José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en un laberinto tras las últimas revelaciones que han surgido en torno a la investigación del caso Plus Ultra. El expresidente del Gobierno se esfuerza, de momento, en buscar la nulidad de la causa; pero la Justicia está dispuesta a llegar hasta el fondo del caso para determinar si utilizó su influencia y esclarecer las condiciones en las que se rescató la aerolínea en plena pandemia, en una operación que ahora amenaza la línea de flotación del sanchismo. Un caso que cuenta con dos claves principales: la primera, el papel que asuman Julio Martínez, amigo del expresidente , y el exviceministro venezolano Nervis Villalobos —¿tirarán de la manta para salvarse—; y, la otra, la línea que siga el propio Zapatero, tras ver que la UDEF incluye los nombres de sus hijas en los informes que ya están en manos del juez José Luis Calama.

La estrategia de José Luis Rodríguez Zapatero no ha empezado, por el momento, con buen pie, tanto en el ámbito comunicativo como en el judicial. Las joyas que se localizaron en su despacho son ya un quebradero de cabeza para el expresidente del Gobierno, cuyo entorno deslizó inicialmente que su valor oscilaba entre los “30.000 y 40.000 euros”. Nada más lejos de la realidad. La joyería Ansorena, encargada del peritaje, las ha identificado como zafiros, rubíes y esmeraldas, con una tasación cercana a 1,3 millones de euros.

¿Por qué guardaba Zapatero estas joyas en una caja fuerte de su despacho? ¿Aún se sostiene la justificación inicial, que las atribuía a herencias o a regalos de viaje? Por el momento, Luis Arroyo, portavoz del expresidente del Gobierno, ha tenido que recular, pidiendo “perdón” por “haber inducido a error sobre el valor de las joyas”. El juez lo ha tenido claro y le ha citado como investigado por dos nuevos delitos: contrabando y fraude.

Búsqueda de la nulidad

Primer revés en una causa en la que, hasta ahora, Zapatero se encomienda al ‘todo o nada’. El dirigente socialista busca la nulidad de la causa, alegando “dudas razonables” sobre las garantías con las que se efectuó en Estados Unidos el volcado del teléfono de Rodolfo Reyes, dueño de Plus Ultra. El contenido del terminal es una de las piezas destacadas de la causa, como también lo ha sido la colaboración de Washington con las autoridades españolas.

Fuentes judiciales próximas al caso detallan, no obstante, que esta maniobra está abocada al fracaso. Si el sistema de indagación es válido en el país de origen —en este caso, Estados Unidos—, también lo es en el de destino: España. Existe un precedente conocido con el nombre de caso Encrochat, en el que un juez francés desencriptó las comunicaciones telefónicas que se encontraban alojadas en un servidor en Francia y las envió a los países a los que afectaban.

Según la legislación francesa, el juez no tiene por qué decir qué método empleó para acceder a las comunicaciones. Las defensas lo impugnaron en España, pero el Supremo mantuvo la validez de la prueba al considerar que se obtuvo con arreglo a la normativa francesa y que no procedía revisarla en España, al tratarse de un país democrático y que respeta los Derechos Humanos.

Un principio que refuerza la validez del volcado del terminal y, por tanto, de su incorporación a la causa de Plus Ultra, en manos del juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional. Las mismas fuentes detallan, además, que el resto de indicios son lo suficientemente sólidos como para mantener abierta la causa, independientemente del contenido del terminal.

El juez ha hecho gala desde el primer momento de su pulcritud con el procedimiento, tratando de ser lo más garantista posible en un caso inédito en la historia de la democracia española, al contar con un expresidente del Gobierno como investigado. Calama ya rechazó la petición de registro que elevó la UDEF para el domicilio particular de Zapatero, evitando así cualquier escollo procesal que formulase la defensa del líder socialista. Garantías procesales, pero también estéticas: el secreto de sumario no se levantó hasta que ya se habían celebrado las elecciones andaluzas, evitando así un escándalo en plena campaña.

Las incógnitas Martínez y Villalobos

El Gobierno se ha quedado, en este caso, sin el habitual argumento del lawfare. Sólo le queda esperar el avance de las investigaciones, que también alcanzan al núcleo más cercano del expresidente del Gobierno. Lo mismo que le ocurre al propio Zapatero, a quien ya se le escapa el control del procedimiento: ¿qué estrategia seguirán Julio Martínez y Nervis Villalobos, dos piezas clave para rastrear el rescate de Plus Ultra?

La eventual aportación de Julio Martínez Martínez sería especialmente relevante porque los investigadores lo sitúan como una figura central en las relaciones entre la aerolínea, intermediarios empresariales y el entorno venezolano. Su testimonio y la documentación vinculada a sus sociedades podrían ayudar a esclarecer quién impulsó determinadas gestiones, qué servicios se prestaron realmente, cómo se articularon los contratos de consultoría y si existieron o no comisiones ligadas al rescate. Su nombre está estrechamente relacionado con el de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por su parte, Nervis Villalobos aparece en la investigación como uno de los presuntos clientes de la red financiera internacional investigada por un presunto blanqueo de capitales y que, según la Fiscalía, habría mantenido conexiones con fondos de origen venezolano. Su posible aportación al procedimiento radicaría en aclarar el origen de determinados recursos económicos, las relaciones entre empresarios, operadores financieros y responsables políticos vinculados al entorno chavista, así como el recorrido de los fondos que acabaron conectando con la trama investigada.

