Quaterni (blog de Juan Carlos Longás)

El dilema de las lentejas

2019-02-20T19:32:00.002+01:00

Basado en Rodrik (2011), pág. 219.

Cuando ya parecía que el peligro asociado al final del canovismo postfranquista —el régimen del 78— estaba conjurado con una especie de bipartidismo a cuatro de dos más dos, llegan las elecciones andaluzas y lo que se antojaba una excrecencia de un sistema en el que la extrema derecha estaba sólida y cómodamente instalada en el PP irrumpe con una fuerza inesperada y superior —aunque esto ya no es una novedad— a la pronosticada por analistas y sondeos.

Por supuesto, los análisis se multiplican, a las organizaciones políticas se les paraliza el gesto y el fascismo español y su peculiar caudillo se encuentran con el regalo de una sobreexposición mediática —y además en tono no ya neutro, sino incluso laudatorio— que les proporciona la publicidad que necesitaban para ser una opción viable de voto y dar el salto a territorios y ámbitos hasta hace poco impensables. Evidentemente, se pone el auge de la extrema derecha en un contexto global que no cabe ignorar y ahí están sus avances en distintos países de Europa o en Estados Unidos, generalmente al calor de un discurso xenófobo basado en falsedades, que no constituye el elemento central, sino un banderín de enganche de un descontento que se va extendiendo.

El discurso convencional, bienpensante, sea de esa socialdemocracia desarbolada que se sigue considerando depositaria de las esencias izquierdistas aunque no las entienda, sea del pensamiento moderado o liberal, habla de “fascismo y populismo”; en el caso español, y para completar la trinidad diabólica, se añade el “separatismo”.

En toda la Unión Europea estos movimientos han puesto en solfa la política europea y la extrema derecha —no así la mayor parte de la izquierda— vende sin ningún tapujo un discurso abiertamente antieuropeo. Es algo que la burocracia de Bruselas debería tomarse muy en serio, porque las políticas —sesgadas y en ningún caso inevitables— que impuso en la crisis a un coste social elevadísimo alejaron a la ciudadanía de las instituciones europeas y les restaron legitimidad. Las próximas elecciones europeas mostrarán el calado de estos fenómenos, pero bien puede ocurrir que el Parlamento Europeo se llene de euroescépticos, dadas las recurrentes características del voto en tales comicios.

Lo que sobrevuela estos fenómenos es una globalización que, tal como se configura y se gestiona, genera masas de perjudicados mientras quienes se benefician son una exigua minoría con capacidad, sin embargo, para imponer decisiones que, como diría Adam Smith, son una gigantesca conspiración contra el público. Ya lo expuso —creo que con acierto— Dani Rodrik cuando desarrolló su célebre trilema (1): la profundización de la globalización es incompatible con la democracia y con la toma de decisiones a escala nacional o estatal, más allá de las meramente acomodaticias: estado pequeño, bajos impuestos, libre circulación de capitales o mercado laboral flexible, por ejemplo. En un trabajo más reciente (2), sostiene que el malestar y la consiguiente respuesta eran perfectamente predecibles. La incógnita afectaba más bien a la forma que adquiriría. Rodrik distingue un populismo de derechas y otro de izquierdas que se diferencian en los aspectos concretos de la fractura social en que ponen el acento: lo nacional (étnico) frente al problema —no necesariamente real— de la inmigración en el primer caso, o cuestiones sociales relacionadas con movimientos económicos y financieros los segundos. Eso va a explicar las características de estos movimientos en cada país e, incluso, la coexistencia de ambos.

Así pues, y teniendo siempre en cuenta las peculiaridades de cada sociedad, en la emergencia de estos movimientos puede atisbarse una rebelión de amplias capas de la ciudadanía contra lo que podríamos denominar el dilema de las lentejas: si quieres las comes y si no las dejas; pero no hay otra cosa: o PSOE o PP, dos opciones y una política. Un dilema planteado por las elites dominantes para mantener el control social y obligar a aceptar decisiones costosas, y que reduce la democracia a mera ceremonia, al acto rutinario de votar y sin que ello afecte a unas políticas que se deciden en círculos quizá selectos, pero desde luego restringidos, y sin control democrático. La plasmación de esa rebelión es diversa, pero los elementos comunes son fácilmente apreciables, incluyendo el resultado del referéndum británico sobre el brexit.

En España la aparición de Podemos, aprovechando las energías acumuladas en el 15M tiene mucho que ver con la reacción ante ese dilema. Además, el mar de corrupción en que se hallaba sumido el PP bien pudo reorientar apoyos hacia la opción riverista, que al unionismo radical añadía un discurso regenerador. Por supuesto, la profunda crisis en que estos procesos se desenvuelven, empezando por la propia monarquía, enfangada en la corrupción hasta la médula, facilita el avance imparable del independentismo. Creo que el voto a Vox en Andalucía tiene bastante que ver con esto, con la rebelión ante el dilema de las lentejas. Se podrá echar la culpa a Cataluña (de hecho, si atendemos a lo que se debatió en la campaña electoral, parecía el único problema de Andalucía). Pero si el bagaje con el que el PSOE acudía a las elecciones hubiera sido otro, ¿se habría repetido el resultado?

Lo que se planteaba en Andalucía para buena parte del electorado era echar al PSOE de la Junta. El voto a Podemos no era garantía de ello, dado que difícilmente tendría la mayoría suficiente para gobernar sin los socialistas. El PP estaba en caída libre, como mostraron los resultados, y el discurso ultra de Casado lo que hace en realidad es reducir el coste de oportunidad de votar a Vox. En ese contexto, ofrecía una alternativa —y una alternativa racional, no hay que perderlo de vista— para el voto cabreado y, al mismo tiempo, la posibilidad efectiva de acabar con cuarenta años de gobierno socialista cuyo balance dista mucho de ser ejemplar.

Dudo que haya 400 000 fascistas en Andalucía y es muy probable que lo de Vox sea una fiebre transitoria. Pero el tiempo dirá. Nos esperan unos meses intensos en lo electoral y será ocasión propicia para calibrar el verdadero alcance del fenómeno. Pero bueno será que se reflexione en profundidad antes de que la realidad nos pase por encima y no quede más opción que la resignación o la frustración.

(1) Véase, por ejemplo, La paradoja de la globalización. Democracia y futuro de la economía mundial. Antoni Bosch editor. Barcelona, 2011.

(2) Rodrik, D. (2018): "Populism and the economics of globalization". Journal of International Business Policy, vol. 1, nº 1-2, pág. 12-33.

Relaciones financieras con el Estado: el Convenio y el Concierto

2018-09-14T15:41:00.001+02:00

Las imágenes que siguen son el esquema de mi intervención en una mesa redonda celebrada el pasado mes de junio en Bilbao, en el marco de unas jornadas internacionales organizadas por EH Bildu, a quienes agradezco (particularmente a Larraitz Ugarte) que contaran conmigo. El Convenio y el Concierto son instrumentos financieros complejos y difíciles de explicar, lo cual contribuye a exacerbar los ataques que reciben, habitualmente poco documentados. Personalmente sería muy satisfactorio que este documento facilitara su comprensión.

Los datos son los de las liquidaciones definitivas para cada año, por lo que no coinciden con los flujos financieros anuales, que se componen de pagos a cuenta y el saldo de las liquidaciones definitivas de periodos anteriores.

Salesianos: hay cosas que no cambian

2017-08-13T21:13:00.001+02:00

Cuando se habla de la envenenada herencia que dejó UPN, se suele citar el conocidísimo rosario de monumentos al derroche y a la ruina. Por si ello fuera poco, el obligado oreo de las alfombras palaciegas ha ido mostrando agujeros, deudas, fruto de la negligencia, la incapacidad o el afán de ocultación (ahí están los cincuenta millones de la Ciudad del Transporte). Una última serie de trapazas en forma de gravosas hipotecas (no sólo económicas), es la de las sombras: la de los peajes y la no menos alargada de tantos PSIS, amenazas casi ciertas de agresiones urbanísticas, paisajísticas, ambientales o de otro tipo, de difícil resolución por la previa y premeditada generación —y ese es el truco— de derechos indemnizatorios.

Uno de estos es el de Salesianos, pésimo ejemplo de la Administración metida a especuladora inmobiliaria para sacar las castañas del fuego a agentes privados. El resultado es una aberración urbanística que va a desnaturalizar una parte muy sensible de la ciudad durante generaciones. Haciendo gala de ese buenismo ilustrado adobado con resignación que viene caracterizando su actuación en los asuntos espinosos, el Gobierno de Navarra apela a la inviabilidad jurídica y económica de cualquier modificación del PSIS, al tiempo que toma medidas necesarias para “velar por la defensa de los intereses públicos”, como limitar la responsabilidad pública en la operación, establecer un tope para los recursos a obtener por la propiedad de 37 millones de euros (eso lo tendrán que explicar mejor), que deberán dedicarse exclusivamente a la construcción del nuevo colegio (algo que ya había prometido hacer UPN). No es lo que al Gobierno le gustaría, pero no se puede hacer otra cosa.

No se trata de negar las dificultades jurídicas de cualquier modificación, puesto que, como decía, se han generado ya derechos susceptibles de indemnización. Otra cosa es que ha habido posibilidades de modificación negociada con los Salesianos, sin que sepamos si efectivamente se han explorado y, en su caso, cuáles han sido las posiciones respectivas y por qué no ha habido acuerdo. Un asunto de esta envergadura merece que se negocie y que la opinión pública tenga la información necesaria para asignar responsabilidades, sociales y políticas.

Para justificar que la operación deba llevarse a cabo se apela a “informes jurídicos y de impacto económico”. Desconozco los primeros, aunque es de imaginar su tenor. Pero se esgrime un informe de Nasuvinsa (una vez más, la propia Administración contra el interés público) en el que se habla de la “pérdida” que supondría o, incluso, del “coste de oportunidad” de no ejecutarla. Se hacen las cuentas del gran capitán, como ni los mismos Salesianos hubieran sido capaces, y se manejan conceptos y cifras con gran alegría. A no ser, claro, que lo que se pretenda sea llevar adelante como sea la actuación. Así, por ejemplo, se calculan los costes adicionales de ejecutar dos manzanas siguiendo el esquema del Segundo Ensanche, y a eso se le llama “coste de oportunidad” de no ejecutar el PSIS tal como fue aprobado. El procedimiento es, conceptualmente, más que discutible. Primero, porque para calcular un coste de oportunidad es necesario considerar la mejor alternativa disponible y está por demostrar que sea la del PSIS. Segundo, porque dicho coste sólo tiene sentido si la “oportunidad” es fija y limitada; pero precisamente en el ámbito urbano todo depende de las decisiones administrativas que se tomen. Tercero, porque si es la Administración pública la que calcula ese “coste de oportunidad”, debe tener en cuenta, en tanto que garante del interés público, la totalidad de costes (y beneficios) de las alternativas disponibles; y no parece ser el caso. Quizá sea ocioso recordarlo, pero si bien en proyectos privados es lógico que se tengan en cuenta únicamente consideraciones de eficiencia, en los sociales hay que añadir las de equidad a la hora de calcular costes y beneficios. A todo ello se suma el baile de tasaciones de la finca. En 2015 se hablaba de entre 28 y 37 millones; ahora Nasuvinsa le adjudica un valor “mínimo” de entre 45 y 50 millones.

El suelo urbano no es un bien como la mayoría, porque genera lo que los economistas llamamos “renta” (rent, en inglés), en una acepción distinta a la habitual de “flujos de ingresos” (income). Dicho de forma sencilla, una renta es la remuneración de un bien o factor por encima de su coste de producción. Pensemos, por ejemplo, en dos solares exactamente iguales, uno en el centro de la ciudad y el otro en la periferia. Su coste de producción vendría a ser el mismo, pero no así su precio. ¿De qué depende este? De factores como su ubicación o lo que en él se pueda hacer, es decir, de su calificación y, en su caso, edificabilidad. De ahí que la demanda de suelo sea una demanda derivada, se demanda suelo por lo que en él se puede hacer. Una de las consecuencias de ello es que el suelo se encarece si la vivienda está cara y no al revés, como tanto se repetía —interesadamente— en los años de la burbuja.

La renta del suelo urbano es, por tanto, resultado en gran medida de la acción del sector público (por eso no es casual que el municipal sea el ámbito por excelencia de la corrupción política). De ahí su consideración por los economistas clásicos como “ingreso no ganado” (que tradicionalmente, por cierto, se ha considerado una razón de peso para que fuera fuertemente gravado). En el caso de Salesianos, al cúmulo de despropósitos del Gobierno de UPN se añade la actitud de la congregación, en una actuación al alimón dirigida a maximizar la renta de la parcela. El actual Gobierno no hace sino hurgar en la herida empeñándose en aplicar el PSIS tal cual. Una cuenta fácil: si la parcela vale 50 millones y la ejecución de dos manzanas tipo supone un menor valor del 25%, estamos hablando de 37,5 millones, todavía por encima del tope fijado a los Salesianos. A partir de aquí, hablar de pérdidas de 52 millones o decir que no hay margen para negociar es tomar el pelo a la opinión pública, con la coartada de lo técnico: el viejo truco de neutralizar éticamente un problema reduciéndolo a “cuestiones administrativas”.

El Gobierno de Navarra y la Comunidad Salesiana deberían reflexionar sobre la responsabilidad que asumen al incidir de forma tan brutal en una zona sensible de la ciudad y contra el parecer del propio Ayuntamiento. En el caso de la segunda, un debe que oscurece y minimiza el haber de tantos años de eficaz acción educativa y social (con un fuerte apoyo público, todo hay que decirlo).

Las ocurrencias de Trump

2017-01-28T20:24:00.001+01:00

Gráfico 1

Trump parece haber entrado en la presidencia como elefante en cacharrería. Su histrionismo y sus poses al firmar esas órdenes ejecutivas que tanto placer parecen producirle recuerdan a las de Mussolini en el balcón del palazzo Venezia. Fiel a su pretensión (o quizá atrapado en la falta de lógica de una promesa absurda) de construir un muro en la frontera con México y que lo pague este país, lanza la propuesta de imponer una tasa del 20% a las importaciones procedentes de México. Utilizar este camino para allegar recursos con los que financiar el muro carece de toda lógica. Pero se llega al estrambote cuando, además, se argumenta de que es la forma de que México lo pague.

Sin entrar en otras consideraciones prácticas, que revelan una notable ignorancia en el equipo de Trump, ni de legalidad internacional, fijémonos por un momento en el funcionamiento de un arancel y sus efectos. La exposición que sigue se explica a cualquier estudiante de introducción a la economía (incluso en grados no estrictamente económicos). Es un modelo enormemente simplificado pero ilustrativo.

El gráfico 1 representa la oferta y la demanda interior de un bien. En ausencia de comercio internacional, el precio sería Pn, en cuyo caso la producción sería de Q0. A su vez, Pi es el precio internacional del bien y el que regiría en el interior del país si el comercio del bien fuera completamente libre, con una producción interior de Q1, un consumo total de Q2 y, por tanto, unas importaciones equivalentes a la distancia Q1Q2.

Gráfico 2

Supongamos que, partiendo de una situación de libre comercio (precio Pi), se establece un arancel a por unidad importada, que eleva el precio, una vez que el bien cruza la frontera, a P* (gráfico 2). La subida del precio lleva a que se reduzca el consumo total (de Q2 a Q2'), a que la producción interior atienda una mayor parte de la demanda (de Q1 a Q1')y a que las importaciones se reduzcan (de lm a jk). La existencia del arancel genera ingresos públicos, reflejados por el rectángulo verde del gráfico (número de unidades importadas, Q1'Q2', multiplicadas por el arancel unitario, a). Es ese rectángulo verde el que serviría a Trump para financiar el muro.

Ahora bien, se plantean dos consideraciones:

La primera, que la cosa no es tan sencilla como, tal como hace la administración Trump, aplicar el arancel a la totalidad de las importaciones actuales (es decir, sin arancel), porque esas importaciones previsiblemente se reducirán. Por tanto, haría falta más tiempo, quizá mucho más, para obtener los ingresos deseados.

La segunda, y más importante, es que el arancel se traduce en un aumento de los precios interiores. Los exportadores mexicanos (en muchos casos, no se olvide, empresas estadounidenses) seguirán percibiendo lo mismo por sus productos. Por tanto, el arancel lo paga el país que lo impone. No será México, sino fundamentalmente Estados Unidos, quien pague el muro y, además, de una de las formas más extrañas y absurdas que pudieran diseñarse.

