Tras el torrente de Aldama, le tocó el turno a Koldo García. El asistente del ministro Ábalos se presentó ante el Tribunal Supremo como un buen hombre dispuesto a hacerle un favor a todo el mundo, un pedazo de pan.

Bajó el nivel de la trama hasta límites grotescos. Hemos pasado de apuntar a Pedro Sánchez como la X de una organización de altos vuelos dedicada a delinquir no sólo para enriquecerse, sino para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista, a un grupo de inocentones que se dejaron embaucar por un tipo listo y sin escrúpulos.

Koldo no sólo le compraba las medicinas y el tabaco al ministro, sino que le buscaba piso a su querida y le proporcionaba coartadas para que su ex mujer no se enterase de nada. Tampoco sabía que Jésica no iba a trabajar; él creía que teletrabajaba. Respecto a Claudia Montes (ex miss Asturias), el asistente encontró normal que el ministro le buscara un trabajo y justificó que él mismo se preocupara porque no la estaban tratando bien en el sitio que le habían buscado.

¿Las mascarillas? Todo el mundo buscaba mascarillas cuando irrumpió el Covid-19. Todos les pedían mascarillas y él, con su instinto innato de ayudar, se prestó a ello sin hacer preguntas. ¿Por qué le tocó la lotería a una empresa llamada Soluciones de Gestión, de su entonces amigo Víctor Aldama? No lo sabe. Como tampoco recuerda que su amigo se embolsara 6 millones de euros en comisiones. Él sólo pensaba en ayudar.

Ha negado que recibiera en negro 10.000 euros todos los meses de la caja B de Aldama, como también el regalo de una moto, un todoterreno y un tratamiento de fertilidad para su esposa. Da a entender que lo que hacía, llamar a unos y a otros, poner en contacto a Aldama con jefes de gabinete.. lo hacía por su afán de ayudar. Nunca cobró un duro por ello.

Respecto a su jefe, se ha deshecho en halagos. Ábalos siempre le correspondió con afecto a su disposición de servicio: "Trabajaba mucho y se conformaba con poco" (bueno, las putas, el chalé de Cádiz... minucias). También habló de su colaboración con la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo, no sólo etarra, sino yihadista. ¿Cómo es que todavía nadie ha propuesto un monumento para el aizkolari de Baracaldo?

Se ve que las defensas de Koldo y Ábalos han decidido coordinar sus estrategias y evitar encontronazos entre ambos.

El asistente de Ábalos ha contradicho lo declarado por el ex gerente del PSOE: el partido le abonó billetes de 500 euros

Aunque en alguna entrevista en un medio de comunicación Koldo amenazó con apuntar muy alto (hasta los mismísimos Pedro Sánchez y Begoña Gómez), ante el tribunal su relación con el presidente se ha esfumado. Con el Pedro candidato de las primarias, con ese sí que tenía trato, pero después de llegar a la presidencia ya no volvió a hablar con él. Ni siquiera, dijo, tiene su teléfono, porque, si no, le habría llamado para que le echara una mano.

Sin embargo, este buen hombre (el "grandullón" le llamaba Aldama) ha deslizado a preguntas de su abogada una declaración que es pura dinamita contra el PSOE. Letizia de la Hoz le preguntó si alguna vez había recibido reembolsos del partido en billetes de 500 euros, a lo que él ha contestado sin inmutarse: "Sí, algunos, sí".

Recuerden que la UCO, en las conversaciones grabadas a la trama, incluidas en el informe patrimonial sobre Ábalos, atribuía un significado muy concreto a la palabra "chistorra": era el sobrenombre con el que se referían los acusados a los billetes de 500 euros.

Cuando compareció ante el tribunal el pasado 22 de abril el ex gerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón (ahora atrincherado en la presidencia de la empresa pública Enusa, con un sueldo de 254.000 euros), el fiscal le preguntó si el PSOE pagaba o reembolsaba gastos con billetes de 500 euros ("chistorras"), a lo que respondió con rotundidad: "Nunca pedimos billetes de 500 euros, ni de 200 euros, ni de 100 euros. Así que no es posible que hayamos dado esos billetes". Moreno Pavón explicó que el PSOE paga casi el 95% de sus gastos por transferencia y que los billetes que pide al banco para abonar gastos en efectivo son siempre de valor más pequeño, porque la ley antiblanqueo limita ese tipo de abonos a un máximo de 1.000 euros.

