Más de 700 firmas, entre organizaciones, ciudadanos y empresas, respaldan un comunicado público que rechaza la modificación a la Ley de Protección de Arrecifes Coralinos y Ecosistemas Asociados, propuesta a través del Proyecto de Ley No. 571 y aprobada en primer debate por la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional.

El pronunciamiento advierte que la reforma representa un retroceso en la protección ambiental del país, al debilitar disposiciones clave de la Ley 304 de 2022, considerada una normativa pionera a nivel global. Las organizaciones y personas firmantes solicitan a las autoridades reexaminar la propuesta y evitar su avance.

A continuación, se presenta el comunicado íntegro:

Modificación a la Ley De Corales amenaza avances clave en la protección marina en Panamá

Panamá, 10 de abril de 2026. Las organizaciones y personas abajo firmantes, deseamos manifestar nuestro rotundo rechazo a la modificación a la Ley de Corales planteada en el Proyecto de Ley No. 571, aprobada ayer en primer debate por la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. La Ley de Protección de Arrecifes Coralinos y Ecosistemas Asociados aprobada en 2022 es una ley reconocida como pionera a nivel global y ejemplo del tipo de acciones contundentes que requiere la protección del océano en un contexto de crisis climática y crisis de biodiversidad. Fue el producto de una iniciativa de sociedad civil, construida con asesoría de expertos, apoyada por pueblos indígenas y ampliamente discutida con diversos sectores por dos años. Su desmejoramiento, incumpliendo el crucial principio de No Regresión Ambiental, no puede ser una opción para el Estado panameño. Sobre todo, cuando el país se esfuerza por construir una reputación como líder azul ante foros internacionales de protección ambiental y se prepara para ser anfitrión del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 2027.

El Proyecto de Ley 571 disminuye el nivel de protección previamente establecido, no justifica la necesidad ni proporcionalidad de la medida, e incluso la disfraza como fortalecimiento de la Ley. La Ley vigente, Ley 304, en su artículo 12, prohíbe construcciones, modificaciones y actividades en las aguas y sustratos de los ecosistemas de arrecifes coralinos, pastos marinos y ecosistemas asociados. El proyecto de ley elimina por completo a los pastos marinos y ecosistemas asociados (incluidos manglares y albinas) de la prohibición a nivel de Ley. En su lugar, ordena al Ministerio de Ambiente reglamentar la materia, sin considerar que el ministerio casi cuatros años después de la aprobación de la Ley, aún se encuentra en elaboración de su reglamento. El proyecto de ley, presentado como anteproyecto ante el Pleno solo hace tres semanas, también desmejora la protección de los propios corales, ya que ahora solo prohibiría las actividades que le causen daño directo, sin definir este concepto. La propuesta desconoce, además, que las investigaciones científicas revelan una enorme afectación a estos ecosistemas por actividades con impactos indirectos, como el desarrollo costero desordenado y el uso de plaguicidas.

Los tratados internacionales, las decisiones judiciales previas y la doctrina han establecido que cualquier medida que desmejore el nivel de protección legal ambiental previo, solo es viable cuando existe un “interés público especialmente prevalente, acreditado y general”, exigiendo una justificación detallada. De no cumplirse este requerimiento, se infringe el Principio de No Regresión, que busca asegurar que la legislación ambiental sea desarrollada progresivamente, cada vez más robusta, para lograr el pleno goce del derecho a un ambiente saludable y el respeto de los derechos de la naturaleza.

Por estas razones, reafirmamos nuestro rechazo a la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 571 y nuestro compromiso con una defensa firme del patrimonio natural marino de nuestro país. Invitamos al Ministerio de Ambiente y a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo a reexaminar con más cuidado esta iniciativa, y al Pleno de la Asamblea Nacional a dar la oportunidad para que esa reevaluación ocurra. La importancia y conexión de los arrecifes coralinos, pastos marinos y otros ecosistemas asociados está plenamente documentada por la ciencia. Su salud es intrínsecamente relevante y además supone incalculables bienes y servicios para las comunidades. El turismo, la pesca y la protección de las costas dependen de estos ecosistemas. Si no se protegen hoy, mañana será muy tarde.

Para más información, entrevistas o acceso al listado completo de firmas:

Itzel A. Lasso Oficial de Comunicación
comunicacion@ciampanama.org

Cada 15 de abril, Panamá conmemora el Incidente de la Tajada de Sandía de 1856, un hecho histórico que marcó la resistencia del pueblo panameño frente a la prepotencia y el abuso de ciudadanos estadounidenses en nuestro territorio.

Este episodio no solo evidenció las tensiones de la época, sino que se convirtió en un símbolo de la lucha por la dignidad y la soberanía nacional, una lucha que continuaría a lo largo del siglo XX frente a distintas formas de intervención extranjera.

Hoy, esa memoria también nos conecta con otras luchas en el mundo. En Palestina, la sandía se ha convertido en un símbolo de resistencia, ya que sus colores —rojo, verde, blanco y negro— representan la bandera palestina, especialmente en contextos donde su uso ha sido restringido.