Este es un modelo muy sencillo. No es probable que el arancel se traslade en su totalidad al precio interior, porque previsiblemente habrá exportadores que asuman parte del coste mediante precios más bajos. Eso dependerá, entre otros factores, de las características de los mercados de los distintos bienes y servicios. Pero nos muestra con claridad el escenario previsible. (Otra cuestión es lo que en teoría económica se conoce como la pérdida de eficiencia derivada del arancel, los triángulos azules del gráfico 2 y que no vamos a tratar aquí).

En todo caso, es un buen ejemplo de que los efectos de muchas medidas económicas no son tan obvios como suele pensarse y que debe haber una coherencia entre objetivos perseguidos e instrumentos utilizados. El arancel está pensado para otros fines y se podrá discutir largo y tendido sobre sus bondades y defectos. Pero desde luego no para financiar muros y trasladar su coste a terceros.

El Convenio, instrumento financiero

2017-01-15T12:13:00.002+01:00

La cuestión del Convenio con el Estado burbujea desde hace tiempo como consecuencia de la concatenación de una serie de elementos empujando todos en la misma dirección, y no la más favorable para Navarra: ofensiva jacobina del gobierno del PP en la última legislatura; sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional que, con interpretaciones como mínimo peculiares, fueron comiéndose el meollo de la capacidad de Navarra en materia tributaria; y las consabidas acusaciones de privilegio de los partidos centralistas, dentro de un esquema ideológico centralizador y uniformizador como base de un nacionalismo español que, fiel a su naturaleza histórica, se define en el ataque y la imposición. Y si Ciudadanos es el exponente más claro, esta concepción anida también —y con notable pujanza— en el PP y el PSOE.

Lo que ha ocurrido ahora es que el Gobierno de Navarra ha dado un puñetazo en la mesa y el burbujeo ha pasado a ebullición. Lo primero que muestran las reacciones de uno y otro signo que se han sucedido —de cargos políticos, responsables orgánicos o meros particulares— es el elevado grado de desconocimiento que existe sobre el Convenio (el consejero del ramo es una notable y notoria excepción). No sé si la actuación del gobierno navarro ha sido la adecuada y si tiene posibilidades de éxito. Doctores tiene el derecho que sabrán responder, pero a primera vista el agarradero jurídico parece endeble. No obstante, está claro que la situación había llegado a un nivel de degradación que requería alguna actuación contundente, máxime cuando son cifras insignificantes para el Estado pero sustanciales para Navarra. La bilateralidad que exhiben y a la que se agarran quienes, con el paso cambiado, critican al gobierno, no consiste en contemporizar con el matón del colegio mientras te está pisando la cabeza, sino en impedir que tenga ocasión de pisarte la cabeza. Salvo, como parece ser el caso, que restrinjamos la navarridad, la bilateralidad y el autogobierno a lo meramente folclórico. Ahí sí: nadie nos gana en prestancia con la boina (aunque sea de Tolosa, qué se le va a hacer).

Conviene aclarar que las liquidaciones que se practiquen desde que expiró el último quinquenio son provisionales, a la espera de la negociación del nuevo. Por tanto, en rigor no se está pagando de más. Si de la actualización resulta una liquidación menor, se devolverán las cantidades pagadas en exceso. Ahora bien, en lo puramente crematístico y al margen de otras consideraciones, eso no significa que a Navarra le dé igual, porque en las circunstancias actuales de fuerte restricción presupuestaria implica un drenaje de liquidez con un elevado coste de oportunidad.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la base sobre la que se calcula la aportación va mucho más allá del coste de la monarquía, el ejército y las embajadas. Así, en 2010 se fijó la cuantía de las cargas asumidas por Navarra en 68 mil millones de euros y las no asumidas en 168 mil millones. Es decir, las cargas asumidas por Navarra representan el 29% del gasto total del Estado, y realiza su aportación por el 71% restante. Vamos, que la autonomía de Navarra no es, desde luego, el no va más.

Ahora bien, ¿cómo se calcula la aportación? Este es un aspecto no menor que está en la base del enfrentamiento entre las dos administraciones. La cuestión es que prácticamente toda la información necesaria para calcular la aportación en el año inicial del quinquenio y toda la necesaria para calcular la actualización anual procede del Estado y si es complejo desentrañar su composición incluso desde dentro, no digamos ya desde fuera. Pero, en cualquier caso, es el Estado quien certifica sus propias cifras y quien, además, da por buenas —o no— las de Navarra. No parece que haya mucha bilateralidad en la base misma del sistema. Se explican así las discrepancias entre administraciones. Por eso sería de gran interés conocer, no sólo las cifras que maneja la Hacienda de Navarra, sino la metodología utilizada para llegar a ellas. Que el resultado final se quede más cerca o más lejos de la posición oficial depende crucialmente de su solidez, algo hasta ahora difícil de calibrar por la falta de información.

Esta es la superficie del asunto. El consejero Aramburu parece interesado únicamente en negociar con el Estado la aportación. Habrá que ver si el Estado está de acuerdo o quiere aprovechar la coyuntura para ajustar cuentas. Y, en todo caso, hay al menos dos cuestiones pendientes de cierto calado.

La primera de ellas es el mecanismo de actualización en cada año del quinquenio, que no deja de ser absurdo, puesto que únicamente tiene en cuenta la evolución de la recaudación del Estado. Además, está obsoleto. Con los medios técnicos disponibles se puede tener el cierre de cuentas a primeros de año, por lo que la aportación se podría liquidar en el primer trimestre con datos reales.

En segundo lugar, el cálculo del ajuste por IVA —mal diseñado, parcheado y que ha perjudicado sistemáticamente a la Hacienda navarra— se hace por un método transitorio que habrá que resolver definitivamente con una fórmula que tenga en cuenta la capacidad real de consumo de Navarra (y esto es independiente de la manera en que Volkswagen comercialice su producción).

En una perspectiva temporal más amplia, y desde el punto de vista de los consensos políticos necesarios, habrá que optar entre una visión totémica pero sin contenido del Convenio o avanzar efectivamente hacia el autogobierno en materia fiscal (sean cuales sean las metas finales de cada quien). El actual modelo es insostenible a largo plazo puesto que es desequilibrado y asimétrico de origen. Al margen de mitificaciones interesadas, la desigualdad de las partes que, supuestamente, pactan, hace que el Estado vaya ganando terreno y Navarra, lógicamente, lo vaya perdiendo. Y si el sistema, por su propia naturaleza, empuja en esa dirección, la desidia negociadora de los últimos tiempos, más centrada en la mitología jurídica que en los contenidos económicos reales, no ha hecho sino agravar las cosas.

El Convenio es un instrumento financiero. Ni más, ni menos. Una herramienta para alimentar financieramente la capacidad de autogobierno y de decisión. Detrás de las formulaciones ampulosas hay guarismos, fórmulas y cifras que delimitan el campo de acción. Constituye un grave error elevarlo a los altares de la identidad colectiva y despreciar, obviar o ignorar su contenido real, porque el rey terminará por llevarse la hacienda y la vida. Nos quedará, como al alcalde de Zalamea, el honor. Pero, ay, el honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios.

Banca pública en Navarra

2016-12-12T14:24:00.001+01:00

El programa de gobierno acordado por el cuatripartito incluye el análisis de la implantación de una banca pública en Navarra. El Gobierno de Navarra llegó a convocar un concurso —discutido y discutible— para elaborar un estudio sobre el asunto a fin de disponer de una guía para la toma de decisiones. Concurso que finalmente ha quedado desierto; otro caso más, quizá, de esa arrogancia que en ocasiones exhibe el Gobierno de Barkos y que le obliga a hacer viajes de ida y vuelta tan innecesarios como previsibles.

Es de sobra conocido que la oleada privatizadora desencadenada en los ochenta a rebufo del neoliberalismo triunfante acabó en muchos sitios con la banca pública. Subsistió el sector de cajas de ahorros, con un estatus jurídico extraño (es discutible su carácter público), pero también fueron finalmente bancarizadas. Algunas tuvieron que ser rescatadas y muchas desaparecieron en la vorágine, como Caja Navarra, esta última como consecuencia de una nefasta gestión al servicio de la megalomanía de políticos irresponsables seducidos por gestores poco escrupulosos en busca de sus propios intereses. Ahora bien, Caja Navarra —al menos en sus dos o tres últimas décadas— no era tanto un instrumento financiero propio como una entidad financiera con sede en Navarra (lo que, por otra parte, no debe ser minusvalorado). De hecho, su hueco puede ser ocupado perfectamente por cooperativas de crédito como Caja Rural o Caja Laboral.

La crisis desencadenada en 2007 y el fallo de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, con la consiguiente escasez de crédito pusieron de nuevo sobre el tapete la cuestión de la banca pública, aunque sin un resultado tangible. La banca pública aparece en las agendas políticas más como un desiderátum o un eslogan que como una propuesta meditada y elaborada.

Ciertamente, la banca pública es una realidad en países de diversa condición, aunque cualquier generalización es problemática, porque responden a tipologías y pautas de funcionamiento muy distintas y no todas son funcional o legalmente extrapolables a nuestro contexto. Por ejemplo, se habla mucho del Banco de Dakota del Norte (BND). Pues bien, en 2015 sus activos equivalían al 40% de los de Caja Navarra en 2010; casi la mitad de sus préstamos son a estudiantes o hipotecas (éstas adquiridas a bancos comerciales); y aunque admite depósitos de particulares, no presta servicios de banca minorista. A cambio, desarrolla un interesante papel de socio de pequeños bancos locales y cooperativas de crédito y facilitador de proyectos gubernamentales.

En Navarra la cuestión de la banca pública también ha merecido atención en algunos programas electorales y tuvo su reflejo, como ya se ha dicho, en el acuerdo de gobierno. Sin embargo, da la sensación de que falta un mínimo consenso en dos aspectos básicos: qué se entiende por banca pública y para qué se quiere. Así, encontramos posiciones que van desde una banca integral, también minorista, hasta la mera centralización y gestión de las líneas financieras de fomento gubernamentales, al estilo del Instituto Vasco de Finanzas. Habría que definir igualmente la composición de su capital, que incide en la manera de captar los recursos necesarios y tiene diferentes consecuencias para las cuentas públicas. También parece darse por supuesto —quizá con excesiva ingenuidad— que una banca pública resolvería los problemas de escasez de crédito a que nos enfrentamos, cuando sus raíces son más profundas y complejas.

Una vez definido el modelo, crear un banco no es en sí mismo excesivamente complicado, pero los obstáculos prácticos pueden ser de hecho insalvables. Por ejemplo, si requiere una ficha bancaria es harto difícil que el Banco Central Europeo la conceda. Igualmente, la forma de allegar los recursos necesarios puede tropezar con el estrecho dogal que imponen los objetivos de déficit y deuda.

Debe quedar claro que no hay razones objetivas para demonizar la banca pública o excluirla como posibilidad. La crisis financiera ha demostrado bien a las claras que la propiedad privada no asegura, sino todo lo contrario, una gestión más prudente y eficaz. Algún estudio sugiere que el comportamiento de la banca pública ha sido más positivo e incluso contracíclico. Podría desempeñar un papel moderador del sistema bancario y atender objetivos y segmentos de mercado ignorados por la banca al uso, incluyendo el fomento económico o la financiación de proyectos públicos. Por supuesto, ello requeriría un diseño cuidadoso, una gestión rigurosa y unas pautas de funcionamiento que la dejaran fuera del alcance de intereses políticos coyunturales, algo nada fácil.

En cualquier caso, no hay que pensar en la creación de un banco público como una medida a corto plazo para responder a la situación inmediata. Se trata de una decisión estructural, meditada, que no admite apresuramientos y que, además, requiere consensos amplios para asegurar su permanencia.

La mistificación de Aroztegia

2016-04-14T11:33:00.003+02:00

Hay palabras o expresiones que quedan bien, visten y, por ello, se utilizan con profusión, a menudo con sentidos desvariados cuando no aberrantes. Tal ocurre con el término desarrollo económico. En su día sustituyó al de crecimiento, más concreto y que empezaba a estar mal visto por sus claras y negativas implicaciones sociales, económicas y ambientales en su planteamiento a ultranza. Hoy, dando un paso más, el calificativo tiende a intercambiarse por el de sostenible, que parece tener resonancias de respeto ambiental, si bien la promiscuidad de su uso y los contextos en que ocurre llevan a pensar que, con demasiada frecuencia, cuando se habla de desarrollo sostenible se quiere decir —o, en realidad, evitar decir— algo tan inherentemente insostenible como crecimiento sostenido.

Precisamente estos días se ha esgrimido, como justificación fundamental, ultima ratio regum, que el proyecto de Aroztegia favorece el desarrollo económico de Baztán y, por tanto, de Navarra, aseveración que habría que atribuir a un rasgo demasiado frecuente en el discurso político al uso, su insustancialidad trufada de lugares comunes. Tanta contundencia se revela huera a falta de argumentaciones, de demostraciones, que no se ven por ningún lado, más allá del interés concreto de un proyecto empresarial. Más aún, parece que lo ocurrido en estos últimos años se ha olvidado, que sus traumáticas secuelas se han evaporado de la noche a la mañana, y volvemos a abrazar un modelo de “desarrollo” basado en la promoción inmobiliaria.

Para empezar, estamos ante un ejemplo más de utilización torticera del PSIS como instrumento de imposición sobre la capacidad de decisión y la autonomía municipal y cuya aprobación tiene como primera consecuencia la generación de derechos indemnizatorios y, por tanto, de hipotecas en la capacidad de actuación pública en el futuro. Ya se sabe que en el artículo 42 de la ley foral de ordenación del territorio cabe casi cualquier cosa (por si acaso, sucesivas reformas de su redacción se han ocupado de asegurarlo). Y aún así, sólo con mucha generosidad interpretativa se puede encajar Aroztegia en esa figura. Ahí está la declaración de incidencia supramunicipal, que desvirtúa completamente el concepto.

Pero se va más lejos, al afirmar que el proyecto tiene incidencia estratégica, por cuanto desarrolla las directrices de la Estrategia Territorial de Navarra (ETN) y del Plan de Ordenación Territorial de la Navarra atlántica (POT2). Es evidente que puede encajar con algunas directrices de la ETN, pero se compadece mal o incluso está en abierta contradicción con otras; véanse, por ejemplo la 38, 52, 61, 66 y 72 y júzguese. En cuanto al POT cabe discutir su acomodación, por ejemplo, a lo establecido en los artículos 33, 34, 41, 42 y 81.

Por otra parte, es llamativo que en los documentos del Gobierno relacionados con el proyecto la justificación descansa fundamentalmente —por no decir exclusivamente— en el proyecto hotelero, acerca del que no se han planteado objeciones mayores, entre otras cosas porque cumple con ese objetivo compartido de atraer turismo de calidad al valle. Sin embargo, la empresa promotora se niega a deslindarlo del residencial, que es el punto de discusión.

El complejo residencial es difícilmente defendible si atendemos a consideraciones de estructuración del territorio, preservación de la calidad del paisaje, sostenibilidad, geografía humana y configuración de asentamientos; elementos todos ellos que conjuntamente moldean el atractivo de Baztán para ese turismo de calidad que se pretende fomentar. En un valle con quince pueblos en el que once tienen menos de 400 habitantes y seis menos de 200, construir un nuevo núcleo con 228 viviendas que podría ser el tercero —o incluso segundo— en población es una auténtica ocurrencia que se puede entender poniéndonos en el lugar de quien la lanza, una empresa privada; y si cuela, cuela. Pero lo que resulta del todo incomprensible es que sea acogida, mimada y jaleada por el Gobierno de Navarra, el anterior y el actual. La mezcla interesada del proyecto hotelero y el residencial pone de manifiesto que, en última instancia, estamos ante una operación puramente inmobiliaria.

Uno de los grandes problemas de los desarrollos urbanos en los años de la burbuja inmobiliaria fue que la planificación urbana avanzaba a golpe de planes privados de desarrollo inmobiliario, con la única lógica del beneficio esperado por los promotores. Una forma de actuar —o de dejar de actuar— que trajo resultados funestos y que nos volvemos a encontrar en Aroztegia, esta vez con la excusa del “turismo residencial”. La idea es simple: en la medida en que el binomio hotel-campo de golf pueda generar beneficios inmobiliarios (plusvalías) en su entorno inmediato, se trata de capturarlos en su totalidad a través de la promoción residencial. Si el momento no es propicio, queda ahí a espera de tiempos mejores, con la seguridad de que cualquier cambio de uso deberá ser adecuadamente indemnizado. No hay pérdida posible, no hay riesgo.

