La valorización de residuos ganaderos y agroalimentarios se ha convertido en una pieza clave para que el campo español pueda seguir produciendo con garantías en plena crisis de materias primas, fertilizantes y energía. Lo que antes se veía como un problema molesto —purines, estiércoles, gallinaza, lodos o subproductos de la industria agroalimentaria— hoy se considera una materia prima estratégica para generar fertilizantes circulares, biogás, materiales biodegradables y soluciones para mejorar la salud del suelo.

En los últimos años han surgido proyectos, normativas y tecnologías muy potentes que demuestran que, si se gestionan bien, los residuos agro-ganaderos no solo dejan de ser un riesgo ambiental, sino que ayudan a cerrar el ciclo de nutrientes, reducir la dependencia de fertilizantes sintéticos importados, producir energía renovable y avanzar hacia un modelo real de economía circular en el medio rural.

Valorización de residuos ganaderos dentro de la economía circular

Cuando hablamos de valorización de residuos ganaderos nos referimos a transformar subproductos como estiércoles, purines, gallinaza y restos orgánicos en recursos útiles: fertilizantes orgánicos o circulares, enmiendas del suelo, bioenergía, compuestos de valor industrial o biocidas agrícolas. El objetivo no es solo “quitarse de encima” los residuos, sino integrarlos de nuevo en el sistema productivo de forma segura y rentable.

La economía circular aplicada al sector agroganadero persigue que los nutrientes nunca salgan del sistema: el nitrógeno, el fósforo o el potasio que se encuentran en los excrementos del ganado y en los subproductos agroalimentarios se recuperan y vuelven al suelo agrícola en forma de fertilizantes o enmiendas orgánicas. De esta manera se reduce la necesidad de importar fertilizantes minerales, se disminuyen costes y se protege el medio ambiente.

Este enfoque está completamente alineado con las prioridades europeas, especialmente con la llamada “Misión Suelo” de la Unión Europea, que pone el foco en restaurar la salud de los suelos para 2030. La valorización de residuos agro-ganaderos y forestales es una de las palancas más eficaces para mejorar la materia orgánica, favorecer la actividad microbiana y aumentar la capacidad del suelo para almacenar carbono.

Además, la crisis de suministros y el encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados, agravados por situaciones geopolíticas como el bloqueo del estrecho de Ormuz, han puesto de manifiesto lo vulnerable que es el modelo agrícola actual, muy dependiente de insumos externos y de combustibles fósiles. Recuperar nutrientes a partir de residuos ganaderos ya no es solo una opción ambientalmente interesante: es una necesidad estratégica.

El proyecto AGROVALOR y la revalorización integral de residuos agro-ganaderos

Uno de los ejemplos más completos de este cambio de paradigma es el proyecto AGROVALOR, una iniciativa que busca dar una segunda vida a residuos y subproductos agroalimentarios y ganaderos mediante tecnologías avanzadas y aplicaciones innovadoras en distintos sectores productivos.

Bajo la coordinación de Itagra.ct y con la participación del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro (CTME), Cesefor y CETECE, AGROVALOR se centra en transformar residuos agroganaderos, industriales y forestales en recursos de alto valor añadido, con usos que van desde la alimentación humana y animal hasta la agricultura, la biotecnología o la fabricación de materiales sostenibles.

Entre los objetivos técnicos del proyecto destacan varios frentes muy concretos: desarrollar suplementos alimentarios a partir de subproductos, obtener compuestos activos con interés industrial, producir aditivos capaces de conferir nuevas propiedades a bioplásticos, diseñar biocidas agrícolas de origen orgánico y optimizar procesos biotecnológicos para mejorar el cultivo y procesado de microorganismos.

CTME, en particular, apuesta por crear materiales biodegradables que incorporen subproductos agrícolas en su formulación, así como por investigar nuevas aplicaciones que faciliten la reutilización de residuos en la industria. De este modo, el centro refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la innovación tecnológica y el apoyo a la industria agroalimentaria de Castilla y León, generando impactos positivos tanto en la economía regional como en el medio ambiente.

El proyecto está cofinanciado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del marco del Programa Operativo FEDER 2021-2027. Se enmarca en el objetivo específico de desarrollar y mejorar las capacidades de investigación e innovación y en la prioridad de transición digital e inteligente, contribuyendo a una Europa más competitiva, innovadora y conectada.

La Jornada AGROVALOR: ciencia, empresa y administración en torno al residuo

En paralelo al desarrollo tecnológico, AGROVALOR también ha impulsado un espacio de intercambio de conocimiento con la celebración de la I Jornada AGROVALOR: “Valorización de residuos agro-ganaderos y forestales para la salud del suelo y la economía circular”, cuyo libro de resúmenes recoge 57 páginas de aportaciones técnicas y casos reales.

Esta jornada, celebrada en Sevilla los días 20 y 21 de mayo de 2025, reunió a 49 participantes procedentes de once empresas privadas, tres entidades públicas, cinco universidades y seis centros de investigación. Se generó así un foro muy activo en el que academia, sector empresarial y administración pudieron debatir y buscar soluciones conjuntas para avanzar hacia una agricultura más circular y competitiva.

El programa se estructuró en cinco bloques temáticos que cubrían todo el ciclo de la valorización. El primero giró en torno a la transformación de biomasa mediante pirólisis, presentando experiencias innovadoras en la generación de biochar, energía renovable y nuevos productos a partir de residuos agrícolas y forestales.

El segundo bloque se centró en la agricultura circular y la integración de residuos en los sistemas de cultivo, abordando tanto enfoques empresariales como soluciones desarrolladas desde el ámbito académico. Se puso especial énfasis en cómo los residuos orgánicos pueden reincorporarse al sistema agrario sin comprometer la calidad ambiental y mejorando, al mismo tiempo, la fertilidad del suelo.

La tercera sesión trató sobre agricultura resiliente y cambio climático, mostrando prácticas agrícolas adaptativas, estrategias de secuestro de carbono y formas de reducir la huella climática mediante enmiendas orgánicas como compost, biochar o digestatos. La cuarta sesión analizó de forma directa el vínculo entre salud del suelo y productividad, presentando cinco estudios que evidenciaban el impacto positivo de estas enmiendas sobre propiedades físicas y químicas del suelo, actividad microbiana y rendimientos de los cultivos.

Por último, el quinto bloque abordó aplicaciones ambientales más allá de la fertilización: filtración y adsorción de contaminantes, remediación de suelos degradados y tratamiento de aguas empleando materiales orgánicos reciclados y transformados. La jornada se completó con visitas técnicas a instalaciones clave de la región, como el Complejo Ambiental El Copero de EMASESA, parcelas de ensayo con tecnosuelos, el CIT Montemarta Cónica y la Finca Experimental “La Hampa” del IRNAS-CSIC, donde se pudieron ver en campo las soluciones debatidas.

Recuperación de nutrientes: fertilizantes circulares a partir de residuos ganaderos

Uno de los debates más candentes ligados a la valorización de residuos ganaderos tiene que ver con la recuperación de nutrientes, especialmente nitrógeno, para reducir la dependencia de fertilizantes sintéticos. En el contexto actual de crisis de suministros, este tema ha cobrado una relevancia enorme.

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha insistido en que España podría recuperar entre 200.000 y 400.000 toneladas anuales de nitrógeno si se aprovechasen correctamente los subproductos ganaderos, principalmente purines, lodos y otros residuos animales. Estas cifras suponen un salto muy importante en la autonomía productiva de uno de los principales países ganaderos de la UE.

Para lograrlo, la OCV propone impulsar tecnologías de recuperación de nitrógeno, como las conocidas soluciones RENURE, que permiten transformar los purines y otros efluentes ganaderos en fertilizantes circulares de alto rendimiento. Paralelamente, estos residuos pueden utilizarse para producir biogás, generando energía renovable y disminuyendo las emisiones asociadas a combustibles fósiles.

La Federación de Veterinarios Europeos ya advirtió que es prioritario reducir la dependencia de fertilizantes sintéticos ligados a combustibles fósiles, apostando por el nitrógeno biológico presente en estiércoles y subproductos animales. Esta visión encaja con un modelo de bioeconomía circular en el que los residuos se reintegran en el ciclo productivo como recursos valiosos, y la ganadería extensiva juega un papel fundamental como fuente de fertilización orgánica para los cultivos.

Además de mejorar la autonomía en fertilizantes, la recuperación de nutrientes ayuda a restaurar suelos degradados. Hoy en día, cerca del 60 % de los suelos de la Unión Europea muestra signos de degradación, lo que compromete tanto la productividad agraria como la capacidad de secuestro de carbono. La aplicación planificada de estiércol, compost, digestatos o biochar es una de las estrategias más efectivas para revertir esta situación.

Marco normativo y operación R1001: condiciones para una valorización segura

Para que la valorización agrícola de residuos orgánicos sea una herramienta real y no un foco de problemas, es imprescindible cumplir un conjunto de requisitos legales y técnicos. En España, la operación R1001 de valorización en suelos agrícolas y jardinería establece el marco para que esta práctica se realice con garantías.

La operación R1001 se basa en incorporar residuos orgánicos al suelo con un fin agronómico claro: aportar nutrientes a los cultivos y aumentar la materia orgánica del suelo, al tiempo que se gestiona adecuadamente el residuo. Para ello, debe respetarse la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como el Real Decreto 1051/2022 sobre nutrición sostenible de suelos agrarios.

Este Real Decreto fija criterios técnicos para la aplicación de residuos y subproductos en el campo: límites de dosis, requisitos de calidad, trazabilidad, frecuencias de aplicación, controles analíticos y compatibilidad con los planes de fertilización. También señala la obligación de evitar impactos sobre aguas superficiales y subterráneas, especialmente en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.

Las comunidades autónomas complementan esta normativa estatal mediante programas de actuación específicos en las zonas vulnerables a nitratos, como por ejemplo la ORDEN MAV/398/2022 en Castilla y León, que regula la gestión de nitrógeno de origen agrícola y ganadero en esas áreas. Otros marcos relevantes son el Borrador del Plan Regional de Biometanización en Castilla-La Mancha o la Estrategia Catalana del Digestato y su plan de acción 2024-2030.

Todo este entramado normativo obliga a planificar muy bien la valorización. Las autoridades exigen informes técnicos y planes de gestión que justifiquen la idoneidad del residuo, su calidad, las dosis aplicables y su compatibilidad con las características de suelo y cultivos. Empresas especializadas en gestión ambiental elaboran estos estudios, combinando análisis de laboratorio, estudios agronómicos, balances de nutrientes y cartografía mediante SIG.

Tipos de residuos ganaderos con mayor potencial de valorización

En las explotaciones ganaderas se generan grandes volúmenes de residuos orgánicos, con elevado potencial contaminante si se gestionan mal, pero también con un valor agronómico y energético muy interesante si se tratan adecuadamente. Los principales residuos de granja son de origen orgánico y biodegradables.

Entre los residuos más habituales se encuentran los estiércoles sólidos, los purines y la gallinaza. El estiércol mezcla los excrementos de los animales con materiales de cama como paja, serrín o restos vegetales, formando un abono orgánico rico en ácidos grasos volátiles, proteínas, polisacáridos y lípidos. Los purines agrupan las deyecciones líquidas y sólidas del ganado junto con restos de alimento y aguas de lavado.

La gallinaza procede de explotaciones avícolas y se compone mayoritariamente de excrementos de aves y restos de cama. Debido al bajo rendimiento digestivo de las aves, puede contener hasta un 81 % del nitrógeno, un 88 % del fósforo y un 95 % del potasio ingeridos, lo que la convierte en una fuente muy concentrada de nutrientes, pero también en un material que hay que manejar con cuidado.

A nivel cuantitativo, se suele estimar que la cantidad diaria de estiércoles y purines generados ronda el 7 % del peso vivo de los animales. Esto da una idea del enorme volumen que pueden generar granjas porcinas, bovinas u otras explotaciones intensivas, y de la importancia de contar con sistemas de gestión robustos.

Si estos residuos no se tratan como es debido, los impactos ambientales son múltiples: emisiones de gases nocivos y malos olores a la atmósfera, problemas de salinidad o acumulación de metales pesados en los suelos, elevadas cargas orgánicas en aguas superficiales, lixiviación de nitratos hacia acuíferos, eutrofización de masas de agua y presencia de patógenos. De ahí que la prevención y las buenas prácticas de manejo sean la primera línea de defensa.

Riesgos ambientales y sanitarios de una mala gestión

Los purines, estiércoles y gallinazas sin tratamiento o mal aplicados se convierten rápidamente en un problema para el entorno y para la propia explotación. En el aire, pueden liberar gases como amoníaco y sulfuro de hidrógeno, que no solo generan malos olores, sino que también suponen riesgos para la salud de los trabajadores y de los animales.

En el suelo, la aplicación excesiva o sin criterio de estos residuos puede alterar el pH, incrementar en exceso la salinidad, favorecer la acumulación de metales pesados y generar efectos depresivos sobre determinados cultivos. Además, puede incrementar la presencia de patógenos y provocar desequilibrios en la comunidad microbiana del suelo.

En las aguas, el problema más grave es la lixiviación de nitratos y nitritos hacia acuíferos y cursos superficiales, lo que contribuye a procesos de eutrofización y supone un riesgo tanto para la calidad del agua potable como para los ecosistemas acuáticos. La presencia de restos fecales y microorganismos patógenos añade un componente sanitario que no se debe subestimar.

Por todo ello, la mejor estrategia es actuar desde la prevención: reducir en lo posible la generación de residuos, mejorar el diseño de las instalaciones para minimizar agua de lavado, optimizar la alimentación del ganado y aplicar tratamientos adecuados a los efluentes, de modo que puedan destinarse a usos productivos sin generar impactos inasumibles.

En este contexto, la ganadería extensiva tiene un rol interesante como sistema más integrado con el territorio, donde parte de la fertilización puede realizarse de forma directa sobre pastos y cultivos. Sin embargo, incluso en estos casos es necesario contar con asesoramiento técnico y seguimiento para evitar sobrecargas de nutrientes en determinadas zonas.

Tecnologías de tratamiento: físico, biológico y valorización energética

Para transformar los residuos ganaderos en recursos aprovechables se recurre a una combinación de tratamientos físicos y biológicos, que permiten estabilizar la materia orgánica, reducir su potencial contaminante y adaptar sus características al uso final deseado.

Los tratamientos físicos incluyen operaciones como el tamizado o rejas para eliminar elementos gruesos, el batido para homogeneizar el residuo y la separación mecánica en fracciones sólida y líquida mediante prensas o tamices de distinta naturaleza. La fracción sólida suele destinarse a procesos de estabilización y compostaje, mientras que la fracción líquida se somete a decantación para retirar lodos.

Los lodos obtenidos por sedimentación se pueden incorporar de nuevo a la fracción sólida para una fermentación conjunta, optimizando la gestión del conjunto del residuo. Existen también tecnologías físicas como la deshidratación o la incineración, aunque suelen implicar inversiones más elevadas y, en muchos casos, una menor revalorización del producto final, por lo que se emplean en situaciones concretas.

