Más de 300 toneladas de residuos han sido retiradas en las últimas horas de los asentamientos establecidos por inmigrantes que permanecían en la ciudad desde finales de julio y que estaban en distintas zonas.

Según ha informado el Gobierno ceutí, más de 200 operarios de la empresa municipal de limpieza (Servilimpce), así como de las empresas Makerel y Africana, y Áridos y Transportes del Estrecho, han tomado parte en la limpieza de los asentamientos que el pasado domingo fueron desalojados por la Policía Nacional.

En concreto, se ha actuado en las inmediaciones de las naves del Tarajal, las barriadas de Poblado de Regulares y Los Rosales y el entorno del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Los funcionarios de limpieza han recogido más de 300 toneladas de residuos de todo tipo de enseres, principalmente cartones, maderas y plásticos acumulados.

Desalojado en Ceuta un autobús de inmigrantes tras usar gas pimienta uno de ellos

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La Ciudad ha agradecido el «esfuerzo y el duro trabajo» que están desempeñando estos trabajadores con el objetivo de que estas zonas vuelvan a estar «limpias y saludables». La limpieza se realiza después de que la Policía Nacional haya retirado este domingo de estos asentamientos a cerca de 500 inmigrantes que vivían en los mismos desde finales de julio tras la entrada masiva de más de 80.000 personas.

Cada quince días el Ministerio del Interior publica un informe con las cifras de inmigración ilegal acumuladas desde el 1 de enero desglosadas por vía de entrada y por territorio. Es el único balance oficial que existe y sobre él se construyen los debates parlamentarios y las comparaciones con años anteriores. Por su propia naturaleza, un acumulado sólo puede crecer o quedarse quieto, de manera que cuando una de sus filas aparece más baja que en el informe anterior la explicación no está en la frontera sino en el despacho que elabora la tabla. Eso es lo que ha ocurrido con Ceuta en los meses posteriores a la invasión del 30 de julio, y lo llamativo no es sólo el recorte, sino que el Ministerio lo haya hecho sin una sola línea de advertencia, exactamente igual que en 2021, cuando la entrada masiva de mayo acabó desapareciendo de los balances por el mismo procedimiento silencioso.

El informe acumulado a 15 de agosto fijaba las entradas por vía terrestre en Ceuta en 5.013 inmigrantes, frente a 1.722 en la misma fecha de 2025, lo que suponía un 191% más. El informe acumulado a 15 de octubre, publicado hace unos días, las deja en 4.076. Entre una fecha y otra han desaparecido 937 inmigrantes ilegales de la estadística oficial, y no hay cambio de criterio anunciado que lo justifique, porque es la misma tabla, la misma fila y la misma fuente con un número menor dos meses después.

Para calibrar lo anómalo del dato basta mirar alrededor. En ese mismo tiempo de 2025 Ceuta sumó 1.169 entradas por tierra, y Melilla, que soporta la misma presión y depende del mismo Ministerio, ha pasado este año de 548 a 701, de modo que ha sumado 153. Ceuta es la única fila de todo el informe que retrocede, y lo hace justo en el periodo que más interés tenía el Gobierno en dejar atrás.

El efecto sobre la comparación interanual es el esperable. A mediados de agosto Ceuta crecía un 191% respecto a 2025 y a mediados de octubre crece un 41%, de modo que la mayor entrada masiva que ha sufrido la ciudad queda reducida a un repunte moderado.

El precedente del año 2021

No es la primera vez que ocurre. En mayo de 2021, tras la entrada de miles de marroquíes por el espigón del Tarajal los días 17 y 18, Interior optó por no incorporar aquellas entradas a sus balances y durante meses cada informe quincenal repitió que los datos de esos dos días «no han podido ser actualizados ya que se encuentran bajo análisis y tratamiento». Nunca llegaron a actualizarse, y la Organización Internacional para las Migraciones, que había publicado más de 10.000 entradas por tierra a España aquel año retiró después la cifra de su web sin dejar rastro.

Además, aquel otoño el Ministerio hizo con la serie marítima de Ceuta lo mismo que ahora hace con la terrestre. Las entradas por mar pasaron de 799 en el informe de 14 de septiembre de 2021 a 694 en el de 30 de septiembre y siguieron bajando hasta cerrar octubre con 203 menos, con lo que el incremento interanual cayó del 297% al 31%. Cinco años después el método es idéntico.

