REVISTA PESCA

EL EX CEP PAITA Y LA NUEVA GESTION DEL ACTUAL GOBIERNO

2026-10-12T10:39:32.783-05:00

En agosto de 2023, la viceministra de Pesca y Acuicultura del Perú era Úrsula Desilú León Chempén.

Ella fue designada en el cargo el 29 de diciembre de 2022 y se mantuvo al frente de este despacho del Ministerio de la Producción (PRODUCE) hasta abril de 2024, cuando fue reemplazada por Jesús Eloy Barrientos Ruiz.

En agosto de 2023, el ministro de la Producción del Perú era Raúl Pérez-Reyes Espejo.

Él ejerció dicho cargo desde el 26 de enero de 2023 hasta el 6 de septiembre de 2023, mes en el que dejó la cartera de la Producción para asumir el liderazgo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Durante todo ese período, trabajó de la mano con la viceministra de Pesca y Acuicultura, Úrsula Desilú León Chempén.

En agosto de 2023, la jefa del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) era Katia Natali Novoa Sánchez.

Ella asumió la jefatura de la institución el 13 de julio de 2023 mediante la Resolución Suprema N° 016-2023-PRODUCE, sucediendo en el cargo a Sergio Gilberto Rodríguez Soria (quien se desempeñaba como jefe interino). Permaneció liderando este organismo público adscrito al Ministerio de la Producción hasta agosto de 2026.

El FONDEPES, bajo su gestión, dio de baja a las embarcaciones de entrenamiento pesquero Amauta I y Amauta II, las cuales estaban en una condición de mantenimiento inaceptable, demostrando negligencia e irresponsabilidad en su mantenimiento durante los últimos años. El País se dio el lujo de dar de baja a dos embarcaciones escuela que fueron instrumentos de la capacitación pesquera simplemente por la ignorancia y desidia de las autoridades del FONDEPES de los últimos años. Nada se dijo sobre si serían o no reemplazadas. Simplemente se les tiró a la basura sin responsabilidad alguna para nadie. Pero no fueron tiradas a la basura ni chatarreadas. Ambas embarcaciones ya de baja, fueron donadas a la Asociación Peruana de Acuicultura y Pesca quien se hizo acreedora de recibir, en calidad de donación, dichas embarcaciones.

El problema no está en la donación, la cual está correctamente efectuada, sino en los años que estas embarcaciones fueron abandonadas por administraciones insensibles, desconocedoras de la conservación de embarcaciones y desinteresadas e indolentes con la pesca artesanal, que condujeron al lamentable estado que motivó su baja. También podría haber un problema si permitir su deterioro para darles de baja fue para posteriormente ser donadas. ¿Es posible hacerlo?

¿Quién recibe embarcaciones dadas de baja por inservibles? A menos que no hayan estado realmente inservibles.

Esto debe ser investigado.

La Resolución N⁰ 000161/2023-FONDEPES/OGA dice al pie de la letra:

Que, mediante Resolución N° 000092-2023-FONDEPES/OGA, de fecha 31 de agosto de 2023, la Oficina General de Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, aprobó la baja de dos (02) bienes patrimoniales, por la causal de mantenimiento o reparación onerosa, autorizando el retiro de los valores registrados en los libros contables de la entidad, el mismo que fue publicado en el portal institucional de la entidad;

Pareciera, que el sentimiento de culpa del FONDEPES se confirma cuando la resolución de donación esconde los detalles de los bienes donados, haciendo solo mención a la resolución la 092-2023, que sí expresamente menciona a las embarcaciones Amauta I y Amauta II, como objetos de la baja administrativa. ¿Querían que nadie se dé cuenta para no ser cuestionados?

¿Por qué tanto sigilo y disimulo? ¿Por qué no hacer más transparentemente esta donación?

Este es un tema que el Ministro Requejo, quien ha manifestado su interés en atender al ex CEP Paita en su reciente visita, debería disponer que sea investigado. Pareciera ser que esta baja y su posterior donación no han sido muy apropiadas.

¿Cómo es que dos embarcaciones inservibles serán utilizadas por dicha Asociación? ¿Las podrán reparar? ¿Son recuperables? Parece que sí, ya que de lo contrario no se habría hecho la gestión de donación. Si así fuese como parece ser el caso, ¿por qué les dieron de baja en lugar de recuperarlas mientras pertenecieron al FONDEPES?

Y lo más importante ¿Dónde están ahora, a qué se dedican?

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, visitó el Centro de Entrenamiento Pesquero (CEP) de Paita, en la región Piura, para conocer su estado situacional y verificar las necesidades de sus instalaciones, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la capacitación y contribuir a la reactivación de la pesca artesanal.

Durante el recorrido, acompañado por el equipo técnico de Fondepes, el titular de Produce inspeccionó las instalaciones del muelle, el varadero y la planta, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y fortalecer los servicios que se brindan a los pescadores.

“Estamos en Paita, en el principal centro de entrenamiento pesquero del país. Estamos verificando sus necesidades y visitando sus instalaciones porque, como parte de la reactivación de la pesca, queremos darle vida y fortalecer estos centros, para que cada vez más pescadores puedan beneficiarse de todo su potencial y de los servicios que ofrecen”, señaló.

A través de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal de Fondepes, el sector impulsa acciones para fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de los pescadores artesanales. En la región Piura, el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita ha capacitado a 1466 agentes de la pesca artesanal, contribuyendo al desarrollo de sus habilidades y a la mejora de su actividad productiva.

Asimismo, Fondepes viene ejecutando acciones para mejorar las condiciones de la infraestructura y garantizar la continuidad de los servicios del centro, incluidas medidas preventivas frente a los riesgos asociados a las lluvias intensas y al fenómeno El Niño. También se contempla el mantenimiento del aula móvil, que permite llevar capacitación a los pescadores que no pueden trasladarse hasta Paita.

Con esta visita, el Ministerio de la Producción reafirma su compromiso de fortalecer los centros de entrenamiento pesquero y mejorar las oportunidades de capacitación para los pescadores artesanales, contribuyendo a una actividad más productiva y al sustento de miles de familias.

Las vistas de esta visita pueden verse en el siguiente link:

https://www.facebook.com/share/p/1FAJwdtBsP/

Esperemos que esta nueva gestión signifique que desaparece la protección que algunos funcionarios del PRODUCE han tenido y que han permitido que ocurran cosas como esta.

Los antecedentes de la problemática del ex CEP Paita pueden verse en los siguientes links:

https://revistapesca.blogspot.com/2024/03/de-como-se-permite-el-deterioro-de.html

https://revistapesca.blogspot.com/2023/10/el-ex-cep-paita-antes-despues-de-la.html

EL CONFLICTO DE LA POTA: PESCADORES ARTESANALES PARALIZARAN SUS FAENAS EN EXIGENCIA DE RESPUESTAS

2026-10-03T11:39:31.887-05:00

Los gremios de pescadores artesanales de Piura y Lambayeque anunciaron un paro macrorregional indefinido a partir del 6 de octubre de 2026 en protesta por las restricciones y cuotas de captura de la pota.

ANALISIS DE ALGUNOS DE LOS PEDIDOS GREMIALES

En la agenda de la Federación Macro Región Sur de Pescadores Artesanales (que agrupa a gremios de Arequipa, Moquegua y Tacna) y en sus reuniones con el Ministerio de la Producción (PRODUCE), la renuncia o remoción del viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Eloy Barrientos Ruiz, ha sido una de las demandas centrales. Los pescadores lo declararon "persona no grata" debido a que consideraban que su gestión no respondía a la realidad productiva ni mitigaba el impacto del sector.

En la zona norte: Los gremios de pescadores artesanales de las regiones del norte (Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash) exigen la renuncia del viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Eloy Barrientos Ruiz, debido principalmente a la crisis por la veda y escasez del calamar gigante (pota), sumado a la falta de apoyo estatal y medidas regulatorias que afectan gravemente su economía. Las asociaciones han formalizado este pedido mediante documentos enviados al Ejecutivo y han anunciado un paro macrorregional indefinido.

En el pedido de renuncia o destitución del viceministro de pesca y acuicultura, existe la tesis de que es el responsable de todos los problemas del sector artesanal. Pero la realidad es que no es el viceministro el responsable de los problemas sectoriales ni de los de la pota. Este cargo, en realidad no detenta poder alguno. Para todo efecto práctico, el viceministro es tan solo un secretario técnico del Ministro. Eso es lo que significa el título “Despacho Viceministerial de Pesca de Acuicultura”. Tramita documentos y los despacha hacia el Despacho Ministerial.

Las OPDs dependen directamente del Ministro y no del viceministro, por tanto, el primero posee una autoridad y poder casi absolutos sobre el sector, como titular del Pliego, no así el viceministro.

Este, de acuerdo a la organización y funciones de su despacho, no decide nada, no tiene autoridad ni mando sobre las OPDs. Tan solo sobre las direcciones, sus asesores y su personal de confianza, a los cuales tampoco tiene el poder de designar puesto que todo requiere una Resolución Ministerial, o sea, la aprobación del Ministro. La única autoridad real que tiene, a través de las únicas resoluciones viceministeriales que firma, está referida a quejas y apelaciones, permisos de pesca y otros temas administrativos.

El supuesto poder y responsabilidad del viceministro es un mito, como tantos otros en la pesca.

Su verdadera función es ser un experto en pesca para actuar como asesor o secretario del Ministro, dirigiendo una equipo de direcciones generales que además de desarrollar y ejecutar las decisiones políticas dispuestas por el ministro, son quienes llevan la rutina diaria del Despacho, el día a día. Además, es quien da la cara ante el público y los administrados en los temas que el Ministro de turno decida.

Más allá de eso, la opinión y recomendaciones del viceministro no tienen más valor ni peso que el que el Ministro de turno quiera otorgarle. Es tan solo un gran proponedor, que se convierte en una ayuda para el Ministro en la medida que pueda dar un amplio asesoramiento sobre los temas de pesca y acuicultura, en función a su conocimiento del sector y experiencia. Pero ¿cuántos viceministros en los últimos veinte años han sido expertos o siquiera conocedores del sector?

Esta podría ser la principal debilidad del viceministro; pero el problema es el Ministro. Salvo que la intención sea sacrificarlo para salvar al Ministro, destituirlo no resuelve el problema de fondo. Todos los argumentos contra el viceministro, en realidad debieran estar dirigidos hacia el Ministro. Es el Despacho Ministerial quien impone la agenda sectorial, más allá de lo que diga o piense el viceministro, fuese cual fuese su carácter, capacidad y experiencia. Pero si no conoce el sector, ¿cuál sería su función? ¿qué es lo que haría si no tiene ideas sobre los problemas de agenda o nada que proponer? Ese es el problema de fondo cuando se designa a un viceministro que no sabe lo que tiene que hacer ni conoce el sector.

El viceministro no puede resolver pedidos o requerimientos de los gremios. Lo más que puede hacer es trasladar los temas al Ministro quien es quien tiene la última palabra y la firma para el documento que correspondiese.

El responsable del sector es el Ministro, que no es sino el ejecutor de un modelo de gestión que, entre otras cosas, reparte culpas entre el Imarpe y el Ministerio, sin que quede clara la responsabilidad de cada uno. El primero dice que no toma decisiones sino que proporciona información y datos para la toma de decisiones. El segundo dice que toma sus decisiones en base a información científica recibida del primero. En esta gaseosa repartición de funciones, ¿Quién finalmente es el verdadero responsable de decisiones de las decisiones? Las normas que regulan el sector se ejecutan con una Resolución Ministerial, Decreto Supremo o Resolución Suprema que es firmada solamente por el Ministro sin necesidad de la firma del viceministro.

La existencia de un sistema en el cual IMARPE tiene un presidente que es dependiente de la voluntad del Ministro, quien lo designa y lo puede remover del cargo sin tener que dar explicaciones a nadie, es una situación que puede, legítimamente, crear suspicacias sobre la actuación del Presidente de la entidad.

Las decisiones que tome el Ministerio deben hacerse sobre información franca elaborada por el ente científico, que debe ser claro, contundente y directo en las materias de su competencia, sin temores ni presiones. Entonces las decisiones políticas que tome el Ministerio serán de fácil identificación en cuanto a responsables y no como hoy en día que, en el mejor caso, es una responsabilidad compartida. El país debe saber quién es el verdadero responsable de tomar las decisiones.

Esta entidad debería ser autónoma e independiente del poder y la presión políticas.

Los motivos específicos de este reclamo sectorial son:

1. Manejo de la crisis de la pota y cuotas de pesca

Restricciones y cuotas insuficientes: Los pescadores rechazan las limitaciones impuestas a la extracción de pota. Denuncian que las cuotas asignadas por el Ministerio de la Producción (Produce) son demasiado bajas y se agotan en pocos días, impidiendo el sustento de miles de familias.

Demanda de más faenas: Exigen que se autoricen al menos dos viajes por mes por embarcación y que se amplíe la cuota de captura para las más de 3,000 embarcaciones que esperan salir a la mar.

La veda de pota dentro del dominio marítimo peruano, mientras que fuera de las 200 millas no es posible establecer una veda ¿tiene sentido? Esto requiere de un estudio científico nuevo con nuevos parámetros y otra visión. Regular la pota dentro del dominio marítimo peruano mientras no existe la regulación fuera de las 200 millas genera un desbalance estructural. El impacto puede evaluarse en tres dimensiones: biológica, económica y geopolítica.

1) El hecho es que es una misma población y dos regímenes.

La pota es una especie altamente migratoria y transzonal que se desplaza entre el dominio marítimo peruano (ZEE en términos de la Convemar) peruana y aguas internacionales. Dentro de las 200 millas, Perú ejerce soberanía y puede imponer vedas. Fuera de las 200 millas, rige la libertad de pesca en alta mar, sin control directo del Estado peruano. El resultado es que una misma biomasa está sometida a dos sistemas regulatorios completamente distintos.

2) El impacto biológico es que se genera una eficacia parcial o incluso nula con la veda.

El efecto esperado de una veda interna es permitir reproducción, recuperar biomasa y mejorar la estructura poblacional. Pero en este caso ocurre una “fuga de conservación”, dado que durante la veda, la biomasa sigue siendo afectada en su porción fuera de las 200 millas por flotas de alta mar sin restricciones.

La conclusión biológica es que la veda nacional pierde efectividad si no hay coordinación internacional. Puede incluso terminar subvencionando la pesca extranjera (el stock se recupera en Perú, pero se captura afuera).

3) El impacto económico resulta en una transferencia de renta fuera del país. Aquí el efecto es más contundente:

a) Para la flota peruana, se paraliza la actividad (costos hundidos, empleo afectado), pérdida de ingresos en temporada de veda, menor competitividad frente a flotas extranjeras activas.

b) Para el mercado, reducción de oferta interna y externa, presión sobre los precios, sustitución por producto importado o capturado en alta mar.

c) Transferencia de valor, ya que la biomasa protegida en Perú termina siendo capturada fuera; la renta pesquera se desplaza hacia flotas extranjeras y Perú asume el costo de conservar, pero no captura el beneficio económico.

