Uno de los grandes riesgos en el camino de integración que propone el Mercosur es que la región quede como un foro de discusión y debates. Hay demasiada retórica en nuestro continente, retórica ideológica que no contribuye al proceso de unidad más profundo ni a la construcción de una institucionalidad. De cara al futuro, hace falta una política de logros concretos y visibles, pero también de buena comunicación sobre lo que ya se ha hecho.

En ese sentido, es interesante volver sobre el clima previo a la fundación del Mercosur y recordar el marco en el que se dieron los primeros acuerdos regionales. Los ejércitos latinoamericanos, y particularmente los del Cono Sur, trabajaron históricamente sobre hipótesis de conflictos con los vecinos. Durante muchos años –sobre todo en la etapa de los regímenes militares–, una de las principales hipótesis de conflicto que marcaban las fuerzas armadas argentinas y brasileñas era el enfrentamiento entre los dos países. La Argentina, a su vez, tenía una historia de conflictos con Chile o Paraguay, y Chile con sus vecinos peruanos. Por eso, los primeros acuerdos regionales apuntaban, sobre todo, a construir un clima de confianza entre vecinos que por momentos se habían mirado con recelo.

En la década del 80, tanto Brasil como la Argentina reingresaban en la democracia, aunque de distinta manera. Si bien existía la pretensión de complementación industrial, los acuerdos iban más allá de lo comercial. En cierto sentido, la inspiración para ese proceso era lo que había pasado en la posguerra en Europa. Francia y Alemania habían protagonizado tres conflictos bélicos muy importantes, pero a partir de una serie de acuerdos comerciales ese eje se convirtió en la base de lo que es hoy la Unión Europea. Así pasaron de un clima de antagonismo y competencia a una cultura de la combinación y a intentar vertebrar la región a partir de los países o, al menos, de las economías más fuertes de la zona.

Hoy, uno de los activos más importantes del Mercosur y los procesos de integración sigue siendo haber ayudado a consolidar la democracia en la región. Actualmente tenemos democracia en la mayoría de los países, si no en la totalidad. Los mecanismos de integración incluso jugaron un papel clave tras el intento golpista en Paraguay del año 2000, cuando el país estuvo a punto de perder el sistema democrático. Es indudable que el modo en el que respondieron los países de la región tuvo una enorme carga simbólica. Los gobiernos del Mercosur repudiaron “el uso de la violencia, de la fuerza y de cualquier otra acción que busque fragilizar las instituciones y el orden constitucional en Paraguay” a través de un comunicado conjunto de sus embajadores en Asunción. Paraguay estuvo al borde de perder su sistema democrático, pero que los países limítrofes y del resto de la región coincidieran en que no iban a reconocer un gobierno de ese tipo fue un extraordinario disuasivo.

Otro caso emblemático se dio durante la crisis política y social que se abrió en Bolivia durante el mandato de Carlos Mesa. Yo estuve en la misión junto con el delegado del presidente Lula da Silva, Marco Aurelio García. Se habló con los dirigentes, con el presidente, con distintas fuerzas políticas, grupos de poder o sindicatos. Había una presencia requerida por el país –no hubo injerencias regionales en la política interna–, porque interesaba saber cuál era la postura de la Argentina y Brasil en torno al conflicto. La clave estuvo en que los encuentros eran pedidos por las autoridades y las principales fuerzas de la oposición de Bolivia. Reconocían, insisto, en que ese es uno de los grandes activos del Mercosur, que no se podía tener una acción política que derivara en un gobierno autoritario enfrentado a las democracias de la región.

Las diferencias entre el Mercosur y el proceso europeo que lo inspiró han sido más que evidentes. Europa se construyó durante una de las etapas más prósperas del capitalismo a nivel mundial (los llamados “treinta años gloriosos del capitalismo”, entre 1945 y la crisis petrolera de 1973). El armado del Mercosur, por el contrario, ha coincidido con una serie de crisis cíclicas cada seis o siete años. Eso hace, evidentemente, que la integración regional quede relegada en las agendas por las dificultades locales. Pero, además, no hay que olvidar que en Europa los años de bonanza coincidieron con otros tres factores clave para el proceso de integración. Primero, la idea de la Unión Europea (o Comunidad Económica Europea, como se llamó al principio) fue una política adoptada por todos los partidos en la mayoría de los países. Hubo una visión estratégica que se mantuvo, independientemente de que gobernara la Social Democracia o la Democracia Cristiana.

En segundo lugar, el tablero de la Guerra Fría hizo que en términos geopolíticos fuera muy importante para los Estados Unidos que en Europa se constituyera un capitalismo exitoso –y con un sesgo social importante– para frenar el avance de la Unión Soviética. Prueba de ello son las políticas de cooperación y reconstrucción de los Estados Unidos en Europa, conocidas como Plan Marshall.

Un tercer factor, quizá el más relevante en relación con el proceso latinoamericano, fue la presencia de un liderazgo claro. No por generosidad, sino por visión, Alemania apostó y financió el desarrollo de otras economías menores. Países como España, Grecia y Portugal presentaban un atraso relativo, vivían en el subdesarrollo, pero tenían un enorme potencial. Conscientes de ser la economía más competitiva y con un enorme potencial exportador, los alemanes hicieron importantes inversiones para que esos países salieran del subdesarrollo. Vieron un gran mercado potencial en esos países y entendieron que su desarrollo iba a favorecer a las empresas alemanas, cosa que sucedió: hoy el comercio intraeuropeo representa el 88 % de las exportaciones de Alemania.

Cuando viajo a Europa, veo que hay mucha presión para que Brasil asuma un protagonismo más importante en la región, y lo mismo sucede con partidarios demócratas en los Estados Unidos. En eso coinciden con Itamaraty. Brasil comparte fronteras con Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y la Argentina. Por volumen, por peso y por sistema económico, por número de habitantes, por mercado, por cualquiera de estos indicadores, Brasil sabe que está destinado a tener el papel protagónico. Además, está claro que en los últimos años hubo un salto en su protagonismo. Para empezar, ha conseguido un reconocimiento como protagonista global e integra el grupo de grandes potencias que surgieron en los últimos quince o veinte años junto con países, como India o China. Asimismo, es la décima economía global e incluso en términos territoriales, es uno de los más grandes del mundo. Por último, apareció un personaje como el presidente Lula Da Silva: un líder con mucha legitimidad política y social a nivel local, que además transmite una imagen insuperable a nivel mundial.

Aun así, Brasil no puede desempeñar un liderazgo como el alemán por distintas razones. La principal es que se trata de uno de los países más desiguales del mundo, incluso más que vecinos como la Argentina y Uruguay. Un país tan desigual, con tantas demandas internas insatisfechas, difícilmente tendrá legitimidad social para liderar y financiar planes de desarrollo en países como Paraguay, Uruguay o Bolivia. Además, es evidente que no hay espacio para un protagonista excluyente. Tiene que haber sociedades, pequeñas sociedades que ayuden a vertebrar la región. Y en ese sentido, la de Brasil y la Argentina será fundamental. En su momento, la Argentina tuvo un gran liderazgo cualitativo. Fue una suerte de potencia suave, un país admirado por su cohesión social, por el nivel cultural y los niveles educativos, algo que se perdió en los últimos treinta años, sobre todo a partir de la última dictadura militar. Pero la Argentina no tiene que vivir esta nueva situación como un demérito. Al contrario, se trata de una alianza estratégica con un socio que tiene aquella proyección mundial.

Hasta aquí, el proceso de integración regional ha sido excesivamente caótico; por momentos se han propuesto distintos objetivos a la vez. En parte, tiene que ver con que no se puede esperar un Mercosur mejor que los países que lo componen. Históricamente la región ha tenido grandes déficits institucionales. Ha habido muchísimas demandas insatisfechas y creo que nuestras izquierdas son excesivamente nacionalistas. Así, no sólo no dan cuenta de los procesos de globalización, sino tampoco de los procesos de regionalización. La integración regional ya no es política internacional y debería ser parte de la agenda interna. La relación con los vecinos, la capacidad para unirnos o fragmentarnos tienen que ver con el desarrollo nacional.

Cuando se firmaron los acuerdos previos al nacimiento del Mercosur no se pensó en una inserción común en el plano internacional. Ni siquiera hoy, después de más de dieciocho años de proceso de integración, existe una política unitaria de integración al mundo. Más allá de las coincidencias ideológicas, más allá de la importancia del Mercosur como actor político, el horizonte debe ser llegar a discutir modelos de desarrollo que sean complementarios, en ámbitos como infraestructura, energía, producción y en la dimensión social. Lo positivo es que las condiciones para esa nueva etapa ya existen.

Todos los países de la región venimos de etapas de neoliberalismo fracasado. El Mercosur encuentra a presidentes con un cierto aire de familia y es la oportunidad para asociar modelos de desarrollo. Pero, además, la región reúne condiciones estratégicas muy importantes. Desde afuera todavía ven básicamente una potencia productora de alimentos o de materias primas, lo cual no debe ser mirado con cierto complejo. El problema es que seamos capaces de que eso sea la base para desarrollos de otro tipo. Claramente, el riesgo es situarnos como economías monoproductoras y reproducir el paradigma (y la crisis) del siglo XIX. Sin embargo, la geografía comercial ha cambiado sustancialmente desde entonces. Al margen de la crisis actual, la demanda de lo que producimos es más estructural. Sudamérica es una gran potencia alimentaria y el precio de los commodities que exportamos no caerá demasiado ni siquiera en contextos de crisis. Incluso los organismos financieros internacionales dicen que países como la Argentina, Brasil y Chile pueden recuperarse más rápidamente de una crisis. Ese diagnóstico parte de que el mundo seguirá demandando alimentos antes, durante y después de las crisis. 