Así como en Panamá la tajada de sandía representa dignidad frente a la opresión, en Palestina simboliza la persistencia de un pueblo que resiste frente a la ocupación.

Escuchemos declaraciones de Pedro Silva García, Secretario de Organización del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina (COPASOLPA)

A pesar de los contextos políticos actuales, desde Panamá se mantiene viva la memoria histórica y la solidaridad con los pueblos que luchan por su autodeterminación. Porque la historia nos enseña que la dignidad no se negocia, y la resistencia sigue siendo el camino hacia la libertad.

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

Fotos: Pedro Silva García.

Vivimos tiempos en los que la arquitectura de la paz mundial no solo se está desmoronando, sino que está siendo desmantelada deliberadamente. Los tambores de la guerra mundial resuenan más fuerte que nunca, ahogando las voces de la razón. En todo el mundo, el poder imperial avanza sin piedad, indiferente a las vidas humanas. Ante tal fuerza, el silencio es complicidad. Nos vemos obligados a hablar, no porque las palabras por sí solas vayan a detener las bombas, sino porque negarnos a hablar significa renunciar a nuestra humanidad.

Sin embargo, la situación no ha hecho más que escalar. Nuestras voces apenas se oyen bajo el aluvión de proyectiles. No obstante, no pierdo ninguna oportunidad de hablar o escribir, con la esperanza de llegar al público macedonio y al mundo en general: ¡ya no hay tiempo para esperar! Pero, como dice un viejo refrán macedonio: no tiene sentido despertar a alguien que finge estar dormido. Confieso un “pecado” personal: escribo porque me ayuda a mantener la cordura mental e intelectual.

El problema es grave incluso entre quienes son conscientes del Armagedón que se avecina. Una mujer de origen iraní escribió con amargura en Substack: “¿De verdad van a limitarse a seguir hablando? ¿Dónde está la acción colectiva global?”. Dio en el clavo. Hoy en día, no nos falta análisis, sino acción. Como preguntó Lenin: ¿Qué hacer? (Utilizo su título de manera apropiada, consciente de que las circunstancias históricas difieren). En la reciente asamblea del Instituto Tricontinental, Vijay Prashad dijo: “¡Debemos dar un paso adelante!”. Debemos conceptualizar la resistencia contra la barbarie y lo que vendrá después. Parece que hemos perdido la capacidad de imaginar una sociedad justa que trascienda los marcos de la economía de mercado y la ciencia política clásica. Debemos definir el objetivo final. Mis colegas del ámbito de la paz responderían fácilmente: paz positiva. Este concepto, presente en las obras de Johan Galtung, abarca la emancipación humana, la justicia social y la dignidad, y contiene de facto elementos básicos de la idea comunista. Lamentablemente, la mayoría de los activistas por la paz temen a la ideología y se mantienen en la orilla segura del horizonte liberal.

Este es mi modesto intento de enmarcar las cosas de manera radical, es decir, “desde la raíz”. Los estudios sobre la paz siguen hablando de la paz a través de medios pacíficos, invocando la Carta de las Naciones Unidas. Suena conmovedor y hermoso solo si la ONU no fuera cómplice de silenciar los crímenes. La ONU no es ni una abstracción ni es autónoma; ha sido creada por gobiernos que son o bien perpetradores o bien vasallos (o ambos). Hoy en día, pocos son democracias genuinas, justas y morales. La ONU es lo que los Estados hicieron de ella, principalmente aquellos que se autoproclamaron garantes de la paz tras la Segunda Guerra Mundial. Se otorgaron a sí mismos derechos por encima de todos los demás, como dioses. En consecuencia, el complejo militar-industrial se expandió como un pulpo gigante, metastatizándose en todas las esferas de la actividad humana, junto con los bloques y bases militares. La ayuda humanitaria llega solo después de que se derrama sangre. Muchos creen que reemplazar a los kakistócratas o reformar la ONU garantizará la paz. La nueva “raza aria” ha evolucionado hacia una “casta Epstein”, al igual que el capitalismo se ha transformado en una forma manifiesta de neofascismo e hiperimperialismo estadounidense, perpetuando la desigualdad defendida por el poder militar. Las voces disidentes diagnostican los problemas, pero no saben qué se debe hacer.

Aunque muchos se emocionaron con las protestas masivas en los EE. UU. y en muchas otras ciudades el 28 de marzo, la mente cínica tiene razón: las actuaciones que se vieron, las celebridades que se escucharon… todo parecía un circo. Saben que no quieren un rey (Trump), pero no desafían el sistema que permitió que la oligarquía gobernara sus vidas. Existe un consenso creciente en todo el Sur Global de que la opinión pública occidental es funcionalmente irrelevante para la lucha contra el imperialismo.

