Proyecto Cerro de San Pedro

#Minería #FAO: Resolución contra ocupación temporal en Cerro de San Pedro

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Sat, 13 Jul 2013 04:37:00 +0000

Con fecha 26 de junio del 2013, se resolvió declarar viable la inconformidad de los habitantes de Cerro de San Pedro contra la Resolución de Ocupación Temporal de fecha 3 de junio de 2005, esto dentro del Amparo en Revisión 205/2013 del Segundo Tribunal Colegiado de Noveno Circuito, misma que fue notificada a los integrantes del FAO con fecha 10 de julio del 2013.

En el año 2004 y ante la imposibilidad de acceder de forma legal a las tierras del proyecto minero en Cerro de San Pedro, la empresa Metallica Resources Inc, hoy New Gold, promovió la figura de ocupación temporal de 292 hectáreas que incluian el pueblo de Cerro de San Pedro, en este sentido y de manera ilegal, la Secretaria de Economía resolvió otorgar la ocupación de todo el pueblo a la empresa minera canadiense, misma que hoy pretende afectar con su etapa 5 de explotación, ante esto RAFAEL FLORES LOPEZ en su carácter de habitante de Cerro de San Pedro promovió Juicio de Amparo Indirecto en contra de la determinación de la Secretaría de Economía, en el cual en primera instancia fue declarado improcedente por el Juez Primero de Distrito de Noveno Circuito, sin embargo dicha resolución fue revocada ante la instancia superior a fin de que se pronunciara de fondo con respecto a la ilegal ocupación temporal en tierras urbanas sin llamar a los habitantes de la comunidad, violando sus derechos humanos, dicha resolución sienta un precedente para la defensa de los territorios afectados por los proyectos de este tipo.

Si bien esto representa un triunfo más en contra del Proyecto Minero en Cerro de San Pedro, esta Resolución se debe cumplir cabalmente, es necesario poner la problemática minera en la agenda nacional de manera inmediata, es necesario reformar la Ley Minera actual que es anticonstitucional y viola los derechos humanos con respecto al tema de las resoluciones de ocupación temporal, de una vez debe quedar claro el derecho a la consulta de los afectados, recordemos que las formas de trabajo sucio de las mineras incluyen el soborno de las autoridades y las intensas campañas mediaticas de desinformación y división, para convertir estos triunfos en simples situaciones temporales.

Nota: La ocupación temporal es una resolución administrativa que emite la Secretaria de Economia via la Dirección general de mineria, mediante la cual autoriza la ocupación de superficies de particulares y de los titulares de la propiedad social (ejidos y comunidades) para la operación de los proyectos mineros, especialistas consideran que es en dicho proceso donde se da el despojo fisico de las superficies de los afectados.

Vía: FAO

#Minería Foro de análisis sobre la #LeyMinera, #DerechosHumanos y Movilización Social

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Thu, 13 Jun 2013 14:00:00 +0000

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (Proyecto Papiit IN302311 “El derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos originarios frente a los megaproyectos de inversión y desarrollo”)

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación

RADAR, Colectivo de Estudios Críticos en Derecho,

Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos

Medio Ambiente y Sociedad AC, Baja California Sur

Agua Vale más que el Oro, Baja California Sur

Tetela hacia el Futuro, Puebla

Colonias Unidas de la Mira, Lázaro Cárdenas, Michoacán

Frente Amplio Opositor (FAO) a Minera San Xavier, San Luis Potosí

Pro San Luis Ecológico, San Luis Potosí

Copuvo, San José del Progreso, Oaxaca

Territorio comunal de Capulalpan de Méndez, Oaxaca

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC-PC, Guerrero

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (La Vida)

Red Mexicana contra la Minería (REMA)

Convocan al

FORO DE ANÁLISIS

MINERÍA, DERECHOS HUMANOS Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

Presentación y análisis de la propuesta de Nueva Ley Minera desde los movimientos sociales

Jueves 13 de junio de 2013, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

Auditorio Héctor Fix Zamudio

9:30 – 10:00 Inauguración y saludos de participantes: Rodrigo Gutiérrez Rivas (IIJ/UNAM, Mario Martínez (FAO), Senadora Iris V. Mendoza y representantes de otros partidos políticos.

10:00-12:00 Presentación y análisis de la propuesta de una nueva ley minera desde los movimientos sociales.

Modera: Yacotzin Bravo Espinosa (Colectivo RADAR)

Comisión Redactora

Jorge Peláez (UACM/Colectivo RADAR), Francisco Barbosa (Senado-PRD); Francisco Cravioto (FUNDAR)

Francisco López Bárcenas (COAPI)

Jaime Cárdenas Gracia (IIJ, UNAM)

Capulalpan de Méndez, Oaxaca

Medio Ambiente y Sociedad, Baja California Sur.

12:00-2:00 ¿Cómo movilizar el derecho? Análisis sobre las posibilidades de la movilización social a partir de la propuesta de una nueva Ley Minera desde los movimientos sociales.

Modera: Aleida Hernández Cervantes (Posgrado en Derecho UNAM / Colectivo Radar)

Rachel Sieder (CIESAS-DF)

Gilberto López y Rivas (INAH-Morelos)

Movimiento morelense, Morelos

Tetela hacia el futuro, Tetela de Ocampo, Puebla

COPUVO, San José del Progreso, Oaxaca.

Puedes seguir la transmisión en VIVO desde el IIJ-UNAM [http://www.juridicas.unam.mx/tvjuridicas/]

#Minería: Lejos de El Dorado

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Sat, 01 Jun 2013 07:23:00 +0000

Tras cuatro años de litigio, los ejidatarios de un pueblo zacatecano aún claman justicia. La empresa Goldcorp, de la mayor mina de oro de América Latina se niega a restituirles sus tierras

POR GEORGINA HOWARD

Sin apoyos del gobierno y sin escrituras, 29 familias presentaron una demanda contra la minera
Goldcorp invirtió mil 500 millones de dólares en Peñasquito y utilizó el engaño para quedarse con el terreno.
Mientras eso sucedió durante cinco años ni la secretarías de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores o Trabajo hicieron algo contra la empresa canadiense que maneja el 70 por ciento del oro del país

En las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón se permitió que la empresa canadiense Goldcorp se adueñara de los ejidos El Vergel, Mazapil, Cerro Gordo y Los Cedros, en Zacatecas, para construir el complejo minero Peñasquito que se inauguró en 2010, y es hoy la mina de oro más grande de América Latina.

Goldcorp invirtió mil 500 millones de dólares en Peñasquito y utilizó presuntamente el engaño, mediante contratos de ocupación temporal y falsificación de títulos agrarios, para reubicar a 29 familias de los ejidatarios, dueños de esas tierras.

Hasta la fecha, la mayoría, obligados a dejar sus tierras sin el menor apoyo del gobierno, no cuentan con escrituras y carecen de los servicios básicos en las zonas donde fueron reubicados.

Algunos ya presentaron una demanda en contra de la compañía canadiense ante el Tribunal Unitario Agrario para que les devuelva las 600 hectáreas que les quitaron.

Pero el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco les dijo que si querían recuperar sus tierras, tendrían que restituir la inversión que la empresa realizó en la mina, y decidió aplazar la resolución.

El pasado lunes el presidente Enrique Peña Nieto presentó su Plan Nacional de Desarrollo y en lo que toca a la contribución de la minería al desarrollo económico del país, señaló que su explotación “debe beneficiar y respetar los derechos de las comunidades o municipios donde se encuentran las minas”.

Inicia el juicio

Tras cuatro años de esperar una resolución a su demanda, los ejidatarios Manuel Ordóñez Saucedo, Héctor Manuel Ordóñez y Daniel Mendoza Barbosa obtuvieron el 12 de enero de 2013 una sentencia a su favor.

El magistrado Serafín Salazar Jiménez, del segundo tribunal colegiado de Zacatecas, determinó que Goldcorp tiene que devolver las 600 hectáreas que ocuparon de manera ilegal, ya que nunca se compraron las tierras.

De acuerdo con la sentencia 528/2012 a la que tuvo acceso Reporte Indigo, la minera Peñasquito tendrá que restituir a los ejidatarios sus tierras, el terreno en el que se aloja el tajo más grande a cielo abierto de oro y plata de México.

Contubernio

Pero en la primera junta realizada después de ratificar la sentencia, el 16 de abril de este año, el magistrado Lara Orozco, del Tribunal Unitario Agrario, primero llamó a los campesinos a conciliar con la empresa y luego los convocó a devolver la inversión que la canadiense había hecho en la mina.

Julieta Kuri Zaguayo, abogada de la minera, ratificó que la empresa canadiense Goldcorp no desea tener conciliación alguna con los ejidatarios, a menos que sea sin la presencia de los abogados que los representan.

En el diputado Gregorio Macías Zúñiga, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la 60 legislatura, dijo que se tienen que restituir las hectáreas de los ejidatarios, ya que “es un juicio que marca precedente en México y a nivel mundial”.

Alfonso Herrera, abogado de los ejidatarios de Cerro Gordo, acusó a los funcionarios del Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas, encabezados por el magistrado presidente Juan Rodolfo Lara, de proteger los intereses de la minera Goldcorp.

Denunció que ha impedido en tres ocasiones el pago de los 2 millones 966 mil 832 pesos como último trámite que los campesinos deben realizar para la devolución de sus 600 hectáreas.

Los abogados de los ejidatarios presentarán una queja ante el Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, en contra de Lara Orozco y su secretaria de acuerdos, Sol Ferreira, por obstaculización de acceso a la justicia en perjuicio de los ejidatarios.

Incluso, el notario público 42 de Zacatecas, Jaime Casas Madero, dio fe de la negativa del Tribunal de recibirles el pago a los ejidatarios:

“Al negarles el pago, ustedes los están dejando en un estado de indefensión jurídica; estoy certificando que los ejidatarios traen el recurso completo solicitado por este Tribunal”.

Por si fuera poco, el gobernador de la entidad, Miguel Alonso Reyes, inició desde hace varias semanas una fuerte campaña en los medios locales de comunicación para defender las inversiones de la empresa canadiense en la entidad.

Sólo hay que tener memoria histórica para recordar que en marzo pasado Alonso Reyes asistió en representación de la Conago a la Convención Anual de Mineras Canadienses.

La minera, de capital totalmente canadiense, explota los minerales violando, desde hace cinco años, el régimen jurídico mexicano.

Mientras eso sucedió durante cinco años ni la secretarías de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores o Trabajo hicieron algo contra la empresa canadiense que maneja el 70 por ciento del oro del país.

En la mina trabajan más de 3 mil 400 trabajadores, mineros, albañiles, administrativos y ganan salarios inferiores a los 300 pesos diarios. Fue inaugurada el 23 de marzo de 2010 por el entonces presidente Calderón y en la gubernatura estaba la perredista Amalia García.

Un monstruo mundial

Goldcorp, que trabaja en los municipios de Zacatecas desde 2005 e inauguró el complejo Peñasquito en 2010, es líder en el mercado de metales en el ámbito mundial.

Como productor de oro de alto nivel, su estrategia de inversión se basa en mantener bajos costos de producción y ubicarse en lugares de bajo riesgo político.

Pero tiene fama de “depredadora” del medio ambiente al lugar que llega a establecerse.

Goldcorp, que preside Kevin McArthur, sabía que Peñasquito tiene 22 años de vida útil y la conocen como “El Dorado mexicano” porque es la mina más grande de metales preciosos y de más bajo costo.

La empresa cotiza en la bolsa de valores de New York y Toronto y deberá informar a sus accionistas que tendrá que devolver la mina mexicana Peñasquito.

En sus informes a los accionistas, que son públicos, se documentan más de 2 mil millones de dólares de utilidades entre 2010 y 2013.

Tiene reservas probadas de oro plata, cobre y zinc por un monto que rebasa los 20 mil millones de dólares, y emplea a más de 3 mil 500 trabajadores.

Las empresas extranjeras

A la fecha se reportan en el país 286 empresas con capital extranjero, con 757 proyectos, de los cuales 615 están en proceso de exploración.

Del total de empresas foráneas, 210 son del sector minero metalúrgico con inversión extranjera directa principalmente canadiense.

En 2011, Goldcorp invirtió 400 millones de dólares para aumentar la explotación de sus minas ubicadas en Zacatecas.

Esta industria que aporta el 4.9 por ciento del PIB y lo ubica como el tercer rubro productivo después de los sectores automotriz y del petróleo, cuenta con 23 yacimientos gigantes y seis súper gigantes.

Entre ellos se encuentran Fresnillo, Cananea, Las Cuevas, Guerrero Negro, Tayoltita, Molando y Peñasquito.

México ocupa el primer lugar como país productor de plata en el mundo, el quinto en plomo, el séptimo en zinc y el décimo en oro y cobre.

Las concesiones

Las concesiones mineras en México las otorga la Secretaría de Economía y pueden durar hasta 50 años con la posibilidad de renovarse otros 50.

Las empresas extranjeras se pueden constituir con el 100 por ciento de capital extranjero, teniendo además como ventaja el hecho de que el gobierno no cobra derechos sobre productos minerales.

Hasta la fecha existen 26 mil concesiones mineras vigentes que sólo corresponden al 13.8 por ciento del territorio nacional.

Un negocio valioso

Los principales Estados productores del sector son:

- Sonora: 23% - Zacatecas: 23% - Chihuahua: 14%

- Coahuila: 11% - San Luis Potosí: 6% - Durango: 6%

Vía: Reporte Índigo

#Minería en la Sierra Sur, #Oaxaca

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Fri, 03 May 2013 22:46:00 +0000

BOLETIN DE PRENSA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LAS AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES

AL PUEBLO DE OAXACA:

Desde 1998 a través de los medios locales de comunicación nos enteramos del proyecto Minero “Tehuantepec”, complejo minero muy importante del país y que contempla la explotación de minerales en Santa Maria Zaniza, Santiago Textitlan, San Jacinto Tlacotepec, Santo Domingo Teojomulco, San Lorenzo Texmelucan y Santa María Lachixio, es decir, en toda la región de la Sierra Sur.

La Sierra Sur del Estado de Oaxaca es habitada principalmente por pueblos Zapotecos, Mixtecos, Chatinos, Chontales, Amuzgos, Triquis y Mestizos; cuenta con una extensión aproximada de 12,970 kilómetros cuadrados. La propiedad de la tierra es predominantemente la comunal, debido al gran número de comunidades y ejidos, en menor medida la propiedad privada.

En términos administrativos y políticos, la región de la Sierra Sur comprende 73 municipios ubicados en los distritos de Putla, Sola de Vega, Miahuatlan y Yautepec.

La empresa Altos Hornos de México (AHMSA) cuenta con concesiones que estan localizadas en el territorio de la comunidad de Santa María Zaniza, y en la comunidad de Río Humo, perteneciente al Municipio de Santiago Textitlan. El proyecto “Tehuantepec” abarca estas concesiones en su conjunto y considera la explotación de una reserva de 457 millones de toneladas, por lo que el proyecto durará por lo menos 45 años.

El proyecto comprende la apertura de una mina, la construcción de una planta de molienda y una planta de concentración magnética tanto en Santa María Zaniza, como en la comunidad de Río Humo. El concentrado de la separación magnética será bombeado a través de un ferroducto hasta una planta de flotación y filtrado, dicho ferroducto tendra una longitud de mas de 290 kilometros, en el cual viajara el material minero arrastrado por grandes cantidades de agua que obtendran de los rios, arrollos y manatiales de la region.

El proyecto minero de Santa María Zaniza, plantea la extracción del mineral a cielo abierto, removiendo la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los yacimientos del mineral. Bajo esta técnica se puede hoy día remover montañas enteras en cuestión de horas, para hacer rentable la extracción de los minerales; estor por lógica se contempla el desplazamiento total de las comunidades que habitan estos cerros.

Existen comunidades enteras de otros lugares que demuestran que la actividad industrial a cielo abierto es muy agresiva ambiental, social y culturalmente. El Proyecto Minero de Santa María Zaniza se encuentra en la etapa inicial aun, por los permisos que las comunidades aun no han otorgado.

Ante esta situación el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” BARCA-DH, junto con los habitantes de los Municipios de Santo Domingo Teojomulco, Santa María Zaniza y San Lorenzo Texmelucan han realizado el video que hoy presentamos: “POR LA TIERRA VIVIMOS” en el que se recaba testimonios de personas que habitan en la región que serán los más afectados por el proyecto minero. Con este Video expresamos nuestra forma de vivir y le decimos al Gobierno Federal y Estatal que:

1.- Los pueblos indígenas somos los únicos dueños de nuestros territorios, tierras y recursos naturales. Por lo tanto exigimos respeto a nuestros derechos.

2.- Todo proyecto o mega proyecto que atente contra nuestros derechos o se pretenda implementar en nuestro territorio debe someterse a consulta, a la participación y al principio del consentimiento libre e informado.

3.- Nosotros, como pueblos indígenas nos articulamos y establecemos alianzas para defender y hacer respetar nuestros derechos hasta lograrlo.

4.- Reafirmamos el valor y la importancia de nuestros Sistemas Normativos propios, que se expresan y se cumplen en las asambleas comunitarias.

5.- Como Pueblo indígenas no nos oponemos al Desarrollo pero siempre que se respete nuestro entorno, nuestros ríos, nuestro bosque, nuestro lugar donde vivimos como hijos de Dios quien nos dio esta riqueza natural para nuestra convivencia y cuidado.

6.- Estaremos siempre alertas para que quien nos llegue a vender el desarrollo con mentira, corrupción, destrucción de nuestros recursos naturales, solo buscando sus propios intereses, sea expulsado de la comunidad.

LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE:

SANTA MARIA ZANIZA,

SANTO DOMINGO TEOJOMULCO,

SAN LORENZO TEXMELUCAN, DISTRITO DE SOLA DE VEGA

CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS

BARTOLOMÉ CARRASCO BRISEÑO A.C. (BARCA-DH)

30 de abril de 2013

#FAO: La historia de la #Minería en #México

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Sat, 20 Apr 2013 21:38:00 +0000

Por: Mario Martinez Ramos, Frente Amplio Opositor a MSX (FAO)/Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

La historia de la minería en México a partir de su actividad a nivel industrial está marcada por el saqueo de nuestros recursos naturales no renovables hacia otros países, por la explotación humana y por una cadena de impactos de todo tipo causados por los diversos sistemas de explotación y beneficio de los valores metálicos.

Los avances tecnológicos y científicos han evolucionado y transformado estos sistemas, la minería subterránea tradicional quedó atrás y aparecen nuevos sistemas con características mucho más agresivas conocidos como tajos a cielo abierto, como en el caso de la canadiense New Gold - Minera San Xavier, en Cerro de San Pedro, en el estado de San Luis Potosí, y la actual minería subterránea por el sistema de tumbe y relleno de la también canadiense Fortuna Silver Mines - Minera Cuzcatlan en San José del Progreso, Oaxaca. Dos casos muy sonados, el primero por el escándalo jurídico que dejó al descubierto las grandes redes de corrupción tejidas por las empresas mineras dentro del Poder Judicial, que van desde una simple mesa del ministerio público hasta los más altos tribunales del país, y el segundo por la gran cantidad de activistas opositores asesinados.

No podemos negar la importancia de la minería en el desarrollo tecnológico, económico y social del país. Pero es más importante la preservación de la biodiversidad, que es el sostén de la vida y el bienestar social. Las actuales empresas mineras no reconocen que hay realidades sociales, derechos laborales, ambientales y humanos; derechos de los pueblos indígenas, y otros aspectos que no se pueden soslayar ni legitimar como es la expulsión forzada de comunidades, su desaparición y el despojo de agua y tierra, indispensables para su supervivencia.

Con estos nuevos sistemas las únicas beneficiadas siguen siendo las grandes empresas mineras nacionales y transnacionales. Les permiten reducir en 80 por ciento la planta laboral y en menor tiempo duplicar la capacidad de producción comparada con los sistemas utilizados anteriormente. Basta ver las estadísticas de los diez años recientes en producción de oro y plata: duplican lo que se produjo en los 300 años anteriores, y no es mayor por la resistencia que decenas de comunidades oponen. A cambio, los costos sociales, ambientales, económicos y políticos que estos sistemas causan al país son incalculables, además de irreversibles pues dejan una irreparable deuda ecológica para las próximas generaciones.

Para introducir y aplicar estos nuevos sistemas de explotación minera en nuestro país, previo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1992 se reformó el artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias como son la de Aguas Nacionales, la Agraria, la de Inversión Extranjera, la Minera, entre otras, con el fin de allanar el paso a las grandes empresas nacionales y transnacionales a las tierras de régimen social, ejidales y comunales.

El marco “ilegal” de la ley minera diseñado en 1992 y sus modificaciones posteriores han fomentado en forma alarmante la impunidad jurídica de las empresas, y la pérdida de los más elementales derechos de la población. La ley minera es única, acusa una total discordancia constitucional y para con otras leyes también reglamentarias del artículo 27, lo cual genera conflictos jurídicos que entorpecen la instalación de estas empresas por la vía legal, situación que las ha obligado a crear extensas redes de corrupción dentro de los tres niveles y poderes de gobierno. También han creado redes militares, religiosas y académicas, por lo cual el conflicto causado por la actividad minera se ha convertido en un asunto de gobernabilidad y seguridad nacional. Ante esta crítica situación, el Poder Legislativo está discutiendo la necesidad de una nueva ley minera.

