En Latinoamérica ante la asunción de gobiernos autoritarios o neofascistas, la sociedad se ve más agredida por las imposiciones de políticas estructurales afectando la calidad de vida y el estado derecho. Los movimientos sociales como espacio de incidencia sectorial con su estrategia de educación y defensa de los derechos fundamentales son víctima de la criminalización y la ideología de odio, vulnerando sus derechos a disentir como también proponer soluciones al alto costo de la vida panameña. Decir NO desde la esfera política es una forma de oposición a la violencia gubernamental, y es un acto constructivo de un ciudadano crítico y colectivo que deslegitima lo injusto o dañino para el pueblo. Actualmente Panamá se debate ante futuro incierto debido a la vulneración de los derechos humanos en diversos sectores como: el derecho del campesino a la tierra agredidos por los embalses sobre río Indio y la minería, el hostigamiento y enjuiciamiento a defensores sindicales, los despidos injustificados que violan derechos a gremios de educadores y médicos. Junto a esto una política de espionaje al mejor estilo de las dictaduras auspiciadas y acuerpadas por el intervencionismo de los Estados Unidos.

Escuchemos voces de representantes del movimiento social panameño en la marcha del pasado 30 de septiembre en ciudad de Panamá

Imágenes de la marcha ciudadana y frentes de lucha el pasado 30 de septiembre de 2026. Ciudad de Panamá.

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional.

A las puertas del tercer aniversario del inicio del genocidio, el ejército israelí continúa bombardeando el enclave. Mientras, el primer ministro Benjamin Netanyahu consigue viajar libremente sin que se le aplique la orden de arresto emitida contra él por crímenes de guerra.

La espiral de violencia de Israel contra la población palestina, tanto en Gaza como Cisjordania, no se detiene. Si bien ya no ocupa titulares, las masacres y los hostigamientos por parte del ejército israelí y los colonos, continúan su curso habitual en ambos territorios. Las fuerzas israelíes siguen allanando viviendas en la Cisjordania ocupada y preparan ya la llegada de la colecta de la aceituna, un período que suele resultar en un recrudecimiento contra la población palestina. Las órdenes de demolición de viviendas palestinas, las redadas y los arrestos siguen formando parte del día a día; así como el cierre de puestos de control militar, lo que conlleva el aislamiento de la población palestina.

En Gaza, a pesar de la supuesta tregua, el genocidio sigue su curso. Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud del enclave, al menos 73.922 palestinos han sido asesinados y 174.995 han resultado heridos desde que comenzaron los ataques israelíes, en octubre de 2023. Desde el supuesto “alto el fuego”, firmado hace casi un año, en octubre de 2025, son ya al menos 1.402 palestinos los asesinados y 4.881 los heridos. En el enclave apenas quedan edificios en pie, y la población vive confinada en un tercio del territorio. Cualquier movimiento cercano a las “líneas amarillas” trazadas por el ejército israelí pueden significar una condena a muerte.

Un “Plan de reconstrucción” a la espera de que Israel deje de matar

De momento, el llamado “Plan de reconstrucción para Gaza”, liderado e impulsado por Estados Unidos y su “Junta para la Paz” hace un año, se mantiene parado. No se ha logrado ningún avance ni se ha dado ningún paso en ninguna dirección. Como ya advirtió, Hamás no ha dejado las armas, puesto que no se ha visto ningún compromiso con la paz por parte del Estado de Israel; más bien al contrario: los ataques han continuado en todo el territorio sin descanso.

El juez añade delitos de tortura a los cargos contra los mandos israelíes que pararon la Flotilla

Si bien esta semana durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York se ha puesto una cifra sobre la mesa para “empezar la reconstrucción” —2.450 millones de dólares—, lo cierto es que no hay ninguna hoja de ruta. Quien se supone que tiene que capitanear esta empresa es Jared Kushner, el yerno de Trump, quien asegura que para la reconstrucción del enclave se necesitarán unos 71.400 millones de dólares.

Netanyahu, abucheado en la ONU pero sin detención

Mientras todo esto ocurre, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, ha podido asistir esta semana, concretamente el pasado jueves 24 de septiembre, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ha podido sobrevolar el espacio aéreo de diferentes países sin que nada ni nadie se lo impidiese y ha podido —a diferencia de las autoridades palestinas, a quienes no se les han expedido visados— exponer su discurso en la ONU. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, tuvo que exponer su discurso de manera online.

Tal y como ya ocurriera el año pasado, gran parte de los delegados internacionales allí presentes abandonaron la sala cuando el israelí hizo acto de presencia, algo que él calificó de “cobarde”. En su retórica habitual, insistió en negar las acusaciones de genocidio —dijo que se trataba de “la gran mentira del siglo”— y subestimó la violencia por parte de los colonos; aprovechó también la ocasión para tachar al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de “antisemita”. Al tiempo que el primer ministro israelí pronunciaba sus palabras, pero también antes y después, cientos de personas mostraban el rechazo a su presencia en la Asamblea. Las calles de Manhattan estos días se han llenado de ciudadanos que se oponen al genocidio y al hecho de que Netanyahu pueda entrar en Estados Unidos sin ser detenido.

Netanyahu apura sus últimos cartuchos antes de los comicios y continúa jugando la baza de la “defensa del Estado de Israel” 

A pocas semanas de las elecciones (el próximo 27 de octubre) y con la información sobre la mesa —gracias a una investigación del periódico israelí Haaretz— de que el Ejecutivo israelí habría estado advertido de los planes de Hamás para el 7 de octubre de 2023, Netanyahu apura sus últimos cartuchos antes de los comicios y continúa jugando la baza de la “defensa del Estado de Israel” y el “derecho de Israel a existir” para justificar sus acciones y decisiones. Está siendo investigado por corrupción y si no es elegido perdería la inmunidad.

Ayer, viernes 25 de septiembre, se celebrabó el Yom Kippur, día del ayuno y uno de los días del calendario judío más sagrados e importantes. Kippur significa perdón, y se considera el “Día de la expiación judía”. Es por este motivo que esta misma semana el presidente israelí, Isaac Herzog, ha indultado y eliminado los antecedentes penales del militar Elor Azaria, quien en 2016 fue condenado por homicidio involuntario tras dispararle a Abdel Fattah al-Sharif, palestino, en la cabeza. La acción fue filmada pero aún así el soldado solo cumplió nueve meses de condena. Ahora, su expediente ha quedado limpio. Un mensaje más para dejar claro que matar palestinos en Israel no arrastra consecuencias.

Una comunidad internacional centrada en el relato bélico y el precio del petróleo

A las puertas del tercer aniversario del inicio del genocidio en Gaza, la comunidad internacional continúa mirando hacia otro lado. Más centrada en instalar un clima prebélico entre la población para justificar las inversiones en armamento y la desinversión en asuntos sociales, la comunidad internacional parece haber olvidado la situación en Gaza. Si bien se han continuado dando algunos pasos —hace apenas unos días Reino Unido vetaba el comercio de productos procedentes de asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada—, no está previsto que se avance en ninguna dirección para aislar de manera definitiva a Israel. La mirada, ahora, está en las trifulcas alrededor del estrecho de Bab el-Mandeb, un enclave estratégico entre Yibuti, Eritrea y Yemen y que en estos momentos está controlado por el movimiento yemení Ansar Allah —conocido comúnmente como los hutíes.

Cómo y por qué suspender el Acuerdo entre Israel y la UE

En lo referente a la Unión Europea, en una entrevista de esta misma semana con la cadena Al Jazeera, Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y vicepresidenta en la Comisión Europea, ha reiterado que la división en el seno de los Veintisiete respecto a Israel hace que se haya llegado a un “punto muerto” respecto al caso de Palestina. “Sabemos que Israel está violando el Artículo 2 del Acuerdo de Asociación [entre la UE e Israel], y eso ha generado discusiones entre los Estados miembros”. Kallas sostiene que los diferentes países que integran la UE tienen “historias muy diferentes en lo que respecta a Israel”. La alta representante ha reconocido que la ayuda humanitaria no está llegando a Gaza, y que “es motivo de gran preocupación”, para a continuación instar a “hacer más”, eso sí, sin señalar en ningún momento la responsabilidad de los perpetradores.

