Renato Consuegra

El Verde Ecologista de México, un partido cachirul

2006-02-16T16:17:00.000-06:00

Cuenta con apenas el 8.91 por ciento del padrón de afiliados que el propio instituto político solicitó para los nuevos partidos en 2003; el número mínimo de militantes debe ser de 170 mil 788 y actualmente tiene 16 mil 668 miembros

Renato Consuegra

Cachirul se dice de alguien que no cumple con ciertos requisitos o presenta documentación amañada. Por ejemplo, en 1987 varios jugadores de la selección juvenil de futbol de México fueron sorprendidos con mayor edad de la reglamentaria y la sanción a nuestro país fue eliminarlo del Mundial de Italia; cachirules recientes fueron los toros del festejo del 29 de enero en la Plaza México. Algo parecido sucede con el Partido Verde Ecologista de México que sólo cuenta con el 8.91 por ciento de los afiliados que el propio instituto político propuso en 2003 para los nuevos partidos o la conservación del registro de los ya existentes.
El 28 de octubre de 2003 el Verde presentó una iniciativa en el Senado de la República a fin de incrementar al doble los requisitos para que las agrupaciones políticas obtengan su registro como Partidos Políticos Nacionales.
“Estamos ciertos que la formación de nuevos partidos políticos son la consecuencia de nuevas fuerzas que no tienen cabida en el marco ideológico y político de los partidos existentes. Pero también estamos ciertos que el registro de un nuevo partido político, debe ser el reconocimiento legal de una corriente política connotada y con una base social significativa”, decía la exposición de motivos.
Pero los verdes de Jorge Emilio González Martínez y su padre, Jorge González Torres, igual que los verdes de la selección mexicana de fútbol, no contaban con que sus propias trampas para bloquear a nuevos partidos se les pudieran revertir, ya que el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dice en su inciso C que son obligaciones de los partidos políticos nacionales “mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro”.
Es decir, que no sólo es fundamental obtener el 2 por ciento de los votos en cada elección para mantener el registro, sobre todo cuando se permite la posibilidad de formalizar alianzas como la recientemente hecha por este partido con el Revolucionario Institucional, sino que si se aplica literalmente el artículo antes citado, no sólo deben ser “una corriente política connotada”, sino demostrar en los hechos que cuentan “con una base social significativa”.
De tal forma, gracias a las reformas promovidas por el Verde, hoy el artículo 24 del COFIPE dice que los requisitos son “contar con 3 mil afiliados en por lo menos 20 entidades federativas, o bien tener 300 afiliados en por lo menos 200 distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso”.
Añade la norma electoral que “bajo ninguna circunstancia, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26% del Padrón Electoral Federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate”.
Así las cosas, el número mínimo de afiliados o militantes que debe tener todo partido político tras la elección federal de 2003, donde hubo 65 millones 688 mil 49 ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, se colige que es 170 mil 788 personas.
Pero resulta que de acuerdo con la escritura pública 20,952 de fecha 31 de octubre del 2005 —de la cual Vértigo tiene copia— el Notario Público 142, Daniel Luna Ramos, señala que una vez realizada la compulsa del padrón de militantes y del quórum de las asambleas estatales del instituto político, se desprende que el PVEM está integrado por apenas 16 mil 668 miembros.
De acuerdo con la compulsa solicitada por los asesores del PVEM, Fernando Garay Palomino y Enrique Aubry de Castro Palomino, en este escenario el partido de la familia González apenas logra tener cautivos al 8.91 por ciento de los afiliados que se necesitan para conservar el registro.
Es preciso recordar que el PVEM inicialmente sólo se llamó Partido Ecologista y no pudo mantener el registro en 1991, puesto que únicamente logró el 1.48 por ciento de la votación.
En 1993 con el nuevo nombre, se registró con 86 mil afiliados.
Y en este caso tampoco mantiene el número de militantes que tuvo al momento de su Asamblea Constitutiva —tendrían que ser 51 mil 582— lo que demuestra que contraviniendo sus propias declaraciones en aquella reforma electoral de 2003, esta corriente política no cuenta con base social alguna, por lo que inmerecidamente mantiene el reconocimiento legal.
El problema es que este partido familiar hace trampa con la protección de los órganos electorales que como hemos visto en sus últimas resoluciones, protegen a una élite política compuesta por gente ligada al poder económico. Y de ello han dado muestras tanto el órgano administrativo, el Instituto Federal Electoral que desde el 2 de diciembre pasado certificó las copias base de este reportaje, como el jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Gracias a esta protección el cachirul PVEM ha logrado obtener recursos del Estado mexicano por mil 614 millones 872 mil 770.58 pesos al 31 de diciembre de 2005.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

EL PARAJE SAN JUAN…LA CONSUMACIÓN DEL FRAUDE

2006-02-08T15:55:00.000-06:00

· Negligencia sospechosa de López Obrador y Alejandro Encinas, acusa Felipe Mondragón Corella, ex-asesor jurídico del GDF
· En mayo del 2004 se demostró que el predio nunca dejó de ser propiedad de la Nación, sin embargo, la Corte ordenó indemnizar a Arcipreste del Ábrego
· Inicialmente la reclamación era de 7,000 millones de pesos; posteriormente la SCJN la bajó a 1,810 millones de pesos
· El GDF no impugnó la resolución que condenó a pagar 60.4 millones de pesos en diciembre pasado
· El especialista señala que hubo graves omisiones del GDF en la atención del juicio

RENATO CONSUEGRA

Después de recorrer los principales diarios de todo el mundo, envuelto en la bruma del misterio, saturado de inexplicables incongruencias jurídicas y de egoístas motivaciones políticas, el controversial juicio del Paraje San Juan finalmente parece haber llegado a su conclusión, sin que el Gobierno del Distrito Federal nos explique a quiénes vamos a pagar con nuestros impuestos la cuantiosa indemnización, el por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó pagar a Enrique Arcipreste del Ábrego 60.4 millones de pesos por un predio que siempre ha sido propiedad de la Nación, según el título de propiedad que, en mayo del año 2004, le envió el Secretario de la Reforma Agraria al entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.
Quien así opina, es Felipe Mondragón Corella, que más que un testigo de los hechos, es uno de los principales actores en este polémico asunto, por haber tenido a su cargo la defensa del juicio del Paraje San Juan como asesor jurídico del Gobierno del Distrito Federal durante el año dos mil, además porque él fue el primero en denunciar que se trataba de un fraude, y también fue él quien aportó la solución jurídica para resolver el juicio que se tuviera que pagar ninguna indemnización, la cual no llegó a prosperar porque —según dice Mondragón Corella— López Obrador descuidó intencionalmente la defensa del juicio para politizar en su beneficio personal este asunto con miras a su campaña presidencial, aún a costa de que se tuviera que pagar la indemnización reclamada por Enrique Arcipreste del Ábrego, que a principios del año 2001 se estimaba en 6 mil 905 millones, 528 mil 057 pesos, y que para octubre de 2003, la Suprema Corte de Justicia había valuado en mil 810 millones de pesos —erróneamente— ya que a la luz de la resolución dictada el pasado 6 de diciembre de 2005 por la jueza Décimo Quinto en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Gabriela Rolón Montaño, la cantidad correcta del avalúo sólo alcanza los 60.4 millones de pesos.
Ante el inminente epílogo de este inédito caso, Mondragón Corella reseña en exclusiva para Vértigo los aspectos sobresalientes de la expropiación del Paraje San Juan y de sus imprevisibles consecuencias, que estuvieron a punto de ocasionar la destitución y consignación de Andrés Manuel López Obrador ante un Juez Federal, por desacato a un mandamiento judicial.

Irregularidades solapadas

— Al parecer, en este año electoral por fin tendrá su desenlace el juicio del Paraje San Juan, ¿podría contarnos como se inició este conflicto?
— Sí, desde luego; pero primero debo decir que de acuerdo con la Constitución General de la República, el juicio no puede concluir este año, ya que el artículo 126 establece que ninguna autoridad podrá efectuar ningún pago que no esté contemplado dentro del presupuesto, lo que significa que el pago de los 60.4 millones de pesos tendrá que dejarse pendiente para el año 2007, ya que aún cuando el artículo 105 de la Ley de Amparo establece un término de 24 horas para que las autoridades responsables den cumplimiento a las sentencias de amparo, el mismo precepto aclara que esto es sólo cuando la naturaleza del acto lo permita, más no cuando existe prohibición expresa de la constitución, como ocurre en este caso.
“Ahora bien, el Paraje San Juan se encuentra ubicado en la Delegación de Iztapalapa, en él se asientan más de veinte colonias, cuenta con una superficie de 309 hectáreas; y en cuanto al origen del conflicto legal, se remonta a la década de los años 40, en que empezó a poblarse de manera irregular por invasores que llegaron a aposentarse sin que el predio estuviera fraccionado, y por lo tanto sin contar con títulos de propiedad, ni servicios urbanos como pavimentación, drenaje, luz, ni agua potable. Esto motivó que los días 25 y 26 de julio de 1989 la Presidencia de la República promulgara en el Diario Oficial de la Federación un decreto expropiatorio, con el objeto de regularizar la propiedad de los predios a favor de sus ocupantes, para poder dotar de infraestructura y de servicios urbanos al Paraje San Juan.
“Varias personas que también se dijeron propietarias de algunas fracciones del Paraje San Juan se inconformaron de inmediato en contra del decreto expropiatorio mediante el juicio de amparo; pero en el caso de Enrique Arcipreste no sucedió así. Como en el decreto expropiatorio se estableció un plazo de diez años para pagar la indemnización a quienes demostraran ser propietarios del terreno, Enrique Arcipreste del Ábrego dejó pasar casi diez años, hasta que el 26 de agosto de 1998 demandó el juicio de amparo pero, no en contra del decreto expropiatorio, sino en contra de la supuesta abstención en que dice, incurrió el Gobierno del Distrito Federal, al no haberle pagado a su padre Arturo Arcipreste Nouvel, la indemnización por el predio expropiado.
“En este punto se inició un proceso judicial plagado de irregularidades e incongruencias legales, cometidas principalmente por los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son precisamente quienes debieran velar por el respeto a la legalidad, a la constitución y al Estado de derecho. Así tenemos por principio de cuentas: el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, en ese entonces José Gabriel Clemente Rodríguez, admitió la demanda de amparo promovida por Arturo Arcipreste Nouvel, sin que éste hubiera acreditado la propiedad de las 298 hectáreas cuyo pago reclamaba. Esto es un hecho inusitado porque por alguna extraña razón no lo hizo así, y le dio curso a la demanda basado sólo en un supuesto contrato privado de compraventa celebrado el 13 de noviembre de 1947 en el cual, supuestamente, Fernando Arcipreste Pimentel (el abuelo de Enrique Arcipreste del Ábrego) compró para su hijo, Arturo Arcipreste Nouvel —quien a la fecha ya era mayor de edad, y por lo tanto podía haber realizado la compra sin intervención de su padre— el predio conocido como Paraje San Juan.
“Aquí es donde empiezan a ser notorias las irregularidades del supuesto contrato de compraventa. En primer lugar, la supuesta operación de compraventa es nula de pleno derecho porque se realizó mediante un contrato privado, cuando el código civil dispone que tratándose de bienes inmuebles, todas las operaciones relativas deben celebrarse en escritura pública notarial.
“En segundo lugar, la supuesta compraventa es ilegal, porque Arturo Arcipreste Nouvel ya tenía más de 21 años de edad en la fecha que se asentó en el documento, y por lo tanto, la firma de su padre estampada en su representación, es completamente nula, puesto que Fernando Arcipreste Pimentel ya había perdido la patria potestad sobre su hijo Arturo Arcipreste Nouvel, al adquirir éste la mayoría de edad.
“En tercer lugar, Justino Granados quien aparece en el contrato como vendedor, jamás acreditó con ningún documento oficial ser el propietario del predio que se vendía.
“En cuarto lugar, en el supuesto contrato de compraventa no se precisaron las medidas y colindancias, como tampoco se especificó la superficie del terreno, razón por la cual, resulta completamente imposible saber dónde empieza o dónde termina el predio que se estaba vendiendo, así como su ubicación exacta.
“En quinto lugar, el contrato de compraventa que se presentó ante el Juez José Gabriel Clemente Rodríguez, aparece supuestamente certificado por un Juez Mixto de Paz, que no tiene fe pública ni cuenta con facultades para certificar contratos y por consiguiente dicha certificación no tiene ninguna validez legal.
“Por último, la supuesta certificación del contrato de compraventa también carece de validez legal porque se realizó sin que estuviera presente el supuesto vendedor Justino Granados.
“Es importante destacar el hecho de que por una sola de estas anomalías —cualquiera de ellas— el Juez José Gabriel Clemente Rodríguez debió haber rechazado la demanda de amparo, por lo que, con mayor razón debió haberlo hecho al existir tal abundancia de irregularidades.
“Sin embargo, lo más grave no fue que se haya admitido la demanda, sino que a pesar de que Enrique Arcipreste del Ábrego no demostró ser legítimo propietario del predio expropiado, con fecha 26 de octubre de 1998 el Juez Clemente Rodríguez le concedió el amparo para el efecto de que el GDF le pagara una indemnización que Arcipreste valuó en 6 mil 905 millones, 528 mil 057 de pesos, puesto que reclamó 3 mil 048 millones por 298 hectáreas de terreno, más otros 3 mil 858 millones de pesos, por todas las construcciones existentes en el Paraje San Juan.
“Es decir, que Arcipreste pretendía que el GDF le pagara una indemnización por todas las casas y edificios que él no construyó, ya que fueron construidas por los ocupantes del Paraje San Juan. ¡Y la Suprema Corte lo ha venido amparando todo el tiempo!
“En vista de ser una sentencia notoriamente ilegal e injusta, el GDF promovió el recurso de revisión pidiendo que se revocara dicha sentencia. De este recurso correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
“Lógicamente, el recurso de revisión que interpuso el GDF fue declarado improcedente y así, la sentencia del Juez Octavo de Distrito fue confirmada en ejecutoria de fecha 23 de junio de 1999.

Reclamo por 7 millones millones de pesos

— ¿Cuáles fueron los puntos relevantes de esa sentencia?
— Esencialmente, la sentencia que favoreció a Enrique Arcipreste del Ábrego, establecía que el GDF disponía de un plazo improrrogable de 24 horas para determinar el monto de la indemnización, lo que más que absurdo es ridículo, ya que es materialmente imposible realizar en 24 horas el avalúo de un predio que mide 298 hectáreas, y en el mismo plazo valuar también todas las casas y edificios existentes en dicho predio. En segundo término, y dentro del mismo plazo de 24 horas, el GDF debía efectuar el pago total de la indemnización, lo que me hace suponer que los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia creen que el dinero se da en los árboles por pretender que el GDF entregara de un día para otro, siete mil millones de pesos, que era la cantidad reclamada por Enrique Arcipreste.
— Cuál fue la reacción de la Corte ante el incumplimiento de la sentencia?
— Al no haber dado cumplimiento el GDF a la sentencia de amparo, se inició un Incidente de Inejecución de Sentencia, que manejó directamente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia con el número de expediente 76/2000, y ponencia del Ministro Juan Silva Meza, quien con fecha 19 de mayo del año 2000, requirió por última ocasión a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga, para dar cumplimiento a la sentencia, advirtiéndole que en caso de no hacerlo así en el plazo de 24 horas, la Corte procedería a decretar su inmediata destitución y sería consignada ante un Juez Federal como responsable del delito de desacato a un mandamiento judicial.
“Conciente de que el cumplimiento de la sentencia era materialmente imposible, aún en caso de contar con un plazo mayor, y que además la sentencia era legal pero injusta, Rosario Robles instruyó al área jurídica del GDF, para encontrar una solución apegada a Derecho. Y así se hizo. Silenciosamente, sin hacer ningún escándalo ni denostar a la Suprema Corte de Justicia, y sin amagar con la movilización social, pero sobre todo sin buscar el beneficio político personal, se inició la búsqueda de la solución para resolver el conflicto dentro del marco de la legalidad y el Estado de derecho, aún con el riesgo de que la entonces Jefa de Gobierno fuera destituida y consignada penalmente.
“Es necesario aclarar que el tomarse el tiempo necesario para buscar una salida legal a este problema, no implica de ninguna manera que se haya incurrido en desacato a la Suprema Corte, ya que el artículo 105 de la Ley de Amparo, dispone que la sentencia de un juicio de amparo deberá cumplirse en un plazo de 24 horas, pero sólo cuando la naturaleza del acto lo permita así, puesto que la ley no exige imposibles, pero además de ello, el artículo 126 Constitucional establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido dentro del presupuesto. Esto que significa, que las sentencias de amparo cuyo cumplimiento dependa de un pago que no haya sido considerado en el presupuesto, deberá quedar pendiente para el año siguiente, a fin de que la autoridad responsable pueda incluirlo en la próxima partida presupuestal, y para evitarse incurrir en responsabilidad, solamente debe informar y demostrar al juzgador que la sentencia se encuentra en vía de cumplimiento.

El recurso de incidencia

“Así las cosas, a fines de mayo del 2000, se me encomendó la defensa legal del juicio entablado por Enrique Arcipreste en contra del GDF, con instrucciones precisas de que se tenía que encontrar la forma de evitar el pago, teniendo como fecha límite el 30 de octubre de ese año, puesto que en caso de no encontrar la forma de rescatar el juicio, el pago de la indemnización tendría que incluirse en el presupuesto del año 2001, con la debida anticipación para ser aprobado oportunamente por el congreso local.
“Afortunadamente, la solución llegó antes de esa fecha.
“El día 3 de agosto del año 2000, la Jefa de Gobierno del Distrito Federal presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso legal que no tenía precedentes en el derecho positivo mexicano: La Denuncia de Incidencia.
“Al recibir la denuncia de incidencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó de inmediato suspender los requerimientos de pago de otros juicios de amparo relacionados con el Paraje San Juan, hasta en tanto se resolviera el recurso promovido por Rosario Robles, puesto que así lo había solicitado la Jefa de Gobierno.
— Con la denuncia de incidencia se pretendía anular la sentencia del juicio de amparo que le daba la razón a Enrique Arcipreste?
— La denuncia de incidencia jamás pretendió anular la sentencia de amparo que protegió a Enrique Arcipreste. Esto era jurídicamente imposible puesto que ya era cosa juzgada cuando se inició este recurso, sólo se trataba de precisar los efectos del fallo protector, porque la sentencia se dictó en forma tan deficiente que no precisó su alcance legal.
“Al llegar la nueva administración al GDF el 5 de diciembre de 2000, con Andrés Manuel López Obrador en la Jefatura de Gobierno, inexplicablemente fui retirado del caso y se dio por terminado mi contrato, por lo que ya no tuve oportunidad de seguir en forma directa el desarrollo de la Denuncia de Incidencia, sin embargo, acudía por mi cuenta al juzgado para revisar las listas de acuerdos, y pude percatarme de que la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal a cargo de María Estela Ríos González, había abandonado por completo la defensa del juicio, ya que no se le dio seguimiento a la denuncia de incidencia, lo que motivó que el 7 de febrero del año 2002, el GDF pagara 31 millones de pesos a Francisco Arteaga Aldana, quien también se dijo propietario de una fracción del Paraje San Juan. Este pago jamás debió hacerse puesto que la Corte ya había ordenado suspender ese trámite al admitir la denuncia de incidencia.
“Felizmente, a pesar de que los abogados de López Obrador descuidaron el seguimiento de la denuncia de incidencia, esta fue declarada procedente por la Suprema Corte de Justicia, mediante resolución del 14 de marzo de 2002; y se ganó gracias a la solidez de su planteamiento y fundamentación legal, más no por la intervención —ya que no la hubo— de la administración a cargo de López Obrador; y el resultado fue demostrar a la Corte que la suma de tres predios de distintos reclamantes, rebasaba con mucho la superficie total del Paraje San Juan, por lo tanto, resultaba evidente la falsedad de los supuestos títulos de propiedad, incluido el de Enrique Arcipreste del Ábrego.
“Pero, nuevamente el descuido y la negligencia de López Obrador anularon el resultado de este triunfo. También hay que reconocer el mérito de la Suprema Corte en esta sarta de ilegalidad e incongruencias.
“El día 5 de julio del 2002, el Ministro Juan Silva Meza, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, emitió una resolución mediante la cual determinó, que si bien, la reclamación de pago de Enrique Arcipreste era por 298 hectáreas, y que aún cuando gracias a la denuncia de incidencia se demostró que no podía ser dueño de tal extensión de terreno porque esa superficie se sobreponía con otros predios, de todas formas debería pagársele la superficie restante, la cual se determinó aritmética, pero no topográficamente, en 27:20 hectáreas; es decir, que el terreno cuyo pago reclama Enrique Arcipreste se redujo a menos del 10%, con el mismo título de propiedad.
— Que significa que la Suprema Corte haya determinado aritméticamente la superficie del predio en lugar de hacerlo topográficamente?
— Esto quiere decir que con la denuncia de incidencia que promovió la Jefa de Gobierno ante la Suprema Corte, quedó plenamente demostrado que Enrique Arcipreste no era el propietario del Paraje San Juan, puesto que había otros sedicentes propietarios que habían reclamado la propiedad de otros predios ubicados dentro de la misma poligonal envolvente del Paraje San Juan, lo que en topografía se denomina “traslape”, es decir, la sobreposición de dos o más predios en una misma superficie, los que en conjunto cubrían un total de 281:80, de las 309 hectáreas que comprende el Paraje San Juan. Por lo tanto, solamente restaban 27:20 que no tenían dueño conocido, así que con la evidente finalidad de favorecer a Enrique Arcipreste, la Corte resolvió que se le pagara la indemnización correspondiente a esas 27:20 hectáreas, no obstante que el contrato de compraventa que presentó como prueba de su propiedad, amparaba una superficie de 298 hectáreas. Luego entonces, la superficie del predio que la Corte le adjudicó a Enrique Arcipreste se determinó aritméticamente, restando las hectáreas que tenían un supuesto propietario a la superficie total del Paraje San Juan, y como el resultado final fue de 27:20 hectáreas, la Corte resolvió que el GDF debía indemnizar a Enrique Arcipreste por esas 27:20 hectáreas y no por las 298 que reclamó inicialmente. ¡Algo verdaderamente inaudito!
— Y que sucedió con la validez jurídica del título de propiedad? ¿Es válido legalmente un título de propiedad que ampara 298 hectáreas, para reclamar menos del 10% de esa superficie?
— No, no lo es. Si un título de propiedad que ampara una superficie distinta del predio a que se refiere, aún cuando sólo sea por centímetros, queda anulado automáticamente; y para regularizarlo, se deben promover diligencias judiciales de apeo y deslinde, con mucha más razón en este caso, cuando la diferencia existente entre el documento y el predio es de 2 millones 70 mil metros cuadrados y no de unos cuantos centímetros.
“Pues bien, así como es de notoria la ilegalidad e incongruencia de esta resolución, es obvio suponer que sería muy sencillo corregirla mediante la interposición del recurso legal procedente; sin embargo inexplicablemente López Obrador jamás la impugnó, así que siendo como es de arbitraria y antijurídica, esa resolución ya quedó firme y como consecuencia de este descuido —si es que se trató de un descuido— el GDF tendrá que pagar con el dinero de nuestros impuestos la indemnización que exige Arcipreste.

Desatención del GDF de AMLO

— Es posible que los abogados del GDF hubieran ignorado que se había promovido la denuncia de incidencia?
— No, no existe ninguna posibilidad de que López Obrador o sus abogados desconocieran la existencia de ese recurso, debido a que cuando tomó posesión de su cargo, recibió toda la información y la documentación respectiva con el acta de entrega-recepción, y además, porque aun cuando ya no trabajaba yo para el GDF, desde mediados del año 2001 hasta principios del 2002, yo personalmente entregué varios informes por escrito al Secretario General de Gobierno, Agustín Ortiz Pinchetti, a la Consejera Jurídica María Estela Ríos González, al Director de Servicios Legales José de Jesús García Cuevas, y al Secretario de Finanzas Gustavo Ponce Meléndez. En esos informes, les hice saber en primer lugar que el título de propiedad que exhibió Arcipreste del Ábrego es apócrifo, y que su reclamación era improcedente; también les advertí que se había abandonado el seguimiento de la denuncia de incidencia
— Cuál fue el resultado de los informes que usted entregó a esos funcionarios?
— Ninguno. No hubo ningún resultado favorable. A pesar de que aún estaba en trámite la denuncia de incidencia, y de que yo les había informado por escrito que se trataba de un fraude y que el pago era improcedente, el GDF continuó los trámites conducentes a pagar la indemnización. Es decir, que a pesar que la Suprema Corte ya había ordenado suspender la tramitación del juicio, los abogados del GDF siguieron practicando varias diligencias, entre ellas los avalúos del predio, y cuando concluyeron los avalúos, López Obrador autorizó el pago de mil 810 millones de pesos a Enrique Arcipreste, tal como el propio López Obrador lo reconoció el 30 de octubre del 2003 ante todos los medios de difusión.
“Esto sucedió el 21 de febrero de 2002, y por supuesto, sin hacerlo del conocimiento de la opinión pública. López Obrador había autorizado el pago de la indemnización por mil 810 millones de pesos calladamente, “en lo obscurito”.
“En vista de que el pago era ya inminente, decidí salir de la esfera del GDF porque ahí nadie hacía nada por evitar el pago, y presenté sendas denuncias ante la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Gobernación. El resultado fue el mismo: nadie quiso intervenir para evitar el fraude.
"Decepcionado de las autoridades decidí denunciar el fraude ante la opinión pública, por lo que acudí a varios medios que se rehusaron a publicar la información, hasta que por fin, el 17 de diciembre del 2002 el diario Milenio publicó mi denuncia, lo que motivó que el GDF buscara una justificación, y el 23 de junio de 2003, López Obrador declaró que ya habían descubierto que se trataba de un fraude, pero esto lo dijo seis meses después que yo lo hice público, y sin embargo, ni aún así trató de evitar el pago, sino que únicamente hizo una simulación de defensa con declaraciones ante los medios de difusión, para ganar una popularidad basada en mentiras, mientras que el juicio seguía abandonado.

Predio propiedad de la Nación

“En mayo del 2004, el Secretario de la Reforma Agraria Florencio Salazar Adame, declaró que había encontrado el Título de Propiedad del Paraje San Juan y que en el mismo aparecía que el predio nunca había dejado de ser propiedad de la Nación, por lo tanto, es obvio que no podía ser propiedad de Enrique Arcipreste del Ábrego.
“Evidentemente, con ese documento López Obrador podía haber anulado la resolución de la Suprema Corte que le ordenó indemnizar a Enrique Arcipreste, pero no lo hizo en su momento, y la consecuencia es que ahora el título de propiedad ya no es apto para tal efecto, puesto que ya transcurrieron casi dos años desde que se tuvo conocimiento de su existencia. Así que ahora López Obrador tiene que explicarnos por qué obscuros intereses no hizo valer el título de propiedad ante la Suprema Corte.
— El 29 de octubre del 2003 López Obrador declaró que él había autorizado el pago de la indemnización porque la Consejera Jurídica María Estela Ríos González le envió un oficio avalando con su firma la procedencia del pago, ¿es eso correcto?
“Esa es otra mentira de López Obrador. Si fuera verdad que la Consejera María Estela Ríos le hizo llegar ese oficio, y el error hubiera sido de ésta, López Obrador la hubiera despedido de inmediato, además de fincarle una responsabilidad en la Contraloría del GDF. El hecho de que María Estela Ríos sigue desempeñando el mismo cargo hasta la fecha, demuestra sin lugar a dudas que actuó bajo consigna de su jefe, o sea el mismo Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que quien controlaba ese expediente era el Secretario de Finanzas del GDF Gustavo Ponce Meléndez 'el tahúr de las Vegas', con la aprobación de René Bejarano, que era el Secretario Particular de López Obrador”.
"Finalmente, tenemos que el 6 de diciembre del 2005, la Juez XV de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal María Gabriela Rolón Montaño, redujo el monto de la indemnización de mil 810 millones de pesos, a sólo 60.4 millones, que en apariencia es un considerable ahorro, pero si tomamos en consideración que el Paraje San Juan nunca dejó de ser propiedad de la Nación, esto nos lleva a la conclusión de que no hay ninguna razón que justifique hacer ese pago a un particular; pero como esta ocasión Alejandro Encinas consintió esta resolución por no haberla impugnado dentro del plazo legal, al igual que antes lo hizo López Obrador, esta resolución quedó firme y hay que pagar por una deuda que no existe. Fraudis Consumatum Est".

Las redes ciudadanas, maquinaria electoral que va por el “carro completo”

2005-12-16T16:21:00.000-06:00

Renato Consuegra

Inicialmente planteadas como una forma de potenciar la escasa y poco operativa estructura electoral perredista en todo el país, las redes “ciudadanas” de apoyo a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador se transformaron ya no sólo en una agrupación paralela al PRD para ganar la elección presidencial de 2006, sino en una maquinaria electoral cuyo tercer objetivo es construir una mayoría que le de el respaldo necesario en el Congreso de la Unión, a fin de poder realizar las reformas constitucionales que le permitan tener mayores márgenes de gobernabilidad como en la era priísta previa a los tecnócratas.
Sin embargo, hoy los perredistas de viejo cuño, aquellos que se formaron en la izquierda o participaron en la fundación del partido, ven con cierta impotencia cómo el pragmatismo que presumen los llevará al poder, a la vez, los separa del partido, y al interior del PRD comienzan a mostrar su “callado” descontento.
Sobre todo porque a ese aproximadamente 70 por ciento de integrantes de las redes “ciudadanas” que harán del PRD un nuevo PRI en el caso de que ganen la elección de 2006, recientemente les restaron espacios para las candidaturas uninominales y plurinominales por la alianza con los partidos del Trabajo y Convergencia.
Un estudio en nuestro poder, realizado por estos perredistas en alerta máxima, destaca que los coordinadores del neoperredismo son cinco: Socorro Díaz Palacios, Manuel Camacho Solís, Adán Augusto López (sustituyó a César Raúl Ojeda Zubieta, quien competirá nuevamente por la gubernatura de Tabasco), José Agustín Ortiz Pinchetti y Ricardo Monreal Ávila.
La idea de López Obrador y su primer equipo“compacto”, al que se integró Federico Arreola Castillo, fue dividirse el trabajo por circunscripciones para sumar gente no tanto a sus redes, como lo hicieron en el proceso de 2000 los Amigos de Fox, sino de buscar y lanzar a candidatos con estructura electoral y trabajo en las bases, que le hagan la campaña al candidato presidencial.
Pero, que, a la vez, estos candidatos tengan grandes posibilidades de ganar en sus distritos, porque advirtieron que la carencia de estructura del PRD y las antipatías que estos tienen en algunos estados de la República, no les permitiría convertir en votos la simpatía generada por la figura de López Obrador.
Entonces, lo que empezaron a buscar fueron perfiles ganadores, sin importar que podrían ser priístas, panistas, petistas, ex de Convergencia o funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.
A esta labor se han dedicado los operadores políticos de López Obrador: Socorro Díaz en Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora; Manuel Camacho en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Adán Augusto López trabaja en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco; Ortiz Pinchetti en el Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y; Ricardo Monreal en Guerrero, Estado de México y Michoacán.

Puesto de mando

De acuerdo con la información obtenida, el puesto de mando de la campaña de Andrés Manuel López Obrador está compuesto de, por los menos tres círculos muy cercanos.
Su primer equipo compacto, en el que destacan el ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, quien se encarga de buscar el acercamiento con los expriístas e, incluso, con los actuales gobernadores del PRI, que en un momento dado, si la candidatura de Roberto Madrazo no tiene posibilidades de triunfar, pudieran jugar sus canicas, entendidas estas como estructura y candidatos, a partir de marzo con el candidato del PRD.
Muchos dicen de Monreal que no sólo es su enlace político, sino que por el ánimo integracionista y apertura política, Monreal es como el Secretario de Gobernación de la campaña.
El caso de Manuel Camacho no es diferente. Sin duda, es uno de los pilares de la estrategia lopezobradorista. Pero además de la relación en los estados que le corresponden dentro de la estrategia nacional, Camacho se dedica al orden internacional. Él es quien va a los Estados Unidos a tocar las puertas de las grandes empresas transnacionales, a los periódicos, etc.
Pero también otro de los que operan a López Obrador es su hermano Pío. Fue él quien organizó la primera de las redes ciudadanas en Tabasco. Participa también en las reuniones de todos los martes en la casa de campaña. Es de los que no se ven, de los que no aparecen públicamente, pero tiene voz y voto en las decisiones del primer círculo.
Este primer círculo lo completan el encargado de la logística de las giras, su ex secretario particular en el Gobierno del Distrito Federal y sustituto de René Bejarano, Alejandro Esquer, y el responsable de los recursos para la campaña, el actual secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Arturo Herrera, quien para no incurrir en irregularidades en su trabajo como funcionario público, aprovecha los fines de semana para “acordar” muy discretamente con López Obrador, incluso cuando el candidato anda de gira.

Consejo Consultivo

Un segundo círculo alrededor de Andrés Manuel López Obrador es el integrado por los miembros del llamado Consejo Consultivo para la campaña, liderado por Porfirio Muñoz Ledo, donde hay perredistas, pero sobre todo un grupo de ex priístas que serán, sin duda alguna, los acaparadores de los primeros lugares en las listas plurinominales para las diputaciones y senadorías, además de algunos que se podrían colar al gabinete.
Entre los perredistas se encuentran la ex cardenista Ifigenia Martínez, Saúl Escobar, Jorge Calderón y Alfonso Ramírez Cuellar.
Y personalidades que se hicieron y tuvieron cargos importantes como priístas, tal es el caso de Roberto Campa Cifrián, carcano a Elba Esther Gordillo; Enrique Ibarra Pedroza, ex precandidato a gobernador de Jalisco y representante del PRI en el IFE, además de diputado federal; Ignacio Ovalle, ex diputado federal y José Ángel Pescador, ex secretario de Educación Pública.
Pero también se encuentra en ese grupo gente como Mariclaire Acosta, ex subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Víctor Flores Olea, Agustín Basave, ex presidente de la Fundación Colosio; David Ibarra Muñoz, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, José Agustín Ortiz Pinchetti, ex secretario general de Gobierno del DF, ex consejero y operador de las redes ciudadanas; Yeidckol Polevnsky, presidenta de la Canacintra y ex candidata del PRD al gobierno del Estado de México; Enrique Semo, escritor y ex secretario de Cultura del DF, y Alfonso Sánchez Anaya, ex gobernador de Tlaxcala y su esposa, la senadora Maricarmen Ramírez.

Consejo de asesores

El 11 de octubre Andrés Manuel López Obrador anunció la integración de un consejo de asesores de su campaña política, que es considerado como la materia gris de la campaña, el cual está conformado por Juventino Castro y Castro, ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asesorará a López Obrador en materia de estado de Derecho; Enrique González Pedrero, será sus ojos en lo que corresponde a política interior; Luis Villoro le brindará asesoría en todo lo concerniente a la materia social; la escritora y periodista Elena Poniatowska lo hará en un ramo muy importante y que le puede hacer llegar muchos votos, como es la cultura; José María Pérez Gay enfocará sus aportes en asuntos de política exterior; y Rogelio Ramírez de la O será el visor prospectivo de los asuntos económicos, todos ellos coordinados por el abogado Javier Quijano.

Molestia perredista

Una pieza importante en todo el esquema del equipo de campaña y las redes creadas por López Obrador lo es sin duda Leonel Cota Montaño, su enlace con el partido, porque si bien el PRD por sí solo no le garantiza el triunfo electoral, un desmembramiento temprano del instituto político o un alejamiento de la izquierda que aún pervive, serían catastróficos para el 2 de julio de 2006.
Es Cota quien en los últimos días ha logrado sortear las molestias de los perredistas como Guadalupe Naranjo, secretario general del partido ligado a Jesús Ortega, pues fue sacado de la reunión donde acordaron la alianza con Convergencia, y es la fecha que no sabe bien a bien cuáles fueron los acuerdos entre Dante Delgado, López Obrador y la presidencia del PRD.
Tal molestia se tradujo en que para aprobar la alianza, estuvieron a punto de perderla, pues la votación fue de 9-8 en el Comité Ejecutivo Nacional.
Una situación similar sucedió tres semanas atrás cuando Cota quería modificar los acuerdos del Consejo Político para los Distritos Reservados para miembros del PRD, pues ya tenían aprobados 108 distritos base, de los cuales no iba a tocar ni uno sólo para los acuerdos de López Obrador.
Y todo porque querían trastocar aquellos acuerdos para abrir 56 candidaturas para Convergencia.

La estructura electoral

De hecho la estrategia electoral visualizada a partir de las redes “ciudadanas” se ha comenzado a conformar, por ejemplo, con varios ex candidatos a gobernadores que perdieron en sus estados, pero tienen detrás suyo un trabajo electoral reciente, estructura y, por tanto, una buena cantidad de votos probables sobre los que habría que imponer la figura de López Obrador.
De tal forma, para el senado ya se han destacado Dante Delgado por Veracruz, Layda Sansores por Campeche, Juan Ignacio García Zalvidea, apenas salga de su conflicto penal, en Quintana Roo; Luis Walton en Guerrero, Gabino Cué en Oaxaca, Jesús Orozco Alfaro en Colima, Máximo Gámiz en Durango, Yeidckol Polevsnky en el Estado de México, además de otros personajes como el ex secretario particular del presidente Vicente Fox, AlfonsoDurazo Montaño, quien iría por Sonora, aunque busca la posibilidad de no hacer campaña e ir a las plurinominales.
El mismo caso sucede con los probables candidatos a diputados, donde gente con estructura por sus actividades recientes, están coordinando las redes en los estados, como sucede con el ex priista Benjamín Granados Garnica, ex delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria durante más de 10 años, en Campeche; o Jorge Zarzoza, ex presidente del PAN en Gómez Palacio; o Soledad Ruiz, ex lideresa del PRD con sus derechos partidistas suspendidos, en Durango.
Es el caso también de Gilberto Parra, ex presidente del PRD en Jalisco, ex diputado federal y hoy dirigente del movimiento Braceroproa; del ex subsecretario de Gobernación y ex diputado federal priísta en San Luis Potosí, Juan Ramiro Robledo; de Juan Manuel Viedas, ex líder estatal de Convergencia; de Luz María Beristáin, ex presidenta del PRD en Quintana Roo y Miguel Ángel Navarro en Nayarit, quien ahora iría por una diputación federal, luego de su derrota como candidato a gobernador por el PRD, siendo senador priista.
Incluso, existe una versión que no se ha podido confirmar dentro del PRD, de que tanto Ricardo Monreal como Manuel Camacho Solís han buscado a personajes importantes del PRI, alejados hoy de Roberto Madrazo, quienes con su sola presencia podrían atraer a sus simpatizantes, que no son pocos, como son sus ex presidentes Genaro Borrego Estrada y Dulce María Sauri Riancho.
Es decir, López Obrador ha abierto los brazos a todo aquel que se acomode en su estructura con una única intención: ganar, y ganar, como en el viejo PRI, con carro completo.

