Decir que el anarquismo es una ideología colonial o simplemente eurocéntrica suele partir de una confusión muy básica: tomar la parte más visible de su canon por la totalidad de su historia. Esa confusión no solo aparece entre críticos externos. También atraviesa al propio movimiento anarquista. Hay demasiados anarquistas que conocen mejor la estética de la tradición que su desarrollo histórico, sus debates internos, sus experiencias organizativas y su presencia real en luchas obreras, campesinas, anticoloniales, feministas y populares fuera de Europa.

El problema no es menor. Un movimiento que desconoce su propia historia acaba aceptando la caricatura que otros hacen de él. Si el anarquismo se presenta únicamente como rechazo del Estado, como defensa abstracta de la libertad individual o como sensibilidad antiautoritaria general, entonces es fácil convertirlo en una tradición difusa, incoherente o reducible a un puñado de autores europeos. Esa reducción empobrece todo. Borra su carácter socialista, su relación con la lucha de clases, su apuesta por la autogestión, su dimensión internacionalista y sus debates estratégicos sobre organización, sindicalismo, revolución, violencia, reformas, poder popular y construcción de fuerza social.

Reducir el anarquismo al antiestatismo es un error teórico grave. El rechazo del Estado forma parte de la tradición anarquista, pero no basta para definirla. También hay liberales extremos, capitalistas antiestatales, sectas religiosas, corrientes reaccionarias y distintas formas de individualismo que pueden rechazar al Estado por motivos completamente opuestos a los del anarquismo. El anarquismo histórico no combatió el Estado para dejar intactos el capital, la propiedad privada, el patriarcado, el colonialismo, la explotación o las jerarquías sociales. Su crítica del Estado estuvo vinculada a una crítica más amplia de la dominación y a una propuesta de reorganización social basada en la autogestión, el federalismo, la acción colectiva y la emancipación de las clases oprimidas.

Por eso resulta tan pobre identificar el anarquismo con una ética individual de la desobediencia. El anarquismo no se desarrolló históricamente como una simple afirmación del individuo contra toda norma común. Se construyó en sindicatos, federaciones, periódicos, ateneos, escuelas, huelgas, insurrecciones, organizaciones específicas, redes de solidaridad, movimientos campesinos y experiencias revolucionarias. Su problema central no era cómo preservar la comodidad subjetiva de cada militante, sino cómo construir una fuerza social capaz de enfrentar estructuras reales de poder. Esa diferencia importa, porque una tradición revolucionaria no puede sobrevivir si sus propios militantes la rebajan a temperamento, identidad o estilo de vida.

La acusación de eurocentrismo tiene una parte de verdad solo si se dirige contra cierta forma de contar la historia del anarquismo, no contra el anarquismo como tradición histórica. Durante mucho tiempo, muchas historias generales privilegiaron Europa occidental y el eje atlántico norte. Dieron protagonismo excesivo a los grandes hombres, a los textos más conocidos y a los debates europeos, dejando en segundo plano la expansión global del anarquismo y su inserción en procesos sociales concretos. Esa historiografía sí debe ser criticada. Pero confundir una historiografía limitada con el movimiento real es un salto injustificable.

El anarquismo tuvo presencia global. No fue una doctrina europea que simplemente descendió sobre pueblos pasivos. Circuló a través de migraciones obreras, exilios políticos, prensa militante, redes sindicales, puertos, cárceles, traducciones, escuelas populares y luchas sociales. En América Latina, se vinculó a movimientos obreros, sindicalismo revolucionario, anticlericalismo, educación popular y conflictos directos con patronales y Estados. En Asia oriental, tuvo expresiones propias en Japón, China y Corea, donde se cruzó con antiimperialismo, crítica al militarismo, debates sobre educación, familia, trabajo, revolución social y resistencia colonial. En distintos contextos africanos y coloniales, las ideas antiautoritarias también entraron en contacto con luchas contra el imperialismo, el racismo y la explotación.

Nada de esto convierte al anarquismo en una tradición pura, sin contradicciones ni límites. Sería absurdo plantearlo así. Hubo anarquistas con prejuicios racistas, prácticas machistas, lecturas eurocéntricas, errores estratégicos y cegueras propias de su tiempo. Pero una crítica seria empieza por distinguir entre las limitaciones reales de militantes concretos, las debilidades de cierta historiografía y el contenido general de una tradición política. El anarquismo no se define por cada error cometido por anarquistas, sino por su proyecto de abolir las relaciones de dominación y sustituirlas por formas autogestionarias de vida social.

La cuestión colonial debe formularse con precisión. Colonialismo no significa que una idea haya tenido autores europeos. Colonialismo significa dominación política, militar, económica, racial y cultural de unos pueblos sobre otros. Significa extracción, administración imperial, fronteras impuestas, jerarquías raciales, trabajo forzado, evangelización, policía, prisión y subordinación. Si se aplica el término con rigor, el anarquismo aparece históricamente más cerca de las luchas contra esas estructuras que de su defensa. Los anarquistas combatieron imperios, Estados nacionales, ejércitos, patronales, iglesias, terratenientes, policías y burocracias. También criticaron la idea de que la liberación consistiera solo en sustituir una élite extranjera por una élite nacional.

Este punto es fundamental. El anarquismo no se conforma con preguntar quién ocupa el poder político. Pregunta por qué debe existir una estructura separada que gobierne sobre la sociedad. Esa diferencia lo separa tanto del liberalismo como de los proyectos nacionalistas o socialistas autoritarios que aceptan la concentración del poder como instrumento de emancipación. Allí donde otros imaginaron la libertad como toma del Estado, el anarquismo insistió en la organización directa de las clases oprimidas. Allí donde otros confiaron en partidos, jefaturas o burocracias revolucionarias, el anarquismo defendió la capacidad de los propios explotados para construir sus organizaciones, sus formas de decisión y sus mecanismos de defensa.

Precisamente por eso la ignorancia histórica dentro del anarquismo es tan dañina. Cuando se olvida esta dimensión social y organizativa, el anarquismo queda reducido a una actitud. Se convierte en rechazo genérico de la autoridad, sospecha permanente ante cualquier compromiso colectivo, incapacidad de sostener estructuras estables y desprecio por la estrategia. Así, conceptos como autonomía, horizontalidad o antiautoritarismo pierden contenido político y se transforman en excusas para la dispersión. La libertad deja de ser un proyecto de reorganización social y pasa a significar que nadie puede exigir nada a nadie.

Esa versión del anarquismo no amenaza al poder. Al contrario, lo deja tranquilo. Un anarquismo sin memoria histórica, sin análisis de clase, sin organización, sin disciplina colectiva y sin inserción en luchas reales puede producir gestos, pero no fuerza social. Puede tener símbolos, pero no estrategia. Puede tener discurso, pero no capacidad de transformación. El capital, el Estado y las clases dominantes no se enfrentan con temperamentos rebeldes. Se enfrentan con movimientos organizados, con arraigo popular, con objetivos claros y con prácticas capaces de sostener conflicto en el tiempo.

La recuperación histórica del anarquismo no es una cuestión académica secundaria. Es una necesidad política. Estudiar el anarquismo global permite desmontar dos errores al mismo tiempo: la acusación externa que lo reduce a ideología europea y la degradación interna que lo reduce a libertad individual sin proyecto social. Permite recordar que el anarquismo fue, en sus mejores momentos, una tradición de masas, de organización, de lucha de clases, de internacionalismo y de autogestión. Permite también reconocer sus fracasos sin convertirlos en condena total, y sus aciertos sin transformarlos en mitología.

Un anarquismo que se tome en serio a sí mismo debe conocer a Bakunin, Kropotkin, Malatesta o Louise Michel, pero no puede quedarse ahí. Debe estudiar cómo el anarquismo se articuló históricamente con movimientos obreros, campesinos y anticoloniales en contextos distintos; cómo funcionaron sus organizaciones sindicales y federativas; qué debates estratégicos surgieron sobre partido, sindicato, insurrección o poder popular; y por qué ciertas experiencias lograron arraigo social mientras otras quedaron aisladas o fueron derrotadas. No por afán enciclopédico, sino porque sin esa memoria el movimiento se vuelve políticamente infantil.

La crítica correcta no es «el anarquismo es colonial». La crítica correcta sería: demasiadas veces el anarquismo ha sido contado de forma eurocéntrica y demasiados anarquistas han aceptado esa versión reducida de su propia historia. Esa crítica sí es legítima ya que obliga a ampliar el archivo, a corregir el canon, a mirar más allá de Europa y a reconstruir la tradición desde sus prácticas reales, no solo desde sus textos más citados. 

El anarquismo no necesita ser defendido como una identidad sagrada. Necesita ser comprendido con rigor. Su valor no está en ser una marca de rebeldía, sino en haber formulado una crítica profunda de la dominación y una propuesta de organización social basada en la autogestión, el federalismo y la acción directa de los oprimidos. Si el movimiento quiere estar a la altura de esa historia, debe abandonar la comodidad de la consigna fácil y recuperar el trabajo serio: estudiar, organizar, debatir estrategia, construir fuerza social y dejar de confundir la libertad con la ausencia de responsabilidad.

Para quienes quieran conocer mejor el desarrollo histórico global del anarquismo, una recomendación fundamental es Bandera Negra, de Felipe Correa, editado por Teima Editorial. Es un trabajo serio y accesible que ayuda a desmontar muchos mitos y simplificaciones sobre la tradición anarquista, mostrando su dimensión internacional, organizativa y revolucionaria.

El libro está disponible en distintas librerías por el estado. También puedes encontrar más información aquí: https://banderanegra.net/

Don Diego de la Vega, militante de Liza

Introducción

Durante décadas, parte del pensamiento crítico ha sostenido que el proletariado ha dejado de ocupar la posición histórica que desempeñó durante el largo ciclo del movimiento obrero, aproximadamente desde mediados del siglo XIX hasta la crisis del capitalismo fordista en los años setenta del siglo XX. La desindustrialización de las economías occidentales, la fragmentación del trabajo, la expansión del sector servicios, la precarización del empleo, la individualización de las relaciones laborales y la integración creciente de la vida social en la lógica del consumo han llevado a cuestionar la vigencia de la política de clase como horizonte estratégico de la emancipación.

En el ámbito libertario, la discusión es especialmente intensa. Autores como Tomás Ibáñez y Miquel Amorós argumentan que las profundas transformaciones del capitalismo han erosionado las condiciones históricas que hicieron posible el movimiento obrero clásico. La desaparición de la cultura obrera, la integración institucional de las organizaciones sindicales, la disolución de las antiguas comunidades de trabajo y de barrio y la creciente colonización mercantil de la existencia habrían privado al proletariado de la centralidad política que desempeñó durante más de un siglo. La cuestión ya no sería únicamente la derrota de determinadas organizaciones, sino el agotamiento de un ciclo histórico en el que la clase trabajadora pudo constituirse como sujeto revolucionario.

El diagnóstico contiene elementos difíciles de discutir. Resulta evidente que el capitalismo contemporáneo ha transformado profundamente las condiciones de producción, la composición del trabajo asalariado y las formas tradicionales de organización de la clase obrera. También parece indudable que las experiencias históricas del movimiento obrero —socialdemócratas, comunistas, consejistas, sindicalistas revolucionarias y anarquistas— pertenecen a un contexto histórico que no puede reproducirse mecánicamente. Quien pretenda reconstruir las formas organizativas del siglo XX ignorando las mutaciones del capitalismo global caerá inevitablemente en el anacronismo.

Sin embargo, de estas constataciones no se desprende necesariamente la conclusión de que el proletariado haya dejado de constituir el sujeto potencial de una transformación revolucionaria. Entre el reconocimiento de una derrota histórica y la afirmación de una imposibilidad histórica existe una diferencia decisiva. Que las formas políticas mediante las cuales el proletariado actuó durante un determinado período hayan entrado en crisis no implica que hayan desaparecido las relaciones sociales que hicieron posible su aparición. Menos aún autoriza a concluir que la contradicción entre capital y trabajo haya perdido su carácter estructurante dentro del capitalismo contemporáneo.

La hipótesis que orienta este artículo es precisamente la contraria. La reorganización mundial del capitalismo iniciada en la década de 1970 no ha eliminado el fundamento material del proletariado, sino que lo ha transformado y ampliado a una escala desconocida hasta entonces. La desindustrialización relativa de Europa y Norteamérica ha coincidido con una extraordinaria expansión del trabajo asalariado en Asia, América Latina, África y Europa oriental; la fragmentación de los procesos productivos ha ido acompañada por una integración cada vez más intensa del mercado mundial; y la diversificación de las formas de empleo no ha reducido la dependencia salarial, sino que la ha extendido a nuevos sectores de la población.

Es crucial distinguir dos planos: crisis de conciencia de clase, organizaciones obreras y formas históricas de la política proletaria, por un lado, y, por otro, la persistencia de condiciones objetivas que hacen posible la existencia de una clase definida por la necesidad de vender su fuerza de trabajo para vivir.

El propósito de este trabajo no consiste, por tanto, en negar la profundidad de la derrota sufrida por el movimiento obrero durante las últimas décadas ni en idealizar unas formas de organización cuya crisis es evidente. Tampoco pretende defender una concepción esencialista del proletariado como sujeto predestinado de la historia. Su objetivo es más limitado, pero también más preciso: examinar si las transformaciones experimentadas por el capitalismo justifican realmente la conclusión de que la clase trabajadora ha perdido definitivamente toda potencialidad revolucionaria o si, por el contrario, la crisis afecta principalmente a las formas históricas de su organización y no a la posición estructural que continúa ocupando dentro de las relaciones de producción.

Responder a esta cuestión exige desplazar el análisis desde el espacio restringido de las sociedades occidentales hacia el capitalismo mundial realmente existente. Sólo desde esa perspectiva resulta posible valorar hasta qué punto la expansión planetaria del trabajo asalariado, las nuevas migraciones internacionales, la reorganización de las cadenas globales de producción y la aparición de nuevas formas de explotación modifican —o confirman— la hipótesis clásica según la cual la contradicción entre capital y trabajo continúa constituyendo el eje fundamental de las sociedades capitalistas.

El capitalismo tardío, obsoleto en su promesa de bienestar general, se aferra a la supervivencia mediante una deriva hacia la economía de guerra. Cuando la rentabilidad de la producción civil se agota, se reactivan ciclos de gasto militar, priorización de la seguridad y excepcionalidad permanente que disciplinan a la sociedad y reconfiguran las prioridades públicas. Este régimen, criminal en sus efectos, externaliza costes —ambientales, humanos y democráticos— mientras convierte el miedo y el conflicto en nuevos nichos de acumulación. En ese horizonte, la precarización del trabajo y la disolución del papel del proletariado como sujeto político no son fallos del sistema, sino condiciones de posibilidad para un modelo que necesita población disponible, desorganizada y vigilada, al servicio de una maquinaria que produce valor a través de la destrucción.

El proletariado como relación social y no como figura histórica

El debate sobre la vigencia del proletariado suele partir de los cambios del capitalismo contemporáneo para luego extraer conclusiones sociológicas. Conviene, antes, fijar el concepto: el proletariado no es una figura histórica particular —el obrero fabril fordista— sino una posición en las relaciones sociales de producción.

Desde este punto de vista, resulta significativo que buena parte de las tesis sobre la crisis del proletariado tomen como referencia una figura histórica muy concreta: el obrero industrial, concentrado en grandes establecimientos fabriles, organizado sindicalmente, integrado en barrios obreros relativamente homogéneos y portador de una cultura colectiva construida a lo largo de más de un siglo de luchas sociales. Esa figura existió y desempeñó un papel decisivo en la historia del movimiento obrero europeo. Pero identificarla con el proletariado en cuanto tal supone convertir una experiencia histórica determinada en una definición universal.

Marx nunca procedió de ese modo. A lo largo de El capital, la condición proletaria no aparece caracterizada por un oficio, una rama industrial o una forma específica de organización del trabajo. Lo que define al proletario es su posición dentro de las relaciones sociales de producción. El trabajador es proletario porque carece de medios propios para producir y reproducir su existencia y, por ello, se ve obligado a vender su fuerza de trabajo al propietario del capital. Esta definición posee un grado de abstracción suficiente para abarcar formas de trabajo extraordinariamente diversas y explica, precisamente por ello, la enorme capacidad de adaptación del capitalismo a contextos históricos cambiantes.

La distinción no es un simple problema terminológico. De ella depende toda la interpretación posterior. Si se identifica el proletariado con la gran clase obrera industrial surgida durante el capitalismo fordista, resulta relativamente sencillo concluir que hoy nos encontramos ante su declive. Si, por el contrario, se entiende el proletariado como una relación social determinada por la dependencia salarial y la expropiación de los medios de producción, entonces la cuestión cambia completamente de naturaleza. Ya no se trata de preguntar si la vieja figura del obrero industrial continúa siendo mayoritaria, sino de averiguar si el desarrollo del capitalismo ha reducido o ampliado el número de personas cuya existencia depende de la venta de su fuerza de trabajo.

La respuesta parece bastante clara. Durante las últimas cinco décadas, el capitalismo ha conocido una expansión extraordinaria de las relaciones salariales. No porque haya mejorado las condiciones de vida de quienes trabajan, sino porque ha incorporado a la producción mercantil regiones enteras del planeta que hasta entonces permanecían parcialmente al margen de ella. El proceso de urbanización acelerada que ha acompañado a la globalización económica constituye, probablemente, el mayor movimiento de proletarización de toda la historia.

Conviene detenerse un momento en este aspecto, porque suele quedar oscurecido por una mirada excesivamente centrada en la experiencia europea. Desde finales de los años setenta, cientos de millones de campesinos abandonaron las economías rurales para incorporarse a la producción capitalista. La industrialización de China representa el ejemplo más conocido, pero no el único. Procesos similares, aunque de menor intensidad, pueden observarse en Vietnam, Bangladés, India, Indonesia, México o Etiopía. En todos estos casos, asistimos a la formación de enormes concentraciones de trabajadores asalariados cuya existencia social responde exactamente a la definición clásica del proletariado.

Lo que desaparece, por tanto, no es el proletariado, sino una determinada geografía industrial. La deslocalización productiva suele interpretarse desde Europa como un fenómeno de desindustrialización, cuando en realidad constituye una redistribución internacional de la producción. Las fábricas que cerraban en el norte del continente reaparecían, ampliadas en muchos casos, en el delta del río Perla, en las zonas económicas especiales chinas, en los corredores industriales del sudeste asiático o en las maquilas centroamericanas. El capital abandonaba unos territorios para instalarse en otros, pero seguía dependiendo del trabajo asalariado como condición indispensable de su valorización.

Este desplazamiento geográfico tiene consecuencias importantes para la teoría social. Si el análisis permanece encerrado dentro de las fronteras europeas, la impresión de que el proletariado se desvanece resulta comprensible. Los viejos barrios obreros desaparecen, las grandes factorías reducen plantilla, los sindicatos pierden afiliados y el empleo industrial deja paso a actividades terciarias. Sin embargo, esa imagen cambia radicalmente cuando el marco de observación deja de ser nacional o continental y pasa a ser mundial. Lo que aparece entonces no es una reducción de la clase trabajadora, sino su extraordinaria expansión, acompañada de una reorganización profunda de la división internacional del trabajo.

En este punto conviene introducir una matización importante. Reconocer que el proletariado ha aumentado numéricamente no significa negar que hayan cambiado las condiciones bajo las cuales puede constituirse como sujeto político. Sería absurdo ignorar que la fragmentación productiva, la precarización del empleo, la individualización de las relaciones laborales o la dispersión territorial dificultan enormemente la construcción de organizaciones estables y de identidades colectivas comparables a las que caracterizaron al movimiento obrero clásico. Pero, precisamente por ello, resulta necesario distinguir cuidadosamente entre la existencia objetiva de una clase y las formas históricas que adopta su organización política.

La confusión entre ambos planos ha acompañado con frecuencia las discusiones de las últimas décadas. Allí donde desaparecen las viejas organizaciones obreras, se tiende a concluir que ha desaparecido también la clase que las hizo posibles. Sin embargo, la relación puede formularse exactamente al revés. Quizás lo que ha entrado en crisis no sea el proletariado, sino las formas organizativas heredadas de una fase determinada del desarrollo capitalista. Si esta hipótesis fuera correcta, el problema político dejaría de consistir en encontrar un nuevo sujeto revolucionario y pasaría a ser el de comprender cómo puede reorganizarse una clase que continúa existiendo bajo condiciones profundamente modificadas.

Esta cuestión nos conduce directamente al núcleo del debate. Porque, en realidad, la discusión no gira únicamente en torno a la sociología del trabajo contemporáneo. Lo que está en juego es la interpretación misma de la derrota histórica sufrida por el movimiento obrero durante las últimas décadas. Y es precisamente ahí donde las tesis de Ibáñez y Amorós muestran, a mi juicio, sus principales limitaciones.

La derrota del movimiento obrero y la ilusión de su desaparición

La cuestión adquiere un relieve diferente cuando se deja de considerar únicamente la evolución del trabajo asalariado y se examina la trayectoria histórica del movimiento obrero. Es aquí donde, probablemente, reside el origen del diagnóstico pesimista que recorre buena parte del pensamiento crítico contemporáneo. Porque resulta difícil negar que las organizaciones que durante más de un siglo articularon la experiencia política de la clase trabajadora atraviesan una crisis de enorme profundidad. Los grandes sindicatos se han institucionalizado, los partidos obreros han abandonado hace tiempo cualquier horizonte de transformación social, la cultura proletaria que caracterizó amplias zonas industriales prácticamente ha desaparecido y las sucesivas derrotas sufridas desde finales de los años setenta han debilitado la confianza en la capacidad del conflicto social para alterar el curso del capitalismo.