Pero si algo resulta determinante, apuntan fuentes próximas al expresidente del Gobierno, es la aparición de los nombres de sus hijas en los informes de la UDEF. Aquí surge una disyuntiva: Zapatero hará todo lo posible por salvarlas, pero sin incriminarse él en los hechos. La investigación judicial y policial analiza los pagos que recibió su empresa, Whathefav S.L., de sociedades vinculadas al empresario Julio Martínez.

Los investigadores sostienen que parte de esos pagos podrían estar relacionados con fondos que circularon alrededor del rescate público concedido a Plus Ultra, motivo por el que la UDEF registró la empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa y examinó su documentación. Además, algunas acusaciones populares han solicitado su imputación al considerar que determinados contratos podrían haber servido para justificar transferencias de dinero, aunque hasta la fecha las diligencias se centran en esclarecer si los servicios facturados fueron reales y cuál fue el origen de los fondos.

Estas fuentes próximas al expresidente del Gobierno aportan detalles de la estrecha relación que mantiene con sus hijas, que “siempre han estado preservadas al máximo”, más por la influencia de la madre que por la del propio Zapatero. Un episodio que define este celo por la protección es el que tuvo lugar en septiembre de 2009, cuando la familia Zapatero al completo se fotografió con el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y con la primera dama, Michelle Obama.

La polémica no tardó en estallar: la estética de las hijas de Zapatero provocó toda clase de comentarios y análisis en un tiempo en el que las redes sociales ya dominaban el espacio virtual. Tal fue el escándalo que Sonsoles, esposa de Zapatero, exigió que se retirase la fotografía de la página oficial de la Casa Blanca. Washington accedió, aunque la huella virtual es ya imborrable.

¿Cómo es posible que Zapatero permitiese que la empresa de sus hijas cerrase acuerdos con sociedades vinculadas a Julio Martínez? Esta decisión sólo se explicaría si el dirigente socialista no tuviera una conciencia clara de las consecuencias que pudieran tener estos contratos; o bien, por cierta sensación de impunidad dada su condición de expresidente del Gobierno.

Sea como fuere, los pagos a la empresa de sus hijas figuran en los informes de la UDEF y, ahora, están en manos del juez que investiga el caso. Es así como Zapatero entra en un laberinto de difícil salida: salvarlas a ellas sin incriminarse él mismo, con la incertidumbre de la posición que vayan a adoptar Julio Martínez y Nervis Villalobos.

El PSOE tiene escrito qué hacer cuando un afiliado entra en un proceso penal. El artículo 90.2 de sus estatutos federales prevé la suspensión cautelar de militancia en cuanto se abren diligencias por delito, sin esperar a juicio ni a condena. Es el resorte que la dirección ha accionado media docena de veces en dos años para separarse de cargos señalados por la Justicia, casi siempre deprisa. Con José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en la Audiencia Nacional por organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, ese artículo seguirá en el cajón.

En los últimos dos años ese mismo resorte funcionó casi en automático. A José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antiguo número dos de Sánchez, lo empujaron a devolver el acta de diputado cuando se resistió a marcharse. A Santos Cerdán, su sucesor como secretario de Organización y arquitecto de la maquinaria interna del partido hasta que un informe de la UCO lo señaló, le dejaron darse de baja antes de pedírselo. En Aragón suspendieron a dos cargos por salir en aquellos audios, uno de ellos readmitido después; al diputado canario Juan Bernardo Fuentes, "Tito Berni", lo apartaron nada más estallar su causa, y al asesor de Moncloa Paco Salazar le aplicaron el mismo criterio sin que hubiera siquiera imputación.

El argumento que maneja la dirección para no tocar el 90.2 en el caso de Zapatero es que el expresidente no ocupa ningún cargo. "No es ni diputado ni un cargo público", resumen fuentes socialistas, donde recuerdan que con Ábalos actuaron incluso antes de que estuviera investigado. En Ferraz añaden que todavía no hay "pruebas concluyentes" y que expedientar a un presidente histórico equivaldría a un juicio anticipado sobre un compañero. El mismo cuerpo estatutario que invocan para frenar la sanción contempla suspender la militancia por aceptar regalos que generen conflicto de interés, el supuesto que rondan las joyas y los relojes hallados en su despacho.

La distancia entre la norma y su aplicación se explica por lo que Zapatero sigue siendo dentro del partido. No es un jubilado de la política. Fue pieza decisiva en la campaña electoral de 2023, ha vuelto a pisar territorio en las elecciones autonómicas y mantuvo abierto el canal con Carles Puigdemont; ese hilo lo tejió junto a Cerdán y lo conservó tras su caída. Habla con todos, influye en el rumbo de la negociación con los socios y moviliza “más que cualquier ministro o candidato regional”, recuerdan en Ferraz. Sánchez ha pedido defender su nombre, y nadie en la cúpula trabaja sobre el escenario de apartarlo.

Lo que el juez José Luis Calama investiga, sin embargo, ha crecido mucho desde aquel rescate. El instructor sitúa a Zapatero como "vértice" de una estructura jerarquizada montada para influir ante la Administración en favor de Plus Ultra, la aerolínea que recibió 53 millones de euros públicos en 2021, en plena pandemia. La UDEF, la unidad policial de delitos económicos, rastreó cuarenta empresas, examinó a sesenta personas y detectó 174 transferencias hacia las cuentas del expresidente entre 2020 y 2025 por valor de 2,6 millones de euros. Calama bloqueó 490.780 euros de esas cuentas y ordenó registrar su oficina, donde los agentes encontraron una caja fuerte con relojes, joyas y fotografías de lingotes de oro.