No hay nada que objetar a que se fomente la segunda residencia como forma de generar actividad adicional en el valle, teniendo siempre en cuenta que no es turismo propiamente dicho. De hecho, en España el turista residencial gasta de media en torno a la tercera parte que el turista hotelero. Pero en una zona como Baztán lo lógico, sensato y sostenible es hacerlo mediante la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio ya existente y, en su caso, su expansión armónica a partir de los actuales núcleos urbanos y no creando otros nuevos.

Aún hay un último aspecto a considerar. El anterior Gobierno de Navarra insistía en la bondad del proyecto para la creación de “empleo femenino”. Lo dijo el consejero del ramo en el Parlamento y lo dice el Acuerdo de declaración del proyecto como de incidencia supramunicipal. También lo exhibe algún cargo político del grupo hegemónico del actual Gobierno. Podemos hablar de empleo de calidad; de igualdad en el acceso al empleo para las mujeres; si me apuran, hasta de empleo acomodado a las cualificaciones existentes en la población activa femenina. Pero a día de hoy el concepto de “empleo femenino” apela a ocupaciones feminizadas que son, en su inmensa mayoría, empleos precarios y de baja calidad. ¿Es eso lo que se quiere para Baztán?

En suma, ni desarrollo económico, ni desarrollo sostenible, ni empleo de calidad. Una operación puramente inmobiliaria. ¿Cambio? ¿Gatopardismo foral?

A vueltas con las listas de espera

2016-02-20T10:53:00.001+01:00

Gráfico 1

Cuando un partido pierde el Gobierno, especialmente cuando lo ha controlado durante mucho tiempo, suele haber una primera fase que podríamos llamar de suficiencia, en la que no parece asimilarse del todo la nueva situación y, con información todavía fresca, se pretende apabullar al nuevo Gobierno a base de savoir faire. Esta fase termina cuando se impone la cruda realidad (se cae del guindo, vamos), el capital político (normalmente en forma de información y know-how) con que se abandonó el Gobierno se agota y sólo queda por delante el árido y duro trabajo de oposición.

Aquí es donde llega lo que puede denominarse la fase de la pataleta: a falta de otras armas y, a menudo, también de mimbres solventes con los que tejer el discurso; y ante la evidencia inasumible de que hay nuevos inquilinos en "nuestra" finca, de que las cosas funcionan —e incluso funcionan mejor—, se recurre al insulto, el exabrupto, el apocalipsis permanente. Esta fase dura más o menos, según la capacidad, el capital humano y la calidad del entramado organizativo, que tienen mucho que ver con el ritmo y rapidez del duelo.

Pues bien, UPN ha pasado directamente a la fase de la pataleta, su discurso es el del caos y su estrategia la conversión de cualquier aspecto de la vida política y ciudadana —incluyendo misas, procesiones o fracs—, en campos de batalla del enfrentamiento civil permanente. No es una estrategia inventada por UPN, sino que suele ser habitual, especialmente en la derecha, más dada a considerar que sus intereses son los únicos merecedores de la atención de lo público que, por ello, pasa con naturalidad a formar parte de "lo suyo". Ahí está la desabrida y malencarada legislatura del "váyase, señor González" o la pancartera y episcopal del nunca asimilado triunfo de Rodríguez Zapatero.

Por cierto, permítaseme el inciso, la estrategia política del PPN no va a la zaga de la de UPN y el partido se halla instalado en una suerte de milenarismo político en el que la falta de ideas o de argumentos parece suplirse exclusivamente con superlativos de la catástrofe o la magnificación de un argumentario ya de por sí pobre. Un partido que deja España como un erial, se mire por donde se mire y que debería haberse disuelto hace mucho, sólo por dignidad (o vergüenza torera, ya que hablamos del PP).

Pero a lo que iba. Lo trágico deviene cómico a base de desmesura. Cuando un partido deja a Navarra como la ha dejado UPN, proclamar el hundimiento irremediable de nuestra sociedad a cada momento o poner como ejemplo lo hecho con anterioridad, vestido con tules edénicos, generará titulares o afianzará en sus convicciones a los más irreductibles, pero es una estrategia perdedora, ahogada en su inverosimilitud.

Uno de los casos más discutidos ha sido el de las listas de espera sanitarias. Se publican los datos de diciembre de 2015 y UPN se lanza en tromba esgrimiéndolos como si fueran el arma definitiva, la ultima ratio regum, que diría Richelieu. Ya de principio suena patético para un partido que salió del Gobierno en agosto. Pero llega al ridículo y al esperpento cuando se critica una cifra como si hubiera surgido por generación espontánea, como si hasta agosto de 2015 la lista de espera fuera inexistente, como si la gestión de la sanidad pública hubiera sido modélica hasta ese funesto agosto. Y eso ya son ruedas de molino.

Por situar las cosas en su contexto y con el único ánimo de contribuir a asentar el debate, veamos los datos desnudos. El gráfico 1 muestra la evolución de las listas de espera desde 2003. La evolución es un tanto extraña, pero su análisis queda para otro momento. En todo caso, sería interesante hurgar en la hemeroteca para cotejar lo que se decía que pasaba y lo que realmente pasaba entre junio de 2010 y diciembre de 2014, en que alcanza un récord de casi 60.000 personas. Pretender que el nuevo Gobierno resuelva esa situación en cuatro meses dice mucho de la calidad del discurso. O bien se le está presuponiendo una capacidad excepcional; o, alternativamente, se está reconociendo la incapacidad propia y la pésima gestión realizada. Ninguna de las alternativas que la lógica dicta para explicar el exabrupto favorece a UPN.

Gráfico 2

Ya se sabe que tanto como las magnitudes absolutas importan las relativas, la variación porcentual. Aquí también ha habido motivo de pelea, siempre confusa y atropellada, en función de la referencia que se quiera utilizar. Hay dos posibilidades. Como los datos son semestrales, se puede calcular la variación sobre el semestre anterior. El gráfico 2 lo representa. De 25 semestres, las listas se han incrementado en un porcentaje superior en 10. No es un buen resultado y dudo mucho que al Gobierno de Barkos le guste. Si nos fijamos en la última legislatura de UPN el saldo es demoledor: las listas de espera aumentaron un 130%. Tampoco creo que al Gobierno de Barkos le guste. Más aún, sólo en una ocasión, en 2008, el segundo semestre del año es mejor que el primero. Y sólo en dos segundos semestres la lista de espera se ha incrementado menos que en el de 2015 (en otro más se redujo).

Ese es el análisis que ha manejado UPN, porque cree que le favorece. Eso sí, solo se fija en los dos últimos datos.

Gráfico 3

Pero este tipo de series suele estar sometida a efectos estacionales, por lo que lo habitual es calcular las variaciones sobre el mismo período del año anterior. Es lo que representa el gráfico 3; en azul las variaciones del primer semestre de cada año en relación con el mismo semestre del año anterior. En verde las del segundo semestre. La imagen es más clara, más correcta y altamente significativa. Desde 2003 en el segundo semestre del año las listas sólo se han reducido en otras tres ocasiones y sólo en dos en un porcentaje mayor al de diciembre de 2015. Y en siete segundos semestres se han incrementado. Y sólo en cuatro ocasiones (de un total de doce) la variación interanual en el segundo semestre es mejor que la del primero. Insisto, es absurdo atribuir a cuatro meses de Gobierno la totalidad de ese efecto, pero es a lo que lleva el torpe discurso de UPN. Veremos qué ocurre en junio y, sobre todo, en diciembre de 2016 para empezar a hablar de efectividad o no de la gestión del actual Gobierno.

Veremos si para entonces se ha pasado la pataleta. Aunque el primer "váyase, señora Barkos" tan temprana y agriamente deslizado no parece augurarlo. Aunque si yo fuera Barkos tampoco me preocuparía mucho. Si me apuran, hasta lo fomentaría.

Reforma fiscal, elecciones y modelo de sociedad

2015-12-17T10:10:00.001+01:00

En el baile de propuestas, contrapropuesta y ocurrencias que acompaña toda campaña electoral, las fiscales suelen ocupar un lugar destacado, aunque esta vez prácticamente todas las ocurrencias corren por cuenta del Partido Popular. En el caso de Navarra al contexto electoral se añade la reforma fiscal que ha enviado el Gobierno al Parlamento, lo cual contribuye a avivar el debate, que no significa cargarlo de contenido.

Es habitual exhibir el señuelo de la rebaja de impuestos para atraer o mantener clientela política. La crisis puso de manifiesto los peligros de socavar irresponsablemente la base fiscal, especialmente si se pretende asegurar un sistema de prestaciones sociales de cierta calidad. El fulgurante empeoramiento de las cuentas públicas y la propia intensidad de la crisis tienen mucho que ver con eso. Se suele decir que el Estado de bienestar es insostenible o que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Estas afirmaciones no resisten el análisis con un mínimo de rigor, pero se convierten en punta de lanza de una acción política enmarcada de lleno en eso que se suele denominar neoliberalismo y que persigue una radical contrarrevolución política, social y económica. Contrarrevolución que se ventila en el ámbito siempre negado de esa lucha de clases que, como bien se dice, la están ganando, y por goleada, los ricos.

Estos días hemos tenido ocasión de oír muchas barbaridades, burradas y exabruptos a cuenta de la reforma fiscal, en general sin excesivas sorpresas, incluyendo el plus de acritud que la campaña electoral propicia. Todas las voces proceden, qué casualidad, de la derecha, aunque el PSN parece, todavía y también en este tema (a diferencia, por cierto, de la templanza exhibida por el PSOE), incapaz de desprenderse de una subordinación que, sin embargo, no parece rentarle mucho. Conviene recordar que el año pasado se aprobó, a propuesta precisamente del PSN, una rebaja fiscal regresiva que, para colmo, lastró considerablemente los ingresos públicos, sin que se observen los benéficos efectos que, se decía, iba a traer.

Que la derecha propugne rebajas fiscales es normal, encaja plenamente con su visión del mundo. La justificación suele ser muy burda e inconsistente y la propia realidad se ocupa de desmentirla una y otra vez, sin que ello genere incentivo alguno para cejar en tanta contumacia. Se dice que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos o que reducir la carga fiscal incrementa la renta disponible y ello, a su vez, impulsa el consumo y la inversión y, por tanto, la actividad económica (el crecimiento económico, en su versión desarrollista, inconsciente e inconsistente). El resultado sería un aumento de ingresos públicos (la omnipresente curva de Laffer). Verdades que, así expresadas, son inobjetables a la vista de lo que explican los manuales de introducción a la economía, pero no necesariamente ciertas. El que lo sean o no, y en qué grado, depende crucialmente de la carga fiscal efectiva, de su distribución y de la situación económica concreta. En la actual, son afirmaciones sin contenido, por no decir falsas. Por supuesto, y aunque de forma vergonzante cuando no es abiertamente negado, las rebajas fiscales se centran en las rentas más altas, basándose en que por ser mayor su capacidad de ahorro, el impacto macroeconómico es también mayor.

A pesar de todo, las rebajas fiscales gozan de buena prensa y son bien acogidas por el público, pero tienen trampa. La derecha sabe muy bien que las reducciones de ingresos se terminan traduciendo en reducciones de gastos. La experiencia de los años de crisis es buena prueba de ello, con el deterioro evidente, y quizá irrecuperable, de los servicios públicos. Ese es su verdadero objetivo: reducir el sector público a su mínima expresión, esto es, la que asegure la obtención de beneficios (privados) sin trabas, aunque sea haciendo alguna mínima concesión a formas básicas de atención social (beneficencia) en situaciones extremas para evitar conflictos demasiados agudos. Así pues, tras tanta retórica, tras esas contundentes afirmaciones desmentidas una y otra vez por la realidad, tras una envoltura argumentalmente atractiva, se esconde un ataque brutal, despiadado y sin concesiones a todo lo que huela a redistribución, prestaciones públicas, políticas de rentas o consensos sociales.

Por todo ello no es sorprendente que ante una tímida y limitada reforma fiscal que eleva levemente los tipos para las rentas más altas y que persigue mejorar, siquiera ligeramente, las posibilidades de mantenimiento de unos servicios públicos básicos muy deteriorados como consecuencia de las políticas seguidas en los últimos años, la derecha política, mediática y económica irrumpa violentamente en el debate con argumentos disparatados y manifiestamente falsos. Desde quien habla de una presión fiscal “tremebunda”, a quien es capaz de cuantificar el número de empresas que se van a marchar o a quien, siendo cómplice del despilfarro y el expolio de lo público durante tantos años, predice un empobrecimiento generalizado. Incluso, en el apogeo de la pataleta, se llega a poner en solfa la capacidad de Navarra para hacer otra cosa en materia fiscal que no sea trasladar sumisamente, letra a letra, las normas estatales.

Al hilo de todo esto, conviene hacer tres observaciones. La primera, que el PP actúa con considerable falta de honestidad con la opinión pública, habida cuenta de que promete rebajas fiscales, o se opone agresivamente a la reforma navarra, sin explicar adecuadamente cómo va a hacer frente a esa vuelta de tuerca en forma de nuevos ajustes que le exige Bruselas. Quizá porque su pretensión es trasladarla íntegramente al lado del gasto, con lo que eso implica. Quizá porque, en línea con la propuesta de algún otro partido, pretende compensar la bajada del IRPF con el aumento de otros impuestos socialmente más injustos (eso que se da en llamar “ampliación de las bases imponibles” del IVA).

La segunda, que la reforma fiscal que se plantea en Navarra se alinea con los análisis y las sugerencias de organismos tan dados a heterodoxias y veleidades revolucionarias como la Unión Europea o la OCDE; así de mojigata es, pero incluso en ese estrecho marco queda aún camino por recorrer.

La tercera, que hasta el modelo de sociedad que parecen perseguir la derecha y el empresariado asilvestrado (hay empresarios muy conscientes de la importancia de una sociedad cohesionada para su propio futuro), requieren un sector público eficiente y una intervención mínima que está muy por encima de lo que, con una considerable miopía, pretenden. Lo demás, esas referencias a la presión fiscal, a lo que es o no es insoportable, a estar mejor o peor que otros, a lo que el Convenio con el Estado permite o no permite, parece una combinación de demagogia y estulticia en la que resulta muy difícil discernir el peso de cada componente.

La campaña electoral endurece y esquematiza los discursos, aunque quizá por ello permite desbrozar lo accesorio de lo esencial. Y entre tanto eslogan, titular y exabrupto se percibe nítidamente el modelo de sociedad que cada quien propugna. Porque en última instancia en estas elecciones de lo que hablamos es de modelo de sociedad. En todos los ámbitos.

Gobierno de cambio o cambio de Gobierno: una aclaración necesaria

2015-08-04T10:59:00.003+02:00

El cambio político en Navarra abre una etapa inédita con abundantes novedades y nada de ese apocalipsis que la derecha se empeñaba en anunciar con escasa fortuna electoral y política (o quizá algo sí, la hermenéutica da para mucho: “Y apareció en el cielo un gran signo: una Mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza” (Ap 12, 1)). Muy probablemente su verdadero temor es que tal cambio ponga de manifiesto la falsedad de un discurso bastardo utilizado durante demasiado tiempo para disuadir, atemorizar y retener a un electorado que, de otra forma, difícilmente hubiera perdonado sus abundantes desmanes; temor de que la ciudadanía se percate de que se trata sólo de alternancia democrática, con las lógicas discrepancias, faltaría más, sobre los principios, las prioridades y las formas en la gestión de la república.

Lo cierto es que el cambio se ha producido sin mayores estridencias y ya comienza a aportar aires saludables a la por muchos años enrarecida y asfixiante atmósfera política navarra. Cosas que deberían ser naturales, incluso banales, como la cotidianidad del uso del euskera en las instituciones, la relajación de usos y actitudes o el fin de un endiosamiento institucional impropio de una comunidad tan pequeña son buenos ejemplos. Y ello a pesar de las pataletas, rabietas y salidas de tono de quienes aún tienen pendiente un largo duelo por la pérdida de lo que ilícitamente consideraban su finca particular. O a pesar también de las furibundas campañas de la caverna mediática, en una algarabía que va más allá de la mera manipulación y se adentra en el territorio de la mentira o, lo que es peor aún, la ignorancia; pero hace ya mucho que dejamos de esperar coherencia, rigor y no ya verdad, siquiera verosimilitud de esos medios.