Lo que el Ministerio tendría que aclarar

Caben tres explicaciones para que un acumulado retroceda y conviene ponerlas todas sobre la mesa. La primera es que se hayan descontado devoluciones ejecutadas a Marruecos después del 30 de julio, lo que supondría confundir entradas con permanencia y obligaría a explicar por qué no se restan también en Melilla o en Canarias. La segunda es una depuración de dobles conteos entre la frontera y el CETI, legítima pero necesitada de una nota metodológica que no existe. La tercera es que se haya reclasificado a quienes han sido trasladados a la Península para que dejen de constar como entrados por Ceuta. Cualquiera de las tres merecería una línea en el informe y ninguna la tiene.

Lo documentado es que el acumulado de Ceuta ha bajado en 937 personas en dos meses, que es la única serie del informe que retrocede y que en 2021 el Ministerio ya hizo desaparecer de sus balances primero las entradas de mayo y después 203 llegadas por mar. Con estos datos y precedentes, no estamos ante un error sino ante una forma de gestionar la estadística que se repite cada vez que Ceuta deja en evidencia la política migratoria del Gobierno y su relación con Rabat.

Sanidad ha confirmado en Ceuta un caso de difteria en un residente español, el primero identificado en España desde 2021, cuando se diagnosticó una infección cutánea en Galicia. Es el tercer caso detectado en la ciudad autónoma en menos de una semana, después de los registrados en una mujer inmigrante y un menor extranjero no acompañado.

El nuevo paciente es un hombre de edad avanzada que no se encuentra grave. Permanece aislado en su domicilio y recibe tratamiento con antibióticos, según la información publicada por El Debate.

Desde Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) han señalado que el afectado no ha tenido contacto directo con personas inmigrantes. La información disponible no establece una relación entre su infección y los otros dos casos.

La bacteria se detectó al analizar una herida

El diagnóstico se produjo después de que se analizara una herida que el paciente recibía curas en el centro de salud de Otero. El cultivo dio positivo y los sanitarios están pendientes de conocer la virulencia de la bacteria.

Las autoridades deben localizar ahora a sus contactos estrechos para determinar si requieren profilaxis y seguimiento. La información difundida señala que las personas para las que se indique esa medida podrán recibir un tratamiento antibiótico preventivo. La difteria es una enfermedad de declaración obligatoria, por lo que su detección activa las actuaciones sanitarias de vigilancia y control correspondientes.

Vigilancia reforzada entre el personal sanitario

Los dos casos anteriores se confirmaron menos de una semana antes. Uno afecta a una mujer que residía en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y el segundo a un menor no acompañado alojado en un centro de acogida de Ceuta.

Las autoridades sanitarias han reforzado la vigilancia ante el aumento de enfermedades infecciosas observado en la ciudad tras la entrada masiva de inmigrantes.

El servicio de Medicina Preventiva del HUCE remitió el domingo por la tarde una comunicación al personal sanitario para extremar las medidas de prevención frente a la exposición a agentes biológicos. También recordó a los trabajadores del INGESA la obligatoriedad de utilizar material de protección durante su actividad asistencial.

En su último informe aportado a la jueza María Tardón en la causa en la que se investiga la entrada masiva el pasado 30 y 31 de julio en Ceuta, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha aportado una nueva cronología sobre la actitud de las autoridades marroquíes durante el comienzo de la crisis. Aunque en los días anteriores al 30 de julio –cuando 80.000 inmigrantes entraron ilegalmente en territorio español– Rabat mantenía "una cierta proactividad en la interceptación de nadadores", durante las horas críticas "se observó un insuficiente despliegue de las fuerzas de seguridad combinado con una actitud de pasividad". Esta actitud, según recoge el informe, al que ha tenido acceso El Independiente, "llevó al desbordamiento de su dispositivo".