El dinero llegaba por dos vías que el juez conecta. Una, la sociedad Análisis Relevante, del empresario y amigo Julio Martínez, de la que Zapatero admitió haber cobrado 70.000 euros que desvincula del rescate. Otra, los pagos canalizados hacia Whathefav, una mercantil de sus hijas que el sumario describe como correa financiera de la red. Sobre ese conjunto descansan los cuatro delitos por los que está citado a declarar, una comparecencia que su defensa logró aplazar del 2 al 17 y 18 de junio alegando que necesitaba leer los ocho tomos y las casi cuatro mil páginas del sumario, entregados la víspera. En un vídeo grabado tras conocer la imputación, el expresidente aseguró que "jamás" hizo gestión alguna ante la Administración y prometió defender su inocencia.

En Moncloa subrayan que los rescates de Plus Ultra y de Air Europa pasaron por la Comisión Europea y por el Tribunal de Justicia de la UE, que la documentación quedó escrutada y que nada despertó sospecha hasta que llegó una querella de Manos Limpias, la asociación que ejerce la acusación popular. "El mismo que inició el proceso contra Begoña Gómez basándose en recortes de periódico", deslizan, en referencia a la esposa de Sánchez. En el entorno del propio Zapatero sostienen que sigue "muy expuesto" y que “en el PP no le perdonan haber ganado en 2004”. "Llevan buscando una excusa mucho tiempo", repiten.

Las investigaciones por contrabando han perseguido durante décadas a algunos de los dirigentes políticos más poderosos del mundo. Desde el tráfico internacional de armas hasta las redes del narcotráfico o la introducción irregular de bienes de lujo, varios expresidentes han visto cómo su legado político quedaba eclipsado por causas judiciales vinculadas al movimiento ilegal de mercancías.

Ahora, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se suma a esa lista de antiguos mandatarios bajo sospecha después de que la Audiencia Nacional haya abierto una pieza separada para investigar un presunto delito de contrabando y fraude fiscal relacionado con más de un centenar de joyas halladas en su despacho y tasadas en 1,3 millones de euros.

El caso sitúa a Zapatero junto a nombres como Jacques Chirac, Carlos Menem o Juan Orlando Hernández, tres exjefes de Estado que en distintos momentos fueron vinculados a operaciones ilícitas relacionadas con el tráfico de mercancías, armas o drogas.

Uno de los precedentes más notorios en Europa fue el del expresidente francés Jacques Chirac. Su nombre apareció ligado al denominado “Angolagate”, un escándalo que investigó la venta clandestina de armas a Angola durante la guerra civil que asoló el país africano en los años noventa. Aunque Chirac nunca llegó a ser procesado por el tráfico de armas, varios protagonistas de la trama sostuvieron que las más altas instancias del Estado francés conocían las operaciones. 

Entre ellos figuró el exministro del Interior Charles Pasqua, posteriormente condenado por tráfico de influencias, quien aseguró que el entonces presidente estaba informado de las transacciones. Años después, Chirac acabaría convirtiéndose en el primer expresidente francés condenado por la Justicia, aunque por delitos distintos: malversación de fondos públicos, abuso de confianza y tráfico de influencias cometidos durante su etapa como alcalde de París.

En América Latina, el caso de Carlos Menem se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos de Argentina. La Justicia concluyó que durante su mandato se desviaron miles de toneladas de armamento que oficialmente tenían como destino Panamá y Venezuela, pero que terminaron en Croacia y Ecuador, dos países inmersos en conflictos armados. 

En 2017 fue condenado a siete años de prisión por contrabando agravado de armas, al ser considerado coautor de la operación. Sin embargo, la Cámara de Casación anuló posteriormente la condena al considerar que el procedimiento judicial se había prolongado durante más de dos décadas y había superado el plazo razonable exigible en un Estado de derecho. La absolución no evitó que el caso quedara grabado como uno de los episodios más controvertidos de su presidencia.

Más severo fue el desenlace para el hondureño Juan Orlando Hernández. El antiguo mandatario fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 años de prisión por conspirar para introducir cientos de toneladas de cocaína en territorio estadounidense. 

Los fiscales llegaron a describir Honduras como un “narcoestado” bajo su mandato y sostuvieron que utilizó las estructuras del poder para facilitar el tráfico de drogas. Aunque posteriormente recibió un polémico indulto presidencial en Estados Unidos, su condena marcó uno de los mayores golpes judiciales sufridos por un expresidente latinoamericano en las últimas décadas.

Ahora, la investigación que afecta a Zapatero abre un nuevo capítulo dentro de esa larga lista de exmandatarios sometidos al escrutinio judicial. El juez José Luis Calama considera que la falta de documentación que acredite el origen e importación de las joyas encontradas en el despacho del expresidente constituye un indicio suficiente para investigar posibles delitos de contrabando y fraude fiscal. Además, estas diligencias se suman a las pesquisas que ya examinan presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el denominado caso Plus Ultra.

A diferencia de Menem, Orlando o Chirac, el procedimiento contra Zapatero se encuentra todavía en una fase inicial y no existe ninguna condena ni pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto. Sin embargo, el simple hecho de que un expresidente español esté siendo investigado por presunto contrabando vuelve a poner el foco sobre un fenómeno recurrente en la política internacional: la dificultad de algunos antiguos gobernantes para escapar del escrutinio de la Justicia una vez abandonan el poder.

Desde el cierre del estrecho de Ormuz, los precios de los carburantes han impulsado la inflación al alza. Y solo un mes para que comience el verano, el IPC de mayo ya anticipa unas vacaciones más caras que las del año pasado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este viernes los datos de inflación desagregados por tipos de producto y, en el mes de mayo, los precios del turismo y la hostelería crecieron un 4,9% en comparación con el año pasado.

