Las afectaciones a las comunidades aledañas a la antigua mina de Remance en la provincia de Veraguas no se detienen a pesar del tiempo. La empresa minera nunca tuvo un cierre real y no le interesó las reparaciones ni restauraciones ambientales una vez abandonaron el sitio. Con el terremoto del pasado 9 de octubre en Panamá, el cual no tiene un plan de contingencia ante este tipo de fenómenos, existe incertidumbre entre la población al no tener acceso al agua y a un medioambiente sano. Un ejemplo claro lo están viviendo las comunidades aledañas a la antigua mina Remance, como La Gorda, quienes están preocupados porque la Quebrada Veneno, ante la posible contaminación con sedimentos y coloración, además que presenta mal olor, ya que, al darse el terremoto, se produjo un deslave que afectó los depósitos mineros hacia el cauce de la quebrada. Al producirse esta situación, el Estado les dio una solución temporal (agua embotellada). Los moradores por su parte interpusieron una denuncia y están a la espera de los resultados de las muestras de agua que recogieron el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud.

Escuche testimonios de campesinos de la comunidad de La Gorda aledaña a la antigua mina Remance:

 La actividad minera en Panamá está regulada por el Decreto Ley No. 23 del 22 de agosto de 1963, que crea el Código de Recursos Minerales, así como sus modificaciones contempladas en la Ley 33 de 1984, Ley 20 de 1985 y Ley 8 de 1987. Desde su creación la normativa se concentró en la industrialización de los minerales, modificándose en respuesta a las exigencias de la bolsa de valores. Históricamente, el comportamiento del extractivismo se ha mantenido desde tiempos coloniales con rasgos de despojo, acumulación y transnacionalización de capitales. Por su propia naturaleza operativa, desvincula la responsabilidad estatal de salvaguardar el patrimonio natural, cultural y económico – nacional.

Remance es la escena evidente de las consecuencias del extractivismo minero: pobreza, contaminación y exclusión social. Y aunque la narrativa minera bajo eslóganes de sostenible, verde y amigable, siempre será un retroceso para la vida.

Mientras estuvo funcionando la mina, las comunidades nunca se beneficiaron y hoy en día rechazan cualquier actividad extractivista minera, porque la misma atenta contra la vida y la salud.

Por: Dania Betzy Batista Guevara. Radio Temblor Internacional.

El día 23 de septiembre, un centenar de personas y los principales sindicatos de inquilinas se reunieron en el barrio del Retiro, en Madrid, para oponerse al desalojo mandatado por la inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión, S.L. contra Maricarmen, una mujer de 87 años que, aun pagando su alquiler regularmente, sufría esta vez una radical subida de precios que la expulsaba de su hogar.

El caso trascendió Madrid y ha sumado masivas protestas por el derecho a la vivienda a lo largo de España, tomando forma de “acampadas” que han ido oc(k)upando las principales plazas de las ciudades: en Madrid, la de Puerta del Sol; en Barcelona, la Plaza Cataluña. 

Un informante estuvo presente en esta última, donde hasta la fecha pernoctan más de 300 personas. Desde allí, nos comparte esta cápsula-resumen a partir de una entrevista realizada el 2 de octubre a Luana Rocha, encargada de Comunicaciones de la acampada, quien amablemente sintetizó la problemática de la vivienda en España, las pugnas con las decisiones gubernamentales y parlamentarias, y los pasos que seguirán a la movilización.

Escuche audio aquí [Clikea en Reproducir en Navegador]:

Fuente: medios libres y del pueblo...

El pasado viernes 9 de octubre, Panamá fue sacudido por un terremoto de magnitud 7.6, registrado a las 12:56 del mediodía por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El epicentro se localizó en la comunidad de La Pitaloza, en la península de Azuero. Las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos figuran entre las zonas más afectadas.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales ni personas desaparecidas. Sin embargo, desde el sismo principal se han registrado 256 réplicas, mientras el Gobierno Nacional ha decretado un estado de emergencia ante la magnitud de los daños.

El impacto del terremoto se refleja en las afectaciones a cerca de 419 centros educativos, 840 viviendas con daños totales o parciales y alrededor de 20 instalaciones de salud. A esto se suman daños en carreteras y otras vías de comunicación. En el distrito de Tonosí, varias comunidades enfrentan una situación especialmente difícil, con reportes de incomunicación y falta de servicios básicos, como agua potable y electricidad, mientras esperan asistencia.

Ante el temor de nuevas réplicas y posibles daños estructurales, numerosas personas han optado por permanecer durante el día y la noche en espacios abiertos, por miedo a regresar a sus viviendas.

Escuchemos las declaraciones de un representante del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)

Las consecuencias de este movimiento sísmico ponen de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades afectadas y la importancia de garantizar una respuesta oportuna para las familias damnificadas. Mientras avanzan las labores de evaluación y asistencia, la prioridad es proteger la vida de la población y atender las necesidades de quienes han visto afectados sus hogares y servicios esenciales.

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional.

Foto: Bienvenido Velasco @bvelascob

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El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería MPVMSM, constituido por organizaciones ambientales y comunitarias, en conferencia de prensa el pasado miércoles 7 de octubre rechazó el informe de la comisión interministerial que propone un cierre “ordenado y autofinanciado” de la mina Cobre Panamá, en Donoso, Colón. Los voceros, Carlos Bichet del Centro đe Incidencia Ambiental CIAM, Rubén Ayarza de Despierta Donoso, y Raisa Banfield de la Fundación Pasos, entre otros, denunciaron que el plan es una reactivación disfrazada, pues plantea seguir extrayendo cobre por décadas para pagar el cierre, lo que extendería la vida del yacimiento y aumentaría los daños ambientales y sociales en Donoso y zonas aledañas.

El MPVM Exigen se respete el fallo de inconstitucionalidad, la Ley de Moratoria Minera y garantizar un cierre real, no un nuevo contrato encubierto.

Por: Milena Umaña. Colectivo Voces Ecológicas COVEC – Radio Temblor

Foto: Guasimomultimedia

COMUNICADO

Organizaciones sociales rechazamos la propuesta gubernamental
como una reactivación disfrazada y un nuevo engaño a la población

Panamá, 7 de octubre de 2026.

