Armas, servicios de inteligencia, vigilancia digital y control de la información. Con el regreso de la derecha al poder, Tegucigalpa vuelve a ser una plataforma estratégica para Washington y Tel Aviv en el continente

La ofensiva israelo-estadounidense para redefinir el futuro de América Latina y el Caribe no es solo política y económica, sino que se basa en un despliegue militar y tecnológico muy variado. Esta estrategia combina la presencia masiva de tropas, bases operativas, cuasi-bases («lily-pad bases»), instalaciones de seguridad, infraestructuras no declaradas, venta de armas y envío de asesores e instructores, con una guerra de quinta generación (5GW) cada vez más sofisticada. Se trata de un conflicto híbrido y asimétrico, basado principalmente en la desinformación, la vigilancia y el seguimiento masivo, la manipulación cognitiva y psicológica, la alteración de la percepción de la realidad y la guerra cibernética.

Como explica el analista político internacional Marco Consolo: «Desde hace tiempo, la presencia israelí ya no se limita a la venta de armas. En los últimos años se ha ampliado al uso del Big Data para manipulaciones electorales o golpes de Estado digitales, al desarrollo y la comercialización de software espía, sistemas y operaciones de inteligencia, instrumentos de vigilancia digital masiva y plataformas de análisis algorítmico utilizadas tanto por gobiernos como por actores privados» (Israel y América Latina: las relaciones peligrosas II, agosto de 2026).

El objetivo sigue siendo garantizar los intereses del capital multinacional estadounidense e israelí, acaparando el control de los recursos estratégicos y los corredores logísticos, además de frenar la expansión china en los sectores de las tierras raras, los minerales críticos, las infraestructuras, las tecnologías y el extractivismo. Al mismo tiempo, la estrategia pretende bloquear, a toda costa y por cualquier medio, los procesos de integración e independencia latinoamericanos y la configuración de fuerzas políticas y sociales de resistencia al modelo neoliberal extractivista.

Uno de los «laboratorios» de este proyecto es, sin duda, Honduras, histórica cabeza de puente de los Estados Unidos desde los años 70 y 80, que hoy se ha convertido en un nuevo polo estratégico para los intereses israelo-estadounidenses. Quien gestiona de forma interina este nuevo rumbo es Nasry Asfura (Partido Nacional), paradójicamente de origen árabe-palestino, designado por Donald Trump como su candidato durante las controvertidas elecciones del pasado mes de noviembre. Asfura fue declarado ganador a pesar de las graves acusaciones de fraude, manipulaciones informáticas, votos nunca contabilizados, impugnaciones nunca examinadas e injerencias externas que influyeron de manera determinante en el resultado final.

Incluso antes de su toma de posesión (enero de 2026), Asfura realizó una visita oficial a Jerusalén acompañado de la futura ministra de Asuntos Exteriores, Mireya Agüero. En esa ocasión, mantuvo reuniones clave de alto nivel político con el presidente israelí Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu —sobre quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra— y el ministro de Asuntos Exteriores Gideon Sa’ar. Poco después de tomar posesión de su cargo, recibió formalmente las cartas credenciales de manos de Nadav Goren. El embajador de Israel se convirtió así en el primer diplomático extranjero en ser recibido oficialmente por la nueva administración.

En mayo, al término de su enésima gira por Estados Unidos, el presidente Asfura regresó a Jerusalén para dar inicio a una serie de reuniones centradas en la transferencia de competencias institucionales y en el fortalecimiento de los lazos bilaterales. Durante una reunión formal con Herzog, ambos debatieron la agenda de asistencia técnica gestionada por la agencia israelí de cooperación Mashav. El acuerdo entre Agüero y la directora de Mashav, Eynat Schlein, también dio lugar a una adenda al plan de cooperación, ampliando los programas dedicados a la innovación tecnológica, la adaptación al cambio climático y las reformas de los sistemas de riego agrícola, con cuestiones relacionadas con la seguridad.

En agosto, ambos países alcanzaron el punto álgido de su agenda geopolítica anual con la firma de un memorando de entendimiento (MOU). El acuerdo, firmado en Israel por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y el secretario de Defensa hondureño, Enrique Rodríguez Burchard, formaliza un marco de cooperación a largo plazo para el intercambio de información militar, el entrenamiento táctico y el fortalecimiento institucional de las fuerzas del orden. Resulta difícil creer que dicho acuerdo se haya concebido teniendo en cuenta exclusivamente la dimensión interna de Honduras.

Según los medios locales, de hecho, Tel Aviv considera a Tegucigalpa un socio clave en Centroamérica, tanto por la solidez de las relaciones bilaterales como por el apoyo expresado en los organismos internacionales. Uno de los precedentes más significativos se remonta a 2017, cuando el país centroamericano fue uno de los nueve que votaron en contra de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condenaba el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí por parte de Estados Unidos. Dicha decisión se interpretó como una clara señal de apoyo diplomático en un momento de fuerte presión internacional (cit. Aurora Israel).

Este escenario supone un cambio radical con respecto a la postura de condena rotunda expresada por la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) frente a las operaciones militares de Israel. Durante su mandato, Castro se posicionó abiertamente a favor de la causa palestina, calificando la situación en la Franja de Gaza de genocidio. Además, retiró al embajador hondureño y denunció el silencio de la comunidad internacional mientras ocupaba el cargo de presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Las relaciones entre Tegucigalpa y Tel Aviv se inscriben en los intentos israelíes por romper el aislamiento diplomático y político en el que se encuentra el país tras la invasión de Palestina y el Líbano, el avance en Cisjordania y las sentencias de la CPI. Recuperar el consenso a nivel mundial y proyectar en los medios de comunicación una imagen de aparente normalidad representa, para el Estado judío, una jugada estratégica fundamental.

«El cambio en la actitud hacia Israel es drástico y las consecuencias serán trágicas. Aquí no hablamos solo de asistencia y cooperación técnica en el ámbito de la seguridad, sino también, y sobre todo, de armas, entrenamiento e inteligencia. Se abre un panorama muy preocupante en lo que respecta a la importación de tecnologías avanzadas de vigilancia y de sistemas de control masivo, que hacen saltar las alarmas por el control de la población y la violación de la privacidad, especialmente para quienes están comprometidos política y socialmente con un perfil progresista, reformista o revolucionario», explica a Pagine Esteri el catedrático y economista Fernando García.

El docente universitario recuerda cómo el escritor argentino Gregorio Selser escribió el ensayo Honduras, república alquilada para describir la fuerte dependencia y subordinación del país frente a los intereses de las potencias extranjeras. «Ahora corremos el riesgo de pasar de ser una república alquilada a una vendida, porque el Gobierno de Israel, las diversas corrientes sionistas internacionales y los multimillonarios libertarios (libertarian tech bros) planean adquirir nuevas tierras y ocupar territorios para construir más Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), con un enfoque específico en la producción y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial».

Se trata de proyectos de ciudades-estado privadas destinadas a entrar en conflicto con las poblaciones indígenas y campesinas que habitan esos territorios, las cuales correrán el riesgo de ser nuevamente reprimidas, desalojadas y obligadas a emigrar. El marco normativo establecido para proteger las inversiones agroindustriales, turísticas y de generación de energía va exactamente en esta dirección y ya ha provocado desalojos de asentamientos y comunidades. La población garífuna figura entre las principales víctimas, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) haya dictado nada menos que tres sentencias a favor de igual número de comunidades.

«Estados Unidos ha utilizado históricamente a Honduras como plataforma desde la que gestionar los conflictos de la región. Lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo junto con Israel, un socio estratégico que ejecuta aquellas acciones que el Gobierno estadounidense no puede realizar legalmente debido a las restricciones impuestas por sus propias instituciones», afirma a Pagine Esteri el analista político Rodolfo «Rudo» Pastor de María y Campos.

Según el politólogo, el bipartidismo tradicional hondureño, de nuevo en el poder, no hace más que retomar los vínculos históricos que siempre ha mantenido con Estados Unidos e Israel. Lo hace sin reparos y a la luz del día, consciente del papel que Honduras desempeñará en esta nueva fase geopolítica de reafirmación del dominio y la hegemonía del eje Washington-Tel Aviv sobre la región latinoamericana.

«El vínculo con Israel siempre ha sido muy fuerte; basta con pensar que el Gobierno de Juan Orlando Hernández llegó incluso a permitir la instalación temporal de su embajada en el interior del Centro Cívico Gubernamental, complejo en el que tienen su sede los principales ministerios de Honduras», recuerda Pastor.

Es en este contexto donde cobra especial relevancia el papel estratégico del expresidente hondureño. Tal y como ponen de manifiesto los archivos de audio difundidos entre abril y mayo por Canal RED y Hondurasgate, Hernández actuaría como agente político de Trump y del lobby israelí en la región. Esto se enmarca en un auténtico plan estratégico destinado a reapropiarse de los territorios e imponer un modelo de desarrollo económico ultraneoliberal, diseñado por la administración MAGA (Make America Great Again) y el Gobierno de Netanyahu para América Latina. Un giro hacia la derecha en el continente es fundamental para los objetivos de la alianza geopolítica entre Israel y Estados Unidos.

«Aclaremos, sin embargo, que el giro hacia la derecha que estamos presenciando no está vinculado únicamente a la voluntad de las poblaciones, sino que también es el resultado de una manipulación sistemática para influir en los resultados de las elecciones. Esto es lo que se desprende de las grabaciones. Basta con ver el papel que desempeñó Fernando Cerimedo —asesor electoral y experto en comunicación digital, actualmente encarcelado en Bolivia— en importantes campañas electorales de la derecha latinoamericana, entre ellas las de Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil y Asfura aquí en nuestro país, todos ellos aliados estratégicos del bloque Washington-Tel Aviv», explica Pastor.