Todos los gastos asociados a las vacaciones se encarecieron: coger un vuelo a otra ciudad de España costó un 25,5% más que en mayo de 2025 (es decir, si el año pasado el transporte aéreo costaba 100 euros, este año cuesta 125), llenar el depósito fue hasta un 23% más caro (en caso de que el vehículo sea de diésel) y los hoteles y alojamientos costaron un 9% más. Aunque no todos los incrementos fueron tan acusados, salir a comer también fue más caro que en 2025; también lo fue coger un tren o un autobús o alojarse en un camping. De hecho, los paquetes turísticos y los vuelos internacionales fueron los que menos crecieron de precio; es decir, mientras coger un vuelo dentro de España costó un 25% más, viajar a otro país cuesta prácticamente lo mismo que en 2025.

Este aumento de precios llega antes de que comience la temporada turística y supera, en la mayoría de los casos, la inflación general. El turismo en conjunto ya se encarece más que el IPC, con una tasa del 4,9% frente a una inflación del 3,2%. Y pocos componentes del turismo crecen menos que el IPC: solo el transporte internacional y los paquetes turísticos.

Además, la inflación en mayo se vio impulsada, precisamente, por el transporte. El precio de los carburantes creció, por tercer mes consecutivo, más de un 10% en comparación con el año pasado tras marcar un incremento del 15,9%. Unos incrementos de precio que se han visto atenuados por la rebaja del IVA a los carburantes aprobada por el Gobierno en el Plan de Respuesta ante el conflicto en Irán. Las estimaciones del Ejecutivo apuntan que, de no ser por estas rebajas, los combustibles crecerían el doble y la tasa general de inflación se situaría ahora en el 4,2%. Ahora bien, estas reducciones sobre el impuesto solo llegan hasta el 30 de junio y, si nada cambia, la gasolina y el diésel se encarecerán justo con la llegada del verano.

En realidad, en el caso de los bienes turísticos, llueve sobre mojado. Desde 2021, antes de que comenzase la última escalada de la inflación, los precios de los restaurantes y los servicios de alojamiento acumulan un incremento del 31,1%, el segundo más elevado, solo después de los alimentos (que se han encarecido un 35,9% en los últimos cinco años). Por otro lado, el transporte es un 20,8% más caro que en 2021.

De cara al verano, el Gobierno todavía estudia qué medidas tomará a partir del 30 de junio, cuando finaliza el paquete todavía en vigor. Así lo trasladó este viernes el Ministerio de Economía, que trasladó que “seguirá monitorizando la evolución de los precios”. Al margen del turismo, el Banco Central Europeo señaló este jueves, tras la subida de tipos de interés, que espera ahora una senda “más elevada de los precios de la energía”, que prevé que se transmita a la inflación de los alimentos, los bienes y los servicios.

Según Funcas, si el Ejecutivo no prorroga las medidas fiscales todavía vigentes, el impacto sobre la inflación será de casi ocho décimas en la tasa de julio. En consecuencia, el IPC crecerá hasta situarse por encima del 4% en agosto y septiembre, con una tasa media anual del 3,4%.

Tras el torrente de Aldama, le tocó el turno a Koldo García. El asistente del ministro Ábalos se presentó ante el Tribunal Supremo como un buen hombre dispuesto a hacerle un favor a todo el mundo, un pedazo de pan.

Bajó el nivel de la trama hasta límites grotescos. Hemos pasado de apuntar a Pedro Sánchez como la X de una organización de altos vuelos dedicada a delinquir no sólo para enriquecerse, sino para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista, a un grupo de inocentones que se dejaron embaucar por un tipo listo y sin escrúpulos.

Koldo no sólo le compraba las medicinas y el tabaco al ministro, sino que le buscaba piso a su querida y le proporcionaba coartadas para que su ex mujer no se enterase de nada. Tampoco sabía que Jésica no iba a trabajar; él creía que teletrabajaba. Respecto a Claudia Montes (ex miss Asturias), el asistente encontró normal que el ministro le buscara un trabajo y justificó que él mismo se preocupara porque no la estaban tratando bien en el sitio que le habían buscado.

¿Las mascarillas? Todo el mundo buscaba mascarillas cuando irrumpió el Covid-19. Todos les pedían mascarillas y él, con su instinto innato de ayudar, se prestó a ello sin hacer preguntas. ¿Por qué le tocó la lotería a una empresa llamada Soluciones de Gestión, de su entonces amigo Víctor Aldama? No lo sabe. Como tampoco recuerda que su amigo se embolsara 6 millones de euros en comisiones. Él sólo pensaba en ayudar.

Ha negado que recibiera en negro 10.000 euros todos los meses de la caja B de Aldama, como también el regalo de una moto, un todoterreno y un tratamiento de fertilidad para su esposa. Da a entender que lo que hacía, llamar a unos y a otros, poner en contacto a Aldama con jefes de gabinete.. lo hacía por su afán de ayudar. Nunca cobró un duro por ello.

Respecto a su jefe, se ha deshecho en halagos. Ábalos siempre le correspondió con afecto a su disposición de servicio: "Trabajaba mucho y se conformaba con poco" (bueno, las putas, el chalé de Cádiz... minucias). También habló de su colaboración con la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo, no sólo etarra, sino yihadista. ¿Cómo es que todavía nadie ha propuesto un monumento para el aizkolari de Baracaldo?

Se ve que las defensas de Koldo y Ábalos han decidido coordinar sus estrategias y evitar encontronazos entre ambos.