Sin embargo, hay otro factor clave que Brasil ha identificado rápidamente. Cuando Brasil reflexiona sobre la integración de Sudamérica, ve al actor político internacional. Pero también ve en la región un mercado que demandará productos más sofisticados y con más componentes tecnológicos. Si esa proyección nos lleva a pensar sólo en cómo competimos por ese mercado, perderemos una ocasión extraordinaria. Es necesario asociarse en lo científico tecnológico, construir cadenas de valor regionales y tener una visión supranacional. Muchas veces, las asimetrías entre los países hacen que ningún país quiera compartir soberanías con otro que cuenta con un desarrollo relativo menor. Los grandes medios de comunicación han sido quienes han respaldado esa idea simplista. Salvo algunas excepciones, siempre pensaron para nuestros países en una inserción en el mundo de la mano de la potencia. La integración, desde esa visión simplista, es la unión con vecinos pobres e inestables. Todo eso retrasa la construcción de un espacio supranacional y convierte al Mercosur en una suerte de foro de discusiones eternas.

La visión debe ir más allá, por ejemplo, de las polémicas en torno a la figura del presidente Hugo Chávez. Hay que ver la importancia de un eje que vaya desde el Caribe a Tierra del Fuego, un eje que vertebre definitivamente la región. Venezuela es clave como potencia energética, porque es una economía complementaria para el resto de los países de la región y la llave para un proceso de sustitución de importaciones. Por eso, este proceso debe tomar cuatro o cinco temas fuertes. La Unión Europea se construyó a base de acuerdos sobre carbón y acero. Aquí deberíamos definir una agenda conjunta en temas como alimentos, energía, integración productiva e infraestructura.

Esta “es una crisis de modelo”, define el ministro de Desarrollo Agrario de Brasil Guilherme Cassel, quien recibió a Agrópolis en San Pablo. También sostiene en esta entrevista que la región debe entenderse más que como “granero del mundo” como una región que sea referencia para la seguridad alimentaria mundial, que garantice la soberanía de sus pueblos en esta área. También habla del papel de la agricultura familiar, del arancel común para la leche, la aplicación del plan de reforma agraria y del destino del Amazonas.

- ¿Cree que nuestra región puede ser presentada en la coyuntura actual como un “nuevo granero del mundo”? Es decir, ¿volveremos a ser una zona que le venderá materias primas al mundo? ¿Ese va a ser el papel de la región en la economía mundial? ¿No se corre el riesgo de inaugurar una etapa neo-colonialista?

– Creo que nosotros estamos en medio de una crisis, que es más que una crisis financiera y más que una crisis económica: es una crisis de modelo, y los conceptos con los cuales trabajábamos antes no van a servir para el mundo que va a venir después de esta crisis. En principio, a mí no me gusta trabajar con esa idea de granero del mundo. Pienso que la región sí puede y debe, sí, ser una región de referencia para la producción de alimentos. Una región que sea referencia para la seguridad alimentaria, una región que garantice la soberanía alimentaria de sus pueblos, que contribuya a la seguridad alimentaria de todo el planeta. Creo que puede serlo, a partir de la valorización de la agricultura familiar, de la construcción de estructuras de distribución de tierras más justas con más personas trabajando en el medio rural. Considero que el mundo que va a salir de esta crisis es un mundo en el cual el medio rural va a tener otro lugar, un lugar más importante, especialmente orientado hacia la seguridad alimentaria.

- ¿En este esquema que usted está planteando, qué lugar tendría la agricultura familiar?

–La agricultura familiar es central en este nuevo espacio rural. Nosotros tenemos tres agendas que me parecen cruciales, que son las agendas contemporáneas. La primera de ellas es garantizar seguridad y soberanía alimentaria. La segunda, es construir otra matriz energética que no reproduzca las relaciones de poder y desigualdad de la matriz fundada en el petróleo. Y la tercera, un modelo de desarrollo, garantizar un modelo de desarrollo ambientalmente sustentable. Estas tres agendas que son centrales para el próximo período pasan por el medio rural y quien produce alimentos y quien preserva la naturaleza es la agricultura familiar. Por lo tanto, es fundamental en el próximo período que nosotros construyamos en nuestros países estructuras de distribución de tierras más justas, más equilibradas, que garanticen que más personas tengan acceso a la tierra y puedan producir alimentos.

- Usted habla de tres agendas contemporáneas que involucran centralmente a la agricultura familiar. Sin embargo, es imposible soslayar el peso específico de las grandes corporaciones (y su interrelación) dentro de esas agendas. ¿Cuáles serían, entonces, los aspectos básicos de una política pública que buscase, al mismo tiempo, garantizar las tres agendas y el rol de la agricultura familiar en ellas, en un contexto de formidables asimetrías de poder?

– La ejecución adecuada de esas tres agendas –es decir, la realización de esas tres agendas con la profundidad necesaria–, presupone un conjunto de políticas públicas que comienza, primero, con la democratización del acceso a la tierra, seguido de políticas de crédito rural para la agricultura familiar, y asistencia técnica con acceso al conocimiento; democratización del conocimiento en el medio rural, con políticas de comercialización y garantía de ingresos. Y es evidente que una vez aplicadas en masa esas políticas públicas, las mismas van a fortalecer a la agricultura familiar, a desconcentrar la propiedad de la tierra y (en consecuencia) a alterar la relación de fuerzas en la sociedad, y a crear una condición más favorable para la incorporación de otras agendas…

- ¿Los estados del Mercosur están produciendo políticas que apoyen las iniciativas de agricultura familiar?

– Pienso que sí. Creo que los estados del Mercosur y de Latinoamérica, de una manera general, pasan por un período político muy especial en el cual todos los gobiernos o la gran mayoría de los gobiernos tienen una sensibilidad parecida, y pienso que, para esto, la experiencia de Brasil con la agricultura familiar fue muy importante. Nosotros estamos desarrollando un conjunto de políticas públicas que ofrecen sostén a la agricultura familiar y a los asentamientos de reforma agraria. Con esto ampliamos mucho la producción, viabilizamos que más personas fuesen a producir al campo y tuvieran ganancias mayores. Creo que son ejemplos de que es posible hacerlo. Es un ejemplo que sensibiliza a todo el Mercosur y a América Latina de una manera general.

- Entonces, usted ve las políticas de apoyo a la agricultura familiar como auténticas políticas de desarrollo, que no sólo mejoran el nivel de empleo y de ingreso de las familias productoras, sino que aportan al producto bruto del país. En ese contexto, querríamos conocer algunas precisiones: ¿cuál es la magnitud del aporte de la agricultura familiar al producto agrícola brasileño o al PIB? Por otra parte, al hablar de agricultura familiar se habla de sector primario. ¿Habría entonces una suerte de división del trabajo entre las dos agriculturas? (Ciertas producciones capital-intensivas y los sectores secundario y terciario, quedarían para el “agronegocio”)

– En primer lugar, cuando se habla de agricultura familiar y de asentamientos de Reforma Agraria, se va más allá de la participación en el PIB: se está hablando de gente, de un contingente de aproximadamente 20 millones de agricultores y agricultoras que trabajan y producen en el campo. Son 5 millones de familias de brasileños y brasileñas que son agricultores familiares. Y esa agricultura familiar, que es numerosa, es también extremadamente relevante desde el punto de vista económico. Es la agricultura familiar, por ejemplo, que responde hoy por el 10 % de todo el Producto Interno Bruto brasileño. 10% del PIB brasileño proviene de la agricultura familiar. Y es la agricultura familiar que produce el 70% de todos los alimentos que se consumen día a día aquí, en el Brasil. Por ejemplo, la agricultura familiar es la responsable del 82,2% de la producción de mandioca. Del 41,3% de la producción de arroz. Del 58,9% de la producción de porotos negros. Del 28,4% de la producción de soja. Del 52% de la producción de lácteos. Del 43,1% de la producción de maíz y así se podría seguir. Es una agricultura que tiene mucha relevancia desde el punto de vista económico. En cuanto a una división del trabajo entre una y otra, yo pienso que la agricultura familiar y los asentamientos de Reforma Agraria estarán cada vez más volcadas hacia la seguridad alimentaria. En el caso de Brasil, que es un país de grandes dimensiones, tenemos una realidad que es que la agricultura patronal está volcada a la producción extensiva, que está dedicada principalmente a la producción de granos, y una agricultura familiar que, cada vez más, es responsable por asegurar los alimentos que el brasileño consume en su día a día. O sea ella es cada vez más responsable por el abastecimiento del mercado interno de la nación, garantizando la seguridad alimentaria de los brasileños y la soberanía alimentaria del país.

- Y en el contexto de la crisis global, ¿usted cree que el Mercosur tiene la capacidad de responder como bloque o cada país está respondiendo por su lado y como puede?

– Pienso que la crisis de la forma como sucedió, como se está desarrollando, es una oportunidad importante para el Mercosur. O el Mercosur responde ahora como un bloque o pierde sentido. Por ejemplo, fue muy importante el acuerdo que hicimos ahora con Argentina, con respecto al tema de la leche. Por ejemplo, va a ser muy importante que construyamos en el ámbito del Mercosur un arancel externo común para la leche, que es un producto fundamental para la agricultura familiar y con respecto al cual nosotros no podemos convivir más con oscilaciones de precio. Entonces, medidas como éstas, que preserven los intereses de los agricultores en el Mercosur, tienden a fortalecerlo y a fortalecer a todos los países para que salgan mejor de la actual crisis.

- ¿Cómo impacta en el mundo de la agricultura familiar el acuerdo lácteo Argentina-Brasil?

– La producción de leche en Brasil está presente en 1,8 millones establecimientos rurales, de los cuales el 82% son de agricultura familiar. Si pensamos en términos de empresas, estamos hablando de más de 6 millones de personas directamente involucradas en esa actividad en el país. El acuerdo con Argentina fortalece al sector en los dos países y tiene como motivación la constatación de la existencia de importaciones brasileñas en el primer trimestre de 2009, a precios bastante por debajo de los obtenidos internacionalmente. Precios muy bajos remuneran mal al sector productivo de ambos países, lo cual no es interesante ni para los productores brasileños ni para los argentinos. Con el acuerdo de la leche se fijó un precio mínimo de importación con base en el precio internacional y una cuota de importación que ya prevé un crecimiento de 50% del comercio entre los dos países. En fin, cuando los sectores productivos de los dos países comenzaron a conversar, quedó claro que había intereses comunes y que lo que era preciso prohibir no era el comercio de leche entre Brasil y Argentina, sino aquel comercio realizado a precios muy por debajo de los practicados internacionalmente. Y es ese tipo de diálogo, de promoción de un comercio “saludable” en detrimento de un comercio “depredador”, que a mediano plazo no beneficia a ningún país, el que estamos tratando de ampliar por medio de la discusión de la leche en el Mercosur. El aumento del AEC –Arancel Externo Común– es un paso fundamental en ese sentido, pues con ello los países del Mercosur estarán más protegidos de las prácticas desleales de comercio originadas en países de afuera del Bloque. Es importante recordar que los productos lácteos son uno de los más subsidiados mundialmente y, en este escenario de crisis internacional, la tendencia es que los subsidios a las exportaciones se vuelvan más fuertes, tal cual lo anunciado por la Unión Europea en enero de este año.