Todo ello constituye un hecho histórico que ninguna interpretación seria puede ignorar. Sin embargo, reconocer esa derrota no obliga necesariamente a aceptar las conclusiones que con frecuencia se derivan de ella. Entre la constatación de una derrota política y la afirmación de que el proletariado ha dejado de ocupar un lugar central en el capitalismo existe un salto argumentativo que rara vez se justifica de manera suficiente.

Quizás convenga recordar una evidencia elemental. Las clases sociales no desaparecen porque sean derrotadas. Si así fuera, habría que concluir que la burguesía dejó de existir cada vez que perdió el poder político en algún proceso revolucionario o que la aristocracia desapareció inmediatamente después de las revoluciones liberales. Las clases no se definen por el éxito o el fracaso de sus organizaciones, sino por la posición que ocupan dentro de las relaciones sociales de producción. Las derrotas modifican la correlación de fuerzas, destruyen instituciones, interrumpen tradiciones políticas e incluso alteran profundamente la conciencia colectiva, pero no transforman por sí mismas la estructura fundamental de las relaciones sociales.

Esta observación resulta especialmente pertinente cuando se analiza la evolución del capitalismo desde la década de 1970. La ofensiva neoliberal no consistió únicamente en una serie de reformas económicas. Fue, ante todo, una gigantesca operación política dirigida a quebrar el poder acumulado por el movimiento obrero durante el ciclo abierto tras la Segunda Guerra Mundial. Las derrotas de los mineros británicos, la reconversión industrial en buena parte de Europa, la flexibilización del mercado de trabajo, la deslocalización productiva o la creciente sumisión de la economía a las finanzas no fueron procesos independientes entre sí. Formaron parte de una estrategia de reorganización del capitalismo cuyo objetivo consistía precisamente en debilitar la capacidad de negociación y de resistencia de la clase trabajadora.

Resulta paradójico que el éxito de esa ofensiva haya terminado interpretándose, en ocasiones, como la prueba de que el proletariado ha dejado de existir o de que habría perdido toda relevancia histórica. En realidad, podría sostenerse exactamente la tesis contraria. Si el capital desplegó semejante esfuerzo para transformar la organización del trabajo, desplazar la producción hacia otras regiones del planeta, fragmentar las plantillas y precarizar el empleo fue precisamente porque seguía considerando que la concentración obrera constituía uno de los principales límites para su proceso de acumulación. La reorganización del capitalismo no demuestra la desaparición del conflicto entre capital y trabajo; constituye una respuesta a ese conflicto.

En este punto conviene detenerse un momento en las implicaciones del propio concepto de reorganización capitalista. El capitalismo no modifica continuamente sus formas de producción por un simple afán de innovación tecnológica. Cada transformación importante responde, al menos en parte, a la necesidad de superar obstáculos surgidos durante el ciclo anterior de acumulación. La mecanización respondió a la necesidad de incrementar la productividad; el fordismo permitió organizar la producción en masa; la deslocalización facilitó la reducción de costes laborales; la logística global hizo posible coordinar procesos productivos dispersos geográficamente. Ninguna de estas transformaciones elimina el trabajo asalariado. Todas buscan reorganizarlo de una manera más favorable para la acumulación del capital.

Quizás por ello resulte más adecuado hablar de una crisis de las formas históricas del movimiento obrero que de una crisis del proletariado como clase. Las organizaciones que surgieron alrededor de la gran industria fordista respondían a unas condiciones muy determinadas: relativa estabilidad del empleo, concentración de miles de trabajadores en un mismo espacio productivo, continuidad de las relaciones laborales y existencia de comunidades obreras relativamente cohesionadas. Cuando esas condiciones desaparecen o se modifican profundamente, las formas organizativas heredadas dejan de funcionar con la misma eficacia. Pero de ahí no se deduce que desaparezca la clase cuya existencia dio origen a dichas organizaciones.

La historia ofrece numerosos ejemplos de esta diferencia. El sindicalismo revolucionario de comienzos del siglo XX no fue idéntico al cartismo inglés, ni este coincidía con las formas de organización artesanal anteriores a la Revolución Industrial. Cada transformación del capitalismo produjo nuevas formas de conflicto y exigió nuevas respuestas organizativas. Nadie habría concluido, por ello, que la clase trabajadora dejaba de existir cada vez que una de esas formas históricas entraba en crisis. Resulta extraño que hoy se acepte con relativa facilidad una conclusión semejante.

Todo ello obliga a replantear la cuestión inicial. Quizás la pregunta pertinente no sea si el proletariado continúa siendo idéntico al que protagonizó las grandes luchas obreras del siglo XX. Evidentemente, no lo es. Tampoco el capitalismo contemporáneo se parece al capitalismo analizado por Marx en la Inglaterra victoriana. La verdadera cuestión consiste en determinar si las transformaciones experimentadas durante las últimas décadas han alterado la relación fundamental entre capital y trabajo o si, por el contrario, únicamente han modificado las formas bajo las cuales esa relación continúa reproduciéndose.

Responder a esta pregunta exige abandonar la mirada eurocentrista y examinar el desarrollo del capitalismo como un sistema mundial. Sólo entonces resulta posible valorar hasta qué punto la aparente desaparición del proletariado constituye un fenómeno real o, más bien, un efecto de perspectiva derivado de observar únicamente una parte del proceso. La clase no muere: el capital la reconstruye.

Ahora bien, reconocer la profundidad de esa transformación no obliga a concluir que la propia posibilidad de una política de clase haya desaparecido. Significa, más bien, que las condiciones sobre las cuales dicha política deberá rehacerse son radicalmente distintas de las existentes durante buena parte del siglo XX. La diferencia es importante porque desplaza el centro del problema. Ya no se trata de decidir si el proletariado existe o no existe, sino de comprender por qué una clase objetivamente más numerosa encuentra tantas dificultades para reconocerse como tal y para dotarse de formas estables de organización.

En realidad, esta cuestión no debería sorprender. La historia del capitalismo puede leerse, en buena medida, como una historia de los esfuerzos realizados por el capital para impedir que la asociación impuesta en el proceso productivo se transforme en colaboración política contra el propio capital. Cada avance importante del movimiento obrero ha sido seguido por intentos de reorganizar la producción de tal modo que dificultara nuevas formas de solidaridad. La introducción de maquinaria, la división científica del trabajo, la descentralización productiva, la automatización, la externalización o la economía de plataformas no responden únicamente a exigencias técnicas. Constituyen también formas de organización del trabajo que modifican la capacidad de los trabajadores para actuar colectivamente.

Desde esta perspectiva, la fragmentación contemporánea del trabajo adquiere un significado diferente. No expresa el final de la contradicción entre capital y trabajo, sino una determinada forma de gestionarla. El capital no fragmenta el trabajo porque este haya dejado de ser conflictivo; lo fragmenta precisamente porque sigue siéndolo. La dispersión de las plantillas, la proliferación de empresas auxiliares, la contratación temporal o la individualización de las relaciones laborales reducen el poder de negociación de quienes trabajan y dificultan la construcción de identidades colectivas. La fragmentación no constituye la prueba de que el proletariado haya desaparecido, sino una estrategia de dominio sobre un proletariado cuya potencial capacidad de resistencia continúa siendo percibida como un problema por el propio capital.

Llegados a este punto aparece con claridad una diferencia de enfoque que atraviesa todo el debate. Allí donde algunos análisis contemplan la fragmentación del trabajo como el certificado de defunción del proletariado, cabría interpretarla, por el contrario, como una respuesta histórica del capitalismo frente a la persistencia del conflicto de clase. En el primer caso, la conclusión es inevitablemente pesimista: desaparecido el sujeto, solo quedan resistencias dispersas y luchas parciales. En el segundo, el problema adquiere un carácter muy distinto. La cuestión deja de ser la inexistencia de la clase y pasa a ser la búsqueda de nuevas formas de organización capaces de responder a las condiciones creadas por la reestructuración capitalista.

Esta diferencia no es simplemente teórica. Afecta directamente a la práctica política. Las categorías con las que se interpreta la realidad condicionan también las posibilidades que se consideran abiertas. Si se parte de la premisa de que el proletariado pertenece definitivamente al pasado, resulta lógico dirigir la atención hacia otros sujetos sociales y abandonar la perspectiva de una política de clase. Si, por el contrario, se entiende que la clase trabajadora continúa constituyendo el fundamento material del capitalismo contemporáneo, aunque profundamente transformada, la cuestión estratégica cambia por completo. El desafío ya no consiste en sustituir al proletariado por nuevos sujetos históricos, sino en comprender cómo puede recomponerse una conciencia colectiva allí donde el capital ha hecho todo lo posible por impedirla.

Esta observación permite volver, finalmente, al punto de partida del artículo. La cuestión decisiva no consiste en negar las profundas transformaciones sufridas por el capitalismo desde la década de 1970. Esas transformaciones son reales y han alterado radicalmente el paisaje social sobre el que actuó el movimiento obrero clásico. Lo discutible es convertir esos cambios en la prueba de que las relaciones fundamentales del capitalismo han dejado de existir. Porque, precisamente cuando el trabajo asalariado alcanza una extensión mundial sin precedentes, declarar agotada la categoría de proletariado parece describir menos la realidad objetiva del capitalismo que la experiencia histórica de una derrota política cuya importancia nadie debería subestimar, pero cuya explicación no puede buscarse en la supuesta desaparición de la clase que la ha sufrido.

Esta hipótesis no es meramente abstracta. Las experiencias de la autonomía obrera en Italia entre finales de los sesenta y los setenta —del ‘otoño caliente’ a la autoorganización difusa en fábrica y territorio— y los ciclos asamblearios y anarcosindicales en España durante la Transición mostraron que la asociación impuesta en la producción puede devenir participación política sin mediación de partido, mediante organización desde abajo en taller, barrio y cadenas logísticas.

Las consecuencias políticas de un diagnóstico

Hasta aquí se ha sostenido que las transformaciones experimentadas por el capitalismo desde la década de 1970 no autorizan a hablar de la desaparición del proletariado como clase social. La expansión mundial del trabajo asalariado, la reorganización geográfica de la producción y la persistencia de la relación capital–trabajo parecen apuntar, más bien, en la dirección contraria. Sin embargo, la importancia de esta discusión no radica únicamente en una cuestión de exactitud conceptual. Lo verdaderamente relevante son las consecuencias políticas que se derivan de uno u otro diagnóstico.

Las categorías teóricas nunca son neutrales. No constituyen simples instrumentos descriptivos, sino formas de ordenar la experiencia histórica y, por tanto, de delimitar el horizonte de lo políticamente posible. Cuando se modifica la manera de comprender una realidad social, cambian también las estrategias que se consideran razonables para intervenir sobre ella. En este sentido, la discusión sobre el proletariado desborda ampliamente el terreno de la sociología y se sitúa de lleno en el de la teoría política.

Si se acepta que el proletariado ha dejado de desempeñar un papel estructural en el capitalismo contemporáneo, la consecuencia lógica consiste en abandonar toda estrategia fundada sobre la organización de clase. La emancipación deja entonces de concebirse como el resultado de un conflicto que nace de las propias relaciones de producción y pasa a depender de una pluralidad de resistencias cuya articulación aparece siempre como un problema abierto. La política revolucionaria pierde así el punto de apoyo que había orientado históricamente al movimiento obrero y tiende a desplazarse hacia una multiplicidad de luchas parciales, valiosas sin duda en sí mismas, pero cuya convergencia ya no encuentra un fundamento material evidente.

No se trata de cuestionar la legitimidad ni la importancia de esas luchas. El feminismo, el ecologismo, las movilizaciones antirracistas, los conflictos por la vivienda o la defensa de los servicios públicos expresan contradicciones reales del capitalismo contemporáneo y han enriquecido notablemente el horizonte de la crítica social. El problema aparece cuando esas luchas son concebidas como sustitutos del conflicto entre capital y trabajo, y no como dimensiones específicas de una sociedad cuya estructura continúa organizada alrededor del proceso de acumulación del capital.

En realidad, el capitalismo no constituye una simple suma de dominaciones independientes entre sí. La explotación del trabajo sigue siendo el mecanismo mediante el cual se reproduce el conjunto del sistema. Ello no significa que todas las formas de opresión puedan reducirse mecánicamente a la explotación económica, pero sí implica reconocer que la acumulación del capital continúa organizando el espacio dentro del cual aquellas adquieren sus formas históricas concretas. Prescindir de esta relación supone correr el riesgo de analizar las distintas manifestaciones de la dominación como si existieran al margen del modo de producción que las articula.

Quizás sea esta una de las principales diferencias entre una crítica del capitalismo y una crítica de determinadas consecuencias del capitalismo. La primera intenta comprender la lógica que organiza el conjunto de las relaciones sociales; la segunda corre el riesgo de limitarse a combatir algunos de sus efectos más visibles sin alcanzar el principio que los produce. El problema no reside, por tanto, en ampliar el campo de las luchas emancipadoras, sino en evitar que esa ampliación termine disolviendo el análisis de las relaciones de clase en una pluralidad de conflictos desconectados entre sí.

Desde esta perspectiva, el desplazamiento teórico que puede observarse en una parte del pensamiento libertario durante las últimas décadas adquiere un significado particular. La crisis del movimiento obrero tradicional ha favorecido una comprensible desconfianza hacia las formas organizativas heredadas del siglo XX. Esa desconfianza ha estimulado una búsqueda constante de nuevos sujetos, nuevas prácticas y nuevas modalidades de intervención política. Sin embargo, en ocasiones esa búsqueda parece haber ido acompañada de un progresivo alejamiento respecto del análisis de las relaciones de producción. La crítica del trabajo ha terminado sustituyendo a la crítica del capital, y la reflexión sobre las transformaciones culturales del capitalismo ha ocupado el lugar que antes correspondía al estudio de su estructura económica.

No deja de resultar paradójico que este desplazamiento se produzca precisamente cuando el capital alcanza un grado de concentración y de centralización desconocido hasta ahora. Nunca las grandes corporaciones habían acumulado tanto poder económico, nunca las cadenas de producción habían adquirido una dimensión tan global y nunca la dependencia salarial había afectado a una parte tan amplia de la población mundial. En estas condiciones, renunciar al análisis de clase equivale, en cierto modo, a aceptar como definitiva una de las principales victorias ideológicas del neoliberalismo: la idea de que el capitalismo habría dejado de organizar la sociedad alrededor del conflicto entre quienes poseen los medios de producción y quienes solo poseen su capacidad de trabajar.

No parece casual que esta interpretación se haya difundido precisamente después de la derrota histórica sufrida por el movimiento obrero occidental. Toda derrota importante produce inevitablemente una crisis de las categorías con las que los vencidos habían interpretado el mundo. La historia del pensamiento revolucionario ofrece numerosos ejemplos de este fenómeno. Tras cada gran fracaso surge la tentación de atribuir la derrota no a la correlación histórica de fuerzas, sino a la invalidez del propio sujeto que la protagonizó. Sin embargo, una explicación de este tipo transforma un acontecimiento histórico en una supuesta necesidad estructural y convierte una derrota contingente en una conclusión teórica permanente.

Quizás sea este el punto en el que conviene introducir una última reflexión. Ninguna clase social posee garantizada de antemano una misión histórica. La existencia del proletariado no asegura por sí misma la revolución, del mismo modo que la existencia de la burguesía no garantizó automáticamente el triunfo de las revoluciones liberales. La historia no conoce sujetos providenciales. Pero reconocer este hecho no obliga a negar que determinadas clases ocupen posiciones estructurales desde las cuales pueden cuestionar el orden existente. La capacidad revolucionaria no nace de una esencia metafísica atribuida al proletariado, sino de la contradicción objetiva que enfrenta al capital con quienes producen la riqueza social y, sin embargo, permanecen separados de los medios que la hacen posible.

Por ello, el problema central de nuestro tiempo no consiste en encontrar un sujeto que sustituya al proletariado, sino en comprender las formas concretas bajo las cuales el proletariado del siglo XXI puede reconstruir su capacidad de acción colectiva. La cuestión estratégica no ha cambiado tanto como a veces se afirma. Lo que ha cambiado son las condiciones históricas en las que esa estrategia deberá desarrollarse.

Las migraciones internacionales y la producción de un nuevo proletariado global

Existe un fenómeno que, por sí solo, basta para poner en cuestión las tesis sobre la supuesta desaparición del proletariado: las grandes migraciones internacionales de trabajadores que caracterizan el capitalismo contemporáneo. Si el proletariado hubiera dejado de constituir el fundamento del sistema económico, resultaría difícil explicar por qué cientos de millones de personas abandonan sus países para incorporarse, casi siempre en las condiciones más precarias, a los mercados de trabajo de las economías más desarrolladas o de los nuevos polos de acumulación.

Las migraciones actuales no constituyen un fenómeno marginal ni una simple consecuencia humanitaria de guerras o catástrofes naturales. Forman parte del propio funcionamiento del capitalismo global. La libre circulación de mercancías, de capitales y de inversiones convive con un estricto control de la movilidad de la fuerza de trabajo. Esa contradicción no es accidental. El capital necesita trabajadores móviles, pero no necesariamente trabajadores con derechos. La existencia de una amplia masa de población migrante sometida a una permanente inseguridad jurídica constituye uno de los mecanismos fundamentales mediante los cuales se presionan a la baja los salarios y se debilita la capacidad de negociación del conjunto de la clase trabajadora.

Desde finales del siglo XX, Europa occidental, Estados Unidos y Canadá han recibido sucesivas oleadas migratorias procedentes de América Latina, el Magreb, África subsahariana, Europa oriental, Oriente Próximo y Asia. Estos trabajadores se concentran, de manera predominante, en aquellos sectores caracterizados por una elevada intensidad de trabajo, bajos salarios y escasa protección laboral: agricultura intensiva, construcción, hostelería, limpieza, cuidados, reparto a domicilio, logística, trabajo doméstico o determinadas ramas de la industria alimentaria y manufacturera.

La elección de estos sectores no responde a una preferencia cultural ni a una supuesta falta de cualificación. Responde a la posición estructural que el capitalismo asigna a una mano de obra cuya vulnerabilidad jurídica facilita formas de explotación mucho más intensas que las soportadas por el resto de los trabajadores. La irregularidad administrativa, la dependencia del permiso de residencia respecto del contrato de trabajo, el miedo constante a la expulsión o la amenaza permanente del desempleo convierten al trabajador migrante en una fuerza de trabajo especialmente disciplinada.

En este sentido, la figura del trabajador «sin papeles» representa una de las expresiones más acabadas del proletariado contemporáneo. Carece, en muchos casos, no sólo de propiedad sobre los medios de producción, sino incluso de los derechos civiles más elementales que permiten negociar en condiciones mínimamente igualitarias la venta de su fuerza de trabajo. Su situación revela con especial claridad la asimetría constitutiva de la relación salarial bajo el capitalismo.

Estados Unidos ofrece un ejemplo especialmente significativo. Millones de trabajadores procedentes de México, Centroamérica y otros países latinoamericanos sostienen sectores enteros de la agricultura, la construcción, la restauración o la industria cárnica. Sin embargo, esos mismos trabajadores viven bajo una permanente amenaza de deportación. Las campañas periódicas contra la inmigración irregular, la militarización de la frontera con México, las redadas policiales o el endurecimiento de la legislación migratoria no eliminan esa fuerza de trabajo. Al contrario, contribuyen a mantenerla en una situación de vulnerabilidad que beneficia directamente a numerosos sectores empresariales. La criminalización del inmigrante cumple así una función económica además de política: producir trabajadores fácilmente explotables mediante el miedo constante a perder el derecho mismo a permanecer en el país.

Una lógica semejante puede observarse en buena parte de Europa. Las fronteras exteriores de la Unión Europea se han convertido en espacios de creciente militarización mientras numerosos sectores económicos dependen estructuralmente del trabajo migrante. La agricultura intensiva del sur de España e Italia, los invernaderos, la recogida de fruta, la construcción, el trabajo doméstico o la atención a personas dependientes difícilmente podrían mantenerse sin una mano de obra procedente de África, América Latina, Europa oriental o Asia.

La contradicción resulta evidente. Los mismos Estados que levantan muros, externalizan el control de fronteras y desarrollan políticas de persecución contra la inmigración irregular necesitan simultáneamente incorporar cientos de miles de trabajadores para sostener sectores enteros de su economía. La inmigración aparece oficialmente como un problema de seguridad, mientras funciona realmente como un componente esencial del mercado laboral.

Todavía más extrema resulta la situación en los países del Golfo Pérsico. Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Baréin han construido una parte muy importante de su crecimiento económico mediante el trabajo de millones de migrantes procedentes de India, Pakistán, Bangladés, Nepal, Filipinas o Sri Lanka. Durante décadas, el sistema de patrocinio conocido como kafala subordinó jurídicamente al trabajador a su empleador hasta el punto de impedirle cambiar libremente de empleo o abandonar el país sin autorización. Aunque algunos Estados han introducido reformas parciales en los últimos años, numerosas organizaciones internacionales y sindicatos siguen documentando jornadas extenuantes, impago de salarios, confiscación de pasaportes, alojamiento indigno y graves restricciones de derechos que sitúan a muchos trabajadores en condiciones próximas a la servidumbre por deudas o a formas contemporáneas de trabajo forzado.