La doctrina oficial del imperio más poderoso es “paz a través de la fuerza”. A sus ejecutores no les importan la Carta de las Naciones Unidas, la Convención sobre el Genocidio ni siquiera los Convenios de Ginebra. A tal fuerza no se le responde con sugerencias, propuestas para la resolución pacífica de conflictos ni actuaciones en la calle. A la fuerza se le responde con fuerza. Resistencia. Las respuestas con poesía, llamamientos y arte son conmovedoras y hermosas al mismo tiempo, pero insuficientes. Actualmente, solo los pueblos de Palestina, el Líbano, Irán, Cuba y los fragmentados movimientos anticoloniales luchan realmente contra el Imperio del Mal. Demuestran lo que significa mantenerse firme cuando se tortura a los bebés y la existencia debe defenderse con el propio cuerpo. Los vietnamitas se encontraban en una batalla de este tipo, pero parece que los hemos olvidado. “Paz por medios pacíficos” era también el lema en aquel entonces, pero hasta que infligieron enormes pérdidas a los ciudadanos estadounidenses, no se les dejó en paz. Demostraron el poder de la resistencia frente al Goliat militar. Sinceramente, si yo fuera una madre palestina que viera cómo matan a mi hijo o hijos, tomaría las armas de inmediato. Es mejor morir luchando que morir poco a poco en cada momento.

La respuesta a esta locura es nuestra propia “locura”: paz a través de la resistencia! Recientemente, el 27 de marzo, al recordar la historia de Yugoslavia, me vino a la mente que surgieron protestas contra el Pacto con la Alemania nazi. Las consignas que aún recordamos decían: “Mejor la tumba que la esclavitud”, “¡Mejor la guerra que el Pacto!”. Esa fue la semilla del movimiento partisano. Mis amigos pacifistas quieren un movimiento global contra la guerra (a menudo excluyendo a “otros”, como China, por ejemplo), pero las consignas y las protestas callejeras calman las conciencias sin golpear al Imperio donde más le duele. Hay personas más valientes que nosotros que defienden la dignidad con sangre y vidas. ¡Ese es el derecho a la autodefensa en el derecho internacional! También figura en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, quienes están lejos de los campos de batalla deben desarrollar métodos de lucha contra la maquinaria bélica, sin huir ni del loco Nerón en Washington ni del silencio.

Desde el ámbito académico, empiezo por los profesores: ¡deben “corromper” a la juventud como Sócrates! Incluso en las clases de física, deben hablar de la guerra. Sobre la militarización y el entumecimiento, todos pueden enseñar. ¡Dediquen una hora a la semana! Los sindicatos y los agricultores pueden hacer huelga; esta guerra afecta a quienes viven del sudor de su frente en todo el mundo. Los periodistas deben recordar a Robert Fisk y a Julian Assange, mostrando solidaridad con los colegas utilizados como blancos de tiro que perdieron la vida con un valor sin precedentes. ¡Los trabajadores de la salud pueden seguir el ejemplo de Mads Gilbert! La cultura y la sociedad civil pueden proyectar películas antibélicas como Hair o Dr. Strangelove o cualquier otra película antibélica (incluidos los documentales). Pero quienes están “en las entrañas de la bestia” son quienes más pueden hacer: boicots, sabotajes y objeción de conciencia. Muchos profesionales militares estadounidenses no apoyan la guerra, saludando con el código “Epstein”. Ahora es el momento de la objeción. Antes de la renuncia de Joe Kent, muchos otros demostraron que su carácter y su conciencia no les permitían trabajar en universidades o en la ONU, obedeciendo a la superpotencia militar. Los trabajadores de las industrias militares pueden ejercer presión, al igual que las comunidades locales cercanas a las bases militares. No estoy seguro de si surgirá una cohesión global, pero cada uno de nosotros debe comenzar por barrer su propio umbral.

¡Resistan a las autoridades aliadas con la degenerada casta de Epstein, asesinos de niños! ¡El momento es AHORA! Estamos al borde del abismo y ya no nos quedan excusas para soñar con los ojos bien cerrados acerca de la organización universal y sus documentos salpicados con la sangre de inocentes. Prolongar la agonía del sistema actual juega en nuestra contra. Ayudemos a que nazca el nuevo, aunque sea con dolor – como suele suceder.

Por: Biljana Vankovska. Profesora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Cirilo y San Metodio de Skopje, colaboradora de la Fundación Transnacional para la Paz y la Investigación del Futuro (TFF) en Lund, Suecia, y la intelectual pública más influyente de Macedonia. Es miembro del colectivo No Cold War.

Fuente: Globetrotter

Imagen: Mural sobre la justicia tras la detención de activistas propalestinos en Londres. Autor: Banksy

A un año de la firma del memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos, crecen las preocupaciones por el retorno de tropas estadounidenses a territorio panameño, con el aval del gobierno nacional.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico y la migración irregular, se impulsa además la iniciativa conocida como “Escudo de las Américas”, que para diversos sectores no es más que una nueva forma de injerencia en los asuntos internos de la región.

Estas acciones reavivan viejas heridas en la historia panameña y latinoamericana, donde la presencia militar extranjera ha estado ligada a intereses geopolíticos más que al bienestar de los pueblos.

A esto se suman las declaraciones del presidente Donald Trump, quien de manera reiterada se ha referido al Canal de Panamá en términos irrespetuosos hacia la soberanía nacional.