El nuevo Gobierno acaba de echar a andar, prácticamente está analizando el terreno, y ya llegará el tiempo de la toma de decisiones y del análisis de las mismas y de sus resultados. No obstante, su configuración y la manera en que a ella se ha llegado merecen algún comentario. Ya iremos viendo si son o no síntoma de algo.

La base de actuación, la hoja de ruta, es un acuerdo programático firmado por los cuatro grupos parlamentarios que apoyaron la investidura de Barkos. Acuerdo amplio y que pretende ser exhaustivo, aunque inevitablemente en los temas más espinosos o complicados para la consecución de consensos transita por una considerable ambigüedad, lo que no necesariamente es negativo ni tiene por qué generar rémoras en el funcionamiento del Gobierno. Ahora bien, por amplio y minucioso que sea, el acuerdo programático implica un compromiso de acción en sus contenidos concretos, pero no en los que se quedan fuera. Es presumible que abarque una porción relativamente reducida de la actividad gubernamental efectiva, por lo que gran parte de la tarea de gobierno se va a centrar en aspectos no contemplados en dicho acuerdo y puede condicionarlo, neutralizarlo e, incluso, revertirlo de facto. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que un mismo programa dará resultados distintos, hasta divergentes, según los objetivos finales, las preferencias y la visión del mundo de quien lo aplique. Es justamente en este contexto donde se aprecia en su verdadera dimensión la composición del Gobierno y surgen motivos, si no para la inquietud, sí al menos para la prevención.

En el actual Parlamento de Navarra la izquierda tiene un elevado peso, históricamente inusual, puesto que ocupa, al menos, la tercera parte del mismo. Peso que es aún mayor en la mayoría de gobierno, diecisiete escaños sobre veintiséis, a los que hay que añadir el indiscutible y abundante voto de izquierda que ha recibido Geroa Bai, de atender a lo que reiteradamente vienen mostrando los estudios de opinión. Sin embargo, la gestión del día a día que cabe esperar de la composición del Gobierno tendrá poco que ver con esa realidad sociopolítica. En el caso de las políticas económicas es aún más flagrante, puesto que la totalidad de la gestión económica de Navarra se deja en manos del sector más a la derecha (en términos relativos), no sólo de la mayoría de gobierno, sino de la propia Geroa Bai. Sorprende que EH Bildu, con sólo un escaño menos que Geroa Bai y Podemos, con dos, hayan transigido en esta cuestión.

Esto puede tener que ver con dos aspectos relacionados con la negociación: el primero, de lo que ha trascendido públicamente da la impresión de que aquélla, en lugar de dirigirse a la búsqueda de consensos, se ha basado más bien en la imposición y en la pretensión de ocupar la mayor parcela posible en el Gobierno en ciernes, cediendo el mínimo imprescindible para conseguir acuerdos; ello ha dado lugar a la exhibición de modos tajantes y autoritarios que inmediatamente sugieren modelos poco deseables. El segundo, que no es aventurado presumir en la configuración del Gobierno una voluntad deliberada por complacer o, al menos, no disgustar a determinados colectivos socioeconómicos que suelen colocarse bajo la etiqueta de “poderes fácticos”. Sería muy grave que se desvirtúe, diluya o imposibilite el cambio social y económico, simplemente para no incomodar a quienes, desde sus diversas y privilegiadas atalayas, han trabajado activamente y sin ningún reparo para que tal cambio no se produzca. Cambiar todo para que nada cambie en una suerte de gatopardismo foral. Por el contrario, poco o nada ha parecido pesar la opinión o posible reacción al respecto de colectivos sociales o económicos que, sin embargo, son los que están haciendo posible ese Gobierno. Sería un auténtico fiasco que la acción de gobierno se limitara a gestionar lo que hay dotándolo de barniz social, pero sin acometer reformas estructurales que aseguren, por ejemplo, la sostenibilidad de un sistema de prestaciones sociales mínimo y garantizado o la reducción de las desigualdades.

Es pronto aún y es necesario dar un margen de confianza al nuevo ejecutivo. Pero eso no significa carta blanca o aceptación acrítica de cuanto acometa. El actual Gobierno lo es de reconciliación y de normalización, que ya es mucho. Debe demostrar, además, que es un Gobierno de cambio y de transformación.

Cambio de modelo o inercia destructiva

2015-07-24T08:59:00.000+02:00

Desde que comenzó la crisis hemos asistido, para nuestro mal, a una serie de cambiadas que, a lo que se ve, van a terminar en un gran cambiazo. El problema es que, una vez más, los perjudicados son los de siempre y los beneficiados también. Como parte del juego, se exhiben cifras macroeconómicas que, quizá, se vayan notando en los bolsillos de las grandes fortunas (esas que raramente paran allí donde se generan y buscan rápidamente el cobijo de los paraísos fiscales), mientras demasiadas personas siguen en situación de auténtica emergencia y sin visos de salir de ella.

Cuando estalló la crisis hubo un amplio consenso, académico, técnico y político, en que sus causas estaban en la intensa desregulación de las décadas anteriores y la falta de controles adecuados sobre el sistema financiero. El sistema alumbrado a partir del Consenso de Washington mostraba su peor cara y se desmoronaba con estrépito y a un coste inmenso para las arcas públicas y el Estado del bienestar. Inmediatamente surgieron voces a favor de una regulación más estrecha y de un cambio de las reglas del juego. Allí están las proclamas de Obama o el afán refundador del capitalismo de Sarkozy.

No bien se hubo pasado el primer susto, gracias a las inyecciones de dinero público y acogotados los Gobiernos por el incremento de la deuda, correlato de aquéllas, el escenario cambió bruscamente y los rescatados se convirtieron en voraces y exigentes fiscalizadores de la actuación pública. Las tornas habían cambiado y los de siempre volvían a tener la sartén por el mango. El afán reformador se agotó pronto, incluso en una socialdemocracia balbuceante que apenas era capaz de repetir sin demasiada convicción las ya huecas —por carentes de contenido real— consignas de antaño. Los Gobiernos, fueran del color que fueran, lo fiaron todo al cambio de ciclo económico, no sin antes haber administrado dosis de austeridad que, en algunos casos, fueron causa directa de la agudización irremediable de los males económicos y de su coste social. Uno de sus más feos efectos, el aumento de las desigualdades, puede tener a largo plazo un coste inmenso en términos de eficiencia. Al modo de las sangrías de la medicina precientífica, lejos de curar al paciente lo debilitan, cuando no lo matan.

Y en esas estamos, exhibiendo con aire triunfal datos que en otro tiempo se hubieran considerado desalentadores y tratando de convencer a la población de que los males económicos, e incluso su percepción concreta, son pura imaginación. Lo dijo Rajoy con proverbial crudeza y dosis considerables de cinismo: “¿Quién habla ya del paro y de la recesión?”. Quizá en los círculos en los que él se mueve nadie porque ahora andan afanados en dar una vuelta más de tuerca. Lo ha dicho el FMI y lo ha dicho el Banco de España: más IVA, más reforma laboral y menos servicios públicos; y quien quiera sanidad o educación, que se la pague. También hay un ajuste fiscal pendiente que nadie se atreve a explicar (año electoral, ya se sabe) de dónde va a salir o a costa de qué se va a perpetrar.

Pero boutades de Rajoy al margen, el asunto tiene trampa y las declaraciones programáticas que se oyen, incluso por parte de grupos progresistas, supondrán a la vuelta de la esquina un clavo más en el ataúd del sistema de prestaciones sociales y un nuevo impulso al ya insostenible aumento de las desigualdades. El ciclo parece haber cambiado y de ello cabe esperar un aumento de la recaudación y, por tanto, algún alivio para las cuentas públicas, lo que permitirá recuperar parte del gasto social perdido estos años atrás. Eso si es que el discurso facilón de la derecha e, insisto, de muchos grupos que se denominan progresistas no se lo lleva antes por delante. Me refiero a ese afán por transformar cualquier holgura recaudatoria (aunque sea sólo prevista) en reducción de impuestos.

En buena parte la angustiosa crisis presupuestaria tiene su origen en el debilitamiento del sistema tributario, al reducirse los ingresos estructurales a favor de los coyunturales, muy ligados a la burbuja especulativa. El sector público devino así cómplice del desbarajuste y la redistribución regresiva de rentas. Posteriormente no ha habido reformas de calado que aseguren una eficaz financiación de unos servicios públicos y prestaciones sociales mínimos. Como tampoco ha habido ni siquiera intentos de reformar el modelo económico y productivo, a pesar de la proliferación de declaraciones de intenciones y de que probablemente es donde nos jugamos el futuro de nuestras sociedades. Con el gasto educativo y el esfuerzo en I+D retrocediendo terminará por consagrarse aquella barbaridad del “país de camareros y albañiles” (hubo ocasión de escucharlo —off the record— en el mismo Parlamento de Navarra).

En ausencia de tales reformas, fiar cualquier recuperación del gasto social únicamente —y en el mejor de los casos— a la inercia del ciclo económico es pan para hoy y hambre para mañana, por cuanto el inevitable cambio de ciclo en un futuro más o menos próximo —que es lo único que la ciencia económica permite predecir con solvencia— abocará a un nuevo retroceso social, con el agravante de que la posición de partida será mucho más endeble. Es decir, la sociedad se enfrenta a una dinámica perversa en la que a cada paso adelante se sucederán casi indefectiblemente dos atrás. El saldo neto de tal dinámica es obvio. Y eso siempre que no se recurra al afán mencionado por compensar cualquier mejora recaudatoria con bajadas de impuestos. Ciertamente halaga los oídos del público (el manido discurso, falso por simplificador, de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos), pero tiene trampa, porque hace enormemente complicado cualquier incremento de un gasto social ya muy mermado —no se olvide— desde que comenzó la crisis. No es difícil aventurar en este escenario el futuro del Estado del bienestar.

A ello hay que sumar un contexto global que contribuye poderosamente a condicionar nuestro actual modelo socioeconómico y en el que no es una pieza menor el TTIP, que se pretende un tratado comercial para favorecer a las PYMES exportadoras y no tiene nada que ver ni con el comercio ni con las PYMES y sí mucho con la financiarización de la economía y el fin de la economía productiva a la que estamos habituados. La pregunta es sencilla: ¿hay propuestas y acciones concretas para cambiar dicho modelo o la opción es instalarse en una inercia que nos lleva al desastre?

Deducciones fiscales y ayuda a las familias

2015-03-04T16:04:00.000+01:00

El Partido Popular ha presentado una proposición de ley en el Parlamento de Navarra que, presuntamente, pretende mejorar el trato a las familias con más cargas (familias numerosas o con ascendientes o descendientes con discapacidad) y equiparar su trato al que tienen en el régimen común. Digo presuntamente porque tal pretensión se basa en dos errores que conviene desentrañar para poder apreciar la propuesta en su verdadera dimensión. Todo arranca de la última reforma fiscal del PP, claramente electoralista y que ahora su sucursal navarra pretende trasladarnos, quizá con el afán de ganarse el distintivo de protectores de la familia. Pero no sólo no es así, sino que la medida tiene implicaciones perversas. Incluso se han alzado algunas voces a favor de esa iniciativa que serían sonrojantes de no presumirse apresuramiento o superficialidad en su apreciación.

El primer error es dar por hecho que el tratamiento fiscal de las familias es peor en Navarra, simplemente comparando una deducción. La estructura del IRPF difiere en Navarra y el Estado y la base liquidable se determina de distinta manera, lo que hace los respectivos impuestos difícilmente comparables, aunque se puede afirmar que las familias salen mejor paradas con el IRPF foral. Ni siquiera es conceptualmente consistente comparar una figura tributaria con otra para determinar el mejor o peor trato al contribuyente, porque ello exigiría analizar tanto el sistema fiscal en su conjunto como la estructura del gasto, especialmente el social, dado que en nuestras sociedades gran parte del esfuerzo redistribuidor recae sobre éste.

Tabla 1

El segundo error es presumir que la propuesta del PP mejora la situación de LAS familias navarras con mayores cargas. Para empezar, se dirige exclusivamente a sujetos pasivos del IRPF que estén dados de alta en la Seguridad Social. Además, y dada la mecánica del impuesto, se excluyen de sus beneficios las rentas más bajas. Intentaré aclarar este extremo con algunos ejemplos. Partiremos para ello de un supuesto muy simple, una familia con un único perceptor de rentas del trabajo y sin otras rentas, ni cargas hipotecarias u otros conceptos que den derecho a deducción.

Tabla 2

Primer caso (tabla 1): familia con tres hijos. La propuesta prevé una deducción de 1.200 euros. Pues bien, dicha deducción empezaría a actuar a partir de unos ingresos brutos del trabajo de 16.000 euros y desplegaría todo su efecto (la posibilidad de descontarse los 1.200 euros completos) a partir de 21.000 euros.

Segundo caso (tabla 2): familia con tres hijos, uno de ellos con una discapacidad inferior al 65%. La deducción propuesta sería de 2.400 euros, que sólo pueden obtener completa rentas superiores a 29.000 euros.

Tabla 3

Tercer caso (tabla 3): familia con cinco hijos. La deducción sería de 2.400 euros, que sólo es factible a partir de 34.000 euros de renta (a partir de unos 24.000 euros se puede acceder parcialmente a la deducción).

Cuarto caso (tabla 4): familia con solo un hijo, afectado por una discapacidad inferior al 65%. En este caso la deducción (1.200 euros) empezaría a actuar a partir de unos 14.000 euros de renta y sólo la obtendrían completa rentas superiores a 19.000 euros.

Tabla 4

Quinto caso (tabla 5): familia con un solo hijo, afectado por una discapacidad superior al 65%. La deducción prevista sólo la obtendrían completa ingresos netos del trabajo superiores a 25.000 euros (empieza a ser positiva a partir de unos 20.000 euros).

Tabla 5

Así pues, la pretendida ayuda a las familias con mayores cargas es, de hecho, una ayuda a algunas familias, que empieza a actuar a partir de determinados umbrales de renta, por lo que las de menor renta quedan sistemáticamente excluidas. Adviértase que cuanto mayores sean las cargas y más compleja la situación familiar, mayor es el nivel de renta requerido para que funcione la deducción. Si la familia tiene derecho a alguna otra deducción (por ejemplo, por adquisición de vivienda) o dispone de rentas de otras fuentes con menor gravamen, los umbrales se elevan aún más. Curiosa política social.

Esa regresividad de la deducción se ve agudizada por su vinculación a cotizaciones y cuotas a la Seguridad Social, que operan como límite para aquélla. Nuevamente la posibilidad de obtener la deducción completa sólo es factible a partir de unos 20.000 euros brutos. Si bien es cierto que en el caso de varios ascendientes o descendientes con discapacidad este límite actúa de forma independiente para cada uno de ellos, sólo se modera el efecto total.

Incluso, cosas del marketing político, se vende esto como un supuesto pago mensual de 100 o 200 euros, según los casos, a las familias beneficiarias. Una vez más, no deja de ser un engaño, puesto que el resultado final depende de la cuota líquida del IRPF, por lo que aquellas familias con cuota nula o negativa (además de las que no tienen rentas o sin obligación de declarar) pueden verse obligadas a devolver el dinero adelantado. Humo, demagogia y regresividad.

Se deja, pues, de lado, una vez más, a miles de familias para las que el mileurismo es hoy día una meta inalcanzable y que llevan años padeciendo las injurias de recortes sistemáticos en ayudas y prestaciones sociales. No se puede alardear de proteger a la familia cuando son muchas las que deben renunciar a la asistencia a dependientes o personas con discapacidad porque no pueden hacer frente a los copagos (al coste, incluso, de salir del mercado de trabajo). O personas mayores que, por la misma causa, renuncian incluso a salir de casa, so pena de encontrarse en situaciones poco decorosas. No hablemos de los recortes del Estado en dependencia a las comunidades autónomas (1.400 millones entre 2012 y 2014) o la fuerte reducción del gasto social en Navarra (en términos de PIB es la comunidad que más lo ha reducido).

La igualdad y la progresividad sólo pueden garantizarse con servicios públicos universales y para ello el sector público debe contar con ingresos suficientes. Laminar las fuentes de ingresos sólo conduce al deterioro del sistema de prestaciones sociales. Como mal menor, la única manera de tratar a todas las familias por igual sería establecer una compensación directa a aquéllas que por su nivel de renta no puedan acceder total o parcialmente a la deducción. Claro que cuando se proponen medidas de ese tipo enseguida surge el vocablo mágico para denegarlas: sostenibilidad. Se ve que ayudar a quienes más tienen es hacer política social. Lo demás, populismo y demagogia.

