Uno de cada cinco hogares que perciben el ingreso mínimo vital (IMV) cuenta con al menos un adulto extranjero. Una explotación realizada por THE OBJECTIVE de la herramienta interactiva incorporada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a su quinta evaluación del ingreso mínimo vital revela que estos hogares representan el 21,87% del total de beneficiarios de la prestación. Se trata de un porcentaje muy superior al 14,04% que suponen en el conjunto de los hogares españoles, aunque todavía alejado del 30,71% que alcanzan dentro del 20% de las familias con menor renta.

La comparación ofrece una lectura distinta a la que arroja el simple contraste con el conjunto de la población. Aunque los hogares con algún adulto extranjero tienen un mayor peso entre los perceptores del IMV que entre el total de hogares españoles, siguen teniendo una presencia inferior a la que registran dentro del colectivo más vulnerable, precisamente el universo al que va dirigida esta prestación. La propia herramienta de la Airef refleja además que, dentro de este grupo, predominan los hogares con menores, especialmente los formados por dos adultos y varios hijos y las familias monoparentales.

Esta diferencia conecta con la principal conclusión del quinto informe de evaluación del IMV. La Airef considera que el gran problema de la prestación continúa siendo su cobertura. Pese al aumento del número de beneficiarios desde su creación en 2020, el 52% de los hogares que tendrían derecho al ingreso mínimo vital sigue sin solicitarlo. En el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), la tasa de no solicitud es todavía mayor —el 71%—, lo que evidencia las dificultades que sigue encontrando el sistema para llegar a todos los potenciales beneficiarios.

Como consecuencia de esa falta de cobertura, el IMV alcanza únicamente al 31% de las personas cuyos ingresos se sitúan por debajo del 40% de la renta mediana, cinco puntos menos que la media de la Unión Europea. La Airef considera que España dispone de un sistema relativamente generoso en términos de cuantía, pero insuficiente en capacidad de acceso, por lo que insiste en la necesidad de simplificar procedimientos y mejorar la identificación automática de los hogares que cumplen los requisitos para acceder a la prestación.

Junto a los problemas de cobertura, el organismo pone el foco en otro aspecto del diseño del sistema de protección social: el elevado grado de solapamiento entre ayudas públicas. Según el informe, el 51% de los hogares que perciben el IMV cobra al mismo tiempo otra prestación pública, contributiva o no. Además, un 16% compatibiliza dos o más prestaciones, una circunstancia que, a juicio de la Airef, obliga a revisar la arquitectura del conjunto del sistema de ayudas sociales.

El ingreso mínimo vital puede percibirse simultáneamente con prestaciones y subsidios por desempleo, rentas mínimas autonómicas, ayudas familiares, prestaciones por dependencia, pensiones no contributivas e incluso determinados supuestos de incapacidad permanente. Para la Autoridad Fiscal, esta acumulación de ayudas puede responder en muchos casos a situaciones legítimas, pero también pone de manifiesto la existencia de instrumentos con objetivos similares que no siempre funcionan de forma coordinada.

«Hay que reforzar la coherencia y revisar la simultaneidad que se da en algunos casos», defendió la presidenta de la Airef, Inés Olóndriz, durante la presentación del informe. El organismo recomienda al Gobierno revisar el esquema de prestaciones sociales para evitar duplicidades, mejorar la coordinación entre administraciones y garantizar que las distintas ayudas respondan a objetivos claramente diferenciados.

Uno de los ejemplos que destaca la institución es el de los mayores de 52 años. En torno al 16% de los beneficiarios del ingreso mínimo cobra también un subsidio por desempleo y un 10% mantiene ambas prestaciones durante todo el año. Tras la reforma aprobada por el Gobierno, el subsidio para mayores de 52 años pasó a tener carácter indefinido mientras se mantengan los requisitos. La Airef considera que ambas ayudas persiguen, en buena medida, un mismo objetivo de protección frente a la pobreza y propone revisar su diseño conjunto para hacerlas más coherentes.

El informe también advierte de que el actual modelo sigue generando dificultades para favorecer la incorporación al mercado laboral. Según sus cálculos, el 46% de los hogares que comenzaron a percibir el IMV en 2020 continuaban cobrando la prestación cinco años después, pese al fuerte crecimiento del empleo registrado durante ese periodo. Aunque la Airef reconoce que parte de estos hogares presentan situaciones de vulnerabilidad estructural, considera que el diseño de los incentivos laborales continúa siendo insuficiente.

Por ello, el organismo plantea «reformular completamente» el incentivo al empleo, de forma que aceptar un trabajo no suponga una pérdida brusca de ingresos y la salida del sistema de protección sea progresiva. El objetivo, concluye la institución, es construir un modelo que combine una mayor capacidad para llegar a los hogares que todavía permanecen fuera del IMV con un esquema de prestaciones más simple, coherente y compatible con la incorporación al mercado laboral.

Ya es oficial. Yolanda Díaz ha decidido lanzarse a por la presidencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una entidad adscrita a las Naciones Unidas y cuyo objetivo es impulsar, defender y promover el trabajo en todo el mundo. Pedro Sánchez anunció la decisión del Gobierno de respaldar la candidatura de su vicepresidenta. Esta se deberá formalizar antes del 31 de agosto, para una votación que se celebrará en noviembre. El mandato del próximo director general de la OIT arrancará en noviembre del año siguiente. En el entorno de Díaz aseguran que la vicepresidenta y ministra seguirá en el cargo hasta que acabe la legislatura. Y de lograr dar el salto internacional, la ministra accedería a una remuneración dorada: más de 220.000 dólares anuales netos, lo que equivaldría a unos 195.000 euros, incluyendo las primas, pero sin calcular otras bonificaciones.

La actual vicepresidenta y ministra tiene un sueldo bruto anual de 104.000 euros, correspondiente a la remuneración por su cargo ministerial y gubernamental, a los que hay que añadir unos 14.000 euros derivados de las indemnizaciones por su escaño en el Congreso. En total, 104.000 euros, que se quedarían muy por debajo de los más de 170.000 euros que percibiría si finalmente logra hacerse con la dirección general de la OIT. Este dinero corresponde únicamente al sueldo que recibiría por el cargo, al que habría que añadir las primas (que la entidad cifra en 40.000 francos suizos, según fuentes oficiales) y las ayudas para el alquiler de una vivienda, que pueden alcanzar topes de 13.000 euros mensuales.

La OIT tiene sede en Ginebra, aunque muchos se desplazan desde Francia, que se halla a pocos kilómetros de distancia. En el caso de la OIT, la organización contempla ayudas para su director general. Además, como alto cargo de una entidad adscrita a la ONU, el director de la OIT no paga impuestos. Los trabajadores adscritos a las Naciones Unidas gozan de inmunidad fiscal, puesto que el objetivo es garantizar la independencia del organismo.