4) El impacto en la gobernanza resulta en un incentivo perverso, ya que la asimetría regulatoria genera efectos no deseados, como incentivo a operar cerca del límite (milla 200–201); presión para relajar vedas internas; deslegitimación de la política pesquera nacional; mayor riesgo de pesca ilegal o informal.

Por otro lado, el derecho internacional reconoce que cuando una población está dentro y fuera de la ZEE (en términos de la Convemar y dominio marítimo para Perú), los Estados deben cooperar para su conservación. Sin esa cooperación, el sistema se vuelve incoherente.

5) Evaluación sintética

Dimensión	Impacto de vedas solo en Perú
Biológico	Parcial / limitado
Económico	Negativo (pérdida de renta)
Competitivo	Desventaja para flota nacional
Gobernanza	Distorsiones e incentivos perversos

6) La conclusión estratégica es que aplicar vedas solo dentro del dominio marítimo peruano, sin mecanismos en alta mar, es una política incompleta y potencialmente contraproducente.

En la práctica, la veda funciona como una medida de conservación doméstica en un sistema abierto, donde otros actores pueden capturar el beneficio.

7) La implicancia de política, es que no es un problema biológico, es un problema de gobernanza internacional; el vacío no está en PRODUCE, sino en la ausencia de un régimen regional para la pota.

La veda sin coordinación equivale a ordenar la casa mientras el vecino se lleva el recurso.

2. Depredación del mar y falta de fiscalización

Embarcaciones sin control satelital: Atribuyen la escasez del recurso a la existencia de cerca de 6,000 embarcaciones que operan de manera informal o ilegal sin el Sistema de Seguimiento Satelital (Sisesat). Los pescadores acusan al viceministerio de no fiscalizar ni frenar la depredación de los recursos marinos dentro del litoral peruano.

3. Precios injustos de las plantas pesqueras

Bajos precios de compra: Los gremios protestan porque las plantas procesadoras e industriales fijan precios muy bajos (alrededor de S/ 2.90 el kilo de pota), lo cual no cubre los costos operativos debido al incremento en el valor de insumos esenciales como el combustible, el hielo y el flete. Exigen la intervención del Gobierno para regular las condiciones de comercialización.

Existe un exceso de flota. Ello no solo afecta a la biomasa por cuanto la capacidad de extracción puede ser superior a la capacidad de resiliencia de la biomasa, sino que influye directamente sobre el precio. A mayor oferta, menor precio.

El Estado no puede ni va a regular los precios. El modelo político y económico no se lo permite. Los empresarios están para ganar dinero y cuánto ganan es su única decisión. No creo que estén dispuestos a sacrificar márgenes en beneficio de un mejor precio para los pescadores. Por tanto, el problema debe atenderse mirando hacia su origen: demasiadas embarcaciones. Determinar por qué existen y cómo se construyeron y se siguen construyendo para eliminar las causas y diseñar un mecanismo de desguace del excedente, es la mejor manera de proteger los ingresos de los afectados. Se tiene que asumir que el mercado no admite más embarcaciones y que aún las actuales son demasiadas.

Es inevitable la necesidad de aplicar restricciones al tamaño de la flota. La disipación de las rentas se produce porque el armador, al observar que en la actividad pesquera se están produciendo beneficios económicos positivos, ingresa a ella tomando en cuenta sólo su estructura de costos medios y pensando en el ingreso medio que obtendrá de la participación de la actividad pesquera. Sin embargo, no toma en cuenta los efectos externos que causa a los participantes existentes, es decir, al ingresar él no considera que se reduce la biomasa disponible por lo que para alcanzar los mismos niveles de ingreso se requiere ejercer un mayor esfuerzo pesquero o alternativamente desplazarse a mayores distancias para alcanzar un mismo nivel de captura. Al final, se ejerce una cantidad de esfuerzo tal que los beneficios económicos que existían se hacen, o pueden volverse cero. Estos efectos corresponden a la externalidad productiva negativa, es decir, cada pescador no ha considerado en su decisión los efectos marginales que produce al resto de los participantes de la actividad, lo que se traducen en una diferencia entre el ingreso marginal social y el privado.

Es poco probable que eliminar las vedas sin reducir la cantidad de embarcaciones impacten sobre el precio para mejorarlo. El efecto de mayor flota siempre redundará en menor precio en muelle. Es verdad, sin embargo, que los precios internaciones se afectan también por cuestiones de mercado; pero pescar más pota no los mejorará.

El precio bajo de la pota en muelle no es un fenómeno aislado ni coyuntural, responde a una combinación de fallas estructurales del mercado, sobreoferta y debilidad en la cadena de valor. Desde la lógica de renta, el problema es claro: el valor se genera después del muelle, no en el muelle.

1) La Sobreoferta es el principal factor que hunde el precio. El determinante más directo es el exceso de oferta: La pota es un mercado tipo “commodity”. Cuando todos pescan más, el precio colapsa.

2) El precio NO se forma en el Perú

El precio de la pota, luego de ser procesada, no se define en el muelle peruano, sino en el mercado internacional. Los factores externos que influyen son la oferta global de calamar (especialmente Asia); la demanda internacional (China, Europa) y los precios de productos sustitutos.

El pescador peruano es tomador de precio, no formador. El precio viene “impuesto” desde afuera

3) Dependencia extrema de exportación: ~95% de la pota se destina al mercado externo.

La consecuencia es que el mercado interno no amortigua caídas. Si el precio internacional baja, el precio en muelle colapsa automáticamente. No existe “mercado doméstico que sostenga precios”.

4) Estructura de mercado: poder de compra concentrado

En el muelle ocurre algo clave: Pocos compradores (plantas procesadoras); Muchos vendedores (pescadores artesanales), lo cual genera asimetría de poder de negociación, precios impuestos por plantas/intermediarios y denuncias de precios “irrisorios” o “abusivos”.

Además de la presencia de intermediarios en la cadena. El resultado es que el pescador vende barato porque no tiene alternativa de mercado. El precio lo impone el comprador.

5) Falta de capacidad de almacenamiento y frío.

El pescador enfrenta una restricción crítica ya que la pota es altamente perecible y se necesita vender rápido al llegar, lo que genera una venta forzada y la imposibilidad de esperar mejores precios.

Mientras tanto las plantas pueden almacenar, procesar o exportar. El resultado es que el poder lo tiene quien puede esperar, no quien pesca.

6) Volatilidad extrema del precio: Un problema central para los armadores es que salen a pescar con un precio y regresan con otro (más bajo). Esto destruye la planificación financiera, el cálculo de rentabilidad y la capacidad de inversión.

7) Costos en alza + precio a la baja = márgenes negativos

Mientras el precio cae, el combustible sube, el hielo sube y los insumos suben. El más afectado es el armador, porque e quien financia toda la operación, además y/o el intermediario.

8) Otro factor crítico es el desorden y falta de control del esfuerzo pesquero: Se dice que hay más de 9 mil embarcaciones operando (según gremios), con falta de control efectivo y posible pesca no declarada. El efecto: es sobreoferta artificial, competencia desleal y presión adicional sobre precios

9) Falta de diferenciación del producto, ya que la pota peruana se vende mayormente como producto básico, sin valor agregado, sin diferenciación (calidad, certificación, trazabilidad). La consecuencia es que compite solo por precio y queda atrapada en el segmento más barato del mercado. El problema no es solo “precio bajo”, sino que es un problema de modelo económico de la pesquería.

Lo que realmente ocurre es que el pescador captura biomasa y la renta se genera en el procesamiento, la exportación y la comercialización internacional. Y esos eslabones no están en manos del pescador

El pescador de pota no vende barato porque quiere, sino porque está atrapado en el eslabón más débil de la cadena. Produce volumen, pero no controla precio. Asume costos, pero no captura la renta.

EL CRECIMIENTO DE LA FLOTA

En el Perú existe desde hace años una política para evitar el crecimiento descontrolado de la flota artesanal y de menor escala. El D.S. N° 006-2015-PRODUCE estableció la prohibición de construir nuevas embarcaciones artesanales y de menor escala para cualquier pesquería en todo el litoral, contemplando excepciones como los casos de sustitución dentro del marco autorizado. La razón de fondo es controlar el incremento del esfuerzo pesquero y proteger la sostenibilidad de los recursos.

Además, desde 2024 la legislación es más severa. El artículo 308-E del Código Penal establece pena de 3 a 5 años de prisión y 180 a 400 días-multa para quien, infringiendo la normativa, construya o haga construir una embarcación durante un periodo de prohibición o sin la autorización correspondiente. La norma también alcanza, bajo las condiciones que establece, a quien adquiere, custodia o transporta una embarcación conociendo o pudiendo conocer su origen irregular, así como a quien financia o proporciona materiales, equipos o maquinaria para la construcción ilegal.

El D. Leg. N° 1393 permite además la interdicción y desguace o destrucción de embarcaciones construidas o modificadas ilegalmente. El Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de este régimen de interdicción, vinculándolo con la protección de los recursos hidrobiológicos.

Por tanto, existiendo la base legal ¿Por qué las autoridades permiten que se sigan construyendo?

Las áreas responsables de la fiscalización y control deben ser reorganizadas, el sistema de fiscalización debe ser revisado. Es evidente que lo existente es insuficiente o ineficiente y tiene que ser reemplazado.

4. Falta de perfil técnico e incapacidad de gestión

Desconexión con la realidad: Los dirigentes argumentan que las decisiones tomadas por el viceministro Barrientos se realizan desde un enfoque estrictamente burocrático que ignora la realidad que viven los hombres de mar en los puertos de Paita, Sechura, San José, Chimbote, entre otros. Señalan que el funcionario no cuenta con el perfil idóneo ni el conocimiento suficiente para mitigar los impactos en especies clave como la pota, la anchoveta y el bonito.

Debido a estas exclusiones en infraestructura, sumado a la severa crisis por la escasez y las cuotas de la pota, la reacción final de los pescadores del norte y de La Libertad ha escalado a la radicalización. Se han convocado paros indefinidos y bloqueos de carreteras en zonas estratégicas. Los gremios exigen no solo la reorganización del presupuesto para mantenimiento de muelles, sino también la destitución de los altos funcionarios del Viceministerio de Pesca por lo que consideran una total desconexión con la realidad de las caletas artesanales.

La reacción y la situación específica en:

1. La Libertad: Salaverry y Pacasmayo (Indignación por falsas promesas y peligro de colapso)

En la región La Libertad, la indignación es sumamente alta.

* DPA Salaverry: La reacción de los pescadores y comerciantes mayoristas ha sido de protesta abierta mediante marchas hacia las oficinas de PRODUCE. Su molestia radica en que el muelle tiene serias deficiencias de infraestructura y carece de la habilitación sanitaria indispensable para exportar y vender formalmente bajo estándares óptimos. Tras la presión, el ministro prometió que si se cumplen los requisitos técnicos, se les otorgará dicha habilitación en un plazo de 30 días, pero los pescadores se mantienen en alerta por la falta de un presupuesto real para defensas costeras frente a El Niño.

* Frigorífico/Muelle de Pacasmayo: Aquí los pescadores sienten que han sido defraudados históricamente por constantes promesas políticas que no se cumplen. Su malestar es crítico porque el proyecto de su nuevo DPA lleva retrasos y la [Contraloría General de la República] ya advirtió que el "plan de contingencia" (las estructuras temporales que usan mientras esperan la obra) tiene un alto riesgo de colapso de infraestructura y problemas de seguridad. El verse excluidos de los fondos de emergencia de PRODUCE ha provocado que los pescadores locales alcen la voz bajo la consigna "Pacasmayo también existe", reclamando que el centralismo regional prioriza siempre a otros puertos.

2. Tumbes: DPA Zorritos (Sensación de desprotección ante la veda y las lluvias)

Zorritos: Los pescadores artesanales de esta zona reaccionaron con frustración al ver que la inversión de emergencia se concentró únicamente en Acapulco y Cancas. El gremio de Zorritos reclama que su infraestructura sufre graves inundaciones en la zona de desembarque cada vez que se activa una quebrada por las lluvias de El Niño. Su molestia se suma a las denuncias por la depredación de la pesca de altura por parte de naves industriales, argumentando que el Gobierno los deja desprotegidos tanto en el mar como en la tierra al no darles un muelle seguro.

3. Piura: Las Delicias (Temor por el impacto climático)

* Las Delicias: Esta caleta sufre un impacto devastador cada vez que se presentan anomalías climáticas o un Fenómeno El Niño fuerte, debido al fuerte oleaje y el desborde de zonas aledañas. Los pescadores de Las Delicias reaccionaron con asombro y reclamos directos a los coordinadores de [FONDEPES], manifestando que priorizar los DPAs grandes (como Máncora o Talara) deja desamparadas a las comunidades pesqueras más vulnerables que pierden sus herramientas de trabajo cuando el mar destruye sus rústicos accesos de desembarque.

El panorama general de la reacción: Paro Macroregional

La queja contra la problemática de los Desembarcaderos pesqueros artesanales y la infraestructura pesquera en general, no implica directa ni indirectamente al viceministro, sino al jefe del FONDEPES y a su jefe directo, que es el Ministro, como único responsable del sector.

Lo que corresponde es una reorganización profunda del FONDEPES y la designación de funcionarios con experiencia en el tema de construcción de infraestructura y capacitación, entre otros. El problema no es presupuestal, sino de gestión, de experiencia, de capacidad y de estructura organizacional.

“POTA PERUANA: RIQUEZA DESAPROVECHADA Y POLÍTICA AUSENTE”

2026-10-01T12:11:30.587-05:00

Por:

Raúl Castillo Rojas

Marcos Kisner Bueno

LA AUSENCIA DE POLÍTICAS CLARAS Y DE ARTICULACIÓN ESTATAL ESTÁ EROSIONANDO EL VALOR DE UNO DE LOS PRINCIPALES RECURSOS MARINOS DEL PAÍS.

“Más pesca no significa más riqueza cuando el desorden define las reglas”

El Mar Peruano vuelve a ser escenario de una de las contradicciones más profundas de nuestra economía. Mientras el Ministerio de la Producción (PRODUCE) celebra haber elevado extraordinariamente el Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) a la cifra histórica de cerca de 710 mil toneladas este año 2026, en los muelles de Paita, Sechura y Parachique el ambiente productivo y social no es de celebración, sino de profunda incertidumbre y protestas sociales. La pota (o calamar gigante) se ha consolidado como la mayor paradoja económica del país: lideramos la oferta mundial, capturamos volúmenes colosales y generamos exportaciones que superan los US$ 1.200 millones, pero el modelo que la sostiene sigue atrapado en una lógica primitiva de mucho volumen, poco valor y nula estrategia de largo plazo. Detrás de las cifras oficiales, se entraña una realidad incómoda. La pesca de pota en el Perú es una actividad económica de oportunidad, no una política sectorial. El extraordinario incremento de biomasa de este año no es el resultado de una brillante planificación pública ni de un diseño institucional sólido. Es, en gran medida, una respuesta coyuntural que el país simplemente aprovecha cuando aparece (“pulso poblacional”), pescando a ciegas en un escenario global que no planificamos ni controlamos.