Por: Queralt Castillo Cerezuela
@queraltcastillo.bsky.social

Fuente: El Salto Diario

Fotografía de portada: Consecuencias de un ataque aéreo israelí en el que se lanzaron tres misiles contra un edificio residencial cercano al hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, el 8 de septiembre de 2026. El ataque provocó un incendio en el interior del edificio. Youssef Zanoun/ActiveStills

El 20 de enero de 2025, Donald J. Trump fue claro en su toma de posesión como Presidente de Estados Unidos: “China está operando el Canal de Panamá. Y nosotros no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo”.

Esa frase, más allá de sus imprecisiones, expresa dos lógicas geopolíticas superpuestas.

Por una parte, la de la geopolítica “clásica”, en la que la geografía —en este caso, la ubicación de Panamá— determina el destino de cada actor, y en la que únicamente los Estados —en este caso China y Estados Unidos, dos “grandes potencias” y no Panamá, un pequeño país— parecieran tener entidad suficiente como para ser considerados “actores”.

Por otra parte, está la lógica de la geopolítica “prescriptiva” (denominación aquí sugerida por el autor del texto) en la que importa menos comprender una realidad, que identificar estrategias para intervenir sobre esa misma realidad.

En esquemas como el descrito, el denominador común es una geopolítica que funciona menos como una herramienta analítica rigurosa y más como un instrumento político-ideológico al que se le intenta revestir de “autoridad” científica.

El resultado suelen ser narrativas abigarradas que organizan el objeto de estudio de acuerdo a las expectativas de quien las produce. En esa línea suelen ir los análisis que acaban condicionando las discusiones geopolíticas en América Latina y el Caribe. Aquí se trata de demostrar que, la crítica, puede/debe ir por otro lado.

¿Cómo desenredar la madeja?

Comencemos por el relato cronológico de lo sucedido, en relación al Canal, desde la toma de posesión de Donald J. Trump. Uno de los primeros viajes de trabajo emprendidos por Marco Rubio, su actual Secretario de Estado, fue a Panamá.

Lo que le siguió fue una cuidada narrativa… En su primera reunión con el actual Presidente del país, Rubio exigió “cambios inmediatos” para reducir la supuesta “influencia china” sobre el Canal, advirtiendo que, de lo contrario, Estados Unidos tomaría las “medidas necesarias”.

El razonamiento subyacente era la “posibilidad” —nunca seriamente demostrada— de que China transformara su “influencia” en una nunca muy bien explicada “presencia militar”.

En ese marco, BlackRock (la gestora de activos más grande del mundo, con fuertes vínculos con el Gobierno Trump) le realizó una oferta de 22,800 millones de dólares a la empresa CK Hutchinson, de Hong Kong, para comprarle la gestión de 43 puertos en 23 países, incluyendo los de Balboa y Cristóbal, a la entrada y salida del Canal de Panamá.

Geopolítica de altos vuelos realizada, a través de actores multinacionales no estatales, a espaldas de la República de Panamá.

CK Hutchinson, detalle no menor, administraba los puertos del Canal desde que, dos años antes de la retrocesión a Panamá ganara —en 1997— una licitación internacional en la que participaron empresas estadounidenses y a la que, en ese momento, nadie en Estados Unidos le concedió la importancia estratégica que actualmente le concede el Gobierno Trump.

Las negociaciones con BlackRock, con todo, se estancaron; fue entonces cuando la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucionales las leyes que le permitían a CK Hutchinson operar los puertos del canal (por “limitar la soberanía del Estado [panameño] sobre sus recursos naturales”).

A partir de ese momento, curiosamente, se incrementó exponencialmente la presencia militar estadounidense en la zona. Un giro de 180 grados que satisfizo, en pocos meses, las demandas de un actor/”gran potencia”. Con narrativas tan lineales nada parece desentonar…

¿Tiene sentido hablar, de una “geopolítica crítica”?

La realidad es, sin embargo, algo más compleja y el margen de análisis, si se realiza a partir de planteamientos críticos, mucho mayor porque los actores, las escalas y las perspectivas son plurales y la geopolítica, dialéctica.

El canal, de hecho, como cualquier otra infraestructura —y este es el primer gran matiz crítico— no es estratégico per se. En realidad, cualquier punto del planeta puede volverse “estratégico”.

Ese proceso suele comenzar mediante el desarrollo de percepciones, ideas, intereses y acciones sobre un área determinada, que terminan transformándose en análisis, informes, cartografías, narrativas, etc.  Lo “estratégico” es, de hecho, resultado de un proceso de “producción” político/simbólico sujeto a cambios.

En el caso que nos ocupa, toda la producción sobre el istmo ha ido transformando progresivamente la zona y siendo, al mismo tiempo, reflejo de esas transformaciones. De ese modo, la región ha sido percibida como un chokepoint global y el canal como el dispositivo estratégico que le proporciona “viabilidad”.

No se trata aquí de negar su carácter “crítico” sino de cuestionarse quién, de qué manera y con qué intenciones puede considerarlo como una infraestructura “estratégica” y quién, de qué manera y con qué intenciones puede obviar otras percepciones estratégicas sobre el mismo.

¿Cómo opera la geopolítica “prescriptiva”?

La principal responsable de imponer un relato es la geopolítica “prescriptiva”, una práctica de saber/poder surgida en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Cuando los think tanks, sus grandes promotores, comenzaron a proliferar en el tejido administrativo estadounidense, se convirtieron en el eje de una inédita convergencia entre tomadores de decisiones de política exterior, académicos y empresarios.

La mayor parte de los análisis críticos acostumbran fijarse en la peculiar dimensión que alcanzó, en ese marco, la relación público/privado. La clave también está, sin embargo, en el método con el que —desde mediados del siglo XX— comenzó a ser “producido” el conocimiento geopolítico: universitarios de prestigio realizando análisis para tomadores de decisiones, pero desde fuera de los círculos tradicionales de validación académica.

Es decir, universitarios que en lugar de someter su producción a la crítica de sus pares y de difundir sus resultados entre la comunidad científica, se limitan a desarrollar la agenda política del sistema, permitiendo que los think tanks que les contratan como consultores divulguen sus resultados (¿científicos?) entre altos funcionarios y directivos de empresas.

Se trata de algo parecido a lo que Michel Foucault habría caracterizado como un régimen de “producción de la verdad”. En Estados Unidos esa práctica, que arrancó durante la Segunda Guerra Mundial con el War and Peace Studies Project, se ha convertido en la forma casi “natural” en la que se piensa y se cabildea la política exterior.

La geopolítica “prescriptiva”, su resultado práctico más tangible, no se utiliza para conocer sobre el mundo sino para intervenir en el mismo. Es en ese marco en el que el canal de Panamá atrae la atención de los think tanks. De hecho, la cronología que arranca con el discurso “inaugural” de Trump, en enero de 2025, viene en realidad de más atrás.

Think tanks: repensando el canal

Los orígenes se remontan a junio de 2021, cuando el Jack Gordon Institute for Public Policy de la Universidad Internacional de Florida publicó “The return of Geopolitics: Latin America and the Caribbean in an Era of Strategic Competition”. En dicho texto, Ryan C. Berg y Hal Brands, realizaron especulaciones prospectivas como la siguiente:

La creciente alianza de China con Panamá podría resultar en un acceso preferencial al Canal de Panamá, facilitando el movimiento de mercancías y personas dentro y fuera del hemisferio, y asestando un golpe simbólico y estratégico a Estados Unidos […]

La creciente interconexión de las fuerzas armadas chinas y regionales, sumada a la ya extensa influencia económica y política china en la región, podría generar cada vez más desafíos estratégicos para Estados Unidos. En caso de una confrontación militar […] la dependencia hemisférica del apoyo económico, político y militar chino podría alentar (o forzar) a los países latinoamericanos a ayudar a China, o al menos a retirar su apoyo a Estados Unidos (Berg y Brands, 2021, p. 10).

