Todos los agentes de producción y de fabricación trabajarán para el almacén común y cada uno enviará a él el producto en especie de su actividad individual. Los agentes de distribución, por su parte, que ya no estarán establecidos por cuenta propia, sino por la de la gran familia, harán refluir hacia cada ciudadano su parte igual y variada de la masa íntegra de productos de toda la asociación. Carta de François Babeuf el 28 de julio de 1795 sobre «el gran objetivo fraternal»

En mayo de 1796, mientras la Revolución Francesa comenzaba a fosilizarse bajo el peso de una nueva burguesía triunfante, un reducido núcleo de revolucionarios decidió llevar hasta sus últimas consecuencias un proceso de transformación que estaba estremeciendo a Europa. Si la monarquía había caído, si los privilegios feudales habían sido abolidos y si el pueblo había irrumpido en la historia con una fuerza desconocida, ¿por qué entonces persistían el hambre, la miseria y la desigualdad? ¿Por qué la libertad proclamada en los grandes salones y clubes de la Revolución parecía detenerse ante la tribuna de la propiedad privada y la riqueza de unos pocos?

La llamada Conjura de los Iguales —organizada alrededor de François Babeuf y otros militantes revolucionarios— representó uno de los primeros intentos modernos de formular políticamente una igualdad social radical. No se trataba todavía del comunismo tal y como se desarrollaría a lo largo del siglo XIX, ni de un movimiento proletario en sentido estricto. La clase obrera industrial apenas comenzaba a fraguarse y las categorías políticas del socialismo científico posterior eran aún inexistentes. Sin embargo, en aquel movimiento derrotado y perseguido aparecieron intuiciones, prácticas organizativas y horizontes igualitarios que influirían profundamente en las corrientes revolucionarias posteriores.

La Conjura de los Iguales fue una advertencia temprana lanzada contra el nuevo orden nacido de la propia Revolución Francesa. Allí donde la burguesía veía el final del proceso revolucionario, Babeuf y sus compañeros percibían apenas el comienzo de unos cambios que debían ir hasta la raíz. En las calles hambrientas de París, entre antiguos sans-culottesperseguidos, trabajadores urbanos, pequeños artesanos y soldados desmovilizados, sobrevivía la convicción de que la igualdad política carecía de sentido sin igualdad material. Aquella idea, todavía embrionaria y contradictoria, recorrería las décadas posteriores como una corriente subterránea hasta desembocar en las revoluciones obreras del siglo XIX, la Comuna de París y las múltiples tradiciones socialistas y libertarias.

Hablar hoy de la Conjura de los Iguales no implica proyectar artificialmente el comunismo moderno sobre el siglo XVIII. Debemos superar las miradas ahistóricas, y significa, más bien, reconocer cómo los movimientos populares revolucionarios fueron el resultado de desarrollar herramientas políticas cada vez más avanzadas para enfrentarse a la dominación. Y también comprender que las luchas por la igualdad nunca surgieron de ideas abstractas, sino de la experiencia concreta de las clases explotadas enfrentándose al hambre, la represión y la injusticia.

De 1789 a la Convención: la Revolución Francesa y los límites de la igualdad burguesa

La Revolución Francesa estalló en 1789 como una ruptura histórica de dimensiones gigantescas, iniciando un nuevo periodo en Europa. El Antiguo Régimen francés, sostenido sobre la monarquía absoluta, los privilegios aristocráticos y la desigualdad estamental, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de una profunda crisis económica, fiscal y social. El ascenso de una burguesía enriquecida, la difusión de las ideas ilustradas y la miseria creciente de las clases populares terminaron por abrir una grieta irreversible.

La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 simbolizó algo más que el asalto a una prisión de la nobleza: fue la irrupción directa del pueblo como sujeto activo en la historia política moderna. Campesinos que incendiaban archivos feudales, multitudes urbanas armadas, mujeres marchando sobre Versalles para exigir pan, clubes políticos y periódicos revolucionarios multiplicándose por todo París. La Revolución Francesa no fue únicamente una transformación institucional; fue una gigantesca movilización popular que alteró la vida cotidiana, el régimen estructural y cuestionó todas las jerarquías heredadas.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamó principios enormemente avanzados para su época: libertad, soberanía popular, igualdad jurídica. Sin embargo, aquella igualdad nacía atravesada por límites profundos. La propiedad privada aparecía como un derecho «inviolable y sagrado», mientras el sufragio censitario dejaba fuera de la vida política a buena parte de las clases populares. La libertad revolucionaria tenía todavía un fuerte contenido dominador burgués.

Precisamente por ello, desde el seno mismo de la Revolución comenzaron a surgir corrientes que empujaban el proceso mucho más allá de esos límites de igualdad burguesa. Los sans-culottes parisinos —pequeños artesanos, trabajadores urbanos y sectores populares radicalizados— exigían controles sobre los precios, medidas contra el acaparamiento y una democracia mucho más directa. Figuras como Jacques Roux y los enragés denunciaban abiertamente que «la libertad es un fantasma cuando una clase de hombres puede matar de hambre a otra».

Jean-Paul Marat, desde las páginas de la publicación periódica L’Ami du Peuple, articuló una de las críticas más feroces contra las élites revolucionarias moderadas y defendió la legitimidad de la intervención popular directa frente a las conspiraciones aristocráticas. El jacobinismo más radical, especialmente durante el periodo del Comité de Salvación Pública, introdujo medidas sociales avanzadas para su tiempo: limitación de precios, redistribución parcial de bienes, educación pública o abolición formal de la esclavitud en las colonias en 1794.

Pero incluso las alas más avanzadas del jacobinismo seguían moviéndose dentro de una revolución que, en términos históricos, respondía principalmente al ascenso de la burguesía. La igualdad social plena todavía no aparecía formulada de manera explícita. Los sectores populares radicalizados intuían el problema, pero carecían aún de una teoría y una organización capaces de romper definitivamente con el marco liberal emergente.

La caída de Robespierre y Saint-Just en 1794 y el inicio de la reacción termidoriana marcaron un giro decisivo. La burguesía revolucionaria, ahora aterrorizada ante la presión popular, comenzó a desmontar muchas de las conquistas sociales impulsadas durante ese periodo jacobino. Los clubes populares fueron clausurados, los antiguos sans-culottes perseguidos y la miseria volvió a extenderse sobre París. El Directorio inauguró una etapa de corrupción, represión y restauración del orden social controlado. Fue precisamente en ese contexto de derrota y hambre donde germinaría la Conjura de los Iguales.

Babeuf y la Conjura de los Iguales: cuando la revolución pensó que sí había un más allá

François-Noël Babeuf había nacido en 1760 en una familia humilde de Picardía, al noreste francés. Antes de la Revolución trabajó como agrimensor (técnico que medía tierras) y conoció de primera mano las profundas desigualdades rurales del sistema feudal. Aquella experiencia marcaría profundamente su pensamiento político. Durante los años revolucionarios adoptó el nombre de «Gracchus» Babeuf, en referencia a los tribunos romanos reformistas, y desarrolló una intensa actividad periodística y organizativa.

A diferencia de muchos revolucionarios burgueses, Babeuf comprendió tempranamente que la igualdad jurídica resultaba insuficiente si no se transformaban las condiciones materiales de existencia. Sus periódicos denunciaban la acumulación de riqueza, la especulación y el abandono del pueblo pobre tras la caída jacobina. Para Babeuf, la Revolución había sido traicionada.

En torno a él comenzó a articularse una red clandestina compuesta por antiguos jacobinos radicales, sans-culottes perseguidos, soldados descontentos y milicias populares. Entre ellos destacaría Sylvain Maréchal, poeta y filósofo ateo, encargado de redactar el célebre Manifiesto de los Iguales. El texto constituye uno de los documentos políticos más radicales de toda la Revolución Francesa:

«Ya no queremos igualdad escrita en una tabla de derechos; la queremos bajo el techo de nuestras casas.»

Aquellas palabras condensaban una ruptura decisiva. La igualdad dejaba de entenderse únicamente como un principio jurídico abstracto para convertirse en una cuestión material y social. El manifiesto denunciaba abiertamente la propiedad privada concentrada y planteaba la necesidad de una comunidad de bienes orientada al bienestar y mejora colectiva.

La conspiración comenzó a organizarse en la clandestinidad durante 1795 y 1796. Se apoyaba en redes populares que sobrevivían a la represión termidoriana: antiguos clubes revolucionarios, círculos gremiales y obreros urbanos y espacios de sociabilidad política donde seguían circulando periódicos y panfletos igualitarios. La experiencia revolucionaria había dejado tras de sí una cultura política popular enormemente rica, encontrando un punto de no retorno. Aunque derrotados, los sectores radicales seguían organizándose.

La conspiración de los Iguales combinaba propaganda, trabajo estratégico y preparación insurreccional. Pretendían derribar el Directorio e instaurar una república igualitaria basada en formas colectivas de organización económica y política. Sus planteamientos eran todavía ambiguos en muchos aspectos y arrastraban elementos autoritarios heredados del jacobinismo, pero señalaban claramente una dirección inédita: la subordinación de la propiedad privada al interés colectivo.

El proyecto incluía elementos extraordinariamente avanzados para su tiempo: derecho universal a la subsistencia, distribución colectiva de recursos, crítica de la acumulación privada y cuestionamiento del privilegio económico. En una Europa dominada todavía por monarquías absolutas y estructuras feudales, aquellas ideas aparecían como una amenaza intolerable; un fantasma comenzaba a asomar su luz emancipadora por el continente europeo.

La represión no tardó en llegar. La conspiración fue filtrada por informadores policiales y desarticulada antes de poder desencadenar la insurrección prevista. En mayo de 1796 comenzaron las detenciones masivas. Babeuf y numerosos compañeros fueron encarcelados y sometidos a juicio.

El proceso judicial buscó presentar a los Iguales como fanáticos sanguinarios enemigos de la civilización. La prensa conservadora agitó el miedo al caos y al reparto de bienes. En realidad, el Directorio comprendía perfectamente el peligro político que representaban aquellas ideas en un contexto de hambre y descontento popular creciente. Babeuf fue ejecutado en 1797 junto a Augustin Darthé. Según varios testimonios, intentó suicidarse antes de subir al cadalso. La conspiración había sido derrotada, pero su memoria comenzaba precisamente entonces a adquirir una dimensión histórica mucho mayor.

Porque lo verdaderamente importante no fue la capacidad militar de los Iguales —limitada y fácilmente aplastada—, sino el horizonte político que abrieron. La Revolución Francesa había demostrado que era posible destruir el Antiguo Régimen; Babeuf planteaba que también podía cuestionarse la desigualdad social producida por la nueva sociedad burguesa.

Del babuvismo a la tradición revolucionaria moderna

La derrota de la Conjura de los Iguales no supuso la desaparición de sus ideas. Filippo Buonarroti, uno de los supervivientes de la conspiración, condenado a la deportación, desempeñaría un papel fundamental transmitiendo aquella experiencia a generaciones posteriores de revolucionarios europeos. Su obra sobre Babeuf y la conspiración circuló clandestinamente durante décadas e influyó sobre corrientes republicanas radicales, socialistas y comunistas.

El babuvismo funcionó así como un puente histórico entre la radicalización popular de la Revolución Francesa y las futuras organizaciones obreras del siglo XIX. Auguste Blanqui heredaría muchos de sus elementos conspirativos y organizativos, mientras distintos socialismos utópicos recogerían la crítica igualitaria a la propiedad privada.

No obstante, el desarrollo posterior del movimiento obrero también implicaría importantes superaciones. El proletariado industrial surgido de la expansión capitalista introduciría nuevas formas de lucha colectiva: sindicatos, asociaciones obreras, internacionalismo y la aspiración a una organización de masas. Allí donde Babeuf actuaba todavía sobre una composición social heterogénea y preindustrial, el movimiento obrero posterior se apoyaría sobre una clase trabajadora cada vez más definida como sujeto político.

Desde una perspectiva comunista libertaria, la experiencia de los Iguales resulta especialmente interesante por varios motivos. En primer lugar, porque demuestra que las aspiraciones de igualdad material no nacen únicamente de elaboraciones teóricas posteriores, sino de experiencias concretas de autoorganización popular frente a la miseria y la opresión.

En segundo lugar, porque evidencia la importancia de la organización revolucionaria en todos sus frentes. La Conjura de los Iguales no fue un mero estallido espontáneo ni una explosión desesperada de violencia sin horizonte político. Existía una elaboración ideológica, una red militante, mecanismos clandestinos y voluntad estratégica de superar acciones meramente espontáneas desde un trono de poder con inclinación popular. Incluso con todas sus limitaciones históricas, aquel movimiento comprendía ya que la transformación revolucionaria requiere organización, coordinación y construcción política sostenida.

Al mismo tiempo, la experiencia babuvista permite observar algunos de los peligros heredados del jacobinismo: tendencias centralizadoras, excesiva confianza en minorías conspirativas y limitada capacidad para desarrollar formas amplias de autoorganización popular permanente. La tradición libertaria posterior insistirá precisamente en superar esos límites mediante estructuras federativas, democracia directa y protagonismo independiente de las clases explotadas con un programa propio.

La Comuna de París de 1871 recogería parte de ese aprendizaje histórico. Allí reaparecieron muchos de los elementos anticipados por las corrientes revolucionarias francesas anteriores: autogobierno popular, socialización material, protagonismo obrero y defensa armada de la revolución. Pero también aparecerían ya formas mucho más desarrolladas de organización popular y participación colectiva.

La historia revolucionaria nunca avanza en línea recta. Cada generación hereda experiencias incompletas, derrotas y contradicciones. La Conjura de los Iguales fue una de esas derrotas fértiles que, aun aplastadas, continúan alimentando las luchas posteriores.

Mujeres, colonialismo y memoria revolucionaria

La Revolución Francesa no fue únicamente protagonizada por grandes dirigentes hombres ni por los salones políticos más conocidos. Las mujeres trabajadoras desempeñaron un papel decisivo desde el comienzo del proceso revolucionario: marchas por el pan, organización barrial, agitación política, participación en clubes y defensa de las insurrecciones populares.

Figuras como Olympe de Gouges denunciaron tempranamente la exclusión política femenina mediante la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Pero más allá de las figuras conocidas, existió toda una trama de mujeres populares organizadas que sostuvieron buena parte de la vida política revolucionaria en los barrios y mercados parisinos.

Muchas de aquellas mujeres participaron también en las corrientes más radicales de la Revolución. Los sectores termidorianos comprendieron rápidamente el peligro que representaba esa participación política popular femenina y clausuraron los clubes de mujeres tras la caída jacobina. La restauración del orden burgués necesitaba también reconstruir las jerarquías patriarcales.

La propia Conjura de los Iguales se desarrolló en un contexto donde las mujeres revolucionarias continuaban desempeñando tareas organizativas, propagandísticas y de apoyo clandestino, aunque invisibilizadas posteriormente por gran parte de la historiografía tradicional.

Del mismo modo, la cuestión colonial atravesó profundamente las contradicciones de la Revolución Francesa. Mientras en París se proclamaban derechos universales, las colonias francesas continuaban sosteniéndose sobre la esclavitud y la explotación racial. Fueron las rebeliones de las personas esclavizadas, especialmente en Saint-Domingue —la futura Haití—, las que empujaron realmente el proceso abolicionista.

La Revolución Haitiana, encabezada por esclavos negros sublevados, constituye probablemente una de las expresiones más radicales del universalismo revolucionario de la época. Allí, los principios de libertad e igualdad fueron llevados mucho más lejos de lo que la burguesía francesa y colonial estaba dispuesta a aceptar.

Aunque Babeuf y los Iguales no desarrollaron una teoría anticolonial moderna, sus planteamientos igualitarios formaban parte de una corriente política que chocaba frontalmente con las jerarquías raciales y económicas necesarias para sostener el sistema colonial. La abolición de la esclavitud de 1794 —posteriormente revertida por Napoleón— fue impulsada tanto por la presión de las insurrecciones negras como por los sectores revolucionarios más radicales.

El legado cultural de la Conjura de los Iguales sobrevivió durante décadas en periódicos clandestinos, sociedades secretas, círculos obreros y memorias militantes. Babeuf se convirtió en una figura simbólica para múltiples generaciones revolucionarias posteriores: socialistas, comunistas, republicanos radicales y anarquistas discutirían críticamente su herencia.

Porque, más allá de sus limitaciones históricas, la experiencia de los Iguales planteó una pregunta que seguiría recorriendo toda la modernidad capitalista: ¿qué significa realmente la igualdad en una sociedad dividida entre ricos y pobres?

La memoria de los derrotados y el hilo rojo de la historia

La Conjura de los Iguales fue derrotada militarmente. Sus dirigentes fueron encarcelados, ejecutados o condenados al exilio. La reacción termidoriana y posteriormente el ascenso napoleónico parecieron cerrar el ciclo revolucionario abierto en 1789. Sin embargo, las derrotas revolucionarias rara vez desaparecen del todo. Permanecen como memoria, aprendizaje y experiencia acumulada de las clases oprimidas.

Existe un hilo histórico que conecta a quienes, en distintas épocas, se enfrentaron al orden dominante buscando ampliar los márgenes de libertad e igualdad. No se trata de construir genealogías artificiales ni de convertir a Babeuf en un «proto-comunista» fuera de su tiempo histórico. Se trata de comprender cómo las luchas populares van dejando tras de sí experiencias políticas, intuiciones organizativas y ejemplos de coraje colectivo que atraviesan generaciones.

En tiempos donde el capitalismo pretende reducir toda posibilidad de transformación a la gestión resignada de nuestra miseria, recuperar estas experiencias históricas resulta también una forma de combate político. La memoria obrera y revolucionaria no es nostalgia: es un terreno de disputa sobre qué futuros queremos construir.

La Conjura de los Iguales recuerda que incluso en momentos de derrota pueden surgir movimientos capaces de cuestionar profundamente el orden existente. Que la igualdad nunca fue una concesión generosa de las élites, sino una conquista arrancada mediante organización, conflicto y compromiso colectivo.

Y quizá ahí resida una de las lecciones más valiosas de aquella experiencia: frente al espontaneísmo sin horizonte, frente a la desesperación convertida en gesto aislado o frente a las salidas individualistas que ofrece el sistema, los movimientos revolucionarios que dejaron huella fueron aquellos capaces de construir organización popular sostenida, arraigo social y voluntad estratégica.

Porque quienes subieron al cadalso en 1797 no luchaban únicamente por sí mismos. Formaban parte de esa larga cadena de hombres y mujeres anónimos que, generación tras generación, se negaron en la historia a aceptar que la desigualdad fuese el destino inevitable de la humanidad.

Ángel Malatesta, militante de Liza.

Éramos felices sin saberlo. La generación de los 90 tuvimos una infancia memorable, aun con sus altibajos. Volvíamos a casa con la ropa manchada de barro, un balonazo en la cara y alguna que otra herida sin importancia, pero siempre con una sonrisa. Ahora que comprendemos cómo funciona el mundo, echo la mirada atrás hacia esa infancia agridulce. Y no dejo de pensar: ¿qué pasó mientras iba de camino a la escuela, mientras aprendía a ir en bici, mientras dormía o jugaba a los Pokémon? Esa década de los 90, vista desde los ojos de mi yo en miniatura, fue como la de cualquier descendiente de la clase trabajadora en Occidente.

Y aunque mis padres supiesen lo que está pasando en el mundo, ¿cómo me va a interesar la destrucción de Yugoslavia, la caída del muro de Berlín, quién era Sadam Husein o qué demonios era el movimiento antiglobalización, si apenas sabía que el ser humano tiene que trabajar para poder comer? De hecho, mamá y papá estaban más preocupados en sacar a la familia adelante.

Así pues, escribo estas líneas para dar a conocer ese trocito de historia que pasó mientras crecía, pero de la que poco se habla. Una de las épocas en que, paralelamente, teníamos los mejores recuerdos de la infancia, pero a la vez, ocurrieron acontecimientos clave que determinaron el rumbo actual del mundo. Durante esta década, el neoliberalismo se consolidó como sistema dominante a nivel mundial, a la vez que EEUU se posicionaría como primera potencia mundial tras el fin de la Guerra Fría. Todo parecía apuntar a un futuro unipolar. Sin embargo, aquellos maravillosos 90 fue una época no exenta de conflictos de todo tipo y con gran impacto en la sociedad, de los cuales mencionaré algunos porque realmente esta década daría para una tesis doctoral.