- En distintos foros se coincide en que el Estado intervenga para colaborar con la actividad agrícola. ¿Cómo se lleva a la práctica el apoyo desde los organismos internacionales?

– Los organismos internacionales generalmente tienen una gran dificultad en poner en práctica estos mecanismos. Creo que lo que sucede, por ahora, es que hay una enorme sensibilización de los organismos. Una unanimidad, casi, en temas que son centrales: seguridad alimentaria, construcción de otra matriz energética y preservación del medio ambiente. En ese sentido, cada vez más, los estados que son parte de la FAO, el FIDA y el PMA, ponen a disposición fondos para trabajar en estas direcciones.

- ¿Cuál es su posición respecto de la seguridad alimentaria? Se trata simplemente de dar de comer, de garantizar que todas las personas puedan alimentarse? ¿No se trata también de crear políticas que garanticen ese derecho para el presente y para el futuro?

– Considero que se tiene que hablar sobre ambas cosas. Primero, existe un derecho humano a la alimentación que si bien implica un desafío, es necesario enfrentar. La gente tiene que tener el derecho a alimentarse de forma adecuada. Segundo, para que este derecho se garantice de forma permanente es necesario estructurar políticas públicas de producción de alimentos y de distribución de alimentos. Es necesario que los estados nacionales vuelvan a tener políticas públicas de crédito, asistencia técnica, seguro agrícola, abastecimiento, comercialización. Esto es importante, así como lo es el hecho que nosotros garanticemos una producción permanente de alimentos de buena calidad.

- La alimentación es un derecho humano inalienable como lo es la salud o la vivienda. Sin embargo, ¿por qué cree usted que hay un coro tan unánime en el mundo que habla de la seguridad alimentaria y en cambio nadie dice nada sobre la “seguridad sanitaria”, la “seguridad habitacional”? ¿Por qué cree usted que existe en muchas partes un énfasis en la seguridad alimentaria que omite el hecho de que los hambrientos del mundo no padecen hambre por falta de (producción de) alimentos, sino por falta de dinero para comprarlos?

– Yo creo que en el inicio de este siglo XXI la humanidad se enfrenta a un desafío de resolver todavía unas tareas civilizatorias, especialmente aquellas de respeto, igualdad y de distribución de renta y oportunidades. Esa es la agenda fundamental, la agenda de fondo de este milenio que estamos viviendo. Y la agenda del derecho humano básico de alimentación, es decir el tema de la seguridad alimentaria, organiza muchas de esas agendas. Es evidente que cuando se habla de seguridad alimentaria no se está hablando solamente de la oferta de alimentos para quien precisa alimentarse. Ese es el primer paso, un paso importante. En el caso brasileño, en el caso del “bolsa familia”; se garantiza en un primer momento el derecho humano básico de alimentación. Ahora, cuando se habla de seguridad alimentaria se habla de una red de políticas públicas que estructuran y que sostienen una situación de seguridad alimentaria. Comienza con producción sustentable de alimentos, con redes de distribución de esos alimentos, con distribución de renta que posibilite a la población adquirir esos alimentos… La seguridad alimentaria es esto. No es simplemente garantizar alimento para el que lo precise. También es eso, pero junto con ello hay una red de políticas públicas que garantizan un derecho humano básico, el derecho a la alimentación, y esto, antes de hablar de producción, de distribución, de acceso.

- ¿Incide la producción de bioenergía en el tema de la seguridad alimentaria?

– Sí. Nosotros tenemos que ser capaces de reglamentarlo. Los Estados existen para esto. Es necesario que hagamos las dos cosas. Y ambas no obligatoriamente son conflictivas. Brasil viene mostrando que sí es posible producir biocombustibles y producir alimentos al mismo tiempo. Lo que nosotros tenemos que saber es cómo reglamentarlo.

- ¿Y qué ocurre con la reforma agraria? ¿En qué estado se encuentra actualmente?

– Nosotros ya asentamos a 550 mil familias en los últimos seis años, destinamos 43 millones de hectáreas de tierra a la reforma agraria… Tenemos que caminar mucho todavía. Tenemos que continuar avanzando. Avanzar, sea desde el punto de vista de colocar aún más familias en la tierra, para construir otra estructura de distribución de tierras en el país, que sea más igualitaria, más justa. Pero, antes que nada, preocuparse por la calidad de vida de los asentamientos y por la calidad de la producción de los asentamientos. En la medida que avancemos en la producción, en la productividad de los asentamientos, estaremos mejorando la calidad de vida de los asentados.

- Uno puede leer ciertas críticas sobre la reforma agraria. ¿De dónde vienen? ¿Qué opina al respecto?

– Las críticas de la reforma agraria siempre vienen del mismo lado. Vienen del lado del latifundio. Por razones históricas y políticas obvias. Considero que la reforma agraria, más que nunca, está en la agenda de todos los países, entra en la agenda en la medida que es fundamental. No vamos a lograr una producción estable y sustentable de alimentos, no vamos a conseguir garantizar la seguridad alimentaria para todos los pueblos si no tenemos programas de reforma agraria, si no tenemos en el mundo, Latinoamérica, África y en otros países, estructuras agrarias más equilibradas y más justas. La reforma agraria es un tema estrechamente vinculado al de la seguridad alimentaria.

- Y en esta etapa que comienza en el 2003, ¿se ha podido revertir esta desigualdad en la propiedad de la tierra?

– Nosotros estamos ahora concluyendo el censo agropecuario, el procesamiento de los datos del censo agropecuario en Brasil. Y los datos preliminares muestran que aumentó en cuatrocientas mil familias el número de propietarios en el campo, en el medio rural; aumentó en cuatrocientos mil y disminuyó el tamaño promedio de las propiedades. Esto es muy significativo. Significa que estamos estancando el éxodo rural, al mismo tiempo que aumentó el ingreso de los agricultores familiares en un 35% por arriba de la inflación.

- Cuando uno observa el fortalecimiento de Brasil como productor de alimentos en el período inter-censal, aparece la tentación de relacionar ambos fenómenos como causa y efecto. ¿Cómo cree usted que están relacionados, y en qué medida lo están debido a las políticas públicas? Por otra parte, ¿cuántas hectáreas se incorporaron a la explotación agrícola o ganadera entre los dos últimos censos? ¿En qué regiones se dio el mayor avance de la frontera agropecuaria y con qué producciones?

– Estamos a dos meses de los anuncios de los datos definitivos del Censo Agropecuario. Todos los datos a los que nos podemos referir son del Censo Agropecuario de hace 10 años. Por lo tanto pienso que es más adecuado, más riguroso, esperar hasta que se terminen de trabajar los datos de forma adecuada. Ahora, es evidente que la expansión de la frontera agrícola en el último período ha sido más en el centro oeste del país.

- Con respecto al Amazonas. ¿Cómo se toman las presiones internacionales cuando se dice que algunos gobiernos del mundo tendrían que participar de la conservación del Amazonas?

– Brasil es capaz de cuidar de la conservación del Amazonas. Creemos, en este contexto, en un proceso de desarrollo sustentable, con personas que preservan la selva y trabajan con la selva.

Silvio Marzaroli es un dirigente y agricultor uruguayo cuya historia de vida es parte de la historia política y social de su país. Una memoria sobresaliente trae al presente capítulos fundamentales de la lucha y la conquista de espacios por parte de los campesinos. Recorrió el mundo recogiendo experiencias que posteriormente llevó al campo uruguayo.

Desde el comedor de la casa se ven el camino de tierra que va hacia San José y los coloridos rosales que cuida su esposa. Por la ventana también asoman el perro guardián de la finca o el eje de un viejo auto que él mismo transformó en una bomba de agua. Silvio Marzaroli tiene 71 años, una vida llena de sorpresas y una memoria prodigiosa. Cuando habla, también se ve al nieto de inmigrantes italianos al que nunca le gustó ir a la escuela, al joven que vio el auge y las crisis del cooperativismo agrícola, al hombre que partió hacia Bélgica para formarse como dirigente y que desde ahí se lanzó a recorrer poblados en plena selva de África o a cabalgar por senderos de Los Andes colombianos. “Hubo años en los que no dormí más de ocho noches en la misma cama”, recuerda este dirigente cuya historia de vida se cruza y es parte de la historia política y social de la región.

El gran Salto 

Alrededor de 1890, doce familias de agricultores italianos que acababan de llegar a Montevideo fueron trasladadas hacia la desembocadura del río Queguay, donde había un importante saladero. El gerente, cansado de tanto comer charqui, había pedido que le enviaran un grupo de agricultores para iniciar una huerta que los abasteciera de frutas y verduras frescas. Entre las doce familias que fueron hasta allí estaban los Marzaroli. Dos años más tarde, una fuerte sequía acabó con las huertas y buena parte de los animales. El saladero cerró y esas doce familias se dispersaron: unos emigraron hacia el lado argentino, otros hacia Paysandú o Paraguay y el resto hacia la localidad de Salto. “Mis padres nacieron allí. Eran hijos de italianos, los dos”, recuerda. 

Su abuelo cuidaba los campos de un frigorífico de Salto cuando estalló la Revolución de 1904, la última y quizá más sangrienta guerra civil del Uruguay. En los primeros días de septiembre estaban los dos bandos ahí, unos en Arenitas Blancas y los otros en los cerros, al otro lado del Arroyo de las Viudas. “Mi abuelo se enteró y a la una de la mañana tomó a su hija de dos años y a mi abuela, a punto de tener a mi padre, y se las llevó. Pasaron por el medio de los dos campamentos, por el arroyo, ganaron el monte y se fueron a Corralito, donde se instalaron”.