El asistente de Ábalos ha contradicho lo declarado por el ex gerente del PSOE: el partido le abonó billetes de 500 euros

Aunque en alguna entrevista en un medio de comunicación Koldo amenazó con apuntar muy alto (hasta los mismísimos Pedro Sánchez y Begoña Gómez), ante el tribunal su relación con el presidente se ha esfumado. Con el Pedro candidato de las primarias, con ese sí que tenía trato, pero después de llegar a la presidencia ya no volvió a hablar con él. Ni siquiera, dijo, tiene su teléfono, porque, si no, le habría llamado para que le echara una mano.

Sin embargo, este buen hombre (el "grandullón" le llamaba Aldama) ha deslizado a preguntas de su abogada una declaración que es pura dinamita contra el PSOE. Letizia de la Hoz le preguntó si alguna vez había recibido reembolsos del partido en billetes de 500 euros, a lo que él ha contestado sin inmutarse: "Sí, algunos, sí".

Recuerden que la UCO, en las conversaciones grabadas a la trama, incluidas en el informe patrimonial sobre Ábalos, atribuía un significado muy concreto a la palabra "chistorra": era el sobrenombre con el que se referían los acusados a los billetes de 500 euros.

Cuando compareció ante el tribunal el pasado 22 de abril el ex gerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón (ahora atrincherado en la presidencia de la empresa pública Enusa, con un sueldo de 254.000 euros), el fiscal le preguntó si el PSOE pagaba o reembolsaba gastos con billetes de 500 euros ("chistorras"), a lo que respondió con rotundidad: "Nunca pedimos billetes de 500 euros, ni de 200 euros, ni de 100 euros. Así que no es posible que hayamos dado esos billetes". Moreno Pavón explicó que el PSOE paga casi el 95% de sus gastos por transferencia y que los billetes que pide al banco para abonar gastos en efectivo son siempre de valor más pequeño, porque la ley antiblanqueo limita ese tipo de abonos a un máximo de 1.000 euros.

Es decir, que o bien miente Koldo, o bien mintió Moreno Pavón.

El tema es muy relevante porque el PSOE no puede demostrar que recibiera de forma legal -del banco- billetes de ese valor facial. Por lo tanto, si en la sede del PSOE había billetes de 500 euros ("chistorras") eso quiere decir que ese dinero procedía de un origen ilícito. Normalmente, las mordidas siempre van en billetes grandes, para que su transporte sea más manejable.

La afirmación de Koldo daría verosimilitud a la declaración de Carmen Pano, que declaró ante el mismo tribunal que ella personalmente llevó 90.000 euros en dos entregas a la sede del PSOE en Ferraz.

En este juicio no se dirime si el PSOE se financió ilegalmente, asunto que instruye el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, en una causa por ahora secreta. Pero todo lo que se diga aquí será tenido en cuenta allí.

Probablemente, con mucha menos alharaca, la declaración de Koldo García le ha hecho mucho más daño al PSOE que todos los fuegos artificiales que disparó Víctor de Aldama.

El exasesor de Ábalos asegura que también recibió billetes morados de sus contactos en la Guardia Civil, que le pedían cambiarlos por otros más pequeños, y de los turistas que le alquilaban un piso en Benidorm.

Más información: Aldama: "He visto a Koldo coger tickets de otra mesa, en un restaurante, para pasarlos al PSOE y que se los pagasen"

No es que Koldo estuviera especialmente duro contra el PSOE, pues su intervención estuvo marcada por su intento de negar la evidencia presuntamente delictiva de sus actos, pero en el furor del interrogatorio tuvo que admitir, a la hora de explicar el asunto de las famosas «chistorras», que se trataban de billetes de 500 euros que recibió a través de distintas vías, incluyendo, por supuesto, al PSOE. Y es aquí donde, seguramente sin pretenderlo, dejó en evidencia el testimonio del ex gerente socialista.

Si Mariano Moreno fue contundente al negar que se liquidaran gastos con «chistorras», Koldo recibió «chistorras» de Ferraz. O sea, que las excusas socialistas son un chiste chorra ante el testimonio del ex asesor multiusos del PSOE y su confesión de que las chistorras eran lo que todos entendían por chistorras: billetes de 500 euros, esos que, según Ferraz, jamás pudo recibir Koldo García, porque ¿para qué querríamos billetes de 500 euros? El miércoles fue Aldama y el jueves, Koldo. La sombra de la financiación ilegal en el PSOE es cada vez más espesa.

El exasesor ministerial ha asegurado hoy que las ‘chistorras’ de las que hablaba con su exmujer son billetes de 500 euros, como dice la UCO, que cobró a veces del PSOE para reembolsar gastos anticipados, pero también de mano de guardias civiles, que no querían billetes tan altos y se los daban para que los cambiara.

Lo ha declarado en el juicio contra él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos (que le debe unos 30.000 euros, según ha dicho), del que fue asesor, y del comisionista Víctor de Aldama.

Koldo mete en problemas al PSOE: «Recibí chistorras del partido, billetes de 500 euros»

Pelayo Barro

Fran Serrato

Tras las manifestaciones de García, fuentes socialistas han destacado a EFE que el PSOE «es el partido más fiscalizado de España» y han asegurado que las cuentas del partido «son públicas, transparentes y absolutamente legales».

«Cada euro está controlado y verificado», han subrayado las mismas fuentes, que han recordado que el PSOE puso de manifiesto desde el primer momento que salió a la luz el caso Koldo que todo el dinero del partido «tiene trazabilidad desde cuentas bancarias». Los socialistas han destacado que la respuesta del partido ha sido siempre misma: transparencia, legalidad y colaboración con la Justicia.

En efecto, si se observa la contabilidad anual del PSOE, las donaciones registraron un llamativo incremento, aún en plena pandemia y con el país confinado, pasando de 275.616 euros en 2019 a 837.506 sólo un año después, un aumento de 200%. En 2024, último año fiscalizado, el descenso es significativo, pues el partido apenas captó 133.500 euros por esta vía.