Para el analista político, Honduras seguirá actuando como centro de operaciones de influencia en la región para garantizar a Estados Unidos e Israel el control del territorio y de los recursos estratégicos. El expresidente Hernández y el bipartidismo, en tanto que expresiones políticas de los intereses de las oligarquías nacionales y del capital multinacional, constituirán su pieza fundamental.

No sorprende, por tanto, que el pasado 1 de septiembre un tribunal penal especializado en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dictara una sentencia de absolución definitiva a favor del expresidente. De hecho, el juez determinó que no existían pruebas suficientes para juzgarlo por los delitos de corrupción y blanqueo de capitales, por los que estaba acusado en el caso Pandora II.

Hernández había regresado a Honduras el 26 de julio como «hombre libre» y se había puesto a disposición de la justicia hondureña. Cuatro años antes había sido detenido y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 45 años de prisión por tráfico de drogas y posesión ilegal de armas; posteriormente, fue indultado por el presidente estadounidense Donald Trump en vísperas de las elecciones hondureñas.

La publicación de nuevo material de audio por parte de Hondurasgate confirma la estrategia urdida por el lobby israelí-estadounidense. Entre los principales protagonistas de estas nuevas grabaciones destacan el propio Hernández, el presidente Asfura y la vicepresidenta María Antonieta Mejía, además de las controvertidas exconsejeras electorales Cossette López (Partido Nacional) y Ana Paola Hall (Partido Liberal). Según sectores de la oposición, ambas habrían sido «recompensadas» por el papel desempeñado durante las elecciones con su nombramiento como embajadoras, respectivamente ante la Organización de los Estados Americanos y en España.

Las nuevas revelaciones ponen al descubierto el control de la maquinaria mediática con la que el Gobierno y Hernández pretenden dominar la narrativa en Honduras, rehabilitando la imagen del expresidente y reforzando los vínculos con la coalición israelí-estadounidense. Las maniobras van desde la financiación de espacios televisivos completos hasta la sincronización de las portadas de los principales diarios, pasando por el control de canales clave y la contratación, a través de empresas ficticias, de casi 150 periodistas en calidad de asesores.

El nuevo escándalo implica directamente tanto a los presentadores de los programas con mayor audiencia a nivel nacional como a los propietarios de los medios de comunicación de mayor difusión, así como al propio Colegio de Periodistas de Honduras. 

Al mismo tiempo, las grabaciones de audio revelan un plan destinado a establecer un marco jurídico que permita vigilar las redes sociales y eliminar el anonimato de los usuarios, todo ello mediante un software proporcionado, obviamente, por operadores israelíes.

Por: Giorgio Trucchi. Periodista radicado en Centroamérica desde 1998, corresponsal de la Agencia Rel UITA y colabora con diferentes medios internacionales.

El pasado 8 de septiembre, las organizaciones de La Alianza Pueblo Unido por la Vida y del movimiento social panameño presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, contra el director de la Policía Nacional y agentes con rangos oficiales, al Ministro de Seguridad y al Director de Inteligencia Policial, por el delito de espionaje ilegal, violación del derecho humano a la privacidad individual y colectiva, uso irregular de recursos públicos, entre otros.

Según las organizaciones denunciantes han podido identificar a más de la mitad de los agentes que componen esta estructura clandestina, cuyo fin es dar seguimiento a las organizaciones sociales y sus dirigentes, así como sus familiares, lugar de residencia, propiedades, comunicaciones, redes sociales e información privada. Además, actuaron como agentes instigadores perpetradores de acciones de hostigamientos durante las protestas sociales, de fabricar e implantar pruebas y ser testigos protegidos en distintos procesos abiertos a líderes sociales.

Escuchemos declaraciones de Jorge Guzmán, de la Coordinadora Popular por los Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA)

Estas acciones constituyen una violación a los derechos humanos, a la Constitución Nacional y al derecho internacional. Ante estos señalamientos, las organizaciones sociales solicitan al Ministerio Público realizar las investigaciones y diligencias judiciales correspondientes, así como el acompañamiento y la intervención de organismos internacionales para determinar responsabilidades y garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

El Antropoceno representa esa fase geológica en la historia de la humanidad donde las actividades humanas, han adquirido tanto poder que termina siendo una fuerza ambiental capaz de transformar y destruir; mientras que el Capitaloceno es ese mismo poder, pero que tiene su origen en el modo de producción capitalista y no en el ser humano.

La historia del planeta Tierra está dividida en eras, períodos, épocas y edades geológicas. Actualmente nos encontramos situados en la era Cenozoica, período cuaternario y época del Holoceno. De ese modo, el Holoceno es reconocido como la época geológica dentro del período Cuaternario que se inició hace 11,700 años después de la última glaciación y que continúa todavía hasta hoy. Es la época del homo sapiens, del desarrollo de la agricultura, de la civilización, el lenguaje y otros cambios. Sin embargo, desde hace ya varias décadas atrás que muchos investigadores sociales, humanísticos y hasta geólogos, coinciden que el Holoceno tal como había sido descrito no era suficiente para contener, caracterizar y explicar, los profundos cambios que las acciones del género humano venían produciendo en el entorno natural y la sociedad. Por eso que ya desde el año 2000, Eugene Stoermer y Paul Crutzen comenzaron a utilizar por primera vez el concepto Antropoceno, al considerar que la humanidad estaba viviendo un período donde los impactos del ser humano en la transformación del planeta, son iguales o superiores al poder de todas las otras fuerzas naturales juntas. El Antropoceno viene a subrayar y reconocer la transformación histórica del mundo biofísico por los seres humanos, caracterizado principalmente, junto al desarrollo del progreso humano, por la degradación de los ecosistemas y la extinción masiva de organismos vivos.

No todos los pueblos en el mundo tuvieron una noción de la naturaleza, como un espacio separado o al margen del ser humano y sus actividades. No todos veían a la naturaleza como el lugar donde existían bienes y recursos, al servicio enteramente de las necesidades y deseos de los seres humanos. Muchos sentían desde sus orígenes, un gran respeto por la naturaleza, considerándose parte de la misma y no seres superiores predestinados a ejercer de amos absolutos. Así que no está precisamente en los genes de los humanos la tendencia a destruir el medio ambiente en su provecho, como pareciera que debemos deducir cuando se constata el origen antropogénico de las emisiones de gases de invernadero y la alteración innegable que sufre todo el funcionamiento de los sistemas planetarios. Tampoco es un rasgo que la humanidad fuera cultivando como forma de sobrevivir en un conflicto artificial con la naturaleza, donde la desconexión y desarticulación ha sido realmente una construcción esencialmente cultural. En verdad este distanciamiento se fue gestando, sobre todo, cuando los humanos comenzamos a configurar un modo de producción y consumo, donde la concepción de la naturaleza que se impuso, la consideraba solamente como una proveedora de recursos y mercancías.

¿Cuándo comenzó la época del Antropoceno? Ni siquiera entre sus partidarios se ha podido lograr algún consenso. Unos afirman que su origen hay que buscarlo en la etapa neolítica en el Cercano Oriente, durante la transición de sociedades nómadas a sociedades permanentes, otros creen que surgió durante la colonización de América en el siglo XVII. Son muchos los que aseguran que sus comienzos hay que buscarlo después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los años 50, período donde se intensificó el consumo de los combustibles fósiles. Sin embargo, la creencia más generalizada es que el Antropoceno nació con los eventos relacionados con la Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII, cuando se inventó la máquina de vapor y empezó la era de los combustibles fósiles, generándose así, altas concentraciones de dioxido de carbono y metano en la atmósfera. Desde allí, la actividad industrial y productiva creció de manera exponencial, aumentando también la deforestación y la contaminación de las aguas y los suelos por el uso de fertilizantes químicos.

Pero es evidente que lo se ha calificado como Antropoceno, no surge como una prolongación o extensión de la época del Holoceno, sino que se revela con una personalidad propia, en un momento histórico en que el ser humano se encuentra ante la necesidad de caracterizar la entrada, de lo que parece ser una nueva época geológica, marcada por las actividades humanas y sus impactos en la naturaleza, la sociedad y el planeta Tierra. De modo que el Antropoceno se identifica con los innegables cambios geológicos, morfológicos y climáticos producidos por las actividades desarrolladas por el ser humano sobre el planeta, que, en muchos casos, han sido devastadores. Pese a que el concepto mismo ha terminado siendo para la mayoría de científicos sociales y naturales, el más aproximado para describir la etapa geológica en la que el planeta se encuentra, todavía se le cuestiona que se quiera identificar de manera muy simple a un período de la historia de la humanidad, únicamente por la influencia de los seres humanos, o sea de una sola especie. Por eso al Antropoceno se le suele atribuir un carácter abstracto, genérico e incompleto, al que se le añade su incapacidad para exponer las causas históricas que dieron origen a la crisis ecológica y ambiental que vivimos. 

