Realidad Ecuador

¿Hay democracia en Ecuador? Parte 5: Aparato estatal eficiente

2013-06-12T18:34:00.001-05:00

Daniela Chacón Arias analiza los rasgos de un estado eficiente en regímenes democráticos

Imagen tomada de: http://www.analistasindependientes.org/2012/08/la-burocracia-y-su-papel-en-la.html

En América Latina las prácticas de algunos regímenes han llevado a sectores académicos y analistas políticos a cuestionar si en efecto estos países pueden caracterizarse como democráticos. Los opositores llaman a estos gobiernos dictaduras, mientras que sus simpatizantes aseguran que estos países nunca han sido más democráticos. Sin embargo, la caracterización de estos regímenes no es una cuestión de discusiones maniqueas sino de un análisis de los elementos que identifican a las democracias.

A fin de contribuir a la discusión, hace algunos meses inicié una serie de artículos denominada “¿Hay democracia en Ecuador?” en la cual analizo las características que de acuerdo a los autores Linz y Stepan definen a un régimen como democrático. Éstas son: sociedad civil, sociedad política, estado de derecho, aparato estatal eficiente y sociedad económica. Cada artículo analiza una de las características para al finalizar la serie compilar el análisis y ensayar una suerte de caracterización del régimen de la revolución ciudadana. En esta quinta entrega me referiré a la cuarta y penúltima característica, aparato estatal eficiente.

Esta característica se refiere a la obligación del estado de proteger los derechos de los ciudadanos y de proveerles de los servicios básicos que estos demandan. Para esto se requiere de una burocracia que funcione y que cuente con los recursos para atender las demandas de los ciudadanos. Desde mi perspectiva, esta obligación incluye el generar condiciones de igualdad a fin de ir eliminando las brechas socio-económicas que azotan a nuestras sociedades. El cumplimiento de esta obligación está a cargo del estado pero con participación del sector privado a fin de que haya coparticipación en la creación de una sociedad más justa e incluyente.

El estado ecuatoriano no se ha caracterizado por ser eficiente o por tener presencia en todos los rincones del país. Por varios factores, que no atañen a este artículo, el gobierno ecuatoriano ha estado a disposición de unos pocos en detrimento del resto. De allí que uno de los motivos por los cuales un candidato sin experiencia política, sin partido consolidado pero con discurso de reivindicación triunfó en las elecciones del 2006 con más del 50% y continúa manteniendo un apoyo de similar magnitud 7 años después.

El gobierno de Rafael Correa ha contado con ingentes recursos económicos que le han permitido invertir en rubros que debían haber sido desarrollados décadas atrás. La inversión en infraestructura vial, en la modernización de los edificios públicos, en la provisión de servicios públicos y en infraestructuras educativas y de salud no tienen parangón. Asimismo, la labor que ha realizado el Servicio de Rentas Internas para incrementar la recaudación tributaria (más allá de que los impuestos han incrementado) ha rendido frutos siendo ésta el mayor rubro de ingresos del estado, lo que a su vez ha permitido se continúe con la inversión pública.

En un país como el nuestro, donde el estado prácticamente no existía, es bienvenido un gasto público que atienda necesidades básicas y dote a los ecuatorianos de una infraestructura que permita el desarrollo del país. La lucha contra las desigualdades sociales también ha sido parte importante de las políticas del gobierno de Correa. Recientemente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en un informe que recoge información del 2007 al 2012, señaló que Ecuador es uno de los países que más ha progresado en el Índice de Desarrollo Humano (IDH).

De igual manera, Correa ha estrenado su tercer mandato con la promesa de enrumbar al país hacia el desarrollo con el cambio de la matriz productiva. Hacía ya demasiado tiempo que no existía un gobierno con un plan serio y concreto para realizar este cambio y menos aún había hecho ésta una de sus prioridades.

Si bien este gobierno ha emprendido algunas iniciativas interesantes que podrían enrumbar al país fuera del subdesarrollo, existen algunas deudas pendientes (en seguridad especialmente) y no podemos tomar todos estos cambios sin beneficio de inventario. Las cantidades ingentes de dinero y grandes obras no pueden obnubilar nuestro criterio para exigir un gasto público de calidad, el uso eficiente y transparente de nuestros recursos y la evaluación de los resultados de las políticas públicas implementadas. El gasto público tan elevado no puede pasar desapercibido y los ciudadanos debemos exigir respuestas frente a la sostenibilidad del mismo y de las políticas públicas que dependen de él.

Un aparato estatal eficiente es fundamental para la existencia de un régimen democrático pero bajo el entendimiento de que el estado no lo es todo y que la sociedad civil, a través de las ONGs y las empresas privadas, también pueden colaborar para que este aparato sea más eficiente. Una de las deudas de este gobierno es precisamente esa sobredimensión del estado en detrimento de los otros sectores. Los ciudadanos somos los mejores jueces de nuestro destino y es nuestro deber involucrarnos en la conversación, ¿queremos vivir en un país donde el estado es quien comanda la economía y la vida en sociedad? O, queremos un estado más pequeño y eficiente que trabaja conjuntamente con el resto de sectores en el quehacer de la cosa pública.

14 Millones y el matrimonio igualitario en Ecuador

2013-05-28T12:08:00.000-05:00

Ítalo Sotomayor comenta las propuestas del colectivo 14 Millones y la intención del Presidente Correa de someter el matrimonio igualitario a consulta popular.

Imagen tomada de Telesurtv.net

Desde hace ya varias semanas y a propósito del inicio del tercer y último mandato del presidente Correa, un grupo de militantes católicos y otros tantos fundamentalistas han generado el debate propicio para la argumentación laica. Y es que aunque cueste aceptarlo y mucho más escribirlo en estas líneas, la sociedad ecuatoriana sigue permaneciendo en un estado de conservadurismo y falsa moral pública, que proviene de los dogmas de una Iglesia Católica inflexible y en muchos casos hasta retardataria. Claro, todos aquellos que predican dicha religión y cualquiera de sus derivaciones, está en su pleno derecho de hacerlo, pero ¿qué sucede cuando esos principios y dogmas rebasan la esfera individual de libertades y se plantea generalizar una creencia que no es compartida, ahí sí, por los 14 millones de ecuatorianos? Pues no puede pasar nada bueno.

Vida, Familia y Libertad reza el slogan adoptado por la agrupación 14 millones que busca reivindicar los valores de la concepción tradicional de familia. Dicen que la familia ecuatoriana se encuentra en una grave crisis de identidad, gracias a unas cuantas ideologías que pretenden vulnerar nuestro desarrollo social. ¿Es coherente lo que dicen y, mucho más, es pertinente lo que proponen? Parecería a simple vista que los postulados y principios que maneja esta organización resultan comprensibles, pues detentan el reconocimiento de una postura moralmente válida. ¿Pero dónde se equivocan? Precisamente en eso radica la razón de la crítica del presidente Correa –a la que yo me sumo- en la que expresaba su inconformidad frente a las mentiras y manipulaciones de esta organización. Y es que claro, quienes conforman este grupo han gastado interminables discursos en argumentar que desde el Gobierno, se promueven iniciativas abortivas, promiscuas e inmorales. Pero yo me pregunto, ¿promover una sexualidad responsable, el uso de anticoncepción oral de emergencia y un análisis legal en defensa de minorías sexuales es inmoral? No, claro que no lo es, pero la animadversión de cierta gente promueve que dichos tópicos no se analicen ni se discutan, sino que simplemente deben la historia debe abandonarlos.

Ya me he referido acá acerca de la política pública promovida por el Ministerio de Salud para el expendio gratuito de la pastilla del día después y he probado que dicha medida es necesaria como mecanismo de prevención de embarazo adolescente. Pero las estadísticas y la experiencia histórica resultan argumentos pocos motivados para “14 millones”. Aducen que es irresponsable distribuir la pastilla del día después sin el consentimiento de los padres y continúan con el desgastado y recursivo discurso en el que concluyen que es abortiva. La ciencia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado favorablemente en torno a la anticoncepción oral de emergencia y los más recientes análisis indican motivadamente que no existe riesgo de aborto ni desmedro alguno para la vida. Parece que se las ha olvidado que, en un Estado laico, la religión no dicta cómo ejercer derechos.

Gracias a los comentarios de esta organización, por primera vez en estos años de Gobierno se discute ampliamente sobre el matrimonio igualitario. El presidente Correa ha manifestado su total desacuerdo a esta medida porque contradice sus creencias y al tan manoseado Art. 67 de la Constitución de la República. Una lectura ligera a dicho artículo bastaría para percatarnos de que el matrimonio sólo puede darse entre hombre y mujer; derecho que se extiende a la adopción. Pero en el debate suele omitirse otro artículo que es igual de importante que el anteriormente citado. Este no es otro que el Art. 11, que garantiza que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos sin discriminación alguna. No promover esta iniciativa, sin duda constituye un orden regresivo en materia de derechos e, incluso, propondría una jerarquización en el ejercicio de los mismos. Correa ha dicho que el país merece atención prioritaria en otros tantos aspectos, que es inútil gastar el tiempo en la discusión del matrimonio igualitario, pero ¿acaso se dejarán de construir carreteras, hospitales y escuelas por discutir sobre este tema? Vamos, presidente, en otras ocasiones ha sabido darnos mejores argumentos. Para aprobar el matrimonio igualitario, se necesita de voluntad política y no de una amenaza de consulta popular, que sin duda ratificaría su sesgada opinión. Parece que el Presidente olvida, y lo hace de forma conveniente, que la discusión en materia de derechos no depende de lo que decidan las mayorías. En este caso, bien podrían la Asamblea Nacional e incluso la misma Corte Constitucional introducir un criterio interpretativo sobre la posibilidad de incluir al matrimonio igualitario en nuestra legislación.

Nada más alejado de la verdad que la tesis que ciertos grupos intentan imponer a modo de ley o precepto jurídico. El fin máximo de un Estado constitucional de derechos es el reconocimiento de su propio radio de acción, que sin duda está marcado por el laicismo en sus políticas públicas. Entendamos que la Biblia debe quedarse en las iglesias y la Constitución, en las manos de quienes pueden interpretarla en el sentido más favorable a los derechos y garantías de todos los ciudadanos. Entonces, ¿realmente somos 14 millones? Por favor, aprendan a contar.

¿Hay democracia en Ecuador? Parte 4: estado de derecho

2013-05-21T12:43:00.003-05:00

Daniela Chacón Arias explica por qué los sistemas democráticos necesitan contar con un estado de derecho.

Imagen tomada de: http://jmorenov15.blogspot.com/2010/07/medidas-innovativas-concepto-son.html

En marzo inicié una serie de artículos donde he analizado la situación de la democracia en el Ecuador. Este análisis se ha basado en las características principales de los regímenes democráticos que de acuerdo a los autores Linz y Stepan son: sociedad civil, sociedad política, estado de derecho, aparato estatal eficiente y sociedad económica. En esta cuarta entrega de la serie ¿Hay democracia en Ecuador? voy a analizar la tercera de estas características: estado de derecho.

De acuerdo a los mencionados autores, el estado de derecho implica el principio de que los poderes del estado estén sujetos al imperio de la ley y a la existencia de controles que aseguren el cumplimiento de este principio. Pero, ¿qué significa la sujeción al imperio de la ley? ¿Se refiere a cualquier ley aprobada por mayorías transitorias y coyunturales? ¿O es que existen ciertas normas o principios que deben ser siempre respetados? Como preguntó Madison en El Federalista número 10, ¿está acaso la democracia condenada a convertirse en la tiranía de las mayorías?

La democracia tiene sus límites. Una de las principales preocupaciones de Madison era precisamente que lo que el llamaba facciones puedan utilizar el sistema democrático para imponer sus intereses a la minoría, en desmedro de sus derechos. A decir de este autor, las facciones son “un número de ciudadanos, que puede ser tanto una mayoría como una minoría del total, unidos en un accionar motivado por pasiones o intereses contrarios a los derechos de los demás ciudadanos o contrarios a los intereses permanentes de la comunidad”.

De esta legítima preocupación, surgen los límites de la democracia. Por una parte, está la democracia representativa, también conocida como República, como la vía para que diferentes intereses se encuentren representados y se controlen los unos a los otros a través del sistema político (lo que ya hemos referido como sociedad política en esta serie). Por otra parte, está el concepto de que el poder de estos representantes es limitado, es decir que esté regulado por la Constitución y las leyes, en las cuales se expresan los límites fundamentales: el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y la existencia de un sistema de pesos y contrapesos que evita que el poder se concentre en una sola función. La importancia de estos límites radica precisamente en que no se haga realidad la preocupación de Madison, que mayorías formadas por actos electorales sean todopoderosas. En una verdadera democracia, estas mayorías no están legitimadas para imponer leyes que vulneren los derechos fundamentales de los seres humanos, ni para alterar el sistema de pesos y contrapesos. En una verdadera democracia, el poder será siempre limitado y por tanto su ejercicio deberá estar sujeto a una rendición de cuentas eficaz y oportuna. En este sentido, el poder judicial es uno de los elementos, sino el elemento, de la democracia que asegura que sus límites se respeten. De allí que la independencia de los jueces sea de vital importancia para que sus funciones no se vean afectadas por presiones externas y la ley pueda imperar en sus decisiones.

En los últimos años en Ecuador ha existido un progresivo deterioro de la democracia. El país ha vivido un proceso por el cual una mayoría legitimada en las urnas, utiliza dicho argumento para obviar los límites de la democracia. La lealtad a un proyecto político no debe estar por encima del respeto a los derechos individuales ni de la separación de poderes. El poder legislativo, ahora comandado por personas cuya más importantes cualidades son la lealtad y la belleza, se ha convertido en una máquina de procesar leyes del Ejecutivo, sin beneficio de inventario ni apertura a debate, y en una archivadora de denuncias de corrupción. Para muestra un botón, gracias a las órdenes emanadas de Carondelet, los legisladores están prohibidos de realizar pedidos de información a funcionarios del poder ejecutivo sin antes pasar por la presidencia de la Asamblea Nacional. Sin acceso a información, me pregunto ¿cómo se le puede pedir rendición de cuentas al poder? Y con una mayoría abrumadoramente oficialista, ¿se puede confiar en sus capacidades de auto fiscalización?

Algo similar sucede con el poder judicial, el cual fue reestructurado a través de una consulta popular que a los ojos de los principios democráticos aquí descritos fue claramente ilegítima. Desde entonces se han dado algunos casos que llevan a dudar sobre la independencia de sus decisiones, tales como; los cuestionados procesos del 30-S; los procesos referidos a injurias y desprestigio de la majestad de la presidencia de la república; los procesos por sabotaje y terrorismo de dirigentes sociales; el cambio de tipos penales para ajustar a los actos supuestamente delictivos; y el uso de herramientas como el error inexcusable (denunciadas por la veeduría internacional realizada a la reestructuración judicial) para disciplinar a los jueces.