La preparación del mundial de fútbol de Catar puso esta realidad bajo el foco internacional. Miles de trabajadores migrantes participaron en la construcción de estadios, carreteras, líneas de metro y grandes infraestructuras en condiciones extremadamente duras. Lo relevante para el argumento aquí desarrollado no es únicamente la gravedad de esos abusos, sino lo que revelan acerca del funcionamiento del capitalismo global: las grandes obras del siglo XXI siguen descansando sobre enormes masas de trabajadores privados de capacidad efectiva para negociar las condiciones de venta de su fuerza de trabajo.

Las migraciones asiáticas ofrecen otro ejemplo de la misma dinámica. Millones de trabajadores se desplazan cada año desde zonas rurales de China hacia los grandes centros industriales de la costa; desde Indonesia, Filipinas o Vietnam hacia las economías más desarrolladas del Este asiático; o desde Bangladés y Nepal hacia las monarquías petroleras del Golfo. En todos estos casos, la movilidad de la fuerza de trabajo constituye un elemento central de la acumulación capitalista contemporánea.

Tampoco puede olvidarse la situación del pueblo palestino. La ocupación, la fragmentación territorial y la destrucción sistemática de buena parte de la economía palestina han producido durante décadas una masa de trabajadores profundamente dependiente del mercado laboral israelí o del empleo precario en los territorios ocupados. La privación de derechos nacionales se combina aquí con una intensa subordinación económica, mostrando de nuevo cómo la dominación política y la explotación laboral pueden reforzarse mutuamente.

En conjunto, estos procesos permiten comprender que el capitalismo contemporáneo no sólo reproduce continuamente nuevas formas de proletariado, sino que las internacionaliza. La movilidad masiva de trabajadores constituye una condición estructural del proceso de acumulación. Allí donde el capital necesita reducir costes laborales, encuentra en la población migrante una fuerza de trabajo especialmente vulnerable cuya precariedad jurídica facilita formas intensificadas de explotación.

Por ello, las migraciones internacionales no desmienten la teoría de la división social en clases antagónicas; la confirman de manera particularmente contundente. El capitalismo no está sustituyendo el trabajo asalariado por otra forma de organización social. Está ampliando el mercado mundial de trabajo, incorporando continuamente nuevos contingentes de trabajadores y produciendo deliberadamente situaciones de desigualdad jurídica que permiten aumentar la tasa de explotación.

La figura del migrante sin papeles, del temporero agrícola, de la empleada doméstica extranjera, del repartidor de plataforma digital, del obrero asiático de la construcción o del trabajador palestino sometido a la ocupación expresa quizás mejor que ninguna otra la condición proletaria del siglo XXI. No representan una excepción respecto del funcionamiento normal del capitalismo; representan una de sus manifestaciones más características. Su existencia constituye, precisamente por ello, una de las refutaciones empíricas más sólidas de la tesis según la cual el proletariado habría desaparecido. Si algo demuestra el capitalismo global es exactamente lo contrario: nunca había necesitado movilizar, desplazar y explotar una masa tan inmensa de trabajadores asalariados a escala planetaria.

Programa de acción: doce líneas para la recomposición del proletariado.

Si el proletariado no ha desaparecido, sino que ha sido dispersado, precarizado e internacionalizado, la cuestión estratégica consiste en reconstruir su capacidad de organización autónoma. Ello exige abandonar tanto la nostalgia por las formas del pasado como la resignación derrotista que declara imposible toda política de clase. No existe un modelo único, pero sí pueden señalarse algunas orientaciones fundamentales.

1.Reconstruir la sociabilidad proletaria.

La primera tarea consiste en recuperar espacios de encuentro, debate y solidaridad en barrios, centros de trabajo, centros de estudio y territorios. Sin relaciones sociales permanentes no existe conciencia colectiva, y sin ésta ninguna organización puede sostenerse frente al capital.

2.Organizar allí donde hoy trabaja la mayoría.

El nuevo movimiento obrero deberá implantarse prioritariamente en la logística, el transporte, las plataformas digitales, la sanidad, la enseñanza, la hostelería, el comercio, los cuidados, la agricultura intensiva, las subcontratas industriales y los grandes centros de distribución. La organización debe seguir el desplazamiento real del capital.

3. Superar la fragmentación laboral.

La división entre trabajadores fijos y temporales, nacionales y migrantes, asalariados y falsos autónomos, empleados públicos y privados, constituye uno de los principales instrumentos de dominio empresarial. La organización de clase debe reconstruirse sobre la realidad material compartida y no sobre las categorías administrativas impuestas por el mercado o el Estado.

4. Incorporar plenamente al proletariado migrante.

La igualdad de derechos laborales, sociales, sindicales y políticos entre trabajadores autóctonos y migrantes constituye una condición imprescindible para impedir que el capital utilice la desigualdad jurídica como mecanismo permanente de reducción salarial e imposición de una disciplina colectiva.

5. Recuperar el sindicalismo de acción directa.

El sindicalismo debe volver a convertirse en una herramienta de conflicto cotidiano y no en un aparato de gestión institucional. La asamblea, la revocabilidad de los delegados, el federalismo, la autonomía respecto del Estado y la acción directa continúan siendo principios plenamente vigentes.

6. Construir instituciones propias de apoyo mutuo.

Cajas de resistencia, cooperativas de consumo, asesorías laborales, ateneos, bibliotecas sociales, redes de cuidados, centros culturales, escuelas populares y espacios comunitarios constituyen la infraestructura material indispensable para sostener conflictos prolongados y fortalecer la autonomía de la clase.

7. Coordinar las luchas a escala internacional.

Frente a un capital organizado globalmente, las respuestas exclusivamente nacionales resultan insuficientes. La cooperación entre trabajadores de una misma cadena logística o productiva, las campañas internacionales y la solidaridad efectiva deben convertirse en prácticas permanentes.

8. Vincular las luchas sociales sin diluir la cuestión de clase.

La defensa de la vivienda, la sanidad pública, la educación, el feminismo, el ecologismo social, el antirracismo o la oposición al militarismo forman parte de un mismo conflicto histórico cuando se articulan alrededor de la crítica del capitalismo y no como reivindicaciones aisladas entre sí.

9. Recuperar la formación política y la memoria histórica.

La desmemoria constituye una de las principales victorias del neoliberalismo. Resulta imprescindible reconstruir una cultura crítica mediante la formación permanente, el estudio de las experiencias históricas del movimiento obrero y libertario y la transmisión intergeneracional de saberes organizativos.

10. Combatir la economía de guerra y el autoritarismo.

La militarización creciente, el incremento del gasto en defensa, la expansión de los dispositivos de vigilancia y la normalización de los estados de excepción constituyen instrumentos destinados también a disciplinar el trabajo. La oposición al militarismo, y a la economía de guerra, forma parte inseparable de la lucha contra el capital. A las guerras del capital sólo puede oponerse la guerra de clases.

11. Democratizar la producción y la reproducción social.

La perspectiva libertaria no puede limitarse a mejorar las condiciones de venta de la fuerza de trabajo. Debe orientarse hacia el control directo de la producción por quienes trabajan, la gestión colectiva de los bienes comunes, la socialización de los cuidados y el desarrollo de formas cooperativas y federales de organización económica.

12. Construir poder popular desde abajo.

El objetivo estratégico no consiste en conquistar el Estado para administrar el capitalismo con otros gestores, sino en desarrollar una red creciente de organizaciones autónomas capaces de disputar al capital funciones económicas, sociales, culturales y políticas. La autoorganización, el cooperativismo, el federalismo, la democracia directa y el apoyo mutuo no constituyen únicamente principios éticos; representan también las condiciones materiales para una transformación revolucionaria de la sociedad.

Estas doce orientaciones no constituyen un programa cerrado ni un catálogo exhaustivo de reivindicaciones. Pretenden señalar una dirección estratégica. El capitalismo del siglo XXI ha modificado profundamente la composición del proletariado, pero no ha eliminado la contradicción fundamental entre quienes poseen los medios de producción y quienes sólo poseen su capacidad de trabajar. Si esa contradicción continúa estructurando la sociedad, la tarea del movimiento libertario no consiste en buscar un sujeto alternativo, sino en contribuir a la recomposición consciente, autónoma, federal e internacionalista de la clase trabajadora. Menos obituarios y más organización.

Conclusiones: la derrota del movimiento obrero y los límites del derrotismo

El recorrido realizado a lo largo de estas páginas permite extraer una conclusión que, aunque sencilla en su formulación, posee importantes consecuencias teóricas y políticas. Las profundas transformaciones experimentadas por el capitalismo desde la década de 1970 no autorizan, por sí solas, a concluir que el proletariado haya dejado de constituir el sujeto potencial de una transformación revolucionaria. Lo que esas transformaciones ponen de manifiesto es, ante todo, la crisis de las formas históricas mediante las cuales la clase trabajadora consiguió organizarse durante el largo ciclo del movimiento obrero.

Esta es una distinción que conviene preservar cuidadosamente. La derrota del movimiento obrero europeo, la descomposición de la cultura obrera tradicional, la integración institucional de buena parte del sindicalismo, la fragmentación de los procesos productivos o la creciente individualización de las relaciones sociales constituyen hechos históricos ampliamente documentados. Negarlos equivaldría a ignorar medio siglo de evolución del capitalismo. Sin embargo, de esa constatación no se deduce necesariamente que hayan desaparecido las relaciones sociales que hicieron posible la aparición del proletariado como clase ni, mucho menos, que se haya extinguido toda posibilidad de una política fundada sobre el conflicto entre capital y trabajo.

En este punto se sitúa, precisamente, la discrepancia que este artículo mantiene con una parte del pensamiento libertario contemporáneo. Autores como Tomás Ibáñez y Miquel Amorós han descrito con notable lucidez la profundidad de la derrota sufrida por el movimiento obrero y la capacidad del capitalismo para desarticular las formas de sociabilidad que alimentaban la conciencia de clase. Sus análisis contienen observaciones de gran valor sobre la mercantilización de la vida cotidiana, la crisis de las organizaciones tradicionales, la desaparición de los antiguos barrios obreros o la integración del conflicto social en los mecanismos de gestión del sistema. Todo ello constituye una aportación imprescindible para comprender el presente.

La discrepancia aparece cuando ese diagnóstico histórico se convierte en una conclusión estratégica. Porque una cosa es afirmar que el proletariado ha perdido, hasta el momento, la centralidad política que llegó a poseer durante una determinada etapa del desarrollo capitalista, y otra muy distinta sostener que esa pérdida constituye una transformación irreversible o que el capitalismo ha dejado de producir las condiciones materiales sobre las que podría reconstruirse una política de clase. Entre ambas afirmaciones existe un salto teórico que los hechos examinados en este trabajo no parecen justificar.

La reorganización mundial del capitalismo muestra, por el contrario, una realidad más compleja. Nunca antes había existido una clase trabajadora tan numerosa, tan internacionalizada y tan integrada en un único mercado mundial. La expansión de la producción industrial en Asia, el crecimiento de la logística global, la proletarización de amplios sectores de los servicios, la extensión del trabajo precario y de las plataformas digitales, así como las grandes migraciones laborales que recorren el planeta, indican que el capitalismo continúa reproduciendo masivamente la condición proletaria. Lo que ha cambiado no es la existencia de esa clase, sino sus formas de composición, sus espacios de concentración, sus experiencias comunes y las condiciones en las que puede desarrollar una conciencia colectiva.

Precisamente las migraciones internacionales constituyen una de las expresiones más claras de este proceso. Millones de trabajadores atraviesan cada año las fronteras para incorporarse a mercados laborales donde ocupan los puestos más precarios y peor remunerados. Desde los jornaleros agrícolas del sur de Europa hasta los trabajadores latinoamericanos perseguidos y criminalizados en Estados Unidos; desde las empleadas domésticas migrantes hasta los obreros asiáticos sometidos durante años al sistema de patrocinio de las monarquías del Golfo; desde los trabajadores palestinos condicionados por la ocupación hasta quienes sostienen las grandes redes mundiales de logística y distribución, el capitalismo contemporáneo sigue produciendo nuevas formas de proletariado cuya vulnerabilidad jurídica se convierte, precisamente, en una fuente adicional de explotación. Lejos de anunciar el final de la condición proletaria, estas realidades muestran su ampliación y diversificación a escala planetaria.

El estatus jurídico precario, herramienta estatal de disciplina laboral, confirma que la lucha de clases es inseparable de la lucha contra fronteras, racismo institucional y policía del trabajo.

Por ello, el problema central ya no consiste en determinar si el proletariado existe. Esa cuestión pertenece, en buena medida, al terreno de la evidencia empírica. La verdadera pregunta es otra: por qué una clase objetivamente más extensa que nunca aparece políticamente fragmentada y qué condiciones históricas podrían hacer posible una nueva recomposición de su capacidad de acción colectiva.

Responder a esta cuestión exige abandonar dos simplificaciones opuestas. La primera consiste en imaginar que bastaría con reconstruir las formas organizativas del movimiento obrero clásico. La historia no retrocede y el capitalismo del siglo XXI no reproduce las condiciones sociales sobre las que crecieron las organizaciones revolucionarias del pasado. La segunda consiste en concluir que, puesto que aquellas formas históricas han sido derrotadas, también lo ha sido definitivamente la posibilidad de una política proletaria. Esta segunda simplificación transforma una derrota histórica en una imposibilidad estructural y convierte una coyuntura, por profunda que sea, en una ley de la historia.

Sin embargo, la historia del capitalismo enseña precisamente lo contrario. Las formas de organización de la clase trabajadora nunca han permanecido invariables. El sindicalismo de resistencia, los consejos obreros, las colectividades revolucionarias, los grupos de afinidad, las organizaciones anarcosindicalistas, las comisiones obreras revocables, los ateneos obreros, las cooperativas, los comités revolucionarios o de defensa o de abastos, las escuelas racionalistas, las asociaciones de ayuda mutua y las coordinadoras de trabajadores surgieron siempre como respuestas específicas a condiciones históricas determinadas. Ninguna de ellas fue deducida de una teoría previa ni respondió a un modelo universal. Todas nacieron del encuentro entre una estructura objetiva de explotación y la capacidad de los propios trabajadores para construir instituciones adaptadas a su tiempo.

No existe razón para pensar que ese proceso histórico haya concluido definitivamente. Lo que la derrota del movimiento obrero obliga a reconocer no es el agotamiento de la contradicción entre capital y trabajo, sino la necesidad de repensar las formas mediante las cuales esa contradicción puede traducirse nuevamente en organización, solidaridad y proyecto emancipador. El capitalismo ha transformado profundamente el trabajo; sería extraño que las formas de resistencia no tuvieran también que transformarse.

En este sentido, el derrotismo filosófico constituye una tentación comprensible, pero políticamente estéril. Toda gran derrota induce a pensar que el enemigo ha resuelto definitivamente las contradicciones que antes alimentaban la contestación. Sin embargo, el capitalismo continúa dependiendo, hoy como ayer, del trabajo vivo; continúa organizando la producción mediante relaciones salariales; continúa concentrando la riqueza en un polo y la dependencia económica en el otro; continúa desplazando millones de trabajadores allí donde la acumulación lo requiere y continúa recurriendo a la precariedad, a la fragmentación y a la desigualdad jurídica como instrumentos para disciplinar la fuerza de trabajo. Ninguna de estas tendencias apunta hacia la desaparición de la cuestión social. Más bien indican que esta adopta formas nuevas, más complejas y más internacionales que las conocidas por el movimiento obrero clásico.

En clave libertaria, esta dispersión exige formas de organización flexibles: redes de apoyo mutuo barrio–tajo, secciones sindicales no burocratizadas, grupos de autonomía obrera no sustitutivos de la clase y coordinación federal entre nodos logísticos, riders, subcontratas y cuidados.

La tarea de una teoría crítica no consiste, por tanto, en certificar el final del proletariado como sujeto histórico, sino en comprender las metamorfosis que el propio capitalismo impone a la composición de la clase trabajadora y a sus posibilidades de organización. La cuestión decisiva ya no es si el proletariado del siglo XXI se parece al de hace cien años. Evidentemente, no se parece. La cuestión consiste en averiguar qué formas de conciencia, de solidaridad y de organización pueden surgir de las condiciones específicas creadas por el capitalismo global.

Lejos de clausurar la perspectiva de una política de clase, el capitalismo contemporáneo obliga a replantearla sobre nuevas bases. La derrota del movimiento obrero pertenece a la historia. La contradicción entre capital y trabajo pertenece todavía al presente. Confundir ambas cosas significa convertir una experiencia histórica, por dramática que haya sido, en una conclusión teórica que los hechos no autorizan. Y quizás sea precisamente esa confusión uno de los principales obstáculos para pensar las posibilidades emancipadoras de nuestro tiempo.

Ejemplos históricos cercanos avalan esta orientación. La autonomía obrera italiana (1969–1977) y las experiencias asamblearias y anarcosindicales en la España de la Transición evidenciaron que la clase puede recomponerse fuera de la tutela de partidos y Estados: autoorganización en los puntos de producción y reproducción, coordinación territorial y federal, y politización de los trabajadores sin vanguardias.

La tarea no es sustituir al proletariado por un nuevo sujeto providencial, ni subordinarlo a partidos o Estados, sino recomponer su potencia autónoma, horizontal y federal para desbordar el capital en todos los ámbitos de la vida. Si el capital es global y total, nuestra organización también debe serlo.

Nada en lo anterior confiere al proletariado una «misión histórica» garantizada. La existencia de la clase no asegura su victoria; solo indica el terreno en el que la lucha puede disputarse. La alternativa al derrotismo no es prometer la insurrección, sino reconstruir condiciones de posibilidad: sociabilidades, infraestructuras de conflicto, coordinaciones revocables, internacionalismos efectivos, comunidades de lucha. En eso consiste, hoy, sostener una perspectiva libertaria de la clase: no en proclamarla, sino en prepararla. Y ahí parecen estar Liza, Embat, Batzac y tantas otras, reclamando más protagonismo al proletariado y menos obituarios derrotistas.

«Revolución o barbarie» ya no es una consigna: es una alternativa real y, a medio plazo, entre dos futuros antagónicos.

Agustín Guillamón

Aquel 19 de julio el pueblo obrero no esperó la reacción del Gobierno. En Barcelona, Madrid, Valencia, Gijón, San Sebastián, Santander y en cada rincón donde la reacción alzó la cabeza, los trabajadores y las trabajadoras, armados con todo lo que pudieron encontrar, teniendo bien presente la memoria décadas de explotación y con la determinación de no arrodillarse, salieron a las calles para derrotar por la fuerza al ejército golpista y fascista. En pocas horas, la sedición fue aplastada por la voluntad popular en aquellos lugares.

Aquella victoria militar no fue un final, sino un principio. La derrota del fascismo en las calles abrió de par en par las puertas de la revolución social. Las milicias antifascistas, forjadas en los barrios y en los centros de trabajo, fueron una manifestación del pueblo en armas. Las fábricas, los campos, los talleres o los servicios pasaron a ser gestionados por sus propias plantillas productoras. Las colectivizaciones agrarias e industriales demostraron que es posible organizar la vida sin coacción: sin patrones, sin Estado y sin jefes. Se vio posible y viable el comunismo libertario y se avanzó como nunca antes en cómo se debe desplegar una nueva sociedad revolucionaria.

Este prodigio de organización y audacia no fue casualidad. Fue posible gracias a décadas de resistencia, de formación militante, de cultura de acción directa y de rebeldía compartida a gran escala. Fue posible, muy especialmente, por el tesón, el acierto y el sacrificio de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Fue posible por la años y años de paciente preparación revolucionaria, mediante comités y organismos confederales que realizaron un encomiable y poco visible trabajo de hormiga. Ellos y ellas, sus militantes, con su ejemplo, nos legaron la prueba irrefutable de que la clase trabajadora, cuando actúa por sí misma y sin tutelas, es capaz de gobernar su propio destino y de construir un orden nuevo sobre las ruinas del viejo.

Hoy, a 90 años de aquellas jornadas, el mundo vuelve a estar asolado por el ascenso de los fascismos, por las guerras imperialistas, por la precariedad impuesta por el capitalismo criminal y por los Estados que criminalizan toda lucha obrera y resistencia popular. No venimos a rendir un culto vacío a un pasado remoto. Reivindicamos la vigencia de las lecciones del 19 de julio: sin un poder obrero y popular bien armado de conciencia y de organización, no hay derrota posible del capital; sin la valentía para hacer la revolución en el mismo instante en que se presenta la oportunidad, las victorias se pudren en los pactos, concesiones, negociaciones que eventualmente serán derrotas.

Por todo ello, las organizaciones firmantes hacemos un llamamiento a la clase trabajadora de hoy en día, a la juventud, a toda tendencia revolucionaria, para que honremos el 19 de julio no con palabras, sino con hechos. Convirtamos la memoria en militancia. Hagamos valer nuestras herramientas: autogestión, apoyo mutuo, solidaridad y organización de base. Nunca permitamos que nadie, desde ninguna vía institucional, nos robe el derecho a tomar nuestras vidas en nuestras manos.