El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, integrado por más de 40 organizaciones
de distintos sectores sociales, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité
Panameño de la UICN, dirigentes del movimiento Despierta Donoso, Sal de las Redes,
Vigilia Nueva Soberanía y Organizaciones aliadas, rechazamos enérgicamente el
anuncio presentado el 30 de septiembre por la Comisión Interministerial sobre el futuro
de Cobre Panamá, lo cual denunciamos como una forma de manipulación y un nuevo
engaño al país.

1) La Comisión Interministerial propone una reactivación disfrazada
Hablar de un cierre ordenado autofinanciado por la misma operación minera durante
décadas, lo que plantea es reanudar la extracción para generar los recursos que
financiarán un cierre, sin precisar duración y que podría extenderse durante décadas.

● Establecer que la empresa solo tenga responsabilidades sobre un cierre futuro si
sus operaciones son reactivadas, pone nuevamente los intereses de la empresa
por encima del ambiente. Cobre Panamá ya cuenta con un “plan de cierre y
abandono” contemplado desde el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2011
y una fianza de 157 millones vigente hasta 2029 para respaldar el cierre, post cierre
e imprevistos en el proyecto.

● Con la Resolución de Gabinete N° 19 del 27 de febrero de 2024 el Estado
panameño estableció las bases y pasos para iniciar cuanto antes con la ejecución
del Plan Ordenado de Cierre Definitivo de Cobre Panamá.

● Sobre el riesgo de los arbitrajes, el fallo de 2023 afirmó que “los Estados no pueden
dejar de garantizar el bienestar general tomando medidas no discriminatorias de
buena fe” y que el riesgo de un eventual arbitraje no podía impedir el ejercicio del
control constitucional.

2) Las recomendaciones de la Comisión Interministerial carecen de sustento
jurídico

La Comisión insiste en que se acatará el Fallo de Inconstitucionalidad y de la Ley de
Moratoria Minera de 2023, cuando solo se limita a recomendar un análisis jurídico y
solicitar dictámenes a la Procuraduría de la Nación y a la Procuraduría de la
Administración, como si estas opiniones pudieran ir por encima de la Ley y del fallo de
la Corte.

● Los elementos fundamentales de los fallos de 2017 y 2023 son aspectos
plenamente vigentes como: la ausencia de licitación pública, la falta de un EsIA
actualizado, la violación del Acuerdo de Escazú y la afectación de los derechos
humanos y el ambiente. Estos aspectos no pueden ser ignorados mediante una
nueva fórmula contractual o dando otro nombre a una nueva concesión minera
para pasar por encima de la ley. No hay forma legal de reactivar el proyecto sin
violentar los elementos vivos del fallo y la ley de moratoria.

● Asimismo, la Corte fue enérgica en señalar como “una afrenta a la separación de
poderes” que, ante la sentencia anterior, se hubiese “negociado un contrato de
concesión incurriendo en los mismos yerros”; y que se mencionara el contrato
anterior, “como si la Sentencia de Inconstitucionalidad no hubiese sido dictada.”

3) La propuesta expone al ambiente y las comunidades a mayores daños

Es una falacia prometer un “costo cero” sobre una actividad cuyos costos sobre el
agua, los ecosistemas, la salud, la vida y los derechos humanos de las comunidades y
las futuras generaciones son inestimables e impagables. Que la empresa pague el
cierre a largo plazo con los ingresos de más explotación implica que los costos
nuevamente sean asumidos por los ecosistemas, las comunidades, las futuras
generaciones y nuestros recursos minerales.

● La Comisión plantea que la huella de la mina no debe seguir creciendo y que debe
reducirse progresivamente, pero sin sustento científico y operativo. Reactivar la
explotación implica que aumente la Instalación de Manejo de Relaves, que se
genere mayor drenaje ácido y los riesgos asociados, especialmente para los
cuerpos de agua.

● Asimismo, el gobierno da por incuestionables los resultados de una auditoría, que
no solo resultó de la revisión de los documentos de la propia empresa, sino que
presenta graves deficiencias al no haber considerado los estudios de calidad de
agua, de principios de este año, contratados por el Ministerio de Ambiente, en los
que se advierte sobre excedencias significativas de metales pesados en los
cuerpos de agua: como cobre, aluminio, molibdeno y hierro.

4) Otra negociación de espaldas de la población y las comunidades

El futuro de la mina tiene implicaciones para las comunidades y los destinos del país.
Pese al rechazo social generalizado hacia la minería, el gobierno ha reemplazado la
participación pública establecida en el Acuerdo de Escazú con la propaganda sobre
contrataciones o promesas de contratos puntuales en reemplazo de la voluntad de la
mayoría de los pobladores de las comunidades de Donoso y del país.

● La Comisión Ministerial incluso va más allá cuando presentan selectivamente como
sustento a sus recomendaciones, las encuestas encargadas a una sola firma, con
preguntas sesgadas que aparenten aceptación social hacia la reactivación minera.

● Las encuestas que ha visto el país en los medios de comunicación durante más de
dos años sostienen el rechazo mayoritario a la reapertura de la mina en más del 60
por ciento, inclusive si las condiciones fuesen más favorables para el Estado. Esto
no solo demuestra una medición concreta sino un alza en la conciencia ambiental
de los panameños y panameñas que desconoce el Informe de los ministros.

Por las implicaciones legales, ambientales y sociales antes expuestas, rechazamos de
manera contundente la propuesta presentada por la Comisión interministerial.
Demandamos que el gobierno cumpla con el compromiso de un verdadero cierre
definitivo, seguro y ordenado, con transparencia y participación ciudadana, según lo
establecido en la Resolución de Gabinete 19 de 2024, y se trabaje en robustecer la
defensa del Estado panameño ante los arbitrajes internacionales.
E instamos al presidente de la República a rechazar esta propuesta que nos sometería
a una nueva transgresión de nuestro Estado de Derecho, del cumplimiento de los
derechos humanos y la sostenibilidad de las presentes y futuras generaciones.

¡Panamá vale más sin minería!