El respeto a los límites de la democracia, por más antiguo que el concepto sea, sigue estando vigente, ahora más que nunca cuando se argumenta desde el poder que los votos legitiman cualquier decisión. Y está vigente no porque lo dijo Montesquieu, sino porque es la única garantía de la libertad.

Lo que Fander Falconí no dijo en The Guardian

2013-05-15T13:25:00.000-05:00

A raíz de un artículo de Fander Falconí en The Guardian, Héctor Yépez Martínez contrasta los avances económicos de Ecuador con los retrocesos de la democracia durante este gobierno.

www.michaelfairchild.com

“Ecuador comienza a rugir”. Así se titula el artículo que Fander Falconí —el mayor planificador estatal de Ecuador— publicó en abril en The Guardian para comparar el caso de los tigres asiáticos con Ecuador, al que calificó como el “jaguar de Latinoamérica”, utilizando la reciente frase del viceministro alemán Beerfeltz.

Sus argumentos son contundentes. Pese a la crisis, Ecuador creció al 4.3% en los últimos cinco años. En la región, tenemos la tasa más baja de desempleo, la tasa más alta de inversión pública (14%) y la reducción más acelerada de la desigualdad entre 2007 y 2011. Renegociamos los contratos petroleros. La deuda pública bajó del 24% al 4% del presupuesto estatal. Fortalecimos las cooperativas y mutualistas de crédito. Reconocimos los derechos de la naturaleza y lanzamos el proyecto Yasuní ITT.

Casi todo lo anterior es un logro indiscutible de este gobierno. Yo añadiría dos noticias. Una es extraordinaria: Ecuador es el país de la región que más subió en el Índice de Desarrollo Humano entre 2007 y 2012. La otra es menos buena: aunque este año creceremos más que el promedio regional, nos quedamos muy atrás del 9% de Panamá y 6% de Perú.

Pero a Falconí también se le olvidó mencionar otro detallito, acaso más importante: cada vez tenemos menos democracia en Ecuador.

Y la evidencia es abrumadora. Hoy no tenemos independencia judicial: la justicia es administrada por un Consejo de la Judicatura controlado por la Función Ejecutiva, a tal punto que el Presidente de ese Consejo, Gustavo Jalkh, era el secretario personal de Correa. Hoy tenemos menos libertad de expresión: los medios, periodistas, opositores y críticos son constantemente vilipendiados por el gobierno y acusados por el oficialismo ante un sistema judicial que él mismo controla, utilizando leyes que criminalizan la opinión y la protesta social. Hoy no existe división real de poderes ni, por tanto, contrapesos al gobierno: el oficialismo controla el Ejecutivo, el Legislativo, las cortes y la Fiscalía, la Función Electoral y los órganos de transparencia. Hoy no existe separación entre el Estado y el partido gobernante: constantemente se utiliza la comunicación estatal (a través de la SECOM) para hacer campaña a Alianza PAIS y para linchar mediáticamente a todos sus enemigos políticos. Hoy la participación y la libertad de los ciudadanos en la economía es cada vez menor frente a la colosal maquinaria de un Estado que sigue entre los más corruptos del continente.

Este diagnóstico no solo proviene de la prensa privada en Ecuador, que este gobierno sataniza, sino también de respetadas organizaciones y medios internacionales, como Amnistía Internacional, Freedom House, Transparencia Internacional, Human Rights Watch, The Wall Street Journal y The Heritage Foundation, Reporteros Sin Fronteras y The Economist.

Parece, entonces, que nuestra economía crece a la par que nuestra democracia disminuye. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental: ¿será que la Revolución Ciudadana es tan revolucionaria que ha inventado un modelo de sociedad donde las personas pueden vivir mejor con una democracia cada vez peor? ¿Acaso no importa tener democracia para alcanzar el “buen vivir”?

Aunque la democracia es el sistema de los países con las mejores economías del mundo, no siempre parece indispensable en el camino de los países en vías de desarrollo, como ha sucedido en China y Corea del Sur —¿y ahora Ecuador?—, si bien esta tesis es ampliamente discutida (vean este interesante panel sobre el tema en la Unesco).

Lo importante, más allá de la estadística, es reflexionar qué buscamos los ecuatorianos como sociedad. Es cierto que uno suele valorar bienes más “abstractos”, como la libertad, después de satisfacer necesidades más “básicas”, como la salud. Aun así, ya es hora de pensar si nuestro ideal social es un país donde la voluntad de cada ciudadano pesa cada vez menos en el ejercicio del poder. ¿Por qué debemos sacrificar la libertad para tener bienestar, si ambos no tienen por qué ser excluyentes? ¿Por qué, para tener educación, salud, vivienda o empleo, debemos renunciar a tener elecciones limpias, justicia independiente, seguridad jurídica, división de poderes y libertad de expresión?

¿Qué sucede con nuestra diplomacia?

2013-05-06T12:36:00.002-05:00

Ítalo Sotomayor comenta el impasse diplomático entre Ecuador y Perú por el violento incidente que protagonizó el embajador Rodrigo Riofrío en un supermercado de Lima.

El embajador ecuatoriano en territorio peruano ha sido protagonista de un acto grotesco, de esos que dejan para al análisis si es necesario colocar límites a la inmunidad de la que gozan los agentes diplomáticos de todo el mundo. Aunque inicialmente corrían los rumores de los actos de violencia en los que se lo vinculaba al embajador, los nuevos videos presentados por la prensa peruana en los últimos días y que han sido reproducidos por nuestros medios, dejan claro que no se necesita más defender lo indefendible. Lo que inicialmente pudo haber sido considerado como un conflicto personal, rápidamente llegó a convertirse en un problema de Estado, a tal punto de existir duras controversias entre la diplomacia de ambos países.

Como es de conocimiento público, el 21 de abril pasado el embajador ecuatoriano Rodrigo Riofrío, estuvo involucrado en una escena de violencia en contra de dos mujeres en un supermercado de la capital peruana. Aunque existen versiones encontradas de lo sucedido aquella noche, es claro – y así lo demuestran los videos- que nuestro embajador propinó golpes a aquellas mujeres e incluso, según aseveran las agredidas y unos cuantos testigos del incidente, insultó y vapuleó en duros términos a la cultura peruana. La actitud demostrada es sorprendente y detestable la demostrada, mucho más conociendo que se trata de una persona que ha dedicado 20 años al servicio exterior en representación de nuestro país. Es cierto que el embajador recibió primero las agresiones, pero éste, respondió con igual o mayor violencia de la inicialmente recibida. Bien pudo el embajador hacer llamar a su guardia personal o a la del supermercado para que controlaran los alaridos de aquellas mujeres, pero se decidió por arreglar la situación por mano propia, incurriendo en un grave error de cálculo.

¿Qué ha hecho Ecuador al respecto? Pues nada suficientemente lógico como para intentar solucionar este impasse diplomático. En primera instancia, el presidente Correa defendió sin más a Riofrío, argumentando haber revisado minuciosamente los videos y el parte policial, en el que “claramente” se evidencia que nuestro embajador era víctima de una agresión y que su respuesta fue justificada, pues lo hizo en legítima defensa. Comentario errado que incluso puede ser considerado como machista, pues justifica incondicionalmente la agresión. Luego, la cancillería ecuatoriana decidió enviar a tierras peruanas al vicecanciller Marco Albuja, a fin de que investigue los hechos sucedidos y consulte a Riofrío y a las autoridades diplomáticas peruanas, sus versiones sobre lo sucedido. Pero fue precisamente eso lo que hizo Albuja, simplemente consultó a las partes involucradas y al parecer evitó mediar para solucionar el problema, convirtiendo así a su viaje, en uno de mero trámite.

¿Cómo respondió Humala? Sin mayores dilaciones, convocó a consulta a su embajador y nuestro país, respondió en igual sentido, existiendo un efecto de reciprocidad diplomática válido en ambas naciones. Es conocido en materia de derecho internacional, que los Estados llaman a consulta a sus embajadores cuando en el país en el que desempeñan sus funciones diplomáticas, existe algún suceso que amerita ser conocido de primera mano por su gobierno; y, además, lo hacen también cuando existe algún descontento de un país y decide retirar a sus emisarios diplomáticos hasta que se resuelva el objeto o materia de la controversia. En el caso que nos atañe, es lógico que existe un claro descontento de la diplomacia peruana ante el manejo mediático que Ecuador está otorgándole a este asunto, al no existir un definitivo intento por escuchar las recomendaciones que el Congreso Nacional peruano, varios grupos feministas y el mismo Ollanta Humala, han hecho en aras de que se retire a Riofrío como embajador del vecino país.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, alumbra el sendero jurídico de lo que podría suceder en el caso de no existir una solución a este incidente. Es una potestad exclusiva y excluyente del Estado receptor, aceptar la permanencia de una misión diplomática o en su caso, del representante máximo de aquella misión. En este caso, no sería de controvertir en su momento, que el Estado peruano declarara como persona non grata al embajador Rodrigo Riofrío y si Ecuador persiste en su idea de defenderlo, el gobierno peruano estaría más que facultado para desconocer o declarar como inaceptable la permanencia de Riofrío. Toda esta facultad contenida en el Art. 9 de la Convención citada, corresponde un derecho inalienable de la diplomacia peruana en el que incluso, ni siquiera tendría que motivar o expresar fundamentación alguna por las declaraciones que hiciese.

“Si el embajador Rodrigo Riofrío no puede regresar a Lima, con el dolor del alma, el embajador peruano, Javier León, no podrá regresar a Quito". Estas fueron las declaraciones de Correa hechas durante su último enlace ciudadano, que claramente demuestran que el discurso no ha variado y que de forma sesgada se intenta hasta la saciedad, defender a un individuo que nada bueno puede ofrecer a la diplomacia ecuatoriana con acciones moralmente reprochables como las ya demostradas. El gobierno debe comprender que históricamente han existido esfuerzos mancomunados por mantener una relación pacífica entre nuestras naciones, por lo que un incidente callejero, no puede costarnos una nueva travesía diplomática que vulnere la convivencia bilateral entre Estados. Es de esperarse que la cancillería peruana declare como persona non grata a Riofrío y que no acepte su regreso a Lima, hasta que el gobierno ecuatoriano designe a un nuevo funcionario diplomático que represente a nuestro país en esas tierras. No sorprende el bajo nivel de análisis de la cancillería liderada por Patiño y secundada por Correa. Ya hace algún tiempo nos sorprendía con unas vagas declaraciones para justificar la droga encontrada en el equipaje diplomático, luego el asilo a Julian Assange y ahora, la escasa justificación por perpetuar en sus funciones a Riofrío. Al parecer, volverán a llegar mensajes antiecuatorianos desde territorio peruano.

¿Hay democracia en Ecuador? Parte 3

2013-04-30T10:40:00.000-05:00

Daniela Chacón Arias explica por qué la democracia necesita una sociedad política con elecciones libres, competitivas y justas, y con partidos políticos bien institucionalizados.

http://www.cird.org.py/periodico/200712/noticia1b.php

Hace más de un mes inicié una serie de artículos donde he analizado la situación de la democracia en el Ecuador. Este análisis se ha basado en las características principales de los regímenes democráticos que de acuerdo a los autores Linz y Stepan son: sociedad civil, sociedad política, estado de derecho, aparato estatal eficiente y sociedad económica. En esta tercera entrega de la serie ¿Hay democracia en Ecuador? voy a analizar la segunda de estas características: sociedad política.

La sociedad política implica la existencia de una competencia electoral libre y justa, donde los diferentes actores políticos puedan disputar periódicamente y sin limitaciones ilegítimas el ejercicio del poder. Para ello se requiere que la autoridad electoral aplique imparcialmente las normas que rigen estos procesos y garantice que la competencia se realice en igualdad de condiciones. El cumplimiento de estos requisitos permite que los ciudadanos tengan un abanico de opciones para elegir y que por tanto diferentes visiones puedan estar representadas. La sociedad política no sólo implica la existencia de procesos electorales libres y justos, sino que como corolario incluye el respeto a las instituciones básicas para seleccionar y controlar al gobierno: partidos políticos, oposición, elecciones, reglas electorales, alianzas políticas y el papel de la legislatura como fiscalizador del gobierno de turno.

Elecciones libres, competitivas y justas es uno de los elementos fundamentales de la sociedad política. Éstas se configuran cuando los actores políticos participan en la lid electoral en igualdad de condiciones y no enfrentan trabas para ejercer sus derechos políticos. El Comité de Derechos Humanos de la Unión Europea ha señalado que la competencia en igualdad de condiciones otorga a los electores esa libertad de votar por cualquier candidato, apoyar u oponerse al gobierno y poder formarse una opinión de manera independiente. Ello implica la ausencia de toda influencia, violencia, inducción o manipulación. Para que estas condiciones se cumplan efectivamente, se requiere de una autoridad electoral independiente que aplique reglas electorales, que garantizan una competencia libre y justa, de manera imparcial y apegada al derecho.

El último proceso electoral ecuatoriano estuvo marcado por una serie de irregularidades que ponen en tela de duda la calidad de las elecciones y la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE). En primer lugar, las reglas electorales fueron cambiadas ilegalmente, lo cual terminó beneficiando al partido de gobierno. El Art. 7 del Código de la Democracia prohíbe expresamente se realicen reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de las elecciones. Obviando esta norma, el CNE movió el calendario electoral inicialmente planteado para enero de 2013 a febrero de 2013 a fin de que los cambios introducidos por el Ejecutivo en el veto parcial a las reformas a este código se apliquen a estas elecciones y no en el 2017. Los cambios introducidos de esta manera fueron el método de asignación de escaños D’Hondt y la distritalización de las provincias más populosas del país. Estos cambios terminaron otorgando una sobre representación a Alianza País en desmedro de la representación de otros partidos.

Otro de los cambios que afectó la igualdad de condiciones en que debían competir los diferentes actores políticos se dio por el proceso de reinscripción al que se vieron sujetos los partidos y movimientos políticos. Dada la denuncia por falsificación de firmas, que aún sigue sin resolverse, las organizaciones políticas ya inscritas debieron volver a vivir el proceso desgastante de recolección de firmas, para lo cual debieron usar sus recursos económicos y humanos en desmedro de la promoción de sus cuadros y propuestas. Por el contrario, el partido de gobierno contó con la ventaja de que mientras sus militantes participaban del proceso de recolección de firmas, el aparato estatal promovía incesantemente a través de los medios de comunicación, antes y durante la campaña electoral, las obras del gobierno y por ende al candidato presidencial.