Para Marzaroli, es en toda una serie de enfrentamientos como ese donde está cifrada buena parte de la historia de Uruguay, “un país donde las instituciones nacen por oposición”. A principios del siglo XX aún estaban latentes las tensiones entre el tradicional modelo ganadero y el potencial de la vía agrícola. En 1884 se había fundado la Asociación Rural de Uruguay, que agrupaba a estancieros, criadores y ganaderos. En 1917, varios de sus dirigentes se desprendieron para fundar la Federación Rural. “Tenían un enfoque filosófico diferente, no veían tan mal la agricultura, les parecía interesante el tema de los granos. Por el contrario, hay quienes dicen que el eslogan de la Asociación Rural era que ‘si algún día hacen un surco en este suelo, los primeros metros serán para enterrarme’”. 

Marzaroli es hijo pero también es padre de dirigentes y productores rurales. En el relato que hace de esas primeras décadas de su familia en Uruguay, no puede evitar las digresiones –siempre precisas, con fechas y nombres propios– en las que explica la historia de los movimientos sociales de su país. Habla de cómo fue la industria ferroviaria inglesa, interesada en que se llenaran vagones, la que instaló una visión mercantilista del agro con la creación de las Comisiones de Fomento Rural. Recuerda a figuras como el sacerdote salesiano Horacio Meriggi, impulsor en la década de 1920 de las cajas populares con las que muchos agricultores compraron sus primeras tierras. Y también, cómo hubo una reacción –en tiempos en que la separación del clero era una política primordial del Estado– a esas organizaciones a través de la creación de los sindicatos  agrícolas y las sociedades de fomento, dos de las primeras iniciativas públicas importantes en el ámbito rural. “En 1928, mi padre vuelve a Salto y pone su propia chacra. Todavía me acuerdo de que  cuando yo era chico, él iba a buscar las semillas a la Asociación de Fomento de Salto. Eso estaba bueno como proyecto. Entonces no había empresas importadoras, pero el gobierno importaba y luego las distribuía entre los productores, que las pagaban.” Marzaroli también recuerda que su padre, un pequeño productor hortícola, se había asociado a las ferias francas de los sindicatos cristianos, la mejor vía que por entonces tenía para vender sus productos en la ciudad.

El auge de las organizaciones.

Para llegar al colegio desde la chacra donde vivía con su familia, Marzaroli se despertaba a las seis de la mañana, tenía que caminar un kilómetro, atravesaba un río descalzo, “porque entonces no había botas de goma”, y ahí se subía a un colectivo. Durante un año hizo el trayecto para ir hasta un colegio público. Continuó, hasta cuarto grado, en uno católico. Después abandonó porque prefería el trabajo al estudio. A los 18 años murió su padre y él se hizo cargo de la chacra familiar, unas dieciséis hectáreas dedicadas a la producción hortícola. Por entonces, cuenta que ya era un tipo muy activo en la zona. “En esa época, si no estabas en una organización pensaban que tenías un problema mental, así que por lo menos tenías que estar en dos o en tres”, recuerda.

Era el año 1957, Marzaroli tenía la chacra familiar a cargo, pero le gustaba ir más allá de las tranqueras de su campo. “Cuando visitaba a otros productores, me molestaba ver que algunos sacaban unos zapallotes grandes y otros unos zapallitos muy chiquitos. Entonces empecé a buscar alguna fórmula para que hicieran las cosas mejor. La idea fue invitar a técnicos para que nos dieran charlas y nos enseñaran”.

Los primeros encuentros reunían a un puñado de amigos y familiares con los que formaron un primer grupo en Salto. Luego se multiplicaron por la zona. Fue entonces cuando lo descubrió quien por entonces era el obispo de San José, justamente el lugar donde Marzaroli se afincaría, después de recorrer medio mundo, a finales de la década de 1960.

Tras la quiebra de varias cooperativas agrícolas y bancas populares que habían florecido a principios de los años cuarenta, había surgido un cierto escepticismo sobre las posibilidades reales de ese modelo para funcionar competitivamente. Por esa época, el obispo Luis Baccino le echó el ojo a Marzaroli y otro centenar de jóvenes a los que creía que había que formar para que fueran capaces de construir organizaciones sociales modernas para el agro. Marzaroli se afilió a la Juventud Agraria Católica y militó armando grupos locales hasta 1962, cuando lo envían en un viaje de capacitación a Europa. Pasó por países como Italia, Holanda, Francia y Bélgica, donde observó modalidades de trabajo como los grupos ZETA (cooperativas que utilizaban maquinaria en común), los CREA (que funcionan en Uruguay, gracias a estos intercambios, desde 1966) y las escuelas de alternancia. Los tres años siguientes Marzaroli trabajó para la Juventud Agraria y, en 1965 fue elegido secretario para América Latina.

“Ese año no dormí más de ocho noches en la misma cama porque estuve viajando desde el sur argentino hasta el norte de Canadá”, cuenta quien al año siguiente se convertiría en vicepresidente mundial de la misma asociación. Si antes los viajes lo habían llevado a recorrer senderos de montaña y valles de toda América, a partir de entonces comenzó a recorrer y formar dirigentes en África. “Yo, que sólo había tenido cuatro años de escuela, de pronto me encontraba con que tenía que ir a buscar técnicos y profesores en las universidades para discutir temas con ellos”. Marzaroli alternaba un mes en África por dos en Bélgica; iba de la agricultura de punta europea a caminar durante horas a través de la selva africana para ir de una comunidad a otra. A fines de la década de 1960 volvió a Uruguay, donde lo esperaban dos ofertas de trabajo: una, en el Centro Cooperativista Uruguayo y otra en Coca-Cola. “No acepté ninguna”, recuerda con picardía, sentado en el salón de su casa de San José.

La casa sobre el tajamar

Tras varios años de viajar y asesorar a productores por el mundo, Marzaroli volvió al Uruguay para armar su propia finca. Entre las imágenes que guardaba en la memoria de su recorrido europeo, estaban las de los campos de Normandía que conoció a principios de los años sesenta. Eran terrenos con varios siglos de explotación agrícola a cuestas, suelos sumamente desgastados y poco productivos, que un grupo de agricultores y técnicos se propusieron y lograron rescatar para cultivar cereales con un altísimo rendimiento. Cuando llegó hace cuarenta años a esta chacra de San José donde desde entonces trabaja y vive, se encontró con una situación semejante. Tenía noventa héctareas que pertenecían a la familia de su mujer, pero se trataba de un campo casi improductivo, sumamente erosionado y donde el horizonte casi no existía.

Ahora, desde la casa de Marzaroli se pueden ver buena parte de las 200 hectáreas que hoy posee. “Justo acá, en la punta de este cerrito, había un tajamar. Se me antojó que quería hacer acá la casa así que decidí taparlo y construir encima, bien fácil la cosa”. Después vinieron las primeras vacas, que compraba entre los descartes y luego vendía en la feria. Se definió como productor de pasto y a partir de ahí de otros cuatro rubros: leche, cereales, carnes y heno. “Hay un riesgo, y se ve mucho acá en la región, que es apostar todo a un rubro. Muchos están enganchados a Conaprole y tratan de producir más sin importarles la época o los costos. Entonces hay que producir más leche y cuando se acaba el pasto se va al molino a buscar raciones y cuando se agotan las raciones se pide un crédito y cuando se acaba el crédito se pide ayuda al Ministerio, pero insisten en que siempre hay que sacar más leche”.

La década de 1970 fue, paralelamente, una etapa de crecimiento como productor y de frustración como dirigente. Para Marzaroli, la falta de rodaje y las dificultades que tienen los dirigentes rurales actuales se relaciona con el vacío generacional que produjeron los golpes militares que azotaron a la región durante esa década. Aunque entre los productores aprovechaban para cruzar palabras al costado del alambrado o a la orilla de la cañada, formalmente las organizaciones no se podían reunir. Muchos dirigentes emigraron o cambiaron de sector. Otros ni siquiera llegaron a formarse. “Eso se nota en los dirigentes que aparecieron después de la dictadura, a partir de 1985. Venían prolijos, con el pelo cortito, sabían sumar y dividir y conocían los mapas, pero nunca habían estado en una reunión: no se sabían expresar en público, no sabían lo que era un grupo de trabajo, tenían poca experiencia de trabajo social y de conducción de organizaciones”.

Como productor, fue una década de aprendizaje. Hace ya 35 años que en este mismo campo comenzó a buscar el perfil de animal que deseaba a través de la inseminación artificial. Entre los recuerdos de esa época, guarda particularmente fresca la charla que tuvo con un tambero de la zona poco antes de llegar. Marzaroli se le acercó para preguntarle qué toro debía usar. El productor lo miró sorprendido y le dijo que antes de eso debía preguntarse qué vacas quería. “Esto no es un tarro de durazno ni un frasquito que vas a la farmacia y pedís. Esto se hace. Yo recién hoy, después de 35 años, puedo decir que tengo las vacas que imaginé. Fueron cinco o seis generaciones, combinar tal vaca, que tiene una ubre determinada, con un toro que tiene una serie de características que producen crías que mantienen el lomo derecho y son anchas de pecho. Entonces, así no se fatigan tanto y pueden comer más”.

Los detalles y las cruzas que explica minuciosamente durante casi diez minutos afectan también a las proteínas, la materia grasa de la leche “y otras exquisiteces” que uno va ajustando cuando ya tiene el animal que buscaba.

Un nuevo contexto regional

Su finca hoy cuenta con doscientas hectáreas propias y casi cuatrocientas más que arrienda. Mientras crecían, sus hijos trabajaron con él. Ahora son sus nietos los que corretean por la casa, pero el trabajo lo lleva adelante con la ayuda de un tambero, un tractorista y sus respectivas familias, además de algunos empleados más y los equipos que contrata en época de cosecha. Marzaroli reivindica su lugar como agricultor familiar y recuerda cómo la aparición de ese rótulo distendió una fiera polémica a principios de los años noventa: durante un seminario nacional, se armó una discusión brutal entre las cooperativas de Canelones y las de Colonia. Para unos, denominarse pequeños productores era un modo de reivindicar un estatus y hasta una postura ideológica. Para los otros, era una forma de humillación, ya que lo de pequeños no se adaptaba a sus pretensiones económicas, a su cultura y ni siquiera a la escala de sus casas. No había salida del embrollo hasta que alguien propuso la denominación de agricultores familiares. Todos quedaron contentos con el nuevo rótulo y hubo acuerdo entre ambos bandos.