México en la ruta de la revolución bolivariana

2005-11-29T01:47:00.000-06:00

Enfrentamiento por el 2006

Publicado en la revista Vértigo

La carencia de tacto político del presidente Vicente Fox fue la cereza del pastel para el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Porque el desencuentro entre el presidente de México y el venezolano durante la iv Cumbre de las Américas, efectuada en Argentina, está claro que no es por mucho un asunto de diferencias diplomáticas por el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.
Nada más lejano que eso. Tiene que ver con un proceso político de mayor envergadura a nivel latinoamericano, y de la máxima prioridad en México por el proceso electoral de 2006.
El asunto tiene anclaje con la estrategia chavista de llamar la atención sobre el proyecto de la revolución bolivariana que desea exportar a los países de América Latina, pues frente a las elecciones que se realizarán en 2006 (México, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, Perú y Venezuela) existe el plan de que 75% del hemisferio se convierta en “gobiernos de izquierda”.
Pero también tiene que ver con la alianza llamada por los operadores políticos de George W. Bush como el Eje del Mal, es decir, con los gobiernos de Cuba y Venezuela, quienes invocando los afanes intervencionistas de Estados Unidos recurren a la misma estrategia de aquellos a quienes critican para imponer sus visiones parciales del mundo.
De tal forma que así como el gobierno estadunidense ha financiado gobiernos de gorilas y golpes de Estado en los países latinoamericanos y de otras latitudes a través de la Agencia Central de Inteligencia (cia), o con invasiones directas como actualmente sucede en Irak, anteriormente Cuba lo hizo con los escasos recursos que le quedaban por la colaboración rusa, cuando buscó exportar la Revolución Cubana lo mismo a Centroamérica o África. Hoy, con el motor económico de la Venezuela chavista, los dirigentes de ambos países procuran extender en América la revolución bolivariana.
De tal forma que así como ha sido reprobable la intromisión de Estados Unidos en los asuntos de México —incluido el financiamiento de campañas como se presume fue la del actual presidente, Vicente Fox— de la misma forma lo es, hoy, la de Cuba y Venezuela.
Se perdió el respeto
Pero antes un paréntesis. Cuba se guardó de entrometerse en los asuntos de nuestra nación por respeto inicialmente al general Lázaro Cárdenas y, más adelante, al capitán Fernando Gutiérrez Barrios, por la protección que ambos ofrecieron a Fidel Castro cuando fue detenido en 1956, meses antes de su partida en el yate Granma para internarse en la Sierra Maestra y hacer la revolución.
De hecho, con la complacencia de los círculos diplomáticos, de inteligencia y policiales mexicanos, durante muchos años actuaron en nuestro país los servicios de espionaje cubanos, que realizaron actividades delincuenciales para obtener recursos y financiar guerrillas como la sandinista en Nicaragua, de acuerdo con el relato realizado por Jorge Masetti en su libro El furor y el delirio: Itinerario de un hijo de la revolución cubana (Tusquets, 1999).
Pero fallecieron Cárdenas y Gutiérrez Barrios, y también asumió el gobierno mexicano un partido diferente al pri, con lo cual terminó el romance diplomático que hoy La Habana parece haber reiniciado con un nuevo-viejo pri, el que se adueñó del prd.
Injerencia internacional
Versiones de inteligencia internacional —no sólo la de Estados Unidos— detallan la “ayuda” económica que el gobierno de Venezuela entregó a la campaña presidencial del Partido del Trabajo en Brasil para llevar a la presidencia a Luis Inacio Lula da Silva.
No pocos mencionan la “colaboración” chavista en las revueltas de los líderes cocaleros en Bolivia. Y no menos sospechosa es la cercanía con Daniel Ortega en Nicaragua y Néstor Kirchner de Argentina, en esta especie de bloque que se conforma en el hemisferio junto con Uruguay y Chile, al grado que sus impulsores aseguran que antes de 2010, 75% del continente estará gobernado “por la izquierda”.
En el caso de México, aunado a los resbalones diplomáticos del presidente Vicente Fox y su equipo de colaboradores que llegaron al enfrentamiento con Cuba y Venezuela, hace algunos años también evaluaron el surgimiento de Andrés Manuel López Obrador como probable candidato presidencial; entonces comenzaron a apostarle.
La estrategia se circunscribió, por un lado, al golpeteo del gobierno de Fox y, a la vez, al apoyo del gobierno del Distrito Federal.
Cercanía GDF-Venezuela
Desde el anterior embajador venezolano, Lino Martínez, se inclinó la balanza de Caracas por un candidato a la presidencia de la república, pues antes de retirarse dijo que Andrés Manuel López Obrador era un rayo de luz para los ciudadanos mexicanos, frase que el ex gobernante del df retomó para asumirse como el “rayito de esperanza”.
Tal cercanía de la Venezuela de Chávez en México con el prd y sus principales candidatos, López Obrador y Marcelo Ebrard, no podía ser más evidente, ya no sólo tras la intervención del ex embajador Vladimir Villegas en un acto de conmemoración del asalto al cuartel Moncada el pasado 24 de julio, en el cierre del Festival Todo Cuba en Coyoacán, sino en la despedida que militantes del prd dieron la noche del lunes 14 al ex representante de ese país.
En Coyoacán, aquel domingo de julio, Ebrard dijo: “Que no se nos olvide, compañeras y compañeros. Si algún pueblo puede compartir el ideal de Bolívar es México y por eso tienen la recepción que tienen”.
De manera “circunstancial”, aquel domingo inició transmisiones para América Latina el canal multiestatal Telesur, que cuenta con aportaciones de capital de los países que han conformado el frente de izquierda en el Cono Sur: Venezuela, Argentina y Uruguay, además de Cuba.
En Caracas, la apertura fue encabezada por Hugo Chávez, su principal impulsor.
Ese día Marcelo Ebrard comentó en Coyoacán: “Nos da mucho gusto la noticia de que vamos a tener Telesur, o sea, un canal latinoamericano para todos los latinoamericanos, porque la información que a nosotros nos llega a México es la que quiere Estados Unidos, no lo que ustedes están haciendo”.
Y luego de asegurar que “nosotros tenemos ahora un gobierno federal vergonzante, enemigo de Cuba y Venezuela”, prometió seguramente en nombre de López Obrador que “el año que entra vamos a corregir que ese gobierno vergonzante ya no esté, vamos a tener un gobierno digno que defienda a América Latina”.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Los Panchos Villa van contra AMLO

2005-05-11T00:43:00.000-05:00

Si se les cuestiona por qué son violentos, aceptan serlo sólo al responder a una agresión; si se les ubica como la disidencia, afirman no haber traicionado los principios que los formaron; si se les toma como brazo golpeador de algún grupo de interés gubernamental, señalan haber sido ellos los atacados; si se les censura por pretender hacer de sus colonias ciudades sin ley, alegan tomar en sus manos la seguridad para beneficio de sus propios hijos.
El caso es que los integrantes del Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI), dicen que se encuentran en pie “para continuar dando lata” y propiciar que el Gobierno del Distrito Federal les cumpla sus demandas, y una de sus prioridades es, precisamente, hacer del predio Las Calabazas en las faldas de la sierra de Santa Catarina, un corredor educativo y parque ecológico.
El 23 de junio fueron desalojados del lugar que comprende 560 hectáreas, pero aseguran que “mientras haya negligencia y falta de atención a nuestras demandas, nos vamos a seguir moviendo. No nos amedrentamos; el FPFVI está completo, no nos tocaron un pelo (en el desalojo) y los grupos que formamos el frente están concientes que el Gobierno del Distrito Federal no responde a sus demandas”, explica Gerardo Meza, encargado de la Comisión de Prensa y Difusión.
Y como respuesta a la falta de atención, a diferencia de sus pares del Frente Popular Francisco Villa de tendencia perredista, “se le hace ver a la gente que no se vaya con el fenómeno de la campaña electoral. En el caso de El Peje le hacemos ver que se fije en lo que sucede en la ciudad”.
Incluso, luego de hacer notar su negativa a establecer cualquier tipo de relación ideológica con los partidos políticos con registro y sin él, porque “nosotros buscamos el poder popular debido a que ningún partido representa nuestras demandas”, afirman que Andrés Manuel López Obrador “no va a cambiar las estructuras, ni de manera radical el sistema existente. Por lo tanto, no es una alternativa para nosotros. Quiere quedar bien con todos, por eso le decimos a la gente que no se vayan con la finta, porque no es quien plantea ser”.

Historia y escisión

Al ser desalojado en 1983 un grupo de colonos de la zona Las Minas, en Santa Catarina, se vincularon con el primer antecedente político estudiantil del Frente, llamado Comité Coordinador Estudiantil (CCE), en el Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente, que más tarde en las aulas de Ciencias Políticas de la UNAM se convertiría en el Frente Estudiantil Universitario. Este grupo organizó a esa gente y constituyó la cooperativa Allepetlalli.
Así, de manera casi fortuita, comenzó a funcionar una organización de la cual más adelante surgieron varios grupos de gestoría, atendidos por gente como Elí Homero Aguilar Ramírez, Pedro Jara, Jaime Enrique Reynoso Esparza, Sonia Peralta, Agustín González Cázares, Alejandro El Grandote López Villanueva y su hermano y Adolfo, Rosario Hernández Aldaco, José Jiménez Magaña, José Luis Rubio y Ana Estela Aguirre, entre otros.
Algunos de estos activistas también formaron parte del Ala Brigadista del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de 1988, cuyas cabezas eran Carlos Imaz, Imanol Ondorica, Antonio Santos y Martí Batres, entre otros.
El 4 de noviembre de 1988 alrededor de 7 mil familias que cuatro meses antes habían acudido con ellos para formar una cooperativa de vivienda en el kilómetro 4.5 de la carretera al Ajusco, fueron desalojadas del predio llamado Lomas del Seminario, en la delegación Tlalpan.
Llevados una parte de los colonos al sindicato de las costureras en San Antonio Abad y otros regresados a sus lugares de origen, los brigadistas trasladaron a unas mil familias a las “islas” de la UNAM, desde donde presionaron al nuevo gobierno para reubicarlos.
A la vez, el entonces rector Jorge Carpizo se comprometió a apoyarlos si se sacaba el conflicto que mantenía en huelga a la UNAM. Sin embargo, al verse burlados, aprovecharon la primera comparecencia del Jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, para tomar por asalto las instalaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, propiciando una negociación en febrero de 1989, que llevaría a la construcción de 900 viviendas para diversas organizaciones populares, entre las que estaban el Frente Popular Independiente Lomas del Seminario, la Asociación Civil Tlaltenco, habitantes de las Colonias Belvedere y López Portillo y las cooperativas de vivienda Tepetatli, Ce Cualli Ohtli y Huasipungo.
El primer permiso para construir 170 viviendas se los entregó ni más ni menos, el actual secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y precandidato a la Jefatura de Gobierno, Marcelo Ebrard, cuando era secretario de Gobierno de Manuel Camacho Solís en 1989, al darles las primeras legalizaciones de terrenos invadidos.
De esta forma, y al ver la fuerza que tenían al marchar unidos, el 12 de febrero de 1989 decidieron formar el Frente Popular Francisco Villa, escogiendo el nombre de este revolucionario por su rebeldía, y resolvieron adoptar una postura antielectoral; es decir, no ser parte de la oposición oficial como el PRD en formación por aquellos días, del Partido del Trabajo (PT) o del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)”.
En mayo de 1994 hubo un enfrentamiento con los granaderos en las instalaciones del CCH-Oriente (Cabeza de Juárez), donde salieron a relucir bombas molotov, refriega de la cual surgieron 18 órdenes de aprehensión.
Pero a la par, el 19 de mayo de ese año, el gobierno federal dio a conocer un decreto “por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y fuera de subasta pública, un predio ubicado en la manzana 25 de El Molino, Delegación Iztapalapa, D.F., en favor de la Asociación Civil Unidad Habitacional Frente Popular Francisco Villa, para fines de vivienda”.
Dos años más tarde, el 11 de octubre de 1996, fue detenido Elí Homero Aguilar Ramírez como consecuencia del enfrentamiento y trasladado al Reclusorio Norte.
Eran los momentos difíciles dentro de la organización. Para esos días se sabía que el año siguiente sería elegido por primera ocasión el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y mientras el ala cercana a los ceuístas del PRD se inclinaba por participar en las elecciones sólo en ese proceso mediante la postulación de candidatos plurinominales y la orientación de votos, el otro grupo propuso consultar en las asambleas, colonias, y comunidades la opinión de las bases, con el fin de darle largas al asunto y desembarazarse de esta idea, porque “la búsqueda del poder popular sigue siendo nuestra postura”.
Sin embargo, Alejandro y Adolfo López Villanueva, conocidos dentro del FPFV como “Los Manzanos” porque “en 1990 se agandallaron varias manzanas del predio El Molino que debían ser repartidas de forma equitativa”, decidieron colaborar con el PRD y participar electoralmente al lado de los grupos comandados por René Bejarano.
Adolfo ya fue diputado local en la anterior legislatura, posición que le tocaba a su hermano Alejandro, en aquel entonces preso acusado de presunta participación en el homicidio del magistrado Abraham Polo Uscanga, que no le fue comprobada. Actualmente es diputado local José Jiménez Magaña, cuñado de Adolfo y Alejandro.
La integración a la estructura partidista y en las labores de gobierno desmovilizó a esta facción del FPFV, la perredista. Agustín González así lo reconoció en abril de 2004 cuando festejaron los 15 años de la organización: "Creo que hemos avanzado en nuestras demandas, no ha sido necesario estarnos movilizando tan continuamente; con el gobierno democrático (de López Obrador) han sido más sensibles”.

Independientes

“En cambio nosotros seguimos reivindicando la estructura independiente”, afirman Gerardo Meza y Rosario Hernández Aldaco, en conversación con el reportero en sus oficinas del predio Acapatzingo, a unos cientos de metros del predio Las Calabazas.
El lugar es territorio autónomo. Su seguridad está conformada por comisiones de los propios vecinos. Se alcanzan a ver tres torres de departamentos de 66 metros cuadrados de construcción con tres recámaras y decenas de casas unifamiliares de 60 metros, pero que pueden alcanzar los 120 metros cuadrados, todas ellas pintadas en colores lila o amarillo.
Las construcciones contrastan con la terracería de sus calles, pero “es un trabajo que estamos haciendo poco a poco; se está entubando el drenaje y agua, la energía eléctrica y las líneas telefónicas son subterráneas; lo mismo que este local (contrastante también por sus paredes de adobe y techo de lámina) el cual está destinado para un centro comercial, además de las escuelas primaria y secundaria”.
En la oficina donde los líderes atienden a la comunidad, se encuentran posters de los referentes de la lucha popular, desde José Revueltas, pasando por el Ché Guevara, Ho Chi-Ming, Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Illich Lenin, Francisco Villa, Emiliano Zapata y otros.
“Nuestro proyecto es un proyecto de vida nueva. Para el Estado la vivienda de interés social es de 45 metros cuadrados y pie de casa de 35 metros cuadrados; nosotros creemos que no es así. Por eso mismo hemos hecho cosas que desgraciadamente la opinión pública no logra ver, porque sólo se nos saca en los medios de comunicación cuando somos noticia por hechos violentos”.
Dicen haber construido tres escuelas, haber mejorado el nivel de vida de la gente a través del trabajo organizado e independiente, además de sus proyectos culturales y de salud.
El predio de Las Calabazas varias ocasiones invadido es parte de estos proyectos, afirman Gerardo Meza y Rosario Hernández, ésta secretaria de la comisión de Relaciones Públicas del FPFVI.
“Desde 1997 ya planteábamos la construcción de un corredor educativo y un parque ecológico en ese predio, pero precisamente por la escisión del frente no ha habido relación con la delegación Tláhuac desde que asumió la jefatura delegacional Graciela Rojas. Estamos en la posición de que se realice el proyecto y vamos a presionar en la medida en que nos obliguen porque estos gobiernos del PRD son peores que los del PRI; aquellos por lo menos escuchaban, pero estos trabajan sólo para las organizaciones afines a ellos”.
Precisamente aquí entran en disputa los intereses del Frente Popular Francisco Villa perredista, con influencia en la zona de Tláhuac, y los propios de la actual delegada Fátima Mena, quien se inició en la política como invasora de predios junto con Patricia y Rocío Mendoza y el ex jefe delegacional Francisco Martínez Rojo.
Fátima Mena puso en contra del FPFVI a los vecinos, a quienes el 19 de junio mediante un boletín de prensa llamó a crear un frente común para sacarlos del lugar: “La Delegación Tláhuac hace un llamado a los habitantes de los siete pueblos de la Demarcación, a fin de crear un frente común para evitar que el predio conocido como “Las Calabazas” caiga en manos de invasores o fraccionadores, que sólo buscan lucrar con un área natural protegida”.
En cambio, los Panchos Villa Independientes afirman que “la agresividad con que nos enfrentaron es para cuidar los intereses de Fátima Mena porque ellos mismos están vendiendo esos terrenos, fraccionados, a particulares”

Despedida a López

Gerardo Meza pide a su pequeño hijo que se acerca a la conversación, que le permita explicar: “Nos tienen en la mira porque los cuestionamos. Por eso se da esa andanada buscando repercusiones jurídicas; por eso somos peligrosos para ellos. Pero no van a podernos doblegar porque si antes la dirección colegiada la componían 15 compañeros, ahora somos 50”.
Por esto mismo, si en la segunda o tercera semanas de julio el Gobierno del Distrito Federal no les ha resuelto la construcción del corredor educativo y el parque ecológico en Las Calabazas, van a paralizar las principales vías de comunicación de la ciudad a manera de despedida a Andrés Manuel López Obrador como comenzaron a hacerlo el pasado lunes, además de otra serie de eventos como un foro sobre la izquierda independiente “porque el PRD se abroga el término, olvidando el origen de sus principales dirigentes como López, Cuauhtémoc Cárdenas, Ricardo Monreal y Leonel Cota”.
Y a manera de última crítica contra sus pares perredistas del Frente, Meza añade: “Olvidándose ellos también de su pasado, hoy van a apoyar junto con René Bejarano a Marcelo Ebrard; es decir, van a tratar de hacer Jefe de Gobierno a quien nos madreó”.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Historia de un engaño

2005-05-09T19:24:00.000-05:00

En San Mateo Tlaltenango

Caabsa recibió del PRD un cambio de uso de suelo, permiso para construir los puentes que dieran mayor plusvalía a la zona de su propiedad y un predio para completar su polígono para desarrollos inmobiliarios, ¿a cambio de qué?

(2005-05-09

De no aportar parte de sus tierras a una sociedad con las empresas subsidiarias de Caabsa, estas se expropiarían a muy bajo precio, fue la amenaza recibida por los ejidatarios de San Mateo Tlaltenango, justo en las céntricas oficinas del entonces regente Manuel Camacho Solís.
El episodio marcó el inicio de la urbanización de una zona dentro del complejo de Santa Fe conocida como Hueyatla, ahora de gran plusvalía debido a la construcción de los puentes de la “Avenida de los Poetas”, sobre las cañadas Puerta Grande, Atzoyapan y Los Helechos.
Los predios “comprados” en la década pasada mediante presuntos engaños en 40 pesos por metro cuadrado, hoy alcanzan un valor aproximado a cerca de 14 mil pesos o bien, mil 200 dólares, la misma medida.
Para lograr dar plusvalía a la zona y detonar los desarrollos inmobiliarios hoy notorios, medió una serie de irregularidades, arreglos y componendas cuyos principales actores se encuentran en la primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el gobierno de la ciudad y en la empresa Caabsa.

Aportaciones

La desincorporación de predios del Ejido de San Mateo Tlaltenango que constaba de 390 hectáreas hasta 1936, inició cuando por Decreto Presidencial en noviembre de 1972 les expropiaron 42 hectáreas a favor del entonces Departamento del Distrito Federal, para la construcción del Reclusorio Poniente, predio al cual se le llamó R-42.
Más adelante, también por Decreto Presidencial de febrero de 1990, fueron expropiadas poco más de 17 hectáreas a favor del DDF, en ese entonces dirigido por Camacho Solís, a las cuales se agregaron 14 hectáreas dos años después.
Dos expropiaciones más a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad, sumó otras 25 hectáreas retiradas del patrimonio de los ejidatarios.
Sin embargo, la historia de los lujosos desarrollos inmobiliarios en construcción inició mediante presiones, en enero de 1991, cuando la Asamblea de Ejidatarios autorizó la firma de un “Convenio de Compensación” con la sociedad mercantil Club La Sierra, por el uso temporal del suelo para la construcción de canchas ecuestres, con vigencia de tres años renovables por periodos iguales, hasta contemplar doce años.
La historia contada a los titulares del ejido, Jesús Carrillo Flores, Fernando Flores Ortiz, Arturo Mejía Martínez y Clemente Ángeles, entre otros, fue que las empresas tenían la responsabilidad de mantener el equilibrio ecológico debido a que ya habían desarrollado la zona comercial de Santa Fe.
Por ello les proponían una “sociedad” para su preservación. “Nosotros mediante la aportación de tierras y ellos (los empresarios) con los recursos económicos para el cuidado de la zona”.
De esta forma, dicen los ejidatarios, en junio de 1994 aportaron más de 45 hectáreas para la ampliación del Club de Golf Reforma y 42 días después, 31 hectáreas más al Club Hípico La Sierra, esta “con el propósito de desarrollar actividades hípicas, ecológicas y recreativas, mejorar y conservar las áreas naturales y construir la infraestructura necesaria para estos fines”, y consistía “en la remodelación y ampliación de un centro ecuestre, mediante la aplicación de procedimientos y sistemas avanzados de construcción, buscando la optimización de los recursos naturales con el establecimiento de infraestructura y sistemas ecológicos que permitan la preservación del entorno natural”.
En marzo de 1997 hubo una nueva “aportación” de casi 40 hectáreas a la sociedad anónima Río de Santa Fe, y en julio de 1999 casi 30 a la empresa Cumbres de Santa Fe, que sumaron cerca de 146 hectáreas en total.
Una vez amarradas las aportaciones de tierra, afirman los ejidatarios que comenzaron a ser presionados para participar también al capital social de las empresas. Sin embargo, al no contar con recursos económicos, fueron convencidos de que lo mejor era vender su parte de la sociedad en 40 pesos el metro cuadrado, respetando los acuerdos de preservación ecológica.
Jesús Carrillo Flores explica cómo fue el supuesto engaño: La empresa club de Golf Reforma les propuso un proyecto ecológico con el argumento de que sus tierras eran improductivas y tenían uso de suelo agrícola y forestal, por lo que no podían construir en esa zona. “Nos dijeron que sólo iban a ampliar el Club de golf y que iban a respetar el bosque, pero de la noche a la mañana construyeron una barda perimetral y empezaron a tirar los árboles. Ya después nos dimos cuenta que estaban construyendo casas”.
Al respecto, Arturo Mejía, destacó que en esa zona donde se construyen los grandes edificios de Santa Fe, anteriormente vivían alrededor de 50 familias que fueron reubicadas del lugar, con el argumento de que no podían cimentar en terrenos ecológicos.
De igual forma, se les había indicado que en sus comunidades tampoco podían instalar algún negocio por la misma situación. A las grandes empresas, en cambio, si se les permitió cambiar el uso de suelo.

El último jalón

Apenas unos días antes de entregar las curules a los nuevos diputados elegidos el 2 de julio de 2000, el 18 de agosto la mayoría parlamentaria del PRD en la Primera Asamblea Legislativa aprobó el Decreto por el que se Aprueba el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, instrumento mediante el cual se realizó el cambio de uso de suelo en prácticamente toda la zona de Santa Fe, para hacerla un polo de desarrollo de baja densidad y alta plusvalía.
En la fundamentación del decreto se explica la existencia de viviendas precarias como resultado de la presión que ejercen sobre los predios de Hueyatla los asentamientos irregulares de los barrios de La Zanja y el Quizazotle, los cuales generan “una tendencia para que la zona se convierta en suelo urbano acelerado, lo que facilita los procesos de invasión”.
Quizá por eso, y en contravención a la premisa de “mantener una oferta de suelo urbano para vivienda, dirigida a los diferentes estratos socioeconómicos”, prevista en el ordenamiento, fue que los diputados decidieron hacer la zona de alta plusvalía antes de que a ella llegaran primero los pobres.

AMLO quitó el freno

Las subsidiarias de Caabsa realizaron diversas promociones ante el Departamento del Distrito Federal y, posteriormente, la Jefatura de Gobierno, para la construcción de las obras viales que permitieran la eclosión comercial de los desarrollos inmobiliarios.
La empresa “Cañada de Santa Fe” logró que en noviembre de 1996, en el gobierno de Óscar Espinosa Villarreal —oficio resolutivo E/CO2/DGPCC/12945 de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación— se autorizara en forma condicionada el proyecto de vialidad de liga entre las avenidas Tamaulipas en Cuajimalpa y Centenario en Álvaro Obregón.
El proyecto fue desechado y posteriormente fue Río de Santa Fe la empresa solicitante de una nueva autorización en el periodo de Cuauhtémoc Cárdenas, que le fue concedida en octubre de 1999 mediante la resolución E/CO2/DGPCC/22058, con 38 condicionantes a ser cumplidas en un año para dar inicio a la obra. Pero el secretario de Obras, César Buenrostro, se opuso con el argumento de que afectarían la ecología del lugar.
Igual discusión hubo durante la administración de Rosario Robles, que concluyó al iniciar el mandato Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, y pese a la realización de algunos trabajos para la construcción de los puentes, no fue sino hasta el 4 de abril de 2003 cuando fue dado el visto bueno definitivo para la realización de la obra, incorporados ya los elementos necesarios para incluirlo como “Sistema de Actuación por Cooperación para el Desarrollo de la Vialidad Carlos Lazo-Entronque Centenario”, de diciembre de 1998.
Este sistema de Actuación por Cooperación no es otra cosa que el financiamiento privado de obras públicas, a cambio de terrenos, a partir de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal promulgada en 1997 por Ernesto Zedillo.
De esta forma, a cambio de la construcción de los puentes Octavio Paz, Carlos Pellicer y Jaime Sabines, además de la obra periférica, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó a la constructora, Grupo Caabsa, el predio denominado ex Reclusorio Poniente, de casi 42 hectáreas en total.
En él se planeó construir en la década de los 70 un reclusorio. Aquellos años el gobierno federal pagó a 10 pesos el metro cuadrado a los ejidatarios. Hoy el gobierno del Distrito Federal entregó el predio por 160 millones de pesos, una décima parte de su valor, mientras los puentes costaron alrededor de 850 millones de pesos.
El subsecretario de Desarrollo Urbano, Guillermo Ysusi Farfán, dio a conocer en una inserción pagada el 26 de septiembre de 2004 que el costo real del R-42 en 2000 era de “329 millones de pesos” y ese día era de alrededor de 680 millones. Sin embargo, estimaciones de los propios inversionistas a la prensa, sólo por la venta de los terrenos en el R-42 lograrán una suma de mil 200 millones de pesos.
Empero, los ejidatarios de San Mateo Tlaltenango denuncian que el R-42 les pertenecen, porque la expropiación fue realizada para la construcción de un penal y no para otro uso, por lo cual apegándose a la Ley Agraria, dicen, “cuando no se da el fin por el cual se expropió un inmueble o terreno, los propietarios originales pueden recuperarlo”.

Los beneficiarios

La empresa beneficiada es el poderoso Grupo Caabsa (Constructora Aboumrad, Amodío y Berho SA de CV), dirigida por Julio Amodío Moheno, Julio Mauricio Martín Amodío Herrera y Víctor Aboumrad, desarrolladores del Centro Comercial Santa Fe y socios en la construcción del Centro de Exposiciones Internacionales Santa Fe, con más de 170 mil metros cuadrados y un valor cercano a los 100 millones de dólares.
Es importante resultar que Expo México, la compañía creada para atender lo relacionado con el Centro de Convenciones de Santa Fe, está encabezada por Caabsa y 75 empresas más, entre las que se encuentra Servimet, la inmobiliaria del Gobierno de la Ciudad de México.
Caabsa, fundada en 1979, también realizó obras como Galerías Coapa, Pabellón Bosques, Torre Altus, Pabellón Polanco y la Torre Reforma Lomas Altas.
Recientemente, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, descubrió un acuerdo entre la constructora y el gobierno de Miguel Alemán, donde se encontró que por la remodelación del Auditorio Benito Juárez del puerto y por adecuaciones de acceso al Teatro de la Ciudad en Coatzacoalcos, Caabsa recibiría a cambio el estacionamiento del auditorio que cuenta con una extensión de más de 20 mil metros cuadrados.
No fue posible entrevistar a Julio Mauricio Martín Amodío Herrera porque se encontraba fuera de la ciudad, como tampoco a los ejecutivos de Caabsa, pero el día de la inauguración de los puentes, al ser cuestionado si como inversionistas apoyarían a López Obrador hacia la Presidencia, el director de proyectos Gerardo Merla respondió al diario La Crónica, que estaban colaborando con él, “no veo porque no lo seguiríamos haciendo”.
Caabsa fue una de las empresas que concursó para la construcción de al menos tres etapas de lo que sería inicialmente el segundo piso y posteriormente se convirtió en el Distribuidor vial San Antonio.
El catedrático de la Facultad de Arquitectura, Carlos Morales Schechinger, ha destacado que alguien se benefició con la plusvalía por los puentes, y ese alguien no fue el Gobierno del Distrito Federal, sino las constructoras, porque antes de la construcción los terrenos tenían un valor diferente al actual.
Es decir, Caabsa recibió del PRD un cambio de uso de suelo, permiso para construir los puentes que dieran mayor plusvalía a la zona de su propiedad y un predio para completar su polígono para desarrollos inmobiliarios.

Incongruencias

A pesar de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó los cambios de uso de suelo y la empresa desarrolladora fue advertida de cumplir con los lineamientos de preservación ecológica, continúan las irregularidades.
Apenas el pasado 4 de abril la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial (PAOT) envió varias recomendaciones a la delegación Cuajimalpa para detener el deterioro de la barranca “Atzoyapan”, pero el Jefe Delegacional perredista, Ignacio Ruiz López, no ha hecho caso a ellas.
En una de ellas, la 03/2005, se hace notar que “los rellenos con cascajo (...) tienen cuatro metros de profundidad con un volumen de aproximadamente mil 800 metros cúbicos”, y que “la construcción de las viviendas suprimió de manera permanente la cubierta vegetal existente en un área de 270 metros cuadrados y junto con el relleno ha afectado la estructura y función del ecosistema y en consecuencia a repercutido negativamente en la calidad y cantidad de servicios ambientales”.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Conflictos en Corredor Insurgentes

2005-05-02T14:08:00.000-05:00

Funcionario del GDF es presidente del Consejo de Administración

(Publicado en la Revista Vértigo No. 215 del 2 de mayo de 2005)
http://www.revistavertigo.com/historico/7-5-2005/reportaje3.html

El Metrobús, asunto polémico en todos sentidos

Al menos un conflicto de tráfico de influencias y colusión de servidores públicos podría existir en la formación del Consejo de Administración de la empresa Corredor Insurgentes, concesionaria del Metrobús, cuando su presidente Jesús Padilla Zenteno es, a la vez, subdirector de Eventos Participativos en la delegación Cuauhtémoc, unidad administrativa dependiente del Gobierno del Distrito Federal que otorga la concesión.

Presidente también de la asociación civil Red Ciudadana de la República Mexicana, que se llama Red Azteca o simplemente la Red, Padilla Zenteno ocupa las oficinas de esta ONG con un régimen fiscal sin fines de lucro para realizar la operación de la empresa comercial CISA (Corredor Insurgentes, SA de CV), donde efectúan la contratación de conductores para las unidades articuladas que darán servicio a partir de julio próximo.

Padilla Zenteno ha estado en diversas organizaciones de las que salió por conflictos internos como la Agrupación Política Vértebra, dirigida a nivel nacional por el actual secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, de la que el hoy empresario fue presidente en el Distrito Federal en la etapa cuando Vicente Fox fue presidente electo y hasta que se integró al equipo de campaña de Virginia Jaramillo.

Fue expulsado como coordinador del comité vecinal de la colonia San Rafael por los actuales miembros debido a que, afirman, utilizó el cargo para hacer negocios para su beneficio y escalar posiciones políticas que lo llevaron a ganar el favor de la actual delegada en Cuauhtémoc.

El pasado lunes 25, al ser cuestionado sobre su doble función como funcionario público y presidente del Consejo de Administración de CISA, Padilla Zenteno respondió:

—En los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos no tengo ningún impedimento para ser presidente de un consejo de administración, de esta y de cualquier empresa. Estaría impedido si tuviera dos trabajos diferentes. He colaborado en la delegación Cuauhtémoc y no tengo otro trabajo. Y como presidente del consejo desde que fui nombrado (9 de marzo) lo que he hecho es atender el proyecto en la medida de mis tiempos. Y eso no es un impedimento.

Jesús Padilla Zenteno fue buscado inicialmente el 25 de abril en la subdirección de Eventos Participativos de la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social de la delegación Cuauhtémoc, donde su secretaria Lucía Salvador respondió: “En estos momentos está en una reunión, tardará en salir un buen rato, unas horas”.

Posteriormente él se comunicó con el reportero a quien dijo que sólo estaría en el cargo público por el resto de la quincena, aunque ya no se presentaba a laborar a las oficinas delegacionales.

El metrobús

El 9 de marzo pasado fue publicado en el órgano oficial del gobierno capitalino el decreto mediante el cual quedó formalmente integrado el organismo público descentralizado Metrobús, dependiente de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), con el objetivo de planear, administrar y controlar el sistema de corredores de transporte público de pasajeros en la ciudad de México.

A este organismo se le adscribió un consejo directivo presidido por el titular de la Setravi, Francisco Garduño Yáñez, integrado por los secretarios de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez; de Desarrollo Urbano y Vivienda, Laura Itzel Castillo; del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum Pardo, y de Finanzas, Arturo Herrera Gutiérrez, así como las directoras generales del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, Florencia Serranía Soto, y del Servicio de Transportes Eléctricos, Elvira Daniel Kabaaz.

Y para estar al frente de este consejo directivo se designó como directora a la ingeniera ambiental Paula Noreña Franco.

A la vez, de acuerdo con un comunicado del GDF, ese mismo día el Comité Adjudicador de Concesiones para la Prestación del Servicio Público Local de Transporte y Pasajeros o de Carga otorgó a la empresa Corredor Insurgentes sa de cv, integrada por los ex concesionarios de la Ruta 2 de Insurgentes y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del Gobierno del Distrito Federal, la concesión para proporcionar el servicio en esa avenida.

Trampas de la autoridad

La inauguración del metrobús a lo largo de la avenida Insurgentes se atrasó al menos tres meses pues se realizará “hasta julio, por el desarrollo de las obras, la necesidad de hacer la habilitación de los puentes en la zona de Indios Verdes, el reacomodo de los monumentos, los Indios —que no es cosa sencilla, según el inah— y la reubicación de las estaciones en la zona sur”.

Afirma que la empresa aún no tiene patios de encierro, planeados, uno en el metro cu de ocho mil metros cuadrados y, el otro en la tienda del ISSSTE a un lado de la estación del metro Indios Verdes con una superficie de unos 15 mil metros cuadrados, además de las oficinas.

El retraso en el inicio de operaciones se agudiza precisamente cuando habría sido utilizada gran cantidad de recursos económicos para acompañar la convocatoria a la Marcha del Silencio, seguida por el anuncio del gobernante capitalino, Andrés Manuel López Obrador, de que no firmará documentos mientras se le siga proceso penal por el caso El Encino, lo que motivaría la parálisis en este proyecto vial, pues las transferencias de recursos de uno a otro conceptos estarían sumamente vigiladas.

Además, el pasado 13 de abril la secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que fueron retirados hasta ese momento mil 100 árboles por las obras, 600 más de los considerados en el estudio de impacto ambiental, a los que podría sumarse otro número significativo si, como denunciaron organizaciones vecinales, el GDF planea cortar en las siguientes semanas 1.40 metros de las aceras para dar espacio suficiente a la circulación de los automóviles, porque dos carriles no serán adecuados en la zona entre el World Trade Center y Reforma.

Roberto Vidales, coordinador de la Red de Ecologistas y Ambientalistas de la Cuenca de México, Guillermo Meixueiro de Juarences Unidos y León Cenic, de la Unión de Vecinos de la delegación Benito Juárez, observaron que las autoridades capitalinas no dieron a conocer el proyecto en la Gaceta Oficial del DF del 25 de marzo, donde se establecen las condiciones de operación del nuevo medio de transporte, para evitarse mayores protestas ciudadanas.

En medio de esta situación están también las críticas de diversos organismos y personajes sobre la viabilidad operacional y eficacia del metrobús, además de los beneficios para los transportistas.

Gustavo Roldán, permisionario de la Ruta 2 y ex líder de la misma entre 1993 y 1999, afirma: “Espero que a mis compañeros les vaya de lo mejor, aunque no lo creo”.