10 millones en «microcréditos»

Igualmente, en ese mismo periodo, el PSOE logró una notable financiación a través de los llamados «microcréditos», un sistema de captación de fondos para las campañas electorales y de la índole más diversa.

Con este mecanismo, se lograron 10 millones en esos mismos años. Entre ellos, llama especialmente la atención la campaña Plan Luz Verde, destinada a la «transformación ecológica y digital» del PSOE, por la que se recaudaron 2.998.500 euros. El partido ofrecía un interés del 3%, muy superior al de los bancos. Entre los objetivos del plan estaba, por ejemplo, reducir la «huella de carbono» en las sedes socialistas, hasta en un 90%.

«Si hay que sentirse orgullosos de nuestra política financiera en general, hay que sentirse orgullosos de la política de diversificación de fuentes financieras en particular. Esta última política se ha plasmado en los llamados microcréditos. Estos microcréditos han llevado al PSOE a ser una referencia a nivel mundial sobre innovación de la financiación de partidos políticos. Estos microcréditos permiten al PSOE obtener una gran independencia financiera de los métodos tradicionales de financiación basados en la financiación bancaria», se jactaba el partido.

Este éxito en la financiación coincide temporalmente con el momento en que se sitúa la investigación al ex ministro Ábalos y su asesor por los contratos en pandemia.

Financiación ilegal

Las declaraciones de Víctor de Aldama en el Supremo han aflorado de nuevo las sospechas de financiación ilegal en el PSOE.

En su testimonio como acusado, aseguró que Koldo le dijo que le iban a presentar «empresas constructoras». «Como tú te dedicas a esto, seguramente a muchos de ellos ya les conoces, que trabajan ya para el Ministerio y de alguna manera nosotros tenemos que ver cómo podemos ayudarles», manifestó Aldama que le dijo el asesor de José Luis Ábalos.

«No es ninguna ayuda, pero se habla de la palabra ayuda, de cómo podemos ayudarnos para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido», añadió.

Aldama, según su versión, preguntó quién lo facturaría, y Koldo le respondió que no se podía. «Tienes tú que hablar con ellos, y vas a ser el nexo, porque las empresas tienen que pagar en efectivo». «Entonces ya entiendo que no es una donación al uso, y ya entiendo que estamos haciendo algo ilegal, de alguna manera no me siento del todo cómodo pero tampoco incómodo», afirmó el empresario.

Lo cierto es que el repunte en las donaciones no fue controlado por la auditoría externa que, en esos años, se encargó de la supervisión de las cuentas del PSOE. Según se detalla en los sucesivos informes, quedó fuera de esa supervisión la relación de «subvenciones públicas, donaciones privadas y de créditos o préstamos con las entidades de crédito, así como el informe sobre los resultados de la revisión del sistema de control interno, cuya formulación es responsabilidad del director gerente federal del partido y no forma parte integrante de las cuentas anuales». Es decir, aspectos nucleares de la contabilidad del partido.

En junio del año pasado, tras el demoledor informe de la UCO que implicaba a Santos Cerdán -entonces secretario de Organización del PSOE- en el cobro de comisiones en adjudicaciones de obra pública, Pedro Sánchez anunció una auditoría sobre las cuentas del partido.

Aunque se presumía independencia, se dio la circunstancia de que sus dos autores estaban relacionados con el Gobierno. Uno de ellos, Félix Alberto Vega Borrego, fue candidato de Podemos al Consejo General del Poder Judicial. El otro, César Martínez Sánchez, fue jefe de gabinete de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G-20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. También ejerció de asesor para el equipo de Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid. El informe no apreció rastro de financiación ilegal y concluyó que el sistema era «coherente, cerrado y verificable» y que «todas las entradas de efectivo» tenían «un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas». Sólo destacó algunos gastos «llamativos» de la secretaría de Organización de José Luis Ábalos.

Tras aquel informe de la UCO, el Partido Popular ya lanzó sus sospechas de financiación ilegal y aseveró que el PSOE tenía «un problema»: «Poder acreditar» que toda su financiación era «legal» y «acreditada ante el Tribunal de Cuentas».

Cabe recordar que el organismo fiscalizador ha vertido serias advertencias sobre este sistema de financiación, que se encuentra en un limbo legal.

En su último informe de fiscalización, el organismo recuerda al Gobierno que es «preciso regular» este sistema en la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, «estableciendo, al menos, las siguientes condiciones esenciales: una cuantía máxima por prestamista que no exceda del límite máximo previsto, en cada caso, para las donaciones o aportaciones privadas; el tipo de interés aplicable y las condiciones y plazos de devolución; así como que los mismos sean ingresados en las cuentas bancarias que se establezcan al efecto. Asimismo, debería regularse la prohibición de conceder microcréditos por parte de personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica. Igualmente, habría de preverse que la renuncia a la devolución de los microcréditos por parte del prestamista ha de hacerse constar por escrito y que será considerada como una donación a todos los efectos».

Reconoce los siete pagos con billetes, "algunos de 500 euros", que desveló EL ESPAÑOL y no declaró el PSOE.

Mientras Víctor de Aldama apuntó a la entrada de dinero ilícito en el partido, Koldo confirma salidas irregulares.

Lo que faltaba por saber es por qué la auditoría del PSOE, esa que Pedro Sánchez vendió como la prueba indubitable de que todas sus cuentas estaban en orden, no reparó en ese incremento sustancial de donaciones en un momento en el que, por lógica, la pandemia debería haber supuesto un freno. Y ya sabemos la razón: las donaciones no fueron auditadas.