En el 90 aniversario del 19 de julio de 1936, gritamos con la misma fuerza que entonces:

¡Viva la revolución social!

¡Viva el comunismo libertario!

¡Vivan todas las personas y organizaciones que lucharon firmemente por la Revolución!

¡Ni olvido ni perdón para el fascismo criminal!

¡La tierra para quien la trabaja, la fábrica para quien produce!

Firmado:

Batzac,Hedra, Liza, Embat, Xesta

Introducción a ¿Casos Aislados?

Hace un tiempo escribí un artículo llamado La modernización de la derecha radical (parte 1 y parte 2), que se puede conseguir —en eventos de Liza— en formato de fanzine junto con una guía gráfica para identificar símbolos de extrema derecha, donde intentaba explicar cómo ciertos procesos de radicalización ya no pasan solo por partidos, organizaciones formales o ideologías cerradas. Una parte de la violencia extremista contemporánea circula en espacios más difusos: foros, servidores privados, canales, cuentas anónimas, memes, manifiestos reciclados y comunidades online en los que jóvenes aislados aprenden a interpretar la violencia como identidad.

Esta serie, ¿Casos aislados?, nace para analizar ataques concretos que pasaron del entorno online al daño físico. El objetivo no es convertir a los agresores en figuras centrales, sino observar patrones: símbolos compartidos, referencias cruzadas, estética similar, fascinación por atacantes anteriores y deseo de reconocimiento dentro de comunidades extremistas. Cuando varios casos comparten lenguaje, códigos y formas de presentarse ante el mundo, la pregunta deja de ser únicamente si son hechos aislados. También hay que preguntarse qué los conecta.

El término que aparece cada vez con más frecuencia es «Extremismo Violento Nihilista», o NVE por sus siglas en inglés. En casos como el de San Diego no describe una ausencia total de ideología, sino una mezcla fragmentada de neonazismo, supremacismo blanco, islamofobia, antisemitismo, misoginia, aceleracionismo y cultura digital de nicho. Es un extremismo memético, inestable y difícil de detectar si se analiza solo con categorías tradicionales.

El ataque

El 18 de mayo de 2026, Cain Clark, de 17 años, y Caleb Vazquez, de 18, atacaron el «Islamic Center of San Diego». Las autoridades los identificaron como sospechosos del tiroteo e investigaron el caso como posible crimen de odio. Según los primeros reportes, ambos compartían hostilidad hacia distintos grupos religiosos y raciales.

Antes del ataque hubo una señal de alarma. La madre de uno de los sospechosos llamó a la policía para advertir que su hijo había desaparecido, que podía estar en riesgo suicida, que faltaban armas y que se había llevado un vehículo. También señaló que podía estar acompañado por otro joven. Horas después llegaron las llamadas de emergencia desde el centro islámico.

Las víctimas fueron Amin Abdullah, guardia de seguridad del centro; Nader Awad, vecino del lugar cuya esposa trabajaba en la escuela vinculada al complejo; y Mansour Kaziha, uno de los miembros mayores y habituales de la mezquita. Abdullah, padre de ocho hijos, fue señalado por la policía como una figura clave para activar la respuesta inicial y permitir que otras personas se protegieran. Ese día había actividad escolar en el complejo y alrededor de 140 estudiantes se encontraban allí.

Según las autoridades, Clark y Vazquez se habrían conocido por internet y después descubrieron que vivían en la misma zona. Esa transición del vínculo digital al encuentro físico es una de las claves del caso. La investigación recuperó escritos, dispositivos y materiales asociados al ataque, entre ellos un manifiesto de 75 páginas atribuido a ambos jóvenes y un video que circuló en internet.

Manifiestos y copycats

El patrón está claro: manifiesto, grabación, simbología, referencias a agresores previos y voluntad de dejar una marca digital. En este tipo de violencia, esos elementos no funcionan solo como expresión personal. También están dirigidos a una audiencia concreta: usuarios que conocen los códigos, archivan los materiales y los incorporan a una cadena de imitaciones.

El manifiesto atribuido a Clark y Vazquez contenía racismo, islamofobia, antisemitismo, supremacismo blanco y referencias a la teoría conspirativa del “Gran Reemplazo”. Más que un texto original, seguía una plantilla ya vista en otros ataques. Brenton Tarrant ocupa un lugar central en esa cultura de imitación.

Después de Christchurch, otros agresores copiaron partes de su modelo. Payton Gendron adaptó esa fórmula a una generación más joven, marcada por foros, memes, gráficos, documentación obsesiva y consumo constante de propaganda. Los patrones observados de estas situaciones incluyen:

1. el «Sonnenrad»,
2. escritura sobre armas,
3. la estética militarizada
4. grabar el ataque.

La puesta en escena también formaba parte del mensaje. Los reportes mencionan ropa de camuflaje, símbolos neonazis y supremacistas, mensajes escritos sobre armas y una intención de registrar el ataque. Estos elementos remiten a un repertorio visual utilizado por otros agresores. También aparecen referencias vinculadas al aceleracionismo militante y a grupos como «Atomwaffen Division», corriente neonazi que defendía la violencia descentralizada como vía para acelerar el colapso social.

«Ongezellig» y nichos culturales

Uno de los elementos más particulares del caso es la presencia de «Ongezellig», una serie animada independiente neerlandesa creada por Studio Massa. En el material atribuido a los atacantes, la serie no aparece como una referencia casual, sino como parte de una identidad subcultural. Sus personajes y memes fueron reinterpretados en espacios nacionalistas, incel, doomer y vinculados al culto a tiradores escolares. La serie no explica el ataque, pero ayuda a entender el ecosistema cultural en el que estos jóvenes se movían: imageboards, humor nihilista, rechazo a lo mainstream y apropiación de personajes ajenos como códigos internos.

El caso también ha sido leído en relación con entornos asociados a The Com y 764. Estos nombres no designan una organización única, sino redes y subculturas superpuestas donde pueden cruzarse grooming, explotación, chantaje, culto a asesinos, satanismo estético, neonazismo, autolesiones y presión de grupo. San Diego es un caso más de radicalización juvenil online, acceso a armas, odio religioso y racial, glorificación de asesinos, apropiación de memes y posible contacto con subculturas de NVE. La lectura más útil no es elegir entre «neonazismo» o «nihilismo», sino entender cómo ambas dimensiones pueden superponerse. La ideología aporta enemigos, símbolos y justificación. El nihilismo y el aceleracionismo aportan desprecio por la vida, fascinación por el daño y deseo de colapso.

Próximo episodio

En el próximo episodio viajamos a Noruega, 2011. Allí aparece una figura que muchos atacantes posteriores estudiarían, copiarían o intentarían superar: Anders Behring Breivik. Para entender cómo una masacre puede transformarse en referencia, hay que volver a ese verano. Y a un manifiesto que no quedó enterrado con sus víctimas.

Don Diego de la Vega, militante de Liza.

En los últimos años, una palabra importada del movimiento obrero estadounidense ha empezado a colarse en los espacios sindicales españoles: «organizer».

Aparece en debates sobre la IWW, en los cursos y conferencias de Labor Notes, en las campañas para sindicalizar Amazon o Starbucks, y más recientemente en iniciativas formativas como Organizing for Power – O4P. Para muchos sindicalistas, sobre todo los de tradición anarcosindicalista, el término provoca cierto rechazo. Suena a anglicismo innecesario. Se asocia a la figura de un profesional contratado, a una metodología extraña, o incluso a una forma encubierta de introducir liderazgos y jerarquías.

Sin embargo, cuanto más se profundiza en la literatura del «organizing» y en la historia del movimiento obrero español, más evidente resulta la paradoja: el «organizer» no es tanto una innovación como una recuperación.

Lo que hoy los estadounidenses llaman «organizer» se parece mucho más al militante sindical histórico de lo que solemos reconocer. Quizá su valor no esté en lo nuevo, sino en lo que nos recuerda que hemos dejado atrás.

El problema de nuestro tiempo: sindicatos sin sindicalistas

Uno de los fenómenos más sorprendentes de las últimas décadas es que los sindicatos han sobrevivido mejor que la cultura sindical.

Seguimos teniendo sindicatos con cientos de miles de afiliados. Estructuras consolidadas. Gabinetes jurídicos, federaciones, cajas de resistencia, recursos económicos y presencia en empresas y en el tejido social. Pero cada vez resulta más difícil encontrar personas capaces de organizar a sus propios compañeros.

Esta contradicción no es exclusiva de España. Jane McAlevey la detectó hace años en Estados Unidos en su libro No Shortcuts (Sin Atajos). Kim Moody lleva décadas señalando problemas parecidos. La propia IWW ha construido buena parte de su actividad reciente en torno a una pregunta fundamental:

¿Cómo se crea organización real en un centro de trabajo?

La pregunta parece sencilla, pero sus implicaciones son enormes. Porque una cosa es tener afiliados, y otra es tener trabajadores organizados. Una cosa es disponer de representación, y otra muy distinta consiste en disponer de poder, de capacidad de acción colectiva e implantación. Y la distancia entre ambas es mucho mayor de lo que estamos dispuestos a admitir.

En demasiadas ocasiones, la relación entre trabajador y sindicato adopta la lógica de cliente y proveedor. El trabajador tiene un problema, acude al sindicato, expone su situación y espera una solución. No espera organizar a sus compañeros, ni construir fuerza colectiva, ni asumir responsabilidades. Espera que otro se encargue del asunto.

Desde esta perspectiva, el sindicato deja de ser una organización de trabajadores para convertirse en una herramienta de gestión de conflictos. El problema no es la asistencia jurídica, que toda organización obrera la necesita, sino que la asistencia sustituya a la organización, que la representación desplace a la participación, y que el afiliado pase de ser protagonista a ser usuario.

Lo que el «organizing» intenta resolver

La literatura del «organizing» nace precisamente de esta constatación. Autores como McAlevey o las publicaciones de Labor Notes observan que muchas organizaciones sindicales han desarrollado una enorme capacidad para gestionar conflictos, pero muy poca para construir poder obrero.

Por eso el «organizing» mueve el foco. No pregunta únicamente cómo resolvemos este problema. Pregunta cómo construimos la fuerza necesaria para resolver este problema y los que vendrán después.

La diferencia parece sutil, pero no lo es. En el primer caso, el conflicto es el centro de la actividad. En el segundo, el conflicto es una oportunidad para construir organización.

Y aquí aparece la figura del «organizer». Lejos de ciertos estereotipos, no es un agitador profesional, ni un líder carismático, ni un estratega externo que dirige campañas desde arriba. En su formulación más desarrollada, especialmente en la IWW y Labor Notes, el «organizer» es un constructor de organización.

Su función principal es desarrollar la capacidad organizativa de otras personas. No hace las cosas por los trabajadores, sino que les ayuda a aprender a hacerlas. No sustituye la iniciativa colectiva, la multiplica.

El arte olvidado de hablar con los compañeros

Llama la atención que una de las herramientas fundamentales del «organizing» sea algo tan sencillo como la conversación individual. Gran parte de la formación de «organizers» consiste en aprender a hablar con los compañeros de trabajo. No a dar discursos, ni a redactar comunicados, ni a ganar debates ideológicos. A escuchar. A formular preguntas. A identificar problemas compartidos. A comprender motivaciones. A construir confianza.

Puede parecer una obviedad, pero muchas organizaciones sindicales han desarrollado una gran capacidad para comunicarse con los ya convencidos, mientras pierden la habilidad de hablar con quienes permanecen al margen. Labor Notes insiste constantemente en este problema: los activistas hablan con activistas, los militantes con militantes, los convencidos con convencidos. Mientras tanto, la mayoría de la plantilla sigue fuera de la conversación.

El «organizer» intenta romper esa dinámica. Su tarea es ampliar continuamente el círculo de personas implicadas.

La obsesión por las supermayorías

Quizá la aportación más característica del «organizing» contemporáneo sea su insistencia en las llamadas supermayorías. En muchos entornos militantes, existe la tendencia a confundir una minoría activa con una mayoría organizada. Cinco trabajadores muy comprometidos pueden generar la sensación de que hay una organización sólida, pero si trabajan en una empresa de trescientas personas, probablemente no sea así.

Por eso el «organizing» insiste en medir la fuerza de forma concreta: ¿Cuántas personas participan? ¿Cuántas apoyan? ¿Cuántas están indecisas? ¿Cuántas se oponen? ¿Cuántas actuarían si fuera necesario? La cuestión central deja de ser la pureza ideológica o la intensidad del compromiso de una minoría, y pasa a ser la capacidad colectiva de una mayoría.

Esta preocupación aparece constantemente en McAlevey, en los manuales de la IWW y en los materiales de Labor Notes. Las huelgas difíciles no suelen ganarse mediante pequeños grupos heroicos, sino cuando una gran parte de la plantilla participa. Por eso el «organizing» insiste tanto en construir supermayorías antes de emprender conflictos importantes. No porque sea una estrategia moderada, sino porque es una estrategia de acumulación de fuerza.

El «organizer» y el anarcosindicalismo histórico

Llegados a este punto, conviene plantear una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto todo esto es realmente nuevo?

La obra de Anna Monjo sobre la militancia cenetista durante los años treinta nos da una pista importante. Al estudiar la CNT de aquella época, encontramos lo que hoy llamaríamos una intensa cultura organizativa. Existían militantes capaces de incorporar nuevos trabajadores, redes de solidaridad, mecanismos de formación política y sindical, y personas dedicadas a extender la organización a nuevos sectores. La afiliación no se concebía como una relación de consumo, sino como una forma de participación.

Lo mismo se observa en las obras de José Peirats o en los estudios de Chris Ealham sobre el movimiento obrero barcelonés. La fuerza de la CNT no procedía exclusivamente de sus ideas, sino de su capacidad para reproducir militancia. Cada sindicato generaba nuevos organizadores, cada conflicto generaba nuevos cuadros obreros, cada victoria producía nuevas personas capaces de organizar a otras.

Lo que hoy describiríamos con la palabra «organizer». Entonces se hablaba simplemente de militantes.

Una vieja tradición obrera

La historia del movimiento obrero internacional muestra fenómenos parecidos. En Labor’s Untold Story, Richard Boyer y Herbert Morais describen cómo los trabajadores estadounidenses construyeron organización mucho antes de que existieran sindicatos institucionalizados. Lo hicieron mediante redes informales, agitadores obreros, organizadores itinerantes y campañas de solidaridad. No existían estructuras burocráticas sofisticadas, sino personas capaces de conectar unas luchas con otras. Existían organizadores.

La propia IWW se desarrolló históricamente en torno a figuras similares: trabajadores que viajaban, hablaban con otros trabajadores, impulsaban campañas y construían organización allí donde no existía. No eran especialistas externos, eran militantes obreros. El «organizer» contemporáneo hereda gran parte de esa tradición.

El debate sobre los líderes orgánicos

Uno de los aspectos más discutidos del «organizing» es la identificación de los llamados líderes orgánicos o influyentes. Muchos sindicalistas libertarios miran esta práctica con desconfianza, y no les falta razón: toda organización debe estar alerta frente a la concentración de poder.

Pero conviene entender bien qué significa este concepto. Cuando los organizadores hablan de líderes orgánicos no se refieren necesariamente a dirigentes formales, sino a personas cuya opinión influye sobre otras: personas respetadas, escuchadas, capaces de generar confianza. Estas figuras existen en cualquier centro de trabajo o grupo social. Ignorarlas no las hace desaparecer.

La cuestión es cómo relacionarse con ellas. El «organizing» propone incorporarlas a la construcción colectiva de organización, no para sustituir procesos democráticos, sino para ampliarlos. Sí, existe el riesgo de que esto derive hacia formas de dirigismo si nos olvidamos del proceso y la capacitación colectiva. Pero el riesgo contrario también existe: ignorar las dinámicas reales de influencia puede llevar a las organizaciones y sindicalistas a ser incapaces de conectar con la mayoría de los trabajadores. Como con cualquier herramienta organizativa, la cuestión no es su existencia, sino el uso que se haga de ella.

Lo que hemos perdido

Tal vez lo más interesante del «organizing» no sean sus técnicas concretas, los mapas y listas de plantillas, los gráficos de apoyo, las metodologías de conversación, sino el cambio de enfoque. Durante décadas, gran parte del sindicalismo ha dedicado enormes esfuerzos a representar a trabajadores, y muchos menos a producir nuevos sindicalistas.

Esta diferencia es fundamental. Una organización puede crecer en afiliación y disminuir al mismo tiempo su capacidad organizativa. Puede tener más recursos y menos militantes, más estructura y menos iniciativa, más representación y menos poder o capacidad colectiva. Esa actitud la podemos observar de forma más o menos mayoritaria desde la introducción de los comités de empresa y los delegados de personal en el accionar sindical.

El «organizing» intenta invertir esa tendencia. Su pregunta principal no es cuántos afiliados tenemos, sino cuántas personas son capaces de organizar a otras.

Una lección para el sindicalismo español

El sindicalismo ibérico no necesita importar mecánicamente modelos estadounidenses. Las diferencias históricas, jurídicas y culturales son demasiado importantes para eso. Pero sí puede extraer lecciones valiosas, especialmente en un contexto marcado por la fragmentación laboral, la precariedad y la debilidad de la cultura obrera.

La principal lección quizá sea esta: la organización no surge espontáneamente, hay que construirla. Y construirla requiere tiempo, paciencia, presencia constante, conversaciones, formación, confianza. Y militancia, no hay atajo jurídico ni estrategia comunicativa que pueda sustituir este trabajo. No hay estructura organizativa que pueda funcionar indefinidamente sin él.

Recuperar al militante organizador

Quizá el mayor valor del concepto de «organizer» sea precisamente su capacidad para recordarnos algo que el movimiento obrero ya sabía: los sindicatos no se construyen solo con ideas, estructuras o recursos, sino con personas capaces de organizar a otras personas.

Durante gran parte del siglo XX, el movimiento obrero español produjo miles de ellas. Personas que visitaban talleres, distribuían prensa, hablaban con compañeros de trabajo, formaban nuevos militantes, construían secciones sindicales, impulsaban conflictos y tejían redes de solidaridad. No eran profesionales, ni técnicos, ni gestores. Eran organizadores.

Hoy, en un contexto muy diferente, el desafío sigue siendo esencialmente el mismo. No se trata de copiar a la IWW, ni de imitar a Labor Notes, ni de importar recetas extranjeras. Se trata de recuperar una función que fue central para el crecimiento de todas las grandes organizaciones obreras: la función del militante que organiza.

La persona que convierte problemas individuales en acción colectiva. La persona que transforma afiliados en compañeros. La persona que desarrolla nuevos organizadores. La persona que deja una organización más fuerte de la que encontró.

Quizá el «organizer» no sea una novedad. Quizá sea simplemente el nombre contemporáneo de algo que el movimiento obrero español conoció muy bien durante décadas. Y quizá la pregunta más importante no sea qué podemos aprender del «organizing» estadounidense, sino otra: ¿Hemos olvidado cómo construir militantes capaces de organizar a otros trabajadores?

Si la respuesta es sí, entonces el debate sobre el «organizer» no se trata realmente de dónde viene ni de su contexto. Trata de nosotros.

Julio F. Militante cenetista y miembro de Anarchist Communist Group (Reino Unido)

Bibliografía recomendada

– Anna Monjo, Militantes. Democracia y participación obrera en la CNT de los años treinta.

– José Peirats, La CNT en la Revolución Española.

– Chris Ealham, La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937.

– Jane McAlevey, No Shortcuts: Organizing for Power in the New Gilded Age.

– Alexandra Bradbury, Mark Brenner y Jane Slaughter, Secrets of a Successful Organizer.

– Industrial Workers of the World (IWW), “Weakening the Dam: The Principles and Practice of Workplace Organizing”.

– Kim Moody, An Injury to All: The Decline of American Unionism.

– Richard O. Boyer y Herbert M. Morais, Labor’s Untold Story.

El problema de la vivienda en el Estado español no emerge con la crisis de 2008, pero es en ese momento cuando se transforma en un conflicto social de primer orden. Si tuviéramos que situar un punto de arranque para este ciclo, podríamos señalar la aprobación de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, impulsada por el gobierno de José María Aznar. Esta norma supuso un punto de inflexión al liberalizar grandes cantidades de suelo y facilitar su conversión en bien especulativo, intensificando un proceso previo de mercantilización de la vivienda que ya venía desarrollándose en décadas anteriores.

La década de la burbuja (2000–2008): propiedad, deuda y despolitización

A comienzos de los años 2000, el modelo de vivienda en España se consolidaba sobre tres pilares: la promoción masiva de vivienda en propiedad, la financiarización del acceso mediante crédito hipotecario y una débil estructura de alquiler social. Bajo los gobiernos de José María Aznar y posteriormente José Luis Rodríguez Zapatero, el crecimiento económico estuvo fuertemente vinculado al sector inmobiliario.

Más allá de su dimensión jurídica o urbanística, esta transformación debe entenderse como parte de una reconfiguración más amplia del capitalismo español, en la que la vivienda se consolidó como un eje central de acumulación. La expansión inmobiliaria no fue únicamente un fenómeno económico, sino también un mecanismo de reorganización de las relaciones de clase: amplios sectores de la clase trabajadora fueron integrados en el ciclo de acumulación a través del endeudamiento a largo plazo, vinculando su reproducción material a la propiedad privada de la vivienda y al sistema financiero.