En cuanto a los tratamientos biológicos, la digestión aerobia es la base del compostaje. En presencia de oxígeno, comunidades de bacterias y hongos degradan la materia orgánica, generando dióxido de carbono y transformando la mezcla inicial en un compost estabilizado, más seguro, con menos patógenos y olores, y con propiedades agronómicas muy interesantes como enmienda del suelo.

Por otro lado, la digestión anaerobia se realiza en ausencia de oxígeno, normalmente en biodigestores. En este proceso, consorcios microbianos especializados degradan la materia orgánica para producir biogás —formado sobre todo por metano y dióxido de carbono— y un digestato que mantiene gran parte de su valor fertilizante. A menudo se refuerza el proceso añadiendo bacterias, enzimas o levaduras específicas.

El biogás generado puede utilizarse para la producción de energía eléctrica y térmica, contribuyendo a reducir la huella de carbono de la explotación y mejorando su balance energético. Además, si se purifica hasta calidad biometano, puede inyectarse en red o emplearse como combustible renovable en movilidad o procesos industriales.

La digestión anaerobia está especialmente bien posicionada como herramienta para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, ya que evita la liberación descontrolada de metano procedente de la descomposición natural de los residuos y lo canaliza hacia un uso energético útil. Al mismo tiempo, permite conservar la mayor parte de los nutrientes en el digestato, que luego puede valorizarse agronómicamente.

Valorización agrícola: informes técnicos, planes de gestión y digestato

Para aplicar residuos y subproductos orgánicos en el campo de manera segura, las administraciones exigen informes técnicos detallados que planifiquen toda la gestión de la valorización agrícola: desde la caracterización del residuo hasta las dosis por hectárea y su integración en los planes de fertilización.

Estos informes suelen incluir la identificación del residuo y de las parcelas receptoras, la toma de muestras y su análisis en laboratorios acreditados, estudios agronómicos de suelos y cultivos, balances de macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, y la elaboración de cartografía temática mediante sistemas de información geográfica para delimitar zonas de aplicación.

Además, se redacta una memoria técnica que describe las operaciones de aplicación y justifica su conformidad con la normativa, acompañada de la asistencia en la tramitación administrativa necesaria para obtener autorizaciones o comunicar actividades. Empresas especializadas en medio ambiente ofrecen este tipo de servicios tanto a productores de residuos agroalimentarios como a titulares de explotaciones agrícolas o gestores de residuos no peligrosos.

El caso del digestato de plantas de biogás y biometano merece una mención específica. Este subproducto de la digestión anaerobia puede tener un valor agronómico notable, pero su utilización está muy regulada. Muchas comunidades autónomas obligan a elaborar planes de gestión del digestato que especifiquen su caracterización, sistemas de almacenamiento y aplicación, cultivos destinatarios y dosis máximas por hectárea.

En regiones como Cataluña o Castilla-La Mancha ya se han diseñado estrategias específicas para promover el uso seguro del digestato y facilitar su integración en los planes regionales de biometanización, siempre bajo el paraguas de la normativa estatal sobre residuos y nutrición sostenible de suelos. Esta planificación rigurosa es clave para convertir el digestato en una solución y no en un nuevo problema.

En paralelo, se fomenta la implantación de plantas de biogás colectivas, que agrupan residuos de varias granjas y, en muchos casos, practican la codigestión con otros residuos orgánicos de origen agroindustrial. Este modelo de gestión integral por zonas geográficas permite repartir costes, optimizar las instalaciones y obtener beneficios ambientales, económicos y sociales para el territorio.

En definitiva, cuando se combinan buenas tecnologías, cumplimiento normativo y planificación, los residuos ganaderos pasan de ser un quebradero de cabeza a convertirse en una herramienta para producir fertilizantes circulares, generar energía renovable, mejorar la salud del suelo y fortalecer la resiliencia del sistema agroalimentario frente a crisis de suministros y a las exigencias del cambio climático.

Durante la madrugada de este martes, un incendio declarado en la Ciudad del Automóvil de Leganés (Madrid) ha calcinado por completo tres vehículos híbridos enchufables estacionados en el exterior de un concesionario. A pesar de la espectacularidad de las llamas y de la concentración de coches en la zona, el suceso se ha saldado sin heridos.

El fuego, que se originó junto a una de las fachadas del establecimiento, generó un importante despliegue de medios de emergencia, ya que en esta gran área comercial dedicada al motor se acumulan decenas de vehículos en exposición y aparcamiento. La rápida actuación de los servicios de extinción resultó determinante para que el incidente no pasara a mayores.

Incendio de madrugada en la calle Carlos Sainz

Según han informado fuentes del 112 de la Comunidad de Madrid, el aviso entró en la central de emergencias en torno a las 2:00 horas de la madrugada. El punto exacto del suceso se localizó en la calle Carlos Sainz, una de las principales vías de la conocida Ciudad del Automóvil de Leganés, donde se concentran varios concesionarios y empresas vinculadas al sector de la automoción.

En el momento de la llegada de los equipos de emergencia, las llamas ya estaban plenamente desarrolladas afectando a varios vehículos situados en la parte exterior del concesionario. Las primeras imágenes mostraban una intensa columna de humo y un fuego muy visible, lo que hizo temer que pudiera extenderse con rapidez a otros automóviles estacionados en las inmediaciones.

Los coches implicados eran tres modelos híbridos enchufables, aparcados unos junto a otros en una zona próxima a la vía pública. La acumulación de turismos alrededor suponía un riesgo añadido, ya que cualquier retraso en la intervención podía haber derivado en una cadena de vehículos afectados.

El entorno de la calle Carlos Sainz es un área con gran densidad de concesionarios y campas de exposición, lo que obligó a los bomberos a plantear desde el primer momento una estrategia orientada a contener el fuego dentro de un perímetro muy concreto, evitando su salto a otras parcelas o edificios colindantes.

Despliegue de siete dotaciones de bomberos

Hasta el lugar del incidente se desplazaron siete dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, movilizadas de forma inmediata tras la llamada de alerta. A su llegada, los efectivos comprobaron que las llamas se cebaban especialmente con los tres híbridos enchufables, que eran los que presentaban daños más severos.

Los bomberos centraron en un primer momento sus esfuerzos en atajar el foco principal del fuego y, de manera simultánea, proteger los vehículos contiguos, que corrían serio peligro de verse alcanzados por la radiación térmica y las chispas desprendidas. Esta maniobra permitió frenar la propagación y reducir el área afectada.

Las tareas de extinción se prolongaron durante varios minutos, aunque la situación quedó bajo control en un tiempo relativamente corto, gracias a la coordinación del operativo y a la rápida llegada de los recursos. No fue necesario evacuar edificios cercanos ni cortar de forma prolongada el tráfico en la zona, si bien el entorno quedó acotado mientras duraba la intervención.

Una vez apagadas las llamas, los equipos de emergencia realizaron labores de enfriamiento y revisión de los restos para evitar posibles rebrotes, especialmente en las zonas del motor y del sistema eléctrico de los vehículos, habitualmente sensibles tras un incendio de estas características.

Sin heridos y con sanitarios en preventivo

Paralelamente a la intervención de bomberos, el dispositivo se completó con la presencia de recursos sanitarios del SUMMA 112, que permanecieron en el lugar en modo preventivo. Su función principal fue la de garantizar una respuesta inmediata ante cualquier posible intoxicación por humo o lesión derivada del operativo.

Finalmente, los servicios médicos no tuvieron que atender a ninguna persona, ya que no se registraron heridos ni afectados por inhalación de humo. En el momento en que se originó el fuego, el concesionario se encontraba cerrado al público y no había tránsito habitual de clientes, lo que redujo notablemente el riesgo para terceros.

Solo fue necesaria la presencia de algunos trabajadores y responsables del establecimiento para colaborar con los equipos de emergencia, facilitar el acceso a determinadas zonas y aportar información útil sobre la disposición de los vehículos, las instalaciones y los posibles puntos sensibles.

La ausencia de daños personales ha sido destacada por los servicios de emergencia, que subrayan que, pese a tratarse de un incendio llamativo en un área con gran concentración de coches, el desenlace se limitó a pérdidas materiales y a las consiguientes gestiones para valorar los daños.

Tres vehículos híbridos calcinados y causas bajo investigación

El balance definitivo del suceso deja tres vehículos híbridos enchufables completamente calcinados, con daños totales tanto en la carrocería como en el interior y en sus componentes mecánicos y eléctricos. Otros coches próximos pudieron verse ligeramente afectados por el calor o por la caída de restos, aunque el impacto principal se concentró en este trío de automóviles.

Por ahora, las autoridades no han facilitado detalles concretos sobre el origen exacto del incendio. Las causas se encuentran en fase de análisis y serán las investigaciones posteriores las que aclaren si el fuego respondió a un fallo accidental, a algún problema técnico en alguno de los vehículos —por ejemplo riesgos vinculados con la batería— o a cualquier otro factor externo.

En este tipo de incidentes, los peritos suelen examinar con detalle la zona de inicio de las llamas, el estado previo de los coches implicados y posibles elementos que pudieran haber actuado como desencadenantes, desde cortocircuitos hasta fuentes de calor cercanas o incluso causas intencionadas, si hubiera indicios para ello.

Mientras avanzan las indagaciones, el concesionario afectado deberá afrontar la evaluación de daños y la tramitación correspondiente con las compañías aseguradoras, tanto por la pérdida total de los vehículos híbridos como por las posibles afecciones a su instalación exterior.

El suceso en la Ciudad del Automóvil de Leganés pone de relieve la importancia de una rápida coordinación entre bomberos, servicios sanitarios y centros de emergencias en entornos donde se concentran numerosos vehículos y material potencialmente inflamable. En esta ocasión, la celeridad en la respuesta permitió contener un incendio que, de haberse propagado, podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

La compañía valenciana Batteryfly ha decidido dar un paso al frente en el reciclaje de baterías de vehículos eléctricos y la gestión de su segunda vida con un proyecto industrial de calado en Aragón. La empresa prevé invertir 6 millones de euros en una nueva planta en Zaragoza, pensada para cerrar el círculo de la electromovilidad y reforzar la cadena de valor de las energías limpias en España.

La futura instalación se ubicará en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) de Zaragoza y ocupará una superficie de 12.000 metros cuadrados. El proyecto, que se incluye en el programa RENOCICLA del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), tiene como horizonte de ejecución marzo de 2029 y aspira a convertir a la capital aragonesa en uno de los puntos neurálgicos del reciclaje de baterías en el país.

Una inversión de 6 millones para un hub de baterías en Zaragoza

Batteryfly, especializada en la gestión integral del ciclo de vida de baterías de electromovilidad, ha diseñado una planta concebida para cubrir todo el recorrido de estos equipos: desde la recepción y evaluación inicial hasta su reciclaje avanzado o su reacondicionamiento para nuevos usos. La inversión total prevista asciende a 6 millones de euros, a los que se suma una subvención pública relevante.

El proyecto cuenta con una ayuda a fondo perdido de 1,8 millones de euros procedentes del MITECO, canalizados a través del programa RENOCICLA y gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Estas ayudas, financiadas con fondos europeos NextGenEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se otorgan en régimen competitivo, premiando la innovación tecnológica, la viabilidad económica y el impacto ambiental positivo.

Según la información facilitada por la compañía, la planta se construirá sobre una parcela de 12.000 m² en el PTR de Zaragoza, una ubicación que refuerza el posicionamiento de Aragón como polo industrial ligado a la economía circular y a la movilidad eléctrica. La empresa prevé que, una vez en funcionamiento, el centro pueda generar en torno a 120 puestos de trabajo en un plazo de unos cuatro años, entre personal técnico, de ingeniería, laboratorio y operaciones.

El calendario del proyecto marca un plazo de ejecución que se extiende hasta marzo de 2029, tiempo durante el cual se desarrollarán las distintas fases de diseño, construcción, puesta en marcha de líneas piloto y escalado industrial. La instalación se concibe como una infraestructura estratégica a largo plazo, capaz de acompañar el fuerte incremento previsto del parque de vehículos eléctricos en Europa.

Capacidad de reciclaje y proyección de crecimiento

La nueva planta arrancará con una capacidad anual de tratamiento superior a las 1.000 toneladas de residuos, fundamentalmente baterías procedentes de vehículos eléctricos y otros equipos vinculados a las energías renovables. Sin embargo, el proyecto está diseñado con una clara vocación de crecimiento: en un horizonte de medio plazo, las instalaciones podrían llegar a procesar hasta 75.000 toneladas al año.

Este potencial de ampliación responde a la previsión de que el volumen de baterías fuera de uso aumente de forma notable a medida que la electromovilidad y el almacenamiento energético sigan extendiéndose en España y en el resto de Europa. Disponer de una capacidad industrial suficiente para gestionar estos residuos de forma segura y eficiente se considera clave para evitar cuellos de botella y dependencias externas.

El proyecto de Batteryfly ha sido valorado como uno de los cinco mejor puntuados a nivel nacional en su categoría de reciclaje de baterías dentro del programa RENOCICLA. Entre los aspectos que han pesado en su evaluación figuran el grado de innovación de los procesos de tratamiento, el enfoque integral sobre la segunda vida de las baterías y la contribución real a la economía circular.

Gracias a esta nueva instalación, la empresa busca dar respuesta al reto de convertir un flujo de residuos creciente en una oportunidad industrial. La idea es que las baterías que ya no son aptas para su uso original no se consideren únicamente desechos, sino una fuente de materiales valiosos y, en muchos casos, de módulos reutilizables en otras aplicaciones.

En este contexto, Zaragoza aspira a consolidarse como un centro de referencia en el reciclaje de baterías dentro del mapa industrial español, complementando otros polos de la automoción y de las energías renovables tanto en Aragón como en comunidades vecinas.

Instalación integral: de la segunda vida al reciclaje avanzado

Uno de los puntos fuertes del proyecto es su planteamiento integral. La nave industrial dispondrá de diferentes áreas especializadas que abarcan todas las fases del ciclo de vida de las baterías. En primer lugar, se habilitarán zonas de almacenamiento seguro, caracterización y ensayos (testing), donde se evaluará el estado de cada unidad recibida para determinar si es viable su reacondicionamiento o si debe pasar directamente a reciclaje.

A partir de ahí, el complejo contará con líneas específicas para el desmontaje, manipulación y reparación de baterías de vehículos eléctricos y otros sistemas de almacenamiento. Estas operaciones permitirán recuperar módulos y celdas que todavía tengan una vida útil considerable, destinándolos a aplicaciones de menor exigencia, como sistemas estacionarios de respaldo o almacenamiento para instalaciones renovables.

La planta incluirá también espacios dedicados a la fabricación de megabaterías y al ensamblaje de nuevos productos, aprovechando los componentes que sigan siendo funcionales. De este modo, la segunda vida de las baterías se integra en el propio esquema industrial del centro, sin necesidad de externalizar procesos clave.

Además, se habilitarán áreas para la certificación de sistemas de almacenamiento energético y para el desarrollo de nuevos componentes, asegurando que los equipos reacondicionados cumplan con las normas de seguridad y calidad exigidas por el mercado y por la regulación europea.

El complejo se completará con laboratorios y un centro de I+D orientados a mejorar los procesos de reparación, reciclaje y caracterización de baterías de ion-litio y otras tecnologías emergentes. Junto a estos espacios técnicos, la instalación contará con oficinas y un área de ingeniería que centralizarán la gestión de proyectos y el desarrollo de soluciones avanzadas de almacenamiento.