Para Yolanda Díaz, se trataría de una mejora del 68% respecto a su salario actual. Cifras que han sido comentadas por algunos de sus excompañeros de bancada parlamentaria. Podemos señala la candidatura de Díaz como una «puerta giratoria» hacia organizaciones internacionales, y la compara con Nadia Calviño, ahora en el Banco Europeo de Inversiones. Pablo Iglesias tiró de ironía el pasado jueves: «Va a ser la afiliada de CCOO mejor pagada de la historia». Ione Belarra también comentó con un tono crítico el anuncio del respaldo del Gobierno a la candidatura de Díaz. «A nosotras nadie nos premió con un puestazo», lanzó en el Congreso.

Este dinero choca, además, con una institución que vive un momento de grave crisis financiera. Con la llegada de Donald Trump en la Casa Blanca, Estados Unidos ha cortado su inyección de dinero a la OIT. Desde 2023, el país norteamericano, que solía abonar el grueso de los fondeos de la OIT, ha decidido no cumplir con su compromiso. Esto ha llevado a la organización a lanzar oficialmente la alarma sobre su salud financiera.

El actual director general, Gilbert F. Houngbo, elegido en 2022, ha intentado resolver el asunto buscando un acercamiento a Trump y Estados Unidos. El propio Houngbo calificó recientemente la situación financiera de la OIT de «grave» y «sin precedentes en las últimas décadas». Los retrasos en los pagos alcanzan una cifra global de 260 millones de euros, lo que equivale a un tercio de los fondos que maneja anualmente la entidad. Estados Unidos era el país que más dinero aportaba: un 22% de lo que solía recibir la OIT. Y lleva más de 170 millones de euros sin pagar. Alemania y también China figuran entre los países incumplidores. España destina alrededor de siete millones anuales a la OIT y es de los países que han pagado en tiempo y forma a la entidad.

Ante la búsqueda de un acercamiento del actual director de la OIT a Estados Unidos, Yolanda Díaz ha mostrado una postura crítica. La vicepresidenta segunda del Gobierno es partidaria de reforzar el papel de China como principal valedor de la entidad, tal y como adelantó este diario. Díaz viajó recientemente a China, donde alabó los avances sociales del país, hizo varios guiños a su repunte tecnológico y apostó por reforzar las relaciones con Europa (de acuerdo con un enfoque compartido con Sánchez). Todo apunta a que en ese viaje tanteó durante sus conversaciones con los representantes gubernamentales de Pekín un posible respaldo a su candidatura.

La OIT nombrará a su próximo director general a través de una votación entre sus diez países con derecho a voto permanente, que son Brasil, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. A ellos hay que añadir otros 18 rotatorios, así como los representantes de grandes sindicatos y de las patronales. Se desconoce de momento la posición de estos Estados, aunque fuentes cercanas a la OIT comentan que queda, por ejemplo, por ver si Estados Unidos mantendrá su derecho a voto debido a sus incumplimientos en los pagos. Esta ausencia podría favorecer a la política gallega. Desde su entorno muestran optimismo ante la posibilidad de que la operación acabe a buen puerto. El Partido Popular considera que el apoyo del Gobierno a Díaz tiene como contrapartida su silencio ante los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno de Sánchez.

El PSOE y el Gobierno han salido en defensa de Begoña Gómez, para la que la acusación popular pide 13 años de prisión. La portavoz del partido, Montse Mínguez, señala que se trata de «una cacería» por ser la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Este caso no da más de sí», ha asegurado este lunes en una rueda de prensa en Ferraz. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha sostenido en la sede del Ministerio de Inclusión que la instrucción de la causa ha sido «totalmente anómala». Los socialistas también han reclamado al PP que firme el pacto de Estado frente a la Emergencia Climática propuesto hace un año, tras acusarle de hacer suyos postulados negacionistas de Vox.

Mínguez ha sido contundente con la situación de Begoña Gómez. Considera que se encuentra en la diana por su relación con el presidente del Gobierno. «Es inocente», ha recalcado tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE. Una condición que también defiende Saiz, para quien este caso «nunca tenía que haber comenzado. Ha sido una instrucción totalmente anómala». La ministra ha subrayado que no es «comprensible» que sea un jurado popular quien vaya a juzgar un procedimiento «tan mediático».

Saiz también ha opinado sobre las declaraciones del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien tachó en una entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser «puro odio». La portavoz ha recordado la «manera habitual con la que la presidenta Ayuso se refiere a los miembros del Gobierno de España» y ha defendido a su compañero remitiéndose «a las pruebas».

«Ayuso, ustedes la conocen mejor que yo. Se puede sentir muy dolida cuando le insultan, pero ella es la primera que dispara. Todas las administraciones deben trabajar juntas; pedimos la máxima colaboración. La gente está esperando; la gente está sufriendo», ha manifestado Mínguez tras ser preguntada por la pugna entre Óscar López y la presidenta madrileña. La portavoz del PSOE ha pedido que no se lancen bulos ni peticiones por X en plena lucha contra el «monstruo», como a calificado los incendios que arrasan Castellón, Madrid, Ávila, Toledo y Guadalajara.

La portavoz del PSOE ha vuelto a reclamar al PP que firme el pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que presentó el Gobierno hace un año, aunque antes ha atizado a los populares por negar el cambio climático. Mínguez ha reprochado a Esther Muñoz que lo califique como un mantra recordándole que «en lo que llevamos de verano se han multiplicado por seis el número de hectáreas quemadas» y que han fallecido personas.

«El cambio climático, como los incendios y las sequías, no entienden de ideológicas, pero sí de presupuestos», ha recalcado Mínguez. La portavoz del PSOE ha recordado las palabras de Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León hasta el pasado junio. Se ha remontado ocho años atrás, cuando el dirigente del PP aseguró en una entrevista que mantener el operativo de los incendios todo el año «es absurdo y un despilfarro».

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, acusa al Gobierno de utilizar el cambio climático como «mantra» para eludir responsabilidades y tapar su «mala gestión» en catástrofes. También le ha reprochado que sus pactos sobre los incendios con «soluciones ideológicas» no ponen «dinero encima de la mesa». Mínguez ha recogido el guante asegurando que el Ejecutivo ha puesto «los mayores recursos a disposición de las comunidades autónomas» y que cada región tiene que ser consecuente con sus competencias: «En lugar de llorar hay que saber administrar».

En opinión de Mínguez, el pacto de Estado frente a la Emergencia Climática «sí que es una prioridad nacional», en evidente referencia a los pactos entre los populares y Vox para priorizar a los ciudadanos españoles frente a los de origen extranjero. «Hace un año el PP buscó excusas para no molestar a sus socios y con el tiempo ha hecho suyos esos postulados. Son cálculos políticos», ha lamentado la portavoz del PSOE. Los socialistas también han aprobado el calendario de la segunda y tercera ventana de las primarias, que tendrán lugar el 26 de septiembre y el 14 de noviembre.