El Colectivo Voces Ecológicas COVEC, organización civil panameña con 18 años dedicada a la educación socioambiental y derechos humanos se honra en compartir los resultados y éxitos del Foro Taller: Cómo afecta la crisis climática a Panamá. Cuyo objetivo fue fomentar la participación ciudadana en busca de soluciones ante los efectos del cambio climático. Convocatoria que tuvo como fechas 24, 25 y 26 de septiembre de 2026 en el Centro Regional Universitario de Veraguas CRUV, la comunidad de San José de San Francisco de la Montaña, Veraguas y la comunidad costera de Santa Clara de la provincia de Coclé.

La crisis climática global, es un fenómeno sistémico en evolución que ha incidido en todos los sectores vivos del mundo. Para el movimiento por la justicia climática, no solo se reconoce en el ámbito científico, sino también en las diversas dimensiones y actividades humanas que trastoca lo económico, cultural y de los derechos humanos y de la naturaleza. Su acelerado efecto sobre el mundo ha convocado a expertos profesionales, gobiernos y a la sociedad civil organizada para dirimir en busca de soluciones consensuadas pero las probabilidades de acciones para minimizar sus efectos dependen de exhaustivas e intransigentes cumbres de cambio climático. Ya sea por los posicionamientos de las megas industrias extractivas que buscan sostener sus producción de materia sin cambiar el modelo de explotación junto al desvinculó de responsabilidades que pueda resarcir los daños y reparar las afectaciones como la deforestación, contaminación, el despojo territorial y violencia sobre la soberanía de los pueblos.

La jornada por la Justicia Climática denominada Cómo afecta la crisis climática a Panamá su modalidad fue pública con la participación de afectados y víctimas del cambio climático así como de la inacción del estado en proporcionar un diálogo franco con los sectores involucrados. La apertura estuvo a cargo del biólogo Isaias Ramos del Centro de Incidencia Ambiental CIAM y Meylin Quezada gestora agroecológica, de la asociación Origen y Futuro cuyas intervenciones fueron en base a:

1. Defensa territorial: incidencia y protección de los ecosistemas locales, fuentes de agua y la biodiversidad.
2. Transición energética justa: Promoción de energías renovables reales gestionadas por las propias comunidades, evitando el control corporativo.
3. Soberanía alimentaria: Impulso de la agroecología y el apoyo a los pequeños agricultores como respuesta al alto costo de la vida y al cambio climático.

La jornada estuvo compuesto de talleres prácticos que generó un diagnóstico local, nacional y global de los problemas socioambientales, cuya dinámica se baso en la democratización de la participación y de la palabra. Así como su debate para soluciones reales y acorde a las condiciones de las comunidades asistentes, que involucró fundamentos legales y estrategias de educación para la toma de decisiones en el marco del Acuerdo de Escazú.

El escrutinio popular sobre la crisis climática en el foro taller género puntos de encuentros y dicotomías:

Los resultados de este proceso formativo y consultivo evidencio algunas connotaciones que implican la gobernabilidad socioambiental para incidir hacia una justicia social y justicia ambiental. Algunas que se concatenan son:

1. La falta de dinámicas y políticas que involucre a la ciudadanía
2. La falta de manejo integral de los bienes ecológicos y en especial del agua
3. La inminente afectación del cambio climático está desconectada de las reales estrategias de mitigación y adaptación.

Consideramos que una justicia climática debe tener un carácter reparador sobre los efectos negativos al planeta que han generado las grandes corporaciones contaminantes y la inacción de los gobiernos.

Nuestro aporte no constituye una mirada unilateral dentro del podio global. Por el contrario, es el resultado del Tejido Popular. Nuestro caminar ayuda a la colectividad a debatir, posicionar y transformar el desigual modelo desarrollo, es decir hacia una Transición Energética Justa y Solidaria.

Agradecimiento especial a las siguientes instituciones, grupos afines, organizaciones de base comunitaria OBC, medios de comunicación, periodistas y ciudadanos:

Centro Regional Universitario de Veraguas CRUV
Cooperativa de Servicios Múltiples El Despertar Campesino, R.L.
Asociación Origen y Futuro de Colón
Centro Educativo Básico General San José de San Francisco # 2
Centro Educativo Básico General de Santa Clara
Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE
Asociación Ambiente y Salud AMBISA
MIMAR Veraguas
Asociación de Educadores Veraguenses AEVE
Asociación de Pescadores de Santa Clara
Congreso Ngäbe Buglé y Campesino del Norte Santa Fe
Guardianes del Río Cobre
Movimiento Por un Veraguas Verde
Asociación para la Promoción del Saneamiento Ambiental en la Comunidad APROSAC
Asociación Blue Journey, Santa Clara
Fundación San José Verde FUSAVE
Centro de Incidencia Ambiental CIAM
Cooperativa Esperanza de los Campesinos de Santa Fé
OBC El Chorrillito
OBC El Cuay
OBC Los Hoyos
OBC Los Reyes
OBC La Bodega
OBC La Perdiz Arriba
OBC El Banquillo
El pintor Veraguense Franklin Solís

A los periodistas y medios:

Ismael Hernández. Programa Despierta Veraguas. Ondas Centrales
Equipo de periodistas de Radio Estéreo Mi Favorita
Rómulo Díaz. Programa Agenda
Regulo Franco. Radio Veraguas

A todas y todos muchas gracias…

Colectivo Voces Ecológicas COVEC por ““Por un mundo solidario, ecológico y justo”.

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En Latinoamérica ante la asunción de gobiernos autoritarios o neofascistas, la sociedad se ve más agredida por las imposiciones de políticas estructurales afectando la calidad de vida y el estado derecho. Los movimientos sociales como espacio de incidencia sectorial con su estrategia de educación y defensa de los derechos fundamentales son víctima de la criminalización y la ideología de odio, vulnerando sus derechos a disentir como también proponer soluciones al alto costo de la vida panameña. Decir NO desde la esfera política es una forma de oposición a la violencia gubernamental, y es un acto constructivo de un ciudadano crítico y colectivo que deslegitima lo injusto o dañino para el pueblo. Actualmente Panamá se debate ante futuro incierto debido a la vulneración de los derechos humanos en diversos sectores como: el derecho del campesino a la tierra agredidos por los embalses sobre río Indio y la minería, el hostigamiento y enjuiciamiento a defensores sindicales, los despidos injustificados que violan derechos a gremios de educadores y médicos. Junto a esto una política de espionaje al mejor estilo de las dictaduras auspiciadas y acuerpadas por el intervencionismo de los Estados Unidos.