Black mass y recuperación de metales críticos

Más allá del reacondicionamiento, la planta de Batteryfly incorporará una planta piloto para la obtención de “black mass” o masa negra, uno de los elementos más relevantes desde el punto de vista estratégico. La black mass es un polvo oscuro de alto valor añadido que se obtiene tras la trituración y tratamiento de baterías de ion-litio y que concentra buena parte de los metales más apreciados de estos sistemas.

En esta fracción se encuentran litio, níquel, cobalto y manganeso, entre otros materiales esenciales para la fabricación de nuevas celdas. Todos ellos están considerados por la Comisión Europea como materias primas críticas o estratégicas, tanto por su dificultad de suministro como por la concentración geográfica de sus reservas.

La capacidad de producir black mass en territorio nacional supone un paso importante para reducir la dependencia de la importación de materias primas, especialmente de mercados asiáticos, y para reforzar la autonomía industrial de Europa en un sector tan sensible como el de las baterías.

Una vez obtenida, esta masa negra puede enviarse a refinerías y plantas hidrometalúrgicas especializadas, donde se separan y purifican los distintos metales para su reintroducción en la cadena de suministro. De esta manera, los materiales procedentes de baterías agotadas vuelven a convertirse en insumos para fabricar nuevos sistemas de almacenamiento, cerrando el círculo de la economía circular.

La integración de esta planta piloto en el proyecto de Zaragoza posiciona a Batteryfly en una dinámica de innovación constante, ya que el tratamiento de baterías y la recuperación de metales críticos es un campo en rápida evolución tecnológica y regulatoria dentro de la Unión Europea.

Economía circular, apoyo público y encaje en las políticas europeas

El proyecto de Batteryfly encaja de lleno en las estrategias europeas y nacionales de economía circular y transición energética. El programa RENOCICLA, en el que se enmarca la nueva planta, busca precisamente acelerar la renovación de equipos obsoletos y aumentar el uso de materias primas secundarias en los procesos de fabricación, reduciendo así la presión sobre los recursos naturales.

Las ayudas concedidas se han evaluado bajo el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, lo que implica cumplir criterios estrictos de gestión de residuos, emisiones y eficiencia energética. Esta exigencia contribuye a que las nuevas instalaciones financiadas con fondos europeos se alineen con los objetivos climáticos y de sostenibilidad de la UE.

Además, el proyecto se relaciona directamente con el PERTE de Economía Circular y con el propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que identifica el reciclaje de baterías y la gestión de materiales críticos como elementos clave para reforzar la competitividad industrial del continente.

Al promover la reutilización de componentes y materias primas y al recuperar metales valiosos, la planta zaragozana aspira a ser un eslabón importante en la cadena de valor vinculada a la electrificación del transporte y el despliegue de energías renovables. La combinación de inversión privada y apoyo público busca desencadenar nuevas iniciativas empresariales y tecnológicas en su entorno.

En el plano regional, la infraestructura contribuye a consolidar la imagen de Aragón como territorio comprometido con la innovación en sostenibilidad y reciclaje industrial, complementando otros proyectos vinculados al vehículo eléctrico, la automoción y el almacenamiento energético que ya operan o se están desplegando en la comunidad autónoma.

Batteryfly: experiencia previa y apuesta por la segunda vida

Batteryfly nace como respuesta a la creciente implantación del vehículo eléctrico en Europa y al marco normativo que impulsa la reutilización y correcta gestión de las baterías descartadas. La compañía se ha especializado en alargar al máximo la vida útil de estos equipos, ya sea a través de su reacondicionamiento o mediante su reciclaje responsable cuando han llegado al final de su ciclo.

El equipo de la empresa acumula más de 25 años de trayectoria en automoción y energías renovables, con un plantel formado por ingenieros, técnicos y operarios con experiencia en energía, electrónica y programación. Esta base técnica ha permitido a Batteryfly desarrollar soluciones propias de diseño y fabricación de baterías adaptadas a distintas aplicaciones.

Actualmente, la compañía opera desde su sede en Moncada (Valencia), donde dispone de 1.800 metros cuadrados de planta industrial, laboratorios de desarrollo y testeo y una capacidad notable para el reacondicionamiento de baterías de litio procedentes principalmente de la electromovilidad. Desde estas instalaciones se han impulsado proyectos que han contribuido a evitar emisiones y a aprovechar mejor los recursos ya disponibles.

Según sus propios datos, la actividad de Batteryfly ha permitido reducir en torno a 20 toneladas de CO₂ en los últimos cinco años gracias a la prolongación de la vida útil de las baterías y al uso de soluciones de almacenamiento más eficientes. La nueva planta en Zaragoza supone un salto de escala significativo respecto a esa experiencia.

Con este movimiento, la empresa refuerza su papel en el ecosistema europeo de la electromovilidad, no tanto desde la fabricación de vehículos, sino desde la gestión responsable del final de vida de sus componentes clave, un ámbito que cada vez tendrá más peso en la regulación y en la percepción social de la sostenibilidad del transporte eléctrico.

Impacto en la independencia industrial y la movilidad sostenible

Desde la dirección de Batteryfly, se subraya que la nueva planta contribuirá a reducir la necesidad de extraer recursos adicionales para la fabricación de baterías de nueva generación. Reutilizar baterías usadas y recuperar metales críticos permite evitar parte de la minería primaria y, al mismo tiempo, minimizar la cantidad de residuos que terminan en vertederos o que deben exportarse para su tratamiento.

Javier Alcalá, director general de la compañía, ha puesto el foco en la importancia de promover la reutilización de componentes y materias primas, especialmente en el entorno de la movilidad eléctrica y del almacenamiento de energía. Esta visión encaja con la tendencia regulatoria europea, que cada vez fija objetivos más ambiciosos de contenido reciclado y trazabilidad en las baterías comercializadas en el mercado comunitario.

Otro de los puntos que la empresa destaca es la posibilidad de avanzar hacia una menor dependencia de los países asiáticos en lo que respecta a la fabricación de baterías y al suministro de los materiales necesarios. Aunque la nueva planta no pretende cubrir por sí sola la demanda europea, sí se suma a otros proyectos que buscan diversificar el origen de estos recursos.

Para el conjunto del sistema energético, contar con infraestructuras como la de Zaragoza facilita que la transición hacia la electromovilidad sea más coherente desde el punto de vista medioambiental, al garantizar que las baterías se gestionan de forma adecuada una vez terminada su primera vida útil.

En definitiva, la inversión de Batteryfly encaja en una tendencia más amplia en España y Europa: el despliegue de instalaciones que permitan cerrar el círculo de las tecnologías limpias, devolviendo al sistema materiales escasos y dando salida útil a equipos que, de otro modo, se convertirían en un problema ambiental y logístico.

Con la puesta en marcha de esta planta en el Parque Tecnológico del Reciclado de Zaragoza, Batteryfly combina inversión privada, apoyo institucional y experiencia técnica para situarse en el mapa europeo del reciclaje de baterías. La iniciativa apunta a reforzar la economía circular, generar empleo cualificado y aportar un plus de autonomía industrial en un sector clave para el futuro de la movilidad eléctrica y de las energías renovables en España.

La planta de biogás proyectada en Soandres, en el municipio coruñés de A Laracha, se ha convertido en uno de los focos más tensos del debate sobre la transición energética en Galicia. Lo que sobre el papel se presenta como una instalación para valorizar residuos orgánicos y producir biometano, sobre el terreno ha desatado una fuerte contestación vecinal, municipal y política que trasciende las fronteras del propio concello.

Plataformas vecinales, concellos limítrofes y distintos grupos parlamentarios han puesto el grito en el cielo por lo que consideran un proyecto sobredimensionado, mal ubicado y con escaso retorno local. Mientras tanto, la Xunta mantiene la tramitación en marcha dentro de los procedimientos de evaluación ambiental y niega que exista un respaldo automático a la iniciativa.

Un proyecto de biogás en suelo rural y en el punto de mira

La planta de biogás de Soandres está impulsada por la empresa Bioenergía A Coruña y se sitúa en la zona de Chousa Grande, sobre terrenos de una antigua cantera clasificados como suelo rústico de protección ordinaria. Según la documentación hecha pública por la Xunta, la instalación se dedicaría a la valorización de residuos orgánicos agroganaderos y de la industria alimentaria mediante digestión anaerobia, con el objetivo de obtener biometano para inyectarlo en la red de gas natural.

Las cifras varían ligeramente según las fuentes políticas y vecinales, pero todos los datos apuntan a una macroinstalación con una capacidad muy elevada. La documentación ambiental habla de hasta 63.500 toneladas anuales de residuos, incluidas unas 6.500 toneladas de subproductos animales de categoría Sandach 3, mientras que representantes socialistas elevan la previsión hasta las 73.000 toneladas al año. Otros documentos municipales, por su parte, manejan un volumen máximo en el entorno de las 65.000 toneladas.

La superficie ocupada también genera debate. Distintas intervenciones públicas han señalado que la planta se extendería sobre unos 16.000 metros cuadrados de instalaciones, mientras que desde el Concello de Culleredo se citan más de 95.000 metros cuadrados afectados en el entorno del río Anllóns. Pese a estas discrepancias en los números, todas las partes coinciden en que se trata de un proyecto de gran escala para un entorno rural próximo a núcleos de población.

El esquema técnico responde al modelo habitual de este tipo de plantas: recepción de purines y restos orgánicos, digestión anaerobia para generar biogás, depuración para convertirlo en biometano inyectable en la red y obtención de digestato, que se separa en fracción sólida —para gestores externos— y líquida, que se trataría para su vertido o reutilización. La planta funcionaría las 24 horas del día, con presencia física de personal seis días a la semana en turnos reducidos, y una plantilla directa muy limitada, en torno a una decena de empleos.

Preocupaciones vecinales: territorio, salud y calidad de vida

En A Laracha se ha constituido la plataforma Stop Biogás A Laracha, que agrupa a vecinos y vecinas contrarios al proyecto. Esta organización recalca que no se opone a las energías renovables ni a la transición energética, pero sí a un modelo de implantación que califican de desordenado y sin garantías, que situaría una industria de alto impacto en un entorno rural sensible y muy cercano a viviendas.

Uno de los ejes centrales de su discurso es la ubicación elegida. La plataforma sostiene que el emplazamiento en Soandres es incompatible con la protección del patrimonio, la salvaguarda de los recursos hídricos, la preservación del entorno residencial y el mantenimiento de una calidad de vida aceptable. A su juicio, una infraestructura de estas dimensiones debería estar en un polígono industrial alejado de casas, ríos y elementos patrimoniales, y no a apenas unos cientos de metros de núcleos habitados.

El impacto sobre el agua y los ecosistemas fluviales es otra de las grandes inquietudes. El proyecto se ubica en el entorno del río Anllóns, principal curso fluvial del municipio y fuente de captación de agua para consumo doméstico de buena parte de las viviendas de A Laracha. También se menciona la proximidad a zonas de nacimiento de otros regatos, como el Valiñas, lo que refuerza el temor a posibles vertidos, filtraciones o accidentes que pudieran afectar a los recursos hídricos de la zona.

La dimensión paisajística y de biodiversidad tampoco pasa desapercibida. En el entorno de Soandres se ha documentado la presencia de diversas especies de aves, reptiles, anfibios y mamíferos, entre ellas el aguilucho cenizo, catalogado como vulnerable. Organizaciones vecinales y representantes municipales sostienen que una planta industrial de estas características altera el paisaje rural, introduce infraestructuras visibles y tráfico constante y puede generar efectos acumulativos sobre la fauna, especialmente por el ruido, la iluminación nocturna y la actividad continuada.

El tercer motivo de preocupación, y probablemente el más inmediato para la población, son los olores asociados a la gestión de residuos orgánicos. Vecinos y responsables políticos recuerdan experiencias de otras instalaciones similares y afirman que nadie quiere vivir ni pasear junto a una macroplanta que pueda generar hedor persistente. En los debates públicos se insiste en que los olores afectarían de lleno a la vida diaria, al uso de espacios al aire libre, a la percepción de seguridad ambiental y, en definitiva, a la imagen del rural como lugar habitable.

Por último, la plataforma Stop Biogás A Laracha alerta sobre el tratamiento del digestato resultante del proceso. En su comunicado advierte de que, en muchos proyectos de biogás, este subproducto termina esparciéndose en fincas agrícolas cercanas. Según señalan, el digestato puede contener elevadas cargas de nitrógeno, fósforo, sales, metales pesados y otros contaminantes que, de no gestionarse correctamente, podrían provocar sobrefertilización de los suelos, contaminación de acuíferos, malos olores persistentes y afecciones a la calidad de los terrenos agrícolas.

Patrimonio arqueológico y afecciones al entorno rural

Uno de los argumentos que más peso ha ganado en las alegaciones municipales es la presencia de patrimonio arqueológico en el ámbito del proyecto. A escasa distancia de la ubicación prevista se encuentra la Mámoa de Chousa Grande, un elemento catalogado que forma parte del legado megalítico de la zona. Tanto el Concello de A Laracha como la plataforma vecinal consideran que la coexistencia entre una mámoa protegida y una industria de este tamaño es, como mínimo, problemática.

Los técnicos municipales han destacado que, aunque el uso de suelo rústico permite en abstracto este tipo de instalaciones en Galicia, eso no implica que todas las ubicaciones sean adecuadas. La proximidad de un bien patrimonial protegido, el carácter rural del entorno y la cercanía a viviendas y cursos de agua llevan al gobierno local a concluir que Soandres no es el sitio idóneo y que deberían contemplarse alternativas en polígonos industriales u otras zonas con menor sensibilidad ambiental y patrimonial.

La afectación al paisaje y a la configuración del territorio rural también figura en las declaraciones institucionales de concellos limítrofes, como Culleredo o Cerceda, que se consideran potencialmente perjudicados por la planta. Estos ayuntamientos insisten en que infraestructuras de gran tamaño, con intenso tráfico pesado y actividad ininterrumpida, son más propias de un entorno industrial consolidado que de áreas agrícolas y forestales donde predominan explotaciones pequeñas y viviendas dispersas.

Además, el rechazo no se limita a los impactos ambientales y patrimoniales. En las reuniones informativas se ha señalado el temor a la desvalorización de las propiedades, la posible pérdida de atractivo residencial y turístico del entorno y la sensación de que el rural se convierte en un punto de recepción de grandes cantidades de residuos procedentes de otros territorios, sin un beneficio proporcional para la población que los soporta.

Otro aspecto que se cuestiona con fuerza es el retorno socioeconómico real del proyecto. La plataforma vecinal y diferentes grupos políticos subrayan que la creación de menos de una decena de empleos directos no compensa, a su juicio, los riesgos y molestias potenciales. Desde el BNG de Culleredo y el PSdeG de A Laracha se insiste en que este modelo responde más a los intereses económicos de las empresas promotoras que a las necesidades del territorio, y abogan por plantas más pequeñas, descentralizadas y ligadas a residuos agrarios de proximidad.