Las dinámicas del Fenómeno El Niño 2026 han alterado drásticamente la geografía de nuestras pesquerías. El persistente calentamiento anómalo de la superficie marina ha ahuyentado a las especies tradicionales de aguas frías hacia el sur o hacia las profundidades. En su lugar, el ingreso masivo de masas de agua cálida ecuatorial ha generado un desplazamiento y una concentración inusual de recursos tropicales y de la propia “pota” a lo largo del litoral. Este fenómeno climático no representa una bonanza planificada, sino un revuelo biológico en el que el recurso aparece en zonas imprevistas y en volúmenes desorbitados, desnudando la absoluta falta de preparación logística y de infraestructura de almacenamiento en nuestros desembarcaderos artesanales para gestionar “picos tan severos de biomasa”.

Aquí es donde emerge el problema político de fondo: el Estado ha abdicado de su rol estratega. Seguimos operando sin un ordenamiento efectivo del esfuerzo pesquero y sin una estrategia agresiva que proteja la biomasa capturada en aguas internacionales por flotas extranjeras que acechan nuestras fronteras marítimas. En la fase extractiva, la cadena productiva continúa fragmentada y dominada por la informalidad relativa. Al permitir que miles de embarcaciones artesanales compitan como “una carrera olímpica” (desordenada) por un recurso altamente volátil, sin mecanismos que estabilicen los ingresos o los precios, el resultado es tan predecible como doloroso.

Este año, la sobreoferta ha presionado los precios internacionales a la baja, dejando a los pescadores artesanales en los puertos del norte recibiendo montos irrisorios que apenas cubren el alza de los costos operativos. En contraste, cuando el recurso escasea, los ingresos colapsan por completo. En ambos escenarios, el “Perú pierde”. Pierde porque es incapaz de capturar valor industrial, pierde porque no estabiliza su principal pesquería de consumo humano directo, y pierde porque deja que la renta potencial se licúe en una cadena primaria y poco integrada que envía la inmensa mayoría de su producción a los mercados asiáticos como bloque básico congelado, sin mayor procesamiento interno.

Esta inacción gubernamental no es un descuido técnico; es una decisión política. Mantener el statu quo y postergar las reformas de fondo beneficia a quienes operan en el corto plazo y lucran con la desorganización del sector, pero perjudica gravemente el futuro del país. Mientras otras potencias pesqueras avanzan firmemente hacia modelos sofisticados basados en la industria avanzada, la innovación tecnológica y la diversificación de mercados, el Perú sigue atrapado en el rol de simple extractor de materia prima. En este 2026, la pota nos demuestra que el volumen sin visión es solo una riqueza ilusoria. Si el Estado no asume una verdadera política de ordenamiento e industrialización, seguiremos condenados a ver cómo el mayor tesoro de nuestro mar se diluye entre las manos de una cadena que se niega a modernizarse.

PESCAR MÁS, GANAR MENOS: LA PARADOJA ECONÓMICA DE LA POTA EN EL PERÚ

La pota en el Perú tiene la escala de un gigante económico, pero el tratamiento de una pesquería menor. Aunque ha generado más de US$ 1.400 millones en exportaciones y devora el 76% del volumen de los productos congelados del país^1/ (Oceana-Perú), su éxito es una fachada. Detrás de las cifras millonarias se esconde la realidad de un sector que funciona como una simple pesquería de volumen, cuando tiene todo el potencial para convertirse en una palanca de desarrollo industrial, una fuente de empleo formal y el eje de la diversificación exportadora que tanto busca nuestra economía.

¿Qué nos frena? Algo que no se compra en el mercado técnico: liderazgo de gobernanza política.

Resolver el desorden de la pota no requiere una ingeniería compleja ni descubrir la pólvora. El camino es claro: ordenar el esfuerzo pesquero para frenar la sobrecapacidad, invertir en cadenas de frío que defiendan la calidad del producto, e impulsar una verdadera política industrial de transformación. A esto se debe sumar el diseño de herramientas financieras y comerciales que amortigüen la volatilidad natural de la especie. Si nada de esto se hace, no es por falta de conocimiento o de diagnósticos; es por una flagrante carencia de decisión. El Perú no padece una escasez de recursos; padece una alarmante falta de Estado.

El corazón del problema tiene responsables con nombre propio. La autoridad sectorial ha confundido la palabra "gobernar" con "reaccionar". Administrar cuotas sobre la marcha, emitir resoluciones de última hora y abrir o cerrar los “grifos de captura” según sople el viento no es "manejo adaptativo", es gestionar la crisis del día a día. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contempla el escenario como un espectador silencioso, ajeno al valor estratégico que se diluye en el mar.

El costo de esta parálisis lo pagan, como siempre, los más vulnerables. Sin un ordenamiento estructural, miles de embarcaciones artesanales navegan a ciegas en un mercado saturado. El resultado es una tormenta perfecta: picos de sobreoferta que desploman los precios en el muelle. Así, el pescador artesanal queda atrapado en una paradoja perversa: sale al mar, trabaja el doble, captura más que antes, pero gana mucho menos debido al encarecimiento del combustible^2/ (Infobae). La pota es, hoy por hoy, el espejo más nítido de un país que lo tiene todo para ganar, pero cuyo Estado no sabe qué hacer con la riqueza que tiene en las manos.

La pota se ha consolidado como una de las principales fuentes de divisas para el Perú, pero su gestión evidencia una profunda desconexión estructural entre el Estado y el sector empresarial. Por un lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) adopta un rol meramente recaudador, limitándose a observar las cifras récord de exportación sin diseñar políticas económicas sectoriales, estímulos para el valor agregado o mecanismos para estabilizar los ingresos y capturar la renta del recurso. Por otro lado, los gremios empresariales se han acomodado en un modelo de negocio de alto volumen, bajo procesamiento y rápida rotación comercial centrado en el producto congelado. Esta estrategia minimiza los riesgos financieros inmediatos, pero condena al país a exportar materia prima básica mientras mercados internacionales, liderados por China, industrializan el recurso y absorben la mayor parte de la rentabilidad global.

Esta inacción estatal y falta de visión privada perpetúan una lógica extractiva primaria donde el Perú asume por completo el riesgo biológico y operativo sin retener el valor potencial de su abundancia. La gobernanza del sector se diluye así en un esquema donde el Ministerio de la Producción (PRODUCE) administra la pesquería sin ejercer un liderazgo real, el MEF recauda dinero de forma pasiva y los gremios producen sin transformar la materia prima.

Esta falta de articulación integral se extiende también a los criterios regulatorios. Los informes técnicos que sustentan las vedas biológicas omiten por completo un análisis estratégico sobre la asimetría territorial de las restricciones. Estas normas prohíben la captura desde la costa hasta la milla 200 —dentro del dominio marítimo nacional—, pero ignoran la realidad de la milla 201 en adelante, donde las flotas extranjeras operan en altamar sin ningún tipo de control ni paralización biológica, dejando al país desarmado ante un recurso que no conoce de fronteras políticas.

¿Acaso las capturas fuera de las 200 millas no impactan a la porción de la biomasa que se encuentra en nuestro dominio marítimo? ¿Por qué entonces, prohibir capturas a la flota nacional mientras que la extranjera es libre de capturar sin límites ni medida?

Y así, año tras año, el Perú repite la misma historia: abundancia sin desarrollo, exportaciones sin industria y crecimiento sin política. Porque cuando el Estado no toma decisiones, el mercado decide por él. Y casi nunca a favor del país.

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^1/ https://peru.oceana.org/blog/exportaciones-pesqueras-2025/?utm_source=chatgpt.com "Informe | Las exportaciones pesqueras del Perú en el 2025"

^2/https://www.infobae.com/peru/2026/07/05/la-pota-no-tiene-cuando-acabarse-en-aguas-peruanas-y-el-gobierno-eleva-ahora-la-cuota-maxima-a-589230-toneladas/?utm_source=chatgpt.com "La pota no tiene cuándo acabarse en aguas peruanas y ...

ELFUTURO DEL MAR DEL PERU DEPENDE DE LA ANCHOVETA

2026-09-26T20:45:05.553-05:00

EL DESTINO DEL MAR PERUANO ESTÁ EN LA ANCHOVETA

EL PROPOSITO DEL ARTICULO

La anchoveta es el nodo trófico que gobierna el ecosistema de Humboldt; sin embargo, el Estado la administra mediante reglas fijas sobre un sistema inherentemente variable. Este artículo incorpora tres elementos clave a la discusión: la secuencia histórica de colapsos encadenados que comenzó con la llegada de la flota atunera en la década de 1940, la evidencia de crecimiento y morfología que explica el colapso de la merluza, y el balance de externalidades de la industria de harina de pescado.

El propósito principal de esta investigación es demostrar la relación directa entre la disponibilidad de la biomasa de anchoveta y la subsistencia de sus especies dependientes, especialmente la merluza en sus tallas medianas y grandes. A través de este análisis, se postula que la disminución de la anchoveta —motivada por factores climáticos y la presión antropogénica— ha impactado negativamente en los niveles poblacionales de otros recursos clave del sector.

El informe completo en PDF se encuentra el link que se brinda al final y debería ser leído por todos quienes vivieron y siguen viviendo las consecuencias del manejo político de la pesquería. El tema es largo, pero para su entendimiento no basta leer titulares o resúmenes ejecutivos, debe leerse completo.

La pesquería peruana tiene una historia compleja que debe ser preservada para las nuevas generaciones. Lamentablemente, la inmediatez del mundo moderno nos empuja a consumir solo titulares o resúmenes, lo que dificulta el entendimiento cabal de la realidad y fomenta opiniones sesgadas. El manejo político de la pesquería ha dejado consecuencias profundas; por ello, invitamos a revisar el informe completo en PDF disponible en el enlace al final de esta nota. El destino de nuestro mar es un tema extenso y vital que no puede entenderse a medias: exige una lectura profunda.

EL MAR NO ESPERA: EL FIN DE LA PESCA PREDECIBLE EN EL PERÚ

En el Perú, la regulación pesquera opera bajo la premisa de que el mar es un sistema cuasi estable, predecible y lineal. Sin embargo, la evidencia científica demuestra lo contrario: el Pacífico sudeste es un ecosistema dinámico, sujeto a variaciones constantes impulsadas por factores oceanográficos y climáticos a escala de corto plazo, decadal y secular.

Este problema estructural ya resulta insostenible. El marco legal y tributario del sector se diseñó sobre el supuesto falso de que los recursos marinos son fijos. Fenómenos como El Niño y La Niña alteran drásticamente la temperatura del agua y la biomasa disponible en cuestión de meses; de hecho, la abundancia de las especies varía incluso dentro de un mismo año. A pesar de esta volatilidad, el Estado insiste en planificar y recaudar mediante reglas rígidas, provocando un choque crítico entre la realidad biológica y la política pública.

Las consecuencias de este descalce van más allá de lo ambiental; impactan directamente en los ámbitos económico y fiscal. Al aplicar mecanismos rígidos de acceso y cobro sobre un recurso altamente variable, el Estado genera dos distorsiones simultáneas: en periodos de alta productividad, desaprovecha la captura de la renta pesquera; en años de escasez, impone una carga regulatoria desproporcionada sobre los administrados. En ambos escenarios, el resultado es idéntico: se destruye la eficiencia en la asignación de recursos y se debilita la capacidad estatal para gestionar la renta marina.

Fenómenos como El Niño y La Niña alteran la temperatura del agua y la cantidad de peces en pocos meses. La abundancia de especies no es constante ni siquiera en un mismo año.

A pesar de esto, el Estado sigue planificando y cobrando con reglas rígidas. Este choque entre la biología real y la política pesquera genera graves ineficiencias.

En ambos casos, el resultado es el mismo: pérdida de eficiencia en la asignación de recursos y debilitamiento de la capacidad del Estado para gestionar adecuadamente la renta marina.

El debate de fondo no radica en si el Perú debe explotar sus recursos pesqueros, sino en si cuenta con las herramientas idóneas para gobernar un sistema natural inherentemente inestable. A la luz de la ciencia, la respuesta es una verdad incómoda: no. Persistir en una regulación diseñada para un océano estático dejó de ser un simple error técnico; es una decisión política con costos económicos acumulativos que erosionan la competitividad del sector, la sostenibilidad fiscal y la resiliencia del Estado frente a los shocks climáticos.

El Perú necesita dar un salto conceptual urgente: pasar de una política pesquera basada en supuestos de estabilidad a una gestión enfocada en el riesgo y la variabilidad. Esto implica repensar desde los derechos de acceso hasta los mecanismos de captura de renta, incorporando de manera real —y no meramente declarativa— la ciencia oceánica en la toma de decisiones.

Mientras este cambio no ocurra, el Estado seguirá administrando un mar dinámico con reglas fijas. En ese desfase silencioso entre la naturaleza y la burocracia se juega buena parte del futuro de nuestra economía pesquera.

Si hacia la presente década el régimen marino se vuelve menos favorable para la anchoveta y más propicio para la sardina, el jurel y la caballa, la prioridad nacional no debe ser la defensa ciega de las cuotas de anchoveta. El verdadero reto es prepararse para procesar nuevas especies, lo que exige transformar plantas, reconfigurar líneas de proceso, obtener certificaciones sanitarias y conquistar mercados distintos. Reconvertir la infraestructura y abrir canales de exportación toma entre cinco y diez años, no un simple ciclo de veda. Si este cambio de régimen ya comenzó, el país ya va tarde.

Las evidencias científicas revelan que la disponibilidad espacial y temporal de la biomasa de anchoveta condiciona la estabilidad y productividad de otras especies clave del ecosistema peruano. Este factor impacta directamente en el empleo, las exportaciones y la sostenibilidad de todo el sistema. Por ello, se debe reconocer formalmente lo ocurrido históricamente con la merluza y discutir con seriedad —sin descalificar a quienes plantean el debate— la interacción entre la extracción industrial de anchoveta para harina y la disponibilidad de alimento para las especies que dependen de ella.

En el pasado, quienes extraían, procesaban y exportaban merluza, cumplieron estrictamente con las cuotas fijadas por el Estado; aun así, perdieron la actividad sin recibir compensación ni alternativas.