• Tras la caída del muro de Berlín, Alemania finalizó su proceso de reunificación en 1990. Al año siguiente, la Segunda Guerra del Golfo, con la invasión de Irak a Kuwait, llegó a su fin tras acatar las resoluciones de la ONU y terminó en una masacre a la retirada de las tropas iraquíes de Kuwait, en un crimen de guerra conocido como «la autopista de la muerte», un bombardeo indiscriminado por parte de EEUU hacia un convoy iraquí mayormente civil volviendo de Kuwait, dejando varios kilómetros de destrucción. Antes del final de ese año, culminó la disolución de la URSS.
• En 1992 llegaron los Juegos Olímpicos de Barcelona, un evento que transformó la ciudad para ser precedente de la marca Barcelona que conocemos hoy en día. La cara oculta que siempre ha dejado la llegada de los JJOO ha sido la represión hacia los movimientos sociales de la época. En ese mismo año, se hizo la expo de Sevilla, un evento para conmemorar los 500 años del inicio de la colonización de América Latina. Alrededor de la mitad de pabellones construidos acabaron demolidos. Este evento, junto a los JJOO, daría pie a futuros pelotazos urbanísticos en España.
• El 1 de enero de 1994, el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) se levantaba en armas contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado entre EEUU, Canadá y México. La firma de este tratado era otra gran vuelta de tuerca a la pauperización de las condiciones de vida del campesinado maya-chiapaneco si entraba en vigor la aplicación de la NAFTA (North American Free Trade Agreement; Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Y sobre la cual, esta rebelión reivindicaba justicia y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de México y de los pobres.
• Venezuela estaba pasando por una profunda crisis económica y en 1992 el comandante Hugo Chávez lideró un golpe de Estado sin éxito. En 1998 gana las elecciones y comenzaba así la llamada Revolución Bolivariana, de signo populista y que, a partir de la reforma de la Constitución, comenzó a polarizar a la sociedad venezolana. Mientras tanto, en Colombia y en El Salvador, los conflictos internos entre guerrillas, narcotráfico y paramilitarismo estaban en curso, en unos años de inestabilidad política.
• En 1993 se firmaron los Acuerdos de Oslo entre el Gobierno de Israel y la OLP (Organización para la Liberación de Palestina), intentando una vez más una solución de paz para Palestina, donde se otorgó cierta autonomía a la Autoridad Palestina, pero sin llegar a reconocer la construcción de un Estado palestino.
• Nelson Mandela, tras salir de prisión, saldría elegido presidente de Sudáfrica en 1994, el cual inició la transición del régimen de apartheid a una nación democrática y multicultural.
• La caída de Constantinopla se supera, pero es difícil superar la descomposición de Yugoslavia. Año 1995, en plena Guerra de los Balcanes, se produjo un genocidio con el beneplácito de la ONU perpetrado por los serbobosnios hacia la población musulmana bosnia. Durante el asedio de Sarajevo, además, hubo un safari humano donde los ricos de origen italiano pagaban para disparar a la población civil, sin importar si eran niños o no. En la actualidad, Bosnia y Herzegovina aún tiene minas sin detonar, heridas de un genocidio y niños que fueron baleados por ricos sin escrúpulos.
• Conforme avanzaba la globalización, comenzó a surgir el movimiento antiglobalización, de carácter popular y organizado de manera descentralizada en varios países. El primer encuentro internacional contra el neoliberalismo tuvo lugar en Chiapas, organizado a iniciativa del EZLN. Uno de los acontecimientos más importantes fue la Batalla de Seattle, en 1999, donde las manifestaciones consiguieron abortar la cumbre de la Organización Mundial del Comercio.
• Finalizo aquí la lista de acontecimientos mencionando uno de los pasos más importantes para un movimiento revolucionario en Oriente Medio. Se trata del cambio de paradigma del PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán), de origen marxista-leninista, que en 1999 pasó a diseñar, y de ahí en adelante a implementar, el nuevo proyecto político para la autodeterminación del pueblo kurdo conocido como «confederalismo democrático». Esta nueva política, inspirada en las comunidades zapatistas y en las tesis de Murray Bookchin, ponía en el centro la democracia directa, la autodeterminación de los pueblos, la liberación de la mujer y la ecología social.

Al ir escribiendo estas líneas, no pude evitar pensar, con un nudo en la garganta, en aquellos momentos de la infancia donde, mientras pateaba el balón en el parque, había otros niños y niñas esquivando balas en Sarajevo. Y este solo es un caso entre muchos. Infancias destruidas o directamente asesinadas en los países en conflicto, mientras una minoría de niños y niñas nacida entre algodones disfruta del privilegio al criarse en familias ricas.

Los tiempos pasados no siempre fueron mejores. Hubo triunfos que celebrar y grandes tragedias que debemos recordar. El mundo siempre estuvo en conflicto, maquillados de una manera o de otra, o directamente silenciados. Y de aquellos barros, estos lodos. Este texto es un llamamiento a las nuevas generaciones a que, cuando empiecen a comprender cómo funciona el mundo, sepan de su historia reciente, muchas veces omitida en la cultura general. Para las generaciones nacidas a partir del 2000, cabe nombrar algunos acontecimientos importantes como el atentado del 11M en 2004 en Atocha, Madrid, las manifestaciones contra la invasión de Irak, la caída de Lehman Brothers que dio lugar a la crisis económica mundial del 2008, la primavera árabe, la guerra de Siria, la Revolución social de Rojava… y otros tantos sucesos que dejaré en el tintero.

La burbuja en que crecimos cuando éramos peques nos estalló en la cara cuando nos hicimos mayores, al ver cómo ese futuro próspero que nos prometieron se ve ahora cada vez más incierto. Fueron hostias de realidad al cumplir los 18. Ahora que entendemos muchas cosas, nos preguntamos cuál es el papel que tenemos como personas y como clase trabajadora en una coyuntura cada vez más hostil y amenazada por los caprichos de la clase dominante. Soñar con utopías mientras el mundo está colapsando es un acto de resistencia y el motivo por el cual luchamos por una vida que merezca la pena ser vivida.

Lusberth

Introducció

L’ensenyament és el mitjà més poderós per a transformar la societat”
Teresa Mañé (1865-1939)

Aquest article se situa en el marc de la fi del primer cicle de vagues educatives que han tingut lloc al llarg del curs escolar 2025-2026 a Catalunya, així com a altres territoris peninsulars, les quals han marcat un nou precedent de lluita i de defensa de l’educació pública. Han posat de manifest que cada dret conquerit ha estat fruit del conflicte i de l’organització de les treballadores, mentre que cada retrocés ha vingut imposat pels despatxos, al servei d’un model educatiu subordinat a les necessitats del capital. A dia d’avui, ens situem en l’inici d’un nou cicle de vagues per al curs 2026-2027, i creiem que el balanç de l’anterior és imprescindible per a continuar lluitant i, així, aconseguir victòries com a classe.

Les mobilitzacions del curs passat no van ser un fet aïllat. Formen part d’una llarga tradició de lluites que han recorregut els nostres centres educatius, des de la vaga del 1988, les protestes dels noranta per la LOGSE, les mobilitzacions contra les retallades i fins a les vagues del 2022. Recuperar aquesta memòria és molt més que un exercici històric, és reivindicar que res del que avui tenim ha estat concedit i que les eines que ens han permès avançar continuen sent aquelles pròpies del sindicalisme de classe: l’assemblearisme, l’acció directa, el suport mutu i la solidaritat.

Alhora, aquesta herència de resistència ha anat sempre de la mà d’un altre llegat: la pedagogia llibertària. Des del moviment llibertari i l’anarconsindicalisme, hem entès que no n’hi ha prou amb defensar una educació pública si aquesta continua reproduint l’autoritat, la disciplina, les desigualtats i les necessitats del sistema capitalista. Amb les experiències de les escoles racionalistes, els ateneus i les escoles autogestionades es posà l’educació al centre del que havia de ser un procés d’alliberació integral. Perquè l’educació no és neutral: o contribueix a reproduir l’ordre existent o es converteix en una eina d’emancipació.

Ara que s’obre un nou cicle de mobilitzacions és important que pensem cap a on volem anar, què volem aconseguir i per a què volem lluitar. Des d’aquí volem llegir el present i pensar el futur de l’educació pública com a pràctica revolucionària. Perquè no volem limitar-nos a negociar les condicions amb què el capital administra l’escola; volem construir una educació pública arrelada a les necessitats de la classe treballadora. I sabem que aquest horitzó només serà possible si recuperem la capacitat de transformar, des de baix, el model educatiu i social.

Preàmbul

La instrucció és l’arma de les treballadores”
Teresa Claramunt (1862–1931).

L’educació pot mantenir-nos ancorades en els racons més foscos del nostre passat i present, però també ser un camp on poder explorar, sembrar i desenvolupar noves idees que posin contra les cordes a les antigues. És un instrument que s’ha demostrat històricament cabdal per l’alliberació, però al mateix temps també ha pogut esdevenir una pedra inamovible que ha justificat, promogut i consolidat l’esclavatge més salvatge en totes les seves formes. El fi últim d’aquest instrument serà aquell que li atorguin qui el controla.

Ara més que mai, cal que ens traiem les benes dels ulls, i que reconeixem quin és el lloc de l’educació en aquest moment de la història. Un lloc que no hem abandonat mai realment i que ens ha de fer actuar de manera coherent per assolir una emancipació real com a classe. Perquè l’escola no és només un espai educatiu, és també un centre de treball i, com qualsevol altre centre de treball, necessita assemblees, organització i capacitat de conflicte.

L’escola pública i el seu sistema de titulacions han complert històricament la funció de consolidar una classe mitjana, tot mantenint-se dins la relació entre classe treballadora i burgesia. Ha estat un pilar de l’estat del benestar, en un moment en què l’acumulació de capital permetia distribuir més riquesa —en bona part a costa de l’extractivisme colonial al sud global—, integrar la classe treballadora dins l’Estat i, així, contenir el seu potencial revolucionari.

Cal llegir, doncs, l’escola pública tant com a pilar de l’estat del benestar com a conquesta relativa de la classe treballadora, fruit de les revolucions de principis del segle XX i de la resistència posterior a les polítiques d’austeritat i retallades. Aquesta perspectiva permet entendre-la com un terreny de lluita de classes: és alhora resultat de la iniciativa política de la burgesia i de la força de la classe treballadora, i avui és progressivament devaluada i precaritzada perquè ja no interessa sostenir els nivells anteriors.

Defensar l’escola pública és, per tant, lluita de classes. Però no es tracta de recuperar els nivells anteriors, sinó de superar-los, fer visibles les contradiccions inherents al sistema i acumular forces al voltant d’un projecte polític de classe.

Quan les treballadores s’organitzen, deixen de ser objecte de les reformes per convertir-se en subjecte de la transformació. Si pretenem transformar el model educatiu públic, construint un projecte de classe, cal abordar l’educació en la seva totalitat, amb tots els agents que intervenen al llarg de les etapes formatives, dins i fora de l’educació reglada.

Per això, ens hem d’arremangar amb les nostres companyes, participar de les estructures d’autoorganització, defensar l’educació que volem i barallar les condicions justes per a totes les treballadores. Cada escola organitzada és un espai menys de control de l’Administració i un espai més de poder de les treballadores, enfortint la nostra posició en la correlació de forces, la tensió de tot conflicte.

Davant les seguides campanyes de deslegitimació i atac contra les estructures i les professionals que promouen una educació que fa trontollar les estaques que falquen l’actual sistema, des del Departament, els despatxos de sindicats de concertació i determinats equips directius, es busca crear una discursiva i una massa social que promogui el desmantellament progressiu de l’actual sistema educatiu públic. Que tot i les seves falles i contradiccions, actualment cal protegir per permetre’ns resistir, millorar-lo i alliberar-lo.

Com a treballadores de l’educació i anarcosindicalistes creiem, doncs, que cal disputar el model educatiu, i que la millor defensa de l’educació pública no és la delegació, sinó l’organització col·lectiva de qui la fa possible cada dia. Com a militants revolucionàries, no aspirem a fer que el sistema capitalista sigui més amable i just, per tant, defensarem l’educació pública que trenca amb les lògiques capitalistes i les desigualtats que genera. Desigualtats de les quals després beu i s’alimenta per continuar depredant i expandint-se. La nostra intenció no és la de reformar el sistema educatiu, sinó treballar perquè en el procés de lluita generat en intentar aconseguir certes millores per a la nostra classe, augmenti la nostra consciència i capacitat col·lectiva.

L’educació és una part més de la lluita total de la classe treballadora. Una part important, però no única. Una lluita que està plena de potencialitats a l’hora de replantejar els marcs ideològics i ètics de la societat, i en la que a més a més s’imbriquen una gran quantitat de realitats laborals, econòmiques i socials. Gaudint de l’oportunitat de construir ponts sòlids entre les diferents contradiccions del capitalisme, podrem plantejar una lluita de classes forta. L’organització de les treballadores de l’educació és la millor pedagogia de l’emancipació: ens ensenya que els drets no es concedeixen, es conquereixen.

Proposta

No es pot educar els infants perquè siguin lliures si nosaltres mateixes no ho som”

Emma Goldman (1869-1940).

L’educació, com a pilar de l’estat i la seva tasca de cobertura social, és un terreny de lluita de classes. El seu desmantellament respon a les necessitats i lògiques del sistema, i evidencia el paper de l’Estat en la gestió del capitalisme. Per això, lluitar per unes millors condicions educatives i laborals és també lluitar contra el capital. Per aquest motiu, les treballadores de l’ensenyament tenim la responsabilitat d’organitzar-la perquè deixi de reproduir el capitalisme, convertir-la en una eina d’emancipació col·lectiva i aporti en la construcció d’una alternativa socialista i llibertària. Sota aquesta tesi, a continuació exposem la proposta del que defensem que ha de ser l’educació pública, de i per a la classe treballadora.

• L’educació com a terreny de disputa de classe i eina d’emancipació

L’educació no és un espai neutral ni separat dels conflictes socials, sinó un dels principals terrenys on es reprodueixen o es qüestionen les relacions de poder existents. Històricament, els espais educatius han estat llocs de construcció de consciència, transmissió d’idees i desenvolupament de noves formes d’organització col·lectiva. Per això, en el context actual de crisi social, econòmica i ecològica, les treballadores de l’ensenyament públic tenim la responsabilitat política d’assumir l’educació com un camp de lluita de classes.

El sistema educatiu actual forma part d’una societat capitalista que s’encarrega d’orientar l’educació cap a la reproducció del mateix sistema: preparar les noves generacions per incorporar-se a un món basat en l’explotació laboral, la mercantilització de la vida i la subordinació de les necessitats humanes als interessos econòmics d’una minoria. Davant d’aquesta realitat, cal disputar el sentit de l’educació pública i convertir-la en una eina per construir una alternativa emancipadora.

Això implica deixar enrere una educació orientada a formar futures treballadores adaptables a les necessitats del mercat, i recuperar l’educació com un procés de desenvolupament integral, individual i col·lectiu. És només a través del conflicte i l’organització que la classe treballadora tenim la força per plantejar demandes i construir noves eines subordinades als nostres interessos, a través, per exemple, de canvis de currículum, llibertat de càtedra i la derogació dels decrets de plantilles, direccions i autonomia de centres. L’objectiu no ha de ser preparar les nostres alumnes per reproduir una classe explotada, sinó contribuir a formar persones capaces de comprendre la realitat, organitzar-se i transformar-la.

La formació no pot estar sotmesa a una escala de valor mercantil ni reduïda a la seva utilitat productiva. Ha d’estar vinculada a les necessitats de les persones, les comunitats i el planeta, promovent formes de vida basades en la cooperació, l’autonomia, el suport mutu i la responsabilitat col·lectiva.

• L’organització des de les bases

Transformar l’educació implica transformar també les seves formes d’organització. No n’hi ha prou amb introduir pràctiques crítiques dins les aules si el mateix sistema educatiu continua funcionant sota lògiques jeràrquiques, desiguals i allunyades de les necessitats de les comunitats.

Cal recuperar el poder educatiu des de les bases. Apostar per formes d’organització assembleàries, participatives i autogestionàries que permetin decidir col·lectivament quin model d’educació pública volem, i posar-lo al servei de les necessitats reals de la nostra classe. Aquesta recuperació del poder educatiu implica necessàriament recuperar la democràcia als centres, ja que les treballadores veiem limitada la nostra capacitat de decisió sobre les condicions en què desenvolupem la nostra feina. Cal revertir la concentració de poder en les direccions i en l’Administració, recuperar espais reals de participació i decisió col·lectiva, garantint que les qüestions que afecten la vida dels centres siguin decidides per les comunitats que els sostenen.

En aquest sentit, és primordial la derogació del Decret de plantilles i del model de direccions que l’acompanya, ja que reforcen estructures jeràrquiques. És per això que defensem les assemblees de treballadores que s’han anat construint a cada centre i zona, i estan coordinades a l’AEC (Assemblea Educativa de Catalunya), les quals demostren la nostra capacitat d’autoorganització, i han de ser el cor i el motor d’una lluita de resistència i victòria.

La unitat de totes les treballadores de l’educació és imprescindible per defensar l’educació pública des d’aquesta perspectiva. Així doncs, només assumint les demandes de tots els sectors (lleure, PAS, PAE, docents i etapa 0-3) podrem generar les condicions de possibilitat de la unió efectiva d’aquests en la lluita. A més, per adoptar un caire encara més social, les famílies i alumnes podrien participar en les assemblees de centre i de zona, i tenir un paper concret en aquesta autoorganització de la comunitat educativa en lluita.

En aquest procés, l’anarcosindicalisme ha de tenir un paper central com a eina d’organització, articulació i lluita de la classe treballadora i, per això cal potenciar-lo com a espai des d’on enfortir l’autoorganització, la solidaritat i la capacitat de confrontació amb les estructures de poder.Tanmateix, aquest paper no pot traduir-se en la substitució de les assemblees ni en l’avantposició dels seus interessos als de la classe: l’anarcosindicalisme ha d’estar al servei de les lluites que neixen des de les bases, contribuir a connectar-les amb altres sectors i conflictes socials i radicalitzar-les. Per evitar que es desviï cap a posicions reaccionàries, corporativistes o sectorialistes, cal entendre la lluita educativa des d’una perspectiva de classe, antiautoritària, que qüestioni també les desigualtats i els privilegis que es reprodueixen dins la mateixa classe treballadora. En aquest sentit, no es tracta que l’anarcosindicalisme lideri el procés en un sentit dirigista, sinó que hi intervingui políticament assumint la responsabilitat d’impulsar-lo allà on tingui capacitat, posant els seus recursos i estructures al servei de les treballadores organitzades i de la comunitat educativa.

Un projecte revolucionari no pot deixar enrere les realitats més vulnerabilitzades ni assumir que la unitat de classe apareixerà automàticament sense transformar les relacions de poder que existeixen dins la mateixa classe treballadora. Cal que els sectors més acomodats assumeixin la responsabilitat de qüestionar aquests privilegis i generar les condicions perquè totes les lluites puguin trobar-se en igualtat.

Aquesta mirada ha de travessar també l’educació. No podem limitar-nos a parlar d’inclusió sense abordar les causes materials de la desigualtat: la segregació educativa, la pobresa estructural, el racisme institucional, les desigualtats territorials o les dificultats de participació de moltes famílies en la vida dels centres. Una educació emancipadora ha de combatre les desigualtats que afecten les nostres comunitats i construir espais realment equitatius.

Una educació radical és aquella que va a l’arrel dels problemes i que no es limita a criticar superficialment el sistema, sinó que desenvolupa capacitat col·lectiva per superar-lo. Aquesta transformació no pot quedar restringida a projectes aïllats, sinó que ha d’estar connectada amb els conflictes socials del present i amb les lluites de la classe treballadora.

• La transformació neix del conflicte

La transformació social no sorgeix de la concessió del poder, sinó de la capacitat de la classe treballadora d’organitzar-se, confrontar i construir força pròpia. En aquest sentit, la vaga ha estat i continua sent una de les eines fonamentals de la nostra classe. Ens recorda que el funcionament del sistema depèn del nostre treball i que, quan ens organitzem, tenim la capacitat de qüestionar les decisions imposades i disputar el rumb de les institucions que sostenim. Aquest nou cicle de vagues educatives que iniciem ha d’esdevenir l’expressió col·lectiva de la nostra capacitat d’intervenir sobre la realitat.

Cada vaga és una escola de solidaritat, i cada assemblea, una escola d’autogestió. Des de l’organització de les treballadores a cada centre, generem un brou de cultiu amb potencialitats transformadores, des de baix. Les assemblees de centre són espais imprescindibles per compartir problemàtiques, prendre decisions col·lectives i convertir malestars individuals en una força comuna. Alhora, les assemblees de zona i els espais de coordinació entre aquests permeten superar l’aïllament, posar en comú experiències i construir una resposta contundent i compartida davant d’unes problemàtiques que travessen tot el sistema educatiu.

El curs passat, vam poder veure com el sindicalisme combatiu va tenir un paper essencial com a eina al servei de l’autoorganització de les treballadores. Aquest és el sindicalisme pel qual apostem i que és necessari que continui avançant aquest curs. Un sindicalisme que no substitueix les assemblees ni parla en nom de les treballadores, sinó que acompanya, dona suport i aporta recursos per enfortir les lluites que neixen des dels centres. La seva funció ha de ser contribuir a blindar els processos d’organització col·lectiva, donar cobertura davant les pressions i represàlies, facilitar la coordinació i ajudar a transformar les reivindicacions immediates en una consciència més àmplia de classe.

En aquest sentit, és imprescindible dotar-nos d’eines materials que permetin sostenir els processos de lluita. Les caixes de resistència són concrecions pràctiques del suport mutu i de la solidaritat de classe i, en el marc d’aquestes vagues educatives, ha nascut la CREC (Caixa de Resistència Educativa de Catalunya), la qual respon a la necessitat de reduir l’impacte econòmic de la vaga sobre les treballadores i, alhora, reforçar la nostra capacitat col·lectiva de mantenir el conflicte.

La capacitat de lluita no depèn només de la voluntat individual de les treballadores, sinó també de les estructures col·lectives que siguem capaces de construir per sostenir-la: assemblees, espais de coordinació, caixes de resistència, sindicalisme combatiu… Formen part d’una mateixa infraestructura de lluita que ens permet passar les reivindicacions i indignacions individuals en una força col·lectiva organitzada.

Sense organització no hi ha força. Sense assemblea no hi ha democràcia obrera. Sense acció directa no hi ha conquestes duradores.