Escuchemos declaraciones de Diogenes Sánchez, profesor de filosofía e historia, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF)

Frente a este escenario, organizaciones sociales y populares han alzado su voz para rechazar cualquier intento de intervención y recordar que Panamá es una nación soberana, no una colonia. La defensa del territorio, la autodeterminación y la dignidad nacional siguen siendo banderas irrenunciables del pueblo panameño.

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

Trump es conocido por su despreocupada indiferencia hacia la verdad. Por lo tanto, nosotros, en Corea del Sur, debemos examinar sus palabras y afirmaciones de manera crítica. De hecho, muchas de las afirmaciones de su reciente discurso del 1 de abril (hora de EE. UU.) son falsas y constituyen desinformación. Así pues, aclaremos la confusión:

Mentira número uno: los Estados Unidos está ganando la guerra contra Irán.

Puede que los Estados Unidos tenga superioridad aérea y naval, pero el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz le ofrece un punto estratégico clave con el que presionar a los Estados Unidos e Israel. Además, mientras que los Estados Unidos libra una guerra por elección, el régimen de Irán libra una guerra por su existencia, lo que le confiere un nivel de determinación cualitativamente diferente. Tras haber gastado más de 38.000 millones de dólares en 33 días de guerra, los índices de aprobación de Trump están cayendo al 35% a medida que la guerra afecta a la economía.

Mentira número dos: el petróleo retenido en el estrecho de Ormuz no afecta a los EE. UU.

El cierre del estrecho de Ormuz no solo afecta a los países que importan petróleo de allí. Provoca un aumento de los precios mundiales del petróleo, lo que contribuye a las presiones inflacionarias y reduce el crecimiento en todo el mundo, incluso en los EE. UU. La guerra ha incrementado los precios de la gasolina y ha hecho desplomarse el mercado bursátil en los EE. UU.

Mentira número tres: El acuerdo de la era Obama para desnuclearizar Irán fue una pérdida de tiempo

El acuerdo de la era Obama habría limitado el enriquecimiento de uranio de Irán al 3,67%, suficiente para la energía nuclear, durante 15 años. Cuando Trump se retiró del acuerdo en 2018, puso fin a todos esos compromisos. Hoy, incluso mientras se llevaban a cabo las negociaciones de paz entre los EE. UU. e Irán, Trump atacó a Irán, de mala fe, acusándolo de un ataque inminente a pesar de la falta de inteligencia. En todo caso, las acciones arbitrarias de Trump refuerzan la lógica de que “si tienes la bomba, no te bombardean”.

Mentira número cuatro: destruir las “plantas generadoras de electricidad” de Irán ganaría la guerra

Esto no solo constituiría un crimen de guerra contra millones de civiles, sino que provocaría una represalia masiva de Irán contra los países exportadores de energía de la región y sumiría a la economía mundial en una crisis energética sin precedentes.

Una verdad: los países deben garantizar un acceso seguro al estrecho de Ormuz

Pero deben hacerlo NO siguiendo a Trump a la guerra. Incluso un pragmático convencido se opondría a la afirmación de que las fragatas surcoreanas pueden garantizar el acceso mediante la fuerza cuando ni siquiera el poderío de la Armada de los Estados Unidos puede hacerlo. De hecho, debemos distanciarnos de esta guerra elegida con sus atroces crímenes de guerra. Japón ha rechazado los llamamientos de Trump para enviar buques al estrecho de Ormuz y ha garantizado el tránsito mediante negociaciones directas con Irán. Del mismo modo, China, India y Pakistán han garantizado el acceso.

En última instancia, a pesar de las afirmaciones de Trump de que esto tiene como objetivo beneficiar al pueblo de Irán, su guerra de elección simplemente está provocando matanzas sin sentido y la destrucción del país. Independientemente de lo que se piense del Gobierno iraní, las bombas y las amenazas no lo derrumbarán. De hecho, alimentan la resistencia y el martirio. Así, a pesar de la afirmación de Trump de que las misiones iniciales de decapitación tuvieron éxito, Irán se había preparado para esto con una estructura de liderazgo de cuatro niveles. Si se asesina a un jefe de gobierno, otro toma inmediatamente el relevo. La población de los Estados Unidos se está levantando contra la supremacía blanca de Trump tanto en el país como en el extranjero. Ahora es el momento de que la gente de todo el mundo exija a sus gobiernos que se opongan al aventurerismo militar de Trump. Para nosotros, en Corea del Sur, eso debería comenzar con un “no” rotundo al envío de fragatas coreanas para unirse a la guerra de Trump.

Por: Dae-Han Song. Miembro de International Strategy Center y del colectivo No Cold War, y es colaborador del Korea Policy Institute.

Fuente: Globetrotter

Ilustracción: Marian Kamensky

En Panamá, crece la preocupación por las denuncias de abuso sexual, físico y psicológico contra menores en albergues bajo la responsabilidad del Estado, particularmente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

A estas graves acusaciones se suman los testimonios de padres y madres de familia, quienes denuncian irregularidades en los procesos mediante los cuales se les ha retirado la guarda y crianza de sus hijos, señalando falta de sustento legal y violaciones al debido proceso.