La actitud del Estado para con la industria reductora de harina de anchoveta, es de protección y de apoyo, lo que resulta legítimo hoy y siempre. Lo que se debe censurar es que el Estado ni protegió ni apoyo a la industria merlucera en su momento. Los que sobrevivieron, sin apoyo, lo hicieron dedicándose a la pota sin mayor compensación por parte de las autoridades de pesquería.

Un sector que se niega a revisar sus errores está condenado a repetirlos.

LA ANCHOVETA: EJE DEL ECOSISTEMA Y DE LA POLÍTICA PESQUERA

La anchoveta no es un recurso pesquero más: de su abundancia o escasez depende toda la cadena de valor del sector. Gestionar la anchoveta es administrar el mar. Pese a que la ciencia confirma que esta especie articula y rige el ecosistema marino, la política pesquera peruana insiste en tratar a las especies como compartimentos aislados, bajo un enfoque reduccionista y antropocéntrico. Minimizar su rol no es un fallo técnico; es una decisión política con un alto impacto sistémico.

Si la anchoveta cae, todo el sistema se trastoca. Su disminución reduce las poblaciones de especies ecológicamente dependientes —como aves guaneras, mamíferos marinos y peces de alto valor comercial (jurel, caballa, bonito y merluza)— y altera a sus especies asociadas (samasa, sardina peruana y juveniles). Esto desata un desorden ecológico que fractura el sistema. El colapso poblacional nunca empieza en los grandes depredadores: comienza en la base.

Sin embargo, las reglas económicas y administrativas del sector no han internalizado esta volatilidad. Se recauda, regula y planifica como si la base biológica fuera estable, olvidando que se gestionan organismos vivos y no recursos inertes como la energía eléctrica o los hidrocarburos. Este desajuste entre la biología y la política es el origen de múltiples ineficiencias.

El problema no es solo ambiental, sino socioeconómico y fiscal. Cuando el Estado diseña mecanismos rígidos de acceso y cobro de derechos sobre un recurso altamente variable, genera dos distorsiones simultáneas: en años de alta productividad, la renta marina no se captura plenamente; en años de escasez, la carga regulatoria resulta desproporcionada. En ambos escenarios, el resultado es el mismo: se pierde eficiencia en la asignación de recursos y se debilita la capacidad estatal para gestionar la riqueza del mar.

Lo que está en discusión no es si el Perú debe o no explotar sus recursos pesqueros. La verdadera discusión es si el país cuenta con la madurez institucional para diseñar una gobernanza que entienda que la sostenibilidad ecológica es la única garantía de la viabilidad económica.

¿POR QUÉ SE LLEGÓ A LA CRISIS EN LA INDUSTRIA DE LA MERLUZA?

Las medidas biológicas para la conservación de la merluza eran teóricamente correctas, siempre y cuando la información en la que se basaban hubiese sido exacta. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿lo era? Y más aún, ¿lo es ahora en el caso de la anchoveta y otros recursos?

Dentro de este escenario, la flota artesanal del país representa el primer eslabón en la cadena de abastecimiento de materia prima. Por ello, los precios que recibe deben ser justos y dignos. Esto solo se lograría si el producto final alcanza un alto valor agregado, si su precio internacional compite con lealtad y si el empresario reconoce tanto el valor real del recurso como la necesidad de pagar sueldos justos.

No obstante, existe un componente que casi siempre se omite: la infraestructura. Sin una cadena de frío, desembarcaderos modernos y accesos viales adecuados, hablar de un "precio justo" para el pescador artesanal es mera retórica. En Paita, por ejemplo, las pérdidas causadas por deficiencias logísticas se descuentan directamente del pago al pescador, nunca del margen del comercializador. La cadena pesquera no se ordena solo regulando precios; se ordena ejecutando obras. Quien exporta sabe perfectamente que el rechazo del producto por problemas de calidad casi siempre se origina en la tierra, no en el mar.

Alcanzar la armonía en toda la cadena pesquera se traduciría en una bonanza económica creciente para el país, la generación de empleo permanente, una mejor alimentación popular y la protección efectiva tanto del recurso como del medio ambiente. Asimismo, consolidaría un entorno sano y atractivo para las inversiones que el sector necesita para modernizarse.

Si un organismo científico carece de eficiencia técnica, independencia frente a presiones externas y el liderazgo de los mejores especialistas, la gestión pesquera continuará bajo el control de burócratas desactualizados que defienden intereses particulares en detrimento del bienestar nacional. En este escenario, la flota artesanal constituye el eslabón primordial en la cadena de suministro de materia prima; por ende, los precios que recibe deben ser justos y dignos. Este equilibrio se alcanzará únicamente si el producto final posee un alto valor agregado, si su precio en el mercado internacional compite en condiciones de lealtad y si el sector empresarial reconoce tanto un valor justo por el recurso como salarios dignos para sus trabajadores.

Existe un eslabón que casi siempre se omite: la infraestructura. Sin una cadena de frío eficiente, desembarcaderos modernos y accesos viales adecuados, el "precio justo" para el pescador artesanal no es más que retórica. En Paita, por ejemplo, las mermas ocasionadas por deficiencias logísticas se descuentan directamente del pago al pescador, jamás del margen del comercializador. La cadena de valor no se ordena con discursos sobre precios, sino con obras concretas. De hecho, cualquier exportador sabe que el rechazo de un producto por problemas de calidad se origina casi siempre en la gestión en tierra, no en las faenas de alta mar.

El problema de fondo es que el Estado no aplicó una política de conservación oportuna, probablemente por un exceso de confianza en la información científica disponible. Una conservación eficaz de la especie habría requerido de una concertación previa y el otorgamiento de un plazo razonable. Esto hubiera permitido reconvertir los esfuerzos de la industria merlucera hacia otras especies, minimizando el impacto negativo en los ámbitos social, laboral, financiero y comercial del negocio.

Faltó, sobre todo, una búsqueda conjunta de alternativas. Ante esto, cabe preguntarse: ¿existió responsabilidad de los funcionarios del IMARPE de aquellos años? Culpar exclusivamente a la industria fue un error: los armadores pescaron lo que el Estado les permitió y no lo que quisieron. Si el IMARPE se equivocó, nunca lo reconoció ni actuó en consecuencia.

Además, la pesca convive intrínsecamente con el factor aleatorio. Predecir el comportamiento de la naturaleza y su impacto en la biomasa es una tarea compleja. Por ello, la actividad pesquera exige el mejor soporte científico posible. Esto demanda potenciar al máximo al IMARPE y reestructurarlo conforme a ley, perfeccionando la información técnica que sirve de base para la toma de decisiones políticas. Para lograrlo, los funcionarios y científicos deben ser designados formalmente y no bajo la figura de "encargados". Asimismo, deben cumplir con perfiles de alta exigencia, poseer los más altos estándares profesionales y carecer de sanciones o denuncias vigentes. Los perfiles requeridos para los cargos de alta dirección jamás debieron flexibilizarse.

La externalidad institucional es, sin duda, la que genera mayor indignación. Se manifiesta en el poder económico capaz de instrumentalizar la ciencia a su conveniencia, atribuyendo el colapso de la merluza a los eufáusidos mientras descalifica —por supuesto interés de parte— a quien señale la causa real, tal como ocurrió en su momento.

Por su parte, la externalidad distributiva cierra este círculo vicioso: los beneficios se concentran en un grupo selecto de titulares de derechos, mientras que los perjuicios se socializan entre los pobladores costeros. Así, un puñado de grandes corporaciones captura la renta de un recurso que la Constitución declara patrimonio de la Nación. En contraste, el pescador artesanal, el habitante de la caleta, quien sufre la contaminación de las plantas, quien vio desaparecer la corvina y la cojinova de su mesa o quien perdió su empleo tras el colapso de la merluza, asume los costos sin recibir compensación alguna.

Si bien las cuotas individuales transferibles optimizaron la eficiencia extractiva, también consolidaron la concentración económica. Al ser transferibles, migraron naturalmente hacia los grandes capitales, cumpliendo con el diseño intrínseco del instrumento. Así, la pesquería se ordenó, pero la distribución quedó irresuelta. Un régimen donde la ganancia es privada, concentrada y legal, mientras el daño es público, difuso y huérfano de compensación, no representa un modelo de gestión; constituye, en realidad, una transferencia sistemática de riqueza desde el litoral hacia unos pocos balances financieros.

En consecuencia, el balance neto para el país es negativo. El argumento de que el sector genera divisas y empleo es insuficiente si no se cuestiona a qué costo y quién lo paga. Debe asumirse que de la anchoveta depende el sostenimiento del ecosistema marino de Humboldt.

“LA ANCHOVETA COMO NODO CENTRAL DEL ECOSISTEMA MARINO DE HUMBOLDT” constituye la segunda parte de este informe y puede bajarse en siguiente link:

https://www.dropbox.com/scl/fi/4go471hidvv1ozhhdcoub/LA-ANCHOVETA-COMO-NODO-CENTRAL-DEL-ECOSISTEMA.pdf?rlkey=7bgz3y8wpaf9ltn9n5m8vtcw0&dl=0

LOS ORIGENES DE LA OROP (ORGANIZACIÓN REGIONAL DE ORDENACION PESQUERA DEL PACIFICO SUR)

2026-09-13T14:25:32.037-05:00

En las últimas semanas se ha venido denunciando por parte de los miembros cooperantes y no cooperantes de la OROP, que las reuniones se realizan en inglés y que existe una negativa a emplear algún sistema de traducción simultánea.

Resulta una ironía que, esta organización que nació a iniciativa de países de habla hispana, hoy está dominada por miembros de habla inglesa. La otra ironía es que nación para defender al jurel, cosa que logró con cierto éxito; pero ahora es la pota la que requiere ser defendida, en lo cual no se está viendo avances prácticos ni significativos.

Lo que nació como una iniciativa chilena para proteger el jurel, hoy se enfrenta a una flota pesquera china enorme que puede acabar con la biomasa de pota. Estamos ante un escenario muy diferente del que existía cuando esta organización nació. Han pasado casi veinte años y aún no ha logrado crear mecanismos vinculantes que obliguen a sus miembros a respetar y cumplir los acuerdos que se toman.

En términos prácticos, se habla mucho y se hace poco. Al final, los miembros con más poder y fuerza imponen su voluntad y hacen lo que quieren.

LAS ORGANIZACIONES REGIONALES DE ORDENAMIENTO PESQUERO

Las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesqueros (OROP), son organizaciones o acuerdos internacionales, integradas por países con intereses pesqueros en un área de alta mar. Algunas de estas organizaciones pueden administrar todas las poblaciones de peces en un área particular, mientras que otras se centran en la gestión especifica de recursos altamente migratorios en áreas geográficas extensas.

Las OROP están conformadas tanto por países de la región, los denominados “estados ribereños”, como por países con algún interés en una determinada pesquería. Algunas de estas organizaciones tienen un rol consultivo, mientras que la mayoría de OROP tienen facultades de gestión para fijar límites de captura y esfuerzo pesquero, medidas técnicas y de control. Por lo que juegan un rol fundamental en la gestión pesquera mundial, y son la principal herramienta de cooperación entre naciones pesqueras, elemento esencial para la conservación y gestión efectiva de pesquerías internacionales.

ANTECEDENTES SOBRE LA ORGANIZACIÓN REGIONAL PESQUERA DEL PACIFICO SUR (OROP PS).

Para Chile uno de sus objetivos geopolíticos y estratégicos de primer orden era y es el alcanzar la hegemonía marítima sobre el Océano Pacífico.

La existencia de una nueva figura jurídica dentro del Derecho Internacional fue la declaración de poseer para sí “El mar Presencial de Chile” donde ejerce soberanía y jurisdicción con el fin de: Obtener el predominio sobre el Océano Pacífico tanto en el campo de la navegación comercial como el dominio efectivo con una marina de guerra con potencia de fuego de primer orden en Sudamérica. Consolidar el Eje Arica-Iquique con la potenciación de movimiento portuario en Arica e Iquique y la construcción del mega puerto de Mejillones.

Por Ley General de Pesca y Agricultura (1991) Chile utilizando una ficción jurídica crea lo que denomina “El Mar presencial de Chile”.

La Elipse o la porción del Océano Pacífico que encierra el Mar Presencial es el siguiente:

Chile tiene una Zona Económica Exclusiva (Z.E.E.) de más de 3 millones de kilómetros cuadrados a lo que hay que agregar lo que sustenta la posición sobre el concepto "Mar Presencial". Esta área amplifica siete veces la superficie de Chile en el continente sudamericano y su jurisdicción significa que el país tiene responsabilidad sobre un 30% de tierra y un 70% de agua.

Se le denominó "Mar Presencial" y fue definido como "el espacio de la alta mar adyacente a la zona económica exclusiva(Z.E.E.) en donde Chile debe estar observando y participando en las mismas actividades que en ellas desarrollan otros Estados y que actuando dentro del estatus jurídico de la alta mar establecido por la Convención sobre el Derecho del mar de las Naciones Unidas, constituyan para el estado de Chile una forma de cautelar los intereses nacionales y de contrarrestar amenazas directas o indirectas a su desarrollo y, por lo tanto, a su seguridad".

Luego, para dar un sentido más económico a este concepto de Mar Presencial, sería necesario establecer mecanismos de control y de fiscalización de las actividades pesqueras mediante acuerdos internacionales, regionales o subregionales, que establezcan un régimen de administración de los recursos y así lograr, además, la conservación de las especies y la protección del medio ambiente. Paso que está dando a la fecha.

El jurel, que llega hasta unas 1 500 millas de las ZEE de Chile y Perú, es un caso particular de población transzonal que, desde el punto de vista biológico, podría ser tan “altamente migratoria” como algunos de los pequeños túnidos mencionados en la Convención de 1982.

En ese sentido, hay dos hechos que obligaban a buscar una forma de resolver el uso depredatorio de stocks de peces en aguas internacionales. El primero fue la presencia de la flota pesquera de la ex Unión Soviética y la otra, la evidencia de que la pesca, a nivel mundial, había alcanzado un máximo de 90 millones de toneladas y que la productividad de todos los Océanos del mundo había tocado fondo al tratar de extraer más peces, lo que significaba destruir las especies y producir vacíos ecológicos, como ya se ha visto prácticamente en todos los países del mundo.

En cuanto a la concordancia con la ley del mar y la reacción internacional, la Convención del Mar es Ley de la República de Chile desde el 18 de noviembre de 1997. La ley del mar es un acuerdo consensuado en que todas las partes ceden. Mediante ella se solucionaron las posiciones extremas en base a un acuerdo político, donde se estableció una especie de statu quo en la solución de los diferendos entre los estados ribereños y los estados de aguas distantes. Además, la ley señala que en materia de conservación se va más allá ya que plantea: "El estado ribereño determinará la captura permisible de los recursos vivos en su Zona Económica Exclusiva".