• La defensa de la vida davant la crisi capitalista

Qualsevol projecte educatiu pensat des de i per a la classe treballadora ha de tenir present una qüestió fonamental: no hi ha futur possible sense un planeta habitable. La crisi ecològica és una conseqüència directa d’un model capitalista basat en el creixement infinit, l’extracció de recursos i l’explotació de territoris i comunitats.

L’educació ha de contribuir a construir una nova relació amb la natura, basada en la cura, la cooperació i el respecte pels límits ecològics del planeta. No es tracta només de reduir els impactes del sistema actual, sinó de qüestionar les seves bases i imaginar noves formes de producció, consum i organització social orientades a garantir la reproducció digna de la vida.

Per això, la lluita educativa ha de formar part d’un projecte polític més ampli: la construcció d’una societat socialista i llibertària basada en l’autogestió de la classe treballadora. Un projecte que busqui acabar amb l’explotació econòmica, amb totes les formes d’opressió i amb les estructures que impedeixen a les persones decidir sobre les seves pròpies vides.

Aquesta alternativa ha de construir-se a partir dels conflictes del present i dels espais d’organització existents, i l’escola n’ha de ser reflex. L’alternativa ha de desenvolupar:

• Una economia on les tasques de sosteniment siguin organitzades col·lectivament.
• Una societat lliure de qualsevol forma de dominació per raó de gènere, identitat, sexualitat, origen, cultura, capacitats, etc.
• Formes de participació directa on les treballadores i les comunitats recuperin el poder de decisió sobre allò que els afecta.
• Models d’organització política descentralitzats, federals i basats en la cooperació, la delegació revocable i l’autogestió.
• Una relació amb la natura que garanteixi la continuïtat de la vida i el benestar de les generacions presents i futures.

L’educació és un terreny de lluita perquè també és un terreny de possibilitat. Si el capitalisme necessita l’educació per reproduir-se, nosaltres tenim la responsabilitat d’organitzar-la perquè serveixi per construir allò que encara no existeix, però portem dins dels nostres cors: una societat lliure, igualitària i socialista.

Conclusió

Cal donar la deguda importància a l’educació i a la instrucció, grans forces que podran formar aquelles reserves tan importants, tan necessàries i sempre decisives en l’últim combat”

Anselmo Lorenzo (1841-1914).

L’educació és un dels principals camps de batalla de la lluita de classes. No hi ha escola neutral sota el capitalisme: les seves institucions estan pensades per reproduir les relacions de dominació, disciplinar els cossos, modelar consciències i proveir el mercat de treball de mà d’obra dòcil i adaptable. Però, alhora, les escoles són també espais de resistència, d’organització i de construcció d’alternatives.

Davant la precarització de les condicions laborals i la mercantilització creixent de l’ensenyament i de la gestió dels centres públics, la resposta només pot néixer de la força col·lectiva de les treballadores. Ni el Departament ni els sindicats de concertació estan al servei de la nostra classe, no representen els nostres interessos i s’encarreguen de desactivar el conflicte. Tenim molt clar que, qui impulsarà les transformacions que necessitem, som les treballadores de la mà del sindicalisme revolucionari, des de la base.

Tenim la força, les eines i la creativitat. Cal continuar treballant per convertir cada centre educatiu en un escenari de conflicte, i per donar forma a l’organització de les treballadores de l’educació perquè aquesta sigui horitzontal i combativa. No volem les molles, les treballadores de l’educació volem el pa sencer i, aquest setembre, el curs no comença amb normalitat.

Valorem aquest cicle de vagues com un procés d’acumulació de forces, d’aprenentatges i experiències de lluita, i d’agudització del conflicte. Procés en el qual s’han plantat les llavors del que podria esdevenir un projecte realment emancipador, comprenent la importància del sindicalisme de classe, descorporativitzat i des de l’autoorganització de base. Cal començar, doncs, a treballar en com aquestes experiències de lluita i aprenentatges ens acosten a constituir a la classe com a subjecte polític capaç de lluitar sota una proposta socialista i llibertària.

Batzac-Joventuts Llibertàries i Embat-Organització Llibertària de Catalunya.

Decir que el anarquismo es una ideología colonial o simplemente eurocéntrica suele partir de una confusión muy básica: tomar la parte más visible de su canon por la totalidad de su historia. Esa confusión no solo aparece entre críticos externos. También atraviesa al propio movimiento anarquista. Hay demasiados anarquistas que conocen mejor la estética de la tradición que su desarrollo histórico, sus debates internos, sus experiencias organizativas y su presencia real en luchas obreras, campesinas, anticoloniales, feministas y populares fuera de Europa.

El problema no es menor. Un movimiento que desconoce su propia historia acaba aceptando la caricatura que otros hacen de él. Si el anarquismo se presenta únicamente como rechazo del Estado, como defensa abstracta de la libertad individual o como sensibilidad antiautoritaria general, entonces es fácil convertirlo en una tradición difusa, incoherente o reducible a un puñado de autores europeos. Esa reducción empobrece todo. Borra su carácter socialista, su relación con la lucha de clases, su apuesta por la autogestión, su dimensión internacionalista y sus debates estratégicos sobre organización, sindicalismo, revolución, violencia, reformas, poder popular y construcción de fuerza social.

Reducir el anarquismo al antiestatismo es un error teórico grave. El rechazo del Estado forma parte de la tradición anarquista, pero no basta para definirla. También hay liberales extremos, capitalistas antiestatales, sectas religiosas, corrientes reaccionarias y distintas formas de individualismo que pueden rechazar al Estado por motivos completamente opuestos a los del anarquismo. El anarquismo histórico no combatió el Estado para dejar intactos el capital, la propiedad privada, el patriarcado, el colonialismo, la explotación o las jerarquías sociales. Su crítica del Estado estuvo vinculada a una crítica más amplia de la dominación y a una propuesta de reorganización social basada en la autogestión, el federalismo, la acción colectiva y la emancipación de las clases oprimidas.

Por eso resulta tan pobre identificar el anarquismo con una ética individual de la desobediencia. El anarquismo no se desarrolló históricamente como una simple afirmación del individuo contra toda norma común. Se construyó en sindicatos, federaciones, periódicos, ateneos, escuelas, huelgas, insurrecciones, organizaciones específicas, redes de solidaridad, movimientos campesinos y experiencias revolucionarias. Su problema central no era cómo preservar la comodidad subjetiva de cada militante, sino cómo construir una fuerza social capaz de enfrentar estructuras reales de poder. Esa diferencia importa, porque una tradición revolucionaria no puede sobrevivir si sus propios militantes la rebajan a temperamento, identidad o estilo de vida.

La acusación de eurocentrismo tiene una parte de verdad solo si se dirige contra cierta forma de contar la historia del anarquismo, no contra el anarquismo como tradición histórica. Durante mucho tiempo, muchas historias generales privilegiaron Europa occidental y el eje atlántico norte. Dieron protagonismo excesivo a los grandes hombres, a los textos más conocidos y a los debates europeos, dejando en segundo plano la expansión global del anarquismo y su inserción en procesos sociales concretos. Esa historiografía sí debe ser criticada. Pero confundir una historiografía limitada con el movimiento real es un salto injustificable.

El anarquismo tuvo presencia global. No fue una doctrina europea que simplemente descendió sobre pueblos pasivos. Circuló a través de migraciones obreras, exilios políticos, prensa militante, redes sindicales, puertos, cárceles, traducciones, escuelas populares y luchas sociales. En América Latina, se vinculó a movimientos obreros, sindicalismo revolucionario, anticlericalismo, educación popular y conflictos directos con patronales y Estados. En Asia oriental, tuvo expresiones propias en Japón, China y Corea, donde se cruzó con antiimperialismo, crítica al militarismo, debates sobre educación, familia, trabajo, revolución social y resistencia colonial. En distintos contextos africanos y coloniales, las ideas antiautoritarias también entraron en contacto con luchas contra el imperialismo, el racismo y la explotación.

Nada de esto convierte al anarquismo en una tradición pura, sin contradicciones ni límites. Sería absurdo plantearlo así. Hubo anarquistas con prejuicios racistas, prácticas machistas, lecturas eurocéntricas, errores estratégicos y cegueras propias de su tiempo. Pero una crítica seria empieza por distinguir entre las limitaciones reales de militantes concretos, las debilidades de cierta historiografía y el contenido general de una tradición política. El anarquismo no se define por cada error cometido por anarquistas, sino por su proyecto de abolir las relaciones de dominación y sustituirlas por formas autogestionarias de vida social.

La cuestión colonial debe formularse con precisión. Colonialismo no significa que una idea haya tenido autores europeos. Colonialismo significa dominación política, militar, económica, racial y cultural de unos pueblos sobre otros. Significa extracción, administración imperial, fronteras impuestas, jerarquías raciales, trabajo forzado, evangelización, policía, prisión y subordinación. Si se aplica el término con rigor, el anarquismo aparece históricamente más cerca de las luchas contra esas estructuras que de su defensa. Los anarquistas combatieron imperios, Estados nacionales, ejércitos, patronales, iglesias, terratenientes, policías y burocracias. También criticaron la idea de que la liberación consistiera solo en sustituir una élite extranjera por una élite nacional.

Este punto es fundamental. El anarquismo no se conforma con preguntar quién ocupa el poder político. Pregunta por qué debe existir una estructura separada que gobierne sobre la sociedad. Esa diferencia lo separa tanto del liberalismo como de los proyectos nacionalistas o socialistas autoritarios que aceptan la concentración del poder como instrumento de emancipación. Allí donde otros imaginaron la libertad como toma del Estado, el anarquismo insistió en la organización directa de las clases oprimidas. Allí donde otros confiaron en partidos, jefaturas o burocracias revolucionarias, el anarquismo defendió la capacidad de los propios explotados para construir sus organizaciones, sus formas de decisión y sus mecanismos de defensa.

Precisamente por eso la ignorancia histórica dentro del anarquismo es tan dañina. Cuando se olvida esta dimensión social y organizativa, el anarquismo queda reducido a una actitud. Se convierte en rechazo genérico de la autoridad, sospecha permanente ante cualquier compromiso colectivo, incapacidad de sostener estructuras estables y desprecio por la estrategia. Así, conceptos como autonomía, horizontalidad o antiautoritarismo pierden contenido político y se transforman en excusas para la dispersión. La libertad deja de ser un proyecto de reorganización social y pasa a significar que nadie puede exigir nada a nadie.

Esa versión del anarquismo no amenaza al poder. Al contrario, lo deja tranquilo. Un anarquismo sin memoria histórica, sin análisis de clase, sin organización, sin disciplina colectiva y sin inserción en luchas reales puede producir gestos, pero no fuerza social. Puede tener símbolos, pero no estrategia. Puede tener discurso, pero no capacidad de transformación. El capital, el Estado y las clases dominantes no se enfrentan con temperamentos rebeldes. Se enfrentan con movimientos organizados, con arraigo popular, con objetivos claros y con prácticas capaces de sostener conflicto en el tiempo.

La recuperación histórica del anarquismo no es una cuestión académica secundaria. Es una necesidad política. Estudiar el anarquismo global permite desmontar dos errores al mismo tiempo: la acusación externa que lo reduce a ideología europea y la degradación interna que lo reduce a libertad individual sin proyecto social. Permite recordar que el anarquismo fue, en sus mejores momentos, una tradición de masas, de organización, de lucha de clases, de internacionalismo y de autogestión. Permite también reconocer sus fracasos sin convertirlos en condena total, y sus aciertos sin transformarlos en mitología.

Un anarquismo que se tome en serio a sí mismo debe conocer a Bakunin, Kropotkin, Malatesta o Louise Michel, pero no puede quedarse ahí. Debe estudiar cómo el anarquismo se articuló históricamente con movimientos obreros, campesinos y anticoloniales en contextos distintos; cómo funcionaron sus organizaciones sindicales y federativas; qué debates estratégicos surgieron sobre partido, sindicato, insurrección o poder popular; y por qué ciertas experiencias lograron arraigo social mientras otras quedaron aisladas o fueron derrotadas. No por afán enciclopédico, sino porque sin esa memoria el movimiento se vuelve políticamente infantil.

La crítica correcta no es «el anarquismo es colonial». La crítica correcta sería: demasiadas veces el anarquismo ha sido contado de forma eurocéntrica y demasiados anarquistas han aceptado esa versión reducida de su propia historia. Esa crítica sí es legítima ya que obliga a ampliar el archivo, a corregir el canon, a mirar más allá de Europa y a reconstruir la tradición desde sus prácticas reales, no solo desde sus textos más citados. 

El anarquismo no necesita ser defendido como una identidad sagrada. Necesita ser comprendido con rigor. Su valor no está en ser una marca de rebeldía, sino en haber formulado una crítica profunda de la dominación y una propuesta de organización social basada en la autogestión, el federalismo y la acción directa de los oprimidos. Si el movimiento quiere estar a la altura de esa historia, debe abandonar la comodidad de la consigna fácil y recuperar el trabajo serio: estudiar, organizar, debatir estrategia, construir fuerza social y dejar de confundir la libertad con la ausencia de responsabilidad.

Para quienes quieran conocer mejor el desarrollo histórico global del anarquismo, una recomendación fundamental es Bandera Negra, de Felipe Correa, editado por Teima Editorial. Es un trabajo serio y accesible que ayuda a desmontar muchos mitos y simplificaciones sobre la tradición anarquista, mostrando su dimensión internacional, organizativa y revolucionaria.

El libro está disponible en distintas librerías por el estado. También puedes encontrar más información aquí: https://banderanegra.net/

Don Diego de la Vega, militante de Liza

Introducción

Durante décadas, parte del pensamiento crítico ha sostenido que el proletariado ha dejado de ocupar la posición histórica que desempeñó durante el largo ciclo del movimiento obrero, aproximadamente desde mediados del siglo XIX hasta la crisis del capitalismo fordista en los años setenta del siglo XX. La desindustrialización de las economías occidentales, la fragmentación del trabajo, la expansión del sector servicios, la precarización del empleo, la individualización de las relaciones laborales y la integración creciente de la vida social en la lógica del consumo han llevado a cuestionar la vigencia de la política de clase como horizonte estratégico de la emancipación.

En el ámbito libertario, la discusión es especialmente intensa. Autores como Tomás Ibáñez y Miquel Amorós argumentan que las profundas transformaciones del capitalismo han erosionado las condiciones históricas que hicieron posible el movimiento obrero clásico. La desaparición de la cultura obrera, la integración institucional de las organizaciones sindicales, la disolución de las antiguas comunidades de trabajo y de barrio y la creciente colonización mercantil de la existencia habrían privado al proletariado de la centralidad política que desempeñó durante más de un siglo. La cuestión ya no sería únicamente la derrota de determinadas organizaciones, sino el agotamiento de un ciclo histórico en el que la clase trabajadora pudo constituirse como sujeto revolucionario.

El diagnóstico contiene elementos difíciles de discutir. Resulta evidente que el capitalismo contemporáneo ha transformado profundamente las condiciones de producción, la composición del trabajo asalariado y las formas tradicionales de organización de la clase obrera. También parece indudable que las experiencias históricas del movimiento obrero —socialdemócratas, comunistas, consejistas, sindicalistas revolucionarias y anarquistas— pertenecen a un contexto histórico que no puede reproducirse mecánicamente. Quien pretenda reconstruir las formas organizativas del siglo XX ignorando las mutaciones del capitalismo global caerá inevitablemente en el anacronismo.

Sin embargo, de estas constataciones no se desprende necesariamente la conclusión de que el proletariado haya dejado de constituir el sujeto potencial de una transformación revolucionaria. Entre el reconocimiento de una derrota histórica y la afirmación de una imposibilidad histórica existe una diferencia decisiva. Que las formas políticas mediante las cuales el proletariado actuó durante un determinado período hayan entrado en crisis no implica que hayan desaparecido las relaciones sociales que hicieron posible su aparición. Menos aún autoriza a concluir que la contradicción entre capital y trabajo haya perdido su carácter estructurante dentro del capitalismo contemporáneo.

La hipótesis que orienta este artículo es precisamente la contraria. La reorganización mundial del capitalismo iniciada en la década de 1970 no ha eliminado el fundamento material del proletariado, sino que lo ha transformado y ampliado a una escala desconocida hasta entonces. La desindustrialización relativa de Europa y Norteamérica ha coincidido con una extraordinaria expansión del trabajo asalariado en Asia, América Latina, África y Europa oriental; la fragmentación de los procesos productivos ha ido acompañada por una integración cada vez más intensa del mercado mundial; y la diversificación de las formas de empleo no ha reducido la dependencia salarial, sino que la ha extendido a nuevos sectores de la población.

Es crucial distinguir dos planos: crisis de conciencia de clase, organizaciones obreras y formas históricas de la política proletaria, por un lado, y, por otro, la persistencia de condiciones objetivas que hacen posible la existencia de una clase definida por la necesidad de vender su fuerza de trabajo para vivir.

El propósito de este trabajo no consiste, por tanto, en negar la profundidad de la derrota sufrida por el movimiento obrero durante las últimas décadas ni en idealizar unas formas de organización cuya crisis es evidente. Tampoco pretende defender una concepción esencialista del proletariado como sujeto predestinado de la historia. Su objetivo es más limitado, pero también más preciso: examinar si las transformaciones experimentadas por el capitalismo justifican realmente la conclusión de que la clase trabajadora ha perdido definitivamente toda potencialidad revolucionaria o si, por el contrario, la crisis afecta principalmente a las formas históricas de su organización y no a la posición estructural que continúa ocupando dentro de las relaciones de producción.

Responder a esta cuestión exige desplazar el análisis desde el espacio restringido de las sociedades occidentales hacia el capitalismo mundial realmente existente. Sólo desde esa perspectiva resulta posible valorar hasta qué punto la expansión planetaria del trabajo asalariado, las nuevas migraciones internacionales, la reorganización de las cadenas globales de producción y la aparición de nuevas formas de explotación modifican —o confirman— la hipótesis clásica según la cual la contradicción entre capital y trabajo continúa constituyendo el eje fundamental de las sociedades capitalistas.

El capitalismo tardío, obsoleto en su promesa de bienestar general, se aferra a la supervivencia mediante una deriva hacia la economía de guerra. Cuando la rentabilidad de la producción civil se agota, se reactivan ciclos de gasto militar, priorización de la seguridad y excepcionalidad permanente que disciplinan a la sociedad y reconfiguran las prioridades públicas. Este régimen, criminal en sus efectos, externaliza costes —ambientales, humanos y democráticos— mientras convierte el miedo y el conflicto en nuevos nichos de acumulación. En ese horizonte, la precarización del trabajo y la disolución del papel del proletariado como sujeto político no son fallos del sistema, sino condiciones de posibilidad para un modelo que necesita población disponible, desorganizada y vigilada, al servicio de una maquinaria que produce valor a través de la destrucción.

El proletariado como relación social y no como figura histórica

El debate sobre la vigencia del proletariado suele partir de los cambios del capitalismo contemporáneo para luego extraer conclusiones sociológicas. Conviene, antes, fijar el concepto: el proletariado no es una figura histórica particular —el obrero fabril fordista— sino una posición en las relaciones sociales de producción.

Desde este punto de vista, resulta significativo que buena parte de las tesis sobre la crisis del proletariado tomen como referencia una figura histórica muy concreta: el obrero industrial, concentrado en grandes establecimientos fabriles, organizado sindicalmente, integrado en barrios obreros relativamente homogéneos y portador de una cultura colectiva construida a lo largo de más de un siglo de luchas sociales. Esa figura existió y desempeñó un papel decisivo en la historia del movimiento obrero europeo. Pero identificarla con el proletariado en cuanto tal supone convertir una experiencia histórica determinada en una definición universal.

Marx nunca procedió de ese modo. A lo largo de El capital, la condición proletaria no aparece caracterizada por un oficio, una rama industrial o una forma específica de organización del trabajo. Lo que define al proletario es su posición dentro de las relaciones sociales de producción. El trabajador es proletario porque carece de medios propios para producir y reproducir su existencia y, por ello, se ve obligado a vender su fuerza de trabajo al propietario del capital. Esta definición posee un grado de abstracción suficiente para abarcar formas de trabajo extraordinariamente diversas y explica, precisamente por ello, la enorme capacidad de adaptación del capitalismo a contextos históricos cambiantes.

La distinción no es un simple problema terminológico. De ella depende toda la interpretación posterior. Si se identifica el proletariado con la gran clase obrera industrial surgida durante el capitalismo fordista, resulta relativamente sencillo concluir que hoy nos encontramos ante su declive. Si, por el contrario, se entiende el proletariado como una relación social determinada por la dependencia salarial y la expropiación de los medios de producción, entonces la cuestión cambia completamente de naturaleza. Ya no se trata de preguntar si la vieja figura del obrero industrial continúa siendo mayoritaria, sino de averiguar si el desarrollo del capitalismo ha reducido o ampliado el número de personas cuya existencia depende de la venta de su fuerza de trabajo.

La respuesta parece bastante clara. Durante las últimas cinco décadas, el capitalismo ha conocido una expansión extraordinaria de las relaciones salariales. No porque haya mejorado las condiciones de vida de quienes trabajan, sino porque ha incorporado a la producción mercantil regiones enteras del planeta que hasta entonces permanecían parcialmente al margen de ella. El proceso de urbanización acelerada que ha acompañado a la globalización económica constituye, probablemente, el mayor movimiento de proletarización de toda la historia.