“Yo soy un gran defensor de la agricultura familiar hasta la tranquera, pero desde la tranquera hacia allá es necesario buscar escala. La agricultura familiar es un modo de vida, una reserva moral y una cultura, pero no podemos defenderla únicamente con argumentos sentimentales. Hay que hacerla viable”, dice cuando habla del futuro y revisa los errores del pasado. Para él, una de las claves para que se sostenga la agricultura familiar es capacitar a los productores para que aprovechen la tecnología en vista de una mayor eficiencia dentro del campo y, paralelamente, buscar otros cuadros para que se ocupen de las cuestiones comerciales y logísticas a gran escala, sumando el producto de pequeños y también medianos productores sin distinguir orígenes a la hora de la venta.

El diagnóstico viene de la “hecatombe del sistema de cooperativas” que vio durante la década de 1980 y la primera mitad de la de 1990: empresas que reventaron no porque hubieran fraudes o vaciamientos, sino porque se cometieron errores políticos. Para Marzaroli, el principal drama fue que no había una dirigencia capacitada para manejar semejantes empresas y cuando el mercado se achicó, tampoco hubo capacidad de reacción para acomodarse a la nueva escala. “Yo no soy intelectual y me cuesta aclarar las ideas, por eso hablo con metáforas y ejemplos. Una cosa es cuando se hunde el barco y otra cuando baja el lago. En esa época, todos estábamos calafateando el barco, pero resulta que el barco no tenía agujeros. Lo que sucedía es que bajaba el agua. El tema fue que un buen día nos encontramos jugando al estanciero, pero éramos chiquilines moviendo fichas que equivalían a millones de dólares en vacas”.

Durante las últimas décadas, Marzaroli dirigió la Comisión de Fomento Rural de su país pero también fue una pieza importante en el reencuentro de organizaciones sociales de distintos países. Desde la década de 1960 los intercambios prácticamente se habían detenido. Por otro lado, se abrió el período de las ONG que trabajaron en distintos temas relacionados con proyectos agrícolas en todos los países de la región. “Cuando en la década de 1990 los productores de distintos países quisimos reencontrarnos, nos encontramos con obstáculos grandes como el de ubicarnos y darnos a conocer después de que las cosas hubieran cambiado tanto. Muchos se habían pasado al área política, algunos habían emigrado, otros incluso se habían metido en la guerrilla. Pero otro problema fue que muchas ONG prácticamente habían monopolizado los contactos con las organizaciones europeas y salieron con los tapones de punta cuando empezamos a reunirnos. Decían que no era bueno multiplicar las instituciones. Ellos, en temas agrícolas venían trabajando sobre todo en comercialización, pero no querían seminarios para hablar de políticas diferenciadas o proyectos a largo plazo, sino de comercio”.

Los encuentros organizados por la Coprofam son un logro emblemático del período de reorganización que va de 1996 a 2003, según Marzaroli. De ahí surgieron programas de intercambios y pasantías para dirigentes pero también definiciones de lo que se entiende por agricultura familiar, la apuesta por políticas enfocadas por estratos sociales y no por rubros de producción, así como la introducción en la agenda institucional de temas estructurales como las asimetrías entre las diferentes regiones del Mercosur o la cuestión de la tierra. “El problema ahora es el contrario. Hay muchas reuniones, pero a veces no van los presidentes de las organizaciones. Es como si usted viniera acá para hablar conmigo y yo le dijera que ando ocupado y que tiene que hablar con el que teje el alambrado. En la última REAF traté de averiguar quiénes estaban a cargo y descubrí que la mitad de los que supuestamente representaban a una institución no eran dirigentes. Sólo venían para mantener la silla ocupada”, concluye Marzaroli antes de volver al relato de sus días como productor.

Previendo los problemas que iba a traer la sequía, en estos últimos meses se propuso vender los animales más grandes, conservar a los más pequeños y poder ofrecer fardos de pasto en un momento en el que se veía que iba a subir la demanda de alimento. También, ha incursionado con las semillas de cebada. “A lo largo de la vida, aprendí a puentear las crisis. Como los animales, hay que dar el salto en los momentos oportunos y después quedarnos quietitos para gastar la menor grasa posible”. Al final de la charla, Marzaroli se levanta y muestra orgulloso los campos verdes que rodean la casa. Por supuesto, a la hora de las fotos se acerca al eje de ese viejo auto que, cuando ya no pudo acelerar más por el camino de tierra que lleva hasta San José, no vendió como chatarra. Con un poco de ingenio, lo adaptó para que todavía hoy siga bombeando agua.

De los indicadores surgidos de los Informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se desprende que el desarrollo es un “proceso de ampliación de la capacidad de elección de las personas”. Los países analizados son ordenados según los valores que surgen de promediar tres medidas de privación (longevidad, aprendizaje y oportunidades –ingreso–). Ello permite obtener un índice promedio de privación humana que, sometido a una operación matemática, genera el Indice de Desarrollo Humano.

Estos Informes tienen por objeto llamar a los gobiernos al debate y a la formulación de políticas en esta materia. Los acuerdos asumidos por los países de la ONU, a lo largo de los años 90, se tradujeron en el nuevo siglo en la necesidad de hacerlos realidad en un plazo “no mayor de 15 años”. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) constituyen un intento por hacer efectivos los consensos declarativos y políticas difusas que no dan respuesta adecuada a la pobreza y la marginación de amplios sectores de la humanidad.

Basados en un total de 21 metas cuantificables, con 60 indicadores y plazos establecidos para su supervisión, los objetivos son: erradicar la pobreza extrema y el hambre; expandir la enseñanza primaria a nivel universal; promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/sida, el paludismo, entre otras; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. En abril de 2009, el “Grupo de los 20” reafirmó en la Cumbre de Londres su compromiso para aumentar la asistencia hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Por Alberto Broch
Presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura (CONTAG) de Brasil.

A lo largo de décadas, la situación de los trabajadores agrarios de la región se vio sometida a los vaivenes de la política y la economía. La concreción de un espacio como la REAF contribuyó a proyectar una agricultura que aspira a un modo de trabajo que defienda los intereses de los países del Mercosur y sus habitantes. Según el autor de esta nota, las reuniones de la REAF han recogido tanto reclamos históricos, como necesidades actuales para el futuro inmediato.

Es difícil dar con un punto de partida para lo que sería la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF) del Mercosur, que nació oficialmente en 2004. Hubo un serie de postas, conflictos históricos y apuestas que hicieron posible un organismo de debate entre productores y Gobiernosde la región. Pero hay que elegirun punto y ese es el momento en que nos vimos en la obligación de dejar de desear ese espacio y pasar a constuir los cimientos.

Quizá el nacimiento de un espacio como la REAF sólo podía darse a partir de una crisis como la que golpeó al campo a principios de los años 90, cuando algunos de los valores centrales de la vida agraria eran puestos en cuestión por un implacable proceso de globalización que trascendió lo económico. La postura, la línea divisoria que entonces trazamos los pequeños productores, no ha variado sustancialmente: la región necesitaba (y necesita) una agricultura hecha por agricultores. Si bien los agricultoresfamiliares éramos todavía más vulnerables en ese contexto, no lanzamos un pedido de auxilio sino que hicimos una oferta. Era la región la que necesitaba el desarrollo de una agricultura que apostase por la cohesión social y frenase el éxodo rural que venía alejando, sobre todo a las mujeres y los jóvenes. Era la región la que necesitaba una agricultura que defendiese la diversidad de cultivos y las prácticas ecológicamente sostenibles. Era la región, en el momento que entraba en un marco con nuevas reglas de juego, la que iba a necesitara agricultores que defendiesen el futuro del campo.

Hubo varias reuniones de organizaciones de agricultores familiares de Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay entre 1993 y 1994. Sabíamos que el nuestro era un gran proyecto, pero también traíamos inquietudes. Dos años después de la firma del Tratado de Asunción, que en 1991 dio el puntapié inicial a un proceso de integración regional como el Mercosur, el espacio que tendrían los pequeños agricultores era cuanto menos incierto. Si los agricultores familiares ya habíamos quedado apartados de los debates sobre política agrícola dentro de nuestros propios países, la aparición de un bloque regional prometía poner más distancia entre los agricultores y los espacios donde se tomarían decisiones claves sobre el futuro del sector.

El final de esa primera etapa de diagnóstico llegó en agosto de 1994, cuando sesenta dirigentes sociales de esos cuatro países nos reunimos en Porto Alegre. Fueron tres días de charlas y debates intensos en los que definimos el camino a seguir. Frente al proceso de globalización que amenazaba a los agricultores familiares y campesinos, optamos por agruparnos en vez de blindarnos. Era imprescindible tener una agrupación que respondiera al nuevo marco económico y pudiera negociar, como bloque, las necesidades de los agricultores familiares de toda la región. Era necesario que el Mercosur tuviera noticias del potencial que más de un millón de agricultores familiares tenían de cara al futuro de la región. Así nació la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur (Coprofam). El camino recién empezaba. Faltaban nada menos que el espacio para ese diálogo y ponerle cara a los interlocutores de los gobiernos. Ese espacio se abriría con la creación de la REAF (Reunión Especial de Agricultura Familiar), pero para ello hubo que esperar otros diez años.

Aunque ese paso siguiente se apreciara como una evolución natural, se trató de una conquista histórica. Durante los últimos cincuenta años, los gobiernos de la región ni siquiera habían aceptado discutir temas como el acceso a la tierra o la reforma agraria. Las dictaduras que sufrieron todos nuestros países y muchos de los gobiernos conservadores que las sucedieron habían elaborado un modelo que prescindió de la agricultura familiar. Se escudaron en la idea de la revolución verde para privilegiar un modelo agroexportador que saldara las deudas externas de los países y beneficiara a grandes grupos económicos. Las consecuencias de ese modelo que se extendió hasta bien entrada la década del 90 se ven hoy mismo: un modelo agrario con grandes concentraciones de renta y de tierra que ha hecho que muchos pequeños agricultores emigren del campo; un modelo nocivo desde un punto de vista ambiental, social y –a largo plazo– también económico.