A estas alturas, ya es imposible ocultar y desestimar los graves daños ambientales, económicos, sociales y políticos que la actividad minera está causando al país, muy en especial al campo. La diversidad biológica de nuestro país tiene la capacidad de producir en forma sustentable y perene una gran gama de productos indispensables no únicamente para el crecimiento económico, sino también para el bienestar de millones de mexicanos.

La actividad minera está prácticamente exenta de impuestos, tampoco genera actividades transformativas, o sea se limita al extractivismo de minerales y no a su aprovechamiento industrial. La mayor parte de esta actividad se dedica a la explotación de minerales con contenidos de oro y plata, cientos de toneladas de estos productos minerales salen de nuestro país anualmente incluso sin afinar, en lingotes de doré, por lo cual no generan cadenas productivas y tampoco empleos. A cambio, nos dejan aire, agua y tierras contaminadas, improductivas de forma irreversible; montañas de desechos tóxicos, corrosivos, productores de drenajes ácidos, cuya actividad contaminante afecta por cientos de años nuestras tierras y depósitos de agua subterránea y superficial.

El impacto que sufren las fuentes de agua superficiales o subterráneas a causa de los sistemas minero metalúrgicos es realmente criminal, no sólo por las grandes cantidades de agua que utilizan, sino también por el uso que le dan.

Por ejemplo, en Mazapil, Zacatecas, para el proceso de lixiviación, la empresa minera utiliza 94 millones de litros diarios para mezclarla con cianuro de sodio. Esta agua contaminada por infiltración hacia el subsuelo, por escurrimiento superficial y por la evaporación que sufre en el proceso lixiviante, contamina todo el ciclo hidrológico. En el caso de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, New Gold Minera San Xavier utiliza 32 millones de agua al día para el mismo proceso. En los dos casos son zonas desérticas con acuíferos sobreexplotados, el agua que consume Minera San Xavier sería suficiente para dotar a 300 mil personas con cien litros diarios, cuando en la ciudad carecen cientos de miles de personas de este vital líquido.

No es posible que por el desarrollo de un proyecto minero con una capacidad de actividad-tiempo limitado, que lo único que produce es saqueo, contaminación, desestabilidad social, se sacrifique el consumo humano y se cancelen de por vida actividades perenes, sustentables y de incuestionable utilidad pública como son las agrícolas y ganaderas.

Es así, que la actividad minera no regula el beneficio social de los elementos naturales no renovables que son del dominio directo de la nación y claves en el desarrollo del país, ni comparte una distribución social equitativa de sus beneficios. ¿Como podría conservar nuestra riqueza pública una actividad que utiliza sistemas altamente agresivos con impactos irreversibles al medio ambiente?

El aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, como es el caso de los que aprovecha la actividad minera, requiere concepciones de visión de largo plazo y de responsabilidad generacional.

Hoy la responsabilidad de la explotación de los recursos naturales se enfrenta a nuevos desafíos, están avanzando en forma secreta y acelerada las negociaciones para el acuerdo estratégico transpacífico al que se incorporó nuestro país en junio de 2012, y el cual entre otros leoninos artículos destaca el que los gobiernos parte de este acuerdo, no aprueben leyes en materia de medio ambiente, salud y trabajo que afecten los intereses de las corporaciones multinacionales. Este pretendido acuerdo es aún más antisocial y lesivo que el TLCAN. El acuerdo transpacífico no es sólo con nuestro país, tiene influencia regional y su finalidad es asegurar los mercados necesarios para la reproducción capitalista.

En ese contexto y en estos momentos, las iniciativas de ley son retos de conciencia y de responsabilidad para con nuestro país, tarea que ya no puede ser exclusiva del Poder Legislativo con casi nula credibilidad en estas tareas. Ya está operando la sociedad por medio de los grupos organizados y de los justos reclamos de las comunidades afectadas por el despojo de su patrimonio territorial.

Publicado en La jornada del Campo No. 67, edición impresa.

#CerrodeSanPedro: breve historia de sus luchas

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Sat, 20 Apr 2013 21:00:00 +0000

Por: Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO) / REMA

[FOTO: MAJLOC. Visita a CSP de otros pueblos.]

Un pueblo como muchos otros fundado por la avaricia del oro, víctima de la despiadada explotación humana, de sus riquezas y recursos naturales. La diferencia de este poblado con los muchos otros radica en su eterna rebeldía que se remonta a la llegada de los conquistadores españoles a este territorio.

Después de haber doblegado y ocupado la gran Tenochtitlan, el año 1550 cuando las avanzadas españolas llegaron a este valle, al que algunos historiadores dicen que llamaron Valle del Tangamanga, habitado por tribus nómadas guachichiles, que conformaban la nación Chichimeca. Este valle también era conocido como El Tunal Grande por el hecho de que su cuenca, con un área de casi dos mil kilómetros, estaba cubierta de todo tipo de cactáceas.

Lo cerrado y la altura de las cactáceas y la destreza con que sus habitantes manejaban el arco y la flecha propiciaron la lucha de resistencia de los guachichiles, la cual se prolongó por más de 40 años. Los españoles se vieron obligados a continuar su avance conquistador hacia el norte de lo que hoy llamamos México por los flancos oriente y poniente del valle. A este acontecimiento, los historiadores le llamaron “La guerra de los 40 años”. Fue hasta 1590, con un desgaste enorme de ambos lados y la diplomática intervención del capitán “mestizo” Miguel de Caldera, que se firmó la paz entre los bandos en pugna.

El 4 de marzo de 1592 un natural de la zona mostró a los españoles la ubicación de la rica montaña mineralizada conocida posteriormente como Cerro de San Pedro y simbolizada como emblema del Escudo de Armas de la Ciudad de San Luis Potosí (SLP) y de su estado. Así se fundó el poblado también conocido como Cerro de San Pedro y posteriormente el municipio que lleva el mismo nombre.

La llegada de miles de mineros a San Pedro de diferentes lugares, atraídos por la riqueza del Cerro, obligó a fundar en el valle lo que hoy es la ciudad capital de SLP. El agregado de “Potosí” se le dio por considerar que las minas de San Pedro eran tan ricas como las más ricas del mundo en ese entonces, las minas de la ciudad del “Potosí” en Bolivia.

Así se inició un calvario de saqueo y explotación humana y de nuestras riquezas naturales, en las labores mineras. Se acabó la etnia guachichil, los bosques de encinos, pinos y otras especies maderables que cubrían los cerros fueron arrasados, utilizados para la fundición de los metales. El Tunal Grande desapareció para dar paso a la urbanización.

[FOTO: Marcos Guevara Rivera. Guardia privado en Minera San Xavier]

La actividad minera es intermitente, se agota la veta y se suspenden las actividades hasta que se encuentra otra veta; esto puede durar meses o muchos años, mientras tanto, mucha gente abandona la zona en busca de empleo desplazándose hacia otro centro minero en explotación.

En una de esas recurrentes crisis, en 1762 –cuando todavía la economía de la ciudad capital en buena medida dependía de la minería–, la hacienda pública se vio afectada por la inactividad minera; como medida, las autoridades impusieron nuevos impuestos y medidas represivas contra los que por falta de empleo deambulaban por las calles, no pocos de ellos fueron apresados y enviados a otras ciudades a trabajos forzados, incluso a Cuba.

La reacción social no se hizo esperar, los mineros de Cerro de San Pedro se organizaron liderados por Patricio Alanís, minero y habitante del poblado del mismo nombre; hicieron una manifestación a la que se unieron gente de los municipios de Armadillo y de Soledad, de los ranchos y de los siete barrios que conformaba la ciudad capital. Dialogaron con las autoridades y se retiraron con la promesa de que cambiaría la situación. Ya entonces las promesas eran sólo eso, pero la gente era otra, se reagruparon y en ese tiempo más de cuatro mil manifestantes asaltaron la cárcel y liberaron a los presos, asaltaron las casas reales y al grito de “¡Nuevo rey, nueva ley!” y “¡Abajo los gachupines!”, se desataron lo que la historia registra como los “tumultos”.

El descontento social crecía, el ejemplo de rebeldía de los mineros de Cerro de San Pedro amenazaba con extenderse a otros estados, el gobierno local se vio rebasado y tuvo que pedir refuerzos a México. Aquí el conde de la hacienda de Peñasco con sus fuerzas especiales atacó a los sublevados, por otro lado llegó el visitador José de Gálvez y se hizo cargo de la represión. Finalmente los insurgentes se fueron replegando y sus líderes, como Patricio Alanís, que utilizaban una mina como cuartel general, fueron capturados, decapitados y sus cabezas expuestas públicamente, sus familias desterradas y sus casas quemadas.

Después de la guerra de Independencia, se quedó la explotación en manos de los gringos hasta 1948, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Dada la depreciación de los valores de los metales, la American Smelting and Refening Company suspendió sus actividades de explotación, y mediante artimañas y corrupción de los lideres obreros, echó a la calle a cientos de trabajadores con un mes de salario como indemnización. Es el destino de los pueblos mineros: su sustento está sujeto a la oferta y la demanda de los metales y al agotamiento de sus recursos minerales.

Los casi seis mil habitantes con que contaba en 1947 el poblado (cabecera municipal de Cerro de San Pedro) lo abandonaron en busca de sustento y el lugar se volvió pueblo fantasma. Sus escasos habitantes, un ciento, aferrados a su tierra, sobrevivían buscando hilos o venas de mineral y de rascarle en forma artesanal su contenido; dos o tres vivales se enriquecieron con el sacrificio de esta gente a las que le “regateaban”: compraban a precios irrisorios el metal, para luego venderlo caro.

Fue en 1995 cuando aparecieron las mafias mineras canadienses, alentadas por las políticas entreguistas de Carlos Salinas de Gortari, quien en 1992, a fin de entregar nuestro país a las trasnacionales, modificó el artículo 27 constitucional y todas las leyes que de ella emanan –lo hizo como condición para la firma del leonino Tratado de Libe Comercio de América del Norte (TLCAN)–. Fue así como de un plumazo inició la desaparición del régimen social de la tierra (ejidal y comunal), el agua y todos nuestros recursos naturales que habían sido conquistados a sangre y fuego en el movimiento revolucionario de 1910.

En ese contexto, en 1995 llegó la empresa canadiense Metallica Resources, Inc, Minera San Xavier a Cerro de San Pedro; inició trabajos de exploración, y en septiembre de 1996 convocó a los pocos habitantes del lugar y, con promesas de empleo y de reacomodarlos en una reservación fuera del área de peligro, los invitó a evacuar el poblado porque éste quedaba dentro del proyecto minero y era indispensable su desaparición.

Ese día, el 10 de septiembre de 1996, en la reunión convocada en el Templo de San Nicolás Tolentino, ante la furia de los asistentes, que con palabras soeces rechazaron el proyecto, inconformes por la pretendida destrucción del poblado pero en especial de sus templos que datan del siglo XVII, se inició una nueva lucha por la preservación del patrimonio cultural e histórico propiedad de los potosinos, por el medio ambiente, y la dignidad del pueblo.

Fue aquí en Cerro de San Pedro donde se inició la primera lucha a nivel nacional contra las mafias industriales del crimen organizado, las mineras canadienses, lucha que ha sido ejemplo y estímulo de las decenas de luchas similares que hoy se libran en todo el país contra la minería contaminante y depredadora. En los 16 años de resistencia, el movimiento conocido como Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO) ha asimilado una amplia experiencia en formas y estrategias de lucha contra este novedoso pero criminal sistema de explotación minera y humana.

Así, después de años de resistencia civil pacífica y en ocasiones no tanto, en 1999 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó la autorización ambiental y el cambio de uso de suelo para que Minera San Xavier operara. Estas arbitrarias autorizaciones fueron impugnadas, dado que la zona del proyecto está protegida por decreto del 24 de septiembre de 1993 como “zona de preservación de la vida silvestre”. El decreto deja claro que en esa zona no se podrá instalar ningún tipo de industria. También existe otro decreto de 1962 que prohíbe la extracción de agua del acuífero 2411, o sea el del valle de San Luis que surte de este vital líquido al 45 por ciento de la población de todo el estado de SLP. Además el poblado de Cerro de San Pedro por ley está considerado Zona de Monumentos.

Otro argumento contra la mina es que, por ley, no se permite el depósito de residuos peligrosos en una distancia menor un kilómetro de un río perene o intermitente, de 25 kilómetros de una zona de recarga de un acuífero o de una poblado mayor de cinco mil habitantes. Resulta que a 30 metros de los patios de lixiviación –donde la empresa minera utiliza 16 toneladas diarias de cianuro de sodio disueltas con 32 millones de litros de agua– pasa un río; precisamente ese lugar es zona de recarga del acuífero 2411, y la ciudad de SLP se encuentra a ocho kilómetros del proyecto minero. Todos estos argumentos y muchos más no fueron escuchados por la Semarnat, y sin dar respuesta, ratificó las autorizaciones.

Por lo anterior interpusimos un juicio de nulidad, que recayó en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en la Ciudad de México. El uno de septiembre de 2004 la Sala Superior de este Tribunal emitió la sentencia, en que resuelve la nulidad lisa y llana de la autorización de cambio de uso de suelo y la ambiental. O sea, fue una resolución definitiva en la cual el caso quedaba como cosa juzgada.

Por desgracia para todos –dada la extrema vulnerabilidad de nuestro país a la corrupción y la ingobernabilidad, la nula aplicación del Estado de derecho y la complicidad de las autoridades de los diferentes niveles– la empresa minera está operando en la etapa de explotación desde 2007, sin contar con un solo permiso licencia o autorización.

Para este año 2013, ya desapareció la famosa montaña conocida como el Cerro de San Pedro, emblema del Escudo de Armas de nuestra ciudad y Estado. Ni un solo habitante aceptó la reubicación, permanecen en sus hogares, pero eso no fue impedimento para las criminales ambiciones de la empresa. Detona 25 toneladas de explosivos diariamente a 30 metros de la zona habitada, poniendo en peligro la vida de sus habitantes ante el posible derrumbe de sus fincas a causa de la intensidad sísmica causada por las explosiones. Todo esto ante la complacencia e in$en$ibilidad de las autoridades militares que otorgan en esas condiciones las autorizaciones para el uso de explosivos.

Nuestra lucha sigue, el objetivo es diferente, el enemigo a vencer ya no es la empresa minera, ahora es el sistema de gobierno cuyas políticas antisociales se basan en la impunidad, la corrupción y la entrega de nuestro país a las trasnacionales, que con sus criminales proyectos mineros nos dejan un país incapacitado para producir; aire, agua y tierra contaminados, enfermedades incurables, y un futuro escalofriante para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Políticas gubernamentales incestuosas de violación a su madre, La Madre Tierra.

Diez y seis años de lucha contra la adversidad, contra la corrupción y la impunidad que ha invadido a todo el aparato oficial y sus poderes, de represión del gobierno que amenaza y encarcela a los opositores al proyecto minero, y los paramilitares de la empresa Minera San Xavier que nos golpean, amenazan y han tratado no en pocas ocasiones de asesinarnos, pero lo más triste y traumático, en cierta forma entendible, es la insensibilidad de buena parte de la sociedad que se resiste a participar en una lucha que es su lucha, en la que está de por medio su bienestar y la de los suyos.

Vía: La Jornada del Campo

#Minería: Mineras canadienses arrasan con oro de #Oaxaca

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Wed, 27 Mar 2013 15:00:00 +0000

Por Érika Ramírez

Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia

En el tercer municipio más pobre de Oaxaca, la extracción de oro y plata deja a la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines –a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán– cientos de miles de onzas de los minerales preciosos. Sólo por la extracción de oro podría haber ganado 360 millones de pesos en 2012. En contraste, el pago por las concesiones al gobierno mexicano ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejó en el municipio 8 millones de pesos para “obras públicas”. Los pobladores, en la incertidumbre ante los efectos al medio ambiente, a la salud y al tejido social.

San José del Progreso, Oaxaca. Las boyas metálicas le impusieron bajar la velocidad del automóvil. Su hermano, el copiloto; su prima, la acompañante. A la par, un vehículo Tsuru sin placas seguía su curso sin detenerse. Una ráfaga de plomo atravesó los cristales del automóvil guinda de Bernardo Vásquez Sánchez.

Era el 15 de marzo de 2012, pasaban las 21:00 horas. Bernardo dio un volantazo. “¡Me dieron!”, gritó. El joven, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) –organización opositora a la operación de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines–, apenas alcanzó a desviarse de la carretera. Sus últimos respiros quedaban en las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán.

El copiloto, Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, se resguardó lo más que pudo sobre su asiento, pero igual fue herido. Rosalinda se dejó caer sobre el sillón trasero, que terminaría bañado en sangre. El auto de Bernardo se detuvo completamente, su propio resuello estaba a punto de hacerlo. Las balas que le habían penetrado el cuerpo, ahí se alojaron. Una, en el pulmón derecho, fue letal.

A 15 minutos de distancia, las festividades del patrono comenzaban a alistarse. La algarabía religiosa se teñía de rojo. Bernardo moría, Rosalinda estaba herida en la pierna derecha por una bala que casi le destroza la rodilla, de la que aún no ha podido reponerse.

“¡Queríamos salvarlo!”, dice ella, en entrevista con Contralínea. Pararon un taxi. El conductor los ayudó a sacar a Bernardo y trasladarlo a un consultorio médico particular. Murió al llegar al lugar donde se le brindaría atención. “Tenía varios impactos [en espalda y cadera], había entrada, pero no salida”, recuerda la joven.

Meses antes, señala Rosalinda, “en un video que circuló en YouTube, se amenazaba la vida de Bernardo. En éste se burlaban de las personas que estaban en el movimiento en contra de la mina. En un vertedero de la presa municipal quedó inscrita la sentencia de muerte: ‘Te vas a morir, perro Bernardo Vásquez’” (sic).

Él es la segunda víctima perteneciente al movimiento opositor a la Compañía Minera Cuzcatlán. Ingeniero agrónomo de profesión por la Universidad de Chapingo, fue, como mucha gente de campo, emigrante a Estados Unidos. Allá trabajó como albañil para ayudar económicamente a su familia, compuesta por nueve hermanos y sus padres.

Cuando regresó a México en 2008, la minera canadiense ya había comenzado los trabajos de explotación de oro y plata en la zona. La falta de consulta a los integrantes de la comunidad indígena zapoteca puso en alerta al activista. Comenzó, junto con hermanos, familiares y oriundos del municipio, la defensa de su territorio, relata su hermano y sustituto al frente de la CPUVO, Leovigildo Vásquez Sánchez.

Derechos humanos, violentados

El informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012 –elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)– indica que “la empresa minera Cuzcatlán ha violentado diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas”.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes dice que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

El gobierno federal es quien genera los conflictos vinculados a los proyectos mineros, “ya que ellos otorgan permisos y no consultan con el gobierno de Oaxaca. El gobierno estatal reconoce que no hubo un proceso de consulta y acepta que no está bien regulada la consulta a nivel federal”, comentó Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca, ante integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, en la que participaron 19 organizaciones civiles estatales, nacionales e internacionales.

Además, la comisionada reconoció que “el origen de la división social en varias de las comunidades, como en San José del Progreso, es por el dinero que vienen a ofrecer las empresas trasnacionales a través de los megaproyectos, y que generan una violencia social en el estado”.

El documento del Centro Prodh afirma que se “ha generado un clima de tensión social y política al interior de la comunidad, mismo que el gobierno de Oaxaca ha minimizado bajo el argumento de que es un conflicto interno por el control y el poder del municipio.

“La empresa minera no ha asumido su responsabilidad con los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán. En todo momento se ha deslindado de la problemática de San José del Progreso y de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación corrobora la tesis de las comunidades y organizaciones que les acompañan acerca de que en México se protegen los intereses privados de empresas trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de defensoras y defensores de derechos humanos. En Oaxaca, esta situación ha cobrado la vida de varias personas, se han vivido enfrentamientos entre pobladores, encarcelamiento y procesos penales contra quienes se oponen a la mina”, dice el Centro Prodh mediante su informe.

El 18 de enero de 2012 fue asesinado Bernardo Méndez, y herida de gravedad Abigail Vásquez Sánchez, quienes también se oponían al proyecto de la Compañía Minera Cuzcatlán.

Sin consulta previa

Ante la falta de consulta previa de los pueblos, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, considera que “han sido violados los derechos de la población de una forma sistemática. No hubo consulta, sino imposición. Hay una estrategia de entregar beneficios de parte de la empresa. Nos preocupa también la violencia que se ha dado y observamos el desgaste de la comunidad”.

En una reunión con integrantes de la Misión Civil de Observación “Justicia para San José del Progreso”, aseguró que no ha habido una atención integral para este “conflicto complejo”. Esto ha provocado un grave deterioro en la seguridad de las personas que defienden la causa y no se han visibilizado las violaciones a derechos humanos de comunidades completas.