Escuchemos voces de representantes del movimiento social panameño en la marcha del pasado 30 de septiembre en ciudad de Panamá

Imágenes de la marcha ciudadana y frentes de lucha el pasado 30 de septiembre de 2026. Ciudad de Panamá.

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional.

A las puertas del tercer aniversario del inicio del genocidio, el ejército israelí continúa bombardeando el enclave. Mientras, el primer ministro Benjamin Netanyahu consigue viajar libremente sin que se le aplique la orden de arresto emitida contra él por crímenes de guerra.

La espiral de violencia de Israel contra la población palestina, tanto en Gaza como Cisjordania, no se detiene. Si bien ya no ocupa titulares, las masacres y los hostigamientos por parte del ejército israelí y los colonos, continúan su curso habitual en ambos territorios. Las fuerzas israelíes siguen allanando viviendas en la Cisjordania ocupada y preparan ya la llegada de la colecta de la aceituna, un período que suele resultar en un recrudecimiento contra la población palestina. Las órdenes de demolición de viviendas palestinas, las redadas y los arrestos siguen formando parte del día a día; así como el cierre de puestos de control militar, lo que conlleva el aislamiento de la población palestina.

En Gaza, a pesar de la supuesta tregua, el genocidio sigue su curso. Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud del enclave, al menos 73.922 palestinos han sido asesinados y 174.995 han resultado heridos desde que comenzaron los ataques israelíes, en octubre de 2023. Desde el supuesto “alto el fuego”, firmado hace casi un año, en octubre de 2025, son ya al menos 1.402 palestinos los asesinados y 4.881 los heridos. En el enclave apenas quedan edificios en pie, y la población vive confinada en un tercio del territorio. Cualquier movimiento cercano a las “líneas amarillas” trazadas por el ejército israelí pueden significar una condena a muerte.

Un “Plan de reconstrucción” a la espera de que Israel deje de matar

De momento, el llamado “Plan de reconstrucción para Gaza”, liderado e impulsado por Estados Unidos y su “Junta para la Paz” hace un año, se mantiene parado. No se ha logrado ningún avance ni se ha dado ningún paso en ninguna dirección. Como ya advirtió, Hamás no ha dejado las armas, puesto que no se ha visto ningún compromiso con la paz por parte del Estado de Israel; más bien al contrario: los ataques han continuado en todo el territorio sin descanso.

El juez añade delitos de tortura a los cargos contra los mandos israelíes que pararon la Flotilla

Si bien esta semana durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York se ha puesto una cifra sobre la mesa para “empezar la reconstrucción” —2.450 millones de dólares—, lo cierto es que no hay ninguna hoja de ruta. Quien se supone que tiene que capitanear esta empresa es Jared Kushner, el yerno de Trump, quien asegura que para la reconstrucción del enclave se necesitarán unos 71.400 millones de dólares.

Netanyahu, abucheado en la ONU pero sin detención

Mientras todo esto ocurre, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, ha podido asistir esta semana, concretamente el pasado jueves 24 de septiembre, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ha podido sobrevolar el espacio aéreo de diferentes países sin que nada ni nadie se lo impidiese y ha podido —a diferencia de las autoridades palestinas, a quienes no se les han expedido visados— exponer su discurso en la ONU. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, tuvo que exponer su discurso de manera online.

Tal y como ya ocurriera el año pasado, gran parte de los delegados internacionales allí presentes abandonaron la sala cuando el israelí hizo acto de presencia, algo que él calificó de “cobarde”. En su retórica habitual, insistió en negar las acusaciones de genocidio —dijo que se trataba de “la gran mentira del siglo”— y subestimó la violencia por parte de los colonos; aprovechó también la ocasión para tachar al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de “antisemita”. Al tiempo que el primer ministro israelí pronunciaba sus palabras, pero también antes y después, cientos de personas mostraban el rechazo a su presencia en la Asamblea. Las calles de Manhattan estos días se han llenado de ciudadanos que se oponen al genocidio y al hecho de que Netanyahu pueda entrar en Estados Unidos sin ser detenido.

Netanyahu apura sus últimos cartuchos antes de los comicios y continúa jugando la baza de la “defensa del Estado de Israel” 

A pocas semanas de las elecciones (el próximo 27 de octubre) y con la información sobre la mesa —gracias a una investigación del periódico israelí Haaretz— de que el Ejecutivo israelí habría estado advertido de los planes de Hamás para el 7 de octubre de 2023, Netanyahu apura sus últimos cartuchos antes de los comicios y continúa jugando la baza de la “defensa del Estado de Israel” y el “derecho de Israel a existir” para justificar sus acciones y decisiones. Está siendo investigado por corrupción y si no es elegido perdería la inmunidad.

Ayer, viernes 25 de septiembre, se celebrabó el Yom Kippur, día del ayuno y uno de los días del calendario judío más sagrados e importantes. Kippur significa perdón, y se considera el “Día de la expiación judía”. Es por este motivo que esta misma semana el presidente israelí, Isaac Herzog, ha indultado y eliminado los antecedentes penales del militar Elor Azaria, quien en 2016 fue condenado por homicidio involuntario tras dispararle a Abdel Fattah al-Sharif, palestino, en la cabeza. La acción fue filmada pero aún así el soldado solo cumplió nueve meses de condena. Ahora, su expediente ha quedado limpio. Un mensaje más para dejar claro que matar palestinos en Israel no arrastra consecuencias.

Una comunidad internacional centrada en el relato bélico y el precio del petróleo

A las puertas del tercer aniversario del inicio del genocidio en Gaza, la comunidad internacional continúa mirando hacia otro lado. Más centrada en instalar un clima prebélico entre la población para justificar las inversiones en armamento y la desinversión en asuntos sociales, la comunidad internacional parece haber olvidado la situación en Gaza. Si bien se han continuado dando algunos pasos —hace apenas unos días Reino Unido vetaba el comercio de productos procedentes de asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada—, no está previsto que se avance en ninguna dirección para aislar de manera definitiva a Israel. La mirada, ahora, está en las trifulcas alrededor del estrecho de Bab el-Mandeb, un enclave estratégico entre Yibuti, Eritrea y Yemen y que en estos momentos está controlado por el movimiento yemení Ansar Allah —conocido comúnmente como los hutíes.