Conviene detenerse un momento en este aspecto, porque suele quedar oscurecido por una mirada excesivamente centrada en la experiencia europea. Desde finales de los años setenta, cientos de millones de campesinos abandonaron las economías rurales para incorporarse a la producción capitalista. La industrialización de China representa el ejemplo más conocido, pero no el único. Procesos similares, aunque de menor intensidad, pueden observarse en Vietnam, Bangladés, India, Indonesia, México o Etiopía. En todos estos casos, asistimos a la formación de enormes concentraciones de trabajadores asalariados cuya existencia social responde exactamente a la definición clásica del proletariado.

Lo que desaparece, por tanto, no es el proletariado, sino una determinada geografía industrial. La deslocalización productiva suele interpretarse desde Europa como un fenómeno de desindustrialización, cuando en realidad constituye una redistribución internacional de la producción. Las fábricas que cerraban en el norte del continente reaparecían, ampliadas en muchos casos, en el delta del río Perla, en las zonas económicas especiales chinas, en los corredores industriales del sudeste asiático o en las maquilas centroamericanas. El capital abandonaba unos territorios para instalarse en otros, pero seguía dependiendo del trabajo asalariado como condición indispensable de su valorización.

Este desplazamiento geográfico tiene consecuencias importantes para la teoría social. Si el análisis permanece encerrado dentro de las fronteras europeas, la impresión de que el proletariado se desvanece resulta comprensible. Los viejos barrios obreros desaparecen, las grandes factorías reducen plantilla, los sindicatos pierden afiliados y el empleo industrial deja paso a actividades terciarias. Sin embargo, esa imagen cambia radicalmente cuando el marco de observación deja de ser nacional o continental y pasa a ser mundial. Lo que aparece entonces no es una reducción de la clase trabajadora, sino su extraordinaria expansión, acompañada de una reorganización profunda de la división internacional del trabajo.

En este punto conviene introducir una matización importante. Reconocer que el proletariado ha aumentado numéricamente no significa negar que hayan cambiado las condiciones bajo las cuales puede constituirse como sujeto político. Sería absurdo ignorar que la fragmentación productiva, la precarización del empleo, la individualización de las relaciones laborales o la dispersión territorial dificultan enormemente la construcción de organizaciones estables y de identidades colectivas comparables a las que caracterizaron al movimiento obrero clásico. Pero, precisamente por ello, resulta necesario distinguir cuidadosamente entre la existencia objetiva de una clase y las formas históricas que adopta su organización política.

La confusión entre ambos planos ha acompañado con frecuencia las discusiones de las últimas décadas. Allí donde desaparecen las viejas organizaciones obreras, se tiende a concluir que ha desaparecido también la clase que las hizo posibles. Sin embargo, la relación puede formularse exactamente al revés. Quizás lo que ha entrado en crisis no sea el proletariado, sino las formas organizativas heredadas de una fase determinada del desarrollo capitalista. Si esta hipótesis fuera correcta, el problema político dejaría de consistir en encontrar un nuevo sujeto revolucionario y pasaría a ser el de comprender cómo puede reorganizarse una clase que continúa existiendo bajo condiciones profundamente modificadas.

Esta cuestión nos conduce directamente al núcleo del debate. Porque, en realidad, la discusión no gira únicamente en torno a la sociología del trabajo contemporáneo. Lo que está en juego es la interpretación misma de la derrota histórica sufrida por el movimiento obrero durante las últimas décadas. Y es precisamente ahí donde las tesis de Ibáñez y Amorós muestran, a mi juicio, sus principales limitaciones.

La derrota del movimiento obrero y la ilusión de su desaparición

La cuestión adquiere un relieve diferente cuando se deja de considerar únicamente la evolución del trabajo asalariado y se examina la trayectoria histórica del movimiento obrero. Es aquí donde, probablemente, reside el origen del diagnóstico pesimista que recorre buena parte del pensamiento crítico contemporáneo. Porque resulta difícil negar que las organizaciones que durante más de un siglo articularon la experiencia política de la clase trabajadora atraviesan una crisis de enorme profundidad. Los grandes sindicatos se han institucionalizado, los partidos obreros han abandonado hace tiempo cualquier horizonte de transformación social, la cultura proletaria que caracterizó amplias zonas industriales prácticamente ha desaparecido y las sucesivas derrotas sufridas desde finales de los años setenta han debilitado la confianza en la capacidad del conflicto social para alterar el curso del capitalismo.

Todo ello constituye un hecho histórico que ninguna interpretación seria puede ignorar. Sin embargo, reconocer esa derrota no obliga necesariamente a aceptar las conclusiones que con frecuencia se derivan de ella. Entre la constatación de una derrota política y la afirmación de que el proletariado ha dejado de ocupar un lugar central en el capitalismo existe un salto argumentativo que rara vez se justifica de manera suficiente.

Quizás convenga recordar una evidencia elemental. Las clases sociales no desaparecen porque sean derrotadas. Si así fuera, habría que concluir que la burguesía dejó de existir cada vez que perdió el poder político en algún proceso revolucionario o que la aristocracia desapareció inmediatamente después de las revoluciones liberales. Las clases no se definen por el éxito o el fracaso de sus organizaciones, sino por la posición que ocupan dentro de las relaciones sociales de producción. Las derrotas modifican la correlación de fuerzas, destruyen instituciones, interrumpen tradiciones políticas e incluso alteran profundamente la conciencia colectiva, pero no transforman por sí mismas la estructura fundamental de las relaciones sociales.

Esta observación resulta especialmente pertinente cuando se analiza la evolución del capitalismo desde la década de 1970. La ofensiva neoliberal no consistió únicamente en una serie de reformas económicas. Fue, ante todo, una gigantesca operación política dirigida a quebrar el poder acumulado por el movimiento obrero durante el ciclo abierto tras la Segunda Guerra Mundial. Las derrotas de los mineros británicos, la reconversión industrial en buena parte de Europa, la flexibilización del mercado de trabajo, la deslocalización productiva o la creciente sumisión de la economía a las finanzas no fueron procesos independientes entre sí. Formaron parte de una estrategia de reorganización del capitalismo cuyo objetivo consistía precisamente en debilitar la capacidad de negociación y de resistencia de la clase trabajadora.

Resulta paradójico que el éxito de esa ofensiva haya terminado interpretándose, en ocasiones, como la prueba de que el proletariado ha dejado de existir o de que habría perdido toda relevancia histórica. En realidad, podría sostenerse exactamente la tesis contraria. Si el capital desplegó semejante esfuerzo para transformar la organización del trabajo, desplazar la producción hacia otras regiones del planeta, fragmentar las plantillas y precarizar el empleo fue precisamente porque seguía considerando que la concentración obrera constituía uno de los principales límites para su proceso de acumulación. La reorganización del capitalismo no demuestra la desaparición del conflicto entre capital y trabajo; constituye una respuesta a ese conflicto.

En este punto conviene detenerse un momento en las implicaciones del propio concepto de reorganización capitalista. El capitalismo no modifica continuamente sus formas de producción por un simple afán de innovación tecnológica. Cada transformación importante responde, al menos en parte, a la necesidad de superar obstáculos surgidos durante el ciclo anterior de acumulación. La mecanización respondió a la necesidad de incrementar la productividad; el fordismo permitió organizar la producción en masa; la deslocalización facilitó la reducción de costes laborales; la logística global hizo posible coordinar procesos productivos dispersos geográficamente. Ninguna de estas transformaciones elimina el trabajo asalariado. Todas buscan reorganizarlo de una manera más favorable para la acumulación del capital.

Quizás por ello resulte más adecuado hablar de una crisis de las formas históricas del movimiento obrero que de una crisis del proletariado como clase. Las organizaciones que surgieron alrededor de la gran industria fordista respondían a unas condiciones muy determinadas: relativa estabilidad del empleo, concentración de miles de trabajadores en un mismo espacio productivo, continuidad de las relaciones laborales y existencia de comunidades obreras relativamente cohesionadas. Cuando esas condiciones desaparecen o se modifican profundamente, las formas organizativas heredadas dejan de funcionar con la misma eficacia. Pero de ahí no se deduce que desaparezca la clase cuya existencia dio origen a dichas organizaciones.

La historia ofrece numerosos ejemplos de esta diferencia. El sindicalismo revolucionario de comienzos del siglo XX no fue idéntico al cartismo inglés, ni este coincidía con las formas de organización artesanal anteriores a la Revolución Industrial. Cada transformación del capitalismo produjo nuevas formas de conflicto y exigió nuevas respuestas organizativas. Nadie habría concluido, por ello, que la clase trabajadora dejaba de existir cada vez que una de esas formas históricas entraba en crisis. Resulta extraño que hoy se acepte con relativa facilidad una conclusión semejante.

Todo ello obliga a replantear la cuestión inicial. Quizás la pregunta pertinente no sea si el proletariado continúa siendo idéntico al que protagonizó las grandes luchas obreras del siglo XX. Evidentemente, no lo es. Tampoco el capitalismo contemporáneo se parece al capitalismo analizado por Marx en la Inglaterra victoriana. La verdadera cuestión consiste en determinar si las transformaciones experimentadas durante las últimas décadas han alterado la relación fundamental entre capital y trabajo o si, por el contrario, únicamente han modificado las formas bajo las cuales esa relación continúa reproduciéndose.

Responder a esta pregunta exige abandonar la mirada eurocentrista y examinar el desarrollo del capitalismo como un sistema mundial. Sólo entonces resulta posible valorar hasta qué punto la aparente desaparición del proletariado constituye un fenómeno real o, más bien, un efecto de perspectiva derivado de observar únicamente una parte del proceso. La clase no muere: el capital la reconstruye.

Ahora bien, reconocer la profundidad de esa transformación no obliga a concluir que la propia posibilidad de una política de clase haya desaparecido. Significa, más bien, que las condiciones sobre las cuales dicha política deberá rehacerse son radicalmente distintas de las existentes durante buena parte del siglo XX. La diferencia es importante porque desplaza el centro del problema. Ya no se trata de decidir si el proletariado existe o no existe, sino de comprender por qué una clase objetivamente más numerosa encuentra tantas dificultades para reconocerse como tal y para dotarse de formas estables de organización.

En realidad, esta cuestión no debería sorprender. La historia del capitalismo puede leerse, en buena medida, como una historia de los esfuerzos realizados por el capital para impedir que la asociación impuesta en el proceso productivo se transforme en colaboración política contra el propio capital. Cada avance importante del movimiento obrero ha sido seguido por intentos de reorganizar la producción de tal modo que dificultara nuevas formas de solidaridad. La introducción de maquinaria, la división científica del trabajo, la descentralización productiva, la automatización, la externalización o la economía de plataformas no responden únicamente a exigencias técnicas. Constituyen también formas de organización del trabajo que modifican la capacidad de los trabajadores para actuar colectivamente.

Desde esta perspectiva, la fragmentación contemporánea del trabajo adquiere un significado diferente. No expresa el final de la contradicción entre capital y trabajo, sino una determinada forma de gestionarla. El capital no fragmenta el trabajo porque este haya dejado de ser conflictivo; lo fragmenta precisamente porque sigue siéndolo. La dispersión de las plantillas, la proliferación de empresas auxiliares, la contratación temporal o la individualización de las relaciones laborales reducen el poder de negociación de quienes trabajan y dificultan la construcción de identidades colectivas. La fragmentación no constituye la prueba de que el proletariado haya desaparecido, sino una estrategia de dominio sobre un proletariado cuya potencial capacidad de resistencia continúa siendo percibida como un problema por el propio capital.

Llegados a este punto aparece con claridad una diferencia de enfoque que atraviesa todo el debate. Allí donde algunos análisis contemplan la fragmentación del trabajo como el certificado de defunción del proletariado, cabría interpretarla, por el contrario, como una respuesta histórica del capitalismo frente a la persistencia del conflicto de clase. En el primer caso, la conclusión es inevitablemente pesimista: desaparecido el sujeto, solo quedan resistencias dispersas y luchas parciales. En el segundo, el problema adquiere un carácter muy distinto. La cuestión deja de ser la inexistencia de la clase y pasa a ser la búsqueda de nuevas formas de organización capaces de responder a las condiciones creadas por la reestructuración capitalista.

Esta diferencia no es simplemente teórica. Afecta directamente a la práctica política. Las categorías con las que se interpreta la realidad condicionan también las posibilidades que se consideran abiertas. Si se parte de la premisa de que el proletariado pertenece definitivamente al pasado, resulta lógico dirigir la atención hacia otros sujetos sociales y abandonar la perspectiva de una política de clase. Si, por el contrario, se entiende que la clase trabajadora continúa constituyendo el fundamento material del capitalismo contemporáneo, aunque profundamente transformada, la cuestión estratégica cambia por completo. El desafío ya no consiste en sustituir al proletariado por nuevos sujetos históricos, sino en comprender cómo puede recomponerse una conciencia colectiva allí donde el capital ha hecho todo lo posible por impedirla.

Esta observación permite volver, finalmente, al punto de partida del artículo. La cuestión decisiva no consiste en negar las profundas transformaciones sufridas por el capitalismo desde la década de 1970. Esas transformaciones son reales y han alterado radicalmente el paisaje social sobre el que actuó el movimiento obrero clásico. Lo discutible es convertir esos cambios en la prueba de que las relaciones fundamentales del capitalismo han dejado de existir. Porque, precisamente cuando el trabajo asalariado alcanza una extensión mundial sin precedentes, declarar agotada la categoría de proletariado parece describir menos la realidad objetiva del capitalismo que la experiencia histórica de una derrota política cuya importancia nadie debería subestimar, pero cuya explicación no puede buscarse en la supuesta desaparición de la clase que la ha sufrido.

Esta hipótesis no es meramente abstracta. Las experiencias de la autonomía obrera en Italia entre finales de los sesenta y los setenta —del ‘otoño caliente’ a la autoorganización difusa en fábrica y territorio— y los ciclos asamblearios y anarcosindicales en España durante la Transición mostraron que la asociación impuesta en la producción puede devenir participación política sin mediación de partido, mediante organización desde abajo en taller, barrio y cadenas logísticas.

Las consecuencias políticas de un diagnóstico

Hasta aquí se ha sostenido que las transformaciones experimentadas por el capitalismo desde la década de 1970 no autorizan a hablar de la desaparición del proletariado como clase social. La expansión mundial del trabajo asalariado, la reorganización geográfica de la producción y la persistencia de la relación capital–trabajo parecen apuntar, más bien, en la dirección contraria. Sin embargo, la importancia de esta discusión no radica únicamente en una cuestión de exactitud conceptual. Lo verdaderamente relevante son las consecuencias políticas que se derivan de uno u otro diagnóstico.

Las categorías teóricas nunca son neutrales. No constituyen simples instrumentos descriptivos, sino formas de ordenar la experiencia histórica y, por tanto, de delimitar el horizonte de lo políticamente posible. Cuando se modifica la manera de comprender una realidad social, cambian también las estrategias que se consideran razonables para intervenir sobre ella. En este sentido, la discusión sobre el proletariado desborda ampliamente el terreno de la sociología y se sitúa de lleno en el de la teoría política.

Si se acepta que el proletariado ha dejado de desempeñar un papel estructural en el capitalismo contemporáneo, la consecuencia lógica consiste en abandonar toda estrategia fundada sobre la organización de clase. La emancipación deja entonces de concebirse como el resultado de un conflicto que nace de las propias relaciones de producción y pasa a depender de una pluralidad de resistencias cuya articulación aparece siempre como un problema abierto. La política revolucionaria pierde así el punto de apoyo que había orientado históricamente al movimiento obrero y tiende a desplazarse hacia una multiplicidad de luchas parciales, valiosas sin duda en sí mismas, pero cuya convergencia ya no encuentra un fundamento material evidente.

No se trata de cuestionar la legitimidad ni la importancia de esas luchas. El feminismo, el ecologismo, las movilizaciones antirracistas, los conflictos por la vivienda o la defensa de los servicios públicos expresan contradicciones reales del capitalismo contemporáneo y han enriquecido notablemente el horizonte de la crítica social. El problema aparece cuando esas luchas son concebidas como sustitutos del conflicto entre capital y trabajo, y no como dimensiones específicas de una sociedad cuya estructura continúa organizada alrededor del proceso de acumulación del capital.

En realidad, el capitalismo no constituye una simple suma de dominaciones independientes entre sí. La explotación del trabajo sigue siendo el mecanismo mediante el cual se reproduce el conjunto del sistema. Ello no significa que todas las formas de opresión puedan reducirse mecánicamente a la explotación económica, pero sí implica reconocer que la acumulación del capital continúa organizando el espacio dentro del cual aquellas adquieren sus formas históricas concretas. Prescindir de esta relación supone correr el riesgo de analizar las distintas manifestaciones de la dominación como si existieran al margen del modo de producción que las articula.

Quizás sea esta una de las principales diferencias entre una crítica del capitalismo y una crítica de determinadas consecuencias del capitalismo. La primera intenta comprender la lógica que organiza el conjunto de las relaciones sociales; la segunda corre el riesgo de limitarse a combatir algunos de sus efectos más visibles sin alcanzar el principio que los produce. El problema no reside, por tanto, en ampliar el campo de las luchas emancipadoras, sino en evitar que esa ampliación termine disolviendo el análisis de las relaciones de clase en una pluralidad de conflictos desconectados entre sí.

Desde esta perspectiva, el desplazamiento teórico que puede observarse en una parte del pensamiento libertario durante las últimas décadas adquiere un significado particular. La crisis del movimiento obrero tradicional ha favorecido una comprensible desconfianza hacia las formas organizativas heredadas del siglo XX. Esa desconfianza ha estimulado una búsqueda constante de nuevos sujetos, nuevas prácticas y nuevas modalidades de intervención política. Sin embargo, en ocasiones esa búsqueda parece haber ido acompañada de un progresivo alejamiento respecto del análisis de las relaciones de producción. La crítica del trabajo ha terminado sustituyendo a la crítica del capital, y la reflexión sobre las transformaciones culturales del capitalismo ha ocupado el lugar que antes correspondía al estudio de su estructura económica.

No deja de resultar paradójico que este desplazamiento se produzca precisamente cuando el capital alcanza un grado de concentración y de centralización desconocido hasta ahora. Nunca las grandes corporaciones habían acumulado tanto poder económico, nunca las cadenas de producción habían adquirido una dimensión tan global y nunca la dependencia salarial había afectado a una parte tan amplia de la población mundial. En estas condiciones, renunciar al análisis de clase equivale, en cierto modo, a aceptar como definitiva una de las principales victorias ideológicas del neoliberalismo: la idea de que el capitalismo habría dejado de organizar la sociedad alrededor del conflicto entre quienes poseen los medios de producción y quienes solo poseen su capacidad de trabajar.

No parece casual que esta interpretación se haya difundido precisamente después de la derrota histórica sufrida por el movimiento obrero occidental. Toda derrota importante produce inevitablemente una crisis de las categorías con las que los vencidos habían interpretado el mundo. La historia del pensamiento revolucionario ofrece numerosos ejemplos de este fenómeno. Tras cada gran fracaso surge la tentación de atribuir la derrota no a la correlación histórica de fuerzas, sino a la invalidez del propio sujeto que la protagonizó. Sin embargo, una explicación de este tipo transforma un acontecimiento histórico en una supuesta necesidad estructural y convierte una derrota contingente en una conclusión teórica permanente.

Quizás sea este el punto en el que conviene introducir una última reflexión. Ninguna clase social posee garantizada de antemano una misión histórica. La existencia del proletariado no asegura por sí misma la revolución, del mismo modo que la existencia de la burguesía no garantizó automáticamente el triunfo de las revoluciones liberales. La historia no conoce sujetos providenciales. Pero reconocer este hecho no obliga a negar que determinadas clases ocupen posiciones estructurales desde las cuales pueden cuestionar el orden existente. La capacidad revolucionaria no nace de una esencia metafísica atribuida al proletariado, sino de la contradicción objetiva que enfrenta al capital con quienes producen la riqueza social y, sin embargo, permanecen separados de los medios que la hacen posible.

Por ello, el problema central de nuestro tiempo no consiste en encontrar un sujeto que sustituya al proletariado, sino en comprender las formas concretas bajo las cuales el proletariado del siglo XXI puede reconstruir su capacidad de acción colectiva. La cuestión estratégica no ha cambiado tanto como a veces se afirma. Lo que ha cambiado son las condiciones históricas en las que esa estrategia deberá desarrollarse.

Las migraciones internacionales y la producción de un nuevo proletariado global

Existe un fenómeno que, por sí solo, basta para poner en cuestión las tesis sobre la supuesta desaparición del proletariado: las grandes migraciones internacionales de trabajadores que caracterizan el capitalismo contemporáneo. Si el proletariado hubiera dejado de constituir el fundamento del sistema económico, resultaría difícil explicar por qué cientos de millones de personas abandonan sus países para incorporarse, casi siempre en las condiciones más precarias, a los mercados de trabajo de las economías más desarrolladas o de los nuevos polos de acumulación.

Las migraciones actuales no constituyen un fenómeno marginal ni una simple consecuencia humanitaria de guerras o catástrofes naturales. Forman parte del propio funcionamiento del capitalismo global. La libre circulación de mercancías, de capitales y de inversiones convive con un estricto control de la movilidad de la fuerza de trabajo. Esa contradicción no es accidental. El capital necesita trabajadores móviles, pero no necesariamente trabajadores con derechos. La existencia de una amplia masa de población migrante sometida a una permanente inseguridad jurídica constituye uno de los mecanismos fundamentales mediante los cuales se presionan a la baja los salarios y se debilita la capacidad de negociación del conjunto de la clase trabajadora.