De este modo, el acceso a la vivienda dejó de ser una cuestión vinculada a derechos sociales o políticas públicas para quedar subordinado a la lógica del mercado. La figura del pequeño propietario hipotecado se generalizó como forma dominante de acceso, al tiempo que se debilitaban alternativas como el alquiler asequible o la vivienda pública. Este proceso contribuyó a desarticular formas de conflicto más abiertas y desplazó las tensiones sociales hacia el ámbito de lo privado, el endeudamiento individual y la indisciplina financiera.

Sin embargo, esta aparente integración contenía una contradicción de fondo: la extensión del crédito no eliminaba las desigualdades estructurales, sino que las reconfiguraba bajo nuevas formas o las camuflaba bajo esa burbuja que servía para el enriquecimiento de una minoría. La dependencia del salario, la precarización del empleo y la financiarización de la vida cotidiana situaban a amplias capas sociales en una posición de vulnerabilidad latente, que estallaría con la crisis de 2008 directamente vinculada a la pérdida masiva de empleo y reconfiguración del mundo laboral.

Antes de ello, durante este periodo previo a la burbuja que estalló, el conflicto en torno a la vivienda permaneció relativamente desarticulado, pero dio pie al surgimiento del movimiento por la vivienda y la aparición de colectivos como la «Plataforma por una Vivienda Digna» (2003) y «V de Vivienda» en 2006. Experiencias puntuales que ya denunciaban en manifestaciones y acciones específicas el encarecimiento y la especulación, pero sin alcanzar aún niveles sostenidos de masividad.

Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el acceso a la vivienda pasa así de estar articulado en torno a la expansión crediticia bancaria y la propiedad, a convertirse en un campo de lucha social y de clase, organización popular y disputa política de primera línea. La crisis no solo evidenció los límites del modelo inmobiliario, sino que abrió un ciclo de politización en el que la vivienda dejó de ser percibida como una aspiración individual para reaparecer como un problema colectivo. Sin embargo, las salidas estratégicas a esta problemática también encontrarían límites políticos en nuestra trinchera.

Crisis, desposesión y emergencia del conflicto (2008–2011)

El estallido de la crisis financiera internacional en 2008 supuso el derrumbe del modelo económico sobre el que se había sostenido el crecimiento español durante más de una década. La explosión de la burbuja inmobiliaria no afectó únicamente al sector de la construcción o al sistema bancario: golpeó de lleno las condiciones materiales de vida de amplios sectores de la clase trabajadora, especialmente aquellos que habían sido incorporados al ciclo económico mediante el endeudamiento hipotecario, la temporalidad laboral y la dependencia absoluta del salario.

La destrucción masiva de empleo fue especialmente intensa en sectores altamente precarizados y vinculados al propio ciclo inmobiliario —construcción, hostelería, servicios auxiliares o trabajo migrante— dejando a cientos de miles de familias sin capacidad para sostener pagos hipotecarios contraídos durante los años de expansión financiera. Entre 2008 y 2011, el desempleo se disparó mientras aumentaban de forma acelerada las ejecuciones hipotecarias y los desahucios.

Pero el elemento que convirtió esta situación en un conflicto social de gran alcance fue la naturaleza profundamente violenta del régimen hipotecario español. A diferencia de otros países, perder la vivienda no implicaba cancelar la deuda: tras el desahucio, las familias continuaban arrastrando cargas económicas de por vida. La crisis reveló así una realidad que había permanecido parcialmente oculta durante los años de supuesta bonanza: la vivienda no funcionaba como garantía de estabilidad, sino como un mecanismo de subordinación económica y disciplinamiento social.

En ese contexto, muchas personas experimentaron una ruptura brusca entre las promesas de ascenso social ligadas a la propiedad y la realidad material de la crisis. La imagen del «propietario integrado» empezó a resquebrajarse al ritmo de los embargos, el desempleo y la pobreza sobrevenida. La financiarización de la vivienda mostraba entonces su verdadero rostro: miles de familias trabajadoras expulsadas de sus hogares mientras las entidades bancarias eran rescatadas con recursos públicos.

Es precisamente en este escenario donde comienza a emerger un nuevo ciclo de organización social alrededor de la vivienda. En 2009 nace la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, inicialmente en Barcelona, impulsada por activistas provenientes de luchas vecinales y por el derecho a la vivienda previo. Su aparición marcó un cambio importante en la forma de abordar el conflicto habitacional: frente al aislamiento individual de las personas endeudadas, las PAH (Plataformas de Afectadas por la Hipoteca) construyeron espacios colectivos donde compartir experiencias, defenderse mutuamente y politizar una situación que hasta entonces se vivía muchas veces desde la culpa o el fracaso personal.

Las asambleas abiertas, el asesoramiento colectivo y las primeras paralizaciones de desahucios comenzaron a extender una idea sencilla pero profundamente disruptiva para el contexto de la época: si el problema era colectivo, la respuesta también debía serlo. El desahucio dejó progresivamente de percibirse como un drama privado para convertirse en una expresión visible de la crisis social y de los efectos del modelo inmobiliario español sobre la clase trabajadora.

En ciudades como Madrid, el aumento de los desahucios afectó especialmente a barrios obreros y periferias urbanas donde el endeudamiento había penetrado con más fuerza en los años anteriores. Allí es donde comenzaron a tejerse redes de solidaridad, apoyo mutuo y resistencia que posteriormente conectarían con las dinámicas asamblearias abiertas por el ciclo del Movimiento 15M.

La crisis de 2008 no generó automáticamente un movimiento de vivienda organizado, pero sí creó las condiciones materiales para su emergencia inmediata. La combinación entre el empobrecimiento, la pérdida de vivienda, el descrédito institucional y la ruptura de las expectativas de estabilidad abrió un nuevo escenario de conflicto social en el que la vivienda pasó a ocupar un lugar central dentro de las luchas de clase en el Estado español y que no nos abandonaría hasta la actualidad.

3. El ciclo de las PAH y el 15M (2011–2014): organización, legitimidad social y expansión

La irrupción del Movimiento 15M supuso un salto cualitativo en el escenario político y social abierto tras la crisis. Las plazas, las acampadas y las asambleas populares expresaron un malestar acumulado frente al desempleo, la precariedad, la corrupción y la pérdida de expectativas de amplias capas de la población trabajadora, especialmente entre jóvenes y sectores golpeados por la crisis hipotecaria. En ese contexto, la lucha por la vivienda encontró un terreno fértil para expandirse y arraigar socialmente.

Las Plataforma de Afectados por la Hipoteca se multiplicaron por todo el territorio y comenzaron a consolidarse como una de las expresiones más reconocibles del nuevo ciclo de movilización. Su capacidad para combinar apoyo mutuo, acción directa y legitimidad social permitió romper parcialmente el aislamiento que sufrían miles de familias afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios. La imagen de vecinas y vecinos frenando desahucios, enfrentándose colectivamente a comitivas judiciales y policía, o señalando públicamente a entidades bancarias, consiguió generar amplios niveles de simpatía social.

Uno de los elementos más relevantes de este periodo fue precisamente la construcción de espacios donde personas sin experiencia política previa comenzaron a organizarse colectivamente alrededor de problemas materiales inmediatos. Las asambleas de vivienda se convirtieron en lugares de politización cotidiana, aprendizaje colectivo y solidaridad práctica, especialmente en barrios obreros y periferias urbanas. En ciudades como Madrid, muchas PAH y asambleas de vivienda crecieron estrechamente vinculadas a las dinámicas abiertas por el 15M, espacios sociales okupados y a las redes comunitarias que emergieron en los barrios.

Durante estos años, el movimiento logró instalar la cuestión de la vivienda en el centro del debate público. La campaña por la ILP de la dación en pago, presentada en 2013 con más de un millón de firmas, fue probablemente el mayor ejemplo de esta capacidad de acumulación social. Aunque sus principales demandas fueron bloqueadas institucionalmente, la campaña evidenció hasta qué punto el problema habitacional había dejado de ser percibido como una cuestión individual para convertirse en un conflicto político de alcance general.

Al mismo tiempo, este crecimiento también mostró algunos de los límites que atravesarían el ciclo político. La centralidad de la emergencia social y la necesidad inmediata de responder a los desahucios empujaron muchas veces al movimiento hacia dinámicas centradas en la gestión del conflicto caso a caso. La enorme legitimidad social de las PAH convivía así con dificultades para consolidar estructuras más estables de organización de clase capaces de superar la lógica reactiva impuesta por la urgencia habitacional.

A pesar de esas contradicciones, el ciclo abierto entre 2011 y 2014 dejó una huella profunda. La vivienda se consolidó como un terreno central de conflicto social y miles de personas atravesaron experiencias de autoorganización y lucha colectiva que marcarían el desarrollo posterior del movimiento de vivienda en el Estado español.

4. Institucionalización y reconfiguración (2014–2019)

A partir de 2014, el ciclo abierto tras la crisis y el 15M comenzó a entrar en una nueva fase. El desgaste de las movilizaciones, junto con la apertura de expectativas electorales e institucionales, desplazó parte importante de la energía acumulada en los movimientos sociales hacia el terreno parlamentario y municipal. La irrupción de Podemos y de distintas candidaturas municipalistas expresó, en buena medida, ese intento de traducir el malestar social surgido durante los años anteriores en representación institucional, mediante una vía neorreformista de la que a día de hoy todavía se siguen dando algunos coletazos.

El movimiento por la vivienda no quedó al margen de este proceso. Muchas de sus figuras más visibles, cuadros organizativos y sectores militantes pasaron a integrarse —de forma directa o indirecta— en proyectos institucionales, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona. La llegada de candidaturas municipalistas a distintos ayuntamientos generó amplias expectativas en torno a la posibilidad de transformar las políticas de vivienda desde las instituciones y abrir una nueva etapa tras los años más duros de la crisis hipotecaria.

Sin embargo, este desplazamiento también tuvo consecuencias importantes para el propio movimiento. En muchos casos, la lógica de la movilización y la autoorganización fue perdiendo centralidad frente a dinámicas más orientadas a la interlocución institucional, la mediación administrativa o la gestión técnica del conflicto habitacional. Parte del tejido organizativo construido durante los años anteriores entró en una fase de desmovilización parcial, mientras la resolución de los problemas de vivienda volvía a situarse, en gran medida, en el terreno de la representación política.

Al mismo tiempo, el propio problema habitacional estaba cambiando de forma. Mientras descendían las ejecuciones hipotecarias más masivas de la primera etapa de la crisis, comenzaba a consolidarse una nueva ofensiva vinculada al mercado del alquiler, la especulación urbana y la entrada de fondos de inversión en barrios populares. La expansión de plataformas turísticas, la subida de rentas y los procesos de expulsión de población trabajadora transformaron progresivamente el mapa del conflicto, especialmente en grandes núcleos urbanos.

En este contexto comenzaron a surgir nuevas herramientas organizativas, como sindicatos de inquilinas e inquilinos y espacios de vivienda con una orientación más estable hacia la organización colectiva del conflicto. Estas experiencias recogían parte de la herencia acumulada por las PAH, pero también expresaban la necesidad de adaptarse a un nuevo escenario social y económico.

Las contradicciones del periodo también pusieron sobre la mesa algunos límites más profundos del ciclo anterior. La enorme legitimidad social alcanzada por el movimiento no siempre se tradujo en una consolidación de estructuras de clase capaces de sostener niveles altos de independencia política y organizativa frente a las instituciones. La integración de buena parte del conflicto en marcos institucionales y electorales tendió a desplazar horizontes más amplios de transformación social, reduciendo en muchos casos la lucha por la vivienda a demandas parciales o reformas gestionables dentro del propio sistema político y económico.

Si bien el periodo entre 2014 y 2019 pueda entenderse como una fase de repliegue, fue también un momento de transición y reconfiguración en el que el movimiento de vivienda comenzó a enfrentarse a nuevos problemas, nuevas formas de explotación y nuevas preguntas estratégicas sobre cómo reconstruir organización popular más allá de los límites impuestos por la institucionalización del conflicto.

5. De la crisis hipotecaria a la crisis del alquiler (2019–postpandemia)

A finales de la década y justo previo a la pandemia del COVID-19, el conflicto en torno a la vivienda había cambiado de forma, aunque no de raíz. Si durante los años posteriores a 2008 la imagen más visible de la crisis había sido la de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios ligados a la deuda bancaria, el nuevo escenario estuvo marcado por el encarecimiento del alquiler, la especulación urbana y la creciente imposibilidad de amplios sectores de la clase trabajadora —especialmente jóvenes, personas migrantes y trabajadores precarizados— de sostener una vida estable en las grandes ciudades.

En ciudades como Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla o Valencia, la subida continuada de los alquileres se combinó con salarios estancados, temporalidad laboral y procesos de turistificación que expulsaban población trabajadora de barrios enteros. El acceso a la vivienda dejó de estar ligado principalmente a la propiedad hipotecada y pasó a expresarse cada vez más a través de alquileres abusivos, contratos —en el mejor de los casos— temporales, habitaciones sobreocupadas y una inseguridad residencial permanente. Para muchas personas, pagar el alquiler comenzó a absorber una parte desproporcionada del salario, consolidando una situación de dependencia y vulnerabilidad estructural.

En este contexto comenzaron a expandirse los sindicatos de inquilinas y distintas organizaciones de vivienda que intentaban responder a esta nueva fase del conflicto habitacional. Muchas de estas experiencias recogían herramientas heredadas del ciclo de las PAH —asambleas abiertas, acompañamiento colectivo, paralización de desahucios o negociación con propietarios—, pero adaptadas a una realidad marcada por el alquiler y la presencia creciente de fondos de inversión y grandes propietarios inmobiliarios.

La pandemia de COVID-19 profundizó aún más esta situación. El confinamiento y la crisis económica evidenciaron hasta qué punto la vivienda constituía una cuestión central para la reproducción de la vida de la clase trabajadora. Mientras millones de personas quedaban encerradas en condiciones precarias o perdían ingresos de forma abrupta, las rentas inmobiliarias continuaban funcionando como un mecanismo de extracción económica incluso en medio de la emergencia social.

Las medidas impulsadas durante esos años —moratorias parciales de desahucios, pequeñas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos o posteriores intentos de regulación del alquiler— apenas modificaron los fundamentos estructurales del problema. Aunque introdujeron ciertos límites temporales o mecanismos de contención, no cuestionaron el peso del mercado inmobiliario, la concentración de propiedad ni la lógica especulativa que atraviesa el modelo de vivienda en el Estado español.

Al mismo tiempo, la nueva expansión del movimiento de vivienda volvió a poner sobre la mesa debates estratégicos que ya habían aparecido durante el ciclo anterior. La capacidad de generar apoyo mutuo y responder a situaciones urgentes siguió siendo una de las principales fortalezas del movimiento, pero también reaparecieron dinámicas centradas casi exclusivamente en la gestión de casos individuales o en la interlocución institucional. La herencia organizativa de las PAH seguía muy presente, tanto en sus aciertos como en algunos de sus límites.

En ese sentido, una parte del movimiento comenzó a plantear la necesidad de superar formas de intervención marcadas únicamente por la emergencia habitacional o por horizontes reformistas limitados. La cuestión de la vivienda volvía a mostrar que el problema no podía entenderse de forma aislada, separado de la precariedad laboral, las políticas migratorias, la brecha de género o el propio funcionamiento del capitalismo contemporáneo.

La experiencia acumulada durante estas dos décadas deja así una contradicción abierta. Por un lado, el movimiento de vivienda ha conseguido construir niveles importantes de legitimidad social, autoorganización y capacidad de resistencia. Por otro, sigue enfrentándose al riesgo constante de institucionalización, fragmentación y absorción dentro de marcos políticos incapaces de cuestionar las bases estructurales del modelo económico. Sin una perspectiva de clase más amplia, conectada con otros espacios de conflicto social y laboral, las luchas por la vivienda corren el peligro de quedar reducidas a formas de gestión parcial de la precariedad, fácilmente integrables dentro de un sistema que continúa haciendo de la vivienda un negocio para lucro de la clase dominante.

6. Hacia una confederación de vivienda como expresión de una lucha de clases con un horizonte anticapitalista

Las dos primeras décadas del siglo XXI han convertido la vivienda en uno de los principales terrenos de conflicto social en el Estado español. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hasta la crisis del alquiler posterior a la pandemia, el movimiento de vivienda ha sido capaz de articular formas de solidaridad, resistencia y organización popular que marcaron profundamente a toda una generación política. Las PAH, las asambleas barriales, los piquetes antidesahucios o los sindicatos de inquilinas lograron romper el aislamiento de miles de personas y situar en el centro una realidad que durante años había sido presentada como un fracaso individual y no como una consecuencia estructural del modelo capitalista de vivienda.

Al mismo tiempo, la experiencia acumulada durante este ciclo también deja lecciones y contradicciones que no pueden obviarse. La centralidad de la emergencia habitacional y la lógica de la gestión de casos concretos permitió sostener amplias redes de apoyo mutuo, pero dificultó en muchos momentos la consolidación de estructuras políticas y organizativas más estables, con capacidad para ir más allá de la respuesta inmediata. Del mismo modo, la integración de parte importante del movimiento dentro de dinámicas institucionales y electorales terminó desplazando buena parte de la fuerza acumulada hacia espacios sometidos a los límites del propio sistema político, debilitando la autonomía organizativa y reduciendo horizontes de transformación más profundos.

En el actual escenario de precarización creciente, ofensiva rentista y encarecimiento generalizado de la vida, la cuestión de la vivienda vuelve a plantear la necesidad de reconstruir herramientas de organización con mayor arraigo social, perspectiva de clase y capacidad de confrontación sostenida. Los nuevos sindicatos de vivienda y de barrio surgidos en distintos territorios expresan parcialmente esa búsqueda: espacios que intentan superar la fragmentación del ciclo anterior y conectar el problema habitacional con otras formas de explotación que atraviesan a la clase trabajadora, desde la precariedad laboral hasta el racismo institucional, la violencia patriarcal o la expulsión urbana de la población migrante y empobrecida.

En ese sentido, la necesidad de avanzar hacia formas más amplias de coordinación aparece cada vez con más fuerza. La construcción de una gran Confederación de la Vivienda —territorial, combativa y asentada sobre la autoorganización— podría constituir un paso importante para superar algunos de los límites del ciclo anterior. No únicamente como una suma de colectivos o plataformas, sino como una herramienta capaz de articular sindicatos de vivienda, organizaciones barriales y expresiones del sindicalismo de clase en una estructura común, con capacidad de generar conflicto sostenido y construir poder popular de clase desde abajo. Frente a la burocratización, la cooptación institucional o la dispersión organizativa, el reto sigue siendo construir un movimiento de vivienda con raíces profundas en los barrios y centros de trabajo, capaz no solo de resistir los efectos del mercado inmobiliario, sino de confrontar las condiciones materiales que hacen posible su existencia al sistema.

Ángel Malatesta, militante de Liza.

Si partimos de lo que tenemos delante —no de lo que desearíamos, ni de lo que dicen los textos, sino de la experiencia concreta— el panorama es reconocible: militantes dispersos, espacios políticos que piensan y elaboran, y al mismo tiempo una clase trabajadora que resiste como puede, que en ocasiones entra en conflicto, pero sin continuidad ni vertebración estable. No es una ausencia total de movimiento, pero tampoco es un movimiento capaz de sostenerse, ampliarse y reconocerse como tal. Y, sin embargo, este no es un problema nuevo. La historia reciente del movimiento obrero está atravesada por esta misma dificultad: la ruptura entre la capacidad de lucha de la clase y la capacidad de sus destacamentos para organizarla de forma duradera¹.

Por eso, antes de responder a cuáles son nuestras tareas, conviene preguntarse desde dónde estamos pensando. Porque, cuando ante esta situación nos preguntamos qué hacemos entonces, tendemos inmediatamente a plantearnos ¿nos volcamos en construir organización estable en el seno de las luchas inmediatas de nuestra clase? ¿O priorizamos la construcción de una organización de vanguardia capaz de dotar de dirección a ese movimiento? ¿Hacemos ambas? Y la pregunta parece sensata. Pero precisamente por eso, hay que detenerse: si la planteamos así, como una disyuntiva entre tareas separadas que compaginar, partimos ya de un marco equivocado.

Para abordar esta cuestión, tenemos que hacer balance. Este es el punto de partida. Pero el resultado de este ejercicio no puede consistir en ordenar tareas como si fueran compartimentos estancos. El riesgo no está solo en refugiarse en el pasado o en sustituir la práctica por el análisis, sino en algo más profundo: asumir sin cuestionar un modo fragmentado de ver la realidad. Y ahí es donde aparece el empirismo: cuando tomamos por separadas cosas que en la práctica solo existen como momentos de un mismo proceso. Sin esa ruptura, toda práctica queda condenada a moverse dentro de los límites que pretende superar.

Y lo cierto es que el empirismo está operando cuando aceptamos, casi sin darnos cuenta, que por un lado estaría la construcción de la vanguardia y por otro la evolución del movimiento de masas. Sin embargo, si miramos de nuevo con un poco más de detenimiento, lo que encontramos no son dos procesos paralelos que se entrecruzan, sino un mismo proceso que aparece desarticulado: destacamentos que elaboran sin capacidad de arrastre real, y una clase que se mueve sin capacidad de continuidad ni generalización.