Ese texto fue el primero de una cadena de textos, casi todos en la misma línea argumental, casi todos promovidos por grandes think tanks y casi todos, citándose mutuamente: “Great Power Competition and Conflict in Latin America” (RAND Corporation, 2023); “Responding to China growing influence in Ports of the Global South” (CSIS, 2024) y “China in Latin America” (publicado anualmente, CFR) son algunos de los más significativos.

El detonador de esos análisis “prescriptivos” fue la preocupación que, a comienzos de esta década, comenzó a provocar en las élites estadounidenses (y no sólo en Trump) la penetración de capitales chinos en las economías latinoamericanas y caribeñas: financiando su desarrollo, incrustándose en sus cadenas de suministro, construyendo infraestructuras críticas, etc. Materialidad geopolítica profunda, no narrativas.

El Canal de Panamá fue percibido, en ese marco, como un vector “crítico”: como una infraestructura estratégica que, a través del Caribe, no sólo garantiza una alternativa al comercio terrestre con Estados Unidos, sino que sigue encauzando más flujos que cualquier otro nodo regional y compite con otros grandes reguladores del comercio global, como el canal de Suez o los estrechos de Malaca u Ormuz.

Esas “virtudes” son muy apreciadas en un contexto internacional caracterizado por transiciones digital y energética, que están contribuyendo a reorganizar las cadenas globales de valor. De hecho, ése es el motivo por el que los mercados le confieren tanta importancia al canal y por el que algunas empresas del Nasdaq —que por supuesto, también son actores geopolíticos— financian think tanks que se obsesionan con una difusa “influencia china”.

En la práctica, de su “control” puede depender una posición privilegiada en el comercio de minerales críticos, de hidrocarburos, de alimentos, etc. Hablamos por tanto de ganancia e influencia pero, sobre todo, de actores no estatales que presionan a los “tomadores de decisiones”: no sólo de Estados que, en abstracto, compiten por recursos, beneficios, etc.

Geopolítica crítica: pluralizando enfoques

Perspectivas matizadas como la que se acaba de mencionar quedan no obstante difuminadas cuando el enfoque dominante de la geopolítica 1) se orienta, antes que a una comprensión de la realidad, a una intervención/inversión de la misma y 2) cuando se centra en la interacción entre Estados o incluso entre las grandes “potencias”, ignorando la existencia de otros actores.

Los análisis “clásicos” y “prescriptivos”, además, tampoco bucean demasiado en las causas. Sobredimensionan la retrocesión del canal, omitiendo que la pérdida de influencia de Estados Unidos en el área pudo deberse a un problema de competitividad (como el que le apartó del control de los puertos de Balboa y Cristóbal o del contrato de ampliación) o al hecho de que Panamá, un actor que no es una “gran potencia”, comenzó a construir su “Autonomía Estratégica” desde 1999, a partir de un uso inteligente del canal y de una inserción diversificada en el sistema-mundo.

Otro elemento que desaparece en este tipo de análisis son los impactos locales de las dinámicas macro.

La premisa de que la retrocesión del canal fue beneficiosa para “Panamá” resulta, por ejemplo, cuestionable. De hecho, aunque el país haya reducido significativamente la desigualdad en lo que va del siglo —originalmente, una de las más elevadas del mundo— no lo ha hecho más que otros países de América Latina.

Eso quiere decir que la “Autonomía Estratégica” basada en un uso “inteligente” del canal no necesariamente cambió la vida de muchos panameños. Lo que la transformó es el desproporcionado uso de agua potable que la infraestructura en cuestión necesita para funcionar a pleno rendimiento. Eso, en la práctica, se ha traducido en incremento de costes, en cortes del servicio, etc.

Impactos así, no suelen estar en el radar de la geopolítica “prescriptiva”. Eso demuestra que, formas de entender la geopolítica existen muchas, pero ni la geopolítica lo es todo, ni las intenciones de aquéllo que puede ser considerado como tal son siempre neutras o ajenas al poder. Exactamente lo mismo que sucede con la “crítica”: no es todo lo que se opone al poder sino aquello que lo expone, deconstruyendo las narrativas que lo sustentan.

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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 562: https://www.alai.info/wp-content/uploads/2026/08/ALenMovimiento_562_agosto_2026-40-44.pdf

Por: Juan Agulló. Doctor en Sociología por la EHESS de París (Francia, 2003). Profesor del ILAESP/UNILA (Brasil). Miembro del Comité Directivo de CLACSO. Co-coordinador del Diploma Superior en Geopolítica de CLACSO.

Tomado de: alai.info

Declaración Pública y lineamientos del Movimiento por la Defensa del Alerce Costero

 El Movimiento por la Defensa del Alerce Costero es una agrupación que nace con la finalidad de proteger y luchar por la defensa del bosque y el Lahual.  El Alerce (Fitzroya Cupressoides ) es un árbol milenario, patrimonio del pueblo mapuche y del planeta.

Nuestra motivación surge de un sentir profundo, de la decisión propia y autónoma de organizarnos en contra del extractivismo depredador que afecta tanto este como otros territorios. 

Este movimiento nace el año 2018, momento en el que es ingresado a evaluación ambiental el proyecto, “Conservación Ruta T -720, cruce T -60 ( Las ventanas ) Alerce costero Cruce T-450(corral),” que cruzaría  dentro del parque alerce costero y que forman parte de una vía que pretende unir la comuna de la unión con el puerto de corral.

Son 10 kilómetros de una  ruta dentro del parque, con un ancho de 10 metros, sumando en total 17 hectáreas de parque nacional a destruir.

       Este proyecto significaria la muerte inmediata de 850 Lahual (Alerces) de diferentes edades y el deterioro del hábitat de otros 4308 (afectación indirecta) según lo declarado en el proceso de evaluación ambiental en curso. La división del parque en dos, es un acto que se traduce en un ecocidio implícito. Esta intervención no sólo afectará a los alerces presentes, sino también al Foye (canelo) que se encuentran en gran presencia dentro de la ruta (árbol sagrado para nuestro pueblo mapuche), así también otras especies endémicas como lo son el Ciprés, Lumas, Hualles, Coihues, por nombrar algunas.   

        ” Debido a lo restringido de su distribución y a la alta explotación que sufrió dado su alto valor maderero, esta especie fue declarada Monumento Natural por el D.S. N° 490/1976, posteriormente fue catalogada en Peligro por el tercer proceso de clasificación de especies en categoría de conservación (D.S. N° 51/2008) y adicionalmente se encuentra listada en el Apéndice I de CITES.” (informe Evaluacion Ambiental, Agosto de 2022)

 Todo este daño se encuentra avalado tanto por las autoridades locales, que han presionado indebidamente a los servicios públicos como CONAF y el SEA para que aprueben rápido el proyecto,  y el actual Gobierno “ecologista” de GABRIEL BORIC que vino recientemente a manifestar su público apoyo a la carretera.

 Cabe aclarar que en este mismo parque se encuentra el árbol que, según los últimos estudios, sería el más longevo del planeta. El gran abuelo Alerce, de más  de 5000 años de antigüedad. 

 Este devastador proyecto no sólo interferirá el hábitat de estas especies, ya que en el Parque Alerce Costero co-habitan diversos animales y vegetales,  especies endémicas y microendemicas que se encuentran en peligro de extinción o peligro de conservación como es la Ranita de Darwin, el Zorro de Chilote, Carpintero Negro, el Hullin o Nutria de rio, entre otros. Y que han encontrado refugio dentro de este parque.