En este sentido, el CNE no cumplió cabalmente su papel de controlar las patentes desigualdades electorales en el proceso de febrero de 2013. El CNE debió sancionar el hecho que se realice publicidad estatal que claramente buscaba inducir el voto en vez de solicitar cordialmente a la Secretaría de Comunicación revea sus pautas, debió prohibir las sabatinas donde se promocionaba abiertamente al candidato presidencial de Alianza País y debió ser más efectivo en el control del uso de bienes públicos para la campaña electoral.

Cabe señalar que bajo ningún concepto estoy desconociendo la victoria del Presidente Correa y el partido de gobierno en la urnas, sin embargo las elecciones de febrero de 2013 y el proceso que llevó a las mismas no cumplió con las condiciones de justicia e igualdad a la que deben sujetarse; y la autoridad que debió asegurarse que así sea, no actuó en concordancia. Cuando las elecciones no son libres, justas y competitivas, no se puede hablar de elecciones democráticas.

Finalmente y trayendo nuevamente a colación las otras implicaciones de la sociedad política, quisiera hacer mención a la importancia de los partidos políticos en una democracia. Los partidos cumplen varias funciones trascendentales: socialización política, creación de opinión, armonización de intereses, formación de elites políticas, canalización de peticiones de la población hacia los poderes y legitimación del sistema político. A mayor institucionalización de los partidos, mejor representados estarán los ciudadanos y la calidad de la democracia incrementará. Si bien los partidos políticos ecuatorianos han dejado mucho que desear, su desaparición no es óptima para el fortalecimiento de nuestra incipiente democracia. Se debe propender a la consolidación de partidos políticos fuertes, con representación nacional que puedan articular las diferentes visiones de país y le otorguen verdadero pluralismo a este país declarado como intercultural y plurinacional. Lamentablemente, el uso del método D’Hondt más la distritalización de las provincias más populosas propende a la consolidación de un solo partido dominante y muchos partidos pequeños tratando de disputarse las migajas. El método D´Hondt es tan legítimo como cualquier otro, así como la distritalización es una práctica común en circunscripciones territoriales con alta densidad poblacional, sin embargo el uso combinado de estos genera un sesgo a favor de un partido. La organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, reportó que el uso de estos métodos otorgó al partido de gobierno 18 legisladores más de los que hubiese obtenido utilizando un método más favorable a representaciones más plurales. Bajo estas condiciones, el estado intercultural y plurinacional es por ahora sólo una declaración más en la Constitución.

El fin de la democracia venezolana... ¿o el principio?

2013-04-22T16:16:00.000-05:00

Héctor Yépez Martínez comenta las últimas elecciones venezolanas, pronostica el cercano final del chavismo y pregunta si la oposición liderada por Capriles será capaz de lograr la democracia en su país.

Maduro y Capriles. Imagen de www.cronista.com

Algunos han defendido hasta ahora el modelo chavista de Venezuela como una “democracia” bajo dos miopes argumentos. El primero: que Venezuela es democracia porque el pueblo elige su gobernante. El segundo: que es democracia porque su gobierno beneficia a la gran mayoría. Ambos argumentos siempre fueron falsos, pero hoy han terminado de desmoronarse con este último proceso electoral, en el que Nicolás Maduro —candidato chavista— ha sido proclamado vencedor por la autoridad electoral —también chavista— en medio de serias dudas que han desembocado en una ola vandálica de violencia política.

El primer argumento cae en la trampa del electoralismo, que confunde “democracia” con “elecciones”. En su nivel más básico, la democracia es un sistema político donde los ciudadanos tienen derecho no solo a elegir a sus mandatarios, sino también a ser elegidos en condiciones de igualdad. Parte de ello ocurría en la Venezuela de Hugo Chávez: los venezolanos podían elegir. Pero no todos los venezolanos podían aspirar a ser elegidos. No en condiciones de justicia y equidad, cuando toda la maquinaria estatal es ilegítimamente puesta al servicio de la promoción electoral del “candidato” en el poder.

El segundo argumento confunde la estructura de una democracia con los efectos de un gobierno. Muchos creen que un sistema es más o menos democrático según el número de gente que se beneficie por su administración. Nada más falso. Una monarquía o una dictadura pueden gobernar para las grandes mayorías. Y eso puede ser muy bueno, pero no por ello dejan de ser monarquía y dictadura. La diferencia con la democracia radica en la posibilidad de que esas mayorías puedan decidir su propio destino. O en la existencia de la libertad política garantizada como derecho de todos los seres humanos.

Hoy la situación de Venezuela empeoró con Maduro. Las anteriores falacias ya ni siquiera pueden disimular la autocracia que pretende, con las completas, imponer el sucesor de Chávez. Con estas elecciones, ni se ha respetado el derecho a elegir de los venezolanos, ni se puede decir que hoy la inmensa mayoría se siente beneficiada por el gobierno. Hay tan solo alrededor de 235 mil votos de diferencia con el opositor Henrique Capriles. Así dicen las autoridades. La verdad —ya que esas autoridades se rehúsan a recontar los votos— nunca la sabremos.

Con ese apretado resultado, Nicolás Maduro se autoproclama Presidente sin ninguna legitimidad política. Y digo que se autoproclama porque su “victoria” es bendecida por una autoridad electoral que se debe al propio chavismo. Legitimada por una fiscal general igualmente chavista. Defendida por el presidente chavista en un Legislativo que ahora niega el derecho de palabra a la oposición, luego de partirle la cabeza a un diputado. Y porque la única justicia a la que Capriles podría recurrir para defender a la mitad de toda la votación de Venezuela, también está secuestrada por el chavismo. Se trata de un sistema que cierra filas para defender a su propio candidato. Lo que el pueblo haya decidido, al fin y al cabo, les tiene sin cuidado. Mal que bien, antes Chávez procuraba guardar mínimas apariencias. Al menos vistió con respaldo popular su destrucción metódica de las instituciones democráticas. Hoy Nicolás Maduro ha perdido la vergüenza.

Aun así, hay buenas noticias: éste parece ser el principio del fin. A pesar de las circunstancias, el escenario actual es prometedor. Una victoria de la oposición habría sido suicida: difícilmente Capriles hubiera podido gobernar con los demás estamentos del Estado bajo el control del chavismo. Y, lo más grave, si las desastrosas políticas económicas de Venezuela terminaban de reventar durante el gobierno de Capriles, entonces los chavistas hubieran regresado seis años después para “salvar la patria” al son de los trinos mesiánicos del Comandante.

El fuerte olor a fraude electoral, la consolidación de la figura nacional de Capriles, la pésima candidatura de Maduro, son las mejores cartas que la oposición se lleva de esta elección para ganar espacios legislativos y seccionales antes de volver a la contienda presidencial, que se librará, probablemente, luego de que el régimen bolivariano haya implosionado entre la ineficiencia, la corrupción, el autoritarismo y las luchas internas por el poder.

Estamos atestiguando el fin de la autocracia chavista. De la oposición depende si en su gobierno atestiguaremos el comienzo —que, por cierto, no es retorno— de la democracia venezolana.

La pastilla del día después 2

2013-04-15T13:25:00.007-05:00

Italo Sotomayor Medina continúa el análisis sobre el expendio de la pastilla del día después utilizando base científica y jurídica verificable.

Imagen de Laredso

Era justo y necesario que otorguemos en este espacio una nueva entrega de lo ya inicialmente comentado por Héctor Yépez hace unos pocos días. Y es que las columnas de opinión nacionales, siguen abarrotadas con este tema que no deja de generar dudas ante las incongruencias de las que somos testigos a diario por parte de quienes aportan información poco veraz y verificada. Hay que entender que a pesar de que todos tenemos el derecho de expresarnos a favor o en contra de las medidas tomadas desde el Ministerio de Salud Pública, es mucho más razonable intentar comprender que este es un caso que amerita análisis jurídicos y científicos que aporten al debate laico que merece este tema. A continuación, detallaré unas cuantas motivadas razones por las que la pastilla del día después no es abortiva y sí constituye una herramienta útil para prevenir el embarazo adolescente.

Empecemos. La Tercera Sal del Tribunal Constitucional en una sentencia del 23 de mayo de 2006 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 297 el 22 de junio 2006, ya se refería sobre la pastilla del día después y su compuesto químico, el levenorgestrel. El caso signado con el número 0014-2005-RA, versa sobre una acción de amparo constitucional en la que se logró suspender el Registro Sanitario y por consecuencia, la comercialización y expendio de la pastilla Postinor 2. Sobre esta sentencia, hay quienes intentan sostener que la decisión del Tribunal irradia efectos generales sobre todas aquellas pastillas del día después o las que posean el compuesto químico levonorgestrel. Nada más alejado de la verdad, pues el Tribunal sólo resolvió la suspensión definitiva de la Postinor 2 y no sobre otros medicamentos que contengan levonorgestrel, aunque en su considerando Décimo Sexto, la Sala aboga porque las autoridades de salud correspondientes realicen un exhaustivo examen de los registros de otras pastillas que contengan esta progestina, nada dice acerca de que la resolución abarque otros medicamentes. Incluso, de haberlo hecho, estaría actuando ultra petita.

Es importante mencionar, que aunque la resolución es clara y determinante, existen varias omisiones sustanciales que pudieron haber nutrido en mejor manera el fallo de la Sala. Los vocales, nada dicen sobre evidencia científica existente sobre el levonorgestrel y en principio aceptan como válido los criterios propuestos por el accionante y secundan su requerimiento determinando como abortiva a la pastilla. En toda la resolución, no puede extraerse una cita sobre un estudio científico o médico, que establezca los efectos y repercusiones en el proceso reproductivo, embarazo y en la salud de la mujer, al ingerir el medicamento motivo de discusión. Además, el Tribunal recurrentemente critica y lamenta en su fallo que el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" no haya realizado un estudio más exhaustivo sobre la Postinor 2 y sólo se haya limitado en tramitar los permisos y más formalidad legales a la luz del reglamento para la aprobación del registro sanitario del medicamento. Pero, el Tribunal, nada hace por suplir la “omisión” criticada y en su resolución tampoco motiva su decisión en base científica verificada, lo cual convierte a su crítica en inválida. En todo caso, aunque la sentencia podría considerarse como un precedente jurisprudencial legítimo, esta no tiene relación directa alguna con la reciente medida adoptada por el MSP e incluso fácilmente podría verificarse su falta de motivación a la luz de recientes fallos de la CIDH sobre el derecho a la vida y su reconocimiento desde la concepción.

Por otro lado, es pertinente mencionar que el Reglamento para regular el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos en el Sistema Nacional de Salud, publicado en el Registro Oficial No. 919 el 25 de marzo pasado, no incluye ciertos criterios de evaluación que hubiese sido significativo para extender el aporte argumentativo de la medida. El Art. 138 de la Ley Orgánica de Salud, indica que previo a otorgar un registro sanitario, debe contarse con los estudios técnicos científicos liderados por Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, y además, por laboratorios, universidades y escuelas politécnicas. El reglamento nada menciona sobre loes estudios o aportes académicos de ninguna otra institución de las que indica el citado artículo, por lo que debería inferirse que quizás no se trabajó en conjunto con ningún otro organismo. Pero a pesar de aquello, el Reglamento encuentra asidero argumentativo en la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) que en una reunión de marzo de 2012, se manifestó que la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) no produce efectos abortivos ni impiden la implantación, lo cual es concomitante con el criterio manifestado por la OMS. Es precisamente este organismo internacional de las Naciones Unidas, el que se ha manifestado a favor de la salud sexual y reproductiva y en más de una ocasión ha ratificado que la AOE produce un enlentecimiento de la capacidad de movimiento de los espermatozoides o una supresión temporal de la ovulación, esto es, todo el proceso previo a la implantación, pues una vez que sucedida esta, el levonorgestrel resulta inoficioso en el embarazo y no puede producir un aborto.

Como corolario de lo mencionado, es preciso también citar las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INEC) que presenta muestras verificables del embarazo adolescente. En ese sentido, se estima que existen 122.301 madres adolescentes en el Ecuador, de las cuales el 34.1% tienen instrucción primaria y el 56.7% restante, instrucción secundaria. Además, se indica que en el 2011 existieron45.708 partos en madres adolescentes, lo cual fundamenta el incremento porcentual del 2.3% que ha tenido el país en los últimos 10 años sobre embarazo adolescente. Cifras alarmantes que bien pueden ser resueltas, y no digo que sea la única manera de hacerlo, mediante una cultura anticonceptiva. Nuestra sociedad no se muestra indiferente al respecto y reconoce, según una encuesta de CEDATOS, que el 97% de la población ecuatoriana no sólo que está de acuerdo que se enseñe en las escuelas y colegios sobre educación sexual, sino que esta incluya información sobre métodos anticonceptivos, lo cual insisto, es una preocupación compartida por la OMS. Además, se indica que el 84% de hombre y el 79% de mujeres, está de acuerdo en que los jóvenes utilicen métodos anticonceptivos. Es por eso, que bien hace este Gobierno en realizar campañas de educación y en ese sentido la ya iniciada “Habla serio Sexualidad sin misterios” es una manera de persuadir a jóvenes y adultos de que deben ser más responsables en su sexualidad y abogar por una educación sin tapujos no rezagos morales.

Ahora, aunque ya he utilizado este sistema de interpretación en otros de mis artículos, creo que en este caso es más que pertinente volver a referirme al test de proporcionalidad. El Estado ha contemplado el expendio de la pastilla del día después como mecanismo de reconocimiento de los derechos sexuales de nuestra comunidad, y en esa misma línea, la medida reconoce un fin constitucionalmente válido, que no es otro que el derecho a la salud sexual y reproductiva. ¿La medida es idónea para garantizar este fin? Sí, pues significará una decisión libre y voluntaria de la persona de acceder al medicamente y detener un embarazo no deseado. Finalmente, ¿existe equilibrio entre la protección y la restricción constitucional? Nuevamente sí, pues al evitar embarazos no deseados cualquier otro derecho queda en suspenso, al ser este uno individual e irreductible. En este caso, el derecho a la vida no está en discusión, pues se ha comprobado hasta la saciedad que la concepción, seguirá siendo protegida pues el medicamento no atenta contra este estado gestacionario.

Es claro que no existirá un consenso sobre los métodos anticonceptivos y sobre la salud sexual y reproductiva, pero es precisamente ese punto de inflexión en el que debe desvirtuarse cualquier intento de hegemonía moral o religiosa. Cada quien puede ejercitar sus criterios en el sentido que estime conveniente, pero intentar que una determinada opción moral se convierta en una norma o precepto jurídico, deja mucho que desear. Los padres aunque puedan reclamar que tienen la patria potestad de sus hijos y que hasta que no se emancipen de ellos, no pueden tomar decisiones libres sobre su vida, no existe impedimento alguno para que un adolescente o un menor adulto, se acerque a un centro de salud y pida información sobre métodos anticonceptivos para que pueda utilizarlos responsablemente como prevención de un embarazos. ¿Acaso un adolescente anuncia a sus padres que va a tener relaciones sexuales? No lo hace y de igual forma, no pedirá su asistencia para utilizar cualquiera que fuese el método de prevención. La pastilla del día después será entonces una política de salud pública, de prevención de embarazos adolescentes y que redundará en un control de natalidad algo más eficiente.