Uno de cada cinco niños en España vive en situación de carencia material y el 12% —equivalente a cerca de 700.000 menores— en carencia material severa, según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este indicador es uno de los más consultados por los expertos a la hora de cuantificar la pobreza, ya que mide la incapacidad de poder permitirse necesidades básicas tangibles, a diferencia de otros índices que comparan cuántas personas están por debajo de un umbral relativo a la media.

En Unicef hablan de la «dramática situación» de la infancia en España. «Hay varios problemas, pero el más notorio, el que choca más, porque España no es Burkina Faso, es que un tercio, grosso modo, de la población infantil vive en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y un 19% en la pobreza relativa», alerta Chema Vera, director ejecutivo nacional de la organización. «El 11,8% de los niños españoles viven en privación material severa, familias que en una semana tienen que decidir si comen carne o calientan la casa o reparan una mesa, aunque sean necesidades básicas».

Además, el responsable lamenta que no se estén produciendo avances en la situación de los niños más vulnerables. «En los últimos dos o tres años, ha habido una mejoría escasa de la pobreza en general, mientras que hemos visto un estancamiento o empeoramiento de la pobreza infantil», asegura. Esto se debe en parte a que a menudo «una pareja sin hijos vive junta y está por encima del umbral de la pobreza, pero [cuando] tienen un hijo, caen por debajo».

«Esa realidad obedece a dos factores estructurales: el acceso a la vivienda y su impacto en la pobreza y el bienestar infantil, y la precariedad laboral», señala Vera, que observa que «los salarios no son adecuados a los costes». Además, España tiene un peor sistema de protección social a las familias con hijos que el resto de Europa, especialmente el este. «Polonia reduce su pobreza infantil relativa en 20 puntos post transferencias sociales, mientras que España lo hace en seis, señal de que la protección no está funcionando. Esa es la realidad: en España se protege poco y mal».

Por ello, defiende una protección universal de la infancia progresiva asociada al IRPF. Su despliegue sería gradual, con un paraguas inmediato para los niños de hasta tres años que posteriormente se ampliaría hasta los 18. El portavoz de Unicef reconoce que estas medidas «no van a resolver el problema entero», pero se muestra convencido de que contribuirían de forma «muy significativa a la reducción de la pobreza infantil».

Entre otros problemas presentes en el país, el director menciona la falta de dotación de la ley de protección contra la violencia, el reto educativo, la salud mental y las redes sociales. También expresa «preocupación» por la situación internacional, ya que detecta «un retroceso en los principales indicadores» tras dos décadas de mejoras que terminaron con la crisis financiera, que llevó a un estancamiento a partir del año 2010. La pandemia de coronavirus, las guerras y el cambio climático también han golpeado a los países más frágiles, donde «hay niños que pasan hambre por fenómenos extremos y una pobreza estructural con un retroceso en los indicadores básicos de supervivencia infantil, alimentación y acceso educativo».

Vera critica que los Gobiernos hayan recortado la ayuda oficial al desarrollo un 23% entre 2020 y 2025 y un 35% en el caso de los fondos humanitarios, lo que ha tenido «un impacto devastador». Se remite a datos del instituto barcelonés ISGlobal para pronosticar 21 millones de muertes en 2030 por este motivo, de las que un tercio corresponderán a infantes. «Es un momento en el que toca defender la acción humanitaria, esta es nuestra última frontera de humanidad que nos separa de ser bestias, de dejar que mueran niños en una inundación, una sequía o una guerra».

Malestar interno en el Tribunal de Cuentas, el organismo público encargado de fiscalizar y controlar externamente el sector público, por el uso que están haciendo tanto el Gobierno como la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) de un informe suyo sobre el rescate de Plus Ultra. El documento —aprobado el 26 de septiembre de 2024 y llamado Informe de fiscalización de la actuación de la SEPI en el procedimiento de aprobación de operaciones de respaldo temporal del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas— no concluyó que el rescate de Plus Ultra fuera ilegal.

A raíz de esa conclusión, el Ejecutivo ha aprovechado para justificar la limpieza del préstamo. La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, explicó a la comisión de investigación del Senado el 13 de 2026 que «el Tribunal de Cuentas ha estudiado el expediente entero y no ha encontrado ninguna irregularidad». Dos meses después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue en la misma dirección y aseguró en el Congreso que este organismo fiscalizador «había validado» el rescate. Recientemente, el pasado 8 de julio, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, repitió el mismo argumento en la Cámara Alta para defender el préstamo.

Según ha podido saber este periódico, existe cierto recelo dentro de este órgano por el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros aprobado por el Gobierno en marzo de 2021 y que está siendo investigado en la Audiencia Nacional. Creen que aquel préstamo fue «extraño» porque la aerolínea no tenía «gran significación» en el sector turístico y que no hubo «claridad» para analizar el rescate. Además, subrayan que el Tribunal de Cuentas no contó con las herramientas suficientes para estudiar con detalle si fue o no legal. Las mismas fuentes creen que es una «irresponsabilidad» que el Gobierno use al organismo para defender esa operación porque «desprestigia» a la institución.

De hecho, si se analiza el informe que emitió el Tribunal de Cuentas, en las 145 páginas solo se menciona a Plus Ultra en una ocasión, señalando que fue el tercer solicitante del fondo, dotado en un principio con 10.000 millones de euros. La falta de medios propios de este organismo hace que los funcionarios, que son muy competentes, no pudieran apreciar irregularidad con el préstamo a la aerolínea porque cada indicio estaba «hilado muy fino». Un escenario que también se extiende a la financiación ilegal de los partidos, donde este organismo tampoco tiene los mecanismos para detectar cuentas paralelas.

El expediente de Plus Ultra que llegó al Tribunal de Cuentas hace dos años presentaba una apariencia formal: había recibido informes favorables de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC); de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y, aunque se observaban problemas en las cuentas, contaban con el respaldo de consultoras. Por un lado, de Deloitte (asesor de la SEPI) y, por otro lado, de DC Advisory y PwC (asesores de la aerolínea). Por último, también recibió el visto bueno del propio consejo gestor de la SEPI (donde había cinco altos cargos).

El Tribunal de Cuentas es de los pocos organismos del Estado que aún mantienen un perfil independiente y con personas preparadas en su cúpula, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que hasta ahora servía como modelo de organismo autónomo, haya incluido de forma reciente tres consejeros con una fuerte carga política, uno de ellos, además, sin formación para su cargo.

El principal requisito para recibir el rescate era «no constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. Sobre este criterio, un informe independiente encargado por la Justicia que investigó a Plus Ultra subrayó que «la existencia de un préstamo participativo, no haber registrado provisiones derivadas de ciertas contingencias, la cancelación de la deuda de los bonistas y la posibilidad de existencia de situación de insolvencia […] suscitaban dudas más que razonables sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a dicha fecha y, en consecuencia, sobre el cumplimiento de los condicionantes esenciales para la concesión de la ayuda pública».

Los investigadores señalaron que «los informes presentados por los asesores de la SEPI fueron redactados para justificar la concesión del rescate, pese a que Deloitte [asesor externo de la SEPI] señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertía de problemas graves de caja. Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables: un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp —que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica—, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión […]. Todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo».