 La carretera que se plantea construir ha sido determinada como una vía de conexión entre las comunas de Corral y La Unión, siendo el principal argumento el fomento del turismo para estas zonas. 

 En el caso de La Unión, la ruta de acceso al borde costero de la comuna es la ruta T-80  Hueicolla, la que se encuentra constantemente en pésimas condiciones.

 En caso de Corral, la ruta T-450  Corral – Valdivia que, si bien hoy se encuentra en mejoramiento, el Estado no ha tenido la debida preocupación durante todos estos años en mantenerla en buen estado.  El segundo acceso de esta comuna, es vía fluvial, y las concesiones administradoras de las barcazas sufren constantes problemas que han derivado en paros y protestas por parte de los vecinos para exigir un mejor servicio por parte del estado.

 En las comunas de La Unión y Corral existe una abrumadora presencia de monocultivos  forestales, siendo Forestal Arauco la de mayor presencia. Su actuar devastador ha ido rodeando el hábitat del bosque nativo y lugares ceremoniales mapuche, destruyendo espacios naturales, secando el agua  y en consecuencia alterando nuestro ecosistema.

 Negamos tajantemente que este proyecto sea una mejora para el vivir de nuestros pueblos, más bien responde a intereses de privados especialmente la industria forestal que busca expandir sus exportaciones por el puerto de corral a los mercados asiáticos, aumentando y consolidando un modelo económico que solo beneficia a sus dueños, destruye la naturaleza, y aumenta la crisis climática empobreciendo a los territorios. 

 Creemos que este proyecto beneficia más a intereses privados que buscan obtener una ruta que conecte desde el interior de la región, a la ruta 5 Sur. Que tiene relación directa con el paso internacional hacia Argentina y la conexión hacia el“anhelado” puerto de Corral. Generando un corredor industrial que facilita la presencia de transnacionales mineras, forestales, y agroindustriales en el cono sur de la región. Que sólo buscan saquear nuestra riquezas naturales y recursos naturales a nombre de progreso y desarrollo económico.

 Como se presenta este proyecto es un engaño hacia la comunidad. Pues intenta esconder los verdaderos motivos por los cuales se quiere llevar a cabo este proyecto.

 Existen múltiples necesidades y de mayor urgencia que resolver en la región. Como en temas de salud, falta de agua en los veranos en muchos sectores rurales, falta de vivienda, etc. Y que el gobierno este priorizando en su discurso esta carretera, resulta muy inquietante y sospechoso. Nos hace reafirmar nuestra desconfianza que esta no es una simple carretera para mejorar la conectividad y fomentar el turismo.

 Este proyecto se encuentra hoy, en etapas finales de evaluación ambiental.  Y, aún no existe claridad técnica de el real impacto que generará. La cantidad de alerces que serán destruidos y afectados es una estimación mínima y no una cifra exacta aún, tampoco las mitigaciones y las reparaciones al daño están definidas.

 Pero lo más preocupante de este proceso es que: la decisión de aprobar o rechazar este proyecto no pasa por una decisión técnica que se tome en base a los antecedentes, sino en una decisión política a cargo del gobierno que por medio de sus SEREMIS decidirán en una votación que podría NO considerar la opinión técnica. Porque así lo permiten las leyes chilenas.

 Por esto creemos que en este momento resulta necesario la visibilización, la activación y movilización por parte de los territorios y la gente que es consciente de que para vivir necesitamos de la mapu , y de una naturaleza sana.

 Invitamos a sumarse a la Defensa del Lahuan y de toda la biodiversidad que habita en este parque nacional, que hoy se encuentra bajo grave amenaza. Un ecosistema frágil y de alta importancia para muchas especies que ahí habitan.

                                    Movimiento por la Defensa del Alerce Costero

Más info aquí: Defensa Alerce Costero

El encuentro internacional reunirá a comunidades y organizaciones de Argentina, Chile y otros territorios de América Latina, tras la inclusión de defensores de Uspallata en un nuevo informe de Global Witness

Mendoza, septiembre de 2026. — Defensoras y defensores del agua, comunidades, organizaciones socioambientales y pueblos originarios de distintos territorios de América Latina llegarán a Mendoza para levantar un mensaje común: defender el agua y el territorio no puede convertirse en un delito.

Los días 2 y 3 de octubre se realizará el “Abrazo de Mendoza”, encuentro internacional que busca articular solidaridad y acciones frente a la criminalización de quienes defienden los bienes comunes y los territorios.

La convocatoria cobra especial fuerza tras la publicación del informe “Poder colectivo” de Global Witness, que documenta la situación de las personas defensoras del territorio y el ambiente a nivel mundial. El informe incorpora los casos de Federico Soria y Mauricio Cornejo, defensores vinculados a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, en el contexto de su oposición a proyectos mineros y defensa de los cuerpos de agua de los Andes.

Durante 2025, Global Witness registró 124 asesinatos de personas defensoras del ambiente y el territorio, y señaló que América Latina concentró el 85% de los casos documentados.

“Lo que estamos observando en Argentina no es un fenómeno aislado, sino que se inserta en un patrón que Global Witness viene documentando a nivel mundial: las amenazas y ataques contra las personas defensoras de la tierra, el ambiente y los derechos humanos adoptan formas cada vez más sofisticadas. Entre ellas, la criminalización se ha convertido en una herramienta recurrente para intentar silenciar y debilitar a quienes defienden sus territorios.”
— Javier Garate, Global Witness

Para Federico Soria, defensor de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, la inclusión del caso en el informe internacional expone una situación que las organizaciones vienen denunciando:

“Nuestra aparición en este informe expone la punta del iceberg respecto de la criminalización de la protesta social en Mendoza. Fuimos encarcelados y hoy estamos en libertad condicional, enfrentando una causa por ser parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, que desde hace 18 años se opone a Minera San Jorge y propone como alternativa crear un área natural protegida en el entorno montañoso donde se localizan las fuentes de agua del Río Mendoza. Protestar y peticionar no es delito.”

UNA CAUSA QUE CRUZA FRONTERAS

El encuentro reunirá voces de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Perú y distintos territorios argentinos, con el propósito de fortalecer una articulación continental y avanzar en acciones ante organismos internacionales.

Entre los ejes estará la situación de las personas defensoras, la aplicación de los estándares del Acuerdo de Escazú, el acceso a la justicia y la necesidad de contar con mecanismos efectivos de protección individual y colectiva.

La consigna será clara:

“Ninguna lucha es en soledad. Mendoza no está sola.”

Pero el abrazo también será encuentro, memoria y celebración. Habrá música, folklore, feria, olla popular y expresiones de arte comunitario, con la participación del Colectivo de Cantoras Presentes, el músico cuyano Matías Gabriel “El Compa” y la escuela carnavalera chilena La Remolino.

“Cuando quienes defienden sus fuentes de agua son perseguidos o criminalizados, estamos frente a una preocupación de derechos humanos, democracia ambiental y protección de las personas defensoras.”
— Bárbara Astudillo Delgado, defensora ambiental y especialista en Acuerdo de Escazú y derechos humanos ambientales.

La cordillera será el punto de encuentro para una causa que atraviesa fronteras: defender el agua, proteger los territorios y garantizar que quienes los defienden puedan hacerlo sin miedo.

“Somos guardianes de los glaciares y de nuestra cordillera. Defendemos la vida, porque vale la pena celebrarla.”

2 de octubre | Ciudad de Mendoza
3 de octubre | Uspallata

La actividad adquiere especial relevancia tras la reciente publicación del informe “Poder colectivo” de Global Witness, que incorpora los casos de los defensores de Uspallata Federico Soria y Mauricio Cornejo, en el contexto de la criminalización de la defensa del agua y el territorio. Ver aquí: La lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente

Convocan: Vecinos y Vecinas de Uspallata, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), organizaciones culturales, comunidades de pueblos originarios y organizaciones/personas defensoras de distintos territorios.