Cómo y por qué suspender el Acuerdo entre Israel y la UE

En lo referente a la Unión Europea, en una entrevista de esta misma semana con la cadena Al Jazeera, Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y vicepresidenta en la Comisión Europea, ha reiterado que la división en el seno de los Veintisiete respecto a Israel hace que se haya llegado a un “punto muerto” respecto al caso de Palestina. “Sabemos que Israel está violando el Artículo 2 del Acuerdo de Asociación [entre la UE e Israel], y eso ha generado discusiones entre los Estados miembros”. Kallas sostiene que los diferentes países que integran la UE tienen “historias muy diferentes en lo que respecta a Israel”. La alta representante ha reconocido que la ayuda humanitaria no está llegando a Gaza, y que “es motivo de gran preocupación”, para a continuación instar a “hacer más”, eso sí, sin señalar en ningún momento la responsabilidad de los perpetradores.

Por: Queralt Castillo Cerezuela
@queraltcastillo.bsky.social

Fuente: El Salto Diario

Fotografía de portada: Consecuencias de un ataque aéreo israelí en el que se lanzaron tres misiles contra un edificio residencial cercano al hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, el 8 de septiembre de 2026. El ataque provocó un incendio en el interior del edificio. Youssef Zanoun/ActiveStills

El 20 de enero de 2025, Donald J. Trump fue claro en su toma de posesión como Presidente de Estados Unidos: “China está operando el Canal de Panamá. Y nosotros no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo”.

Esa frase, más allá de sus imprecisiones, expresa dos lógicas geopolíticas superpuestas.

Por una parte, la de la geopolítica “clásica”, en la que la geografía —en este caso, la ubicación de Panamá— determina el destino de cada actor, y en la que únicamente los Estados —en este caso China y Estados Unidos, dos “grandes potencias” y no Panamá, un pequeño país— parecieran tener entidad suficiente como para ser considerados “actores”.

Por otra parte, está la lógica de la geopolítica “prescriptiva” (denominación aquí sugerida por el autor del texto) en la que importa menos comprender una realidad, que identificar estrategias para intervenir sobre esa misma realidad.

En esquemas como el descrito, el denominador común es una geopolítica que funciona menos como una herramienta analítica rigurosa y más como un instrumento político-ideológico al que se le intenta revestir de “autoridad” científica.

El resultado suelen ser narrativas abigarradas que organizan el objeto de estudio de acuerdo a las expectativas de quien las produce. En esa línea suelen ir los análisis que acaban condicionando las discusiones geopolíticas en América Latina y el Caribe. Aquí se trata de demostrar que, la crítica, puede/debe ir por otro lado.

¿Cómo desenredar la madeja?

Comencemos por el relato cronológico de lo sucedido, en relación al Canal, desde la toma de posesión de Donald J. Trump. Uno de los primeros viajes de trabajo emprendidos por Marco Rubio, su actual Secretario de Estado, fue a Panamá.

Lo que le siguió fue una cuidada narrativa… En su primera reunión con el actual Presidente del país, Rubio exigió “cambios inmediatos” para reducir la supuesta “influencia china” sobre el Canal, advirtiendo que, de lo contrario, Estados Unidos tomaría las “medidas necesarias”.

El razonamiento subyacente era la “posibilidad” —nunca seriamente demostrada— de que China transformara su “influencia” en una nunca muy bien explicada “presencia militar”.

En ese marco, BlackRock (la gestora de activos más grande del mundo, con fuertes vínculos con el Gobierno Trump) le realizó una oferta de 22,800 millones de dólares a la empresa CK Hutchinson, de Hong Kong, para comprarle la gestión de 43 puertos en 23 países, incluyendo los de Balboa y Cristóbal, a la entrada y salida del Canal de Panamá.

Geopolítica de altos vuelos realizada, a través de actores multinacionales no estatales, a espaldas de la República de Panamá.

CK Hutchinson, detalle no menor, administraba los puertos del Canal desde que, dos años antes de la retrocesión a Panamá ganara —en 1997— una licitación internacional en la que participaron empresas estadounidenses y a la que, en ese momento, nadie en Estados Unidos le concedió la importancia estratégica que actualmente le concede el Gobierno Trump.

Las negociaciones con BlackRock, con todo, se estancaron; fue entonces cuando la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucionales las leyes que le permitían a CK Hutchinson operar los puertos del canal (por “limitar la soberanía del Estado [panameño] sobre sus recursos naturales”).

A partir de ese momento, curiosamente, se incrementó exponencialmente la presencia militar estadounidense en la zona. Un giro de 180 grados que satisfizo, en pocos meses, las demandas de un actor/”gran potencia”. Con narrativas tan lineales nada parece desentonar…

¿Tiene sentido hablar, de una “geopolítica crítica”?

La realidad es, sin embargo, algo más compleja y el margen de análisis, si se realiza a partir de planteamientos críticos, mucho mayor porque los actores, las escalas y las perspectivas son plurales y la geopolítica, dialéctica.

El canal, de hecho, como cualquier otra infraestructura —y este es el primer gran matiz crítico— no es estratégico per se. En realidad, cualquier punto del planeta puede volverse “estratégico”.

Ese proceso suele comenzar mediante el desarrollo de percepciones, ideas, intereses y acciones sobre un área determinada, que terminan transformándose en análisis, informes, cartografías, narrativas, etc.  Lo “estratégico” es, de hecho, resultado de un proceso de “producción” político/simbólico sujeto a cambios.

En el caso que nos ocupa, toda la producción sobre el istmo ha ido transformando progresivamente la zona y siendo, al mismo tiempo, reflejo de esas transformaciones. De ese modo, la región ha sido percibida como un chokepoint global y el canal como el dispositivo estratégico que le proporciona “viabilidad”.

No se trata aquí de negar su carácter “crítico” sino de cuestionarse quién, de qué manera y con qué intenciones puede considerarlo como una infraestructura “estratégica” y quién, de qué manera y con qué intenciones puede obviar otras percepciones estratégicas sobre el mismo.