Y expone sus dudas: “Veo una situación difícil, perversa, porque la autoridad sigue solapando a un organismo público descentralizado como la Red de Trasporte Público (RTP) y ahora le voy a decir por qué. CISA va a meter 60 unidades y RTP 20”.

CISA, afirma, siempre va a tener empalme con otras rutas como son la Línea Suburbana San Pedro-Santa Clara, que sale a un lado del edificio del PRI (Violeta e Insurgentes) hacia Tizayuca, Ciudad Azteca y San Cristóbal con autobuses, microbuses y camionetas, además la Ruta 18, que no tenía autorización de regresarse por Insurgentes para ir a Ciudad Azteca, pero como la circulación de Ferrocarril Hidalgo fue limitada a una sola dirección, ahora retornan por aquella vía y al metro Indios Verdes van a cobrar un peso menos.

Con esta competencia y la de RTP en el mismo carril confinado, el consejo directivo de Metrobús ha prometido 15 mil pesos mensuales por cada acción —que es un juego de placas— a cada uno de los 252 concesionarios, sin embargo, tras el pago por los gastos de administración, mantenimiento de las unidades, prestaciones y otros colaterales, Roldán considera poco probable que recuperen los 62 mil pesos libres al mes para cada unidad y sus cuatro socios.

“Nos van a mandar a la quiebra. La autoridad dirá que como los compañeros no van a poder dar el servicio retiren sus camiones, y el gobierno va a tomar esa tarea. Al convertirse en empresa, ninguno de los concesionarios podrá meter las manos porque los secretarios del GDF quedaron dentro del consejo directivo”.

Roldán alertó que lo mismo sucederá en el Eje 8, donde serían afectadas ocho rutas que desde ahora iniciaron ya un proceso de movilización para evitar ser desplazados.

Las trampas de la autoridad, precisan permisionarios de la Ruta 56, son para apoderarse de sus concesiones porque de acuerdo con el abogado del ramal que corre por Eje 8, Rafael Álvarez Caborno, “este movimiento se realiza en la época cuando precisamente vencen las concesiones dadas hace diez años por Fernando Peña Garavito. Entonces, hay concesionarios que para mantener el permiso hicieron inversión y hoy, posiblemente, no tengan suficiente para sufragar una nueva inversión y entonces los hacen a un lado”.

Dedazo de Garduño

Jesús Padilla es concesionario del ramal Insurgentes desde 1987 y tras varias reuniones logró instalarse como presidente del Consejo de Administración de cisa debido a que el líder, Heriberto Flores, como Gustavo Roldán, tienen concesiones en el ramal Insurgentes.

“En este caso —expone Padilla Zenteno— como permisionario de la ruta se dieron las condiciones para presidir una comisión de los permisionarios que se organizaron porque el dirigente Heriberto Flores no les estaba dando ninguna información. En realidad se encargó nada más de engañar y presionar a la gente”.

Sin embargo, concesionarios que solicitaron el anonimato aseveran que hubo algún tipo de inducción por parte del presidente del consejo directivo del organismo público descentralizado Metrobús, Francisco Garduño Yáñez, a favor de su ex empleado Padilla Zenteno, quien trabajó con él como inspector en vía pública de la delegación Miguel Hidalgo, cuando el actual secretario de Transporte y Vialidad era subdelegado jurídico y de Gobierno en la delegación administrada en ese entonces por el perredista Jorge Fernández de Souza.

En aquel entonces Padilla Zenteno trajo a raya a los comerciantes ambulantes de la demarcación y posteriormente, como coordinador del Comité Vecinal de la colonia San Rafael, lo hizo también con los de esa zona y los grupos de mujeres dedicados a la prostitución en vía pública, con quienes tuvo varias reuniones en la subdelegación Juárez-San Rafael y les dijo que quienes trabajaran en las calles de la colonia debían dar aportaciones económicas para la compra de patrullas.

Padilla Zenteno asegura ser todavía “coordinador del comité vecinal de esta colonia. Y antes desarrollamos un trabajo de orientación ciudadana. Aglutinamos empresarios, amas de casa, escuelas, iglesias, desarrollamos la primera manzana modelo, el proyecto de Ilumina tu Calle, etcétera”.

Sin embargo, los vecinos —que temen represalias si dan a conocer sus nombres— manifiestan que las 80 lámparas para el proyecto Ilumina tu Calle fueron donadas por la Universidad del Valle de México y posteriormente vendidas en 400 pesos cada una.

Al ser cuestionado sobre su doble desempeño, sobre el uso de un local de una ong para trabajar para una empresa privada y sobre su antigüedad como concesionario, Padilla Zenteno se incomodó y contestó que debe tomar precauciones porque “al interior de la organización ha habido muchísimas situaciones, amenazas, asesinaron al secretario que estaba antes con tu servidor, entonces, con situaciones así no sé si vienes inducido”.

Además, actualmente Padilla Zenteno enfrenta una demanda penal porque al más puro estilo del Frente Popular Francisco Villa o la Asamblea de Barrios invadió un predio abandonado en Gabino Barreda 56, y cuando el propietario lo denunció cargó la responsabilidad a su ex trabajador Alejandro Reyes.

Insinúa EU riesgo con López Obrador

2005-04-03T15:01:00.000-05:00

Un informe del Consejo Nacional de Inteligencia de EU alertó a la CIA sobre las consecuencias que puede traer a América Latina si tan sólo México y Brasil adoptan en el futuro gobiernos de izquierda radical o nacionalista: "Se provocaría contagio e ingobernabilidad".

Renato Consuegra
renatoconsuegra@yahoo.com.mx

(Publicado en la Revista Vértigo No. 211 del 3 de abril de 2005)

El gobierno de los Estados Unidos no lo ha señalado directamente porque tampoco nadie se lo ha cuestionado de esa forma y porque México no es cualquier país, sino uno de sus principales socios comerciales al que diplomáticamente debe “apapachar”. Sin embargo, de manera velada, en las últimas semanas ha lanzado claras advertencias: teme la llegada de un gobierno populista en su frontera sur, que probablemente aliado con terroristas islámicos ponga en peligro su seguridad y estabilidad en el hemisferio.
Además, con Andrés Manuel López Obrador, quizá México se uniría a la creciente corriente de gobiernos de centro izquierda que pretenden una alternativa al Consenso de Washington, como son los de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Perú y, ni qué decir, Cuba.
Es por todo esto y más, que el presidente George W. Bush pretende extender y profundizar su revolución conservadora con el nombramiento de Condoleezza Rice como secretaria del Departamento de Estado, y los llamados Halcones, John Bolton y Paul Wolfowitz, como embajador ante la ONU y presidente del Banco Mundial, respectivamente, con el fin de imponer una política de mano dura.
El talante diplomático de Bush con nuestro país fue percibido el pasado 23 de marzo en Waco, Texas, durante la reunión trilateral de los países de América del Norte, cuando respondió a una pregunta sobre la elección de 2006 en nuestro país, que está dispuesto a trabajar con quien elija el pueblo de México, incluido un gobierno de izquierda.
Algo parecido dijo aquí Condoleezza Rice durante su primera visita como secretaria de Estado a Latinoamérica, el 10 de marzo y lo repitió en el diario estadounidense The Washington Post el día 27:
“Como decía en México hace unos días, no es un problema si los gobiernos proceden de la izquierda o de la derecha; mientras sean electos democráticamente, vamos a lidiar con ellos”.
Sin embargo, la número dos del gobierno estadounidense no desaprovechó la oportunidad para advertir el “peligro” que representa para América Latina convertirse en terreno fértil para la “demagogia”, la retórica de la lucha de clases y el “populismo anticuado”.
La tónica fue parecida a la utilizada por Otto Reich, ex secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien se refirió hace algunas semanas en un escrito a “los dos terribles de América Latina”, en referencia a Chávez y su par cubano Fidel Castro, a quienes llamó: “El eje del mal... versión del hemisferio occidental”.
Y por su parte, el director de la CIA, Porter Goss, habló hasta en dos ocasiones en los últimos meses de la existencia de "potenciales focos de inestabilidad" en América Latina, los cuales, agregó, pueden significar una desestabilización o retroceso de los principios democráticos en la región y llegar a ser "una amenaza" para la seguridad de Estados Unidos.
Goss añadió que el ciclo electoral del 2006 en varios países latinoamericanos —Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela — ha creado "potenciales focos de inestabilidad", pero, sobre todo, calificó como "muy grave" las posibilidades de infiltración terrorista por la frontera con México.
Estas declaraciones ante dos distintas comisiones del senado estadounidense, y otras como la situación del narcotráfico, de los derechos humanos y de la violencia en el lado mexicano de la frontera común, provocaron una fuerte reacción en México.
Ante ella, el presidente Bush antepuso la sociedad de la América del Norte y la vecindad de los países durante la reunión celebrada en Waco: "Las relaciones con México y Canadá son relaciones muy importantes para Estados Unidos de América y va a haber desacuerdos, diferencias y la pregunta fundamental es: ¿podemos seguir avanzando con la relación? Y la respuesta es: absolutamente".
Sin embargo, está claro que hasta en la política se utiliza aquello de que te lo digo Pablo para que lo entiendas Pedro.

América Latina, olvidada

Enfrentada con los gobiernos conservadores de los Estados Unidos, y sobre todo con los Bush, la generalidad de la izquierda latinoamericana ha mandado al bote de la basura la idea de la toma del poder por la vía violenta.
De esta forma por el momento ha desechado las revoluciones armadas, para creer y recurrir a un cambio mediante la participación y la competencia electoral.
También ha aprendido a convivir con el modelo capitalista hegemónico; hoy dentro de su discurso se encuentra la pretensión de una mayor inversión social, mejores condiciones laborales para los trabajadores y una más equitativa distribución de la riqueza.
Pero habla también de la “justicia de la redistribución fiscal”, bajo el criterio de que quienes más se benefician del sistema, más deben de ser gravados impositivamente.
De hecho se está formando de manera natural una especie de frente común entre los gobiernos del brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, el argentino Néstor Kirchner, el socialista uruguayo Tabaré Vázquez, y en menor medida los del chileno Ricardo Lagos, del ecuatoriano Lucio Gutiérrez y hasta el panameño Martín Torrijos, en desacuerdo con las políticas estadounidenses.
Sin embargo, también existen países donde el discurso ha profundizado más en ofertas populistas y la polarización social, como son los de Fidel Castro y Hugo Chávez.
A este crecimiento de una América Latina olvidada por los Estados Unidos durante sus incursiones en Medio Oriente, Asia y Europa Central, se unen las manifestaciones contrarias a las políticas estadounidenses de la España de José Luis Rodríguez Zapatero, la China de Hu Jintao y la Rusia de Vladimir Putin, sin olvidar la amenaza que representa Corea del Norte con sus pruebas nucleares.
En esta medida, el gobierno de los Estados Unidos también se ha endurecido y además de Rice, Bolton y Wolfowitz, Bush incorporó en su gobierno a personajes como el embajador John Dimitri Negroponte en el cargo de Director Nacional de Inteligencia, y al ex secretario de Estado, Elliot Abrams, como asistente adjunto del Presidente, y viceconsejero de Seguridad Nacional para la Estrategia Mundial de Democracia.
La posibilidad de que cualquier disidencia sea enfrentada con mano dura crece de manera exponencial cuando, además, fueron conservados en la estructura gubernamental el vicepresidente Dick Cheney y el titular de Defensa, Donald Rumsfeld.
De hecho, el prácticamente nuevo presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, es creyente de que la principal lección de la guerra fría para Estados Unidos es que su liderazgo consiste, “no en dar lecciones, tomar posiciones y demandar compromisos, sino en demostrar que sus amigos serán protegidos y cuidados, que sus enemigos serán castigados y que quienes rehúsan apoyarlo se arrepentirán de haberlo hecho”.
Consultado recientemente sobre si usaría el cargo para promover la democracia, expresó: "Creo que la gente sabe lo que pienso sobre ese tema. Pero creo que seré más efectivo si me concentro en aquellas cosas que conducen a la reducción de la pobreza y al desarrollo económico."

Eje del mal

En el tenor de que los enemigos serán castigados, Fidel Castro y Hugo Chávez son acusados no sólo de violentar los derechos de sus propios ciudadanos, sino de ser “una mala influencia para toda la región”, lo que quizá significaría deben ser neutralizados a cualquier precio.
En su gira por Argentina, Brasil y Guatemala entre el 21 y 23 de marzo, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, hizo sonar la alarma sobre el creciente peligro que a su juicio representan algunos gobiernos latinoamericanos, en especial el venezolano.
”Si se combinan el mal genio, la experiencia en lucha política y la desesperación económica de Castro con el ilimitado dinero y la temeridad de Chávez, la paz en la región estará en peligro”, escribió Reich.
Y en uno de sus editoriales recientes el diario The Wall Street Journal expresó que “el emergente eje de subversión formado por Cuba y Venezuela debe ser enfrentado antes de que socave la democracia en Colombia, Nicaragua y Bolivia u otro país vecino vulnerable”.
En días pasados el experto del Departamento de Defensa estadounidense en asuntos latinoamericanos, Rogelio Pardo Maurer, expresó a The Financial Times: “Necesitamos una estrategia para contener a Chávez (…) se mete con países de tejido social débil y, en algunos casos, promueve la subversión”.
Y la estrategia parece haber comenzado porque durante su visita a Brasil, antes de entrevistarse con Lula da Silva, quien ha oficiado como mediador con Caracas, Donald Rumsfeld condenó el desarrollo militar de Venezuela, entre otras la decisión chavista de comprar 100 mil rifles AK-47 rusos. También compró aviones de combate a Brasil, barcos a España y 50 helicópteros de ataque y 30 jets MIG a Rusia.
Además, Chávez amenazó con interrumpir el suministro a los Estados Unidos si Washington intentaba sacarlo del poder, y ahora busca otros consumidores. En los últimos meses, firmó contratos con Francia, India y China, y tuvo acuerdos de asistencia tecnológica con Irán, todos ellos adversarios naturales de los Estados Unidos.
Algunos analistas en Washington señalan que los rifles serán entregados por Chávez a las guerrillas izquierdistas de Colombia o a los seguidores del líder indígena boliviano Evo Morales.
Pero Washington también teme que el ex presidente nicaragüense Daniel Ortega (1984-1990), del Frente Sandinista de Liberación Nacional, retorne al poder y controle los más de 1 mil misiles tierra-aire rusos que su país adquirió en los últimos meses y cuya destrucción fue negada al presidente Enrique Bolaños por la Asamblea Nacional.
De hecho, poco antes de que Rumsfeld iniciara su gira latinoamericana, el gobierno estadounidense anunció la suspensión de la ayuda militar anual a Nicaragua, por 2,3 millones de dólares, hasta tanto ese país no destruya los misiles que datan de los años 80, porque las armas podrían caer en manos de terroristas o criminales.
Según un cable confidencial del Departamento de Estado que pasó prácticamente inadvertido, de no disciplinarse pronto, Washington estaría listo “para tratar al ejército de Nicaragua (controlado por los sandinistas) como una organización criminal”.

Alto al populismo

De acuerdo con la Enciclopedia de la política, del ex presidente de Ecuador, Rodrigo Borja, una característica del populismo es el discurso "maniqueo y exaltado, usualmente de rasgos 'redentoristas', que apela más a la emoción que a la razón y que ofrece soluciones mágicas para los problemas de la gente”.
Agrega que “los caudillos populistas buscan siempre 'el contacto directo' con el pueblo, desechando los métodos de representación política tradicionales...".
Estos caudillos, de acuerdo con el autor de la Enciclopedia de la política, usualmente entregan a la masa la ilusión de "participación" y "protagonismo". Y para acercarse, también crean un lenguaje propio al que le incorporan modismos del habla popular.
Además, cultivan su imagen de hombre valiente y desinteresado, y buscan identificar siempre a un "enemigo del pueblo contra quien descargar toda la furia contenida de la masa por siglos de frustración”.
Y como signo inequívoco, "con frecuencia se presentan como 'víctimas', si no como 'mártires', de los grupos de poder".
Estos son los caudillos que preocupan a Bush, más que la tendencia a la izquierda en toda América Latina: Los populistas.
Al respecto, Otto Reich expresó que “hay una alianza izquierdista y populista en la mayor parte de América del Sur”, pero afirma que la clave está en hacer una distinción entre los ”izquierdistas democráticos”, como Lula y el presidente de Chile, Ricardo Lagos, y los populistas más radicales, como Chávez y Castro.
“El verdadero peligro para la paz y la estabilidad de la región no emana de los presidentes democráticos electos recientemente, sino de dos demagogos que están por ahí hace más tiempo: Fidel Castro y Hugo Chávez”, escribió.
En la misma línea, la secretaria del Departamento de Estado, Condoleezza Rice señaló en una entrevista con los editores y reporteros de The Washington Post que “el problema es si América Latina se vuelve terreno fértil para un tipo de demagogia sobre diferencias de clase o cosas parecidas, y eso es más peligroso en está región porque hay algo de historia de esto”.
En la entrevista publicada el sábado 27, Rice destacó la existencia de una “brecha” entre el crecimiento de las economías en América Latina y el bienestar de la población. Este fenómeno, expresó, “está conduciendo a un terreno fértil para el populismo. Es lo que realmente pasa, populismo anticuado, no una política deseable”.
Y agregó que “parte del problema es que necesitamos enfocarnos en el hemisferio sobre cómo los gobiernos democráticos cumplen mejor con sus pueblos. La corrupción es un impuesto sobre los pobres. Y cómo lidiar con la brecha educativa, de salud y construir un mejor sistema donde, en una sociedad democrática, pueda realmente rendir cuentas. Que los lideres rindan cuentas”.
El 9 de marzo, Condoleezza Rice concedió otra entrevista a la cadena Univisión, un día antes de viajar a México, donde el candidato que encabeza las encuestas de opinión para las elecciones presidenciales es Andrés Manuel López Obrador.
No se refirió para nada a él cuando la entrevistadora Lourdes Meluzá, le preguntó: “¿Le preocupa la marcada tendencia hacia la izquierda en América Latina? Y, para concluir, existe la posibilidad en México de que el Gobierno se incline también hacia la izquierda en las próximas elecciones. ¿A qué lo atribuye y le preocupa eso?
La respuesta fue: “Todo eso está dentro del contexto del juego democrático, que los países elijan, que los pueblos elijan a sus dirigentes. Se trate de la izquierda, la derecha, el centro derecha o el centro izquierda, en tanto se halle dentro de la estructura democrática de estos países, creo que los Estados Unidos deben respetar eso. Además, mantenemos muy buenas relaciones, por ejemplo, con el Presidente Lula de Brasil”.
La declaración de Rice también ocurrió días después de que Manuel Camacho Solís, asesor del jefe de Gobierno del Distrito Federal, dijera en Washington que de ser electo López Obrador buscaría una política exterior moderada y de cooperación con Estados Unidos.
Sin embargo, un informe del Consejo Nacional de Inteligencia de EU alertó a la CIA sobre las consecuencias que puede traer a América Latina si tan sólo México y Brasil adoptan en el futuro gobiernos de izquierda radical o nacionalista: "Se provocaría contagio e ingobernabilidad".
López Obrador ha demostrado que es de izquierda cuando le conviene criticar al actual gobierno, pero en los hechos asume posiciones de derecha si sabe que sacará beneficios; motivos que lo enmarcan más dentro de los cánones de lo que es un político populista.
Según el Diccionario de Ciencia Política (Frank Bealey. Istmo, Madrid, España. 2003), “los lideres populistas se tratan de identificar con el pueblo; son más bien retóricos y demagógicos, con programas breves y coyunturales”.

Riesgo terrorista

Agencias de inteligencia y seguridad nacional de EU consideran, además, que el gobierno mexicano perdió el control de seguridad de algunas partes de la frontera México-Estados Unidos.
En dos ocasiones en lo que va del año, el director de la CIA, Porter Goss expresó que la seguridad de los Estados Unidos está en riesgo por la posible infiltración de terroristas desde México. “Pienso que debemos comenzar por nuestro patio trasero, pese a que América Latina no es un hervidero que forme terroristas o desde donde planeen sus ataques”.
Sin embargo, destacó la posibilidad de que terroristas islámicos entren desde México por las mismas rutas que los inmigrantes ilegales.
Dos días antes de la visita de Condoleezza Rice a México, precisamente el director del FBI, Robert Mueller señaló que terroristas del movimiento Al Qaeda de Osama bin Laden estarían usando a México como puerta de entrada hacia territorio estadounidense para cometer actos violentos.
Incluso, los gobiernos de ambos países han puesto especial énfasis en los cruces de ilegales árabes por la frontera, en los últimos días.
Y es posible que para las fuentes de inteligencia estadounidenses no pasó de noche la reunión sostenida por la Comisión Internacional de los partidos de la Revolución democrática y del Trabajo —comandada por Mario Saucedo— con el primer ministro iraquí Tarek Aziz, actualmente preso por fuerzas de la coalición, previo al ataque contra las fuerzas de Saddam Husein.
Estas vinculaciones políticas del PRD seguramente están siendo consideradas por el gobierno de los Estados Unidos en el supuesto caso de que López Obrador llegara a la presidencia, por lo que las presiones han sido variadas, desde la alerta de seguridad enviada desde la embajada por Tony Garza, pasando por las declaraciones de Condoleezza Rice y las duras declaraciones de Porter Goss: desde México puede estar en riesgo la seguridad de los Estados Unidos.

Videoescándalos exhibieron la corrupción en el GDF

2005-03-07T23:44:00.000-06:00

El año del complot para AMLO

Confían lopezobradoristas en la corta memoria de la sociedad

(2005-03-07)
http://www.lacrisis.com.mx/videos070305.htm

Montados en la lógica de hacer de sus defectos una virtud y de mostrar cualquier indicio de sus prácticas corruptas como un ataque ajeno, la facción lopezobradorista del perredismo confía que la corta memoria de la ciudadanía pronto olvide aquellas imágenes de quienes con la bandera “incorruptible” de la “izquierda” cobraban favores con la derecha, y que mostraron la corrupción política en todo su esplendor.
Sin embargo, a un año de que explotó el escándalo y pese a que han querido desviar la atención de la sociedad sobre un presunto complot, los hechos reales que los muestran en toda su dimensión no han sido suficientemente desacreditados por los actores de los videoescándalos de marzo de 2004.
Gustavo Ponce Meléndez, René Bejarano, Carlos Ímaz, Carlos Ahumada, Octavio Flores y recientemente Francisco Martínez Rojo fueron procesados.
Sólo el esposo de la secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum, fue el único que no pisó la cárcel porque el procurador Bernardo Bátiz no hizo el menor intento de apelar la resolución que dejó en libertad al también ex jefe delegacional en Tlalpan.
El episodio de marzo de 2004 acarreó efectos a otros actores como el propio Andrés Manuel López Obrador, que vio caer su popularidad en 30 por ciento, y pese a que continúa al frente en las encuestas, su diferencia con otros presuntos contendientes ya no es mayúscula.
Otro fue Víctor Trujillo, quien después de un tiempo fuera del aire —mezclado con la muerte de su esposa Carolina Padilla— retornó a la pantalla chica sin el disfraz del payaso Brozo, y con un tono incluso bastante mesurado, amable, aunque crítico, que contrasta con la postura radical de inquisidor y verdugo que tuvo el 3 de marzo de hace un año cuando balconeó a Bejarano.
Pero, sobre todo, no existe conocimiento del destino del dinero que apareció en las pantallas de televisión, sobre una mesa en la oficina de Carlos Ahumada Kurtz, porque los presuntos destinatarios lo niegan y no hay forma de comprobar su entrega; y mucho menos el Gobierno del Distrito Federal ha hecho pública alguna auditoría sobre el daño patrimonial ocasionado por su ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce Meléndez.
El jefe de Gobierno ha tratado de proteger a los dos personajes más cercanos a él, sus operadores político y financiero que fueron descubiertos como dos políticos corruptos y delincuentes, como también Carlos Ímaz que salió con su bolsita de la oficina del empresario argentino.
Porque, López Obrador, obsesionado con la candidatura presidencial, no sólo no mira la viga en el ojo propio mientras advierte la paja en el ajeno, sino con el interés primordial de que la gente pierda la dimensión de las mentiras e irregularidades que a diario cometen, distrae la atención de la gente hacia otros temas que, incluso, ya caducaron.

Secreto de Estado, otra estrategia

Ayer mismo, López Obrador exigió transparencia para que la gente conozca la realidad sobre el asunto del Fobaproa, pero de manera desafortunada no fue cuestionado por los reporteros que acuden a sus conferencias mañaneras, que él y su gobierno tampoco cumplen los mínimos estándares de transparencia.
Y precisamente en un golpe a la transparencia y rendición de cuentas finca el Gobierno del Distrito Federal una forma paralela de conseguir recursos ilegales, una vez que sus principales operadores fueron detenidos.
Entre otras cosas, desde el año pasado encapsularon los gastos del Fideicomiso para el Mejoramiento de la Vías de Comunicación (Fimevic), instancia que se ha convertido en una de las principales cajas chicas del GDF, cuyos números no podrán conocerse pronto porque son considerados secreto de Estado hasta por 12 años, cuando haya prescrito cualquier tipo de acción legal en contra del mandatario local y de sus colaboradores, en el entendido de que hay irregularidades.
Y como nadie pegó de brincos frente a este asunto antiético de quienes “presumen” su coherencia y ética política, el pasado martes un diario dio a conocer que el Gobierno del Distrito Federal aprovechó la coyuntura para publicar en la Gaceta Oficial el 15 de noviembre de 2004, el acuerdo firmado por la consejera jurídica María Estela Ríos, que imposibilita por los próximos diez años a los ciudadanos del Distrito Federal conocer los contratos vigentes de publicidad e imagen del gobierno capitalino, celebrados a través de su Dirección General de Comunicación Social.
Es decir, el dinero que el jefe de Gobierno utilice en la promoción e imagen de su candidatura presidencial podrá salir de las arcas de la ciudad, pero como las cuentas son consideradas como razón de Estado, sólo podremos conocerlas incluso después de que pudiera concluir su sexenio en caso de que llegara a ganar la Presidencia de la República.
Sin embargo, eso no es todo. Como información confidencial fueron clasificados también los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa de las obras y servicios del GDF; la lista de proveedores del Gobierno capitalino y para no dejar dudas, calificó también dentro del rubro de secreto de Estado todo lo que no esté incluido en la página de internet del propio gobierno, incluido el mapa de riesgos de la Ciudad de México.
Así, pues, será hasta 2014 cuando se conozca cuánto costaron los segundos pisos, a quién se le pagó y cómo se hizo; también en esa fecha se sabrá si las obras cumplen con las especificaciones técnicas para prevenir los riesgos en la zona en que fueron construida o cómo se gastó el actual gobierno los 216 millones de pesos que tiene para publicidad este año.

Voluntad forzada

Otra estrategia paralela del jefe de Gobierno del Distrito Federal para conseguir fondos para su campaña político-electoral, además del cobro de los favores y la utilización de los recursos públicos sin rendición de cuentas inmediata, es forzar la voluntad de los trabajadores de la ciudad porque, de lo contrario, se quedan sin trabajo.
La prueba más palpable la adelantamos en exclusiva el lunes de la semana pasada, 28 de febrero, en estas páginas, cuando dimos a conocer que por negarse a entregar un porcentaje de su salario para financiar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador ocultada por el movimiento contra el desafuero (10 mil pesos mensuales), Mario Montaño Alcocer fue degradado al nivel de policía de a pie, pese a que ocupaba el cargo de director de Agrupamientos a Caballo (Policía Montada).
Hoy nos enteramos que Montaño Alcocer no sólo fue destituido, sino que fue despedido, acusado por la dependencia de utilizar patrullas no valizadas en algunos actos delictivos.
Como él, muchos otros servidores públicos se han quejado de manera anónima porque de otra forma pierden su trabajo, sean del área central o de las delegaciones.
Incluso, los trabajadores y asesores de los diputados locales, federales y los senadores sólo reciben 30 por ciento del salario que presuntamente perciben, porque la mayoría se la quedan sus “jefes” para sus gastos de apoyo a López Obrador.
El miércoles 2 de marzo Reforma y los siguientes días otros medios dieron a conocer que por instrucciones del jefe de Gobierno se les descontó 10 por ciento de su salario a los miles de policías preventivos, auxiliares y de la Judicial del Distrito Federal.
Pero a pesar de las pruebas documentales y testimoniales de este abuso, como siempre lo ha hecho, el jefe de Gobierno dijo: “Es falso”.

Soberbia perredista

En el colmo de la soberbia, al conmemorarse un año de la aparición de los videoescándalos, un grupo de perredistas hizo una “limpia de la corrupción” frente a sus oficinas estatales porque “necesitamos cambiar personajes, equipos, dirigentes y actitudes”, según Isaías Villa González, mientras el personaje central de este episodio mediático que dio vuelta al mundo cuando se embolsaba fajos de billetes y hasta las ligas que los ataban, René Bejarano, se dice “un preso de conciencia y un rehén político” que está sometido a un proceso penal en el Reclusorio Sur “por consigna”.
No menos cínico fue el presidente nacional del PRD, Leonel Godoy, quien pasados apenas unos ocho meses de la difusión nacional y mundial de las cinco videograbaciones que descobijaron a lo más “granado” del PRD, en un tardío y fingido acto de contrición ofreció una disculpa a la sociedad.
Pero esa justificación no fue por los actos de corrupción que vieron todo México y el mundo entero, sino sólo se disculpó porque dichos actos de corrupción hayan salido a la luz. En otras palabras, no se disculpó porque se hayan cometido las raterías, sino porque las filmaron.
De hecho, hace unos días dijo que los videoescándalos “son una página cerrada” para el PRD y la consecuente crisis para el organismo político ha sido superada: “El partido resistió y este año hemos tenido un repunte considerable, sentimos que ya superamos la crisis y que estamos enfilados a la contienda presidencial con muchas posibilidades de ganar.”
Godoy atiende en su declaración a la reciente victoria electoral en Guerrero porque entre el 1 de marzo y noviembre pasado cosechó nueve derrotas electorales.
Es la de Godoy la misma sintonía en la que se encuentra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien en noviembre pasado dijo al periodista Carlos Loret de Mola que sus adversarios políticos “tenían un plan para afectarme políticamente, para ganarme políticamente aprovechando la situación real (de la corrupción)”.
Es decir, López Obrador reconoció que hubo delito en los actos de su ex secretario particular y ex jefe de campaña a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, pero tal defecto de uno de sus principales colaboradores los pretende convertir en un ataque de sus enemigos.
Llega incluso a aceptar que le dieron un apoyo mínimo a cambio de favores: “Se habla inclusive de que me piden algo por los videos, se insinúa, tanto lo que se dice en Cuba él mismo dice (Carlos Ahumada Kurtz), me ofrecieron que me iban a dar apoyo, apenas me dieron una cosa mínima.”
Pero, ante todo, el hombre que debe tener conocimiento pleno de todo lo que hacen sus principales colaboradores, peca de ingenuo cuando al propio conductor de noticiarios le responde: “Yo no tengo nada de qué avergonzarme y no me gusta decir mentiras, yo no sabía de la relación de Bejarano con Ahumada ni de la relación de Ponce con Ahumada.”
Esta es la cantinela de todos los días. En cada ocasión que se le señalan sus equivocaciones o que sus funcionarios se corrompen o que pese a todos sus alegatos no cumple con la ley, la respuesta del jefe de Gobierno es el complot; lección bien aprendida por sus funcionarios y portavoces que lo repiten sin descanso.
Como también repiten la forma de actuar, pellizcando y volteando la cara. Porque con esta forma de actuar, lo que López Obrador propicia es que la corrupción se agudice.
Pues para que los servidores públicos puedan cumplir con las exigencias de 10 por ciento de su salario para la campaña, la única forma de mantener su salario en condiciones similares es trasladar tales cantidades a los ciudadanos.
De esta forma, lo que hace el jefe de Gobierno es darle banderazo de salida a la corrupción, a la extorsión, al cohecho, al robo en despoblado que sufren los ciudadanos cada día.
Porque también tiene forma de exculpar a esos corruptos: “Yo diría que es una gente (René Bejarano) como cualquier otra que tiene virtudes y tiene defectos y que es un ser humano, la política no se hace con santos, se hace con hombres, se hace con mujeres (…) se hace con seres humanos que tienen cosas buenas y todos tenemos también errores, yo creo que no podemos hacer una campaña de linchamiento contra nadie, no adelantarnos a los acontecimientos y no erigirnos y no situarnos como jueces implacables en donde nosotros decimos quién es bueno o quién es malo, porque ahora sí, el que esté libre (de pecados) que tire la primera piedra”.

Todos detenidos

Gustavo Ponce Meléndez inició la saga de videos el 1 de marzo de 2004 y de inmediato recibió la protección del GDF para huir, en una persecución que involucró a instituciones como la PGR, la DEA, el Cisen y el gobierno de Cuba.
Ponce gastaba en propinas un promedio de 800 dólares y realizó de 2002 a 2004 un mínimo de 17 viajes a Las Vegas, particularmente al hotel Bellagio.
Pero su detención se debió a su presunta responsabilidad en un fraude por 31 millones de pesos por obras no realizadas en la delegación Gustavo A. Madero, por el que también se encuentra en proceso el empresario de origen argentino Carlos Ahumada, quien acusó a los perredistas de que lo extorsionaban reteniéndole los pagos por obras “a cambio de financiar económicamente la campaña presidencial de López Obrador”.
Ahumada fue detenido el 30 de marzo en Cuba mientras que el 9 de octubre cayó el ex secretario de Finanzas en Tepoztlán, Morelos.
El 3 de marzo, el diputado panista Federico Döring llevó una cinta al extinto programa televisivo El Mañanero donde se vio al entonces coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa, René Bejarano, recibiendo del empresario Carlos Ahumada Kurtz un maletín con 45 mil dólares.
Tras una novelesca defensa pública, en la cual su esposa, la diputada federal Dolores Padierna, jugó destacado papel, Bejarano fue desaforado por el pleno de la Cámara y consignado al Reclusorio Sur, donde cumple con un proceso por lavado de dinero.
Carlos Ímaz dijo que como ahora lo hacen los trabajadores del GDF, el dinero que le dio Ahumada fue “una donación voluntaria” que destinó a cazar mapaches durante las elecciones delegacionales. Fue hallado culpable de haber violado la ley electoral por utilizar fondos ilegales, sin embargo obtuvo su libertad tras pagar una fianza y hace poco los tribunales lo exoneraron definitivamente porque el maestro Bernardo Bátiz no reclamó el fallo.
Más adelante fue dictada una orden de aprehensión en contra del hoy prófugo Octavio Flores Millán, ex jefe delegacional en Gustavo A. Madero, por falsear sus declaraciones patrimoniales, pero hasta el momento no le han podido fincar responsabilidades por el presunto fraude por 31 millones de pesos que habría realizado junto con Ahumada.
Finalmente, hace algunos días fue detenido en Hidalgo el ex titular en Tláhuac, Francisco Martínez Rojo, también por presunto fraude en contra de la administración delegacional por alrededor de dos millones de pesos, también en presunto contubernio con Ahumada.

Degradan a policía por negarse a "cooperar" para campaña de AMLO

2005-02-28T21:33:00.000-06:00

(2005-02-28)

Por negarse a entregar un porcentaje de su salario para financiar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador ocultada por el movimiento contra el desafuero, Mario Montaño Alcocer fue degradado a nivel de policía de a pie, pese a que ocupaba el cargo de director de Agrupamientos a Caballo (Policía Montada).
Mario Montaño Alcocer tiene una larga trayectoria en la Secretaría de Seguridad Pública, donde ha fungido como asesor del secretario de Seguridad Pública; Segundo Superintendente con responsabilidad en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Milpa Alta, además de otros.
Dentro de sus actividades al frente de la Policía Montada, Montaño Alcocer coordinaba las equinoterapias que este agrupamiento brinda de manera gratuita a aproximadamente 400 niños y jóvenes, quienes toman dicha terapia en las instalaciones policiales. En el programa, un terapeuta especializado, un policía y un equino ayudan una vez por semana a las decenas de niños con capacidades diferentes.
En 2001 el grupo Álamo fue sustituido por el grupo Alfa de Acción Preventiva, el cual fue integrado por 200 elementos policiacos encargados de inhibir hechos delictivos y combatir ilícitos en flagrancia del fuero común. Dicho grupo Alfa estuvo bajo el mando de Mario Montaño.
Un año después fue nombrado titular de la región 2 de la policía, que comprende las delegaciones Iztapalapa, Milpa Alta y Tláhuac, y para 2003 ya era Segundo Superintendente, director de la Unidad de Policía Montada.