Contactos de prensa:
Elsa: +54 9 261 706-8016 | Itatí: +54 9 261 591-6504 | Bárbara: +56 9 5095 1808

En el ojo geopolítico esta Argentina debido al retroceso en el ejercicio de los derechos humanos y la democracia. Uno de los sectores más vulnerados son los pueblos originarios debido a la desterritorialización ejecutado por el presidente Javier Milei, a partir del blindaje legal que le confiere entre otras la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que le permite criminalizar, despojar y desalojar de sus tierras a los pueblos indígenas.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles han denunciado las graves consecuencias como el despojo que representa dejar a la intemperie a miles de familias indígenas además de hostigamientos y criminalización hacia las autoridades ancestrales de las comunidades en conflicto, como así también, a las familias damnificadas.

Según un comunicado publicado por la Pluridiversidad Indígena Puelmapu, una coalición de organizaciones y comunidades como son los miembros de la caminata de warmis (Jujuy) y Mapuche Tehuelche, el desalojo tiene sus grandes intereses en:

1. Acuerdos bilaterales con Israel para recibir trescientos mil refugiados israelitas-sionistas en la Patagonia.

2. El arribo de las empresas tecnofeudales que necesitan emplazar sus megas data centers en lugares extensos y óptimos para la refrigeración de sus servidores.

3. Acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para emplazar megaproyectos extractivistas.

4. Una clara política segregacionista y genocida contra los pueblos indígenas, negándole el reconocimiento pleno de sus derechos, sin acceso a la justicia y al debido proceso.

Las violaciones a los DDHH son invisibilizadas por los medios de comunicación corporativo, ya que obedecen a una agenda elitista usurpadora acuerpada bajo la inmunidad, y también porque hay una complicidad social cimentada desde el racismo y la indolencia. Queda en evidencia que siguen siendo objeto de violaciones a sus derechos territoriales, culturales ancestrales y sus vidas como en tiempos de la colonia como lo demuestra el gobierno de Milei con la derogación de la ley de emergencia de la posesión y propiedad comunitaria indígena, 26.160.

Desde diversas organizaciones sociales y derechos humanos denuncian la grave situación que viven los pueblos originarios de Argentina. Exigen justicia y reparación por la represión, criminalización y despojo. Hacen un llamado a la acción solidaria para detener la barbarie que comete el gobierno de turno contra los pueblos originarios de Argentina.  

Redacción Radio Temblor Internacional

• Estamos aquí más de 30 organizaciones y medios de comunicación de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos e internacionales que viajamos a Honduras para participar en la Delegación Internacional de solidaridad con el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, además de otras 13 organizaciones internacionales más que han venido acompañando y respaldando esta acción de solidaridad a la distancia.
• Llegamos el 17 de septiembre para expresar nuestra solidaridad y admiración por el pueblo garífuna organizado en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), observar y denunciar las graves violaciones a derechos humanos de las que son objeto y demandar al Estado de Honduras que cumpla con sus obligaciones, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos.
• Hemos constatado que el Campamento no solo es una expresión legítima del derecho a la protesta pacífica sino también un ejemplo de vida en comunidad y un espacio de encuentro y diálogo entre diferentes movimientos sociales, de arte y cuidado de la vida.
• En estos días llevamos nuestras exigencias y preocupaciones por la situación del pueblo Garífuna a la Delegación de la Unión Europea en Honduras, las embajadas de Francia, Alemania, España y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras. De su parte encontramos interés y conciencia de las violaciones a derechos humanos cometidas contra el pueblo Garífuna.
• Lamentamos que, prácticamente, ninguna institución del Estado hondureño recibió a la Delegación a pesar de haber hecho la solicitud en tiempo y forma. La única excepción fue la reunión sostenida con dos magistradas y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, institución que en el último momento y después de la presión ejercida por la Delegación nos concedió una audiencia.
• Tras décadas de reclamar al Estado hondureño el derecho legítimo del pueblo Garífuna a su territorio y sin haber obtenido ninguna respuesta, la OFRANEH acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el 2015 el indicado Tribunal ha reconocido en cuatro sentencias (Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos) que el Estado hondureño viola el derecho del pueblo Garífuna a su territorio, así como los derechos a la vida, la seguridad y la justicia de sus comunidades, líderes y lideresas. Sin embargo el Estado hondureño no ha dado cumplimiento a ninguna de estas cuatro sentencias.
• La Corte también ha prestado especial atención a la grave violencia cometida contra líderes y lideresas de la OFRANEH por defender su territorio y cuidar los bienes comunes de la naturaleza. Sin embargo en estos años no solo no se han investigado los hechos ocurridos antes de las sentencias sino que se han acumulado nuevas violaciones de derechos humanos contra personas defensoras que han sido objeto de amenazas, criminalización y desaparición forzada, entre otros.
• Las autoridades nacionales, amparando intereses empresariales nacionales y trasnacionales han promovido un contexto social, político y jurídico en el que los pueblos se encuentran desprotegidos y la defensa de sus derechos es una actividad de riesgo, de tal magnitud, que Honduras es catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de derechos humanos.
• La ley del fortalecimiento del sector agroindustrial, supone un riesgo para las comunidades garífunas, indígenas y campesinas riesgo que se ha visto agravado además por las campañas de odio y estigmatización difundidas en medios de comunicación.
• Nos preocupa también que empresas extranjeras sigan operando en las comunidades garífunas amparadas en las Sentencias de la Corte, afectando seriamente los derechos de las comunidades y contraviniendo las disposiciones de dichas sentencias, incluido el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Ante    esta    situación    las    y    los    integrantes    de    la    Delegación Internacional:

• Requerimos al estado hondureño, el efectivo cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las cuatro sentencias que este Tribunal ha emitido en favor del pueblo garífuna.
• Resulta esencial que deje de favorecer intereses privados y dé pasos contundentes para el proceso de saneamiento del registro y titulación de las tierras ancestrales garífunas, de manera que se garantice su pleno uso.
• La aprobación de la conocida como “Ley de Fortalecimiento del sector Agroindustrial” y los desalojos que se han realizado amparados en ella contraviene los tratados suscritos por el Estado de Honduras y son violatorios de las Sentencias de la Corte.
• Exigimos también que se cumpla con lo requerido por la Corte Interamericana en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de los graves hechos de violencia que se han desarrollado en contra de líderes y lideresas de las comunidades garífunas y, de manera coherente con ello, exigimos el cese de la represión, criminalización y estigmatización en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos de la OFRANEH.
• Respaldamos la demanda de la OFRANEH de que cualquier llamado al diálogo por parte del Estado de Honduras se haga una vez se hayan cancelado las acciones judiciales en contra de las y los compañeros de San Juan recientemente criminalizados y se cuente con una ruta clara para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. De lo contrario se tratará solo de una simulación que no resolverá la situación y agravará la violencia y despojo en contra del pueblo garífuna.
• Nos vamos de Honduras con el compromiso de mantenernos vigilantes y de seguir denunciando internacionalmente la situación que enfrenta el Pueblo Garífuna y las defensoras, defensores y comunidades que luchan por el territorio y los bienes comunes de la naturaleza.
• Si no vemos pasos claros y contundentes hacia el cumplimiento de las sentencias y continúa la violencia contra las comunidades volveremos al país para insistir en las obligaciones internacionales del Estado de Honduras con los derechos humanos.
• •     A los gobiernos de nuestros países les exigiremos que aseguren que las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y dejen de invertir e intervenir en comunidades garífunas que cuentan con sentencias de la Corte. Asimismo, continuaremos acciones de incidencia con la comunidad internacional para que redoble esfuerzos de protección de personas defensoras y cumplimiento de las obligaciones internacionales de Honduras.
• Seguiremos sumando voces, compromiso y solidaridad internacional con el Pueblo Garífuna y todas las comunidades y luchas que en Honduras trabajan día con día por los derechos y la vida digna de la población.
• No queremos terminar sin decir que nos llevamos en el corazón las risas de las niñas y los niños, las sabias palabras de las compañeras y compañeros garífunas, el estremecedor latido de sus tambores, los alimentos saludables, la cariñosa acogida que recibe toda persona que viene a este Campamento, el cuidado que tienen de este lugar emblemático donde se instaló el Campamento Feminista Viva Berta y la energía de las ancestras y ancestros que se expresa en cada rincón.