Es decir, que o bien miente Koldo, o bien mintió Moreno Pavón.

El tema es muy relevante porque el PSOE no puede demostrar que recibiera de forma legal -del banco- billetes de ese valor facial. Por lo tanto, si en la sede del PSOE había billetes de 500 euros ("chistorras") eso quiere decir que ese dinero procedía de un origen ilícito. Normalmente, las mordidas siempre van en billetes grandes, para que su transporte sea más manejable.

La afirmación de Koldo daría verosimilitud a la declaración de Carmen Pano, que declaró ante el mismo tribunal que ella personalmente llevó 90.000 euros en dos entregas a la sede del PSOE en Ferraz.

En este juicio no se dirime si el PSOE se financió ilegalmente, asunto que instruye el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, en una causa por ahora secreta. Pero todo lo que se diga aquí será tenido en cuenta allí.

Probablemente, con mucha menos alharaca, la declaración de Koldo García le ha hecho mucho más daño al PSOE que todos los fuegos artificiales que disparó Víctor de Aldama.

El exasesor de Ábalos asegura que también recibió billetes morados de sus contactos en la Guardia Civil, que le pedían cambiarlos por otros más pequeños, y de los turistas que le alquilaban un piso en Benidorm.

Más información: Aldama: "He visto a Koldo coger tickets de otra mesa, en un restaurante, para pasarlos al PSOE y que se los pagasen"

No es que Koldo estuviera especialmente duro contra el PSOE, pues su intervención estuvo marcada por su intento de negar la evidencia presuntamente delictiva de sus actos, pero en el furor del interrogatorio tuvo que admitir, a la hora de explicar el asunto de las famosas «chistorras», que se trataban de billetes de 500 euros que recibió a través de distintas vías, incluyendo, por supuesto, al PSOE. Y es aquí donde, seguramente sin pretenderlo, dejó en evidencia el testimonio del ex gerente socialista.

Si Mariano Moreno fue contundente al negar que se liquidaran gastos con «chistorras», Koldo recibió «chistorras» de Ferraz. O sea, que las excusas socialistas son un chiste chorra ante el testimonio del ex asesor multiusos del PSOE y su confesión de que las chistorras eran lo que todos entendían por chistorras: billetes de 500 euros, esos que, según Ferraz, jamás pudo recibir Koldo García, porque ¿para qué querríamos billetes de 500 euros? El miércoles fue Aldama y el jueves, Koldo. La sombra de la financiación ilegal en el PSOE es cada vez más espesa.

El exasesor ministerial ha asegurado hoy que las ‘chistorras’ de las que hablaba con su exmujer son billetes de 500 euros, como dice la UCO, que cobró a veces del PSOE para reembolsar gastos anticipados, pero también de mano de guardias civiles, que no querían billetes tan altos y se los daban para que los cambiara.

Lo ha declarado en el juicio contra él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos (que le debe unos 30.000 euros, según ha dicho), del que fue asesor, y del comisionista Víctor de Aldama.

Koldo mete en problemas al PSOE: «Recibí chistorras del partido, billetes de 500 euros»

Pelayo Barro

Fran Serrato

Tras las manifestaciones de García, fuentes socialistas han destacado a EFE que el PSOE «es el partido más fiscalizado de España» y han asegurado que las cuentas del partido «son públicas, transparentes y absolutamente legales».

«Cada euro está controlado y verificado», han subrayado las mismas fuentes, que han recordado que el PSOE puso de manifiesto desde el primer momento que salió a la luz el caso Koldo que todo el dinero del partido «tiene trazabilidad desde cuentas bancarias». Los socialistas han destacado que la respuesta del partido ha sido siempre misma: transparencia, legalidad y colaboración con la Justicia.

En efecto, si se observa la contabilidad anual del PSOE, las donaciones registraron un llamativo incremento, aún en plena pandemia y con el país confinado, pasando de 275.616 euros en 2019 a 837.506 sólo un año después, un aumento de 200%. En 2024, último año fiscalizado, el descenso es significativo, pues el partido apenas captó 133.500 euros por esta vía.

10 millones en «microcréditos»

Igualmente, en ese mismo periodo, el PSOE logró una notable financiación a través de los llamados «microcréditos», un sistema de captación de fondos para las campañas electorales y de la índole más diversa.