Cabe mencionar que Perú no ha suscrito dicha Convención.

Con respecto a la conservación y administración de los recursos vivos en la alta mar (término usado en la Convemar para referirse a aguas internacionales) se establece los derechos de pesca en la alta mar y se habla de la libertad de pesca al señalar: "Todos los Estados tiene derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en la alta mar con sujeción a ciertas obligaciones, entre ellas, los derechos y deberes, así como los intereses de los Estados ribereños..." Sin embargo, queda claro que, en base al principio general de la libertad de pesca en la alta mar, en ella priman los estados de aguas lejanas en contra de los intereses del o los estados ribereños.

En el caso del jurel, siendo un recurso altamente migratorio, su biomasa circula a lo largo del Pacífico y frente a las costas de Chile y Perú, tanto dentro como fuera de las 200 millas. Por tanto, es un recurso compartido entre ambos países ribereños.

La presencia de flotas extranjeras, atraídas por la abundancia de este recurso, como las chinas y rusas especialmente, que venían realizando un esfuerzo pesquero sin limitaciones, poniendo en riesgo la sostenibilidad del recurso, generó en Chile la iniciativa de crear una organización regional pesquera con el objeto de proteger este recurso.

El Perú dispone las medidas de manejo y administración del recurso de jurel en sus aguas jurisdiccionales, basado en las recomendaciones científicas de sus instituciones, en forma independiente de la cuota en el ámbito de la OROP.

La disminución de la biomasa del jurel en el Pacífico Sud Oriental es responsabilidad exclusiva de Chile, lo que invalida, éticamente, sus pretensiones de exigir que Perú pesque en sus aguas jurisdiccionales lo menos posible a fin de asegurar la recuperación de la especie que fue afectada por ellos mismos.

De ahí su interés en evitar que otros países capturen este recurso. Más allá de ello, Perú nunca firmó el Acuerdo de Nueva York ni la Convención de las Naciones Unidad sobre el derecho del mar.

Ningún otro país ha dado consentimiento para aplicar cuotas decididas por la ORP dentro de sus aguas jurisdiccionales.

La irrupción de buques factoría extranjeros en el Pacífico Sur amenaza los intereses pesqueros chilenos. Para remediarlo, Chile ha sido uno de los principales impulsores de una Organización Regional de Pesca que regule la explotación de recursos en la zona sur del océano más grande del mundo.

Recomiendo leer el siguiente artículo que nos recuerda la historia que acusa a las pesqueras chilenas por la escasez crítica de jurel:

https://idl-reporteros.pe/la-historia-que-acusa-a-las-pesqueras-chilenas-por-la-escasez-critica-de-jurel/

Esta iniciativa es coherente con la tesis del mar presencial chileno que se ha descrito al comienzo de esta nota.

Los antecedentes descritos contribuyen al nacimiento de Organización Regional Pesquera del Pacífico Sud Oriental OROP-PS

EL ACUERDO

A principios de mayo 2007 se alcanzó un acuerdo para el establecimiento de una Organización Regional de la Administración en el PACIFICO SUR (ORAP-PS). Los representantes de los gobiernos reunidos acordaron una serie de medidas para proteger la vida de los fondos marinos ante el daño causado por la pesca de arrastre de fondo en aguas internacionales. Sin embargo, el acuerdo falló en dar pasos efectivos hacia la gestión preventiva de las poblaciones de jurel de la región.

Los resultados claves acordados en la reunión, significaron que ningún pesquero tendrá autorización para pescar en áreas donde se haya identificado o probablemente existan ecosistemas vulnerables, tales como corales de agua fría y campos de esponjas marinas, sin que se hayan realizado evaluaciones y tomado medidas previas.

Además del empleo de control satelital de buques, en la reunión se acordó la inclusión de observadores en cada barco de arrastre de fondo. Por otro lado, los barcos que encuentren ecosistemas marinos vulnerables deben alejarse a cinco millas. Tales medidas entraron en vigor a partir del 30 de septiembre 2007. Los resultados se aplicaron desde el Ecuador hasta el Antártico y desde Chile hasta Australia, fuera de las aguas sujetas a jurisdicción de los Estados, pero como parte del deber que tienen los Estados miembros de la Convención de Derecho del Mar de adoptar todas las medidas necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar y de cooperar en los planos regionales y mundial para la protección y preservación del medio marino.

Además de adoptar un acuerdo sobre la pesca de arrastre de fondo, los representantes gubernamentales reunidos en Chile debatieron la limitación de la pesca del jurel.

La reglamentación de la pesca en esa enorme área tiene una significación política y económica regional y mundial, en especial para Chile. El recurso más importante que debe ser reglamentado es el jurel, cuyo carácter transzonal determina que se presente y capture tanto dentro de la Zona Económica de 200 millas (ZEE) como en alta mar y frente a las costas de Chile y Perú. El jurel corresponde a la mitad de la actividad pesquera tradicional chilena y es el principal insumo para la fabricación de harina de pescado. Compromete, por tanto, a la virtual totalidad de la pesca en Chile.

Es evidente y notorio el interés y necesidad de Chile por preservar esta pesquería dado que ella sustenta su industria pesquera, y además es concordante con su tesis del Mar Presencial Chileno.

Es evidente que la tendencia era y es a que se implemente un sistema de cuotas de pesca, repartiendo el stock de jurel y también de la pota, entre los países ribereños y los que acrediten esfuerzo pesquero en la zona. Es y era posible también que las asignaciones iniciales de las cuotas se basen en el esfuerzo pesquero histórico y las capturas históricas de cada flota.

En ese sentido, era y es inconveniente para el Perú no tener una flota de altura operando en alta mar que lleve su presencia al esfuerzo pesquero sobre este stock de jurel, comprometiendo de esta forma su participación en esta pesquería.

A lo largo de los últimos 25 años el Perú no ha dispuesto de una flota de altura para la captura de túnidos ni de jurel. El país es un testigo lejano de las capturas de especies transzonales y altamente migratorias como las indicadas.

Se requiere de una estrategia que permita el desarrollo sostenido de una pesquería de esta especie orientada principalmente al consumo humano directo. Esta estrategia deberá considerar, entre otros aspectos, lo relacionado con una flota que cuente con la autonomía suficiente que permita capturas importantes y sostenidas de jurel en el mar peruano y más allá cuando esta especie se encuentre fuera de las 200 millas. Asimismo, las largas jornadas de pesca exigen sistemas de congelación adecuados que permitan una conservación óptima del producto de la pesca o de los que se procese como producto de la pesca.

Por otro lado, si miramos esta opción de pesca desde la óptica social y de la seguridad alimenticia para el Perú, las opciones son aún más interesantes. Si habría que acuñar una frase que dibuje una estrategia, podría ser la acuñada por el Dr. Marco Espino: “Acerquémosle la costa al jurel”, lo que se logrará con una flota de barcos factoría que permitan un sostenido aprovisionamiento de pescado para las mesas de nuestros hogares”

Pero más allá de esa consideración, es necesario que el país desarrolle una política oceánica que asegure su presencia en el Pacífico Sud Oriental, dentro de la cual es vital que asegure su participación en la explotación de un recurso como el jurel, el cual hasta la fecha no está siendo aprovechado, salvo por la porción de biomasa dentro de las 200 millas al alcance de la flota peruana de cerco.

LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE ORDENAMIENTO PESQUERO DEL PACIFICO SUR Y QUIENES LA CONFORMAN

La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), es una organización intergubernamental cuya formación se inició en el año 2006 a través de un proceso de consultas que facilitaron que los Estados cooperen para abordar la brecha existente en la conservación y gestión internacional de las pesquerías no migratorias y la protección de la biodiversidad en el medio marino en las zonas de alta mar del Océano Pacífico Sur.

En noviembre del año 2009 se adoptó la Convención para la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur, el cual se constituye como el tratado constitutivo de la OROP-PS. Posteriormente, de conformidad con su artículo 38 La Convención entró en vigor el 24 de agosto de 2012, y la primera reunión de la Comisión se celebró en Auckland, Nueva Zelanda, del 28 de enero al 1º de febrero de 2013.

La Comisión de la OROP-PS cuenta actualmente con 17 miembros de provenientes de Asia, Europa, América y Oceanía:

Australia

Belize

República de Chile

República Popular China China

Islas Cook

Republica de Cuba

Republica de Ecuador

Unión Europea

Reino de Dinamarca en representación de las Islas Faroe

Republica de Korea

Nueva Zelandia

Republica de Panamá

Republica de Peru

Federación Rusa

China Taipei

Estados Unidos de América

Republica de Vanuatu

Por otro lado, las Partes no contratantes cooperantes (CNCP) de la OROP-PS son: República de Liberia y Curazao. Angola , Colombia , Francia (en lo que respecta a sus territorios oceánicos ), Japón y Tonga , así como 15 organizaciones intergubernamentales y 28 organizaciones no gubernamentales, son observadores.

Objetivo de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacifico Sur y su ámbito de aplicación

El objetivo de la OROP-PS es garantizar la conservación a largo plazo y la utilización sostenible de los recursos pesqueros y, al hacerlo, salvaguarda los ecosistemas marinos en que estos recursos existir, mediante la aplicación del enfoque precautorio y el enfoque ecosistémico en la ordenación pesquera.

La Convención se aplica a las aguas del Océano Pacífico más allá de las zonas de jurisdicción nacional de conformidad con el derecho internacional, abarca alrededor de una cuarta parte de las zonas de alta mar de la Tierra. La OROP-PS ha publicado un mapa que describe el área de aplicación conforme a los términos legales en el artículo 5 de la Convención, se precisa que el mismo sólo tiene fines informativos, no tiene estatus legal y no forma parte del texto de la Convención.

Estructura de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacifico Sur

La Organización está compuesta por una Comisión y varios órganos subsidiarios, Nueva Zelandia es el país Depositario del Convenio OROP-PS y alberga la sede de la Secretaría de la OROP-PS en Wellington.

La OROP-PS está constituida de la siguiente manera:

a) una Comisión

b) un Comité Científico

c) un Comité Técnico y de Cumplimiento

d) un Comité de Gestión Subregional Oriental

e) un Comité de Gestión Subregional Occidental

f) un Comité de Finanzas y Administración

g) una Secretaría Ejecutiva

Asimismo, de acuerdo a la necesidad la Comisión puede establecer cualquier otro órgano subsidiario en conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención.

Recursos pesqueros objeto de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacifico Sur

La Convención de la OROP-PS define a los recursos pesqueros como todos los peces que se encuentren en la zona del Convenio, incluidos los moluscos, crustáceos, y otros recursos marinos vivos según lo decida la Comisión; Pero excluye a:

a) Las especies sedentarias, en la medida en que estén sujetas a la jurisdicción nacional de los Estados ribereños, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

b) Las especies altamente migratorias que figuran en el anexo I de la CONVEMAR.

c) Las especies anádromas y catádromas.

d) Los mamíferos marinos, reptiles marinos y aves marinas.

Los principales recursos comerciales que son materia de pesquería en el área de la OROP-PS son el jurel (Trachurus murphyi), el calamar gigante o pota (Dosidicus gigas), y en menor grado especies de aguas profundas asociadas con frecuencia a montes submarinos en el Pacifico Suroeste. A la fecha la OROP-PS sólo ha adoptado medidas de conservación y ordenación en torno a la pesquería de jurel en la alta mar, entre ellas, el establecimiento de la captura total permisible sobre dicho recurso.

El Perú como miembro de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacifico Sur

El Perú mediante el Decreto Supremo N° 071-2015-RE, ratifica la aprobación de la “Convención para la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur”, tratado constitutivo de la OROP-PS. La Convención entró en vigor para nuestro país el 21 de enero de 2016, fecha a partir de la cual, el Perú se adhiere a la OROP-PS como miembro pleno, con derecho a voz y voto.

ESCENARIO PESQUERO Y ANTECEDENTES REGULATORIOS

(http://www.fao.org/docrep/007/y0659s/y0659s00.htm#Contents

doc. Técnico de la FAO)

“Un aspecto difícil de la ordenación de la capacidad pesquera es que la capacidad retirada de una pesquería puede trasladarse fácilmente a otra. Este problema resulta especialmente complejo en la pesca en alta mar, donde la flota parece estar aumentando de forma constante, en parte sin duda en respuesta a la reducción de las oportunidades dentro de los límites de las 200 millas.

No se sabe el número exacto de buques de pesca en alta mar (con excepción de los que se dedican a la captura del atún). Los datos disponibles suelen infravalorar las capturas en alta mar, ya que las capturas de los buques de Estados ribereños que pescan más allá de sus 200 millas generalmente se registran como capturas del Estado ribereño.

Ha habido algunos cambios importantes en la pesca, durante el decenio de 1990. Uno de ellos ha sido el abandono de la pesca en aguas distantes por las flotas de la antigua URSS. A su vez, ello ha originado un cambio en la composición de las capturas. El atún ha llegado a representar en 1995 aproximadamente el 41 por ciento de esas capturas y el 82 por ciento de su valor. Parece que ha habido también un aumento en la utilización de los registros abiertos ("pabellones de conveniencia"), pues se supone que algunas de las capturas de estos buques no se registran.

Varios instrumentos jurídicos internacionales se ocupan del control de la capacidad de pesca en alta mar. En 1995, se ratificó la Convención de las Naciones Unidas de 1982 sobre el Derecho del Mar. En virtud de los artículos 116-120 de la Sección 2, los Estados deben cooperar entre sí, mediante organizaciones de pesca regionales o subregionales, para garantizar la conservación y ordenación de los recursos vivos en alta mar.

En la práctica, este objetivo de conservación se ha visto muchas veces frustrado por la necesidad de garantizar trato equitativo a los diferentes países. En virtud del Artículo 116, "todos los Estados tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en la alta mar..." y, en virtud del Artículo 119, "los Estados interesados garantizarán que las medidas de conservación y su aplicación no entrañen discriminación de hecho o de derecho contra los pescadores de ningún Estado". En consecuencia, hay pocos incentivos para que los Estados reconstruyeran sus poblaciones: en virtud de esos dos artículos, no pueden acaparar los beneficios resultantes, pues no pueden impedir que los nuevos Estados participantes reciban una parte de las capturas.

La Conferencia de las Naciones Unidas de 1993 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, convencida de las deficiencias que presentaba la ordenación de la pesca en alta mar, recomendó que los Estados convocaran una conferencia intergubernamental bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Ello dio lugar, en 1995, a la adopción del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces. Los Estados Miembros de la FAO negociaron también un Acuerdo de cumplimiento, adoptado en 1993 por la Conferencia de la FAO. En noviembre de 2000 ninguno de estos instrumentos había entrado todavía en vigor. En el PAI se pide a los Estados que consideren la posibilidad de participar en ambos acuerdos.