Frente a esta situación, en los últimos días se han realizado manifestaciones y vigilias a las afueras de la institución, donde ciudadanos exigen justicia para los menores y el respeto a los derechos de las familias afectadas.

Las denuncias no solo apuntan a posibles hechos de violencia dentro de los albergues, sino también a un sistema que, lejos de proteger, estaría generando mayor vulnerabilidad en la niñez.

Escuchemos declaraciones de Ileana Corea, militante de Juventudes Revolucionarias 16 de agosto (JR-16)

Hoy, más que nunca, se exige verdad, transparencia y justicia. La protección de la niñez no puede fallar. Es responsabilidad del Estado investigar, sancionar a los responsables y garantizar que nunca más se vulneren los derechos de quienes más necesitan cuidado y protección.

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional.

Fotos: Pedro Silva. Radio Temblor Internacional.

Del 16 al 20 de marzo de 2026, la ciudad de Heredia, Costa Rica, fue sede del Encuentro Regional de Intercambio de Experiencias sobre Educación Ambiental y el Acuerdo de Escazú, un espacio clave organizado por la COREDAM y el FES, para reflexionar sobre los desafíos actuales de la democracia ambiental.

    Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis del estado de la democracia ambiental en la región. Las discusiones evidenciaron tanto avances como retrocesos en distintos países, destacando que el debilitamiento de las instituciones democráticas tiene un impacto directo en la protección del medio ambiente y en la garantía de derechos fundamentales.

   En este contexto, se subrayó que los conflictos geopolíticos internacionales están afectando la cooperación ambiental global, debilitando los acuerdos climáticos y dificultando la implementación de acciones conjuntas frente a la crisis ecológica. A nivel global, se reiteró la preocupación por la llamada “triple crisis planetaria” cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación considerada una de las mayores amenazas para la humanidad.

    Las intervenciones de especialistas internacionales reforzaron la estrecha relación entre derechos humanos y ambiente, señalando que no es posible abordar la crisis ambiental sin un enfoque basado en derechos. Actividades como el extractivismo y la deforestación son identificadas como prácticas que vulneran derechos fundamentales, profundizan las desigualdades sociales y generan desplazamientos forzados por causas climáticas y modelos de desarrollo.

   Otro de los temas más preocupantes abordados fue el deterioro del espacio cívico en la región y el mundo. Se presentaron datos que evidencian un retroceso en las libertades cívicas en al menos 15 países, con tendencias alarmantes como el aumento de ataques a periodistas, la intimidación a personas defensoras de derechos humanos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y asesinatos de líderes sociales. Este panorama refuerza la urgencia de garantizar espacios seguros para la participación ciudadana, tanto en entornos físicos como digitales, frente a amenazas como el espionaje y los ciberataques.

    En relación con el Acuerdo de Escazú, representantes del público destacaron avances importantes, especialmente en materia de acceso a la información y protección de personas defensoras del ambiente. Sin embargo, también se reconoció que el acceso a la justicia sigue siendo uno de los principales desafíos para la implementación efectiva del tratado, que actualmente cuenta con 19 Estados parte.

    Escuche declaraciones de Milena Umaña, integrante del Colectivo Voces Ecológicas (COVEC):

Finalmente, el encuentro reafirmó el papel estratégico de la educación ambiental como motor de transformación social, destacando enfoques integrales que combinan dimensiones sociales, económicas y participativas, así como sus pilares fundamentales: conciencia, conocimiento, actitudes, aptitudes, evaluación y participación. Entre las iniciativas más relevantes se mencionaron programas educativos, talleres comunitarios, cursos especializados con becas y el desarrollo de indicadores para medir el impacto de la educación ambiental.

    El Encuentro Regional dejó claro que la defensa del medio ambiente y los derechos humanos son luchas inseparables. En un contexto de crisis climática y debilitamiento democrático, fortalecer instrumentos como el Acuerdo de Escazú y promover la educación ambiental son tareas urgentes.

Más allá de su ratificación formal, el llamado es a integrar sus principios en la vida cotidiana, las políticas públicas y las acciones colectivas, para construir sociedades más justas, sostenibles y resilientes.

Por: Milena Umaña. Radio Temblor Internacional.

La Cumbre de Miami

El 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Golf Club de Miami, Donald Trump inauguró la “Cumbre Escudo de las Américas”, convocando a líderes de derecha de América Latina y la “Marea de la ira” del Caribe en torno a lo que él denominó una “coalición contra los cárteles”. La receta de Washington se expresó sin rodeos: “La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestras fuerzas armadas”. El monroísmo está a la ofensiva, y la Marea de la ira se ha convertido en su escudo – no contra los cárteles, sino contra los proyectos de soberanía nacional centrados en el pueblo.