Reacción política y fractura institucional en torno a la planta

El conflicto por la planta de biogás de Soandres ha saltado con fuerza al tablero político gallego. En el ámbito local, el Concello de A Laracha, gobernado por el PP, ha fijado una posición de rechazo frontal al proyecto. En una asamblea informativa celebrada en la Casa da Cultura, a la que asistieron más de 300 personas, el gobierno municipal se comprometió a agotar todas las vías administrativas y legales disponibles para impedir que la planta llegue a construirse.

En ese encuentro, técnicos municipales detallaron el estado de la tramitación: el proyecto se encuentra en fase de evaluación ambiental integrada y de impacto ambiental, procedimientos que dependen de la Xunta de Galicia. Para que la planta sea autorizada, harán falta informes sectoriales de organismos como Augas de Galicia, Patrimonio, Saúde Pública, Medio Rural o Seguridad Aérea, entre otros. El Concello, por su parte, ha puesto a disposición de los vecinos modelos de alegaciones descargables en la web municipal o en dependencias administrativas, incluso con la opción de presentarlas a través del Sistema de Interconexión de Registros.

La posición de rechazo se extiende también a otros concellos cercanos. El Pleno de Culleredo aprobó por unanimidad una declaración institucional en contra de la planta, alegando graves afecciones ambientales, paisajísticas, hídricas y sociales. El alcalde, José Ramón Rioboo, se reunió con su homólogo de Cerceda para coordinar posturas y preparar posibles alegaciones conjuntas, en un intento de articular un frente común municipal ante la administración autonómica.

En paralelo, en Culleredo se han movido distintos grupos políticos. El BNG registró una moción urgente para que la Corporación se posicione oficialmente en contra de la planta, mientras que Alternativa dos Veciños reclamó más información detallada sobre el procedimiento y sobre las repercusiones potenciales en el municipio. En A Laracha, el PSdeG ha solicitado la creación de una comisión de trabajo con participación de la plataforma vecinal, asociaciones y fuerzas políticas para canalizar el rechazo social y trasladarlo directamente a la Xunta.

La polémica ha llegado igualmente al Parlamento de Galicia. Distintas iniciativas para exigir mayores garantías ambientales, sanitarias y de participación pública no han logrado reproducir el consenso que sí se había alcanzado en el pleno municipal larachés, donde PP, PSOE y BNG votaron en contra del proyecto. En la Cámara autonómica, las divergencias entre grupos han aflorado con fuerza, particularmente entre PP y PSdeG.

Choque entre PP y PSOE en la Cámara gallega

La portavoz de Industria del Grupo Socialista, Patricia Iglesias, ha acusado al Partido Popular y al Gobierno gallego de «ponerle la alfombra roja» a la planta de biogás de Soandres, a pesar de la oposición de los vecinos y vecinas. Iglesias reprocha al Ejecutivo autonómico haber modificado la normativa a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos para, en su opinión, debilitar la autonomía local y reducir la capacidad de los ayuntamientos para frenar este tipo de proyectos, dejando en un segundo plano licencias municipales y límites urbanísticos.

La diputada socialista llevó a la Comisión de Obras Públicas una iniciativa que recogía las demandas de la plataforma Stop Biogás A Laracha, cuyos representantes siguieron la sesión desde la bancada del Grupo Socialista. Iglesias sostiene que los socialistas gallegos mantienen un «no» rotundo a la planta, mientras critica que el PP, tras apoyar una moción contra el proyecto en el Ayuntamiento de A Laracha, haya rechazado propuestas similares en el Parlamento. A su juicio, esta contradicción entre el ámbito municipal y el autonómico pone en evidencia la falta de coherencia del partido en el gobierno.

Además, la parlamentaria socialista ha acusado al alcalde de A Laracha, José Manuel López, de haber ocultado información y manipulado a los vecinos, alegando que conocía el proyecto desde 2022 y no lo comunicó con la debida antelación. Iglesias advierte de que el Gobierno gallego podría imponer la planta declarándola prioritaria y de interés autonómico, utilizando lo que define como una «barra libre» para proyectos industriales con gran impacto territorial que habilitaría la propia ley de acompañamiento de los presupuestos.

Desde el PSdeG se ha subrayado también la magnitud de la infraestructura, apuntando que la planta supondría la ocupación de unos 16.000 metros cuadrados y el tratamiento de hasta 73.000 toneladas de residuos anuales, lo que generaría un flujo constante de tráfico pesado, olores intensos y persistentes y posibles afecciones al río Anllóns y al entorno natural de la zona. La formación insiste en que este tipo de proyectos deben someterse a un debate mucho más riguroso y participativo antes de avanzar en su tramitación.

Por su parte, otros grupos como el BNG han centrado sus críticas en el modelo de implantación de esta y otras plantas de biogás. La formación nacionalista alerta de que iniciativas sobredimensionadas como la de Soandres responden principalmente al interés económico de las promotoras y no a una planificación racional del territorio. El Bloque propone una red de instalaciones de menor tamaño, descentralizadas y ligadas a residuos realmente agrarios y de proximidad, con criterios claros de distancia a núcleos de población y zonas de exclusión ambiental y patrimonial.

En el plano supramunicipal, el BNG de Culleredo ha llevado el asunto al pleno local, reclamando un posicionamiento institucional contra la planta por su impacto ambiental, hídrico y social, y demandando una regulación más estricta en Galicia que fije distancias mínimas respecto a viviendas, normas sobre consumo de agua, generación de efluentes y gestión del digestato, así como la participación efectiva de la ciudadanía afectada.

La posición del PP y el papel de la Xunta en la tramitación

Mientras la oposición carga contra el proyecto y contra los cambios normativos, la dirección del PPdeG y la Xunta de Galicia defienden que el expediente de la planta de Soandres se está tramitando con rigor y dentro de los cauces legales. El diputado popular Rubén Lorenzo ha hecho un llamamiento a la calma y ha recalcado que la preocupación de los vecinos es legítima y merece respeto, pero ha insistido en que la administración autonómica está obligada a gestionar los proyectos que se presentan, lo que no significa respaldarlos automáticamente.

Lorenzo destaca que la planta se encuentra en fase de información pública, un procedimiento que califica de abierto, transparente y regulado por ley. Según el parlamentario, la viabilidad final de la instalación dependerá de informes técnicos elaborados por los organismos competentes en materia ambiental, sanitaria, patrimonial y de gestión de residuos. «Si el proyecto no cumple con los requisitos exigidos, no saldrá adelante», ha asegurado, subrayando que Galicia aplica criterios técnicos exigentes, incluidas medidas específicas relativas a los olores para proteger la salud pública y el medio ambiente.

El diputado popular ha criticado la propuesta socialista de suspender de manera preventiva el procedimiento de autorización, al considerar que la Xunta no puede paralizar un expediente sin causa legal sin vulnerar derechos básicos de los promotores. Desde el PP se defiende que la forma correcta de abordar estas controversias es informando, explicando y escuchando a la ciudadanía, y no, en palabras de Lorenzo, generando alarmismo o desinformación.

En este contexto, el Gobierno gallego insiste en que el marco normativo actual ya establece controles y procedimientos garantistas, aunque desde plataformas vecinales y grupos de la oposición se insiste en que existe una ausencia de regulación específica y detallada sobre la ubicación de plantas de biogás: distancias mínimas respecto a núcleos de población, zonas de exclusión, exigencias técnicas reforzadas, criterios de solvencia económica de las empresas y mecanismos de participación ciudadana vinculante.

La discrepancia política se traduce, por tanto, en dos visiones enfrentadas: mientras la Xunta defiende que los proyectos deben evaluarse caso por caso dentro del marco ya existente, la oposición reclama una reforma normativa más profunda que ordene el despliegue de estas instalaciones y evite la concentración de infraestructuras de alto impacto en áreas rurales sensibles como Soandres.

Movilización ciudadana y asambleas informativas

Más allá de las instituciones, el pulso se libra también en el terreno de la movilización social. La plataforma Stop Biogás A Laracha considera que el proyecto sigue avanzando en la administración y que, por tanto, resulta especialmente urgente mantener la presión vecinal y política. La entidad insiste en que la única solución satisfactoria sería la cancelación definitiva de la planta en su emplazamiento actual.

El Concello de A Laracha, en coordinación con partidos y asociaciones, ha impulsado asambleas informativas abiertas a toda la población. Una de las más concurridas tuvo lugar en la Casa da Cultura, donde se dieron cita más de 300 personas para conocer en detalle el contenido del proyecto, los pasos administrativos ya dados y las posibles vías de oposición. Durante el encuentro, se explicaron las bases técnicas de la instalación, los informes preceptivos y los plazos para presentar alegaciones.

Para facilitar esa participación, el Ayuntamiento ha habilitado modelos de alegación que los vecinos pueden descargar en la web municipal o recoger en el edificio administrativo y en el vivero de empresas del polígono. Además, se ha habilitado la opción de remitir las alegaciones a la Xunta a través del Sistema de Interconexión de Registros, evitando desplazamientos y simplificando trámites para la ciudadanía.

Desde la plataforma vecinal se anima a todo el mundo a implicarse en el proceso, insistiendo en que la movilización colectiva e institucional puede influir en la decisión final de la administración autonómica. También se han organizado encuentros informativos impulsados por el propio colectivo Stop Biogás A Laracha, en los que se aborda no solo el caso concreto de Soandres, sino también la situación general de los proyectos de biogás en España y la repetición de conflictos similares en otros territorios.

En estos foros, los portavoces vecinales subrayan que la raíz del problema es la falta de planificación estatal, autonómica y municipal para este tipo de instalaciones. Reclaman que se definan distancias mínimas a zonas habitadas, corredores ecológicos libres de industrias de alto impacto, requisitos de transparencia y mecanismos de consulta previa que permitan descartar ubicaciones incompatibles antes de que los proyectos entren en fases avanzadas de tramitación.

Lo que ocurre en Soandres se percibe así como un caso testigo que podría marcar el rumbo de futuras plantas de biogás en Galicia y en otras comunidades. Vecinos, concellos y grupos políticos son conscientes de que el desenlace de este expediente puede sentar precedentes relevantes sobre el equilibrio entre transición energética, protección del territorio y derechos de las comunidades locales.

Con la planta de biogás de Soandres aún en fase de evaluación ambiental y con las instituciones divididas, el conflicto continúa abierto y sin una resolución a la vista. Entre la promesa de gestionar residuos y producir energía renovable y el temor a un proyecto sobredimensionado en un entorno rural frágil, la comarca sigue pendiente de los informes técnicos y de las decisiones políticas que determinarán si esta instalación se convierte en realidad o se reorienta hacia otro emplazamiento o modelo diferente.

La contaminación por plásticos se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza ambientales del siglo XXI. En titulares y estudios solemos ver cifras enormes de plásticos que acaban en mares, ríos y suelos, pero rara vez se matiza cómo cambian esas cantidades entre países con buena gestión de residuos y otros donde los sistemas aún son muy deficientes.

Un grupo de investigadores ha puesto la lupa precisamente en este punto y ha desarrollado un modelo probabilístico muy detallado que revisa las estimaciones tradicionales de emisiones de plásticos. Aplicado a Suiza, un país con una infraestructura de residuos muy avanzada, el modelo sugiere que las fugas al medio ambiente podrían ser bastante menores de lo que se pensaba, y además ayuda a identificar con mucha precisión qué productos y usos son los que más problemas generan.

Por qué se cuestionan las estimaciones globales de emisiones de plásticos

Durante años se han difundido cálculos globales sobre plásticos mal gestionados basados en hipótesis relativamente simples: porcentajes fijos de abandono de residuos, supuestos genéricos sobre reciclaje o escasa diferenciación entre países con sistemas avanzados y otros con carencias graves. Estos enfoques han sido muy útiles para llamar la atención, pero se estaban quedando cortos a la hora de describir la realidad con precisión.

El nuevo estudio señala que en países con gestión eficaz de residuos —como Suiza y, por extensión, otros sistemas europeos avanzados— esas cifras globales podrían estar claramente sobreestimadas. La razón principal es que muchos modelos anteriores no tenían en cuenta datos recientes sobre producción mundial de plásticos, regulación, reciclaje y cambios en el comportamiento social, como las restricciones a los plásticos de un solo uso o el aumento de la incineración con control de emisiones.

Además, gran parte de los estudios previos simplificaban en exceso las vías por las que el plástico puede escapar al entorno, ignorando categorías de productos específicas o asumiendo tasas uniformes de abandono y dispersión. Este enfoque homogéneo chocaba con la realidad de países donde los residuos se recogen de manera casi universal y existe una amplia red de plantas de reciclaje e incineración.

Frente a esos enfoques genéricos, el nuevo modelo suizo plantea que la contaminación por plásticos no es homogénea a nivel mundial, sino que depende fuertemente de la infraestructura, la regulación y la cultura de cada país. Eso implica que, para diseñar políticas eficaces, hay que pasar de las grandes cifras globales a análisis mucho más finos y contextuales.

De forma llamativa, el estudio concluye que en Suiza, en el año 2022, se liberaron al entorno unos 222 gramos de plástico por persona (con una incertidumbre de ± 50 g). Es una cantidad que puede seguir pareciendo alta, pero que es muy inferior a las cifras que se ven a menudo asociadas a países industrializados con sistemas modernos de gestión de residuos.

El papel del análisis de flujo de materiales probabilístico (PMFA)

El corazón de la investigación es un análisis probabilístico de flujo de materiales, conocido como PMFA por sus siglas en inglés. Este tipo de modelo sirve para seguir el rastro de un material —en este caso, varios tipos de plástico— a lo largo de un espacio y un tiempo concretos, contabilizando entradas, salidas, reservas y pérdidas al medio ambiente.

En lugar de limitarse a una categoría genérica llamada “plástico”, el trabajo se centra en siete polímeros clave: tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP), polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), policloruro de vinilo (PVC), poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS). Estos materiales abarcan una gran parte de los usos cotidianos, desde envases y botellas hasta aislamientos, textiles sintéticos o componentes de automoción.

El modelo integra nada menos que 245 vías de emisión diferentes, es decir, 245 formas concretas en las que esos polímeros pueden escapar al entorno en algún momento de su ciclo de vida. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, la liberación de fibras durante el lavado de ropa sintética, la pérdida de pellets en fábricas, el abandono de envases en espacios públicos o la fragmentación de productos plásticos en exteriores.

Una de las fortalezas del PMFA es que no se queda en estimaciones puntuales, sino que utiliza simulaciones de Monte Carlo para manejar la incertidumbre de los datos de entrada. Cada parámetro (tasas de reciclaje, porcentajes de abandono, eficiencia de recogida, etc.) se considera como un rango de valores posibles, y las simulaciones permiten obtener distribuciones de probabilidad en vez de números únicos aparentemente exactos.

Gracias a este enfoque probabilístico, los resultados no solo dan una cifra central (por ejemplo, esos 222 g de plástico por persona), sino también la variabilidad esperable alrededor de ese valor. Esto ofrece una imagen más honesta y transparente de hasta qué punto conocemos el problema y qué margen de incertidumbre existe.

El PMFA sigue los flujos de los polímeros desde la producción y el comercio hasta el uso de productos, la recogida de residuos y las operaciones de fin de vida (reciclaje, incineración, vertedero u otros tratamientos). A lo largo de todo ese recorrido, identifica los puntos en los que pueden producirse fugas al medio, y distingue entre distintos entornos receptores, como suelos agrícolas, suelos urbanos o cuerpos de agua superficiales.