Desde finales del siglo XX, Europa occidental, Estados Unidos y Canadá han recibido sucesivas oleadas migratorias procedentes de América Latina, el Magreb, África subsahariana, Europa oriental, Oriente Próximo y Asia. Estos trabajadores se concentran, de manera predominante, en aquellos sectores caracterizados por una elevada intensidad de trabajo, bajos salarios y escasa protección laboral: agricultura intensiva, construcción, hostelería, limpieza, cuidados, reparto a domicilio, logística, trabajo doméstico o determinadas ramas de la industria alimentaria y manufacturera.

La elección de estos sectores no responde a una preferencia cultural ni a una supuesta falta de cualificación. Responde a la posición estructural que el capitalismo asigna a una mano de obra cuya vulnerabilidad jurídica facilita formas de explotación mucho más intensas que las soportadas por el resto de los trabajadores. La irregularidad administrativa, la dependencia del permiso de residencia respecto del contrato de trabajo, el miedo constante a la expulsión o la amenaza permanente del desempleo convierten al trabajador migrante en una fuerza de trabajo especialmente disciplinada.

En este sentido, la figura del trabajador «sin papeles» representa una de las expresiones más acabadas del proletariado contemporáneo. Carece, en muchos casos, no sólo de propiedad sobre los medios de producción, sino incluso de los derechos civiles más elementales que permiten negociar en condiciones mínimamente igualitarias la venta de su fuerza de trabajo. Su situación revela con especial claridad la asimetría constitutiva de la relación salarial bajo el capitalismo.

Estados Unidos ofrece un ejemplo especialmente significativo. Millones de trabajadores procedentes de México, Centroamérica y otros países latinoamericanos sostienen sectores enteros de la agricultura, la construcción, la restauración o la industria cárnica. Sin embargo, esos mismos trabajadores viven bajo una permanente amenaza de deportación. Las campañas periódicas contra la inmigración irregular, la militarización de la frontera con México, las redadas policiales o el endurecimiento de la legislación migratoria no eliminan esa fuerza de trabajo. Al contrario, contribuyen a mantenerla en una situación de vulnerabilidad que beneficia directamente a numerosos sectores empresariales. La criminalización del inmigrante cumple así una función económica además de política: producir trabajadores fácilmente explotables mediante el miedo constante a perder el derecho mismo a permanecer en el país.

Una lógica semejante puede observarse en buena parte de Europa. Las fronteras exteriores de la Unión Europea se han convertido en espacios de creciente militarización mientras numerosos sectores económicos dependen estructuralmente del trabajo migrante. La agricultura intensiva del sur de España e Italia, los invernaderos, la recogida de fruta, la construcción, el trabajo doméstico o la atención a personas dependientes difícilmente podrían mantenerse sin una mano de obra procedente de África, América Latina, Europa oriental o Asia.

La contradicción resulta evidente. Los mismos Estados que levantan muros, externalizan el control de fronteras y desarrollan políticas de persecución contra la inmigración irregular necesitan simultáneamente incorporar cientos de miles de trabajadores para sostener sectores enteros de su economía. La inmigración aparece oficialmente como un problema de seguridad, mientras funciona realmente como un componente esencial del mercado laboral.

Todavía más extrema resulta la situación en los países del Golfo Pérsico. Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Baréin han construido una parte muy importante de su crecimiento económico mediante el trabajo de millones de migrantes procedentes de India, Pakistán, Bangladés, Nepal, Filipinas o Sri Lanka. Durante décadas, el sistema de patrocinio conocido como kafala subordinó jurídicamente al trabajador a su empleador hasta el punto de impedirle cambiar libremente de empleo o abandonar el país sin autorización. Aunque algunos Estados han introducido reformas parciales en los últimos años, numerosas organizaciones internacionales y sindicatos siguen documentando jornadas extenuantes, impago de salarios, confiscación de pasaportes, alojamiento indigno y graves restricciones de derechos que sitúan a muchos trabajadores en condiciones próximas a la servidumbre por deudas o a formas contemporáneas de trabajo forzado.

La preparación del mundial de fútbol de Catar puso esta realidad bajo el foco internacional. Miles de trabajadores migrantes participaron en la construcción de estadios, carreteras, líneas de metro y grandes infraestructuras en condiciones extremadamente duras. Lo relevante para el argumento aquí desarrollado no es únicamente la gravedad de esos abusos, sino lo que revelan acerca del funcionamiento del capitalismo global: las grandes obras del siglo XXI siguen descansando sobre enormes masas de trabajadores privados de capacidad efectiva para negociar las condiciones de venta de su fuerza de trabajo.

Las migraciones asiáticas ofrecen otro ejemplo de la misma dinámica. Millones de trabajadores se desplazan cada año desde zonas rurales de China hacia los grandes centros industriales de la costa; desde Indonesia, Filipinas o Vietnam hacia las economías más desarrolladas del Este asiático; o desde Bangladés y Nepal hacia las monarquías petroleras del Golfo. En todos estos casos, la movilidad de la fuerza de trabajo constituye un elemento central de la acumulación capitalista contemporánea.

Tampoco puede olvidarse la situación del pueblo palestino. La ocupación, la fragmentación territorial y la destrucción sistemática de buena parte de la economía palestina han producido durante décadas una masa de trabajadores profundamente dependiente del mercado laboral israelí o del empleo precario en los territorios ocupados. La privación de derechos nacionales se combina aquí con una intensa subordinación económica, mostrando de nuevo cómo la dominación política y la explotación laboral pueden reforzarse mutuamente.

En conjunto, estos procesos permiten comprender que el capitalismo contemporáneo no sólo reproduce continuamente nuevas formas de proletariado, sino que las internacionaliza. La movilidad masiva de trabajadores constituye una condición estructural del proceso de acumulación. Allí donde el capital necesita reducir costes laborales, encuentra en la población migrante una fuerza de trabajo especialmente vulnerable cuya precariedad jurídica facilita formas intensificadas de explotación.

Por ello, las migraciones internacionales no desmienten la teoría de la división social en clases antagónicas; la confirman de manera particularmente contundente. El capitalismo no está sustituyendo el trabajo asalariado por otra forma de organización social. Está ampliando el mercado mundial de trabajo, incorporando continuamente nuevos contingentes de trabajadores y produciendo deliberadamente situaciones de desigualdad jurídica que permiten aumentar la tasa de explotación.

La figura del migrante sin papeles, del temporero agrícola, de la empleada doméstica extranjera, del repartidor de plataforma digital, del obrero asiático de la construcción o del trabajador palestino sometido a la ocupación expresa quizás mejor que ninguna otra la condición proletaria del siglo XXI. No representan una excepción respecto del funcionamiento normal del capitalismo; representan una de sus manifestaciones más características. Su existencia constituye, precisamente por ello, una de las refutaciones empíricas más sólidas de la tesis según la cual el proletariado habría desaparecido. Si algo demuestra el capitalismo global es exactamente lo contrario: nunca había necesitado movilizar, desplazar y explotar una masa tan inmensa de trabajadores asalariados a escala planetaria.

Programa de acción: doce líneas para la recomposición del proletariado.

Si el proletariado no ha desaparecido, sino que ha sido dispersado, precarizado e internacionalizado, la cuestión estratégica consiste en reconstruir su capacidad de organización autónoma. Ello exige abandonar tanto la nostalgia por las formas del pasado como la resignación derrotista que declara imposible toda política de clase. No existe un modelo único, pero sí pueden señalarse algunas orientaciones fundamentales.

1.Reconstruir la sociabilidad proletaria.

La primera tarea consiste en recuperar espacios de encuentro, debate y solidaridad en barrios, centros de trabajo, centros de estudio y territorios. Sin relaciones sociales permanentes no existe conciencia colectiva, y sin ésta ninguna organización puede sostenerse frente al capital.

2.Organizar allí donde hoy trabaja la mayoría.

El nuevo movimiento obrero deberá implantarse prioritariamente en la logística, el transporte, las plataformas digitales, la sanidad, la enseñanza, la hostelería, el comercio, los cuidados, la agricultura intensiva, las subcontratas industriales y los grandes centros de distribución. La organización debe seguir el desplazamiento real del capital.

3. Superar la fragmentación laboral.

La división entre trabajadores fijos y temporales, nacionales y migrantes, asalariados y falsos autónomos, empleados públicos y privados, constituye uno de los principales instrumentos de dominio empresarial. La organización de clase debe reconstruirse sobre la realidad material compartida y no sobre las categorías administrativas impuestas por el mercado o el Estado.

4. Incorporar plenamente al proletariado migrante.

La igualdad de derechos laborales, sociales, sindicales y políticos entre trabajadores autóctonos y migrantes constituye una condición imprescindible para impedir que el capital utilice la desigualdad jurídica como mecanismo permanente de reducción salarial e imposición de una disciplina colectiva.

5. Recuperar el sindicalismo de acción directa.

El sindicalismo debe volver a convertirse en una herramienta de conflicto cotidiano y no en un aparato de gestión institucional. La asamblea, la revocabilidad de los delegados, el federalismo, la autonomía respecto del Estado y la acción directa continúan siendo principios plenamente vigentes.

6. Construir instituciones propias de apoyo mutuo.

Cajas de resistencia, cooperativas de consumo, asesorías laborales, ateneos, bibliotecas sociales, redes de cuidados, centros culturales, escuelas populares y espacios comunitarios constituyen la infraestructura material indispensable para sostener conflictos prolongados y fortalecer la autonomía de la clase.

7. Coordinar las luchas a escala internacional.

Frente a un capital organizado globalmente, las respuestas exclusivamente nacionales resultan insuficientes. La cooperación entre trabajadores de una misma cadena logística o productiva, las campañas internacionales y la solidaridad efectiva deben convertirse en prácticas permanentes.

8. Vincular las luchas sociales sin diluir la cuestión de clase.

La defensa de la vivienda, la sanidad pública, la educación, el feminismo, el ecologismo social, el antirracismo o la oposición al militarismo forman parte de un mismo conflicto histórico cuando se articulan alrededor de la crítica del capitalismo y no como reivindicaciones aisladas entre sí.

9. Recuperar la formación política y la memoria histórica.

La desmemoria constituye una de las principales victorias del neoliberalismo. Resulta imprescindible reconstruir una cultura crítica mediante la formación permanente, el estudio de las experiencias históricas del movimiento obrero y libertario y la transmisión intergeneracional de saberes organizativos.

10. Combatir la economía de guerra y el autoritarismo.

La militarización creciente, el incremento del gasto en defensa, la expansión de los dispositivos de vigilancia y la normalización de los estados de excepción constituyen instrumentos destinados también a disciplinar el trabajo. La oposición al militarismo, y a la economía de guerra, forma parte inseparable de la lucha contra el capital. A las guerras del capital sólo puede oponerse la guerra de clases.

11. Democratizar la producción y la reproducción social.

La perspectiva libertaria no puede limitarse a mejorar las condiciones de venta de la fuerza de trabajo. Debe orientarse hacia el control directo de la producción por quienes trabajan, la gestión colectiva de los bienes comunes, la socialización de los cuidados y el desarrollo de formas cooperativas y federales de organización económica.

12. Construir poder popular desde abajo.

El objetivo estratégico no consiste en conquistar el Estado para administrar el capitalismo con otros gestores, sino en desarrollar una red creciente de organizaciones autónomas capaces de disputar al capital funciones económicas, sociales, culturales y políticas. La autoorganización, el cooperativismo, el federalismo, la democracia directa y el apoyo mutuo no constituyen únicamente principios éticos; representan también las condiciones materiales para una transformación revolucionaria de la sociedad.

Estas doce orientaciones no constituyen un programa cerrado ni un catálogo exhaustivo de reivindicaciones. Pretenden señalar una dirección estratégica. El capitalismo del siglo XXI ha modificado profundamente la composición del proletariado, pero no ha eliminado la contradicción fundamental entre quienes poseen los medios de producción y quienes sólo poseen su capacidad de trabajar. Si esa contradicción continúa estructurando la sociedad, la tarea del movimiento libertario no consiste en buscar un sujeto alternativo, sino en contribuir a la recomposición consciente, autónoma, federal e internacionalista de la clase trabajadora. Menos obituarios y más organización.

Conclusiones: la derrota del movimiento obrero y los límites del derrotismo

El recorrido realizado a lo largo de estas páginas permite extraer una conclusión que, aunque sencilla en su formulación, posee importantes consecuencias teóricas y políticas. Las profundas transformaciones experimentadas por el capitalismo desde la década de 1970 no autorizan, por sí solas, a concluir que el proletariado haya dejado de constituir el sujeto potencial de una transformación revolucionaria. Lo que esas transformaciones ponen de manifiesto es, ante todo, la crisis de las formas históricas mediante las cuales la clase trabajadora consiguió organizarse durante el largo ciclo del movimiento obrero.

Esta es una distinción que conviene preservar cuidadosamente. La derrota del movimiento obrero europeo, la descomposición de la cultura obrera tradicional, la integración institucional de buena parte del sindicalismo, la fragmentación de los procesos productivos o la creciente individualización de las relaciones sociales constituyen hechos históricos ampliamente documentados. Negarlos equivaldría a ignorar medio siglo de evolución del capitalismo. Sin embargo, de esa constatación no se deduce necesariamente que hayan desaparecido las relaciones sociales que hicieron posible la aparición del proletariado como clase ni, mucho menos, que se haya extinguido toda posibilidad de una política fundada sobre el conflicto entre capital y trabajo.

En este punto se sitúa, precisamente, la discrepancia que este artículo mantiene con una parte del pensamiento libertario contemporáneo. Autores como Tomás Ibáñez y Miquel Amorós han descrito con notable lucidez la profundidad de la derrota sufrida por el movimiento obrero y la capacidad del capitalismo para desarticular las formas de sociabilidad que alimentaban la conciencia de clase. Sus análisis contienen observaciones de gran valor sobre la mercantilización de la vida cotidiana, la crisis de las organizaciones tradicionales, la desaparición de los antiguos barrios obreros o la integración del conflicto social en los mecanismos de gestión del sistema. Todo ello constituye una aportación imprescindible para comprender el presente.

La discrepancia aparece cuando ese diagnóstico histórico se convierte en una conclusión estratégica. Porque una cosa es afirmar que el proletariado ha perdido, hasta el momento, la centralidad política que llegó a poseer durante una determinada etapa del desarrollo capitalista, y otra muy distinta sostener que esa pérdida constituye una transformación irreversible o que el capitalismo ha dejado de producir las condiciones materiales sobre las que podría reconstruirse una política de clase. Entre ambas afirmaciones existe un salto teórico que los hechos examinados en este trabajo no parecen justificar.

La reorganización mundial del capitalismo muestra, por el contrario, una realidad más compleja. Nunca antes había existido una clase trabajadora tan numerosa, tan internacionalizada y tan integrada en un único mercado mundial. La expansión de la producción industrial en Asia, el crecimiento de la logística global, la proletarización de amplios sectores de los servicios, la extensión del trabajo precario y de las plataformas digitales, así como las grandes migraciones laborales que recorren el planeta, indican que el capitalismo continúa reproduciendo masivamente la condición proletaria. Lo que ha cambiado no es la existencia de esa clase, sino sus formas de composición, sus espacios de concentración, sus experiencias comunes y las condiciones en las que puede desarrollar una conciencia colectiva.

Precisamente las migraciones internacionales constituyen una de las expresiones más claras de este proceso. Millones de trabajadores atraviesan cada año las fronteras para incorporarse a mercados laborales donde ocupan los puestos más precarios y peor remunerados. Desde los jornaleros agrícolas del sur de Europa hasta los trabajadores latinoamericanos perseguidos y criminalizados en Estados Unidos; desde las empleadas domésticas migrantes hasta los obreros asiáticos sometidos durante años al sistema de patrocinio de las monarquías del Golfo; desde los trabajadores palestinos condicionados por la ocupación hasta quienes sostienen las grandes redes mundiales de logística y distribución, el capitalismo contemporáneo sigue produciendo nuevas formas de proletariado cuya vulnerabilidad jurídica se convierte, precisamente, en una fuente adicional de explotación. Lejos de anunciar el final de la condición proletaria, estas realidades muestran su ampliación y diversificación a escala planetaria.

El estatus jurídico precario, herramienta estatal de disciplina laboral, confirma que la lucha de clases es inseparable de la lucha contra fronteras, racismo institucional y policía del trabajo.

Por ello, el problema central ya no consiste en determinar si el proletariado existe. Esa cuestión pertenece, en buena medida, al terreno de la evidencia empírica. La verdadera pregunta es otra: por qué una clase objetivamente más extensa que nunca aparece políticamente fragmentada y qué condiciones históricas podrían hacer posible una nueva recomposición de su capacidad de acción colectiva.

Responder a esta cuestión exige abandonar dos simplificaciones opuestas. La primera consiste en imaginar que bastaría con reconstruir las formas organizativas del movimiento obrero clásico. La historia no retrocede y el capitalismo del siglo XXI no reproduce las condiciones sociales sobre las que crecieron las organizaciones revolucionarias del pasado. La segunda consiste en concluir que, puesto que aquellas formas históricas han sido derrotadas, también lo ha sido definitivamente la posibilidad de una política proletaria. Esta segunda simplificación transforma una derrota histórica en una imposibilidad estructural y convierte una coyuntura, por profunda que sea, en una ley de la historia.

Sin embargo, la historia del capitalismo enseña precisamente lo contrario. Las formas de organización de la clase trabajadora nunca han permanecido invariables. El sindicalismo de resistencia, los consejos obreros, las colectividades revolucionarias, los grupos de afinidad, las organizaciones anarcosindicalistas, las comisiones obreras revocables, los ateneos obreros, las cooperativas, los comités revolucionarios o de defensa o de abastos, las escuelas racionalistas, las asociaciones de ayuda mutua y las coordinadoras de trabajadores surgieron siempre como respuestas específicas a condiciones históricas determinadas. Ninguna de ellas fue deducida de una teoría previa ni respondió a un modelo universal. Todas nacieron del encuentro entre una estructura objetiva de explotación y la capacidad de los propios trabajadores para construir instituciones adaptadas a su tiempo.

No existe razón para pensar que ese proceso histórico haya concluido definitivamente. Lo que la derrota del movimiento obrero obliga a reconocer no es el agotamiento de la contradicción entre capital y trabajo, sino la necesidad de repensar las formas mediante las cuales esa contradicción puede traducirse nuevamente en organización, solidaridad y proyecto emancipador. El capitalismo ha transformado profundamente el trabajo; sería extraño que las formas de resistencia no tuvieran también que transformarse.

En este sentido, el derrotismo filosófico constituye una tentación comprensible, pero políticamente estéril. Toda gran derrota induce a pensar que el enemigo ha resuelto definitivamente las contradicciones que antes alimentaban la contestación. Sin embargo, el capitalismo continúa dependiendo, hoy como ayer, del trabajo vivo; continúa organizando la producción mediante relaciones salariales; continúa concentrando la riqueza en un polo y la dependencia económica en el otro; continúa desplazando millones de trabajadores allí donde la acumulación lo requiere y continúa recurriendo a la precariedad, a la fragmentación y a la desigualdad jurídica como instrumentos para disciplinar la fuerza de trabajo. Ninguna de estas tendencias apunta hacia la desaparición de la cuestión social. Más bien indican que esta adopta formas nuevas, más complejas y más internacionales que las conocidas por el movimiento obrero clásico.

En clave libertaria, esta dispersión exige formas de organización flexibles: redes de apoyo mutuo barrio–tajo, secciones sindicales no burocratizadas, grupos de autonomía obrera no sustitutivos de la clase y coordinación federal entre nodos logísticos, riders, subcontratas y cuidados.

La tarea de una teoría crítica no consiste, por tanto, en certificar el final del proletariado como sujeto histórico, sino en comprender las metamorfosis que el propio capitalismo impone a la composición de la clase trabajadora y a sus posibilidades de organización. La cuestión decisiva ya no es si el proletariado del siglo XXI se parece al de hace cien años. Evidentemente, no se parece. La cuestión consiste en averiguar qué formas de conciencia, de solidaridad y de organización pueden surgir de las condiciones específicas creadas por el capitalismo global.

Lejos de clausurar la perspectiva de una política de clase, el capitalismo contemporáneo obliga a replantearla sobre nuevas bases. La derrota del movimiento obrero pertenece a la historia. La contradicción entre capital y trabajo pertenece todavía al presente. Confundir ambas cosas significa convertir una experiencia histórica, por dramática que haya sido, en una conclusión teórica que los hechos no autorizan. Y quizás sea precisamente esa confusión uno de los principales obstáculos para pensar las posibilidades emancipadoras de nuestro tiempo.

Ejemplos históricos cercanos avalan esta orientación. La autonomía obrera italiana (1969–1977) y las experiencias asamblearias y anarcosindicales en la España de la Transición evidenciaron que la clase puede recomponerse fuera de la tutela de partidos y Estados: autoorganización en los puntos de producción y reproducción, coordinación territorial y federal, y politización de los trabajadores sin vanguardias.

La tarea no es sustituir al proletariado por un nuevo sujeto providencial, ni subordinarlo a partidos o Estados, sino recomponer su potencia autónoma, horizontal y federal para desbordar el capital en todos los ámbitos de la vida. Si el capital es global y total, nuestra organización también debe serlo.