Plus Ultra también superó el segundo requisito de ser una «empresa estratégica», pese a que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo generado en España en 2019 y solo operó 839 vuelos el año anterior a la pandemia, lo que la situó en el puesto 166 del sector por volumen de operaciones. Asimismo, también consiguió pasar el tercer criterio, que obligaba a «estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2019». Lo logró a pesar de que Deloitte —asesor externo de la SEPI— dejó constancia en un informe fechado el 26 de febrero de 2021 de que la compañía le había remitido una resolución, de 5 de octubre de 2020, que autorizaba el aplazamiento de una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social. Ese pasivo ascendía a 451.954,79 euros y correspondía a cuotas acumuladas entre julio de 2017 y mayo de 2020. Además, y según el auto del juez, se han detectado indicios de que Plus Ultra habría aportado datos falsos, alterando la identidad del verdadero titular de una deuda pendiente para facilitar la obtención de la ayuda.

Los arrepentidos de Plus Ultra avisaron a la Fiscalía de que iban a cargar contra José Luis Rodríguez Zapatero. El empresario Julio Martínez Martínez y los directivos de la aerolínea Julio Martínez Sola y Roberto Roselli informaron previamente a Anticorrupción de su intención de remitir un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para relatar las gestiones que realizó el expresidente del Gobierno a favor del rescate. Las defensas registraron los documentos el pasado lunes, un día antes de la declaración del empresario alicantino, que ratificó en sede judicial todas las cuestiones que había plasmado en papel. La intención es cooperar con la justicia y minimizar daños.

Las fuentes fiscales consultadas por THE OBJECTIVE reconocen que tanto Martínez Martínez como el presidente y el CEO de Plus Ultra comunicaron a Anticorrupción su intención: exponer en un documento todo lo relativo a las gestiones que realizó Zapatero para que Plus Ultra consiguiera un préstamo de 53 millones de euros en marzo de 2021. Aunque pueda parecer una acción coordinada, desde el Ministerio Público aseguran que no lo es. También rechazan que exista un acuerdo con los implicados, aunque aprecian su colaboración.

Como avanzó este diario a principios de julio, el presunto testaferro de Zapatero accedió a colaborar con la justicia presionado por su familia. Martínez Martínez se recluyó en Alicante, su tierra natal, y su entorno le convenció de tirar de la manta, aunque eso supusiera perjudicar al expresidente del Gobierno. En esta operación resultó clave el cambio de abogado que realizó a finales de mayo, cuando rompió con Bernardo del Rosal y contrató a María Dolores Márquez de Prado, una antigua fiscal de la Audiencia Nacional experta en pactos.

La defensa de Martínez Martínez registró el pasado lunes un documento de seis páginas en el que confesaba que Zapatero medió en la concesión del rescate a Plus Ultra y pactó cobrar el 1% de comisión. Un día más tarde ratificó sus palabras durante una declaración de más de tres horas en la Audiencia Nacional. Sin embargo, el presunto testaferro del expresidente del Gobierno afirmó que desconocía las personas con las que habló para que la aerolínea lograra la ayuda pública, lo que irritó al magistrado y a la fiscal del caso, Elena Lorente.

El escrito explica que Martínez Martínez tuvo conocimiento de Plus Ultra por Zapatero, que le dijo que le contactarían de la aerolínea. El empresario alicantino precisa que el 16 de mayo de 2020 se pusieron en contacto con él Martínez Sola y Roselli, presidente y CEO de la compañía, respectivamente. Según su versión, le hablaron de los problemas económicos de la empresa, de lo que ya había puesto al corriente al expresidente del Gobierno y de la necesidad de buscar financiación.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sostiene que Análisis Relevante, la consultora de Martínez Martínez, tuvo un papel instrumental y sirvió para canalizar las comisiones al entorno del expresidente del Gobierno por su supuesto papel en el rescate a Plus Ultra. Zapatero recibió a través de esta mercantil casi medio millón de euros por «informes orales y escritos», como él mismo admitió el pasado marzo en el Senado y en junio en la Audiencia Nacional.

«Tras diversas reuniones, se acordó que los socios de la mercantil serían el señor Martínez Martínez con una participación del 75%, don Sergio Sánchez del restante 25%. El planteamiento inicial fue que don Sergio, por su condición de periodista, finalizaría los informes que elaborara el consultor, informes que después maquetaría la mercantil Whathefav (la empresa de las hijas de Zapatero, también imputadas), con quien se estableció una iguala por importe de 3.000 euros mensuales, que se pagó hasta el año 2025», subraya el documento.

La trama decidió dejar fuera del accionariado a Zapatero, aunque en la práctica «era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes». Según Martínez Martínez, por su condición de expresidente del Gobierno y sus relaciones personales y profesionales, fue quien captó a las cuatro empresas que contrataron con Análisis Relevante hasta el año pasado. La abogada sostiene que su cliente «no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada» y que «su misión consistía en intermediar entre cliente y consultor».

«En su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir. Así, por ejemplo, les sugirió que enviaran una carta, de su parte, al vicepresidente del Banco de Santander, señor Cendoya, para la concesión de un crédito ICO. También, según le dijo don Roberto Roselli, solicitaron financiación a la entidad La Caixa. Ninguna de esas vías dio resultado», aclara el escrito. Martínez Martínez destaca que se firmaron dos contratos con Plus Ultra, uno el 30 de julio de 2020 a razón de 5.000 euros mensuales más IVA y otro el 19 de enero del año siguiente que comprendía el abono del 1% del rescate en concepto de comisión.

«En cuanto al cobro de los honorarios pactados en el contrato entre Idella y Plus Ultra el 19/01/2021, por la presión mediática que en aquel momento existía sobre la financiación pública concedida a la aerolínea, se decidió diferir el pago a lo largo del tiempo, hasta el año 2026, y que parte de esas cantidades se facturaran a través de otras empresas relacionadas con el señor Martínez Martínez. En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado», recalca el escrito.

El presunto testaferro de Zapatero reconoce que intentaron camuflar la mordida en varios pagos «por la presión mediática que en aquel momento existía sobre la financiación pública concedida a la aerolínea». Por ese motivo se decidió «diferir el pago a lo largo del tiempo, hasta el año 2026, y que parte de esas cantidades se facturaran a través de otras empresas relacionadas con el señor Martínez Martínez».

En sendos escritos, los responsables de Plus Ultra apuntalan la tesis de Martínez Martínez. Relatan desde la manera en que llegaron al expresidente del Gobierno a la existencia de un compromiso para pagar el 1% de comisión a través de diferentes pagos canalizados por Análisis Relevante y «numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46)» que sumarían 530.000 euros.