En el Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre poblaciones de peces (Artículo 5, párrafo h), se pide a los Estados que tomen "medidas para prevenir o eliminar la pesca excesiva y el exceso de capacidad de pesca y para asegurar que el nivel del esfuerzo de pesca sea compatible con el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros". La medida en que será posible conseguir en la práctica la reducción de la capacidad dependerá de la competencia y voluntad de los Estados para cooperar dentro de los foros pesqueros regionales.

Al tratar de evaluar el alcance de las capturas y la capacidad en alta mar, se encuentran dos grandes problemas:

- la ausencia de obligaciones de presentar informes de las capturas más allá de las jurisdicciones nacionales;

- el hecho de que la mayor parte de los Estados no exigen que los buques estén registrados bajo el pabellón nacional para obtener autorización a pescar en las zonas situadas más allá de su jurisdicción nacional.

Estos dos factores se han tenido en cuenta en el artículo 8 de la parte V del Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre poblaciones de peces. Una vez ratificado el acuerdo, todos los buques exigirán autorización para pescar en alta mar y, a cambio, deberán notificar el volumen y lugar de sus capturas.

En virtud del Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre poblaciones de peces, los Estados tendrían que autorizar a los buques que enarbolan su pabellón a pescar en alta mar, pero no tienen hay ninguna obligación de comunicar información detallada sobre los buques autorizados a ninguna autoridad centralizada. El Acuerdo sobre cumplimiento considera este tema y exige que esta información se comunique a la FAO y a través de ella (Artículo 6). Este acuerdo contiene también disposiciones sobre la responsabilidad del Estado del pabellón (artículo III) con respecto a la autorización de pescar en alta mar.

Por ello, la situación puede mejorar con la ratificación de ambos instrumentos, aunque sea preciso todavía aprobar una norma internacional para la medición de los buques pesqueros.

El Acuerdo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces exige también que los Estados ribereños y los Estados que pescan en aguas distantes y explotan una población transfronteriza o altamente migratoria establezcan una organización regional de ordenación pesquera con el fin de ordenar el recurso en forma cooperativa. Dicha cooperación es fundamental para la ordenación racional de las pesquerías transfronterizas. Se ha podido comprobar en la teoría (y en la práctica) que si los países se niegan a cooperar, el resultado es el mismo, por no decir peor, que el que se consigue cuando las pesquerías se explotan en condiciones de acceso libre y gratuito. La sobrepesca y la sobrecapacidad son inevitables. La situación puede deteriorase, ya que según la teoría los países tendrán un incentivo para subvencionar sus flotas con el fin de conseguir una ventaja comparativa. En consecuencia, podría establecerse fácilmente un círculo vicioso de subvenciones competitivas, con la sobrecapacidad que ello implica. Por ello, es fundamental la participación activa en las organizaciones regionales de ordenación de la pesca por todos los Estados interesados. En él se alienta también la cooperación multilateral para garantizar la participación de los Estados que no cumplen sus responsabilidades como Estados del pabellón en este contexto (Artículo 33).

Una vez ratificado el Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre las poblaciones de peces, las organizaciones regionales de ordenación pesquera pueden adoptar medidas para acomodar sus artículos de gobierno al contenido de sus convenciones para poner en práctica la disposición de dicho acuerdo. En el párrafo 4 del artículo 8 se afirma, en relación con las organizaciones o arreglos regionales de ordenación pesquera, que "únicamente los Estados que sean miembros de dicha organización o participantes en dicho arreglo, o que se comprometan a aplicar las medidas de conservación y ordenación establecidas por la organización o el arreglo, tendrán acceso a los recursos de pesca a los que sean aplicables dichas medidas". Este artículo debería permitir a las organizaciones regionales de ordenación pesquera insistir en la plena participación de todos los Estados interesados. Aunque ello no otorga a dichas organizaciones autoridad para limitar el acceso, la referencia al mencionado Artículo 5 (párrafo h), puede autorizarles a adoptar esa medida siempre que se haga sin discriminar a ningún Estado o grupo de Estados que tenga interés en la pesquería correspondiente. En el acuerdo se esbozan también mecanismos de solución de diferencias que pueden ser de utilidad para facilitar la aplicación.

En el Artículo 29 del PAI se insta a los Estados a que participen en el Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre poblaciones de peces y en el Acuerdo de cumplimiento.

Sigue siendo cierto que las organizaciones regionales de ordenación pesquera están en general mal equipadas para la ordenación de la capacidad pesquera en alta mar. Muchas se ocupan ante todo de pesquerías con poblaciones compartidas. La mayoría de ellas carecen de fondos y no tienen ni los recursos ni el mandato para ocuparse de este tema. Las organizaciones que se ocupan de las poblaciones de túnidos son una excepción. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que no todas las zonas de alta mar han establecido organizaciones regionales de ordenación pesquera. Así ocurre, en particular, en grandes áreas del Pacífico. Finalmente, una gran proporción de las flotas de alta mar faenan dentro de la jurisdicción de más de una de esas organizaciones. El fortalecimiento de las actualmente existentes y la creación de otras nuevas en zonas donde podrían ser eficaces sería un importante paso hacia adelante para el seguimiento y control progresivo de la capacidad pesquera en alta mar.

Dada la gran variedad de las flotas de alta mar, es imprescindible que los organismos regionales de pesca mejoren su coordinación. La información más detallada actualmente existente corresponde a la pesquería del atún, debido a que las diferentes comisiones regionales sobre esta especie (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), Comisión del Atún para el Océano Indico (IOTC) y Comisión del Pacífico Sur (CPS)) recopilan y cotejan datos sobre capturas y buques dedicados a la pesca del atún. Se ha propuesto la idea de un mecanismo mundial de coordinación, ya que las medidas de ordenación sólo serán eficaces si se aplican en todos los lugares donde se explota la especie.

En el caso de las pesquerías de alta mar de especies diferentes del atún, la gran movilidad de las embarcaciones, tanto entre distintos océanos como dentro de cada uno de ellos y fuera de la zona de las 200 millas, hace muy difícil evaluar la capacidad y pone también de manifiesto la necesidad de mejorar la coordinación entre los distintos organismos regionales de pesca.

Los acuerdos y medidas examinados más arriba representan un primer paso importante para controlar la pesca en alta mar. Para conseguir un control eficaz de la capacidad, es importante que los Estados establezcan conjuntamente medidas orientadas directamente a controlar la capacidad pesquera.

En principio, las dificultades técnicas de controlar la capacidad en alta mar son diferentes de las examinadas. La dificultades particulares están más bien en el establecimiento de un marco jurídico eficaz y en la observancia de los reglamentos, dada la enorme extensión de las zonas implicadas y el problema del registro libre. Como es probable que se den problemas de trasvase, es decir, que los buques desplazados de una pesquería reaparezcan en otro lugar, si es necesario cambiando el Estado del pabellón, es preciso que los Estados que adopten medidas para controlar su capacidad tengan en cuenta los efectos en otras pesquerías.

DELEGAR PARA CORREGIR: LA CAPACITACION PESQUERA ENCUENTRA UNA OPORTUNIDAD TRAS AÑOS DE ABANDONO

2026-08-29T09:26:34.145-05:00

PESCA Y ACUICULTURA: LA OPORTUNIDAD DE REORDENAR PRIORIDADES Y APOSTAR POR LA CAPACITACIÓN

El proyecto que otorga facultades legislativas al Ejecutivo incluye aspectos clave de pesca y acuicultura que, por primera vez en años, abordan el deterioro institucional del FONDEPES y la crisis de la capacitación pesquera.

Tras décadas de desatención —marcadas por la cuestionada fusión del ex CEP Paita con el FONDEPES—, la delegación abre la posibilidad de recuperar infraestructura, formación técnica y capital humano en el sector. Una reforma largamente postergada que podría marcar un punto de quiebre en la política pesquera si se ejecuta con decisión.

Varios Gobiernos, PRODUCE y el MEF dejaron caer la capacitación pesquera tras la fallida fusión del CEP Paita con FONDEPES. Hoy, el Ejecutivo pide facultades para corregir un problema que el propio Estado creó.

La crisis del FONDEPES en materia de capacitación responde a años de falta de voluntad política, desinversión y decisiones mal diseñadas que desmantelaron la infraestructura de formación del sector. La delegación de facultades abre una ventana para revertir este abandono histórico.

Desde la fusión del CEP Paita con FONDEPES en los gobiernos de Alan García, pasando por Humala, PPK, Vizcarra, Sagasti y Castillo, PRODUCE y el MEF sostuvieron un modelo que priorizó obras sobre formación.

En 2007–2008, bajo el segundo gobierno de Alan García, se aprobó la fusión del CEP Paita con FONDEPES mediante el D.S. N.° 009-2007-PRODUCE y su implementación posterior, eliminando una institución especializada en capacitación pesquera . Desde entonces, el presupuesto del FONDEPES no dejó de crecer —pasando de S/ 56 millones en 2008 a más de S/ 130 millones en 2023— pero sin priorizar la formación técnica, desviándose principalmente hacia infraestructura como desembarcaderos .

Incluso en años recientes, el patrón se mantiene: el presupuesto institucional superó los S/ 111 millones en 2024 y bordea los S/ 90 millones en 2026, con fuerte dependencia de recursos ordinarios del Estado . Sin embargo, la capacitación —el corazón del antiguo CEP Paita— quedó relegada a un rol secundario.

La responsabilidad es compartida y acumulativa: PRODUCE diseñó y ejecutó la fusión sin garantizar continuidad funcional; el MEF financió un modelo orientado a activos físicos antes que capital humano; y los sucesivos gobiernos mantuvieron la inercia sin corregir el desbalance.

Hoy, el Ejecutivo solicita facultades legislativas que incluyen pesca y acuicultura. Paradójicamente, esa delegación podría ser la mejor oportunidad en casi dos décadas para revertir un error estructural del propio Estado.

La evidencia es clara, no faltaron recursos, faltó decisión. Y ahora, con facultades extraordinarias en la mano, el Estado corregiría un error creado por él mismo.

LA DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA

El proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, simplificación administrativa y otros ámbitos estratégicos del Estado, se sustenta en una extensa exposición de motivos contenida en un documento de 436 páginas.

https://www.dropbox.com/scl/fi/lhfwjqs6163sai20zenvp/Exposici-n-de-Motivos-Delegaci-n-de-facultades-VF.pdf?rlkey=19m75vyo5fbpsb64l0wyu3oeu&dl=0

La inclusión de la pesca y acuicultura en la delegación de facultades abre un margen para reformas institucionales largamente postergadas, en especial en capacitación y capital humano.

En cuanto a pesca y acuicultura, la exposición de motivos consta de 17 páginas, de las cuales este artículo detalla algunos párrafos muy interesantes e importantes que nunca han sido tocados en los últimos años, destacando el tema del FONDEPES y de la capacitación.

La delegación de facultades legislativas en pesca y acuicultura significa una oportunidad para corregir distorsiones acumuladas. En particular, para redefinir el rol del FONDEPES hacia un enfoque más equilibrado entre infraestructura, financiamiento productivo y formación técnica, componente crítico para la productividad de la pesca artesanal y la acuicultura.

Esta propuesta en cuanto al FONDEPES se refiere, se convierte en una de las mejores iniciativas de los últimos 17 años. Se están tocando puntos importantes y sensibles que justifican el otorgamiento de facultades por cuanto permitirán actuar sobre temas que nadie ha querido tocar antes.

Cabe mencionar que en 2023 se presentó el PROYECTO DE LEY 5365/2022-CR DE CREACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL DEL PERU a través del despacho de la congresista Monteza, el cual no contó con opinión favorable del Ministerio de la Producción de acuerdo a su oficio 107-2024/PRODUCE/SG. Este proyecto pretendía corregir lo que ahora en la delegación de facultadas solicitadas se vuelve a poner en agenda.

Resaltan los siguientes párrafos de la exposición de motivos:

Del objeto de la regulación materia del pedido de facultades legislativas en materia de pesca y acuicultura

Al respecto , cabe señalar que, la regulación planteada tiene por objetivo fortalecer y modernizar el marco normativo de las actividades pesqueras y acuícolas y de los derechos derivados de estas, promoviendo una gobernanza moderna, eficiente y articulada que permita asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos, la conservación de los ecosistemas acuáticos, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y social de las comunidades vinculadas a la pesca y la acuicultura y la competitividad de toda su cadena de valor. Para ello, se busca consolidar un marco regulatorio sustentado en la mejor evidencia científica disponible, el enfoque precautorio y el manejo adaptativo de las pesquerías y de la acuicultura, que permita responder oportunamente a la dinámica de los recursos hidrobiológicos y a las condiciones ambientales y oceanográficas que caracterizan al país, y atienda a las necesidades actuales de dichas actividades productivas.

Con dicho propósito, la regulación busca fortalecer la productividad, la competitividad económica y el desarrollo sostenible del sector; consolidar la investigación científica como base para la adopción de decisiones de ordenamiento; perfeccionar la clasificación de la flota pesquera marítima como instrumento para una gestión diferenciada de los distintos segmentos de flota; fortalecer la fiscalización y sanción de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; mejorar la gestión y seguridad de la infraestructura pesquera artesanal; promover la innovación; fortalecer la sanidad e inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos, así como de los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura; y generar mejores condiciones para el procesamiento, la transformación, la comercialización, el acceso al financiamiento y a los mercados, contribuyendo al incremento de la productividad y competitividad del sector.

FONDEPES

“Ahora bien, en lo que corresponde a la gestión y seguridad de las infraestructuras pesqueras artesanales, innovación, formalización de los agentes en pesca y capacitación certificada en materia pesquera y técnico productiva, es preciso señalar que lo planteado se encuentra referido al fortalecimiento del FONDEPES y labor a nivel de infraestructura pesquera y dotación necesaria para la asistencia técnica al pescador en beneficio de la actividad pesquera nacional, a través de i) la incorporación de mecanismos de financiamiento y gestión destinados a la modernización de la infraestructura pesquera artesanal, mediante la creación de esquemas de cofinanciamiento con los gobiernos regionales y locales, la constitución de fideicomisos para la ejecución y mantenimiento de infraestructura, la administración de recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo de la Pesca Artesanal y otras fuentes de cooperación nacional e internacional, beneficios excepcionales a los créditos otorgados por FONDEPES; ii) facultar a dicha institución a desarrollar cursos para la formalización y de seguridad de la vida humana en el mar, en favor de los pescadores artesanales en los ámbitos marítimo y continental, con la finalidad de promover la formalización y el fortalecimiento de capacidades para mejorar la competitividad de los pescadores artesanales, sin perjuicio de las competencias asignadas a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI); y, iii) fortalecer la creación, organización, gestión, inversión y financiamiento de los Centros de Entrenamiento Pesqueros del ámbito nacional de competencia del FONDEPES, a fin de lograr sus autosostenibilidad y mayor cobertura.