Las críticas principales se centran en que así descrito, hace responsable a todos los seres humanos como especie biológica, exonerando de hecho a un modelo de producción y consumo de su elevada responsabilidad en las crisis ecológicas, ambientales y sociales y achacándole a la totalidad de los humanos, lo que es principalmente causado por solo el 1% de los habitantes del mundo. En el concepto Antropoceno se generaliza la responsabilidad entre todos los seres humanos de la degradación y deterioro de la naturaleza, y su consecuente desastre ecológico, climático y social, sin diferenciar clases sociales, países, empresas. Aquí cabe, parafraseando un poco a Eduardo Galeano, afirmar que la generalización solo sirve para eximir a los verdaderos responsables y culpables. De allí que las observaciones y cuestionamientos que se le hacen al Antropoceno, condujeron al sociólogo estadounidense Jason W. Moore, a proponer su reemplazo por un concepto que a su juicio, expresara mejor el cambio geológico que ante nuestros ojos se está produciendo, con el deterioro ambiental y el cambio climático, que no son responsabilidad de la humanidad en general, sino de grupos humanos específicos con sus empresas claramente identificables: este concepto es el Capitaloceno, usado por primera vez en el 2009 por el periodista y activista sueco Andreas Malm. Sobre lo que piensa Moore (2020) del Antropoceno nos diría:

“El Antropoceno contribuye a una historia fácil. Fácil porque no desafía las desigualdades naturalizadas, la alienación ni la violencia inscritas en las relaciones estratégicas de poder y producción de la modernidad. Se trata de un cuento fácil de contar, en la medida en que no nos exige pensar en absoluto sobre dichas relaciones. El mosaico de la actividad humana en la trama de la vida se reduce a una Humanidad abstracta: unidad homogénea de acción. La desigualdad, la mercantilización, el imperialismo, el patriarcado, las formaciones raciales, y mucho más, han quedado en gran medida fuera de consideración. Estas relaciones son, en el mejor de los casos, reconocidas, pero como apéndices a posteriori al marco del problema”.  (p.202)

En el año 2024 la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, rechazó como categoría geológica oficial de la Tierra el concepto de Antropoceno, lo que supone que, para la geología más rígida o estricta, el planeta sigue dentro de la época del Holoceno. Sin embargo, ese rechazo no va a excluir ni excluye para nada, la constante relación e interacción entre nuestra especie con su entorno natural, que, de algún modo, causa efectos en la geología, perdurando algunos de ellos hasta por largo tiempo. Tampoco detendrá el intenso debate y profundas reflexiones que sobre el Antropoceno se desenvuelven en estos momentos, más aún cuando su alcance y significado no es interpretado del mismo modo en América Latina, Europa o los Estados Unidos.

Aun cuando en el Antropoceno solo se consideran que las transformaciones al medioambiente son producto de las actividades del ser humano, como una fuerza de transformación y cambios de alcance global y geológico, donde muy poca atención reciben las relaciones políticas y económicas de poder y desigualdades que se dan en ellas, el Antropoceno seguirá teniendo por virtud, que desde allí se puede intentar construir críticas importantes sobre el capitalismo y sus efectos, principalmente si partimos del hecho, de que en el tiempo del Antropoceno, la humanidad cuenta con un modelo alimentario de una escala jamás concebida, acompañado de una marcada degradación de los ecosistemas, responsable del incremento de las emisiones de gases de invernadero, entre otros perjuicios. De modo que el Antropoceno seguirá siendo un terreno en disputa y no parece muy oportuno intentar deshacernos de él, ya que es obvio que el término Capitaloceno resulta todavía muy controversial, como para sustituir y desplazar el uso de este. No obstante, otro mérito indudable que hay que reconocerle al Antropoceno, es que representa un avance muy importante en el examen de la mayor fuerza de alteración del planeta, cuando declara que las actividades productivas humanas tienen una implicacion decisiva en lo que sucede en nuestro entorno.

Sin embargo, cómo llamaremos a la fase histórica en la que nos encontramos con sus múltiples y complejas crisis actuales, mucho dependerá de sí creemos que son responsabilidad del homo sapiens en general o del modo de producción capitalista. Esa disyuntiva ha conducido a algunos a señalar que el deterioro ambiental está relacionado con el crecimiento de la población y el crecimiento económico de las naciones. De allí parten para justificar el control de la tasa de natalidad como una forma efectiva para disminuir la presión sobre los recursos ambientales, o dicho de otro modo: démosle la bienvenida a las catástrofes naturales, guerras y a la esterilización forzada en los países del Tercer Mundo, fórmulas valiosas para que el mundo rico no tenga que hacer ningún sacrificio. 

No hay duda que la degradación y deterioro de la naturaleza y del planeta causada por las actividades realizadas por el ser humano, vienen agravándose en la medida que transcurre el tiempo. Siendo el sistema capitalista y no los seres humanos en general, el factor fundamental en ello. Es decir, no es la humanidad en abstracto la responsable de tales problemas, sino más bien, aquella forma de organización económica que surgió en el siglo XVI hasta la fecha: el capitalismo. Aun así, muchos creen que, aun desapareciendo el capitalismo, el ser humano no perderá su capacidad de seguir actuando como una fuerza geofísica de alcance global. Otros, más optimistas con la capacidad demostrada del capitalismo en tantas otras ocasiones, creen casi ciegamente que este superará sus crisis ambientales y ecológicas, mediante el uso de la geoingeniería climática, los avances continuos en los campos de la nanotecnología y la edición génica.

La preocupación por garantizar que la vida humana y los ecosistemas planetarios, se desarrollen en un entorno estable y seguro, cuando es evidente que los principales procesos del sistema terrestre, ya sea que estemos en el Antropoceno o en el Capitaloceno, están rebasando sus umbrales de seguridad y estabilidad para toda la existencia en la Tierra. Esto condujo en el año 2009 al Centro de Resiliencia de Estocolmo (CRS), un instituto de investigación fundado en Suecia en el 2007 que se ocupa de realizar estudios en sostenibilidad y resiliencia, exponer el concepto de límites planetarios, identificando nueve procesos decisivos para mantener a la Tierra estable y que no debían rebasarse. Ellos son: el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, la pérdida de la biodiversidad, los flujos biogeoquímicos (nitrógeno y fósforo), uso del suelo, uso del agua dulce, contaminación química, acidificación de los oceános, carga de aerosoles atmósfericos. Estos límites sirven para explicar porque en estos momentos la mayoría de las reservas de la Tierra se encuentran agotadas, contaminadas y envenenadas. 

Lo cierto es que hoy estamos como humanidad consumiendo de manera insostenible los recursos del planeta a tal velocidad, que la Tierra necesita más de18 meses para regenerar y proveernos lo que ya hemos utilizado. Situación que se agrava aún más con la obsolescencia programada, que hace y obliga a renovar una y otra vez aparatos y productos. A esto se puede añadir que la basura  en  el capitalismo no se  reduce al problema de los plásticos, como a veces parece que luce para algunos, están también los materiales electrónicos, los desechos radiactivos y otros materiales o desechos sólidos. Porque producimos más desperdicios y desechos de los que podemos eliminar o degradar naturalmente. Por eso no es novedad que para el año 2025, se conocía que 7 de esos límites planetarios, ya habían superado sus valores seguros y únicamente dos (la contaminación atmósferica y la recuperación de la capa de ozono), mostraban valores alentadores. Los nueve límites planetarios identificados por el CRS no significa lamentablemente, que son los únicos que existen, pueden existir otros más. Pero al establecer un límite dentro de esos procesos planetarios, entendemos que la humanidad no debe continuar transgrediéndolo, porque se afecta la propia sostenibilidad del planeta, lo que puede traer al final, consecuencias muy perjudiciales. 

En resumen, el Antropoceno representa esa fase geológica en la historia de la humanidad donde las actividades humanas, han adquirido tanto poder que termina siendo una fuerza ambiental capaz de transformar y destruir; mientras que el Capitaloceno es ese mismo poder, pero que tiene su origen en el modo de producción capitalista y no en el ser humano. Ambos conceptos, Antropoceno y Capitaloceno, son oportunidades importantes para replantearse y/o revisar, las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, que puedan producir cambios profundos dirigidos a encontrar alternativas al insostenible extractivismo actual, sustentado en un sistema de extracción y explotación inmisericorde de recursos naturales y materias primas.

Claro que en su momento, el Antropoceno pareció realmente un punto de vista my innovador, para abordar los daños al ambiente y el planeta desde la influencia humana, sin embargo, muy pronto pareció también ser muy limitado para identificar los responsables de tales perjuicios y así encontrar las medidas más apropiadas para solucionarlos. No es un realmente un concepto contrapuesto al Capitaloceno, sino más bien, se muestra como complementario a este último, que persigue en el fondo, mejorar y profundizar en la explicación e interpretación de la complejidad existente, en las relaciones entre las sociedades humanas, la economía y el entorno natural. El Capitaloceno escudriña en las causas y consecuencias de manera más específica y particular de esas relaciones. Así que aunque ambos conceptos representan dos enfoques que intentan explicar la influencia determinante de las actividades humanas, en el deterioro y degradación del planeta y del ambiente, esto no impide que reconozcamos que cuando el ser humano actúa produciendo cambios en su entorno, no lo hace de manera homogénea e indiferenciada, lo hace desde una perspectiva social, cultural y ecológica de la que no se puede prescindir. Por eso no podemos seguir creyendo que es en las acciones de todos los seres humanos, donde se encuentra la explicación de todo el desorden entrópico que constatamos.

De allí que no haya duda entonces, que el Capitaloceno está estrechamente relacionado con la concentración del ingreso y de la riqueza. A medida que la riqueza crece y se concentra en pocas manos, el deterioro ambiental y ecológico también lo hace. Valiéndonos de este enfoque, resulta más fácil identificar con claridad y precisión, que todo reside en la forma de producir y consumir dentro del capitalismo, que, en su afán de obtener siempre ganancias crecientes, poco le importa la destrucción y deterioro de la naturaleza, la destrucción del clima del planeta, así como la extinción masiva de animales y vegetales. 

Con la noción del Capitaloceno no quedan por fuera las distintas formas de apropiación del trabajo en el capitalismo, así como tampoco la marcada explotación laboral y ambiental que padecen los trabajadores y el entorno natural. Con ella se nombra con claridad meridiana que la fuerza geológica que provoca los cambios ambientales y todo el desastre ecológico que vivimos, es el capitalismo con su lógica de reproducción y crecimiento constantes y no la humanidad o la especie como hace el Antropoceno. Identificar claramente  a los responsables  nos permite  luchar y combatir  a los  culpables primarios, porque en la medida que sigamos aumentando la producción y el consumo, aumentarán los gases de efecto invernadero y las condiciones de vida serán cada vez más dificiles. Así que las soluciones planetarias deben apuntar a modificar a profundidad las bases del sistema económico del capital. Hay que poner límites a las actividades económicas e industriales del sistema capitalista, sobre todo aquellas que atentan contra las condiciones del planeta y la vida de los seres humanos.