Para el CNI, el motivo principal del "insuficiente despliegue" de las autoridades marroquíes ese día fue la Fiesta del Trono, que Mohamed VI celebraba a pocos kilómetros de la frontera española. Según detalla el informe, desde Rabat "decidieron dar prioridad" al dispositivo de seguridad para los festejos por el 27 aniversario de la llegada del monarca al trono marroquí. Y es que el 30 de julio Mohamed VI se encontraba en su palacio de M'diq (Rincón), situado a menos de treinta kilómetros de Ceuta.

"Esto produjo que la llegada de inmigrantes de forma descontrolada al entorno de Ceuta se pudiera hacer sin la oposición de las fuerzas de seguridad marroquíes", concluye el CNI. De hecho, el propio servicio de inteligencia admite que Marruecos comenzó a "aplicar medidas más contundentes" cuando ya se había producido "el
pico de entradas por tierra y mar" a la ciudad autónoma. Solo cuando ya habían entrado 80.000 personas al territorio español las autoridades alauís empezaron a realizar detenciones, traslados al interior y usar medios disuasorios.

Marruecos priorizó su seguridad pese al aviso desde España

Esta información llega mes y medio después de que el Gobierno desclasificase el contenido de cuarenta informes con los que se pretendía justificar su actuación durante el comienzo de la crisis. Uno de estos documentos era una comunicación entre el CNI y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) y de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), los servicios de inteligencia interior y exterior de Marruecos.

Según se desprende de ese documento, a las 18:26 horas del 29 de julio, el servicio secreto español se puso en contacto con su contraparte marroquí para avisarle de que al día siguiente había convocado un intento de entrada a la ciudad española. "POSIBLES INTENTOS DE ENTRADA A CEUTA DURANTE LA SEMANA DE LA FIESTA DEL TRONO", avisaban los agentes españoles. Sin embargo, y según se desprende de las nuevas conclusiones del CNI, Rabat decidió ignorar el aviso y priorizó el dispositivo de seguridad durante la Fiesta del Trono.

Rabat ignoró a Madrid

De hecho, el mismo informe que se publicó la semana pasada recoge que esta festividad es una fecha "recurrente y de referencia" en las convocatorias para cruzar ilegalmente promovidas en las redes sociales de Marruecos "al ser habitual que las fuerzas de seguridad marroquíes se centren en el control de las diferentes celebraciones". A pesar de esto, y de que la inteligencia española detectó grupos con miles de participantes, las autoridades de Rabar ignoraron la advertencia de Madrid.

Este último documento también apunta en esta dirección. "Las autoridades marroquíes eran conscientes, días antes de que se produjera la entrada masiva, de que se estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares a Ceuta, y habían decidido reforzar el dispositivo de seguridad existente hasta ese momento", asegura el CNI. Por ello, es chocante que, en la práctica, mostraran una implicación "muy irregular" en la prevención y control de la crisis, en las propias palabras de los servicios de inteligencia.

Los agentes marroquíes controlaron los alrededores de Castillejos

El nuevo documento revela a su vez que las fuerzas marroquíes retuvieron preventivamente a grupos de subsaharianos en los montes de Castillejos "para bloquear su avance" desde la tarde del 30 de julio. En estos montes se suelen establecer los inmigrantes subsaharianos que llegan hasta territorio marroquí con la intención de llegar hasta España. Desde allí, esperan su oportunidad para poder cruzar hacia Ceuta.

Según la cronología del CNI, "tras considerar que la situación de entrada masiva en Ceuta estaba completamente controlada", al día siguiente –el 1 de agosto– las autoridades marroquíes crearon "células de crisis". Estos operativos estaban destinados a asegurar que la convocatoria de un nuevo intento de cruce a Ceuta no tuviese éxito, tal y como sucedió el 15 de agosto. Aunque la inteligencia española no lo menciona, las imágenes tomadas ese día mostraban, en su mayoría, a inmigrantes subsaharianos, no marroquíes. Durante aquella jornada, los periodistas de RTVE y Efe que cubrían el dispositivo de seguridad desplegado por Rabat fueron expulsados de esta zona.

La intención de Marruecos de "controlar el relato"

El informe señala además que "se han observado las iniciativas de las autoridades marroquíes en diferentes ámbitos con objeto de tratar de evitar condenas o llamadas de atención por parte de organismos internacionales como la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 17.09.20266". Esta resolución salió adelante sin los votos de la izquierda parlamentaria.