Para que este balance sea efectivo y no se quede en la superficie, es imprescindible asumir la necesidad de una profunda formación teórica. No se trata de un lujo académico, sino de una exigencia práctica para romper con la inmediatez y el empirismo que paralizan. La formación teórica es la herramienta que permite trascender la experiencia parcial e inmediata y conectar las luchas actuales con el desarrollo histórico de nuestra clase.

Es en esta formación donde se articula el balance histórico en su totalidad. Entender la realidad no puede limitarse a lo que tenemos delante, sino que exige comprender el proceso completo —los avances, los retrocesos, las rupturas y las continuidades— de la clase trabajadora como sujeto histórico. Solo al abordar este marco de la totalidad podemos armar una lectura estratégica de nuestro presente; de lo contrario, nuestra lectura de la realidad será miope y la práctica quedará condenada a repetir errores. La formación teórica y el balance histórico, por lo tanto, son imprescindibles para guiar la estrategia y proyectar una práctica que no solo resista, sino que transforme.

El problema, entonces, no es solo qué hacer, sino desde dónde estamos pensando lo que hacemos. Porque cuando la realidad se percibe como fragmentada, las respuestas tienden a organizarse también de forma fragmentaria. Y ahí es donde necesitamos romper esa visión mecánica para analizar el problema desde el prisma de la totalidad. En ese momento, el balance deja de ser un ejercicio de erudición para convertirse en guía para la acción: o comprendemos el desajuste entre vanguardia y masas como la expresión de un único proceso desarticulado, o seguiremos reproduciendo la fragmentación en nuestra propia práctica.

De ahí que la respuesta más extendida —aunque rara vez formulada con todas sus consecuencias— consista en aceptar esa separación y tratar de gestionarla: construir organización por un lado, «estar en la clase» por otro, e interviniendo cuando es posible. También, aquí conviene detenernos un poco más. Porque, ¿qué significa exactamente «estar en la clase»? ¿Basta con estar en espacios amplios, con tener presencia, con dirigirse a sectores más o menos extensos? Si la intervención no se da en el movimiento real de la clase —en sus conflictos inmediatos, en sus intentos de organizarse, en los procesos concretos donde la clase anula y supera el estado actual de las cosas— esa presencia se queda en superficie. Y una presencia en superficie no recompone nada: acompaña, observa o comenta, pero no transforma.

Pero incluso esto no es suficiente. Porque no se trata solo de estar ahí donde la clase se mueve, sino de cómo se interviene en ese movimiento. Sin una práctica capaz de conectar esos conflictos parciales entre sí, de extraer de ellos una experiencia común y de proyectarlos más allá de su inmediatez, lo que queda es una sucesión de luchas que empiezan y terminan sin dejar tras de sí una forma más desarrollada de organización. Y entonces el problema reaparece bajo otra forma: por un lado, organización que se reproduce a sí misma sin capacidad de articular fuerza social; por otro, luchas surgen, pero no logran conectarse, acumular experiencia ni proyectarse más allá de lo inmediato. La separación entre priorizar la vanguardia o la organización de masas estable no resuelve nada: solo administra el bloqueo.

Si el problema está en cómo estamos separando lo que en la realidad aparece unido, entonces la tarea no puede ser simplemente «equilibra» ambas partes, sino repensarlas desde su relación. Porque, la vanguardia y las masas no son dos sujetos distintos que se encuentran desde fuera, sino dos momentos dialécticos de un mismo proceso de organización de la clase. Dicho de otro modo: la vanguardia no se construye previamente para después intervenir; solo existe en la medida en que logra organizar, conectar y proyectar el movimiento real de la clase. Y, a la inversa, ese movimiento que percibimos como fragmentario no es una ausencia de sujeto: es una forma todavía dispersa de la propia organización de la clase. Planteado así, el problema deja de ser cómo relacionar dos cosas separadas, y pasa a ser cómo desarrollar un único proceso que hoy se nos aparece escindido.

Pensar la organización política y la organización de masas como dos objetos distintos obliga a una operación imposible: imaginar una vanguardia ya constituida, cerrada sobre sí misma, que luego vendría a relacionarse con una clase exterior a ella. Pero entonces aparece la pregunta que deshace la ficción: ¿de dónde sale esa vanguardia, si no es del mismo movimiento de clase que pretende organizar? ¿Qué otra materia política podría nutrirla, qué otra experiencia podría darle forma, si no es la lucha real, contradictoria y desigual de la propia clase? En cuanto se lleva esa pregunta hasta el final, la separación se derrumba por sí sola. La vanguardia no precede a la organización de masas como un sujeto acabado; emerge de ella, la condensa y la devuelve ampliada. Y la organización de masas tampoco espera pasivamente una dirección exterior: en su propio despliegue ya produce embriones de conciencia, de disciplina, de iniciativa y de programa. Separarlas es tratar como dos cosas lo que solo existe como un mismo proceso en distintos grados de desarrollo.

Por eso la idea de «relacionar» ambas cosas es, en el fondo, un paso falso. Porque si realmente fueran dos objetos separados, la relación entre ellos siempre tendría que explicarse desde fuera: mediación, enlace, influencia, dirección. Pero eso ya presupone lo que pretendía demostrar, a saber, que existe un polo capaz de organizar y otro que debe ser organizado. La realidad, sin embargo, no se deja dividir así. La vanguardia solo existe como el momento más concentrado de la autoorganización de la clase, y la organización de masas solo alcanza su potencia histórica cuando ese movimiento disperso empieza a tomar forma consciente. No son dos entidades que se encuentran; son dos caras de una misma construcción, que solo se hace real cuando la clase empieza a organizarse a sí misma en una escala superior. Por eso la separación, que no la diferenciación, no aclara nada: al contrario, oscurece el proceso, lo fragmenta y nos obliga a pensar como externos a lo que en verdad somos parte activa.

Esto obliga a desplazar también cómo entendemos cada uno de esos momentos. Porque la vanguardia, si es algo más que una autodefinición, no puede medirse por su grado de coherencia interna ni por su capacidad de elaborar en abstracto. Su realidad se juega en otro terreno: en su capacidad de insertarse en los puntos donde la clase entra en contradicción, de intervenir en los procesos donde esa contradicción se organiza, y de hacer que lo que aparece como conflicto aislado pueda empezar a reconocerse como parte de algo más amplio. No se trata, por tanto, de «estar en la clase» en un sentido genérico, sino de formar parte activa de su movimiento real: allí donde se lucha, donde se intenta organizar, donde se abren y se cierran posibilidades. Fuera de ese terreno, lo que queda es una vanguardia que se afirma como tal, pero que no puede verificarse en la práctica.

Al mismo tiempo, ese movimiento real de la clase tampoco puede pensarse como una pura espontaneidad que, en algún momento, alcanzará por sí sola una forma superior. La experiencia histórica muestra lo contrario: que las luchas surgen, sí, que se organizan parcialmente, también, pero que tienden a agotarse, a aislarse o a ser absorbidas si no logran conectar entre sí y dotarse de continuidad. Pero esa limitación no se supera desde fuera. No se resuelve esperando el momento adecuado ni aplicando esquemas prefabricados. Se resuelve en el propio desarrollo de esas luchas, en la medida en que incorporan elementos que las hacen avanzar: más organización, más conciencia de conjunto, más capacidad de decisión colectiva.

Ahí es donde se juega la función de la vanguardia, no como algo externo que dirige, sino como un momento interno que empuja ese desarrollo hacia un horizonte eminentemente político. Pero que nadie se confunda: insertar la organización política en la lucha de clases no es utilizar al sindicato como una mera correa de transmisión para nutrir al Partido, ni manipular asambleas para imponer una línea dictada desde fuera. Eso no es vanguardia, es parasitismo burocrático. Dicho de otro modo, solo la vanguardia actúa como vanguardia cuando logra articular la lucha en torno a la emancipación de la clase trabajadora.

Por eso, separar la construcción de la vanguardia de la construcción de organización de masas no es solo un error de enfoque: es una forma de bloquear ambas. Porque una vanguardia que no se construye en ese proceso, queda reducida a una estructura que se reproduce a sí misma, sin capacidad de incidir en la realidad que pretende transformar. Y, a la inversa, unas luchas que no logran articularse más allá de lo inmediato quedan condenadas a empezar de nuevo una y otra vez, sin articularse con fuerza real tras cada repliegue. La consecuencia es conocida: por un lado, organización sin arraigo; por otro, conflicto sin continuidad. Y entre ambos, un vacío que no se llena con voluntad, sino con práctica.

Pero si este es el problema, entonces también lo es cualquier práctica que reduzca la intervención a la gestión de lo inmediato. Porque la lucha por las condiciones inmediatas, por sí sola, no se transforma automáticamente en lucha política. Puede incluso agotarse en su propia repetición si no logra superar su aislamiento. De lo que se trata, por tanto, no es solo de organizar conflictos, sino de organizarlos de tal manera que se conviertan en experiencia acumulada, en capacidad colectiva, en comprensión más amplia de la posición que ocupa la clase en el conjunto de la sociedad. Ahí es donde la elaboración teórica deja de ser un momento separado para convertirse en una necesidad interna de la práctica: no como discurso que se añade desde fuera, sino como síntesis de lo que las propias luchas contienen de forma dispersa.

Sin embargo, comprender esta profunda unión entre nuestro trabajo y la vida del movimiento obrero no debe llevarnos al viejo error de disolver nuestra organización específica en el sindicato. El sindicato agrupa a los explotados por el mero hecho de serlo; nuestra organización, en cambio, agrupa a quienes ya tienen una voluntad consciente de destruir el sistema. Precisamos mantener nuestra estricta autonomía ideológica para no ser arrastrados por la inercia de las luchas cotidianas, para no terminar condenados a mendigar unas migajas más al patrón.

​Nuestro objetivo, el horizonte político hacia el que empujamos, no es un convenio un poco menos miserable. Es la expropiación definitiva de los medios de producción y la liquidación del Estado con la consecuente abolición de la sociedad de clases.

Creer que el sindicato, por su mero crecimiento cuantitativo y la inercia de la huelga, resolverá por sí solo el problema del poder político y la liquidación del Estado es un espejismo que la historia ya nos ha cobrado con sangre, de forma paradigmática, tras las jornadas de mayo del 37.

Para trazar el camino hacia esa meta material, los anarquistas necesitamos un programa revolucionario claro. Un programa que no se limite a grandes consignas, sino que defina los pasos, las reivindicaciones de ruptura y la estrategia de choque contra el capital.

​Pero sabemos bien que la revolución no se decreta desde un despacho y que un programa es letra muerta si no cuenta con un método para encarnarse en la clase. No somos pastores que deban guiar a un rebaño ciego, ni nuestro programa es una lista de órdenes para una masa pasiva. Si el pueblo no se emancipa por su propia fuerza y voluntad, la revolución será una farsa.

​Nuestras ideas y nuestro programa solo toman cuerpo cuando el militante se funde en las luchas de sus compañeros. Nuestra labor no es mandar, sino utilizar nuestras herramientas históricas para forjar una cultura proletaria de combate en cada huelga, en cada asamblea y en cada conflicto. ¿Y cuáles son estas herramientas? La acción directa, para que los problemas los resuelvan los propios interesados sin delegar en políticos ni burócratas; la democracia directa y el federalismo, para estructurar la fuerza de la clase desde la base; y el ejercicio constante de la solidaridad.

​Estas prácticas no son el programa en sí mismo, sino herramientas mediante las cuales demostramos en la práctica que los trabajadores somos perfectamente capaces de gestionar la producción y la vida social sin necesidad de amos.

Es precisamente esta exigencia práctica la que determina la relación entre nuestro destacamento y el conjunto del movimiento obrero. ​Una organización específica aislada de la clase trabajadora es estéril; pero una masa desprovista de cultura revolucionaria cae fácilmente víctima de los reformistas, oportunistas y burócratas. Solo caminando juntos, siendo nosotros la levadura que fermenta en el interior de la masa, abriremos el camino.

Si asumimos esto hasta el final, entonces hay una consecuencia que no se puede esquivar: no se puede esperar. No se puede esperar a que la lucha de clases «aparezca» para entonces intervenir, ni a que las condiciones «maduren» para que la vanguardia encuentre su lugar. Pero, ¿qué significa exactamente esperar? Significa, en la práctica, desplazar la tarea hacia un futuro indeterminado, como si el desarrollo del conflicto fuera un proceso ajeno a nuestra propia actividad.

Sin embargo, la realidad es otra: las condiciones materiales no son un dato externo que solo se contempla, sino algo que también se produce. Se producen en la medida en que hay intervención, organización, conflicto sostenido.

Y, si esto es así, entonces la recomposición de la vanguardia no puede plantearse como una fase previa, separada, que se resuelve en el plano teórico para después «aplicarse» sobre la realidad. Se juega, necesariamente, en el terreno mismo donde esas condiciones se abren paso.

Esto obliga a concretar. Porque si hablamos de «movimiento real de la clase», ¿dónde se expresa hoy de forma más nítida? No en cualquier espacio, ni en cualquier práctica, sino, ayer igual que hoy, allí donde la clase entra en relación directa con las condiciones materiales de su explotación y se ve empujada a organizarse. Donde la burguesía se enfrenta como tal a quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. En este sentido, el ámbito del trabajo y, en particular, el terreno sindical —entendido en su sentido más amplio— aparece como un espacio privilegiado y la trinchera ineludible de nuestra intervención². No porque agote en sí mismo el horizonte de la lucha, sino porque en él se concentran contradicciones que pueden ser desarrolladas en un sentido más amplio. Es ahí donde la explotación se vuelve inmediata y donde la necesidad de organización deja de ser una consigna para convertirse en una exigencia práctica y tangible para la mayoría de nuestra clase.

Pero incluso aquí conviene no simplificar. Porque tampoco basta con «estar en el sindicato». Si la intervención se limita a reproducir inercias existentes —delegacionismo, pasividad, negociación sin fuerza— lo que se refuerza no es la capacidad de la clase, sino sus límites. De lo que se trata es de otra cosa: de intervenir en esos espacios para empujar procesos que vayan más allá de lo dado. De fomentar formas de organización que impliquen a la plantilla en condición de clase trabajadora, de impulsar dinámicas de decisión colectiva, de sostener conflictos que permitan acumular experiencia y confianza. En definitiva, de convertir el sindicato en un ariete de lucha política de clase, no en una mera herramienta de gestión del conflicto.

Y en ese proceso es donde la vanguardia se recompone. No como resultado de un desarrollo interno aislado, sino como producto de una práctica que logra articular, aunque sea de forma parcial y contradictoria, a sectores más amplios de la clase. Porque la vanguardia no se mide por lo que afirma de sí misma, sino por lo que es capaz de hacer existir en la realidad: organización, lucha, continuidad. Fuera de ahí, todo crecimiento es aparente. Dentro de ahí, incluso avances modestos pueden tener un alcance estratégico. La cuestión, entonces, deja de ser si estamos construyendo vanguardia o construyendo movimiento, y pasa a ser si nuestra práctica está siendo capaz de hacer avanzar, de forma concreta, la organización de la clase en su conjunto.

Asumir esto no es cómodo, porque desplaza el centro de gravedad. Obliga a dejar de pensar la vanguardia como un espacio propio que se fortalece para después intervenir, y a entenderla como una función que solo existe en su ejercicio. Obliga, también, a abandonar la espera, a romper con la idea de que hay un momento «adecuado» que llegará por el automovimiento mecánico de las contradicciones objetivas del capital. Ese momento no está dado: se construye³. Y se construye en condiciones adversas, con avances parciales, con errores, con retrocesos. Pero o se construye o no se construye.

De ahí que la tarea no admita aplazamientos ni atajos. Recomponer la vanguardia no es otra cosa que recomponer, en la práctica, la capacidad de la clase para organizarse, luchar y ganar conflictos mediante su propia fuerza. No es un problema que se resuelva antes de intervenir, sino en la propia intervención. No es una fase, sino un proceso. Y en ese proceso, cada espacio organizado, cada conflicto que se sostiene, cada avance en la autoorganización y en la conciencia colectiva, no es un paso previo: es ya parte del resultado.

Porque, en última instancia, la cuestión no es si intervenimos más o menos, ni si estamos más o menos presentes. La cuestión es qué tipo de capacidad estamos construyendo. Si la intervención logra que la clase se organice, que acumule experiencia, que amplíe su horizonte y que empiece a reconocerse como sujeto colectivo enfrentado al conjunto del orden social, entonces hay recomposición. Si no, todo esfuerzo tiende a disolverse en lo inmediato. La vanguardia, en ese sentido, no es otra cosa que esa capacidad en desarrollo. Y por eso mismo no puede existir al margen de ella: o se construye en el movimiento real de la clase, como parte activa de su transformación en sujeto político, o deja de ser vanguardia para convertirse en otra cosa. Recomponerla no es una tarea previa. Es el proceso mismo.

O la vanguardia existe en el movimiento real de la clase, empujándolo y transformándose con él, o no existe.

T. Morago

1 Este artículo da continuidad al debate estratégico abierto por T. Mora en «Anarquismo y Vanguardia» (Regeneración Libertaria, marzo de 2024). El desarrollo de nuestro balance histórico y el análisis del capital como totalidad tendrán su espacio en futuras publicaciones. Aquí, el objetivo es aterrizar la discusión en la relación material entre la organización específica y el conjunto de la clase trabajadora. Abordar y resolver esta tensión en los conflictos reales es el paso necesario para materializar cualquier recomposición organizativa

2 Esto no implica menospreciar la organización en la esfera de la reproducción social (vivienda, consumo, etc.), indispensable para la supervivencia de nuestra clase frente a la expropiación secundaria. Sin embargo, la dilución de nuestras fuerzas en frentes desconectados de la producción genera un activismo estéril donde el proletariado solo opone un poder asociativo asimétrico. La intervención prioritaria debe apuntar a la producción y la logística (la cadena de suministro), pues es allí donde la clase ejerce un poder estructural: la capacidad real de interrumpir el motor del capital, ese impulso incesante hacia la autovalorización del valor mediante la extracción de plusvalor.

3 A pesar de esto, evidentemente, el propio desarrollo del capital exacerba, tensiona, alivia y transforma las contradicciones que afectan de forma determinante al estado de la lucha de clases. La cuestión es, pues, cómo transformamos la realidad y en qué sentido dadas unas condiciones materiales concretas.

Entre la militancia, la intelectualidad y las organizaciones de la llamada extrema izquierda, a menudo se ha producido una confusión entre el comunismo de consejos y el anarcocomunismo. Me estoy refiriendo al espacio político ocupado por la autonomía, cuya popularización en los años 70 no siempre terminó de tratar correctamente las categorías políticas referidas en este texto. De todas formas siempre ha habido un cierto traspaso entre militantes de una corriente a otra, y se suelen tener como compañeras de ruta, a pesar de la diferencias teóricas o metodológicas.

Y es que estamos antes dos tradiciones que reclaman legítimamente el legado de la identidad comunista. Ambas comparten el objetivo o premisa de la abolición del Estado y del Capital. Su diferencia estriba más en la estrategia revolucionaria antes que en la terminología – que podría ser compatible o entendible entre ambas corrientes. Nos iríamos a una diferencia de tipo ontológico.

Por ponerlo muy resumido, mientras el comunismo de consejos se fundamenta en la teoría marxiana de la crisis, que entiende la revolución como una necesidad material impuesta por las contradicciones del capital, el anarcocomunismo históricamente se ha movido alrededor de la intuición técnica de la abundancia (la toma del montón) y un activismo voluntarista a menudo desvinculado de las condiciones materiales (Malatesta). La diferencia se centra aquí en la comprensión de las fuerzas productivas y la naturaleza de la crisis capitalista.

Entonces, si difieren en la estrategia revolucionaria, podríamos analizar la praxis de estas corrientes y ver unos patrones.

La crítica al voluntarismo

Por un lado, el comunismo de consejos muestra una determinación histórica. Para esta corriente, la posibilidad de que estalle una revolución es producto de las tendencias históricas del desarrollo capitalista. La revolución no ocurre simplemente con quererla, sino que es resultado de necesidades materiales, que surgen de una crisis del modelo productivo capitalista. Esto sería lo que activaría a millones de trabajadores para que pongan en marcha los mecanismos para un proceso revolucionario.

Marx entendía que la revolución era un proceso orgánico que se derivaba del desarrollo de las fuerzas productivas: «la necesidad no hace más que generalizarse, y con la indigencia se reproducirían necesariamente la lucha por las necesidades y toda la vieja y sucia porquería» como advierte en La Ideología Alemana. Por tanto, una revolución fracasará si no mide bien el momento y se dedica únicamente a reproducir la escasez.

Y por el otro tenemos el Comunismo Libertario o anarcocomunismo, que suele priorizar una voluntad subjetiva, cosa que puede derivar en una desvinculación de las condiciones materiales existentes. Marx fue muy agresivo contra esta forma de entender la revolución, y lo llamó «comunismo de la indigencia». Malatesta fue uno de los máximos difusores del voluntarismo. Los defensores de la propaganda por el hecho también serían voluntaristas. Así que según esta premisa, la revolución se puede provocar. Se crean crisis de estado, se conquista alguna base, se mina la autoridad, se moviliza a los trabajadores, hay huelgas, choques armados, tomas de tierras y eventualmente el estado burgués podría caer como una fruta madura instaurándose la sociedad revolucionaria.