Hasta nueve generales de la Guardia Civil —además de un coronel al que se le busca plaza para ocupar esta alta categoría— han sido identificados por fuentes del Instituto Armado como afines al Gobierno de Pedro Sánchez, con un alto «perfil político», que explicaría la colonización del sanchismo de la cúpula militar. Una circunstancia que está creando un gran malestar dentro del Cuerpo, según aseguran a THE OBJECTIVE estas fuentes, dado que se está comprando a esta institución a base de «ascensos, prebendas y enchufes».

En el seno de la Guardia Civil ha empezado a perderse el miedo a denunciar la grave situación interna y de control de los mandos que está ejerciendo la actual directora general, Mercedes González. Una gestión de puño de hierro de una destacada militante socialista, que ha terminado por convertir a la cúpula de la Guardia Civil en un equipo al servicio del sanchismo, lo que alarma al Cuerpo.

La realidad de lo que sucede tras los muros de la Dirección General de la Guardia Civil en la sede central de la calle Guzmán el Bueno de la capital se ha puesto en evidencia tras conocerse los contactos que mantenía la fontanera del PSOE Leire Díez con Mercedes González. Una estrategia basada en las presiones que se han podido efectuar desde la cadena de mando a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que miraran para otro lado en las investigaciones que les encargaban los jueces sobre los presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno, a la familia del presidente y al PSOE.

Nada de esto habría sido posible si no fuera por la connivencia de una serie de mandos —hasta diez, han detectado fuentes del Instituto Armado— con el actual Gobierno. Generales que se han alejado de lo que siempre ha sido el fin último de la Guardia Civil —el «servicio al Estado»—, según la versión de estas fuentes, y se han puesto al servicio del Gobierno socialista. Una «suave y sutil colonización» de un organismo que siempre «ha sido ajeno a disputas políticas».

A la cabeza de esta lista de generales de adscripción sanchista que se maneja dentro del Instituto Armado está el teniente general Manuel Llamas, director general operativo (DAO) —conocido como el Indigno dentro del Cuerpo e imputado por el juez Santiago Pedraz junto a Mercedes González por el caso de las cloacas del PSOE—. Llamas está siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción de la Justicia, en el marco de la investigación por la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. Una trama que presuntamente habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

El siguiente mando al que apuntan las fuentes internas es el general de División Luis Peláez, responsable de la jefatura de Información. Este mando ha cerrado filas con su jefe superior, el general Llamas, en su declaración ante el juez que investiga las cloacas del PSOE, negando presiones a la UCO para que dejara de investigar los casos de presunta corrupción que afectaban al PSOE. Peláez rechazó que les hubiera recomendado «ponerse de perfil» y denunció una campaña contra él.

Otro de los mandos en el punto de mira es Javier Marín, general de brigada y responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citgo), y cercano al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que le nombró directamente para el cargo en diciembre de 2024. Estas fuentes aseguran que tanto Marín como Peláez están «empotrados» en el Ministerio del Interior y mantienen una «estrechísima vinculación con el ministro Grande-Marlaska».

Asimismo, otro de los generales del grupo de los denominados «sanchistas» es Francisco Almansa, general de brigada al mando de la Jefatura de la Comunidad de Madrid. Una jefatura que ocupó Fernando Mora, que pasó a la reserva después de negarse a acatar la orden de su superior, Luis Castillo, para que no asistiera en 2025 a los actos del 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, que presidía Isabel Díaz Ayuso. Precisamente el teniente general Luis del Castillo, jefe del Mando de Operaciones, es otro de los responsables de la Guardia Civil que forma parte de la lista de los mandos sanchistas.

El general de división David Blanes es el más cercano a la directora general Mercedes González, ya que es el jefe del gabinete técnico de la Dirección General, por lo que mantiene con esta una «relación estrecha» y es conocedor de las presuntas maniobras de la máxima responsable para poner la cúpula del Cuerpo al servicio del PSOE.

A este grupo también pertenecería el general de brigada Javier Moscoso, al frente de la Jefatura de Costas y Policía Marítima, máximo responsable del control de las fronteras. Igualmente, estas fuentes apuntan al general de división Santiago Martín Gómez, al mando de la Jefatura de Transformación Digital y Ciberseguridad, nombrado en abril de 2026.

Finalmente, el coronel Francisco José Vázquez, hasta ahora segundo responsable de la Jefatura de la Guardia Civil, que condecoró a Víctor de Aldama, está a la espera de que sus servicios al Gobierno se vean recompensados con el ascenso a general, una vez haya terminado el curso de ascenso; y algunas fuentes apuntan también que el teniente general Eduardo Martínez Viqueira, al mando de Personal, podría haberse resituado ahora, después de que quisieran cesarlo por no apoyar al Gobierno de Sánchez.

Agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) están preocupados por el control que ejerce el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la cúpula de este organismo que, a su juicio, se está traduciendo en que «el centro está dejando de trabajar para el Estado y lo está empezando a hacer para el Gobierno». Así lo aseguran a THE OBJECTIVE fuentes del CNI, que denuncian la «colonización» con «perfiles políticos» de un organismo clave para la seguridad, que se está poniendo «al servicio del PSOE».

La posibilidad de que el Partido Popular llegue al Gobierno después de las próximas elecciones generales ha convertido en un avispero a la mayoría de las instituciones y organismos del Estado. La pérdida del poder de Pedro Sánchez, que ha colocado a sus peones al frente de todos los puntos claves de la Administración General del Estado, ha desatado el temor de que los populares, si llegan al Palacio de la Moncloa, no puedan desmontar de manera inmediata esta estructura con tanto peso estratégico.

Uno de los centros de poder más sensibles es el CNI, sometido a la presión, como así ha desvelado este periódico, de firmar un acuerdo marco de colaboración con la inteligencia militar, a la que esta se resiste. Son movimientos encaminados a dar pasos para unificar las inteligencias civil y militar, antes de que el PSOE pueda ser desalojado del poder, si en los próximos comicios no consigue una mayoría para la investidura. Si en el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) el nerviosismo de sus miembros está aumentando, al no querer verse «fagocitados», a medio plazo, por el CNI, la inquietud no es menor en el segundo.

En el centro que dirige Esperanza Casteleiro —que sustituyó a Paz Estebán tras ser destituida en 2022 por la polémica de las escuchas de Pegasus al móvil del presidente Sánchez, varios ministros y 60 independentistas—, mano derecha de la ministra de Defensa, Margarita Robles, las alarmas se han desatado entre parte de sus agentes, que están viendo cómo el Gobierno quiere utilizarlos como servidores del PSOE, y no del Estado.

La preocupación es máxima, como así la han trasladado a TO, ya que aseguran que «toda la cúpula está formada por personal de perfil político, del gusto del PSOE», como son, además de la directora general, «el secretario general y los tres directores generales». A ello se suma, siempre según su versión, que «estos responsables están ubicando a personas de su confianza política en los puestos intermedios, que son claves a la hora de ejecutar las órdenes de la dirección».