Además, los agentes señalan que "la gestión de esta crisis por parte de las autoridades marroquíes tiene como finalidad prioritaria controlar el mensaje sobre la situación social en el norte del país y mantener la imagen de aliado comprometido y fiable con la Unión Europea y España en relación con los flujos migratorios", sentencian.

The report from Spanish newspaper ABC, citing Spanish National Police sources, also indicated that about 95 percent of the applications under review involve Moroccan nationals, and of those already decided, the rejection rate is estimated at about 99 percent.

Police have knowledge of at least 19 favorable decisions for people who entered during the July episode; five of those rested on sexual-orientation grounds.

The Unified Police Union (SUP) representative in Ceuta, Raúl Piera, told local media the share citing homosexuality has risen as high as 90 percent in the most recent filings. Applicants initially mentioned unemployment, family reunification or other reasons, he said.

After word circulated that economic grounds were unlikely to succeed, the accounts shifted.

“At first, they were not informed and did not know what they should say. But word spread,” Piera said.

Police sources have also raised the possibility that some applicants received advice, including from NGOs, on which grounds might improve their chances. While no fraud has been proven, the overwhelming amount of applications based on claims of homosexuality raises various red flags about the asylum application process.

Same-sex sexual relations are criminalized in Morocco under Article 489 of the penal code, which provides for prison terms of six months to three years. Spanish and European rules treat a well-founded fear of persecution on grounds of sexual orientation as a potential basis for protection.

Declaring oneself homosexual is not sufficient, however. Authorities examine the consistency of each account, personal circumstances and the risk upon return through interviews and documentation.

Interior Minister Fernando Grande-Marlaska, speaking in Ceuta, said a mere allegation is not enough: there must be “a principle of objective and clear proof” and “a minimum of serious evidence.”

Nearly 1,200 international-protection applications have been formalized since the late-July arrivals, of which roughly 700 have been resolved, according to government figures. An estimated 10,000 of those who crossed on July 30-31 remain in Ceuta, some in informal housing or remote areas. Many others have returned to Morocco voluntarily or through other processes.

The asylum claims continue to be assessed individually by the Office of Asylum and Refuge. Rejection does not automatically result in immediate removal; applicants must be notified, and some may abscond or challenge decisions in court, though the share pursuing judicial appeals has been described as very low.

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Varios juzgados de Ceuta están investigando una serie de denuncias por supuestas agresiones de militares a inmigrantes que llegaron a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales del pasado julio y que permanecieron en territorio español. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla han confirmado a EFE que se están recibiendo denuncias de inmigrantes que se están investigando en distintos juzgados ceutíes.

La Comandancia General de Ceuta del Ejército de Tierra abrió una investigación por las supuestas torturas y vejaciones por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas a inmigrantes, que habían sido denunciadas por Amnistía Internacional en un informe que también fue trasladado a la vía judicial.

A finales de septiembre, el Ministerio de Defensa remitió a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta dicho informe, elaborado por Amnistía Internacional tras una investigación sobre el terreno entre el 10 y el 15 de septiembre.

Defensa colabora en la investigación de los audios de militares sobre palizas a inmigrantes

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Además, instó al Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas a «investigar y dilucidar posibles responsabilidades individuales» con el objetivo de «preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas», una investigación que lleva a cabo la Comandancia de Ceuta, señalaron a EFE fuentes de Defensa.

El informe incluía 22 testimonios directos que atribuían a militares que patrullaban la ciudad palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles a los inmigrantes, llegando a actuar algunos de noche y encapuchados.

Amnistía Internacional denuncia torturas y vejaciones de militares a inmigrantes en Ceuta

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A estas denuncias se unen los audios que publicó elDiario.es con conversaciones entre varios militares destinados en Ceuta que relatan supuestas agresiones a inmigrantes llegados de Marruecos en la entrada masiva de finales de julio y que aún permanecen en la ciudad autónoma.

En esas grabaciones, al menos tres militares en servicio en Ceuta durante uno de sus turnos de vigilancia describen agresiones a inmigrantes «sin que se lo esperen» y tratos vejatorios. «Pegar sin guantes mola más», llegan a decir. El Ministerio de Defensa informó en un comunicado de que ha adjuntado esta noticia a la información ya remitida al Juzgado de Guardia de Ceuta y a la Fiscalía, «a los efectos oportunos y para preservar el buen nombre de las Fuerzas Armadas».