¿Cómo opera la geopolítica “prescriptiva”?

La principal responsable de imponer un relato es la geopolítica “prescriptiva”, una práctica de saber/poder surgida en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Cuando los think tanks, sus grandes promotores, comenzaron a proliferar en el tejido administrativo estadounidense, se convirtieron en el eje de una inédita convergencia entre tomadores de decisiones de política exterior, académicos y empresarios.

La mayor parte de los análisis críticos acostumbran fijarse en la peculiar dimensión que alcanzó, en ese marco, la relación público/privado. La clave también está, sin embargo, en el método con el que —desde mediados del siglo XX— comenzó a ser “producido” el conocimiento geopolítico: universitarios de prestigio realizando análisis para tomadores de decisiones, pero desde fuera de los círculos tradicionales de validación académica.

Es decir, universitarios que en lugar de someter su producción a la crítica de sus pares y de difundir sus resultados entre la comunidad científica, se limitan a desarrollar la agenda política del sistema, permitiendo que los think tanks que les contratan como consultores divulguen sus resultados (¿científicos?) entre altos funcionarios y directivos de empresas.

Se trata de algo parecido a lo que Michel Foucault habría caracterizado como un régimen de “producción de la verdad”. En Estados Unidos esa práctica, que arrancó durante la Segunda Guerra Mundial con el War and Peace Studies Project, se ha convertido en la forma casi “natural” en la que se piensa y se cabildea la política exterior.

La geopolítica “prescriptiva”, su resultado práctico más tangible, no se utiliza para conocer sobre el mundo sino para intervenir en el mismo. Es en ese marco en el que el canal de Panamá atrae la atención de los think tanks. De hecho, la cronología que arranca con el discurso “inaugural” de Trump, en enero de 2025, viene en realidad de más atrás.

Think tanks: repensando el canal

Los orígenes se remontan a junio de 2021, cuando el Jack Gordon Institute for Public Policy de la Universidad Internacional de Florida publicó “The return of Geopolitics: Latin America and the Caribbean in an Era of Strategic Competition”. En dicho texto, Ryan C. Berg y Hal Brands, realizaron especulaciones prospectivas como la siguiente:

La creciente alianza de China con Panamá podría resultar en un acceso preferencial al Canal de Panamá, facilitando el movimiento de mercancías y personas dentro y fuera del hemisferio, y asestando un golpe simbólico y estratégico a Estados Unidos […]

La creciente interconexión de las fuerzas armadas chinas y regionales, sumada a la ya extensa influencia económica y política china en la región, podría generar cada vez más desafíos estratégicos para Estados Unidos. En caso de una confrontación militar […] la dependencia hemisférica del apoyo económico, político y militar chino podría alentar (o forzar) a los países latinoamericanos a ayudar a China, o al menos a retirar su apoyo a Estados Unidos (Berg y Brands, 2021, p. 10).

Ese texto fue el primero de una cadena de textos, casi todos en la misma línea argumental, casi todos promovidos por grandes think tanks y casi todos, citándose mutuamente: “Great Power Competition and Conflict in Latin America” (RAND Corporation, 2023); “Responding to China growing influence in Ports of the Global South” (CSIS, 2024) y “China in Latin America” (publicado anualmente, CFR) son algunos de los más significativos.

El detonador de esos análisis “prescriptivos” fue la preocupación que, a comienzos de esta década, comenzó a provocar en las élites estadounidenses (y no sólo en Trump) la penetración de capitales chinos en las economías latinoamericanas y caribeñas: financiando su desarrollo, incrustándose en sus cadenas de suministro, construyendo infraestructuras críticas, etc. Materialidad geopolítica profunda, no narrativas.

El Canal de Panamá fue percibido, en ese marco, como un vector “crítico”: como una infraestructura estratégica que, a través del Caribe, no sólo garantiza una alternativa al comercio terrestre con Estados Unidos, sino que sigue encauzando más flujos que cualquier otro nodo regional y compite con otros grandes reguladores del comercio global, como el canal de Suez o los estrechos de Malaca u Ormuz.

Esas “virtudes” son muy apreciadas en un contexto internacional caracterizado por transiciones digital y energética, que están contribuyendo a reorganizar las cadenas globales de valor. De hecho, ése es el motivo por el que los mercados le confieren tanta importancia al canal y por el que algunas empresas del Nasdaq —que por supuesto, también son actores geopolíticos— financian think tanks que se obsesionan con una difusa “influencia china”.

En la práctica, de su “control” puede depender una posición privilegiada en el comercio de minerales críticos, de hidrocarburos, de alimentos, etc. Hablamos por tanto de ganancia e influencia pero, sobre todo, de actores no estatales que presionan a los “tomadores de decisiones”: no sólo de Estados que, en abstracto, compiten por recursos, beneficios, etc.

Geopolítica crítica: pluralizando enfoques

Perspectivas matizadas como la que se acaba de mencionar quedan no obstante difuminadas cuando el enfoque dominante de la geopolítica 1) se orienta, antes que a una comprensión de la realidad, a una intervención/inversión de la misma y 2) cuando se centra en la interacción entre Estados o incluso entre las grandes “potencias”, ignorando la existencia de otros actores.

Los análisis “clásicos” y “prescriptivos”, además, tampoco bucean demasiado en las causas. Sobredimensionan la retrocesión del canal, omitiendo que la pérdida de influencia de Estados Unidos en el área pudo deberse a un problema de competitividad (como el que le apartó del control de los puertos de Balboa y Cristóbal o del contrato de ampliación) o al hecho de que Panamá, un actor que no es una “gran potencia”, comenzó a construir su “Autonomía Estratégica” desde 1999, a partir de un uso inteligente del canal y de una inserción diversificada en el sistema-mundo.

Otro elemento que desaparece en este tipo de análisis son los impactos locales de las dinámicas macro.

La premisa de que la retrocesión del canal fue beneficiosa para “Panamá” resulta, por ejemplo, cuestionable. De hecho, aunque el país haya reducido significativamente la desigualdad en lo que va del siglo —originalmente, una de las más elevadas del mundo— no lo ha hecho más que otros países de América Latina.