Portal de Francia y memoria histórica

2015-03-01T19:11:00.000+01:00

Hemos conocido estos días una propuesta relacionada con el portal de Zumalakarregi en las murallas de Pamplona. En cierto modo, sorprende que haya tardado tanto en surgir la cuestión, por estar muy ligada a la memoria histórica. Seguramente el deterioro de la placa conmemorativa y la dificultad (o imposibilidad) de leer cabalmente su contenido ayuda a explicar la indiferencia general.

Dicen quienes han hurgado en los archivos que la puerta se denominó hasta el siglo XVIII del Abrevador, compartió durante un tiempo esa denominación con la de Francia, que queda como única ya a principios del siglo XIX, quizá unida a que era la entrada habitual de peregrinos en la ciudad. Al igual que ocurría con otros muchos elementos del paisaje urbano, se trata de denominaciones descriptivas o informativas, fruto más del uso popular y la costumbre que de decisiones administrativas.

El 31 de enero de 1939 el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona acuerda “que el portal conocido por el nombre de Francia se llame en lo sucesivo portal de Zumalacarregui”, como un homenaje a este general y a sus “sacrosantos ideales” (la propuesta, por cierto, la hizo Valeriano Zabalza, objeto ya de los desvelos literarios de José Ignacio Lacasta). En el mismo Pleno, y no por causalidad (los furores del III Año Triunfal), se acordó la denominación de la actual avenida de Galicia y de la plaza del Alcázar; en el primer caso “para rendir de esta forma el debido homenaje a las región hermana tan identificada con Navarra en la actual cruzada”; en el segundo, “como homenaje eterno a los bravos defensores del Alcázar de Toledo”. Finalmente, la Comisión Permanente aprobó el 25 de marzo de 1939 el texto de la placa, que fue inaugurada con el boato que la ocasión requería, cómo no, el 18 de julio de ese año.

Estos antecedentes son necesarios para entrar en el meollo de la cuestión, esto es, la denominación misma del portal, y situarla en sus auténticas coordenadas históricas, puesto que la propuesta aludida se limita a la sustitución del actual texto por otro.

Y es que la denominación oficial vigente del portal, por mucho que el personaje sea más o menos caro a los ojos de contemporáneos de muy diverso signo político, responde a una exaltación de la sublevación militar, del conflicto armado (la Cruzada), del régimen que comenzaba entonces a institucionalizarse y de su cabeza visible, el general Franco. El tradicionalismo carlista era uno de los componentes más caracterizados, por su cobertura ideológica y sostén social, de la amalgama de intereses que confluían en el posteriormente denominado Movimiento Nacional. No es de extrañar, pues, que se pretendiera entroncar el golpe de Estado y la guerra con las guerras carlistas y, muy particularmente, a Franco con el general Zumalakarregi. Quizá buscando dosis adicionales de legitimación histórica e ideológica, quizá en un intento de reforzar la posición del tradicionalismo en la coalición fascista, quizá, simplemente, para exhibir músculo histórico, el caso es que esas guerras se presentan como precursoras “del glorioso alzamiento nacional, que comenzando el 18 de julio de 1936 bajo la dirección del Caudillo y Generalísimo Franco llevó al triunfo los postulados encarnados en la tradición”. No hay, por tanto, ninguna inocencia en la elección de la denominación del portal ni se eligió un personaje histórico al azar o en función de la querencia de un jaimista más o menos recalcitrante. Hay un pecado original y flaco favor se le hace al general carlista manteniendo las cosas como están y limitándose a cambiar la placa.

En consecuencia, el necesario ejercicio de memoria histórica obliga no sólo a poner en tela de juicio la maltrecha inscripción actual, algo desde luego fuera de toda duda, sino también el propio acuerdo municipal. Ello implica restablecer la denominación preexistente del portal que, por cierto, es la que se ha mantenido a lo largo del tiempo, no solo en el uso cotidiano, sino en el del propio Ayuntamiento (véanse, por ejemplo, la página web dedicada a las murallas de Pamplona o los paneles informativos in situ). Ello favorece también la preservación de las murallas como conjunto histórico. No tiene sentido (ni lo tenía en 1939, prescindiendo de consideraciones ideológicas y de la pretensión de exaltar la sublevación franquista) utilizar los distintos elementos de las murallas (portales, baluartes, fortines, revellines, contraguardias) para homenajear o exaltar a personas o ideas con criterios contemporáneos, ajenos por completo al monumento y que iría, creemos, en detrimento del mismo. Tampoco cabe invocar el tiempo transcurrido (setenta y seis desde que se tomara la decisión, treinta y nueve desde la muerte del dictador) porque en este caso (y, en general, en cuanto afecta a la memoria histórica) no es blasón sino baldón.

No nos pronunciamos sobre el contenido de la inscripción que se ha propuesto, que seguramente admite matices. Tampoco sobre la oportunidad de homenajear a Zumalakarregi. Pero si se estima conveniente hacerlo, creemos que, por su propia dignidad histórica, habría que desligarlo de cuanto la sublevación militar y el franquismo significan. Una posibilidad, seguramente la más razonable, es dedicarle una calle. Y considerando su peripecia personal y la proximidad de su domicilio, nos atreveríamos, incluso, a proponer el espacio urbano situado intramuros, justo delante del portal y en la confluencia de las calles Redín, Carmen y Barquilleros. Se salva así a Zumalakarregi, se salva la integridad del conjunto histórico de las murallas y, finalmente, se salva y repara la memoria histórica.

De medallas y prohombres (del franquismo)

2014-12-01T19:19:00.000+01:00

La concesión de la medalla de oro de Navarra a Félix Huarte y Miguel Urmeneta ha levantado una considerable polvareda en la que, como suele ser habitual, las posiciones se atrincheran sin concesiones al rigor y, por tanto, al matiz. De tal manera que si se está a favor todo cuanto afecte a estos próceres es positivo, y al revés ocurre si se está en contra.

Para empezar, entiendo que sólo por razones muy excepcionales y muy próximas en el tiempo, se justificaría la concesión de un galardón de este tipo a título póstumo. Seguro que desde los primeros pobladores de cuevas como, pongamos, la de Alkerdi hasta hoy se nos pueden ocurrir centenares de merecedores de la medalla (lamentablemente, es muy probable que en esa hipotética lista hubiera muy pocas mujeres, lo cual también debe hacernos reflexionar sobre nuestra manera de pensar, elaborar y explicar la historia).

En segundo lugar, y creo que este es el meollo de la cuestión, la medalla se concede a estas personas en tanto que impulsores del Programa de Promoción Industrial (PPI) de 1964 (Decreto Foral 109/2014). No se trata de negar el acierto y la incidencia del PPI, con su efecto real y sus limitaciones, porque sería absurdo. En un trabajo de 1996, centrado en la industria del automóvil en Navarra, apuntaba en una nota a pie de página: “Falta todavía un estudio histórico global de la segunda mitad de este siglo en Navarra, aunque van apareciendo estudios parciales muy significativos. (…) Igualmente se echa en falta el análisis de la incidencia de la familia Huarte en el proceso de industrialización. Las opiniones recogidas durante el desarrollo de la investigación entre responsables empresariales (algunos de ellos desde los años sesenta) apuntan a su importancia. Especialmente relevante parece haber sido el papel de D. Félix Huarte, tanto como industrial como en su calidad de vicepresidente de la Diputación Foral de Navarra”. Salvo por el hecho de que hoy disponemos de más información y estudios al respecto, no veo motivos para dejar de suscribirlo.

Pero lo cierto es que Huarte y Urmeneta pudieron promover y gestionar el PPI en virtud de los cargos que ocupaban. No es una cuestión baladí. Supongo que a estas alturas no es necesario abundar en los méritos que había que acumular (y no precisamente en valores democráticos, que si se tenían, que ya es decir, no se iban proclamando o exhibiendo) en la dictadura para llegar a cargos como el de alcalde de Pamplona (y parece que todo fueron aciertos, cuando hay sonoros desaciertos), vicepresidente de la Diputación Foral o diputado foral. Puede sentar mejor o peor, pero su descripción como prohombres del franquismo (y no solo local) es ajustada. El curriculum de los cargos públicos en las dictaduras se ve inevitablemente contaminado por las características de esos regímenes y los requisitos de acceso a los mismos.

Y esa es la verdad objetiva. Lo que ni quita ni pone al devenir vital de estas personas y a los méritos que, en otros campos, pudieran acumular. Pero la medalla se concede por lo que se concede. No a trayectorias personales, a la práctica paternalista de la beneficencia con ribetes sociales, al patrocinio de actividades que aún perduran y que han trabajado duro a favor del euskera; ni tampoco al fomento mediante inversiones propias del tejido industrial navarro, a escuelas de formación profesional, a la promoción de artistas relevantes (como Oteiza) o a los muy trascendentales, polémicos y polifacéticos Encuentros de Pamplona de 1972 (costeados por la familia Huarte, al parecer como consecuencia directa del testamento de Félix Huarte).

No se requiere, pues, falsear la historia (es el caso de la polémica sobre el uso de mano de obra esclava por parte de Huarte en la construcción de la basílica de Cuelgamuros), para argumentar la improcedencia e inoportunidad de la medalla, que deviene en homenaje a un régimen político. Tampoco edulcorarla para hacer digerible el galardón. Un nuevo gol del Gobierno de Barcina que ha conseguido descolocar a demasiada gente.

Nostalgias virreinales y atropello foral. ¿Quién defiende los fueros?

2014-09-17T20:47:00.000+02:00

La historia, y la historia de Navarra, suele ser una fuente de modelos para caracterizar con eficacia pedagógica fenómenos contemporáneos. Así, si Miguel Sanz encuentra su imagen especular en el conde de Lerín, del que es un más que brillante émulo (consigue superarlo con creces), Barcina apunta maneras y hechuras virreinales desde el mismo momento en que fue ungida con el carisma del libérrimo dedo del líder. Las actas de las Cortes de Navarra están preñadas de testimonios en los que se aprecia claramente el papel del virrey como celoso vigilante de los intereses del rey y controlador de las veleidades de los tres estados, quién sabe si temiendo que se volvieran locos.

Mutatis mutandis (más que nada en lo tecnológico), es la situación que se vivió en el Parlamento de Navarra durante el pleno sobre autogobierno del pasado 10 de septiembre. Después de que durante meses y desde diversos ámbitos, incluido UPN y su presidenta, se reclamara unidad y consenso, Barcina no compareció para defender el régimen foral o propiciar esa unidad. Por el contrario, atacó a la oposición, sacó a relucir su aversión a la transitoria cuarta y defendió al Gobierno español exigiendo lealtad, basándose en el carácter pactado del régimen foral.

Barcina pareció olvidar que todo pacto, al menos si es simétrico, requiere lealtad por ambas partes. Pese al mito interesado, el Estado nunca ha sido leal. Dispone del resorte de decisión de última instancia (lo cual demuestra que no es un pacto entre iguales) y lo ha aprovechado intensivamente. Si no ha habido más conflictos explícitos ha sido, simplemente, porque tradicionalmente la Diputación Foral se ha retraído a la hora de tomar decisiones cuando preveía la oposición estatal, en un ejercicio más de sumisión que de prudencia.

La olímpica impasibilidad con que Barcina ha contemplado la cascada de reveses que el régimen foral ha sufrido esta legislatura, siempre con origen en Madrid, sólo se descompuso levemente tras la sentencia del Tribunal Constitucional de junio pasado. Quizá por su inconsciencia de la situación, en el mencionado Pleno sobre autogobierno Barcina sólo presentó dos iniciativas concretas: la primera, una reunión de la Comisión Coordinadora a celebrar este mes. Al parecer, cumplir la ley es para ella un mérito, puesto que obliga a ello el artículo 67.3 del Convenio. La segunda, una reunión con Montoro a la que acudió el 17 de este mes, ufana, convencida de haber hecho los deberes, para rendir el debido vasallaje al ministro. Volvió demudada, sin plumas y cacareando. Que no sea consciente del pecado agrava aún más el efecto de la penitencia, por inesperada e incomprensible (para ella). Barcina se resistía a tomar una tacita y le han endilgado un tazón de proporciones bíblicas.

Será verdad que Barcina no lo vio venir. Ni UPN. Lo que no puede aducir es que no se le ha advertido reiteradamente. Pero siempre ha preferido utilizar el resorte madrileño para ajustar cuentas a la oposición en Navarra, incrementando aún más una debilidad, derivada de su minoría parlamentaria, ya de por sí palmaria. Recordemos que en su día se permitió la osadía, y la torpeza, de acudir a Madrid (a uno de esos foros en los que se siente tan bien tratada y donde afloran sus impulsos más oscuros) a suplicar que la trataran bien porque si no llegarían los vascos. En pleno frenesí centralizador (recentralizador, que aquí del jacobinismo sólo se ha tomado lo malo), sólo cabía esperar que el Estado aprovechara la situación, aunque ello exigiera la cabeza de su virreina.

La actuación del Estado en este asunto se ajusta como un guante a las fases que los militares distinguen en el combate ofensivo. La primera es la de aproximación, rápida, por distintos ejes y a menudo con un control descentralizado. Caso de encontrar alguna resistencia, la segunda fase es la de valoración del contacto con el fin de diseñar el ataque, que se desarrolla en la tercera fase. Los hitos del mismo han sido dos sentencias del Tribunal Constitucional. La siguiente fase, en la que ahora nos encontramos, es la de aprovechamiento del éxito, consecuencia directa del buen resultado inicial del ataque. Se pretende explotar la debilidad del enemigo para, posteriormente, ya en la persecución, aniquilarlo. Si el ataque se dirigió a la capacidad tributaria de Navarra, ahora haciendo aguas, el aprovechamiento del éxito pretende pulverizar los últimos bastiones, dejando la Hacienda de Navarra es una situación de ruina que impida cualquier reacción. Ese es el sentido del recurso del Gobierno español ante el Tribunal Supremo que, qué duda cabe, ganará.

Si la crisis se ha llevado por delante el mito de la capacidad de gestión del regionalismo navarro y ha dejado al descubierto sus errores, su concepción caciquil de la cosa pública y su propensión natural al despilfarro, los últimos acontecimientos dejan bien a las claras que UPN no sólo no es el único y cualificado paladín de la foralidad, sino que ni siquiera es un buen y eficaz defensor de la misma. Más aún, la experiencia muestra que, hoy por hoy, es su mayor enemigo, por su incompetencia y su empeño en utilizarla como arma arrojadiza en lugar de defender los intereses de Navarra, de toda Navarra, allí donde están amenazados.

A día de hoy el Convenio Económico está a merced de la discrecionalidad y arbitrariedad del Estado y el Gobierno de UPN carece de la capacidad, la credibilidad y la fuerza negociadora para enfrentar la situación. Dada su resistencia a buscar consensos internos, Barcina debería abstenerse de cualquier iniciativa más allá de la pura gestión hasta las próximas elecciones. En este momento es muy probable que el riesgo y el coste asociados a sus actuaciones sean muy superiores a los que comportaría la inacción.

La situación es muy grave y comprometida y va siendo hora de reflexionar seriamente sobre las posibilidades reales de la sociedad navarra para encarar el futuro y los instrumentos disponibles. Está por ver si la decimonónica ensoñación cuarentayunista, ya sea la militante, ya esa otra vergonzante que parece extenderse por ciertos ámbitos socio-políticos, es capaz de dar respuestas en contextos radicalmente distintos. ¿Puede Navarra decidir sobre su modelo político, social y económico con los mimbres actuales? ¿Es autogobierno un instrumento de financiación sobre el que tiene la última palabra el Estado? ¿Está Navarra dispuesta a soportar el enésimo atropello derivado de la incapacidad o complicidad interesada de nuestros privativos Quisling forales, sedicentes adalides de la foralidad? Es tiempo de decisiones. Con manifiestos o sin ellos.

El Impuesto sobre el Patrimonio, ahora y en la propuesta de UPN

2014-09-03T19:58:00.000+02:00

Dentro de la propuesta de reforma fiscal del Gobierno de UPN, se incluyen cambios en el Impuesto sobre el Patrimonio. Naturalmente, para reducirlo. La razón es, dice el Gobierno, que se constatan diferencias con otras Comunidades Autónomas y los sujetos pasivos obligados a tributar en Navarra se enfrentan a pagos más elevados. No entraré en la argumentación, que tiene sus vueltas, revueltas y matices. Para juzgar adecuadamente el alcance del impuesto actual y el de la reforma que pretende hacer UPN, conviene dar algunos datos sobre su funcionamiento.

