los Palos Grandes, sótano 2, estacionamiento 2da trasnversal.

Entrada:

Libre

Contacto:

fundacionherreraluque@gmail.com

Carlos Nieto Palma 0412-3907682

Así lo dio a conocer este miércoles, desde el Palacio de Gobierno, en el estado Yaracuy, quien además resaltó que se implementarán talleres en el marco de este programa.

Explicó que este plan se está llevando a cabo en los seis centros penitenciarios ubicados en los estados Aragua, Portuguesa, Bolívar, Sucre, Miranda y Trujillo, y arrancó -hoy- con un total de 206 personas que se están incorporando a esta tarea.

Al mismo tiempo detalló que por medio del “Plan Cambote” están desplegados los ingenieros en diversos centros penales del país, quienes tienen bajo su responsabilidad las obras ejecutadas por 695 privados de libertad.

“Este programa está dirigido a enfrentar la situación penitenciaria que se vive en el país desde hace décadas, y que sólo con las políticas impulsadas en Revolución se ha podido dar respuesta a una problemática que durante años ha afectado a los sectores más empobrecidos de la población venezolana”, señaló. (RNV, 08.02.12)

El último Informe Anual de Provea destaca que la población privada de libertad ascendió 19% en diciembre de 2010 con respecto a junio de ese mismo año.

Gioconda González, vocera, indicó que solicitan la no discriminación por tratarse de funcionarios “no activos” pues no reciben bonificaciones con el mismo monto que los actuales trabajadores del CNE.

“Somos discriminados no tenemos acceso a los cestatiques ni las bonificaciones (…) En el contrato colectivo que firmaron en 2010, nos dejaron fuera y solo aparecemos en una cláusula”, dijo.

González explicó que los trabajadores no reciben la misma bonificación por motivo de ser “trabajadores electorales”. Los activos recibieron un pago de BsF 8000, mientras los jubilados tuvieron un pago de BsF 6000. (Globovisión, 08.02.12)

El Informe Anual de Provea, período octubre 2010 – septiembre 2011, señala que aún permanecen excluidos del sistema de seguridad social más de 50% de las personas mayores de 60 años.

Los diversos puntos de registro son acondicionados en los nueve municipios de esta entidad federal, como es el caso de la sede de la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro-Occidental (Fudeco), ubicada en la esquina de las avenidas Libertador con Bracamonte, de Barquisimeto.

En esta sede, funcionarios, voluntarios y otros colaboradores de esta misión, que busca fomentar el trabajo creador y productivo, preparan los espacios en los que serán atendidos los aspirantes de esta gran misión social.

En Lara se espera que al menos 68 mil 419 personas puedan obtener un empleo a través de la Gran Misión Saber y Trabajo, cifra que se desprende de la tasa de desocupación en la entidad para el 2011, suministrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los números manejados por el organismo señalan que 2011 “cerró con una cifra de 68 mil 419 personas cesantes, lo que equivale a 8,1% de la fuerza de trabajo” de esta entidad federal.

Estas cifras, obtenidas de la encuesta de hogares por muestreo con proyecciones poblacionales basadas en resultados definitivos del Censo 2011, indican que “de estos larenses en situación de cesantía laboral, 44 mil 260 son hombres y 24 mil 159 son mujeres”.

Cada uno de estos larenses son potenciales beneficiarios de esta misión, que igualmente persigue como propósito generar empleos liberadores para el desarrollo del país.

Durante el inicio de esta misión, el presidente de la República, Hugo Chávez, estimó que el nuevo programa socioeconómico aspira a generar cerca de tres millones de puestos de trabajo en los próximos siete años.

La misión va dirigida, fundamentalmente, a las 880 mil personas cesantes o que buscan trabajo por primera vez.

La primera oleada de registro de esta misión se efectuó en el Distrito Capital, así como en los estados Miranda y Vargas.

La segunda oleada se hará en 11 estados: Trujillo, Mérida, Táchira, Zulia, Lara, Falcón, Apure, Barinas, Cojedes, Portuguesa y Guárico. (AVN, 08.02.12)