La apertura de un espacio de diálogo como la REAF fue la muestra de un nuevo signo político en la región. Como mínimo, indicaba la llegada de gobiernos que estaban dispuestos a escuchar los reparos contra el modelo agrícola basado en el agronegocio. El proceso fue lento a partir de que planteáramos nuestra hoja de ruta en Porto Alegre, en 1994. El primer signo de que ese espacio de diálogo entre dirigentes sociales y gobiernos podía ser fructífero fue el seminario sobre agricultura familiar que se celebró en 2003, en Brasilia. Participaron movimientos sociales y representantes de gobiernos de Latinoamérica, Caribe, Estados Unidos, África y Asia. Las secretarías y ministerios de agricultura redactaron una declaración conjunta sobre la importancia de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria, la necesidad de políticas públicas que apoyen al sector y su potencial en la lucha contra la pobreza rural. Fue un gran logro, pero un avance frágil en tanto que ese espacio de encuentro difícilmente tendría continuidad en el tiempo. En diciembre de ese año, sí se dio un paso clave en ese sentido con la Carta de Montevideo: se trataba de una serie de recomendaciones que la Coprofam y el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) le envió al consejo del Mercosur. Se hablaba de la voluntad de los agricultores familiares de participar (sobre todo en el nuevo contexto político) del proceso de integración regional. Para ello, reclamábamos políticas macroeconómicas que redujeran las asimetrías entre la agricultura de base empresarial y la de base familiar en el Mercosur. Al final de la carta, dejamos caer el anzuelo. “A partir de esto proponemos incluir la problemática de la agricultura familiar en el ámbito del debate institucional (…) y nos ponemos a disposición del Consejo”.

La respuesta fue casi inmediata. En junio de 2004, el Grupo Mercado Común firmó en Buenos Aires el documento que creaba la REAF, una reunión especializada sobre agricultura familiar de la que participarían representantes gubernamentales de los cuatro estados que integraban el Mercosur y entidades de la sociedad civil de esos países. La declaración dejaba la puerta abierta para la participación de Chile o Bolivia en temas de interés común (Venezuela también se incorporía tras la ampliación de 2006). Además, resolvía que la REAF tenga secciones nacionales y reuniones temáticas previas a las citas regionales.

A fines de 2004, la Reunión Especializada en Agricultura Familiar ya había tenido sus dos primeras ediciones. La inaugural fue en julio de 2004, en Foz de Iguazú. La segunda, en diciembre de ese mismo año, se celebró en Brasilia. Más de una década después de que naciera el Mercosur, los pequeños agricultores y trabajadores rurales tenían representación directa en las discusiones sobre el diseño de políticas públicas para la región. La REAF prometía, a fin de cuentas, ser un organismo que articulara lo local y lo global. Y que los grandes empresarios no fueran los únicos convidados en las mesas donde se debatían las políticas económicas de la región.

Pese al optimismo, tampoco hubo ingenuidad. El tiempo que llevó abrir ese espacio nos advertía que una vez dentro, los cambios también serían lentos. La naturaleza de los propios movimientos sociales cambiaba radicalmente. En pocos años pasamos de la lucha y presencia en las calles a un nuevo contexto donde cobraba una importancia clave la negociación institucional. Participar en las discusiones, lo sabíamos, no implicaba obtener políticas concretas para el sector. Tampoco debía significar que nuestros movimientos perdieran autonomía o renunciaran a la movilización. Por todo esto, la creación de la REAF fue también un claro signo de madurez democrática en la región. Por un lado, los gobiernos aceptaban la participación y el escrutinio de la sociedad. Por otro, la incorporación de las organizaciones sociales como asesores de los gobiernos implicaba superar una visión obsoleta de estos movimientos como frentes contestatarios y probaba su capacidad para acercar propuestas y soluciones a sus propios reclamos.

La agenda de las diez ediciones de la REAF ha sido capaz de recoger tanto reclamos históricos como necesidades nuevas de campesinos y agricultores. Se abordaron asuntos como el acceso a la tierra, la necesidad de una reforma agraria o la facilitación del comercio. Mientras se continuaba con el proceso de registros de agricultores familiares en los Estados miembro, se plantearon políticas para núcleos concretos de la población agrícola: contención y capacitación para la juventud rural, acceso a financiamiento para desarrollo tecnológico o humano, mayor protagonismo de las mujeres en las estructuras de la agricultura familiar. Las experiencias piloto en torno de seguros contra riesgos climáticos o los programas de formación de jóvenes rurales están entre las principales políticas concretas que han salido de estos encuentros. Sin embargo, la REAF afronta desafíos que van desde la posible elitización de su estructura a las evidentes asimetrías entre los distintos países de la región. Por ahora, su influencia ha sido mayor en países de ingresos medios que buscan apoyo teórico o técnico de los financistas internacionales. La llegada de préstamos y financiación para los países con campesinos más empobrecidos es todavía una cuenta pendientes. En cada uno de los países del Mercosur todavía hay déficits muy grandes. Por otra parte, sería difícil que no los hubiera cuando el modelo de desarrollo agrario no ha cambiado sustancialmente. El proceso de concentración y extranjerización de la tierra que comenzó hace varias décadas y nos propusimos contrarrestar a mediados de los 90, continúa vigente.

La agricultura familiar puede ser, en ese sentido, la pieza clave para un nuevo modelo de desarrollo sustentable. La REAF, uno de los primeros espacios que auguran una cierta madurez entre las instituciones de la región. Una madurez que puede llevarnos hacia una unión más perfecta, más justa y más grande. Ahora podremos discutir exactamente cuándo y dónde fue que este proceso empezó, pero cada vez está más claro hacia donde queremos que vaya.

La relevancia económica que tiene la región para los países miembro es un dato insoslayable de la lectura que aquí se presentan: una balanza comercial prácticamente en equilibrio y acorde, a su vez, con el balance del sector agroindustrial caracterizan un espacio geopolítico pleno de riquezas y potencialidades.

Los datos seleccionados se encuentran consolidados al año 2007 y la información de base proviene de las siguientes fuentes: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); International Monetary Fund (IMF/FMI por su nombre en español), World Economic Outlook Database, October 2008.

Se trata de indicadores de uso tradicional que caracterizan la relación de intercambio de un país o grupo de países.

La participación relativa del bloque comercial en las exportaciones e importaciones de otros, sus saldos comerciales o la relevancia de un sector clave como la agroindustria en las respectivas balanzas comerciales, son construcciones sintéticas ex post de una posición coyuntural determinada.

Esta imprescindible primera mirada no debiera devenir en una interpretación simple del desempeño del comercio intra zona.

El porcentaje agregado de participación de la región (apenas del 16,2%) oculta la relevancia que adquiere dicho intercambio en economías de tamaño y perfil productivo diverso. Véase por caso Paraguay (42%) y Uruguay (38%) en comparación con el 10% que arroja dicho intercambio en la balanza comercial de Brasil. Por otro lado, una lectura rápida del 13,8% de la participación agroindustrial del Mercosur en el balance comercial total, podría obviar la relevancia que adquieren las importaciones regionales de ese sector para cada país. Mientras que el intercambio agroindustrial del Mercosur participa de la balanza comercial de Brasil con menos del 10% y en el caso de Argentina con un 16%.

El Mercosur, visto en términos de participación en la producción mundial de alimentos, se destaca en la producción de mate (75,3%), soja (50,2%), naranjas (30,3%), café verde (28,2%), azúcar (19,9%), frijoles secos (19,4%) y carne vacuna (18,6%), entre otros. En términos absolutos, sobresale la producción de 108,4 millones de toneladas de soja, donde Brasil aportó 58,2 millones y Argentina, 45,5 millones.

En la región, Brasil ocupa un franco primer lugar en la producción de carnes, superando incluso a la Argentina en la vacuna, rubro en el que históricamente ésta supo destacarse. En general, las cifras observadas en la infografía muestran a Brasil como el líder en producción de alimentos en la región.

El Mercosur, visto en términos de participación en la producción mundial de alimentos, se destaca en la producción de mate (75,3%), soja (50,2%), naranjas (30,3%), café verde (28,2%), azúcar (19,9%), frijoles secos (19,4%) y carne vacuna (18,6%), entre otros. En términos absolutos, sobresale la producción de 108,4 millones de toneladas de soja, donde Brasil aportó 58,2 millones y Argentina, 45,5 millones.En la región, Brasil ocupa un franco primer lugar en la producción de carnes, superando incluso a la Argentinaen la vacuna, rubro en el que históricamente ésta supo destacarse. En general, las cifras observadas en la infografía muestran a Brasil como el líder en producción de alimentos en la región.

Dentro del Mercosur, Brasil produce el 74,8% de la energía primaria total, mientras que la Argentina alcanza el 22,8%, Paraguay el 1,4% y Uruguay tan solo el 1%; es decir que Brasil genera las tres cuartas partes de la energía primaria total de la región.

También se observa una diferencia apreciable en el tipo de energía producida por cada uno de estos países. Mientras que el 42,1% de la energía generada por Brasil es renovable, en la Argentina sólo el 8,7% de la energía que se produce es de este tipo. Los hidrocarburos son la gran fuente de energía de este último país, principalmente el gas natural, que constituye el 50,4% de la energía primaria total producida. Todas las otras fuentes de energía son opacadas por la producción de gas y petróleo.

Brasil ha realizado un trabajo notable con las fuentes energéticas renovables y se ha destacado en la producción de biocombustibles (etanol y biodiesel principalmente). Pero también es muy importante su generación de energía hídrica, solar, eólica y geotérmica, que alcanza el 15,6% de su producción total. Uruguay también produce un alto porcentaje de energía renovable, que alcanza el 37,4%. Paraguay, sustentado en las grandes represas de Yacyretá e Itaipú, genera únicamente energía renovable.

La energía nuclear no constituye todavía una fuente importante de energía en el Mercosur, donde siguen reinando los hidrocarburos. La Argentina produce un 2,8% de su energía mediante la fisión de átomos, mientras que en Brasil ese porcentaje sólo llega al 1,2%.