Nada en lo anterior confiere al proletariado una «misión histórica» garantizada. La existencia de la clase no asegura su victoria; solo indica el terreno en el que la lucha puede disputarse. La alternativa al derrotismo no es prometer la insurrección, sino reconstruir condiciones de posibilidad: sociabilidades, infraestructuras de conflicto, coordinaciones revocables, internacionalismos efectivos, comunidades de lucha. En eso consiste, hoy, sostener una perspectiva libertaria de la clase: no en proclamarla, sino en prepararla. Y ahí parecen estar Liza, Embat, Batzac y tantas otras, reclamando más protagonismo al proletariado y menos obituarios derrotistas.

«Revolución o barbarie» ya no es una consigna: es una alternativa real y, a medio plazo, entre dos futuros antagónicos.

Agustín Guillamón

Aquel 19 de julio el pueblo obrero no esperó la reacción del Gobierno. En Barcelona, Madrid, Valencia, Gijón, San Sebastián, Santander y en cada rincón donde la reacción alzó la cabeza, los trabajadores y las trabajadoras, armados con todo lo que pudieron encontrar, teniendo bien presente la memoria décadas de explotación y con la determinación de no arrodillarse, salieron a las calles para derrotar por la fuerza al ejército golpista y fascista. En pocas horas, la sedición fue aplastada por la voluntad popular en aquellos lugares.

Aquella victoria militar no fue un final, sino un principio. La derrota del fascismo en las calles abrió de par en par las puertas de la revolución social. Las milicias antifascistas, forjadas en los barrios y en los centros de trabajo, fueron una manifestación del pueblo en armas. Las fábricas, los campos, los talleres o los servicios pasaron a ser gestionados por sus propias plantillas productoras. Las colectivizaciones agrarias e industriales demostraron que es posible organizar la vida sin coacción: sin patrones, sin Estado y sin jefes. Se vio posible y viable el comunismo libertario y se avanzó como nunca antes en cómo se debe desplegar una nueva sociedad revolucionaria.

Este prodigio de organización y audacia no fue casualidad. Fue posible gracias a décadas de resistencia, de formación militante, de cultura de acción directa y de rebeldía compartida a gran escala. Fue posible, muy especialmente, por el tesón, el acierto y el sacrificio de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Fue posible por la años y años de paciente preparación revolucionaria, mediante comités y organismos confederales que realizaron un encomiable y poco visible trabajo de hormiga. Ellos y ellas, sus militantes, con su ejemplo, nos legaron la prueba irrefutable de que la clase trabajadora, cuando actúa por sí misma y sin tutelas, es capaz de gobernar su propio destino y de construir un orden nuevo sobre las ruinas del viejo.

Hoy, a 90 años de aquellas jornadas, el mundo vuelve a estar asolado por el ascenso de los fascismos, por las guerras imperialistas, por la precariedad impuesta por el capitalismo criminal y por los Estados que criminalizan toda lucha obrera y resistencia popular. No venimos a rendir un culto vacío a un pasado remoto. Reivindicamos la vigencia de las lecciones del 19 de julio: sin un poder obrero y popular bien armado de conciencia y de organización, no hay derrota posible del capital; sin la valentía para hacer la revolución en el mismo instante en que se presenta la oportunidad, las victorias se pudren en los pactos, concesiones, negociaciones que eventualmente serán derrotas.

Por todo ello, las organizaciones firmantes hacemos un llamamiento a la clase trabajadora de hoy en día, a la juventud, a toda tendencia revolucionaria, para que honremos el 19 de julio no con palabras, sino con hechos. Convirtamos la memoria en militancia. Hagamos valer nuestras herramientas: autogestión, apoyo mutuo, solidaridad y organización de base. Nunca permitamos que nadie, desde ninguna vía institucional, nos robe el derecho a tomar nuestras vidas en nuestras manos.

En el 90 aniversario del 19 de julio de 1936, gritamos con la misma fuerza que entonces:

¡Viva la revolución social!

¡Viva el comunismo libertario!

¡Vivan todas las personas y organizaciones que lucharon firmemente por la Revolución!

¡Ni olvido ni perdón para el fascismo criminal!

¡La tierra para quien la trabaja, la fábrica para quien produce!

Firmado:

Batzac,Hedra, Liza, Embat, Xesta

Introducción a ¿Casos Aislados?

Hace un tiempo escribí un artículo llamado La modernización de la derecha radical (parte 1 y parte 2), que se puede conseguir —en eventos de Liza— en formato de fanzine junto con una guía gráfica para identificar símbolos de extrema derecha, donde intentaba explicar cómo ciertos procesos de radicalización ya no pasan solo por partidos, organizaciones formales o ideologías cerradas. Una parte de la violencia extremista contemporánea circula en espacios más difusos: foros, servidores privados, canales, cuentas anónimas, memes, manifiestos reciclados y comunidades online en los que jóvenes aislados aprenden a interpretar la violencia como identidad.

Esta serie, ¿Casos aislados?, nace para analizar ataques concretos que pasaron del entorno online al daño físico. El objetivo no es convertir a los agresores en figuras centrales, sino observar patrones: símbolos compartidos, referencias cruzadas, estética similar, fascinación por atacantes anteriores y deseo de reconocimiento dentro de comunidades extremistas. Cuando varios casos comparten lenguaje, códigos y formas de presentarse ante el mundo, la pregunta deja de ser únicamente si son hechos aislados. También hay que preguntarse qué los conecta.

El término que aparece cada vez con más frecuencia es «Extremismo Violento Nihilista», o NVE por sus siglas en inglés. En casos como el de San Diego no describe una ausencia total de ideología, sino una mezcla fragmentada de neonazismo, supremacismo blanco, islamofobia, antisemitismo, misoginia, aceleracionismo y cultura digital de nicho. Es un extremismo memético, inestable y difícil de detectar si se analiza solo con categorías tradicionales.

El ataque

El 18 de mayo de 2026, Cain Clark, de 17 años, y Caleb Vazquez, de 18, atacaron el «Islamic Center of San Diego». Las autoridades los identificaron como sospechosos del tiroteo e investigaron el caso como posible crimen de odio. Según los primeros reportes, ambos compartían hostilidad hacia distintos grupos religiosos y raciales.

Antes del ataque hubo una señal de alarma. La madre de uno de los sospechosos llamó a la policía para advertir que su hijo había desaparecido, que podía estar en riesgo suicida, que faltaban armas y que se había llevado un vehículo. También señaló que podía estar acompañado por otro joven. Horas después llegaron las llamadas de emergencia desde el centro islámico.

Las víctimas fueron Amin Abdullah, guardia de seguridad del centro; Nader Awad, vecino del lugar cuya esposa trabajaba en la escuela vinculada al complejo; y Mansour Kaziha, uno de los miembros mayores y habituales de la mezquita. Abdullah, padre de ocho hijos, fue señalado por la policía como una figura clave para activar la respuesta inicial y permitir que otras personas se protegieran. Ese día había actividad escolar en el complejo y alrededor de 140 estudiantes se encontraban allí.

Según las autoridades, Clark y Vazquez se habrían conocido por internet y después descubrieron que vivían en la misma zona. Esa transición del vínculo digital al encuentro físico es una de las claves del caso. La investigación recuperó escritos, dispositivos y materiales asociados al ataque, entre ellos un manifiesto de 75 páginas atribuido a ambos jóvenes y un video que circuló en internet.

Manifiestos y copycats

El patrón está claro: manifiesto, grabación, simbología, referencias a agresores previos y voluntad de dejar una marca digital. En este tipo de violencia, esos elementos no funcionan solo como expresión personal. También están dirigidos a una audiencia concreta: usuarios que conocen los códigos, archivan los materiales y los incorporan a una cadena de imitaciones.

El manifiesto atribuido a Clark y Vazquez contenía racismo, islamofobia, antisemitismo, supremacismo blanco y referencias a la teoría conspirativa del “Gran Reemplazo”. Más que un texto original, seguía una plantilla ya vista en otros ataques. Brenton Tarrant ocupa un lugar central en esa cultura de imitación.

Después de Christchurch, otros agresores copiaron partes de su modelo. Payton Gendron adaptó esa fórmula a una generación más joven, marcada por foros, memes, gráficos, documentación obsesiva y consumo constante de propaganda. Los patrones observados de estas situaciones incluyen:

1. el «Sonnenrad»,
2. escritura sobre armas,
3. la estética militarizada
4. grabar el ataque.

La puesta en escena también formaba parte del mensaje. Los reportes mencionan ropa de camuflaje, símbolos neonazis y supremacistas, mensajes escritos sobre armas y una intención de registrar el ataque. Estos elementos remiten a un repertorio visual utilizado por otros agresores. También aparecen referencias vinculadas al aceleracionismo militante y a grupos como «Atomwaffen Division», corriente neonazi que defendía la violencia descentralizada como vía para acelerar el colapso social.

«Ongezellig» y nichos culturales

Uno de los elementos más particulares del caso es la presencia de «Ongezellig», una serie animada independiente neerlandesa creada por Studio Massa. En el material atribuido a los atacantes, la serie no aparece como una referencia casual, sino como parte de una identidad subcultural. Sus personajes y memes fueron reinterpretados en espacios nacionalistas, incel, doomer y vinculados al culto a tiradores escolares. La serie no explica el ataque, pero ayuda a entender el ecosistema cultural en el que estos jóvenes se movían: imageboards, humor nihilista, rechazo a lo mainstream y apropiación de personajes ajenos como códigos internos.

El caso también ha sido leído en relación con entornos asociados a The Com y 764. Estos nombres no designan una organización única, sino redes y subculturas superpuestas donde pueden cruzarse grooming, explotación, chantaje, culto a asesinos, satanismo estético, neonazismo, autolesiones y presión de grupo. San Diego es un caso más de radicalización juvenil online, acceso a armas, odio religioso y racial, glorificación de asesinos, apropiación de memes y posible contacto con subculturas de NVE. La lectura más útil no es elegir entre «neonazismo» o «nihilismo», sino entender cómo ambas dimensiones pueden superponerse. La ideología aporta enemigos, símbolos y justificación. El nihilismo y el aceleracionismo aportan desprecio por la vida, fascinación por el daño y deseo de colapso.

Próximo episodio

En el próximo episodio viajamos a Noruega, 2011. Allí aparece una figura que muchos atacantes posteriores estudiarían, copiarían o intentarían superar: Anders Behring Breivik. Para entender cómo una masacre puede transformarse en referencia, hay que volver a ese verano. Y a un manifiesto que no quedó enterrado con sus víctimas.

Don Diego de la Vega, militante de Liza.

En los últimos años, una palabra importada del movimiento obrero estadounidense ha empezado a colarse en los espacios sindicales españoles: «organizer».

Aparece en debates sobre la IWW, en los cursos y conferencias de Labor Notes, en las campañas para sindicalizar Amazon o Starbucks, y más recientemente en iniciativas formativas como Organizing for Power – O4P. Para muchos sindicalistas, sobre todo los de tradición anarcosindicalista, el término provoca cierto rechazo. Suena a anglicismo innecesario. Se asocia a la figura de un profesional contratado, a una metodología extraña, o incluso a una forma encubierta de introducir liderazgos y jerarquías.

Sin embargo, cuanto más se profundiza en la literatura del «organizing» y en la historia del movimiento obrero español, más evidente resulta la paradoja: el «organizer» no es tanto una innovación como una recuperación.

Lo que hoy los estadounidenses llaman «organizer» se parece mucho más al militante sindical histórico de lo que solemos reconocer. Quizá su valor no esté en lo nuevo, sino en lo que nos recuerda que hemos dejado atrás.

El problema de nuestro tiempo: sindicatos sin sindicalistas

Uno de los fenómenos más sorprendentes de las últimas décadas es que los sindicatos han sobrevivido mejor que la cultura sindical.

Seguimos teniendo sindicatos con cientos de miles de afiliados. Estructuras consolidadas. Gabinetes jurídicos, federaciones, cajas de resistencia, recursos económicos y presencia en empresas y en el tejido social. Pero cada vez resulta más difícil encontrar personas capaces de organizar a sus propios compañeros.

Esta contradicción no es exclusiva de España. Jane McAlevey la detectó hace años en Estados Unidos en su libro No Shortcuts (Sin Atajos). Kim Moody lleva décadas señalando problemas parecidos. La propia IWW ha construido buena parte de su actividad reciente en torno a una pregunta fundamental:

¿Cómo se crea organización real en un centro de trabajo?

La pregunta parece sencilla, pero sus implicaciones son enormes. Porque una cosa es tener afiliados, y otra es tener trabajadores organizados. Una cosa es disponer de representación, y otra muy distinta consiste en disponer de poder, de capacidad de acción colectiva e implantación. Y la distancia entre ambas es mucho mayor de lo que estamos dispuestos a admitir.

En demasiadas ocasiones, la relación entre trabajador y sindicato adopta la lógica de cliente y proveedor. El trabajador tiene un problema, acude al sindicato, expone su situación y espera una solución. No espera organizar a sus compañeros, ni construir fuerza colectiva, ni asumir responsabilidades. Espera que otro se encargue del asunto.

Desde esta perspectiva, el sindicato deja de ser una organización de trabajadores para convertirse en una herramienta de gestión de conflictos. El problema no es la asistencia jurídica, que toda organización obrera la necesita, sino que la asistencia sustituya a la organización, que la representación desplace a la participación, y que el afiliado pase de ser protagonista a ser usuario.

Lo que el «organizing» intenta resolver

La literatura del «organizing» nace precisamente de esta constatación. Autores como McAlevey o las publicaciones de Labor Notes observan que muchas organizaciones sindicales han desarrollado una enorme capacidad para gestionar conflictos, pero muy poca para construir poder obrero.

Por eso el «organizing» mueve el foco. No pregunta únicamente cómo resolvemos este problema. Pregunta cómo construimos la fuerza necesaria para resolver este problema y los que vendrán después.

La diferencia parece sutil, pero no lo es. En el primer caso, el conflicto es el centro de la actividad. En el segundo, el conflicto es una oportunidad para construir organización.

Y aquí aparece la figura del «organizer». Lejos de ciertos estereotipos, no es un agitador profesional, ni un líder carismático, ni un estratega externo que dirige campañas desde arriba. En su formulación más desarrollada, especialmente en la IWW y Labor Notes, el «organizer» es un constructor de organización.

Su función principal es desarrollar la capacidad organizativa de otras personas. No hace las cosas por los trabajadores, sino que les ayuda a aprender a hacerlas. No sustituye la iniciativa colectiva, la multiplica.

El arte olvidado de hablar con los compañeros

Llama la atención que una de las herramientas fundamentales del «organizing» sea algo tan sencillo como la conversación individual. Gran parte de la formación de «organizers» consiste en aprender a hablar con los compañeros de trabajo. No a dar discursos, ni a redactar comunicados, ni a ganar debates ideológicos. A escuchar. A formular preguntas. A identificar problemas compartidos. A comprender motivaciones. A construir confianza.

Puede parecer una obviedad, pero muchas organizaciones sindicales han desarrollado una gran capacidad para comunicarse con los ya convencidos, mientras pierden la habilidad de hablar con quienes permanecen al margen. Labor Notes insiste constantemente en este problema: los activistas hablan con activistas, los militantes con militantes, los convencidos con convencidos. Mientras tanto, la mayoría de la plantilla sigue fuera de la conversación.

El «organizer» intenta romper esa dinámica. Su tarea es ampliar continuamente el círculo de personas implicadas.

La obsesión por las supermayorías

Quizá la aportación más característica del «organizing» contemporáneo sea su insistencia en las llamadas supermayorías. En muchos entornos militantes, existe la tendencia a confundir una minoría activa con una mayoría organizada. Cinco trabajadores muy comprometidos pueden generar la sensación de que hay una organización sólida, pero si trabajan en una empresa de trescientas personas, probablemente no sea así.

Por eso el «organizing» insiste en medir la fuerza de forma concreta: ¿Cuántas personas participan? ¿Cuántas apoyan? ¿Cuántas están indecisas? ¿Cuántas se oponen? ¿Cuántas actuarían si fuera necesario? La cuestión central deja de ser la pureza ideológica o la intensidad del compromiso de una minoría, y pasa a ser la capacidad colectiva de una mayoría.

Esta preocupación aparece constantemente en McAlevey, en los manuales de la IWW y en los materiales de Labor Notes. Las huelgas difíciles no suelen ganarse mediante pequeños grupos heroicos, sino cuando una gran parte de la plantilla participa. Por eso el «organizing» insiste tanto en construir supermayorías antes de emprender conflictos importantes. No porque sea una estrategia moderada, sino porque es una estrategia de acumulación de fuerza.

El «organizer» y el anarcosindicalismo histórico

Llegados a este punto, conviene plantear una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto todo esto es realmente nuevo?

La obra de Anna Monjo sobre la militancia cenetista durante los años treinta nos da una pista importante. Al estudiar la CNT de aquella época, encontramos lo que hoy llamaríamos una intensa cultura organizativa. Existían militantes capaces de incorporar nuevos trabajadores, redes de solidaridad, mecanismos de formación política y sindical, y personas dedicadas a extender la organización a nuevos sectores. La afiliación no se concebía como una relación de consumo, sino como una forma de participación.

Lo mismo se observa en las obras de José Peirats o en los estudios de Chris Ealham sobre el movimiento obrero barcelonés. La fuerza de la CNT no procedía exclusivamente de sus ideas, sino de su capacidad para reproducir militancia. Cada sindicato generaba nuevos organizadores, cada conflicto generaba nuevos cuadros obreros, cada victoria producía nuevas personas capaces de organizar a otras.

Lo que hoy describiríamos con la palabra «organizer». Entonces se hablaba simplemente de militantes.

Una vieja tradición obrera

La historia del movimiento obrero internacional muestra fenómenos parecidos. En Labor’s Untold Story, Richard Boyer y Herbert Morais describen cómo los trabajadores estadounidenses construyeron organización mucho antes de que existieran sindicatos institucionalizados. Lo hicieron mediante redes informales, agitadores obreros, organizadores itinerantes y campañas de solidaridad. No existían estructuras burocráticas sofisticadas, sino personas capaces de conectar unas luchas con otras. Existían organizadores.

La propia IWW se desarrolló históricamente en torno a figuras similares: trabajadores que viajaban, hablaban con otros trabajadores, impulsaban campañas y construían organización allí donde no existía. No eran especialistas externos, eran militantes obreros. El «organizer» contemporáneo hereda gran parte de esa tradición.

El debate sobre los líderes orgánicos

Uno de los aspectos más discutidos del «organizing» es la identificación de los llamados líderes orgánicos o influyentes. Muchos sindicalistas libertarios miran esta práctica con desconfianza, y no les falta razón: toda organización debe estar alerta frente a la concentración de poder.

Pero conviene entender bien qué significa este concepto. Cuando los organizadores hablan de líderes orgánicos no se refieren necesariamente a dirigentes formales, sino a personas cuya opinión influye sobre otras: personas respetadas, escuchadas, capaces de generar confianza. Estas figuras existen en cualquier centro de trabajo o grupo social. Ignorarlas no las hace desaparecer.

La cuestión es cómo relacionarse con ellas. El «organizing» propone incorporarlas a la construcción colectiva de organización, no para sustituir procesos democráticos, sino para ampliarlos. Sí, existe el riesgo de que esto derive hacia formas de dirigismo si nos olvidamos del proceso y la capacitación colectiva. Pero el riesgo contrario también existe: ignorar las dinámicas reales de influencia puede llevar a las organizaciones y sindicalistas a ser incapaces de conectar con la mayoría de los trabajadores. Como con cualquier herramienta organizativa, la cuestión no es su existencia, sino el uso que se haga de ella.

Lo que hemos perdido

Tal vez lo más interesante del «organizing» no sean sus técnicas concretas, los mapas y listas de plantillas, los gráficos de apoyo, las metodologías de conversación, sino el cambio de enfoque. Durante décadas, gran parte del sindicalismo ha dedicado enormes esfuerzos a representar a trabajadores, y muchos menos a producir nuevos sindicalistas.

Esta diferencia es fundamental. Una organización puede crecer en afiliación y disminuir al mismo tiempo su capacidad organizativa. Puede tener más recursos y menos militantes, más estructura y menos iniciativa, más representación y menos poder o capacidad colectiva. Esa actitud la podemos observar de forma más o menos mayoritaria desde la introducción de los comités de empresa y los delegados de personal en el accionar sindical.

El «organizing» intenta invertir esa tendencia. Su pregunta principal no es cuántos afiliados tenemos, sino cuántas personas son capaces de organizar a otras.

Una lección para el sindicalismo español

El sindicalismo ibérico no necesita importar mecánicamente modelos estadounidenses. Las diferencias históricas, jurídicas y culturales son demasiado importantes para eso. Pero sí puede extraer lecciones valiosas, especialmente en un contexto marcado por la fragmentación laboral, la precariedad y la debilidad de la cultura obrera.

La principal lección quizá sea esta: la organización no surge espontáneamente, hay que construirla. Y construirla requiere tiempo, paciencia, presencia constante, conversaciones, formación, confianza. Y militancia, no hay atajo jurídico ni estrategia comunicativa que pueda sustituir este trabajo. No hay estructura organizativa que pueda funcionar indefinidamente sin él.

Recuperar al militante organizador

Quizá el mayor valor del concepto de «organizer» sea precisamente su capacidad para recordarnos algo que el movimiento obrero ya sabía: los sindicatos no se construyen solo con ideas, estructuras o recursos, sino con personas capaces de organizar a otras personas.

Durante gran parte del siglo XX, el movimiento obrero español produjo miles de ellas. Personas que visitaban talleres, distribuían prensa, hablaban con compañeros de trabajo, formaban nuevos militantes, construían secciones sindicales, impulsaban conflictos y tejían redes de solidaridad. No eran profesionales, ni técnicos, ni gestores. Eran organizadores.