Con este mecanismo, se lograron 10 millones en esos mismos años. Entre ellos, llama especialmente la atención la campaña Plan Luz Verde, destinada a la «transformación ecológica y digital» del PSOE, por la que se recaudaron 2.998.500 euros. El partido ofrecía un interés del 3%, muy superior al de los bancos. Entre los objetivos del plan estaba, por ejemplo, reducir la «huella de carbono» en las sedes socialistas, hasta en un 90%.

«Si hay que sentirse orgullosos de nuestra política financiera en general, hay que sentirse orgullosos de la política de diversificación de fuentes financieras en particular. Esta última política se ha plasmado en los llamados microcréditos. Estos microcréditos han llevado al PSOE a ser una referencia a nivel mundial sobre innovación de la financiación de partidos políticos. Estos microcréditos permiten al PSOE obtener una gran independencia financiera de los métodos tradicionales de financiación basados en la financiación bancaria», se jactaba el partido.

Este éxito en la financiación coincide temporalmente con el momento en que se sitúa la investigación al ex ministro Ábalos y su asesor por los contratos en pandemia.

Financiación ilegal

Las declaraciones de Víctor de Aldama en el Supremo han aflorado de nuevo las sospechas de financiación ilegal en el PSOE.

En su testimonio como acusado, aseguró que Koldo le dijo que le iban a presentar «empresas constructoras». «Como tú te dedicas a esto, seguramente a muchos de ellos ya les conoces, que trabajan ya para el Ministerio y de alguna manera nosotros tenemos que ver cómo podemos ayudarles», manifestó Aldama que le dijo el asesor de José Luis Ábalos.

«No es ninguna ayuda, pero se habla de la palabra ayuda, de cómo podemos ayudarnos para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido», añadió.

Aldama, según su versión, preguntó quién lo facturaría, y Koldo le respondió que no se podía. «Tienes tú que hablar con ellos, y vas a ser el nexo, porque las empresas tienen que pagar en efectivo». «Entonces ya entiendo que no es una donación al uso, y ya entiendo que estamos haciendo algo ilegal, de alguna manera no me siento del todo cómodo pero tampoco incómodo», afirmó el empresario.

Lo cierto es que el repunte en las donaciones no fue controlado por la auditoría externa que, en esos años, se encargó de la supervisión de las cuentas del PSOE. Según se detalla en los sucesivos informes, quedó fuera de esa supervisión la relación de «subvenciones públicas, donaciones privadas y de créditos o préstamos con las entidades de crédito, así como el informe sobre los resultados de la revisión del sistema de control interno, cuya formulación es responsabilidad del director gerente federal del partido y no forma parte integrante de las cuentas anuales». Es decir, aspectos nucleares de la contabilidad del partido.

En junio del año pasado, tras el demoledor informe de la UCO que implicaba a Santos Cerdán -entonces secretario de Organización del PSOE- en el cobro de comisiones en adjudicaciones de obra pública, Pedro Sánchez anunció una auditoría sobre las cuentas del partido.

Aunque se presumía independencia, se dio la circunstancia de que sus dos autores estaban relacionados con el Gobierno. Uno de ellos, Félix Alberto Vega Borrego, fue candidato de Podemos al Consejo General del Poder Judicial. El otro, César Martínez Sánchez, fue jefe de gabinete de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G-20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. También ejerció de asesor para el equipo de Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid. El informe no apreció rastro de financiación ilegal y concluyó que el sistema era «coherente, cerrado y verificable» y que «todas las entradas de efectivo» tenían «un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas». Sólo destacó algunos gastos «llamativos» de la secretaría de Organización de José Luis Ábalos.

Tras aquel informe de la UCO, el Partido Popular ya lanzó sus sospechas de financiación ilegal y aseveró que el PSOE tenía «un problema»: «Poder acreditar» que toda su financiación era «legal» y «acreditada ante el Tribunal de Cuentas».

Cabe recordar que el organismo fiscalizador ha vertido serias advertencias sobre este sistema de financiación, que se encuentra en un limbo legal.