Resistencia civil, móvil político de AMLO en El Encino y Paraje San Juan

2005-02-07T18:41:00.000-06:00

El jefe del GDF desinforma a la opinión pública, dice Mondragón Corella

(2005-02-07)

http://www.lacrisis.com.mx/paraje070205.htm

Cómo López Obrador sabe que no puede llegar a la Presidencia de la República por la vía democrática del voto, pretende alcanzarla con la subversión del orden social, afirma Felipe Mondragón Corella, el especialista en incidentes de inejecución de sentencias de amparo, que tuvo a su cargo la defensa del juicio del paraje San Juan y que, en agosto del año 2000, presentó una denuncia de incidencia para frenar el pago de la indemnización, recurso que –a decir del abogado– abandonó la administración del actual jefe del GDF, con la intención de provocar una confrontación con la Corte y justificar la resistencia civil a su beneficio personal.
El pasado miércoles 2 de febrero, AMLO anunció que prepara una movilización ciudadana para el mismo día en que se vote en la Cámara de Diputados el juicio de procedencia por el cual podría ser destituido, desaforado y consignado ante un juez federal como probable responsable del delito de desacato a un mandamiento judicial.
Mondragón reveló en exclusiva para La Crisis que tanto el juicio del paraje San Juan, como el de El Encino, son utilizados por AMLO para promover su campaña presidencial, utilizando la confrontación como un pretexto para la movilización social.
–Al parecer el paraje San Juan es un tema inagotable, de muchos recovecos. ¿Cuál es la razón de que cada día surjan nuevos aspectos de este complicado asunto?
–La razón fundamental es que se le ha dado un manejo político a este conflicto, en vez de darle un tratamiento estrictamente jurídico; desde que López Obrador llegó al GDF ha estado utilizando este asunto, como también el juicio de El Encino y otros muchos, con fines electorales, para hacer creer a la ciudadanía que lo quieren desaforar por defender los derechos del pueblo, cuando en realidad es todo lo contrario, ya que en su afán de buscar notoriedad, a través de la confrontación con otras autoridades, intencionalmente ha descuidado la defensa legal de los juicios que están bajo su responsabilidad, para después acusar públicamente a otros de las consecuencias de ese descuido y decirse víctima de un complot.
–En una nota publicada por La Crisis el viernes 28 de enero pasado, en respuesta a las declaraciones de usted, el jefe del GDF rechazó haber creado el conflicto del paraje San Juan para beneficiarse políticamente. ¿Qué opina usted de lo que dijo AMLO?
–¿Y que fue lo que dijo? Como de costumbre yo no le entendí nada. Lo único que se entiende son sus flagrantes contradicciones, ya que al principio de esa nota dice que los sucesos del paraje San Juan son cosas tan importantes que valdría la pena hasta hacer un pequeño libro, algo que quedara, porque si no se nos va olvidando; y ya casi al final de la misma nota, cuando se refiere a Ahumada –que él mismo afirma– era parte de esto mismo, se contradice al decir que es preferible olvidar. Entonces, ¿quién lo entiende? Casualmente dijo que es preferible olvidar justo cuando mencionó el nombre de Ahumada.
"Además, yo nunca he dicho que él creó el conflicto, lo que dije fue que abandonó intencionalmente la defensa jurídica de este juicio, para dedicarse a simular una defensa mediática. En vez de acudir ante los tribunales para defender el juicio mediante la interposición de recursos legales, ha estado fingiendo que lo defiende haciendo declaraciones en contra de la SCJN.
"Los juicios no se ganan litigando en los medios, sino en los tribunales, y en el caso del paraje San Juan, durante los más de cuatro años que lleva al frente del GDF, su administración no ha defendido legalmente este juicio, no ha interpuesto ningún recurso legal, vamos, ni siquiera ha presentado un solo escrito. ¿Cómo espera López Obrador ganar este juicio? ¿Con declaraciones ante los medios de difusión? ¿Con resistencia civil?".
–AMLO señaló, en la misma nota, que el GDF realizó una investigación a fondo de la familia Arcipreste desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. ¿No es una gestión importante para la defensa legal del juicio?
–No, para nada. A eso me refiero cuando digo que López Obrador está desinformando a la opinión pública. Esa fue una investigación genealógica, no registral, y que no sirvió de nada para defender el juicio; pero que sí le sirvió López Obrador para salir en la primera plana y a ocho columnas diariamente durante más de tres semanas. Eso es, precisamente, lo que él busca: la publicidad.
"Además de eso, le sirvió a AMLO para desviar la atención del verdadero punto controversial: los antecedentes legales del predio, no la genealogía del reclamante. Al dedicarse a investigar en las actas del registro civil, estuvo distrayendo la atención de la opinión pública, dilapidando recursos del erario y perdiendo el tiempo lastimosamente, ya que lo procedente conforme a derecho era realizar una investigación registral para determinar los antecedentes de propiedad del predio en cuestión, y esa investigación jamás la hizo.
"La investigación registral era mucho más sencilla y rápida que la genealógica, como lo demostró la excelente investigación periodística que realizó el reportero David Santa Cruz –sin contar con los recursos materiales, humanos, financieros y legales del GDF– y que publicó La Crisis los días 27 y 29 de enero de este año, y podría haber resuelto el juicio favorablemente para el GDF, pero esa no era redituable política ni mediáticamente para AMLO, por eso prefirió la investigación genealógica aunque no ayudara al proceso legal".
–SCJN estuvo a punto de destituir y consignar a AMLO, ¿No cree usted que es muy elevado el riesgo que éste correría al actuar de esa forma?
–No. En el caso del paraje San Juan no existe ningún riesgo para López Obrador. Primero, porque él cree contar con el apoyo de la gente, como lo ha venido repitiendo constantemente. Hay que recordar que desde hace más de un año, mucho tiempo antes de que se conociera el juicio de El Encino, AMLO ha estado llamando a la resistencia civil. Lo hizo antes con el paraje San Juan y lo repite ahora. Su estrategia política desde antes de que se vieran las imágenes de sus principales colaboradores cometiendo actos de corrupción, ha sido la de subvertir el orden público para sus fines personales, como lo ha hecho siempre. Él sabe que no es un estadista, es sólo un activista político. López Obrador sabe que con la postulación del PRD no llegará a la Presidencia de la República, por eso sacó el as que tenía guardado bajo la manga, su verdadero plan "B": La movilización social a través de las redes ciudadanas.
"En segundo lugar, el juicio del paraje San Juan jamás representó ningún riesgo para él. El riesgo existe, pero es para los habitantes del DF, ya que si la Corte determina que se tiene que pagar la indemnización reclamada por Enrique Arcipreste, López Obrador se libra de problemas pagando una indemnización improcedente. Ya lo ha hecho antes, en marzo del año 2002 pagó 31 millones de pesos a otro sedicente propietario del paraje San Juan, y un año después dijo que no iba a pagar por predios que son de la nación. Está fincando su apuesta política con el dinero del pueblo".
–¿Qué posibilidad hay de que se pierda el juicio del paraje San Juan y de que se pague la indemnización a Arcipreste, a pesar de que se encuentre enjuiciado?
–Legalmente no existe ninguna probabilidad de que se pague la indemnización, porque la Corte cuanta con pruebas suficientes de que la reclamación es improcedente, pero sí existe el riesgo de que la Corte tome una decisión política en este asunto.
"En este ultimo caso, el riesgo de una determinación política de la Corte se agrava por la inactividad de López Obrador, quien no obstante que el juicio está en su fase más crítica, todavía permanece impasible, sin hacer nada, a pesar de que la sentencia ya es inminente, mientras él se dedica a vender libros en provincia y a promover marchas en lugar de dedicarle a este asunto la atención que requiere. Y después dice que los juicios de responsabilidad son un complot.
–¿Que ha hecho la ALDF para coadyuvar con él en la defensa de este juicio?
–Nada. Sólo enturbiar aún más el asunto. A fines de 2003, la ALDF promovió una acción de nulidad de juicio concluido, pero lo hizo únicamente por demagogia, lo mismo que López Obrador, porque ese juicio no es viable, es una aberración jurídica que no tiene ninguna posibilidad de prosperar; y menos aún, porque la Asamblea no le dio seguimiento, lo abandonó igual que López Obrador abandonó los recursos legales que dejó iniciados la administración anterior. Resulta sorprendente la similitud entre la actuación del jefe de gobierno y la de la ALDF en este asunto.
"Pero lo más grave y ominoso, es que la Asamblea constituyó, en 2004, una Comisión con la finalidad de clarificar todo este asunto; sin embargo, resultó exactamente lo contrario: los legisladores lo enturbiaron todavía más de lo que ya estaba. Para empezar, nunca lograron clarificar absolutamente nada, luego estuvieron repartiendo a particulares más de 5 mil escrituras de propiedad viciadas de nulidad ya que el predio –mientras no se desincorpore– es propiedad de la nación; y por si esto fuera poco, la diputada del PRD, Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión del Paraje, declaró, el día 9 de diciembre de 2004, que hay cinco propietarios del paraje San Juan, de los cuales dos ya han cobrado su indemnización, y que los otros tres también podrían reclamar el pago de una indemnización por el mismo predio, que según ella misma reconoció el 23 de enero de este año, es propiedad de la nación. Definitivamente, tanto AMLO como el PRD le deben muchas explicaciones al pueblo de México".

Anulará SCJN sentencia de juicios del paraje San Juan: Felipe Mondragón

2005-01-24T21:49:00.000-06:00

GDF siempre tuvo la solución a su alcance y no la hizo valer

Anulará SCJN sentencia de juicios del paraje San Juan: Felipe Mondragón

El abogado Felipe Mondragón, que interpuso un recurso de incidencia desde 2000, señala que en todos los juicios de expropiación del paraje San Juan, mediante el cual existió una solución jurídica para evitar el pago las indemnizaciones, la cual se descubrió y se hizo valer ante la Corte desde agosto del año 2000 y que hoy se toma como base para la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

(2005-01-24)
http://www.lacrisis.com.mx/paraje240105.htm

Después de un inexplicable silencio que se prolongó durante más de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que el jueves 20 de enero pasado daría a conocer la sentencia definitiva sobre dos controvertidos juicios que preocupan a la sociedad por su elevada cuantía: El paraje San Juan, que representa un pago de mil 810 millones de pesos; y la indemnización que reclama la familia Ramos Millán, por un monto de mil 214 millones de pesos.
Pero, sorpresivamente, en la fecha anunciada, la Corte decidió aplazar ambas sentencias para hoy, argumentando que hay divergencia de criterios jurídicos entre los ministros que van a resolver al respecto, postergación que Felipe Mondragón Corella, el mayor experto sobre el tema, le atribuye al prematuro triunfalismo de Andrés Manuel López Obrador, quien el mismo jueves 20, pero seis horas antes de que los ministros entraran a sesionar, proclamó su victoria legal sobre el juicio, al decir que esperaba las disculpas de quienes criticaron su postura de negarse a pagar la indemnización a fines del 2003, anticipando un resultado que, hasta la fecha, aún está pendiente.
Poco antes, el 8 de diciembre de 2004, La Crisis publicó una entrevista con Mondragón Corella, en la que se dio a conocer un acuerdo celebrado en secreto entre el presidente de la Suprema Corte y el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), para dejar pendiente la solución de este conflicto hasta que López Obrador abandone el cargo, a mediados del 2005, a fin de evitar nuevas confrontaciones entre ambas instancias. La respuesta de la Corte a la entrevista no tardó en llegar: al regreso de las vacaciones decembrinas los ministros programaron la sesión pública para emitir el relevante fallo judicial, dos semanas después.
En esa conversación, el especialista reveló que siempre existió una solución jurídica para resolver el juicio del paraje San Juan, sin que el GDF tuviera que pagar la cuantiosa indemnización que reclamó Enrique Arcipreste del Ábrego, y también insistió en que López Obrador y sus abogados conocían perfectamente esa fórmula legal que Mondragón Corella desarrolló desde el año 2000, pero que –intencionalmente, afirma el entrevistado– dejaron de aplicarla para politizar el caso, poniendo al GDF en riesgo de indemnizar a un particular, por un predio que es propiedad de la nación.
Con el fin de clarificar este enredo, nuevamente entrevistamos a Felipe Mondragón Corella, a quien el GDF le encomendó la defensa de este polémico asunto en el año 2000, y fue quien interpuso el recurso legal que frenó –desde agosto del 2000– el pago de la indemnización, documento del cual La Crisis obtuvo una copia, y con el que se demuestra, claramente, que la violenta confrontación iniciada por López Obrador con la SCJN, nunca fue necesaria, ya que el asunto se pudo resolver por la vía legal, y sin recurrir a escándalos ni denuestos, como lo ha venido advirtiendo Mondragón Corella desde hace más de cuatro años.
-Después de un año nuevamente el paraje San Juan sale a la luz pública. ¿Por qué considera usted que tan repentinamente decidió la Corte dictar una resolución que había dejado pendiente durante tanto tiempo?
-Yo considero que esta decisión fue una respuesta de la Corte al reportaje de La Crisis, publicado el día 8 de diciembre pasado, lo que a mi juicio significa que los señores ministros están actuando ya con sensibilidad social y también con mayor apego a la ley, lo cual es indispensable para consolidar el incipiente Estado de derecho que hay en nuestro país, porque la Suprema Corte de Justicia es la piedra angular que sostiene al sistema judicial.
-¿Entonces por qué motivo los ministros aplazaron la sesión para resolver el juicio del paraje San Juan y el del predio de Santa Ursula Coapa, cuya propiedad se adjudica la familia Ramos Millán?
-Yo se lo atribuyo a la imprudencia que cometió López Obrador, por haber anunciado a los medios en su conferencia matutina –seis horas antes de que los ministros votaran la resolución– cuál sería el resultado de la sentencia en el caso del paraje San Juan, festinando –con fines electorales– una victoria que no le corresponde a él.
"En caso de que la sentencia se hubiera publicado seis horas, después de que López Obrador ya la había hecho pública ante los medios, indudablemente se habrían generado fundadas suspicacias y muy severas críticas a la Corte, porque no sería explicable que el jefe de Gobierno conociera el resultado de la sentencia antes de que ésta fuera aprobada por el voto de los ministros, ya que al no haberse realizado la votación, no es en rigor una sentencia, sino sólo un proyecto susceptible de modificarse para cambiar al sentido opuesto, es decir, para darle la razón a quien se la había negado en el proyecto anterior; por lo tanto, mientras un proyecto de sentencia no haya sido aprobado por la mayoría de los ministros, nadie puede cantar victoria, ni exigir disculpas.
"Este prematuro alarde triunfalista de López Obrador obligó a los señores ministros a conducirse con cautela, por lo que decidieron posponer la sesión para resolver el asunto del paraje San Juan, a fin de evitar cuestionamientos de la sociedad, respecto de la forma en que el jefe de Gobierno se había enterado del resultado de la sentencia, antes de la votación. Eso sería tan grave como si un apostador conociera el resultado de un partido antes del juego.
"Por la misma razón, los ministros debieron aplazar la sesión para resolver el juicio seguido por la familia Ramos Millán, para no hacer muy obvio el motivo de aplazamiento del juicio del paraje San Juan, ya que por ser dos asuntos que guardan muchas semejanzas entre sí, las dos resoluciones deberán dictarse en el mismo sentido.
-¿Por qué afirma usted que, en caso de que la resolución de la Corte en el caso paraje San Juan favorezca al Gobierno del Distrito Federal, la victoria no sería de López Obrador?
-Porque en todos los juicios de expropiación del paraje San Juan existió una solución jurídica para evitar el pago las indemnizaciones, la cual se descubrió y se hizo valer ante la Corte desde agosto del año 2000, o sea que la defensa legal de esos juicios se planteó desde mucho tiempo antes de que López Obrador ocupara el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal, por lo cual, éste se está adjudicando el mérito del trabajo realizado por otros durante la administración anterior.
"Es decir, que cuando López Obrador llegó a la jefatura de Gobierno, ya se había encontrado una solución legal para resolver estos juicios en favor del Gobierno del Distrito Federal, sin tener que indemnizar a nadie. Y, sin embargo, en marzo del 2002, López Obrador –por negligencia– ordenó pagar una indemnización por 31 millones de pesos por otro juicio del paraje San Juan.
-¿En qué sentido hubo negligencia del jefe de Gobierno?
-Porque, aun cuando, al llegar López Obrador a la jefatura de Gobierno ya se había realizado todo el trabajo para la adecuada defensa de los juicios relativos al paraje San Juan, y que no había nada más que hacer que darle seguimiento al expediente, su administración abandonó por completo la tramitación del recurso legal, iniciado en agosto del año 2000 que, a fin de cuentas, fue en el que se basó la Corte para anular esos juicios.
-¿Cuál fue ese recurso legal?
-En agosto del año 2000, la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso legal llamado "DENUNCIA DE INCIDENCIA", mediante el cual se hizo notar a la Suprema Corte de Justicia de las diversas irregularidades que tres años después iba a denunciar López Obrador, tratando de hacer creer a la opinión pública que fue él quien descubrió esas inconsistencias, como consecuencia de las cuales, se le pidió a la Suprema Corte que revisara el caso.
"López Obrador ahora se adjudica el mérito del resultado de la revisión de la Corte; pero yo insisto: eso ocurrió desde agosto del año 2000, cuando él todavía no era jefe de Gobierno, por eso no es posible que su administración hubiera descubierto y denunciado las anomalías del juicio.
-¿Es procedente la Denuncia de Incidencia a pesar de haber cosa juzgada?
-La Denuncia de Incidencia ya fue declarada procedente desde el 14 de marzo del 2002; y fue así, precisamente porque no hay cosa juzgada en el fondo del asunto, según los precedentes de jurisprudencia establecidos previamente por la propia Suprema Corte de Justicia.
-¿Cuáles son esos precedentes?
-El precedente de jurisprudencia más importante de la Denuncia de Incidencia, se basó en la tesis publicada por la Corte en el año de 1999 bajo el rubro: ‘Sentencias de amparo.- Si existen varias que inciden sobre un mismo inmueble, debe decretarse su conexidad para resolver sobre su ejecución, independientemente de la etapa en que se encuentre su cumplimiento.’; el cual fue concatenado con la tesis de jurisprudencia número 1458, visible en la página 2327, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, segunda parte, que dice textualmente: ‘Propiedad.- Las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por el juez del conocimiento del negocio, quedando a salvo los derechos de quien alegue esa propiedad, para que los ejerza en la vía y forma que corresponda, ante las autoridades del orden común’.
"En el caso de la demanda de Enrique Arcipreste del Ábrego, el error más grave que se cometió en el juicio de amparo, que convalidó la Corte y que por negligencia consintió el Gobierno de López Obrador, fue que ilegalmente se reconoció la propiedad del quejoso en el juicio de garantías, sin que antes hubiera sido resuelta por el juez de primera instancia, no obstante existir otras personas que también se dijeron propietarias del mismo predio; por lo cual se le pidió a la Suprema Corte en la Denuncia de Incidencia, ‘suspender los procedimientos de ejecución de las sentencias dictadas en los citados juicios de garantías que actualmente se ventilan ante los órganos jurisdiccionales federales del conocimiento, para que los quejosos estén en aptitud de concurrir ante el tribunal competente por razón de materia, grado y fuero, con el objeto de que se determine cuál de ellos tiene mejor derecho respecto del inmueble en cuestión’, es decir, se pidió a la Corte que revisara el caso y que suspendiera el trámite de los diversos juicios de amparo relacionados con el paraje San Juan, para que los diversos quejosos acudieran ante el juez competente de primera instancia, para acreditar debidamente su propiedad, y después de esto, en caso de que así procediera, se continuara con los requerimientos de pago al Gobierno del Distrito Federal.
"A esta petición recayó un acuerdo favorable de la Suprema Corte, dictado el 23 de agosto del año 2000, en el que se ordenó turnar el expediente al licenciado José Gabriel Clemente Rodríguez, juez octavo de Distrito "B" en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
"En ese acuerdo la Corte ordenó al juez José Gabriel Clemente Rodríguez tramitar la Denuncia de Incidencia, recabar los expedientes de otros juicios relacionados con el paraje San Juan; y también ordenó suspender los requerimientos de pago al Gobierno del Distrito Federal, hasta en tanto no se dictara resolución en la Denuncia de Incidencia.
"Por lo tanto, mientras no se dictara resolución en la Denuncia de Incidencia, ni la Corte ni cualquier otra autoridad podrían requerir al Gobierno del Distrito Federal el pago de ninguna indemnización por la expropiación del paraje San Juan, sin embargo no fue así, ya que la resolución del recurso se dictó hasta el día 14 de marzo de 2002; y dos semanas antes, el licenciado Carlos Paniagua Bocanegra, entonces Director de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, personalmente entregó en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa un cheque por la cantidad de 31 millones de pesos a favor de Francisco Arteaga Aldana como pago de la indemnización por la expropiación del paraje San Juan; pese a que en el expediente respectivo la Corte también había ordenado suspender los requerimientos de pago. Por lo tanto este pago, de 31 millones de pesos, fue indebido y se dio como resultado del descuido y la negligencia de López Obrador.
-¿Por qué considera usted que hubo descuido y negligencia del Gobierno de López Obrador?
Porque a pesar de que la Suprema Corte había ordenado suspender los requerimientos de pago, López Obrador ordenó pagar los 31 millones de pesos; pero sobre todo, porque durante más de dos años no hizo nada por impulsar la Denuncia de Incidencia, ni realizó ninguna gestión para que se dictara la resolución que hubiera evitado ese pago indebido.
-¿Podría ser que el jefe de Gobierno desconociera esos antecedentes del caso?
-No, desde luego que no. Al asumir la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, López Obrador firmó una acta de entrega–recepción en la que vienen detallados estos antecedentes como asuntos de extrema relevancia. Además, durante todo el año 2001 y parte del 2002, yo personalmente hice llegar informes pormenorizados del estado procesal y del abandono en que se encontraban esos juicios a diversos funcionarios de su gobierno. Al no obtener ninguna respuesta, en diciembre del 2002 denuncié públicamente la negligencia y el abandono del Gobierno del Distrito Federal hacia esos asuntos.
"Fue hasta entonces que se le dio alguna atención a los juicios, aunque se hizo únicamente una defensa mediática, pero no jurídica, sólo con la finalidad de llamar la atención de los medios de difusión y de utilizar el paraje San Juan para hacer una precampaña electoral, mediante la brutal confrontación que se dio con la Suprema Corte de Justicia. Se trató de una provocación deliberada por parte del jefe de Gobierno.
-¿Cuál es el resultado de la Denuncia de Incidencia?
-Finalmente se ganará –advirtió– pero no porque la administración de López Obrador hubiera hecho algo para que así fuera. Se ganará porque estuvo bien fundada y hubo la precaución de ofrecer las pruebas en el mismo escrito inicial. Lo único malo de todo esto fue que cuando se dictó la resolución, después de más de año y medio de haberse iniciado, ya se habían pagado a un particular los 31 millones de pesos, por un predio que es propiedad de la nación.
-¿Entonces qué beneficio obtendrá el Gobierno del Distrito Federal con esa resolución?
-La resolución dictada en la Denuncia de Incidencia, será la base legal de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia, para determinar que se deben dejar insubsistentes todas las sentencias de los juicios de amparo promovidos en contra de la expropiación del paraje San Juan, dejando a salvo los derechos de los quejosos para que acudan ante el juez competente de primera instancia a deducir su derecho, acreditando legalmente la propiedad de los terrenos que reclaman.
-¿Eso permitiría que los sedicentes propietarios posteriormente volvieran a demandar el pago de una indemnización por el decreto expropiatorio?
-Teóricamente sí; ése es, en esencia, el espíritu de la Denuncia de Incidencia, pero si tenemos en cuenta que el 27 de mayo de 2004 la Secretaría de la Reforma Agraria envió el título de propiedad a López Obrador, y que en ese documento aparece que el predio es propiedad de la nación, resulta obvio que los reclamantes no podrían demostrar la propiedad que se adjudican, salvo el caso de que, por alguna razón, el Gobierno del Distrito Federal guardara el documento y no lo presentara, en su debida oportunidad, ante los jueces de primera instancia.
-¿Ahora que se conoce el resultado final de este conflicto, podría decirse que el jefe de Gobierno actuó correctamente al negarse a pagar la indemnización que demandó Enrique Arcipreste?
-No, de ninguna manera. López Obrador se negó a pagar la indemnización sólo como estrategia de su campaña presidencial, que ha venido haciendo desde la jefatura de Gobierno, más no porque en realidad tuviera la intención de defender los bienes de la nación que se encuentran bajo su cargo, ya que si así hubiera sido, en lugar de retar a la Corte para que lo destituyera, hubiera bastado con que hiciera valer los argumentos legales que se expusieron en la denuncia de incidencia, como lo demuestra el hecho de que, a fin de cuentas, con eso fue suficiente para que la Suprema Corte de Justicia revisara el caso y le diera la razón al Gobierno del Distrito Federal en la resolución que se va a publicar el 24 de enero de este año; pero no hay que perder de vista que ese recurso se inició en la administración anterior, por lo tanto el mérito no es de López Obrador, que no haga caravana con sombrero ajeno.
-Por último, ¿qué propone usted para que se resuelvan definitivamente los asuntos pendientes del paraje San Juan?
-Los ciudadanos debemos exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa –de todos los partidos– que dejen de estar encubriendo a López Obrador, para que a su vez le exijan que antes de pedir licencia para hacer su campaña presidencial, deje resueltos los problemas que se generaron o que se agravaron por el descuido, la negligencia e ineptitud con que ha gobernado al Distrito Federal; advirtiéndole, que si no los deja resueltos, no será aprobada la licencia que en su momento solicite a la Asamblea para iniciar su campaña electoral, porque es muy cómodo generar los problemas y luego abandonar el barco para que venga otro y los resuelva.

Paraje San Juan, GDF pagará cuando se vaya AMLO

2004-12-08T17:09:00.000-06:00

Pagará el GDF el Paraje San Juan por negligencia de López Obrador

El juicio está en receso y no ha utilizado el título de propiedad que le envió la SRA Afirma abogado que advirtió de la ilegalidad del juicio que hubo pacto secreto entre la Suprema Corte y el jefe de Gobierno para pagar a Enrique Arcipreste cuando AMLO deje el cargo; existe un fideicomiso en el Paraje San Juan que nadie sabe de él

(2004-12-08)
http://www.lacrisis.com.mx/paraje081204.htm

Enrique Arcipreste del Ábrego

De manera tan intempestiva como se inició, así se apagó el escándalo del Paraje San Juan, sin que se haya sabido -después de un año- cuál fue su conclusión, si es que ya la tuvo.
Pero en contra de la creencia generalizada, el conflicto político-social que generó el juicio de amparo relativo a la demanda de indemnización expropiatoria del "Paraje San Juan" no ha concluido.
Sólo se habría agotado su primera etapa, mediante una tregua pactada en secreto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, con la única finalidad de terminar con las mutuas acusaciones y descalificaciones que -en tan sólo 30 días- (octubre del 2003) erosionaron bastante la credibilidad, e incrementaron considerablemente el desprestigio de ambas instituciones.
Así lo afirma categórico Felipe Mondragón Corella, quien fue el encargado de la defensa de este asunto en la administración de Rosario Robles y el primero en advertir que el predio es propiedad de la nación.
Ante el inexplicable silencio de las autoridades capitalinas -jefe de Gobierno y Asamblea Legislativa del Distrito Federal-, La Crisis trató de investigar cuál fue el resultado final del juicio en el que la Suprema Corte de Justicia condenó al Gobierno del Distrito Federal a pagar mil 810 millones de pesos a Enrique Arcipreste del Ábrego, encontrándose con la sorpresa de que ni el mismo Andrés Manuel López Obrador, ni la presidenta anterior, ni la actual de la Asamblea Legislativa, Lorena Villavicencio y Silvia Oliva, así como la titular de la Comisión del Paraje San Juan, Aleida Alavez, saben en que estado se encuentra este proceso legal; los cuatro funcionarios creen que el juicio se encuentra concluido, y ya no existe el riesgo de pagar la indemnización.
Para salir de dudas, entrevistamos a Felipe Mondragón Corella, quien descubrió la ilegalidad de la reclamación y, también pidió a la Suprema Corte que revisara la sentencia que condenó al GDF a pagar los mil 810 millones de pesos del erario público. Por lo tanto, Mondragón Corella puede ser la fuente más autorizada para aclarar la confusión que se ha generado -intencionalmente-, dice él, en torno a este controvertido asunto.
-¿Qué sucedió con el juicio del Paraje San Juan? ¿Ya está concluido? ¿Ya se eliminó el riesgo de pagar los mil 810 millones de pesos que la Suprema Corte le exigió el año pasado al Gobierno del Distrito Federal como indemnización para Enrique Arcipreste del Ábrego?
-No, el juicio de reclamación seguido por Enrique Arcipreste del Ábrego en contra del Gobierno del Distrito Federal, no está concluido, sólo está congelado por la Suprema Corte, en espera de mejores tiempos para que Arcipreste pueda cobrar la indemnización.
-¿Por qué razón el jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ignoran que el juicio todavía está en trámite, y que el riesgo de pagar la indemnización aún sigue latente?
-Porque tanto López Obrador, como la diputada Lorena Villavicencio durante casi todo este año, y ahora la diputada Silvia Oliva Fragoso, actual presidenta de la ALDF, han estado engañando al pueblo; el primero afirmando falsedades, y las segundas callando verdades. Yo creo que en realidad ninguno de ellos ignora que el juicio no se ha resuelto, como tampoco ignoran que debido a la negligencia de ambas entidades, más tarde o más temprano, se llegará al absurdo de pagar la indemnización a un particular, por un predio que es propiedad de la nación.
-¿Cuándo considera usted que se tendría que realizar el pago de la indemnización?
-Obviamente después de que López Obrador haya dejado el cargo de jefe de Gobierno, para no perjudicar su imagen como precandidato a la Presidencia de la República.
-¿Acaso la Suprema Corte de Justicia estaría dispuesta a esperar hasta entonces para requerir nuevamente al Gobierno del Distrito Federal por el pago de los mil 810 millones de pesos?

-Desde luego. A mí me queda bastante claro que Mariano Azuela se comprometió con el jefe de Gobierno, a no formular ningún requerimiento de pago por la indemnización expropiatoria, a fin de darle oportunidad a López Obrador de concluir tranquilamente su gestión sin tener que efectuar el desembolso de los mil 810 millones de pesos que la Suprema Corte insiste en que deben entregarse a Arcipreste a costa del erario público del Distrito Federal.
-¿Por qué razón haría el presidente de la Suprema Corte un compromiso de tal naturaleza?
-Porque a cambio, el jefe de Gobierno se obligaría a que a mitad del año 2005, después de obtener licencia al cargo para iniciar formalmente su campaña a la Presidencia de la República, el substituto designado por la Asamblea Legislativa, que en ese tiempo se pensaba fuera René Bejarano, pagaría sin ninguna reticencia la indemnización.
-López Obrador siempre se ha manifestado en contra de pagar los mil 810 millones de pesos que demanda Arcipreste, entonces, ¿por qué opina usted que se obligó a comprometer a su sucesor para que pagara esa indemnización?
-Porque López Obrador siempre desmiente sus palabras con los hechos. La prueba de ello, es que desde hace más de medio año recibió del gobierno federal el título de propiedad que demuestra que el Paraje San Juan pertenece a la nación, y por lo tanto, que la reclamación de Enrique Arcipreste es fraudulenta; sin embargo, hasta la fecha no ha utilizado ese documento para conjurar el riesgo de pagar la indemnización, lo que desde luego, evidencia su intención de que el Gobierno del Distrito Federal termine pagando la condena impuesta por la Suprema Corte.
-¿Qué sale ganando la Suprema Corte con todo esto?
-Con este pacto el jefe de Gobierno y la Suprema Corte dejan a salvo sus respectivas posturas, las que por ser totalmente opuestas e irreconciliables, de otra forma no hubieran permitido que las dos instituciones salieran bien libradas de la titánica confrontación provocada por López Obrador con la sola finalidad de exhibirse como un paladín de las causas populares y valeroso defensor de la patria, por supuesto, sólo como una estrategia de su prematura campaña presidencial.
-¿Cuál fue la necesidad de hacer ese pacto?
-Fue para que tanto la Suprema Corte, como el jefe de Gobierno pudieran desatorar el grave conflicto jurídico y político que les ocasionó el escándalo periodístico que se inició con las imprudentes declaraciones de López Obrador, y que, avivado con las respuestas de los ministros de la Corte, creció desmesuradamente hasta salirse del control del jefe de Gobierno, por lo que les resultó indispensable concertar ese acuerdo debido a que, cuando requirió al Gobierno del Distrito Federal por el pago de la indemnización a favor de Enrique Arcipreste, la Suprema Corte sostuvo la postura de que no había ya ningún recurso legal para evitar el pago; mientras que por otra parte, el gobernante capitalino mantuvo una posición diametralmente opuesta, al afirmar rotundamente que no pagaría la indemnización porque se trataba de un fraude, y que él contaba con las pruebas necesarias para demostrarlo legalmente.
"Por tanto, si no hubieran pactado como lo hicieron, uno de los dos hubiera quedado en evidencia, porque, en el caso de que la Corte consiguiera su objetivo y se llegara a pagar la indemnización, López Obrador quedaría ante la opinión pública como un gobernante inepto, o corrupto, o las dos cosas a la vez; puesto que si descubrió que se trataba de un fraude y contaba con las pruebas necesarias para demostrarlo, no debería haber pagado. En el otro supuesto, si López Obrador ganara el pleito, entonces quedaría demostrado que todos los ministros de la Suprema Corte -los pontífices del derecho-, estaban equivocados y que saben absolutamente nada de leyes; o bien, podría pensarse que estaban coludidos con Arcipreste, debido a que todo el tiempo sostuvieron de manera tajante, y sin el menor asomo de duda, que ya no había ningún recurso legal que pudiera intentar el Gobierno del Distrito Federal a fin de rescatar el juicio y evitar el pago de la indemnización.
-¿En qué momento hicieron ese pacto López Obrador y Mariano Azuela?
-Para mí es evidente que el momento en que pactaron, fue cuando dejaron de lanzarse acusaciones mutuas, a fines de noviembre y principios de diciembre del año pasado, cuando la Suprema Corte dejó de insistir en el pago de la indemnización, y ya no volvió a mencionar para nada al Paraje San Juan. Después nos enteramos por los periódicos que López Obrador y Mariano Azuela se reunieron varias veces para comer juntos, como buenos amigos. Ahora sabemos el porqué.
-¿De qué manera podrían llevar a cabo ese acuerdo el jefe de Gobierno y el presidente de la Corte?
-Para poder encubrir a López Obrador durante el siguiente año y medio, la Suprema Corte decidió congelar de facto, el expediente del supuesto "Juicio de Nulidad" promovido por el ex-diputado René Bejarano Martínez, entonces presidente de la Asamblea Legislativa; para lo cual, la Primera Sala de la Suprema Corte, al recibir la demanda la turnó al Pleno de ese Tribunal, argumentando, que: "ante lo inusitado del planteamiento" quien debería resolver sobre la admisión o el rechazo de la demanda de nulidad, era el Pleno de la Corte, es decir, todos los Ministros que integran la Suprema Corte, quienes a pesar de que ya ha transcurrido un año desde entonces, todavía no han podido decidir si admiten o rechazan el juicio de nulidad planteado por la Asamblea Legislativa, o declaran la incompetencia de la Suprema Corte para conocer del mismo.
"Este prolongado silencio de los Ministros de la Corte -afirma Mondragón Corella-, sólo es comprensible si se tiene en cuenta que, de lo que se trata, no es de impartir justicia emitiendo una resolución de acuerdo a la ley, sino que se trata precisamente de lo contrario: hacer tiempo para no formular ningún requerimiento al actual jefe de Gobierno, y así, todos felices y contentos, porque quien va a pagar el pato (al orange) es el pueblo, y quien va autorizar el pago, no será López Obrador, sino quien lo substituya. De esta forma, el tabasqueño podrá seguir enarbolando la bandera de su rebeldía ante la injusticia, argumentando que el pago no se realizó durante su gestión.

-Volviendo al punto inicial, ¿por qué dice usted que el jefe de Gobierno del Distrito Federal engaña al pueblo en este asunto?
-Porque ha seguido la estrategia de fingir que está dispuesto a defender el juicio del Paraje San Juan aún a pesar de que la Corte lo destituya por desacato, cuando en realidad es todo lo contrario, ya que desde que asumió la jefatura de Gobierno, ha dejado en total abandono el proceso legal, haciendo hasta lo imposible porque el GDF pierda el juicio y se vea obligado a pagar los mil 810 millones de pesos, o sea, de plano se dejó caer a la lona.
-¿Por qué razón considera usted que no se ha defendido adecuadamente este juicio?
-En agosto del año 2000 se me encomendó la defensa de este juicio, por lo que promoví ante la Suprema Corte un recurso legal llamado "Denuncia de Incidencia" con la finalidad de revertir los efectos de la sentencia del amparo; pero al llegar diciembre de ese año, inexplicablemente fui separado de mi cargo y tuve que hacer entrega de los expedientes.
"A partir de entonces, los abogados del GDF abandonaron completamente el seguimiento del recurso, sin darle ningún impulso procesal, ni promover lo conducente para que se dictara la resolución correspondiente, lo cual ocasionó que a causa de este abandono, la Suprema Corte en forma ilegal y arbitraria continuara requiriendo el pago, y que a consecuencia de ello, en marzo del año 2002, López Obrador indebidamente le pagara -en otro juicio- 31 millones de pesos a Francisco Arteaga Aldana, por una fracción de terreno que resultó ser propiedad de la nación.
-¿Quiere decir que el Gobierno del Distrito Federal le pagó esa cantidad a una persona que no era propietaria del terreno?
-Efectivamente. En mayo del año 2004, el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, hizo público el anuncio de que "casualmente" se había encontrado en los archivos de esa dependencia, el título de propiedad del Paraje San Juan, en el que la nación aparece como legitima propietaria del predio en litigio. Asimismo, con excesiva ostentación, dio a conocer a la opinión pública que de inmediato había enviado dicho título de propiedad al jefe de Gobierno, con lo cual endosó a éste la responsabilidad de hacer valer el citado documento ante las autoridades competentes.
"Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido desde entonces, López Obrador no ha informado a la opinión pública si ya presentó ante la Suprema Corte el título de propiedad del Paraje San Juan, para pedir la nulidad de la sentencia, o si ha promovido algún otro recurso legal con base en este documento para revertir la sentencia de pago. Por eso afirmo que López Obrador hace todo lo que está a su alcance para que el GDF pague la cuantiosa indemnización que ordenó la Corte.
-¿Por qué entonces López Obrador ha venido diciendo que no va a pagar la indemnización del Paraje San Juan?
-Por pura demagogia, como lo demuestra el hecho de que no sólo le pagó los 31 millones de pesos a Francisco Arteaga, sino que, además, desde enero del 2002 López Obrador ya había firmado la autorización del pago por mil 810 millones de pesos para Enrique Arcipreste del Ábrego, como él mismo lo reconoció públicamente en todos los medios de difusión, hace poco más de un año.