Alianza Rios Mayas (Mexico), Amigos de la Tierra ALC, Amnistía Internacional, Arte Sin Frontera (Mexico), Asociadas por Io Justo (JASS), Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Guatemala), Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, Colmena Cimarrona (Puerto Rico), Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo (Mexico), Concejo de Pueblos de Occidente Guatemala, Concejo Wuxhtaj (Guatemala), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Entre Pueblos (Estado Español), Feministas Autoconvocadas de Cataluña por Nicaragua, Frente Petenero contra Represas (Guatemala), Fondo de Acción Urgente para ALC (FAU-LAC), Grassroots Internacional, Grup Suport (Estado español), Honduras Delegation (Alemania), Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, Instituto para las Mujeres en la Migración (Mexico), KATAZ (Mexico), Latinas en Poder (Estados Unidos), Mi Verde Morada (Mexico), Mugarik Gabe (Estado español), Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia (Alemania), Organización Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa del Territorio Indígena Bribri de Salitre (Costa Rica), Otros Mundos Chiapas- Amigos de la Tierra Mexico (Mexico), Prensa Comunitaria (Guatemala), Prisma, Red de Movilidad SanCris ConBici (Mexico), Red Desc Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, Red Nacional de Defensoras El Salvador, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (Mexico), Red Sol. Red de Solidaridad con Centroamérica (Suiza), Taula per els Drets Humans i la pau a Iá America Central, Zorrotkin (Mexico).

Nuestras primeras palabras con extensiva solidaridad para los pueblos en camino hacia la justicia y transición energética justa. En esta ocasión compartimos algunos puntos considerables de gran valor de los resultados y declaración del XII Foro Social Panamazónico FOSPA dado en el Puyo de la provincia de Pastaza, Ecuador del 16 al 21 de agosto de 2026. Reconociendo el ímpetu de otras ópticas populares en vía para la articulación entre comunidades, organizaciones socioambientales, como de expertos en la citada convocatoria.

Válido reconocer el esfuerzo colectivo de las comunidades, nacionalidades y grupos originarios, afrodescendientes y campesinos que empeñan su tiempo, su compromiso moral y recursos para poder asistir a estos espacios de debates y gestión de reales soluciones a sus problemas y nuevos retos. Así como de crecer y fortalecer su soberanía con la sabiduría y experiencias que convergen con una infinidad de representantes de diversos sectores de la cuenca amazónica y más allá de las fronteras de los territorios occidentados.

Importante reconocimiento a quienes custodian estos nodos de los encuentros consensuados de otros espacios como ha sido la Cumbre de los Pueblos en el marco de las COPs y la Primera Conferencia Internacional Hacia una Transición Energética más allá de los combustibles fósiles. 

Escuche nuestro podcast: Balance del FOSPA 2026 con María Cianci Bastidas de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y German Niño de Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD):

El FOSPA en la ruta por descolonizar los mundos máxime en la actual crisis del capitalismo constituye un proceso histórico de saberes y resistencias, en donde más allá de un tribuna discursiva, confronta las impositivas políticas injerencistas, extractivas y aniquiladora de las autonomías del buen vivir popular.

Como lo expone la Declaración Política de Puyuk: Los países del Norte y las grandes empresas corporativas, mayores responsables de las emisiones de carbono y de la destrucción de la naturaleza, deben reconocer y reparar su deuda histórica y ecológica. El reconocimiento a la responsabilidad diferenciada de los países industrializados no puede limitarse a compromisos de financiamiento verde hacia países del Sur Global. Incluso dichos compromisos no se han cumplido, y se pretende que estos recursos – que son insuficientes frente a las necesidades reales – den respuesta a las demandas de los pueblos amazónicos, lo cual de ninguna manera resuelven la crisis climática.

En esta versión del FOSPA el quehacer de la organización y la lucha quedó expuesto y llevado a su debate en 4 casas comunes para dar un plan de acción colectiva entre los nueve países de la cuenca amazónica y representantes de otros países del globo. En cada una, los testimonios como propuestas fueron enérgicos, invitando a la crítica y autocrítica de las organizaciones de base, con amplia radiografía de las fortalezas y debilidades de las luchas locales y externas, que se han acrecentado ante la amenaza del neofacismo.

Acotando al diálogo de saberes, al papel que cumplen las mujeres en su rol de guardianas de la tierra, a las juventudes con el desafío actual ante la alienada tecnología, a los originarios en su beligerancia más allá de los instrumentos legales en fin a la diversidad de realidades y posicionamientos que incitan a dinamizar estrategias para afrontar la crisis global.

Aquellas como otras circunstancias han exigido para los defensores territoriales, de la naturaleza y derechos humanos viabilizar las estrategias que se viene tejiendo en estos espacios comunitarios que trascienden fronteras. Y el FOSPA enfatizó el compromiso moral, orgánico y por la vida en dar cumplimiento con las declaraciones presentadas por los diversos sectores y territorios de la Amazonia desde la lucha contra el extractivismo, contra la deuda externa a los pueblos, contra las falsas soluciones al cambio climático, contra el despojo y migración, contra el colapsado mal desarrollo, contra la persecución y criminalizados por defender la vida.

Ratificamos el Plan de Acción del FOSPA 2026 aprobado en las 4 casa temáticas y grupos:

Casa 1. Territorios libres de extractivismo para una Amazonía con derechos

Casa 2. Soberanía y Libre Determinación de los Pueblos

Casa 3. Economías para la vida y la justicia climática: de la deuda y el extractivismo a la transición y economías transformadoras

Casa 4. Casa de la Resistencia de Mujeres y Diversidades

Su proceso interactivo estuvo enriquecido de los saberes ancestrales, de la pluralidad de pueblos interculturales como de principios y valores concernientes a la moral y transparencia para una auténtica participación y toma de decisiones.

Sustancialmente apelamos a una transformación del modus vivendi del actual desarrollo, es decir una transición energética justa y humana debe ser gestada por los pueblos exigiendo justicia y reparaciones al sufrimiento y exterminio histórico en la Amazonía, a la declaración de territorios libres de extractivismo minero y de hidrocarburos, el respeto a los derechos de la Naturaleza como a la autodeterminación indígena, la protección a los defensores y defensoras, al impulso y fortalecimiento de los modos de vida tradicional y cultural de los pueblos basados en economías comunitarias y soberanía alimentaria. Además de una real justicia climática fuera de la lógica corporativa, una participación bajo derecho y respeto por la igualdad de género y diversidades, y la incidencia de las juventudes.

Pero para garantizar aquellas demandas su principal reto es el compromiso moral y colectivo, determinante para la asunción de sujeto  colectivo transformador, cuya garantías para su logro sean por mecanismos concretos de seguimiento, financiamiento, custodia y coordinación entre los pueblos amazónicos. La próximas convocatorias de estos espacios alternativos y autónomos, lograran una abrumada participación con la esperanza que los caminos sean lecciones de vida. 

Tal como lo exponemos a partir del documento: Ecologismo de la justicia climática. Aporte al debate global encaminado a una transición energética justa.

En un movimiento contrario, este documento quiere proporcionar elementos que consideramos esenciales para un cambio de modelo económico y energético, y hacia una transición justa. Y para derribar la lógica capitalista del actual orden global y el complejo tecnológico autoritario que agrava los estados de derecho y las soberanías:

1. Transformación o reformas a la actual política climática y sistema de consumo de materia prima.

2. Autonomías compartidas entre los pueblos, regiones y mundo, viabilizando el sostenimiento de los ciclos de vida, manteniendo la composición socio cultural que actúe como barrera protectora de las soberanías.