Los líderes invitados – Milei de Argentina, Paz de Bolivia, Bukele de El Salvador, Noboa de Ecuador, Asfura de Honduras, Peña de Paraguay, Chaves de Costa Rica, Mulino de Panamá, Abinader de la República Dominicana, Ali de Guyana, la primera ministra Persad-Bissessar de Trinidad y Tobago, y el presidente electo Kast de Chile – se sitúan todos a la derecha del espectro político. Destacó la ausencia de los líderes progresistas de las economías más grandes de América Latina: Brasil, Colombia y México. Sobre México, Trump declaró: “Los cárteles están dirigiendo México. No podemos permitir eso”.

Las imágenes de Miami contrastaron radicalmente con las reuniones regionales de las últimas dos décadas, en las que los líderes latinoamericanos se reunían en pie de igualdad para construir marcos de coordinación y cooperación política – como el Consejo de Defensa de América del Sur y el Consejo de Salud de América del Sur, de la UNASUR, por ejemplo. En Miami, los presidentes reunidos compitieron en un espectáculo publicitario para ver quién se situaría más cerca de Trump en la fotografía o quién se quedaría con el bolígrafo conmemorativo con el que firmó los acuerdos.

Cincuenta años de “guerra contra las drogas”: una política fallida

Resulta alarmante que esta coalición se comprometa a una colaboración más profunda con los Estados Unidos en la lucha contra los cárteles, dado el balance de la política de control de drogas liderada por los Estados Unidos. La serie de estudios Addicted to Imperialism, coproducida por el Instituto Tricontinental de Investigación Social junto con el Observatorio Lawfare, el CEPDIPO y COCCAM, expone el historial con una claridad devastadora: tras más de cincuenta años de “guerra contra las drogas”, la DEA reconoció ante el Congreso de los Estados Unidos que solo los cárteles de Sinaloa y Jalisco cuentan con “asociados, facilitadores e intermediarios en los 50 estados de los Estados Unidos». Este es el resultado de medio siglo del esfuerzo de control de drogas más costoso y militarizado de la historia de la humanidad.

Los datos agregados confirman el veredicto. En 2023, 316 millones de personas consumieron drogas ilegales en todo el mundo, lo que supone un aumento del 22% con respecto a la década anterior. El Gobierno de los Estados Unidos ha invertido más de 10.000 millones de dólares en iniciativas antinarcóticos en Colombia desde 1999, y, sin embargo, la producción de cocaína se triplicó con creces entre 2013 y 2017. El estudio muestra que entre 2016 y 2022 —un período de intensa cooperación entre los Estados Unidos y Colombia—la producción potencial de cocaína en Colombia aumentó de 1053 a 1738 toneladas métricas, mientras que las incautaciones y la erradicación forzada también aumentaron simultáneamente. Más erradicación, más producción. Más cooperación, más cocaína.

Ecuador: un ejemplo dramático

Ningún caso contemporáneo ilustra esto de manera más cruda que Ecuador, cuyo presidente Noboa ocupó un lugar destacado en el evento de Trump en Miami. Tal como documenta el estudio Addicted to Imperialism, Ecuador ha sido objeto de un proceso de injerencia extranjera desde al menos 2017, lo que ha provocado un marcado deterioro del estado de derecho social y una progresiva militarización de la seguridad pública en torno a cuatro ejes estructurales: la injerencia extranjera, la liberalización económica y la deuda externa, el deterioro institucional y la securitización de los problemas sociales.

Bajo el mandato de Moreno (2017-2021), Ecuador restableció los lazos de seguridad con los Estados Unidos que Correa había suspendido, reincorporándose a los ejercicios del Comando Sur. Bajo el mandato de Lasso (2021-2023), se firmó un Memorando de Entendimiento, inspirado explícitamente en el Plan Colombia, con un presupuesto previsto de 3.100 millones de dólares a lo largo de siete años, lo que reposicionó a Ecuador como el principal receptor de la Financiación Militar Extranjera de los EE. UU. en la región, con 310 millones de dólares entre 2022 y 2023, superando a Colombia.

Bajo el mandato de Noboa, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio durante la campaña de 2023, la general Laura Richardson, del Comando Sur de los EE. UU., viajó personalmente a Ecuador para acordar un “plan conjunto” que incluía el despliegue de personal militar estadounidense con plena inmunidad frente a la justicia ecuatoriana – las mismas condiciones aplicadas en Colombia –, inmediatamente bautizado como “Plan Ecuador”. La tasa de homicidios alcanzó los 47 por cada 100.000 habitantes en 2023. El Plan Fénix de Noboa desplegó a las fuerzas armadas en las calles de las ciudades, construyó megacárceles siguiendo el modelo de Bukele y buscó una reforma constitucional para permitir instalaciones militares extranjeras, como la base en las Galápagos. La militarización de la seguridad pública no ha resuelto la crisis. La ha agravado, al tiempo que ha subordinado la soberanía de Ecuador a la agenda hemisférica de Washington.