Enrique Arcipreste del Ábrego
-¿Entonces qué va a pasar con el pago de la indemnización a Enrique Arcipreste?
-Ante la inexplicable e injustificada omisión del gobernante citadino, la perspectiva legal, es que cuando Arcipreste del Ábrego salga de la cárcel, le exija a la Corte, que haga efectiva la sentencia indemnizatoria para que el GDF le pague los mil 810 millones de pesos más los intereses generados, debido a que dicha sentencia no ha sido impugnada por ningún medio legal viable, puesto que el juicio de nulidad promovido por la ALDF se encuentra también en completo abandono desde hace un año -además de que no es viable-, por lo que con todo y el proceso penal seguido en contra de Enrique Arcipreste, hasta esta fecha la sentencia de pago sigue siendo legalmente válida.
-¿Se tendría que hacer el pago a pesar del proceso penal que se le sigue al reclamante?
-Desde luego, el proceso penal no invalida la sentencia del amparo.
-¿Qué es lo que debe hacer el jefe de Gobierno para evitar el pago de la indemnización?
-Primero tendría que proponérselo, lo cual es muy difícil; después tendría que utilizar el título de propiedad que le entregó el gobierno federal como documento base de una acción de nulidad; pero, además tendría que utilizar el mismo documento para regularizar de una vez por todas la propiedad en favor de los habitantes del Paraje San Juan, ya que si bien es cierto que ellos son los legítimos propietarios de sus inmuebles, también es cierto que sus derechos de propiedad deben ser convalidados mediante un sencillo trámite administrativo de desincorporación, y que por alguna extraña razón López Obrador ha dejado pendiente, generando así, una peligrosa incertidumbre en la propiedad de los predios de 20 colonias de la capital, que ocasiona un considerable menoscabo en el valor de esos inmuebles.
-¿Y ya con eso quedaría resuelto el conflicto del Paraje San Juan?
-No del todo. También se debe efectuar la liquidación del fideicomiso del Paraje San Juan, para que se rindan cuentas y se entregue el dinero a sus legítimos propietarios.
-¿Existe un fideicomiso en el Paraje San Juan?
-El fideicomiso existe desde 1989. Lo que seguramente ya no existe, es el dinero. Ese es otro más de los asuntos pendientes que López Obrador tiene que dejar resueltos en el caso del Paraje San Juan, antes de pedir licencia al cargo.
-¿Quién quedó a cargo de ese fideicomiso?
-Originalmente fueron Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard; actualmente deberían ser López Obrador y Alejandro Encinas, pero no sabemos nada al respecto, porque ninguno de ellos ha dicho nada al respecto.
Paraje San Juan
Con una extensión total de 309 hectáreas, el Paraje San Juan es un predio ubicado al oriente de la ciudad, en la delegación Iztapalapa, en el que se asientan 20 colonias.
A principios de octubre del 2003, se dio a conocer la noticia de que la Suprema Corte había condenado al GDF a pagar a un solo particular el valor de 298 hectáreas del Paraje San Juan, como indemnización por una expropiación realizada en 1989.
En su demanda, Enrique Arcipreste del Ábrego reclamó el pago de 3 mil 048 millones por el terreno, más otros 3 mil 858 millones de pesos por todas las construcciones que se han realizado en el predio; sin embargo, la jueza Gabriela Rolón Montaño -pese a las presiones de la Suprema Corte-, logró reducir la cantidad de 6 mil 906 millones a mil 810 millones de pesos.
El jefe de Gobierno, se negó a cubrir el pago de la indemnización, por lo que fue apercibido de ser destituido y consignado penalmente por desacato a un mandamiento judicial.
Así se inició la insólita confrontación entre el Poder Judicial de la Federación y el Poder Ejecutivo local, que en su evolución llevó al demandante Enrique Arcipreste a ser procesado por varios delitos, sin que se le haya dictado sentencia; mientras que por otra parte, el brutal enfrentamiento entre las dos dependencias gubernamentales concluyó con una serie de amistosas comidas entre sus titulares y, sin que, hasta el día de hoy, se le haya informado a la ciudadanía, en que va a parar todo esto.

Pagaba Gordillo con cheques de hule remodelación de penthouse

2004-11-17T18:52:00.001-06:00

Hombre del Maletín compró lujosa residencia

Por Renato Consuegra

Con la amenaza de dar a conocer la denuncia por fraude que enderezó en contra del protegido y brazo financiero de Elba Esther Gordillo, Francisco Yáñez Herrera, el constructor Marco Antonio Tapia Lizárraga buscaba cobrar un millón 400 mil pesos que le quedaron a deber tras pagarle con cheques de hule los arreglos realizados en el penthouse de Galileo 7 y el edificio de la CNOP.

En una denuncia de hechos presentada el 1 de junio de 2003 ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el empresario expresó que no sólo fue burlado al habérsele entregado un cheque sin fondos por 200 mil pesos, sino que en el SNTE le afirmaron que las ocho facturas que presentó a cobro por un importe global de un millón 397 mil 595.48 pesos, ya habían sido saldadas.

El pasado lunes 15 fue publicado en estas páginas el fragmento de una conversación telefónica donde presuntamente Tapia Lizárraga solicita a su abogado Adolfo Maldonado asesoría para cobrar "de buena ley" sus facturas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), o asustar con la ratificación de la demanda y su divulgación en la prensa a Gordillo Morales y Yáñez Herrera, una conversación donde también quedó al descubierto cómo los líderes magisteriales se quedan con el 5 por ciento del valor de cada una de las casas que entregan por medio del Fovissste y a través del Fideicomiso de Vivienda para el Sector Magisterial (VIMA).

El constructor habría dicho a su abogado sobre la ratificación de la demanda penal en contra de Yáñez: "Por qué con esa no vas y la asustas, le dices ya vamos a ratificarla".

Oficial mayor de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados durante la coordinación de la lideresa del SNTE, Francisco Yáñez también fue representante de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado (FSTE) ante el Fovissste, director general del VIMA y hasta candidato a una diputación federal plurinominal en la Segunda Circunscripción por el Partido Verde Ecologista.

En entrevista telefónica realizada en noviembre de 2003, el denunciante Marco Antonio Tapia Lizárraga explicó a este reportero que en el año 2000 el entonces dirigente del SNTE, Tomás Vázquez Vigil, autorizó a Francisco Yáñez la realización de 14 trabajos por cuenta del VIMA, entre los que se contaba la "evaluación postsísmica de la operación y seguridad estructural correspondientes al sismo del 9 de agosto de 2000" y el "análisis y diseño del reforzamiento, estudio de mecánica de suelos y pruebas de laboratorio" para las oficinas generales, las complementarias, las triseccionales, la Casa del Maestro, la Biblioteca de la Educación, el teatro de Usos Múltiples y la Editorial del Magisterio, entre otras, todos estos inmuebles pertenecientes al SNTE.

Las facturas también amparan trabajos para el edificio del Sector Popular (CNOP), ubicado en Lafragua 3, del que Gordillo Morales fue secretaria general antes de obtener la misma posición, pero del PRI nacional.

Además, parte de las facturas correspondían al "proyecto de urbanización y casa tipo en Costa Verde" (¿), como del proyecto arquitectónico del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América (IEESA).

La factura número 705 con fecha del 1 de febrero de 2001, cubre trabajos realizados en una de las propiedades de Elba Esther Gordillo: "Análisis sísmico dinámico y revisión estructural detallada, ambos tridimensionales. Incluye además visto bueno de seguridad y operación constancia de seguridad estructural, levantamiento estructural y firmas como director responsable de obra y corresponsable en seguridad estructural del análisis. Constancia y Vo.Bo. para la construcción del penthouse del edificio de aproximadamente 4,500m2, ubicado en Galileo No. 7, colonia Polanco".

La denuncia de hechos explica que Tapia Lizárraga reclamó durante dos años el pago de las facturas hasta advertir que acudiría a los cauces legales, amenaza que había advertido en la conversación dada a conocer el lunes 15 por La Crisis, por lo que el 29 de septiembre de 2003 le fue entregado un cheque por 200 mil pesos de la cuenta 09091571132 de la sucursal 34 de la entonces Banca Serfin (hoy Santander), a cargo del Fideicomiso de Vivienda para el sector Banobras Fiduciario, el cual no tenía fondos.

"El 27 de noviembre me dieron otro cheque, pero ahora por sólo la mitad", afirmó el denunciante en aquella ocasión.

Para mayor abundamiento del presunto fraude, el 10 de junio de 2003, al enterarse de que el fideicomiso fue cerrado y Francisco Yáñez ya no trabajaba ahí porque se disponía a participar como candidato plurinominal, por el Partido Verde, Tapia Lizárraga solicitó una investigación al interior del SNTE, donde "encontraron que las facturas en cuestión ya se habían liquidado, pero es el caso que el pago no se realizó a mi representada" y tampoco le dieron a conocer ningún documento que comprobara tal pago.

El llamado Hombre del Maletín, sin embargo, habría adquirido el año pasado, con dinero en efectivo, una residencia en el lujoso fraccionamiento Los Encinos, en Lerma, Estado de México, con un costo de alrededor de 2 millones de dólares, donde tendría como vecinos a políticos y empresarios mexiquenses.

De acuerdo con las conversaciones en poder de La Crisis, por cada 3 mil viviendas que entregó por medio del Fovissste y a través del VIMA, se llevó por comisión alrededor de 36 millones de pesos.

En la grabación queda de manifiesto el miedo hacia el poder político de la lideresa magisterial, porque Tapia Lizárraga le advirtió a su abogado: "Mira, nada más te quiero hablar de una cosa. Si esto yo lo ratifico y se pegan una encabronada, tanto (Francisco) Yáñez como la licencia... como la Elba Esther, me echan encima Hacienda, el Seguro Social, el Infonavit y la chingada... me parten la madre".

Están cerca maestros tabasqueños de expulsar al SNTE y Elba Esther

2004-11-16T19:17:00.000-06:00

Consiguen homologar prestaciones para sus agremiados

Han aportado al cacicazgo de 15 años cuotas por alrededor de 138.5 millones de pesos; pero el SITET ya cuenta con 13 mil de 30 mil maestros en el estado

Renato Consuegra

(2004-11-16)

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco (SITET) no sólo se adjudicó un triunfo en las áreas laboral y gremial, sino se puso en camino de expulsar de aquel estado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a su lideresa Elba Esther Gordillo Morales, luego de que el pasado 8 de noviembre les fue publicada por el gobierno del Estado la convocatoria para poder participar con sus afiliados en los concursos de carrera magisterial y de escalafón.

De esta forma los profesores que tenían resistencias para afiliarse al sindicato independiente, podrán hacerlo sin perjuicio de sus derechos laborales, como tanto les amenazaron los alrededor de 500 enviados del SNTE, y echar de sus tierras el cacicazgo de 15 años al que han aportado cuotas por alrededor de 138.5 millones de pesos, sin que hasta el momento tengan conocimiento de dónde está ese dinero o en qué se gastó.

Al ponderar los enviados de Gordillo Morales que perderían la elección que estaba por realizarse en Villahermosa durante el XVII Congreso Extraordinario de la Sección 29 del SNTE, en enero pasado, decidieron trasladarse con sus seguidores para realizar una elección amañada en Tenosique, Tabasco.

Sin embargo, los profesores encabezados por Moisés Valenzuela Rodríguez decidieron realizar su propia elección y constituyeron el SITET, organismo registrado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el 10 de mayo de este año, cuyo reconocimiento oficial se dio 14 días después.

De esta forma, los 7 mil profesores independientes que iniciaron el movimiento, comenzaron a recibir derechos, entre ellos, las cuotas descontadas por la SEP que deben ser canalizadas a su sindicato.

Sin embargo, estas no les han llegado debido a que el SNTE introdujo una demanda de amparo por la presunta ilegalidad del nuevo sindicato, razón por la cual siguen sin recursos para operar hasta que el litigio sea resuelto.

A la par, los seguidores de Elba Esther Gordillo pasaron a todas las escuelas tratando de sorprender a la buena fe de los trabajadores del magisterio, al amenazarlos con que perderían el derecho de participar en los programas de Carrera Magisteral y Escalafón si se afiliaban al SITET, ya que era un logro sindical del SNTE.

Incluso, hubo un momento en que la misma SEP expresó que como el SNTE es el sindicato mayoritario, con ellos realizarían las negociaciones salariales y de prestaciones.

Sin embargo, los abogados del SITET encontraron que los programas de Carrera Magisterial y de Escalafón son acuerdos del Programa de Modernización de la Educación Básica de 1992, donde se habla de que para otorgar el reconocimiento de actualización del docente se creaban dichos programas, por lo cual ningún trabajador debía estar exento.

Y por tanto, no era una conquista laboral de sindicato alguno, sino un derecho para todo trabajador del magisterio que desee actualizarse. Un caso, por ejemplo, son los estados de Campeche y Veracruz que tienen sindicatos blancos, es decir, sin registro ante las autoridades laborales, y a pesar de ellos los trabajadores del magisterio tienen derecho a estos beneficios, toda vez que los gobiernos de los estados les publican la convocatoria.

Con esta decisión del gobierno del Estado de Tabasco, afirmó a La Crisis el secretario de Acción Política e Ideología Sindical del SITET, Jorge Ordóñez, “queda superado el fantasma del no te vayas porque pierdes”.

También han solventado otro tipo de obstáculos como el que ejercita León Felipe Morales Araiza, delegado del ISSSTE en Tabasco y sobrino de Gordillo Morales, quien detiene cualquier solicitud de préstamos de los agremiados del SITET, al lograr un acuerdo de colaboración con la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado (FSTSE), que dirige Joel Ayala.

De esta forma, también, el SITET que inició con 7 mil afiliados tiene ahora 13 mil y para fines de año esperan contar con al 50 por ciento o un poco más de los aproximadamente 30 mil profesores trabajadores de la educación tabasqueños, momento en el que pedirán la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, pasando al SNTE a la calidad de sindicato minoritario.

El sindicato liderado por Elba Esther Gordillo está en plena debacle en el estado de Tabasco, ya que aunado a la fuerza con la que surgió el sindicato independiente, existe una fuerte descomposición interna en la sección 29, debido a la lucha por el control entre el favorito de la lideresa nacional, Pedro Antonio Estrada, quien es el actual secretario de finanzas, y el líder David Alonso Aguirre.

Gordillo Morales permitió que Alonso Aguirre tomara la secretaría general pero entregó las carteras a la gente de Estrada, y sólo dejó las suplencias a los seguidores del nuevo líder, lo que implica una división que día a día mina la unidad sindical.

Por otro lado, la actividad del SITET a nivel nacional ha comenzado a incrementarse, luego de que en agosto pasado se realizó el primer encuentro nacional de sindicatos independientes y el primer intento por conformar una federación magisterial con representantes de los estados de Tlaxcala, México, Veracruz, Puebla y la sección 7 de Chiapas, entre otros, y el anuncio de un segundo encuentro en los albores de 2005.

“Es deseo de los compañeros desprenderse a nivel nacional del control de Elba Esther Gordillo, y sabemos que las otras entidades pueden, aunque es difícil realizar un movimiento sin recursos como nosotros, aunque el compromiso y la solidaridad de los compañeros fue mayor que los obstáculos que nos pusieron”, expresa Jorge Ordóñez.

El secretario de Acción Política e Ideología Sindical también rechazó la especie sobre el presunto apoyo político y económico de Roberto Madrazo y su delfín en el gobierno estatal, Manuel Andrade Díaz, y explicó que es un movimiento plural donde convergen diversas corrientes políticas e ideológicas como es el caso de la Agrupación Política José María Pino Suárez, liderada por Arturo Núñez Jiménez, quien se convirtió en adversario de Roberto Madrazo.

Dinero sucio en el SNTE

2004-11-11T17:22:00.000-06:00

Francisco Yáñez, el Hombre del Maletín

Obtiene 40 mdp de comisión por acomodar 3 mil casas entre los maestros

(2004-11-11)
http://www.lacrisis.com.mx/gordillo111104.htm

Antiguo representante de la FSTSE en la Comisión Ejecutiva del Fovissste, ex director general de la caja chica de la dirigencia del magisterio llamado Fideicomiso de Vivienda para el Sector Magisterial (Vima), presunto responsable del delito de fraude por más de un millón 400 mil pesos, ex oficial mayor del PRI en la Cámara de Diputados con Elba Esther Gordillo, candidato fracasado como diputado plurinominal del Partido Verde en los comicios de 2003, Francisco Yáñez Herrera es el hombre fuerte de los "dineros sucios" del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Esta afirmación sobre el también conocido como El Hombre del Maletín la realiza presuntamente Othón Sánchez, consuegro de la lideresa del SNTE, quien de alguna forma habría desplazado como hombre de las confianzas financieras de Gordillo Morales a Francisco Arriola, el primer esposo de la "maestra" chiapaneca, y a quien ella le cedió un riñón que ahora le es necesario.
En una parte de una conversación grabada que llegó de manera anónima a las oficinas de este diario, entre quienes se identifica como Othón Sánchez y Octavio Gordillo Guillén, conocido como el "sobrino" de Elba Esther, por ser también chiapaneco (es originario de Chiapilla), este último da a entender que Yáñez obtiene 40 millones de comisión por acomodar alrededor de 3 mil casas entre los trabajadores de la educación, las que había logrado concertar también un año antes.
Y es que debido a la posición de Yáñez en la Comisión Ejecutiva del Fovissste, Gordillo logró la asignación de un buen número de casas para el SNTE. Sin embargo los fraudes en el Fovissste hacia el magisterio han sido cuantiosos. Alrededor de 160 trabajadores de la sección 36 denunciaron haber sido víctimas de un fraude por 38 millones de pesos, con descuentos vía nómina pero sin que las casas fueran entregadas.
Pero también se dejan ver las pugnas alrededor del primer círculo gordillista.
A continuación se hace público el contenido de la grabación por ser de interés, particularmente para el gremio magisterial.
Octavio Gordillo Guillén (OGG): ¿Qué has sabido, no has visto al maestro Arriola?
Othón Sánchez (OS): No, no he hablado con él. Se me ha pasado el tiempo.
OGG: Porque andan ahí con problemas, porque metieron a un Trejo, de la oficina de Francisco… de este Ruiz… de Tomás Ruiz más bien, y este cuate es el que está controlando todo, y entonces ya te imaginarás que tanto Sanjuanita como Paco y el mismo Rafael Ochoa no está muy contento, porque él controla todo.
OS: ¿Trejo controla todo?
OGG: Trejo controla todo lo que es emisión de cheques y las decisiones más fuertes las maneja Paco Yáñez. El martes tuvo Paco Yánez a varias personas entre ellas Trejo, pero de primerísimo nivel, los tuvo cinco horas esperándolo y el comentario fue: "oye, que lo haga Elba Esther es una cosa, pero que lo haga ya... cree que por extensión tenemos que aceptárselos… pero ya ves que el malestar está complicado y la situación está bastante difícil y Paco sigue metiéndole a las viviendas".
OS: Sí, es lo que me habían dicho.
OGG: No, tú dices del año pasado las 3 mil que metió.
OS: Sí.
OGG: No, este año ya lleva como 3 mil otra vez. Y ya ves que cada golpe de ésos le deja como 40 millones, ¿no?
OS: Pues, cuando menos.
OGG: Cuando menos, entonces ahí está la parte complicada.
OS: Claro que sí.
OGG: Y luego ya ves que ella se fue y se quedó todo en stand by, ¿no? Yo creo que ya hay algunos estados que están empezando a ubicar un sindicato independiente, en Tabasco ya hay uno y con un cambio que quieren hacer para la educación del DF ¿tú crees que no van a hacer un sindicato para el DF?
OS: Pues sí, como está en los estados.
OGG: Claro. La situación está delicadota, pues.
OS: Lo que se me hace raro es que le sigan dando candela a este cabrón.
OGG: Pues en primer lugar es el que maneja el dinero chueco pues, y entonces tú sabes que eso es de mucho peso, ¿no?
OS: Pero hay mucho dinero adentro como para dejar eso en manos de este cabrón, pero bueno...
OGG: Sí, digo, realmente en términos prácticos el dinero más fuerte… es el que está dentro del propio sindicato, ¿no?
OS: Claro, el otro dinero no pinta mucho.
OGG: Lo que pasa es que el otro dinero no pasa fronteras…
OS: Sí, estoy de acuerdo.
OGG: Ese entra directiiito a la bolsa…
OS: Pero, pues deja a ese cabrón afuera y no lo dejes adentro del otro… porque el otro sí se puede reventar.
OGG: Digo, crea más distorsión el hecho de que con la propia gente, que es realmente del SNTE.
OS: Exacto, sí porque este cuate no es del SNTE, ¿verdad?
OGG: No, no, no, no…
OS: Bueno, los dineros sucios… entonces el Paco sigue muy fuerte. Yo pensé que no.
OGG: ¿Paco Yánez? Ya no sé de Arriola cómo debe de estar el ambiente.
OS: Yo creo que Arriola a lo mejor ya hasta se salió de ahí si es que está controlando lo de arriba.
OGG: Pues yo creo que él está para regresar, yo creo que ya huelen sangre.
OS: ¿Tú, crees?
OGG: Sí, sí porque ya está demasiado evidente porque finalmente imagínate con que se destapen dos o tres estados pueden llegar hasta quince.
OS: Sí, con dos líderes, con dos estados líderes sí, sí pueden; no había platicado con nadie, de esto no había platicado con nadie, me habían dicho nada más que Paco seguía pateando fuerte, Yánez, ¿no?, que había pues, que aparentemente había regresado. Estuvo una vez muy bocabajeado, pero que regresó muy fuerte y hasta ahí me quedé. Con esta mugre pues ahorita con esto, quién sabe qué se traigan otra vez. Allá tu cuate se supone que ya estaba hablando con Modesto y dice que qué y qué no y que qué va a hacer y cómo le va a hacer.
OGG: No, pues fíjate que ahí la problemática la platicamos el domingo bien, ¿no? Porque hay que trabajar eso y sobre todo por algunas posiciones que te voy a comentar, ¿te parece?
OS: Ah, está bueno, entonces el domingo nos vemos.

Carta de Octavio Gordillo Guillén

México, DF, 10 de noviembre de 2004

Señor Carlos Ramírez

Director de La Crisis

Presente

En relación con la publicación de una nota en la página 8 de su periódico del día 10 de noviembre, donde se menciona la grabación de una llamada telefónica que se me adjudica.
Sin pretender asegurar su veracidad, de forma atenta solicito se sirvan proporcionarla a la Procuraduría, ya que presentaré una denuncia sobre este particular.
Agradeciendo su comprensión, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Octavio Gordillo Guillén

Rúbrica

Inicia hoy Gordillo formación oficial del Partido Alianza

2004-11-10T01:27:00.000-06:00

Combina el pensamiento nuevo con la movilización social

Llamadas telefónicas revelan cómo y quién maneja la billetiza del SNTE, desde donde la lideresa magisterial arma el nuevo partido político

http://www.lacrisis.com.mx/gordillo101104.htm

La estrategia de formación, presentación y lanzamiento del Partido Alianza de Elba Esther Gordillo, que dará inicio esta mañana en la Biblioteca de la Educación, es un proyecto madurado desde hace algunos años con la idea de convertirlo en "la nueva dirigencia del siglo XXI, donde se combina el pensamiento nuevo con la movilización social".
Esto queda de manifiesto en una conversación telefónica, cuyo sonido está en poder de este diario, donde también se revela la serie de pugnas existentes entre los colaboradores más cercanos de la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y algunos rasgos de cómo y quién "maneja toda la billetiza".
Durante la conversación, realizada presumiblemente tras la elección de Gordillo Morales como coordinadora de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, el entonces secretario particular de la maestra, Jorge González de la Vega, dice a su interlocutor, el sobrino Octavio Gordillo Guillén: "Sí, pero te digo, ella (Elba Esther) piensa que yo voy a pelear esos espacios, no? Pero yo ya qué, yo por eso ando paseando en bote, ando tranquilo, me llaman, me reporto."
—Te piden algo, lo haces y se acabó —le responde Gordillo Guillén.
A partir de ahí inicia una conversación sobre un programa de acción con los mexicanos radicados en Estados Unidos, donde el primero dice que quiere plantear a la lideresa magisterial "algunas cosas sobre la agenda de los inmigrantes".
Para lo cual Gordillo Guillén explica que ya se había trazado un programa, "hay todo un análisis" ajeno al SNTE que "se le presentó a ella, cuando empezó a haber este movimiento (de la formación del partido), cuando apenas llegó a la Secretaría General para ser más exacto (...) Yo proponía que se nombrara secretario general adjunto a (José Ángel) Pescador (ex secretario de Educación Pública), con la idea de que él estuviera a cargo de ese proyecto".
—Yo lo que quiero que sea una agenda, que se debe manejar desde luego para ella, pero desde el sindicato, no tanto desde aquí (desde la Cámara de Diputados), una parte sí como reformadores y demás con la postura del voto y demás, pero creo que sería más del partido que del sindicato —advierte González de la Vega.
Entonces responde Octavio Gordillo:
—Yo le presenté un planteamiento estratégico en 2002, y venía lo del movimiento alterno, eh. Aquí lo que decía yo era que dónde se podía mover, ¿no?, posicionamiento en estrategia, notando la política en ese momento, nacimiento de una fuerza ciudadana, proponer una etapa que consolide el cambio, presentarse como la nueva dirigencia del siglo XXI, se combina el pensamiento nuevo con la movilización social, se plantea los ciudadanos apoderados de los centros de decisión y crear movimientos alternos en este sentido, redefinir el Estado mexicano para 2012.
El sobrino de la lideresa magisterial agregó que dentro de la estrategia en el proyecto ya "veía por dónde trabajar alternamente, que era por el Congreso Latinoamericano de Políticas de Estado, el Consejo Mexicano para la Cultura de Paz, que ahí está, el IEESA, la APN (Asociación Cívica Magisterial), jóvenes, mujeres e inmigrantes, y aquí se hablaba de cómo se podía, lo debe de tener ella allí, qué acciones prioritarias habían y de cómo debería de participar el SNTE en términos de enlazar, vía en sentido magisterial".
El Partido Alianza se realizará mediante un Congreso Nacional, pero antes del 15 de enero deberán celebrar las 200 asambleas distritales que requiere el Instituto Federal Electoral para transformar la APN en un partido político.
Sin embargo, la dirigencia del SNTE no tendrá la colaboración en su nueva empresa de los profesores de Michoacán y Oaxaca, así como un buen número de disidentes de las secciones 9, 10 y 11 que aspiran a formar su propio sindicato independiente.

La billetiza con Francisco Arriola

Durante la conversación entre el sobrino de Elba Esther Gordillo y su secretario particular, fue evidente la forma cómo dentro del primer círculo de la lideresa magisterial las envidias corroen, así como la forma como se dan los movimientos de personal en el sindicato.
Octavio Gordillo Guillén: Ellos ya están en la comisión, pero todavía no hay reglamentación ni nada para hacerlo, pero el que sí creo que no está muy convencido es Paco, ¿no? Paco no está en ningún lado, Paco Arriola (ex esposo de Elba Esther Gordillo y ex secretario de Finanzas del SNTE, entre otros puestos).
Jorge González de la Vega: Creo que ese se había quedado como contralor otra vez, eh. No me hagas mucho caso.
OGG: ¿En Contraloría?
JGV: Ajá.
OGG: ¿Será?
JGV: Eso es lo que a mí me comentaron.
OGG: Yo lo sentí incómodo, eh.
JGV: A mí lo que me dijeron es que él está en la Contraloría, es más, de hecho me dijeron que entre él y Sanjuana eran los que firmaban.
OGG: Pero para que el contralor, bueno lo que pasa es que no es por eso, sino por control que lo puede llevar él.
JGV: Y que él lo conoce muy bien, ¿no?
OGG: Claro, por supuesto, sí, pues es el papá de todos ellos, de Héctor y todos.
JGV: Él lo ha llevado antes, ¿no?
OGG: Ah, no, por supuesto, él ya ha llevado todo lo que es dinero.
JGV: Sí.
OGG: Es el que maneja toda la billetiza.
JGV: Sí.
OGG: Lo que pasa es que ahí con el otro Paco (Francisco Yáñez, director general del programa de Vivienda VIMA) están encontrados.
JGV: Sí, pero por eso ya no es difícil.
OGG: Sí.
JGV: ¿Dime cuál no? (se escucha una voz maliciosa porque existen rumores de que existe una relación más allá de lo profesional entre Gordillo y Sánchez). Ja, ja, ja... Dime cuál no.
OGG: ¿Y regresó en todo su esplendor, verdad?
JGV: Pues más o menos… Lo que pasa que conmigo ya se dio cuenta que lo que siempre decíamos no, cada quien tiene su espacio, pa’qué andas buscando ya otro, ¿no? Yo ya le dejé muy claro que desde que yo llegué yo no andaba buscando el espacio de él.
OGG: Claro, pues no.
JGV: Vaya ni siquiera el que yo tenía hace tres años.
OGG: Exacto. Para ese, está el mismo Cárdenas (Manuel Cárdenas, ex secretario particular de Francisco Labastida Ochoa y también de Gordillo Morales en la Cámara de Diputados), ¿no?
JGV: Exacto, o Benilde.
OGG: Benilde claro, en una parte Benilde, ¿no? y en otra parte Cárdenas.
JGV: Eso sería lo ideal.
OGG: Sí.
JGV: Pero aquel no lo entiende, porque todo lo ve como amenaza.
OGG: Sí, claro, claro.
JGV: Entonces yo por eso mira…
OGG: Te juro que su ventaja es el manejo económico.

Listo, equipo técnico para desarrollar Tren Suburbano

2004-09-23T01:20:00.000-05:00

Publicado en el diario La Crisis
http://www.lacrisis.com.mx/trensub230904.htm

Roberto Alcántara Rojas y sus socios del Grupo Toluca que hicieron perder al país cerca de 11 mil millones de dólares producto de los préstamos quirografarios que fueron a dar a la panza del Fobraproa, se anotaron a la licitación para operar el Tren Bala México-Guadalajara y también figuran entre los aspirantes a desarrollar el Tren Suburbano que correría de la estación Buenavista a Huehuetoca, estado de México.
De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya se encuentra listo el equipo de asesoría técnica para desarrollar la obra por un costo aproximado a los 400 millones de dólares, y entre las empresas que entraron al proceso de licitación se encuentra IAMSA, de los Alcántara Rojas.
En total son seis firmas extranjeras y dos mexicanas. Las transnacionales son Siemens, CAF, Elecnor, Alstom, Bombardier y Mitsui, mientras que las de capital nacional son Ferrosur (propiedad de Carlos Slim), Ferromex (comandada por Germán Larrea) y la del Grupo Toluca.
De acuerdo con información de la dependencia que dirige Pedro Cerisola y Weber, Banobras será la encargada de la situación financiera, la firma suizo-finlandesa Electrowatt tendrá bajo su responsabilidad la parte técnica del proyecto, en el área jurídica los encargados serán los integrantes del despacho encabezado por Ricardo Ríos Ferrer y David Guillén Llerena, todos bajo la coordinación de Felipe Ochoa y asociados.
Pues el grupo de los Alcántara Rojas, que alguna ocasión ofrecieron sus servicios a los políticos priístas a cambio de grandes prebendas como fue convertirlos en banqueros en perjuicio de todos los mexicanos, ahora "ofrecen" los mismos servicios al gobierno panista del que esperan recibir la licitación del Tren Suburbano y ponerse a la vera de lo que se podría considerarse como otro Fobaproa.
En 1992 Roberto Alcántara Rojas, Carlos Mendoza Guadarrama y Rubén Goldberg ofrecieron 125 millones de dólares por la adquisición de lo que era el Banco de Crédito y Servicios (Bancreser, al que posteriormente le cambiaron el nombre por Bancrecer).
Así, al año siguiente, los accionistas mayoritarios pasaron a inscribir su nombre en el flamante consejo de administración del nuevo banco. En letras de bronce estaban los hermanos Roberto, José Carmen Arturo y José Luis Alcántara Rojas, Jesús Alcántara Miranda, Librado Padilla Padilla, Enrique Aranda Flores, Luis Rodrigo González Fuentes, José Haua Afif, Sergio Martínez Álvarez, Javier Miguel Afif, Alejandro Morales Mega, Alejandro Portilla Garceran, Jorge Garcés Cruz, Luis Méndez Jiménez, Arnulfo Padilla Padilla, Rafael Yamín Saade, José Ramón Elizondo Anaya, Enrique Portilla Ibargüengoitia, Héctor Ruiz Guzmán, Gustavo Cárdenas Monroy, Manuel Fernández Hernández, Francisco Javier Gaxiola Ochoa, Rafael Herrera Fernández, Enrique Ríos López, Ricardo Valencia Tejeda, Manuel García Guerra, José G. González Rubio, Alberto López de Nava, Carlos Machorro Camarena, Carlos Mendoza Guadarrama, Eduardo Morales Fillad, Jesús Santana Nava y Ramiro Trevizo Gutiérrez.
La mayoría de las empresas de estos hombres de empresa aparecen como beneficiarios de los créditos reportables, es decir, operaciones nada transparentes, por arriba de los mil 65 millones de dólares que a fines de 2001 se habían traducido en 11 mil millones. Entre las empresas se encuentran Aero Ejecutivo de Alejandro Morales Mega con 366 millones, Compañía Importadora y Exportadora con 247 millones, Joel Álvaro Valenzuela Parra con 172.8 millones, Inmobiliaria Pedrujerrín con 165 millones, Héctor y Arturo Lomelí Villalobos con 151.7 millones, Constructora e Inmobiliaria Praderas del Río con 128 millones, Industria de Madera Las Américas con 116.7 millones, Aluminio Manufactura y Ensamble con 108 millones, Eduardo Zaragoza Fuentes con 111.5 millones, José Manuel Fernández Hernández con 107 millones, y otros.
De manera no desafortunada, sino amañada, en junio de 2001 el IPAB informó que "la acción penal en contra de los presuntos responsables ya prescribió". Aún así, cuando el banco fue intervenido, los Alcántara Rojas y sus socios dijeron que habían perdido durante su administración alrededor de 900 millones de dólares.
Pero en octubre de 2003 el presidente Vicente Fox, otro beneficiario del Fobaproa, rehabilitó al empresario camionero que quebró Bancrecer, se benefició con el Fobaproa y pagó la escolta que ¿cuidó? de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas.
Roberto Alcántara dejó hace un par de meses la presidencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), mientras que su hermano José Carmen Arturo es diputado federal, integrante de las comisiones de Desarrollo Metropolitano, Hacienda y Crédito Público y Transportes; en tanto José Luis es presidente del Comité Estatal de Financiamiento del PRI en el Estado de México.

Avanza proyecto de aeropuerto en Tizayuca

2004-07-19T14:58:00.000-05:00

Comprada 98% de la tierra

Avanza proyecto de aeropuerto en Tizayuca

La idea del plan es enfatizar la separación entre la mancha urbana de la Ciudad de México y la de la zona metropolitana de Pachuca, para evitar su absorción de forma desordenada como ha sucedido con algunos municipios conurbados y áreas metropolitanas de capitales cercanas

(2004-07-19)
http://www.lacritica.com.mx/index.php?option=content&task=view&id=239&Itemid=36

El transporte y particularmente la construcción del aeropuerto de carga, que probablemente llevará el nombre de Javier Rojo Gómez, serán el elemento estructurador del polo de desarrollo económico que el gobierno del Estado de Hidalgo está más que listo para comenzar a detonar en la zona Zapotlán de Juárez-Tizayuca, toda vez que la semana anterior la paraestatal Compañía Aeroportuaria Hidalguense, ya tenía compradas el 98% de las mil 600 hectáreas del polígono donde se asentará la terminal aérea.
El proyecto del aeropuerto comenzará su construcción probablemente a fines de octubre o a más tardar a mediados de noviembre, como una terminal de carga multimodal, es decir, con planes paralelos que le permitan la opción no sólo de articular los enlaces intermodales ya existentes, sino con la capacidad para crecer de manera gradual y ordenada a largo plazo, con otros enlaces potenciales, que lo conviertan en una llave de acceso y conectividad para el óptimo desarrollo de las comunicaciones aéreas en el centro del país.
En otras palabras, en la medida que las condiciones de crecimiento de la zona y la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México así lo requieran, el aeropuerto del estado de Hidalgo podrá establecer también una terminal para pasajeros.
De hecho, el proyecto contempla que para comenzar a operar la terminal aérea atraerá los movimientos de aviación civil que tiene el actual aeropuerto de Pachuca, así como el componente de carga.

Alto a la mancha urbana

La elección del sitio para ubicar la terminal aérea, en el polígono compuesto por Zapotlán de Juárez, Téllez, Tizayuca y otras comunidades, tiene dos finalidades, a decir de personas cercanas al anteproyecto, que se encuentra en su etapa de redefinición técnica, económica y financiera, tras haberse cancelado la posibilidad de construir ahí el Aeropuerto Internacional alterno al de la Ciudad de México.
La primera de ellas es de previsión, con el fin de regular el crecimiento del Valle Pachuca-Tizayuca, frente al desbordamiento previsto por la expulsión de grandes y medianas industrias de los municipios mexiquenses de Naucalpan y Tlalnepantla, principalmente.
La idea del plan es enfatizar la separación entre la mancha urbana de la Ciudad de México y la de la zona metropolitana de Pachuca, para evitar su absorción de forma desordenada como ha sucedido con algunos municipios conurbados y áreas metropolitanas de capitales cercanas, altamente vulnerables por sus condiciones adecuadas para la expansión urbana (Ver recuadro 1).
Esa preocupación la relató el gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, en la entrevista que le hiciera el director de La Crítica-Hidalgo, Javier Ibarrola, en nuestro primer número: “Si no ordenamos esto, van a llegar nuevos asentamiento de pobreza donde no haya empleo, donde se demanda todo tipo de servicios y vamos a tener que recortar el dinero que destinamos hoy a las actuales zonas de pobreza, para dedicarlo a las nuevas zonas de pobreza”.
Es decir, con el florecimiento del proyecto se pretende ponerle un dique a la continuidad física en condiciones de pobreza de las zonas periféricas de la megalópolis y a la vez unir a la Ciudad de México y su área conurbada a través de un transporte más eficiente, que tenga el propósito de configurar una red regional de transporte carretero, ferroviario, trenes ligeros y metro, con sus respectivos nodos de conexión.
El desarrollo y operatividad de esta red ambiciona lograr, sin lugar a dudas, la configuración deseable para cumplir con el programa de crecimiento programático de la región norte de la capital mexicana.
De hecho el gobernador hidalguense ha advertido que el gobierno tiene “un gran plan de desarrollo que implica 100 mil hectáreas para los próximos 25 años, pero con un crecimiento ordenado”.