3. Plataformas de educación y comunicación propias.

Los movimientos por la justicia climática están trabajando en estas y otras convocatorias, como la última reunión alternativa a la cumbre climática COP 30, de Belém do Pará, Brasil y Primera Conferencia Internacional Hacia una Transición Energética más allá de los combustibles fósiles, para reconfigurar el sujeto colectivo ante los desafíos globales, más allá de la cuestión climática, frente a la extrema derecha, genocidios, racismo y nuevo orden económico global que acecha el futuro de la humanidad.

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila
Colectivo Voces Ecológicas COVEC / Salva la Selva

Fotografías: Olmedo Carrasquilla Aguila
Este medio no usa IA.

Estando la Delegación Internacional de Solidaridad con el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, conformada por más de 30 defensoras, defensores y periodistas de América Latina y Europa, tuvimos conocimiento de la amenaza de desalojo del Campamento de las comunidades organizadas en la OFRANEH establecido en la comunidad de Playa Uva, Cayo Menor, Cayo Cochinos para proteger el derecho de las comunidades a su territorio y proteger el medio ambiente.

En esta comunidad se está grabando el reality show Supervivientes de la emisora de televisión española Tele 5 y en la que están involucradas las empresas Mediaset, MFE-MediaForEurope, empresa neerlandesa y Banijay Group, empresa multinacional francesa. En esta comunidad también tiene presencia la Sociedad de Inversiones Ecológicas. S.A. (SIEC), cuyo principal inversionista es la Fundación Azteca Honduras, organización financiada por Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
La orden de “desalojo preventivo” fue emitida por el Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción para el jueves 17 de septiembre de 2026. Este hecho constituye un nuevo acto de violencia contra el campamento establecido en los Cayos Cochinos, en los últimos días se amenazó con quemar las carpas, colchonetas y otros insumos del campamento y se hizo un fuerte despliegue policial del que resultaron agredidas tres defensoras

Desde el 2015 se han emitido cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en favor del pueblo garífuna. En el 2015 las sentencias de los casos Punta de Piedra y Triunfo de la Cruz, el 2023 la relativa a la comunidad de San Juan, y más recientemente la sentencia sobre Cayos Cochinos. En todas ellas se reconoce el derecho a la propiedad colectiva,el derecho ancestral del pueblo garífuna sobre ese territorio y el derecho a la consulta previa, libre e informada. Esta orden de desalojo incumple las sentencias de la Corte IDH y deja en grave indefensión a las comunidades garífunas que son continuamente afectadas por estas empresas. Por la grabación del Reality, por ejemplo, se prohíbe la pesca que es uno los principales medios de vida de las comunidades o se impide el desove de las tortugas marinas, entre otros atropellos.

Como Delegación Internacional condenamos esta nueva violencia en contra del Pueblo Garífuna y exigimos que el Estado de Honduras cancele la orden de desalojo y garantice su obligación de proteger al pueblo Garífuna y cumpla con las Sentencias de la Corte
Interamericana.

Nos mantendremos vigilantes y exigiremos a nuestros gobiernos que rechacen estos actos violatorios de los tratados y convenios internacionales y que exijan a las empresas involucradas que cumplan con la responsabilidad social corporativa a la que están obligados.

Delegación Internacional de Solidaridad con el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna

Armas, servicios de inteligencia, vigilancia digital y control de la información. Con el regreso de la derecha al poder, Tegucigalpa vuelve a ser una plataforma estratégica para Washington y Tel Aviv en el continente

La ofensiva israelo-estadounidense para redefinir el futuro de América Latina y el Caribe no es solo política y económica, sino que se basa en un despliegue militar y tecnológico muy variado. Esta estrategia combina la presencia masiva de tropas, bases operativas, cuasi-bases («lily-pad bases»), instalaciones de seguridad, infraestructuras no declaradas, venta de armas y envío de asesores e instructores, con una guerra de quinta generación (5GW) cada vez más sofisticada. Se trata de un conflicto híbrido y asimétrico, basado principalmente en la desinformación, la vigilancia y el seguimiento masivo, la manipulación cognitiva y psicológica, la alteración de la percepción de la realidad y la guerra cibernética.

Como explica el analista político internacional Marco Consolo: «Desde hace tiempo, la presencia israelí ya no se limita a la venta de armas. En los últimos años se ha ampliado al uso del Big Data para manipulaciones electorales o golpes de Estado digitales, al desarrollo y la comercialización de software espía, sistemas y operaciones de inteligencia, instrumentos de vigilancia digital masiva y plataformas de análisis algorítmico utilizadas tanto por gobiernos como por actores privados» (Israel y América Latina: las relaciones peligrosas II, agosto de 2026).

El objetivo sigue siendo garantizar los intereses del capital multinacional estadounidense e israelí, acaparando el control de los recursos estratégicos y los corredores logísticos, además de frenar la expansión china en los sectores de las tierras raras, los minerales críticos, las infraestructuras, las tecnologías y el extractivismo. Al mismo tiempo, la estrategia pretende bloquear, a toda costa y por cualquier medio, los procesos de integración e independencia latinoamericanos y la configuración de fuerzas políticas y sociales de resistencia al modelo neoliberal extractivista.

Uno de los «laboratorios» de este proyecto es, sin duda, Honduras, histórica cabeza de puente de los Estados Unidos desde los años 70 y 80, que hoy se ha convertido en un nuevo polo estratégico para los intereses israelo-estadounidenses. Quien gestiona de forma interina este nuevo rumbo es Nasry Asfura (Partido Nacional), paradójicamente de origen árabe-palestino, designado por Donald Trump como su candidato durante las controvertidas elecciones del pasado mes de noviembre. Asfura fue declarado ganador a pesar de las graves acusaciones de fraude, manipulaciones informáticas, votos nunca contabilizados, impugnaciones nunca examinadas e injerencias externas que influyeron de manera determinante en el resultado final.

Incluso antes de su toma de posesión (enero de 2026), Asfura realizó una visita oficial a Jerusalén acompañado de la futura ministra de Asuntos Exteriores, Mireya Agüero. En esa ocasión, mantuvo reuniones clave de alto nivel político con el presidente israelí Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu —sobre quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra— y el ministro de Asuntos Exteriores Gideon Sa’ar. Poco después de tomar posesión de su cargo, recibió formalmente las cartas credenciales de manos de Nadav Goren. El embajador de Israel se convirtió así en el primer diplomático extranjero en ser recibido oficialmente por la nueva administración.

En mayo, al término de su enésima gira por Estados Unidos, el presidente Asfura regresó a Jerusalén para dar inicio a una serie de reuniones centradas en la transferencia de competencias institucionales y en el fortalecimiento de los lazos bilaterales. Durante una reunión formal con Herzog, ambos debatieron la agenda de asistencia técnica gestionada por la agencia israelí de cooperación Mashav. El acuerdo entre Agüero y la directora de Mashav, Eynat Schlein, también dio lugar a una adenda al plan de cooperación, ampliando los programas dedicados a la innovación tecnológica, la adaptación al cambio climático y las reformas de los sistemas de riego agrícola, con cuestiones relacionadas con la seguridad.

En agosto, ambos países alcanzaron el punto álgido de su agenda geopolítica anual con la firma de un memorando de entendimiento (MOU). El acuerdo, firmado en Israel por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y el secretario de Defensa hondureño, Enrique Rodríguez Burchard, formaliza un marco de cooperación a largo plazo para el intercambio de información militar, el entrenamiento táctico y el fortalecimiento institucional de las fuerzas del orden. Resulta difícil creer que dicho acuerdo se haya concebido teniendo en cuenta exclusivamente la dimensión interna de Honduras.