¿Hay democracia en Ecuador? Parte 2

2013-04-08T09:40:00.003-05:00

Daniela Chacón Arias analiza los elementos que posibilitan la existencia de sociedades civiles vibrantes en regímenes democráticos y qué se necesita para que estas existan en el Ecuador.

http://luissadnes.blogspot.com/2013/01/desarrollo.html

En mi artículo anterior inicié la primera de una serie de artículos donde analizaré la situación de Ecuador frente a las características principales (sociedad civil, sociedad política, estado de derecho, aparato estatal eficiente y sociedad económica) que de acuerdo a los autores Linz y Stepan definen a regímenes como más o menos democráticos, a fin de aportar al debate sobre la calidad de democracia en este país.

En esta segunda entrega de la serie ¿Hay democracia en Ecuador? voy a analizar la primera de estas características. La sociedad civil implica la existencia de garantías legales para que los ciudadanos puedan asociarse y expresar libremente sus opiniones y valores sin que existan represalias de ningún tipo. Los miembros de estos grupos, organizados en ONGs, cámaras, asociaciones de individuos, etc, no necesitan haber ganado elecciones para promover legítimamente sus causas. La existencia de la sociedad civil permite que se discutan diferentes visiones y que se fiscalice desde la sociedad al poder público.

Para entender mejor la caracterización realizada por Linz y Stepan quiero acudir a Habermas para quien la sociedad civil tiene dos componentes principales uno institucional y otro social. El primero se refiere al conjunto de instituciones que enmarcan y permiten el ejercicio de los derechos civiles, políticos y económicos de los ciudadanos, y el segundo se refiere a los valores, principios y demandas sociales que las diferentes organizaciones plantean continuamente, así como la vigilancia de la aplicación de sus derechos adquiridos.

Es así que la sociedad civil es el espacio donde los ciudadanos interactúan con el Estado y el mercado. En este espacio, los ciudadanos agrupados en una infinidad de organizaciones no estatales, comunican sus intereses, generan consensos, libran batallas de valores y buscan influenciar los procesos políticos para que sus intereses sean universalizables. La importancia de una vibrante sociedad civil radica precisamente en la existencia de un ámbito independiente donde se definen problemas sociales, se sugieren soluciones, se dan interpretaciones distintas a las que el poder público o el mercado entregan, se fijan nuevas identidades colectivas y se ejerce presión a favor de ciertas políticas. Además, la sociedad civil cumple otro papel fundamental que es reaccionar ante las interferencias del Estado y el mercado y denunciar sus abusos.

No todos los intereses de las organizaciones que conforman la sociedad civil son universalizables y por supuesto que habrá ocasiones en las que ciertas asociaciones pretendan defender privilegios, sin embargo estos son riesgos que las sociedades deben asumir en el proceso de formación de la opinión pública y la adopción de políticas públicas. Es precisamente en este espacio y bajo la esfera del Estado de Derecho, donde los diferentes actores definen qué intereses son legítimos y pueden ser adoptados universalmente. Esta interacción es la que da legitimidad a los procesos políticos ya que no basta con votar y echarse para atrás a esperar que los representantes tomen decisiones, sino formar parte activa de la construcción de estos procesos.

Para que este proceso de interacción sea exitoso debe regirse por ciertas reglas tales como la libertad, la igualdad de las partes y la no coacción. Las libertades, de asociación, reunión y de expresión, son entonces uno de los puntos clave para que las diferentes organizaciones puedan articular sus intereses y la no coacción es la contrapartida fundamental de este principio. Cuando existen barreras legales, económicas o sociales para que las diferentes organizaciones de la sociedad civil puedan articular sus intereses, se cae en el riesgo de que sea únicamente el Estado o el mercado los que construyen los procesos políticos dejando fuera otras visiones que son tan legítimas como aquellas emanadas de estas dos instituciones.

En el Ecuador de hoy, ¿tenemos una sociedad civil vibrante? Me atrevo a decir que nuestra sociedad civil aún está en pañales y que en vez de avanzar para empezar a caminar y consolidarse, corre el riesgo de retroceder y ser cooptada por el Estado omnipresente. La sociedad civil en el Ecuador enfrenta una serie de barreras, por ejemplo, el reglamento que regula la materia ha sido modificado por este gobierno* para establecer restricciones a sus actividades y coartar su proliferación.

Así por ejemplo se exige que para crear organizaciones no gubernamentales (ONG) se requiere de US $400 o $4000 de capital inicial (dependiendo del tipo de ONG) impidiendo que personas de escasos o medianos recursos puedan asociarse legalmente para defender sus intereses. Por otro lado, si bien las ONGs están exentas de impuestos, aquellas personas que donan recursos no pueden deducir dichas donaciones de sus impuestos, desincentivando una cultura de aportes y condenando a las ONGs a vivir de la cooperación internacional. Lo que es más grave es que este reglamento establece como causal de disolución de una ONG el: “Comprometer la seguridad o los intereses del Estado, tal como contravenir reiteradamente las disposiciones emanadas de los Ministerios u organismos de control y regulación”. Esto implica que existe una discrecionalidad absoluta de parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo para determinar si una ONG continua existiendo o no.

Ya vimos un ejemplo en el caso de Acción Ecológica, a la cual sometieron a un proceso de despojo de su personería jurídica por expresar una opinión política sobre la minería en el Ecuador. Otro ejemplo es el caso de Fundamedios que se ve sometida constantemente a vejaciones en las sabatinas presidenciales por denunciar el deterioro de la libertad de expresión en el país. Lamentablemente no hay muchos ejemplos más ya que existen pocas organizaciones de la sociedad civil que enfrentan al poder o transmiten posiciones políticas.

Las organizaciones de la sociedad civil no solo existen para hacer obras sociales o para agrupar profesionales o religiosos, sino que también existen para enfrentar y controlar al poder desde la visión que defienden y para promover sus legítimos intereses. En este sentido, la sociedad civil también es eminentemente política y ello no es deleznable. Sin organizaciones, asociaciones o movimientos que tengan un espacio para promover sus legítimos intereses no existe sociedad civil y sin sociedad civil no hay democracia.

* Decreto 2372 (Suplemento del Registro Oficial 16, 6-II-2007), Decreto 610 (Registro Oficial 171, 17-IX-2007), Decreto 848 (Registro Oficial 253, 16-I-2008), Decreto 982 (Registro Oficial 311, 8-IV-2008), Decreto 1389 (Registro Oficial 454, 27-X-2008), Decreto 1795 (Registro Oficial 628, 7-VII-2009), Decreto 109 (Suplemento del Registro Oficial 58, 30-X-2009), Decreto 812 (Registro Oficial 495, 20-VII-2011).

La pastilla del día después

2013-04-01T12:23:00.003-05:00

Héctor Yépez Martínez analiza si es lícito que el Ministerio de Salud distribuya gratis la "pastilla del día después" a toda la población.

ecbloguer.com

El Ministerio de Salud ha desatado una polémica nacional, al obligar a los establecimientos públicos de salud a garantizar el acceso “gratuito y oportuno” a la pastilla del día después a toda la población en general, incluyendo a “adolescentes, jóvenes y mujeres que lo requieran”. La medida tiene severas implicaciones morales, religiosas y médicas, que no voy a comentar en este artículo. Me limitaré a contestar solo una pregunta: ¿es lícito que el Estado distribuya la pastilla del día después?

Yo he argumentado en otro artículo que el aborto puede ser despenalizado ya que la sanción de cárcel no es un método eficaz para combatirlo. Pero mi tesis es que, si bien el aborto puede no estar en el Código Penal, tampoco es un derecho de ninguna mujer. Nadie tiene derecho a quitar una vida ajena. Así, penalizado o no, el aborto sigue siendo un acto ilícito, que atenta contra el derecho a la vida, y el Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, promocionar la comisión de actos ilícitos.

Por tanto, la pregunta del millón es si, a la luz del Derecho, la pastilla del día después es o no abortiva. Y para eso necesitamos resolver dos cuestiones. La primera es de carácter médico: ¿la pastilla actúa antes o después de la fecundación del óvulo? La segunda es de carácter jurídico: teniendo en cuenta que tanto la Constitución ecuatoriana (artículo 45) como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 4.1) garantizan la protección de la vida desde el momento de la concepción, ¿qué se entiende por “concepción” desde el punto de vista legal?

Sobre lo primero, hay opiniones divididas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud afirma que la píldora del día después solo tiene eficacia para impedir la fertilización y es totalmente ineficaz cuando ya el óvulo ya ha sido fecundado. Según la Organización, es falso que la píldora detenga la implantación del óvulo fertilizado. Por tanto, para quienes consideramos que la vida humana empieza desde la fecundación, si la píldora actúa antes de ese momento, sería anticonceptiva y no abortiva.

Sobre lo segundo, en noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del caso Artavia Murillo y otros (Fecundación “in vitro”) vs. Costa Rica (párrafo 189), resolvió que la concepción empieza desde la implantación del óvulo fecundado en la pared del útero, porque solo desde entonces puede subsistir la nueva vida humana y, por tanto, a partir de ese momento comenzaría la protección legal de la vida según el artículo 4.1 del Pacto de San José. Los argumentos de la Corte, debo admitirlo, no me persuaden: la vida humana no es menos vida por necesitar adherirse a la pared del útero, como un enfermo terminal no deja de estar vivo por necesitar de una máquina para subsistir. Tanto es así que la misma Corte admite que no hay consenso científico para determinar si la concepción debe entenderse desde la fecundación o desde la implantación. Yo pienso que, en un tema tan delicado, si no hay consenso, lo prudente es inclinarse por el riesgo menor, que es proteger la vida desde la fecundación.

Sin embargo, para efectos jurídicos, la opinión que vale no es la mía, sino la de la Corte Interamericana. Y, por tanto, nos guste o no, cualquier método que actúe antes de la implantación no es abortivo a la luz del Derecho. Dicho criterio, por supuesto, prevalece sobre una sentencia del Tribunal Constitucional ecuatoriano que, en el año 2006, consideró abortiva a la píldora del día después.

Entonces, vamos a las conclusiones. Si la Organización Mundial de la Salud está en lo cierto, la píldora no sería abortiva bajo ninguna óptica, al actuar antes de la fecundación. Y si está en un error, la píldora no sería abortiva desde la perspectiva legal, al actuar antes de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido como “concepción”. Eso no quita, por supuesto, el derecho que tiene cualquier persona para manifestar su público desacuerdo con la medida del Ministerio de Salud por motivos morales o religiosos, en legítimo ejercicio de la libertad de expresión y la participación ciudadana en temas de interés público.

NOTA: Este artículo es una rectificación del originalmente publicado el 1 de abril de 2012 en el blog RealidadEcuador.com, donde afirmé que la pastilla era abortiva, obviando la conclusión de la Organización Mundial de la Salud y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica. Dichos errores fueron advertidos por las cuentas de Twitter @CarlosTorresAlm y @dsalazaca, a cuyos usuarios agradezco por sus oportunas réplicas y a quienes debo esta corrección.

Pastor Zavala: debut y despedida

2013-03-25T21:34:00.001-05:00

Italo Sotomayor Medina analiza la reciente sanción dictada por el Tribunal Contencioso Electoral en contra del Pastor Nelson Zavala por emitir comentarios homofóbicos durante la campaña electoral.

Foto tomada de El Mercurio

El Pastor Nelson Zavala ha tenido la peor de las participaciones políticas de los últimos años. Terminó último en la lista de aspirantes a la presidencia de la República, culminó su vínculo político con el PRE y como si esto fuera poco, recientemente recibió una sanción del Tribunal Contencioso Electoral que lo inhabilita a ejercer sus derechos políticos por un año. Todo un efecto dominó que sin duda lo resigna a mantenerse dentro de la prédica religiosa y alejado del claustro electoral. Ante la sanción económica y política en contra del excandidato, es justo y necesario analizar los preceptos jurídicos contenidos en el Código de la Democracia y en la Constitución, para determinar si existió una decisión motivada jurídicamente.

La comunidad GLBTI a lo largo de la campaña electoral, presentó quejas formales sobre los comentarios que a diario y recursivamente, hacía el Pastor Zavala en claro menosprecio a la orientación sexual y forma de vida de este conglomerado humano. Ante este hecho, el Consejo Nacional Electoral expidió una resolución en enero pasado en la que expresaba que se prohibía “a los candidatos la emisión pública de cualquier expresión que discrimine o afecte la dignidad de las personas, o utilicen símbolos, expresiones o alusiones de carácter religioso". Fue precisamente, el incumplimiento de esta resolución y la reincidencia por esgrimir comentarios que inducen a la intolerancia, que el colectivo Igualdad de Derechos ¡Ya!, escudados en el Art. 215 No. 2 del Código de la Democracia, decidió presentar una queja ante el Tribunal Contencioso Electoral. Fue este último órgano, el que finalmente aceptó a trámite la queja, impuso la sanción, negó la apelación propuesta por el Pastor y remitió el expediente a la Fiscalía para que investigue si existen indicios suficientes para calificar los comentarios, como propios de un delito de odio.

Pero, ¿qué sucede cuando existen derechos en conflicto? Este es un invaluable caso en el que no tiene desperdicio utilizar a la ponderación como herramienta de solución. En un extremo, encontramos al Pastor Zavala, escudado en el Art. 66 No. 6 y 8, que versa sobre la libertad de expresión y el derecho de profesar en público su creencia religiosa; y del otro lado de la orilla, tenemos a la comunidad GLBTI, legitimados por el Art. 11 No. 2 sobre su derecho a no ser discriminados en razón de su orientación sexual. Ambas, posturas legítimas que al encontrarse en pugna producen un claro conflicto para las autoridades que están llamadas a interpretarlas, en este caso en particular, el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ¿los derechos del Pastor y los que propugna la comunidad GLBTI son igual de válidos? Sí, pues ambas posturas se encuentran respaldadas en la ley fundamental, pero en el caso que nos atañe, la autoridad ha hecho prevalecer los derechos de la no discriminación sexual y ha dejado en suspenso el de la libertad de expresión religiosa. En ese sentido, creo pertinente remitirnos al Art. 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control de Constitucional, que establece el principio de proporcionalidad como método de interpretación. Aunque el proceso referido no es uno propiamente constitucional, los derechos en conflicto sí que lo son. Veamos:

· Que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido: En este caso, la medida (la sanción impuesta por el TCE y la restricción de sus derechos) protege un fin constitucionalmente válido, esto es, evitar el discurso homofóbico y repudiar jurídicamente la discriminación.