Proyecto ancla

Aparejada con ésta intención, viene la segunda finalidad para la construcción del Aeropuerto en la zona Zapotlán de Juárez-Tizayuca, que es convertirlo en un proyecto ancla, a través de planes de desarrollo regional y municipal, que permitan el establecimiento de una zona industrial, con una alta capacidad de generación de empleos y un crecimiento ordenado de desarrollo sustentable en variados aspectos, como son la protección ecológica, la estructuración urbana, la producción agrícola e industrial, así como la creación de una mayor y mejor infraestructura carretera y ferroviaria.
Además de que a largo plazo este aeropuerto se puede convertir en un punto natural de distribución de carga para toda la zona central del país, ya que muy cerca, a unos kilómetros solamente, estará el entronque de la proyectada autopista que unirá a los puertos de Tuxpan en el Golfo de México y Manzanillo en el Pacífico.
Precisamente están en marcha los trabajos de modernización del tramo Colonias-Santa Catarina, de la carretera federal México-Laredo, que forma parte del proyecto Regional Gran Visión, que está contemplado dentro del desarrollo aeroportuario.
De igual forma, el gobernador Núñez Soto ha insistido en que trabajan para lograr la ampliación a 10 carriles de la autopista México-Pachuca, la realización de un segundo piso en Indios Verdes, así como la construcción de una nueva autopista con inversión privada.
La redefinición del proyecto se alejará escasamente del planteamiento original de lo que sería el aeropuerto internacional (ver recuadro 2), con la finalidad de impulsar un nuevo polo de desarrollo y actividad económica en distintas etapas, que permitan la viabilidad económica y financiera, y con la seguridad de que se tendrán los recursos suficientes para su crecimiento.
Este polo de desarrollo económico contemplaría además de la producción industrial, la actividad comercial y el impulso habitacional y la consolidación de Hidalgo también como una potencia turística en el ámbito nacional.
La Crítica-Hidalgo solicitó una entrevista con el secretario de Obras Joel Guerrero Juárez, así como con el vocal ejecutivo del Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos, Horacio Ríos Cano, quien en su calidad de secretario de Desarrollo Económico estuvo al frente de los planes para la expansión económica de la zona, pero no fue posible tener sus puntos de vista sobre la forma como quedará finalmente el proyecto porque aún no está definida la totalidad del diseño.

Primera fase

Sin embargo, de acuerdo con informes desde la propia Secretaría de Obras del Gobierno del Estado, una vez que la compra de la reserva territorial se encuentra prácticamente en su proceso de culminación (la paraestatal Compañía Aeroportuaria Hidalguense –CAH– tenía compradas el 98% de las mil 600 hectáreas), sólo falta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes oficialice el permiso o título de concesión a la CAH, y que la Secretaría del Medio Ambiente otorgue el permiso de impacto ambiental.
Con la certidumbre de que la reserva territorial ya fue adquirida por el fideicomiso, y una vez recibidos tanto el título de concesión como el permiso de impacto ambiental, el otro paso importante del proceso será la convocatoria que realizará el gobernador Núñez Soto para promover la participación de la iniciativa privada nacional e internacional, con el fin de invertir en la construcción de la obra.
Una vez logrado asegurar la inversión por alrededor de 500 millones de pesos, a más tardar a mediados de noviembre comenzará la construcción de la etapa inicial de la terminal aérea de carga multimodal, que implica la edificación de una torre de control y el tendido de una pista, que oscilará entre cuatro y cuatro y medio kilómetros de longitud.

Recuadro 1

Desarrollo urbano equilibrado

La construcción de la terminal aeroportuaria de carga multimodal es congruente con el programa General de Desarrollo del Distrito Federal 1995-2000, que se basa en tres puntos estratégicos:

*Desarrollo urbano a largo plazo
*Facilitar el acceso a la vivienda como base del bienestar familiar, y
*Avanzar hacia un medio ambiente sano

La estrategia de desarrollo regional y urbano integral, entonces, se desarrolla de la siguiente forma:

*Lograr la reducción del ritmo de crecimiento de la megalópolis que constituye la zona metropolitana del Valle de México, apoyada en el desarrollo alternativo de las ciudades que integran lo que se conoce como la “corona regional”, que son Toluca, Pachuca, Tlaxcala, Puebla y Cuernavaca;
*Ayudar a retener más población en el Distrito Federal, para evitar el crecimiento de municipios metropolitanos;
*Evitar el crecimiento extensivo e indiscriminado de la ciudad sobre áreas con importantes recursos naturales, de riego y de recarga acuífera, que subsisten dentro del valle, o bien, en zonas sujetas a condiciones de vulnerabilidad y riesgo; y
*Construir una estructura vial que haga accesibles las áreas de nuevo desarrollo, y que libere al área urbanizada de la zona metropolitana de los flujos interregionales y de los movimientos de largo recorrido, tanto de personas como de mercancías, que congestionan la vialidad urbana.

Recuadro 2

Desarrollo económico y social

El nuevo aeropuerto en Zapotlán-Tizayuca traerá de manera natural para la zona donde será ubicado, los siguientes beneficios:

*Planes de capacitación para que los habitantes de la zona se integren al desarrollo planeado, en condiciones de competitividad y eficiencia.
*Detonación de proyectos industriales, mediante un corredor industrial.
*Desarrollo de proyectos de alta tecnología, con contaminantes, cuyo medio de transporte natural sea el aéreo.
*La creación de un centro de acopio de mercancías procedentes de toda la zona central de la República.
*Ubicación de un centro de carga para el comercio exterior de las empresas de la región hacia destinos internacionales.

Recuadro 3

Alcances del proyecto inicial de Aeropuerto Internacional

*Albergaría una nueva ciudad con asentamientos de alrededor de un millón de personas en 25 años.
*Se estimaba erogar un presupuesto de 25 mil millones de dólares.
*Sería construido en 76 mil hectáreas, de las cuales 54 mil conservarían el hábitat natural y 22 serían desarrolladas.
*Se generarían alrededor de medio millón de empleos en los próximos 20 años.
*Además de la zona del Valle Tizayuca-Pachuca, nueve municipios del Estado de México serían beneficiados: *Apaxco, Temascaltepec, Temascalapa, San Martín de las Pirámides, Nextlalpan, Jaltenco, Tecámac, Teoloyucan, Nopaltepec y Zumpango.
*Se construiría un tren férreo que llegaría en 32 minutos partiendo de Buenavista.
*Se modernizarían y ampliarían la autopista y otras rutas alternas.

PAN y PRD, tronados en Hidalgo

2004-07-12T15:03:00.000-05:00

Sin candidatos para oponerse al PRI

PAN y PRD, tronados en Hidalgo

La comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas también expresó que el cacicazgo íntimamente ligado al PRI en la historia hidalguense, y la corrupción de él emanada, se convirtieron en un freno para enfrentar la pobreza

(2004-07-12)
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La carencia de líderes políticos con fuerte presencia en el estado de Hidalgo y las confrontaciones de sus principales personajes en el ámbito nacional, que impide el establecimiento de una alianza de tipo electoral, sugiere que los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática no sólo continuarán su descenso en la preferencia de los electores después de haber alcanzado su más alta votación en 2000, sino que dejarán el camino totalmente libre para que el PRI mantenga su hegemonía en una entidad donde las formas de gobierno iniciadas con el Partido Nacional Revolucionario en 1929, aún subsisten en su estado más puro.
A la falta de aspirantes con suficiente presencia en los medios de comunicación, que aseguraran un posicionamiento electoral más sencillo, y carisma para conseguir un inicio de campaña más equitativo, el Partido Acción Nacional miró hacia el gabinete del presidente Vicente Fox en busca de candidatos. Sin embargo, la ingeniera Xóchitl Gálvez y el general Rafael Macedo de la Concha decidieron que no estaba en sus planes inmediatos competir por la gubernatura del estado de Hidalgo.
De esta forma, entre el 21 de mayo y 14 de junio pasados se definió una parte importante de la suerte de la entidad, donde quedó para la historia la posibilidad de una alianza entre PAN y PRD, que sumara sus porcentajes de 2003 hasta alcanzar 39% de la probable votación, con la intención de incorporar también a otros partidos como Convergencia y PT.
Los porcentajes de votación de los tres principales partidos tuvieron escasas pero significativas modificaciones entre las elecciones federales de 2000 y 2003. Por ejemplo, el PRI aumentó su porcentaje de 46.21% a 46.25%; en cambio, el PAN descendió de 28.86% a 22.57%, mientras que el PRD bajó de 18.73% a 16.57%.
La alianza que impulsaría la candidatura de la comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas era la única probabilidad de poder competir en más o menos igualdad de circunstancias con el PRI, porque los otros dos candidatos que quedaban, en cambio, no conjuntan las simpatías de los líderes políticos.
Uno de ellos era el procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, descartado para la coalición por los litigios que emprendió contra Andrés Manuel López Obrador, y el otro sería José Guadarrama Márquez, un ex priísta que se mantiene como una de la más fuertes opciones para ser el abanderado del sol azteca, pero en su contra tiene también a algunas de las corrientes como la denominada Lucha Cívica por el Rescate del PRD.
La otra parte de la historia electoral del 20 de febrero de 2005 se completará con la convención de delegados que realice el PRI, donde existe por lo menos una docena de aspirantes y sólo uno con grandes posibilidades de alzarse con la candidatura: Miguel Ángel Osorio, quien fuera secretario general de Gobierno del actual jefe del Ejecutivo estatal, Manuel Ángel Núñez Soto, aunque tampoco se puede descartar al senador Ernesto Gil Elorduy, ex diputado local y ex coordinador del Congreso del Estado en la primera etapa del actual gobierno.

Respeto a los indígenas

Xóchitl Gálvez prefirió dejar pasar la candidatura y hacerse a un lado porque, por su carácter, la política no se le da como a muchos otros. Es franca, sincera y por tanto, un personaje único dentro del mundo político.
Afirma que no le interesa quedar bien con la prensa, sino servir a su jefe con un trabajo bien hecho.Miguel Ángel Granados Chapa le dijo que tenía un compromiso histórico con su estado e, incluso, le ofreció su voto en caso de ir en representación de una coalición PAN-PRD, y la respuesta de ella, publicada por el columnista en el diario Reforma, fue: “Toda la vida cuestioné a los que han utilizado al pueblo como trampolín político. Seguramente miles de indígenas me reclamarían y tendrían razón” si dejaba el encargo que hoy tiene por una candidatura. De ese modo, “en mi balanza personal pesa más lo que falta por hacer por los pueblos indígenas que lo que podría hacer en Hidalgo”.
Así también, irreverente, ha explicado que rechazó a Vicente Fox una secretaría de Estado porque no conocía a fondo el manejo de la dependencia. De la misma forma despreció 2 millones de pesos que ya le había ofrecido un empresario para la campaña política. “A cambio de qué”, le respondió al aventurado.
Por ese motivo se atrevió a decir en la conferencia de prensa donde el 14 de junio dio a conocer su rechazo a la candidatura, que “hay hombres que sí han hecho un trabajo, y yo me atrevería a decir que con recursos públicos. Yo que estoy en el gobierno, no podría sostener una infraestructura electoral con dos o tres años de anticipación. Un sueldo en el gobierno es bueno pero es modesto para ese tipo de cosas. O sólo que tengas a alguien que te financie y que luego te pase las cuentas, y le tienes que pagar me supongo que contratos o con prebendas”.
La comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas también expresó que el cacicazgo íntimamente ligado al PRI en la historia hidalguense, y la corrupción de él emanada, se convirtieron en un freno para enfrentar la pobreza, que ubica a Hidalgo en los peores sitios en los índices de marginación, analfabetismo, desnutrición y mortalidad infantiles.
Advirtió entonces que “el PRI trae nombres que a mí me aterran, ligados al pasado. Y si formaliza alguno de los precandidatos, habrán gobernado papá, hijo y nieto en menos de 50 años. Sería un muy mal mensaje para los hidalguenses”.
Xóchitl Gálvez nació en Tepatepec, cabecera del municipio de Francisco I. Madero, en el centro del estado. No es panista, a pesar de colaborar en un gobierno de extracción blanquiazul, como tampoco el grueso de su formación humana y profesional se desarrollaron en Hidalgo. Sin embargo, así como no pertenece a partido o grupo alguno, sí tiene vínculos con su estado, como el madurado, entre otras formas, con la Fundación Porvenir que fundó y financió ella misma, gracias a sus ganancias en la empresa High Tech de su propiedad, que se ha especializado en la construcción de edificios inteligentes.
En 1994 y 1995 fue designada La Empresaria del Año, y el Foro Económico Mundial, de Davos, la incluyó entre los cien líderes globales del mundo futuro.

El general procurador

En los primeros días de junio, Rafael Macedo de la Concha explicó que difícilmente podría ser candidato a la gubernatura porque las circunstancias que se viven en la dependencia a su cargo (no explicó si las investigaciones en contra de Andrés Manuel López Obrador), le era complicado participar en una selección de aspirantes.
Pero el caso es que no fue recientemente cuando se ofreció la candidatura al general procurador. Las vinculaciones de personal adscrito a la Procuraduría General de la República en diversos escándalos de narcotráfico provocaron tal desgaste en la imagen de la institución, que propició el ofrecimiento a Macedo de la Concha, en dos ocasiones, de la postulación por el PAN a la gubernatura de Hidalgo, a la que llegaría por derecho de sangre.
Sin embargo, el general procurador no pretendía emigrar en aquellos momentos ni ahora porque continúa con sus aspiraciones, impulsadas desde el propio Ejército, de alcanzar la candidatura a la Presidencia de la República.
Todo 2002 se la pasó en campaña y todavía en algunos lapsos de 2003, sobre todo a finales, cuando operadores políticos cercanos a él así lo dejaban entrever. “El país necesita mano dura para darle gobernabilidad y meterlo al riel del crecimiento, con sucedió a Chile con Pinochet”, decían.
El resto de los presuntos candidatos del PAN a la gubernatura del estado son considerados entre la clase política local como ofertas de bajo calibre electoral en el caso de Benigno Aladro Fernández y el senador Antonio Hagenbeck Cámara, aunque la lista podría crecer en las siguientes semanas, de acuerdo con declaraciones del presidente del PAN estatal, Guillermo Galland Guerrero.

Sol apagado

Las cosas en el PRD no se encuentran mejor. De hecho el sol azteca se encuentra medio apagado en la entidad y a merced de los intereses políticos de un grupo encabezado por el ex senador José Guadarrama Márquez, ex priísta, ex contendiente de Manuel Ángel Núñez Soto, y hábil operador electoral que produjo derrotas al PRD y al PAN en fraudulentos procesos en Yucatán y Michoacán.Una eventual postulación del dirigente de la fracción conocida como Frente Democrático Hidalguense (FDH), quien también es apoyado por la Agrupación Hidalguense Juntos Ganamos, crearía una división en el interior del PRD, como lo afirman los integrantes de la corriente Lucha Cívica por el Rescate del PRD, quienes han afirmado que se requiere “un candidato interno y no externo”.
Francisco Patiño Cardona ha dicho que la difícil etapa por la que atraviesa el PRD, tanto en el ámbito nacional como local, sólo puede ser superada con unidad.Guadarrama creó el Frente Democrático Hidalguense (FDH) luego de su renuncia al PRI el 29 de septiembre de 2001, para luego conformar la alianza con el PRD en los comicios locales de 2002, a la que finalmente no se sumó el Partido del Trabajo.
En aquella oportunidad logró colocar a seis militantes del FDH como candidatos a diputados de mayoría, aun sin ser militantes del PRD, lo que provocó encono y protestas de perredistas, además de que fueron derrotados por el PRI.
La experiencia política de Guadarrama es tal que sus colaboradores más cercanos han llegado a opacar al dirigente estatal del PRD, Manuel Hernández Badillo, y ahora tienen el manejo de la operación política para llevar a su jefe a la candidatura, Luciano Cornejo y Nabor Rojas.
De tal forma que el otro precandidato del PRD, Miguel Ángel Peña, parece no tener muchas oportunidades frente a su adversario, sea la elección por medio de un sondeo de opinión o a padrón abierto, por más que impugnen la mapachería de la que hace gala Guadarrama, o que lo censuren por haber atentado contra líderes sociales vinculados al PRD.

¿Habrá caballo negro?

Con las 18 diputaciones locales de mayoría y las siete diputaciones federales en su poder, parece que al PRI el único problema que se le presenta de cara a febrero de 2005 es la elección de su candidato a la gubernatura, a la que le tira por lo menos una docena de aspirantes.
Dada la gran posibilidad de que el PRI gane sin problemas, tomando en cuenta las elecciones recientes, se desató una pugna entre diferentes aspirantes que en un momento dado podrían generar un conflicto donde se neutralizarían los principales contendientes, y podría aparecer un caballo negro.
Hasta el momento todos los reflectores apuntan a Miguel Ángel Osorio Chong, diputado federal, ex secretario de Gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto y cercano a Elba Esther Gordillo, quien, aseguran en los altos círculos de la política local, tiene las preferencias del gobernador.
Pero enfrente tiene al presidente de la Fundación Hidalguense, Gerardo Sosa Castelán, quien controla la universidad local desde que fue un violento líder estudiantil, posteriormente fue rector y más adelante diputado federal. Hoy con la fundación realiza campaña abierta por todo el estado y dice que sacó al gobernador la promesa de que no daría línea para efectuar el proceso de selección.
Así que la lucha entre ambos es muy dura, porque Sosa dice tener la fuerza entre la base y quiere una consulta pública, mientras que Osorio siempre se mostró a favor de la convención de delegados, ya decidida, para elegir al candidato.
Con este estado de cosas, podría darse una situación de emergencia, en la cual entraría como principal aspirante el senador Ernesto Gil Elorduy, aunque se especula que pudiera tener en su contra una eventual negociación entre Osorio y Sosa, donde el segundo pusiera como condición para no ser candidato, que tampoco lo fueran ni Osorio ni Gil.
Pero si acaso ninguno de ellos fuera porque se impongan los llamados factores dominantes, tal vez el juego se incline del lado del secretario de Desarrollo Agropecuario, ex procurador estatal, ex diputado federal y ex jefe de Aduanas, Omar Fayad.
Sin embargo, en este baile de aspirantes tampoco estaría descartado el actual presidente del PRI en el estado, José Antonio Rojo García de Alba, a quien se refería Xóchitl Gálvez y que representaría la continuidad de la familia Rojo, que reina en la entidad desde los años treinta.
Otros que se perfilan para el caso de una situación de emergencia dentro del PRI son el ex diputado federal y actual secretario del Consejo Político Nacional, David Penchyna Grub, quien ha logrado hacerse de buenas relaciones políticas en el centro y es protegido de Roberto Madrazo, pero todavía joven para esos menesteres, dicen sus impugnadores.
Tampoco se puede olvidar al senador Esteban Ángeles Cerón, quien se encuentra calladito, ahí, tras bambalinas, a la espera de cómo se den las cosas. De hecho, durante el acto de selección del método de elección, dijo que éste “debe perseguir el objetivo de ganar la próxima elección”.
Y no menos interesado en cómo se desarrolle el proceso por la disputa entre Osorio Chong y Sosa Castelán, es el ex diputado federal y actual procurador estatal de justicia, Juan Manuel Sepúlveda Fayad.
Hay, incluso, quienes candidatean al alcalde de Pachuca, Alberto Meléndez Apodaca, o a la secretaria de Desarrollo Social, Alma Carolina Viggiano Austria.

“Hay una tentación absolutista de decir la sociedad soy yo”

2004-07-07T14:20:00.000-05:00

Entrevista con José Fernández Santillán

“Hay una tentación absolutista de decir la sociedad soy yo”

El autor de El despertar de la sociedad civil plantea que la marcha del 27/J no fue un ¡Ya basta! a la delincuencia, sino a una forma de hacer política que se volvió frívola por parte de una clase política interesada en la sucesión presidencial, lo que debe plantear un cambio en la lógica preelectoral, donde se deberá ver otro tipo de propuestas, alejadas del marketing político

(2004-07-05)

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El conglomerado humano que se manifestó el 27 de junio por las principales calles del Distrito Federal, necesita liderazgos responsables que necesariamente van a rivalizar con los liderazgos políticos, en una fuerte lucha de poder que se avecina con aquellos políticos o empresarios con tentaciones absolutistas, que pretendan decir “la sociedad civil soy yo”, y quieran montar sus candidaturas presidenciales en las demandas civiles.
Ese despertar de la sociedad civil mexicana mostró, además, que los papeles de la política y la sociedad se encuentran en contradicción, porque la política, que debe ocuparse de los intereses generales, está infectada por intereses particulares; en cambio, el mundo de la pluralidad, de la fragmentación y de las particularidades que corresponde a la sociedad civil, ésta lo hizo a un lado para preocuparse de los intereses generales.
Así, pues, la megamarcha hizo la clara advertencia de que no va por ahí la forma de hacer política.
El anterior es un extracto de ideas de José Fernández Santillán, autor de El despertar de la sociedad civil (Océano, 2003), quien plantea que “la diferencia radical con otros tiempos está en que el mundo de las decisiones impuestas parece haber sido abolido gracias a un linaje de pensadores que, a lo largo de la historia, buscaron la aplicación de modelos racionales a la organización de los individuos entre sí, y a la relación de éstos con las instituciones que en un momento crearon: la ley, el Estado y el poder”.

Antes, sólo 68

–¿José, hay sociedad civil en México?
–Claro que la hay. Hay momentos relevantes en la historia reciente de México donde aparece la sociedad civil. En el ‘68 creo que es el gran surgimiento; la clase media urbana juvenil se le sale totalmente de control al sistema corporativo y es lo que ha venido sucediendo en México.
“Tenemos dos grandes formas de organización social. Una es el corporativismo: redes verticales de dominación desde el Estado para con la sociedad, y no dejan una vía autónoma de movilización y de organización por parte de los agremiados. La otra es el movimiento espontáneo, venido realmente de abajo y sin ningún control ni mediación con el Estado. Ahí podemos englobar el ‘68 o la respuesta a los terremotos del 85, en donde de nuevo hay una sociedad urbana, no organizada, que se vale de sus propios medios y maña para ayudarse en la desgracia.
“Y este último que ha sido impresionante. Puedo decir que fue muy espontánea la expresión e indignación contra la violencia, contra un gobierno deficiente, contra un gobierno corrupto también, contra un gobierno que ha entrado en una lógica de poder que no le interesa la lógica social”.
Para los analistas políticos y académicos, entonces, hay una necesidad de reflexión y de una interpretación acerca de esto que estaba en el subsuelo del país, que de repente salió a la superficie y que nadie lo previó, expresa el director del Centro de Investigaciones en Humanidades del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.
–¿La sociedad civil empujó la alternancia, pero luego le dio un voto de confianza a los partidos políticos y gobernantes para aterrizarla, y hoy, ante el fracaso, vuelve a surgir?
–El problema en México es que los partidos políticos van por un lado y las organizaciones civiles por otro; no hay como en Estados Unidos, Europa o algunos países de América Latina o Europa del Este, vasos comunicantes entre los partidos y la sociedad civil. Y sí, el proceso de democratización es empujado por los ciudadanos y lo expresan en las urnas, sobre todo en el 2000, con más de 80% de participación. Pero hay un momento en donde se prenden los focos amarillos, que son las elecciones del año pasado, cuando los partidos políticos empiezan con una lógica de marketing político, con una lógica estratégica, con una lógica basada en las teorías de las opciones racionales y de los escenarios y todo esto que es la tecnocratización de la política, todo centrado en la imagen. La respuesta de los ciudadanos fue no ir a votar, fue de una participación muy baja.

¡Ya basta!

Fernández Santillán, profesor investigador por el Instituto Tecnológico Autónomo de México hasta 2002, afirma que los ánimos de la ciudadanía se terminaron de exacerbar al ver cómo varios personajes públicos se metían de lleno a una carrera voraz por el poder, traducido en la sucesión presidencial; ahora son muchos los que quieren ocupar el cargo: gobernadores, secretarios de Estado, líderes políticos, personajes de la vida publica, empresarios, y cada día estábamos viendo que alguien se lanzaba. La escena pública estaba ocupada nada más por esta demostración caricaturesca, a la vez que por el intento de medir a la política por medio del marketing, y viene el jalón de la sociedad civil para decir no es por ahí, y se tienen que poner a trabajar.
Entonces, sucedió que la sociedad civil ya rebasó a la clase política y ahora vemos discusiones lastimosas, grotescas, de los políticos queriéndose congratular o pedir perdón a la sociedad civil. Pero lo que se demostró es que los políticos son prescindibles, que no son indispensables y que pueden surgir liderazgos sociales, nuevos, frescos, sinceros, de la sociedad civil en ascenso.
Creo que el detonante fue el asesinato a mansalva de los hermanos Vicente y Sebastián Gutiérrez Moreno, porque lastimó sensiblemente al sector empresarial. Ahí viene el grito de ¡Hasta aquí, ya basta!.. Ya basta a una determinada forma de entender y de hacer la política en México, que se estaba poniendo totalmente frívola.
Fernández Santillán hace un parangón entre lo que sucedió en los países de Europa del Este antes de 1989 y el México actual, cuando la sociedad quiso hacer sentir su realidad a sus gobernantes. Allá, afirma, “nos quedamos pasmados porque un poder tan colosal como el de los estados totalitarios pudiera ser derrumbado sin derramamiento de sangre. Lo que sucedió fue como lo que dice Vaclav Havel, que tenían que echar mano del poder de los sin poder, porque no tenían ni dinero, ni armas, pero tenían la cosa más importante de este mundo que es la convicción, que es la fuerza moral para decir ‘basta, no queremos vivir ya en una mentira sino queremos vivir en la verdad’”.

Conejillos de Indias

Afirma Fernández Santillán que el intento de simplificación de la vida política mexicana rodó por los suelos, y que eso nos enseñó que las cosas son más complicadas y que tienen más vertientes. No se trata de ver a la política como un escenario militar en el que hay contrincantes en la carrera por el poder y que se tienen que mover estratégicamente. Es la versión neoinstitucionalista que tanto daño le ha hecho a la ciencia política mexicana y a los políticos mexicanos, y entonces ahí está el justo reclamo que ha hecho la sociedad civil. Lo que ha quedado claro es que la política no se puede hacer de espaldas a los ciudadanos como lo quisieron hacer todos los partidos políticos, incluyendo al PRD.
“Tomaron a los ciudadanos como conejillos de Indias de una manera ofensiva, como si pudieran recibir in put’s y out put’s. El in put es el publicitario y el out put es el ‘vas a votar porque yo así manipulé tu ánimo, tu inteligencia’; eso es aberrante, y sin embargo sucedió en el país”.
Ante esto, ahora las cosas se han complicado y para nadie hay un panorama claro de lo que pueda pasar, porque la violencia, la degradación, se precipitan hacia abajo en un plano inclinado, mientras el esfuerzo de renovación va difícilmente cuesta arriba.
De hecho, destaca Fernández Santillán, el filósofo Norberto Bobbio fue el único que previó que la democracia podría tener derivaciones negativas, e incluso manipulaciones, degeneraciones, y que era por la vía de la expansión de la democracia, no solamente del voto, sino de la democracia social, como se podrían fortalecer realmente las cosas en los países.
Al respecto, Fernández Santillán coincide con Antonio Gramsci en el sentido de que antes de tomar las armas hay que convencer a las conciencias, y de que hay ciclos históricos enmarcados por una cierta hegemonía cultural de una cierta clase dirigente, pero que cuando esa cierta clase dirigente viene a menos, se transforma en clase dominante y fuerte la hegemonía cultural.
“Entonces lo que viene es un nuevo esquema de interpretación de la realidad, nuevas corrientes del pensamiento y la conformación de un nuevo bloque histórico; es decir, de nuevas alianzas de líderes, de élites y de movimientos. Eso es lo que esta pasando precisamente en nuestro país, porque nos está gobernando o mal gobernando la misma élite que se enquistó en el poder desde la época de Miguel de la Madrid, que se consolidó con Carlos Salinas de Gortari; el gobierno de Vicente Fox no ha hecho ningún cambio relevante en la estructura de este poder”.

O se cambia o se pudre

Danilo Zolo, uno de los grandes politólogos italianos, ha dicho que cuando se enquista una clase que ya debe ser superada, lo que hace es imponer un cuello de botella evolutivo en la sociedad, entonces lo que viene ahora necesariamente es cómo romper ese cuello de botella y de hecho este primer impulso de la sociedad fue eso, no solamente fue el mensaje de exigencia de la seguridad, sino una demanda mucho más amplia en el sentido de romper las estructuras de poder que ya están caducando, que no logran cumplir su función de dirección política, y entonces lo que estamos viendo es también un proceso de la adopción de una nueva cultura, se está creando una nueva hegemonía cultural, a trompicones, con dificultades pero hacía allá estamos viendo, afirma el doctor Fernández Santillán.
Es decir, o se cambia o se pudre el país porque en este momento las cosas están de cabeza. “La política moderna fue diseñada para que se ocupara de los intereses generales y la sociedad civil, del mundo de la pluralidad, de la fragmentación y de las particularidades. Es el esquema clásico de Hegel. Pero lo que pasa en México es exactamente lo opuesto porque la política está copada e infectada por intereses particulares, mientras que la sociedad civil es la que está viendo por los intereses generales”.
Quizá podamos caminar por un tiempo así, y eso habla muy bien de nuestra sociedad civil, pero explica el investigador que no podemos instituir un nuevo sistema de relaciones sociales y políticas basados en ese antagonismo, sino que la política debe retomar el papel de foro en el que se realicen los intereses generales y la sociedad que se dedique precisamente a la cuestión de los intereses grupales de las organizaciones específicas, funcionalmente diferenciadas, a la crítica del Estado en acciones específicas.
“Lo que pasa –dice Fernández Santillán– es que no creo que esto lo tengan claro ni los dirigentes civiles, ni mucho menos los políticos por esta miopía, por esta enanez de pensamiento y de comportamiento.
–Pero, ¿qué puede o va a pasar ante este panorama?
–El problema es que también han surgido demagogos vivales y oportunista que han tratado de hacer suya y de monopolizar la voz y el interés de la sociedad civil. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de expresiones, hay que ser muy inteligentes y muy hábiles para distinguir lo que conviene a la sociedad civil, lo que atenta contra la sociedad civil y lo que se le quiere imponer a la sociedad civil. Hay una tentación absolutista. Si Luis XIV dijo “El Estado soy yo”, hay algunos vivales que quieren ahora decir “La sociedad soy yo, yo soy su vocero, yo soy el que sabe cómo hacerlo, yo soy el que conoce mejor a la sociedad civil, yo soy el que entiende perfectamente las cuestiones”. Pero no debemos creer a nadie que nos venga con esos cuentos, y menos aún montar sus candidaturas presidenciales en la demanda civil.

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El despertar de la sociedad civil, una perspectiva histórica

El comunismo se venía abajo gracias a la movilización de esas masas sociales animadas por un genuino espíritu de rehabilitación de los derechos individuales y políticos conculcados

Por José Fernández Santillán (*)

Introducción

En las multitudinarias manifestaciones que se llevaron a cabo en la ciudad de Berlín en contra del régimen comunista durante 1989 (annus mirabilis) aparecieron, como era obvio, un sinfín de carteles, mantas y pancartas con las más variadas consignas. Una de esas pancartas, que fue vista el 4 de noviembre, resaltaba por su originalidad: resumía con números, no con palabras, el espíritu de la rebelión contra el totalitarismo, “1789-1989”, para significar la vinculación entre los principios inmortales enarbolados durante la Revolución Francesa y la reivindicación de esos mismos ideales en las revoluciones de Europa del Este, precisamente el año en el que se conmemoró el bicentenario del levantamiento en París. (1) Poco más de 200 años separan la toma de la Bastilla (14 de julio de 1789) y la caída del Muro de Berlín (9 de noviembre de 1989). A pesar del tiempo transcurrido, los principios inmortales se volvieron más vigentes que nunca.
El comunismo fue el intento de borrar el legado de lo que despectivamente se llamó “Revolución burguesa”, sin reparar en su valor universal. Ahora, con las “duras réplicas de la historia”, el comunismo se venía abajo gracias a la movilización de esas masas sociales animadas por un genuino espíritu de rehabilitación de los derechos individuales y políticos conculcados.
Una nueva cercanía moral había nacido de la distancia cronológica; una proximidad derivada de la “recuperación” (Nachholende, para usar el término acuñado por Jürgen Habermas) del proyecto enarbolado por los sans-culottes y sus dirigentes, en quienes encarnaron las tesis filosóficas del liberalismo y la democracia. Doctrinas que maduraron a lo largo de varios siglos de labor intelectual para definir a la filosofía política moderna, de Maquiavelo en adelante.
Paradojas del destino: el comunismo propuso, como alternativa a la democracia liberal, la “dictadura del proletariado”. Esa dictadura sería, supuestamente, la solución a la opresión del hombre sobre el hombre. Sin embargo, al convertirse en régimen político el gobierno de la clase obrera, expropiado por la burocracia soviética, se transformó en la peor de las antiutopías. El caso es que aquella democracia liberal que tanto se despreció fue retomada por las multitudes, hartas de los abusos de los aparatos de seguridad estalinistas, para reimplantar el Estado de derecho.
Es convención aceptada que el factor decisivo del movimiento democrático en los países del Este europeo fue la “sociedad civil”, referida así, textualmente, según el vocablo anglosajón Civil Society. Esto es, el levantamiento popular se produjo después de un largo trabajo clandestino; en él se usaron los recursos que pudo dar la imaginación para construir redes entre los individuos, las familias, los amigos y las organizaciones no vinculadas con el régimen. Ésa fue la manera de crear espacios en los que se pudiera ejercer la crítica, al margen del férreo dominio establecido por el gobierno autoritario. Gobierno que no permitió la formación de asociaciones civiles alternativas a las oficiales, ni de partidos políticos que no fueran el propio partido comunista.

Afloró el descontento

La estructura monolítica, con sus controles policiacos, fue cediendo poco a poco hasta que pudo aflorar “a plena luz del día” el descontento. El espíritu clandestino, al crecer y madurar, se convirtió en espíritu público de repudio a la dictadura. Se rompió el silencio y vino el bullicio en las calles. Ya no pudo callarse lo que tanto tiempo estuvo escondido. Jürgen Habermas afirma al respecto: “La coyuntura del concepto ‘sociedad civil’ se debe a la crítica, practicada especialmente por los disidentes de las sociedades del socialismo estatal, contra la aniquilación totalitaria de la opinión pública”. (2)
Así pues, el auge del tema “sociedad civil” es producto de esas luchas masivas registradas a fines de la década de 1980 –pero con claros antecedentes desde el decenio de 1970– contra los regímenes comunistas, en íntima relación con la demanda democratizadora y la apertura de espacios donde se pudiera ejercer libremente la discusión y la crítica. Hombres y mujeres querían deshacerse, lo antes posible, de la asfixiante vigilancia y censura que pesaba sobre cada acto de sus vidas. La resistencia civil aumentó conforme la gente se dio cuenta de que el Estado había caído completamente en manos de una oligarquía, y de la convicción de que la sociedad todavía poseía la capacidad para autoorganizarse. Bronislaw Geremek, asesor de Lech Walesa y líder de la bancada de Solidarnosc en el parlamento elegido en 1989, opina: “La principal forma de resistencia fue el fenómeno de la disidencia, que usualmente adoptó el aislamiento, la marginalidad y la autoconciencia sin esperanza. No obstante, por cuanto haya parecido quijotesco, este ‘disidentismo’ constituyó una forma de compromiso político que desafió al sistema comunista. Los disidentes se comprometieron con su peculiar tipo de resistencia mental, que típicamente comenzó con el rechazo a participar en la falsedad, creció con el deseo de expresar vivamente sus propios puntos de vista y lo que marcaba la propia conciencia y, finalmente, se encaminó hacia la acción política.” (3) La organización de la sociedad civil fue una reacción de supervivencia. Como medio de acción colectiva, la sociedad civil tuvo su periodo de gestación en el lapso de varias décadas en el vientre de esas naciones, hasta que pudo alcanzar el nivel de “la acción política”.
Como concepto, la sociedad civil hizo un viaje de “ida y vuelta” porque su origen, indudablemente, está en Europa occidental, pero al ser asumida en los países del Este adquirió nuevos bríos e incluso connotaciones más ricas; luego fue reimportado a su lugar de nacimiento y difundido en muchas partes del mundo.
Los antecedentes históricos del vocablo “sociedad civil” vienen de los cambios que dieron por resultado el fenómeno de la modernidad como tiempo nuevo (Neuzeit) que rompe con el pasado; tiempo que se sabe distinto. Una de las características sobresalientes de la modernidad es su capacidad de reflexionar sobre sí misma. Como dice Keith Tester: “La reflexividad puede ser tomada como el primer rasgo de la modernidad, y la primera aparición de esta característica se encuentra en Kant. La reflexividad está también implícita en las iniciales afirmaciones de la sociedad civil”. (4)
La modernidad se formó a raíz de una serie de revoluciones: en el campo cultural, el Renacimiento; en el terreno religioso, la Reforma protestante; en materia geográfica, el encuentro con el Nuevo Mundo; en la esfera filosófica, la Ilustración (Aufklarung); en los dominios del conocimiento, la Revolución científica. A esto debemos agregar la Independencia estadounidense y la Revolución francesa, así como la Revolución industrial. El resultado fue la superación del mundo feudal, cuyos puntos de apoyo fueron el encadenamiento de los individuos en adscripciones corporativas, el fanatismo, la superstición y las economías cerradas.
La modernidad también trajo consigo la distinción de esferas: la esfera económica, cuyo medio específico es el dinero; la esfera cultural, sustentada en el saber, y la esfera política, caracterizada por el uso de la fuerza. La constante a lo largo del medievo había sido la permanente confusión entre estas esferas, de forma que, bajo el sistema patrimonial, el poder político se confundía con el poder económico; apoyada en el clericalismo, la autoridad espiritual tenía injerencia en los asuntos de Estado y en la vida económica. La modernidad rompe con esa confusión cuando las esferas cultural y política se separaron y, a su vez, ambas dejaron de inmiscuirse en las cuestiones económicas. Dicho de otro modo: el doble proceso de formación de la modernidad puede describirse, por una parte, como la emancipación del poder político frente al poder religioso y, por otra parte, la liberación del poder económico frente al poder del Estado y frente al poder de la Iglesia. Esta distinción –mas no aislamiento– y, al mismo tiempo, autolimitación de esferas, es uno de los puntos más relevantes de la modernidad. De hecho, la sociedad civil va madurando conforme los ámbitos de acción adquieren autonomía.