Naturalmente que cambiar el sistema capitalista no puede ser por la opción del socialismo, tal como lo hemos conocido hasta hoy. Hay y hubo deterioro ambiental tanto en un sistema como en otro. Un nuevo modelo que sustituya al actual debe privilegiar la cooperación, la solidaridad y lo comunitario, debe reducir las desigualdades sociales y económicas, así como garantizar un reparto de la riqueza con más equidad. El modelo que reemplace al capitalismo debe respetar los límites planetarios conocidos y los que se conozcan en el futuro, sin que ello presuponga afectar la calidad de vida de todos los seres humanos.

Por eso la humanidad está obligada a replantearse sus objetivos y prioridades más inmediatas, ya que en el Capitaloceno no obedece a la naturaleza y sus derechos, sino a los mercados, a las ganancias capitalistas y a los intereses del capital, únicamente. Si no lo hacemos el planeta seguirá convirtiéndose en un lugar inhabitable, hipercontaminado y muy sobrecalentado, gracias a un sistema económico que cada vez acerca a toda la humanidad, al borde de la extinción como civilización. De todos modos, e independiente de si creemos que estamos viviendo en el Antropoceno, Capitaloceno o en última instancia solo en la época del Holoceno, aquí lo importante, lo urgente y primordial es encontrar cuanto antes las salidas o soluciones a las crisis ambientales, ecológicas y climáticas que ponen en riesgo al único planeta del que disponemos. 

Cita:

Moore, W. J. (2020). El capitalismo en la trama de la vida. Ecología y Acumulación del Capital. Edición: Traficantes de Sueños.

Por: Pedro Rivera Ramos. Investigador e Ingeniero agrónomo panameño.

Un juicio histórico ha dado lugar a la condena de tres personas físicas, directivos de la empresa minera en el momento de los hechos, y de Samarco, responsable de la presa de Fundão que se derrumbó en 2015.

En la tarde del 3 de septiembre, en Belo Horizonte (MG), tuvo lugar la sesión del juicio por el caso penal contra los implicados en la rotura de la presa de Fundão, en Mariana.

La Sala Segunda del TRF-6 decidió, por unanimidad, condenan a Germano Silva Lopes, Wagner Milagres Alves, Daviély Rodrigues Silva y a la persona jurídica Samarco Mineração S/A. En cuanto al resto de los acusados, se mantuvo la decisión del Tribunal Federal de primera instancia, que había dictado la absolución.

Se ha condenado a Samarco a la prohibición de contratar con la Administración Pública durante un
plazo de 10 años y al pago de 1 millón de reales, destinados al Fondo Nacional del Medio Ambiente, en la fase de ejecución de las sentencias. La empresa minera también ha sido condenada al pago de 768 días-multa, con un valor unitario de cinco salarios mínimos, es decir, aproximadamente 6,2 millones de reales (aproximadamente 1,21 millones de dólares).

Los ingenieros Germano Silva Lopes y Daviély Rodrigues Silva, que eran directores operativos, fueron condenados a 8 años y 9 meses de prisión, en régimen inicial de régimen cerrado. Wagner Milagres Alves fue condenado a 7 años, 3 meses y 15 días de prisión, en régimen inicial de régimen
semiabierto. Desempeñaba la misma función que los otros dos condenados, pero, según los jueces, tuvo una participación menor en los delitos.

“Hemos roto el ciclo de impunidad. Al reconocer que Samarco y tres de sus directivos conocían el riesgo, hicieron caso omiso de las alertas y optaron por la omisión, el Poder Judicial ha confirmado finalmente que no se trató de un accidente. Aunque se haya perdonado a los directivos, esperamos que esta decisión genere un cambio real de comportamiento e impulse la revisión urgente de los contratos que la empresa condenada mantiene con las autoridades públicas”, resume el abogado Danilo Chammas.

Aún cabe recurso, tanto por parte de la defensa como de la acusación. A la salida del tribunal, el fiscal del Ministerio Público Federal, Darlan Airton Dias, destacó que la institución estudiará detalladamente la decisión para comprender por qué se absolvió a las empresas Vale, BHP Billiton y VogBR. También destacó la importancia de la decisión, tantos años después del delito que se cobró 19 vidas (los familiares cuentan 20, ya que había una mujer embarazada), contaminó toda la cuenca del río Doce y sigue teniendo repercusiones sociales y medioambientales hasta el día de hoy.

“Hoy es un momento histórico y simbólico que demuestra que un conjunto de negligencias y actos delictivos, que causaron tanto dolor, muertes y daños medioambientales sin precedentes en la historia de Brasil, no puede caer en el olvido, sino que debe recibir una respuesta. Y hoy la Justicia brasileña ha dado una respuesta, aunque sea provisional, pero una respuesta importante”, destacó el fiscal.

Presión popular
Más de 100 personas afectadas por la rotura de la presa siguieron la sesión y se reunieron al final para celebrar lo que consideraron una victoria, aunque parcial.

Mónica dos Santos, que perdió su casa y gran parte de su historia aquel 5 de noviembre de 2015, fue una de las víctimas que acudió a los abogados del Instituto Cordilheira —que ya participan como asistentes de la acusación en el juicio penal de Brumadinho— para intentar revocar la sentencia que había absuelto a todos los acusados.

“Hoy sí, es un momento de gloria, es un momento de alegría, es un momento para mirar a la justicia de nuestro país y volver a creer en ella. Porque hasta hoy, antes de estos veredictos, la justicia brasileña estaba inerte, dejaba mucho que desear, permitía que la empresa hiciera lo que quisiera.

Sabemos que esto es solo un primer paso, pero es un paso que ya supone un alivio. Sabemos que van a presentar un recurso, pero estamos preparados. Si hay que ir a Brasilia, si hay que ir a otro país, si hay que ir a donde sea en busca de esa justicia que tanto necesitamos, iremos», afirmó Mónica, a la puerta del tribunal, emocionada, junto a otras víctimas. «Por desgracia, si lo que está ocurriendo aquí hoy hubiera ocurrido ya en 2015, cuando se rompió la presa, sin duda, sin duda, Brumadinho no se habría desbordado y se habrían podido salvar 172 vidas”, recordó.

Antecedentes
Esta sesión fue la continuación de la iniciada el 11 de marzo, cuando los magistrados comenzaron a juzgar dos recursos de apelación, presentados por la Fiscalía Federal (MPF) y por las víctimas, que actúan como parte civil. Los recursos cuestionaban la absolución de los 10 acusados restantes (el caso comenzó con 26 acusados), tras la https://portal.trf6.jus.br/sentenca-sobre-a-tragedia-da-barragem-de-fundao-e-destaque-na-tv-justica/.

Se presentaron los alegatos orales de la acusación: primero, el del fiscal del Ministerio Público Federal, Darlan Airton Dias; a continuación, el del abogado de las víctimas —que actúan en el caso como auxiliares de la acusación—, Danilo Chammas, del Instituto Cordilheira. Ambos recordaron los argumentos de la acusación y recordaron a las víctimas, a sus familiares y a todas las personas afectadas.

A continuación, intervinieron los abogados de las personas jurídicas BHP Billiton, Vale, VogBR (que también defendió al ingeniero de la empresa) y Samarco. Los representantes de la defensa de las empresas acusadas argumentaron que la acusación del Ministerio Público Federal adolecía de deficiencias y defendieron la inocencia de las instituciones en relación con la rotura de la presa.
A continuación, se dio la palabra a los abogados de las personas físicas. Tras las alegaciones, el ponente del caso, el juez federal Michael Procópio Ribeiro Alves Avelar, leyó un resumen de su voto, en el que explicó los fundamentos de la decisión, a lo que siguieron los demás magistrados, Luciana Pinheiro Costa y Klaus Kuschel.

Al término de la sesión, los vecinos de Bento Rodrigues, los familiares de las víctimas mortales y los miembros de la comunidad quilombola de Gesteira y de otras localidades afectadas celebraron esta condena penal sin precedentes, que supone un hito en la lucha contra la impunidad de los delitos relacionados con la minería.

Texto: Joana Tavares
Edición: Carolina de Moura y Danilo Chammas

Resumen: En el actual contexto de agravamiento de los cambios climáticos, los territorios periféricos urbanos son severamente afectados por la escasez de agua, pues se intensifica la inseguridad hídrica ya presente debido a la distribución desigual de las infraestructuras urbanas. Una vía para pensar formas de enfrentar esta injusticia socioambiental es a través de la ecología política feminista, una perspectiva emergente en América Latina con una fuerte presencia de los feminismos decoloniales y los ecofeminismos, pero aún poco explorada en estudios de casos urbanos. Sus trabajos actuales investigan cómo subjetividades, ideologías e identidades de género son producidas, empleadas y contestadas en el contexto del acceso a los bienes ambientales, con un enfoque en las escalas del hogar y el cuerpo y sus interrelaciones con escalas mayores, construyendo nuevas epistemologías, metodologías y estrategias de superación. En este sentido, este trabajo se propone abordar las contribuciones de la ecología política feminista latinoamericana para la comprensión de la inseguridad hídrica en territorios periféricos urbanos.

Palabras clave: ecología política feminista latinoamericana, inseguridad hídrica, luchas urbanas

Por: Veridiana Emília Godoy,* Marina Rago Moreira,** Vanessa Lucena Empinotti***

Introducción

En los últimos años, además de la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19, Brasil, al igual que varios países del Sur Global, ha enfrentado una crisis económica, social y política que ha agravado las desigualdades estructurales del capitalismo, con la consecuencia del aumento del número de familias que viven en las periferias urbanas, principalmente en las grandes metrópolis. En el contexto brasileño, esta crisis económica obligó a las poblaciones más pobres a elegir entre pagar el alquiler y comer, y para evitar el desalojo, encontraron en las áreas de expansión urbana la posibilidad de concretar el sueño de la casa propia, aunque irregular, en un intento desesperado por lograr estabilidad financiera, aunque esos territorios presenten déficits de infraestructura urbana. Estas desigualdades urbanas, sociales y ambientales son consecuencia de los procesos de urbanización, históricamente estructurados en América Latina dentro de la lógica capitalista y colonial, con una visible segregación entre quienes pueden y quienes no pueden acceder a los derechos al agua, la vivienda, la salud, la educación y el ocio.