La Asociación Española de Tropa y Marinería pidió respeto a la presunción de inocencia y emplazó a que se acreditara que las voces grabadas en esos audios correspondían a militares.

La Guardia Civil ha comprado una herramienta diseñada para registrar de forma remota los móviles de las personas que se encuentren bajo investigación, sin necesidad de incautar los dispositivos. El contrato, publicado en el BOE, ofrece pocos detalles técnicos, pero sí revela lo que el sistema es capaz de hacer.

Espionaje a distancia. Según el contrato, la herramienta funciona tanto en Android como en iOS. La idea es que el sistema pueda ser capaz de alojar software en los teléfonos objetivo y proporcionar un “acceso transparente” a sus contenidos y comunicaciones. O lo que es lo mismo, que las autoridades puedan acceder a toda la información del teléfono sin que la persona se de cuenta.

Normalmente, la forma de proceder es incautar un teléfono móvil y proceder al análisis del mismo, una vez confiscado. Sin embargo, esta herramienta se ahorraría bastantes pasos.

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El acuerdo. Tal y como señala la publicación en el BOE, el contrato fue adjudicado el 26 de marzo de 2026 a Fortier Europe, una empresa con sede en Boadilla del Monte, Madrid. El precio por el que la Guardia Civil compró el software fue de 2.066.115,70 euros antes de IVA (unos 2,5 millones de euros incluyendo impuestos).

El contrato se negoció sin licitación pública y solo se recibió una oferta. Tiene sentido teniendo en cuenta que el anuncio dice que el fabricante había concedido los derechos exclusivos de suministro y distribución a la empresa mencionada.

Lo que no sabemos. Los documentos publicados no mencionan al fabricante ni detallan las características específicas del producto. Tampoco explican cómo se instalaría el software en un teléfono, ni si se llegaría a necesitar acceso físico al dispositivo. Que no contemos con esta información nos deja dudas acerca del alcance de la herramienta.

Lo que dice la ley. Disponer de la herramienta no significa que los agentes puedan registrar el teléfono de cualquier persona. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de España permite registros remotos únicamente con autorización judicial. Tal como cuenta El Confidencial Digital, la ley permite a un juez aprobar un software que examine un dispositivo de forma remota y sin el conocimiento de su propietario, pero solo para una lista cerrada de delitos:

• Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.
• Terrorismo.
• Delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente.
• Delitos contra la Constitución, traición y delitos relacionados con la defensa nacional.
• Delitos cometidos a través de tecnologías informáticas o de telecomunicación.

Los límites. La orden judicial debe especificar qué dispositivos se ven afectados, cómo se accederá a los datos y se incautarán, qué agentes pueden llevar a cabo la medida y cómo se protegerá la integridad de los datos. Esta medida dura como máximo un mes, prorrogable por periodos iguales hasta un máximo de tres meses, según cuentan desde el medio.

Quién es el proveedor. Fortier Europe fue fundada en marzo de 2011 y aparece regularmente en los contratos del Ministerio del Interior. El Digital de Albacete informa de al menos 13 contratos por valor de unos 15,6 millones de euros antes de IVA. En sus adjudicaciones de este año se incluyen un contrato de 743.802 euros para dos sistemas portátiles para localizar dispositivos móviles y extraer información de ellos, y un contrato de 495.570 euros para dispositivos de captura de audio y GPS. Los registros también muestran un acuerdo de mantenimiento de la Guardia Civil en 2020 para la plataforma EGOBOX.

Imagen de portada | Guardia Civil Córdoba

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La noticia La Guardia Civil compra por 2,5 millones un sistema para acceder de forma remota a móviles Android y iPhone fue publicada originalmente en Xataka por Antonio Vallejo .

DeepSeek lleva meses en el centro de una disputa que va mucho más allá de quién tiene el modelo de inteligencia artificial más capaz o más barato. Desde que irrumpió con R1, la compañía china ha quedado bajo el escrutinio de gobiernos, reguladores y empresas estadounidenses en medio de una competición tecnológica cada vez más tensa. Ahora Washington ha dado un paso más: ha ordenado sacar su tecnología de una parte de los sistemas de la Administración federal.