Suiza como ejemplo de sistema europeo avanzado

Para poner a prueba el modelo, los investigadores tomaron como caso de estudio Suiza en el año 2022. No es una elección casual: se trata de un país con una conciencia ambiental muy alta, donde la población participa de forma generalizada en la separación y entrega de residuos, y donde la infraestructura de gestión está muy consolidada.

Suiza destaca por sus altas tasas de incineración con recuperación de energía, que minimizan la cantidad de residuos depositados en vertedero. Además, existe una prohibición explícita de aplicar lodos de depuradora en suelos agrícolas, algo que en otros países puede ser una vía importante de entrada de microplásticos al terreno.

El modelo considera también el impacto de las regulaciones más recientes, como las limitaciones a los plásticos de un solo uso o los requisitos de responsabilidad ampliada del productor para ciertos envases. Estos cambios normativos influyen tanto en la cantidad de plástico que se pone en el mercado como en cómo se gestiona al final de su vida útil.

Al integrar datos actualizados de producción, reciclaje, exportación, importación y normativa, el PMFA ofrece una imagen bastante detallada de cómo se mueven los plásticos en un sistema que suele ponerse como ejemplo dentro de la Unión Europea y su entorno. De hecho, el estudio plantea que el caso suizo puede utilizarse como referencia para otros países europeos con niveles de desarrollo y gestión de residuos similares.

Ahora bien, los autores también recuerdan que el modelo no incorpora todas las fuentes imaginables. Por ejemplo, no incluye el desgaste de neumáticos, que es una de las mayores fuentes de microplásticos a escala global, ni contempla vías de emisión que en Suiza prácticamente no existen, como la dispersión de residuos pesqueros a gran escala o la aplicación de lodos cargados de plástico en suelos agrícolas.

Emisiones directas e indirectas: cómo escapa el plástico al medio ambiente

Uno de los puntos más interesantes del estudio es la diferenciación entre emisiones directas e indirectas. Esta distinción ayuda a entender mejor dónde se pueden aplicar medidas concretas para reducir las fugas.

Las emisiones directas abarcan aquellos casos en los que el plástico se libera de manera prácticamente inevitable durante el uso o la producción de un producto. Un ejemplo claro es la pérdida de fibras textiles sintéticas cuando lavamos o utilizamos ropa hecha de poliéster, poliamida u otros polímeros. También se incluyen aquí las pérdidas de pellets o granza de plástico en las plantas industriales durante el transporte, almacenamiento o procesado.

En el otro lado están las emisiones indirectas, que se producen por una gestión inadecuada o incompleta de los residuos. Entrarían en esta categoría el abandono de envases en espacios públicos, las fugas desde contenedores desbordados, la dispersión por el viento desde vertederos o el arrastre de pequeños fragmentos a través de escorrentías y aguas pluviales hasta cursos de agua.

El modelo no solo cuantifica cuánto se emite, sino también hacia dónde se dirige ese plástico. Según los resultados, más del 95 % de las emisiones modelizadas terminan en suelos —tanto agrícolas como urbanos o de borde de carretera—, mientras que menos del 5 % llega a aguas superficiales, como ríos y lagos. Esto no quiere decir que el problema acuático sea menor, sino que, al menos en el caso suizo, el suelo actúa como un sumidero predominante.

Esta distribución tan desequilibrada tiene consecuencias importantes: mientras que la imagen mediática suele centrarse en plásticos flotando en el mar, el estudio recuerda que, en sistemas avanzados de residuos, la mayor parte de las fugas se quedan en tierra firme. Esto obliga a replantear prioridades, con mayor atención a los impactos sobre suelos agrícolas, ecosistemas terrestres y cadenas tróficas ligadas a la tierra.

Macroplásticos y microplásticos: qué tipos dominan las emisiones

Otro eje clave del análisis es la separación entre macroplásticos y microplásticos. Los primeros son fragmentos de mayor tamaño (generalmente superiores a 5 mm), fácilmente visibles a simple vista, mientras que los segundos son partículas diminutas que requieren métodos analíticos específicos para detectarse.

El modelo suizo concluye que, en el conjunto de emisiones consideradas, los macroplásticos representan alrededor del 82 % de las fugas, y los microplásticos el 18 % restante. Es un dato relevante, porque a menudo se pone el foco comunicativo en los microplásticos, pero en volumen masivo, el plástico de mayor tamaño sigue siendo el predominante.

La mayor parte de esos macroplásticos proceden de residuos postconsumo. Aquí entran sobre todo los envases y embalajes (botellas, films, bolsas, bandejas), materiales de construcción que pueden degradarse o fragmentarse al aire libre, y componentes de automoción u otros productos de larga duración que acaban expuestos al exterior.

En el caso de los microplásticos, el estudio sitúa como fuente principal a los textiles sintéticos, incluyendo tanto la ropa de uso cotidiano como los agrotextiles, geotextiles y otros tejidos técnicos utilizados en agricultura, obra civil y jardinería. También se señalan procesos industriales específicos donde la generación de partículas pequeñas de plástico es inevitable si no se aplican medidas de control y filtrado adecuadas.

Entre los polímeros, el PET y el PP se sitúan como principales contribuyentes a las emisiones. El PET domina en envases de bebidas y en muchas fibras textiles, mientras que el PP está muy extendido en envases rígidos, films, piezas técnicas y una amplia variedad de aplicaciones industriales y de consumo.

Textiles y envases: los grandes focos de contaminación identificados

Si hay dos grupos de productos que salen señalados con claridad en el estudio, son los textiles y los envases. Ambos aparecen una y otra vez como responsables de una fracción muy importante de las fugas al entorno, tanto en forma de microplásticos como de macroplásticos.

Por el lado de los textiles, la contaminación se genera a lo largo de todo el ciclo de vida: durante el lavado y secado, cuando se liberan fibras que pueden llegar a las depuradoras y, desde ahí, a las aguas o a los lodos; durante el propio uso, por abrasión y desgaste; e incluso en la fase de producción y manipulado industrial de tejidos y prendas.

Los envases, en cambio, concentran buena parte de las emisiones de macroplásticos de un solo uso. Hablamos de botellas, bolsas, envoltorios, films de embalaje y toda esa panoplia de objetos que pasan de la tienda a la basura en cuestión de días u horas. Aunque los sistemas de recogida sean muy eficaces, siempre hay una fracción que termina mal gestionada, se abandona o se escapa de los contenedores.

El estudio también apunta a otros sectores que no deben perderse de vista, como el sector de la construcción, donde plásticos empleados en aislamientos, láminas protectoras o elementos de obra pueden fragmentarse con el paso del tiempo, y la automoción, cuyos componentes plásticos pueden desprenderse o acabar dispersos tras accidentes o una gestión inadecuada del vehículo al final de su vida útil.

En sistemas avanzados como el suizo, reducir aún más las emisiones pasa por actuar de forma quirúrgica sobre estas fuentes clave: microplásticos textiles, residuos de envases, pérdidas de pellets en la industria y plásticos utilizados en agricultura. Son ámbitos donde existen tecnologías y regulaciones posibles, pero donde todavía queda bastante margen de mejora.

Gestión avanzada de residuos y menor nivel real de emisiones

Uno de los mensajes centrales del trabajo es que una gestión avanzada de residuos puede marcar una gran diferencia en las emisiones de plásticos al entorno. En países con sistemas robustos, las cantidades liberadas pueden ser mucho menores de lo estimado en modelos globales que no distinguían por nivel de desarrollo o eficacia de recogida.

En el caso suizo, la combinación de altas tasas de incineración controlada, una fuerte cultura de separación de residuos, puntos de recogida específicos para muchos flujos (envases, aparatos eléctricos, voluminosos, etc.) y la prohibición de prácticas de riesgo directo, como el uso agrícola de lodos de depuradora, contribuye a que el plástico tenga menos oportunidades de escapar.

Esto no implica que la contaminación por plásticos deje de ser preocupante en estos contextos, sino que su dimensión es distinta y, sobre todo, exige estrategias de reducción muy focalizadas. En lugar de grandes medidas genéricas, hace falta actuar sobre aquellas cadenas de valor donde se concentran las emisiones residuales.

Los autores también señalan que muchos estudios globales previos pudieron sobreestimar las emisiones por la falta de datos precisos y por la tendencia a extrapolar comportamientos de países con baja recogida a regiones donde casi todo el residuo entra por algún canal formal de gestión. Al mejorar los datos y el nivel de detalle, las cifras se ajustan a una realidad más matizada.

Ahora bien, el propio estudio reconoce sus límites: hay fuentes que no se han incorporado aún, como el desgaste de neumáticos, que en otros análisis aparece como uno de los grandes contribuyentes a la carga de microplásticos. Asimismo, el hecho de que en Suiza no se practiquen ciertas actividades (como la dispersión masiva de lodos en suelos agrícolas o una gran industria pesquera) hace que el modelo no refleje vías de emisión relevantes para otros países.

Implicaciones para las políticas ambientales y futuras investigaciones

Las conclusiones del modelo tienen una gran carga práctica. En primer lugar, refuerzan la idea de que no existe una cifra universal válida para las emisiones de plásticos: cada país, o incluso cada región, requiere un análisis específico basado en sus sistemas de residuos, su mix de productos y su marco regulatorio.

En segundo lugar, muestran que en contextos con sistemas de residuos avanzados, las oportunidades de mejora pasan sobre todo por actuaciones selectivas. Entre las prioridades más claras se encuentran el desarrollo de tecnologías de filtrado de microfibras en lavadoras y depuradoras, la mejora del diseño de prendas para reducir el desprendimiento de fibras, la prevención del abandono de envases (mediante depósitos, sistemas de devolución o campañas específicas) y la reducción de pérdidas de pellets en las cadenas logísticas.

El estudio también plantea que los resultados del PMFA podrían integrarse con modelos de transporte y destino de contaminantes, que estiman cómo se mueven y acumulan los plásticos en ríos, lagos, suelos y océanos. Al combinar ambos enfoques —emisión y destino— se podrían mejorar las evaluaciones de riesgo y afinar las predicciones de concentración de plásticos a gran escala.

De cara al futuro, será clave ampliar el enfoque probabilístico a otros países, tanto dentro de la Unión Europea como en regiones con infraestructuras de residuos más débiles. Esto permitiría comparar de forma consistente cómo influyen las políticas de gestión, la economía circular y las prohibiciones de determinados productos en la reducción real de emisiones al medio ambiente.

La experiencia suiza sugiere que, cuando se combinan buenos datos, modelización avanzada y políticas ambiciosas, es posible obtener una visión mucho más precisa del problema de los plásticos y concentrar los esfuerzos donde de verdad se pueden lograr reducciones significativas.

En conjunto, toda esta nueva evidencia apunta a un escenario en el que las estimaciones de emisiones de plásticos deben refinarse y adaptarse al contexto, reconociendo que hay países que ya han logrado reducir de forma notable sus fugas gracias a sistemas sólidos de gestión de residuos, mientras que otros siguen enfrentándose a cargas muy elevadas. Entender estas diferencias, identificar fuentes críticas como textiles y envases y apoyarse en modelos probabilísticos completos como el PMFA será fundamental para orientar las próximas medidas y para que los esfuerzos globales contra la contaminación plástica sean realmente eficaces.

El inicio de año ha dejado un dato muy llamativo en el mercado de la electromovilidad: casi 20.000 vehículos híbridos y eléctricos se patentaron en el primer trimestre, marcando el mayor volumen registrado desde que este tipo de propulsión empezó a ganar terreno. El salto respecto al mismo periodo del año anterior es contundente y confirma que los coches electrificados han dejado de ser algo anecdótico para convertirse en una opción cada vez más presente en las matriculaciones.

Este empuje no solo se refleja en la cantidad de unidades, sino también en la diversificación de modelos, tecnologías y orígenes, con un protagonismo creciente de fabricantes asiáticos y una oferta que se multiplica entre híbridos convencionales, híbridos enchufables, sistemas mild hybrid y eléctricos puros. Todo ello, respaldado por esquemas de incentivos fiscales y arancelarios que han actuado como auténtico acelerador del cambio.

Récord de patentamientos: cerca de 20.000 unidades en tres meses

Durante el primer trimestre se registraron 19.867 nuevos vehículos con motorización alternativa (entre híbridos de distintos tipos y eléctricos puros), lo que supone el nivel más alto desde la introducción de estas tecnologías. En términos de ritmo de crecimiento, el volumen prácticamente triplica al del mismo periodo del año anterior, reflejando una demanda que está despegando con fuerza.

Este avance no se distribuye de forma homogénea entre todas las tecnologías electrificadas. La mayor parte de las matriculaciones corresponde a híbridos no enchufables (HEV), que se consolidan como puerta de entrada a la electrificación para muchos conductores que buscan reducir consumos y emisiones sin depender de puntos de recarga externos.

En paralelo, el crecimiento interanual es positivo en todas las categorías: los HEV sumaron más de 8.000 unidades adicionales frente al año anterior, los mild hybrid (MHEV) superaron las 2.000 unidades nuevas, los eléctricos puros (BEV) incrementaron sus patentamientos en casi 1.500 vehículos y los híbridos enchufables (PHEV) protagonizaron uno de los saltos más fuertes, con un aumento superior a las 3.400 unidades.

El resultado es un mercado que gana volumen a gran velocidad, pero que todavía se apoya sobre todo en tecnologías híbridas, mientras que los eléctricos puros siguen siendo minoritarios en el total de operaciones, en buena medida por las dudas sobre la infraestructura de recarga disponible y la autonomía en uso real.

Qué tecnologías lideran: hegemonía de los híbridos no enchufables

Si se analiza el reparto por tipo de sistema, el panorama es bastante claro: los híbridos no enchufables (HEV) concentran aproximadamente el 60% de las operaciones y se mantienen como la opción dominante. Su principal ventaja es que no requieren enchufarse a la red, lo que encaja bien en un contexto donde la infraestructura pública de recarga aún está lejos de ser abundante.

Por detrás se sitúan los híbridos enchufables (PHEV), con alrededor del 18% del mercado trimestral. Este tipo de vehículos permite circular bastantes kilómetros en modo eléctrico y, a la vez, mantener la autonomía de un motor de combustión tradicional. El segmento PHEV es, de hecho, uno de los que más ha crecido en el último año, al pasar de unas pocas decenas de unidades a varios miles en un plazo relativamente corto.

Los sistemas mild hybrid (MHEV) representan en torno al 14% de los patentamientos. En este caso, se trata de motores de combustión asistidos por pequeños sistemas eléctricos que apoyan en la fase de aceleración y permiten reducir consumos, pero sin ofrecer conducción 100% eléctrica. Su papel está siendo relevante en modelos que quieren rebajar emisiones sin dar todavía el salto a soluciones híbridas completas.

Finalmente, los vehículos 100% eléctricos (BEV) apenas suponen el 8% del mercado trimestral, pese a ser los que cuentan con mayor potencial desde el punto de vista medioambiental. El informe vincula su baja cuota a factores como la limitada red de puntos de recarga, las necesidades de inversión en infraestructura y, en algunos casos, el precio de adquisición, que sigue siendo más elevado que el de alternativas híbridas.