Las periferias urbanas de Brasil son territorios cuya población está compuesta mayoritariamente por personas negras, con ingresos familiares insuficientes, que presentan bajos niveles educativos y están en situaciones de trabajo precario. Son estos territorios los que más se ven afectados por los impactos del cambio climático, como olas de calor seguidas por caídas bruscas de temperatura, lluvias intensas que causan inundaciones y deslizamientos de tierra, y escasez de agua, entre otras situaciones agravadas en este contexto. Sin áreas verdes para la infiltración del agua de lluvia ni vegetación para mitigar el calor, con problemas en el abastecimiento de agua y el acceso restringido a la red de alcantarillado y limpieza urbana, las familias periféricas tienen la salud, la seguridad y el bienestar directamente impactados por el colapso ambiental.

En el campo de la ecología política, vemos un conjunto de teorías y prácticas que surgen de un esfuerzo colectivo para comprender, debatir y visibilizar estas injusticias socioambientales y pensar en formas de superación. Entre ellas se encuentran los ecofeminismos y las ecologías políticas feministas, con temas emergentes en América Latina a partir de las luchas de las mujeres indígenas y rurales, pero aún poco explorados en lo relativo a las experiencias de las luchas urbanas. En el actual contexto de agravamiento de los cambios climáticos, es urgente fortalecer las luchas de los territorios periféricos urbanos desde perspectivas que amplifiquen sus voces y visibilicen sus resistencias cotidianas, como la batalla diaria para conseguir agua en momentos de escasez, que intensifica la inseguridad hídrica ya presente debido a la distribución desigual de las infraestructuras urbanas.

En este sentido, este texto presenta brevemente las contribuciones de la ecología política feminista latinoamericana (EPFLA) para la comprensión de la inseguridad hídrica en territorios periféricos urbanos, con el fin de afirmar esta perspectiva como un camino posible para enfrentar las injusticias socioambientales presentes en las ciudades de América Latina. Primero, el trabajo trae los aportes de estas agendas feministas y latinoamericanas a la ecología política, con conceptos basados en los movimientos de luchas territoriales, ecofeminismos y feminismos decoloniales. Posteriormente, se presenta cómo estas perspectivas contribuyen a la comprensión de las luchas urbanas por recursos naturales, con foco en la inseguridad hídrica vivida por las poblaciones de territorios periféricos urbanos. Finalmente, se concluye que los estudios de la EPFLA implican un compromiso con el cambio de la realidad de la población más afectada por los cambios climáticos, visibilizando sus problemas cotidianos, sentimientos, corporalidades y epistemologías.

La construcción de agendas feministas latinoamericanas en la ecología política

En América Latina, la literatura de la ecología política feminista (EPF) ha influido en los debates sobre feminismos y ecología, pero estos debates también se basan en tradiciones críticas regionales, como la teología de la liberación, la teoría de la dependencia, la educación popular y la investigación-acción participativa. Además, los feminismos decoloniales y territoriales (Ulloa, 2016) han ganado relevancia en las últimas décadas, contribuyendo a la formación de una ecología política feminista latinoamericana (EPFLA) que dialoga con las realidades locales y globales.

Desde los años 2000, la Red Género, Sociedad y Medio Ambiente (Red GESMA) ha traducido y divulgado textos fundamentales de las ecologías feministas, como los de Rocheleau et al. (1996), Mies y Shiva (2021) y Bina Agarwal, entre otros. Estos trabajos han animado el debate sobre género y ambiente^[1] en la región, evidenciando un diálogo entre la literatura global y las perspectivas latinoamericanas. Recientemente, ha habido una producción creciente que se reconoce como parte de la EPFLA (Arriagada Oyarzún y Zambra Álvarez, 2019; Ulloa, 2020), destacándose la recopilación Feminismo socioambiental (Velázquez et al., 2020), en la cual Astrid Ulloa define la EPFLA como tendencias analíticas que combinan herramientas conceptuales de la EPF con procesos históricos y territoriales situados. No se trata de un campo nuevo, sino de un enfoque que reconoce la diversidad de realidades y contextos en América Latina. Ulloa (2020) argumenta que es necesario mirar las trayectorias y propuestas de la EPFLA considerando procesos históricos, temas y conflictos socioambientales específicos de la región. Esto incluye entender la diversidad de ser, sentir, conocer y pensar realidades situadas, donde el no humano también es reconocido como un actor político.

Las ecologías políticas en América Latina emergen de los territorios, comprometidas con las luchas locales y con la producción de un pensamiento crítico que refleja la singularidad del ambiente y los sujetos que lo habitan. La literatura anglófona ha comenzado a incorporar cuestiones planteadas por las ecologías feministas del Sur, marcadas por las perspectivas decoloniales que surgieron en las décadas de 1990 y 2000^[2] (Elmhirst, 2017). Reconocer las voces y los saberes situados es esencial para construir un debate verdaderamente emancipador, como destacan Ojeda et al. (2022), quienes enfatizan la reinvención de conceptos como territorio y ecología en espacios cotidianos, como cocinas, centros comunitarios y bosques.

La EPFLA desafía la jerarquización de los saberes, reconociendo la importancia de conocimientos empíricos y milenarios, a menudo marginados por la academia. Este enfoque es central para los feminismos decoloniales, que buscan romper con las distinciones entre teoría y práctica, pensamiento y acción, como destacan Halvorsen y Zaragocin (2021). La EPFLA se compromete con un proceso de descolonización que se construye colectivamente y de forma heterogénea, reflejando la diversidad de las luchas territoriales.

En los debates de la EPLA, Zaragocin Carvajal et al. (2018) destacan la defensa de los territorios frente al neoextractivismo,^[3] señalando que en esos lugares emergen alternativas al modelo de desarrollo extractivista. Estas geógrafas identifican tres pilares centrales en los debates feministas sobre territorio en la región:

1. El cuerpo y el territorio: Aproximando teoría y praxis, la EPFLA enfatiza la defensa de los territorios desde una «teoría encarnada» que posiciona el cuerpo-tierra-territorio como locus privilegiado de resistencias feministas.
2. La repatriarcalización de los territorios: El extractivismo no solo degrada el ambiente, sino que también incrementa la violencia de género y transforma las relaciones económicas y sociales de las poblaciones afectadas.
3. Cartografías críticas: Nuevas metodologías desarrolladas por colectivos de geografía crítica y feministas, como los colectivos Geografía Crítica del Ecuador y Miradas Críticas al Territorio, visibilizan las luchas territoriales y las resistencias locales.

El concepto de cuerpo-territorio, que proviene de la lucha de las mujeres indígenas, campesinas y curanderas en defensa de sus territorios y su autonomía, aporta esta reflexión política sobre un mismo sistema que violenta la naturaleza y a las mujeres. Lorena Cabnal (2010) traduce las elaboraciones de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala. Cabnal propone el lema «¡Recuperación y defensa de nuestro territorio cuerpo-tierra!», que emerge de las luchas contra la minería y las violencias de género en las comunidades maya xincas. La propuesta reconoce la interconexión entre el cuerpo, la tierra y el territorio, y afirma que la defensa del territorio también es la defensa del propio cuerpo. Así, desafía la dominación biopolítica, proponiendo que las prácticas cotidianas pueden ser revolucionarias al contradecir el modelo capitalista.

Esta noción dialoga también con las ideas de interdependencia y ecodependencia desarrolladas por las ecofeministas (Herrero, 2013) al destacar la reconexión con la naturaleza y entre los seres vivos, que la racionalidad moderna y androcéntrica trató de borrar. En este caso, la minería afecta también la salud de los cuerpos, humanos y no humanos, una parte de tierra específica y las aguas que fluyen allí. También contamina su recorrido e indirectamente tendrá algún impacto en la biosfera. Pero ellas también visibilizan que el proceso de la minería ha generado el aumento de la violencia contra las mujeres en los territorios. Este tema será discutido a partir de los feminismos comunitarios y de la ecología política feminista como una (re)patriarcalización de los territorios (Colectivo Miradas, 2017a). Las metodologías de cartografías del cuerpo-territorio también relacionan la salud de las mujeres con el estado de los territorios. Al mapear las percepciones del cuerpo sobre los impactos ambientales, se argumenta que el enfermamiento de las mujeres refleja el enfermamiento de la tierra (Colectivo Miradas, 2017b).

En síntesis, la EPFLA representa una contribución vital para los debates globales sobre ecología y feminismo pues aporta perspectivas situadas y comprometidas con la justicia socioambiental y la descolonización del pensamiento y de los territorios. Al reconocer la diversidad de saberes y experiencias, enriquece el pensamiento crítico y ofrece herramientas para enfrentar los desafíos contemporáneos, como los neoextractivismos, la violencia de género y la crisis ambiental. Vemos un enfoque mayor de estos debates sobre los contextos rurales, pero se trata de una perspectiva que también puede abordar los ambientes urbanos, ya que explicita las interdependencias entre los territorios y los seres vivos, cuestionando las fronteras de los dualismos jerárquicos modernos, como humano/no humano, sociedad/naturaleza y urbano/rural. A continuación, buscamos expandir este debate poco movilizado a partir del caso de las luchas urbanas por acceso al agua.