Qué ha ordenado exactamente EEUU. El alcance empieza por una parte bien definida de la Administración: las agencias civiles de la rama ejecutiva federal. La orden, fechada el 24 de julio de 2026 y publicada ahora en el Federal Register, obliga a estas entidades a frenar nuevas adquisiciones de productos y servicios desarrollados por DeepSeek y a eliminar los ya presentes en sus sistemas informáticos. La medida admite excepciones previa solicitud y deja fuera los sistemas de seguridad nacional y los sistemas de información compartimentada de esas agencias.

También alcanza productos de terceros. DeepSeek no se limita al chatbot que podemos abrir desde una web. Sus modelos también pueden utilizarse a través de su API para impulsar funciones dentro de aplicaciones y servicios desarrollados por otras compañías, de modo que su tecnología puede quedar integrada en herramientas que llevan otro nombre. Ahí aparece la dimensión menos evidente de la orden: un producto puede no identificarse como DeepSeek y, aun así, quedar afectado si ha sido desarrollado utilizando una implementación de su tecnología.

El problema está también en los datos. Buena parte de la preocupación de Washington aparece cuando dejamos de mirar al modelo y nos fijamos en la información que recibe. DHS sostiene en la propia orden que la compañía aloja sus servidores en China y que sus servicios pueden recopilar datos personales, rastrear a los usuarios y procesar la información que estos introducen en sus consultas. La agencia teme que esos datos puedan quedar al alcance de las autoridades chinas conforme a su legislación y utilizarse, solos o combinados con otras fuentes, para obtener información sobre personas estadounidenses o programas del Gobierno de EEUU.

No es el primer cerco. EEUU ya había comenzado a cerrar la puerta a DeepSeek dentro de su Administración. Una ley promulgada en diciembre de 2025 encargó al Director de Inteligencia Nacional establecer normas para retirar la aplicación de DeepSeek, así como cualquier aplicación o servicio sucesor, de los sistemas de seguridad nacional operados por la comunidad de inteligencia o en su nombre, aunque contemplaba excepciones para investigación y determinados fines de seguridad nacional. La diferencia ahora está en el perímetro: la nueva orden lleva las restricciones al conjunto de agencias civiles de la rama ejecutiva federal.

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DeepSeek llega bajo más sospechas. El escrutinio estadounidense no se limita al tratamiento de los datos. En septiembre, NSA, FBI y CISA advirtieron sobre campañas de destilación a gran escala contra modelos estadounidenses, y DeepSeek figura entre las empresas señaladas. La técnica consiste, de forma simplificada, en utilizar las respuestas de un modelo para ayudar a entrenar otro y no es problemática por sí misma. La disputa está en el supuesto uso no autorizado: tanto OpenAI como Anthropic han atribuido a la compañía intentos de este tipo contra sus sistemas.

China rechaza el argumento estadounidense. Pekín ha respondido acusando a Washington de ampliar en exceso el concepto de seguridad nacional y de politizar cuestiones tecnológicas y comerciales. El Ministerio de Exteriores chino asegura además que defenderá los derechos e intereses legítimos de sus empresas. Más allá del choque diplomático, la orden deja una idea clara sobre hasta dónde está llegando esta disputa: ya no se trata solo de qué modelos puede utilizar directamente una administración, sino también de qué tecnología puede estar integrada detrás de los servicios y herramientas que compra.

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La noticia EEUU ordena eliminar DeepSeek de todos los sistemas de sus agencias civiles federales fue publicada originalmente en Xataka por Javier Marquez .

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El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que presentó UGT de Andalucía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obligó al sindicato a devolver a la Junta 18,3 millones de euros en subvenciones destinadas a cursos de formación.

La sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto tribunal ha fallado que «no ha lugar» al recurso de casación de UGT-A, que se había opuesto por vía judicial a una resolución de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de septiembre de 2015. Dicha resolución acordaba el reintegro de esos 18,3 millones de euros, de los que 13,1 millones corresponden a la cuantía principal y 5,2 millones a intereses de demora.