En su forma actual, el Impuesto sobre el Patrimonio es el resultado de un acuerdo de toda la oposición, salvo el Partido Popular, por una cuestión de elemental justicia distributiva. Si comparamos la escala vigente con la que propone el Gobierno (tabla 1), se puede pensar que cambian poco las cosas; únicamente que se reducen los tipos en un 20%. Lo mismo que se podría pensar que se gravan los patrimonios en las cuantías que aparecen en la tabla. Pero no es así e intentaré explicarlo.

Para empezar, pensemos en una persona con un patrimonio neto (es decir, descontando las deudas) de 50.000 euros. ¿Significa eso que va a pagar el 0,2%? No, porque hay dos magnitudes a tener en cuenta, antes de aplicar la escala. La primera, la vivienda habitual, que está exenta hasta un valor de 250.000 euros. En segundo lugar, también hay que restar la cantidad de 311.023,76 euros en concepto de mínimo exento. Por tanto, se paga sobre la cuantía de patrimonio neto que rebase un valor de 561.023,76 euros. Por poner un ejemplo, una persona con un patrimonio neto de 750.000 euros, tributaría sobre 188.976,24 y la cuota a pagar sería de 411,42 euros. Con un patrimonio neto de diez millones de euros, la deuda tributaria sería de 160.118,09. Que cada quien juzgue si estas cifras son confiscatorias o no (gráfico 1).

Tabla 1

Pero la reforma de UPN no sólo modifica la escala, sino que amplía el mínimo exento hasta 1.000.000 de euros. Si, además, el contribuyente posee una vivienda habitual, los primeros 1.250.000 euros de su patrimonio neto no tributan. Por ejemplo, en el caso de un patrimonio neto de 1.500.000 euros, tendría que pagar 475,59 euros. Si es de diez millones, debería pagar 116.519,65 euros. La actuación simultánea del cambio de escala y del mínimo exento hacen que, en todos los casos, la rebaja supere el 20% (digamos que tiende asintóticamente al 20%).

En todo caso, en el momento actual la discusión no radica en la existencia del impuesto, sino en su grado. Y hay buenas razones para mantenerlo en su situación actual, precisamente porque la crisis requiere un esfuerzo general, mientras que se observa un desequilibrio claro en la contribución de unos grupos de renta y otros y no hay justificación, ni económica ni social para proceder a una rebaja generalizada (en esta y otras figuras tributarias) de la carga fiscal a las rentas más elevadas. Sí sería conveniente una simplificación del impuesto, la eliminación de exenciones y la consiguiente reducción de la escala para adecuarla a su impacto real.

Gráfico 1

En cuanto a la existencia misma de la imposición sobre la riqueza, la tendencia a la reducción de la progresividad del sistema fiscal y el incremento de las desigualdades sociales hacen que la mejora de la equidad siga siendo un objetivo fundamental de la política pública y, por tanto, un argumento a favor del mantenimiento de este impuesto. Se suele decir, en su contra, que grava por trabajar y por ahorrar, es decir, que los tributos sobre la riqueza equivalen a una doble imposición. Sin pretender entrar a fondo en el debate, no parece un argumento muy consistente, puesto que el patrimonio está sólo indirectamente relacionado con el trabajo y los medios financieros de las familias están mucho más relacionados con su riqueza que con su renta, mientras que las rentas del capital están sometidas a una fiscalidad más benévola y sólo se gravan cuando se realizan. Tampoco hay que olvidar que la acumulación y preservación de patrimonios no depende sólo de decisiones individuales, sino de condiciones sociales, legales e institucionales en las que el sector público (y el presupuesto público) tiene un papel determinante, por lo que es lógico, y justo, que se pague por ello.

Por supuesto, no hay que abstraerse del contexto y olvidar la gran movilidad del capital, pero la Administración cuenta con medio suficientes para hacer que la tributación sobre la riqueza funcione.

El engaño de la reforma fiscal de UPN

2014-09-01T18:15:00.000+02:00

La propuesta de reforma fiscal que ha presentado el Gobierno de Navarra es un engaño. Y lo es sin paliativos y en diversos sentidos. Antes de entrar en materia, conviene aclarar que las medidas que contiene dicha propuesta son numerosas. Algunas, las menos, se pueden compartir; otras presentan aspectos positivos dignos de ser tomados en consideración en una negociación o en el trámite parlamentario; finalmente, otras son claramente inoportunas, ineficaces o nocivas. Lamentablemente, son éstas las que dominan y determinan el tono general de la propuesta gubernamental. En el caso concreto del IRPF consisten fundamentalmente en volver a la situación de 2011.

Decía que la propuesta es un engaño. En primer lugar, porque no tiene nada que ver con aquella “reforma fiscal integral” que nos prometía la presidenta Barcina hace un año. Una mera faena de parcheo que, en lo que a la escala se refiere, consiste en recuperar la existente en 2011. Y si ya entonces se apreciaba un agotamiento del modelo fiscal y la necesidad de reformas, este viaje de ida y vuelta a trompicones nos deja donde estábamos, pero peor.

Es un engaño, también, porque es más que dudoso que la reforma sirva para ese tan manido objetivo de fomentar la reactivación económica y la creación de empleo. Hay una idea que la derecha ha convertido en un mantra, como si su reiteración la fuera a hacer cierta: la de que bajar impuestos a quienes más tienen genera actividad económica y empleo. Es, quizá, el mejor ejemplo de lo que Paul Krugman llama “ideas zombies”, que se mantienen en el programa político a pesar de que la evidencia empírica las refuta una y otra vez. Diríase, por el contrario, que el Gobierno de UPN confía en que el fin de la recesión procure algún alivio a la recaudación con el que compensar la rebaja fiscal. Dicho de otra manera: no es la rebaja fiscal la que genera reactivación, sino la reactivación (si se consolida) la que permite financiar la rebaja. Por tanto, es previsible que actúe más como freno que como acicate. De paso, se imposibilita así la recuperación de prestaciones sociales y mecanismos de solidaridad, muy dañados con la política de austeridad a ultranza seguida estos años.

Es un engaño porque si se pierde equidad y progresividad, difícilmente se puede “asegurar un sistema tributario justo”, como se proclama al enumerar los “pilares” de la reforma. En este aspecto, el Gobierno de Navarra ofrece una información, basada en la bajada generalizada de impuestos, que es capciosa, por no decir tramposa. Vayamos a los datos.

Es evidente que, con carácter general, el IRPF se reduce. Pero eso no quiere decir que la ciudadanía lo vaya a notar. De hecho, miles de contribuyentes no se van a enterar (incluso, por mor de la técnica del impuesto y de algunos ajustes que se contemplan, puede haberlos que vean aumentar su carga fiscal, aunque dejaremos estos casos a un lado por su excepcionalidad).

Gráfico 1

Dada la diversidad de situaciones personales posibles que determinan el resultado de la liquidación del IRPF, consideremos un caso simplificado, un contribuyente soltero que sólo percibe ingresos del trabajo, y hagamos cálculos, comparando la situación actual con la que prevé el Gobierno para 2016 (2015 se contempla en el proyecto de ley como un año de transición). Quienes perciban unos ingresos netos (descontando cotizaciones sociales) de 10.000 euros, no se van a enterar. Si los ingresos son de 20.000 euros, la rebaja es del 3,83%; 4,39% para 30.000 euros; 4,85% para 40.000 euros; 5,05% para 50.000 euros; 7,31% para 100.000 euros; si los ingresos son de 200.000 euros, la rebaja fiscal es del 9,34%; del 11% si son de 300.000; y del 11,17% si son de 400.000 (beatus ille…) (ver gráfico 1).

Gráfico 2

Así pues, los resultados son contundentes acerca de la supuesta progresividad de la reforma que propone UPN (los porcentajes anteriores pueden variar en su cuantía en función de situaciones personales, pero la ordenación y la magnitud relativa se mantienen). Nada sorprendente, puesto que en una primera aproximación, la simple comparación de las dos escalas de gravamen ya nos lo indica. Así, mientras el tipo del tramo más bajo no varía, el penúltimo (a partir de 175.000 euros) se reduce un 13,72% y el último (a partir de 300.000 euros) el 11,54% (gráfico 2). A ello hay que añadir dos elementos que acentúan la desigualdad de trato a favor de las rentas más altas: el primero, que cuanto mayor es el nivel de renta más peso tiene en su composición la procedente del capital, sometida a un tratamiento fiscal más benévolo; el segundo, la ampliación del mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio y la reducción de todos los tipos de la escala en un 20%, reduce aún más la carga fiscal de la población más rica. Un nuevo drenaje de rentas desde las capas sociales menos favorecidas a las más favorecidas, que, además, han sufrido en mucha menor medida (si es que lo han sufrido) el impacto de la crisis. De esta manera el sector público se convierte en agente activo en el aumento de las desigualdades que se viene observando estos años y que contribuye poderosamente a la fractura social.

Y es, finalmente, un engaño, porque se justifica en una idea absurda que sólo con considerables dosis de bondad podemos evitar calificar de estupidez: eso de que la política fiscal debe atender al criterio de que ningún navarro esté peor que un español. Su aplicación requiere, y algo de eso vamos viendo, la renuncia a un instrumento fundamental de política económica, y por tanto al margen de autogobierno de Navarra, puesto que sólo es factible (y con reservas) trasladando tal cual toda la legislación fiscal del Estado y reduciendo cada uno de los tipos. Esa obediencia ciega a las consignas del PP en Madrid es nefasta para Navarra y para la foralidad, en un momento particularmente delicado.

En suma, una propuesta que abunda en principios ideológicos caros a la derecha, que supone un engaño a la sociedad por la forma de presentarla, que no va a cumplir los objetivos aparentemente pretendidos (los ocultos seguramente sí) y que es inoportuna, dado el momento económico que atraviesa Navarra, puesto que incrementa las desigualdades y debilita la Hacienda pública, drenando recursos que no van a tener un uso productivo. Navarra no se puede permitir ese coste recaudatorio. Una propuesta con una finalidad descaradamente electoralista y destinada a generar una “burbuja fiscal” cuya gestión corresponderá al gobierno que surja de las elecciones de 2015.

En este sentido, hemos asistido hace unos días, al espectáculo del vasallaje de Rajoy a Merkel y sus políticas de austeridad, cuyos principios son compartidos por Barcina y su partido. Si se llevan dichas políticas a su fin previsto, España todavía tiene pendiente un ajuste fiscal de más de 20.000 millones de euros, del que se pretenderá que Navarra asuma una parte y al que habrá que enfrentarse con menos recursos. Una nueva vuelta de tuerca que puede dar al traste con esa tímida recuperación que se proclama a bombo y platillo como si la crisis se hubiera acabado. Eso es lo que Barcina debería explicar con detalle, en lugar de hacer demagogia electoralista con los recursos de todos.

Reforma electoral del PP, ¿regeneración o degeneración democrática?

2014-08-24T21:02:00.002+02:00

El Gobierno del Partido Popular anuncia su intención de reformar la ley electoral para permitir la, dice, “elección directa” de alcaldes cuando alcancen el 40 por ciento de los votos, en aras, al parecer, de la “regeneración democrática”. Y eso a apenas nueve meses para las elecciones municipales. Algo huele a podrido en la propuesta y, lo que es peor, en las intenciones y convicciones que deja traslucir. Incluyendo el propósito de sacarla adelante en completa soledad. Por no tener, no tiene ni siquiera el habitualmente incondicional y acrítico apoyo de UPN. Que ya es decir.

Es, en primer lugar, una propuesta oportunista, ante el deterioro de sus expectativas electorales y la fragmentación política de la izquierda (dicho sea con afán descriptivo y sin ninguna connotación negativa, antes al contrario).

En segundo lugar, no se alcanza a vislumbrar el problema que la propuesta pretende resolver. De hecho, la legislación actual ya favorece a la lista más votada cuando nadie obtiene mayoría absoluta y no hay nada parecido a un caos generalizado en los gobiernos municipales. Más aún, los casos de mal gobierno municipal o corrupción están estrechamente ligados a las mayorías absolutas. No parece que un enroque presidencialista (que no elección directa de alcaldes) que prime desmesuradamente (más de lo que ya lo hace la regla d'Hondt) al grupo mayoritario vaya a resolver el problema sino, si acaso, a agudizarlo. Lo cual nos lleva nuevamente a la cuestión del oportunismo.

En tercer lugar, la pretensión del PP toca un elemento muy sensible del sistema democrático, como es el principio de representación. Parece como si el problema de la democracia española radicase en ser demasiado representativa, cuando ocurre justo lo contrario. Por eso mismo es llamativa la perversión del discurso justificativo, que a la ya mencionada “regeneración democrática” une la necesidad de responder al hartazgo ciudadano y al alejamiento de la política como motivos centrales de la propuesta. Es decir, toman elementos conceptuales que surgen del debate ciudadano y de la efervescencia social en estos años, para ir justo en sentido contrario a las demandas que a partir de ese diagnóstico se planteaban. No es, pues, sólo oportunismo político. Hay un componente ideológico propio de una derecha que parece adoptar los ropajes democráticos sólo por pura conveniencia y que a la menor ocasión vuelve por sus fueros autoritarios. Lo que cambia es que las viejas argumentaciones puramente políticas (poco vendibles en los tiempos que corren) son sustituidas por apelaciones al coste o a ganancias de eficiencia que resultarían, se dice, de la restricción democrática. El mismo sonsonete, por cierto, de Barcina o de algún think tank foral en sus arremetidas contra el Parlamento de Navarra.

Así pues, una nueva muestra de las convicciones más profundas de la derecha española. La desafección ciudadana se resuelve restringiendo la democracia. La supuesta “regeneración democrática” es, objetivamente, degeneración democrática. Y suma y sigue.

¿Una nueva Gamazada? ¿En qué lado estará Barcina?

2014-07-04T19:19:00.000+02:00

En los últimos tiempos asistimos a una sucesión de actuaciones por parte del Estado, y en no pocas ocasiones con el acicate o una mal disimulada aquiescencia del Gobierno de UPN, que socavan, lenta pero minuciosamente, la capacidad de autogobierno de Navarra. La gota que colma el vaso ha llegado en forma de sentencia del Tribunal Constitucional del pasado veintiséis de junio, que declara inconstitucional la ley foral reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.

Es de suponer que las sentencias hay que acatarlas, más que nada porque no queda otra. Cosa distinta es compartirlas. Y, desde luego, nada obliga a respetarlas más allá del aludido y forzado acatamiento. Por muy sentencia que sea, no está libre de ser absurda e, incluso, antijurídica. Doctores tiene el derecho que sabrán desenmarañar los entresijos jurídicos de la que ahora nos ocupa. Pero de un mínimo conocimiento de las bases jurídicas del sistema de convenio económico cabe concluir que la sentencia sólo se sostiene vaciando de contenido aquél. La línea argumental no es nueva, puesto que se recoge la de la malhadada sentencia 208/2012 en relación con la aplicación de la LOFCA a Navarra (ignorando, de paso, otras decisiones del mismo tribunal que van en sentido opuesto).

La aplicación de la LOFCA a Navarra para los tributos “no convenidos” tiene, al menos, dos consecuencias inmediatas: la primera, que se limita de hecho (se “congela”) el número de figuras tributarias con capacidad normativa propia a las ya armonizadas en el vigente Convenio, salvo concesión graciosa del Estado. La segunda, que la capacidad para establecer nuevos tributos a iniciativa propia queda prácticamente anulada y se condena al sistema tributario navarro a ser un mero reflejo del estatal. Se dejan sin efecto, pues, el artículo 1 del Convenio, que establece que “en virtud de su régimen foral Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario”, así como el 2.2, según el cual “la Comunidad Foral de Navarra podrá establecer tributos distintos de los convenidos”. De paso, se hurta la posibilidad de que la fiscalidad contribuya al diseño de un modelo socioeconómico propio que se desvíe de las consignas madrileñas. Como suele decirse, un torpedo en la línea de flotación del régimen foral.

Puede parecer excesivo residenciar la esencia de la foralidad en la capacidad tributaria, pero la propia sentencia así lo reconoce, al afirmar que “la naturaleza del régimen foral tiene su ámbito natural de proyección en el ejercicio de las competencias tributarias”. Por tanto, anulemos la capacidad para ejercer dichas competencias y ya tenemos reconducido el régimen foral al de las comunidades autónomas de régimen común. Muerto el perro se acabó la rabia. Hacendistas mercenarios, centralistas recalcitrantes o antiforalistas viscerales no podían esperar mejor regalo. Y si Barcina se siente tentada, como tantas veces ha hecho, a echar la culpa a ventoleras de un Parlamento que se haya vuelto loco, debe recordar que la ley suscitó un consenso general, también en las exenciones que prevé y que afectan a pequeños productores. Por cierto, que el Tribunal Constitucional ha generado una situación extraña, por cuanto no queda nada claro si a día de hoy rige en Navarra el impuesto estatal y a quién corresponde su exacción.