En lo que respecta al punto ii) señalado en el numeral 3.40 del presente informe, se debe acotar que, los pescadores artesanales de los ámbitos marítimo, lacustre y fluvial enfrentan dificultades para acceder oportunamente a los cursos y programas de capacitación requeridos para su formalización y el fortalecimiento de sus capacidades técnico-productivas. Una de las principales limitaciones se presenta debido a que FONDEPES no puede desarrollar determinados programas de capacitación en localidades donde existen centros de capacitación o entrenamiento autorizados de carácter privado, lo que restringe la capacidad del Estado para ampliar su oferta de servicios y atender directamente la demanda de los pescadores artesanales. Esta situación puede generar brechas territoriales de acceso a la capacitación, especialmente cuando la oferta privada existente no resulta suficiente, oportuna o accesible para atender las necesidades del sector.

Asimismo, la estructura y duración de los programas de capacitación deben considerar las características particulares de la actividad pesquera artesanal. Los pescadores desarrollan sus actividades en función de las temporadas de pesca, las condiciones oceanográficas, la disponibilidad de los recursos y las jornadas propias de cada faena, por lo que programas formativos extensos pueden dificultar su participación y generar un costo de oportunidad significativo al tener que interrumpir o reducir sus actividades productivas. En ese sentido, resulta necesario adecuar la malla curricular y las modalidades de capacitación a la realidad del sector, priorizando cursos de duración razonable, contenidos pertinentes y modalidades que permitan su desarrollo durante los periodos disponibles entre faenas.

En ese contexto, la propuesta permitirá que FONDEPES pueda desarrollar programas de capacitación y formalización a nivel nacional, sin que la existencia de centros de capacitación o entrenamiento privados autorizados constituya una limitación para su intervención, dentro del marco de las competencias y estándares que correspondan a la Autoridad Marítima Nacional – DICAPI. De esta manera se podrá ampliar la cobertura de los servicios públicos de capacitación, atender brechas territoriales y brindar mayores oportunidades a los pescadores artesanales que actualmente enfrentan dificultades para acceder a estos servicios, contribuyendo a acelerar sus procesos de formalización.

Asimismo, la adecuación de la malla curricular permitirá que los programas de capacitación respondan de manera efectiva a las características y dinámica de la actividad pesquera artesanal, mediante cursos breves, modulares y compatibles con los periodos entre faenas, sin afectar los contenidos esenciales ni los estándares técnicos y de seguridad exigibles. Con ello, se busca reducir las barreras que actualmente dificultan la participación de los pescadores, mejorar las tasas de culminación de los programas de capacitación y fortalecer sus competencias para el desarrollo seguro, formal y competitivo de sus actividades.

En lo que refiere al punto iii) señalado en el numeral 3.40 del presente informe, se debe indicar que, de acuerdo a lo comunicado por FONDEPES, en el marco de sus competencias institucionales orientadas al fortalecimiento de la pesca artesanal y al desarrollo de capacidades de sus agentes, requiere contar con un marco normativo que le permita optimizar, ampliar y fortalecer la prestación de servicios de formación, capacitación y entrenamiento técnico a nivel nacional.

En esa línea la cita entidad señal que, la problemática radica en que los Centros de Entrenamiento Pesquero (CEP) de Paita, Pucusana e Ilo se encuentran sujetos a limitaciones normativas, organizacionales, operativas (comercializar los servicios) y financieras que restringen su capacidad para optimizar la infraestructura y equipamiento disponibles, modernizar la formación técnico productiva y ampliar de manera descentralizada la oferta de capacitación y formalización de los agentes de la pesca artesanal en los ámbitos marítimo, lacustre y fluvial. Estas restricciones han limitado la renovación tecnológica de equipos especializados como simuladores, talleres de motores, embarcaciones y unidades de procesamiento, así como el desarrollo de servicios de capacitación y asistencia técnica vinculados a sus competencias que permitan optimizar la capacidad instalada y generar recursos directamente recaudados, conforme al marco legal aplicable. Asimismo, la cobertura territorial resulta insuficiente frente a la creciente demanda de formación y formalización, particularmente en zonas alejadas y de difícil acceso; por ello, el marco normativo vigente resulta insuficiente para implementar mecanismos modernos de organización, gestión, inversión y financiamiento que fortalezcan la capacidad operativa, sostenibilidad y cobertura nacional de los CEP, requiriéndose una habilitación legislativa que permita al FONDEPES adecuar y modernizar su marco jurídico e institucional.

Asimismo, las restricciones existentes para el desarrollo y prestación de servicios especializados de capacitación y entrenamiento limitan el aprovechamiento integral de la infraestructura, equipamiento, talleres, ambientes académicos y demás capacidades instaladas de los CEP, generando una baja utilización de su potencial operativo y reduciendo las posibilidades de mejorar progresivamente su sostenibilidad institucional.

Esta situación adquiere especial relevancia frente a la necesidad de atender la demanda nacional de cursos de formalización vinculados a la actividad pesquera artesanal, particularmente aquellos requeridos para el cumplimiento de las exigencias aplicables a la seguridad de la navegación, competencias de la gente de mar y demás requisitos vinculados al proceso de formalización de los pescadores artesanales.

En tal sentido, de acuerdo a lo indicado por el FONDEPES resultaría necesario establecer un marco legal que permita a dicha institución fortalecer y modernizar sus Centros de Entrenamiento Pesquero, dotándolos de mecanismos adecuados para su organización, gestión, inversión, articulación interinstitucional y financiamiento, de manera que puedan constituirse en plataformas especializadas para la formación y formalización de los agentes de la pesca artesanal en los ámbitos marítimo, lacustre y fluvial, en coordinación con las entidades competentes que a la fecha es restrictiva la normativa. La problemática descrita evidencia la necesidad de adoptar medidas legislativas que permitan superar las actuales restricciones y establecer condiciones jurídicas e institucionales que posibiliten una gestión más eficiente, descentralizada, sostenible y orientada a resultados de los servicios de capacitación y entrenamiento brindados por el FONDEPES.

Se considera que la adopción de las medidas legislativas propuestas permitirá fortalecer el proceso de formalización de los agentes de la pesca artesanal a nivel nacional, ampliando progresivamente la cobertura de los servicios de capacitación, formación y entrenamiento en los ámbitos marítimo, lacustre y fluvial.

En particular, permitirá fortalecer a los Centros de Entrenamiento Pesquero de Paita, Pucusana e Ilo como unidades especializadas para la prestación de servicios de formación y entrenamiento, optimizando el uso de su infraestructura, equipamiento y recursos humanos, así como mejorando sus niveles de ocupabilidad y aprovechamiento de la capacidad instalada.

Asimismo, un marco normativo fortalecido permitirá establecer mecanismos de organización, gestión, inversión y financiamiento que contribuyan a mejorar la eficiencia operativa de los CEP y a generar condiciones progresivas para su sostenibilidad financiera, dentro del marco de las normas que regulan la administración financiera y presupuestaria del Estado.

Lo planteado también permitirá ampliar la cobertura territorial mediante mecanismos de articulación con gobiernos regionales, gobiernos locales, organizaciones sociales de pescadores artesanales, universidades y otras entidades públicas y privadas, facilitando la implementación de modalidades descentralizadas, itinerantes y/o complementarias de capacitación, particularmente en zonas alejadas y de difícil acceso. De igual manera, permitirá fortalecer la capacidad institucional del FONDEPES para desarrollar y actualizar su oferta formativa de acuerdo con las necesidades del sector pesquero artesanal y con los estándares técnicos y de seguridad aplicables a cada ámbito de navegación, promoviendo la incorporación de tecnologías educativas, simuladores, talleres especializados, embarcaciones de instrucción y metodologías de formación de adultos.

En consecuencia, la delegación de facultades legislativas permitiría establecer las condiciones normativas necesarias para que el FONDEPES, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las autoridades sectoriales competentes, pueda fortalecer, modernizar y ampliar la capacidad de sus Centros de Entrenamiento Pesquero para atender los procesos de formación y formalización de los agentes de la pesca artesanal en los ámbitos marítimo, lacustre y fluvial, contribuyendo al cierre de brechas de capacitación y al fortalecimiento de la institucionalidad del sector.

En atención al marco normativo señalado, es preciso indicar que, la delegación de facultades legislativas constituye un mecanismo constitucionalmente previsto que permite al Congreso de la República habilitar temporalmente al Poder Ejecutivo para legislar mediante decretos legislativos sobre materias específicas determinadas en la ley autoritativa. Siendo que, en el presente caso, las medidas propuestas se encuentran delimitadas materialmente al subsector pesca y acuicultura y responden a problemáticas concretas identificadas por los órganos y entidades competentes, respecto de las cuales el presente informe desarrolla su diagnóstico, necesidad y beneficios esperados.

Por lo antes expuesto, considerando la información proporcionada por los órganos e instancias competentes que forman parte del subsector pesca y acuicultura, y de conformidad con los argumentos señalados en el presente informe se consideraría pertinente continuar con el trámite correspondiente para realizar el pedido de facultades legislativas al Congreso de la República para la dación de las siguientes medidas en materia de pesca y acuicultura:

· Fortalecer y modernizar el marco normativo de las actividades pesqueras y acuícolas en su cadena de valor, y los derechos generados por ésta, incluyendo su productividad, competitividad económica, desarrollo sostenible, investigación científica, clasificación de la flota pesquera marítima, fiscalización y sanción para la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, gestión y seguridad de las infraestructuras pesqueras artesanales, innovación, sanidad e inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos, alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura, procesamiento, transformación, comercialización, financiamiento y acceso a mercados.

· Formalizar las embarcaciones artesanales del ámbito continental, así como de los agentes en pesca y acuicultura; y capacitación certificada en materia pesquera y técnico productiva.

· Crear mecanismos de protección ante fenómenos climáticos, así como para dinamizar la actividad pesquera artesanal, de menor y mayor escala, considerando las diversas características geográficas del litoral y oceanográfica del medio marino, en particular en la zona sur del Perú.

· Crear un Fondo para el Desarrollo de la Pesca Artesanal, de naturaleza privada, que se financie con aportes voluntarios o contraprestaciones, sin demandar recursos del Tesoro Público.

· Modificar la gestión y administración de los permisos de pesca emitidos por el Ministerio de la Producción y gobiernos regionales.

· Creación del registro nacional de los permisos de pesca mediante la interoperabilidad entre las autoridades competentes.

Formalización y fortalecimiento de capacidades

Decreto Legislativo que fortalece al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), incorporando mecanismos de financiamiento y gestión destinados a la modernización de la infraestructura pesquera artesanal, mediante la creación de esquemas de cofinanciamiento con los gobiernos regionales y locales, la constitución de fideicomisos para la ejecución y mantenimiento de infraestructura, la administración de recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo de la Pesca Artesanal y otras fuentes de cooperación nacional e internacional. Así como beneficios excepcionales a los créditos otorgados por FONDEPES

Decreto Legislativo que faculta al FONDEPES a desarrollar cursos para la formalización y de seguridad de la vida humana en el mar, en favor de los pescadores artesanales en los ámbitos marítimo y continental, con la finalidad de promover la formalización y el fortalecimiento de capacidades para mejorar la competitividad de los pescadores artesanales, sin perjuicio de las competencias asignadas a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI).

Decreto Legislativo que establece disposiciones destinadas cerrar la brecha en los procesos de formalización de las embarcaciones artesanales del ámbito continental, fortalecer el cumplimiento de los requisitos para la formalización de los agentes acuícolas, y promover la capacitación certificada en materia pesquera y técnico-productiva; mediante la simplificación y estandarización de los procedimientos administrativos para el otorgamiento de títulos habilitantes y reconocimiento de los agentes de la pesca y la acuicultura, asegurando que dichas medidas sean compatibles con los objetivos del ordenamiento pesquero y acuícola y no comprometan la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos ni generen un incremento del esfuerzo pesquero y capacidad de los ecosistemas.

Fortalecer la creación, organización, gestión, inversión y financiamiento de los Centros de Entrenamiento Pesqueros del ámbito nacional de competencia del FONDEPES, a fin de lograr su autosostenibilidad y mayor cobertura.

EL DINERO DE LA PESCA YA NO ES DE LA PESCA

2026-08-24T16:29:27.003-05:00

DERECHOS DE PESCA: DE RECURSO SECTORIAL A INGRESO FISCAL

El D.S. 043-2022-EF redefine su naturaleza y uso presupuestal

Disimuladamente, oculto dentro del enmarañado laberinto de un decreto supremo, el sector pesquero ha sido sorprendido al haberse modificado la normativa de los derechos de pesca, tal como se detalla en el siguiente link:

https://revistapesca.blogspot.com/2026/08/el-ministerio-de-economia-y-finanzas-y.html

Lo más censurable y cuestionable en este tema es que los ministros de la Producción y Funcionarios del PRODUCE desde 2022, fecha en que se promulga esta norma, ocultaron el problema al sector pesquero.

La Ley General de Pesca tiene una regla: Los derechos de pesca son recursos propios del sector. Su destino está vinculado al desarrollo pesquero de acuerdo a la metodología diseñada en la propia norma.

La lógica original era que el que cobra (PRODUCE), lo usa para el sector.

Lo que pasa en la práctica fiscal (MEF) es que la recaudación entra al Tesoro Público (caja única). Desde ahí, el MEF decide su asignación vía presupuesto.

El dinero deja de ser “sectorial puro” y pasa a ser ingreso fiscal general parcialmente redistribuido.

¿El MEF lo devuelve a PRODUCE? No automáticamente.

No existe una regla vigente que obligue al MEF a devolver el total de lo recaudado a PRODUCE, ni respetar el destino sectorial original en forma directa.

Lo que sí existe es el presupuesto anual puede asignar recursos a PRODUCE, pero eso depende de decisiones fiscales, no de una “afectación automática” de los derechos de pesca.

Aquí está el problema de fondo: La norma sectorial dice que los derechos son para el desarrollo pesquero. Pero bajo la norma fiscal de la que se habla, el dinero entra a la caja única y se redistribuye.

El MEF recibe y administra esos recursos. Parte va al canon (regiones y municipios). El resto entra a la lógica general del presupuesto. No hay garantía de retorno directo a PRODUCE ni de uso sectorial específico.

Son pocas las especies hidrobiológicas afectas a pagar derechos de pesca, así como también son pocos los armadores y/o empresas obligados a pagar; pero ¿no tenían, no tienen y no tiene todo el sector el derecho de ser informados sobre el empleo que se le da a esa “tasa” llamada derechos de pesca?

Existe un vacío el cual consiste en que hoy nadie puede responder con claridad pública cuánto recauda pesca, cuánto va a canon, cuánto vuelve a PRODUCE, cuánto se pierde en la caja general

El sector tiene derecho a saberlo…” porque no hay trazabilidad pública clara de cuánto se recauda, cuánto va a canon, cuánto retorna al sector, si es que lo hace, y/o en todo caso en qué se emplea.