· Que sea idónea: La medida es necesaria para restringir los comentarios que promueven la discriminación y la intolerancia. Además, ante el caso omiso a la resolución prohibitiva del CNE, el Pastor Zavala era jurídicamente viable para ser susceptible de una queja ante el órgano electoral. No sólo que crea un precedente, sino que también significa una clara señal de alerta para los actores políticos actuales y futuros.

· Que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional: El TCE, ha establecido como conveniente establecer la sanción máxima al Pastor, esto es, la inhabilitación de un año de sus derechos políticos y el pago de una multa equivalente a 10 salarios básicos. Todo esto, por los comentarios esgrimidos durante la campaña electoral desde sus inicios y al escudarse en un gastado y mal utilizado derecho a la libertad de expresión religiosa, que agotó los límites permitidos. En este sentido, el TCE, prefirió precautelar los derechos de una comunidad que nada hace en contra de la sociedad, que aunque contradiga los preceptos religiosos (dicho sea de paso caducos y retrógradas) de un hombre que pudo haber expresado de forma más mesurada su animadversión contra este colectivo.

Ahora bien, aunque en el plano jurídico-constitucional el Pastor Zavala y quienes lo secundan, tienen todas las de perder, creo que también es pertinente, dentro de lo posible, entender la postura moral y religiosa del excandidato. Hay quienes argumentan con precisión, que la moral y la religión se encuentran en un camino pantanoso donde es difícil alguna posibilidad de acuerdo entre posturas contrapuestas. No es inmoral la postura que plantea el reconocimiento a la libertad religiosa, ni lo es aquella que plantea la no discriminación por asuntos de orientación sexual, sino que ambas se encuentran revestidas de legitimidad y deben ser respetadas bajo un carácter de reciprocidad. Cualquier intento de desconocer alguna de las antes mencionadas posiciones, mediante el uso de la vía judicial, correspondería a un desconocimiento de una posición moralmente válida. Pero, al entrar en conflicto y contradicción, es necesario que el órgano competente intervenga y resuelva lo que constitucionalmente corresponda. Aquel intento de hegemonizar una postura religiosa, como un intento fallido de moral pública, no merece más que ser considerado como retardatario y falaz.

La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, crea sin duda un precedente histórico e incluso inédito en el arquetipo jurídico ecuatoriano, pues en nulas o escasas ocasiones, se ha visto que desde un poder o autoridad pública se expidan resoluciones que garanticen la inviolabilidad de los derechos del colectivo GLBTI. Tal parece que cualquier discurso radical, más propio para la Edad Media y no para estos tiempos modernos, es rechazado, al menos electoralmente, por los ecuatorianos. Zavala equivocadamente inició una cruzada en contra de los homosexuales, calificándolos de inmorales y contrarios a la naturaleza, expresiones todas estas que no deben considerarse como existentes dentro de las esfera del derecho a la libertad de expresión, sino más bien, como un discurso propio de conservadurismo que aún algunos mantienen como argumento. ¿Hasta cuándo seguirá siendo la Biblia y no la Constitución, la fuente de consulta para ciertos sectores?

¿Hay democracia en Ecuador? Parte 1

2013-03-18T10:12:00.000-05:00

Daniela Chacón Arias presenta las características que determinan si un país es democrático o autoritario.

Mi artículo de la semana pasada suscitó varias interrogantes respecto del concepto de democracia al que me refería y si en efecto tenemos democracia en este país. Considero que son pocos los países, o tal vez ninguno, los que han llegado a cumplir con todas las características que hacen una democracia, de allí que los académicos hablan sobre un espectro de cumplimiento que se mueve entre democracia y autoritarismo.[1] Zonas grises[2] es la denominación que se da a aquellos regímenes que no son ni autoritarios ni enteramente democráticos.

Los autores Juan Linz y Alfred Stepan han hecho una excelente labor compilando, en cinco características[3], lo que la literatura política ha discutido por siglos respecto de qué comprehende la democracia. La primera característica, llamada sociedad civil, implica la existencia de garantías legales para que los ciudadanos puedan asociarse y expresar libremente sus opiniones y valores sin que existan represalias de ningún tipo. Los miembros de estos grupos, organizados en ONGs, cámaras, asociaciones de individuos, etc, no necesitan haber ganado elecciones para promover legítimamente sus causas. La existencia de la sociedad civil permite que se discutan diferentes visiones y que se fiscalice desde la sociedad al poder público.

La segunda característica, llamada sociedad política, implica la existencia de una competencia electoral libre e incluyente, donde los diferentes actores políticos puedan disputar periódica y legítimamente el ejercicio del poder. Para ello se requiere de un aparato estatal que aplique imparcialmente las normas que rigen estos procesos, necesariamente anclados en un estado de derecho. Un país que cumple con esta característica aprecia y respeta las instituciones básicas sobre las que se construye una sociedad para seleccionar y controlar al gobierno: partidos políticos, oposición, elecciones, reglas electorales, alianzas políticas y la legislatura. La importancia de la sociedad política radica precisamente en la posibilidad de que diferentes visiones estén representadas y sean escuchadas.

La tercera característica es el estado de derecho. La sociedad civil, la sociedad política y el gobierno están todos obligados a respetar y defender el imperio de la ley. Y es aquí donde entra el concepto de estado constitucional de derecho, donde las reglas que rigen a estos actores son más que reglas adoptadas por mayorías transitorias o coyunturales, sino regulaciones ancladas en el principio de respeto a la constitución y los derechos consagrados en ésta. Un poder judicial autónomo es fundamental para la existencia de un estado de derecho ya que es éste quien controla a los demás poderes en sus intentos de quebrantarlo.

La cuarta característica, llamada aparato estatal eficiente, se refiere a la obligación del Estado de proteger los derechos de los ciudadanos y de proveerles de los servicios básicos que estos demandan. Para esto se requiere de una burocracia que funcione y que cuente con los recursos para atender las demandas de los ciudadanos. Desde mi perspectiva aquí cabe agregar la obligación que tiene la sociedad de generar condiciones de igualdad a fin de ir eliminando las brechas socio-económicas que existen en nuestras sociedades. El cumplimiento de esta obligación está a cargo del Estado pero con participación del sector privado a fin de que haya coparticipación en la creación de una sociedad más justa e incluyente.

La quinta y última característica, se conoce como sociedad económica. Ello implica la co-existencia del Estado y el mercado. Linz y Stepan, afirman que, y yo concuerdo con ellos, no puede existir democracia donde sólo el Estado o el mercado son los únicos actores económicos. Yo interpreto este presupuesto como que el Estado debe garantizar un sistema económico que conduzca a la igualdad de oportunidades para todos y a la creación de fuentes de trabajo y de riqueza que permitirán la movilidad social. Debe ser un Estado institucionalmente fuerte y no gordo que apoye la creación y expansión del mercado a través de tres medidas principales: la definición y aplicación reglas para la actividad comercial, el apoyo a la operación y el desarrollo continuo de la empresa privada, e intervención en los momentos de fracaso del mercado.

En base a estas características le invito a usted, estimado lector, a que se pregunte en qué parte del espectro se encuentra el Ecuador. ¿Más cerca de la democracia? ¿Más cerca del autoritarismo? Piense en las obras que se han hecho, en la eficiente recaudación tributaria y en la ampliación de los derechos económicos y sociales. Pero también piense en aquellos que fueron apresados por expresar su desacuerdo con el Presidente, en los 10 de Luluncoto, en la metida de mano de la justicia, en los que son vapuleados en las sabatinas, en la inexistencia de fiscalización, en la legislatura atada de manos y pies, en el uso de recursos públicos para fines partidarios, en el cambio constante de reglas electorales, en la poca inversión privada nacional e internacional que existe, en la intolerancia a la crítica de aquellos que no han ganado elecciones y en la inexistente sociedad civil.

¿Hay democracia en Ecuador? Parte 1 es el primero de varios artículos donde profundizaré este análisis examinando la situación actual del Ecuador frente a cada una de estas características esperando que ello contribuya a dilucidar en qué parte del espectro democracia-autoritarismo se encuentra el Ecuador.

[1] Linz, Juan y Stepan, Alfred. Problems of Democratic Transition and Consolidation (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995): 38-54.

[2] Carothers, Thomas. “The End of the Transition Paradigm,” Journal of Democracy, 13, no. 1 (Enero, 2002): 5-21.

[3] Linz, Juan y Stepan, Alfred. Problems of Democratic Transition and Consolidation (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995): 3-15.

¿Hay que reformar la CIDH?

2013-03-14T18:44:00.000-05:00

Héctor Yépez Martínez comenta las reformas propuestas por el Presidente Correa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Imagen de CDRI

No es ningún secreto que el Presidente Correa lidera una cruzada contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Él insistentemente cuestiona a la CIDH por solicitar medidas cautelares a los Estados para proteger a víctimas de violaciones de derechos humanos. ¿Por qué tanta molestia? Como recordarán, la CIDH dictó medidas cautelares para impedir la ejecución de la sentencia del caso El Universo, célebre por serios indicios de fraude judicial. Ese es un pecado que este gobierno aún no le logra perdonar.

Un capítulo de esta cruzada fue una reciente reunión diplomática en Guayaquil, dirigida por el Presidente Correa, donde insistió en eliminar las medidas cautelares entre una serie de reformas que, al final del día, recibieron una tibia acogida en la política latinoamericana. Algunas propuestas son razonables. Otras son superficiales. Otras son una terrible amenaza para la defensa de los derechos humanos en la región.

El gobierno pide eliminar las medidas cautelares argumentando que no están consagradas en el Pacto de San José, aunque sí están previstas en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Aquí algo no cuadra. ¿Por qué no cabildeamos para incluir las medidas cautelares en el Pacto de San José en vez de anularlas? ¿Olvidan que este mismo gobierno logró medidas cautelares de la CIDH que salvaron la vida de Nelson Serrano, ecuatoriano condenado a muerte en Estados Unidos? ¿La protección de la CIDH es buena cuando la pide un Estado, pero se vuelve mala cuando la piden los periodistas?

Todo parece encajar en un plan más amplio. El gobierno plantea que las medidas cautelares pasen de la CIDH a la Corte Interamericana, con lo cual no podrían ser dictadas con carácter urgente y no podrían cumplir su fin de evitar violaciones de derechos humanos antes de que ocurran. La coincidencia es que el Presidente también emprende una cruzada similar casa adentro: ya anunció una reforma constitucional contra las acciones de protección, que son garantías para proteger derechos humanos a nivel nacional. ¿Atamos cabos? Si desaparece la efectividad de las medidas cautelares de la CIDH, a la par de las acciones de protección en la Constitución, no existirá, en la práctica, ningún mecanismo nacional o internacional para impedir violaciones de derechos en el Ecuador. ¿Qué hay detrás de todo esto?

La gravedad de la propuesta —afortunadamente rechazada por la mayoría de la región— eclipsa otras que vale la pena comentar. No es descabellado que, salvo casos urgentes, se pida la opinión del Estado antes de dictar la medida cautelar, ni que la CIDH emita un informe motivado sobre su emisión. También estoy de acuerdo en que la sede de la CIDH pase de Washington a Buenos Aires, ya que EEUU no es parte del sistema interamericano de derechos humanos (aunque, a pesar de ello, sí acató las medidas cautelares de la CIDH en el caso del ecuatoriano Nelson Serrano).

El gobierno lleva tiempo criticando que la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) reciba más fondos que otras. Sin embargo, para cualquiera que esté interesado en mejorar la defensa de los derechos en vez de empeorarla, lo lógico sería que el presupuesto de las demás relatorías aumente y no que el de la Libertad de Expresión disminuya.

Por último, se cuestiona que el financiamiento y la nacionalidad de los comisionados de la CIDH puedan venir de países que no forman parte del sistema interamericano, lo cual sería, según dice, un “neocolonialismo” para someter a las naciones de la Patria Grande. Propone, en cambio, que solo provengan de los países signatarios del Pacto de San José. No suena mal, pero me queda una duda... Si Correa primero dice estos factores —financiamiento y nacionalidad de los comisionados— son formas de control político de la CIDH, pero luego propone que esos mismos factores simplemente pasen al control de los países signatarios, ¿entonces el objetivo, en la teoría del propio Correa, es que estos últimos ejerzan una manipulación política en la CIDH? Si es así, ¿podrá la CIDH ser independiente para vigilar y acusar a los gobiernos que la sostienen económicamente?

Nuestro sistema regional de derechos humanos, que siempre será perfectible, es uno de los mayores logros de la integración latinoamericana. La actitud del gobierno de Ecuador solo retrocedería décadas en una institución internacional que ha defendido, como ninguna otra, a los seres humanos de América Latina. No hay justificación. Para construir carreteras no hace falta destruir libertades y ningún Estado se vuelve menos eficaz por proteger los derechos de sus ciudadanos. Esto no es cuestión de ser de izquierda o derecha, oficialista u opositor. Los derechos de las personas están por encima de las filiaciones políticas. Ahora debemos garantizar que permanezcan también por encima de las ambiciones del poder.

¿Qué tanto importa la muerte de Chávez?

2013-03-07T13:50:00.001-05:00

A raíz de la muerte de Hugo Chávez, Héctor Yépez Martínez analiza los inconvenientes del caudillismo para la supervivencia de un proyecto político.

Imagen de Reportero24

Mucha tinta ha corrido ya sobre la reciente muerte de Hugo Chávez. Hay de todo: desde demostraciones frenéticas de pena hasta falsas condolencias que disimulan satisfacción. Pero nadie puede dudar que Chávez, con su polémico carisma, tras catorce años al frente de Venezuela, fue uno de los políticos más influyentes de la historia reciente de América Latina. No voy a evaluar ahora el balance del chavismo en Venezuela y la región: es bueno darle tiempo al tiempo. Lo que sí cabe preguntarse hoy es si resulta sano que la vida o muerte una persona tenga tanto impacto en una sociedad.

La pregunta tiene mayor importancia para los mismos chavistas que para sus detractores. Más allá del peligro del caudillismo en la salud de una democracia —al conjugar un liderazgo útil para grandes transformaciones sociales con los excesos de un gobierno autoritario—, ¿es sostenible un proyecto político que gire en torno a una sola persona? La pregunta, cómoda de plantear en el mundo de la teoría, adquiere un dramatismo fatal hoy que el gran caudillo abandona a su pueblo: ¿es posible un pretendido “socialismo del siglo 21” en Venezuela sin Chávez? ¿Es posible edificar toda una política de Estado sobre un ser humano de carne y hueso?