Peimbert Calvo aceptó que existe una crisis de credibilidad de los organismos públicos en materia de derechos humanos: “Faltan mecanismos y protocolos para garantizar los derechos humanos de los defensores, pero estamos trabajando en ello. Estamos en un proceso de implementación y diseño de protocolos en varias áreas”.

Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que en San José del Progreso existe un conflicto social grave desatado por la presencia de un megaproyecto.

“Aquí vemos cuál es el resultado de que no se haga una adecuada instrumentación de la consulta. Este derecho no es aislado, parte del reconocimiento que tienen los indígenas al uso y aprovechamiento de su territorio y sus recursos. La consulta surge como un mecanismo para que siempre que vaya a haber una afectación, el estado tenga la obligación de consultar a las comunidades”, expone el investigador de Fundar.

San José del Progreso, explotación y miseria

San José del Progreso, el tercer municipio más pobre de Oaxaca. Paradójicamente, un pueblo rico en oro y plata, ahora extraídos por la filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, Compañía Minera Cuzcatlán.

San José del Progreso, Oaxaca. El Catálogo de localidades, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), indica que en este municipio habitan 6 mil 579 personas que viven en un alto grado de marginación municipal. Esta situación lo coloca como el tercero más pobre en todo el estado gobernado, hasta 2010, por el Partido Revolucionario Institucional y ahora por el aliancista Gabino Cué Monteagudo (partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional). A nivel nacional ocupa el sitio 481, de los casi 2 mil 500 municipios que conforman la nación.

Datos de la Sedesol muestran que el 16.67 por ciento de las personas de este municipio viven en muy alto grado de marginación; el 75 por ciento, en alto grado y sólo 1 por ciento en grado medio.

Andrés Vásquez, padre de Bernardo Vázquez –dirigente opositor a la minera Cuzcatlán, asesinado el 15 de marzo de 2012– de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, es uno de los campesinos que ha padecido las condiciones de pobreza.

Huérfano de padre y madre, don Andrés ha vivido toda su vida del trabajo en el campo. A sus 62 años de edad, es padre de 10 hijos que ahora viven en un afán de lucha por su tierra. Para él todo ha cambiado desde la llegada de la mina: la división del pueblo, la administración de los programas para aquellos que están a favor del proyecto extractivo y la amenaza de degradación y contaminación ambiental que ve aproximarse.

Contrario a la pobreza que hay en el lugar, actualmente, la empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines –representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán– tiene en sus registros la extracción de millones de onzas de metales preciosos del suelo oaxaqueño.

Incertidumbre en la salud

Los problemas de salud que pueda acarrear la extracción minera en San José del Progreso es una de las preocupaciones que crece entre la población. Tal es el caso de Mayra Cruz López, quien desde hace algunos meses siente un continuo ardor en los ojos; a su pequeña hija le comenzaron los problemas en la piel, unas manchas que parecen de resequedad en sus piernas.

Son máculas en forma de flor que han aparecido en la piel de la niña de casi 4 años de edad. “Me dicen que es el jabón, pero antes no pasaba. Le he puesto pomadas pero no se le quieren quitar”.

Algunos de los pobladores atribuyen este tipo de problemas a la probabilidad de que se esté contaminando el agua, o al polvo que hay en la región; sin embargo no tienen certeza de esto, pues no cuentan con información clara del impacto ambiental que trae consigo la extracción que hace la minera canadiense.

La organización internacional Hesperian, en su Guía comunitaria para la salud ambiental, indica que con la minería “la contaminación del agua y el excesivo uso de los recursos de agua da lugar a muchos problemas de salud. Además, la destrucción de la tierra da lugar a la escasez de alimentos y al hambre. Y la contaminación del aire, proveniente de las centrales eléctricas y las fundiciones construidas cerca de las minas, ocasiona enfermedades graves… El carácter de la industria minera es explotar hasta el último pedazo de tierra y hasta el último trabajador disponible, sacrificando la salud, los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades”, entre otros aspectos.

Minería, oscuro panorama

Rurik Hernández, integrante del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comenta que actualmente la minería deja un “panorama oscuro” para el país, con más de 26 mil concesiones en todo el territorio nacional, en su mayoría de oro y plata.

Como lo documentó Contralínea (edición 268), México ha otorgado 26 mil 43 concesiones a mineras para explotar 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, con base en los padrones de expedición de títulos de concesión minera, de la Secretaría de Economía. “Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras”.

Hernández, también integrante e investigador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, comenta que ante las reformas constitucionales en derechos humanos, esta actividad extractiva viola los mismos, así como la Ley Minera: “garantiza la actividad minera, otorga los recursos naturales a cambio de algunos pesos. No es posible que se esté otorgando el territorio nacional sin importar nada, que haya despojos y coacción para despojar a los pueblos de sus territorios”.

—¿Es un nuevo colonialismo? –se le pregunta.

—Es el mismo principio, pero con una capacidad de destrucción mayor. En 10 años, los canadienses han sacado mucho más de lo que sacaron los españoles en 2 siglos. Los niveles de destrucción y capacidad de trabajo con la nueva tecnología son impresionantes. Las minas mueven entre 60 y 300 toneladas en un sólo camión, detonan miles de toneladas de explosivos al año y mueven millones de minerales y de tierra. Son desarrollos gigantes.

“Las minas subterráneas no son diferentes, es todo un enjambre que construyen bajo tierra y luego regresan los desechos a la mina. El problema más grande que estamos viendo aquí con la actividad minera subterránea (que no es visualmente tan impactante como con la mina de tajo a cielo abierto) son los impactos a los acuíferos, es algo muy serio. Toda el agua que se filtra y baja al espejo de agua de las comunidades. También, regresar los desechos pone en riesgo la integridad por contaminación de todo un acuífero. Esto es espantoso y no vamos a saber hasta dónde va a llegar toda la contaminación.”

Fortuna Silver Mines extrae riqueza mexicana

La empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines, representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán, ha extraído del suelo oaxaqueño 1 millón 967 mil 96 onzas de metales preciosos.

De acuerdo con el Reporte anual 2012 de la trasnacional, la producción ese año ascendió a 1 millón 949 mil 178 onzas de plata y a 17 mil 918 onzas de oro. Ésta es una de las 302 compañías, principalmente de capital canadiense, que tienen concesionada una cuarta parte del territorio nacional.

La trasnacional que inició operaciones de extracción en el tercer municipio más pobre del estado paga anualmente al erario mexicano 2 millones de pesos por la concesión de 58 mil hectáreas, asegura en entrevista Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán.

Con la producción extraída y la cotización del oro a nivel internacional por el World Gold Council –organización de desarrollo de mercado para la industria del oro–, la minera canadiense podría haber ganado 360 millones 80 mil 128 pesos ese año, sólo por este metal. La institución cotiza, al 4 de marzo de 2013, la onza de oro en 1 mil 570 dólares. En tanto, el Banco de México mantiene el precio del dólar en 12.78 pesos.

Las desigualdades

En marzo de 2012, Contralínea (edición 274) documentó que las “trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país ‘derechos’ por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses, australianas y brasileñas sacaron de este país más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata”.

El estudio Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas –elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de la recién saliente legislatura– indica que “la próspera situación de los consorcios minero-metalúrgicos en el país, el auge internacional del mercado de metales y el favorable escenario de políticas públicas han propiciado –por ejemplo– que nunca antes en la historia de México se hayan extraído tanto oro y plata como ahora.

“Este bonancible entorno cohabita con otra faceta de la minería mexicana contemporánea, la de los accidentes que sepultan a decenas de mineros, la de las difíciles condiciones laborales para amplios porcentajes de trabajadores y la del otorgamiento de enormes concesiones del territorio nacional a empresas mineras que no están sujetas al pago fiscal de regalías.”

Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema

Catálogos de la Secretaría de Economía (SE) demuestran que Fortuna Silver Mines es una de las 301 compañías extranjeras que exploran y explotan los metales preciosos del país. Tiene presencia en Oaxaca, el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos extractivos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país

San José del Progreso, Oaxaca. El documento Empresas con proyectos mineros en México, elaborado por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, muestra que además de Fortuna Silver Mines, otras firmas con capital de origen canadiense son Almaden Minerals, Aztec Metals Corp, Canada Gold Corporation, Silver Dragon Resources Inc, Ross River Minerals Inc, por mencionar algunas.

Del Sistema Integral sobre Economía de Minerales se desprende que Oaxaca es el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país.

Del listado –elaborado por la Secretaría encargada de ejecutar políticas económicas para el desarrollo del país– se desprende que en este estado, el 79 por ciento de los proyectos pertenecen a empresas canadienses, el resto con origen en Estados Unidos. Fortuna Silver Mines opera en San José del Progreso, en fase de producción, y en Tlacolula, en exploración, ambas de oro y plata.

La defensa empresarial

Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, asegura en entrevista que ésta es una empresa comprometida socialmente, y que sus políticas tienen un perfil social y de cuidado del medio ambiente.

Comenta que la presencia de la minera en la localidad indígena zapoteca emplea a 750 personas, de las cuales el 66 por ciento pertenece a la zona y el resto, a San José del Progreso. Todos los empleados, en todos los niveles, se encuentran contratados bajo el mecanismo de subcontratación (conocido como outsourcing). Esta situación los desvincula directamente de la trasnacional y no genera obligaciones directas entre el obrero y el patrón.

El ejecutivo dice que en 2012 la minera dotó de recursos por 8 millones de pesos al municipio donde se encuentran sus instalaciones y otros 7 millones de pesos en 2011, con el fin de llevar a cabo obras de infraestructura para los pobladores.

Alberto Mauro Sánchez Muñoz, presidente municipal de San José del Progreso, defiende la presencia de la minera en la zona. En entrevista con Contralínea y con integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, acepta que “este pueblo era muy tranquilo, no había pleitos. Ahorita estamos en la voz de todo el mundo por las muertes que ha habido”.

El hombre que administra el tercer municipio más pobre del estado porta gruesas cadenas de oro en cuello y muñecas. Dice que “las minas no son nuevas: había mucha gente que venía a explotar los recursos a San José del Progreso, y antes sí eran esclavos los que tenían trabajando ahí. Mi abuelo y mi papá trabajaron en la mina y los obligaban a trabajar por una paga que no alcanzaba ni para comer”.

—¿Qué ha significado la presencia de la compañía minera Fortuna Silver Mines para la comunidad?

—San José de Progreso tiene 89 años; es un pueblo nuevo, minero. Se fundó de toda la gente que venía a trabajar a las minas desde hace 150 años. En 2006, llega Cuzcatlán [filial de la canadiense Fortuna Silver Mines] y empiezan a trabajar. Vienen a comprar las tierras a 30 mil pesos la hectárea, aquí había gente campesina que nunca en su vida había visto 10 mil [pesos]; menos, 30 mil, y así fueron adquiriendo terrenos. Empezamos a exigirle a la empresa minera que dejara un beneficio, que no fuera nada más el saqueo sino que dejara un beneficio a la comunidad. Hacía donaciones con becas escolares, lo mínimo.

Discrepa de las cantidades que dice la empresa haber entregado al municipio, pero asegura: “Fuimos la primera autoridad en realizar un convenio con la minera para que deje bonificaciones. En 2011 dio al municipio 6.5 millones [de pesos] en obras; en 2012 fueron 7 millones de pesos”.

Contrario a la inconformidad de los pobladores y a la aceptación de las autoridades estatales de que se han violentado los derechos humanos en este territorio, el presidente municipal asegura que la empresa trabaja cabalmente, y “como autoridades le exigimos todos los estudios correspondientes: impacto ambiental, sismográfico, de no contaminación del viento; la empresa no genera polvo, se les hizo que a los molinos se les pusieran silenciadores”.

INFOGRAFÍA:

#Minería Festival del Cerro de San Pedro: símbolo de la persistencia contra el despojo

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Fri, 22 Mar 2013 20:07:00 +0000

A más de 17 años de haberse iniciado la resistencia contra Minera San Xavier (MSX), el fin de semana pasado se celebró la doceava edición del Festival de Cerro de San Pedro, que año con año es organizado por el Frente Amplio Opositor (FAO) para denunciar la irreparable devastación ambiental y cultural producida por la explotación a gran escala de los recursos minerales de la región.

Este tradicional Festival arrancó por primera vez en 2001 como parte de las acciones de defensa del patrimonio cultural e histórico de Cerro de San Pedro. Desde sus inicios se trataba de acercar a la población a este bello recinto, una invitación a apreciarlo más allá del lenguaje mercantil de MSX que sólo se interesa por aquellos recursos que producen algún valor monetario.

Si bien, la resistencia del FAO logró bloquear, y retrasar por algunos periodos el inicio de la explotación minera, lo cierto es que en 2006 ésta arrancó. No obstante, el Festival se ha mantenido como un símbolo de la persistencia del proceso de oposición y defensa de Cerro de San Pedro. A lo largo de estos doce años, esta iniciativa ha tenido el alcance de difundir la problemática a través de la organización de actividades diversas (mesas de discusión, presentaciones de libros, exposiciones, conciertos) y acercar a miles de personas al inconmensurable patrimonio histórico, cultural y ambiental, en riesgo de perderse completamente por la voracidad de la actual explotación a cielo abierto.

Y es que pese a las evidentes muestras de destrucción del entorno, así como la ilegalidad y corrupción con la que ha venido operando Minera San Xavier, el Frente Amplio Opositor y las organizaciones e individuos afines han tenido que pelear día con día por denunciar una situación que ha tendido a normalizarse en la región.

Es como si se tratara de un espacio vacío, en el que el patrimonio histórico y cultural, la biodiversidad, las formas de vida de sus habitantes y su arraigo con el territorio, simplemente no existieran, o por lo menos, no valieran más que lo extraído. Desde la lógica del capital, el desarrollo económico requiere de espacios sacrificables, y para las empresas y gobiernos, Cerro de San Pedro es uno de ellos.

A simple vista uno puede darse cuenta de los efectos irreversibles que la minería a cielo abierto ha producido en la región, como es el caso de la demolición de los cerros que aparecen en el escudo de armas, insignia de la fundación del estado de San Luis Potosí. Y qué decir de los patios de lixiviación -donde se coloca la roca molida y el cianuro disuelto en agua para separar el metal del resto de los materiales- que se encuentran a pocos metros de algunas comunidades y a sólo 5 km de la capital potosina. A este respecto, se sabe que la población contigua a las piletas de lixiviación y a los desechos producidos ya enfrenta visibles afectaciones a la salud, lo que se ha constatado por el incremento de casos de insuficiencia renal en la zona, clásico en ambientes con altas concentraciones de cianuro. Otro problema serio es la escasez y contaminación de agua. Hasta la fecha se tiene el registro de que Minera San Xavier consume 33.6 litros por segundo, es decir, cerca de 30 millones de litros de agua diariamente. Cantidad que es extraída sin ninguna dificultad pues la empresa adquirió desde mediados de los años noventa los títulos de concesión de los pozos más preciados de la zona.

Este desastroso cuadro ha sido posible por el despliegue de múltiples estrategias de la empresa en coordinación con todos los niveles de gobierno, para continuar la extracción de minerales, y expandir el polígono de influencia. En este sentido, el propio FAO ha denunciado que recientemente MSX ha presentado dos nuevas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA’s) -una federal y una estatal- para ampliar el tajo y las zonas de lixiviación. La sed de expansión y acumulación de MSX no tiene límites.

En este contexto, resulta vital la resistencia e incesante trabajo del FAO contra la resignación y el olvido. El Festival de Cerro de San Pedro es un vehículo que no sólo sirve para comprobar el carácter destructivo y voraz de la megaminería, sino a valorar el patrimonio natural, histórico, social que se ha logrado preservar gracias a la resistencia de algunos de sus habitantes y organizaciones afines. Se trata de un reducto que ha logrado sobrevivir y subsistir pese a los obstinados intereses de MSX por destruirlo todo.

Por Mina Lorena Navarro y Leonardo Carmona (Texto y fotografías)
Vía: Agencia SubVersiones

La #Minería es el principal contaminador: EPA

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Thu, 21 Mar 2013 06:45:00 +0000

LA INDUSTRIA MINERA-METALÍFERA ES EL PRINCIPAL CONTAMINADOR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: Agencia del Medio Ambiente de USA (EPA).

[Foto: Impactos de la minería.]

Previo: declara Paloma García Segura, gerente Jurídico de CAMIMEX: “La industria minera en México es satanizada porque no se conocen los beneficios sociales que se generan, y por el contrario se cree que hay perjuicios al medio ambiente, tampoco se sabe que hay la tecnología moderna y que tenemos una minería a nivel mundial. Agregó que EN MÉXICO SE REALIZAN LAS MISMAS OPERACIONES EN LA INDUSTRIA MINERA, BAJO LOS CUIDADOS QUE SE HACEN EN ESTADOS UNIDOS y Australia.” Leer nota.

Pero en completa contradicción con CAMIMEX, se encuentra la Agencia del Medio Ambiente de USA (EPA), organismo OFICIAL y “NO-SATANIZANTE”, quienes estiman que EL PASIVO A CORTO PLAZO para los contribuyentes, norteamericanos es de CINCUENTA MIL MILLONES DE USD.

06 de enero, Washington, DC - La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) IDENTIFICA A LA MINERÍA DE METALES COMO EL MAYOR CONTAMINADOR POR TÓXICOS, de la nación. La industria de la minería de metales informó sobre la liberación de 1.9 millones de libras de químicos tóxicos en 2011, según el Inventario Anual de Emisiones Tóxicas de la EPA, lo que REPRESENTA EL 46% DE TODOS LOS TÓXICOS reportados.

"MILES DE MILLONES DE LIBRAS DE CONTAMINACIÓN, EXIGEN MILES DE MILLONES DE DÓLARES PARA LIMPIARLA", dijo Alan Septoff, Director de Earthworks Strategic Communications. Y añadió: "Si la EPA no actúa pronto para exigir fianzas de limpieza, los contribuyentes podrían estar pagando la factura de la limpieza en lugar de las empresas mineras contaminantes. Mientras tanto, LOS RÍOS DE NUESTRA NACIÓN, LOS ARROYOS, EL AIRE Y LA TIERRA SIGUEN EN PELIGRO. "

La EPA recibió una orden de la corte en 2009 para publicar los requisitos de garantía financiera para el sector de la minería metálica, con el fin de proteger a los contribuyentes contra los costos de limpieza bajo la ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act, CERCLA). Sin embargo, la EPA ha pospuesto hasta el 2014 la fecha de lanzamiento del proyecto de reglamento. La garantía financiera está destinada a asegurar que las empresas mineras cubrirán por adelantado los costos, para demostrar que la limpieza se har, ya sea que la empresa es incapaz o si no está dispuesta a hacerlo. Algunos estados no requieren de una garantía adecuada, o de cualquier otro respaldo financiero (bonos aka) para la recuperación y cierre de las minas.

"La Mina Lucky Friday de Idaho, reportó 17 millones de libras de emisiones tóxicas en el 2011, mismas que requerirán tratamiento a largo plazo del agua cuando la mina se cierre", dijo Bonnie Gestring de Earthworks Northwest. Y continuó: "Idaho no requiere una fianza para minas, por lo que los contribuyentes podrían estar enganchados por más de $ 100 millones en los costos de limpieza, solo en esta mina". Hecla, la empresa minera detrás de la mina Lucky Friday, ya ha tenido problemas financieros. *

La industria de LA MINERÍA DE METALES HA SIDO EL CONTAMINADOR TÓXICO MÁS GRANDE DE LA NACIÓN, cada año, desde que se requirió que deben reportar sus emisiones al Toxics Release Inventory (TRI) en 1997. Las cuentas de la industria minera metalífera para la gran mayoría de las emisiones de sustancias tóxicas son, entre otras:

Arsénico: 334 millones de libras (151.6 M de kg), 97% DE TODAS LAS EMISIONES,
Plomo: 724 millones de libras (328.7 M de kg), 93% DE TODAS LAS EMISIONES.
Mercurio: 5 millones de libras (2.27 M de kg), 93% DE TODAS LAS EMISIONES.

Más de 500 minas figuran en el programa CERCLA de la EPA, y la EPA estima que EL PASIVO A CORTO PLAZO PARA LOS CONTRIBUYENTES, ES DE $50´000,000 (CINCUENTA MIL MILLONES DE USD).

"Lo que es justo es justo", dijo Bonnie Gestring, cabeza del Earthwork’s northwest. Y continuó: "Los contribuyentes no deberían asumir el costo de la limpieza de las minas. NECESITAMOS ESTAS REGLAS PARA QUE LAS COMPAÑÍAS MINERAS SE HAGAN CARGO DE SU PROPIA CONTAMINACIÓN. [Nota en Earthworksaction.org]

¿Tendremos fondos en México para costear un pasivo ambiental de esta naturaleza o aún más grande? Recordemos que ya está concesionada la tercera parte de nuestro país y LO QUE NUESTRO PAÍS RECIBE NO LLEGA NI AL 1% DE LO QUE SE LLEVAN.