Argüirán los puristas que hay separación de poderes, que estamos ante una decisión jurisdiccional y que no puede meterse en el mismo saco cuanto proceda del Estado. La realidad es que los resortes del poder, todos ellos, están en manos de unas élites que conforman un grupo compacto, por más que eventualmente actúen en ámbitos de poder distintos (por lo demás bien intercomunicados) o, incluso, tras siglas diversas. Y desde esa atalaya el régimen foral (en el supuesto de que sea bien comprendido, algo que cabe dudar vista la sentencia del Constitucional) no es más que un estorbo para sus querencias uniformizadoras. Por ello se equivoca Barcina, si es que su objetivo es realmente salvaguardar la foralidad, buscando la complicidad del Estado frente a la oposición interna.

Y es que a la situación creada no es ajena la persistente patrimonialización que UPN ha hecho del Convenio, y muy especialmente la actitud de Barcina, que reiteradamente ha acudido al Estado para que le resuelva los problemas que su minoría política y su insistencia en actuar a espaldas del Parlamento le generan. El Convenio se ha convertido así, en sus manos, en un arma arrojadiza contra la oposición. Hasta tal punto han llegado las cosas, que el Gobierno de Navarra llegó a extender a este ámbito tan delicado su afán por la contabilidad creativa, acudiendo presuroso a Madrid para que le adelantaran 200 millones de los ajustes por impuestos indirectos con el fin de tapar agujeros presupuestarios. Quizá Barcina o Salvador piensen que en Madrid cuela su retórica de Navarra foral y española como dique de contención de separatismos y baluarte de la España una, pero allá se miran las cosas de otra manera, desde otra perspectiva. Favor con favor se paga. A día de hoy, con una negociación política y técnicamente muy compleja en puertas, Barcina sigue sin formar la comisión negociadora que le ha reclamado el Parlamento y el Gobierno responde con evasivas cuando se le plantea la cuestión. Nuevamente se pretende utilizar el régimen foral con fines partidistas, con la pérdida de fuerza negociadora que ello acarrea, acrecentada por la debilidad política de UPN. Barcina parece no entender que no es UPN quien negocia, sino Navarra; ni que lo que negocia no es su programa político, sino un marco estructural en el que luego se pueden desenvolver políticas de diverso signo.

En las declaraciones que hizo Barcina para comentar la sentencia que nos ocupa, mencionó varias veces la palabra tradición. Y es que cuando ella habla del fuero parece referirse más a una reliquia medieval que a una herramienta moderna de autogobierno. De alguna manera, no es más que la heredera de aquella élite navarra que en 1841 intercambió deuda por soberanía y se avino a ser el brazo ejecutor en la provincia de los designios estatales. Hoy el fuero es otra cosa, pero UPN parece anclado en las ensoñaciones cuarentaiunistas. El problema es que, habiendo mucha deuda (económica y política), queda mucha menos soberanía para intercambiar.

Hace unos meses, la presidenta Barcina sostuvo en el Parlamento que si se daba la ocasión de una nueva gamazada, ella misma la encabezaría, en defensa del régimen foral de Navarra. Pues bien, ahora tiene la oportunidad de hacer honor a su palabra, aunque la foralidad no parece formar parte de sus genes políticos, más proclives a favorecer intereses empresariales de las Koplowitz que a esforzarse por entender las Coplas de Monteagudo. Y eso no es modernidad, sino vasallaje y servidumbre.

El Convenio Económico de Navarra, ¿elemento de soberanía o elemento de sumisión?

2014-03-02T21:11:00.001+01:00

Las imágenes que siguen corresponden a la ponencia que con este título presenté el pasado 28 de febrero en un simposio organizado por EH Bildu Nafarroa, a quienes agradezco la invitación. Se trata de una introducción a los elementos fundamentales que configuran el Convenio Económico, pieza esencial en las relaciones económicas y financieras de Navarra con el Estado.

Devoluciones de IVA, contabilidad creativa y gestión presupuestaria en Navarra

2014-02-21T22:14:00.000+01:00

Las explicaciones dadas por la exdirectora de la Hacienda navarra, Idoia Nieves, tanto el 11 de febrero, ante la Comisión de Economía del Parlamento de Navarra, como el 21, ante la comisión de investigación, han producido una fuerte conmoción que se extiende más allá de las instituciones y afecta a buena parte de la sociedad. Y no es para menos, dada la gravedad de lo que dijo.

Lo que más escándalo ha suscitado ha sido la enumeración de injerencias en la actividad propia de la Hacienda y, particularmente, de la inspección, con el fin, al parecer, de condicionar la actuación inspectora, ya sea en beneficio de clientes de la asesoría de la consejera, ya sea en favor de contribuyentes influyentes, así como la petición de información de Caja Navarra, con fines seguramente inconfesables. Escándalo lógico, habida cuenta de que son reflejo de una concepción de Navarra como un cortijo, una finca privada, en el que es posible hacer y deshacer a voluntad y que pone lo público al servicio de intereses privados, a menudo bastardos.

Pero si esas corruptelas son graves, hay otra cuestión puesta de manifiesto también por Nieves que, en mi opinión, no lo es menos. Quizá incluso más, por las implicaciones sociales y económicas que acarrea. Se trata de la política presupuestaria seguida por UPN, en el que se enmarca el episodio no banal del aplazamiento de las devoluciones del IVA.

La evolución de la recaudación de IVA venía siendo llamativamente baja a lo largo de todo 2013, con los efectos que eso podía tener para un presupuesto ya de por sí recortado (y bloqueado de hecho desde principios de año), dado que el único objetivo conocido del Gobierno de UPN, y perseguido con empeño por Barcina, es el de déficit. Semejante caída de la recaudación no se compadece con lo ocurrido en el Estado o en las demás haciendas forales. Ciertamente, el cambio en la forma de comercialización de la producción de Volkswagen y de cálculo del ajuste por IVA con el Estado a partir del 1 de abril de 2012 hace difícil comparar datos, pero en cualquier caso las cifras son sorprendentes.

El dato de recaudación es neto, esto es, ingresos menos devoluciones. Y aquí está el meollo de la cuestión, que las explicaciones de Nieves han contribuido a aclarar. Ahora las cuentas van cuadrando, algo que no ocurría con la información proporcionada por la consejera Goicoechea, de quien se puede decir sin ambages que mintió al Parlamento.

El origen del embrollo está en la decisión de retrasar las devoluciones por IVA al ejercicio siguiente. La ley establece un plazo máximo de seis meses, por lo que las devoluciones deben hacerse antes de final de año. Se puede discutir si es legal o no (yo entiendo que, al menos, no es ilegal), pero constituye un abuso e implica el pago de intereses de demora. De hecho, en el Parlamento se ha reclamado en diversas ocasiones no sólo no alargar los plazos de devolución, sino acortarlos. La práctica de retrasar las devoluciones al ejercicio siguiente se remonta a 2011 y su finalidad es acomodar las cuentas al objetivo de déficit. El problema es que sólo funciona si se aplica como solución de emergencia un año. Si se prolonga en el tiempo, pierde sus efectos porque se compensan unos años con otros. Si a ello añadimos que la subida del IVA y las devoluciones a Volkswagen incrementan considerablemente las cantidades a devolver, el desaguisado está servido.

Puesto que se trata de devoluciones, son ingresos indebidos de Hacienda y, por tanto, una liquidez de la que ésta se aprovecha en detrimento de sus propietarios, que son las empresas. Supone, pues, drenar liquidez en un momento económico particularmente delicado en el que el principal problema de las empresas es precisamente la financiación del circulante. Por tanto, sólo cabe esperar efectos adversos de una medida así, en términos de actividad económica, de empleo e, incluso, de posibilidades de supervivencia de muchas empresas.

La recaudación directa por IVA fue de 1.037 millones en 2011, 584 en 2012 y 273 en 2013. La total fue, respectivamente, de 1.208, 1.068 y 919 millones. La diferencia son los ajustes con el Estado. Pero la cifra de 2013 tiene trampa, porque incluye 200 millones a cuenta del ajuste definitivo a realizar en marzo de 2014, adelantados en diciembre por el Estado tras una apresurada negociación y que Barcina vende como un logro, cuando no es más que un remiendo, un parche para ocultar una caída de la recaudación del 33% (sin ese adelanto hubiera sido de 719 millones).

¿A qué se debe semejante desastre? Precisamente a la gestión presupuestaria. En 2012 se aplazaron a 2013 devoluciones por importe de 67 millones. El impacto total va más lejos, puesto que incide directamente en la forma de calcular el ajuste por IVA con el Estado. Así, el coste presupuestario en 2013 de la obsesión por cumplir el objetivo de déficit en 2012 supera los 250 millones de euros. Dicho de otra manera, la ingeniería financiera del Gobierno de UPN lleva a una reducción de las disponibilidades (y por tanto del gasto) de más de 250 millones de euros. Una cantidad nada desdeñable cuando se están recortando de forma inmisericorde servicios públicos y prestaciones sociales esenciales.

Pero la cosa no acaba ahí. A perro flaco todo son pulgas y como se podía ir a peor, efectivamente se fue a peor. En los últimos años se aplicaba, con el fin de calcular el déficit, el principio de caja para contabilizar la recaudación. Es decir, los ingresos o las devoluciones tributarias se contabilizaban cuando efectivamente entraban o salían de la caja de Hacienda. En 2013 Eurostat cambió este criterio por el de devengo. De esta manera, las devoluciones se contabilizan cuando se reconoce la deuda (se solicita la devolución). ¿Qué significa esto? Que la Hacienda de Navarra se ve obligada a contabilizar en 2013 tanto las devoluciones aplazadas de 2012 como las propias de 2013. Ya no es posible trasladar éstas al año siguiente. Eso hace crecer aún más el agujero y dispara el déficit. La solución es, como decía, adelantar a diciembre 200 millones del ajuste definitivo que se realiza en marzo. Es un pago a cuenta que apaña las cuentas de 2013, pero lastra las de 2014, que ya de partida se enfrentan a una merma de 200 millones.

El asunto se agrava si consideramos las condiciones en que se fija el objetivo de déficit. Formalmente el de 2013 no se negoció con el Estado hasta finales de año, lo que ya dice mucho de la diligencia de Barcina en estas materias tan sensibles. No obstante, el Gobierno de UPN aceptó tácitamente y desde principios de año el que se le imponía desde Madrid, renunciando a hacer valer su teórica capacidad negociadora. Se asume así sumisamente un planteamiento tramposo. Efectivamente, el reparto que el Estado hace del objetivo de déficit entre la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales no se corresponde con las responsabilidades reales de gasto y penaliza a las administraciones responsables del gasto social. La distribución del objetivo de déficit tiene profundas connotaciones ideológicas, puesto que supone una vuelta de tuerca añadida al deterioro del Estado de bienestar. Su aceptación, no ya acrítica, sino entusiasta, por parte de Barcina es un buen indicador de donde se sitúa ésta en el panorama ideológico y político. Pero esa es otra historia y será tratada en una entrada posterior.

En suma, un despropósito tras otro y el recurso continuado a ejercicios de contabilidad creativa con el único fin de cumplir el sacrosanto objetivo de déficit, erigido en becerro de oro al que se rinde adoración. Si la cosa se quedara únicamente en el desplazamiento de partidas presupuestarias de un año a otro podría tener un pase. Pero tal manipulación conlleva recortes añadidos y un coste social y económico desmesurado, dada la complicada situación económica. El Gobierno de UPN ha renunciado a la gestión presupuestaria y se limita a hacer cuadrar los gastos con los ingresos, convirtiéndose así en agente activo de la depauperación económica y social de Navarra.

Falsos informes, vascofobia y ataque a la educación pública: vino nuevo en odres viejos

2014-01-18T10:47:00.001+01:00

El 26 de enero de 2010 un diario local publicaba una noticia acerca de un “informe reservado” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sobre la actividad de la asociación estudiantil Ikasle Abertzaleak en la Universidad Pública de Navarra y la supuesta sucesión de actos vandálicos y de kale borroka en el campus universitario. Se decía que “un informe registra hasta 40 acciones, 30 de vandalismo y 10 más de apoyo a detenidos de ETA y Segi”. El 28 de enero, el mismo periódico, abundando en los detalles, decía que “el documento, en el formato que ha trascendido, ocupa seis folios con una división cronológica de los meses de marzo, abril, mayo, octubre y noviembre de 2009 y con medio centenar de actuaciones en otros tantos días. Existe otra parte del documento que incluye algún dato más, como nombres y puesto en el grupo sindical de las personas que tomaron parte en los incidentes”. Y añadía: “Pese a que la Delegación del Gobierno negó que el informe fuera de la Policía o Guardia Civil, el documento lo manejan miembros de los grupos antiterroristas en Navarra, y ya está también sobre la mesa de responsables políticos de la comunidad foral”.

Hubo, pues, desmentidos de la Delegación del Gobierno, así como de cuerpos y sindicatos policiales, pero al parecer importaba poco. Finalmente se supo que todo procedía de unos partes de incidencias de los empleados de seguridad en los que se daba cuenta de fumaderos ilícitos en los lavabos, pintadas con tiza, colocación de carteles y hasta pequeños fuegos provocados por paseantes descuidados, junto a actos puramente políticos o reivindicativos (entre ellos una protesta contra el plan Bolonia convocada en toda la Unión Europea) y algunos otros, excepcionales, que podrían caber en la acepción de vandálicos.

Inmediatamente se desencadenaron todos los demonios. La ofensiva fue acaudillada por Sayas, con alguna intervención estelar de Barcina; es decir, dos miembros de lo que podríamos llamar la trinidad pirómana de UPN. El tercero, el diputado Salvador, no compareció en esa ocasión.

Ya en los inicios de la ofensiva, a finales de noviembre de 2009, Sayas había afirmado que el rector de la UPNA “permite que la UPNA sirva de jungla para que los radicales hagan alarde de toda su artillería de apoyo a ETA y su entorno”. Cuando quedó claro que el informe era falso, sostuvo que los actos vandálicos de la izquierda abertzale en la UPNA eran una realidad, “haya o no informe policial”. Por su parte, Barcina vinculó la calidad docente de la UPNA con la existencia de una “minoría violenta”. Eso sí, después de proclamar su apoyo incondicional al centro. El actual portavoz del Gobierno, Sánchez de Muniáin, se preguntaba en un escrito publicado el 27 de enero de 2010 si en el apoyo a ETA hay más impunidad dentro que fuera de la Universidad y consideraba necesario “reconocer que en la UPNA existe un grave problema de convivencia”.

¿Les suena todo esto? ¿No es un déjà vu? El método seguido, el origen mediático, la excusa utilizada, la misma incorporeidad del “informe”, el tono de las declaraciones o los actores más directamente implicados en la maniobra son prácticamente iguales que los que encontramos en la brutal acometida contra el modelo D.

Lo que en el caso de la UPNA no era más que una burdo manejo de aficionados, alcanza niveles de apoteosis en el del modelo D. Según el consejero Sánchez de Muniáin el Ministerio del Interior ha reconocido su existencia, negando al mismo tiempo la posibilidad de hacerlo público, por su carácter reservado (reservado o ilegal, o ambas cosas). Y ha citado en el Parlamento párrafos de una carta recibida, al parecer, como respuesta a una consulta al efecto. Un portavoz del PP vasco habló de una “tesina” elaborada por un guardia con fines de promoción interna. El Ministro del Interior responde a un diputado de Amaiur que no se ha elaborado ningún informe sobre la educación en Navarra. El cúmulo de despropósitos es grande. Para colmo, tanto UPN como el PPN se indignan cuando se pone en cuestión, a tenor de lo que se ha filtrado, el rigor del supuesto informe, aludiendo a los miembros de la Guardia Civil asesinados, como si una cosa tuviera que ver con la otra (curiosamente, el PP no tiene reparo alguno en cuestionar informes policiales cuando afectan a su contabilidad B).