Hoy, en un contexto muy diferente, el desafío sigue siendo esencialmente el mismo. No se trata de copiar a la IWW, ni de imitar a Labor Notes, ni de importar recetas extranjeras. Se trata de recuperar una función que fue central para el crecimiento de todas las grandes organizaciones obreras: la función del militante que organiza.

La persona que convierte problemas individuales en acción colectiva. La persona que transforma afiliados en compañeros. La persona que desarrolla nuevos organizadores. La persona que deja una organización más fuerte de la que encontró.

Quizá el «organizer» no sea una novedad. Quizá sea simplemente el nombre contemporáneo de algo que el movimiento obrero español conoció muy bien durante décadas. Y quizá la pregunta más importante no sea qué podemos aprender del «organizing» estadounidense, sino otra: ¿Hemos olvidado cómo construir militantes capaces de organizar a otros trabajadores?

Si la respuesta es sí, entonces el debate sobre el «organizer» no se trata realmente de dónde viene ni de su contexto. Trata de nosotros.

Julio F. Militante cenetista y miembro de Anarchist Communist Group (Reino Unido)

Bibliografía recomendada

– Anna Monjo, Militantes. Democracia y participación obrera en la CNT de los años treinta.

– José Peirats, La CNT en la Revolución Española.

– Chris Ealham, La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937.

– Jane McAlevey, No Shortcuts: Organizing for Power in the New Gilded Age.

– Alexandra Bradbury, Mark Brenner y Jane Slaughter, Secrets of a Successful Organizer.

– Industrial Workers of the World (IWW), “Weakening the Dam: The Principles and Practice of Workplace Organizing”.

– Kim Moody, An Injury to All: The Decline of American Unionism.

– Richard O. Boyer y Herbert M. Morais, Labor’s Untold Story.

El problema de la vivienda en el Estado español no emerge con la crisis de 2008, pero es en ese momento cuando se transforma en un conflicto social de primer orden. Si tuviéramos que situar un punto de arranque para este ciclo, podríamos señalar la aprobación de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, impulsada por el gobierno de José María Aznar. Esta norma supuso un punto de inflexión al liberalizar grandes cantidades de suelo y facilitar su conversión en bien especulativo, intensificando un proceso previo de mercantilización de la vivienda que ya venía desarrollándose en décadas anteriores.

La década de la burbuja (2000–2008): propiedad, deuda y despolitización

A comienzos de los años 2000, el modelo de vivienda en España se consolidaba sobre tres pilares: la promoción masiva de vivienda en propiedad, la financiarización del acceso mediante crédito hipotecario y una débil estructura de alquiler social. Bajo los gobiernos de José María Aznar y posteriormente José Luis Rodríguez Zapatero, el crecimiento económico estuvo fuertemente vinculado al sector inmobiliario.

Más allá de su dimensión jurídica o urbanística, esta transformación debe entenderse como parte de una reconfiguración más amplia del capitalismo español, en la que la vivienda se consolidó como un eje central de acumulación. La expansión inmobiliaria no fue únicamente un fenómeno económico, sino también un mecanismo de reorganización de las relaciones de clase: amplios sectores de la clase trabajadora fueron integrados en el ciclo de acumulación a través del endeudamiento a largo plazo, vinculando su reproducción material a la propiedad privada de la vivienda y al sistema financiero.

De este modo, el acceso a la vivienda dejó de ser una cuestión vinculada a derechos sociales o políticas públicas para quedar subordinado a la lógica del mercado. La figura del pequeño propietario hipotecado se generalizó como forma dominante de acceso, al tiempo que se debilitaban alternativas como el alquiler asequible o la vivienda pública. Este proceso contribuyó a desarticular formas de conflicto más abiertas y desplazó las tensiones sociales hacia el ámbito de lo privado, el endeudamiento individual y la indisciplina financiera.

Sin embargo, esta aparente integración contenía una contradicción de fondo: la extensión del crédito no eliminaba las desigualdades estructurales, sino que las reconfiguraba bajo nuevas formas o las camuflaba bajo esa burbuja que servía para el enriquecimiento de una minoría. La dependencia del salario, la precarización del empleo y la financiarización de la vida cotidiana situaban a amplias capas sociales en una posición de vulnerabilidad latente, que estallaría con la crisis de 2008 directamente vinculada a la pérdida masiva de empleo y reconfiguración del mundo laboral.

Antes de ello, durante este periodo previo a la burbuja que estalló, el conflicto en torno a la vivienda permaneció relativamente desarticulado, pero dio pie al surgimiento del movimiento por la vivienda y la aparición de colectivos como la «Plataforma por una Vivienda Digna» (2003) y «V de Vivienda» en 2006. Experiencias puntuales que ya denunciaban en manifestaciones y acciones específicas el encarecimiento y la especulación, pero sin alcanzar aún niveles sostenidos de masividad.

Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el acceso a la vivienda pasa así de estar articulado en torno a la expansión crediticia bancaria y la propiedad, a convertirse en un campo de lucha social y de clase, organización popular y disputa política de primera línea. La crisis no solo evidenció los límites del modelo inmobiliario, sino que abrió un ciclo de politización en el que la vivienda dejó de ser percibida como una aspiración individual para reaparecer como un problema colectivo. Sin embargo, las salidas estratégicas a esta problemática también encontrarían límites políticos en nuestra trinchera.

Crisis, desposesión y emergencia del conflicto (2008–2011)

El estallido de la crisis financiera internacional en 2008 supuso el derrumbe del modelo económico sobre el que se había sostenido el crecimiento español durante más de una década. La explosión de la burbuja inmobiliaria no afectó únicamente al sector de la construcción o al sistema bancario: golpeó de lleno las condiciones materiales de vida de amplios sectores de la clase trabajadora, especialmente aquellos que habían sido incorporados al ciclo económico mediante el endeudamiento hipotecario, la temporalidad laboral y la dependencia absoluta del salario.

La destrucción masiva de empleo fue especialmente intensa en sectores altamente precarizados y vinculados al propio ciclo inmobiliario —construcción, hostelería, servicios auxiliares o trabajo migrante— dejando a cientos de miles de familias sin capacidad para sostener pagos hipotecarios contraídos durante los años de expansión financiera. Entre 2008 y 2011, el desempleo se disparó mientras aumentaban de forma acelerada las ejecuciones hipotecarias y los desahucios.

Pero el elemento que convirtió esta situación en un conflicto social de gran alcance fue la naturaleza profundamente violenta del régimen hipotecario español. A diferencia de otros países, perder la vivienda no implicaba cancelar la deuda: tras el desahucio, las familias continuaban arrastrando cargas económicas de por vida. La crisis reveló así una realidad que había permanecido parcialmente oculta durante los años de supuesta bonanza: la vivienda no funcionaba como garantía de estabilidad, sino como un mecanismo de subordinación económica y disciplinamiento social.

En ese contexto, muchas personas experimentaron una ruptura brusca entre las promesas de ascenso social ligadas a la propiedad y la realidad material de la crisis. La imagen del «propietario integrado» empezó a resquebrajarse al ritmo de los embargos, el desempleo y la pobreza sobrevenida. La financiarización de la vivienda mostraba entonces su verdadero rostro: miles de familias trabajadoras expulsadas de sus hogares mientras las entidades bancarias eran rescatadas con recursos públicos.

Es precisamente en este escenario donde comienza a emerger un nuevo ciclo de organización social alrededor de la vivienda. En 2009 nace la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, inicialmente en Barcelona, impulsada por activistas provenientes de luchas vecinales y por el derecho a la vivienda previo. Su aparición marcó un cambio importante en la forma de abordar el conflicto habitacional: frente al aislamiento individual de las personas endeudadas, las PAH (Plataformas de Afectadas por la Hipoteca) construyeron espacios colectivos donde compartir experiencias, defenderse mutuamente y politizar una situación que hasta entonces se vivía muchas veces desde la culpa o el fracaso personal.

Las asambleas abiertas, el asesoramiento colectivo y las primeras paralizaciones de desahucios comenzaron a extender una idea sencilla pero profundamente disruptiva para el contexto de la época: si el problema era colectivo, la respuesta también debía serlo. El desahucio dejó progresivamente de percibirse como un drama privado para convertirse en una expresión visible de la crisis social y de los efectos del modelo inmobiliario español sobre la clase trabajadora.

En ciudades como Madrid, el aumento de los desahucios afectó especialmente a barrios obreros y periferias urbanas donde el endeudamiento había penetrado con más fuerza en los años anteriores. Allí es donde comenzaron a tejerse redes de solidaridad, apoyo mutuo y resistencia que posteriormente conectarían con las dinámicas asamblearias abiertas por el ciclo del Movimiento 15M.

La crisis de 2008 no generó automáticamente un movimiento de vivienda organizado, pero sí creó las condiciones materiales para su emergencia inmediata. La combinación entre el empobrecimiento, la pérdida de vivienda, el descrédito institucional y la ruptura de las expectativas de estabilidad abrió un nuevo escenario de conflicto social en el que la vivienda pasó a ocupar un lugar central dentro de las luchas de clase en el Estado español y que no nos abandonaría hasta la actualidad.

3. El ciclo de las PAH y el 15M (2011–2014): organización, legitimidad social y expansión

La irrupción del Movimiento 15M supuso un salto cualitativo en el escenario político y social abierto tras la crisis. Las plazas, las acampadas y las asambleas populares expresaron un malestar acumulado frente al desempleo, la precariedad, la corrupción y la pérdida de expectativas de amplias capas de la población trabajadora, especialmente entre jóvenes y sectores golpeados por la crisis hipotecaria. En ese contexto, la lucha por la vivienda encontró un terreno fértil para expandirse y arraigar socialmente.

Las Plataforma de Afectados por la Hipoteca se multiplicaron por todo el territorio y comenzaron a consolidarse como una de las expresiones más reconocibles del nuevo ciclo de movilización. Su capacidad para combinar apoyo mutuo, acción directa y legitimidad social permitió romper parcialmente el aislamiento que sufrían miles de familias afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios. La imagen de vecinas y vecinos frenando desahucios, enfrentándose colectivamente a comitivas judiciales y policía, o señalando públicamente a entidades bancarias, consiguió generar amplios niveles de simpatía social.

Uno de los elementos más relevantes de este periodo fue precisamente la construcción de espacios donde personas sin experiencia política previa comenzaron a organizarse colectivamente alrededor de problemas materiales inmediatos. Las asambleas de vivienda se convirtieron en lugares de politización cotidiana, aprendizaje colectivo y solidaridad práctica, especialmente en barrios obreros y periferias urbanas. En ciudades como Madrid, muchas PAH y asambleas de vivienda crecieron estrechamente vinculadas a las dinámicas abiertas por el 15M, espacios sociales okupados y a las redes comunitarias que emergieron en los barrios.

Durante estos años, el movimiento logró instalar la cuestión de la vivienda en el centro del debate público. La campaña por la ILP de la dación en pago, presentada en 2013 con más de un millón de firmas, fue probablemente el mayor ejemplo de esta capacidad de acumulación social. Aunque sus principales demandas fueron bloqueadas institucionalmente, la campaña evidenció hasta qué punto el problema habitacional había dejado de ser percibido como una cuestión individual para convertirse en un conflicto político de alcance general.

Al mismo tiempo, este crecimiento también mostró algunos de los límites que atravesarían el ciclo político. La centralidad de la emergencia social y la necesidad inmediata de responder a los desahucios empujaron muchas veces al movimiento hacia dinámicas centradas en la gestión del conflicto caso a caso. La enorme legitimidad social de las PAH convivía así con dificultades para consolidar estructuras más estables de organización de clase capaces de superar la lógica reactiva impuesta por la urgencia habitacional.

A pesar de esas contradicciones, el ciclo abierto entre 2011 y 2014 dejó una huella profunda. La vivienda se consolidó como un terreno central de conflicto social y miles de personas atravesaron experiencias de autoorganización y lucha colectiva que marcarían el desarrollo posterior del movimiento de vivienda en el Estado español.

4. Institucionalización y reconfiguración (2014–2019)

A partir de 2014, el ciclo abierto tras la crisis y el 15M comenzó a entrar en una nueva fase. El desgaste de las movilizaciones, junto con la apertura de expectativas electorales e institucionales, desplazó parte importante de la energía acumulada en los movimientos sociales hacia el terreno parlamentario y municipal. La irrupción de Podemos y de distintas candidaturas municipalistas expresó, en buena medida, ese intento de traducir el malestar social surgido durante los años anteriores en representación institucional, mediante una vía neorreformista de la que a día de hoy todavía se siguen dando algunos coletazos.

El movimiento por la vivienda no quedó al margen de este proceso. Muchas de sus figuras más visibles, cuadros organizativos y sectores militantes pasaron a integrarse —de forma directa o indirecta— en proyectos institucionales, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona. La llegada de candidaturas municipalistas a distintos ayuntamientos generó amplias expectativas en torno a la posibilidad de transformar las políticas de vivienda desde las instituciones y abrir una nueva etapa tras los años más duros de la crisis hipotecaria.

Sin embargo, este desplazamiento también tuvo consecuencias importantes para el propio movimiento. En muchos casos, la lógica de la movilización y la autoorganización fue perdiendo centralidad frente a dinámicas más orientadas a la interlocución institucional, la mediación administrativa o la gestión técnica del conflicto habitacional. Parte del tejido organizativo construido durante los años anteriores entró en una fase de desmovilización parcial, mientras la resolución de los problemas de vivienda volvía a situarse, en gran medida, en el terreno de la representación política.

Al mismo tiempo, el propio problema habitacional estaba cambiando de forma. Mientras descendían las ejecuciones hipotecarias más masivas de la primera etapa de la crisis, comenzaba a consolidarse una nueva ofensiva vinculada al mercado del alquiler, la especulación urbana y la entrada de fondos de inversión en barrios populares. La expansión de plataformas turísticas, la subida de rentas y los procesos de expulsión de población trabajadora transformaron progresivamente el mapa del conflicto, especialmente en grandes núcleos urbanos.

En este contexto comenzaron a surgir nuevas herramientas organizativas, como sindicatos de inquilinas e inquilinos y espacios de vivienda con una orientación más estable hacia la organización colectiva del conflicto. Estas experiencias recogían parte de la herencia acumulada por las PAH, pero también expresaban la necesidad de adaptarse a un nuevo escenario social y económico.

Las contradicciones del periodo también pusieron sobre la mesa algunos límites más profundos del ciclo anterior. La enorme legitimidad social alcanzada por el movimiento no siempre se tradujo en una consolidación de estructuras de clase capaces de sostener niveles altos de independencia política y organizativa frente a las instituciones. La integración de buena parte del conflicto en marcos institucionales y electorales tendió a desplazar horizontes más amplios de transformación social, reduciendo en muchos casos la lucha por la vivienda a demandas parciales o reformas gestionables dentro del propio sistema político y económico.

Si bien el periodo entre 2014 y 2019 pueda entenderse como una fase de repliegue, fue también un momento de transición y reconfiguración en el que el movimiento de vivienda comenzó a enfrentarse a nuevos problemas, nuevas formas de explotación y nuevas preguntas estratégicas sobre cómo reconstruir organización popular más allá de los límites impuestos por la institucionalización del conflicto.

5. De la crisis hipotecaria a la crisis del alquiler (2019–postpandemia)

A finales de la década y justo previo a la pandemia del COVID-19, el conflicto en torno a la vivienda había cambiado de forma, aunque no de raíz. Si durante los años posteriores a 2008 la imagen más visible de la crisis había sido la de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios ligados a la deuda bancaria, el nuevo escenario estuvo marcado por el encarecimiento del alquiler, la especulación urbana y la creciente imposibilidad de amplios sectores de la clase trabajadora —especialmente jóvenes, personas migrantes y trabajadores precarizados— de sostener una vida estable en las grandes ciudades.

En ciudades como Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla o Valencia, la subida continuada de los alquileres se combinó con salarios estancados, temporalidad laboral y procesos de turistificación que expulsaban población trabajadora de barrios enteros. El acceso a la vivienda dejó de estar ligado principalmente a la propiedad hipotecada y pasó a expresarse cada vez más a través de alquileres abusivos, contratos —en el mejor de los casos— temporales, habitaciones sobreocupadas y una inseguridad residencial permanente. Para muchas personas, pagar el alquiler comenzó a absorber una parte desproporcionada del salario, consolidando una situación de dependencia y vulnerabilidad estructural.

En este contexto comenzaron a expandirse los sindicatos de inquilinas y distintas organizaciones de vivienda que intentaban responder a esta nueva fase del conflicto habitacional. Muchas de estas experiencias recogían herramientas heredadas del ciclo de las PAH —asambleas abiertas, acompañamiento colectivo, paralización de desahucios o negociación con propietarios—, pero adaptadas a una realidad marcada por el alquiler y la presencia creciente de fondos de inversión y grandes propietarios inmobiliarios.

La pandemia de COVID-19 profundizó aún más esta situación. El confinamiento y la crisis económica evidenciaron hasta qué punto la vivienda constituía una cuestión central para la reproducción de la vida de la clase trabajadora. Mientras millones de personas quedaban encerradas en condiciones precarias o perdían ingresos de forma abrupta, las rentas inmobiliarias continuaban funcionando como un mecanismo de extracción económica incluso en medio de la emergencia social.

Las medidas impulsadas durante esos años —moratorias parciales de desahucios, pequeñas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos o posteriores intentos de regulación del alquiler— apenas modificaron los fundamentos estructurales del problema. Aunque introdujeron ciertos límites temporales o mecanismos de contención, no cuestionaron el peso del mercado inmobiliario, la concentración de propiedad ni la lógica especulativa que atraviesa el modelo de vivienda en el Estado español.

Al mismo tiempo, la nueva expansión del movimiento de vivienda volvió a poner sobre la mesa debates estratégicos que ya habían aparecido durante el ciclo anterior. La capacidad de generar apoyo mutuo y responder a situaciones urgentes siguió siendo una de las principales fortalezas del movimiento, pero también reaparecieron dinámicas centradas casi exclusivamente en la gestión de casos individuales o en la interlocución institucional. La herencia organizativa de las PAH seguía muy presente, tanto en sus aciertos como en algunos de sus límites.

En ese sentido, una parte del movimiento comenzó a plantear la necesidad de superar formas de intervención marcadas únicamente por la emergencia habitacional o por horizontes reformistas limitados. La cuestión de la vivienda volvía a mostrar que el problema no podía entenderse de forma aislada, separado de la precariedad laboral, las políticas migratorias, la brecha de género o el propio funcionamiento del capitalismo contemporáneo.

La experiencia acumulada durante estas dos décadas deja así una contradicción abierta. Por un lado, el movimiento de vivienda ha conseguido construir niveles importantes de legitimidad social, autoorganización y capacidad de resistencia. Por otro, sigue enfrentándose al riesgo constante de institucionalización, fragmentación y absorción dentro de marcos políticos incapaces de cuestionar las bases estructurales del modelo económico. Sin una perspectiva de clase más amplia, conectada con otros espacios de conflicto social y laboral, las luchas por la vivienda corren el peligro de quedar reducidas a formas de gestión parcial de la precariedad, fácilmente integrables dentro de un sistema que continúa haciendo de la vivienda un negocio para lucro de la clase dominante.

6. Hacia una confederación de vivienda como expresión de una lucha de clases con un horizonte anticapitalista

Las dos primeras décadas del siglo XXI han convertido la vivienda en uno de los principales terrenos de conflicto social en el Estado español. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hasta la crisis del alquiler posterior a la pandemia, el movimiento de vivienda ha sido capaz de articular formas de solidaridad, resistencia y organización popular que marcaron profundamente a toda una generación política. Las PAH, las asambleas barriales, los piquetes antidesahucios o los sindicatos de inquilinas lograron romper el aislamiento de miles de personas y situar en el centro una realidad que durante años había sido presentada como un fracaso individual y no como una consecuencia estructural del modelo capitalista de vivienda.

Al mismo tiempo, la experiencia acumulada durante este ciclo también deja lecciones y contradicciones que no pueden obviarse. La centralidad de la emergencia habitacional y la lógica de la gestión de casos concretos permitió sostener amplias redes de apoyo mutuo, pero dificultó en muchos momentos la consolidación de estructuras políticas y organizativas más estables, con capacidad para ir más allá de la respuesta inmediata. Del mismo modo, la integración de parte importante del movimiento dentro de dinámicas institucionales y electorales terminó desplazando buena parte de la fuerza acumulada hacia espacios sometidos a los límites del propio sistema político, debilitando la autonomía organizativa y reduciendo horizontes de transformación más profundos.

En el actual escenario de precarización creciente, ofensiva rentista y encarecimiento generalizado de la vida, la cuestión de la vivienda vuelve a plantear la necesidad de reconstruir herramientas de organización con mayor arraigo social, perspectiva de clase y capacidad de confrontación sostenida. Los nuevos sindicatos de vivienda y de barrio surgidos en distintos territorios expresan parcialmente esa búsqueda: espacios que intentan superar la fragmentación del ciclo anterior y conectar el problema habitacional con otras formas de explotación que atraviesan a la clase trabajadora, desde la precariedad laboral hasta el racismo institucional, la violencia patriarcal o la expulsión urbana de la población migrante y empobrecida.