Fuente: Facebook Medio Ambiente y Sociedad

#Minería: Gol de Minera San Xavier en #SLP

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Thu, 28 Feb 2013 20:48:00 +0000

Ante la grave situación que enfrentan las empresas mineras en nuestro país, y en muchos más por el cada vez más creciente rechazo social a sus criminales proyectos, estas tienen que estar constantemente diseñando nuevas formas de congraciarse con la población, cambiando de look , el clásico lobo con piel de oveja, y en este caso que mejor que aprovechar el fervor distractivo de nuestro pueblo por el fútbol.

La estrategia de Minera San Xavier de rescatar y patrocinar el equipo local sería un golazo, por un lado porque mantendría a una buena parte de la sociedad distraída de la grave situación por la que atraviesa nuestro país, pero lo más importante, como forma de legitimar socialmente su proyecto minero que ha venido operando en la total ilegalidad desde su llegada a San Luis Potosí hace 17 años.

Las redes de corrupción que desde ese entonces Minera San Xavier ha venido tejiendo dentro de los tres poderes de gobierno están llegando a un nivel crítico, escandaloso, sobre todo en el poder judicial donde jueces y magistrados se ven obligados a dictar anticonstitucionales sentencias a fin de mantener la ilegalidad de las actividades de la citada empresa minera situación que por su trascendencia jurídica va a ser ventilada ante instancias judiciales superiores con la intervención de otros actores de otras instancias de poder cuyos resultados podrían no ser muy buenos para la empresa minera y menos para los juzgadores.

La estrategia “deportiva” es muy oportuna para Minera San Xavier, más en estos momentos en que sus mismos grupos de choque están divididos, inconformes por los estragos que la contaminación está causando en la salud de los habitantes de las comunidades más cercanas al proyecto minero y los constantes decesos de sus familiares. Ante esta situación, para calmar los ánimos, la empresa minera tuvo que desembolsar y repartirles una buena cantidad de dinero, así logró por lo pronto calmar los ánimos y que el problema no trascendiera socialmente.

San Luis Potosí Febrero de 2013.

FAO

#Minería Carta abierta, Mina Esperanza Tetlama, Temixco, Morelos.

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Wed, 20 Feb 2013 02:49:00 +0000

[Imagen: FAO - Google Maps. Zona de exploración de la mina Esperanza Resources Corp.]

#Minería, Deloitte #México: Los 10 retos que las empresas mineras enfrentarán en 2013.

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Mon, 18 Feb 2013 16:00:00 +0000

Para estar informados:

De acuerdo con el estudio "Tracking the trends 2013- The top 10 issues mining companies may face in the coming year" (Siguiendo las tendencias de 2013- Los 10 retos que las empresas mineras pueden enfrentar), desarrollado por Deloitte, los altos costos y el aumento en la incertidumbre frente a la demanda, son los retos más inmediatos que enfrenta el sector minero a nivel mundial, sin embargo, estos factores no deben disuadir a los empresarios de hacer inversiones en esta industria.

En su quinta edición, el informe señala que las empresas que prosperarán en el futuro serán aquellas que logren establecer una dirección estratégica sólida y mantengan un ritmo de crecimiento estable frente a los constantes cambios del mercado.

Adicionalmente, destaca que una ola cada vez mayor de volatilidad - incluyendo los precios de los productos básicos, crecientes presiones de costos, la crisis de la eurozona y la desaceleración económica de China - ha llevado a algunas empresas a mantener los proyectos en espera mientras otros han buscado mayores rendimientos a través de iniciativas en entornos geopolíticos más difíciles del mundo. Hacer frente a una situación como la actual requiere de un sofisticado nivel de capacidad analítica por parte de las empresas del sector.

"Ante el cambio en la dinámica de la industria, las empresas mineras deben determinar en dónde centrar sus objetivos y recursos. Una fórmula que a menudo no toman en cuenta es la mejora de sus operaciones y la reducción de costos a fin de asegurarse de obtener el máximo provecho de las tecnologías de información existentes", indicó César Garza, Socio encargado de oficina de Deloitte en la Ciudad de Torreón.

Con base en los resultados del estudio, por segundo año consecutivo, el aumento de los costos encabeza la lista de las cuestiones clave que afectan a la industria minera. "En perspectiva, se espera que esta tendencia no sólo continúe, sino que también crezca en el corto plazo debido a que los precios de los productos básicos siguen a la alza, los trabajadores demandan mejores salarios y el incremento de los costos regulatorios se mantiene. Pero más allá de detener la producción de frente a la demanda de retornos de inversión más inmediatos por parte de los accionistas, los mineros deben hacer inversiones hoy en día para satisfacer la demanda de materias primas en el largo plazo", señala el experto de Deloitte México.

Entre los retos que se espera enfrente el sector minero en 2013, el análisis destaca los siguientes:

"Si consideramos que una tercera parte de las empresas encuestadas incluirán en su plan de negocio la revisión de sus estrategias de movilidad global para los próximos 12 meses, es importante que los responsables de este tipo de programas participen en las discusiones de estrategia con el fin de explicar el valor que pueden aportar las asignaciones al desarrollo del talento, así como la adaptación a los impulsores de negocio que pueden afectar la forma en que estructuran dichos programas", agregó el socio de Deloitte México.

Costos más altos: Éste sigue siendo el principal reto por segundo año consecutivo. La volatilidad de la moneda y los altos costos de operación están afectando las decisiones sobre la producción y proyectos de expansión. Para mantener los costos bajo control, las empresas mineras deben establecer claramente sus factores de precios, mejorar la eficiencia de los activos y su modelo de funcionamiento, así como racionalizar las iniciativas de la cadena de suministro.

Desaceleración de proyectos de capital: Aunque los ejecutivos mineros se resisten a autorizar nuevos gastos de capital en un momento de márgenes apretados y presión constante para pagar dividendos a los accionistas, el informe sugiere que la respuesta correcta debe basarse en inversiones disciplinadas a través de medidas como la racionalización de proyectos, mejora de la eficiencia del capital, análisis de datos y la garantía de ejecución de iniciativas de calidad.

El aumento en el volumen de fusiones y adquisiciones: Como resultado del limitado financiamiento de deuda, algunas empresas mineras están tratando de introducir ofertas preventivamente con los socios de su elección a través de "fusiones y adquisiciones proactivas". Para mejorar las probabilidades de éxito transaccional, el informe sugiere que la participación en el due dilligence sea más exhaustivo para evaluar a los posibles socios y planificar por adelantado la integración de éstos.

Lucha contra la corrupción: Las empresas mineras ya están adoptando estándares globales de transparencia para contrarrestar los riesgos que plantea la corrupción; aun así, se necesitan prácticas más responsables frente al mayor escrutinio de los reguladores, tanto de ellos mismos y sus socios, proveedores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios. La lucha contra la corrupción requiere la adopción de sólidas prácticas corporativas y procedimientos, incluyendo gestión de relaciones con terceros, programas internos de cumplimiento e investigación.

Un nuevo nivel de comportamiento responsable: La responsabilidad social corporativa se extiende más allá de las evaluaciones de impacto y ahora requiere cumplir con las expectativas y demandas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otras partes interesadas, así como operar con mayores niveles de transparencia y sustentabilidad.

Escasez de habilidades: Las empresas mineras deben hacer frente a la escasez de personal calificado a través del fortalecimiento de habilidades de su equipo, volver a capacitar a colaboradores con un enfoque centrado en el cumplimiento de diferentes funciones, acciones de reclutamiento a través de bolsas de trabajo no tradicionales y patrocinio de programas universitarios.

"Las empresas mineras que proactivamente puedan hacer frente a dichos retos estarán en mejores condiciones para satisfacer las necesidades futuras, con altas probabilidades de fortalecer su rol en procesos de progreso y desarrollo de las comunidades en las que operan, así como generar el crecimiento de puestos de trabajo y formación de talento en todo el mundo", concluyó César Garza de Deloitte México.

Para conocer más acerca de la perspectiva de Deloitte (inglés), dé clic aquí.

Lea o imprima el reporte de Deloitte: Los 10 retos que las compañías mineras enfrentarán en 2013. [Rastreando las tendencias 2013 (inglés)]

Por: Deloitte México
México, D.F.; Febrero, 2013.

Iniciativa de Ley Orgánica de PROFEPA y LFEP.

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Mon, 11 Feb 2013 16:00:00 +0000

Diputada del PVEM presentó la iniciativa, léanla e involúcrense.

"Ellos saben que no están solos". #Minería

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Tue, 05 Feb 2013 01:49:00 +0000

Por: Liam Barrington-Bush

[Foto: Escultura del sindicato minero en Capulálpam de Méndez.

Por: Liam Barrington-Bush]

Entre el 17 y 20 de enero, cerca de 500 activistas de todo México, América Central y más allá, se reunieron en la serrana ciudad mexicana de Capulálpam de Méndez, Oaxaca, para apoyar una marea creciente de resistencia contra los impactos humanos y ambientales de las industrias extractivas en el región.

El "Encuentro de pueblos de Mesoamérica ¡Sí a la vida! No a la minería!", organizado por el la comunidad de Capulálpam de Méndez y el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, fue una de las más grandes reuniones contra las minas anti que la región ha visto, así como la oposición local a algunos de los miles proyectos extractivos en Mesoamérica ha crecido de forma espectacular en los últimos años.

Canadá en el banquillo de los acusados.

La perpetuación de la violencia contra los activistas, los patrones de contaminación del agua y el suelo alrededor de los sitios de extracción, y el total desprecio por la autonomía de las comunidades indígenas, son tan familiares a los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, como lo son los activistas presentes en México. John Cutfeet, un invitado de la Nación Originaria KI en el norte de Ontario que participa activamente en el movimiento Idle No More, trajo las historias paralelas de su propia comunidad.

Cuando se le preguntó cómo la experiencia de una comunidad en el norte de Canadá está relacionada con las de los pueblos de Mesoamérica, explicó que los pueblos indígenas del Norte y del Sur "enfrentan experiencias similares y tácticas similares", en las qué "las empresas y el gobierno ... tratan de acceder a las tierras y nos privarnos de nuestros ritos de nacimiento y nuestras tierras. "

Y mientras que las contribuciones Cutfeet fueron recibidas con gran entusiasmo, las empresas canadienses recibieron una reprimenda fuerte y consistente a lo largo de los eventos del fin de semana. Los delegados y oradores también criticaron al gobierno de Canadá, y el Embajador de Canadá en México, específicamente, por jugar un papel activo en la promoción de políticas en el extranjero que favorecen los intereses de mineras canadienses a expensas de las comunidades indígenas, los derechos humanos y el medio ambiente.

Según el Departamento canadiense de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (DFAIT, por sus siglas en inglés), más del 75 por ciento de las empresas mineras del mundo tienen sede en Canadá. William Sacher y Deneault Alain, en su exposición en 2012 sobre la minería canadiense, Imperial Canada, Inc., argumentan que las empresas extractivas optan por hacer de Canadá su casa debido a una combinación de lagunas fiscales preferenciales, el recurso mínimo legal en contra de las acciones de las empresas canadienses en el extranjero y el apoyo incondicional del gobierno para la industria en el ámbito internacional.

El costo sangriento de plata.

Los asistentes al evento también escucharon a los residentes de otro pueblo oaxaqueño, San José del Progreso, donde dos activistas críticos de las prácticas de la canadiense Fortuna Silver Mines - Minera Cuzcatlán fueron asesinados en 2012.

Rosalinda Dionicio de San José del Progreso, asistió al evento en Capulálpam.

Dionicio recibió heridas de bala en la pierna en marzo del año pasado y todavía camina con un bastón como resultado del ataque. Ella es también prima de Bernardo Vásquez Sánchez, uno de los dos miembros de la comunidad asesinados en 2012.

Hubo muchos testigos presenciales del tiroteo más reciente contra los activistas contra la minería en el pueblo en junio pasado. Estos testigos identificaron a dos de los tiradores que participaron como empleado de Fortuna Silver y el hijo del ex presidente municipal (un fuerte defensor de la mina), respectivamente. La empresa y el municipio han negado cualquier participación en el ataque, descartando la violencia como resultado de un conflicto antiguo.

Para el pueblo de San José del Progreso y otras comunidades afectadas por la minería, el sitio de la conferencia fue importante, ya que Capulálpam de Méndez es uno de sólo unos pocos pueblos de la región que ha logrado suspender todas las actividades mineras locales. Debido a la contaminación del agua, la operación minera cercana es la Natividad y es de oro y plata (a cargo de otra empresa canadiense, Continuum Resources Ltd.) y fue suspendida de sus operaciones indefinidamente por la Procuraduría federal de protección al ambiente en 2007.

Tras la clausura, Continuum Resources Ltd. se convirtió en una filial de Fortuna Silver Mines. La compañía todavía está presionando activamente para reabrir la mina, en tanto, el pueblo y el municipio de Capulálpam de Méndez continuará luchando contra su imposición.

Un creciente sentimiento de solidaridad.

El evento se centró en la búsqueda de formas en que las comunidades afectadas en todo el hemisferio podrían trabajar en solidaridad unos con otros para desafiar a la industria minera y sus aliados políticos. A través de redes más fuertes, los participantes se sintieron más seguros de que sus luchas locales no eran casos aislados, por lo que podría ser impugnada por una serie de otras comunidades con conexiones a los agresores pertinentes.

John Cutfeet describe cómo este enfoque estaba siendo utilizado por las comunidades de las Naciones Originarias en Canadá. Cuando una comunidad se enfrenta a conflictos territoriales, otros vienen a la acción en todo el país, aumentando la presión sobre las empresas privadas e instituciones del gobierno desde muchos ángulos diferentes.

Fuertes redes, muchos participantes sintieron que sus pequeñas pero significativas luchas por la tierra, el agua y los derechos humanos, tienen el potencial de desafiar el poder de las grandes corporaciones multinacionales y los gobiernos que los apoyan, ya que tanto la Nación Originaria KI en Ontario y el pueblo de Capulálpam en Oaxaca han sido capaces de demostrarlo en los últimos años.

Si bien las historias del fin de semana fueron a menudo desgarradoras, la energía fue alta, con un sentido del poder colectivo que viene de saber que hay muchos otros que enfrentan desafíos similares, y algunos que incluso han logrado ganar, contra todos los pronósticos significativos.

"Hace cinco años éramos los únicos en el país con la fuerza necesaria para resistir estas minas", dijo Rurik Hernández, uno de los organizadores con el Frente Amplio Opositor (FAO) de Cerro de San Pedro, una de las primeras comunidades en México que desafiaron a la minería en su comunidad.

"Ahora, muchas comunidades tienen esta fuerza ... Ellos saben que no están solos".

Vía: Rabble

*Liam Barrington-Bush Actualmente vive en Oaxaca, México y mensajes de twitter como @hackofalltrades

#Minería: "Cuando la injusticia es ley, la resistencia es un deber"

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Tue, 05 Feb 2013 00:09:00 +0000

Fotos por: Jen Wilton

Textos por: Liam Barrington-Bush

En enero, cerca de 500 activistas de todo México y América Central se reunieron en la Sierra Norte de Oaxaca, en Capulálpam de Méndez, para coordinar la creciente resistencia local a los costos humanos y ambientales de la minería en las comunidades de la región. El evento fue llamado Encuentro de pueblos de Mesoamérica, ¡Sí a la vida! ¡No a la minería!

Rurik Hernández del Frente Amplio Opositor (FAO) es un activista de Cerro de San Pedro en el estado de San Luis Potosí, una de las primeras comunidades en México en luchar para expulsar a las empresas mineras de su territorio. "Hace cinco años éramos los únicos en el país con la fuerza necesaria para resistir estas minas", dice. "Ahora muchas comunidades están luchando contra las minas. Ellos saben que no están solos".

Para los opositores de la Minera Cuzcatlán - Fortuna Silver Mines, en la pequeña localidad de San José del Progreso, en Oaxaca, 2012 fue un año difícil. Los activistas contra la minería acusaban ser objeto de amenazas de partidarios de la mina de propiedad canadiense, y dos líderes de la comunidad fueron asesinados a tiros. Uno de los fallecidos era Bernardo Vásquez Sánchez. Dos miembros de su familia, Arturo Vásquez Sánchez y Dionicio Rosalinda, resultaron gravemente heridos durante el ataque. En el evento, Dionicio, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), habló de la necesidad de construir un frente más unido en contra del desarrollo económico impuesto en San José. "En este momento daría la bienvenida a la salida de la empresa minera," dijo ella, "pero la idea es unir al pueblo para defender al resto de nuestros recursos, porque tenemos ríos, tenemos bosques, también tenemos nuestras costumbres a proteger ".

"Cuando la injusticia se convierte en ley, la resistencia se convierte en un deber, 'John Cutfeet de la Nación Originaria KI en Canadá le dice a la audiencia en el Encuentro ¡Sí a la vida! ¡No a la minería! Cutfeet ha participado activamente en el movimiento indígena canadiense Idle No More, y su comunidad ha utilizado recursos ante los tribunales, medios de comunicación y campañas de acción directa pacífica en su lucha contra la invasión no autorizada por las empresas mineras en sus territorios tradicionales.

En la conferencia, Noé Amezcua (no se muestra) de la Ciudad de México rindió homenaje a "cada persona que está en este momento de cruzar la frontera entre México y los EE.UU.. El año pasado, más de 400 personas perdieron la vida en la frontera. Mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y otras personas de Mesoamérica ... Eran hermanos y hermanas que fueron desplazados de sus tierras, a causa de la guerra y ahora a causa de las minas. Le pido a cada uno a tener en nuestra memoria a estos hermanos y hermanas que han perdido la vida en el desierto, en busca de una vida mejor. Y así, nuestras luchas, nuestros corazones, nuestros espíritus y nuestras mentes se concentran en luchar para defender nuestra tierra".

"¿Cómo es posible tener lagunas de cianuro en un país con los huracanes? Dr Juan Almendarez de Honduras preguntó, refiriéndose a la ausencia de cualquier regulación significativa de las industrias extractivas en su país. Como médico, Almendarez ha visto cómo la salud de las personas se ha visto negativamente afectada por la minería, de enfermedades de la piel e infecciones oculares a las enfermedades respiratorias y cáncer. El clima volátil del país ha contribuido a espacir los productos químicos, como el cianuro, plomo, mercurio y arsénico, mucho más allá de los sitios de operaciones mineras.

"No queremos que este tipo de desarrollo, y punto. Queremos algo más. Este modelo de minería extractiva es insostenible", declaró Gustavo Castro Soto, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Muchas de las personas en el Encuentro ¡Sí a la vida! ¡No a la minería! desafió las nociones de desarrollo utilizado para justificar el crecimiento de la industria de la minería, la recuperación de una serie de costumbres y prácticas utilizadas por las comunidades indígenas de la región a vivir una vida más autónoma y sostenible.

"La principal estrategia para enfrentar y mantener la resistencia en contra de la empresa minera en Capulálpam de Méndez ha sido la organización comunitaria", explicó el Presidente Municipal Juan Pérez Santiago. "Aquí no hay líderes. Mucho es comunal, por lo que las decisiones que se toman en esta lucha siempre emanan de la Asamblea General de Comuneros o de la Asamblea General de Ciudadanos, ya que son las más altas autoridades".

"En otros lugares, la policía nos están golpeando, aquí, nos están sirviendo café", declara la veterana activista oaxaqueña Carmelina Santiago. En otras partes de la región, los activistas dicen que son el blanco de la policía, frente a la violencia de las autoridades locales, empresas mineras y las fuerzas paramilitares contratadas.

Los lugareños fueron vistos en las calles de Capulálpam de Méndez temprano cada mañana durante el evento, barriendo el polvo y la basura como parte de su compromiso con la comunidad. Muchas comunidades indígenas de todo México funcionan de forma autónoma, en ejercicio de sus derechos legales para ejercer las formas tradicionales de autogobierno, conocidos como usos y costumbres. Como Presidente Municipal Juan Pérez Santiago explicó: "El trabajo viene del sistema de cargos honoríficos, donde no hay pago por el suministro de servicios a su comunidad. Es mejor, porque es un honor servir a su pueblo, para servir a su comunidad. No crea su propio interés y no crea el propio interés económico. Nuestra manera de pensar, nuestra ideología, la agencia que traemos de nuestros antepasados, es el cuidado y la conservación de nuestro medio ambiente, nuestras tradiciones y nuestras costumbres".

La resistencia a la minería en Capulálpam de Méndez está muy extendida, y la unidad dentro de la comunidad fue clave para que la mina Natividad fuera suspendida indefinidamente en 2007. Muchos taxis portan imágenes en las ventanas: "Capulálpam: No a la Minería".

Aproximadamente a un kilómetro y medio de Capulálpam está la comunidad de Natividad, el hogar de la mina de plata y oro qué la gente de Capulálpam luchó en contra, alegando que contaminó los suministros de agua locales. Natividad se convirtió en el hogar de los mineros cuando la mina fue inaugurada en 1939. Más de cinco años después de la suspensión de las actividades mineras, sus residentes restantes niegan que el río de la localidad se viera afectado por la industria. "Si se contamina, no habría plantas, no habría pescado", sostuvo una mujer mayor. "La gente todavía nada allí". Otro residente dijo que desde el cierre de la mina, un número de personas se han trasladado a los EE.UU. debido a la falta de oportunidades de empleo.