Contribuciones de la ecología política feminista latinoamericana a las luchas urbanas por el agua

En Brasil, los datos oficiales sobre el acceso al agua privilegian el porcentaje de cobertura de red y población atendida, lo que ignora las soluciones de infraestructuras alternativas de abastecimiento en lugares donde no existe un servicio formal (Empinotti et al., 2022). Además, esos datos no permiten adentrarse en la escala doméstica ni visibilizar los problemas cotidianos de acceso al agua, las experiencias y prácticas que afectan la rutina, el cuerpo, lo emocional, la salud y las relaciones afectivas de las personas que viven la inseguridad hídrica de manera diaria (Godoy, 2023).

Para abordar la escala doméstica, se propone observar el proceso de acceso al agua desde el concepto de inseguridad hídrica domiciliaria, que parte de la interacción entre: el acceso al agua, que representa la capacidad de tener agua para consumo, incluyendo el acceso físico, el costo accesible y la confiabilidad; la aceptabilidad de la calidad del agua, que incluye sus diversas características biofísicas, como su sabor, color y olor, en cuanto influyen en el uso del agua y la salud humana, y el afecto del agua, que corresponde a las experiencias emocionales, culturales y subjetivas relacionadas con ella (Jepson et al., 2017). Así, el acceso al agua se comprende como un proceso mediado por diferencias sociales, que moviliza e impacta las relaciones, afectos, culturas, valores, emociones y poderes (Godoy, 2023). Por ello, se consideran las dimensiones físicas y simbólicas del agua, sus prácticas culturales, identidades, normas, creencias y ontologías.

Más allá de la visión del agua como híbrido, las estudiosas y activistas feministas que trabajan en el campo de la ecología política abordan la crisis ecológica desde los estudios críticos del desarrollo y de escalas menos visibles, como la casa y el cuerpo, lo cual es útil para el concepto de inseguridad hídrica domiciliaria (Godoy, 2023). Estas introdujeron la dimensión de género frente a las cuestiones ambientales y reconocieron la interseccionalidad entre la dominación y explotación de la naturaleza y las desigualdades sociales en general. Tal perspectiva permite investigar las experiencias corporificadas relacionadas con el agua, tanto en sus condiciones materiales como en los discursos más complejos de diferenciación y exclusión social en las ciudades contemporáneas, así como comprender cómo las actividades cotidianas de acceso al agua constituyen subjetividades y otras dimensiones de desigualdad experimentadas en el cuerpo, conectándose con escalas más amplias de debate sobre derechos y oportunidades en los espacios urbanos (Truelove, 2011).

Apoyándose en el potencial de la multiescalaridad presente en el campo de la ecología política, la ecología política feminista trae las escalas menos visibles y sus interconexiones con escalas mayores. Reconoce que es en el nivel de la intimidad donde se producen y sostienen las relaciones de poder nacionales e internacionales (Wright, 2010). Con un feminismo corporal, la ecología política feminista no aborda el cuerpo como algo fijo y limitado, sino que considera los flujos entre y a través de los sujetos y entre las naturalezas humana y no humana (Elmhirst, 2017), una ontología relacional con conceptualizaciones de corporificación tanto material como simbólica, con enfoque en las dimensiones emocionales y afectivas, que revelan las experiencias de las dificultades y alivios en los conflictos por la gestión de recursos naturales, así como el poder de la emoción dentro de las luchas por injusticias socioambientales. De este modo, se combinan los entendimientos feministas de escala y corporificación con las cuestiones ambientales en temáticas extremadamente necesarias en el contexto actual de globalización, como la política migratoria y la gestión de recursos naturales.

Adoptar la corporificación para analizar las dinámicas de inseguridad hídrica en territorios periféricos urbanos es un enfoque insurgente sobre el acceso al agua y el territorio, en que se flexiona la escala primordial del cuerpo. Mujeres indígenas y campesinas organizadas en defensa de sus territorios ya utilizan esta concepción de «cuerpo-territorio» como herramienta de lucha en defensa del territorio como defensa de la vida misma, de su existencia en el mundo y de su ontología territorial (Cruz Hernández, 2016). Es una propuesta colectiva de lucha teórica y práctica desde una perspectiva decolonial, feminista y latinoamericana. En esta línea, Panez (2018) sugiere la concepción de «cuerpo-agua-territorio» para comprender las relaciones hidrosociales que ocurren durante los conflictos por el agua en los territorios de América Latina (Haesbaert, 2020). La batalla diaria de las personas para conseguir agua es indisoluble de la lucha por el territorio y por la vida. El trabajo individual de una persona está entrelazado con el trabajo colectivo de hacer que el agua circule en el territorio en el que se vive, un esfuerzo diario que lleva consigo la lucha política por el derecho a vivir dignamente (Pierobon, 2021).

Por lo tanto, mediante la clave de análisis de la ecología política es posible trazar un camino para retomar la concepción del agua como integradora de la vida y de las prácticas sociales, que incluye sus dimensiones simbólica y sagrada (Soares, 2009), siendo un híbrido de interacción reflexiva, dinámica y multiescalar entre naturaleza, tecnología y sociedad. Posee materialidad en el ambiente físico, pero también carga significados dentro de las relaciones sociales de poder (Swyngedouw y Boelens, 2018; Linton, 2010; Tsutsui y Empinotti, 2021), y desde la perspectiva de la ecología política feminista latinoamericana se comprende cómo las identidades y los cuerpos son constituidos mediante prácticas cotidianas para superar la inseguridad hídrica. De esta forma, la ecología política feminista latinoamericana se centra en las voces y experiencias de grupos sociales previamente ignorados, enfocándose en las actividades cotidianas y desarrollando ideas de corporificación para la comprensión de las relaciones de poder. Al trabajar escalas previamente no abordadas, se rompen dicotomías y se articulan los dominios público y privado mediante la multiescalaridad, para un análisis crítico del territorio y una comprensión de cómo las prácticas cotidianas están vinculadas a la construcción de escalas como el cuerpo, la casa y la ciudad en general (Truelove, 2011). Está comprometida con una perspectiva feminista de autorreflexividad, apertura a diversas formas de existencia y un canal potenciador de las voces de los pueblos frente a las injusticias socioambientales.

Conclusiones

La EPFLA nos ayuda a comprender y enfrentar las injusticias socioambientales que atraviesan los territorios periféricos urbanos, incluidas las relativas a la inseguridad hídrica. Al poner en el centro del debate las voces, los cuerpos y las experiencias de las poblaciones marginalizadas, la EPFLA no solo visibiliza las desigualdades urbanas y ambientales, sino que también propone caminos para la transformación social desde una perspectiva decolonial, interseccional y comprometida con la justicia ambiental.

La crisis hídrica vivida en las periferias urbanas brasileñas es un reflejo de las profundas desigualdades que marcan el proceso de urbanización en América Latina. Mientras las poblaciones más pobres luchan diariamente para garantizar el acceso al agua, enfrentando la precariedad de las infraestructuras y los impactos del cambio climático, las políticas públicas continúan privilegiando indicadores cuantitativos que ignoran las dimensiones subjetivas del acceso a este recurso esencial. La EPFLA, al adoptar un enfoque multiescalar y corporificado, permite comprender cómo la inseguridad hídrica afecta no solo la salud física, sino también lo emocional y las relaciones afectivas de las comunidades periféricas.

La noción de «cuerpo-territorio», traída por los feminismos comunitarios y territoriales, se revela como una herramienta poderosa para analizar las luchas urbanas por el agua. Al conectar el cuerpo individual con el territorio colectivo, esta perspectiva destaca cómo la defensa del derecho al agua es también la defensa de la vida y de la dignidad humana. La propuesta de «cuerpo-agua-territorio» amplía esta discusión, evidenciando que las prácticas cotidianas de acceso al agua son indisolubles de las luchas políticas más amplias por la justicia socioambiental. En este sentido, la EPFLA no solo contribuye a la comprensión de las dinámicas de inseguridad hídrica, sino que también fortalece las resistencias locales, ofreciendo herramientas teóricas y metodológicas para construir alternativas emancipatorias.

Sin embargo, es importante destacar que la EPFLA aún es poco explorada en los estudios de planificación territorial, especialmente en lo que respecta a las realidades urbanas. Esta brecha debe ser superada, ya que las ciudades latinoamericanas son escenario de conflictos socioambientales cada vez más intensos, agravados por el cambio climático. La EPFLA, con su enfoque en la multiescalaridad y la interseccionalidad, ofrece un camino fértil para integrar las dimensiones social, ambiental y política en la planificación territorial.

Ecos de una discusión profundizada por el ecofeminismo, la EPFLA nos invita a repensar las fronteras entre lo humano y lo no humano, lo urbano y lo rural, la teoría y la práctica. Al reconocer la interdependencia entre los cuerpos, el agua y los territorios, esta perspectiva nos desafía a construir nuevas formas de habitar el mundo, basadas en el cuidado, la solidaridad y el respeto a las diversidades. No solo ilumina los caminos para superar las injusticias socioambientales, sino que también nos inspira a soñar y construir un futuro más justo y equitativo para las periferias urbanas y para el planeta en su conjunto.

Referencias

Arriagada Oyarzún, E., y A. Zambra Álvarez, 2019. «Apuntes iniciales para la construcción de una ecología política feminista de y desde Latinoamérica». Polis: Revista Latinoamericana, 54 (18), pp. 12-26.

Cabnal, L., 2010. «Acercamiento a la construcción del pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala». En: ACSUR Las Segovias, Feminismos diversos: el feminismo comunitario. Madrid, ACSUR Las Segovias, pp. 10-25.

Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, 2017. «(Re)patriarcalización de los territorios. La lucha de las mujeres y los megaproyectos extractivos». Ecología Política, 54, pp. 67-71.

Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, 2017b. Mapeando el cuerpo-territorio. Guía metodológica para mujeres que defienden sus territorios. Quito, Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo/Clacso.

Cruz Hernández, D. T., 2016. «Una mirada muy otra a los territorios-cuerpos femeninos». Revista de Filosofía Iberoamericana, 12 (12-1), pp. 1-12.

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* Universidade Federal do ABC. E-mail: veridiana.e.godoy@gmail.com.