Doscientos años después de Panamá: la brújula anfictiónica

El marco militarizado de la guerra contra las drogas no protege a las poblaciones del narcotráfico. Protege a las élites políticas de la rendición de cuentas democrática y normaliza el autoritarismo bajo la bandera de la seguridad. Adictos al imperialismo documenta que en 2008, el 35% de los senadores colombianos y el 13% de los representantes de la Cámara de Diputados estaban bajo investigación por vínculos con grupos paramilitares que simultáneamente dirigían operaciones de narcotráfico. La “guerra contra las drogas” no desmanteló estas redes. Les proporcionó cobertura política.

Esto no es sorprendente si recordamos los orígenes de este marco. El principal asesor de política interna de Nixon admitió décadas más tarde que la declaración de 1971 que calificaba a las drogas como “enemigo público número uno” tenía un objetivo diferente:

La Casa Blanca de Nixon, a partir de entonces, tenía dos enemigos: la izquierda pacifista y la población negra… Sabíamos que no podíamos ilegalizar el hecho de estar en contra de la guerra o de ser negro, pero al lograr que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizar a ambos con dureza, podíamos desestabilizar a esas comunidades. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus hogares, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en los noticieros de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que sí.

A escala regional, desde el Plan Colombia hasta el Escudo de las Américas, la supuesta lucha contra los cárteles ha servido sistemáticamente de pretexto para el gasto militar, el intervencionismo y el desplazamiento de poblaciones de sus territorios. El ejemplo más reciente es Venezuela: el secuestro de su presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, se presentó como una operación antidroga, pero rápidamente se reveló como un mecanismo para reinsertar a Venezuela en la economía petrolera de Washington.

En 1826, Simón Bolívar convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá con una visión de extraordinaria claridad: una confederación de repúblicas latinoamericanas que actuaran colectivamente, garantizando su independencia y negociando con las grandes potencias desde una posición de igualdad soberana. La Marea de la ira es la antítesis actual de ese espíritu. En Miami, Trump declaró: “No permitiremos que la influencia hostil extranjera se establezca en este hemisferio – incluido el Canal de Panamá”—, mientras el presidente de Panamá, Mulino, permanecía sentado entre el público y escuchaba en silencio. Es el monroísmo en su forma más descarada.

América Latina y el Caribe – sus movimientos, partidos y gobiernos progresistas – necesitan una agenda regional renovada de soberanía y cooperación concreta, que incluya instituciones capaces de coordinar una respuesta soberana a la economía de la droga. El precio de un kilogramo de cocaína pasa de aproximadamente 1.500 dólares en el punto de producción en Colombia a 20.000 dólares en los Estados Unidos. Los productores – los campesinos – captan menos del 1% del valor del mercado mundial de la cocaína. Mientras tanto, más del 70% de las armas que alimentan la violencia de los cárteles en México se fabrican y proceden de los Estados Unidos. La guerra contra las drogas, en su versión hipermilitarizada, crea el marco institucional precisamente para el tipo de problemas de salud, corrupción e impunidad contra los que dice luchar.

El primer cuarto de este siglo ofrece pruebas de que una ambición diferente produce resultados. Operación Milagro devolvió la vista a más de 3 millones de personas. Los programas de alfabetización del ALBA erradicaron el analfabetismo en Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador. La unidad regional con el verdadero propósito de reafirmar la soberanía y garantizar una vida digna para la población no debe abandonarse en favor de políticas fallidas y maniobras publicitarias.

Por: Carlos Ron es coordinador adjunto de la oficina de Nuestra América del Instituto Tricontinental de Investigaciones Sociales.

Ilustración: Rice Araujo

Fuente: Globetrotter

Un tercio de los fertilizantes sintéticos se transportan por el estrecho de Ormuz, junto a un cuarto del comercio marítimo mundial de petróleo, dos insumos fundamentales para la cadena productiva agroindustrial. Según expertos del Grupo ETC, la vulnerabilidad y fragilidad del modelo dominante podría impulsar un alza en los precios de los alimentos, lo que implicaría una crisis alimentaria global. Por ello, los investigadores hacen un llamado urgente para fortalecer los sistemas alimentarios locales basados en la soberanía alimentaria y la agroecología.

El modelo mundial de producción agroindustrial tiene una gran dependencia de fertilizantes sintéticos y combustibles fósiles. En el marco del actual conflicto bélico en Medio Oriente, el bloqueo del estrecho de Ormuz podría llevar a un aumento de los precios de los alimentos ante la escasez de estos recursos. Según la UNCTAD, un tercio del comercio global de fertilizantes transportado por mar (unas 16 millones de toneladas) pasa por este estrecho y un cuarto del comercio marítimo de petróleo. Especialistas del Grupo ETC advirtieron que esta situación es crítica y podría ser la antesala de una nueva crisis alimentaria mundial, debido a la extrema concentración corporativa en la producción alimentaria, tal como vienen planteando en sus investigaciones .

“Esta crisis vuelve a poner en evidencia la fragilidad del modelo agroindustrial dominante. Un sistema alimentario basado en monocultivos, fertilizantes sintéticos, combustibles fósiles y largas cadenas de suministro controladas por un puñado de grandes corporaciones resulta especialmente vulnerable frente a conflictos geopolíticos y shocks en el comercio global”, expresa Marcos Filardi, investigador del Grupo ETC.