El biocombustible no es otra cosa que una de las tantas formas que puede adquirir la biomasa; es decir que es un proceso inverso al de la fotosíntesis que consiste en aprovechar la energía solar acumulada en los vegetales para producir energía. La producción de biocombustibles, tales como el etanol y el biodiesel, tiene el potencial de sustituir importantes cantidades de combustibles fósiles, sobre todo carbón, petróleo y gas natural (todos derivados de restos orgánicos de animales o de plantas) en varias aplicaciones. El importante consumo en Brasil –junto con los EE.UU., es el mayor productor de etanol del continente americano– ha demostrado que los biocombustibles son técnicamente viables en gran escala; por eso su demanda por parte de los países desarrollados no deja de crecer. La intención de muchos gobiernos es utilizar estos productos en combustible mezcla: el denominado E20, por ejemplo, está compuesto en un 20% por etanol y en un 80% por gasoil, y es muy eficaz en la mayoría de los motores de ignición sin ninguna modificación.

Por Agustín Scarpelli

En esta entrevista, Fernando López, Secretario General de la Comisión Nacional de Fomento Rural de Uruguay, pone en discusión la propiedad de la tierra concentrada en manos extranjeras y apoya apasionadamente el papel de la Agricultura Familiar como motor de la producción de alimentos y proveedor de mano de obra. También alerta sobre la concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra y sobre la exclusión que sufren los pequeños productores.

La CNFR fue creada en 1915, es una organización de segundo grado, representativa de pequeños y medianos productores del medio rural y cuenta con 100 organizaciones de base en todo el país que agrupan a unos 15.000 productores familiares dedicados a diversas producciones: ganadería, lechería, agricultura, fruticultura, horticultura, etc. Además de referente campesino, Fernando López es un productor hortifrutícola del sur uruguayo y comparte con otros trabajadores de la tierra una gran preocupación: la concentración de la tierra y su extranjerización producto del endeudamiento que sufrieron los pequeños productores y un conjunto de leyes permisivas y obsoletas.

– ¿Cuál es la problemática de la Agricultura Familiar, qué se entiende por tal, y qué función cumple la CNFR en Uruguay?

– La mayoría de las empresas agropecuarias de la región –entre un 70-80% de las empresas agropecuarias– son de carácter familiar: entre 35 y 38 mil de las 50 mil explotaciones agropecuarias y en Uruguay participan con aproximadamente el 30% del Producto Bruto Agrícola. Además tiene una importancia sustancial en algunos pilares básicos de la sociedad, como la generación de alimentos, la distribución demográfica del territorio, la preservación de los recursos y la preservación de un entramado social y cultural del medio rural que puedan transmitir esa cultura del trabajo de la tierra. Adicionalmente, la agricultura familiar tiene una mayor generación de mano de obra y utilización de los recursos por m2 de superficie en comparación con los agronegocios.

– Luego del auge de los biocombustibles, ¿cómo se inserta este modelo de agronegocios en la economía general del Uruguay, y, por otro, qué desafíos representa para la Agricultura Familiar?

– En los últimos años este modelo de desarrollo agrícola ha afectado severamente a la producción familiar del país a través de, por un lado, la expansión de los monocultivos agrícolas, liderado por la soja pero también el monocultivo forestal. Esto produjo en los últimos 4 a 5 años, una fuerte concentración y extranjerización de la tierra, y una presión hacia el alza de los precios de la tierra y de los arrendamientos. Lo cual ha significado un golpe para los rubros más tradicionales de la producción - hay que recordar que el 70% de las familiares productoras son ganaderos de cría y otra parte importante son lecheros– y el desplazamiento de pequeños y medianos productores.

– ¿Esto significa que está habiendo numerosos conflictos en torno al uso y posesión de la tierra?

– Sí. Por ejemplo uno de los sectores donde más impacta es el sector de la lechería, que en el Uruguay creció en los últimos 5 años a razón de un 5% anual (creció un 20% en su productividad, pero cayó un 10% el área utilizada para producción) y desaparecieron el 14% de los productores lecheros, en su gran mayoría de carácter familiar. La mitad de la tierra afectada a la producción lechera son arrendamientos. Entonces, cuando estos suben por el valor de la soja, y se pagan precios tres o cuatro veces mayores a los que podría pagar la lechería, se restringe el acceso a la tierra para los pequeños y medianos.

– ¿Cómo está actuando el Estado? ¿Hay políticas para mantener los precios de la leche y de la carne? ¿Qué papel juega el gobierno en estos desplazamientos de las familias?

– Lo que se hizo desde el Estado es un estudio de los datos de la concentración y extranjerización de la tierra, aunque faltaron medidas o fueron escasas. Por ejemplo, se aprobó una ley que prohíbe, a partir de 2007, la compra de tierra por sociedades anónimas al portador. Además está por salir una ley para que los titulares de los establecimientos que están en la frontera sean uruguayos o empresas nacionales. Pero la legislación permite a cualquier empresa, de capital nacional o extranjero, basta que dé con el precio, comprar tierras en el país.

– ¿Están ante un problema de soberanía nacional?

– Claro, es que los números de venta son tremendos. Según ese estudio, en los últimos 5 años se vendió el 33% o 34% del territorio. Desde la crisis del 2003 al 2007, las ventas fueron de superficies de más de 500 hectáreas. El Uruguay tiene aproximadamente unas 16.000.000 de hectáreas agrícolas y esto significa que en este período al menos uno de cada tres productores vendió su tierra en este período.
Ha habido una fuerte concentración, y el precio de la tierra aumentó proporcionalmente mucho más que los precios agrícolas, los fertilizantes y el petróleo.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria nació hace ya medio siglo como una forma de dar respuesta al estancamiento del sector primario de producción. Con el tiempo, se convirtió en el espacio en el cual se desarrollan líneas de investigación en el ámbito agrícola, agropecuario y agroindustrial que luego se concretan en el terreno de trabajo. Es una institución clave en la producción agropecuaria argentina.

Cada régimen tecnológico refiere a un modelo institucional propio, cuya trayectoria visibiliza las características y transformaciones del aparato productivo y sus agentes. Una aproximación a los sistemas de innovación nacional de la región, nos dirige indefectiblemente hacia sus instituciones paradigmáticas: el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Uruguay, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile, la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, la Dirección de Investigaciones Agropecuarias de Paraguay (desde fines del año pasado “Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria”), y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la Argentina.

El INTA es una organización científico-tecnológica de carácter autárquico, que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ministerio de la Producción de la Argentina. Como recurso institucional, es clave en los procesos de modernización y avance innovativo del sector agrario, agropecuario y agroindustrial de países como la Argentina. Junto al INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) y al INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) constituyen parte de los organismos de carácter productivo que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina.

Creado hace más de 50 años, tuvo por objeto dar una respuesta estructural al estancamiento productivo que caracterizaba al sector primario durante un período reconocido como de “sustitución de importaciones”. La historia oficial del INTA cuenta que fue el secretario de la CEPAL Raúl Prebisch, quien lo preconcibió al sugerir la participación de las universidades en la generación de la tecnología que en ese momento requería la mejora del nivel de productividad del sector.

A partir de aquella idea inicial, el INTA adquirió la forma de un instituto en el ámbito del por entonces Ministerio de Agricultura de la Nación. Su objetivo declarado era la incorporación de tecnología adaptada a las necesidades productivas y ecológicas del país. Ello supuso la investigación y la práctica extensionista como un proceso integral, una operatoria de investigación y promoción inédita, en aquellos tiempos, en la región.

La innovación agrícola es entendida como el resultado de un proceso social complejo, producto de una red de interacciones entre los diversos agentes del sistema. Dicha interpretación del proceso innovativo en la agricultura, significa un cambio respecto de la noción tradicional de extensión, que enfatizaba la transferencia de conocimientos como forma excluyente entre dos extremos de una relación. Estas actividades se desarrollan desde una plataforma de quince “Centros Regionales” distribuidos en el país. De ellos dependen cuarenta y siete “Estaciones Experimentales” y doscientas sesenta “Unidades de Extensión Regional”, abocados al desarrollo de investigación aplicada, experimentación adaptativa, transferencia de tecnología y extensión. También integran la estructura del INTA quince “Institutos de Investigación” organizados en tres Centros.

La estructura actual de este importante instituto se sostiene en una planta que supera los tres mil doscientos agentes, la cual está constituida en más del 50% por profesionales con formación superior de posgrado. La proporción de profesionales se lleva aún más si se considera en el cálculo a los becarios y al personal contratado. Una cuarta parte de los recursos humanos profesionales se dedica exclusivamente a actividades de investigación. Cuando el INTA pasó de ser financiado con impuestos específicos a ser “des” financiado por el tesoro público, allá por el año 1995, padeció la misma pérdida de capital humano que primó durante aquella década en buena parte del área científica nacional. En el año 2002, con la restauración de su autarquía (mediante Ley 25641/02), la forma y fuente de financiamiento se aseguró en el 0,5 % de las importaciones. Hoy el presupuesto del INTA asigna aproximadamente un 65% a sus recursos humanos.

La participación del personal de INTA en las regalías del instituto es un instrumento de su política institucional que lo reconoce como pieza estratégica en el desarrollo de emprendimientos tecnológicos. Es por ello que promueve su participación a través de la Asignación Adicional constituida por el Fondo de Asistencia Técnica (FAT), y la compensación por las regalías ingresadas. En el marco de la Ley 23.877 de Promoción de la Innovación Tecnológica, el INTA reconoce el derecho a una compensación de los ingresos provenientes de las regalías, de carácter no remunerativo.

El espíritu democrático en que se inscribe el INTA trasunta en su conformación organizativa: un Consejo Directivo, integrado por representantes del sector público, de universidades nacionales y de organizaciones de productores, define las políticas institucionales a nivel nacional. En representación del primero, se encuentra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) acompañado, en nombre de las segundas, por las Facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias. Los productores están representados por instituciones sectoriales tales como: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA); Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).

El Plan Bicentenario (elaborado en el año 2006 por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva -SECyT- con el fin de delinear las prioridades en investigación científica y tecnológica como así también para la formación de investigadores) plantea como metas para el año 2010 el incremento de la inversión en ciencia y tecnología hasta llegar al 1% del PBI; la promoción para el incremento de la inversión privada equilibrándola con la inversión pública (la relación actual es de 35% a 65%); la elevación del total de investigadores a 40 mil, y la mejora y el aumento de la participación de las provincias con menor inversión en ciencia y técnica.