En su último informe de fiscalización, el organismo recuerda al Gobierno que es «preciso regular» este sistema en la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, «estableciendo, al menos, las siguientes condiciones esenciales: una cuantía máxima por prestamista que no exceda del límite máximo previsto, en cada caso, para las donaciones o aportaciones privadas; el tipo de interés aplicable y las condiciones y plazos de devolución; así como que los mismos sean ingresados en las cuentas bancarias que se establezcan al efecto. Asimismo, debería regularse la prohibición de conceder microcréditos por parte de personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica. Igualmente, habría de preverse que la renuncia a la devolución de los microcréditos por parte del prestamista ha de hacerse constar por escrito y que será considerada como una donación a todos los efectos».

Reconoce los siete pagos con billetes, "algunos de 500 euros", que desveló EL ESPAÑOL y no declaró el PSOE.

Mientras Víctor de Aldama apuntó a la entrada de dinero ilícito en el partido, Koldo confirma salidas irregulares.

Lo que faltaba por saber es por qué la auditoría del PSOE, esa que Pedro Sánchez vendió como la prueba indubitable de que todas sus cuentas estaban en orden, no reparó en ese incremento sustancial de donaciones en un momento en el que, por lógica, la pandemia debería haber supuesto un freno. Y ya sabemos la razón: las donaciones no fueron auditadas.

Según se recoge en los sucesivos informes elaborados por la auditoría externa encargada de fiscalizar la contabilidad de la formación socialista, quedaron fuera de esa supervisión la relación de «subvenciones públicas, donaciones privadas y de créditos o préstamos con las entidades de crédito, así como el informe sobre los resultados de la revisión del sistema de control interno, cuya formulación es responsabilidad del director gerente federal del partido y no forma parte integrante de las cuentas anuales».

O sea, que donde había gato encerrado, los auditores externos no entraron por decisión del PSOE. Sorprendente vacío que, tras las declaraciones de Aldama, se convierte casi en certeza de que ahí, en las donaciones, puede estar la clave de la financiación ilegal del PSOE.

Según el registro consultado por OKDIARIO, las donaciones vieron un incremento desde la llegada de Moreno a la gerencia del PSOE. Así, en 2018 ascendían a 158.879,11 euros, pero al año siguiente ya se anotaron 275.616,67 euros. Esa cifra se multiplicó en 2020, año que ahora está en el foco de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) por la llamada trama del PSOE. Un año después, en 2021, las donaciones cayeron a 197.829,23 euros. Fue el último de Moreno al frente de la gerencia socialista.

La declaración de Koldo García como acusado alimenta la tesis de Anticorrupción, según la cual los pagos en sobres en Ferraz pudieron ser un mecanismo de "blanqueo" de fondos procedentes de las comisiones ilegales.

Los documentos publicados por EL ESPAÑOL acreditan un descuadre de más de 27.000 euros entre las cantidades que declaró el PSOE, y la información hallada en el móvil del asesor.

Más información: Koldo sólo concuerda con Aldama en que el PSOE tenía una caja B: de los cupos de petróleo a las "chistorras"

Aunque no era necesario, por ser algo de sentido común y mera lógica, en este primer gran juicio a la corrupción de Pedro Sánchez, su partido y su Gobierno, destaca la declaración llena de fuste del coronel Balas, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Tengo para mí que este primer gran caso de podredumbre sanchista quedó prácticamente listo para sentencia cuando el oficial de la Guardia Civil terminó de deponer ante la Sala del Tribunal Supremo.

Desde el punto de vista político general todo apunta a la responsabilidad directa del presidente del Gobierno. No podía, ni puede, ser de otra forma. ¿Acaso los Koldo, Ábalos y compañía pudieron caminar impunemente por el corazón mismo del poder de la nación sin que el «puto amo» se enterara de nada? Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.

En un país mínimamente decente, con un jefe del gobierno en mínima sensibilidad democrática, hace ya muchos meses que Sánchez hubiera dejado el poder. Y, de no hacerlo por sí mismo, sus propios correligionarios le hubieran mandado a chospar al río. No hay precedente en el mundo libre de que un primer ministro como el español, tan rodeado de detritus amarillo por todas las comisuras, se haya sostenido.

Los españoles deberían saber hace tiempo que la mayor parte de las tropelías cometidas en España durante los últimos años es obra personalísima de Sánchez. Tampoco debería extrañar en demasía, por cuanto ya apuntaba maneras desde el 2016 cuando pretendió dar un pucherazo entre sus propios compañeros. Lo intentó entonces y lo ha hecho posteriormente, tanto en el PSOE como –lo que es mucho más grave– en las instituciones de un Estado democrático y de derecho.