Modelos más vendidos y concentración del mercado

El comportamiento del mercado también pone de manifiesto una fuerte concentración de las ventas en un puñado de modelos. El caso más llamativo es el del Ford Territory (HEV), que se ha convertido en el vehículo electrificado con mayor número de patentamientos en el trimestre, con 2.392 unidades y una cuota que ronda el 12% del total.

Este SUV de tamaño medio, importado de China y dotado de un motor 1.5 turbo combinado con un sistema eléctrico de hasta 245 CV, ha logrado desbancar a modelos que venían liderando los informes anteriores, como el Toyota Corolla Cross, uno de los habituales en el ranking de híbridos más vendidos.

En el segmento de los híbridos no enchufables (HEV), se aprecia un cambio relevante en la distribución de las ventas. Hace un año, dos modelos concentraban en torno al 93% de las matriculaciones, mientras que ahora la oferta se ha diversificado y seis vehículos distintos agrupan alrededor del 80% del volumen. Entre las nuevas incorporaciones con peso específico destacan, además del Territory, propuestas como el BAIC BJ30.

El apartado de híbridos suaves (MHEV) muestra algo más de dispersión, aunque sigue habiendo unos pocos protagonistas muy claros: aproximadamente el 80% de las ventas está repartido entre nueve modelos, encabezados por el Chery Tiggo 7 y el Renault Arkana, que juntos suman cerca de la mitad del mercado de esta categoría.

Donde el grado de concentración es todavía mayor es en los eléctricos puros (BEV). En este subsegmento, dos modelos de la marca BYD —Dolphin Mini y Yuan Pro— acaparan cerca de las tres cuartas partes de las ventas totales, situándose alrededor del 74%. Paradójicamente, se trata al mismo tiempo de la categoría con mayor variedad de referencias disponibles en catálogo, impulsada sobre todo por fabricantes chinos que ya representan alrededor del 88% de las ventas de BEV.

Una oferta de modelos en plena expansión

Además del aumento de unidades, el mercado se está transformando por la vía de la ampliación del catálogo de modelos híbridos y eléctricos. En el primer trimestre del año pasado había contabilizadas 81 variantes disponibles, mientras que en el mismo periodo de este año la cifra ha crecido hasta alcanzar los 121 modelos.

Este salto se explica, en gran medida, por las numerosas incorporaciones de los últimos meses. Solo en octubre se añadieron 17 nuevos vehículos electrificados, y si se toma como referencia el último semestre, el total de modelos que se han incorporado al mercado asciende a 54. De ellos, aproximadamente la mitad corresponden a eléctricos puros (BEV), lo que indica que los fabricantes siguen apostando por esta tecnología a medio y largo plazo.

Pese a ello, y a que los BEV se multiplican en catálogo, su peso en las ventas sigue siendo el más bajo dentro del conjunto de motorizaciones alternativas. El informe vincula esta aparente contradicción a un volumen todavía reducido y, sobre todo, a condicionantes estructurales como la infraestructura de recarga, el acceso a puntos rápidos en viajes largos o la disponibilidad de soluciones de recarga doméstica.

En el caso de los híbridos de origen chino, el crecimiento es especialmente visible. El segmento HEV procedente de ese país es actualmente el que mayor cuota de mercado presenta y también el que más crece en términos interanuales. En cambio, los híbridos fabricados en Brasil mantienen todavía una presencia importante, pero con un avance porcentual más modesto.

Todo ello configura un escenario en el que los fabricantes asiáticos, y en particular los chinos, ganan terreno en casi todos los subsegmentos electrificados, tanto en híbridos como en eléctricos puros y enchufables, mientras que las marcas tradicionales de Europa y la región se ven obligadas a acelerar su transición para no perder competitividad.

Impacto de los incentivos y el marco regulatorio

El notable avance de las matriculaciones de vehículos híbridos y eléctricos no se entiende sin el apoyo del marco normativo y los incentivos fiscales vigentes. Entre las medidas más determinantes se encuentra un esquema arancelario preferencial para la importación de este tipo de vehículos, que fija un arancel del 0% para unidades procedentes de fuera de la región (extrazona) con un valor FOB máximo de unos 16.000 dólares.

Este beneficio se gestiona a través de un cupo anual limitado, establecido en 50.000 unidades. La demanda del sector ha sido tan elevada que los cupos correspondientes a los periodos 2025 y 2026 se encuentran ya administrativamente agotados, lo que ha derivado en la creación de listas de espera ordenadas por prioridad para los importadores y concesionarios.

La medida ha tenido un efecto directo sobre el origen de los vehículos patentados. Las unidades importadas desde países extrazona, especialmente China, han experimentado un incremento superior al 6.000% en el primer trimestre, mientras que los vehículos procedentes de Brasil —tradicionalmente uno de los principales proveedores regionales— han registrado un aumento mucho más moderado, en torno al 15%.

En la práctica, esto se traduce en una dominancia casi absoluta de los modelos chinos en categorías como los híbridos enchufables (PHEV), donde tres de los cuatro modelos más vendidos (entre ellos BYD Song Pro, BYD Atto 2 y Changan CS55) proceden de ese país y concentran la mayor parte de las ventas del segmento.

De cara a los próximos meses, queda por ver si las autoridades mantendrán este esquema de incentivos tal y como está o si se optará por una revisión que busque equilibrar mejor la competencia entre modelos extrazona y oferta de origen regional. La decisión tendrá un impacto directo en la evolución de los patentamientos de vehículos híbridos y eléctricos y en la composición del parque automovilístico electrificado.

Con todo este panorama, el mercado de vehículos híbridos y eléctricos se mueve en una dinámica de fuerte expansión, marcada por récord de patentamientos, una oferta cada vez más amplia y un claro protagonismo de los fabricantes asiáticos. La continuidad del crecimiento dependerá en buena medida de cómo se ajusten los incentivos, de la capacidad de la infraestructura de recarga para ponerse al día y de la velocidad con la que marcas y usuarios se adapten a un escenario donde la electrificación ya no es una promesa de futuro, sino una realidad que empieza a hacerse cotidiana.

La antigua central nuclear de Lemoiz, en la costa de Bizkaia, está a punto de dejar atrás décadas de abandono y polémica para iniciar una nueva etapa ligada al mar y a la alimentación. Las enormes estructuras de hormigón que nunca llegaron a albergar producción eléctrica nuclear se reconvertirán en una gran piscifactoría de lenguado, un cambio de uso que pretende pasar de símbolo de conflicto a emblema de transformación económica y ambiental.

Este nuevo proyecto acuícola, bautizado como Aquacría Basordas, aspira a posicionarse como un referente internacional en la cría de lenguado en tierra firme. Impulsado mediante una fórmula de colaboración público-privada, prevé una inversión superior a 170 millones de euros en la próxima década, la creación de alrededor de 200 empleos directos y una producción estimada de 3.000 toneladas anuales de pescado, con clara vocación exportadora.

De central nuclear fallida a polo acuícola de referencia

La central de Lemoiz, levantada en la cala de Basordas, es uno de los símbolos más visibles de la herencia industrial y política del franquismo en Euskadi. Proyectada en 1972 y paralizada definitivamente en 1984, nunca llegó a entrar en funcionamiento, pero dejó tras de sí una mastodóntica infraestructura: unos 55.000 metros cuadrados edificados, cerca de ocho millones de metros cúbicos de cemento y alrededor de mil toneladas de hierro que, por su complejidad y coste, no se pueden desmantelar ni mover con facilidad.

Durante décadas, el complejo permaneció como un enorme esqueleto de hormigón frente al Cantábrico, asociado a un pasado de dictadura, terrorismo y fuerte contestación social. El lehendakari Imanol Pradales ha descrito este legado como “una herencia incómoda y muy compleja”, que requería una gestión diferente a la mera conservación pasiva de unas instalaciones sin uso productivo.

Tras un largo periplo administrativo y político, el Gobierno Vasco pasó a ser propietario de los terrenos en 2019, después de que el PNV pactara con el Ejecutivo de Mariano Rajoy la cesión del espacio y de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ejecutara ese acuerdo. Desde entonces se han barajado múltiples ideas para el lugar, pero la opción de reconvertir la central en piscifactoría ha sido la que finalmente ha cristalizado en un proyecto concreto con calendario, inversión y socios definidos.

En la presentación oficial del plan, Pradales subrayó que se pretende abrir “un nuevo ciclo” para Lemoiz, de modo que pase de ser “la cicatriz de tiempos oscuros” a un símbolo de transformación colectiva. Según el lehendakari, el objetivo es que el enclave genere riqueza, proyección internacional y nuevas oportunidades, al tiempo que se mantienen abiertos otros posibles usos ligados a la memoria, la cultura o el ocio.

Aquacría Basordas: inversión, empleo y capacidad productiva

El proyecto que dará una segunda vida al complejo nuclear lleva el nombre de Aquacría Basordas y está promovido por la compañía acuícola Sea Eight, en alianza con el grupo inversor Atitlan. La iniciativa se inscribe plenamente en la llamada economía azul, que apuesta por aprovechar los recursos marinos y costeros de forma sostenible, y se plantea como una planta acuícola integrada centrada en el lenguado.

La intervención contempla una inversión público-privada superior a los 170 millones de euros en un horizonte de diez años, repartida en varias fases. Aunque no se ha detallado de forma exhaustiva la aportación exacta de cada parte, el Ejecutivo vasco ha dejado claro que se tratará de un modelo de colaboración en el que el sector público impulse y acondicione las infraestructuras mientras la empresa opera la actividad productiva.

En términos laborales, se prevé la creación de unos 200 puestos de trabajo directos altamente cualificados y hasta 350 empleos indirectos, vinculados a servicios auxiliares, logística, transformación y otras actividades relacionadas. Los perfiles profesionales abarcarán áreas de I+D, ingeniería, operación técnica de sistemas acuícolas, gestión y mantenimiento, entre otros.

La planta tendrá una capacidad para producir alrededor de 3.000 toneladas anuales de lenguado una vez esté a pleno rendimiento, con un enfoque orientado tanto al mercado interno como a la exportación. El modelo productivo se articula en un sistema integral que abarca desde el desarrollo genético y la cría inicial hasta el engorde, la preparación y la transformación del producto para su comercialización.

Las instalaciones destinadas específicamente a la acuicultura ocuparán en torno a 46.000 metros cuadrados dentro del complejo, aprovechando la estructura existente de la antigua central. El diseño contempla un conjunto de módulos para maternidad o “nursery”, donde se alojarán los primeros estadios de los peces, y áreas separadas para las fases de engorde hasta alcanzar el tamaño comercial, un proceso que puede alargarse unos veinte meses por ciclo.

Calendario: de las obras de adaptación a los primeros lenguados en el mercado

Aunque la piscifactoría ya está definida sobre el papel, la reconversión de la central de Lemoiz no es sencilla y se llevará a cabo por etapas. El estado de abandono de las instalaciones hace necesario un importante trabajo previo de adecuación estructural, refuerzo de elementos y acondicionamiento de espacios para usos alimentarios y tecnológicos.

Las principales obras de transformación del complejo se prevé que arranquen de forma efectiva a partir del próximo año. En paralelo, ya han comenzado los trabajos para reforzar el dique y proteger el entorno costero de la cala de Basordas. El Gobierno Vasco, que desde 2025 asumió la competencia de gestión del litoral, ha detallado que se están colocando 415 bloques de hormigón de alta densidad, de unas 45 toneladas cada uno, a lo largo de unos 200 metros del dique dañado, mientras que otros 100 metros mantienen la estructura original de bloques de piedra caliza.

El cronograma planteado por los promotores sitúa el inicio formal del proyecto acuícola en torno a 2027. A partir de ahí, está previsto que en 2029 comiencen las primeras fases de cría de los peces en las nuevas instalaciones ya adaptadas, con sistemas de recirculación de agua y equipamiento específico para la especie.

Si se cumplen los plazos marcados, los primeros lenguados procedentes de Basordas podrían estar en el mercado hacia 2030, respetando los ciclos biológicos del animal y los tiempos necesarios de crecimiento. En otros documentos y presentaciones también se ha barajado 2031 como fecha aproximada para que la comercialización se haga a escala significativa, una variación que responde a los diferentes escenarios de puesta a punto y rampas de producción contempladas.

La iniciativa se suma a otros desarrollos acuícolas que Sea Eight promueve en la península, en lugares como Asturias, Galicia o Portugal. De hecho, en Gijón se presentó hace un año un proyecto de gran piscifactoría de lenguado con cifras más modestas —unos 55 millones de inversión y cerca de un centenar de empleos—, lo que muestra la apuesta de la compañía por consolidar una red de centros especializados en el cultivo de esta especie en Europa.

I+D, economía azul y sostenibilidad ambiental

Uno de los pilares del proyecto de Lemoiz es su vocación de centro de innovación en acuicultura, más allá de la mera producción de pescado. El lehendakari ha insistido en que se trata de “mucho más que una piscifactoría”, al integrar investigación, desarrollo tecnológico y talento especializado, con la intención de convertirse en un nodo de referencia internacional en la economía azul.

En esta línea, el centro tecnológico Azti, especializado en alimentación y medio marino, desempeñará un papel clave como referencia científica. Su participación permitirá reforzar capacidades en ámbitos como la cría de lenguado, los sistemas de recirculación de agua (RAS), la nutrición y el bienestar animal, así como la trazabilidad y calidad del producto final. La idea es que Lemoiz funcione también como laboratorio de soluciones avanzadas en acuicultura terrestre.

La acuicultura se plantea aquí como una herramienta para aumentar la producción de pescado sin aumentar la presión sobre los ecosistemas marinos. Según los impulsores, el sistema productivo se diseñará de manera que no genere impacto relevante en el entorno costero, evitando vertidos al mar y controlando emisiones y consumos de energía, en línea con las directrices europeas del Pacto por el Océano.

Desde el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco se subraya que este nuevo polo acuícola contribuirá a fortalecer la cadena de valor del sector alimentario vasco, ampliando sus capacidades productivas y favoreciendo la incorporación de tecnologías avanzadas. El proyecto se enmarca en la estrategia de diversificación y modernización del sector, que busca modelos de producción más sostenibles y estables frente al aumento de la demanda de proteínas de origen animal.

Además, la iniciativa pretende generar sinergias con otros ámbitos como la transformación alimentaria, la logística o la comercialización, impulsando un modelo más integrado y orientado al mercado. La vocación exportadora es clara, en un contexto en el que la acuicultura europea compite con grandes productores internacionales y necesita diferenciarse por calidad, seguridad alimentaria y menor huella ambiental.

Reutilización de grandes infraestructuras y papel de las instituciones

La reconversión de Lemoiz se inscribe en una tendencia cada vez más visible en Europa: la reutilización de grandes infraestructuras industriales o energéticas en desuso para nuevos fines productivos vinculados a la economía azul y la transición ecológica. El propio lehendakari ha citado ejemplos como la transformación de plataformas petrolíferas, cuyo acceso directo al mar las hace adecuadas para proyectos acuícolas o de investigación marina.

En el caso vasco, el Gobierno ha decidido que sea la sociedad pública Azpilur, encargada de gestionar infraestructuras industriales de titularidad autonómica, quien asuma la tarea de adecuar los espacios de la antigua central. Esto incluye tanto la rehabilitación de edificios como la adaptación a normativas actuales en materia de seguridad, higiene alimentaria y eficiencia energética.