El INTA y el mundo

El Instituto se vincula con organismos públicos y privados de 27 países, manteniendo convenios con organismos internacionales como: FAO (Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas); IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), OEA (Organización de Estados Americanos); CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo de México); CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical), de Colombia; CIP (Centro Internacional de la Papa), de Perú; INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria), de España; e INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), de Francia. También participa del Programa Cooperativo de Investigación Agrícola del Cono Sur (PROCISUR), del Foro Regional de Investigación y Desarrollo (FONTAGRO) y de la Red Internacional de Metodología de Investigación en Sistemas de Producción (RIMISP). Desde la “Coordinación de Misiones Internacionales” coopera con Venezuela, Haití, Bolivia, Colombia y Kazajstán en actividades de investigación y extensión.

El Informe sobre Desarrollo Mundial 2008, destaca que en los últimos años la inversión en investigación agrícola de los países en desarrollo ha contribuido (sobre una muestra de setecientos proyectos evaluados en varios países) con una tasa de rentabilidad del sector a nivel mundial de más del 40%. Como ejemplo, cita la investigación sobre labranza cero llevada adelante por la India para los sistemas arroz-trigo, la cual arroja según el informe una tasa de retorno del 57%, a partir de una inversión de US$ 3,5 millones.

Tanto en la generación como en la adaptación de innovaciones tecnológicas, el INTA ha trabajado históricamente con el sector privado nacional. Su trayectoria a lo largo de las últimas décadas es un reflejo de las importantes transformaciones que atravesaron los sectores productivo y estatal. Orientado en sus orígenes a la generación, adaptación y difusión de tecnologías “no apropiables” (tales como el manejo de los cultivos, el laboreo y la introducción de prácticas para la mejora de sistemas de producción pecuarios, o la elaboración pionera de relevamientos de suelo, agua y clima en muchas provincias de nuestro país) sólo recién a partir del fenómeno de incorporación de paquetes tecnológicos vía insumos, el INTA amplió su misión al desarrollo de tecnologías “apropiables”. En esta categoría se ubica la producción de variedades de vegetales, vacunas y maquinaria agrícola, destinadas principalmente al sector de pequeñas y medianas empresas nacionales. Este punto de giro se reconoce en la creación en 1987, de la Unidad de Vinculación Tecnológica, actual pivote de la articulación con el sector privado del Plan Estratégico Institucional 2005-2015.

El papel de la investigación

El INTA ha ganado prestigio gracias a su labor investigativa permanente. Son múltiples y variados los casos en los que científicos y profesionales de este instituto han volcado y desarrollado sus conocimientos. En la Estación Experimental INTA Bariloche, por ejemplo, el laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires juntamente con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), participan de un proyecto de producción de ovinos transgénicos. Su objetivo es que los embriones porten como ADN exógeno, el gen de un hongo cuya propiedad es favorecer la expresión de una enzima digestiva en la saliva de los animales. La mejora de la digestión de alimentos menos tiernos, típicos de zonas marginales de cría, aumenta en el corto plazo la productividad de los animales (es decir que a igual consumo de materia seca, se obtendrán mayores rendimientos en carne y/o leche).

La oportunidad de esta investigación reside en que la sola incorporación del animal transgénico al rodeo, es suficiente para trasmitir la mejora (por herencia) al resto; al tiempo que no requiere de la inversión de otros insumos.

Las actividades de comercialización y prestación de servicios que se realizaban a través de las Asociaciones Cooperadoras dieron paso a una organización para la administración y gestión de la producción del Instituto reconocida como el Grupo INTA, e integrado por la Fundación ArgenINTA e INTEA S.A.

A través de la Fundación ArgenINTA, el Instituto está hoy presente en actividades de certificación de calidad y elaboración de normas. En tal sentido, participa en comisiones específicas sobre trazabilidad y biotecnología de la SAGPyA, forma parte del Comité Nacional del Codex Alimentarius y asesora a entes regulatorios como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), entre otros. El organismo también elabora protocolos (como el de transporte para la exportación de frutas cítricas a Japón y EE.UU.) y realiza actividades de desarrollo de sistemas HACCP (acrónimo de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, en su versión en castellano) que se traducen en la exitosa experiencia puesta en marcha junto con las empresas de la cadena frutihortícola de la región del Alto Valle de Río Negro (“Sistema Integrado de Producción Frutihortícola”).

A principios del año 2007, Biosidus, empresa biotecnológica argentina, anunció que estaba en condiciones de utilizar bovinos como “biorreactores”. Esto es, producir terneras clonadas que llevan el gen de la insulina humana, a fin de reducir sustancialmente los costos de producción de la insulina humana recombinante. La empresa estimó que la sola producción de 25 vacas transgénicas alcanza para atender la demanda anual de insulina en el mercado argentino.

La empresa también ha desarrollado terneras a través del método de clonación y de transgénesis con el objeto de trasmitir en el contenido de la leche, la hormona de crecimiento humano (hGH). Actualmente se encuentra tramitando su aprobación ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).

Al mismo tiempo, el INTA comercializa tecnologías, semillas, semovientes, patentes, marcas y títulos, propias o de terceros, a través de la empresa INTEA S.A. (Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias). Esta empresa ofrece, además, servicios especiales de detección de organismos genéticamente modificados (Laboratorio de Detección de OGMs del Instituto de Biotecnología del INTA Castelar acreditado ISO/IEC 17025 e IRAM 301), para granos, subproductos y alimentos de algodón, arroz, canola, maíz, soja, tabaco y trigo. Ofrece análisis cualitativos y cuantitativos de OGMs por PCR en tiempo real; identificación de todos los eventos aprobados en el país y aquellos eventos aprobados en otras partes del mundo (Unión Europea y Estados Unidos), como así también materiales de multiplicación y diagnósticos fitosanitarios de enfermedades y plagas.

Los estudios de almacenaje de granos en silos herméticos realizados por el INTA, vía técnica de inyección de gases, permitieron el análisis del comportamiento y actividad biótica en los silos bolsa. Gracias al trabajo conjunto de la Estación Experimental Balcarce y las dos empresas líderes en el rubro (una fabricante de las máquinas y otra, de las bolsas), se obtuvieron a partir del año 2002 excelentes resultados en el almacenado de soja (su mayor demandante) que sólo ese año resguardó un 15% de la producción de granos utilizando este revolucionario método. Ideado hace más de treinta años en EE.UU., sólo a partir de su recreación adaptativa en la Argentina alcanzó estatus internacional, ampliando el mercado para la venta de máquinas a Europa (Francia y sobre todo, España), y el de bolsas, a Brasil.

Según la Cámara de la Industria Plástica, la diferencia entre enviar el grano al acopio o embolsarlo por un período de tres/cuatro meses ha arrojado estimaciones de ahorro del 2025% en trigo, 3035% en maíz y 2025% en soja, (dependiendo de la distancia a puerto, los sistemas de comercialización, etcétera, utilizados por los productores).

La Agricultura de Precisión fue implementada como herramienta en la Argentina por el INTA Manfredi, hace casi quince años. En contextos donde prima la necesidad de adecuarse a mayores escalas de producción y rendimientos, el ajuste o uso más eficiente de un recurso altamente costoso como es la tierra, impone el “manejo por zonas” como forma de obtener mejores respuestas de los cultivos. A partir de la transformación de la escala de producción y de la incorporación de tecnología de punta en las máquinas utilizadas, el monitoreo de lotes con diversas características y rendimientos ha permitido mejorar la productividad y ganancia del productor.

El INTA cuenta con recursos en el área de la producción vegetal en todo lo referido a análisis de semillas, análisis foliar y monitoreo de plagas y en el área de producción animal con análisis de fibras textiles; de productos cárnicos y lácteos y toxicológicos. En el área de agroalimentos, certifica productos y ofrece análisis de calidad y residuos tóxicos, además de ofrecer en ingeniería, protección de cultivos y control ambiental; estudios de energía y ergonomía; análisis de agua y suelos, interpretación de imágenes satelitales y evaluaciones de impacto ambiental.

El INTA y el mundo agrario

La vinculación con el mundo agrícola, agropecuario y agroindustrial es uno de los principales objetivos del INTA. A través de la “Transferencia de Tecnología”, el INTA culmina un proceso innovativo incorporando tecnología y conocimientos a un producto o proceso. Su transferencia a terceros se hace vía licencias. Mediante la “Investigación y Desarrollo”. Por ejemplo, el INTA y una empresa o grupo se asocian para generar una tecnología y comercializarla a través del producto que la incorpora. Ambos actores comparten capacidades, gastos y riesgos tecnológicos y comerciales implícitos. El INTA percibe regalías por el producto que la empresa fabrica, reproduce y comercializa, al tiempo que puede, a posteriori, participar en la atención postransferencia vía Asistencia Técnica con carácter “Nacional” y “Regional” (asistencias técnicas, promoción de las ventajas tecnológicas y detección de oportunidades), y vía Venta de Productos y Servicios técnicos especializados, ofrecer servicios tales como la resolución de problemas o la reparación, montaje y puesta en marcha de una planta, las pruebas de control de calidad y funcionamiento, etcétera.

Por medio de la creación de Empresas de Base Tecnológica (EBTs), el INTA realiza convenios con emprendedores que crean empresas bajo el acompañamiento tecnológico del organismo durante su incubación. Las empresas ceden al INTA un porcentaje de su capital accionario en compensación por las facilidades prestadas. Según el observatorio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, durante el último semestre del 2008 las compañías internacionales solicitaron, de manera preferente, patentes defensivas en el área de bebidas, métodos de fraccionamiento y separación de proteínas, envases y alimentos con aditivos. Por su parte, las solicitudes de patentes nacionales, refirieron a procesos electroquímicos, etiquetados y elaboración de panificados.

A todos estos desafíos, el INTA ha respondido con proyectos y realidades. A pesar de los embates económicos, esta institución dedicada a la investigación y el desarrollo de proyectos científicos al servicio de la producción y el desarrollo sigue cumpliendo con sus objetivos.