Cultura ilustrada

Catalogamos al totalitarismo como la concentración de las tres esferas en un único centro de poder, de manera que hubiese una sola economía, la economía pública; una sola ideología, el marxismo degradado a doctrina oficial, y un solo partido político, el partido comunista. Lo paradójico del asunto es que Marx presentó al comunismo como un avance de la civilización, mientras que, en los hechos, ese sistema se mostró como un verdadero y propio retroceso si lo juzgamos desde la perspectiva de esta diferenciación de esferas. Por eso, la revolución en los países del Este europeo se proyectó como una recuperación de la distinción de esferas, teniendo como eje a una sociedad civil nutrida por la cultura ilustrada. Ese intento también tuvo que ver con la creación del Estado constitucional.
Otra forma de “pensamiento único” ha sido el neoliberalismo, con su fe ciega en las pretendidas bondades del mercado. Los portadores de esa doctrina intentan someter los distintos ámbitos de actividad humana a la ley de la oferta y la demanda; con permiso para invadir y subordinar a sus fines de lucro los espacios sociales y políticos. El resultado ha sido una “política débil”, un Estado (mínimo) mutilado y una sociedad dislocada por el agravamiento de las desigualdades.
Así como el medio específico de la economía es el dinero y el de la política es la fuerza, el de la sociedad civil es el saber. Hay una estrecha relación entre el mundo de la cultura y el mundo civil; tanto así que, por ejemplo, la rebelión social en Europa oriental fue, primordialmente, una contienda ideológica. A su vez, la lucha social contra el neoliberalismo ha sido un esfuerzo para restablecer el equilibrio entre la política, la sociedad y el mercado, considerando la indispensable autolimitación de esos ámbitos. Por eso el proyecto de la sociedad civil no es invadir los espacios del poder público y de la economía, sino reconocerle a cada uno su propio valor y establecer con ellos mecanismos de mediación. Para llevar a la práctica este proyecto ni el estatismo ni el manchesterismo son la solución. Más bien, habría que encontrar la respuesta en una alternativa que superara a ambos. Tal es el propósito manifiesto de la “Tercera vía”.
La relación entre democracia y sociedad civil se ha vuelto tan estrecha que ahora, cuando se recurre a la “sociedad civil”, se le hace coincidir con una serie de aspiraciones entre las que destacan: una institucionalidad política democrática, un nuevo modelo de desarrollo económico y la práctica de la tolerancia para permitir el avance de una cultura abierta a la pluralidad.
Se ha definido a la democracia como el gobierno de la opinión pública. Por eso, aquella relación que ya Rousseau había establecido, entre la deliberación y la formación de la voluntad general, debe retomarse para que la discusión sustituya al silencio; y la formación de la voluntad política mediante la participación tome el lugar de la imposición de la voluntad privada del gobernante.
El estudio de la sociedad civil se engarza con el análisis de la opinión pública. Las trayectorias de ambos conceptos corren paralelamente. Con la presencia de espacios civiles diferentes de las instancias políticas se abre la posibilidad de emprender discusiones públicas sobre distintos aspectos de la vida en sociedad. Al hacerse posible la libre expresión de las ideas, se da pie a que se pueda formular una serie de planteamientos sociales ante las instituciones estatales. La práctica discursiva cumple una labor educativa para los individuos y de crítica frente al poder.
Con el renacimiento de la sociedad civil se está haciendo común el uso de la terminología acuñada por Habermas. Uno de los términos habermasianos más empleados es el de “esfera pública” (Öffentlichkeit), que no debe confundirse con el ámbito estatal. Más bien, la esfera pública es el espacio civil desde el que los individuos pueden comunicarse entre sí, intercambiar puntos de vista para configurar, entre todos, una opinión conjuntamente diseñada. En otras palabras: la esfera pública es el lugar en el que se forma comunicativamente la opinión pública. En sentido democrático, la opinión se configura a través de la discusión. Por ello, la esfera pública y su producto, la opinión pública, tienen una matriz civil y sirven, ambas, como contrapeso al poder de Estado. El contrapeso no debe ejercerse, privativamente, en el rubro de la discusión; el equilibrio también debe sentar presencia mediante el desocultamiento de lo que antes permanecía en secreto. Éste es el sentido con el que debe verse la publicidad democrática frente a la secrecía autoritaria. Por ello, entre las garantías individuales, la libertad de expresión y la libertad de reunión tienen un significado especial para la esfera pública.

Uso de la razón

En este rubro es conveniente destacar la conexión entre el concepto habermasiano “esfera pública” y la tesis kantiana según la cual para hacer avanzar a la sociedad se debe hacer uso público de la razón. Ésa es la esencia del asunto: recuperar la fuerza de la razón crítica, desde la esfera civil, como uno de los elementos sustanciales de la transformación democrática. Eso supone, a la vez, la disposición y sensibilidad de las autoridades políticas para aceptar la influencia de la opinión pública, entre otros motivos porque ella es fuente de legitimidad. En tal virtud, la esfera pública y la opinión que de ella emana tienen la misión de desentrañar lo que permanece en la oscuridad. Fue Kant quien, con el postulado del derecho público, dejó expresada la idea de que las acciones que no son puestas en conocimiento del público, es decir, aquellas acciones que se sustraen al principio de la publicidad, son injustas.
Tenemos, pues, que la “sociedad civil”, con sus atributos dialógicos y publicitarios (no en el sentido comercial, sino en el social y político), apareció como voz de batalla contra el comunismo. Sin embargo, en el fragor de las luchas populares y por la misma inmediatez de los acontecimientos, no se pudo calibrar las dimensiones laberínticas y la densidad histórica que el concepto encerraba.
Así, el que ahora se use con frecuencia no quiere decir que sus contornos estén claramente definidos. Por el contrario, es reconocible una especie de anarquía lingüística en su utilización. Ernest Gellner ha dicho, por ejemplo, que “la historia de este concepto es un enredo”. (5) En el mismo tenor, Benjamin Barber afirma: “Mientras más ha sido utilizado el término sociedad civil en los últimos años, se ha entendido cada vez menos”. (6) Por supuesto, Gellner y Barber no están solos; junto con ellos se encuentra la inmensa mayoría de los teóricos que han abordado el tema en los años recientes. Por eso conviene comprender el alcance y contenido de dicho término mediante un estudio particularizado de su génesis y desarrollo. En este propósito de aclaración y precisión, sostenemos que la sociedad civil y la democracia no siempre fueron aliadas. En realidad la sociedad civil, a lo largo de su dilatada historia, fue enlazada con diferentes formas de gobierno. Son varios los autores que la relacionan con regímenes distintos de la democracia. Incluso, entre quienes la han identificado con la democracia hay diferentes posturas.
En la obra más importante y completa que se ha escrito hasta ahora sobre el tema, Sociedad civil y teoría política (1994), sus autores, Jean L. Cohen y Andrew Arato, indican que el mejor camino para entender a la sociedad civil es recurrir al estudio de su historia particular:
Esa historia debe, primero que nada, profundizar y ampliar la estructura categorial relevante que se usa hoy en día. Segundo, nos debe permitir distinguir los estratos modernos y premodernos en el concepto, indicando las versiones que son dudosas e inadecuadas hoy en día. Por último, una historia conceptual puede ayudar a enraizar los usos de un concepto de sociedad civil en una cultura política cuyo poder de motivación es más actual que nunca: la cultura política de la época de las revoluciones democráticas. Correspondientemente, la resurrección del concepto sociedad civil hoy en día ayuda a validar esta específica cultura política. (7)
Ésta es una ruta posible para llenar el gran hueco que existe en el desarrollo de una teoría contemporánea de la sociedad civil.
En términos modernos, el concepto sociedad civil comienza en el siglo XVIII. Pero no nació de una manera independiente, ya autonomizada, frente a otros ámbitos de la actividad humana. A veces la sociedad civil fue confundida con la esfera política; en otras ocasiones la sociedad civil fue identificada con la esfera económica. Por ejemplo, para el iusnaturalismo inaugurado por Hobbes, la sociedad civil y la sociedad política son sinónimos. Para el filósofo de Malmesbury la sociedad civilizada y el Estado eran una y la misma cosa. Sobre esa huella, John Locke tituló al capítulo VII del Segundo ensayo sobre el gobierno civil (1690), “De la sociedad política y civil”, mostrando la confluencia entre ambos términos. Fue Rousseau quien comenzó a diferenciar el devenir histórico de la civilización frente al proceso gracias al cual se constituyen las instituciones públicas.
Si los iusnaturalistas identificaron al mundo político en el mundo civil, el marxismo cayó en lo opuesto al hacer coincidir la esfera económica con la civil. Es cierto, cuando Marx afirmó, en el prefacio a la Contribución a la crítica de la economía política (1859), que “la anatomía de la sociedad hay que encontrarla en la economía política”, con ello quería decir que, al hablar de la sociedad civil, se referiría a la base material, económica, sobre la que se erige la superestructura jurídica y política, y a la que le corresponden formas determinadas de conciencia. De las tres dimensiones, a la que le otorgaba mayor peso era a la económica. Pero, hablando en sentido estricto, remitir a la sociedad civil a la actividad económica fue una licencia que el propio Marx se permitió, porque él mismo se reconoció como un lector asiduo de Hegel, quien en el “Espíritu objetivo”, parte dedicada a la sociedad civil de su libro Filosofía del derecho (1821), ubicado en el sistema de las necesidades toca temas más amplios que el de la economía.

Más importantes que el Estado

El avance de la teoría social y política trajo como resultado que la sociedad civil se fuera autonomizando frente a la sociedad política y frente a la sociedad económica. Por cierto, a partir del siglo XVIII se fue arraigando la convicción de que las personas eran más importantes que el Estado, y que éste se constituye para beneficio de los individuos y no para satisfacer los intereses de grupo. Al fundamentarse en un contrato originario, la autoridad está sometida a límites precisos marcados por la ley natural y la ley positiva. Se considera, entonces, que la sociedad está constituida por individuos libres e iguales (uti singuli) que alcanzan la calidad de ciudadanos. Con esta justificación –que quedó plasmada en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789– se logra obtener un arma formidable para combatir el despotismo.
La “sociedad civil” toca, y al mismo tiempo abarca, la mayoría de los temas de la tradición política occidental con el añadido, nada despreciable, de que ahora se ha visto enriquecida y ampliada por los fenómenos en curso y la reflexión teórica a la que ha dado lugar. De hecho su árbol genealógico se extiende a épocas más antiguas que la modernidad. Aunque con contenidos distintos, la sociedad civil ahonda sus raíces en los orígenes de la filosofía política, esto es, en las culturas griega y latina; también fue usada durante el medievo. Por ello mismo, uno de los cometidos de este libro –desarrollado sobre todo en la primera parte– es presentar una visión panorámica de los rasgos sobresalientes de la filosofía política en tres periodos fundamentales, es decir, la antigua, la medieval y la moderna. Procedemos mediante el análisis de algunos autores que nos han parecido especialmente representativos de cada época.
En el desarrollo de los tópicos aquí contenidos, resalto la diferencia entre la individualidad alcanzada en la sociedad civil y los atributos comunales o comunitarios que pertenecen a otras formas de organización social. Esta distinción se logró paulatinamente a lo largo de varios siglos de evolución civilizatoria. Entre los procesos que hicieron posible este paso se encuentra la ya referida distinción de las esferas económica, política e ideológico-cultural; la separación entre la esfera pública y la privada, así como la formación de la mencionada esfera pública en sentido habermasiano. Como dominio del autodesarrollo autónomo, la autorregulación de los individuos y de los grupos.
Uno de los puntos clave para distinguir la filosofía política antigua y medieval frente a la filosofía política moderna, es que las dos primeras son fundamentalmente organicistas; hacen hincapié en el grupo, en la comunidad y, por este motivo, a ésta se le presta más atención que al individuo; o, mejor dicho, según la filosofía política antigua y medieval el individuo se debe a la comunidad y en ella se encuentra totalmente explicado. En contraste, la filosofía política moderna tiende a ser individualista: revierte por completo las concepciones precedentes para resaltar la figura individual, no para aislarla y ponerla fuera de la sociedad –como han querido hacer ver sus detractores–, sino para subrayar la importancia que el individuo adquiere en la sociedad. Esta distinción es uno de los puntos que hemos destacado con más énfasis a lo largo de nuestro estudio, sea por la exigencia de claridad conceptual, sea porque hoy hay una nueva oleada de corrientes que intentan “restaurar” el comunitarismo.
Hablando de este intento restaurativo, no podemos dejar a un lado la lúcida advertencia lanzada por Vaclav Havel, quien apunta que podemos estar viviendo una etapa similar a la que siguió a la caída del Imperio romano –en nuestro caso sería el derrumbe del Imperio soviético–, que no dio paso a un periodo de esplendor sino de barbarie y oscurantismo. Si esos signos decadentes llegaran a prevalecer, lo harían en nombre del particularismo etnicista. Sería el regreso del tribalismo con sus consecuentes supersticiones y mitos.
Lo curioso es que esta tendencia particularista está recibiendo el apoyo de algunos círculos de la izquierda. El etnicismo, que nunca había sido su fuerte, ahora se ha convertido en la nueva bandera. En efecto, a raíz de la caída del socialismo autoritario, cuya figura central fue el proletariado, ciertas corrientes de la izquierda vinculadas con el socialismo no han hecho una reflexión autocrítica para saber en qué fallaron. Esto seguramente los hubiera llevado a mirar de otra manera la tradición liberal y democrática y a otorgarle valor a la figura del individuo. En una simplificación errónea, se dedujo que todo el individualismo es de derecha y todo el colectivismo es de izquierda. Sin embargo, la verdad es muy distinta porque puede haber tendencias individualistas de izquierda, como el anarquismo, y tendencias colectivistas de derecha, como el nazismo. No hay una concordancia, pues, entre organicismo y progresismo, así como no la hay entre el individualismo y las tendencias conservadoras.

Posiciones dogmáticas

Aquí vemos la clara diferencia entre dos vertientes de la izquierda. Una se enlaza con la tradición iluminista que incluye la reivindicación de las libertades individuales, la igualdad política y la justicia social que, al unísono, forman un núcleo indivisible junto con los valores de la modernidad. Otra vertiente de la izquierda, en cambio, rechaza abiertamente los valores de la modernidad incluyendo al individualismo para identificarse, más bien, con el organicismo y las posiciones dogmáticas. Esta distinción puede concretarse en la diferencia entre la socialdemocracia y el comunismo, entre las reformas y la revolución.
El caso es que las corrientes izquierdistas de cepa antiilustrada optaron, después de la caída del socialismo autoritario, por una salida fácil: cambiar al proletariado por otro sujeto colectivo, el grupo étnico. Esta operación de traslado se realizó siguiendo el esquema rígido y engañoso de relacionar cualquier cosa que suene a sujetos colectivos con la identidad genérica de la izquierda. Hay una gran diferencia entre el organicismo proletario y el organicismo étnico. Uno y otro son de una naturaleza distinta: el proletariado es un sujeto colectivo generado por las relaciones económicas; el grupo étnico, en cambio, es un sujeto colectivo sustentado en la identidad cultural. Así como el marxismo quiso tomar como factor determinante la economía y a ella subordinar las otras esferas, así el comunitarismo quiere tomar como elemento central la cultura, supeditando a ella las otras esferas. La cuestión es que estas operaciones son sumamente peligrosas: se olvidan las atroces consecuencias de la confusión entre política y etnicismo en la que incurrieron, conscientemente, el fascismo y el nazismo. Ahora nos encontramos con que esa izquierda abandonó sus reivindicaciones económicas para transportarse al campo de las demandas étnicas. Quedó en el olvido el socialismo y ahora se lucha por los derechos culturales y la autonomía. El socialismo ha sido abandonado en nombre del más puro y duro oscurantismo.
Hablando del socialismo –aun con sus fracasos teóricos y prácticos– en relación con la sociedad civil, no podemos olvidar que el marxismo contrapuso radicalmente la sociedad civil al Estado. Es más, la reivindicación revolucionaria llamó a subvertir el orden establecido para conquistar la sociedad sin clases, que quería decir al mismo tiempo la sociedad civil sin Estado. El resultado, sin embargo –como hemos destacado– está a la vista: el fortalecimiento y la ampliación del Estado fueron llevados al extremo de que el poder público invadió por completo la vida económica y social: “El modelo jacobino de una poderosa centralización del Estado influyó de manera notable tanto a los partidos socialistas durante el siglo XIX como a los movimientos comunistas que cobraron vida durante el siglo XX”. (8) El totalitarismo quiso resolver el conflicto entre el Estado y la sociedad civil mediante la sujeción completa de la segunda al primero. El Estado totalitario no sólo llevó a cabo la centralización extrema del Estado, sino que le quitó a los ciudadanos sus derechos y doblegó corporativamente las estructuras autónomas que normalmente han dado forma a la vida social. La línea que siguió el comunismo no fue la extinción del Estado, sino el sofocamiento de la sociedad civil. El ideal y la realidad en plena contradicción.

Libertades individuales

Incluso tomando en consideración estos no muy gratos antecedentes, es preciso plantearse la pregunta de si el socialismo ha muerto, como lo pregonan los “adoradores del mercado”. Ciertamente, es dudoso que un socialismo de corte estalinista vuelva a la vida, pero un socialismo de confección socialdemócrata está en plena actuación. Es un socialismo que, en el intento de rehacerse, se ha acercado a las tesis del socialismo liberal propuesto en sus orígenes por autores como Leonard Hobhouse y Cario Rosselli y recuperado, a mi parecer, en la obra de John Rawls. El núcleo del asunto está en combinar las libertades individuales con la justicia social.
Lo que me interesa poner de relieve es que, en cualquiera de sus versiones, el socialismo tiene que ver con la búsqueda de la igualdad. Así y todo, la “izquierda extraviada” ha renunciado a ese principio para subrayar las diferencias. Pero las diferencias, como mostraremos en la exposición, siempre fueron defendidas por las posiciones conservadoras. Cabe, por tanto, preguntar: cuando se abandona la lucha por la igualdad y se asume la lucha por las diferencias, ¿todavía se puede decir que uno es de izquierda? Y si no es así, entonces ¿cómo explicar el viraje? Tal vez en el odio profesado contra la democracia liberal han quedado grabadas la animadversión contra el Estado, al que se quiere desmembrar en una miríada de comunidades étnicas, y contra los derechos individuales, que ahora se quieren sustituir por derechos colectivos. Aunque esa antipatía lleve al cambio de piel y de “identidad” política. Este hecho recuerda la obra de William Golding, El señor de las moscas (1954), en la que se muestra lo peligroso que puede ser “el llamado de la jungla” y la pérdida de los referentes individuales y sociales básicos hasta terminar siendo presa de los odios tribales. La trama comienza como un juego infantil y termina en una tragedia.
En consonancia con este “llamado de la jungla” han resurgido los nacionalismos agresivos, las guerras interétnicas y la xenofobia. Estos fenómenos caminan de la mano, a mi parecer, con el surgimiento de las doctrinas comunitarias y multiculturalistas. El blanco polémico es el Estado nacional y el sistema constitucional cimentado en la dignidad individual y ciudadana. Objeto de ataque también es la política de la conciliación y la sociedad civil, tal como se entiende en su sentido moderno. Frente a este nuevo embate no queda más que mantener firme la distinción que hiciera, lúcidamente, Fernidand Tönnies entre la comunidad y la sociedad. Esta idea ha sido recogida por Tester en los siguientes términos: “Imaginar a la sociedad civil fue separar, desde un principio, lo interno de lo extemo, lo independiente de lo dependiente, la autorrealización frente a la adscripción, lo ‘mismo’ frente a lo ‘otro’, lo homogéneo frente a lo heterogéneo, lo activo frente a lo pasivo.” (9)
La idea de asumir como materia de estudio a la sociedad se fundamenta en la conveniencia de contar con instrumentos de análisis adecuados para comprender la vida social y política contemporánea, no idear la enésima versión de Un mundo feliz, de las que está lleno el camino a la barbarie. De lo que se trata ahora no es buscar la identidad antropológico-cultural perdida para rehacer la “Arcadia”. (Cuando se echa a andar un mecanismo regresivo, ¿hasta dónde se puede detener?, ¿acaso hasta “terminar caminando de nuevo en cuatro patas”, como decía irónicamente Voltaire?). El reto, por el contrario, es dar pie a una iniciativa política e ideológica acorde con el espíritu del mundo poscomunista. Esa propuesta ubica a la sociedad civil como el eje para construir una vida social digna de tal nombre, en donde se reivindique la dimensión humana por vía de las asociaciones libremente establecidas, como instancias no controladas ni por el Estado ni por el mercado. El propósito es retirar de la lógica del poder y del dinero, y por supuesto también de la lógica comunitaria, aquella parte abierta a la innovación libre de las ataduras gremiales.
La consolidación de la democracia y de una sociedad civil robusta, por supuesto, no va a ser obra de un día. En sentido estricto, la democracia se construye con paciencia en una labor comprometida con la formación y funcionamiento de las instituciones republicanas; la competencia pacífica entre partidos políticos; la existencia de medios de comunicación independientes; elecciones y cambios de gobierno, y el florecimiento de una cultura política democrática. Concomitantemente, la sociedad civil se fortalece en una labor que implica la formación o consolidación de agrupaciones estables; haciendo pasar a los movimientos sociales, con toda su frescura y espontaneidad, a una etapa de institucionalización de sus cometidos. De otra forma lo efímero será el límite de las inquietudes y las demandas. De igual manera la sociedad civil implica la pluralidad y la tolerancia, pero no la pluralidad nacida de la parcelación y el aislamiento, como en la época feudal, sino la pluralidad que interactúa y transforma el tejido social; tampoco la tolerancia como pasiva aceptación de personas y puntos de vista que no se comprenden, sino la tolerancia como posibilidad de interacción y de modificación de las propias opiniones.
Un factor de primera importancia para la democracia y la sociedad civil es la ciudadanía. Simple y sencillamente, si no hay ciudadanía no hay democracia, y tampoco sociedad civil. Es importante aclarar, sin embargo, que la relación entre los conceptos “ciudadanía” y “sociedad civil” supone un vínculo complejo. Una y otra no deben confundirse porque no son conceptos correspondientes. De suyo la ciudadanía está más relacionada con el ámbito político: el principal derecho ciudadano es el de participar en la definición de las decisiones colectivas por medio del voto. Sociedad civil, en cambio, implica una perspectiva plural desde la cual las personas despliegan su actividad fuera de los cánones políticos, en la infinita variedad de organizaciones que componen a la sociedad civil. Se actúa en la sociedad civil sin tener que mostrar la credencial de elector; en ella los individuos pueden participar, indistintamente y al mismo tiempo, como miembros de una asociación de beneficencia, de un grupo cultural, de un club deportivo, de un culto religioso, de una asociación ecologista, y así por el estilo. Además, una de las posibles alternativas es no participar en ninguna de estas agrupaciones sin sufrir represalias. Sociedad civil quiere decir pluralidad asociativa, con el consecuente derecho de entrada y salida. Hoy una ciudadanía sin sociedad civil es impensable; de igual manera, una sociedad civil que no estuviera coronada por los derechos políticos de sus miembros sería una sociedad civil endeble.

Unidad y pluralidad

La democracia no consiste en la búsqueda del bien común por encima del derecho. La democracia es, eso sí, un conjunto de normas que regulan el juego de intereses en competencia. La democracia no se basa en emociones “totémicas”, sino en la racionalidad de las instituciones y del sujeto pensante. Por ello, la sociedad civil no actúa en oposición al Estado democrático, sino que coopera con él teniendo como punto de partida la capacidad de decisión de los individuos en el ámbito político. Esto implica la formación de consensos políticos pero también, en el terreno social, esto conlleva la pluralidad. El mundo moderno se nutre de ese flujo constante entre la unidad y la pluralidad, entre la universalidad y las particularidades. Buscar la solución en la universalidad del Estado es caer en la visión antigua; encontrar el remedio en las particularidades es sucumbir ante el sortilegio de un nuevo feudalismo. La sociedad civil se aleja de ambas: no tiene que ser absorbida y abolida por el Estado, ni tampoco pulverizarse por medio de una miríada de mini-polis encerradas en sí mismas.
Por lo mismo juzgué conveniente plantear en mi análisis el problema del Estado como institución, cuya primera función es la de garantizar el orden público. El lector tendrá la ocasión de conocer, al respecto, los diversos argumentos esgrimidos por los escritores clásicos de la antigüedad y la modernidad a favor del órgano supremo encargado de velar por la concordia. De una u otra forma, en la mayoría de los autores es clara la intención de que los individuos se comprometan en la labor política. Ésa es la única forma inventada hasta hoy de evitar el hobbesiano “estado de naturaleza”. Veremos, también, cómo esa invitación a actuar de común acuerdo por medios racionales se extiende en otros pensadores, hasta tocar el ámbito social. Si queremos un orden democrático como premisa fundamental para el desarrollo social y económico, no basta confiar esa tarea a los órganos de gobierno; la sociedad civil debe actuar como apoyo al sostenimiento de la paz pública. Esta preocupación es palpable en los escritores que desarrollaron la teoría del asociacionismo. Como señala Marc Warren:
“Dentro de la teoría de la democracia cada vez es más marcado el acuerdo en torno al punto de vista tocquevilliano, que las virtudes y la viabilidad de la democracia dependen del vigor de su vida asociativa.” (10) No ayuda a este propósito la desafección. Caer en el retraimiento de la vida pública para, como sostenía Constant, dedicarse exclusivamente al gozo pacífico de los bienes privados. Sabemos que esa desafección es el costado más vulnerable del egoísmo. Es el individualismo a ultranza que se empeña en resucitar el neoliberalismo. Para los defensores de esta posición, simple y sencillamente, la sociedad no existe; lo que hay son individuos productores y consumidores en competencia entre sí, de manera que no puede darse ninguna pauta redistributiva entre ellos. En el extremo de ese “individualismo posesivo”, Robert Nozick atacó las doctrinas de la justicia social opinando que “la envidia subyace en el igualitarismo”, o sea, que los pobres piden justicia por abrigar resentimientos contra quienes sí supieron amasar una fortuna.

Voracidad mercantil

Aparte de estos desvaríos, lo cierto es que la voracidad mercantil, sin acotamientos, promovida por el neoliberalismo, representa una desventaja sea para el orden público sea para el orden civil. Como indica Michael Walzer, la idea es “correr a los mercaderes del templo, mas no de la ciudad”. En la ciudad es donde el individuo establece lazos con sus semejantes al tratar de satisfacer, con el auxilio del poder asociativo, sus intereses, necesidades y reclamos más cotidianos. Allí actúa no tanto como zoon politikón o como homo economicus, sino como miembro de una o varias organizaciones específicamente orientadas. La sociedad civil es el espacio donde, en uso de su libertad y autodeterminación, el individuo se mueve en el espacio asociativo. Es de suma importancia, para los fines de nuestra investigación, mantener firme la idea de que el individuo es un agente moral con facultades de raciocinio y de ejercer su capacidad de seleccionar entre diferentes alternativas. Sin este requisito es imposible elaborar una convincente teoría de la sociedad civil.
En el desarrollo de este trabajo, consideré oportuno abordar asuntos que están entre los temas más acuciantes de nuestro tiempo, en las fronteras del conocimiento, como son la globalización y el tribalismo. Qué podemos decir cuando estos fenómenos ya están instalados entre nosotros como asuntos que interesan por su novedad y fuerza, para las sociedades al inicio del siglo XXI.
Aclaro, de entrada, que el punto de vista desde el cual emprendo el análisis de la sociedad civil no es ni el histórico ni el ideológico sino, primordialmente, el de la filosofía política; donde por filosofía política entiendo el análisis de los conceptos y los argumentos expuestos por los autores. La premisa inicial de la filosofía política es que la elaboración de las doctrinas políticas no se contenta con la explicación del medio en el cual los escritores produjeron sus obras. Esa producción intelectual tampoco se agota en la corriente ideológica en la que se sitúan las preferencias políticas de su creador. Frente a estas perspectivas, cuya validez científica no está en discusión, la filosofía política penetra en el conocimiento de la estructura que sostiene los planteamientos desplegados en los “textos clásicos” y hace ver que entre los autores, más allá del lugar y del tiempo, hay un diálogo en el cual es posible apreciar ciertos “temas recurrentes” y ciertos “diseños mentales” utilizados con apreciable constancia. Cuando éstos se comparan y se ponen en disputa, aparecen las respectivas preferencias y alternativas frente al mundo práctico.
Reconozco en mi manera de abordar a la sociedad civil desde la óptica de la filosofía política dos grandes fuentes de inspiración. Por una parte, mi formación académica en la llamada “Escuela de Turín”, encabezada por Norberto Bobbio; por otra parte, la influencia de la literatura anglosajona, que es la que más ha trabajado el tema de análisis. Por eso el lector verá combinadas estas dos vertientes a lo largo del capitulado.
Señalo, por último, que en la filosofía política antigua y medieval el Estado y la sociedad civil fueron asumidos como expresiones sinónimas. Partamos de esta primera simbiosis con los rasgos organicistas que aquí he destacado, pero sin confundir la política con la etnicidad.

1 Gale Stockes, The Walls Came Tumbling Down. The Collapse of Communism in Eastern Europe, Oxford University Press, Oxford, 1993, p. 140.
2 Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, versión castellana de Antonio Domménech, con la colaboración de Rafael Grasa, Gustavo Gili, México, 1997, p. 34.
3 Bronislaw Geremek, “Civil Society Then and Now”, Journal of Democracy, vol. 3, 1992, p. 4.
4 Keith Tester, Civil Society, Routledge, London-New York, 1992, p. 11.
5. Marc E. Warren, Democracy and Association, Princeton University Press, Princeton, 2001, p. 3.
6. Ernest Gellner, “Review of Socialism”, Soviet Studies, vol. 44, 1992, p. 353.
7 Benjamin Barber, “Strengthening Democracy by Recreating Civil Society”, For Independent Sector, Conference on Civil Society, septiembre 5, 1996, Washington, D.C. Citado por Brian O’Connell, Civil Society. The Underpinnings of American Democracy, University of New England, Hanover, 1999, p. 10.
8 Jean L. Cohen y Andrew Arato, Civil Society and Political Theory, The MIT Press, Cambridge (Massachusetts), 1994, p. 82.
9 Bronislaw Geremek, “Civil Society Then and Now”, op. cit., p. 5.
10 Keith Tester, loc. cit.

* Texto tomado del libro El despertar de la sociedad civil. Una perspectiva histórica, de José Fernández Santillán, editorial Océano, México, 2003.

Prevención y solución a los problemas

2004-06-28T14:16:00.000-05:00

Entrevista a Moisés Moreno Hernández

Prevención y solución a los problemas generadores de la delincuencia, son la única solución viable

El aumento de las medidas punitivas sólo complica la solución a los conflictos de la inseguridad; es necesario que las penas actuales se apliquen, se dejen de politizar los debates sobre el tema y se emprenda una fuerte lucha contra la corrupción y la impunidad, advierte el presidente del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales

(2004-06-28)

http://www.lacritica.com.mx/index.php?option=content&task=view&id=124&Itemid=32

El problema de la inseguridad pública en el Distrito Federal y el país entero no se resolverá con aumento en las penas, modificación de las leyes, más cárceles o crecimiento del número de policías, porque hacerlo así sólo representaría una pequeña solución y en ocasiones la complicaría; para combatir eficazmente a la delincuencia es necesario adoptar un programa integral para hacer frente no sólo a los secuestros, sino a todo tipo de delincuencia.
Este programa integral enmarca las medidas punitivas y, de manera fundamental, la prevención y atención a los problemas que generan la delincuencia. También es necesario evitar la politización de los debates en torno al problema, para hacer las reglas lo suficientemente coherentes, además de combatir fuertemente el fenómeno de la corrupción y la impunidad, porque no tiene caso que se aumenten las penas si no se aplican en los casos concretos.
Así piensa el doctor en derecho, Moisés Moreno Hernández, coautor de la Ley contra la Delincuencia Organizada, creada en 1996; además de ex subprocurador general de la República, ex director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y actual presidente del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales.
Moreno Hernández es considerado como el mejor académico penalista en México por el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni y el juez español Baltasar Garzón.
El también licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana opina que el problema de la inseguridad no es un fenómeno actual; cada determinado tiempo hay ciertos fenómenos que se hacen más patentes y actualmente uno de ellos es el de los secuestros; esto provoca reacciones ciudadanas como será la marcha del domingo 27.
“No puedo decir que el Estado se haya quedado cruzado de brazos. El Estado siempre ha actuado, pero el problema es que su actuación no ha podido satisfacer las expectativas de la sociedad”, expresó el académico.
La inseguridad, agrega, no sólo la provocan los secuestros, sólo que se da más publicidad a unos sobre otros y adquieren mayor impacto entre la sociedad, pero están los robos que se cometen a diario en números enormes, los homicidios, los fraudes, las violaciones y otros.
Hoy por todos lados se habla de secuestros y esto es lo que ha provocado un cuestionamiento sobre si las medidas que hasta ahora han sido adoptadas son eficaces o no.
Para Moreno Hernández, “independientemente de que se han venido adoptando medidas por parte de las distintas dependencias del Estado como son Seguridad Pública, la Procuraduría o el Tribunal, hace falta que se adopte una medida más integral para hacerle frente no sólo a los secuestros sino a todo tipo de delincuencia que aqueje a la sociedad. Hace falta diseñar todo un programa integral de política pública para enfrentar eficazmente el problema de la delincuencia”.
Y cuando hablamos de programa integral, añade, no se refiere únicamente a las medidas represivas que son las más comunes y de las que se hace uso. “Siempre estamos hablando de aumentar las penas, de modificar las leyes, aumentar las cárceles, las policías, etcétera, pero se ha observado que en realidad esta es sólo una pequeña solución que no trae como consecuencia combatir eficazmente a la delincuencia”.
Entonces, “lo que hace falta es el diseño de un programa integral donde debe resaltarse fundamentalmente un sistema de prevención de la delincuencia que involucre a todas las dependencias tanto del gobierno federal como de cada entidad federativa”, para efectos de que cada uno de ellos haga lo necesario en el cumplimiento de las funciones que le correspondan.
Pero, por otra parte, también adquiere una gran importancia la movilización de la ciudadanía que cada vez participa más. “Por ejemplo, esto de la marcha del domingo 27 es una expresión que debe servir para efecto de concienciar a la gente de que no sólo debe exigir, sino también participar tanto en el diseño de las medidas que el Estado debe adoptar, como en su aplicación para que realmente se pueda, de manera conjunta, alcanzar los objetivos”.

La prevención

De acuerdo con lo que se establece en la teoría y también en la práctica, se habla de dos tipos de prevención.
La prevención general, que es la adopción de medidas dirigidas a todos los miembros de la sociedad, para lograr que esta se abstengan de cometer delitos y de esa manera prevenir. Es decir, actuar antes de que se cometan los delitos.
Para Moreno Hernández, esto plantea la necesidad de que quienes tienen la función de hacer las medidas tengan un conocimiento previo, claro, preciso, de por qué se cometen ciertos delitos. Es decir, cuáles son las causas por que se generan estas conductas delictivas, para que con base a estos conocimientos, se puedan dirigir las medidas hacia aspectos concretos.
“Si se hiciera uso de este tipo de medidas, sin duda estaríamos hablando de un problema de una magnitud distinta al que actualmente se está planteando”, expresa el autor de diversos trabajos de investigación en materia penal y política criminal, entre ellos del libro Política criminal y reforma penal: algunas bases para su democratización en México.
Esto podría permitir que el sistema penal en todos sus aspectos tuviera mayores posibilidades de actuar con más eficacia, porque no estaría tan abrumado, tan saturado como está ahora, porque actualmente al no aplicarse esas medidas de prevención, únicamente se está reaccionando una vez que ya se cometen los delitos.
Entonces, ahí es donde se observa que ante la cantidad de delitos que se cometen la policía no resulta suficiente, el MP tampoco, las cárceles tampoco y no obstante que solamente como ya se ha reconocido oficialmente, un porcentaje mínimo de los hechos que se cometen se denuncian, un porcentaje mínimo de los que se denuncian se llegan a investigar y se les inicia proceso, y todavía es menor el caso de los que llegan a sentencia.
“Si se plantea por qué se cometen robos, si se determina que hay una cierta relación con los problemas laborales y económicos por la falta de trabajo, entonces se puede plantear la necesidad de que las políticas laborales y económicas se enfoquen adecuadamente al logro de esos objetivos, para que a partir de ellos también se incida en la prevención de hechos delictuosos; lo mismo sucede para los problemas educativos, de salud y todos los que tienen que ver con esto”, explica.
El otro aspecto de la prevención es el que se deriva del propio funcionamiento del sistema de justicia, cuando se plantean medidas de tal manera que cuando cumplan su sanción, estén en condiciones de no volver a delinquir. “Pero esto implica que hay que esperar a que delincan para buscar cómo resocializarlos o readaptarlos. Y dada la condición como se encuentran nuestras cárceles, esto es realmente utópico”.
Entonces, de acuerdo con los estudios realizados al respecto y su experiencia en la función pública, Moreno Hernández expresa que “esa no debe ser una de las medidas a privilegiar en los tiempos actuales”.