Por todo lo anterior, tengo para mí que la más que segura condena para Ábalos, Koldo y Aldama serán políticamente inocuas; Sánchez se reirá de sus antiguos conmilitones y les mirará de reojo cuando emprendan de nuevo el camino hacia Soto del Real.

España entrará políticamente en un proceso agónico; de hecho, ya está en ese trance. Pero su pudrimiento será aún mayor y el Estado dejará de latir. Pudiera ocurrir que la parte sana decidiera ponerse en pie, cosa altamente improbable tal y como están las cosas.

Tras el coronel Balas llegó Víctor de Aldama. Será un presunto delincuente, no lo dudo, pero sabe de la trama más que nadie. Y hasta ahora se ha demostrado que dice la verdad. Y esa verdad aldamista coloca a Sánchez, por corto y por derecho, en el puente de mando de la organización criminal en la que se han convertido el PSOE y el Gobierno sanchista. Por eso, este juicio y los próximos que vienen estarán cojos: el jefe, por ahora, sigue libre y cometiendo fechorías democráticas y de las otras.

Sánchez es culpable. Sí, culpable. De una podredumbre propia que desea nos bebamos como una trágala. Nada más hay que tener minuto y medio abierto RTVE para irse directamente al baño… a vomitar. 

El pasado jueves, el empresario Víctor de Aldama reveló en el Tribunal Supremo que entre 2019 y 2020 entregó «más de 1,8 millones de euros» al PSOE «en donaciones». «Si miran las cuentas del partido y hay un pico de donaciones importante en esos meses se podrá ver de dónde viene el dinero», explicó sobre sus relaciones con Ábalos y su asesor, Koldo García.

Si se observa la contabilidad anual del PSOE, las donaciones registraron un llamativo incremento, aun en plena pandemia y con el país confinado, pasando de 275.616 euros en 2019 a 837.506 sólo un año después, un aumento del 200%. En 2024, último año fiscalizado, el descenso es significativo, pues el partido apenas captó 133.500 euros por esta vía.

Plan ‘Luz Verde’

El plan, que se denominó Luz Verde y fue presentado por el propio José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización, pretendía una transformación radical de las sedes socialistas, de la propia militancia y hasta de sus cargos políticos. También se insistía en la reducción de la llamada huella de carbono -de hasta el 90%- en la sede de la calle Ferraz, eliminar el consumo de papel o crear zonas verdes y jardines integrados en los edificios del partido.

Este plan «verde» fue aprobado en plena pandemia, en mayo de 2020, y contó con un gran despliegue: «Tenemos la obligación de seguir estando en la vanguardia y dar respuesta urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía», anunciaron los socialistas, instando a la militancia a entregar sus aportaciones.

Ábalos mostró públicamente su respaldo al plan, situando a los socialistas «a la vanguardia de ese ecologismo inteligente, moderno, sensato» y «alejado de planteamientos pintorescos», porque la conciencia ecológica «es una cuestión de supervivencia».

El plan contenía una batería de medidas, algunas aún en desarrollo -según la información facilitada por el PSOE-. Entre ellas, incentivar la movilidad sostenible entre sus cargos, promover la celebración de eventos más sostenibles, minimizar los desplazamientos, crear un «carnet digital del militante» o crear un sistema de Inteligencia Artificial con «algoritmos contra la corrupción», que aún está pendiente de iniciar.

También se apelaba directamente a los militantes para convertirlos en «activistas ambientales»: «Queremos que nuestros militantes integren una red de agentes del cambio en nuestras agrupaciones, instituciones y en nuestros entornos sociales y laborales».

Según la documentación aportada por el PSOE, la mayoría de medidas incluidas en el plan se han completado, como la renovación de las sedes para hacerlas más sostenibles, instalando, por ejemplo, jardines verticales y energías renovables.

Ferraz se volcó en el plan, que contó incluso con una web propia, con gran protagonismo de Sánchez.

Récord de donaciones

Las declaraciones de Aldama en el Supremo han puesto de nuevo el punto de mira en la financiación del PSOE.

El partido ha presumido en los últimos años de su recaudación a través de los «microcréditos» -una fórmula cuestionada por el Tribunal de Cuentas- y de las donaciones de sus militantes.