Que el chavismo no funciona sin Chávez resulta fácil de predecir. Ni Maduro ni Cabello podrán sustituir al arrollador Comandante en Venezuela. Y a nivel regional, Rafael Correa gozaría de aptitudes personales para capitanear la izquierda latinoamericana, pero no posee la mina de petrodólares que despilfarró Chávez para expandir su influencia regional.

No se trata de criticar los liderazgos fuertes. A veces es indispensable una personalidad como la de Chávez para transformar un país. De esa madera están forjados casi todos los políticos excepcionales. El problema está en la necesidad de continuar en el tiempo la obra de un solo hombre: Uribe en Colombia o Lula en Brasil fueron grandes personajes, pero sus políticas sobrevivieron a sus mandatos. Es necesario traducir virtudes personales hacia una organización social con vida propia y superar el caudillismo para construir un proyecto sostenible de país. En otras palabras: el desafío está forjar instituciones, que no son más que los medios para que la máquina social funcione sin necesidad de individuos excepcionales y —lo que es más importante— a pesar de los malos individuos.

Esa es la diferencia, por ejemplo, del rol de Chávez en Venezuela con el de los “padres fundadores” en Estados Unidos. Venezuela terminó como un club nacional de fans en luto. Estados Unidos terminó como una nación. ¿Y cómo quedaremos en Ecuador? ¿Podrá Correa capitalizar uno de los liderazgos personales más sólidos de la historia ecuatoriana para perdurar, con instituciones, su Revolución Ciudadana en el tiempo? ¿O pasará como un eficiente ejecutor de retórica fina, cuyo legado muera cuando pase a Bélgica o a mejor vida, y quede en la historia solo para alimentar el verbo de algún otro futuro caudillo?

Imagen de El Diario Venezolano

El sueño constitucional de Correa

2013-03-04T08:02:00.000-05:00

Italo Sotomayor Medina realiza un análisis sobre la viabilidad jurídica ante la posible reforma constitucional para limitar la Acción de Protección y proponer un sistema de reelección indefinida, que plantearía el presidente Correa al asumir su nuevo mandato.

Imagen tomada de El Telégrafo

Creo que sólo ahora podemos comprender con precisión cómo inicia la radicalización de la Revolución Ciudadana que tanto predicó Correa durante la campaña electoral. Durante semanas instó a la ciudadanía a que ratificaran su confianza en la 35 para continuar con un proyecto que necesitaba cuatro años más para materializarse en el arquetipo político planteado por el oficialismo. Entre globos y confetis Correa ha sido enfático en manifestar que no existe una forma adicional para garantizar su estabilidad política en este nuevo periodo, si no se presentan reformas constitucionales que viabilicen el desarrollo institucional del país. Ante estas declaraciones es preciso realizar, con Constitución en mano, un análisis sobre los posibles planteamientos del Ejecutivo por intentar validar dichas reformas.

Cualquier reforma a las disposiciones constitucionales no puede tener efectos regresivos en materias de derechos y garantías que transgredan la esfera de protección ciudadana que la misma Constitución establece. En tal sentido, cualquier intento por reformarla deberá primero desactivar los candados fundamentales que impiden que el Ejecutivo, la Asamblea e incluso la ciudadanía propongan con simpleza una modificación. Y es que el primer planteamiento dictado por Correa, en el que considera necesario reformar al acápite correspondiente a la Acción de Protección (Art. 88 CRE), resulta contraproducente a la tesis constitucional. Precisamente, la Constitución establece que la Acción de Protección tiene rango de garantía jurisdiccional, lo cual indica una restricción considerable a los derechos fundamentales de los destinatarios de la norma, que solamente podría ser tramitada por una Asamblea Constituyente. Es cierto que existe un uso prostituido de la Acción de Protección que muchas veces se ha convertido en una herramienta “útil” para aquellos que deseen restringir políticas públicas o para otros tantos, la vía para hacer oposición al régimen. Este no es el fin de esta garantía y ante una redacción con caracteres plagados de generalidades y pocas puntualizaciones, los ciudadanos realizan malabares jurídicos para ajustarla a su favor. Pero, ¿cómo “limitar” a esta garantía? Una buena solución sería detallar taxativamente los derechos que pueden ser invocados para activarla. Dejemos de pensar en abstracto y planteemos un sistema desconcentrado de constitucionalidad, en la que se creen juzgados especializados en materia constitucional para que estos también realicen interpretación y control de constitucionalidad. El sistema actual convierte a todos los jueces en constitucionales, independientemente de su especialización o materia, lo cual hace que sean jueces de lo penal, civil, familia, inquilinato y hasta de tránsito, quienes sin conocer a plenitud el radio de acción en el que se desenvuelven las garantías jurisdiccionales, admitan sin motivación alguna, todas las que son presentadas por la ciudadanía.

Por otro lado, aunque la prensa y ciertos actores políticos han hecho eco de la posibilidad de que una de aquellas reformas sea plantear la reelección indefinida, ésta es hasta el momento un rumor que corre por los pasillos de Carondelet. Pero ante dicha posibilidad, no es inverosímil acudir a la norma constitucional que contiene la prohibición normativa. El Art. 144 establece claramente que el Presidente de la República podrá ser reelecto por una sola vez y tras su victoria del 17 de febrero pasado, Correa ha agotado la disposición constitucional y con ella, su posibilidad de un tercer mandato consecutivo. Esperemos que cumpla con su palabra y no plantee una reforma en este sentido, pues de no hacerlo, estaríamos siendo testigos presenciales de una inconstitucionalidad de forma y fondo, algo muy parecido al caso venezolano.

Al final del día, será la Corte Constitucional y solamente ella, la que establezca cuál es el procedimiento más correcto a seguir para promover una reforma, a través de un exhaustivo control de constitucionalidad. Pero tal como la experiencia histórica nos ha enseñado en estos años de Revolución Ciudadana, no podemos esperar menos que una actitud servilista y condescendiente con cualquier proyecto que sea enviado desde el Ejecutivo. Es por eso que de considerar la Corte que es viable la reforma y establecer su procedimiento, será la Asamblea Nacional y la ciudadanía a través de un referéndum, quienes acepten o denieguen la reforma planteada. La historia está trazada, por un lado una Asamblea Nacional plagada por emisarios de PAIS que sin llegar a consenso alguno con otras tiendas políticas, apoyarán con su abrumadora mayoría el intento de reforma constitucional; y por otro, la ciudadanía que parece verse hipnotizada por el efecto del correísmo.

Es preciso mencionar, que el constitucionalismo moderno está basado en el respeto de los derechos fundamentales y sus garantías, a través de la rigidez en la Constitución y su efecto de irradiación en todo el ordenamiento jurídico que se ve subsumido a la voluntad constitucional. Además, intenta limitar al poder público para que intervenga lo menos posible en la esfera de derechos y libertades ciudadanas, y en ese sentido, plantear una reforma constitucional, se inmiscuye en las calidades antes mencionadas. Intentar validar mediante la voluntad de la mayoría, un cercenamiento de la carta fundamental, resulta en un desconocimiento de la esfera prohibitiva y de los límites impuestos en la Constitución como garantía de los derechos y libertades. Al menos en este caso, es correcto argumentar que las reformas planteadas se encuentran dentro de la esfera de lo indecidible.

Si es que las peticiones de Correa hechas desde Carondelet, no encuentran asidero en la Asamblea, de seguro buscará encontrar legitimidad en aquella mal llevada democracia plebiscitaria, que tanto beneficio le ha otorgado durante estos años. Claro que es jurídicamente posible reformar la Constitución, siempre y cuando los cambios busquen obtener un desarrollo progresivo de los derechos y garantías, y no para satisfacer los antojos normativos del gobernante de turno. Modificar la carta fundamental conlleva un reconocimiento pleno del Estado Constitucional de Derecho en el que habitamos y no, una simple reforma propia de una Banana Republic.

Ya tenemos presidente, ¿pero tendremos oposición?

2013-02-28T17:18:00.000-05:00

Héctor Yépez Martínez comenta los resultados de la última elección y las perspectivas políticas de la oposición en el Ecuador.

A pesar de una clara desigualdad en la competencia electoral, un abuso descarado de la propaganda oficial y una aplicación desproporcionada del método D’Hondt, es indiscutible que la victoria de PAIS, con un margen tan alto, representa el sentir del pueblo ecuatoriano. Y ese sentir merece el respeto de todos. Recordemos, sin embargo, que más de 3.5 millones de ecuatorianos eligieron a candidatos distintos al Presidente Correa. De ahí que sea una tarea de alto valor democrático analizar qué le depara a la oposición en el Ecuador.

Mis reflexiones:

1. Esta campaña demostró que en Ecuador estamos cansados de la política del pasado. Guillermo Lasso —a pesar de aliarse con Nebot y reciclar en CREO a parte de la antigua partidocracia— venció a Lucio Gutiérrez, quien bajó del 28%, que tuvo el 2009, a poco más del 6% en este proceso. Y el nuevo Mauricio Rodas obtuvo un 4% superior a casi todas las viejas maquinarias políticas del país, incluyendo la del magnate Álvaro Noboa.

2. La izquierda “ideológica” ha sido sepultada. MPD y Pachacutik tuvieron pobres resultados. La votación de Alberto Acosta fue aún peor que la de dichos partidos. Y Ruptura 25, por negligencia, perdió una oportunidad de oro: con una imagen fresca, bien pudo consolidarse como la opción moderna de izquierda en el Ecuador, aprovechando el desgaste de los eternos candidatos de esta tendencia. Lástima que Ruptura se suicidó en una campaña sin norte que, al menos de momento, la borró del mapa electoral.

Alberto Acosta (MPD-Pachacutik)

3. CREO tuvo éxito en reorganizar a la derecha, pero su impacto electoral dejó mucho que desear. La oposición dura ha aumentado en el país, pero, luego de tres años de campaña multimillonaria, Guillermo Lasso, con casi 23%, captó una votación menor al 28% obtenido por Lucio Gutiérrez en el 2009. Si a ello se suma que la mayor parte del voto de Lasso es voto útil, que cambia fácilmente de una campaña a otra (como le sucedió al mismo Lucio), su resultado es respetable, pero frágil, y su organización enfrentará una tarea difícil desde la oposición si quiere asentarse en las próximas elecciones.

Guillermo Lasso (CREO)

4. Mauricio Rodas aparece como la nueva sorpresa en el tablero electoral. Con poco tiempo y recursos, sin candidatos en diez provincias y sin voto útil, logró posicionar a su movimiento SUMA en cuarto lugar por encima del PRIAN, PRE, MPD y Pachacutik. La pregunta es si Rodas logrará o no consolidar una tendencia de centro en las próximas elecciones seccionales a lo largo del país. (Por transparencia, aclaro que fui candidato de SUMA para asambleísta en Guayas.)

Mauricio Rodas (SUMA)

Y ahora, ¿qué será de la oposición? Con Alianza PAIS controlando dos tercios de la Asamblea, todo el sistema judicial, el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional Electoral, el Presidente Correa tendrá el dominio absoluto del Estado durante los próximos cuatro años. Por tanto, la oposición política, desde unos pocos curules en el Legislativo, no podrá hacer nada más que bulla. No veo probable que los medios de comunicación puedan tener el mismo papel opositor de antes, ya que, con una Asamblea repleta de oficialistas, la nueva Ley de Comunicación será una realidad y, por tanto, el gobierno tendrá un amplio control mediático. La verdadera oposición solo podrá hacerse al calor de la calle y quedará en manos de la sociedad civil.

Ya en lo electoral, teniendo en cuenta el método D’Hont —que perjudica a minorías y sobredimensiona el voto del partido “grande” —, es urgente una reestructuración política de las distintas tendencias del país en torno a opciones que sean a la vez nuevas y pocas. Consolidar posturas e ideologías a través de partidos sólidos y coherentes, que conecten con los problemas reales de la ciudadanía, es la única esperanza de un futuro contrapeso político a la “aplanadora verde” de PAIS.

¿Sólo 4 años más?

2013-02-25T08:29:00.000-05:00

Daniela Chacón Arias analiza la posibilidad de que el mandato de Correa se extienda más allá del 2017.

Imagen tomada de Wikipedia

Correa inaugurará su tercer mandato en un contexto sin precedentes en el Ecuador de los últimos 30 años. Es el primer Presidente que se reelige desde el regreso a la democracia en el año 79 y que además mantiene su capital político intacto. Correa gana con aproximadamente el mismo porcentaje de votos (57%) con el que ganó en el año 2006 cuando se convirtió en Presidente por primera vez. Además se recupera en provincias en las cuales había perdido en la consulta popular del 2011 y para los próximos 4 años el Ecuador se viste de verde.*

Más allá de las críticas a lo que innegablemente ha sido una contienda electoral desigual, los ecuatorianos han querido ratificar la gestión del Presidente sin que los escándalos de corrupción ni la cooptación de las diferentes funciones estatales importen mucho en su decisión. El liderazgo de Correa es indiscutible y como había señalado en mi anterior columna su triunfo se debe a una economía boyante que ha permitido al gobierno insertar al país en la modernidad y realizar inversiones importantes en lo social. Pero también se debe a que después de tantos años de inestabilidad política, de gobiernos que se inauguraban prometiendo deshacer todo lo que el anterior hizo, finalmente en el Ecuador hay certidumbre de continuidad de un programa de gobierno, de políticas públicas y de una visión de un Ecuador.

Es evidente que los ecuatorianos aprecian estos cambios, ¿pero estamos dispuestos a renunciar a principios democráticos y dar un cheque en blanco para un proyecto que nos promete salir del subdesarrollo? Si Correa se presenta nuevamente a la reelección en el 2017, ¿los ecuatorianos lo volverán a elegir? Durante esta semana se publicaron varias noticias de que lo primero que hará el gobierno en mayo será impulsar reformas constitucionales y si bien no se ha hablado expresamente de la reelección indefinida, los actores políticos ya han hecho mención de ella. Correa se había pronunciado de que no se postularía para la reelección así la Constitución fuera cambiada, sin embargo en el enlace ciudadano 310 en Naranjal transmitido el 23 de febrero de 2013, afirmó que no se lanzaría a la reelección “excepto si siguen molestando estos mediocres de la partidocracia…”.

La continuidad de la revolución ciudadana depende enteramente de Correa y durante estos 6 años de gobierno, el movimiento ha hecho poco o nada por promover figuras que se perfilen como posibles sucesores. Este tipo de proyectos funcionan bajo la lógica de que si entra en riesgo su continuidad, entonces el líder se sacrificará (muy a pesar suyo) para que no mueran todos los logros conseguidos. Salvando las diferencias, Chávez lo ha hecho en Venezuela, gobernando ya 14 años, Morales ya habla de una tercera reelección en Bolivia, y habrá que esperar a ver qué hacen Ortega y Fernández de Kirchner.