Esta alarma se ha extendido entre «los profesionales con trayectoria», que ven en esta maniobra «una clara estrategia para un uso al servicio del PSOE», no solo ahora, sino en el futuro, si Feijóo se convierte en presidente del Gobierno. Una «colonización», insisten, que es «compatible con el intento de fagocitar la inteligencia militar y crear así un consorcio de inteligencia integral», dicen, al servicio de los socialistas.

Estos agentes del CNI ponen en valor «las capacidades de los 3.700 miembros del centro, que son inmensas», pero advierten de que «puestas al servicio de intereses ajenos al Estado, son bombas de relojería». El mismo temor que tienen miembros de la inteligencia militar, si se firma finalmente el acuerdo marco de colaboración con el CNI, que tenía que haberse rubricado el 1 de julio, pero que se está demorando por la resistencia del Jefe del Estado Mayor, según la versión aportada en su día por fuentes del Cifas, a esta colaboración.

Desde el Cifas advierten de que el CNI quiere que se les reconozca, tanto dentro como fuera de España, que son «la única autoridad nacional de inteligencia y, de facto, lo conseguirían». Estas fuentes van más lejos al afirmar que «la inteligencia militar española quedaría en una segunda división» porque «la relación con los servicios militares de la OTAN estaría en manos de los civiles, no en manos de los militares». Por ello explican que cómo se desarrolle la situación será «de vital importancia para la supervivencia de la inteligencia militar y que esté en el nivel que tiene que estar», porque «si se firma este acuerdo, la inteligencia militar estará bajo la bota del CNI».

La acusación popular pide 13 años de prisión para Begoña Gómez, procesada por los delitos de malversación y tráfico de influencias. El escrito de conclusiones provisionales que ha presentado este lunes Hazte Oír también solicita seis años de cárcel para su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. El documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, incluye seis periciales y más de un centenar de testificales, entre las que destacan la del expresidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Justicia; Félix Bolaños; el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; el antiguo CEO de Globalia, Javier Hidalgo; el exdirector de la Organización Mundial del Turismo (OMT) Zurab Pololikashvili y el comisionista Víctor de Aldama.

El juez Juan Carlos Peinado acordó el pasado 20 de junio enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. La acusación popular, que dirige Hazte Oír, y la Universidad Complutense se habían mostrado a favor de la vista, mientras que las defensas y la Fiscalía defendieron el archivo de la causa. La Audiencia Provincial de Madrid avaló hace diez días la decisión del instructor, aunque limitó el caso a dos delitos. El magistrado también impuso medidas cautelares contra la esposa de Sánchez y su asistente en Moncloa para evitar el riesgo de fuga durante el tiempo que dure el procedimiento.

La solicitud supone una rebaja sustancial respecto a los 24 años que reclamó la acusación popular en el primer escrito de conclusiones provisionales enviado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La modificación responde al auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que ratificó el juicio con jurado para Begoña Gómez, pero limitó a dos los cuatro delitos que le imputaba Peinado.

Hazte Oír reclama dos años por el delito de tráfico de influencias al considerar que se prevaleció de su condición de esposa del presidente del Gobierno para que la Complutense creara a su medida la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), multa del duplo del beneficio y prohibición de contratar durante diez años con el sector público. El escrito solicita suspensión de cargo público cuatro años y otros tres años de prisión por malversación continuada, al destinar a fines privados fondos públicos a través de su asistente en Moncloa, que le habría ayudado en sus tareas profesionales.

El grueso de la petición de cárcel, ocho años, está relacionado con el delito de malversación agravada. La acusación popular considera que Begoña Gómez se apropió del software desarrollado con fondos públicos de su cátedra a través de marcas, el dominio transformatsc.org y la sociedad Transforma TSC SL.

Hazte Oír cifra el perjuicio a la Complutense en 113.509 euros, que la universidad reclama a la esposa de Sánchez. También solicita inhabilitación absoluta durante 20 años. Subsidiariamente, en caso de que el tribunal aprecie concurso medial entre el tráfico de influencias y la malversación, la pena única que se solicita es de diez años. La solicitud para Álvarez se reduce a seis años de prisión e inhabilitación absoluta de 15 años como cooperadora necesaria en el desvío del software. La asistente de Moncloa se presentaba como «colaboradora» de Begoña Gómez en la Complutense.

«Desde el momento del nombramiento de su esposo como presidente del gobierno (en junio de 2018), aumentó la proyección institucional de la investigada, así como su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados y su ámbito de relaciones sociales y posibilidades de acceder a los directivos de grandes empresas; siendo la misma consciente en todo momento de todo ello, y por tanto de la capacidad de influir en otros por sus vínculos personales. E igualmente accedió a la posibilidad de utilizar medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y/o universitarios», defiende el escrito.

El documento, de 74 páginas, recalca que Begoña Gómez dio un giro radical a su trayectoria profesional de forma voluntaria, pasando a dirigir el IE Africa Center e impulsando la creación de la cátedra. «Todo ello se produjo pese a no ser licenciada universitaria y sin un proceso abierto y competitivo de selección académica equiparable al ordinario de la Universidad Complutense». Para narrar ese cambio de rumbo, Hazte Oír pide que testifique Juan José Güemes y otros dirigentes de la IE University, que la contrató cuando Sánchez accedió al poder; Hidalgo, que firmó un patrocinio a través de Wakalua; y Pololikashvili.

En total, la acusación popular propone que la testifical de 118 personas, entre ellos tres agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, personal de la Complutense, de las empresas que colaboraron con Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés para que dé cuenta de las reuniones mantenidas en el Palacio de La Moncloa, su colaboración en el máster y en el proyecto de la cátedra de TSC. Cuestiones de las que ya dio algunas claves durante sus declaraciones como acusado. La Audiencia de Madrid le eximió de sentarse finalmente en el banquillo.

Entre los testigos que se propone destaca Sánchez, al que se cita para que ofrezca explicaciones sobre el uso de La Moncloa como ámbito relacional del proyecto. También se encuentran en el listado Bolaños, al que Hazte Oír considera «determinante» para esclarecer el nombramiento de Álvarez como asistente de Begoña Gómez en Moncloa en julio de 2018, y Goyache, «esencial» para la creación de la cátedra. El rector de la Complutense ya reconoció al juez instructor que había acudido al complejo presidencial para reunirse con la acusada tras una llamada de su secretaria.

«La fuerza de trabajo de Cristina Álvarez, retribuida con fondos públicos, quedaba así legalmente afecta, de modo exclusivo, a la
función pública de confianza y asesoramiento para la que fue nombrada, integrando un recurso de contenido económico perteneciente a la Administración General del Estado. El desempeño laboral habitual era en el Palacio de la Moncloa, y no comprendía nunca la gestión de la agenda privada, empresarial, laboral, universitaria o societaria de la acusada Begoña Gómez», subraya la acusación popular. La asistente disfruta de un sueldo de 37.000 euros netos (algo más de 52.000 euros brutos).