Eso quiere decir que la “Autonomía Estratégica” basada en un uso “inteligente” del canal no necesariamente cambió la vida de muchos panameños. Lo que la transformó es el desproporcionado uso de agua potable que la infraestructura en cuestión necesita para funcionar a pleno rendimiento. Eso, en la práctica, se ha traducido en incremento de costes, en cortes del servicio, etc.

Impactos así, no suelen estar en el radar de la geopolítica “prescriptiva”. Eso demuestra que, formas de entender la geopolítica existen muchas, pero ni la geopolítica lo es todo, ni las intenciones de aquéllo que puede ser considerado como tal son siempre neutras o ajenas al poder. Exactamente lo mismo que sucede con la “crítica”: no es todo lo que se opone al poder sino aquello que lo expone, deconstruyendo las narrativas que lo sustentan.

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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 562: https://www.alai.info/wp-content/uploads/2026/08/ALenMovimiento_562_agosto_2026-40-44.pdf

Por: Juan Agulló. Doctor en Sociología por la EHESS de París (Francia, 2003). Profesor del ILAESP/UNILA (Brasil). Miembro del Comité Directivo de CLACSO. Co-coordinador del Diploma Superior en Geopolítica de CLACSO.

Tomado de: alai.info

Declaración Pública y lineamientos del Movimiento por la Defensa del Alerce Costero

 El Movimiento por la Defensa del Alerce Costero es una agrupación que nace con la finalidad de proteger y luchar por la defensa del bosque y el Lahual.  El Alerce (Fitzroya Cupressoides ) es un árbol milenario, patrimonio del pueblo mapuche y del planeta.

Nuestra motivación surge de un sentir profundo, de la decisión propia y autónoma de organizarnos en contra del extractivismo depredador que afecta tanto este como otros territorios. 

Este movimiento nace el año 2018, momento en el que es ingresado a evaluación ambiental el proyecto, “Conservación Ruta T -720, cruce T -60 ( Las ventanas ) Alerce costero Cruce T-450(corral),” que cruzaría  dentro del parque alerce costero y que forman parte de una vía que pretende unir la comuna de la unión con el puerto de corral.

Son 10 kilómetros de una  ruta dentro del parque, con un ancho de 10 metros, sumando en total 17 hectáreas de parque nacional a destruir.

       Este proyecto significaria la muerte inmediata de 850 Lahual (Alerces) de diferentes edades y el deterioro del hábitat de otros 4308 (afectación indirecta) según lo declarado en el proceso de evaluación ambiental en curso. La división del parque en dos, es un acto que se traduce en un ecocidio implícito. Esta intervención no sólo afectará a los alerces presentes, sino también al Foye (canelo) que se encuentran en gran presencia dentro de la ruta (árbol sagrado para nuestro pueblo mapuche), así también otras especies endémicas como lo son el Ciprés, Lumas, Hualles, Coihues, por nombrar algunas.   

        ” Debido a lo restringido de su distribución y a la alta explotación que sufrió dado su alto valor maderero, esta especie fue declarada Monumento Natural por el D.S. N° 490/1976, posteriormente fue catalogada en Peligro por el tercer proceso de clasificación de especies en categoría de conservación (D.S. N° 51/2008) y adicionalmente se encuentra listada en el Apéndice I de CITES.” (informe Evaluacion Ambiental, Agosto de 2022)

 Todo este daño se encuentra avalado tanto por las autoridades locales, que han presionado indebidamente a los servicios públicos como CONAF y el SEA para que aprueben rápido el proyecto,  y el actual Gobierno “ecologista” de GABRIEL BORIC que vino recientemente a manifestar su público apoyo a la carretera.

 Cabe aclarar que en este mismo parque se encuentra el árbol que, según los últimos estudios, sería el más longevo del planeta. El gran abuelo Alerce, de más  de 5000 años de antigüedad. 

 Este devastador proyecto no sólo interferirá el hábitat de estas especies, ya que en el Parque Alerce Costero co-habitan diversos animales y vegetales,  especies endémicas y microendemicas que se encuentran en peligro de extinción o peligro de conservación como es la Ranita de Darwin, el Zorro de Chilote, Carpintero Negro, el Hullin o Nutria de rio, entre otros. Y que han encontrado refugio dentro de este parque.

 La carretera que se plantea construir ha sido determinada como una vía de conexión entre las comunas de Corral y La Unión, siendo el principal argumento el fomento del turismo para estas zonas. 

 En el caso de La Unión, la ruta de acceso al borde costero de la comuna es la ruta T-80  Hueicolla, la que se encuentra constantemente en pésimas condiciones.

 En caso de Corral, la ruta T-450  Corral – Valdivia que, si bien hoy se encuentra en mejoramiento, el Estado no ha tenido la debida preocupación durante todos estos años en mantenerla en buen estado.  El segundo acceso de esta comuna, es vía fluvial, y las concesiones administradoras de las barcazas sufren constantes problemas que han derivado en paros y protestas por parte de los vecinos para exigir un mejor servicio por parte del estado.

 En las comunas de La Unión y Corral existe una abrumadora presencia de monocultivos  forestales, siendo Forestal Arauco la de mayor presencia. Su actuar devastador ha ido rodeando el hábitat del bosque nativo y lugares ceremoniales mapuche, destruyendo espacios naturales, secando el agua  y en consecuencia alterando nuestro ecosistema.

 Negamos tajantemente que este proyecto sea una mejora para el vivir de nuestros pueblos, más bien responde a intereses de privados especialmente la industria forestal que busca expandir sus exportaciones por el puerto de corral a los mercados asiáticos, aumentando y consolidando un modelo económico que solo beneficia a sus dueños, destruye la naturaleza, y aumenta la crisis climática empobreciendo a los territorios. 

 Creemos que este proyecto beneficia más a intereses privados que buscan obtener una ruta que conecte desde el interior de la región, a la ruta 5 Sur. Que tiene relación directa con el paso internacional hacia Argentina y la conexión hacia el“anhelado” puerto de Corral. Generando un corredor industrial que facilita la presencia de transnacionales mineras, forestales, y agroindustriales en el cono sur de la región. Que sólo buscan saquear nuestra riquezas naturales y recursos naturales a nombre de progreso y desarrollo económico.