En ese sentido, la necesidad de avanzar hacia formas más amplias de coordinación aparece cada vez con más fuerza. La construcción de una gran Confederación de la Vivienda —territorial, combativa y asentada sobre la autoorganización— podría constituir un paso importante para superar algunos de los límites del ciclo anterior. No únicamente como una suma de colectivos o plataformas, sino como una herramienta capaz de articular sindicatos de vivienda, organizaciones barriales y expresiones del sindicalismo de clase en una estructura común, con capacidad de generar conflicto sostenido y construir poder popular de clase desde abajo. Frente a la burocratización, la cooptación institucional o la dispersión organizativa, el reto sigue siendo construir un movimiento de vivienda con raíces profundas en los barrios y centros de trabajo, capaz no solo de resistir los efectos del mercado inmobiliario, sino de confrontar las condiciones materiales que hacen posible su existencia al sistema.

Ángel Malatesta, militante de Liza.

Si partimos de lo que tenemos delante —no de lo que desearíamos, ni de lo que dicen los textos, sino de la experiencia concreta— el panorama es reconocible: militantes dispersos, espacios políticos que piensan y elaboran, y al mismo tiempo una clase trabajadora que resiste como puede, que en ocasiones entra en conflicto, pero sin continuidad ni vertebración estable. No es una ausencia total de movimiento, pero tampoco es un movimiento capaz de sostenerse, ampliarse y reconocerse como tal. Y, sin embargo, este no es un problema nuevo. La historia reciente del movimiento obrero está atravesada por esta misma dificultad: la ruptura entre la capacidad de lucha de la clase y la capacidad de sus destacamentos para organizarla de forma duradera¹.

Por eso, antes de responder a cuáles son nuestras tareas, conviene preguntarse desde dónde estamos pensando. Porque, cuando ante esta situación nos preguntamos qué hacemos entonces, tendemos inmediatamente a plantearnos ¿nos volcamos en construir organización estable en el seno de las luchas inmediatas de nuestra clase? ¿O priorizamos la construcción de una organización de vanguardia capaz de dotar de dirección a ese movimiento? ¿Hacemos ambas? Y la pregunta parece sensata. Pero precisamente por eso, hay que detenerse: si la planteamos así, como una disyuntiva entre tareas separadas que compaginar, partimos ya de un marco equivocado.

Para abordar esta cuestión, tenemos que hacer balance. Este es el punto de partida. Pero el resultado de este ejercicio no puede consistir en ordenar tareas como si fueran compartimentos estancos. El riesgo no está solo en refugiarse en el pasado o en sustituir la práctica por el análisis, sino en algo más profundo: asumir sin cuestionar un modo fragmentado de ver la realidad. Y ahí es donde aparece el empirismo: cuando tomamos por separadas cosas que en la práctica solo existen como momentos de un mismo proceso. Sin esa ruptura, toda práctica queda condenada a moverse dentro de los límites que pretende superar.

Y lo cierto es que el empirismo está operando cuando aceptamos, casi sin darnos cuenta, que por un lado estaría la construcción de la vanguardia y por otro la evolución del movimiento de masas. Sin embargo, si miramos de nuevo con un poco más de detenimiento, lo que encontramos no son dos procesos paralelos que se entrecruzan, sino un mismo proceso que aparece desarticulado: destacamentos que elaboran sin capacidad de arrastre real, y una clase que se mueve sin capacidad de continuidad ni generalización.

Para que este balance sea efectivo y no se quede en la superficie, es imprescindible asumir la necesidad de una profunda formación teórica. No se trata de un lujo académico, sino de una exigencia práctica para romper con la inmediatez y el empirismo que paralizan. La formación teórica es la herramienta que permite trascender la experiencia parcial e inmediata y conectar las luchas actuales con el desarrollo histórico de nuestra clase.

Es en esta formación donde se articula el balance histórico en su totalidad. Entender la realidad no puede limitarse a lo que tenemos delante, sino que exige comprender el proceso completo —los avances, los retrocesos, las rupturas y las continuidades— de la clase trabajadora como sujeto histórico. Solo al abordar este marco de la totalidad podemos armar una lectura estratégica de nuestro presente; de lo contrario, nuestra lectura de la realidad será miope y la práctica quedará condenada a repetir errores. La formación teórica y el balance histórico, por lo tanto, son imprescindibles para guiar la estrategia y proyectar una práctica que no solo resista, sino que transforme.

El problema, entonces, no es solo qué hacer, sino desde dónde estamos pensando lo que hacemos. Porque cuando la realidad se percibe como fragmentada, las respuestas tienden a organizarse también de forma fragmentaria. Y ahí es donde necesitamos romper esa visión mecánica para analizar el problema desde el prisma de la totalidad. En ese momento, el balance deja de ser un ejercicio de erudición para convertirse en guía para la acción: o comprendemos el desajuste entre vanguardia y masas como la expresión de un único proceso desarticulado, o seguiremos reproduciendo la fragmentación en nuestra propia práctica.

De ahí que la respuesta más extendida —aunque rara vez formulada con todas sus consecuencias— consista en aceptar esa separación y tratar de gestionarla: construir organización por un lado, «estar en la clase» por otro, e interviniendo cuando es posible. También, aquí conviene detenernos un poco más. Porque, ¿qué significa exactamente «estar en la clase»? ¿Basta con estar en espacios amplios, con tener presencia, con dirigirse a sectores más o menos extensos? Si la intervención no se da en el movimiento real de la clase —en sus conflictos inmediatos, en sus intentos de organizarse, en los procesos concretos donde la clase anula y supera el estado actual de las cosas— esa presencia se queda en superficie. Y una presencia en superficie no recompone nada: acompaña, observa o comenta, pero no transforma.

Pero incluso esto no es suficiente. Porque no se trata solo de estar ahí donde la clase se mueve, sino de cómo se interviene en ese movimiento. Sin una práctica capaz de conectar esos conflictos parciales entre sí, de extraer de ellos una experiencia común y de proyectarlos más allá de su inmediatez, lo que queda es una sucesión de luchas que empiezan y terminan sin dejar tras de sí una forma más desarrollada de organización. Y entonces el problema reaparece bajo otra forma: por un lado, organización que se reproduce a sí misma sin capacidad de articular fuerza social; por otro, luchas surgen, pero no logran conectarse, acumular experiencia ni proyectarse más allá de lo inmediato. La separación entre priorizar la vanguardia o la organización de masas estable no resuelve nada: solo administra el bloqueo.

Si el problema está en cómo estamos separando lo que en la realidad aparece unido, entonces la tarea no puede ser simplemente «equilibra» ambas partes, sino repensarlas desde su relación. Porque, la vanguardia y las masas no son dos sujetos distintos que se encuentran desde fuera, sino dos momentos dialécticos de un mismo proceso de organización de la clase. Dicho de otro modo: la vanguardia no se construye previamente para después intervenir; solo existe en la medida en que logra organizar, conectar y proyectar el movimiento real de la clase. Y, a la inversa, ese movimiento que percibimos como fragmentario no es una ausencia de sujeto: es una forma todavía dispersa de la propia organización de la clase. Planteado así, el problema deja de ser cómo relacionar dos cosas separadas, y pasa a ser cómo desarrollar un único proceso que hoy se nos aparece escindido.

Pensar la organización política y la organización de masas como dos objetos distintos obliga a una operación imposible: imaginar una vanguardia ya constituida, cerrada sobre sí misma, que luego vendría a relacionarse con una clase exterior a ella. Pero entonces aparece la pregunta que deshace la ficción: ¿de dónde sale esa vanguardia, si no es del mismo movimiento de clase que pretende organizar? ¿Qué otra materia política podría nutrirla, qué otra experiencia podría darle forma, si no es la lucha real, contradictoria y desigual de la propia clase? En cuanto se lleva esa pregunta hasta el final, la separación se derrumba por sí sola. La vanguardia no precede a la organización de masas como un sujeto acabado; emerge de ella, la condensa y la devuelve ampliada. Y la organización de masas tampoco espera pasivamente una dirección exterior: en su propio despliegue ya produce embriones de conciencia, de disciplina, de iniciativa y de programa. Separarlas es tratar como dos cosas lo que solo existe como un mismo proceso en distintos grados de desarrollo.

Por eso la idea de «relacionar» ambas cosas es, en el fondo, un paso falso. Porque si realmente fueran dos objetos separados, la relación entre ellos siempre tendría que explicarse desde fuera: mediación, enlace, influencia, dirección. Pero eso ya presupone lo que pretendía demostrar, a saber, que existe un polo capaz de organizar y otro que debe ser organizado. La realidad, sin embargo, no se deja dividir así. La vanguardia solo existe como el momento más concentrado de la autoorganización de la clase, y la organización de masas solo alcanza su potencia histórica cuando ese movimiento disperso empieza a tomar forma consciente. No son dos entidades que se encuentran; son dos caras de una misma construcción, que solo se hace real cuando la clase empieza a organizarse a sí misma en una escala superior. Por eso la separación, que no la diferenciación, no aclara nada: al contrario, oscurece el proceso, lo fragmenta y nos obliga a pensar como externos a lo que en verdad somos parte activa.

Esto obliga a desplazar también cómo entendemos cada uno de esos momentos. Porque la vanguardia, si es algo más que una autodefinición, no puede medirse por su grado de coherencia interna ni por su capacidad de elaborar en abstracto. Su realidad se juega en otro terreno: en su capacidad de insertarse en los puntos donde la clase entra en contradicción, de intervenir en los procesos donde esa contradicción se organiza, y de hacer que lo que aparece como conflicto aislado pueda empezar a reconocerse como parte de algo más amplio. No se trata, por tanto, de «estar en la clase» en un sentido genérico, sino de formar parte activa de su movimiento real: allí donde se lucha, donde se intenta organizar, donde se abren y se cierran posibilidades. Fuera de ese terreno, lo que queda es una vanguardia que se afirma como tal, pero que no puede verificarse en la práctica.

Al mismo tiempo, ese movimiento real de la clase tampoco puede pensarse como una pura espontaneidad que, en algún momento, alcanzará por sí sola una forma superior. La experiencia histórica muestra lo contrario: que las luchas surgen, sí, que se organizan parcialmente, también, pero que tienden a agotarse, a aislarse o a ser absorbidas si no logran conectar entre sí y dotarse de continuidad. Pero esa limitación no se supera desde fuera. No se resuelve esperando el momento adecuado ni aplicando esquemas prefabricados. Se resuelve en el propio desarrollo de esas luchas, en la medida en que incorporan elementos que las hacen avanzar: más organización, más conciencia de conjunto, más capacidad de decisión colectiva.

Ahí es donde se juega la función de la vanguardia, no como algo externo que dirige, sino como un momento interno que empuja ese desarrollo hacia un horizonte eminentemente político. Pero que nadie se confunda: insertar la organización política en la lucha de clases no es utilizar al sindicato como una mera correa de transmisión para nutrir al Partido, ni manipular asambleas para imponer una línea dictada desde fuera. Eso no es vanguardia, es parasitismo burocrático. Dicho de otro modo, solo la vanguardia actúa como vanguardia cuando logra articular la lucha en torno a la emancipación de la clase trabajadora.

Por eso, separar la construcción de la vanguardia de la construcción de organización de masas no es solo un error de enfoque: es una forma de bloquear ambas. Porque una vanguardia que no se construye en ese proceso, queda reducida a una estructura que se reproduce a sí misma, sin capacidad de incidir en la realidad que pretende transformar. Y, a la inversa, unas luchas que no logran articularse más allá de lo inmediato quedan condenadas a empezar de nuevo una y otra vez, sin articularse con fuerza real tras cada repliegue. La consecuencia es conocida: por un lado, organización sin arraigo; por otro, conflicto sin continuidad. Y entre ambos, un vacío que no se llena con voluntad, sino con práctica.

Pero si este es el problema, entonces también lo es cualquier práctica que reduzca la intervención a la gestión de lo inmediato. Porque la lucha por las condiciones inmediatas, por sí sola, no se transforma automáticamente en lucha política. Puede incluso agotarse en su propia repetición si no logra superar su aislamiento. De lo que se trata, por tanto, no es solo de organizar conflictos, sino de organizarlos de tal manera que se conviertan en experiencia acumulada, en capacidad colectiva, en comprensión más amplia de la posición que ocupa la clase en el conjunto de la sociedad. Ahí es donde la elaboración teórica deja de ser un momento separado para convertirse en una necesidad interna de la práctica: no como discurso que se añade desde fuera, sino como síntesis de lo que las propias luchas contienen de forma dispersa.

Sin embargo, comprender esta profunda unión entre nuestro trabajo y la vida del movimiento obrero no debe llevarnos al viejo error de disolver nuestra organización específica en el sindicato. El sindicato agrupa a los explotados por el mero hecho de serlo; nuestra organización, en cambio, agrupa a quienes ya tienen una voluntad consciente de destruir el sistema. Precisamos mantener nuestra estricta autonomía ideológica para no ser arrastrados por la inercia de las luchas cotidianas, para no terminar condenados a mendigar unas migajas más al patrón.

​Nuestro objetivo, el horizonte político hacia el que empujamos, no es un convenio un poco menos miserable. Es la expropiación definitiva de los medios de producción y la liquidación del Estado con la consecuente abolición de la sociedad de clases.

Creer que el sindicato, por su mero crecimiento cuantitativo y la inercia de la huelga, resolverá por sí solo el problema del poder político y la liquidación del Estado es un espejismo que la historia ya nos ha cobrado con sangre, de forma paradigmática, tras las jornadas de mayo del 37.

Para trazar el camino hacia esa meta material, los anarquistas necesitamos un programa revolucionario claro. Un programa que no se limite a grandes consignas, sino que defina los pasos, las reivindicaciones de ruptura y la estrategia de choque contra el capital.

​Pero sabemos bien que la revolución no se decreta desde un despacho y que un programa es letra muerta si no cuenta con un método para encarnarse en la clase. No somos pastores que deban guiar a un rebaño ciego, ni nuestro programa es una lista de órdenes para una masa pasiva. Si el pueblo no se emancipa por su propia fuerza y voluntad, la revolución será una farsa.

​Nuestras ideas y nuestro programa solo toman cuerpo cuando el militante se funde en las luchas de sus compañeros. Nuestra labor no es mandar, sino utilizar nuestras herramientas históricas para forjar una cultura proletaria de combate en cada huelga, en cada asamblea y en cada conflicto. ¿Y cuáles son estas herramientas? La acción directa, para que los problemas los resuelvan los propios interesados sin delegar en políticos ni burócratas; la democracia directa y el federalismo, para estructurar la fuerza de la clase desde la base; y el ejercicio constante de la solidaridad.

​Estas prácticas no son el programa en sí mismo, sino herramientas mediante las cuales demostramos en la práctica que los trabajadores somos perfectamente capaces de gestionar la producción y la vida social sin necesidad de amos.

Es precisamente esta exigencia práctica la que determina la relación entre nuestro destacamento y el conjunto del movimiento obrero. ​Una organización específica aislada de la clase trabajadora es estéril; pero una masa desprovista de cultura revolucionaria cae fácilmente víctima de los reformistas, oportunistas y burócratas. Solo caminando juntos, siendo nosotros la levadura que fermenta en el interior de la masa, abriremos el camino.

Si asumimos esto hasta el final, entonces hay una consecuencia que no se puede esquivar: no se puede esperar. No se puede esperar a que la lucha de clases «aparezca» para entonces intervenir, ni a que las condiciones «maduren» para que la vanguardia encuentre su lugar. Pero, ¿qué significa exactamente esperar? Significa, en la práctica, desplazar la tarea hacia un futuro indeterminado, como si el desarrollo del conflicto fuera un proceso ajeno a nuestra propia actividad.

Sin embargo, la realidad es otra: las condiciones materiales no son un dato externo que solo se contempla, sino algo que también se produce. Se producen en la medida en que hay intervención, organización, conflicto sostenido.

Y, si esto es así, entonces la recomposición de la vanguardia no puede plantearse como una fase previa, separada, que se resuelve en el plano teórico para después «aplicarse» sobre la realidad. Se juega, necesariamente, en el terreno mismo donde esas condiciones se abren paso.

Esto obliga a concretar. Porque si hablamos de «movimiento real de la clase», ¿dónde se expresa hoy de forma más nítida? No en cualquier espacio, ni en cualquier práctica, sino, ayer igual que hoy, allí donde la clase entra en relación directa con las condiciones materiales de su explotación y se ve empujada a organizarse. Donde la burguesía se enfrenta como tal a quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. En este sentido, el ámbito del trabajo y, en particular, el terreno sindical —entendido en su sentido más amplio— aparece como un espacio privilegiado y la trinchera ineludible de nuestra intervención². No porque agote en sí mismo el horizonte de la lucha, sino porque en él se concentran contradicciones que pueden ser desarrolladas en un sentido más amplio. Es ahí donde la explotación se vuelve inmediata y donde la necesidad de organización deja de ser una consigna para convertirse en una exigencia práctica y tangible para la mayoría de nuestra clase.

Pero incluso aquí conviene no simplificar. Porque tampoco basta con «estar en el sindicato». Si la intervención se limita a reproducir inercias existentes —delegacionismo, pasividad, negociación sin fuerza— lo que se refuerza no es la capacidad de la clase, sino sus límites. De lo que se trata es de otra cosa: de intervenir en esos espacios para empujar procesos que vayan más allá de lo dado. De fomentar formas de organización que impliquen a la plantilla en condición de clase trabajadora, de impulsar dinámicas de decisión colectiva, de sostener conflictos que permitan acumular experiencia y confianza. En definitiva, de convertir el sindicato en un ariete de lucha política de clase, no en una mera herramienta de gestión del conflicto.

Y en ese proceso es donde la vanguardia se recompone. No como resultado de un desarrollo interno aislado, sino como producto de una práctica que logra articular, aunque sea de forma parcial y contradictoria, a sectores más amplios de la clase. Porque la vanguardia no se mide por lo que afirma de sí misma, sino por lo que es capaz de hacer existir en la realidad: organización, lucha, continuidad. Fuera de ahí, todo crecimiento es aparente. Dentro de ahí, incluso avances modestos pueden tener un alcance estratégico. La cuestión, entonces, deja de ser si estamos construyendo vanguardia o construyendo movimiento, y pasa a ser si nuestra práctica está siendo capaz de hacer avanzar, de forma concreta, la organización de la clase en su conjunto.

Asumir esto no es cómodo, porque desplaza el centro de gravedad. Obliga a dejar de pensar la vanguardia como un espacio propio que se fortalece para después intervenir, y a entenderla como una función que solo existe en su ejercicio. Obliga, también, a abandonar la espera, a romper con la idea de que hay un momento «adecuado» que llegará por el automovimiento mecánico de las contradicciones objetivas del capital. Ese momento no está dado: se construye³. Y se construye en condiciones adversas, con avances parciales, con errores, con retrocesos. Pero o se construye o no se construye.

De ahí que la tarea no admita aplazamientos ni atajos. Recomponer la vanguardia no es otra cosa que recomponer, en la práctica, la capacidad de la clase para organizarse, luchar y ganar conflictos mediante su propia fuerza. No es un problema que se resuelva antes de intervenir, sino en la propia intervención. No es una fase, sino un proceso. Y en ese proceso, cada espacio organizado, cada conflicto que se sostiene, cada avance en la autoorganización y en la conciencia colectiva, no es un paso previo: es ya parte del resultado.

Porque, en última instancia, la cuestión no es si intervenimos más o menos, ni si estamos más o menos presentes. La cuestión es qué tipo de capacidad estamos construyendo. Si la intervención logra que la clase se organice, que acumule experiencia, que amplíe su horizonte y que empiece a reconocerse como sujeto colectivo enfrentado al conjunto del orden social, entonces hay recomposición. Si no, todo esfuerzo tiende a disolverse en lo inmediato. La vanguardia, en ese sentido, no es otra cosa que esa capacidad en desarrollo. Y por eso mismo no puede existir al margen de ella: o se construye en el movimiento real de la clase, como parte activa de su transformación en sujeto político, o deja de ser vanguardia para convertirse en otra cosa. Recomponerla no es una tarea previa. Es el proceso mismo.

O la vanguardia existe en el movimiento real de la clase, empujándolo y transformándose con él, o no existe.

T. Morago

1 Este artículo da continuidad al debate estratégico abierto por T. Mora en «Anarquismo y Vanguardia» (Regeneración Libertaria, marzo de 2024). El desarrollo de nuestro balance histórico y el análisis del capital como totalidad tendrán su espacio en futuras publicaciones. Aquí, el objetivo es aterrizar la discusión en la relación material entre la organización específica y el conjunto de la clase trabajadora. Abordar y resolver esta tensión en los conflictos reales es el paso necesario para materializar cualquier recomposición organizativa

2 Esto no implica menospreciar la organización en la esfera de la reproducción social (vivienda, consumo, etc.), indispensable para la supervivencia de nuestra clase frente a la expropiación secundaria. Sin embargo, la dilución de nuestras fuerzas en frentes desconectados de la producción genera un activismo estéril donde el proletariado solo opone un poder asociativo asimétrico. La intervención prioritaria debe apuntar a la producción y la logística (la cadena de suministro), pues es allí donde la clase ejerce un poder estructural: la capacidad real de interrumpir el motor del capital, ese impulso incesante hacia la autovalorización del valor mediante la extracción de plusvalor.

3 A pesar de esto, evidentemente, el propio desarrollo del capital exacerba, tensiona, alivia y transforma las contradicciones que afectan de forma determinante al estado de la lucha de clases. La cuestión es, pues, cómo transformamos la realidad y en qué sentido dadas unas condiciones materiales concretas.