La operación se apoya en la colaboración público-privada como fórmula para movilizar recursos y repartir riesgos. La inversión pública se centrará principalmente en la recuperación del espacio, la mejora de accesos y la dotación de servicios básicos, mientras que Sea Eight y sus socios asumirán el desarrollo de la planta productiva y su explotación comercial.

Las instituciones defienden que la intervención situará a Euskadi junto a los países europeos más avanzados que ya están aprovechando enclaves costeros infrautilizados para usos acuícolas, reforzando la soberanía alimentaria y la descarbonización. Al mismo tiempo, se considera una oportunidad para fortalecer la posición de la comunidad en las políticas comunitarias ligadas al mar y a la biodiversidad.

Esta apuesta por la economía azul en Basordas también se vincula a otros retos territoriales, como la negociación con la Administración de Costas para resolver cuestiones asociadas a la concesión del dique y sus costes. Euskadi ha planteado aliviar la carga económica derivada del mantenimiento de esa infraestructura, que hasta ahora suponía pagos anuales relevantes, integrando su uso en el nuevo modelo productivo y de protección del litoral.

Memoria histórica, debate social y papel de Lemoiz en el país

La central de Lemoiz no es solo una infraestructura industrial; es también un lugar cargado de memoria. Durante la presentación del proyecto, el lehendakari recordó a los cinco trabajadores vinculados a Iberduero asesinados por ETA en el marco de la campaña contra las instalaciones nucleares: José María Ryan, Ángel Pascual, Andrés Guerra, Alberto Negro y Ángel Baños. Además, aludió a los más de trescientos atentados y sabotajes perpetrados contra el complejo.

También se evocó la figura de Gladys del Estal, activista venezolana que murió por un disparo de la Guardia Civil durante una protesta antinuclear en Tudela (Navarra). Estos episodios ilustran hasta qué punto Lemoiz quedó asociada a un periodo marcado por la violencia política y la movilización social frente a la energía nuclear, lo que añade una dimensión sensible a cualquier intervención futura sobre el lugar.

Desde EH Bildu, fuerza que gobierna el Ayuntamiento de Lemoiz, no se rechaza de entrada la piscifactoría y se reconoce que el proyecto tiene un potencial interesante. Sin embargo, su portavoz en Bizkaia, Iker Casanova, y el alcalde, Jesus Mari Arizmendi, han expresado dudas sobre el alcance real de la iniciativa y el detalle de la inversión pública implicada, que sitúan en al menos 60 millones de euros.

La coalición soberanista reclama que la actuación sea realmente integral y no se limite a las aproximadamente 40 hectáreas de zona industrial. Su propuesta pasa por considerar el conjunto de unas 140 hectáreas, incluyendo línea de costa, laderas, perímetro de seguridad y embalse, de forma que todo el entorno forme parte de una transformación de mayor calado que combine usos productivos, de ocio y de memoria.

EH Bildu insiste además en la necesidad de que haya mecanismos de participación ciudadana y que se escuche a las administraciones más cercanas, empezando por el propio Ayuntamiento, que está en pleno proceso de elaboración de su Plan General de Ordenación Urbana y debe decidir qué papel tendrá la central en el futuro del municipio. En los últimos tiempos, señalan, se aprecia un cambio de actitud por parte del Gobierno Vasco, con mayor disposición a compartir información y a abrir espacios de diálogo.

La idea de reservar una parte de las instalaciones para el “recuerdo” y la “memoria reparadora” ha sido defendida tanto por el lehendakari como por representantes de EH Bildu, lo que apunta a una posible convergencia en torno a la necesidad de reconocer el pasado mientras se impulsa la nueva etapa económica. Lemoiz podría convertirse así en un lugar donde convivan actividad productiva, reflexión histórica y espacios abiertos a la ciudadanía.

La reconversión de la central nuclear de Lemoiz en una gran piscifactoría de lenguado condensa muchos de los debates actuales sobre transición energética, memoria, desarrollo territorial y soberanía alimentaria en Europa. Con una inversión de 170 millones de euros, cientos de empleos previstos y una producción anual de miles de toneladas de pescado, el proyecto Aquacría Basordas aspira a transformar un símbolo de conflicto en un polo de economía azul, innovación y tejido productivo, siempre que el proceso de adaptación, la participación social y la gestión ambiental acompañen el ambicioso cambio de rumbo planteado para la cala de Basordas.

Balears ha dado un paso decidido para pasar de la teoría a la práctica en economía circular aplicada al turismo. La Fundación Impulsa Balears ha presentado el primer hub de economía circular del archipiélago, concebido como una herramienta para acelerar la transformación del modelo económico y turístico de las islas.

Este nuevo espacio, denominado reN·Balear Circular Hub, se ha presentado en la primera sesión ordinaria del Patronato de 2026, celebrada en la sede de HBX Group en Palma y presidida por la presidenta del Govern y de la Fundación, Marga Prohens. El encuentro ha marcado el inicio de una nueva etapa para Impulsa Balears, con el objetivo de ganar peso real en las decisiones estratégicas que condicionarán el futuro económico del archipiélago.

Un hub para ordenar, conectar y activar la transición circular

El reN·Balear Circular Hub nace con una función eminentemente práctica: poner orden en la información existente, conectar iniciativas dispersas y facilitar que se concreten proyectos reales vinculados a la economía circular. La idea es que deje de ser un concepto abstracto y se convierta en algo operativo para empresas, administraciones y agentes del sector turístico.

Impulsa Balears ya había definido previamente una hoja de ruta para el tránsito hacia un sistema turístico circular en el horizonte 2025-2035. El nuevo hub se sitúa ahora como pieza clave para desplegar esa estrategia, sirviendo como punto de encuentro entre empresas, administraciones públicas, centros de conocimiento y otros actores implicados.

Según la Fundación, el hub aspira a crear un entorno capaz de visibilizar oportunidades, identificar sinergias y reforzar las condiciones necesarias para poner en marcha proyectos transformadores. Se trata, en definitiva, de facilitar que la transición circular no se quede en documentos y planes, sino que se traduzca en cambios concretos en el principal motor económico de las islas.

Desde la dirección técnica de Impulsa Balears, Antoni Riera ha sintetizado la función del hub como un paso para “aprovechar mejor lo ya construido” y, al mismo tiempo, ampliar capacidades. El objetivo es que la Fundación actúe como un intermediario activo o “bróker” de la transformación, capaz de articular acuerdos y acompañar procesos que requieren visión de conjunto y estabilidad a medio y largo plazo.

Impulsa Balears refuerza su papel estratégico en el archipiélago

La presentación del primer hub de economía circular de Balears se ha producido en el marco de la primera reunión del Patronato de 2026, celebrada en la sede de HBX Group en Palma. Este encuentro ha servido para escenificar el inicio de una nueva etapa estratégica de Impulsa Balears, más orientada a la incidencia directa en la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado.

Durante la sesión, la presidenta del Govern y de la Fundación, Marga Prohens, subrayó la “necesidad de reimpulsar el proyecto fundacional” para reforzar su impacto en los procesos de decisión que afectarán al futuro económico de las islas. El mensaje que se lanza es claro: Baleares quiere dejar atrás una fase más centrada en la reflexión y el diagnóstico para situarse en una etapa en la que prime la ejecución.

El encuentro se abrió con la intervención del consejero delegado de HBX Group, Nicolas Huss, quien reafirmó el compromiso de la compañía con la Fundación. Huss destacó que Impulsa Balears contribuye a entender mejor la complejidad del turismo y del territorio en un momento en que el archipiélago requiere “más visión, más cooperación y más capacidad de anticipación” para adaptarse a los cambios estructurales del sector.

Desde la propia Fundación, se ha insistido en que esta nueva etapa pasa por consolidar a Impulsa Balears como activo institucional de referencia al servicio de la reformulación estratégica del archipiélago. No se trata solo de generar conocimiento, sino también de articularlo y convertirlo en palanca de transformación efectiva.

reN·Balear Circular Hub: infraestructura de conexión y conocimiento

En este contexto, el Patronato ha puesto en valor el reN·Balear Circular Hub como una de las principales expresiones de la nueva fase que abre la Fundación. El hub se concibe como una infraestructura para conectar actores, conocimiento y capacidades en torno a la economía circular, con especial foco en el sistema turístico.

Su misión es dar continuidad y uso al conocimiento generado por Impulsa Balears en los últimos años en materia de economía circular, ampliando su base y facilitando que llegue a más agentes. El objetivo es evitar que los estudios y diagnósticos queden en un cajón y favorecer que se traduzcan en proyectos, inversiones y cambios en la forma de producir y consumir.

Entre las funciones concretas que se han definido para el hub destacan la ordenación de información relevante, la identificación de oportunidades emergentes, la conexión de iniciativas ya existentes y el refuerzo de las condiciones necesarias para que nazcan y crezcan proyectos con capacidad transformadora. Todo ello, con la vista puesta en el tránsito hacia un modelo turístico y económico más circular.

Riera ha defendido que el hub reforzará el papel de Impulsa Balears como “bróker” de una transformación que, por su naturaleza, exige persistencia y gobernanza compartida entre el sector público y el privado. Se plantea, así, un modelo en el que las decisiones no dependan solo de un actor aislado, sino de una red de colaboración sostenida en el tiempo.

Colaboración público-privada y alineamiento con Europa

La sesión del Patronato también ha servido para revisar el avance de las principales líneas de trabajo de la Fundación y para ratificar la voluntad de sus miembros de seguir apostando por la cooperación público-privada. Esta colaboración se considera clave para impulsar cambios estructurales en la economía balear en un contexto de creciente complejidad.

Con la puesta en marcha del primer hub de economía circular, Balears se suma a la senda de otras regiones europeas que ya han creado infraestructuras específicas para orientar y sostener sus procesos de transición hacia modelos circulares. La intención es no solo cumplir con las exigencias ambientales y regulatorias de la Unión Europea, sino también avanzar en competitividad en un mercado cada vez más exigente con la sostenibilidad.

El movimiento sitúa al archipiélago en el mapa de los territorios que tratan de liderar la transición circular en el ámbito turístico, un sector especialmente expuesto a los cambios climáticos, a la presión sobre los recursos y a la evolución de la demanda internacional. El hub se convierte, así, en un instrumento para anticipar tendencias y adaptar el modelo balear a un entorno más volátil.

Durante la reunión, el Patronato reafirmó su compromiso de seguir promoviendo iniciativas con elevado valor estratégico, apoyándose en la cooperación entre administraciones, empresas y agentes sociales. En paralelo, se repasó la evolución de los proyectos en marcha y se consolidó una agenda de trabajo orientada a reforzar la resiliencia económica del archipiélago.

Lo que se persigue con este conjunto de iniciativas es que la economía circular deje de ser un concepto lejano y pase a incorporarse, de forma natural, en la planificación empresarial, las políticas públicas y las decisiones de inversión, con Balears alineada con los objetivos europeos de sostenibilidad.

El lanzamiento del reN·Balear Circular Hub se interpreta como un punto de inflexión para la Fundación Impulsa Balears y para la propia comunidad autónoma: se abre una fase en la que se quiere traducir la estrategia acumulada en proyectos tangibles, con una red de actores más conectada, una gobernanza más compartida y una orientación clara hacia un modelo turístico y económico más circular, competitivo y resiliente.

El fondo de titulización RMBS Prado XII de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) se ha convertido en una de las principales palancas financieras para impulsar la eficiencia energética de las viviendas en España. Esta operación, en la que participan el Grupo BEI y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), refuerza la disponibilidad de financiación para reformas de rehabilitación energética y para la compra de vivienda nueva con consumo de energía casi nulo.

Gracias a esta estructura, UCI podrá canalizar nuevos préstamos sostenibles dirigidos tanto a propietarios individuales como a comunidades de vecinos que quieran mejorar el comportamiento energético de sus edificios. Se trata de una fórmula que combina la movilización de capital privado con el respaldo de instituciones financieras públicas europeas y españolas, alineada con las estrategias climáticas de la Unión Europea.

Participación del Grupo BEI y del ICO en el fondo de titulización

En esta operación, el Grupo BEI, integrado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), se ha unido al ICO para participar en el fondo de titulización RMBS Prado XII promovido por UCI, la ‘joint venture’ constituida por Banco Santander y el Grupo BNP Paribas especializada en financiación hipotecaria.

El objetivo central de esta apuesta conjunta es reforzar la financiación destinada a mejorar la eficiencia energética de las viviendas ya construidas, así como facilitar la compra de viviendas de nueva construcción que se ajusten a los estándares de consumo de energía casi nulo que impulsa la normativa europea.

Según han explicado las entidades implicadas, esta es la segunda transacción conjunta entre el Grupo BEI, el FEI, el BEI y el ICO con UCI, lo que demuestra una continuidad en la estrategia de utilizar la titulización de hipotecas residenciales como vía para canalizar recursos hacia proyectos con impacto climático positivo.

El fondo RMBS Prado XII se articula sobre una cartera de préstamos hipotecarios generados en España, compuesta por hipotecas residenciales que se encuentran al corriente de pago. De este modo, se aprovecha un activo ya existente en el balance de UCI para obtener liquidez adicional que se orientará a nuevos préstamos verdes.

Importes comprometidos y estructura financiera de la operación

En términos de volumen, el ICO comprometerá 100 millones de euros en esta operación, estructurados a través de la adquisición de parte del tramo sénior de la titulización. Esta participación se suma a la contribución del Grupo BEI, que destinará en total 225 millones de euros al mismo tramo.

La aportación del Grupo BEI se reparte de la siguiente manera: 150 millones de euros proceden del BEI, mientras que 75 millones son aportados por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). Ambos importes se concentran en el tramo más sénior de la estructura, que es el que presenta un menor nivel de riesgo dentro del esquema de titulización.

En conjunto, el Grupo BEI y el ICO pasan a adquirir una parte del tramo sénior de una cartera de préstamos de 650 millones de euros. Dicha cartera está formada por hipotecas residenciales que se encuentran al día en sus pagos, lo que reduce la probabilidad de impago y contribuye a dar solidez al vehículo de titulización.

Esta configuración permite a UCI liberar capacidad en su balance, de forma que la entidad puede originar nuevos préstamos sostenibles orientados a la rehabilitación energética y a la compra de vivienda eficiente, manteniendo a la vez un marco prudente de gestión de riesgos.

Características clave de la titulización RMBS Prado XII

La estructura del fondo de titulización RMBS Prado XII incorpora diversos mecanismos destinados a proteger a los inversores y a garantizar la estabilidad del vehículo a lo largo del tiempo. Entre los elementos principales destaca el régimen de amortización de los distintos tramos.

Inicialmente, la operación prevé una amortización prorrateada para todos los tramos de la titulización, de manera que los pagos de principal se reparten de forma proporcional. No obstante, una vez transcurridos cinco años desde la emisión, y coincidiendo con la denominada fecha de ajuste, se activa un esquema de amortización acelerada.

Este cambio a amortización acelerada implica que, transcurrido ese periodo de cinco años, el reembolso del principal se focaliza en los tramos de mayor calidad crediticia, lo que refuerza la posición de los inversores sénior a medida que la operación avanza en el tiempo.