"La mayor autoridad en la comunidad es la comunidad", declaró Carmelina Santiago, activista de Flor y Canto, en Oaxaca. Explicó la incompatibilidad entre las leyes de extracción de minerales impuestas por el gobierno y la creencia cultural indígena de que "la tierra es como una madre y que la creación es sagrada. Se nos invita a cuidarla y respetarla y no verlo como un recurso que puede ser vendido o utilizado, no sin antes conversar con la madre tierra, los bosques, las colinas, el agua, con nuestro padre el Sol. No es posible. Somos herederos de una cultura que ve a toda la creación con respeto".

John Cutfeet (al frente-derecha) de la Nación Originaria KI en el norte de Ontario, Canadá, cuya comunidad ha forzado a varias empresas mineras no aprobadas a salir de su territorio, presenta un regalo al Presidente Municipal de Capulálpam de Méndez, Juan Pérez Santiago (izquierda). La pintura muestra una leyenda tradicional de la comunidad de KI, que describe una franja de montañas como un "gigante dormido" acostado sobre el suelo, donde importantes yacimientos de plata fueron encontrados, para mantener alejados a los colonos de la explotación de estos recursos naturales.

En los momentos finales de la reunión una declaración de intenciones se leyó: "El momento en que el gobierno representaba el poder absoluto es cosa del ayer, necesitamos una nueva relación con el gobierno, donde los pueblos indígenas decidan el destino de sus territorios. Frente a la gran amenaza que la industria minera representa para nuestra región mesoamericana, hacemos un llamado a las personas y comunidades de Honduras, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Argentina, Canadá y México para fortalecer nuestras redes de resistencia y generar una base amplia asociaciones sobre la base de nuestros conocimientos, donde la defensa del territorio es la base de nuestra coordinación". El evento se cerró con la declaración: "Tenemos derecho a decir NO al desarrollo impuesto y para definir nuestras propias formas de producción económica, social, política y cultural".

Vía: The Guardian

La resistencia contra la #minería en Mesoamérica

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Mon, 28 Jan 2013 13:22:00 +0000

Asesinatos, persecución a líderes, criminalización de la protesta e incluso el racismo y el paternalismo, son manifestaciones de la intromisión de las empresas mineras y el contubernio con los gobiernos locales.

Por: Iracema Gavilan

Capulálpam de Méndez, Oaxaca. Las diversas experiencias de lucha que llevan a cabo los pueblos de Chicomuselo, Chiapas; Veracruz; Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí; y Capulálpam, Oaxaca, en México; así como en Guatemala, Honduras, El Salvador y Canadá, reunidas en el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, se refirieron, entre otros temas, a los problemas de salud provocados por alimentos cultivados en tierras y aguas contaminadas por la minería, tales como deformaciones congénitas en rostro, abortos, partos prematuros y otras enfermedades visibles en la piel. Denunciaron también las estrategias de soborno y cooptación que realizan las empresas mineras hacia los liderazgos comunitarios y el vínculo que mantienen con los gobiernos locales. Incluso se habló de la contratación de sicarios, quienes persiguen a los líderes en beneficio de las empresas, canadienses en su mayoría. En cuanto a los procedimientos de exploración y de obtención de concesiones, las comunidades revelan el nulo acceso a la información sobre el tema, la ausencia de explicaciones técnicas e impedimentos para realizar investigaciones, así como la falta de transparencia y legalidad en la realización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental.

Del 17 al 20 de enero se realizó en Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, con la asistencia de comunidades y pueblos pertenecientes a Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Honduras, Argentina Canadá y México, así como redes y medios libres locales e internacionales. Las jornadas versaron alrededor de tres paneles que tuvieron por tema común el análisis de la minería y su impacto en la Región Mesoamericana.

Las organizaciones y comunidades asistentes advirtieron que el extractivismo se basa en una ideología que enfatiza el progreso y el desarrollo y que en la práctica justifica la acumulación de ganancias, a partir de la explotación de la naturaleza y por medio del capital especulativo y la conjunción de actores políticos y de gobiernos que otorgan los permisos correspondientes al capital nacional y transnacional.

El extractivismo es, por lo tanto, un emblema de la modernidad que no sólo abarca la minería sino los servicios ambientales, los parques eólicos, las represas y las hidroeléctricas que son también implementadas por empresas mineras para el abastecimiento de la energía en las minas. Los panelistas señalaron los impactos en la biodiversidad por la contaminación del suelo y los manantiales y denunciaron las estrategias y procedimientos en los cuales incurren las empresas mineras para la obtención del consentimiento parcial de las comunidades.

Por ello es importante reconocer al extractivismo como parte de un modelo que se ha implementado en Mesoamérica y que genera una serie de impactos culturales, sociales, económicos, políticos y psicológicos sobre las comunidades, porque su discurso e ideología son dominantes en el sentido de que se justifica el saqueo y la comercialización de los bienes comunes. Esta dominación que tiene distintos rostros es todavía más violenta, pues usa viejas estrategias como el compadrazgo y el cacicazgo, la división comunitaria, los sicariatos, el uso de la fuerza pública y militar, y disfraza nuevos discursos bajo la sustentabilidad, el progreso, la responsabilidad social o el bienestar para generar empleos e infraestructura para la comunidad. “Algunas de las empresas reparten despensas y juguetes en las plazas públicas, construyen escuelas, pequeñas clínicas e incluso museos”, señaló Letizia Silva, del FAO.

Lo anterior develó cuestiones importantes en términos de la acción y la organización comunitaria, que versan alrededor de la resistencia cultural por un lado, y por el otro, en la diversidad de estrategias que las mineras emplean para obtener el consentimiento comunitario, siendo en muchos de casos actos violentos bajo manifestaciones ideológicas, discursivas e institucionales.

La resistencia cultural comunitaria

La erosión de la identidad y de la cultura a partir de la mercantilización de la tierra, el aire, los bosques, los manantiales, los cerros y los senderos; el rompimiento de los lazos comunitarios, la cooptación de liderazgos y la consecuente toma de decisiones de manera distante a la asamblea; los asesinatos, la persecución a líderes, la criminalización de la protesta e incluso el racismo y el paternalismo, son manifestaciones de la intromisión de las empresas mineras y el contubernio con los gobiernos locales. De acuerdo a las experiencias compartidas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Canadá y México, se puede afirmar que son características del proceso extractivista que experimentan las comunidades campesinas, indígenas y de afrodescendientes, en las cuales coinciden los yacimientos minerales, de petróleo, bosques, acuíferos y, en suma, áreas únicas en términos de su biodiversidad.

Durante el Encuentro de Pueblos de Mesoamerica ¡Sí a la Vida, No a la Minería!, se reconoció que los impactos anteriores son comunes en la región, y se ponen en marcha mediante la violencia extrema que las empresas extractivas y los gobiernos respaldan para proteger la propiedad privada. Los asistentes no dejaron de enfatizar una cuestión importante como resultado de la intromisión de las empresas en territorios indígenas y que tiene que ver con la reorganización comunitaria, a partir de la violencia en las comunidades también ha crecido su fuerza interna en torno a la asamblea y la unidad de diversas comunidades que comparten la lucha, han recuperado paulatinamente los valores, las prácticas, las cosmovisiones y las relaciones comunitarias ancestrales.

El proceso de resistencia en las comunidades, señalaron las autoridades tradicionales de Capulálpman de Méndez, tiene fundamento en los principios de la organización que la caracteriza, es decir, el fortalecimiento de la comunidad a través de la unidad de sus autoridades tradicionales y municipales. Su historia de lucha inicia en los diálogos intergeneracionales entre los abuelos y los comuneros jóvenes sobre el saqueo de oro y plata para el enriquecimiento ajeno; siendo la asamblea el espacio para la participación y la toma de decisiones, declararon en el año 2006 una lucha frontal, y dijeron “No a la minería” en los terrenos comunales, planteando así una nueva relación respetuosa y no conflictiva con el gobierno federal para tomar las decisiones sobre la propiedad del subsuelo. Con una experiencia minera de 200 años, las comunidades zapotecas identificaron que toda la riqueza que proviene del oro y la plata de su subsuelo nunca los benefició y en cambio les dejó pobreza y el desecamiento de 13 manantiales. Además de la recuperación de la memoria histórica y de la comunidad, los mayores lograron generar conciencia sobre la importancia de preservar los valores y prácticas culturales de Capulálpan, con el fin de impedir el saqueo de los lugares sagrados de las montañas, donde realizan la petición de lluvias.

Acciones desde la organización local-regional

El “modelo extractivista” es una forma estandarizada y generalizada desplegada en América Latina, Europa, Asia y África, donde participan las mismas empresas y las mismas leyes y procedimientos que son identificables: la generación de riqueza a través de la producción masiva de productos a bajos costos. Esta producción acelerada y a gran escala se lleva a cabo sin regulaciones, sin pago de impuestos, sin las compensaciones ambientales y bajo subsidios gubernamentales y el amparo de los tratados de libre comercio, explicó Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos, A.C.-REMA.

Agregó que esta industrialización masiva que incluye la industria automotriz, la eléctrica, farmacéutica, del entretenimiento, el turismo, la alimentación de la vivienda, publicidad, la pesca, la construcción de hidroeléctricas, los monocultivos de soja, palma de aceite, eucalipto, maíz, plátano, tomate o piña, pone precio a las funciones de la naturaleza y le otorga propietario. Afirmó que no solamente generaliza la industrialización masiva sino el saqueo de los bienes comunes que son culturales, como los lenguales y los símbolos. El extractivismo dijo “se lleva vidas y la felicidad a través del rompimiento de las comunidades y el uso del miedo”.

Este proyecto generalizado en Mesoamérica produjo interrogantes entre la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). ¿Qué hacer? ¿cómo combatir este modelo? ¿cuáles son las alternativas? Organizaciones como la REMA buscaron la integración local-regional y conformaron el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4); en conjunto plantean mecanismos de prevención a través de la información y la detección de lugares donde se realizan las prospecciones, y promueven el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de los territorios. Este movimiento mesoamericano contra el extractivismo minero identifica además tres formas posibles para la organización y la acción: la resistencia pasiva, la resistencia activa y la resistencia propositiva. La primera significa no hacer lo necesario ante determinada situación de injustica; la segunda equivale a salir a la calle y movilizarse para detener un proyecto minero; la tercera es una resistencia que impulsa a plantearse formas distintas de vida al capitalismo depredador y otra relación con la Madre Tierra.

Los diversos panelistas señalaron que hay aún mucho trabajo por hacerse en términos de las campañas de prevención, de la integración de las redes, de sistematización e intercambio de experiencias locales-regionales y de la presión a las instituciones para los seguimientos judiciales; recalcaron que el modelo extractivista en Mesoamérica impone nuevos modos de vida y otras relaciones sociales, no obstante que es en la comunalidad que los pueblos y organizaciones encuentran el aprendizaje para resistir dignamente por los bienes comunes que son de las futuras generaciones y de la humanidad.

El rol del Estado en la imposición del extractivismo

Desde Canadá hasta Argentina, el modelo extractivista no difiere del régimen de gobierno, puesto que se trata de un modelo basado en la acumulación de ganancia a costa de la explotación de la naturaleza y la fragmentación de los lazos comunitarios. Tanto los gobiernos derechistas, como el de Canadá, México, Honduras, Guatemala, y los del socialismo del siglo XXI o progresistas como el de Ecuador o Argentina; o bien pluralistas como el de El Salvador, basan sus economías en el extractivismo.

En el caso mexicano se evidenciaron las anomalías en Cerro de San Pedro, donde a pesar de los logros judiciales, la lucha ha imposibilitado expulsar a la empresa minera, debido, en principio, “al modelo extractivista que se ha implantado en la Nación y que es impulsado por los gobiernos federales y estatales”, señaló Rurik Hernández de FAO-REMA.

En el caso de Honduras, se habló del grado de violencia, tanto por la militarización de los territorios de afrodescendientes, campesinos e indígenas, como por la intervención extranjera (en territorio hondureño existen tres bases militares estadounidenses), como por la existencia de sicariatos y militares entrenados en la Escuela de las Américas. Juan Almendares denunció la guerra que los gobiernos mantienen contra los pueblos para apoderarse de los territorios y dijo que los “Estados de derecho tienen leyes sometidas a los intereses multinacionales”

“Los gobiernos terminan dando permiso al capital nacional y transnacional”, y esta relación, puntualizó Alejandro Villamar, de REMA, “sostiene y apoya la lógica desarrollista especulativa que causa daño a las comunidades”. En este sentido, los gobiernos en sus distintos niveles tienen un rol determinante en todo el proceso que conlleva la definición de las concesiones mineras: en el plano económico sostienen la ideología y narrativas del desarrollo y progreso a partir de la minería y la privatización de los bienes comunes; desde el marco político-jurídico realizan las maniobras necesarias para ajustar las leyes de propiedad del subsuelo, de aguas, de minería, de tenencia de la tierra y de libre mercado; en términos administrativos, cancelan las posibilidades de consultas libres, informadas, legales y bajo el consentimiento de las asambleas, autoridades comunitarias, autoridades municipales, representantes de instituciones ambientales y de derechos humanos. Los gobiernos son también responsables de la violencia ejercida en las comunidades, que se manifiesta en la corrupción, la criminalización de la protesta, la cooptación, la intimidación y los asesinatos por parte de las empresas mineras. En suma, la minería significa un retroceso en cuanto a los logros del movimiento indígena, puesto que demerita la autonomía y la libre determinación de los pueblos y comunidades y repercute en el ejercicio de los derechos humanos a partir de la defensa del territorio.

En síntesis, el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica ¡Si a la Vida, No a la Minería! trajo nuevas reflexiones, alianzas y propuestas alternativas desde las cosmovisiones, los valores, los modos de vida y las formas organizativas comunitarias. En cuanto a las estrategias para la prevención, consideraron clave el intercambio de experiencias, la documentación e investigación, pero sobre todo, en lo que respecta a la resistencia comunitaria, los participantes concluyeron que se requiere del fortalecimientos de las asambleas como figuras organizativas y espacios únicos y legítimos para la toma de decisiones sobre el usufructo de los bienes comunes; la recuperación de los valores y las cosmovisiones y las relaciones comunitarias determinan la fuerza de una comunidad y su capacidad organizativa en un plano global. La mayor evidencia de este encuentro es que la esperanza por otros mundos posibles unifica las luchas por la vida y los bienes comunes que pertenecen a todos.

Vía: desInformémonos.

El conflicto minero en #CerrodeSanPedro. #minería #mineríatóxica

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Mon, 21 Jan 2013 22:59:00 +0000

Por: Mario Martínez Ramos, Héctor David Covarrubias Rendón,

Carlos Covarrubias Rendón y Tonatiuh Hernández Correa

[FOTO: FAO, mina de oro a tajo a cielo abierto en Cerro de San Pedro, S.L.P.]

La construcción del territorio y del desarrollo, por parte del capital y los pueblos en la zona conocida como Cerro de San Pedro, área metropolitana de la capital de San Luis Potosí, se podría comprender bajo una serie de tensiones y disputas entre el espacio lineal, universalizante y el lugar, compenetrado de diversidad, de localidad, atravesados por la corta y larga duración histórica.

Estas tensiones –que pudieran partir desde el descubrimiento del mineral en el Cerro de San Pedro en 1592, o incluso antes- son subyacentes a las geografías semidesérticas y están inscritas en la Gran Chichimeca, la Tierra Nómada en términos de Fábregas Puig. Frontera entre cultivadores y cazadores complejos, que obligó a formular tecnologías especiales de colonización, disímiles a las hechas en el centro y sur del país. Formas que fraguan preguntas clave para comprender la actual región, entre otras, la presencia tlaxcalteca, el rancho, la hacienda, la villa, el presidio y la misión.

La presencia del poder colonial en esta zona se dio a raíz de los hallazgos de la riqueza mineral. Dicha explotación está plagada por la discontinuidad, bajo periodos de bonanza y declive, que provocaron el abandono del lugar hacia 1622. En 1699 resurge por la extracción de plata sosteniéndose hasta 1736. En 1767, en un periodo de declive minero, se gestaron “los tumultos”, originados por el intento de regular la explotación minera artesanal. Dichas rebeliones llegaron a la capital potosina, en barrios ocupados por los indígenas nativos, a excepción de aquellos habitados por tlaxcaltecas.

En 1816 renace el lugar con la instalación de la mina Victoria. En 1925 con la política agraria atada a la norma fundante de 1917, se dota de ejido a Cerro de San Pedro. Se intentó hacer la reconversión de la actividad minera a una de producción agrícola, sin embargo, el proceso se estancó con la llegada de la compañía minera estadounidense ASARCO en 1928, que duró hasta 1948. Ante ello, la mayoría de sus habitantes y ejidatarios, se trasladaron a otros territorios, principalmente al municipio potosino de Charcas, y a Parral, Chihuahua. Con la reforma a leyes agrarias y mineras de finales del siglo XX, se propició la llegada al país de empresas mineras, en el caso que nos ocupa la Minera San Xavier (MSX).

Casi paralelamente, a finales del siglo XX, se da el regreso de antiguos habitantes de Cerro de San Pedro, los cuales son los fundadores del movimiento de resistencia al actual proyecto minero. Una de sus primeras acciones fue la constitución del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Cerro de San Pedro. Estos sujetos han resignificado su territorio, presente en su memoria colectiva; en consonancia con la movilización social han tejido audiencias dentro y fuera del país y lazos con diversos sujetos emergentes. Posteriormente formaron un frente compuesto de ambientalistas, académicos, artistas, sindicalistas y estudiantes enriquecidos con la precisión de los argumentos históricos, culturales, ambientales y jurídicos.

Entre sus herramientas de lucha destaca el uso alternativo del derecho; de internet, y la implementación de alternativas económicas y culturales, que van desde la organización de festivales, protección de naturaleza endémica, pequeños proyectos productivos e incluso restauración de casas con valor histórico.

Se podría advertir que la creación del territorio y de otras nociones del desarrollo desde el lugar, por parte de estos actores, se ha dado en un marco de resistencia multivariada histórica y coyuntural, abierta y carente de dogmatismos, en tanto a formas diversas de resignificar el pensamiento y la acción colectiva, presente en sus distintas escalas, enclaves para futuros proyectos societales que lo hacen parte de nuevos actores en resistencia sobre el actual territorio conocido como Latinoamérica.

Acciones colectivas contra-hegemónicas, en tensión y disputa con la crudeza del actual capitalismo neocolonial, junto a sus síntomas más evidentes de crisis civilizatoria, la construcción hegemónica del territorio y del desarrollo y su nueva tecnología expoliadora tanto del ser humano como de la naturaleza, representada entre otras, en grandes proyectos mineros a cielo abierto.

Desde: La Jornada del campo

La ILEGAL Minera San Xavier, un Tribunal, el PDUCSP y sus autores.

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Wed, 16 Jan 2013 16:00:00 +0000

BOLETÍN DE PRENSA

Caso Minera San Xavier y el Plan de Desarrollo Urbano de Cerro de San Pedro y Centro de Población. (PDUCSP)

Minera San Xavier defiende sus ilegales permisos
La inconstitucionalidad del PDUCSP y sus autores
Tribunal colegiado busca argumentos favorables a MSX

Después de varios desafortunados intentos de Minera San Xavier mediante amparos por desaparecer el Decreto publicado en el periódico oficial del 24 de septiembre de 1993 “Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada” que declara la zona del municipio de Cerro de San Pedro como Zona de Preservación de la Vida Silvestre y prohíbe la instalación de actividades industriales, y que es precisamente donde se asienta el criminal proyecto a tajo a cielo abierto de esta transnacional canadiense, esta empresa en complicidad con los gobiernos del citado municipio y del estado, así como de la UASLP cuyo Rector es ahora flamante Presidente Municipal del municipio de San Luis Potosí, diseñaron otra forma de desactivar el mencionado decreto que fue el principal sustento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para sentenciar en 2004 y ratificar en 2005 la anulación lisa y llana del proyecto de la mencionada empresa minera, sentencia que por cierto las autoridades correspondientes se han negado a dar cumplimiento.

Para el perverso plan, desde junio del 2011 los arriba señalados iniciaron reuniones los lunes en la Secretaría de Economía del estado a fin de diseñar un Plan de Desarrollo Municipal mediante el cual se pretendía anular el Decreto de 1993 en el que están inmersos los cinco municipios conurbados a la ciudad capital, así en marzo de 2012 fue publicado el dichoso plan en el periódico oficial del estado y posteriormente en un diario local.

Fue tan jurídicamente artesanal como arbitrario el diseño de este Plan conocido luego como el PDUCSP que sin el consentimiento de los municipios que lo integran, sin el dictamen de congruencia que por ley tiene que dar la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) y en total incongruencia jurídica con las normatividades estatales y federales, fue aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estatal. Esto motivó su impugnación mediante amparo por parte de Pro San Luis Ecológico A.C, y tocó al -desde hace años cooptado por la empresa minera- Juzgado Primero de Distrito resolver el juicio, no encontró como sobreseerlo y argumentó dolosamente que se interpuso fuera de tiempo, más no pudo evidenciar la argumentación de fondo.