Según se recoge en los sucesivos informes elaborados por la auditoría externa encargada de fiscalizar la contabilidad de la formación socialista, quedaron fuera de esa supervisión la relación de «subvenciones públicas, donaciones privadas y de créditos o préstamos con las entidades de crédito, así como el informe sobre los resultados de la revisión del sistema de control interno, cuya formulación es responsabilidad del director gerente federal del partido y no forma parte integrante de las cuentas anuales».

O sea, que donde había gato encerrado, los auditores externos no entraron por decisión del PSOE. Sorprendente vacío que, tras las declaraciones de Aldama, se convierte casi en certeza de que ahí, en las donaciones, puede estar la clave de la financiación ilegal del PSOE.

Según el registro consultado por OKDIARIO, las donaciones vieron un incremento desde la llegada de Moreno a la gerencia del PSOE. Así, en 2018 ascendían a 158.879,11 euros, pero al año siguiente ya se anotaron 275.616,67 euros. Esa cifra se multiplicó en 2020, año que ahora está en el foco de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) por la llamada trama del PSOE. Un año después, en 2021, las donaciones cayeron a 197.829,23 euros. Fue el último de Moreno al frente de la gerencia socialista.

La declaración de Koldo García como acusado alimenta la tesis de Anticorrupción, según la cual los pagos en sobres en Ferraz pudieron ser un mecanismo de "blanqueo" de fondos procedentes de las comisiones ilegales.

Los documentos publicados por EL ESPAÑOL acreditan un descuadre de más de 27.000 euros entre las cantidades que declaró el PSOE, y la información hallada en el móvil del asesor.

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Aunque no era necesario, por ser algo de sentido común y mera lógica, en este primer gran juicio a la corrupción de Pedro Sánchez, su partido y su Gobierno, destaca la declaración llena de fuste del coronel Balas, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Tengo para mí que este primer gran caso de podredumbre sanchista quedó prácticamente listo para sentencia cuando el oficial de la Guardia Civil terminó de deponer ante la Sala del Tribunal Supremo.

Desde el punto de vista político general todo apunta a la responsabilidad directa del presidente del Gobierno. No podía, ni puede, ser de otra forma. ¿Acaso los Koldo, Ábalos y compañía pudieron caminar impunemente por el corazón mismo del poder de la nación sin que el «puto amo» se enterara de nada? Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.

En un país mínimamente decente, con un jefe del gobierno en mínima sensibilidad democrática, hace ya muchos meses que Sánchez hubiera dejado el poder. Y, de no hacerlo por sí mismo, sus propios correligionarios le hubieran mandado a chospar al río. No hay precedente en el mundo libre de que un primer ministro como el español, tan rodeado de detritus amarillo por todas las comisuras, se haya sostenido.

Los españoles deberían saber hace tiempo que la mayor parte de las tropelías cometidas en España durante los últimos años es obra personalísima de Sánchez. Tampoco debería extrañar en demasía, por cuanto ya apuntaba maneras desde el 2016 cuando pretendió dar un pucherazo entre sus propios compañeros. Lo intentó entonces y lo ha hecho posteriormente, tanto en el PSOE como –lo que es mucho más grave– en las instituciones de un Estado democrático y de derecho.

Por todo lo anterior, tengo para mí que la más que segura condena para Ábalos, Koldo y Aldama serán políticamente inocuas; Sánchez se reirá de sus antiguos conmilitones y les mirará de reojo cuando emprendan de nuevo el camino hacia Soto del Real.

España entrará políticamente en un proceso agónico; de hecho, ya está en ese trance. Pero su pudrimiento será aún mayor y el Estado dejará de latir. Pudiera ocurrir que la parte sana decidiera ponerse en pie, cosa altamente improbable tal y como están las cosas.

Tras el coronel Balas llegó Víctor de Aldama. Será un presunto delincuente, no lo dudo, pero sabe de la trama más que nadie. Y hasta ahora se ha demostrado que dice la verdad. Y esa verdad aldamista coloca a Sánchez, por corto y por derecho, en el puente de mando de la organización criminal en la que se han convertido el PSOE y el Gobierno sanchista. Por eso, este juicio y los próximos que vienen estarán cojos: el jefe, por ahora, sigue libre y cometiendo fechorías democráticas y de las otras.

Sánchez es culpable. Sí, culpable. De una podredumbre propia que desea nos bebamos como una trágala. Nada más hay que tener minuto y medio abierto RTVE para irse directamente al baño… a vomitar. 

El pasado jueves, el empresario Víctor de Aldama reveló en el Tribunal Supremo que entre 2019 y 2020 entregó «más de 1,8 millones de euros» al PSOE «en donaciones». «Si miran las cuentas del partido y hay un pico de donaciones importante en esos meses se podrá ver de dónde viene el dinero», explicó sobre sus relaciones con Ábalos y su asesor, Koldo García.

Si se observa la contabilidad anual del PSOE, las donaciones registraron un llamativo incremento, aun en plena pandemia y con el país confinado, pasando de 275.616 euros en 2019 a 837.506 sólo un año después, un aumento del 200%. En 2024, último año fiscalizado, el descenso es significativo, pues el partido apenas captó 133.500 euros por esta vía.

Plan ‘Luz Verde’

El plan, que se denominó Luz Verde y fue presentado por el propio José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización, pretendía una transformación radical de las sedes socialistas, de la propia militancia y hasta de sus cargos políticos. También se insistía en la reducción de la llamada huella de carbono -de hasta el 90%- en la sede de la calle Ferraz, eliminar el consumo de papel o crear zonas verdes y jardines integrados en los edificios del partido.