El Ministerio del Interior ha reconocido oficialmente que desmanteló el Grupo ARES de la Unidad Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en abril de 2025, pero se ha negado a mostrar un solo documento que permita conocer cómo se adoptó aquella decisión, quién la autorizó o qué informes la respaldaron. La cartera de Marlaska, a través de la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) , da como única explicación que «la medida tenía como finalidad optimizar el potencial de servicio, priorizando principalmente la seguridad de la infraestructura crítica, el resguardo fiscal del Estado y la lucha contra los tráficos ilícitos, ámbitos todos ellos de la responsabilidad de la Guardia Civil».

Esta conclusión se desprende de la Resolución 192/2026 de la DGGC en respuesta a una solicitud presentada por THE OBJECTIVE al amparo de la Ley de Transparencia de 2013. Aunque el organismo acuerda formalmente la «concesión» del acceso a la información, la documentación solicitada no se aporta con documentos. En su lugar, la resolución los sustituye por una explicación genérica de apenas unos párrafos en los que esgrime una «decisión técnica» adoptada en abril de 2025 en aras de «optimizar el potencial de servicio» mediante la reasignación de efectivos a otras prioridades operativas. Todo ello, sin que Interior haya hecho público un solo documento que permita verificar cómo se adoptó realmente aquella decisión o cuáles fueron los informes que la sustentaron.

La petición solicitaba de forma expresa «los motivos y fundamentos de la disolución del Equipo Ares», la «orden o resolución que acordó el desmantelamiento», «la fecha exacta de la decisión», «la autoridad o mando que la adoptó», así como «toda la documentación interna que justifique o motive dicha medida». También reclamaba «copia completa de la orden, resolución o acuerdo de disolución», incluidos «cualquier anexo, informe previo o estudio de reorganización de la Unidad Fiscal y de Fronteras que lo justifique». Además, se pedía conocer el destino de los expedientes que permanecían abiertos cuando desapareció el grupo, especialmente aquellos relacionados con «investigación de seguridad aérea, falsificación documental o vulneraciones de normativa aeronáutica», así como estadísticas de actividad y las comunicaciones remitidas a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y a la Fiscalía Provincial de Madrid.

«La decisión a este respecto obedece exclusivamente al ámbito técnico, operativo y de optimización de recursos», reza la resolución que se ha hecho llegar a esta redacción, pero esta no permite comprobar la afirmación, ya que no incorpora ninguno de los documentos solicitados. La resolución tampoco responde individualmente al resto de preguntas formuladas por el solicitante, como sí suele ser habitual: no aporta la orden de disolución del Grupo ARES, ni facilita los informes previos que hubieran analizado la reorganización, no identifica la autoridad que adoptó la decisión ni entrega los anexos ni estudios internos solicitados. Tampoco se informa del número de expedientes que gestionaba el grupo ni explica el destino concreto de las investigaciones abiertas en el momento de la desaparición de la unidad.

En lugar de ello, la Guardia Civil se limita a formular una afirmación de carácter general: «La Unidad Fiscal y Fronteras-Madrid continúa teniendo la misma capacidad investigadora en materia de seguridad aérea». Paradójicamente, el propio documento declara que la solicitud de transparencia es «procedente» y acuerda la concesión de su resolución. Sin embargo, el acceso a la información solicitada queda reducido a una explicación narrativa, sin ningún documento adjunto, que sí tendría un verdadero valor periodístico.

La resolución comienza explicando que «los guardias civiles destinados en la Unidad Fiscal y Fronteras de Madrid desempeñan mayoritariamente sus funciones en el aeropuerto Madrid-Barajas, encuadrados en unidades orgánicas». Añade que, «puntualmente y para abordar una problemática específica, pueden englobarse, según necesidades y en función de los recursos disponibles, en unidades funcionales, como era el caso del grupo ARES, que desarrollaba funciones de inspección administrativa en apoyo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)». Así las cosas, es la primera vez que la DGGC reconoce expresamente cuál era el cometido del Grupo ARES: prestar apoyo a la AESA en funciones de inspección administrativa relacionadas con la seguridad aérea.

Según el documento, «las necesidades operativas en otros ámbitos hicieron que, en el mes de abril de 2025, se adoptara la decisión técnica de reincorporar al personal integrante del grupo ARES a sus unidades orgánicas», pero no esclarece quién tomó la decisión técnica, ni acompaña la resolución interna correspondiente, ni aporta informe alguno que justifique la reorganización, pese a la solicitud expresa de este diario. La única explicación ofrecida es que «la medida tenía como finalidad optimizar el potencial de servicio, priorizando principalmente la seguridad de la infraestructura crítica, el resguardo fiscal del Estado y la lucha contra los tráficos ilícitos, ámbitos todos ellos de la responsabilidad de la Guardia Civil».

La resolución, por tanto, confirma que el Grupo ARES fue desmantelado y sitúa la decisión en abril de 2025, pero no facilita la documentación administrativa que permita entender los motivos técnicos que llevaron a aquella decisión.

El magistrado Rubén Rus, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, ha acordado prorrogar seis meses más la instrucción del conocido como caso Montoro, atendiendo a la petición de la acusación popular ADIVE (Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada).

El juez considera que la investigación, en la que se indagan posibles delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, presenta una especial complejidad.

La causa, abierta en 2018 y que permaneció bajo secreto de sumario durante aproximadamente siete años, hasta su levantamiento en 2025, gira en torno a una presunta trama vinculada a la mercantil Equipo Económico (posteriormente Global Afteli), despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

Según la investigación, esta consultora habría intervenido en el proceso legislativo a cambio de elevadas cantidades económicas, impulsando reformas legales favorables a sus clientes, especialmente empresas gasísticas asociadas a la AFGIM (Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales).

Tras el levantamiento del secreto de sumario, se ha tomado declaración a 15 investigados —cinco personas jurídicas y diez físicas—. Solo uno ha declarado, mientras que el resto se ha acogido a su derecho a no hacerlo, reservándose pronunciarse una vez se resuelvan los recursos de apelación ante la Audiencia Provincial.

Asimismo, se han realizado diversos requerimientos al Registro Mercantil, a notarías, empresas gasísticas, la AFGIM y al Ministerio de Hacienda. También se ha accedido al Fichero de Titularidades Financieras y se han librado mandamientos a entidades bancarias para completar los informes elaborados por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Agencia Tributaria.

Del análisis de la documentación y de las declaraciones disponibles, tres investigados han manifestado residir fuera de España y han solicitado declarar mediante una Orden Europea de Investigación (OEI) o una comisión rogatoria. Además, está previsto citar a otros 17 investigados.

El magistrado considera que la práctica de estas diligencias generará nuevas actuaciones imprevisibles dentro del plazo inicialmente previsto, lo que justifica la prórroga de la instrucción durante seis meses más.

La acusación popular, representada por ADIVE y su abogado Jorge Piedrafita, ha mostrado su satisfacción con la decisión judicial, al entender que permitirá profundizar en una investigación con numerosos implicados, empresas interpuestas y un presunto fraude que, según sostiene, podría superar los 1.000 millones de euros. Piedrafita ha señalado que solicitarán las máximas penas al considerar que se trata de uno de los mayores expolios de fondos públicos.