Obviamente inconforme con el resolutivo del juez Primero de Distrito, Pro San Luis Ecológico interpuso un recurso de revisión que toco resolver al también semi-cooptado Segundo tribunal Colegiado del noveno Circuito, lo de semi cooptado es porque en la resolución que este dio al recurso, dos de los tres magistrados también en forma dolosa con argumentos carentes de motivos y fundamentos legales ratificaron la resolución del Juez Primero de Distrito.

Resulta que el restante magistrado Pedro Elías Soto -que originalmente había elaborado el proyecto resolutivo que venía a favor de Pro San Luis Ecológico- no se sumó a la corrupta resolución a la que agregó su voto particular en el cual con fundamentos de plena consistencia jurídica cuestiona y exhibe los falsos argumentos de sus dos compañeros magistrados y su arbitraria resolución, incluso denuncia que las jurisprudencias por estos invocadas ni siquiera encuadran con el asunto a resolver.

Posteriormente, un habitante del poblado afectado interpone un amparo similar contra el mencionado PDUCSP agregando el argumento de que SEMARNAT otorgó una tercera autorización para la operación del proyecto de Minera San Xavier justificándola con el hecho de que ahora ya no tenía motivos para negarla porque ya el uso de suelo de Preservación de la vida silvestre que impedía la actividad minera, el PDUCSP la había cambiado a uso minero. Este amparo se interpuso invocando el artículo 114 de la Ley de Amparo como primer acto de aplicación.

Este amparo toco resolverlo al Juzgado Auxiliar Cuarto de Distrito con sede en Guadalajara, Jal. La Juez encargada de resolverlo haciendo un análisis minucioso de los agravantes expuestos por el quejoso resuelve la nulidad del PDUCSP demostrando su inconstitucionalidad y por consiguiente de la autorización que en base a este Plan otorgó SEMARNAT a Minera San Xavier para el desarrollo de su proyecto.

Resulta que Minera San Xavier interpone un recurso de revisión contra la citada resolución; aun cuando la fundamentación de la nulidad es prácticamente inatacable, la empresa tiene la ventaja de contar con el control del ya mencionado Segundo Tribunal Colegiado, que es el que va a resolver la revisión.

Si hubiera honestidad y este Tribunal Colegiado resuelve conforme a derecho, New Gold-Minera San Xavier se quedaría sin justificaciones leguleyas y dejaría de manifiesto y sin lugar a dudas que desde su llegada ha estado operando en la total ilegalidad por operar en una zona prohibida para este tipo de actividades, y así lo reconoce SEMARNAT al aclarar que dio su autorización porque ya el uso de suelo no es de preservación de la vida silvestre sino minero, aceptando en forma tácita que las anteriores autorizaciones las otorgó premeditadamente en forma ilegal.

Esta autoridad ambiental desde hace tiempo preparó su coartada y trata de lavarse las manos, en un informe justificado que le solicitó un juzgado de Distrito declaró que las autorizaciones que le ha otorgado a la empresa minera en cuestión, son solo una aceptación ambiental que de ninguna manera implican permiso para que opere, que estas autorizaciones se dan sin perjuicio de la decisión de las autoridades municipales ya que son ellas las únicas facultadas para negar o aceptar este tipo de proyectos, pero claro, omite decir que fue ella la que desde un principio, para ser exactos, el 8 de agosto del año 2000 otorgó el cambio de uso de suelo a Minera San Xavier a sabiendas de que existía el decreto de septiembre de 1993. También se olvida que en su momento, cuando el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le ordena comunicar por oficio a Minera San Xavier la nulidad lisa y llana de la autorización ambiental y cambio de uso de suelo que ilegalmente le concedió el 26 de febrero de 1999, en pleno desacato lo que hizo fue otorgarle otra autorización.

13 años de lucha jurídica en la que desde 2004 los más altos tribunales del país nos dieron la razón declarando la nulidad definitiva del proyecto de Minera San Xavier y ratificada dos veces más, en el 2005 y 2009, por razones muy obvias, resulta que esos mismos tribunales fueron tejiendo una estrategia pseudo jurídica mediante la cual poco a poco fueron revirtiendo una resolución que ellos mismos habían resuelto como cosa juzgada hasta ordenar en diciembre del 2012 que fuera archivada por carecer de materia. Caso increíble pero cierto…

El papel que han jugado las autoridades municipales en este caso es crítico, ya que con todo conocimiento de causa, han estado concediendo durante 12 años permisos y licencias para el desarrollo ilegal de la actividad minera, como son la de uso de suelo, de construcción y de operación, además de influir como en este caso en el cambio de uso de suelo, violando un decreto que como ya anotamos anteriormente prohíbe la actividad minera en esa zona.

Cerro de San Pedro, S.L.P. Enero 16 de 2013

“FAO”

Idle No More/Basta de Pasividad - La lucha en Canadá

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Thu, 10 Jan 2013 06:54:00 +0000

¿Qué buscamos y hacia dónde nos dirigimos?

[Imagen: IdleNoMore.ca]

Por: Pamela Palmater

Enero de 2013 - Traducido del inglés por Olimpia Boido

Artículo original: Rabble.ca

La Dra. Pamela D. Palmater es abogada, del Pueblo Mi’kmaw, y miembro de la comunidad Eel River Band First Nation en la provincia de New Brunswick, al oriente de Canadá. Da cátedra sobre derecho, política y gobernabilidad indígena en la Universidad de Ryerson y dirige el Centro para Gobernabilidad Indígena que allí se sitúa.

Me honra la invitación de las fundadoras de Idle No More/Basta de Pasividad a ser una de sus organizadoras y voceras. La labor con este movimiento es una extensión natural del trabajo que ya realizamos con dirigentes y ciudadanos/as de los Pueblos Originarios.

En estas semanas, los medios ansiaban saber cómo comenzó el movimiento, qué buscamos, y hacia dónde nos dirigimos. En mi calidad de vocera, he intentado responder partiendo de lo que me compartieron algunos/as participantes del movimiento:

En esta oportunidad, querría hablar sobre estos temas partiendo de mi perspectiva personal. A continuación presento mis opiniones, puntos de vista, y deseos personales en relación al movimiento Idle No More/Basta de Pasividad.

El movimiento Idle No More/Basta de Pasividad forma parte de un movimiento indígena más amplio que se viene gestando desde hace años. Militantes indígenas en todo el país han estado observando la situación política y legislativa en Canadá tanto a nivel federal como provincial, y coordinando esfuerzos para compartir esta información con miembros y dirigentes de las comunidades indígenas en relación a cualquier tipo de posible amenaza. Hicimos notar una clara agenda de asimilación que emergió dentro del gobierno conservador y comenzamos a planificar cómo abordar este asunto si el Primer Ministro Stephen Harper insistía en la implementación de este plan.

Por supuesto que intentamos repetidas veces utilizar las avenidas más comunes para abordar nuestras cada vez mayores preocupaciones incluyendo el cabildeo, campañas de cartas, atestiguar ante el Senado y Parlamento, y reuniones interminables con diputados/as, senadores/as, ministros/as y otros/as – sin resultado alguno. Al gobierno de Harper no le interesa platicar con nosotros/as, y menos le interesa consultarnos u obtener nuestro consentimiento. En vez, Harper decidió utilizar la Asamblea de Pueblos Originarios (Assembly of First Nations) como su principal medio para tomar decisiones. El gobierno de Harper armaba la agenda, creaba los planes de acción conjunta, y por su propia cuenta decidía lo que se discutía y no se discutía. En otras palabras, Harper logró imponer a fuerza de intimidación su plan de asimilación en la agenda del tema “Pueblos Originarios” sin casi ningún chillido de oposición a nivel político.

En la Reunión Estado-Pueblos Originarios (Crown-First Nation Gathering – CFNG) en enero del 2012, Harper prometió a los Pueblos Originarios que su gobierno no modificaría ni revocaría de manera unilateral la Ley India (Indian Act). Luego de la CFNG, rompió esa promesa y emprendió un agresivo plan legislativo incluyendo más de 14 propuestas de ley que devastarán a los Pueblos Indígenas de varias maneras. Es la nueva versión del Libro Blanco 2012 – en vez de ser una política, como el Libro Blanco de 1969 que buscaba la asimilación de los indios, el plan de Harper será una ley. Esta es la chispa que puso en marcha al movimiento Idle No More/Basta de Pasividad.

Siempre supimos que en algún momento se requeriría una acción, pero la legislación presentaba una amenaza inminente y requería una movilización inmediata. Así fue que se creó un movimiento. En los primeros días, había quienes lo llamaban movimiento Idle No More/Basta de Pasividad, o quienes lo identificaban como movimiento de derechos indígenas, pero todos y todas estábamos de acuerdo en que debíamos oponernos inmediatamente al plan legislativo de asimilación de Harper. Muchas de las actividades en los primeros días incluyeron talleres para ayudar a explicar los efectos posibles de la legislación para los Pueblos Indígenas y, lo que es más importante, qué podíamos hacer para oponernos.

Las primeras protestas comenzaron en oposición masiva al proyecto de ley polifacética C-45, pero más tarde incorporaron también las demás.

[artículos en inglés]

-'First Nations Fiasco' – Legislación para Pueblos Indígenas creará un lío social y legal

-'When Legislators Make Bad Law: Bill C-3's Assault on Democracy'

- Presentación de la legislación (Part 1, Part 2, Part 3, Part 4)

El movimiento Idle No More/Basta de Pasividad fue creado por mujeres y es un movimiento popular que empodera a las Pueblos Indígenas para defender sus Pueblos, territorios, tratados y soberanía. Se destaca porque expresamente se distancia de la influencia política y corporativa. No tiene líderes electas/os, ni Director/a Ejecutivo/a, ni burocracia o jerarquía que determine qué es lo que puede o no puede hacer ninguna persona ni Pueblo Indígena. No cuenta con lineamientos impuestos del legado colonial sobre quién se une al movimiento. Por ende, temas referentes a estar dentro o fuera de las reservaciones indígenas, identidad indígena reconocida o no por el Estado, estar relacionado o no a los tratados, ser hombre o mujer, joven o abuelo/a, jefe o ciudadano/a no entran en juego. Este movimiento es incluyente de todos nuestros pueblos.

En mi opinión, el verdadero poder de gobernación de nuestros Pueblos Indígenas siempre se ha ejercido mediante la voz de nuestros pueblos. Nuestros/as dirigentes generalmente eran más voceros/as que representaban los puntos de vista y decisiones del pueblo. De esta manera, el movimiento Idle No More/Basta de Pasividad, liderado por gente de base, se vincula estrechamente con nuestros valores indígenas tradicionales. Pero no es un movimiento en que el pueblo está aislado – sus abuelos y abuelas, líderes electos y tradicionales se unen a él. Este movimiento no compite con ninguna organización política de los Pueblos Indígenas o líderes electos. Este movimiento se avoca a los temas urgentes, no a las peleas de poder, juegos políticos, o competencias por financiamiento del gobierno. Hasta ahora cada cual ha donado su tiempo, dinero, fuerzas, habilidades para hacerlo funcionar, a pesar de las inevitables críticas, rechazos e información errónea.

Sin embargo, lo que destaca a este movimiento popular, también lo vuelve dificultoso de entender para muchos/as canadienses y para los medios. En términos generales, la gente entiende que cada gobierno, grupo u organización tiene un líder, una jerarquía claramente definida, y reglas sobre quién dice y hace cada cosa. Este movimiento, por el contrario, es muy orgánico y primordialmente respeta la soberanía de cada Pueblo Indígena, el cual participa de la manera y en el momento que le parezca, si es que le parece. Así es que algunos/as dirigentes de Pueblos Indígenas optarán no participar, pero algunos de los/as miembros sí. También puede implicar que una comunidad indígena organice talleres mientras que otras personas indígenas en zonas urbanas se unan para organizar una manifestación repentina de danzas tradicionales en ronda.

Pensemos en la multiplicidad de maneras en que este movimiento viene ocurriendo. Hemos realizado talleres en Louis Bull, Saddle Lake y otras Pueblos. Hemos subido información, publicaciones, y videos en la internet para acceso general. Hemos colaborado con los medios para ayudar a educar al público sobre cómo esto le impacta también. Los/as Jefes/as han organizado protestas durante la asamblea de la Asociación de Pueblos Indígenas (Association of Indigenous Peoples, AFN) en oposición a la legislación (incluyendo la Ley C-45). La Jefa Spence está en huelga de hambre en defensa de todos los Pueblos Indígenas y las relaciones pautadas por los tratados con el Estado, que Canadá ha olvidado. Los/as jóvenes en la escuela han organizado plantones de Idle No More/Basta de Pasividad, y ha habido marchas, protestas, y cortes temporarios y parciales de tránsito y ferrocarriles. El tema más importante que unifica todo esto es que son actividades pacíficas que buscan educar a la población canadiense sobre cómo esto afecta a la totalidad de la población.

Efectivamente tenemos estructura, estamos organizados/as, trabajamos estrechamente entre todos los grupos a lo largo y ancho del país para actuar de manera estratégica, y cada vez somos más. Hemos colaborado con dirigentes de base de los Pueblos Indígenas desde el mero principio y muchos/as de nosotros/as continuamos haciéndolo. Cada vez nos apoyan más personas y grupos conforme más organizaciones se unen al movimiento. Ya tenemos apoyo internacional extendido, que también aumenta día a día. Pronto veremos más y más figuras prominentes presionar a Canadá a que entable un diálogo real y significativo.

Para mí, Idle No More/Basta de Pasividad es una responsabilidad – la responsabilidad de hacerle justicia a los sacrificios de nuestros ancestros, al deber que tenemos como guardianes de la tierra, y a las expectativas que tienen nuestros hijos/as y nietos/as de protegerlos/as. Cada uno/a de nosotros/as tiene esa responsabilidad aunque, en cada momento, cada cual tiene diferentes habilidades, capacidades y oportunidades para cumplirla. Más allá de nuestra situación, creo que todos y todas tenemos esta responsabilidad desde el momento mismo en que se nos bendice con el primer aliento, hasta el último.

Esta responsabilidad implica que no alcanza con trabajar duro, formarse, encontrar empleo y mantener a nuestra familia. Estas cosas son importantes, y nuestros ancestros hicieron todo lo posible para que tengamos un futuro próspero. Muchos incluso negociaron estas provisiones en algunos de los tratados. Pero no alcanza con que simplemente estemos cómodos/as, por lo menos no mientras tengamos hermanos, hermanas y miembros de la comunidad que no tienen qué comer, agua o vivienda. Actualmente, muchos de nuestros Pueblos se encuentran en situaciones de crisis múltiples y superpuestas que requieren atención urgente. Justamente la gente de base que está al frente de este movimiento está ahí porque son quienes carecen de agua potable, vivienda, e instalaciones sanitarias, y los políticos no han hecho mucho al respecto.

Este movimiento es diferente de cualquier otro anterior. A diferencia del movimiento “Occupy”, este movimiento es de personas con historias, objetivos, experiencias y deseos compartidos. En tanto Pueblos Indígenas, estamos todos/as vinculados/as, a todos/as nos importan los futuros de los demás y compartimos la misma responsabilidad de proteger nuestros derechos, culturas, e identidades para las próximas siete generaciones. Este movimiento también es especial en el sentido que fue profetizado – que la séptima generación se levantaría y restituiría la fortaleza de nuestros Pueblos, re-establecería el equilibrio y se aseguraría de que se restituya la justicia a nuestros Pueblos.

Este movimiento también es singular en el sentido en que incluye a la población canadiense como aliada. Al igual que en los primeros tiempos en que llegaron los europeos y necesitaban nuestra ayuda para sobrevivir los duros meses del invierno, e intentaban establecer una nueva vida aquí, los/as canadienses nos necesitan una vez más. Necesitan nuestra ayuda para detener el plan de destrucción del medioambiente de Harper. Los Pueblos Indígenas representan la última oportunidad de frenar a Harper y la descontrolada destrucción masiva de las tierras, aguas, plantas y animales que compartimos, en nombre del desarrollo de recursos para exportar a países como China. ¿Por qué? Porque sólo los Pueblos Indígenas tienen derechos constitucionales indígenas y por tratados que requieren que Canadá obtenga el consentimiento del los Pueblos Indígenas antes de actuar. Estos derechos también están protegidos a nivel internacional en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Al organizarse los Pueblos Indígenas en Idle No More/Basta de Pasividad para oponer esta legislación, lo hacen para proteger los intereses de toda la población – Pueblos Indígenas y canadienses. Los recursos más preciosos en los próximos tiempos serán las tierras fértiles y el agua potable. La falta de agua limpia impacta a la totalidad de la población. Nos organizamos no sólo para defender nuestras tierras y aguas, sino también para restablecer justicia para los Pueblos Indígenas y democracia para los y las canadienses. Podemos trabajar en conjunto para derrotar esta amenaza a Canadá y encontrar una manera de compartir las tierras y los recursos como lo buscaban los tratados.

Cuando preguntan qué queremos, hay dos aspectos que considerar:

(1) A corto plazo, Canadá debe retractar las nuevas leyes que impactan a los Pueblos Indígenas, modificar las leyes polifacéticas que amenazan a nuestras tierras y aguas, y restituir el financiamiento que se le quitó a las organizaciones y comunidades de Pueblos Indígenas que reivindican sus derechos.

(2) A largo plazo, Canadá debe implementar un proceso de Nación a Nación mediante el cual los Pueblos Indígenas y Canadá puedan abordar muchos de los temas pendientes en relación a la implementación de los tratados y el uso compartido de las tierras y recursos.

Lo que queremos es ser libres – libres de gobernarnos como nos parezca, libres de gozar de nuestras identidades, culturas, lenguas y tradiciones – por ej. vivir una buena vida como nos parezca. Esto implica que Canadá debe respetar nuestra soberanía y dejar de lado la idea de manejar nuestras vidas. Visto que Canadá se ha esmerado en ponernos en la situación en que nos encontramos, Harper deberá entrar al diálogo con un poco de buena fe y brindar soluciones para abordar la crisis actual a la que se enfrentan muchas de nuestras comunidades en relación a las necesidades básicas – agua, instalaciones sanitarias, vivienda, y educación. Si lo único que Harper puede hacer es presentarse a una reunión el 24 de enero como lo solicitó la AFN, nuestros ciudadanos/as más vulnerables no tendrán justicia.

A mi maneara de ver, Idle No More/Basta de Pasividad representa el trabajo conjunto de Pueblos Indígenas de toda la Isla Tortuga para colaborar y restituir el amor propio de nuestros Pueblos, para defender nuestros derechos y cumplir con las responsabilidades que tenemos con cada uno/a de nosotros/as y la Madre Tierra.

Me da esperanza, cuando muchos/as habían perdido la esperanza de que nadie se mostraría de su lado.

Ha inspirado orgullo en nuestra identidad indígena porque nuestros Pueblos y nuestros estilos de vida son hermosos y deben ser valorados y defendidos.

Ha inspirado liderazgo en aquellos/as que pensaban ya no tener nada que brindarle a sus Pueblos.

Ha inspirado una reconexión de jóvenes con abuelos/as, de ciudadanos/as con líderes y de hombres con mujeres, a quienes muestran su apoyo.

Ha inspirado a los pueblos más oprimidos a levantarse y hacerse oír.

Estamos con vida nuevamente y los espíritus de nuestros ancestros caminan a nuestro lado en este viaje.

Tengo fe en el poder de nuestros Pueblos - ¡Podemos lograrlo!

También recomendamos leer éste artículo de Aljazeera: Canada's indigenous movement gains momentum

Comunicado desde Cerro de San Pedro, Dic 2012.

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Mon, 24 Dec 2012 12:22:00 +0000

A la comunidad de Cerro de San Pedro

A la sociedad civil nacional e internacional

A las personas, organizaciones, comunidades, escuelas, universidades, redes, movimientos, asambleas que simpatizan con nuestra lucha en todo el mundo

A los medios de comunicación

Hacemos de su conocimiento el fallecimiento de Don Armando Mendoza Ponce, el más férreo defensor de Cerro de San Pedro, quien falleció el pasado 08 de diciembre de 2012 debido a complicaciones graves en su salud, todo esto por la contaminación y la presión psicológica que New Gold - Minera San Xavier y sus personeros ejercieron sobre Don Armando durante más de una década. En varias ocasiones Don Armando sufrió atentados directos contra su vida, desde agresiones a golpes y disparos hasta intentos de linchamiento, siendo éste último, un evento sumamente preocupante por la violencia con la que New Gold - Minera San Xavier actuó contra la comunidad de Cerro de San Pedro que no está de acuerdo con su mortal proyecto minero de tajo a cielo abierto, uso de cianuro y liberación de metales pesados, ya que todos estos factores tendrán impactos mortales en la vida de la comunidad.

También hacemos de su conocimiento que desde hace varios meses han llegado rumores a Cerro de San Pedro y a San Luis Potosí de que existe una campaña para solicitar dinero en apoyo a Don Armando.