La crítica al localismo autárquico

El punto de ruptura más claro, la diferencia más relevante, se da en la forma o escala de la organización social postcapitalista. El comunismo de consejos considera que la tradición anarquista cae en una trampa localista cuando propone la sociedad como una federación de comunas autónomas y autosuficientes, ya que implica una escala que es materialmente incompatible con el principio de «a cada cual según su necesidad» del comunismo.

Según la crítica consejista, los modelos anarcocomunistas que van desde el regresivismo de William Morris hasta el municipalismo de Murray Bookchin, tienden a pasar por alto que la fragmentación localista de la reproducción social (o sea, una sociedad de tipo federación de comunas) impide alcanzar el nivel de abundancia necesario. De esta forma, una comuna aislada, al no ser autosuficiente, se ve obligada a intercambiar bienes o servicios con otras. Este intercambio requiere inevitablemente una medida de valor (dinero). Este proceso restaura la competencia económica entre comunas y, por extensión, supondría reactivar el Estado como regulador de los conflictos de intereses. La conclusión que hacen es que el localismo no supera al capital y que en la práctica reproduce sus funciones lógicas en unidades menores.

¿Cuál sería la alternativa propuesta? La Comuna Mundial de Consejos. Según esta propuesta, el comunismo solo es posible como una comuna mundial. Dado que el capital es la primera «forma social totalizante» en la historia, su superación exige una estructura anidada de consejos que escale globalmente y que sea también totalizante. Solo esta escala permite la coordinación de la reproducción social mundial sin mandos verticales ni la autonomía del poder estatal, reabsorbiendo los poderes sociales alienados en la humanidad. Por tanto, sin una interdependencia global coordinada, la abundancia es técnicamente imposible, condenando cualquier intento revolucionario a la escasez y al resurgimiento espontáneo de las funciones del dinero ante dicha escasez.

El gran problema de fondo es que el anarquismo no siempre se ha expresado correctamente, ni ha planteado su proyecto de forma entendible. Ya sea por esta razón, o porque quien explicaba el proyecto del anarquismo dentro del campo marxista eran intelectuales fundamentalmente antianarquistas, el consejismo cayó en importantes errores de interpretación que minaron la confluencia de las dos tradiciones.

Uno de los errores más importantes de la crítica comunista de consejos es que sostiene que el anarquismo aspira a una fragmentación de la sociedad en comunas autónomas y autosuficientes que inevitablemente reproducirían el intercambio mercantil y, por ende, el capitalismo. Esto no es cierto. El anarquismo no propone el aislamiento, sino el federalismo. La estructura anarquista se basa en el libre acuerdo y en la federación de organismos de producción y consumo que se coordinan a escala regional, nacional e internacional.

Incluso los comunistas de izquierda ya reconocen que la tecnología moderna (como internet, la IA…) permite la coordinación global sin mando vertical, algo que los anarquistas siempre defendieron a través de la federación. Por tanto, acusar al anarquismo de retrógrado o de medieval pasan por alto que figuras del anarquismo de los 1880s, como Kropotkin o Cafiero, ya incorporaban en sus esquemas la producción a gran escala y la tecnología avanzada.

Por tanto, la crítica del comunismo de consejos de que el anarquismo querría volver a la aldea medieval o a comunas aisladas que reproducirían el capitalismo es falso. Autores modernos como Felipe Corrêa o Lucien Van der Walt y corrientes enteras como el plataformismo o el anarcosindicalismo demuestran que el anarquismo de masas es global e internacionalista. Proponen una planificación democrática y una coordinación federalista de la producción a gran escala, no el aislamiento local.

El error consiste en confundir la autonomía (o sea, la libertad de decisión en la base) con la autarquía (el aislamiento económico). Los anarquistas defienden la interdependencia social en una estructura mundial de federaciones, lo cual se parece bastante a la Comuna Mundial de consejos anidados del consejismo.

Sobre la tecnología y el progreso

Volviendo sobre el tema de la tecnología, en la década de 1930, los consejistas temían una «dictadura de la oficina estadística». Hoy, internet y el procesamiento masivo de datos actúan como el sustrato material que resuelve esta amenaza. Inspirados en los principios de Otto Neurath, los circuitos de retroalimentación y los inventarios globales en tiempo real vuelven obsoleta la contabilidad del tiempo de trabajo. La tecnología permite que la distribución según la necesidad ocurra sin la mediación de un organismo burocrático, convirtiendo el esquema del GIC en un modelo históricamente superado.

Sin embargo, la contabilidad del tiempo de trabajo no es una medida neutral; es una fuerza inercial que reproduce la forma-dinero y la necesidad de un poder estatal para vigilarla. La verdadera superación del capital exige eliminar la relación de intercambio desde el inicio del proceso revolucionario, evitando que las funciones del dinero resurjan espontáneamente bajo «condiciones de control disciplinario».

Podemos ver que el comunismo no es una utopía idealista, sino que sería más bien como el movimiento real que supera el estado de cosas actual sobre la base de premisas materiales existentes. El comunismo, tal como lo defienden los consejistas, solo es viable como un sistema de abundancia coordinado a escala global y apoyado en el desarrollo tecnológico avanzado. Así que la interdependencia a gran escala y el uso de sistemas de datos para garantizar el libre acceso son imperativos técnicos para que funcione.

De este modo, cualquier retorno a la «vida sencilla» o a la autarquía local solo garantizaría la generalización de la escasez, lo que inevitablemente hará resurgir la lucha por la supervivencia y el intercambio mercantil y, eventualmente, el Estado. De ahí que defiendan que la emancipación humana solo se puede dar a través de la forma Consejo.

La crítica en torno al concepto de poder revolucionario y dictadura del proletariado

Los comunistas de izquierda suelen afirmar que los anarquistas «retroceden ideológicamente» ante la necesidad de la dictadura del proletariado y que carecen de una teoría sobre el poder revolucionario. La crítica cae en la idea de que los anarquistas simplemente «niegan el poder» y por eso son inoperantes.

Desde el principio del movimiento anarquista, sectores revolucionarios (como Bakunin, Johann Most, Malatesta o «Los Amigos de Durruti») comprendían perfectamente la necesidad de utilizar la fuerza para aplastar a la burguesía. Por ejemplo «Los Amigos de Durruti», durante la Revolución española propusieron explícitamente una Junta Revolucionaria. Por su parte, la CNT-FAI no se cansó de pedir por activa o por pasivael Consejo Nacional de Defensa como un órgano de poder obrero para derrotar el fascismo, y desde él defender la sociedad revolucionaria. Y eso por no hablar de su actuación en las insurrecciones obreras, con la instauración de juntas, comités o consejos revolucionarios. La diferencia no es que los anarquistas ignoren la necesidad de la violencia revolucionaria, sino que rechazan que esta se convierta en un Estado separado de la clase, el cual, como advierte Luigi Fabbri, inevitablemente se convierte en opresor de la propia sociedad que dice defender.

Por otra parte, el anarquismo no niega el poder como «capacidad de hacer cosas» o como fuerza social, sino el poder en tanto a «dominación» que sería una jerarquización de las relaciones sociales (Felipe Corrêa). Al no distinguir entre estos conceptos, el comunismo de izquierda acusa al anarquismo de «apolítico», ignorando que el anarquismo propone un poder popular o un poder autogestionario desde abajo, un poder que surge de abajo hacia arriba a través de la federación, lo cual es una estructura política tangible… pero no es un Estado.

Sobre los consejos obreros y la dictadura del proletariado

Más allá de las cuestiones semánticas, la «dictadura del proletariado» del consejismo toma una forma histórica basada en consejos obreros armados. Aquí difiere del leninismo, que prefiere la forma de Estado-Partido (para entendernos, el Partido Comunista se convierte en el Estado obrero, y sus cuadros dirigentes pasan a ser el gobierno).

En este punto, el anarquismo revolucionario siempre reconoció la necesidad de un «poder» que aplaste la reacción burguesa. Por ejemplo, Bakunin hablaba de la Comuna armada. Era una Comuna inspirada en la Comuna de París, que debería estar formada por asociaciones de trabajadores (o sociedades obreras). Un poco después, Johann Most defendía que las comunas revolucionarias deben aniquilar a las «bestias de la propiedad» para no ser aplastadas por ellas. Por su parte, Errico Malatesta definió una especie de dictadura del proletariado (sin llamarla así) como el poder efectivo de los trabajadores cuando tomasen posesión de los medios de vida hasta que cese la resistencia reaccionaria. Otro autor, Erich Mühsam, vinculaba la dictadura del proletariado (este ya era contemporáneo de la Revolución rusa) con la autodeterminación de la clase a través de sus consejos.

Como vemos, ambas tradiciones están diciendo cosas muy parecidas, que se resumen en que los consejos deberían tomar todo el poder. En este sentido los consejos absorberían las funciones que en la sociedad capitalista están separadas política y económicamente. Ambas tradiciones supondrían un fin del gobierno como dominador de las personas y edificarían unos consejos como administradores de las cosas. También tendrían la función de disolver la estructura de clases y cuando vaya avanzando esta situación, cuando se vayan disolviendo las clases, el consejo perdería su carácter coactivo para convertirse en una comunidad humana.

En definitiva, si nos centramos en ver los parecidos entre la tradición consejista y la anarcocomunista,la distinción entre «marxistas» y «anarquistas» es menos relevante que la frontera entre elementos «comunistas» y «no comunistas». Los consejos no son un estado separado, sino las asambleas del proletariado, y su éxito depende de su capacidad técnica para organizar la vida.

La crítica consejista afirma que los anarquistas «retroceden» ante la necesidad de una dictadura proletaria. Pero en la práctica, organizaciones anarquistas propusieron juntasrevolucionarias para defender la revolución y reprimir a los sectores burgueses. La diferencia es que estas juntas no serían un Estado separado, sino un órgano de los propios trabajadores armados.

Crítica a la «evasión política»

Según el comunismo de izquierda, los anarquistas españoles trataron al Estado como a Campanilla, el personaje de Peter Pan: creyeron que si dejaban de «creer» en él o de «legitimarlo», desaparecería. Al no destruir el Estado republicano bajo el pretexto de la «unidad antifascista», permitieron que este se reorganizara y terminara aplastando a los comités revolucionarios. El error fue intentar gestionar la producción mercantil (intercambio entre colectividades) sin destruir el poder político, cuando ambos deben ser superados dialécticamente.

Por consiguiente, para el comunismo de izquierda, tanto la socialdemocracia (que absolutizó el Estado) como el anarcosindicalismo (que, según ellos, absolutizó la economía de intercambio) fracasaron. Ven clara la lección de la Revolución española: el Estado y la economía capitalista de mercado son expresiones de la misma alienación social y deben ser negados simultáneamente.

Ahora bien, la crítica de consejistas, como Helmut Wagner, de calificar la actitud anarquista como «apolítica» o «evasiva» respecto al poder político burgués no es correcta. Luigi Fabbri aclaraba que el anarquismo no es apolítico en el sentido de pasivo, sino que posee una metodología revolucionaria propia. Su política consiste en la acción directa y en la construcción de la libertad como «arma de combate» contra el viejo mundo.

Autores actuales como Agustín Guillamón argumentan que el fracaso en la Revolución Española no fue por el anarquismo en sí, sino porque la dirección de la CNT carecía de una teoría revolucionaria adecuada al momento histórico y prefirió edificar un «anarquismo de Estado» y favorecer la colaboración gubernamental en lugar de destruir el Estado burgués cuando este se derrumbaba. De este modo, los comunistas de izquierda se equivocan al juzgar al anarquismo por las «claudicaciones de sus líderes colaboracionistas», ignorando a las minorías revolucionarias que, como «Los Amigos de Durruti» o sectores de Juventudes Libertarias, pedían «todo el poder para los sindicatos».

Dicho sea de paso, añadiré que el propio Guillamón parte de una lectura de la Revolución española centrada en Barcelona, mientras que la visión de los «líderes» de la CNT y la FAI era fundamentalmente española, teniendo una visión más global de la correlación de fuerzas existente en toda la España republicana. Por este motivo, aunque vieran la revolución posible en Cataluña, no la veían factible para toda España, ya que esto provocaría una «guerra civil dentro de la guerra civil» que supondría la derrota total de la República y la muerte de los revolucionarios. Eventualmente, esta guerra civil dentro de la guerra civil acabó ocurriendo de todas formas, pero porque la Contrarrevolución se armó y atacó la Revolución (Hechos de Mayo en Barcelona, disolución del Consejo de Aragón). Como vemos, aquellos militantes estaban atravesados por un mar de dudas.

Por tanto, la crítica anarquista al Estado es materialista y práctica. Autores, como Fabbri, explican que el Estado es una institución basada en la violencia que debe ser destruida físicamente a través de la insurrección y la expropiación inmediata. El error del marxismo es creer que el Estado puede ser capturado por el proletariado para sus fines. Desde la época de Bakunin los anarquistas llevan advirtiendo que la maquinaria estatal transforma a quienes la ocupan.

Crítica a la desorganización anarquista

A menudo se acusa al anarquismo de ser un movimiento desorganizado y caótico por naturaleza. En este sentido casi todos los marxistas ven el anarquismo como una etapa inmadura del movimiento obrero. Aquí se mezcla la arrogancia de bastantes autores marxianos y marxistas del siglo XIX, con su defensa del «socialismo científico», y con los prejuicios hacia el anarquismo por distintas razones que tienen poco que ver con un análisis riguroso.

El anarquismo revolucionario ha buscado activamente, desde sus inicios, la unidad teórica y táctica, y ha defendido la responsabilidad colectiva. La famosa «desorganización» ha sido un síntoma de ciertos períodos históricos específicos y no es para nada un principio intrínseco del anarquismo comunista. Esto lo pueden demostrar documentos como La Plataforma, de Makhno y Arshinov.

En algunos textos consejistas se llega a afirmar los anarquistas intentan eludir la política centrándose en el «poder económico» de los sindicatos. El sindicalismo revolucionario con, por ejemplo Salvador Seguí, y la propia Plataforma defienden que el Sindicato Único no es solo una herramienta económica, sino el epicentro político y social capaz de administrar la vida pública sin necesidad de un partido vanguardia. Es el «brazo y cerebro» que prepara a la clase para el autogobierno. El consejismo supone que la política debe ser monopolio del Partido (o de un consejo o soviet dominado por la ideología del Partido), despreciando la capacidad de la organización obrera para ser, por sí misma, la estructura de la nueva sociedad.

Al ser presentado como desorganizado, el anarquismo recoge un estigma más: su desorganización impedirá la victoria. De esta manera se llegaba a julio de 1936, en medio del «confusionismo» teórico, de no tener una teoría del poder ni saber cómo debería darse una «sociedad de transición» ni si esto tendría que suceder. Podemos admitir estas críticas, que son las mismas que los sectores anarquistas revolucionarios le hicieron a aquella CNT en esos mismos días (por ejemplo, por Camilo Bernieri o por «Los Amigos de Durruti»), como plantearé más adelante.

Sin embargo, al centrar la crítica en el supuesto error de los líderes de la CNT en 1936, los comunistas de izquierda ignoran la convergencia práctica que existió en momentos como Alemania 1918-19, Kronstadt 1921 o las barricadas de Mayo de 1937, donde tanto anarquistas revolucionarios como comunistas de izquierda se enfrentaron a la misma contrarrevolución estatista.

Situando la crítica anarquista al rol de la CNT-FAI en la Revolución española

En Cataluña, la toma del poder por parte de las organizaciones revolucionarias era físicamente posible, ya que tras derrotar al ejército en las calles el 19 y 20 de julio, la CNT-FAI se convirtió en dueña absoluta de la situación. El proletariado barcelonés estaba fuertemente armado con unos 35.000 fusiles capturados en el cuartel de Sant Andreu y controlaba los puntos estratégicos de la ciudad. Sin embargo, la viabilidad política de hacer tal acción, tomar el poder, fue cuestionada internamente en el Pleno Regional de Sindicatos del 21 de julio de 1936. En dicha asamblea, aunque Juan García Oliver propuso «ir a por el todo», la mayoría de los delegados consideró que implantar el comunismo libertario en solitario era inviable por varios factores importantes.

Los principales argumentos contra la toma del poder fueron el temor al aislamiento internacional y la amenaza de un bloqueo económico o incluso la intervención armada de las potencias capitalistas. Asimismo, como ya se ha dicho, los dirigentes anarcosindicalistas temían que una «dictadura anarquista» en Cataluña provocara una guerra civil dentro del bando republicano, dado que la CNT era minoritaria en otras regiones de España. Por ello, se optó por la colaboración antifascista a través de la creación del Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA), un organismo de colaboración de clases que permitió la subsistencia del gobierno de la Generalidad como «fachada» legal.

Desde una perspectiva crítica posterior, hecha desde el propio movimiento anarquista de la época, se sostiene que la revolución fracasó porque la CNT estaba «huérfana de teoría revolucionaria» y carecía de un programa concreto para sustituir al Estado por órganos de poder obrero centralizados. En la práctica, existió una atomización del poder en una miríada de comités locales y de fábrica que ejercían la autoridad sobre el terreno, pero que no supieron coordinarse para constituir un polo de poder antagónico o ni siquiera alternativo al Estado capitalista. El grupo de «Los Amigos de Durruti» defendió más tarde que la única opción viable para salvar la revolución era precisamente la destrucción inmediata del Estado y su sustitución por una Junta Revolucionaria basada en los sindicatos y las milicias.

En resumen, el análisis de docenas de autores anarquistas a lo largo de décadas nos dice que, aunque el triunfo militar de la insurrección obrera de julio de 1936 fue total en zonas como Cataluña, la falta de visión política y el compromiso con la unidad antifascista llevaron a los revolucionarios a renunciar al poder político, permitiendo que el Estado burgués se reconstruyera paulatinamente. Al final, los trabajadores que habían ganado la guerra en las calles de Barcelona terminaron rindiéndose políticamente a los sectores partidarios de reforzar el Estado burgués.

Aunque la evaluación de los líderes de la CNT fue nacional y buscaba evitar el aislamiento de Cataluña, también podemos identificar algunas contradicciones en esa estrategia:

La contradicción fundamental que señalan las fuentes, especialmente desde las corrientes críticas del anarquismo (como Camillo Berneri y «Los Amigos de Durruti»), reside en que no se puede defender una revolución social utilizando y fortaleciendo el mismo instrumento que tiene como fin histórico destruirla: el Estado burgués.

La postura de «ganar la guerra primero y hacer la revolución después» (asumida por la CNT al adoptar el lenguaje del Partido Comunista) es vista en las fuentes como una trampa estratégica. Berneri argumentaba que la guerra civil española era una «guerra social» y que no se podía ganar limitándose a criterios militares burgueses. Al aplazar la revolución, se destruyó la moral del pueblo en armas, que era la única fuerza capaz de derrotar al fascismo. El resultado fue que se creó un ejército burgués tradicional que, despojado del ímpetu revolucionario, terminó perdiendo la guerra.

La idea de colaborar con fuerzas antifascistas burguesas mientras se mantenía la revolución en la economía resultó ser una «utopía irrealizable» según Los Amigos de Durruti. Se permitió que los órganos de coerción (ejército y policía) quedaran en manos del Estado republicano mientras los obreros gestionaban las fábricas. Como Fabbri advertía premonitoriamente, quien tiene el poder sobre las cosas termina teniendo poder sobre las personas. La burguesía usó su control sobre las finanzas, el oro y las armas para asfixiar económicamente a las colectividades que la CNT pretendía defender desde los ministerios.

Al aceptar cargos ministeriales, se decía que la CNT había comentido una «herejía histórica». De esta manera, la organización confederal pasó de ser una central sindical de lucha de clases a convertirse en un «apéndice de la democracia burguesa». Al estar en el gobierno republicano, los ministros anarquistas se vieron obligados a pedirles a los trabajadores que abandonaran las barricadas (mayo de 1937) y que renunciaran a algunas conquistas sociales en nombre de la unidad, convirtiéndose en «bomberos» de la propia revolución.

La crítica desde el anarquismo (desde Bernieri hasta Guillamón, pasando por César M. Lorenzo) se dice que los líderes confederales presentaron la situación como una falsa elección entre imponer una dictadura anarquista o colaborar con el Estado. Sin embargo, existía una tercera vía que no era ni la dictadura del anarquismo ni la entrega al Estado burgués: la coordinación de los comités revolucionarios y la creación de una Junta Revolucionaria basada en los sindicatos y las milicias. Al ignorar esta opción, la CNT no evitó una dictadura, sino que facilitó el ascenso de la dictadura estalinista del PSUC/PCE, que terminó siendo la dueña absoluta de la situación gracias a la debilidad política confederal.

En resumen, la contradicción fue intentar salvar la revolución entregándole las llaves de la misma a sus enemigos naturales (el Estado y los partidos burgueses) con la esperanza de que estos la respetaran hasta el fin de la guerra, algo que históricamente no sucedió.

Conclusiones, los errores del comunismo de izquierda

A partir de lo expuesto más arriba en el texto, he creído oportuno señalar las debilidades de la teoría del comunismo de consejos.

Empecemos por lo más evidente, ambas teorías quieren llegar al mismo punto, pero una lo hace desde el marxismo y la otra desde el anarquismo.