El ‘caso Montoro’ investiga presuntos pagos de empresas gasísticas —como Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos, a través de la AFGIM— a Equipo Económico por importes que, según informes policiales y de la Agencia Tributaria, oscilarían entre 670.000 euros y cerca de un millón de euros.

A cambio, se habrían promovido modificaciones en normativas fiscales, entre ellas las relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad y al Impuesto sobre Actividades Económicas, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. La investigación se inició a raíz de un hallazgo casual realizado en 2017 durante un registro de los Mossos d’Esquadra en una empresa de Tarragona, en el marco de otra causa judicial.

Montoro y su entorno sostienen que se trató de una actividad de asesoramiento plenamente legítima y han recurrido tanto la prórroga como otras decisiones adoptadas durante la instrucción, alegando indefensión y solicitando el archivo de la causa o su traslado a Madrid. El juez ha mantenido la competencia del juzgado de Tarragona.

La instrucción, que ya supera los siete años de duración, continúa abierta con nuevas diligencias patrimoniales y documentales pendientes, sin que hasta la fecha exista ninguna condena, al encontrarse el procedimiento todavía en fase de investigación.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha reconocido por primera vez las retribuciones percibidas por Miguel López de Foronda Pérez durante su etapa como director general de Riesgos y Control Financiero. Lo hace en un documento oficial de siete páginas en el que desvela que el exdirectivo de la constructora china ligada a José Luis Rodríguez Zapatero, Aldesa Construcciones, percibió 134.947,91 euros en 2021, 139.647,94 euros en 2022 y 132.947,26 euros entre enero y noviembre de 2023, además de 24.287,69 euros durante los últimos meses de 2020, cuando fue nombrado para el cargo. El citado exdirectivo resolvió su contrato con el ICO en 2023 de mutuo acuerdo entre las partes, sin indemnización.

La resolución dedica varios apartados a justificar la legalidad del nombramiento, llegando a afirmar que el contrato se formalizó «previo informe favorable de la Abogacía del Estado» y cumpliendo «los requisitos de formación y experiencia profesional». Además, recuerda que la incorporación inicial en 1998 de López de Foronda «se llevó a cabo mediante una convocatoria de empleo público, por concurso oposición», mientras que el nombramiento como director general en 2020 «se encuadra en el régimen específico del personal directivo, sin que en ese momento resultara exigible articular el nombramiento mediante convocatoria pública propia del resto del personal laboral».

La constructora china ligada al caso de José Luis Rodríguez Zapatero es Aldesa Construcciones, controlada por el grupo estatal China Railway Construction Corporation (CRCC).

Tras examinar la documentación laboral, el organismo concluye que existe información suficiente para reconstruir parte de su carrera profesional, ya que «consta que D. Miguel López de Foronda Pérez se incorporó al ICO el 1 de diciembre de 1998 mediante contrato laboral indefinido». Posteriormente, el «4 de julio de 2007, le fue concedida excedencia voluntaria», circunstancia que «suspendió la relación laboral». Más de 13 años después, «el 13 de octubre de 2020 se reincorporó mediante contrato laboral especial de alta dirección como Director General de Riesgos y Control Financiero, en virtud de Resolución del Presidente de 8 de octubre de 2020». La relación laboral concluyó tres años más tarde, ya que «el contrato se extinguió por mutuo acuerdo con fecha 30 de noviembre de 2023 […], sin percepción de indemnización por ninguna de las partes». Antes de resolver la solicitud, el ICO dio traslado de la misma al propio López de Foronda para que pudiera formular alegaciones. Según recoge expresamente la resolución, el interesado manifestó que «es personal en excedencia de ICO» y que «se incorporó en el mes de diciembre de 1998 mediante un concurso-oposición».

Según recoge literalmente la resolución, el Tribunal de Cuentas verificó que el Instituto «aprobó en enero de 2024 una Circular Interna para la designación del personal de Alta Dirección y ha realizado convocatorias públicas para la cobertura de puestos de alta dirección desde esa fecha», considerando cumplida la recomendación de implantar procedimientos que garanticen «los principios de publicidad, concurrencia, mérito, capacidad e idoneidad». No obstante, precisa que ese reconocimiento «no implica cuestionamiento del régimen jurídico aplicado en 2020». Así, el ICO subraya que modificó posteriormente sus procedimientos de selección.

Respecto a la existencia de posibles conflictos de intereses, la resolución afirma que «en la documentación examinada no consta declaración o registro de parentesco, afinidad, relación con empresas del sector privado o posible conflicto de intereses durante el proceso de selección o incorporación». No obstante, añade que el propio López de Foronda manifestó en sus alegaciones que, cuando regresó al ICO en 2020, «a pesar de no ser necesario, no quería estar involucrado en nada relacionado con una empresa determinada, al provenir de la misma», motivo por el que «se abstuvo […] en la toma de decisiones en los órganos competentes del ICO», extremo que, según el documento, «ha sido corroborado por el ICO». Sin embargo, la resolución no identifica el nombre de esa empresa.

En materia retributiva, la resolución incorpora una tabla con los salarios brutos percibidos durante su etapa como alto directivo, cuantías que «corresponden a la retribución anual bruta total devengada, incluida, en su caso, la retribución en especie», y añade que «el complemento variable está condicionado a la consecución de los objetivos aprobados por el Ministerio de adscripción para cada ejercicio». Sin embargo, precisa igualmente que «no se facilitan desgloses adicionales por conceptos ni reconstrucciones individuales de nómina».

La resolución responde a una petición registrada el 22 de mayo de 2026 por THE OBJECTIVE en la que se solicitaba conocer la trayectoria profesional, las retribuciones y el proceso de selección del mencionado directivo al amparo de la Ley de Transparencia de 2013. La misma estima parcialmente las reclamaciones iniciales de esta redacción: entre otros extremos, la «fecha exacta de incorporación al ICO», el «sueldo anual bruto total recibido, desglosado por conceptos», la «cronología completa de la trayectoria profesional», así como el procedimiento seguido para cada nombramiento y el número de candidatos que concurrieron a cada puesto.

Pese a los datos relevados, el organismo oficial del Estado, como es habitual en este tipo de resoluciones de Transparencia, rechaza trasladar a este diario buena parte de la información solicitada. En primer lugar, deniega el acceso a «información de contenido económico individualizada correspondiente al periodo de relación laboral ordinaria», incluyendo «retribuciones, complementos, variables, dietas, indemnizaciones, reembolsos y conceptos análogos» por considerarlo información personal. También rechaza facilitar «evaluaciones de rendimiento, calificaciones, puntuaciones o valoraciones de desempeño individualizadas», al entender que se trata de «información personal evaluativa vinculada a una persona física identificada».

En las últimas líneas del documento que obra en esta redacción, el ICO recuerda que contra esta decisión cabe interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o un recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, ya que no se han contestado todos los extremos por los que se consultó en un principio.