Ante esto comunicamos lo siguiente:

Las personas, colectivos u organizaciones que hayan o estén solicitando dinero para Don Armando o su familia NO representan los intereses de la Familia Mendoza, la Comunidad de Cerro de San Pedro o del Frente Amplio Opositor (FAO) a la Minera San Xavier.
NO conocemos el fin para el cual se pudiera estar solicitando dinero en tal campaña.
La solidaridad sincera y el apoyo leal a la comunidad siempre serán bienvenidos en Cerro de San Pedro.

Si desean apoyar a la Familia Mendoza en estos tiempos difíciles, se pueden comunicar con Tonantzin Mendoza (hija de Don Armando) al correo: museoeltemplete@gmail.com para más información.

Don Armando -en quien respiraba Cerro de San Pedro- nos enseñó que la dignidad no tiene precio, que hay que defender la vida y que “¡O acabamos con la minera o ella acaba con nosotros!”. Somos muchos los que continuaremos con la defensa del agua y la vida en Cerro de San Pedro y en México, recordando siempre los ideales de lucha de Don Armando y de otros valientes defensores de Cerro de San Pedro que mantienen un compromiso de lucha permanente.

Atentamente

Familia Mendoza y comunidad de Cerro de San Pedro

Frente Amplio Opositor (FAO) a MSX

Via: http://faoantimsx.blogspot.mx/2012/12/comunicado.html

Don Armando Mendoza Ponce

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Tue, 11 Dec 2012 06:10:00 +0000

[Foto: FAO. Don Armando Mendoza Ponce en el Museo El Templete en Cerro de San Pedro]

#CerrodeSanPedro está de luto.

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Sun, 09 Dec 2012 10:54:00 +0000

Los derechos amenazados que defendieron #IsmaelSolorio y Manuelita Solis

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Fri, 07 Dec 2012 11:34:00 +0000

CIP Américas - Programa de las Américas - Adital
Por Víctor M. Quintana*

Los tres derechos humanos más amenazados en el planeta, de hoy en adelante son el derecho al agua, al medio ambiente sano y a la alimentación. En Chihuahua la amenaza es mayor y ya produjo las dos primeras víctimas en dos personas que se comprometieron hasta lo último en su defensa: Ismael Solorio y Manuelita Solís, su esposa, asesinados el 22 de octubre cerca de Ciudad Cuauhtémoc.

1. CUANDO LA SED NOS ALCANCE

El derecho al agua no es algo que sólo atañe a los productores campesinos en sus terrenos de regadío del río del Carmen. Acceder al agua, ya no digamos para irrigar sus siembras, sino para beber, cocinar y asearse es algo que se torna más y más difícil para creciente número de personas en nuestras ciudades. En Ciudad Juárez y en Ciudad Jiménez los pozos de agua potable se han tenido que ir a profundidades tales que empiezan a estar contaminados con arsénico. Cuauhtémoc, el granero del estado y la gran reserva nacional de maíz amarillo, está por colapsar el manto que da de beber a su población. La capital del estado ve como se han ido agotando las reservas acuíferas de los alrededores, la más reciente, muy disminuida, el acuífero de El Sauz- Encinillas está por ser agotado a pasos agigantados si se permite la perforación de 400 pozos en la Laguna El Cuervo, al norte de ciudad Aldama. La violencia puede ser reducida en nuestras ciudades, pero no así la sed si se continúa a este ritmo.

Los principales obstáculos para que el derecho al agua sea una realidad, en primer lugar, para consumidores domiciliarios y en segundo, para productores, es el uso para riego agrícola. En México el 79% de los recursos hídricos se dirigen a este tipo de uso, pero en Chihuahua, ese porcentaje se incrementa al 83%. Ahora bien, el problema es que no hay regulación ni para la perforación de los pozos en las llamadas "zonas de libre alumbramiento”, prácticamente todo el oriente del estado, ni tampoco hay una normatividad que impida la concentración de las aguas, como sí la hay para concentrar la tierra en pocas manos, ni mucho menos una reglamentación que exija que en los lugares donde el agua es más escasa, el riego se dirija a producir alimentos básicos-básicos y no tantos forrajes, por ejemplo. Si no se trabaja en estas líneas nos va a alcanzar el destino más rápido de lo que pensamos, pues nuestro estado es después del Distrito Federal y la península de Baja California , la región donde menos disponibilidad de agua por habitante hay en México.

2. EL MEDIO AMBIENTE TAMBIÉN PUEDE SER CANCERÍGENO

El derecho al medio ambiente sano pocas veces se valora, tal vez porque nos hemos ido acostumbrando a una mala calidad de vida con tal de tener acceso a ciertos satisfactores de la vida moderna. Sin embargo, para no ir tan lejos, dos ciudades ubicadas en zonas de agricultura intensiva, muy tecnificada, como son Delicias y Cuauhtémoc, presentan cifras en ascenso de alergias, leucemia y otros tipos de cáncer, muy vinculados al uso de agroquímicos.

Ya mucha gente no se acuerda de los miles de mineros chihuahuenses que fallecieron víctimas de la silicosis en las minas. Ni de aquella epidemia de las niñas desmayadas en San Francisco del Oro a mediados de los ochenta. Parecería ser que esos males están ligados a la minería "a la antigüita”, en oscuros e insalubres túneles, con métodos arcaicos de extracción de metales.

No es así: la minería "moderna”, la que ahora está predominando y expandiéndose a gran velocidad en todas las latitudes de nuestro estado, no es menos amenazante a la salud de las comunidades y al deterioro de los ecosistemas. Ya lo han denunciado los habitantes de los municipios de Madera y Ocampo que han visto como a las compañías mineras como la de Dolores se les agrietan o colapsan las albercas de lixiviación del metal y provocan considerables fugas de cianuro que van a dar a los arroyos que alimentan al río Yaqui. Y habría que hablar también de la destrucción de ecosistemas completos al arrasar literalmente montañas completas para sacarles los pocos kilos de oro que tengan en sus entrañas, por más que las compañías mineras extranjeras digan que luego se reforesta.

También atentan contra el medio ambiente y por ello contra el derecho de las personas y las comunidades a disfrutar de un entorno natural sano, los desmontes de miles de hectáreas, así sea en el desierto, para abrir nuevos terrenos al cultivo. Se arrasa una capa vegetal endémica, se rompe el círculo virtuoso natural para las nuevas siembras. Se cercan terrenos, evitando con ello el tránsito de animales buscando pastos y aguajes. Y luego de pocos años, se agotan los mantos acuíferos, la agricultura ya no es viable, la capa vegetal se ha reducido al mínimo, lo mismo que las especies animales, en un proceso perverso que podíamos llamar "desertificación del desierto”. Esto hace que haya menos captura de carbono, que los gases que provocan el efecto invernadero proliferen y se intensifique el calentamiento global.

3. EL HAMBRE, VERSIÓN SIGLO XXI

Agotamiento del agua y calentamiento global inciden poderosamente en la reducción de la disponibilidad global de alimentos. Nosotros tenemos muy cerca el terrible caso de la Sierra Tarahumara: el hambre que se denunció a principios de este año fue producida por la sequía del año pasado. Por más que buenas voluntades se esforzaran en mandar semillas para siembra a esta región, de poco servía porque las corrientes de agua, los aguajes, los charcos prácticamente desaparecieron. Y así sucede en latitudes similares del planeta: en el Sahel africano, en las zonas cercanas a los grandes desiertos del planeta.
El derecho humano a la alimentación no sólo tiene como enemigo al cambio climático, generado por el hombre indirectamente. También tiene en su origen otros procesos desencadenados directamente por el hombre: la especulación con los alimentos y el control mercantil de las zonas de reserva para producirlos. Para decirlo rápidamente: de pronto, fondos de inversión que antes se dirigían a empresas industriales o bienes raíces, se empezaron a orientar a los mercados de futuros de alimentos básicos: eso fue el ingreso del capital especulativo en la alimentación de la gente.

Terrible noticia. Ahora el precio de los principales granos no depende de la oferta y la demanda –cosa ya de por sí cuestionable- ni mucho menos de la necesidad de la gente, sino de las operaciones especulativas, es decir, sobre que "commodity” (mercancía que se cotiza en la bolsa) hay más inversiones, sobre el maíz, el trigo, el arroz, el soya, etc. Un dato: con la crisis financiera de 2008, que se expresó muy claramente en el mercado de alimentos el número de personas desnutridas en el mundo pasó de 860 a mil 200 millones.

También presiona fuerte sobre la disponibilidad de alimentos el control que ciertas corporaciones o países ejercen sobre nuevas zonas de cultivo, abiertas en países pobres, pero fértiles, específicamente para producir alimentos para países ricos que no cuentan con tierra o clima suficientes para generarlos. Así, Arabia Saudita, los Emiratos Arabes, Japón, Corea del Sur, China o incluso la India, además de un gran número de compañías trasnacionales han comprado grandes extensiones en África Ecuatorial "land grabs” para producir alimentos, no para las masas desnutridas de ese continente, sino para tener una reserva estratégica para los países de origen de la inversión. No sólo eso, el relator del derecho a la alimentación de las Naciones Unidas, Antón de Schutter, acaba de denunciar esta semana que los océanos del mundo, inmensa reserva de alimentos para la humanidad y para toda la comunidad de seres vivos, el Relator Especial advierte que diversas formas de ‘acaparamiento de océanos’ están agotando los recursos pesqueros y poniendo en peligro no sólo el sustento de las comunidades de pesca artesanal, sino también una importante fuente de proteínas en el régimen alimentario de muchas personas en situación de inseguridad alimentaria.

4. UN DESAFIO ETICO Y POLITICO PARA NOSOTROS

Estos tres derechos humanos, verdaderos derechos y fundamentales para la existencia: al agua, al medio ambiente sano y a la alimentación están amenazados, pero no por un ciclo natural sin rostro. Sino por procesos desatados por el hombre que tienen muchos perjudicados y muy pocos beneficiarios. Las grandes compañías agrícolas y ganaderas, los agricultores acaparadores de pozos, las corporaciones mineras, los oligopolios productores de alimentos, los especuladores en los mercados de futuros. En pocas palabras, los grandes capitales especulativos, extractivos, industriales y comerciales, aunque esto suene a ortodoxia. Una muy reducida clase planetaria que por su afán incontenible de lucro y de poder, atropella estos tres derechos básicos de miles de millones de personas en el planeta.

Por lo tanto, así sea a nivel muy localista e inmediato, es necesario que la sociedad respalde de todas las formas las demandas de Ismael y Manuelita, y que sus compañeras y compañeros de El Barzón siguen blandiendo: cierre total de las operaciones de la minera El Cascabel en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, y Veda Completa (por eso pongo mayúsculas) a la perforación de pozos agrícolas en el estado de Chihuahua y clausura de pozos y aprovechamientos ilegales de agua, comenzando por el río del Carmen. También es de apoyarse la demanda enarbolada por los agricultores temporaleros del Frente Democrático Campesino: que el gobierno intervenga en el mercado del frijol para que este alimento básico se pague a precio justo a los productores y no se encarezca para los consumidores finales, es decir, que la leguminosa clave para nuestra comida no se deje en manos de los especuladores.

En estos términos puede traducirse estos días la defensa de estos tres derechos básicos. Respaldar a quienes luchan por defenderlos, es, como dice el teólogo Leonardo Boff, un desafío ético y político.

[*Víctor M. Quintana es Asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, investigador-docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y colaborador con el Programa de las Américas www.cipamericas.org/es].

Declaración y marcha de Comalapa, Chiapas. #mineria

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Mon, 03 Dec 2012 11:29:00 +0000

DECLARACIÓN DE COMALAPA

ENCUENTRO CHIAPANECO EN UNIDAD CONTRA

EL MODELO EXTRACTIVO MINERO 2012

En torno al tercer aniversario luctuoso de Mariano Abarca, asesinado hace tres años (el 27 de Noviembre de 2009), y reunidos en el municipio de Comalapa, Chiapas, del 26 al 28 de Noviembre de 2012, nos encontramos cientos de delegados y delegadas de organizaciones sociales y campesinas, iglesias, redes y movimientos, representantes de 20 municipios de la entidad, con el apoyo y acompañamiento solidario de resistencias contra la minería de Veracruz y Guerrero, así como de Guatemala, Colombia y observadores de Canadá. También contamos con la solidaridad proveniente de Suecia y Alemania.

Intercambiamos experiencias, análisis, información, formación y búsqueda de estrategias, así como una movilización con la que culminamos este encuentro.

El gobierno de Chiapas y el gobierno federal siguen vendiendo nuestro país a las empresas mineras, sobre todo extranjeras. En Chiapas, más de 120 concesiones mineras desde el año 2000 se han entregado comprometiendo más de un millón y medio de hectáreas de bosques, montañas, ejidos y comunidades. Pretenden extraer barita, oro, plata, magnetita, titanio, mercurio, plomo, uranio, grava, entre otros minerales.

Las empresas han llegado a nuestras tierras y han sembrado la división y la mentira; corrompen a presidentes municipales, autoridades ejidales y funcionarios públicos. Han deforestado, contaminado aguas y suelos. Se han muerto animales y desaparecido flora y fauna de todo tipo por sus proyectos mineros. Han afectado viviendas, caminos y la salud de la población. Se ha instalado en la Reserva de la Biósfera El Triunfo con el apoyo de las mismas autoridades ambientales estatales y federales. Han provocado la violencia con amenazas, intimidaciones, hostigamiento, represión; han justificado la militarización, la criminalización y hasta la muerte de compañeros y compañeras. No han cumplido con las promesas como el empleo e infraestructura como caminos, escuelas, pavimentación de calles, clínicas de salud, entre otros.

Hace tres años Mariano Abarca fue asesinado por su lucha contra la empresa canadiense Blackfire que devastaba la región y violaba los derechos humanos de la población en Chicomuselo. Desde entonces, la resistencia sigue y se fortalece con su presencia que mantiene vivo el espíritu de lucha por la defensa de la Tierra y el Territorio por todo Chiapas. Continuaremos sus pasos articulando esfuerzos para resistir a la minería y otros megaproyectos que atentan contra la Tierra y el Territorio y nuestras comunidades como son las represas, monocultivos como palma africana, soja, piñón, entre otros.

Ante todo ello declaramos:

Nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas de lucha de Guerrero y Veracruz, pero también con todos los pueblos y organizaciones que luchan contra la minería en todo México.

Enviamos un saludo a nuestros hermanos y hermanas de lucha y resistencia contra la minería en Guatemala y todo Centroamérica. Mandamos un saludo solidario al Pueblo de Barillas y Totonicapán.

Enviamos un saludo a las organizaciones canadienses solidarias y al sindicato de trabajadores metalúrgicos y de metales (SWU) que nos acompañan y se solidarizan con nuestras luchas.

Llamamos a fortalecer la unidad entre los movimientos y organizaciones contra el Modelo Extractivo Minero. La minería es un problema que nos afecta a todos los pueblos, sobre consideraciones partidistas, ideológicas, de organización o religiosas.

Convocamos a generar procesos de prevención por medio de encuentros, consultas, talleres, procesos de formación, movilización, educación, acuerdos comunitarios para impedir el paso de las empresas mineras. Tenemos que fortalecer nuestros vínculos y luchas contra el Modelo Extractivo Minero de este capitalismo depredador.

Exigimos la cancelación definitiva de la mina la Revancha y del ejido Santa María en Chicomuselo. Así como las concesiones de toda la región Sierra y Soconusco.

Enviamos un saludo solidario a los trabajadores y ejidatarios que luchan contra la minera canadiense Excellon en el estado de Durango, y exigimos la salida de esta empresa minera.

Exigimos justicia por los asesinatos de Mariano Abarca, Bety Cariño, Bernardo Vásquez, Bernardo Méndez, Ismael Solorio, Manuela Solis y Eustacio Vásquez, luchadores y luchadoras contra las mineras canadienses Fortuna Silver, Blackfire y Mag Silver.

Alertamos la situación de violencia en el estado donde hay presencia de concesiones y grandes intereses mineros como en Venustiano Carranza. Rechazamos los actos de violencia, hostigamiento y represión de la policía estatal, municipal, judicial, sectorial y AFI contra el pueblo de Venustiano Carranza.

¡NO A LA MINERIA, SI A LA VIDA!

¡QUEREMOS FRIJOL, QUEREMOS MAIZ, FUERA LAS MINERAS DE NUESTRO PAÍS!

¡Chiapanecos en unidad, la minería no permitirán!

¡MARIANO VIVE!

28 de Noviembre de 2012

COMALAPA, CHIAPAS, MÉXICO

Firman representantes de los 20 municipios de Chiapas: Ixtapa, Chamula, San Cristóbal de las Casas, Frontera Comalapa, Chiapa de Corzo, Osumacinta, Chicomuselo, Teopisca, Huixtán, Chilón, Amatenango del Valle, Amatenango de la Frontera, Acala, Socoltenango, Tila, Venustiano Carranza, Motozintla, La Trinitaria, Tapachula, y Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo). Además organizaciones de Veracruz como la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), la Alianza Internacional de Habitantes; Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) de Guerrero, Guatemala, Colombia y observadores de Canadá.

---------------------

MARCHA DEL ENCUENTRO CHIAPANECO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO EN COMALAPA, CHIAPAS.

Los que marcharon esta tarde por el camino de la comunidad Tres Maravillas a Frontera Comalapa son parte del pueblo consciente y afectado por el modelo extractivo minero, que han impuesto los gobiernos de Chiapas y el gobierno federal entre ellas más de 120 concesiones del 2000 a la fecha, han entregado más de un millón y medio de hectáreas de bosques, montañas, ejidos y comunidades en las que extraerán barita, oro, plata, titanio, mercurio, plomo, uranio, grava entre otros minerales.

En tres días de jornadas informativas, de formación e intercambio de experiencias, distintos grupos interesados por su tierra y sus recursos buscaron estrategias para organizarse y crear lazos de unidad.

Al final de estas actividades dieron cierre con una marcha de más de 2000 personas en la cabecera municipal de Frontera Comalapa, Chiapas.

En torno al tercer aniversario luctuoso de Mariano Abarca, asesinado hacer tres años (27 de Noviembre de 2009), y reunidos en el municipio de Comalapa del 26 al 28 de Noviembre de 2012, se encontraron cientos de delegados de organizaciones sociales y campesinas, iglesias, redes y movimientos, representantes de 20 municipios en la entidad, con el apoyo y acompañamiento solidario de resistencia contra la minería de Veracruz y Guerrero, así como de Guatemala, Colombia y observadores de Canadá, Suecia y Alemania.

En denuncia constantes por integrantes de la sociedad civil hacia las empresas que han llegado a sus territorios y sembrado la división, la mentira, la corrupción a presidentes municipales, autoridades ejidales y funcionarios públicos.

Deforestando, contaminando las aguas y suelos, afectando caminos y la salud de la población.

Hace tres años Mariano Abarca fue asesinado por su lucha contra la empresa canadiense Blackfire que devastaba la región y violaba los derechos humanos de la población en Chicomuselo.

Desde entonces, la resistencia sigue y se fortalece con su presencia que mantiene vivo el espìritu de lucha por la defensa de la Tierra y el Territorio por todo Chiapas.

Fotos: Luz de Alba Belasko

Sangre en la Plata: El alto costo de las concesiones mineras en Oaxaca.

noreply@blogger.com (Proyecto Cerro) — Thu, 15 Nov 2012 22:02:00 +0000

Traducción

Blood on the Silver: The High Cost of Mining Concessions in Oaxaca

12 de noviembre 2012

Por David Bacon

El autor agradece a Jorge Hernández por su ayuda en la investigación para este artículo.

SAN JOSE DEL PROGRESO, OAXACA-En la sala principal de la casa Avigahil Vásquez Sánchez en San José del Progreso, ha instalado una docena de cabinas telefónicas poco utilizada por residentes de la ciudad que no tienen teléfono propio. Fuera de las ventanas por encima de los teléfonos, la calle bordeada de árboles conduce a los campos, a los pies de las colinas coronadas de nubes. San José, en el borde de un valle una hora al sur de la capital de Oaxaca, es una ciudad bonita.

Pero este ambiente aparentemente pacífico es engañoso. Desde que una mina comenzó a operar en la zona, los residentes que pasan en la carretera se ven unos a otros con desconfianza. El miedo es palpable en la casa de Vásquez también. Y una noche en marzo pasado sus temores se hicieron realidad. Recuerda esperando en casa de su hermano Bernardo que regresaba desde el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca:

Él nos llamó a las seis de la tarde. Le pedí que nos espera en el aeropuerto, porque había gente en buscandolo. El día antes un desconocido había estado preguntando por él, y esa noche llegó una mujer pidiendo que haga una llamada telefónica. No nos dimos cuenta de lo que iba a pasar, que no era más que averiguar el tiempo en que estaría dejando Oaxaca.