El desorden político y económico de las décadas de los 80 y 90, la falta de visión de las élites ecuatorianas más nuestra historia de afinidad por liderazgos fuertes y autoritarios, hacen que la alternabilidad democrática no sea una prioridad siempre que los gobernantes muestren resultados. Me apena prever que si las condiciones económicas se mantienen y la oposición no logra presentar un proyecto alternativo creíble y viable, Rafael Correa se reelegirá en 2017 si es que decide presentarse.

Y es una pena no porque no aprecie las cosas buenas que ha hecho este gobierno y que continuará haciendo, sino que no hay necesidad de enterrar la poca democracia que nos queda para que el país salga adelante. Los principios de la democracia liberal, alternabilidad, pluralismo político, sujeción de los gobernantes a un estado de derecho y respeto a las libertades individuales civiles, políticas y económicas, corren riesgo cuando una sola persona ejerce el poder con pocos límites y por largos períodos de tiempo.

La experiencia de estos seis años nos da una señal de que en el próximo período poco se hará por promover estos principios democráticos y se continuará consolidando un proyecto autoritario y excluyente. Las formas poco importarán, dirán que la mayoría calificada que han obtenido en la Asamblea Nacional los legitima para reformar la Constitución sin necesidad de realizar un referéndum como lo pide la misma Carta Magna. Dirán que no se trata de reformas estructurales y que son simples enmiendas. Mientras haya capital político, lo que diga la Constitución no será importante.

Correa, Alianza País, la oposición y la sociedad civil tienen una responsabilidad enorme en estos 4 años. Correa y su movimiento nos podrían demostrar que se pueden lograr cosas en este país y ser democráticos a la vez, la oposición nos podría demostrar que es capaz de trabajar conjuntamente y presentar alternativas al socialismo del siglo XXI, y la sociedad civil nos podría demostrar que puede exigir más de sus gobernantes y que no solo se contentará con lindas carreteras.

* Los resultados más actualizados dan triunfo a Correa en Zamora Chinchipe.

El futuro político del Ecuador

2013-02-19T07:59:00.003-05:00

Juan Pablo Martínez analiza cómo queda el panorama político del Ecuador después de las elecciones del 17 de febrero.

Imagen tomada de lagranepoca.com

“Podemos cometer muchos errores. Somos humanos. Hemos hecho mucho y nos hemos equivocado mucho. Pero tengan la certeza de que lo principal se ha ratificado: que aquí ya no mande la bancocracia, la partidocracia, el poder mediático, no mande ningún poder fáctico. Con esta revolución mandan los ecuatorianos.” Esto exclamó el Presidente Rafael Correa luego de su aplastante triunfo en las elecciones generales de este último domingo. Después de que por segunda vez consecutiva Correa venció sin necesidad de una segunda vuelta electoral, sumando ya siete triunfos electorales, queda claro que el discurso de lucha contra los poderes fácticos es aceptado por los ecuatorianos.

La agenda del gobierno para los próximos cuatro años parece bastante clara. Primero, la tónica de los últimos años continuará, tanto en los aspectos positivos, como la inversión social, como en los aspectos negativos, como los ataques contra la libertad de expresión. Segundo, el plan de trabajo de Rafael Correa, que espero analizar a profundidad en artículos posteriores, incluye algunos puntos que darán mucho de qué hablar como la “Revolución del conocimiento y de las capacidades” y la “Revolución agraria”.

El espectro político de los próximos cuatro años presenta más interrogantes que la agenda del gobierno. En primer lugar, el horizonte luce diferente ya que en las próximas elecciones Rafael Correa no debería figurar en las papeletas. En segundo lugar, el candidato presidencial Guillermo Lasso, que consiguió casi el 25% de los votos, aparece como la nueva cara de la oposición. ¿Se mantendrá cómo líder de la oposición durante los próximos cuatro años? Revisemos tres aspectos a tener en cuenta:

Una de las posibles conclusiones de los últimos comicios es que Guillermo Lasso se ha posicionado como la principal cara de la oposición al régimen. Lasso, a diferencia de Gutiérrez, Noboa, Nebot (quien es muy poco popular fuera de Guayaquil), o quien sea que represente a Bucaram, no parece generar un amplio rechazo o resistencia entre los ecuatorianos. Después de conocer los resultados electorales, el exbanquero afirmó que “de cero nos hemos convertido en la segunda fuerza política del Ecuador.” ¿Sabía usted que Lasso en su primera elección, basado en resultados preliminares, supera el porcentaje del voto que consiguió Correa en la primera vuelta del año 2006? Y eso que en aquella ocasión Correa no competía contra un Presidente popular buscando ser reelegido. Después de que los resultados electorales permiten que Alianza País domine todos los poderes del Estado (algo que también se discutirá en artículos posteriores), será interesante ver el protagonismo que buscará Lasso en el debate político durante estos cuatro años en los que seguramente seguirá en campaña pensando en el 2017.
Bajo el supuesto de que Correa cumpla su palabra de no cambiar las leyes para buscar ser reelegido en el 2017, Alianza País deberá empezar a decidir quién será el encargado de tomar la posta como candidato presidencial. ¿Empezará Correa a brindar más protagonismo a su sucesor? De ser así, ¿desde cuándo? ¿El sucesor se elegirá a través de un proceso de elecciones primarias dentro del partido o será directamente seleccionado por Correa? Si bien será difícil para Alianza País posicionar un sucesor fuerte ante la sombra de un líder como Correa, la experiencia reciente de Lula y Dilma en Brasil muestran que la tarea no es imposible.
Aún queda por verse si lo de Lasso fue simplemente un voto contra Correa (que hubiesen votado por quien sea que vaya segundo) o si efectivamente él ha conseguido convencer a una gran parte de la población. Un tema que será clave para el futuro político de Lasso dependerá de cuan selectivo sea al momento de escoger a su grupo cercano para los próximos años. Por ejemplo, Lasso deberá mantenerse como un candidato de centro-derecha, con interés en políticas sociales dirigidas a la reducción de la pobreza, y ser cauteloso en no asociarse con grupos dogmáticos de derecha que son fuertes en el Ecuador (léase, libertarios). Rodearse de personas con esas creencias podría llevarlo a posturas que, además de ser perjudiciales para el país, resultarían impopulares en sus aspiraciones presidenciales (por ejemplo, pretender revertir el énfasis que el gobierno actual ha puesto en la inversión social).

En conclusión, si bien usted puede cuestionar su labor como presidente, Rafael Correa ha demostrado, una vez más, ser un excelente político y un líder de gran popularidad. Pero además de confirmarse que la “Revolución Ciudadana” continuará por cuatro años más, estas últimas elecciones dejan un nuevo panorama político que promete un interesante desarrollo en los próximos años.

¿Habrá chavismo sin Chávez?

2013-02-13T06:29:00.000-05:00

Italo Sotomayor Medina analiza el irregular ambiente político venezolano y las posibles repercusiones ante la ausencia de su principal figura política, Hugo Chávez Frías.

Imagen tomada de: Diario Uno

En Venezuela no se comenta de otra cosa que no sea sobre la salud del aún presidente Hugo Chávez. Muchos lo dan por muerto y otros tantos miles, ruegan porque se mantenga entre nosotros y continúe profundizando el Socialismo del Siglo XXI. El tablero político del vecino país parece no verse afectado ante la ausencia de su líder, y a pesar de que se alega que existe desunión entre los socialistas, todos esos rumores han sido acallados tras la ratificación de Diosdado Cabello en el Parlamento, y de Maduro en la presidencia encargada. Y es que no se conoce con certeza, si Venezuela se gobierna y atiende desde Miraflores o desde tierras cubanas, pero en todo caso, Maduro y los suyos se aferran al retorno de su líder y seguirán haciendo hasta lo imposible por eternizar la tesis chavista.

El pasado 10 de enero, tras lograr una tajante victoria frente al único candidato que presentó la oposición, Hugo Chávez debía asumir su tercer mandato presidencial consecutivo. El pueblo venezolano salió, votó y celebró masivamente en las calles la victoria socialista; nos guste o no, por esas tierras el comandante sigue siendo inmensamente popular. Tal como se esperaba, Chávez no retornó de su viaje obligado a Cuba y no juramentó su cargo. Ante esta eventualidad, se esgrimieron dos tesis yuxtapuestas en torno a la constitucionalidad de la inasistencia de Chávez a la posesión de su nuevo mandato. Sus partidarios restaron importancia a la juramentación y lo catalogaron como un mero formalismo que resultaba ineficaz para intentar desconocer la voluntad popular manifestada en las urnas. En esa misma línea, resultaría suficiente esperar el retorno de Chávez para que este juramente su cargo ante los magistrados del Poder Judicial venezolano. En cambio, sus opositores creen que resulta inverosímil esperarlo más tiempo y abogan porque se convoque a nuevas elecciones ante la inactividad política del candidato electo. Al respecto, El Tribunal Supremo de Justicia venezolano dictaminó que no era necesaria una nueva toma de posesión y su ausencia, no debe ser catalogada como temporal, ya que Chávez goza de un permiso para ausentarse por tiempo indefinido. Pero, ¿hasta cuándo es jurídicamente viable aguardar por la presencia de Chávez
Es curioso que tras 14 años de chavismo ininterrumpido, las grandes mayorías sigan ratificando su voto al proceso socialista. Parece ser que el hiperpresidencialismo y la ausencia de derechos fundamentales, son premisas tolerables para los venezolanos. Pero, ¿qué hace que Chávez y su sistema político siga siendo tan popular? Aquí algunos económicos y motivados argumentos:

•    Educación: Según un informe publicado el año anterior por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura (OEI), establece que los venezolanos confían en plenitud en su sistema educativa. Según este estudio, Venezuela obtiene una puntuación de 6,8 sobre 10, sólo por debajo de Nicaragua y Costa Rica que tienen 7 puntos.

•    Inversión Social: El Centro de Investigación en Economía y Política, indicaba en el 2007 que las rentas petroleras y el cambio político en Venezuela a partir de la llegada del Chávez al poder, fue vital para el desarrollo de este país. Sólo en base al petróleo, se gastó $13.3 billones en materia social. En el 2003 los niveles de pobreza bordeaban el 55.1 % y no fue hasta el 2006, que se redujo al 30.4 %.

•    Vivienda: Entre 2011 y 2012, mediante la Gran Misión Vivienda Venezuela, el Estado invirtió más 98.086 bolívares. Así lo afirma el Órgano Superior de la Vivienda y añade que se han entregado más 346.798 casas y apartamentos, lo que equivaldría a construir 480 viviendas diarias.

•    PIB: El Producto Interno Bruto per cápita se ubicó al cierre de 2011 en más de 10.000 dólares. Para una población de casi 30 millones de habitantes, esto significa un logro considerable.

El impacto del chavismo en Venezuela es colosal, y me atrevo a decir que ante alguna eventualidad fatal en la salud del comandante, Maduro está más que adoctrinado para comandar a los venezolanos. Pero, ¿estará la región preparada para subsistir sin Chávez? Desde que se ratificaron gobiernos de izquierda en gran parte de Latinoamérica, no cabe duda que Chávez ha hegemonizado el liderazgo regional en más de una ocasión e incluso ha financiado desmedidamente varios proyectos sociales, tecnológicos e industriales en países sudamericanos. Dudo que esos proyectos sean cercenados sin Chávez y más bien pienso que seguirán dándole continuidad para ahondar las relaciones diplomáticas entre los pueblos de Latinoamérica. El chavismo subsistirá hasta que así lo quieran los venezolanos y siempre y cuando el partido socialista continúe con el mismo discurso e inversión social que hizo su comandante. Al final de cuentas pasará, lo que Dios y Chávez quieran.

No entendieron…

2013-02-04T07:44:00.004-05:00

Daniela Chacón Arias analiza el intento de los candidatos de la oposición para posicionarse como alternativas viables al candidato presidente Correa.

Por: Daniela Chacón Arias

He seguido apáticamente una campaña que en realidad nunca empezó. No culpo a los miles o millones de ecuatorianos que no se han interesado por seguir el proceso electoral ya que no hay nada nuevo bajo el sol. Entre eslóganes, sonrisas y propuestas vacías, los candidatos de la oposición han intentado infructuosamente posicionarse como una alternativa al presidente candidato y al modelo que nos ha gobernado los últimos seis años. Varios de ellos nos han dicho que Correa nos ha vendido, a punta de propaganda, un país de mentira. Nos plantean entonces la disyuntiva de escoger entre los que aseguran que antes estábamos mejor, que éste no es el país que queríamos, o que otro Ecuador está a la vuelta de la esquina.

¿Pero qué significa todo esto? ¿Cuál es ese Ecuador de mentira que Correa nos ha vendido y del que debemos salir inexorablemente? Un país con carreteras que nos llevan a los lugares más recónditos, con edificios públicos decentes donde se puede obtener la cédula en menos de una hora y sin necesidad de contratar un tramitador, con escuelas del milenio, con el programa Manuela Espejo, con inversión social nunca antes vista y con una comunicación impecable de todos los logros.

Me imagino que no es ese el país al que se refieren los opositores. Pero, ¿a qué se refieren? Todos se han preocupado por decir que no tocarán el bono de desarrollo humano, que no acabarán el programa del Vicepresidente Moreno, que seguirán invirtiendo en infraestructura y que buscarán alternativas al petróleo para que no seamos tan dependientes de este recurso. Pero todo esto ya lo está haciendo Correa y su promesa ha sido muy clara: que lo seguirá haciendo.

Hace 6 años Correa nos prometió otro Ecuador, se adueñó de la esperanza y pateó el tablero político cambiándolo para siempre. Y en ese tiempo se ha dedicado a trabajar incansablemente para cumplir esa promesa y a marcar una clara diferencia con el pasado para dejarnos en claro que sin él, no vamos a ningún lado o peor aún que vamos a regresar a ese pasado nefasto.

Pero el Ecuador de estos 6 años dista mucho de esa propuesta que ahora se ve tan lejana. Un país plagado por la inseguridad donde todos hemos sido víctimas o conocemos a alguien que ha caído en las garras de la delincuencia. Y no solo de la delincuencia sino de la impunidad, pues el sistema judicial cooptado por el Ejecutivo asegura justicia a unos pocos privilegiados. Un país donde la corrupción ha desbordado los límites de lo aceptable, inclusive en sociedades acostumbradas a decir “qué importa que robe si está haciendo obra”. Un país donde personas sobre quienes se ha puesto en tela de duda sus credenciales académicas son homenajeadas y defendidas con todo el poder del Estado, mientras a los maestros se les exige doctorados para dar clases. Un país donde fondos públicos son manejados a la ligera y créditos son otorgados a extranjeros sin garantías mientras muchos ecuatorianos tienen que someterse a humillantes procesos de expurgación para créditos de unos cuantos miles de dólares. Un país donde no se puede protestar a riesgo de ir a la cárcel mientras unos pocos ecuatorianos gozan de perennes espacios en medios públicos y privados para protestar. Un país donde vuelan narco avionetas, narco valijas y narcos y los perros son los culpables. Un país donde existe sólo una voz que habla la verdad y acalla al resto a base de burlas e insultos.