Otro elemento relevante de la transacción es la existencia de una reserva de efectivo específica, cuyo propósito es ofrecer un colchón adicional frente a eventuales déficits de intereses. Esta reserva actúa como mecanismo de protección, permitiendo atender los pagos a los tenedores de bonos en caso de que se produzcan desviaciones temporales en los flujos de caja de la cartera hipotecaria.

Además, la estructura contempla mecanismos de diferimiento del pago de intereses para los tramos mezzanine y junior. Si se detecta un deterioro en el comportamiento de la cartera —por ejemplo, un aumento de la morosidad—, estos pagos de intereses pueden posponerse con el fin de priorizar la estabilidad de los tramos más sénior y reforzar la solidez general del vehículo.

Impulso a los préstamos verdes para viviendas y comunidades de propietarios

Uno de los aspectos más destacados de este fondo de titulización es el uso concreto que se dará a los recursos captados. UCI destinará los fondos a la concesión de nuevos préstamos sostenibles dirigidos a diferentes perfiles de beneficiarios.

Por un lado, se prevé financiar a particulares que deseen acometer reformas de eficiencia energética en sus viviendas, como la mejora del aislamiento térmico, la sustitución de ventanas, la renovación de sistemas de calefacción y refrigeración por otros más eficientes o la instalación de soluciones de autoconsumo renovable.

Por otro, una parte relevante de los préstamos se orientará a comunidades de propietarios que promuevan proyectos de rehabilitación energética a escala de edificio completo. Este tipo de actuaciones, que pueden incluir la envolvente térmica, la modernización de instalaciones comunes o la optimización de consumos, suele requerir inversiones de mayor envergadura y, por tanto, un acceso a financiación adaptada.

Además de la rehabilitación de inmuebles ya existentes, el programa también contempla la financiación de la compra de viviendas de nueva construcción con consumo de energía casi nulo. Estas viviendas se diseñan conforme a estándares muy exigentes en materia de aislamiento, ventilación y aprovechamiento de energías renovables, lo que reduce de forma notable las necesidades energéticas y las emisiones asociadas; en este sentido, la demanda de viviendas de consumo casi nulo está en aumento.

En conjunto, la operación facilita que una entidad especializada como UCI pueda ampliar su oferta de productos verdes y llegar a un mayor número de hogares, contribuyendo a acelerar el ritmo de renovación del parque residencial español en línea con las metas climáticas europeas.

Alineación con la estrategia Renovation Wave y las hojas de ruta climáticas europeas

La transacción se enmarca de lleno en la estrategia Renovation Wave de la Comisión Europea, una iniciativa que persigue multiplicar la tasa de renovación energética de los edificios en la Unión Europea. El parque inmobiliario europeo es responsable de una parte sustancial del consumo de energía y de las emisiones de CO₂, por lo que su modernización es clave para avanzar hacia la neutralidad climática.

Al canalizar financiación hacia la mejora de la eficiencia de viviendas existentes y hacia la adquisición de viviendas con estándares de consumo casi nulo, este fondo de titulización encaja con la filosofía de Renovation Wave: aprovechar instrumentos financieros innovadores para movilizar recursos privados y públicos a gran escala.

La iniciativa también se alinea con la prioridad estratégica de acción por el clima del Grupo BEI, recogida en su Hoja de Ruta Estratégica para el periodo 2024-2027. En este documento, el Banco Europeo de Inversiones se define como el «banco del clima» de la Unión Europea y se compromete a incrementar el peso de las inversiones climáticas y medioambientales en su cartera.

Asimismo, la operación se sitúa dentro de la Fase 2 (2026-2030) de la Hoja de Ruta del Banco del Clima, en la que el Grupo BEI detalla cómo pretende contribuir a los objetivos del Acuerdo de París y al Pacto Verde Europeo. El apoyo a esquemas de titulización vinculados a hipotecas verdes y rehabilitación energética es una de las herramientas contempladas para lograrlo.

De esta manera, la participación del Grupo BEI y del ICO en el fondo RMBS Prado XII no solo tiene un impacto financiero directo, sino que también refuerza el marco de políticas públicas climáticas en Europa, aportando un ejemplo concreto de colaboración entre instituciones públicas y entidades privadas para descarbonizar el parque de viviendas.

La puesta en marcha de este fondo de titulización de UCI orientado a la eficiencia energética de las viviendas ilustra cómo las soluciones financieras estructuradas pueden convertirse en un aliado clave contra el cambio climático cuando se diseñan con criterios de sostenibilidad y se conectan con las grandes estrategias europeas. Al combinar recursos del Grupo BEI y del ICO con la experiencia hipotecaria de UCI, se abre la puerta a que más hogares y comunidades en España accedan a préstamos verdes para rehabilitar sus edificios o adquirir viviendas de alto rendimiento energético, avanzando hacia un parque residencial más eficiente, cómodo y menos intensivo en emisiones.

La idea de que ahorrar energía no solo reduce la factura, sino que también puede convertirse en una fuente directa de ingresos, empieza a tomar forma real en España. Lo que antes sonaba a teoría de manual de eficiencia energética se está materializando en mecanismos concretos para hogares, empresas y también administraciones públicas.

En este contexto, el Ayuntamiento de Benidorm y el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) son dos ejemplos muy distintos pero complementarios de cómo se puede monetizar el ahorro energético. Uno muestra el camino desde la administración local; el otro, desde el lado de los consumidores y propietarios que se plantean renovar sus sistemas de climatización.

Benidorm convierte el ahorro energético en dinero para las arcas municipales

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha dado un paso llamativo al aprobar por unanimidad la incorporación de distintos ahorros energéticos como parte del patrimonio municipal. No se trata de un juego de palabras contables, sino de reconocer formalmente que la energía no consumida gracias a actuaciones de eficiencia tiene un valor económico que puede transformarse en ingresos reales.

Según ha explicado el concejal de Patrimonio, Jaime Jesús Pérez, en 2023 se llevaron a cabo diversas intervenciones de mejora de la eficiencia energética en instalaciones públicas que han generado un ahorro cuantificado en 3.832,24 MWh. El derecho de titularidad de ese ahorro corresponde al propio Ayuntamiento, que lo ha calificado como un activo patrimonial inmaterial.

Ese volumen de ahorro se ha traducido en una estimación económica de 486.694,48 euros, tomando como referencia un precio mínimo de licitación de 127 euros por MWh. La estrategia municipal pasa precisamente por declarar ese ahorro como bien patrimonial y abrir un expediente para tramitar su enajenación, con el objetivo de monetizar el ahorro energético mediante su subasta.

La propuesta, que cuenta con informes técnicos favorables, permitirá a Benidorm subastar el ahorro generado para obtener nuevos recursos económicos sin necesidad de incrementar impuestos. El propio concejal ha subrayado que la ciudad se sitúa como pionera en capitalizar el ahorro obtenido con las políticas de eficiencia energética de los últimos años, algo que hasta ahora se veía más como una obligación normativa que como una oportunidad financiera.

¿Qué significa monetizar el ahorro energético?

La clave de este tipo de iniciativas está en entender que el ahorro de energía puede tratarse como un activo medible, certificable y comercializable. No se habla solo de gastar menos en la factura de la luz o del gas, sino de contabilizar la energía que se deja de consumir gracias a una mejora tecnológica o a una rehabilitación, y darle un valor económico independiente.

En el caso de un ayuntamiento, esto pasa por registrar el ahorro de sus instalaciones (alumbrado público más eficiente, climatización modernizada, renovables en edificios municipales, etc.), acreditar ese ahorro con criterios técnicos y jurídicos y, finalmente, ponerlo en valor en el mercado. De este modo, la administración local convierte un beneficio ambiental y de consumo en una fuente adicional de financiación.

Este enfoque no es exclusivo de las corporaciones municipales. Cada vez más, la normativa europea y española impulsa que tanto empresas como comunidades de propietarios y particulares puedan obtener una compensación económica por las actuaciones que reduzcan de forma verificable su consumo energético. Es ahí donde entra de lleno el sistema de Certificados de Ahorro Energético.

Los Certificados de Ahorro Energético (CAE): la vía oficial para cobrar por ahorrar

Los Certificados de Ahorro Energético, conocidos como CAE, son el mecanismo oficial que permite reconocer y monetizar el ahorro energético derivado de determinadas actuaciones de eficiencia. Cada certificado equivale a 1 kWh de ahorro de energía final, certificado de forma oficial según la regulación vigente.

Cuando se acomete una mejora en una vivienda, un edificio o una instalación —por ejemplo, una rehabilitación energética, un cambio de sistema de climatización o la renovación de equipos obsoletos—, se calcula el ahorro de energía que se logrará respecto a la situación anterior. Ese ahorro anual, expresado en kWh, se convierte en un número equivalente de CAE reconocidos.

La particularidad de este sistema es que esos certificados pueden cederse a los agentes del sistema CAE, que suelen ser comercializadoras, empresas energéticas u otros sujetos obligados a cumplir objetivos de ahorro. A cambio, el titular de los ahorros recibe una compensación económica, que ayuda a reducir el coste real de la inversión realizada.

De forma sencilla: si con una actuación se consigue un ahorro anual de 500 kWh, se podrían generar 500 CAE. Esos certificados, una vez tramitados y validados, son la base para obtener un ingreso o un descuento asociado, de forma que el ahorro energético se traduce en dinero contante y sonante, no solo en menor consumo mensual.

Un marco normativo que impulsa bombas de calor y tecnologías eficientes

La apuesta por monetizar el ahorro energético no es una ocurrencia aislada, sino que está respaldada por la propia normativa. El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, refuerza el despliegue de bombas de calor mediante el sistema CAE e introduce coeficientes de corrección que actúan como un multiplicador del ahorro acreditado cuando estos equipos sustituyen a otros basados en combustibles fósiles.

Esto significa que, si se sustituye una vieja caldera de gas o gasóleo por una bomba de calor eficiente, el ahorro computado a efectos de CAE puede verse incrementado gracias a esos coeficientes. En la práctica, esa corrección multiplica la cantidad de ahorro reconocida y aumenta el número de certificados generados, lo que se traduce en una compensación económica potencialmente mayor.

Este enfoque encaja con la estrategia europea de descarbonización, que busca acelerar la salida de las calderas tradicionales en favor de sistemas más limpios, como la aerotermia. Para el usuario final —ya sea un propietario individual, una comunidad de vecinos o una empresa— no solo se trata de consumir menos, sino de aprovechar el marco regulatorio para recuperar parte de la inversión mediante los CAE.

El resultado es un doble incentivo: se reducen emisiones y dependencias de combustibles fósiles, y al mismo tiempo se habilita una vía para que quien apuesta por la eficiencia energética pueda monetizar los ahorros conseguidos más allá del simple recorte en la factura.

Del papel a la práctica: el simulador de Daikin para estimar el ahorro monetizable

La teoría de los CAE puede sonar algo abstracta hasta que se baja al terreno de los números concretos. Para facilitar ese paso, Daikin ha puesto en marcha un simulador online que permite al usuario hacerse una idea rápida del potencial de ahorro energético y económico al sustituir una caldera antigua por un sistema de aerotermia.

Esta herramienta, accesible a través de una página web, solicita una serie de datos básicos de la vivienda o del edificio: superficie, año de construcción, tipo de aislamiento, sistema de calefacción existente y características del nuevo equipo propuesto, entre otros elementos. Con esa información, el simulador calcula el ahorro energético estimado y los CAE que podría generar la actuación.

Uno de los puntos fuertes del simulador es que permite considerar tanto el ahorro en calefacción como en agua caliente sanitaria, ofreciendo una estimación conjunta del impacto de la sustitución por aerotermia. A partir de esos datos, la herramienta aproxima también la compensación económica vinculada a los CAE, de manera que el usuario puede ver, en números, qué parte de la inversión podría verse compensada.

Para refinar los cálculos, el simulador puede apoyarse en el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) oficial de la vivienda o del edificio. El usuario tiene la opción de introducir manualmente la información del certificado o, si la función está disponible, cargar directamente el documento. Eso sí, si el CEE está desactualizado o no refleja reformas posteriores, la estimación debe tomarse como orientativa.

Un ejemplo práctico del potencial de ahorro y CAE

Imaginemos el caso de una vivienda situada en un edificio construido en torno a 1975, sin rehabilitación energética y con una caldera tradicional. Al introducir estos datos en el simulador y plantear un cambio a un sistema de aerotermia, la herramienta podría ofrecer una cantidad importante de ahorro anual en kWh, precisamente por partir de una situación inicial poco eficiente.

Si el resultado de la simulación arrojara, por ejemplo, un ahorro anual de 34.214 kWh, esa cifra equivaldría teóricamente a unos 34.214 CAE potenciales, ya que cada certificado representa 1 kWh de ahorro de energía final. El número concreto dependerá de las características reales del inmueble y de la solución de aerotermia planteada.

A partir de ahí, esos CAE podrían cederse a los agentes del sistema, lo que se traduciría en una compensación económica añadida al ahorro directo en la factura. Es precisamente este mecanismo el que convierte una decisión técnica —cambiar de sistema de climatización— en una operación con retorno económico más claro.

Conviene tener presente, en cualquier caso, que se trata de una simulación orientativa. Para que el ahorro calculado se transforme en ayudas o ingresos reales, es imprescindible que los datos del inmueble sean válidos, que la actuación se diseñe y ejecute con respaldo técnico y que el expediente se tramite dentro del sistema oficial de CAE siguiendo los procedimientos establecidos.

Del hogar al ayuntamiento: un mismo concepto con distintas escalas

Aunque el caso de Benidorm y el uso del simulador de Daikin se mueven en niveles muy distintos, ambos responden a la misma lógica: tratar el ahorro energético como un activo económico. En el ámbito municipal, el ahorro de miles de MWh en instalaciones públicas se declara bien patrimonial y se prepara para su subasta. En el entorno doméstico o de pequeña escala, el ahorro de kWh en un edificio se traduce en CAE que generan una compensación.

En los dos escenarios hay un denominador común: sin una medición rigurosa del consumo antes y después de la actuación, y sin un marco regulatorio que reconozca ese ahorro, sería imposible avanzar en la monetización. La diferencia está en la forma en que se canaliza el valor: en el caso de la administración local, a través de licitaciones y expedientes patrimoniales; en el de los usuarios finales, mediante la cesión de CAE a las empresas obligadas a cumplir objetivos de eficiencia.

Esta convergencia entre política pública y decisiones individuales refleja un cambio de enfoque en la forma de entender la eficiencia energética. No es solo una cuestión de cumplir con objetivos climáticos o de reducir la dependencia energética exterior, sino de ofrecer incentivos económicos tangibles a quienes apuestan por soluciones más eficientes, ya sean ayuntamientos, comunidades de vecinos o propietarios particulares.

En un escenario europeo en el que las calderas de gas van perdiendo terreno frente a tecnologías como la aerotermia, y en el que los municipios buscan nuevas vías de financiación sin cargar más al contribuyente, la posibilidad de monetizar el ahorro energético se perfila como una pieza clave. Tanto el movimiento de Benidorm para capitalizar sus ahorros públicos como el uso de herramientas como el simulador de Daikin apuntan en la misma dirección: quien invierte en eficiencia no solo consume menos, también tiene la opción de convertir ese esfuerzo en un ingreso adicional.