Este plan «verde» fue aprobado en plena pandemia, en mayo de 2020, y contó con un gran despliegue: «Tenemos la obligación de seguir estando en la vanguardia y dar respuesta urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía», anunciaron los socialistas, instando a la militancia a entregar sus aportaciones.

Ábalos mostró públicamente su respaldo al plan, situando a los socialistas «a la vanguardia de ese ecologismo inteligente, moderno, sensato» y «alejado de planteamientos pintorescos», porque la conciencia ecológica «es una cuestión de supervivencia».

El plan contenía una batería de medidas, algunas aún en desarrollo -según la información facilitada por el PSOE-. Entre ellas, incentivar la movilidad sostenible entre sus cargos, promover la celebración de eventos más sostenibles, minimizar los desplazamientos, crear un «carnet digital del militante» o crear un sistema de Inteligencia Artificial con «algoritmos contra la corrupción», que aún está pendiente de iniciar.

También se apelaba directamente a los militantes para convertirlos en «activistas ambientales»: «Queremos que nuestros militantes integren una red de agentes del cambio en nuestras agrupaciones, instituciones y en nuestros entornos sociales y laborales».

Según la documentación aportada por el PSOE, la mayoría de medidas incluidas en el plan se han completado, como la renovación de las sedes para hacerlas más sostenibles, instalando, por ejemplo, jardines verticales y energías renovables.

Ferraz se volcó en el plan, que contó incluso con una web propia, con gran protagonismo de Sánchez.

Récord de donaciones

Las declaraciones de Aldama en el Supremo han puesto de nuevo el punto de mira en la financiación del PSOE.

El partido ha presumido en los últimos años de su recaudación a través de los «microcréditos» -una fórmula cuestionada por el Tribunal de Cuentas- y de las donaciones de sus militantes.

En el periodo señalado por Aldama, el PSOE logró captar más de 10 millones de su militancia, para sufragar las distintas campañas electorales y otras iniciativas, como la mencionada.

«Si hay que sentirse orgullosos de nuestra política financiera en general, hay que sentirse orgullosos de la política de diversificación de fuentes financieras en particular. Esta última política se ha plasmado en los llamados microcréditos. Estos microcréditos han llevado al PSOE a ser una referencia a nivel mundial sobre innovación de la financiación de partidos políticos. Estos microcréditos permiten al PSOE obtener una gran independencia financiera de los métodos tradicionales de financiación basados en la financiación bancaria», se jactaba el partido.

En su testimonio como acusado, Aldama aseguró que Koldo le dijo que le iban a presentar «empresas constructoras». «Como tú te dedicas a esto, seguramente a muchos de ellos ya les conoces, que trabajan ya para el Ministerio y de alguna manera nosotros tenemos que ver cómo podemos ayudarles», manifestó Aldama que le dijo el asesor de José Luis Ábalos.

«No es ninguna ayuda, pero se habla de la palabra ayuda, de cómo podemos ayudarnos para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido», añadió.

Aldama, según su versión, preguntó quién lo facturaría, y Koldo le respondió que no se podía. «Tienes tú que hablar con ellos, y vas a ser el nexo, porque las empresas tienen que pagar en efectivo». «Entonces ya entiendo que no es una donación al uso, y ya entiendo que estamos haciendo algo ilegal, de alguna manera no me siento del todo cómodo pero tampoco incómodo», afirmó el empresario.

El juez había pedido a esa asociación, de carácter sindical y creada para defender los intereses corporativos y profesionales de los abogados del Estado, que emitiese un informe «sobre las cualificaciones académicas y titulación exigible para la elaboración, redacción y suscripción de cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones facultativas que hayan de servir de base para cualquier proceso de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos de servicio, suministros u obras públicas».

La Fiscalía y la defensa de la mujer del presidente del Gobierno recurrieron esa petición y ahora la sección 23 de la Audiencia madrileña les ha dado la razón, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Argumenta la sala que «lo acordado no trata de obtener información sobre datos científicos o artísticos imprescindibles para la conocer o apreciar algún hecho o circunstancia de importancia de lo que es objeto de investigación, por lo que no tiene la consideración de informe pericial».

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Añade que la información que se solicita «podría haberse obtenido dirigiéndose al Colegio de Ingenieros Informáticos o a la propia Universidad Complutense», y es «inapropiado» tratar de obtener este dato de la Asociación de Abogados del Estado. Y recuerda que los delitos de intrusismo y de corrupción en los negocios «exigen una mínima verificación sobre su consistencia», poniendo de relieve que el magistrado ha rechazado finalmente imputar a Begoña Gómez ese primer delito de cara al futuro juicio.

La misma sala ha dictado otros dos autos relacionados con la misma causa en la que el pasado 11 de abril el juez dio por cerrada la instrucción y propuso juzgar a la mujer del presidente por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

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El magistrado, que archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, continuó asimismo el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

En uno de ellos validan la decisión del juez Peinado de denegar la entrega de las grabaciones de las declaraciones practicadas el 10 de septiembre de 2025 -que sí se pueden consultar en el jugado-, cuando declararon Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez. En esa comparecencia, la cuarta de Gómez ante el juez, la investigada declaró brevemente a preguntas de su abogado para reiterar las funciones de su asesora y afirmar que le hizo algún «favor» en ocasiones muy excepcionales, descartando que cometiera el delito de malversación que le acababa de imputar el juez. Por su parte Cristina Álvarez se acogió a su derecho a no declarar.

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A la esposa del jefe del Ejecutivo le acompañaron Lourdes Solís Toledo, del PSOE de Torrelodones y "amiga de toda la vida", y Blanca de Juan de Castro, coordinadora de la cátedra que dirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

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