Según los medios locales, de hecho, Tel Aviv considera a Tegucigalpa un socio clave en Centroamérica, tanto por la solidez de las relaciones bilaterales como por el apoyo expresado en los organismos internacionales. Uno de los precedentes más significativos se remonta a 2017, cuando el país centroamericano fue uno de los nueve que votaron en contra de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condenaba el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí por parte de Estados Unidos. Dicha decisión se interpretó como una clara señal de apoyo diplomático en un momento de fuerte presión internacional (cit. Aurora Israel).

Este escenario supone un cambio radical con respecto a la postura de condena rotunda expresada por la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) frente a las operaciones militares de Israel. Durante su mandato, Castro se posicionó abiertamente a favor de la causa palestina, calificando la situación en la Franja de Gaza de genocidio. Además, retiró al embajador hondureño y denunció el silencio de la comunidad internacional mientras ocupaba el cargo de presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Las relaciones entre Tegucigalpa y Tel Aviv se inscriben en los intentos israelíes por romper el aislamiento diplomático y político en el que se encuentra el país tras la invasión de Palestina y el Líbano, el avance en Cisjordania y las sentencias de la CPI. Recuperar el consenso a nivel mundial y proyectar en los medios de comunicación una imagen de aparente normalidad representa, para el Estado judío, una jugada estratégica fundamental.

«El cambio en la actitud hacia Israel es drástico y las consecuencias serán trágicas. Aquí no hablamos solo de asistencia y cooperación técnica en el ámbito de la seguridad, sino también, y sobre todo, de armas, entrenamiento e inteligencia. Se abre un panorama muy preocupante en lo que respecta a la importación de tecnologías avanzadas de vigilancia y de sistemas de control masivo, que hacen saltar las alarmas por el control de la población y la violación de la privacidad, especialmente para quienes están comprometidos política y socialmente con un perfil progresista, reformista o revolucionario», explica a Pagine Esteri el catedrático y economista Fernando García.

El docente universitario recuerda cómo el escritor argentino Gregorio Selser escribió el ensayo Honduras, república alquilada para describir la fuerte dependencia y subordinación del país frente a los intereses de las potencias extranjeras. «Ahora corremos el riesgo de pasar de ser una república alquilada a una vendida, porque el Gobierno de Israel, las diversas corrientes sionistas internacionales y los multimillonarios libertarios (libertarian tech bros) planean adquirir nuevas tierras y ocupar territorios para construir más Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), con un enfoque específico en la producción y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial».

Se trata de proyectos de ciudades-estado privadas destinadas a entrar en conflicto con las poblaciones indígenas y campesinas que habitan esos territorios, las cuales correrán el riesgo de ser nuevamente reprimidas, desalojadas y obligadas a emigrar. El marco normativo establecido para proteger las inversiones agroindustriales, turísticas y de generación de energía va exactamente en esta dirección y ya ha provocado desalojos de asentamientos y comunidades. La población garífuna figura entre las principales víctimas, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) haya dictado nada menos que tres sentencias a favor de igual número de comunidades.

«Estados Unidos ha utilizado históricamente a Honduras como plataforma desde la que gestionar los conflictos de la región. Lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo junto con Israel, un socio estratégico que ejecuta aquellas acciones que el Gobierno estadounidense no puede realizar legalmente debido a las restricciones impuestas por sus propias instituciones», afirma a Pagine Esteri el analista político Rodolfo «Rudo» Pastor de María y Campos.

Según el politólogo, el bipartidismo tradicional hondureño, de nuevo en el poder, no hace más que retomar los vínculos históricos que siempre ha mantenido con Estados Unidos e Israel. Lo hace sin reparos y a la luz del día, consciente del papel que Honduras desempeñará en esta nueva fase geopolítica de reafirmación del dominio y la hegemonía del eje Washington-Tel Aviv sobre la región latinoamericana.

«El vínculo con Israel siempre ha sido muy fuerte; basta con pensar que el Gobierno de Juan Orlando Hernández llegó incluso a permitir la instalación temporal de su embajada en el interior del Centro Cívico Gubernamental, complejo en el que tienen su sede los principales ministerios de Honduras», recuerda Pastor.

Es en este contexto donde cobra especial relevancia el papel estratégico del expresidente hondureño. Tal y como ponen de manifiesto los archivos de audio difundidos entre abril y mayo por Canal RED y Hondurasgate, Hernández actuaría como agente político de Trump y del lobby israelí en la región. Esto se enmarca en un auténtico plan estratégico destinado a reapropiarse de los territorios e imponer un modelo de desarrollo económico ultraneoliberal, diseñado por la administración MAGA (Make America Great Again) y el Gobierno de Netanyahu para América Latina. Un giro hacia la derecha en el continente es fundamental para los objetivos de la alianza geopolítica entre Israel y Estados Unidos.

«Aclaremos, sin embargo, que el giro hacia la derecha que estamos presenciando no está vinculado únicamente a la voluntad de las poblaciones, sino que también es el resultado de una manipulación sistemática para influir en los resultados de las elecciones. Esto es lo que se desprende de las grabaciones. Basta con ver el papel que desempeñó Fernando Cerimedo —asesor electoral y experto en comunicación digital, actualmente encarcelado en Bolivia— en importantes campañas electorales de la derecha latinoamericana, entre ellas las de Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil y Asfura aquí en nuestro país, todos ellos aliados estratégicos del bloque Washington-Tel Aviv», explica Pastor.

Para el analista político, Honduras seguirá actuando como centro de operaciones de influencia en la región para garantizar a Estados Unidos e Israel el control del territorio y de los recursos estratégicos. El expresidente Hernández y el bipartidismo, en tanto que expresiones políticas de los intereses de las oligarquías nacionales y del capital multinacional, constituirán su pieza fundamental.

No sorprende, por tanto, que el pasado 1 de septiembre un tribunal penal especializado en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dictara una sentencia de absolución definitiva a favor del expresidente. De hecho, el juez determinó que no existían pruebas suficientes para juzgarlo por los delitos de corrupción y blanqueo de capitales, por los que estaba acusado en el caso Pandora II.

Hernández había regresado a Honduras el 26 de julio como «hombre libre» y se había puesto a disposición de la justicia hondureña. Cuatro años antes había sido detenido y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 45 años de prisión por tráfico de drogas y posesión ilegal de armas; posteriormente, fue indultado por el presidente estadounidense Donald Trump en vísperas de las elecciones hondureñas.

La publicación de nuevo material de audio por parte de Hondurasgate confirma la estrategia urdida por el lobby israelí-estadounidense. Entre los principales protagonistas de estas nuevas grabaciones destacan el propio Hernández, el presidente Asfura y la vicepresidenta María Antonieta Mejía, además de las controvertidas exconsejeras electorales Cossette López (Partido Nacional) y Ana Paola Hall (Partido Liberal). Según sectores de la oposición, ambas habrían sido «recompensadas» por el papel desempeñado durante las elecciones con su nombramiento como embajadoras, respectivamente ante la Organización de los Estados Americanos y en España.

Las nuevas revelaciones ponen al descubierto el control de la maquinaria mediática con la que el Gobierno y Hernández pretenden dominar la narrativa en Honduras, rehabilitando la imagen del expresidente y reforzando los vínculos con la coalición israelí-estadounidense. Las maniobras van desde la financiación de espacios televisivos completos hasta la sincronización de las portadas de los principales diarios, pasando por el control de canales clave y la contratación, a través de empresas ficticias, de casi 150 periodistas en calidad de asesores.

El nuevo escándalo implica directamente tanto a los presentadores de los programas con mayor audiencia a nivel nacional como a los propietarios de los medios de comunicación de mayor difusión, así como al propio Colegio de Periodistas de Honduras. 

Al mismo tiempo, las grabaciones de audio revelan un plan destinado a establecer un marco jurídico que permita vigilar las redes sociales y eliminar el anonimato de los usuarios, todo ello mediante un software proporcionado, obviamente, por operadores israelíes.

Por: Giorgio Trucchi. Periodista radicado en Centroamérica desde 1998, corresponsal de la Agencia Rel UITA y colabora con diferentes medios internacionales.