 Como se presenta este proyecto es un engaño hacia la comunidad. Pues intenta esconder los verdaderos motivos por los cuales se quiere llevar a cabo este proyecto.

 Existen múltiples necesidades y de mayor urgencia que resolver en la región. Como en temas de salud, falta de agua en los veranos en muchos sectores rurales, falta de vivienda, etc. Y que el gobierno este priorizando en su discurso esta carretera, resulta muy inquietante y sospechoso. Nos hace reafirmar nuestra desconfianza que esta no es una simple carretera para mejorar la conectividad y fomentar el turismo.

 Este proyecto se encuentra hoy, en etapas finales de evaluación ambiental.  Y, aún no existe claridad técnica de el real impacto que generará. La cantidad de alerces que serán destruidos y afectados es una estimación mínima y no una cifra exacta aún, tampoco las mitigaciones y las reparaciones al daño están definidas.

 Pero lo más preocupante de este proceso es que: la decisión de aprobar o rechazar este proyecto no pasa por una decisión técnica que se tome en base a los antecedentes, sino en una decisión política a cargo del gobierno que por medio de sus SEREMIS decidirán en una votación que podría NO considerar la opinión técnica. Porque así lo permiten las leyes chilenas.

 Por esto creemos que en este momento resulta necesario la visibilización, la activación y movilización por parte de los territorios y la gente que es consciente de que para vivir necesitamos de la mapu , y de una naturaleza sana.

 Invitamos a sumarse a la Defensa del Lahuan y de toda la biodiversidad que habita en este parque nacional, que hoy se encuentra bajo grave amenaza. Un ecosistema frágil y de alta importancia para muchas especies que ahí habitan.

                                    Movimiento por la Defensa del Alerce Costero

Más info aquí: Defensa Alerce Costero

El encuentro internacional reunirá a comunidades y organizaciones de Argentina, Chile y otros territorios de América Latina, tras la inclusión de defensores de Uspallata en un nuevo informe de Global Witness

Mendoza, septiembre de 2026. — Defensoras y defensores del agua, comunidades, organizaciones socioambientales y pueblos originarios de distintos territorios de América Latina llegarán a Mendoza para levantar un mensaje común: defender el agua y el territorio no puede convertirse en un delito.

Los días 2 y 3 de octubre se realizará el “Abrazo de Mendoza”, encuentro internacional que busca articular solidaridad y acciones frente a la criminalización de quienes defienden los bienes comunes y los territorios.

La convocatoria cobra especial fuerza tras la publicación del informe “Poder colectivo” de Global Witness, que documenta la situación de las personas defensoras del territorio y el ambiente a nivel mundial. El informe incorpora los casos de Federico Soria y Mauricio Cornejo, defensores vinculados a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, en el contexto de su oposición a proyectos mineros y defensa de los cuerpos de agua de los Andes.

Durante 2025, Global Witness registró 124 asesinatos de personas defensoras del ambiente y el territorio, y señaló que América Latina concentró el 85% de los casos documentados.

“Lo que estamos observando en Argentina no es un fenómeno aislado, sino que se inserta en un patrón que Global Witness viene documentando a nivel mundial: las amenazas y ataques contra las personas defensoras de la tierra, el ambiente y los derechos humanos adoptan formas cada vez más sofisticadas. Entre ellas, la criminalización se ha convertido en una herramienta recurrente para intentar silenciar y debilitar a quienes defienden sus territorios.”
— Javier Garate, Global Witness

Para Federico Soria, defensor de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, la inclusión del caso en el informe internacional expone una situación que las organizaciones vienen denunciando:

“Nuestra aparición en este informe expone la punta del iceberg respecto de la criminalización de la protesta social en Mendoza. Fuimos encarcelados y hoy estamos en libertad condicional, enfrentando una causa por ser parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, que desde hace 18 años se opone a Minera San Jorge y propone como alternativa crear un área natural protegida en el entorno montañoso donde se localizan las fuentes de agua del Río Mendoza. Protestar y peticionar no es delito.”

UNA CAUSA QUE CRUZA FRONTERAS

El encuentro reunirá voces de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Perú y distintos territorios argentinos, con el propósito de fortalecer una articulación continental y avanzar en acciones ante organismos internacionales.

Entre los ejes estará la situación de las personas defensoras, la aplicación de los estándares del Acuerdo de Escazú, el acceso a la justicia y la necesidad de contar con mecanismos efectivos de protección individual y colectiva.

La consigna será clara:

“Ninguna lucha es en soledad. Mendoza no está sola.”

Pero el abrazo también será encuentro, memoria y celebración. Habrá música, folklore, feria, olla popular y expresiones de arte comunitario, con la participación del Colectivo de Cantoras Presentes, el músico cuyano Matías Gabriel “El Compa” y la escuela carnavalera chilena La Remolino.

“Cuando quienes defienden sus fuentes de agua son perseguidos o criminalizados, estamos frente a una preocupación de derechos humanos, democracia ambiental y protección de las personas defensoras.”
— Bárbara Astudillo Delgado, defensora ambiental y especialista en Acuerdo de Escazú y derechos humanos ambientales.

La cordillera será el punto de encuentro para una causa que atraviesa fronteras: defender el agua, proteger los territorios y garantizar que quienes los defienden puedan hacerlo sin miedo.

“Somos guardianes de los glaciares y de nuestra cordillera. Defendemos la vida, porque vale la pena celebrarla.”

2 de octubre | Ciudad de Mendoza
3 de octubre | Uspallata

La actividad adquiere especial relevancia tras la reciente publicación del informe “Poder colectivo” de Global Witness, que incorpora los casos de los defensores de Uspallata Federico Soria y Mauricio Cornejo, en el contexto de la criminalización de la defensa del agua y el territorio. Ver aquí: La lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente

Convocan: Vecinos y Vecinas de Uspallata, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), organizaciones culturales, comunidades de pueblos originarios y organizaciones/personas defensoras de distintos territorios.

Contactos de prensa:
Elsa: +54 9 261 706-8016 | Itatí: +54 9 261 591-6504 | Bárbara: +56 9 5095 1808