** Universidade Federal do ABC. E-mail: marinarago.m@gmail.com.

*** Universidade Federal do ABC. E-mail: v.empinotti@ufabc.edu.br.

^[1] Aunque las expresiones medio ambiente y ambiente hayan sido criticadas desde la ecología política por referirse a una relación objetivante y mercantilista de la naturaleza, en ese momento las autoras mencionadas las usaban.

^[2] En la década de 1990, el grupo Modernidad/Colonialidad desarrolló colectivamente una crítica del pensamiento eurocéntrico moderno basado en fundamentos coloniales, proponiendo la valorización de conocimientos marginados, como los de los pueblos indígenas y afrodiaspóricos. Autores como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Enrique Dussel y María Lugones destacan cómo el colonialismo persiste incluso después de la independencia, defendiendo la descolonización del pensamiento y alternativas al desarrollo occidental, como el buen vivir. Lugones desarrolla la propuesta de un feminismo decolonial (2008), basado en el concepto de colonialidad de género. Otras autoras latinoamericanas también hacen aportes importantes, como Rita Segato, Yurdekis Espinoza, Ochy Curiel, Silvia Cusicanqui.

^[3] El concepto de neoextractivismo fue desarrollado inicialmente por Eduardo Gudynas (2009) como una comprensión del avance del extractivismo a gran escala que desplaza grandes cantidades de personas y sacrifica la naturaleza, sobre todo en el siglo xxi. Se entiende también como una tendencia incorporada por los llamados Gobiernos progresistas en América Latina que reproducen el pensamiento desarrollista de que es positivo para el país explotar al máximo sus bienes naturales para distribuir parte de ese crecimiento en programas sociales.

Fuente: www.ecologiapolitica.info

Fotografía: Olmedo Carrasquilla Aguila. Marcha Amazónica FOSPA 2026. El Puyo, Ecuador

El FOSPA es una plataforma regional bianual, autónoma y plural que, reúne a Pueblos Indígenas, Pueblos Afrodescendientes, comunidades rurales como, movimientos sociales y academia de los nueve países de la cuenca amazónica: Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Cuyo objetivo es  fortalecer las luchas por la vida, los territorios, la justicia ambiental y social, y los sistemas de gobierno propio frente a las múltiples amenazas que enfrenta la región en el contexto de la crisis climática global.

En esta versión la ciudad ecuatoriana del Puyo de la provincia de Pastaza, conocida como la “puerta de entrada a la Amazonía” acogió a más de 2 mil personas entre nacionales e internacionales del 16 al 21 de agosto de 2026. La cual se realizó bajo una estructura metodológica en 4 casas temáticas donde confluyó saberes, experiencias y propuestas en torno a la defensa territorial frente al extractivismo, la autonomía y el autogobierno, los derechos de la naturaleza, la participación y consulta, la justicia climática y las transiciones, el género y las diversidades, y las juventudes. Concluyendo con la Declaración de Puyuk, nombre original del Puyo.

Escuchemos declaraciones de algunos representantes de los pueblos de la amazonía y equipo organizador:

—-Clikea en Reproducir en Navegador—-

Como actividades transversales se realizaron: Encuentro Colectivo Mujeres Amazónicas, el Campamento Permanente de Juventudes, Espacio Autónomo de los Pueblos Indígenas, visitas de campo en resistencia y alternativas de vida, el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza sobre una Amazonía Libre de Combustibles Fósiles, también la marcha y petición a las autoridades locales y nacionales por los 3 años de incumplimiento de la Consulta Popular por el Yasuní, talleres autogestionados, Feria agroecológica, gastronómica y artesanal, eventos culturales, la gran marcha del FOSPA y el Festival RIZOMA.

Más información la puedes encontrar en la página web: fospaecuador.com

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional del Colectivo Voces Ecológicas COVEC / Salva la Selva

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En agosto, el multimillonario de derecha Abelardo de la Espriella asumió como presidente de Colombia y prometió impulsar una agenda de extrema derecha, a pesar de haber ganado por menos de un punto porcentual frente al candidato de izquierda Iván Cepeda. Es característico de un tipo especial de extrema derecha asumir cualquier mandato y fingir que tiene la autoridad para transformar a la sociedad en su pantano tóxico. De los veinte Estados que generalmente se consideran parte de América Latina, once cuentan ahora con gobiernos de extrema derecha: Argentina (Javier Milei desde 2023), Bolivia (Rodrigo Paz desde 2025), Chile (José Antonio Kast desde 2026), Colombia (de la Espriella desde 2026), Costa Rica (Laura Fernández desde 2026), Ecuador (Daniel Noboa desde 2023), El Salvador (Nayib Bukele desde 2019), Honduras (Nasry Asfura desde 2026), Panamá (José Raúl Mulino desde 2024), Paraguay (Santiago Peña desde 2023) y Perú (Keiko Fujimori desde 2026).

La mayoría de estos líderes no provienen del antiguo círculo conservador, sino que forman parte de una nueva generación (Noboa es el más joven del grupo, nacido en 1987) con una edad promedio de 52 años. Se trata de hombres y mujeres que representan a las antiguas oligarquías de América Latina, las viejas familias con profundas raíces coloniales y vastas propiedades; sin embargo, estos líderes no tienen una sensibilidad aristocrática ni provienen de los partidos políticos conservadores establecidos. Son de naturaleza libertaria y muestran una lealtad descarada hacia los Estados Unidos y su agenda. Se presentan a sí mismos como patriotas, pero el patriotismo queda relegado ante la lealtad absoluta a Washington y a sus corporaciones.

Disparar a matar

La extrema derecha surge de una larga tradición de violencia sin ley por parte de la oligarquía, que se remonta desde el genocidio contra los indígenas hasta las dictaduras militares de la era de la Operación Cóndor. La impunidad ante la violencia ha sido el sello distintivo de esta clase y de sus representantes políticos, por lo que la extrema derecha actual no es más que fiel a su clase y a sus antepasados. Laura Fernández nació en 1986, un año antes de que el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, ganara el Premio Nobel de la Paz por su labor en la resolución de conflictos en Centroamérica (Costa Rica se despojó de su ejército en su Constitución de 1949). En su toma de posesión en mayo de 2026, Fernández declaró que tendría una “respuesta de mano dura” ante la delincuencia y que su “mano no temblará”. Tras los intentos de Gustavo Petro por alcanzar resoluciones pacíficas a los conflictos en Colombia, De la Espriella asumió el cargo con la opinión de que “los delincuentes también pueden recibir balas”, lo que sugiere un retorno al estado de guerra.

El enfoque de mano dura de Nayib Bukele frente a la delincuencia ha influido profundamente en la extrema derecha de América Latina, convirtiendo las detenciones masivas, los despliegues militares, el estado de emergencia y las megacárceles de El Salvador en un modelo político regional. Líderes y candidatos de Ecuador, Colombia, Costa Rica, Perú, Chile y otros países presentan cada vez más la delincuencia como una guerra que requiere un poder estatal excepcional, en lugar de la policía convencional y las políticas sociales. La popularidad de Bukele ha contribuido a normalizar las promesas de calles militarizadas, sentencias más severas, prisiones ampliadas y menores garantías procesales. Aunque los críticos documentan detenciones arbitrarias y abusos contra los derechos humanos, sus admiradores describen sus métodos como prueba de que un liderazgo decisivo y autoritario puede restablecer el orden allí donde las instituciones democráticas parecen ineficaces. Hasta ahora, la extrema derecha de un tipo especial ha presentado su enfoque antiliberal de la criminalidad – de hecho, hacia los barrios de los pobres – como la única solución eficaz frente a las narco-mafias y los delincuentes menores de los barrios.

Reversión de los logros sociales

En toda América Latina, la “Marea Furiosa» está intentando revertir los logros feministas mediante la restricción del aborto y la anticoncepción, el desmantelamiento de instituciones que abordan la violencia de género, el ataque a la educación sexual y la presentación del feminismo como una amenaza para la familia tradicional. En Argentina, el Gobierno de Javier Milei cerró el Ministerio de la Mujer, suspendió la distribución nacional de medicamentos para el aborto y recortó los programas de anticoncepción y de prevención del embarazo adolescente, lo que ha hecho que los derechos formales sean cada vez más inaccesibles, especialmente para las mujeres pobres y de clase trabajadora.

En Chile, legisladores de extrema derecha han propuesto obligar a las mujeres a escuchar los latidos del corazón del feto antes de poder acceder a uno de los abortos que el país permite de manera muy restringida, mientras que varios nuevos proyectos de ley castigarían las acusaciones supuestamente “falsas” relacionadas con la violación, el abuso sexual y la violencia doméstica. Estas propuestas podrían permitir que una persona acusada emprenda acciones legales contra quien presentó la denuncia una vez que se desestime el caso y, por lo tanto, intimide a las sobrevivientes; en términos de clase, esta amenaza recae con mayor fuerza sobre las mujeres de clase trabajadora, rurales, migrantes e indígenas que carecen de abogados, recursos económicos y protección institucional, lo que refuerza el control patriarcal al tiempo que hace más peligroso el acceso a la justicia.

Ceguera ante el genocidio

La extrema derecha no solo considera hoy en día la violencia fuera de la ley como su moneda de cambio, sino que celebra habitualmente la historia de los conquistadores contra los pueblos indígenas de las Américas, así como toda la panoplia de la civilización occidental (como lo hizo Milei en su discurso en Davos en 2024). La ceguera ante el genocidio es un hábito de la extrema derecha, razón por la cual no tiene absolutamente ningún reparo en mantener relaciones estrechas con los Estados Unidos y su política de buscar la subordinación de todo el hemisferio de las Américas a los intereses de Washington. Cuando Washington afirma que el camino hacia vínculos estrechos con él debe pasar por Tel Aviv, los gobiernos de extrema derecha se apresuran a forjar relaciones estrechas con Israel – a pesar del genocidio en curso contra los palestinos.