Sea cual sea la verdad, es grave en cualquier caso. Si el informe realmente existe y es oficial, habrá sido necesario, para llegar a la conclusión publicada, confeccionar fichas individuales del profesorado. Además, se habrá asignado a cada persona una ideología, filiación o militancia política. ¿De dónde procede esa información? ¿Es legal? Pero es que, además, tal conclusión requiere para ser válida que haya sido obtenida con un mínimo de rigor estadístico. ¿Se ha controlado el conjunto del sistema público? ¿Y el modelo D en su totalidad? ¿Y el conjunto de modelos educativos, públicos y privados? ¿Se ha hecho algo así? Y si es así, ¿es legal?

Si, por el contrario, se trata de una “tesina”, ¿significa que su autor ha tenido acceso a datos individuales de personas? ¿Los datos personales contenidos en ordenadores de la Guardia Civil son accesibles a cualquiera? ¿O ha habido trabajo de campo? ¿Cómo, por quién y en qué condiciones? Hay precedentes en esto de utilizar trabajos de medio pelo para basar campañas políticas, pero sorprende encontrar en una universitaria como Barcina tan pocos remilgos con cosas como el rigor, el método y las fuentes.

Si, finalmente, el informe es una patraña se cae incluso la excusa instrumental y queda, sola y desnuda, la verdadera motivación: un ataque furibundo al sistema educativo público, al euskera y a lo vasco en la plena acepción de la palabra.

Si en el caso de la UPNA se podía colegir una intención de desprestigiar al centro, quizá para alimentar otros bien cuidados (y subvencionados) campus, algo parecido puede estar ocurriendo con el modelo D. Es un modelo que funciona, con excelentes resultados y expectativas de futuro halagüeñas. Esta derecha de nuestros pecados, tan amante del mercado, lo subvierte sin reparar en medios cuando va por donde no les interesa. En este caso, generando dudas e intranquilidad en las familias.

En suma, nada sorprendente. Vino nuevo en odres viejos. O quizá vino viejo en odres viejos, el mismo vino de siempre, ya rancio, en un continente mohoso. Y UPN pisoteando sin rubor derechos y libertades de las personas para combatir sus fantasmas. Su miedo, en definitiva.

El precio del cine y la teoría económica

2013-11-18T18:33:00.003+01:00

Uno de los primeros conceptos que se suelen estudiar en los cursos de introducción a la economía es el de elasticidad. Se refiere a la sensibilidad de una variable ante variaciones de otra, a la intensidad de su respuesta. La acepción más utilizada es la elasticidad precio de la demanda, que nos mide la sensibilidad de la cantidad demandada al variar el precio. En su versión mas simple, corresponde al cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio (ver figura).

Puede parecer algo abstracto, pero tiene muchas aplicaciones prácticas. Ya sabemos que si sube el precio baja la demanda, y si baja el precio sube la demanda. Pero la cuestión es en qué cuantía lo hace, porque ello incide en los ingresos. Por ejemplo, si sube el precio un 10% y la demanda baja en un 5%, los ingresos de la empresa aumentarán. Pero si baja un 15%, se reducirán. En el primer caso es racional incrementar precios; en el segundo, no necesariamente.

Viene esto a cuento de lo ocurrido con los cines. Entre el 21 y el 23 de octubre, hubo un acuerdo general para cobrar las entradas a 2,90 euros. En muchas ciudades se formaron grandes colas para comprarlas. Algunas empresas se plantean continuar con esa política. Veamos algunos datos.

En esos tres días se vendieron 1.573.412 entradas, lo que hace un total de 4.562.895 euros de ingresos. La semana anterior en esos mismos días (lunes a miércoles) se habían vendido siete veces menos, esto es, unas 225.000 entradas. Calculando un precio medio de 8 euros, los ingresos totales fueron de, aproximadamente, 1.800.000 euros (es cierto que el precio varía, pero la mayor afluencia se produce en ciudades grandes y el precio anda por ahí).

Al ser la demanda elástica, como por otra parte es de prever, una reducción de precios hace que la demanda aumente en mayor cuantía y, por tanto, los ingresos se incrementen. Teniendo en cuenta que los costes no varían mucho en función de que la sala esté o no llena y de que otros ingresos también aumentan con la mayor afluencia de público (bar, tienda), la conclusión es bastante obvia.

Por supuesto, habrá que ver si el pico de demanda de esos tres días fue puntual o se podría mantener en el tiempo, porque de ser así significa que la política de precios elevados es miope. Y, evidentemente, si a 2,90 euros la entrada y con esas ventas el negocio no es rentable, mucho menos lo será a 8 euros.

Reforma fiscal y vuelta a las andadas

2013-11-18T18:23:00.001+01:00

El Gobierno del Partido Popular comienza a hablar de reforma fiscal. No es que signifique mucho, dada su ductilidad para ignorar promesas. Lo que ocurre es que para la derecha reforma fiscal es siempre e inequívocamente reducción selectiva de impuestos. En Navarra, Barcina también ha sacado el tema, con una mayor concreción: reducir impuestos a las empresas y a los grandes patrimonios. Que elija precisamente ese caballo de batalla, que puede resultar impopular, es sintomático de cuáles son las preocupaciones —y de quién manda realmente— en UPN.

La argumentación de la derecha al tratar cuestiones fiscales gira en torno a dos ejes: el primero, que menores impuestos impulsan la generación de riqueza y el crecimiento económico. Es una verdad a medias, aunque tenga cierto predicamento. De hecho, la crisis ha demostrado con creces lo peligroso que es, también para el sector privado, debilitar la base fiscal y el sector público hasta hacerlo inoperante y eliminar su capacidad de reacción en una situación de emergencia. Por otra parte, es cierto que menores impuestos generan riqueza… para unos pocos. El incremento de las desigualdades sociales así lo corrobora. Todo depende de qué impuestos se toquen, de qué forma, y en qué manera esa mayor renta disponible se transforma en inversión. Muy lejos, pues, de los simplificadores clichés que al respecto manejan las consignas políticas al uso. Pero, además, se olvida otra cuestión muy relevante. El sistema fiscal debe ser capaz de atender los requerimientos del sistema de prestaciones sociales, cuya amplitud y características deben definirse a partir de consensos sociales y políticos. Por tanto, centrarse exclusivamente en el lado de los ingresos es una forma de ignorar la otra parte de la ecuación, de intentar ocultar las intenciones al respecto.

El segundo eje argumental es que ya se pagan demasiados impuestos. Su validez queda en entredicho desde el momento en que se erige en argumento universal, aplicable a cualquier sociedad, sea cual sea su presión fiscal. Pero sirve también como arma política para descalificar al contrincante en la medida en que se sostiene que la izquierda lo que pretende permanentemente es subir impuestos. Otra verdad a medias que se convierte en mentira por mor de la generalización.

Que la presión fiscal sea alta o baja depende, en primer lugar, de lo que se quiera hacer con esos ingresos. Si son para entregar 100.000 millones a la banca, quizá sea excesiva. Si son para sostener un sistema sanitario o educativo de calidad, o para favorecer la existencia de un clima socioeconómico favorable para la iniciativa empresarial, probablemente ya no esté tan claro.

En segundo lugar, depende de cómo se distribuya. Por ejemplo, en España la presión fiscal es reducida en comparación con la mayor parte de los países europeos. Pero eso no quiere decir que todas las rentas se enfrenten a una presión fiscal reducida. De hecho, la de las rentas salariales es elevada, suficientemente elevada. Habría que pensar, incluso, en reducirla para las rentas más bajas. Las rentas del capital, sin embargo, soportan una fiscalidad mucho más benévola. Seguramente una mayor presión fiscal sobre las rentas del capital permitiría gravar menos los salarios, aun manteniendo la misma presión fiscal global. Conviene no perderlo de vista, porque otra trampa conceptual muy utilizada consiste en tratar los impuestos uno a uno, cuando forman parte de un conjunto que ha de ser contemplado en su totalidad. A ello hay que añadir que el menor gravamen sobre las rentas del capital (la llaman fiscalidad del ahorro) se basa en una falacia, la de que el ahorro se convierte automáticamente en inversión. En nuestro caso, y a mayor abundamiento, tampoco está asegurado que esa inversión, de hacerse, se materialice efectivamente en Navarra.

La eliminación o reducción de la imposición sobre el patrimonio se intenta vender como una decisión pragmática y no ideológica. Se aduce que la desigualdad de trato hace que se deslocalicen contribuyentes. Incluso se dice que está funcionando mal, cuando el incremento de la recaudación es palpable, a pesar del efecto riqueza negativo ocasionado por la depreciación generalizada de activos financieros y bienes inmuebles. Además, es un instrumento de equidad y de igualdad de oportunidades que no se puede desechar a la ligera.

También ha aludido Barcina al impuesto sobre sociedades, un impuesto cuya capacidad ha disminuido considerablemente en los últimos años: en 2006 se recaudaron 649 millones, frente a los 197 de 2012 (gráfico 1). Lleva camino de convertirse en una figura testimonial en nuestro panorama fiscal. Pero lejos de procurar una reforma sustancial que le devuelva la relevancia que debería tener, la propuesta de UPN parece ir en la misma dirección que ha conducido a la situación actual.

El impuesto sobre sociedades presenta desde hace muchos años problemas de diseño que lo convierten en un coladero. Para empezar, hay una fuerte divergencia entre el tipo teórico y el efectivo, mucho más reducido. España es uno de los estados de la OCDE que menos recauda en términos de PIB por ese concepto (gráfico 2). En la mayoría de los países se ha mantenido el peso recaudatorio del impuesto a lo largo del tiempo, a pesar de que se redujeron tipos de forma generalizada desde los años ochenta. ¿Cómo ha sido esto posible? Fundamentalmente porque la reducción de tipo vino acompañada de una simplificación y reducción de deducciones, reducciones y beneficios fiscales. Es decir, se produjo un acercamiento entre tipos nominales y efectivos. Algunos de ellos, porque sus efectos no eran los previstos o porque generaban efectos perversos. Añadamos a ello que las empresas parecen guiarse más por los tipos nominales que por los efectivos, por lo que estamos en desventaja al tener unos tipos nominales elevados, por mucho que los efectivos se reduzcan considerablemente. Con una adecuada limpieza del impuesto, se podría, incluso, reducir los tipos nominales manteniendo o incrementando su capacidad recaudatoria.

Veamos dos ejemplos. Una de las fuentes más sustanciales de deducciones en el impuesto sobre sociedades es la debida a actividades de I+D. Sin embargo, existe un considerable escepticismo sobre su eficacia. Otra es la deducción de los gastos financieros. Éstos proceden del endeudamiento de las empresas y hacen mucho más atractivo financiar la inversión con deuda que con beneficios no distribuidos. Se generan así incentivos perversos, que además facilitan, como señala la OCDE, la erosión de las bases fiscales, convirtiendo gastos financieros allí donde son deducibles en dividendos, allí donde la presión fiscal es menor.

Hay una reforma fiscal pendiente. Una reforma profunda, con figuras tributarias diseñadas con claridad y simplicidad, capaces de atender con estabilidad y solvencia el sistema de prestaciones sociales y de estímulos económicos. Nada que ver con lo anunciado por Barcina, que no es más que volver a las andadas. Ya veremos en qué se concreta.

Algunos rasgos de la situación económica de Navarra (segundo trimestre de 2013)

2013-09-04T16:18:00.003+02:00

Tabla 1

La publicación del Informe de contabilidad trimestral de Navarra del segundo trimestre de 2013 confirma lo que ya sabíamos: que estamos en crisis, que la crisis es muy dura, que el sector público es agente activo de la situación y que todo ello conlleva la fractura social. No son invenciones o elucubraciones en el vacío, sino que se desprenden de los datos, por asépticos que estos aparenten ser. Veamos algunos que considero significativos para caracterizar y entender la situación.

Para empezar, los datos nos dicen que la economía sigue deteriorándose, si bien se atenúa (ligeramente) el ritmo de caída. Como se ve en la tabla 1, hemos pasado del -1,8% interanual en los dos últimos trimestres de 2012, al -1,7% y al -1,6%. Pero no dejan de ser caídas.

El PIB no es más que un agregado, la suma de una serie de componentes, que por el lado del gasto (demanda) son: consumo final (público y privado), inversión (denominada formación bruta de capital), así como el saldo exterior neto de bienes y servicios (exportaciones menos importaciones). Por tanto, la variación del PIB se explica por la de cada uno de esos componentes (ponderada, lógicamente, por su peso). Con la excepción de la variación de existencias, irrelevante a nuestros efectos, todos los componentes del PIB caen. La tabla 2 lo resume.

Tabla 2

En primer lugar, se observa una leve moderación de la caída del consumo final, debido sobre todo al consumo privado, porque el público incrementa su ritmo de reducción. Esta magnitud tiene importancia porque es el principal componente del gasto agregado: en 2012 supuso el 70% del PIB (55% consumo privado y 15% consumo público).

En cuanto a la inversión (formación bruta de capital fijo), lo más llamativo es una reducción clara del ritmo de caída de la de bienes de equipo, esto es, maquinaria e instalaciones para las empresas. Pero la cosa no pasa de ahí, aunque seguramente sea el elemento más positivo de todo el cuadro.

La demanda externa tiene una aportación positiva al crecimiento del PIB pero, una vez más, se debe a la evolución relativa de sus dos componentes, exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Ambas se reducen, pero las importaciones lo hacen con mayor intensidad. Dos notas aclaratorias relacionadas con esta cuestión:

Entrando más al detalle, y pidiendo disculpas por el trabalenguas, se puede ver que la aportación de la demanda externa ha reducido su impacto de 1,3 a 1,0 en el segundo trimestre, debido a que el ritmo de caída de las exportaciones ha evolucionado más negativamente que el de las importaciones.
El comercio exterior de bienes y servicios de Navarra es todo lo que se compra o vende al exterior por esos conceptos; no confundir, como suele ocurrir, con el comercio internacional de mercancías.

En suma, la economía navarra sigue empeorando. Lo único "positivo" que se observa es que la tendencia se ha suavizado, en parte debido a la mera inercia económica. La economía no puede caer indefinidamente, en algún momento llega al fondo del pozo. No está claro si hemos llegado o no, pero en cualquier caso andamos cerca. ¿Es esto positivo o esperanzador, como no se cansa de reiterar el Gobierno? La verdad es que con lo que hemos pasado y el enorme coste arrostrado hasta ahora puede admitirse. Pero sólo en esos estrictos y matizados términos.

Tabla 3

Consecuencia de la evolución descrita es el aumento de la desigualdad en la distribución de la renta y la consiguiente fractura social. La tabla 3 nos da alguna información sobre ello. Vemos cómo la remuneración de asalariados sigue cayendo. Cierto es que parte de esa caída se debe al aumento del desempleo, pero en todo caso, la participación de los salarios en la renta se reduce, mientras la de los beneficios empresariales (excedente bruto de explotación) se incrementa. Si a eso le añadimos las diferencias en fiscalidad, la brecha se agranda y no en beneficio de la parte más débil. Es la devaluación interna por la que tanto clama la ortodoxia neoliberal y que no nos ha de traer sino problemas y quebrantos.

Tabla 4

Esta dispar evolución tiene que ver con la trayectoria del coste laboral unitario (tabla 4). Suele ser una de las variables de referencia para reclamar moderación salarial. Es el coste salarial por unidad de PIB y corresponde al cociente entre el salario medio y la productividad (figura 1). Representa, pues, la parte de la renta correspondiente a los salarios, de ahí que su evolución sea coherente con lo ya comentado. Por tanto, una reducción del CLU implica un incremento del otro componente de la renta, los beneficios empresariales. Si el CLU se reduce (-2,3%) y la remuneración por asalariado aumenta (0,1%), la productividad se ha incrementado, en este caso un 2,4% (la variación del CLU es la diferencia entre la variación de la remuneración por asalariado y la de la productividad). ¿Adónde ha ido a parar ese incremento que, además, se basa sustancialmente en el aumento del desempleo? Una forma transitoria, endeble, insostenible y peligrosa de mejora de la competitividad. Pan para hoy, y para unos pocos, y hambre hoy y mañana para la mayoría.

Figura 1

Así las cosas, ¿hay razones para ser optimista? El único optimismo que cabe es el de la resignación, el de confiar en que pronto lleguemos al fondo del pozo. Pero es magro consuelo. Primero, porque el coste que entretanto hemos pagado es inmenso. Quienes manejan agregados con toda alegría no es que no sean conscientes de ello, es que les es indiferente. Segundo, porque llegar al fondo no implica salir del pozo, ni siquiera empezar a hacerlo. Es probable que estemos condenados a una larga, desfalleciente y amarga estancia en ese pozo. Y, desde luego, cuando consigamos salir, las cosas no serán igual. Lo demás es intentar engañar.