Como hemos visto, el comunismo de consejos está profundamente influido por la teoría marxiana de la crisis, lo que genera una postura de antivoluntarismo y antiactivismo. Considera que la posibilidad revolucionaria está estrictamente determinada por las tendencias histórico-mundiales del desarrollo del capital. Esto lleva a la conclusión de que si las fuerzas productivas no han alcanzado cierto nivel, el comunismo es literalmente imposible, cosa que puede derivar en una pasividad a la espera de «condiciones materiales» ideales. Así que se le da pie para acelerar los cambios revolucionarios.

Otro problema, es que históricamente, los comunistas de consejos (específicamente el Grupo de Comunistas Internacionales, GIC) propusieron un esquema de distribución basado en la contabilidad del tiempo de trabajo. Mientras que en los años 30 los consejistas rechazaban la «planificación en especie» por temor a una «dictadura de la oficina estadística sobre los productores», hoy en día el desarrollo tecnológico (como internet y el procesamiento de datos en tiempo real) permite la coordinación directa sin necesidad de ese rodeo contable ni de una burocracia central. Por lo tanto, este esquema es históricamente obsoleto. No obstante, también dentro del consejismo esto es un debate vivo, admitiendo este error conceptual.

Otro asunto parecido, surge al leer algunos escritos consejistas de los años 1920 y 1930. En esos años argumentaban contra la planificación directa porque creían que conduciría inevitablemente a una dictadura de un estrato especializado de estadísticos o una «oficina central de planificación». Al no fiarse de la capacidad técnica de los consejos para coordinarse sin mediadores, su modelo económico quedaba atrapado entre el mercado y el control burocrático.

Cuando los comunistas de consejos (como por ejemplo Helmut Wagner) critican la «evasión» anarquista del poder político, justo nos están demostrando sus propias debilidades de análisis. Wagner y otros críticos consejistas confunden a menudo la actitud «apolítica» (evasiva o pasiva) con la «antipolítica» (destructora de las instituciones políticas burguesas). Al insistir de forma tan machacona e intransigente en la etiqueta de dictadura del proletariado, generan una barrera ideológica con otros sectores revolucionarios (como los comunistas libertarios o anarcocomunistas) que en la práctica defienden exactamente lo mismo: que los consejos obreros destruyan y absorban todos los poderes.

A pesar de ser considerados como la «conciencia del marxismo», su posición teórica los ha relegado históricamente a ser una «voz en el desierto». Al rechazar tanto el reformismo socialdemócrata como el autoritarismo leninista y el sindicalismo de masas, su propuesta a menudo careció de una base de masas real (quitando unos meses entre 1919 y 1920 en Alemania), apareciendo como una doctrina demasiado adelantada para su tiempo.

Para resumir, la debilidad del comunismo de consejos reside en un teoricismo demasiado estricto que puede llegar a ignorar la capacidad creativa del sujeto revolucionario (que desprecian como «voluntarismo») y en la defensa de métodos económicos que el propio desarrollo del capitalismo ha dejado atrás.

A esto le añadiremos una última crítica, que es la mala interpretación de otras tradiciones revolucionarias, como el anarquismo. El error de los comunistas de izquierda es tratar al anarquismo como una ideología incoherente o infantil, sin reconocer que tiene metodologías organizativas propias (dualismo organizativo y anarcosindicalismo) que busca el mismo fin sin los peligros autoritarios que terminaron destruyendo los soviets en Rusia. Ni se han tenido en cuenta tampoco la producción teórica y táctica del anarquismo, y cuando esto se ha hecho ha sido para señalar errores conceptuales y caricaturizar el anarquismo, cayendo en el dogmatismo.

En este sentido, desde mi punto de vista se echa de menos un canal de diálogo sano y constructivo entre las tradiciones revolucionarias, aprendiendo mutuamente las unas de las otras. La falta de respecto y la arrogancia, suelen ser malos vehículos para que se comprendan los puntos de vista propios, cuando en realidad se tiene mucho que aportar.

Miguel G. Gómez, @BlackSpartak

Bibliografía

• Amigos de Durruti. Manifiestos y octavillas de mayo de 1937 (¡Trabajadores!, El Amigo del Pueblo).
• Balius, Jaime. Hacia una nueva revolución(enero de 1938), incluido en la antología de Guillamón.
• Berneri, Camillo. Entre la revolució i les trinxeres. Ediciones Mayo 37 / Col·lectiu Negres Tempestes, 2009.
• Colapso y Desvío. Comunismo de Consejos y Comunismo Anarquista. Traducción de Amapola Fuentes (originalmente publicado en International Socialist Review).
• Corrêa, Felipe. Bandeira Negra: Rediscutindo o Anarquismo. Curitiba: Editora Prismas, 2015.
• Corrêa, Felipe. Hacia un pueblo fuerte. Anarquismo, organización y poder popular. Barcelona: Editorial Descontrol, 2020.
• Diez, Xavier. El pensament polític de Salvador Seguí. Barcelona: Virus Editorial, 2016.
• Fabbri, Luigi. Comunismo Libertario o Capitalismo de Estado. Barcelona: Edita Copia i Difon, 2014.
• Gómez, Miguel G. La CNT y la Nueva Economía. Del colectivismo empresarial a la planificación de la economía confederal (1936-1939). Madrid: Fundación Anselmo Lorenzo, 2024.
• Grupo Dielo Truda. Plataforma organizativa para una Unión General de Anarquistas (1926). Barcelona: Aldarull Edicions, 2010.
• Guillamón, Agustín. La Revolución de los Comités. Hambre y violencia en la Barcelona revolucionaria. De julio a diciembre de 1936. Barcelona: Aldarull Edicions, 2012.
• Guillamón, Agustín. Los Amigos de Durruti. Historia y antología de textos. Barcelona: Aldarull/Descontrol, 2013 (2ª edición corregida para Alejandría Proletaria, 2018).
• Lorenzo, César M. Los anarquistas españoles y el poder (1868-1969). París: Ruedo Ibérico. (Edición digital difundida por Solidaridad Obrera).
• Most, Johann. «La ciencia de la guerra revolucionaria», mencionado en las discusiones sobre poder.
• Trejo, Rubén. Magonismo: utopía y revolución, 1910-1913. Barcelona: Aldarull Edicions, 2010.

«Ha llegado el momento de asumir responsabilidades.» – Manifiesto Ad Nauseam: Apuntes contra el gueto político

Desde que me reconozco anarquista, siempre he sido un «idealista» o por llevarlo a lo mesiánico, un «creyente» de La Idea. Me fascinaban (y siguen fascinando) todas las historias y experiencias que el Anarquismo ha aportado, luchado por y defendido en nombre de una convicción de que es posible una Humanidad más digna. Siempre me gustaron los textos con un discurso que apelara a «prender chispa de la conciencia que transforma el instinto de ayuda mutua en la arquitectura de una sociedad sin amos, donde el pan y la libertad son derechos universales e inalienables» o donde hablaban del «fin de la explotación del Hombre sobre el Hombre» y de la «emancipación del pueblo por el propio pueblo». Creo que, de esta interpretación, mi desarrollo lógico era que el ego y el personalismo no pueden tener lugar en un proyecto universal.

Quizás por eso me produjo tanta incomprensión ver ciertas dinámicas dentro del movimiento libertario. No hablo de diferencias políticas reales, que son necesarias. Hablo de beefs eternos, guerras de egos, ajustes de cuentas disfrazados de principios, capital social acumulado a base de señalar al resto y conflictos personales elevados artificialmente a cuestión política. Siempre he visto la lucha anarquista como algo incompatible con el ego. No porque no tengamos orgullo, heridas o ganas de reconocimiento. Las tenemos. Todas. Pero una ética militante debería servir justamente para poner eso en su sitio. Si decimos luchar por algo que nos supera, el proyecto colectivo no puede quedar secuestrado por el narcisismo de nadie.

No por nada he elegido este título: «Os cães ladram e a caravana passa» (entiendo que en el Estado español se usa). La expresión viene de un viejo dicho árabe: aunque los perros ladren, la caravana sigue su camino. Es decir, hay provocaciones y críticas no constructivas que no pueden impedir el avance. Siempre habrá ruido. Siempre habrá quien critique, intoxique o necesite que todo proyecto ajeno fracase para confirmar su propia superioridad o mantener su comodidad. Hay que escuchar las críticas cuando tienen razón y asumir errores cuando son nuestros, pero no podemos convertir cada ruido en un miedo que nos paralice.

Rafael Viana da Silva señala en su texto Anarquismo contra o Anarquismo – Menos complacência, mais autocrítica una confusión muy extendida en el movimiento libertario que nos ha hecho mucho daño: tomar la libertad anarquista como «hacer lo que quiera» y la autonomía individual como relativismo ético. Una libertad sin responsabilidad colectiva no produce militancia libertaria: produce capricho, informalidad, personalismo y una caricatura burguesa del anarquista como alguien incapaz de sostener acuerdos. La ética anarquista no se demuestra en la coherencia cotidiana sino en cumplir lo que una asume, no desaparecer cuando toca sostener una tarea, no convertir cada crítica en un ataque personal, no usar la asamblea como escenario del ego, no confundir carisma con legitimidad.

Y aquí aparece uno de nuestros grandes problemas dentro del movimiento —la falta de autocrítica (claro que con sus debidas excepciones) y la reproducción de un movimiento de autoconsumo—. Somos las primeras en detectar y señalar contradicciones ajenas, pero nos cuesta mirar las propias. Sabemos hacer comunicados demoledores contra otras organizaciones, pero muchas veces no sabemos decir «aquí fallamos, aquí fuimos injustas, aquí actuamos por orgullo, aquí confundimos una herida personal con una posición política».

Un movimiento libertario (y también revolucionario) sin autocrítica se pudre desde dentro. Puede tener un discurso impecable y una estética combativa y apelativa, pero si no es capaz de revisar sus prácticas, reconocer errores y transformar sus dinámicas, termina más haciendo branding que política.

También hemos confundido demasiadas veces horizontalidad con falta de responsabilidad. Como si organizarse, evaluar, pedir explicaciones, cumplir tareas o sostener acuerdos fueran prácticas autoritarias. ¡No lo son! ¿Porque sería autoritario que una organización te recuerde lo que acordaste colectivamente? La responsabilidad colectiva no es un castigo ni obediencia ciega. Es entender que lo común solo existe si alguien lo sostiene. Que una asamblea no hace nada por sí misma. Que una organización no tiene brazos ni cabeza separadas de sus militantes. Que cada persona es responsable por su propria organización y por pelear por las cosas que no está de acuerdo. Si nadie asume su parte, La Idea se convierte en liturgia: muchas palabras, poca fuerza. Me hace pensar si la crítica que más se hace dentro del anarquismo, es que teoría hay mucha, pero práctica poca, a lo mejor nuestro problema no es tanto un problema de exceso de teoría pero sí de malas praxis internas y externas…

Por otro lado, en ciertos espacios se ha creado una cultura del miedo a equivocarse, miedo a hablar, miedo a no usar la palabra perfecta, miedo a que un desacuerdo sea leído como violencia, miedo a que una torpeza se convierta en condena pública. Y cuando una cultura política produce más miedo que valentía, más cálculo que honestidad y más complacencia que crítica, tenemos un problema donde el centro está en un punitivismo disfrazado de radicalidad. Y ojo, no digo esto para negar los daños reales. Existen agresiones, abusos, violencias y comportamientos miserables dentro de nuestros espacios y contra los cuales tenemos que actuar implacablemente. Hay cosas graves que exigen protección, límites y consecuencias, pero una cosa es afrontar el daño y otra reproducir, en pequeño, la lógica carcelaria y punitivista que decimos combatir: buenos y malos, santos y monstruos, expulsión como única respuesta, reputación como tribunal, rumor como prueba y linchamiento como pedagogía.

En el texto How We Handle Harm del Punch Up Collective, un pequeño colectivo anarquista de Ottawa, Ontario, centrado en la construcción de movimientos radicales resilientes, insisten en algo fundamental: no todo conflicto es abuso, no todo desacuerdo es violencia y no toda incomodidad es daño. Si todo se nombra igual, dejamos de entender lo que pasa. Y si no entendemos lo que pasa, no podemos intervenir bien. Si asumir un error significa muerte social automática, nadie va a hacerse responsable de verdad. La gente aprenderá a esconderse, justificarse, mentir o performar arrepentimiento. Una cultura militante seria tiene que hacer posible la responsabilidad sin convertirla en espectáculo punitivo.

También hay que decir que muchos problemas entre organizaciones no son políticos, aunque se presenten como políticos. Son personales. Heridas mal gestionadas, rupturas afectivas, envidias, competencias por capital simbólico, viejas broncas, liderazgos informales, inseguridades, resentimientos. Luego todo eso se viste de línea, ética, estrategia y principios, pero la pobre realidad es que es un problema de ego. Y que quede claro: mezclar lo personal y lo político así es un error. Claro que lo personal tiene dimensiones políticas pero otra cosa es convertir mis malestares personales en un criterio político universal y condicionar el ritmo de mi organización para moverse al ritmo de mis heridas.

Y también quiero dejar claro: usar instituciones burguesas o liberales para resolver conflictos entre compañeras debería hacernos reflectir sobre el estado de nuestro movimiento. No porque haya que exigir heroicidades a nadie, ni partir de unas posiciones moralistas ante situaciones graves. Si nuestra única respuesta ante cada conflicto es delegarlo al Estado, a sus tribunales o a sus policías, algo está fallando en nuestra capacidad colectiva de construir una alternativa revolucionaria. 

Desde mi perspectiva, la política debe ser vista como un campo de disputa y nosotras tenemos que estar preparadas para en cualquier disputa, recibir, dar, caer y levantarse con la cabeza levantada. Nosotras tenemos códigos éticos, pero las otras no y no nos podemos olvidar eso, por eso hay que ser inteligentes, humildes y coherentes pero también hay que ser atrevidos, disruptivos y saber pegar duro a la hora de la disputa. Ya lo decía Bakunin, «la pasión destructora es también una pasión creadora». Se trata de entender que toda construcción revolucionaria exige romper con las formas viejas que nos atan como las ego-trips, los beefs personales, el miedo, la complacencia, el gueto y las inercias que reproducen lo mismo que decimos combatir. Porque si el movimiento libertario continúa atrapado en dinámicas autodestructivas y sectarias, no solo no saldremos del gueto como seguiremos arrastrando el anarquismo hacia la marginalidad. Y luego nos sorprendemos y nos molestamos con que desde fuera nos llamen infantiles, idiotas útiles o utópicos. Pero ¿y qué esperamos, si gastamos más energía en mierdas internas que en pensar cómo y que podemos aportar a quienes decimos defender y por las cuales luchamos?

Basta de fingir pureza y vamos a construir una ética militante capaz de asumir el error sin hundirse en él. Saber pedir perdón cuando toca. Saber reconocer la razón cuando la tiene otra persona. Saber enfrentar consecuencias. Saber mirar de frente un conflicto sin convertirlo en espectáculo. Saber hablar claro sin destruir. Saber criticar sin humillar. Saber cuidar sin encubrir. Saber pelear sin perder el alma.

Frente al rumor, claridad.
Frente al beef, política.
Frente al ego-trip, proyecto colectivo.
Frente al miedo, responsabilidad.
Frente al punitivismo, reparación y límites.
Frente a la complacencia, crítica y autocrítica.

El anarquismo que me interesa es una práctica exigente de libertad, responsabilidad y organización y no una filosofia con superioridad moral encerrada en su gueto sin capacidad transformadora. Porque al final el problema es que queremos destruir el Estado, el capital y todas las formas de dominación pero ni siquiera somos capaces de destruir nuestras dinámicas miserables.

Un movimiento que no sabe mirarse al espejo está condenado a la derrota. Y yo estoy cansado de sostener derrotas decoradas con buenas consignas. Quiero una práctica anarquista que esté en la línea de frente de las luchas sociales y que se atreva a crecer, a corregirse, a pedir cuentas, a asumir errores pero también rebelde, audaz y sin perder nunca la ternura del alma ante la dureza del mundo.

Don Diego de la Vega, militante de Liza.

Referencias

Es muy significativo que, a pesar de la fuerza y el carácter indiscutiblemente positivo de las ideas libertarias, y a pesar de la rectitud e integridad de las posiciones anarquistas ante la Revolución Social y, por último, del heroísmo y los innumerables sacrificios de los anarquistas en la lucha por el comunismo libertario, el movimiento anarquista siga siendo, no obstante, débil, y ha aparecido, con mucha frecuencia, en la historia de la lucha de clases, como un acontecimiento menor, un episodio, y no como un factor importante.

Primer párrafo de la Plataforma. Introducción

[Versión en catalán: embat.info ]

En 1926, un grupo de exiliados rusos en París, constituido como grupo editorial de la revista Dielo Truda (La Causa de los Trabajadores), elaboró una propuesta de organización anarquista basada en cuatro pilares principales: unidad táctica, unidad teórica, federalismo y responsabilidad colectiva. Esta propuesta desató intensos debates en el seno del movimiento anarquista francés. Sin embargo, el texto iba precedido de una valiosa teoría revolucionaria.

Esta teoría se subdividía en tres secciones: una sección general, que era una declaración de principios; una sección constructiva, en la que se esbozaba cómo debía desarrollarse una sociedad liberada tras la revolución; y una sección organizativa, donde se desarrollaba la cuestión orgánica que hemos mencionado anteriormente.

La sección general desarrollaba sus posiciones sobre la lucha de clases, el anarquismo revolucionario y la revolución violenta; la definición y defensa del anarquismo y del comunismo libertario; el rechazo de la democracia burguesa; la negación del Estado y de la autoridad; el papel de las masas en la lucha social y en la revolución; el período de transición; y la relación entre el anarquismo y el sindicalismo. Todos estos eran temas de acalorado debate por derecho propio. No es casualidad que estuvieran impulsados por militantes revolucionarios endurecidos por mil batallas de la Revolución Rusa y por la experiencia makhnovista ucraniana. Esto no debe perderse de vista para comprender el documento en su contexto, así como las particularidades de su época y de su origen regional. Teniendo esto en cuenta, propusieron una reunión internacional para darle un carácter más global, y parece que la propuesta final habría incorporado considerables matices con respecto al documento original, pero el intento fue frustrado por la policía de París.

La sección constructiva no fue menos contundente en sus propuestas. La primera parte se titulaba «El problema del primer día de la revolución social» e intentaba responder al dilema de qué hacer una vez lograda la revolución, una vez derribado el edificio capitalista. La misión consistía en reconstruir el tejido productivo bajo el control de los trabajadores, así como en garantizar el consumo y la distribución de los productos que la sociedad necesita. Otra cuestión fundamental era la redistribución de la tierra, o cuestión agraria. Sin duda, abogaban por una producción basada en principios comunistas. El punto final se refería a la defensa de la revolución, donde proponían la necesidad de un ejército revolucionario de servicio voluntario y de disciplina revolucionaria libre, que estuviera enteramente al servicio de las masas de trabajadores y campesinos representadas en sus organizaciones sociales.

Una vez más, esto desencadenó numerosos debates colectivos de gran importancia estratégica para el movimiento anarquista de la época. De ahí surgieron los malentendidos y los incesantes ataques que recibió por parte de ciertos sectores del movimiento libertario.

Embat, OLC, nacida como Procés Embat en 2013, consideraba la Plataforma uno de los textos fundamentales que todo militante revolucionario debía conocer. En aquel momento, existían diversas organizaciones libertarias en Europa, África, América y Oceanía que se autodenominaban plataformistas o que eran «anarco-comunistas de la tradición de la Plataforma».¹

En Cataluña y en el Estado español apenas había un puñado de militantes anarquistas que habían leído la Plataforma, al menos hasta que comenzó a circular en internet en su versión inglesa o castellana, traducida por compañeras chilenas. Por eso Embat prefirió encuadrarse en un «anarquismo social y organizado». Defender el «plataformismo» podía sonar demasiado extraño para un público totalmente ajeno a ello.

Sin embargo, reconocimos que la Plataforma daba en el clavo en cuanto a los debates necesarios que el movimiento debía mantener, tal y como se expone tanto en la sección general como en la constructiva. Pero, al crear una nueva organización en una época en la que había pocas organizaciones y un movimiento no especialmente inclinado hacia ellas, nos centramos durante años en la parte organizativa, así como en la introducción, que ofrecía una visión crítica del panorama anarquista de la década de 1920, hace un siglo.

A lo largo de los años, desarrollamos nuestra Línea Política, que intenta abordar los debates fundamentales del movimiento. Los mismos debates que inspiraron al grupo Dielo Truda a elaborar el documento que ahora cumple su centenario. Llegamos a planteamientos muy similares a los del grupo ruso, aunque otros no lo fueron tanto debido a los cambios en la sociedad o a la influencia de otras propuestas, lo cual es lógico dado el paso del tiempo.

Por lo tanto, el hecho de que este texto cumpla su centenario y sea compartido y acogido por una gran parte del movimiento actual indica que nuestro movimiento anarquista se encuentra en medio de debates fundamentales para nuestra época. Las referencias están ahí, para quien quiera recuperarlas. Nuestra preocupación, al igual que la de Dielo Truda, es construir un movimiento anarquista sólido. Y, al igual que ayer, repetimos:

¡Viva la Revolución Social de las obreras del mundo!

1. 
   Leer «Anarkismo.net: 20 años tejiendo redes»
   https://www.anarkismo.net/article/34358 ︎