En el periodo señalado por Aldama, el PSOE logró captar más de 10 millones de su militancia, para sufragar las distintas campañas electorales y otras iniciativas, como la mencionada.

«Si hay que sentirse orgullosos de nuestra política financiera en general, hay que sentirse orgullosos de la política de diversificación de fuentes financieras en particular. Esta última política se ha plasmado en los llamados microcréditos. Estos microcréditos han llevado al PSOE a ser una referencia a nivel mundial sobre innovación de la financiación de partidos políticos. Estos microcréditos permiten al PSOE obtener una gran independencia financiera de los métodos tradicionales de financiación basados en la financiación bancaria», se jactaba el partido.

En su testimonio como acusado, Aldama aseguró que Koldo le dijo que le iban a presentar «empresas constructoras». «Como tú te dedicas a esto, seguramente a muchos de ellos ya les conoces, que trabajan ya para el Ministerio y de alguna manera nosotros tenemos que ver cómo podemos ayudarles», manifestó Aldama que le dijo el asesor de José Luis Ábalos.

«No es ninguna ayuda, pero se habla de la palabra ayuda, de cómo podemos ayudarnos para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido», añadió.

Aldama, según su versión, preguntó quién lo facturaría, y Koldo le respondió que no se podía. «Tienes tú que hablar con ellos, y vas a ser el nexo, porque las empresas tienen que pagar en efectivo». «Entonces ya entiendo que no es una donación al uso, y ya entiendo que estamos haciendo algo ilegal, de alguna manera no me siento del todo cómodo pero tampoco incómodo», afirmó el empresario.

El juez había pedido a esa asociación, de carácter sindical y creada para defender los intereses corporativos y profesionales de los abogados del Estado, que emitiese un informe «sobre las cualificaciones académicas y titulación exigible para la elaboración, redacción y suscripción de cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones facultativas que hayan de servir de base para cualquier proceso de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos de servicio, suministros u obras públicas».

La Fiscalía y la defensa de la mujer del presidente del Gobierno recurrieron esa petición y ahora la sección 23 de la Audiencia madrileña les ha dado la razón, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Argumenta la sala que «lo acordado no trata de obtener información sobre datos científicos o artísticos imprescindibles para la conocer o apreciar algún hecho o circunstancia de importancia de lo que es objeto de investigación, por lo que no tiene la consideración de informe pericial».

El juez pide a la UCO investigar reuniones de Begoña Gómez por el ‘software’ de la UCM

THE OBJECTIVE

Añade que la información que se solicita «podría haberse obtenido dirigiéndose al Colegio de Ingenieros Informáticos o a la propia Universidad Complutense», y es «inapropiado» tratar de obtener este dato de la Asociación de Abogados del Estado. Y recuerda que los delitos de intrusismo y de corrupción en los negocios «exigen una mínima verificación sobre su consistencia», poniendo de relieve que el magistrado ha rechazado finalmente imputar a Begoña Gómez ese primer delito de cara al futuro juicio.

La misma sala ha dictado otros dos autos relacionados con la misma causa en la que el pasado 11 de abril el juez dio por cerrada la instrucción y propuso juzgar a la mujer del presidente por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

La UCM dice que abonó 113.509 euros para el desarrollo del ‘software’ de Begoña Gómez

THE OBJECTIVE

El magistrado, que archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, continuó asimismo el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

En uno de ellos validan la decisión del juez Peinado de denegar la entrega de las grabaciones de las declaraciones practicadas el 10 de septiembre de 2025 -que sí se pueden consultar en el jugado-, cuando declararon Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez. En esa comparecencia, la cuarta de Gómez ante el juez, la investigada declaró brevemente a preguntas de su abogado para reiterar las funciones de su asesora y afirmar que le hizo algún «favor» en ocasiones muy excepcionales, descartando que cometiera el delito de malversación que le acababa de imputar el juez. Por su parte Cristina Álvarez se acogió a su derecho a no declarar.

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A la esposa del jefe del Ejecutivo le acompañaron Lourdes Solís Toledo, del PSOE de Torrelodones y "amiga de toda la vida", y Blanca de Juan de Castro, coordinadora de la cátedra que dirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Más información: Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una "agresión" en una cafetería: "¿Se puso una asesora con sueldo público?"