En todos los cruces de la carretera había gente mirando para ver cuando iba a pasar. Después de parar en una gasolinera vio que había un coche tras él. Luego había otro coche junto a él. Pensó que podría ser uno de los conductores de taxis de nuestra ciudad, pero no fue así. Cuando el coche se detuvo junto a él comenzaron a disparar. Los disparos le dieron en la espalda, y lo obligó a salir de la carretera en el cruce de Santa Lucía, donde cayó sobre el volante. Mi primo estaba sentado junto a él, y recibió un disparo en la pierna -. Avigahil Vasquez

Jaime Vásquez Valencia, un conductor de taxi que pasaba, se detuvo a ayudar. Puso Vásquez y su hermano herido y un primo en su taxi y se dirigió a la ciudad más cercana. En el momento en que llegaron, Bernardo Vásquez ya estaba muerto. Los paramédicos llevaron a sus dos compañeros heridos al Hospital de Especialidades en San Bartolo Coyotepec.

El asesinato fue planeado. Sabíamos que estaba molestando a la mina, porque estaba recibiendo una gran cantidad de amenazas. Era muy tranquilo al respecto, pero él me dijo: "Sé que voy a morir, porque a la mina no le gusta lo que estoy haciendo." "La mayoría de las amenazas fueron por teléfono. Me decían: "Tu sabes, Bernardo, vas a morir". "Había una amenaza escrita en la pared del vertedero debajo de la presa, diciendo:" Tu fin ha llegado. " Folletos aparecieron en la ciudad, diciendo: "El fin de Bernardo Vásquez ha llegado". Cuando le decía que tuviera cuidado, él me decía: "Tengo que quedarme aquí. Si mi muerte se acerca, lo acepto." Él vino a ayudar a la gente despierta, y debido a su valentía, mucha gente lo siguió -. Avigahil Vásquez.

Avigahil Vásquez Sánchez, hermana de Bernardo Vásquez, asesinado en marzo, en su casa y la oficina de la resistencia.

La guerra civil en el interior de San José del Progreso comenzó cuando Fortuna Silver Mines, una empresa dirigida por ingenieros de minas del Perú y respaldado por inversionistas canadienses, decidió abrir una mina moderna en una zona donde la pequeña prospección había tenido lugar durante muchos años. Lo que la compañía y su subsidiaria mexicana Compañía Minera Cuzcatlán SA de CV, preveía estaba lejos de ser una operación pequeña. En 2006 el gobierno federal otorgó a la empresa una concesión que abarca 223 millas cuadradas de tierra. En su página web, la empresa se refiere a esta área como "brownfields". Hoy se excava y aplasta 1.500 toneladas de roca por día, la extracción de oro y plata en los procesos de lixiviación de químicos.

Residentes de San José son los agricultores zapotecos que hablan una lengua indígena que tiene siglos de antigüedad. La comunidad agrícola constituye un ejido, una asociación formada por las leyes de México desde la reforma agraria. El proyecto minero abrió una brecha profunda entre los residentes de la ciudad en un momento en que muchas comunidades de Oaxaca fueron divididas entre los diferentes partidos políticos.

Las autoridades políticas de la ciudad son partidarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El partido gobernado Oaxaca durante setenta años. Su último gobernador, Ulises Ruiz, dejó un levantamiento que surgió a partir de una huelga de maestros en 2006 con la violencia masiva. Cuando los residentes de la ciudad empezaron a cuestionar el proyecto minero, el presidente municipal Venancio Oscar Martínez Rivera se refirió a ellos despectivamente como "simpatizantes de la APPO", en referencia a la organización que luchó contra el gobernador en las calles de la ciudad de Oaxaca.

Christina Pagano, una portavoz de Fortuna Silver Mines, dice: "La empresa obtuvo la autorización para utilizar las tierras de San José del Progreso Ejido a través de dos reuniones públicas celebradas por los miembros del ejido en 2006 y 2007". Pero Avigahil Vásquez dice que tomó un tiempo para la ciudad de despertar a lo que se está planificando.

En reuniones de la ciudad nunca el anterior presidente municipal, Amadeo Alejo Vásquez Rosario dijo a la gente lo que estaba haciendo. Sólo dijo que estaba dando permiso para que un vertedero de basura. Finalmente nos dimos cuenta el vertedero era en realidad una concesión minera. En ese momento algunas personas ya habían accedido a vender sus tierras ejidales. Avigahil-Vasquez.

En una pared por un aliviadero de la presa, una amenaza se pinta con spray antes del asesinato: "Bernardo Vásquez, Your Time Has Come - Dog"

Su hermano Bernardo, que había estado trabajando en Petaluma, California, cuando se enteró de la creciente disputa regresó a San José para ayudar a luchar contra la mina. Los opositores a la mina organizaron la Coordinación de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO). El 14 de marzo de 2009, que bloquearon la carretera que va a la minera, exigiendo que el gobierno cancele la concesión, ya que podrían contaminar el medio ambiente con metales de cianuro, mercurio y metales pesados.

Avigahil Vásquez recuerda una reunión de los miembros del ejido 5 de abril, durante el bloqueo.

Los ejidatarios fueron convocados a la reunión por Quintín Vásquez Rosario, el comisionado de la tierra. Cuando llegaron las puertas estaban cerradas, y se les dijo a firmar hojas de papel en blanco. Cuando los ejidatarios empezaron a protestar, simplemente les dijo a firmar. En la puerta se recogieron las hojas con las firmas e inspeccionó sus documentos de afiliación.

La gente creía que las autoridades ya habían llegado a un acuerdo, cediendo sus derechos a la mina. Cuando se pidió una explicación, el presidente municipal sacó su arma. La gente empezó a correr hacia la escuela y comenzó a disparar. Afortunadamente, él no hirió a nadie, pero algunos fueron golpeados por miembros de la familia del comisionado y el presidente municipal. Al final, el comisario tuvo que renunciar a su puesto, pero después nos encontramos todavía estaba firmando acuerdos. Avigahil-Vasquez

Una parte del ejido de San José del Progreso, cerca de la presa y embalse.

Fortuna Silver pudo comenzar la minería en San José debido a cambios en la política de desarrollo económico de México que datan de la década de 1980, cuando su gobierno comenzó la apertura a las inversiones extranjeras en la extracción de recursos, incluso a costa de la destrucción del medio ambiente y la represión de los movimientos populares. Es una política compartida en la que viejo partido gobernante de México, el PRI, y su partido de gobierno de los últimos 12 años, el Partido Acción Nacional (PAN), tienen un compromiso similar.

En 1992, el presidente del PRI Carlos Salinas de Gortari modificó la ley minera del país. La nueva ley de minería, dijo que cualquier recurso potencial debe ser utilizada, privilegiando la extracción de minerales por encima de cualquier otro uso. Un año más tarde, justo antes de que el Tratado Norteamericano de Libre Comercio entró en vigor, el límite máximo de la cantidad de inversión extranjera que se puede permitir en industrias "estratégicas" (como la minería) fue eliminado. Sucesores de Salinas, ambos del PRI, Ernesto Zedillo y Fox, del PAN, Vicente, aumentó el número de concesiones mineras, mientras que la eliminación de los impuestos a las operaciones mineras.

Según La Jornada, el columnista Carlos Fernández-Vega, la tierra dada en concesiones alcanzan 25 millones de hectáreas para el final del mandato de Fox en 2006, y más del doble, a 51 millones en los primeros cuatro años de la administración de su sucesor Felipe Calderón. A cambio de cuatro millones de hectáreas de las concesiones, el gobierno mexicano recibió sólo US $ 20 millones.

"Los concesionarios pueden exigir que las tierras ocupadas por un pueblo desocupación del inmueble, para que puedan llevar a cabo sus actividades", escriben los académicos mexicano Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia en un estudio denominado "Minerales o la vida." "Si la tierra se utiliza para el cultivo de alimentos, que tiene que terminar para que una mina puede ser desarrollado. Bosques o desiertos están en el mismo riesgo." Las minas pueden tomar las tierras utilizadas por los pueblos indígenas, al igual que los residentes de San José, en violación del Convenio Internacional del Trabajo (OIT) 169 protección de los derechos indígenas. Los municipios no pueden incluso cobrar para compensar el uso o la destrucción de sus recursos.

Este modelo económico podría haber cambiado en las elecciones nacionales de México en julio pasado, de haber tenido un partido ganador con el compromiso de proteger los derechos sociales, incluso a costa de la inversión extranjera. En cambio, las campañas electorales mexicanas de los dos partidos conservadores fueron alimentadas por enormes contribuciones de las empresas, y, al final, el PRI fue devuelto al poder. La política de desarrollo económico que ha compartido con su rival PAN no va a cambiar, y debido a la minería y el desarrollo económico se rigen por las leyes federales y las políticas, los conflictos en las comunidades rurales como San José del Progreso, será cada vez más generalizada.

La historia del PRI de suprimir el disenso se hizo evidente en mayo de 2009, cuando el gobernador Ulises Ruiz ordenó a la policía estatal para terminar con el bloqueo de la mina de plata de Fortuna Silver Mines, utilizando perros, armas de fuego, gases lacrimógenos, y un helicóptero. Bernardo Vásquez y otras 18 personas fueron arrestadas.

Una mujer y su hija de llevar a su bebé en una carretilla.

Para entonces, la campaña electoral para gobernador del estado se estaba calentando. Gabino Cue, el ex alcalde de la ciudad de Oaxaca, corría en contra del PRI. Opositores mina San José lo apoyaron. El 18 de junio, un grupo regresaba de un mitin electoral se encontró al presidente municipal, Oscar Venancio Martínez Rivera, cargando grava del ejido en camiones de carga, se supone que la vendia para la construcción de carreteras. Estalló una pelea, en la que Martínez y Félix Misael director de salud Hernández fueron baleados y asesinados.

Bernardo Vásquez fue detenido, junto con otros ocho. Priístas secuestraron, golpearon y torturaron a un sacerdote local y rival de la mina, Martín Octavio García Ortiz, antes de entregarlo a la policía. Finalmente, García se vio obligado a salir de San José. El sacerdote dijo que sus atacantes pertenecían a una organización formada para apoyar la mina "San José, Defendiendo Nuestros Derechos". Cuatro días después, Compañía Minera Cuzcatlán anunció que había ganado siete concesiones adicionales por un total de 34.010 hectáreas, algunas duran cincuenta años.

El 1 de julio de 2010, Gabino Cué fue elegido gobernador, derrotando al PRI. Vásquez fue liberado en septiembre, cuando el fiscal anunció que no había pruebas contra él. Luego llamó a elecciones municipales en San José, diciendo: "Hemos pasado por la etapa de la confrontación, y ahora debemos construir un puente para la reconciliación". En diciembre, sin embargo, el candidato del PRI, Alberto Mauro Sánchez lo derrotó 1.359 votos contra 1.216.

Un paño de borda residente, una forma tradicional de artesanía en San José, y lleva una camiseta de apoyo al candidato de la lama.

Al año siguiente, 2010, se inició la construcción de la mina, el gasto de $ 55 millones (USD). En 2011, su primer año de producción produjo 490.555 oz de plata y 4,622 oz de oro, a un costo por onza de plata de $ 4.51. En el precio de mercado de la plata hoy en día, alrededor de 30,85 dólares por onza (de oro y $ 1.660,00 por onza), la producción de plata del primer año valía $ 15,13 millones. Según el sitio web de Fortuna Silver Mines: "En 2012, San José se espera que produzca 1,7 millones oz de plata y 15.000 onzas de oro."

El sitio web dice Fortuna Silver Mines que patrocina proyectos que incluyen un centro de salud, polideportivo y guarderías, becas escolares, y "mejoras para cocinas y construcción de baños ecológicos". Bernardo Vásquez dijo a la periodista canadiense Dawn Paley, sin embargo, "sólo les dio a comprar a la gente, pero también, nunca funcionó, por lo que las personas siguen cocinando en la forma tradicional ... es como un paquete que se aplican en cada país y piensan que la gente en todos los países van a responder de la misma manera. "

En mayo de 2011 los representantes de los diez municipios solicitaron al gobierno para cancelar las concesiones, diciendo que estaban descargando cianuro y mercurio. "Estos proyectos mineros no representan el desarrollo", denunció Vásquez ", y en su lugar han causar daños graves al medio ambiente y nuestro tejido social". El conflicto se hizo tan intenso que los taxistas oficiales con los permisos, que están aliados con el PRI, se negaron a recoger pasajeros pertenecientes a CPUVO. Cuando los oponentes a la mina organizaron sus propios taxis colectivos, el Estado se negó a dar los permisos. La policía vino a detener los taxis para que no operaran, en la lucha cuerpo a cuerpo dos patrullas de la policía y dos taxis de la comunidad fueron destruidas. Hoy, en el centro de San José del Progreso, funcionan los taxis rojos y negros enfrente de la iglesia, mientras que en el mercado de los no oficiales estacionan sus diminutos taxis azules con tres ruedas.

Los taxis azules pertenecen a los conductores que se oponen a la mina.

Al recoger los clientes al gobierno los llama "piratas".

Por último, el 18 de enero de 2012, la violencia se convirtió en terror. Opositores a la mina acusaron al presidente municipal, Alberto Mauro, de la colocación de una tubería desde la presa y embalse que contiene el agua para beber y para riego, de desvirla hacia la mina. Fortuna Silver Mines lo niega y dice que su agua proviene de la lluvia recogida y recuperación de agua de una planta de tratamiento de aguas residuales en la vecina ciudad de Ocotlán.

Yo estaba trabajando en la casa cuando oí a alguien que nos llama a ir a la iglesia para apoyar a nuestros compañeros. Estábamos preocupados de que si dejan pasar la tubería, se dejará a todos sin nada de agua. Nos preocupaba también que incluso se enviara hombres armados o asesinos. Cuando llegamos allí, el hermano de Alberto Mauro, dijo que quería hablar con Bernardo [Vázquez] y Rosalinda, que no estaban allí. Estos hombres habían tirado sus armas cuando una mujer gritó de no disparar porque Bernardo iba a venir. Pero ese fue Bernardo Bernardo Méndez no, Bernardo Vásquez. El vive en un pequeño callejón, y ahí es donde le dieron. Ni siquiera le dio la oportunidad de caminar por la calle. Ellos le dispararon ocho balas a él.

La persona que le disparó, Albindo, no es de nuestra ciudad. Pero una vez que comenzaron a disparar, todo el resto de ellos lo hicieron también, uno de los miembros del consejo, el hermano de Mauro, hijos del fiduciario ciudad, incluso el jefe de policía de la ciudad en ese tiempo, un chico que tenía 18 años. Me fue alcanzado por una bala disparada por una mujer que vive en la ciudad. La bala todavía está en mi pierna derecha, cerca de la rodilla. El médico no quiere sacarlo porque él dice que si lo hace voy a perder mi pierna entera.

No estabamos armados. No teníamos nada. Llevamos a Bernardo Méndez para el Hospital de Especialidades, pero no quisieron admitirlo hasta que mi hermano habló con el secretario de Gobierno. Sin embargo, Bernardo Méndez sólo duró dos días, y luego murió -. Avigahil Vasquez

Bernardo Vásquez exigió que el gobierno local se disolviera y que Alberto Mauro Sánchez se retirara como presidente municipal, diciendo que "él ordenó a la policía municipal a disparar contra el pueblo." Unos días más tarde, el fiscal estatal acuso a Gabriel Martínez Vásquez de homicidio. Albindo Gómez Rodríguez fue arrestado hasta abril, un mes después de que el propio Bernardo Vásquez fue asesinado cuando se dirigía a casa de un viaje a la ciudad de México para pedir apoyo internacional.

En un puente sobre la carretera de la ciudad, donde Bernardo Vasquez fue asesinado, alguien grafiteo "El 15 de marzo no se olvida", la fecha del asesinato de Vasquez y "Cuscatlán [el nombre de la empresa minera] te tenemos en la mira, RATA ", con un dibujo de una rata. Otro eslogan pintado cerca dice "¡Fuera Mina!"

Representantes de la CPUVO Jorge Sánchez y Eustasio Vásquez dijeron que el asesinato fue obra de "guardias blancas" o paramilitares, con el apoyo de la empresa. "Hemos visto darles dinero a las personas de la comunidad que están en contra de nosotros, un grupo llamado" defensa de nuestros derechos. "Se trata de personas que ahora tienen coches nuevos, cuando antes no tenían nada". El CEO de Fortuna Silver Mines, Jorge Ganoza dijo a los medios canadienses, "Nosotros, como empresa, y nuestro equipo en Oaxaca, están entristecidos por estos actos sin sentido y continuidad de la violencia en la ciudad de San José, en relación con la lucha política de larga data por el poder local. No es de ninguna manera relacionada con nuestras actividades o involucra personal de la empresa."

Pagano, portavoz público Fortuna Silver Mines, añade: "La empresa ha venido apoyando diversas iniciativas de desarrollo presentados por la Asociación Civil San José Protegiendo Nuestros Derechos". Este grupo de la comunidad se compone de una amplia gama de miembros de la comunidad que se han unido para organizar diversos proyectos de desarrollo ". Dice Fortuna Silver Mines no suministra el grupo con financiación directa, sólo los materiales y la asistencia técnica.

Pero también agrega que "la empresa firma acuerdos anuales con el municipio de San José del Progreso para financiar varios proyectos de infraestructura que se presentan para su aprobación a la comunidad en una asamblea popular abierta cada año". Independientemente del grado de apertura de la asamblea, los oponentes a la mina consideran que el propio municipio está controlado por Alberto Mauro Sánchez y la jerarquía del PRI.

Rufina Sánchez, madre de Bernardo Vásquez, en la oficina de la resistencia y el hogar que comparte con Vásquez.

Tras el asesinato de Bernardo Vásquez, un artículo en un diario de Oaxaca denunciaron que el había firmado un acuerdo en febrero, alegando que había recibido 16 millones de pesos para el empleo, la educación y proyectos de salud. También presuntamente firmó Alberto Mauro Sánchez Muñoz. Avigahil Vásquez llamó a este informe: desinformación. "Ocho días después de su asesinato, decían que había sido asesinado por su propia gente, porque los había vendido a la mina por 20 millones de dólares. Era ridículo. No es cierto que lo mataron sólo por una pelea dentro de la ciudad. Estábamos viviendo una vida normal antes de que la mina viniera ".

La violencia no se detuvo, sin embargo. Un miembro de la CPUVO, Leovigildo Vázquez Sánchez dijo que policías armados y guardias de la mina manejan por las calles de San José en la noche para intimidar a los habitantes. La empresa, acusa, "son los que están financiando este, los que suministran el dinero que compra las camionetas y las armas que normalmente sólo el ejército tiene."

Después de un breve bloqueo de la entrada de la mina de nuevo en mayo, en la tarde del 16 de julio dos oponentes a la mina, Guadalupe Ruiz y Bertín Vásquez Ruiz, fueron atacados por hombres armados fuera de la Iglesia. Guadalupe Vásquez Ruiz fue herido en la pierna, y Bertín Vásquez Ruiz recibió un disparo en el estómago. Fueron llevados al hospital de Oaxaca, donde Bertin Vasquez Ruiz permaneció hospitalizado durante semanas. Se identificó como uno de sus atacantes un asistente del director de obras públicas, Aarón Pérez Vásquez. Un comunicado de prensa posterior emitido por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, y los funcionarios de la ciudad de Capulalpam de Méndez [que también está resistiendo a una mina] identificaron a dos personas más responsables de los disparos, un empleado de ka mina y otro asociado de la presidente municipal. Finalmente, en octubre, dos personas fueron arrestadas por matar a Bernardo Vásquez.

Una mujer y sus hijas en sus uniformes escolares, por el puesto donde vende comida en el mercado de la ciudad.

Sin embargo Avigahil Vasquez no cree que incluso si la mina terminó la producción, las divisiones serían fácilmente curado: Lo primero que tiene que ocurrir es que la mina tiene que irse. Pero eso por sí solo no va a resolver las cosas, porque las personas que la defienden quieren que permanezca, y nosotros queremos que se vaya. Todos vivan uno al lado del otro. Al lado de alguien que quiere que la mina se quede vive alguien que es enemigo de la mina. Toda la ciudad está dividida por esto. El grupo de la escuela primaria de los padres no ha sido capaz de cumplir. Los padres han evaluado una tarifa para mantener la escuela funcionando durante todo el año, pero este año los padres de familia en el otro lado presentó una demanda para detener la carga de la tarifa. La escuela ha sido capaz de seguir adelante, pero se puede ver los conflictos incluso entre los niños ahora. Se miran el uno al otro como enemigos, dependiendo de qué lado de sus padres están. Ellos atacan unos a otros con palabras, pero ya empiezan a hablar de armas y pistolas. Estamos viviendo con este conflicto dentro de todas nuestras instituciones. Las balas y los tiros todos los días, cada hora del día.

Sólo queremos que nuestros derechos sean respetados, y vivir una vida normal. Estamos aterrorizados por las personas que están conduciendo coches nuevos y de llevar armas de alto poder. Y nuestras manos están vacías, no tenemos ninguna manera de defendernos. Es todo por culpa de la mina. Queremos que la mina se vaya. Avigahil-Vasquez.

__________________________________________________

David Bacon es un fotoperiodista en California. Su último libro, Illegal People-Cómo la Globalización Crea la Migración y criminaliza a los inmigrantes, y su próximo libro, El derecho a permanecer en el hogar-Ending Migraciones Forzadas y la criminalización de los inmigrantes, están ambos publicados por Beacon Press. Su dirección de correo electrónico es dbacon@igc.org