En junio de 2025, el embajador de Argentina en Israel, el rabino Shimon Axel Wahnish, anunció algo denominado los Acuerdos de Isaac, diseñados para establecer una relación estrecha entre los países latinoamericanos e Israel. El anuncio se produjo casi dos años después del inicio del genocidio, aunque los Acuerdos de Isaac propiamente dichos se establecieron formalmente en abril de 2026 en Jerusalén. Si bien Argentina e Israel son los únicos signatarios formales, en mayo, una conferencia celebrada en Buenos Aires reunió a funcionarios de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay, quienes firmaron una declaración en la que se pedía la ampliación de los Acuerdos de Isaac. Además, Bolivia (2025) y Colombia (2026) han restablecido relaciones diplomáticas con Israel, mientras que Venezuela (2026) ha reanudado los servicios consulares.

El desarrollo del subdesarrollo

Dentro de los palacios presidenciales y en las legislaturas, los gobiernos de extrema derecha han estado trabajando en agendas económicas elaboradas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La agenda es sencilla: garantizar que las corporaciones multinacionales con sede en Occidente tengan fácil acceso a las materias primas de América Latina, proteger las inversiones de estas corporaciones, permitir que la oligarquía participe en el robo de la riqueza social y disciplinar a la población en general mediante la imposición de medidas de austeridad inmediatas y la promesa de riqueza futura.

La mayoría de los países gobernados por la extrema derecha (Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay) se encuentran bajo programas de apoyo del FMI, mientras que otros países están en la mira para futuros programas del FMI. Lo fundamental no es el programa del FMI en sí mismo, sino un nuevo impulso por parte del FMI para garantizar una desregulación orientada a la inversión. El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina, promulgado en 2024, proporciona el marco para las leyes que se están aprobando en toda América Latina – siendo el programa de préstamos del FMI, como en el caso de Bolivia, dependiente de la aprobación de estas leyes para proteger la inversión (en su mayoría extranjera) en el país. El RIGI, un acuerdo a largo plazo, atrae grandes inversiones extranjeras al otorgar a las corporaciones amplios privilegios fiscales, aduaneros, cambiarios y normativos por hasta 30 años. Socializa los riesgos ambientales y económicos, al tiempo que privatiza las ganancias, debilita los ingresos públicos y limita la capacidad de los futuros gobiernos para regular el capital. Los trabajadores no reciben garantías igualmente sólidas de empleo estable, buenos salarios, producción local o beneficios públicos, mientras que los inversionistas multinacionales obtienen mayor poder para extraer los recursos de Argentina y trasladar las ganancias al extranjero.

El regreso de un liderazgo machista no podrá resolver los problemas de los pueblos de América Latina; pero sí tiene la capacidad de envenenar las relaciones sociales al enfrentar a las personas entre sí y, por lo tanto, debilitar su capacidad para construir su propia sociedad. Su objetivo es una transformación social total, no simplemente la promulgación de tal o cual ley. Se trata de una feroz contrarrevolución contra los logros alcanzados gracias al impacto de la Revolución Cubana y de la corriente bolivariana. Sin duda surgirán contradicciones, pero de manera lenta y cautelosa entre una población dividida por la precariedad y nuevas formas de piedad social.

Por: Vijay Prashad. Historiador y periodista indio. Es autor de cuarenta libros, entre los que se incluyen Balas de Washington, Una estrella roja sobre el Tercer Mundo, Las naciones oscuras: una historia del Tercer Mundo; Las naciones pobres: una posible historia del Sur Global y How the International Monetary Fund Suffocates Africa, escrito con Grieve Chelwa. Es el director ejecutivo de Tricontinental: Instituto de Investigación Social, corresponsal jefe de Globetrotter, y el editor jefe de LeftWord Books (Nueva Delhi). También ha hecho apariciones en las películas Shadow World (2016) y Two Meetings (2017).

Ilustración: Antonio Rodríguez

FUENTE: Globetrotter

CREDITO: Este artículo fue elaborado por Globetrotter y No Cold War

    Del 10 al 15 de agosto del presente se desarrolló en la ciudad de Quetzaltenango (Guatemala), talleres sobre seguridad y espacio cívico para personas defensoras ambientales de Centroamérica.

    En el mismo se trató diversos puntos sobre los retos del Acuerdo de Escazú en Centroamérica. Se señaló que, a 6 años de su firma, el Acuerdo sigue sin implementarse plenamente. Defensores enfrentan amenazas, SLAPPs (demandas estratégicas contra la participación pública) y violencia.

    El Acuerdo de Escazú es el primer tratado de América Latina y el Caribe que garantiza 3 derechos: acceso a la información ambiental, participación pública y justicia ambiental. Lo fiscaliza la CEPAL y busca que la ciudadanía pueda conocer, opinar y denunciar sobre temas como minería, agua, bosques y energía. Pero en la práctica, defender estos derechos tiene un costo muy alto.

   Según datos compartidos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en dichos talleres en Guatemala,  solo en 2025 se registraron 12 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Además, enfrentan estigmatización, amenazas, discursos de odio y demandas SLAPP, cuyo objetivo es “desgastar” y provocar una “muerte civil”.

     El Artículo 9 de Escazú obliga a los Estados a tomar “medidas urgentes de protección” a través de una Política de Protección Alineada, ya que “el termómetro es el estado de los defensores ambientales”.

Declaraciones de Irene Murillo Ruin, representante electa del público para el Acuerdo de Escazú

     La conclusión de los talleres es clara: Escazú no puede quedarse en el papel. Se necesita implementación plena, coherente y con recursos.

Por: Milena Umaña. Radio Temblor Internacional

¿Qué ocurre cuando la transición energética se convierte en una nueva forma de colonialismo?

Un nuevo informe documenta cómo la expansión de megaproyectos solares en el sur de Honduras ha provocado despojo territorial, conflictos sociales y criminalización de comunidades, mientras las demandas de las empresas limitan la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos y el ambiente.

La transición energética es indispensable para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esa transición reproduce las mismas relaciones de poder y despojo que históricamente han marcado la explotación de los territorios del Sur Global?

Esa es la pregunta que atraviesa El lado oscuro de la transición energética: colonialismo verde en el sur de Honduras, un informe elaborado por Luciana Ghiotto, Paloma Milá, Jen Moore, Aldo Orellana López y Karen Spring, publicado por el Institute for Policy Studies (IPS), el Transnational Institute (TNI), TerraJusta, la Honduras Solidarity Network (HSN), el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVida), la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH) y Cáritas Choluteca.

El informe surge a partir del encuentro “Sin Derechos Humanos No Hay Soberanía Energética”, realizado en julio de 2025 en Choluteca, Honduras, donde representantes de veinte comunidades afectadas por proyectos solares compartieron sus experiencias junto a organizaciones sociales e investigadores.

A partir de esos testimonios y de una investigación sobre el desarrollo del sector energético hondureño, el informe muestra cómo la expansión de los parques fotovoltaicos estuvo acompañada por promesas de empleo, desarrollo y energía limpia que no se tradujeron en mejoras para las comunidades. En cambio, documenta conflictos por la tierra, afectaciones ambientales, pérdida de control sobre los territorios y procesos de criminalización contra quienes resisten estos proyectos.

La investigación sostiene que el discurso de la transición energética global está ocultando una nueva forma de colonialismo verde. Bajo la retórica de las energías limpias y la economía verde, los países enriquecidos aseguran minerales, energía y otros recursos estratégicos en el Sur Global sin transferir tecnología, sin fortalecer capacidades industriales locales y trasladando a las comunidades los impactos sociales y ambientales que requiere su propia transición.

El caso hondureño muestra cómo ese modelo se consolida mediante mecanismos que priorizan la protección de las inversiones. El informe analiza cómo las demandas de arbitraje iniciadas por empresas contra Honduras generan una fuerte presión sobre el Estado y limitan su capacidad para fortalecer regulaciones ambientales y proteger los derechos de las comunidades afectadas.

Más que cuestionar la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, el informe invita a debatir qué tipo de transición energética se está construyendo, quiénes se benefician de ella y quiénes terminan pagando sus costos.

Acceder al informe: https://isds-americalatina.org/el-lado-oscuro-de-la-transicion-energetica-honduras/

CONTACTOS DE PRENSA

Para coordinar entrevistas o solicitar más información:

Jen Moore, Associate Fellow, Institute for Policy Studies – jen@ips-dc.org 

Lucía Vicente, TNI, l.vicente@tni.org +549 11 51459715.

La visita a Panamá del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth con el pretexto de combatir el narcotráfico y reunirse con militares estadounidenses que participan en el Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva. Además de observar los ejercicios de entrenamientos PANAMAX, lo cuales cuenta con la participación de más de 1,700 militares y policías de 21 naciones. Visita que cuenta con el beneplácito del Presidente Mulino, quien desde que comenzó su mandato se ha alineado totalmente a los designios de la administración de Trump.

Las organizaciones sociales y gremiales observan esta visita con preocupación, ya que la misma sigue en realidad el guión de hegemonía y dominio hacia Latinoamérica y en el caso de Panamá tomar control del Canal, a la vez que pone en peligro su neutralidad y pretende arrastrar al territorio panameño a conflictos internacionales que lleva adelante Estados Unidos con otros países.

Para las organizaciones sociales y gremiales, esta visita vuelve a colocar sobre la mesa una preocupación histórica: el papel de Panamá dentro de la estrategia geopolítica y militar de Estados Unidos en la región. El debate no debe limitarse a la cooperación en materia de seguridad, sino a la defensa de la soberanía nacional, la neutralidad del Canal y el derecho de Panamá a decidir su propio rumbo sin convertirse nuevamente en escenario de intereses militares extranjeros.

Declaraciones de Diogenes Sánchez, profesor e integrante de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF)

Por: Dania Betzy Batista Guevara. Radio Temblor Internacional