El reciente análisis de la UNCTAD, titulado Strait of Hormuz Disruptions – Implications for Global Trade and Development , advierte que las interrupciones en el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores comerciales más importantes del mundo, ya están encareciendo el transporte, los combustibles y los seguros para los barcos. Estos aumentos de costos afectan las cadenas globales de suministro y pueden repercutir rápidamente en la producción agrícola y en los precios de los alimentos.

Fertilizantes como amoníaco, fosfatos y azufre provienen en gran medida de países del Golfo, y casi la mitad de la urea comercializada a nivel mundial, el fertilizante nitrogenado
más utilizado, se produce en esta región. Cualquier interrupción en esta ruta enciende las alarmas por el limitado acceso a fertilizantes y por su impacto en la producción agrícola.

Como señala un informe conjunto del Grupo ETC y GRAIN , los fertilizantes sintéticos se producen a partir de materias primas que se comercian globalmente y cuyo costo está estrechamente ligado al precio de los combustibles fósiles. Esta dependencia vuelve al sistema agrícola especialmente vulnerable frente a las fluctuaciones de precios y a las alteraciones del comercio internacional. Solo diez corporaciones controlan cerca del 39 por ciento del mercado mundial de fertilizantes, un negocio que mueve alrededor de 196 mil millones de dólares.

El aumento del precio del petróleo también repercute directamente en el costo de los alimentos. Según el informe Del combustible a la mesa de IPES-Food , los combustibles fósiles están presentes en prácticamente todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción de fertilizantes y pesticidas hasta el transporte, los envases plásticos, los alimentos ultraprocesados y las cadenas de frío. Hoy los sistemas alimentarios consumen cerca del 40 por ciento de todos los productos petroquímicos y alrededor del 15 por ciento de los combustibles fósiles a escala mundial.

Investigadores del Grupo ETC afirman: “Frente a esta fragilidad, resulta urgente fortalecer sistemas alimentarios locales basados en la soberanía alimentaria y la agroecología, que reduzcan la dependencia de insumos externos y de mercados globales volátiles, y que permitan construir formas de producción y abastecimiento de alimentos más justas.”

Investigaciones del Grupo ETC:

● Codicia y oligopolios: Especulación con las materias primas agrícolas

● Los diez gigantes de los agronegocios: la concentración corporativa en la alimentación y la agricultura

● Barones de la Alimentación

Contacto de prensa: Gastón Wahnish (+54) 114940-3320, etcenespanol@gmail.com

Tomado de: https://www.etcgroup.org/es

La madrugada del 18 de marzo de 2019, manos asesinas acababan con la vida del dirigente indígena Bribri y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), Sergio Rojas. Siete años después, organizaciones sociales y populares costarricenses siguen exigiendo verdad y justicia.

El asesinato de Rojas se enmarca en el recrudecimiento de la violencia contra los pueblos originarios del país centroamericano y en el proceso de recuperación del territorio ancestral indígena de Salitre.

Durante años fue objeto de amenazas, persecución y criminalización, tanto así que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, ordenando al Estado costarricense garantizar su incolumidad.

La lluvia de balas que le arrebataron la vida es también un j’accuse contra la displicencia y complicidad de las instituciones costarricenses.

Impunidad y más impunidad

En 2020, el Ministerio Público ordenó la desestimación y el archivo de la causa penal que investigaba el crimen. Fue sólo gracias a las protestas que se generaron a nivel nacional e internacional si el Estado tuvo que rechazar la medida y exigir que se continuara con las investigaciones.

Lamentablemente, en enero de 2024, el Juzgado Penal del I Circuito de la Zona Sur emitió un sobreseimiento definitivo a favor de las dos personas acusadas del asesinato del dirigente indígena, aduciendo falta de pruebas para ir a juicio.

No obstante, durante las investigaciones se filtró un informe del Organismo de Investigación Judicial, que incluía material probatorio donde se revelaban supuestos vínculos de los acusados con los presuntos autores intelectuales del crimen.

Contra toda impunidad y exigiendo verdad y justicia, la Coordinación del Frenapi y Juventudes Indígenas han organizado en el Pretil de la Universidad de Costa Rica (UCR) el “Plantón por la memoria del compañero y hermano Sergio Rojas”.

“Pasan los años y se mantiene la impunidad. Apoyemos esta lucha contra un Estado costarricense y un sistema de justicia que no siente empatía e invisibiliza los dolores de los pueblos y territorios indígenas”, instan en un comunicado las organizaciones originarias.

“En solidaridad se desarrollan los pueblos y se construye un mejor futuro de igualdad y justicia social. ¡No más líderes asesinados! ¡No más incendios provocados en territorios indígenas! ¡No más agresiones físicas a los y las recuperadoras de tierras-territorios originarios! ¡La impunidad debe parar y el Estado responder!”, concluyen.

Por: Giorgio Trucchi | Rel UITA

Foto: Concejo Ditsö Iríría Ajkönuk Wakpa (CODIAW)

Fuente: Rel UITA y LINyM