Medios de control ineficaces

La percepción general es que la delincuencia organizada ha derrotado a los instrumentos del Estado; ante el problema del narcotráfico ocasionalmente se detiene a importantes miembros de una organización delictiva, y no obstante esos importantes logros, se sigue observando que ese fenómeno lejos de disminuir va en aumento.
De manera que “esto implica que los medios de control del Estado han resultado insuficientes”. Pero también lo que ha buscado el Estado es competir con los delincuentes en una carrera por modernizar sus formas de funcionar, sus equipos, sus instrumentos y demás.
“Pareciera que se está frente a una competencia para ver quién puede más y no en una real situación de cómo enfrentar de una manera más eficaz al problema de la delincuencia. Creo que el desarrollo que ha tenido este fenómeno y la percepción que se tiene en la colectividad debe exigir una actuación mucho más eficaz por parte de los órganos del Estado”.
Esa actuación más eficaz debe ser sobre todo por parte de la policía, que tiene la función de intervenir en las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público. Esto implica contar con personal cada vez más calificado, más profesional y con un sentido de ética de la función pública.
“Un fenómeno que habrá que combatir fuertemente es el de la corrupción, donde se plantea también modificar las estrategias de selección del personal que las propias instituciones van introduciendo, porque muchas veces se capacita a esta gente y al cabo de un tiempo cambian de bando”.

Infuncionalidad y politización

Moreno Hernández recordó que cuando participó en la elaboración de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ellos presentaron un proyecto que después fue sometido al Congreso de la Unión y ahí recibió importantes modificaciones.
“Nosotros no planteábamos sólo el aspecto represivo del problema. No íbamos a establecer únicamente qué es la delincuencia organizada, cuáles son los delitos que se ven involucrados en ésta o cuáles son las estrategias procesales para enfrentarla. La idea era establecer todo un aspecto relativo a cómo prevenir este problema, sabiendo, por ejemplo, como este problema abarca a su vez diversas figuras delictivas, cada una con sus diversas características; eso planteaba la necesidad de establecer estrategias de prevención para el lavado de dinero, para el tráfico de drogas, para el problema del terrorismo, de tráfico de indocumentados, del secuestro, el robo de vehículos entre muchos otros, pero este aspecto no pudo avanzar mayormente y hasta ahora no se ha desarrollado”.
La carencia de un verdadero programa de prevención se ha visto rebasado con frecuencia porque quieren dar respuestas inmediatas a las exigencias que plantea la colectividad, pero estas respuestas inmediatas son muy apresuradas y puestas en práctica sin ser analizadas con el debido detenimiento para ver qué tanto van a funcionar.
“Eso ha hecho que después de unas reformas, luego vengan otras porque aquellas resultaron ineficaces, insuficientes. Pero creo que si estamos ante un problema tan importante, debemos tomarnos el tiempo suficiente para diseñar toda una política, una serie de estrategias donde se vea a largo plazo su funcionalidad”, añade Moisés Moreno Hernández.
Asimismo, el académico advierte que la politización de las discusiones sobre la inseguridad es otro aspecto que impide el avance de las cosas como son planteadas por los expertos, “porque hay opiniones de todo tipo y eso hace que las estrategias no resulten lo suficientemente coherentes, sino que se van mezclando una serie de criterios que generalmente son infuncionales”.
Esto es lo que ha sucedido con la prevención. “Siempre que escuchamos aquello de que ‘ahora vamos a funcionar más eficazmente, vamos a ser más duros, vamos a endurecer las penas’, me pregunto: ¿Qué caso tiene que en los códigos penales se aumenten las penas si estas no se aplican en los casos concretos?”.
Pero ese no es el camino. De acuerdo con Moreno Hernández, lo que se requiere “es simplemente que las penas existentes, ya de por sí demasiado elevadas, se hagan efectivas. Y esto implica que los hechos que se cometen, se investigan realmente y que los delincuentes realmente vayan a un proceso y lleguen a una sentencia. Sólo de esa manera se verá que el sistema de justicia funciona realmente”.

De política seria hablamos los ciudadanos

2004-06-14T14:07:00.000-05:00

Entrevista a Raquel Pankowski

De política seria hablamos los ciudadanos

La actriz que caracteriza a Marta Según afirma que los llamados actores políticos son toda una caricatura, imposible de superar por los intérpretes teatrales, porque cada día le meten más ganas a su papel de comediantes de la vida nacional

(2004-06-14)
http://www.lacritica.com.mx/index.php?option=content&task=view&id=100&Itemid=32

Cuando la topé en una recepción en la que coincidimos, se me ocurrió decirle “buenas noches señora Marta”, y se soltó con todo un parlamento de la obra que la hizo famosa, La Marta del Zorro, aderezado con algunas ocurrencias del momento. Ahí nació la idea de entrevistar a la actriz Raquel Pankowski sobre la política en serio o la política seria.
Y así como es hábil para la interpretación del personaje de su creación, Martha Según, lo es también para definir lo que sucede en este momento con la política y los políticos.
En resumen, tanto ella como cada vez más gente, se encuentra desilusionada porque hoy se hace realidad todo aquello que de alguna forma se fue aprendiendo en la filosofía popular, como que ser político es sinónimo de corrupto o que cada día políticos y ciudadanos comunes vivimos en mundos diferentes.
Pero, sobre todo, pone énfasis en que el fanatismo y temor de los mexicanos no permite que nos atrevamos a poner un alto a los gobernantes abusivos a quienes se les ve como semidioses, pero debemos entender que son nuestros empleados y nos salen bastante caros como para que todavía continúen la burla con su forma de actuar frente al país.
—¿Raquel, se puede hablar de la política en serio o de política seria?
—“De la política seria sí podemos hablar, y esa la hablamos los ciudadanos que estamos interesados en el país. En cambio, los actores políticos han resultado más cómicos que cualquier actor. Creo realmente que los actores de teatro difícilmente llegaremos a superar a los actores políticos porque ¡hacen cada cosa! Son toda una caricatura. Luego uno se pregunta: ¿No les dará vergüenza? Pero parece que no, porque cada día le meten más ganas. No logro comprender qué motor les impulsa o como dirían en otro lado, qué jabón los patrocina. Luego uno se dice: Yo no pude haber votado por estas cosas”.
La entrevista se desarrolla en la Casa de los Cántaros, previo a uno de los ensayos que Raquel Pankowski tiene para su debut en una nueva sátira política con el personaje que la ha hecho famosa, ahora con el título La Marta con... ¿votas?, un monólogo de alrededor de una hora.

Universos distintos

En una de las mesitas destinadas al público, la intérprete del personaje Marta Según destaca: “Ante esta realidad hago sátira política porque o nos reímos o nos pegamos un balazo... O tendríamos que irnos de este país y que vengan otros a ver si los aguantan, o sacarlos a ellos porque juntos creo que no podemos, vivimos en dos universos totalmente diferentes. Y lo que nos participan de su universo me parece terrible, deleznable y frustrante”.
—Superan una interpretación actoral y muchas ocasiones también la ciencia ficción.
—“Sí y por mucho. Además, ya están acostumbrados a hablar de políticos como si fueran los actores, los actores y los actores. Ya no dicen un político o el secretario tal. Ya dicen: los actores políticos, y sí son actores, comediantes todos, desde luego”.
Pankowski relata que escuchó “una frase que me pareció maravillosa del periodista David Páramo: que los políticos siempre hablan de lo que deberían hacer; que es como si un futbolista dijera: ‘es que deberíamos correr más rápido, es que deberíamos alcanzar la pelota’, es lo mismo. O sea, los políticos siempre hablan de lo que deberían hacer, pero que no están dispuestos a hacer porque, además, el pueblo les importa un comino. Para ellos somos votantes que tampoco importa si votamos o no, no existimos en sus vidas, somos ahí unos seres que quién sabe qué hacemos en su planeta”.
La actriz está bien enterada de la vida política del país. Lee cuatro periódicos diariamente, escucha noticiarios de radio y televisión, además de leer libros y revistas. Entre sus amistades siempre ponía el mal ejemplo de hablar de política, hasta que se decidió a interpretar a Martha Sahagún.
-“A mí me interesa mucho la política, y yo creo que cada ser humano trae puesto ya un destino, porque, por qué me iba a interesar la política y realmente me interesó y fue mi pasión absoluta. No sé manejar, entonces ando en taxis y a los taxistas les decía, hay que unirnos, este país es de nosotros, tenemos los gobiernos que tenemos porque nos dejamos, y entonces poco a poco estoy metida de cabeza en la política. No me interesa trabajar en la política pero me interesa lo que ocurre porque la política está en la mesa, la política está en nuestra vida, la política está en todo, de eso depende nuestra vida”.

Poder popular

—A partir de toda esta comedia en que han convertido la vida nacional, la gente se desilusiona cada día más.
—“A la gente no le cabe más desilusión. Ya no le interesa lo que hagan, la aburre todo este drama, y eso es terrible. Tenemos los políticos que tenemos porque justamente a la gente ya no le interesa, y la poca gente que le interesaba quedó totalmente desilusionada. Eso conviene mucho al gobierno que tenemos y a los gobiernos que vienen”.
Raquel Pankowski advierte que “el día que a la mayoría de la gente le interese la política, vamos a tener otro tipo de gobierno, pero hasta ahora lo que el pueblo no acabamos de entender es que el país depende de nosotros, si queremos un cambio de país lo tenemos que dar nosotros. No se trata de hacer una revolución, pero hemos visto, estemos de acuerdo o no, los zapatistas se unieron y han logrado cosas; los de San Salvador Atenco se unen, y nosotros tal parece que somos incapaces de unirnos a menos que ocurra una gran tragedia, y es que si no nos unimos va a ocurrir una gran tragedia en cualquier momento. No podemos permitir que nos sigan robando como nos han robado, no podemos permitir que agarren este país como botín, y lo vendan al mejor postor de una manera tan traidora, no podemos quedarnos como alelados, viendo pa’l techo, diciendo, pues ellos son así”.
Añade que “hemos aprendido que político y corrupto es la misma profesión, que van juntos y que pues así son, y nosotros no vamos a poder hacer nada y no es cierto. La corrupción hay que empezar a limpiarla desde arriba hacia abajo, como las escaleras, de otra manera no hay posibilidad y la verdad es que nuestra vida diaria esta diseñada justamente para que uno tope siempre con la corrupción”.
Por otro lado, afirma, “nuestra televisión, la religión, la educación, todos estos poderes están ligados y hacen un pueblo fanático, temeroso, que no se atreve. Los mexicanos no nos atrevemos, vemos a nuestros gobernantes como semidioses, y no alcanzamos a entender que son nuestros empleados, que nos salen caros y que si no sirven, pues que se vayan”.
En entrevista publicada en La Crítica del 31 de mayo, el analista Lorenzo Meyer aseguraba que la anarquía y pérdida de confianza en los actores políticos inclina a la población a la toma de simpatías por acciones autoritarias. Es el caso de la señora Pankowski, por ejemplo, quien asegura que terminaría poniendo “militares en las calles en vez de policías, pero no podemos seguir con estos secuestros, con estas condiciones, porque la policía está coludida con los rateros. Hay que buscar cosas radicales, pero mientras el pueblo estamos babeando no se va a dar”.
—Al buscar cosas radicales se le da entrada al autoritarismo.
—“Con el autoritarismo no estoy de acuerdo, pero lo que es la policía, el cuidado de los ciudadanos, tiene que ser algo distinto”.

Triste historia foxista

El problema principal, explica la actriz, es que México es un país de simulaciones y nadie hace lo que debe. “Los policías simulan que son policías, los rateros simulan que no son rateros, los políticos siempre dicen lo que deberían pero no están dispuestos a hacer y los ciudadanos aparentamos que nos interesa lo que sucede con el país pero nos da güeva pensar cómo componerlo, o sea, todo es un relajo”.
—Vicente Fox ya dio por terminado su sexenio, pero quedan dos años. ¿Qué debería hacer?
—“Qué debería, no sé, pero lo que va a hacer sí: Va a seguir defendiendo a Martita, ja, ja, ja. Es que, además, hay un rollo de pelearse con todo el mundo. Ya le aventó la caballada fuerte a Andrés Manuel (López Obrador), ahora va contra Felipe Calderón, la culpa de lo que no ha hecho se la hecha a la Cámara de Diputados, o sea es con quien más se va a pelear estos dos años”.—Algo tendría que hacer y no sólo pasar a la historia como quien sacó al PRI de Los Pinos.
—“Hay mucho quehacer. Mucha gente me dice: “es que pobrecito, no lo han dejado hacer nada”, y a mí me parece tan triste que se hable así de alguien que tiene todo el poder, y que además cuando empezó el sexenio tenía todo el capital político en sus manos. ¿Por qué no lo usó, no sé qué fue lo que pasó, pudo haber hecho tanto, pero por lo menos podría haberse ganado el respeto de la gente. Y dicen que el próximo presidente va a ser priísta, que parece que va a ser Miguel Alemán, pues entonces qué hacemos. Y es que la gente es capaz de votar por Alemán o por Roberto Madrazo, que sí son capaces”.
Agrega Raquel Pankowski que no entiende a los señores que hacen la política, porque “sería tan fácil pasar a la historia con el amor de todo el pueblo, sería tan sencillo que la gente los amara, los recordara bien, pero eso no les interesa; es que el dinero viene junto con esos cargos, el dinero lo tendrían de cualquier manera. ¿Qué no sentirán horrible de dejar el puesto y que la gente los deteste; debe ser horrible saber que dejaron en el hambre a cada vez más gente? Como mucha gente yo también estoy desilusionada, tan triste de que un país tan maravilloso, con tantas bendiciones, sea un país roto, corrupto, sucio, cuajado de rateros, secuestradores. La gente está desesperada, no cree en nada, usted va por la calle y ve a la gente caminar y es terrible verlos”.
—Usted desde su trinchera tiene muchas posibilidades, y también hace política.
—“Hay, yo digo muchas cosas, y este espectáculo que estoy haciendo está muy fuerte. No sé que tan hilarante pero es muy fuerte, y aquí hablo de muchas cosas yo espero que la gente se ría...”.
Entonces Raquel Pankowski se convierte en Marta Según, comienza un constante sesear y recita una parte del parlamento de su nuevo espectáculo:
“Hablo por ejemplo de la pobreza, digo que nosotros nunca prometimos acabar con la pobreza, nosotros prometimos acabar con los pobres y en eso estamos, quisimos aumentar el IVA a los alimentos y medicinas pero como los señores del Congreso a todo nos dicen que no, pues entonces decidimos hacer recortes al IMSS y al ISSSTE, y ahora si ya no hay nada, ya no hay jeringas, ya no hay algodón, ya no hay nada, ni alcohol, ni nada de nada. Si, hemos dado un paso muy importante para acabar con los pobres, y es a lo largo del todo el país, porque en el sureste nos hemos hecho tontos con las matanzas indígenas y en el norte nos hemos hecho tontos con las muertas de Juárez y así es como nuestra promesa se va cumpliendo poco a poco, poco a poquito y también fuera de nuestras fronteras, porque los migrantes casi nunca llegan vivos, porque o se ahogan o los gringos los confunden con jabalíes, entonces los matan; como verán, la lucha para combatir a los pobres es a lo largo y ancho del país, es una de nuestras promesas que estamos cumpliendo.
“También digo otra cosa muy linda, digo que la pareja es como el presidente y vicepresidente, sólo que aquí se aporta la visión femenina, desde luego la visión femenina la aporto yo porque soy la más femenina de la pareja”.

Debe cuidarse no llevar el proceso democrático a la desconsolidación

2004-05-31T14:00:00.000-05:00

Entrevista con Lorenzo Meyer

Debe cuidarse no llevar el proceso democrático a la desconsolidación

Los actores políticos están tan peleados entre sí, que el grueso de sus energías las dedican a neutralizarse unos a otros y dejan a la deriva al país; pero ya el grueso de la población no acepta que esté bien esa democracia y comienza a apelar a opciones más eficaces que pueden acercarnos al autoritarismo, afirma el investigador del Colegio de México

31-05-2004

http://www.lacritica.com.mx/index.php?option=content&task=view&id=62&Itemid=32

El 2 de julio de 2000 un mayoritario número de mexicanos votó por el largamente esperado cambio de partido en el gobierno, y la tan anhelada alternancia en el poder, para de esa forma comenzar a darle un piso a la transición a la democracia.

El júbilo por haber terminado con la dictadura perfecta del partido de Estado fue tal que se dejaron de lado los acuerdos para desmantelar el viejo régimen y comenzar a construir uno nuevo, donde las reglas del juego también cambiaran.
En este impasse fue que la transición, si no se perdió, seguramente se encuentra estancada y con un grave riesgo de regresión, o como dice el politólogo e historiador Lorenzo Meyer, en un visible proceso de desconsolidación de la democracia, donde cada vez más un amplio sector de la población tiende a simpatizar con medidas autoritarias, porque se encuentra poco o nada satisfecho con la democracia actual.
Este mecanismo que en México se aplica como democracia representativa, configurado por los partidos políticos y sus intereses sectoriales e ideológicos, dice, debe ser el juego político de las élites, aceptado por las mayorías. Pero en estos momentos la masa ciudadana, es decir, el ciudadano de a pie, tiene sus dudas de lo que hacen los actores políticos y cada vez más, crece la desconfianza en ellos.
La búsqueda de lo eficaz por sobre el respeto, el diálogo y el acuerdo, destaca el investigador del Colegio de México, propiciaría que cada quien buscara su salvación individual, como en ocasiones ya se refleja.
Sin embargo, “hasta el momento no hay ninguna alternativa a la democracia, que es, en términos éticos, lo mejor que nos puede pasar. Todas las demás opciones son peores porque todas implicarían alguna dosis de autoritarismo”.

Obligado, consolidar la democracia

Investigador de los procesos electorales, Meyer destaca que “si acaso ha habido transición, creo que todavía no está perdida. No sé si el término estancada sea el mejor, pero nuestro proyecto y nuestra obligación es llevar la democratización recién ganada hacia la consolidación”.
Sin embargo, advierte que “lo estamos haciendo muy mal y corremos el riesgo de que, incluso, entremos en un proceso de desconsolidación”, de regresión, que nos puede llevar a estratos peores a los que fueron derribados recientemente.
Explica que el último estudio de opinión pública, dado a conocer por la Secretaría de Gobernación en septiembre de 2003, llamado Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, “nos muestra que hay un tercio de mexicanos que no saben siquiera que estamos en la democracia, no tienen ni idea de dónde estamos, y pareciera que tampoco les importa”.
Luego, también hay un porcentaje que acepta estar en la democracia, apenas un poquito menos de la mitad de los encuestados, “pero lo más preocupante de todo esto es que un 60% respondió que si hubiera una persona fuerte y decidida, podría ser más importante para nuestro país que el marco legal y las plataformas de los partidos políticos; es decir, que ese rango de la población considera que si la salida es por la vía de un hombre fuerte, autoritario, pero resuelve los problemas del país, están con esa posibilidad”.
Curiosamente, es el porcentaje de la población que no salió a votar el 6 de julio pasado, porque están seguramente descontentos con el trabajo realizado por los partidos políticos, el gobierno y las instituciones del Estado.
De acuerdo con la encuesta que cita Lorenzo Meyer, 87% de la población se interesa poco o nada en la política y este desinterés se acentúa aún más entre la población femenina, aunque el 43% considera que ésta contribuye a mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos.
El 37% de los encuestados opinó que México vive en la democracia, en contraste con un 22%, que opina lo contrario. Sin embargo, el 59% de los encuestados declaró estar nada o poco satisfecho con los resultados de la democracia.
“Entonces aquí entra un punto en la definición de consolidación –tómese la de Larry Diamond o la de Juan Linz y Stephan Haggard–. Un punto en que hay acuerdo es que la democracia debe ser el juego político en las élites y aceptado por la mayoría, por la masa; élite y masa no suenan muy bonitos, pero son muy distintivos, es decir la clase política y el ciudadano de a pie. Bueno, ahora con estas cifras que nos da la propia Secretaría de Gobernación, nos quiere decir que el ciudadano de a pie tiene sus dudas. Ahora las élites, los partidos políticos, los actores principales, todos dicen estar comprometidos con la democracia, pero no hay esa percepción entre la población”.
El mismo estudio reveló que el 57.4 de los encuestados tiene una alta desconfianza en la política, proporción que se eleva al 69.6% entre los jóvenes. Además, la encuesta advierte que el sector al que le tiene más desconfianza la sociedad es a los diputados, pues en una escala de 1 a 10 sólo le confiere una calificación de 4.7. En el caso de la Presidencia de la República, la valoración fue de 5.96, mientras que al Poder Judicial lo ubicó en 5.98.
También se informó en septiembre de 2003 que casi el 70% de la población considera que la Constitución no se cumple, mientras que el 19.5 opina que no se cumple en nada.

El desprestigio los arrasa

Los actores políticos, agrega Lorenzo Meyer, están tan peleados entre sí que el grueso de sus energías las están dedicando a eso, a neutralizarse unos a otros; pero entonces tenemos esta doble cara: el ciudadano de a pie dice en su mayor parte aceptar la democracia como regla política básica, incluso la mitad dice que México es una democracia, pero ya el grueso no acepta que esté bien esa democracia.
“Ése es quizá el punto central, la élite política ha hecho las cosas tan mal que una parte importante, muy importante de los mexicanos, está insatisfecha y está al menos en el trasfondo aceptando la posibilidad de una salida no democrática”.
–Doctor Lorenzo Meyer, difícilmente en México se va a poder hacer un pacto hacía la transición o para aterrizar la transición a la democracia, como se hizo en España, porque son procesos muy distintos. Pero ¿hay la oportunidad de hacerlo de otro modo, cómo?
–Se perdió la oportunidad de hacerlo. Ahorita ya no es posible, cada quien está montado en su propio macho y va por un camino en donde si no se pueden poner de acuerdo en cosas muy concretas como la reforma fiscal, menos se van a poner de acuerdo en el gran proyecto de nación, a un nivel de generalidad tal que pueda ser aceptable por todos, y luego que en cierto sentido los condicione cuando vuelvan a la realidad y a las cosas concretas. Ése es el caso español, se pusieron de acuerdo en puntos tan amplios, que luego a la hora de trabajarlos en la realidad, se vieron obligados más o menos a seguir en esa línea y consolidarlos; ellos sí han consolidado su democracia y llevan ya 25 años en ella.
–En México habría que hacer pequeños pactos, pequeños acuerdos para comenzar a darle ciertas bases a la democracia.
–Desde luego, creo que una posibilidad, si se fuera racional, es que la clase política en su conjunto debería medir las consecuencias de estar gastando las energías en una lucha interna, porque el grueso de la energía desde el PRI, PAN, PRD y, pongámosle al Verde, si es que vale la pena la respuesta, están muy encerrados en su propia disputa, y el resto de la sociedad los ve desde lejos; tan los ve desde lejos que el 61% de los mexicanos registrados en el padrón electoral de 2003 o no votó o anuló su voto. Ésta es una expresión de rechazo muy alarmante.
–¿Usted cree que si se pusieran de acuerdo en por lo menos uno de los tantos temas importantes de carácter nacional, eso pudiera ir en abono a la imagen que tienen los ciudadanos de los partidos políticos?
–Pero han hecho todo lo contrario. Son partidos carísimos, corruptos, ineficientes. ¿Qué más podemos decir? Para que se reivindiquen necesitan ponerse de acuerdo no solamente en un tema, sino en muchos, y hacer las cosas. Quizá si hicieran algo, su desprestigio ya no iría más a fondo, pero para que recuperen la confianza, si es que alguna vez la tuvieron, veo que les va a costar muchísimo esfuerzo.

Apelar por lo eficaz

–Doctor Meyer, usted habló de desconsolidar la democracia... ¿esto vendría a ser qué?
–Exactamente vendría a ser ésta cada vez más grande pérdida de confianza en las directivas, la pérdida de confianza en los partidos, la pérdida de confianza en los procesos. Cada quien se iría a su propio mundo y buscaría la salvación individual, pero lo cual quiere decir que llegado un momento alguien puede apelar no a la democracia sino a lo eficaz.
–Ya no hablamos del peligro de la regresión, sino otro peligro, peor todavía, quizás.
–Sí, el de la búsqueda alternativa, y no hay ninguna alternativa a la democracia. En términos éticos éste es el mejor mecanismo para convivir en sociedad. Todas las demás serían peores porque todas implicarían alguna dosis de autoritarismo.
–¿No es una visión catastrofista de su parte?
–Pues es que así es. Tomando las cifras que la propia Secretaría de Gobernación da, yo no las invento, si 60% de la población está descontenta... (la encuestóloga) María de las Heras nos dice que el 90% no confía en las directrices de los partidos, si la economía no avanza, si el tipo de crecimiento económico es una catástrofe en un país pobre, desempleado, con una distribución del ingreso inequitativa, pues ya no sé. Claro, no tenemos una guerra civil, no estamos invadidos como Irak o Afganistán, no nos ha pasado lo que Ruanda, porque en ese sentido otros están peor.
–Como dicen algunas visiones autoritarias, parece que el tratar de despertar a la democracia fue todo lo contrario, una pesadilla y no un sueño.
–A pesar de todo, creo que no tenemos opción. Insisto en eso, porque las alternativas son peores.
Otro aspecto importante de las Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, es el de la participación ciudadana, donde se revela que el 40% de la población considera que puede influir mucho en las decisiones del gobierno y un 44% estima que puede influir poco.
–¿La sociedad civil dejó de estar vigilante? ¿Llegó la alternancia y entregó la transición a los partidos?
–La sociedad civil en sentido estricto es muy poquita, es muy chica. El grueso de los mexicanos no pertenece a la sociedad civil, es decir, a ese grupo que está organizado de manera independiente, consciente de sus derechos y obligaciones, y que es capaz de hacer demandas y formularlas de tal manera que ejerzan presión y castigos cuando no se responde. Pero el grueso de los mexicanos no está organizado en nada, la sociedad civil es muy débil en México. El grueso de los mexicanos no está ni en la sociedad política ni en la sociedad civil.
–Entonces el problema es estructural, de la misma sociedad.
–Si es estructural, porque es histórico...

Instauración democrática sin rumbo

2004-05-02T13:56:00.000-05:00

Entrevista a César Cansino

Instauración democrática sin rumbo

Coexisten en nuestro país una débil destitución autoritaria y una débil reforma institucional y normativa, que teóricamente colocan a nuestro país en el peor de los casilleros posibles, que supone enormes riesgos de involución, de peligro para la gobernabilidad y la continuidad; y por eso muchas veces da la idea de que la transición no ha terminado

(2004-05-02)
http://www.lacritica.com.mx/index.php?option=content&task=view&id=24&Itemid=32

El proceso de instauración democrática en que se encuentra el país tras haber arribado a la transición a la democracia el 2 de julio de 2000, se encuentra débil y sin rumbo porque ninguno de los actores políticos, sociales y económicos ha estado a la altura de las expectativas, expresa el analista César Cansino, quien advierte del momento en que nos encontramos, con una situación ambigua, de enormes riesgos a la gobernabilidad y a la continuidad, que deben evitarse en la medida de lo posible antes del surgimiento de situaciones que amenacen el orden institucional, y la única oportunidad de hacerlo es avanzar de manera decisiva en las reformas del Estado.
Haber llegado a la alternancia sin acuerdos que dieran lugar al nuevo diseño institucional y la apertura poco a poco, permitió al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como brazo político del viejo régimen, continuar siendo un actor relevante. Además, el presidente no tuvo la capacidad, los operadores políticos, ni la voluntad para enfrentar la que iba a ser la gran contribución de su gobierno a la democracia del país.
De igual forma, los partidos políticos tampoco han estado interesados en aterrizar la instauración democrática porque ya están apostando al 2006, a la recomposición de fuerzas, donde lo más importante para algunos es que se debiliten el foxismo y el panismo, y que de ese desgaste ellos puedan asumir una posición electoral relevante, cálculos en los cuales han supeditado los intereses de la nación a sus propios intereses electoreros partidistas.
Director del Centro de Estudios de Política Comparada, AC, y de la revista especializada Metapolítica, además de analista en diversas publicaciones y catedrático en distintas universidades, el doctor Cansino realiza una fuerte crítica a los partidos políticos:
“Aunque suene a frase hecha, han antepuesto sus intereses particulares específicos a los intereses de la nación; hoy existe un Congreso compuesto por bancadas partidistas absolutamente desprestigiadas por la sociedad, hablar del Congreso es hablar de una caterva de políticos flojos que no hacen su trabajo, que no aprueban leyes, corruptos e interesados solamente en sus capillas. Esta percepción no está alejada de la realidad, porque si vemos resultados concretos, no se puede decir que han avanzado en la Reforma del Estado o en reformas estructurales”.

Transición e instauración

Para Cansino la transición terminó el 2 de julio, “por la sencilla razón de que por la vía de la alternancia quedaron atrás los rasgos que caracterizaron a una forma de dominación política durante 71 años, como fue el presidencialismo sin contrapesos, en el vértice de una estructura de poder donde había un sistema clientelar y corporativo”. Esos rasgos, dice, ya no existen. En su lugar “se ha creado otra cosa que quizá no ha terminado de cuajar” pero que, en todo caso, nos permite hacer un parteaguas.
La otra es la figura del partido hegemónico, que era más un instrumento del Estado para reproducir a una clase política que fincaba su dominación con una legitimación desde lo alto. Y no es que ya no exista el PRI, pero ya no existe como partido hegemónico.
De esta manera, lo que sigue es otro proceso con su propia lógica y dinámica, pero que por las características de la transición podría durar otros 20 años. A esta etapa se le llama Instauración Democrática y se compone de dos etapas y dos procesos distintos.
Cansino destaca que una es la destitución autoritaria, que significa la destitución del viejo orden en un proceso durante el cual se derogan aquellas leyes claramente antidemocráticas generadas para favorecer a una clase política, y que en el imaginario social es reprobado y repudiado como algo al que no se debe retornar.
Luego viene la instauración democrática como siguiente etapa y corresponde al rediseño institucional y normativo del nuevo régimen. O lo que es lo mismo, a la reforma del Estado, por la cual han pasado por lo menos 34 transiciones a la democracia exitosas desde los años 70.
Tal rediseño institucional, de acuerdo con la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado convocada por el presidente Vicente Fox y dada a conocer el 5 de febrero de 2001, implicaba ocho grandes reformas institucionales con asuntos como equilibrio de poderes, federalismo, derechos humanos, competencias de los poderes políticos y otras.
“La tesis que sostuvimos en esa época era que esas ocho grandes reformas, si se atacaban de manera decidida podían generar el efecto de cascada para tocar otros aspectos, porque al final, aunque suene fuerte, se mostró la necesidad de transformar, de reformar el 90% de los artículos de la Constitución, pero que ni siquiera se le llamó nueva Constitución por las suspicacias que genera; entonces se habló de una reforma integral”.
Sin embargo, “la destitución autoritaria no ha prosperado porque, a diferencia de otras naciones, se confunde lo viejo con lo nuevo, no se puede hacer un parteaguas como en las transiciones de dictaduras militares”.
Las leyes que tenemos y las instituciones que de ellas emanaban fueron diseñadas para los fines de un régimen no democrático; de ahí que cuando uno observa cualquier ley, observa inmediatamente sus oscuridades, sus ambigüedades y ve que no pueden albergar de manera virtuosa los nuevos valores, expectativas y prácticas democráticas que surgen como resultado de la alternancia.

¿Por qué no ha prosperado?

Desde el eje de la transición que fue la reforma electoral para que los votos contaran, los actores políticos dijeron que era necesaria la reforma del Estado y que el país debía avanzar en el plano institucional. Pero llegado el momento, la instauración se trabó porque “ninguno de los actores políticos, y me atrevería a decir sociales, económicos, ha estado a la altura de las expectativas. El Presidente de la República efectivamente asumió su compromiso para la reforma del Estado muy temprano en su gestión, pero después se desinfló; no tuvo la capacidad, los operadores políticos, ni la voluntad para enfrentar ésta que iba a ser la gran contribución de su gobierno”, porque “en sus cálculos políticos privilegió lo inmediato, como eran las reformas estructurales, a lo urgente”.
Y los partidos no están interesados “porque ya están apostándole al 2006”.
La diferencia de México con otras transiciones es porque aquéllas se dieron por acuerdos políticos previos a las primeras elecciones libres y correctas que involucraron de manera incluyente a todas las fuerzas políticas, desde aquellos que buscaban preservar al régimen, y dependiendo de la magnitud de la crisis del viejo orden autoritario, los que querían amnistía por los crímenes cometidos, y los que pugnaban por un cambio.
Pero en México la naturaleza de nuestra transición fue diferente, de liberalización política. “La élite gobernante nunca cedió a la oposición la pelota, siempre la tuvo en su cancha; el régimen decía lo que había de reformarse y cómo hacerlo; es decir, no se partió de un acuerdo básico”.

Riesgos presentes

A lo largo de las instauraciones democráticas, recuerda César Cansino en su oficina del Centro de Estudios de Política Comparada, hubo instauraciones democráticas donde la destitución fue débil, pero la reforma del Estado fuerte, o viceversa, donde la reforma del Estado fue débil pero la destitución autoritaria, muy fuerte. Esto significó poner diques al pasado.
Pero también hubo casos donde la destitución autoritaria, como la reforma del Estado, fue muy fuerte, porque la gente ya no quería regresar al pasado; se involucraron todos los actores políticos y se hizo tabla rasa respecto al pasado en materia de leyes constitucionales. Entonces ahí se puede hablar de consolidación de la democracia.
En el caso de México “también se han explotado caracterizaciones muy arbitrarias usadas por mucha gente como: ‘Hay que consolidar la democracia’... Pero primero hay que instaurar la democracia; se consolida únicamente aquello que está instaurado”.
Sin embargo, el grave problema en la instauración mexicana es que coexisten “una débil destitución autoritaria y una débil reforma institucional y normativa, que teóricamente hablando colocan a nuestro país en el peor de los casilleros posibles (...) está en el extremo, en una fase de instauración débil que supone enormes riesgos de involución, de peligro para la gobernabilidad y la continuidad; y por eso muchas veces da la idea de que la transición no ha terminado”.
Ante este panorama y para tratar de evitar en la medida de lo posible que surjan situaciones generadoras de una enorme carga de inestabilidad y de ingobernabilidad que amenacen el orden institucional, la única oportunidad es avanzar de manera decisiva en las reformas del Estado, afirma Cansino.
Y advierte que vuelve al tema “porque parece un círculo vicioso, pero no hay más. Cuando vemos actos de corrupción en espacio triple A de televisión y a todo color, más allá de personalizar por qué, quién, y cuáles son todas las piezas del rompecabezas que los explican, o cuando vemos situaciones como la del atentado o autoatentado que pone en duda al gobernador de Oaxaca, vemos que tenemos un sistema normativo, un arreglo institucional que históricamente ha sido muy permisivo con las autoridades; que no existe un sistema de procuración de justicia que nos permita tener absoluta seguridad de que se van a castigar los actos de corrupción de cuello blanco; hay normas muy oscuras en la legislación que permiten la impunidad, evadir la ley, interpretaciones subjetivas de la ley”.

Divorcio política-sociedad

Otro riesgo es lo que puede pasar en lo inmediato ante una clase política permanentemente exhibida en sus contradicciones, en sus actos delictivos, en sus golpes bajos, en sus desmanes y corruptelas. Sin opciones percibidas socialmente como viables para ser apoyadas, el signo evidente, inmediato, sería una abstención creciente, como señal de un divorcio, de un alejamiento entre la clase política y la sociedad.
Pero el “verdadero riesgo es cuando por la vía electoral uno empieza a ver focos rojos, cuando la gente ya no vota porque todos son iguales, corruptos; entonces desciende considerablemente el apoyo y la legitimación por la vía del sufragio. Se configura en su lugar una democracia insustentable, alejada totalmente de los intereses de la ciudadanía, lo cual lleva también a una situación patológica”.
Cansino explica que si la clase política es la primera en violar la ley, la ciudadanía a su vez comienza a actuar al margen de las instituciones porque no encuentra en ellas ni el cobijo ni el interés, ni la representación de sus demandas y sus exigencias; empieza a hacer justicia por su propia mano, como sucede en las comunidades indígenas o sacando los machetes para presionar a las autoridades. “Se desborda cualquier tipo de normatividad, de orden institucional para obtener fines; ése es el riesgo que visualizo, de ahí que las mafias políticas, las camarillas, las inercias autoritarias del pasado, los intereses de capilla, todo eso puede confluir en el mismo escenario en caso de una gran abstención”.
De ahí la necesidad de cambiar algo, de avanzar efectivamente en las reformas, porque de otra manera profundizará una crisis política; una democracia donde la gente no vota es una señal de crisis que reproduce situaciones muy delicadas y controversiales en la propia clase política. Entonces, “creo que sería riesgo seguir permaneciendo en una situación que no afronte de manera decisiva la cuestión de la reforma del Estado”.

Construir nuevo referente

El doctor en teoría política expresa que éste es un buen punto para reconocer un antes y un después. Es decir, las leyes en los regímenes autoritarios son deliberadamente ambiguas, por la sencilla razón de que la ambigüedad permite a la autoridad tomar interpretaciones y hacerlas suyas de acuerdo a su conveniencia.
En cambio, las leyes en un régimen democrático no admiten ambigüedad. Deben ser perfectamente claras en sus sanciones, en sus exigencias, en las obligaciones, en sus preceptos, en todos los sentidos, ya que mientras haya ambigüedades “existirá la posibilidad de que se refugien en ellas los fantasmas del autoritarismo, y que se generen situaciones como las que permanentemente estamos viviendo”.
Sin embargo, Cansino destaca que si en los tres años que llevamos de alternancia podemos ver infinidad de situaciones anómalas, éstas tienen que ver precisamente con la pervivencia de un entramado normativo que no funciona, inadecuado a la lógica propia de un régimen democrático, debido principalmente a que existen al respecto muchas confusiones.
Muchos se oponen a una reforma del Estado, dice, porque en México no hemos tenido otro referente histórico qué anteponer. “Hemos vivido en un régimen autoritario, ambiguo: democrático en la forma y autoritario en los hechos; una democracia de fachada, dirán unos; una dictadura perfecta, dirán otros, pero en todo caso eso fue el referente que construimos históricamente y nos resulta muy difícil anteponer otro”.
Por este motivo considera que ya es tiempo de hacer otro referente, “ya es tiempo de pensar en una lógica claramente democrática que no admita ambigüedades de este tipo”.