Aunque el TSJA estimó parcialmente el recurso de UGT contra la resolución de la Consejería de Empleo, confirmó la obligación de devolver la totalidad de los 18,3 millones de euros a las arcas públicas andaluzas.

El Supremo fija doctrina sobre fondos públicos

El «interés casacional» para formar jurisprudencia se ha centrado en la interpretación del artículo 31.1 de la Ley General de Subvenciones para determinar, respecto a los gastos de personal —en este caso destinados a formadores—, qué debe entenderse como estrictamente necesario para el desarrollo de la actividad subvencionada.

El alto tribunal sostiene que todo empresario privado es libre de mejorar el salario fijado en el convenio colectivo aplicable, pero subraya que deberá hacerlo «con cargo a sus fondos privados, y no a los fondos públicos que representan una subvención».

CCOO y UGT piden que el SMI suba al menos un 7% en 2027, hasta los 18.290 euros anuales

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En este sentido, el fallo precisa que son gastos «estrictamente necesarios» las retribuciones contempladas como mínimos legales o las fijadas en el convenio colectivo, «sin que deban considerarse cubiertas por la subvención otras cantidades» como contraprestación laboral, aunque no resulten desproporcionadas respecto al mercado.

El Supremo avala de esta forma el criterio del Gobierno andaluz y asume la argumentación del TSJA, al considerar que una ayuda pública no puede utilizarse como instrumento para mejorar las condiciones de los empleados en virtud de pactos individuales con cargo a los fondos subvencionados.

UGT Andalucía apoya al humorista Manu Sánchez tras recibir amenazas de muerte

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Durante el proceso judicial, el sindicato UGT-A defendía que el trabajo prestado por los docentes era indispensable para el proyecto y que cualquier salario abonado debía ser un gasto elegible siempre que no excediera el valor de mercado, alegando que los convenios solo establecen umbrales mínimos.

Tras conocer este fallo del Supremo, fuentes de UGT-A han trasladado que respetan las decisiones judiciales y que permanecen a la espera del informe de sus servicios jurídicos tras el análisis detallado de la sentencia.

El auto llega después de que el Tribunal Constitucional, el pasado 6 de octubre, estimara el recurso de amparo de Dolors Bassa y ordenara al Supremo aplicar la Ley de Amnistía también a la malversación. Hasta ese momento, la Sala de lo Penal había rechazado el perdón para ese delito al entender que existía un beneficio personal de carácter patrimonial, una de las excepciones contempladas en la norma. El Constitucional anuló aquellos autos y fijó una doctrina que el Supremo se ha visto obligado a asumir en su integridad.

Un día antes, el pasado 19 de octubre, el juez instructor Pablo Llarena había confirmado el levantamiento de las órdenes nacionales de busca y captura contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Con ello, el ex presidente de la Generalitat puede regresar a España sin riesgo de detención inmediata, aunque aún quedan formalismos pendientes para el cierre completo de su causa.

La resolución del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, quien presidió el juicio del procés, no se limita a acatar el fallo constitucional. Contiene un duro reproche a la corte de garantías. Los magistrados critican la «innecesaria grandilocuencia» del texto redactado bajo la ponencia de Cándido Conde-Pumpido y afirman que esa retórica «revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo». Acusa al Constitucional de injerencia, de no respetar el deber de contención argumental que le impone su propia ley reguladora y de actuar como una instancia revisora que desborda sus funciones.

La Sala de lo Penal, integrada también por Andrés Martínez Arrieta y Antonio del Moral, subraya que asume la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero considera prescindibles muchas de las consideraciones jurídicas con las que se justificó la decisión.

En la práctica, el auto archiva la ejecutoria penal, ordena la comunicación al Ministerio de Justicia para la eliminación de los antecedentes penales —que también beneficia a otros condenados como Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Carme Forcadell y Josep Rull— y pone punto final a la causa que arrancó en 2017 con la querella por el referéndum del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia.

Nueve años después del procés, los principales condenados recuperan sus derechos políticos y Puigdemont ve despejado el camino para su regreso. Nueve años en los que el Supremo acata, pero deja constancia de que considera que el Constitucional ha invadido sus competencias. El cerrojazo judicial del procés llega, por tanto, con amnistía total y con un varapalo institucional sin precedentes.