Claro que éste no es el país que queríamos, pero la oposición no ha entendido que debía salir de frente y con valentía a denunciar todos estos hechos y que debía confrontar con firmeza a Correa sin temor a perder unos cuantos puntitos en las encuestas. La campaña ha demostrado que los candidatos se han cuidado mucho de no enfrentar directamente a Correa, ni de poner el dedo en la llaga sobre las falencias de este gobierno, menos aún de presentarnos una verdadera alternativa. Siguen pensando que con una campaña positiva en la cual venden más de lo mismo, pero sin prepotencia, van a triunfar.

No más ‘Sueño Ecuatoriano’ para los cubanos

2013-01-27T20:19:00.000-05:00

Juan Pablo Martínez analiza la reciente decisión del Ecuador de deportar 25 cubanos de vuelta a la isla del Caribe. Además, se explica por que la entrada de cubanos al Ecuador se había salido de las manos hace varios años, originando, entre otras cosas, una serie de matrimonios arreglados.

Imagen tomada de: La Radio del Sur

Por: Juan Pablo Martínez

A finales del año pasado el Gobierno cubano anunció un cambio legal que fue aplaudido por quienes defendemos las libertades individuales. La nueva legislación permitiría a los cubanos salir de su país sin necesidad de una autorización de su gobierno. Ahora, como sucede en la mayor parte de países en el mundo, los cubanos únicamente necesitarían de un visado del país de destino. Lo que muchos ecuatorianos seguramente no sabían es que al país al que internacionalmente más afectaría este cambio es al Ecuador. Revisemos por qué.

¿Sabía usted que el Ecuador es uno de los destinos preferidos de los cubanos? A raíz de las reformas migratorias introducidas en la Constitución ecuatoriana del 2008 Ecuador se transformó en uno de los pocos países (sino el único) que no solicitaba ni visado, ni carta de invitación a los ciudadanos cubanos que deseaban ingresar al país como turistas. Hasta el año pasado esto significaba que la principal barrera que tenían que pasar los cubanos para venir a nuestro país era conseguir el permiso de salida que les requería y otorgaba su propio gobierno.

A pesar de la existencia de barreras por parte del gobierno cubano para la migración de sus ciudadanos al exterior, en los últimos años nuestro país ya se vio inundado de ellos. Hace poco tuve la oportunidad de recorrer la isla caribeña casi en su totalidad, y resulta sumamente curioso como la gran mayoría de personas te cuentan que tienen un familiar o un amigo viviendo en el Ecuador.

Dadas las paupérrimas condiciones de vida y la escases de oportunidades de superación con las que cuentan los cubanos en su tierra natal, muchos de ellos llegaban al Ecuador con la intención de quedarse permanentemente. Como el gobierno del Ecuador sólo les permitía la visita temporal en calidad de turistas, los ciudadanos cubanos debían salir del país después de cierta cantidad de meses a menos que… ¡se nacionalizaran ecuatorianos! En pos de dicho objetivo los cubanos empezaron a pagar entre 800 y 5.000 USD a ecuatorianas que estuvieran dispuestas a casarse con ellos y a facilitarles la naturalización. Nuestro gobierno lo detectó y añadió fuertes restricciones que afectan grandemente a todos los ecuatorianos que quieren contraer matrimonio con una persona de otra nacionalidad.

Teniendo en cuenta que ya teníamos un problema con el flujo de cubanos al país, resultaba fácil predecir que la nueva legislación migratoria cubana aumentaría considerablemente el flujo migratorio al Ecuador. Sin embargo, nuestro Gobierno reaccionó con gran letargo. A pesar de que los cambios en la legislación cubana se anunciaron en el mes de octubre del año pasado, a nuestro gobierno le tomó tres meses anunciar que a partir de ahora los cubanos deberán tener una carta de invitación legalizada por nuestra Cancillería para poder entrar al país. Este atraso provocó que entre el 15 y el 20 de enero haya existido vía libre entre La Habana y Quito.

En el primer día de vigor de esta nueva exigencia ya tenemos varias decenas de cubanos en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito a los que se les niega la posibilidad de entrar al país. Estas personas argumentan que los medios cubanos no informaron correctamente sobre los nuevos requisitos para viajar al Ecuador. Aunque afortunadamente el gobierno cubano ha reaccionado con comprensión ante estas medidas, nuestro país se encuentra en una difícil posición en la que deberá deportar a varios migrantes de un país amigo.

El hecho de que el Ecuador era uno de los pocos países del mundo que abría sus puertas a los cubanos era algo que me hacía feliz. A fin de cuentas, es difícil darle la espalda a la tan precaria situación que viven los cubanos. Sin embargo, la migración cubana ya se había salido de control y las nuevas leyes cubanas amenazaban con agrandar el problema. El Ecuador no está en condiciones de ser la fuente de esperanza de los cubanos, por lo que considero acertada la decisión del gobierno de regular su ingreso al país. Se acabó el ‘Sueño ~~Americano~~ Ecuatoriano’.

El primo Pedro

2013-01-20T21:03:00.002-05:00

Italo Sotomayor Medina realiza un análisis sobre las consecuencias jurídicas y políticas tras la falsificación del título universitario por parte de Pedro Delgado Campaña, exdirector del Banco Central del Ecuador.

Imagen de EcuadorTimes

Este no es el Pedro que consta en varios de los pasajes bíblicos, pero cometió igual acto de traición: la negación. Dentro de las escrituras, es Pedro el que niega tres veces conocer a Jesús antes de escuchar cantar al gallo, en el caso real ecuatoriano, es Pedro Delgado, el que niega haber falsificado su título universitario. No sé si fueron tres veces, pero lo hizo con igual desfachatez y soberbia. No sé si es discípulo de Jesús, pero al menos dijo serlo de la Revolución Ciudadana que su primo Rafael se ha dedicado a construir durante los últimos seis años. Pues sí, este es Pedro Delgado, el ejecutor de una tremenda traición.

Ya no es Fabricio, ahora es Pedro. Ya no son los contratos con el Estado, sino la administración del Banco Central. Como vemos, los actores y situaciones varían, pero la ingenuidad y credulidad de Correa siguen intactas. Son varias las ocasiones en las que familiares cercanos al Presidente traicionan su confianza y transgreden los espacios públicos, y a pesar de aquello, Rafael mantiene el mismo discurso represivo en contra de la prensa y de la escasa decente oposición que nuestra criolla política nos ofrece.

Tras 22 años de falsificación, fue tan sólo hace pocos días, que Pedro Delgado reconoció al país y al mundo, que jamás tuvo título de tercer nivel. Enrique Herrería tuvo razón, y a pesar de que sus investigaciones se iniciaron en el 2011, fue tan sólo hace algo más de un mes en el que pudo verificar con certeza, el acto doloso cometido por Delgado. Esta mentira, además, genera un manto alrededor de otras acciones de Delgado, por ejemplo, el préstamo a Duzac, las cuentas del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad, la venta de EQ2, y la lista continúa, siendo casi interminable.

No fueron pocas las ocasiones en las que el Presidente Correa dedicó espacios para defender apasionadamente a su primo. La más recordada sin duda, es la cadena sabatina del 24 de noviembre pasado, en el que el Mashi vociferó, contra la prensa y Herrería, por el malicioso manejo de información en contra de su primo. Tanto Correa como Delgado, de consuno y de viva voz, declararon que estas acusaciones, no eran más que una “conspiración”.

Herrería ha expresado que deben declararse como inválidos, todos los actos ejecutados por Delgado durante sus años frente al Banco Central. El asambleísta, no ofrece una tesis del todo descabellada, pues Delgado, incumplió con lo dispuesto en la Ley de Régimen Monetario Interno y Banco del Estado, al no tener título de tercer nivel conferido por un establecimiento de educación del país o del exterior. Además, el Art. 129 del ERJAFE, establece que, todo acto de la administración pública es nulo de pleno derecho, si es constitutivo de infracción penal. Pero la nulidad no sólo podría alegarse sobre los actos administrativos, sino que también, sobre el decreto presidencial de nombramiento de Delgado. ¿Qué debería hacerse? Verificar todo lo actuado por Delgado desde que asumió el cargo hasta que dimitió de este, para determinar si existieron irregularidades en alguno de los actos que celebró, y sólo de comprobarse tal situación, podría invalidarse el acto que se considere viciado. Sin duda, un nuevo embrollo legal para el Ejecutivo, pero lo que sí es claro, es que todo documento firmado por Delgado, sufre de falsificación ideológica.

Pedro Delgado, no debe regresar a “dar la cara”, sino que debe retornar para ser procesado. El primo no se fue por voluntad propia, sino que Correa, luego de pedir un informe al INCAE, le pidió la renuncia. Que las cosas sean claras y que la banalidad deje de ser patrimonio de este Gobierno. Rafael, ya no queremos más discursos sin saliva, requerimos de usted un trabajo más diligente y menos impune. Señor Presidente, ¿conocía usted de la ilegalidad cometida por su primo Pedro? Sólo usted conoce la respuesta, pero recuerde, que el beneficio de la duda, tiene fecha de caducidad.

¿A quién creemos?

2013-01-13T19:54:00.000-05:00

Daniela Chacón Arias echa un vistazo a las declaraciones del Presidente Correa sobre la posibilidad de otorgar asilo a los miembros del régimen sirio y su comparación con la invasión en Irak como fundamento.

Imagen de Periodismo X

Por: Daniela Chacón Arias

En una entrevista otorgada a Folha de Sao Paulo el 10 de diciembre de 2012, el Presidente del Ecuador, Rafael Correa, declaró que consideraría otorgar asilo político a los miembros del régimen sirio de Bashar Al Assad. Sus razones forman parte de su constante cacofonía: primero, señaló que el Ecuador considerará las solicitudes de asilo de cualquier persona, y segundo, que no se puede creer todo lo que los medios de comunicación publican sobre el conflicto en Siria. Éstas fueron sus palabras: “Ecuador jamás va a estar a favor de la violencia, pero miremos la historia. ¿Podemos creer en todas las noticias sobre la masacre del dictador? Recordemos lo que se hablaba de Irak, sobre las armas de destrucción masiva, debemos ser muy responsables y cuidadosos con eso”.

En agosto de 2012, una comisión independiente de expertos nombrada por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció que fuerzas y milicias gubernamentales sirias han perpetrado crímenes de guerra y de lesa humanidad y que existen documentos que demuestran la participación de altos oficiales del gobierno y de las fuerzas armadas. El informe indica que los grupos armados de oposición también han cometido crímenes de guerra en menor escala y frecuencia.

De acuerdo al reporte anual del año 2012 del Comité Sirio para los Derechos Humanos, (el cual fue realizado en base a entrevistas a víctimas del conflicto y a soldados que han desertado de las fuerzas armadas sirias), desde que inició el conflicto en marzo de 2011 han perecido aproximadamente 27.000 personas. Además, el reporte también se enfoca en los crímenes perpetrados en contra de mujeres, como violaciones y secuestros. A la fecha, se conoce de 1.500 casos de mujeres que han sufrido a manos de Shabiha, de las fuerzas armadas y de las fuerzas de inteligencia de Assad. Muchos casos no son denunciados.

No sólo organizaciones y países de “occidente” han denunciado la masacre siria, sino que países considerados como no alineados, como los miembros de la Liga Árabe, apoyan la salida de Assad y la transición a un régimen democrático. De hecho, fueron estos países quienes solicitaron ante la Asamblea General de la ONU condenar las violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en Siria. Países como Venezuela, Bolivia, Cuba, Irán, Rusia y China junto con Ecuador y otros 5 votaron en contra.

El Presidente Correa ha inferido que no es posible creer a organismos multilaterales como la ONU citando en su entrevista el caso de la invasión a Irak. En dicho caso, la colación de países liderados por los Estados Unidos, en violación a las reglas de la ONU y del Consejo de Seguridad, aprobó la invasión de Estados Unidos a Irak en base a información falsa sobre la existencia de armas de destrucción masiva. Si bien es cierto que organismos multilaterales como la ONU podrían ser más efectivos, hay que tener en cuenta que sólo pueden ser tan eficaces como sus países miembros quieren que sean. ¿Pero quiere eso decir que todos los 133 países que votaron a favor de condenar las violaciones a los derechos humanos en Siria han sido engañados? ¿Existen entonces fuerzas oscuras en la ONU que han llevado a 133 países (y no una coalición de pocos) a apoyar una decisión en base a injustas acusaciones?

¿Se puede acaso justificar bajo la lógica de que la prensa miente el otorgar asilo a los miembros de un régimen que indudablemente ha violado los derechos humanos? Si no creemos en la información que llega de miles de medios de comunicación de todas partes del mundo, de todos tintes ideológicos, ¿a quién creemos? ¿A los medios gubernamentales? ¿Creemos las declaraciones del régimen de Assad que ha repetido durante 20 meses que no está cometiendo violaciones a los derechos humanos? O, ¿creemos las declaraciones de más de 500.000 seres humanos que han huido de Siria?

La obsesión por destacarse como un país no alineado, o por jugar un rol más significante en el concierto global, no puede realizarse a costa de la defensa de quienes cometen violaciones a los derechos humanos, no importa si son de izquierda o de derecha, de occidente o de oriente.

¡Ya hay ganadores del concurso de columnistas!

2013-01-10T20:00:00.000-05:00

Ya hemos escogido dos jóvenes ecuatorianos cuyos artículos de opinión serán publicados en Realidad Ecuador. Muchas gracias a todos los que participaron, nos agradó la gran acogida y calidad de los artículos.

Concurso de columnistas para Realidad Ecuador

2012-12-07T10:04:00.001-05:00

A partir de hoy hasta el 15 de Enero, periodo durante el cual haremos una pausa en nuestras publicaciones, estaremos recibiendo sus editoriales de análisis de los sucesos de política y economía en el Ecuador. Los mejores artículos pueden ser publicados, e inclusive pasar a formar parte del staff del blog.

No importan tus preferencias políticas, sólo tu talento para expresar y sustentar tus ideas de manera articulada. Envía tu artículo al mail realidadecuador@gmail.com.

No olvides incluir los links a los documentos que verifiquen la evidencia usada para tus argumentos. Los artículos pueden ser de una a dos páginas y media de Word en formato Times New Roman, tamaño 12 y espacio simple.

Cualquier pregunta puedes enviarla como comentario a este post.