La conclusión es que el D.S. 043-2022-EF convierte esto en un cambio de fondo: Los derechos de pesca dejaron de ser, en la práctica, recursos del sector pesca. Pasaron a ser recursos fiscales generales administrados por el MEF.

¿Alguien lo cuestionó, alguien reclamó, alguien informó? No que sepamos.

Si el Ministerio de la Producción empezó a depositar en la cuenta del tesoro público la recaudación de los derechos de pesca ¿qué ha hecho el MEF con ese dinero? ¿Lo ha transferido a PRODUCE para que se aplique de acuerdo a la ley general de pesca?

El sector tiene derecho a saberlo y las autoridades tienen el deber de informarlo.

Si nada de esto ocurre, si el MEF está utilizando ese dinero para gastos que no se ajustan al mandato de la Ley General de Pesca, alguien debería corregir la situación a través de algún procedimiento administrativo.

Si no ocurriese así, alguien debería presentar una queja o reclamo formal ante la autoridad que corresponda.

Finalmente, podría llevarse la discusión al Tribunal Constitucional si no hubiese solución administrativa.

Esto deja de ser un tema legal y se vuelve un problema político.

CÓMO SE EJECUTA EN LA PRÁCTICA ( A NIVEL SIAF)

El MEF lo operacionaliza así:

Tipo de operación:

“Traslado de Recursos Ordinarios al Tesoro D.S. 043-2022-EF”

Comprobante:

T-6 (depósito al Tesoro Público)

Registro: en el SIAF como ingreso del Tesoro.

Y además la Dirección del Tesoro traslada directamente los saldos de cuentas bancarias. En la práctica no es solo norma, es asiento contable obligatorio. El sistema financiero público lo ejecuta automáticamente

La responsabilidad se ha invertido. Antes PRODUCE recaudaba y disponía. Ahora PRODUCE cobra, registra y transfiere. Pero no dispone del dinero

El flujo real queda así:

Empresa paga derecho de pesca, PRODUCE recauda, registra en SIAF, emite T-6, deposita en CUT

Tesoro consolida, el MEF decide gasto vía presupuesto.

El traslado no es “político” ni discrecional.

Está formalizado en tres niveles:

1. Norma sustantiva que convierte ingresos en recursos del Tesoro

2. Obligación operativa que ordena el depósito inmediato

3. Mecanismo contable y bancario que ejecuta el traslado (CUT + SIAF + T-6)

El D.S. 043-2022-EF no “coordina” el traslado, lo impone jurídicamente, lo ejecuta financieramente y lo registra contablemente. Y con eso el sector pierde control material sobre lo que recauda.

Ahí es donde esto se vuelve un problema para la pesca.

¿HAY INFRACCION CONSTITUCIONAL?

1. ¿Qué derecho constitucional estaría en juego?

El punto clave es este principio: Participación de las regiones en la renta de los recursos naturales

Esto está reconocido en el Artículo 77 de la Constitución peruana → el canon es participación en los ingresos por explotación de recursos. Desarrollo legal en la Ley de Canon (Ley 27506). El canon no es discrecional. Es un derecho de distribución territorial de renta pública.

2. La tesis de inconstitucionalidad

La impugnación podría estructurarse argumentando que el DS 043-2022-EF altera indirectamente la base del canon sin modificar la Ley de Canon ni la Ley General de Pesca.

Línea argumental

Violación de jerarquía normativa

La Ley General de Pesca define a los derechos de pesca como ingreso del sector

La Ley de Canon incluye a los derechos de pesca dentro del canon

Un Decreto Supremo no puede alterar esa estructura material

Problema constitucional:

Reglamento vs ley

Afectación indirecta del canon. No se elimina el canon, pero se cambia la naturaleza del ingreso, se diluye su identificación, se centraliza su uso. El Resultado es que se reduce o debilita la base sobre la cual se calcula el canon.

Vulneración del principio de participación territorial. El Tribunal Constitucional del Perú ha sostenido en varias sentencias que el canon busca compensar a las zonas productoras y está ligado a la renta del recurso natural. Si se convierte esa renta en “tasa administrativa”, se rompe el vínculo entre recurso y territorio.

3. ¿Cuál sería la vía procesal?

Hay dos caminos posibles:

-Acción de inconstitucionalidad Contra el DS 043-2022-EF, ejecutada por gobiernos regionales, congresistas, u otros. El problema es que el TC suele ser restrictivo con decretos supremos. Podría decir: “no hay afectación directa”.

-Proceso competencial o acción popular, que sería más viable en la práctica, ya que el argumento seria que el MEF invade competencias sectoriales (PRODUCE) y altera el régimen económico definido por ley.

4. Defensa probable del Estado (MEF)

El MEF tiene argumentos que no son débiles:

1. No se modifica el canon porque la fórmula legal sigue intacta.

2. Solo es gestión de tesorería, ya la CUT es un mecanismo administrativo, no sustantivo.

3. Los ingresos siguen existiendo y los derechos de pesca no desaparecen, solo cambian de canal de administración.

Este argumento apunta a que “no se afecta el derecho, solo la caja”.

5. ¿Dónde se gana o se pierde el caso?

El Estado no eliminó el canon, pero está alterando silenciosamente la renta que lo alimenta.

EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y LA CAPTURA DE LOS DERECHOS DE PESCA

2026-08-23T11:23:36.944-05:00

Alfonso Miranda, en el link que sigue, nos hace conocer un detalle poco conocido sobre lo que está ocurriendo con los derechos de pesca.

https://www.expreso.com.pe/opinion/el-mar-que-paga-y-el-mef-que-resta/?fbclid=IwY2xjawT35G5wZG9mAWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR6zu8bA8mm4HAQhuK2ZyvDLK0qx6DW5Mcp7nKxS07GWiVR_Jd3CZ5rX4gFNww_aem_PewcyUlL-a7UcFpagWFt-Q

“Sucede que desde 2022, mediante el Decreto Supremo 043-2022-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redefinió los derechos de pesca como una “tasa” tributaria ordinaria y ordenó que se depositen directamente en la Cuenta Única del Tesoro Público.

El resultado es que PRODUCE ya no retiene un sol de esos ingresos. Solo el 50% va al canon pesquero para gobiernos regionales y locales, y el otro 50% se diluye en la caja fiscal general. El artículo 27 del Reglamento de la Ley General de Pesca, que permite destinar hasta 25% de esos fondos a investigación, sigue vigente en el papel, pero es letra muerta: PRODUCE simplemente no tiene el dinero necesario”.

La norma existe, pero hay que hacer una precisión importante: el Decreto Supremo N° 043-2022-EF no redefine expresamente los derechos de pesca como “tasa tributaria”, sino que hace algo más amplio y estructural dentro del sistema de tesorería.

¿Qué dice el Decreto Supremo 043-2022-EF? Este decreto, emitido en marzo de 2022, desarrolla el Decreto Legislativo N° 1441 y establece que:

Los ingresos que recauden las entidades públicas por “tasas” (incluyendo derechos, licencias, etc.) pasan a ser recursos del Tesoro Público.

A partir de 2023, estos ingresos deben depositarse obligatoriamente en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) administrada por el MEF. Las entidades (como PRODUCE) dejan de manejar directamente esos recursos y actúan solo como recaudadoras. En términos simples, centraliza en el MEF todos los ingresos públicos que califican como tasas u otros recursos.

¿Dónde entra el tema de los derechos de pesca?

El decreto no menciona específicamente “derechos de pesca”.

Pero, al incluir dentro de “tasas” a los ingresos por derechos, licencias u otros cobros regulatorios, abre la puerta a que los derechos de pesca sean tratados operativamente como una tasa administrativa y por tanto deban ir a la Cuenta Única del Tesoro. Esto es una interpretación funcional del MEF, no una redefinición legal expresa en la Ley General de Pesca.

En conclusión el DS 043-2022-EF sí obliga a depositar ingresos en la CUT; no redefine explícitamente los derechos de pesca como tributo; lo que hace es subsumirlos dentro del régimen general de “tasas” del Tesoro Público.

Lo que ocurrió en la práctica es que el MEF no cambió la naturaleza jurídica de los derechos de pesca por ley, pero sí los capturó financieramente, tratándolos como tasas para centralizar su uso. Eso perjudica al sector pesquero.

Sin embargo, en la práctica ¿está ocurriendo así? ¿PRODUCE está realmente depositando la recaudación de los derechos de pesca en la cuenta única del tesoro público? ¿Por qué el sector nunca fue públicamente informado de esta situación?

La realidad nos ha mostrado que el Ministerio de la Producción nunca exhibió información alguna sobre la recaudación de los derechos de pesca y el destino que le dio al 50% que retenía según la norma.

Cuando esto pasa al MEF de acuerdo a lo analizado en este artículo, podría haberse esperado mayor transparencia sobre el destino de esa recaudación. Pero tampoco ha ocurrido así. El hecho es que bien sea Produce o el MEF, la información sigue siendo opaca, no transparente y oculta. El 50% de los derechos de pesca afectados estaban insertos en una norma amplia, que muy pocos deben haber leído.

Por tanto, casi nadie estaba enterado de lo que había ocurrido. Nadie le dijo al sector pesquero lo que había ocurrido, hasta el día de hoy, gracias al artículo de Alfonso Miranda.

Este DS puede leerse en el siguiente link:

https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/2851371-043-2022-ef/

LOS DERECHOS DE PESCA Y EL CANON PESQUERO EN SILENCIO: CÓMO SE PRIVA DE UN RECURSO FINANCIERO A UNA ENTIDAD SIN CAMBIAR LA LEY

No hubo debate en el Congreso. No hubo reforma de la Ley de Pesca.

Desde 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió centralizar los ingresos públicos bajo la Cuenta Única del Tesoro. En apariencia, una medida técnica, casi contable. En la práctica, un giro profundo ya que los derechos de pesca, que históricamente formaban parte de la renta del recurso, pasan a diluirse en la caja fiscal.

La centralización de los derechos de pesca en la Cuenta Única del Tesoro no cambia la norma, pero sí puede alterar la renta que alimenta el canon. Sin reforma legal, el vínculo entre recurso, territorio y distribución empieza a diluirse.

El MEF no eliminó el canon pesquero, pero al redefinir en la práctica los derechos de pesca como ingresos fiscales generales, debilita su base económica. El resultado es menos claridad, más centralización y un canon cada vez más desconectado de la renta real del mar.

Ese es el problema. El canon pesquero no es un gasto discrecional del Estado. Es un derecho. Surge de un principio constitucional: las regiones donde se explotan recursos naturales deben participar de esa renta. No es caridad. Es distribución. Es equilibrio territorial.

Pero ese principio tiene una condición básica, que la renta exista, que sea identificable y que esté vinculada al recurso. Eso es exactamente lo que se está erosionando.

La Ley General de Pesca nunca definió los derechos de pesca como un tributo. Los concibió como una contraprestación por acceder a un recurso natural. Es decir, como parte de la renta del mar. Por eso, la Ley de Canon los incluye expresamente en la base de cálculo que se distribuye a regiones y municipios.

El diseño es coherente ya que se pesca un recurso público, se genera renta, y esa renta se comparte. El problema es que ese diseño está siendo desplazado sin cambiar una sola línea de la ley.

Al tratar los derechos de pesca como una “tasa” y obligar su depósito en la Cuenta Única del Tesoro, el MEF introduce un cambio silencioso pero decisivo: transforma un ingreso vinculado al recurso en un flujo fiscal genérico. Ya no importa de dónde viene. Importa que entre.

Y cuando la renta pierde identidad, también pierde destino.

Aquí no hay una derogatoria explícita del canon ni de los derechos de pesca. No hace falta. Basta con romper el vínculo entre el recurso, la recaudación y la utilización. Basta con convertir una renta sectorial en caja común.

El resultado es predecible: el canon y los derechos de pesca no desaparecen, pero se debilitan. Se vuelven más opaco. Más dependiente de decisiones administrativas. Menos anclado a la realidad productiva que supuestamente compensa.

Eso tiene consecuencias políticas claras. Porque cuando el canon deja de reflejar la explotación del recurso, las regiones dejan de participar realmente de esa riqueza. Siguen recibiendo transferencias, sí, pero cada vez más desconectadas de la renta que deberían representar.

Es, en los hechos, una recentralización.

El MEF dirá que nada ha cambiado. Que el canon sigue calculándose. Que los recursos siguen existiendo. Que todo es solo un tema de orden financiero. Pero ese argumento omite lo esencial: no se trata solo de cuánto se recauda, sino de qué se considera renta del recurso.

Y esa definición está siendo desplazada sin debate.

El riesgo no es jurídico en abstracto. Es concreto. Si los derechos de pesca dejan de ser tratados como renta del recurso, el canon pierde una de sus bases más importantes. Y con ello, pierde legitimidad.

Lo más grave es que este cambio no pasó por el Congreso ni por una reforma estructural. Se hizo por la vía administrativa, bajo el lenguaje técnico de la tesorería pública. Sin ruido. Sin discusión. Sin costo político inmediato. Pero con efectos reales. Porque al final, el canon no se elimina con una ley. Se vacía cuando se redefine, en silencio, aquello que lo sostiene.

¿HAY CONFLICTO JURÍDICO REAL CON LA LEY GENERAL DE PESCA Y SU REGLAMENTO?

Cuando se cruza el DS 043-2022-EF con la Ley General de Pesca (LGP) y su reglamento, aparece una tensión real, no solo política, en la naturaleza y destino de los derechos de pesca.

1. Qué dice la Ley General de Pesca. El artículo 45 de la LGP es clarísimo:

Los derechos por permisos, licencias y concesiones son condición para acceder al recurso, su monto y forma los fija PRODUCE y, clave: “constituyen recursos propios del Ministerio de Pesquería”. Además, el reglamento desarrolla esto como: Un pago vinculado a la explotación del recurso (volumen, destino, etc.). Un mecanismo económico dentro del ordenamiento pesquero, no del sistema tributario.

Los derechos de pesca no nacen como tributo, sino como contraprestación administrativa por acceso a un recurso natural.

2. Qué hace el sistema fiscal (canon + MEF)

Luego aparece el otro bloque normativo, la Ley de Canon. El canon pesquero incluye el 50% del Impuesto a la Renta más los derechos de pesca.

Esto implica que el Estado reconoce los derechos de pesca como ingresos derivados de la explotación del recurso natural, no como simple tasa administrativa.

LO NUEVO DEL DS 043-2022-EF

Ordena que ingresos por “tasas”: vayan a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Y en la práctica absorbe financieramente lo que antes eran “recursos propios” de PRODUCE.

3. Dónde está el conflicto jurídico real

El destino de los recursos, de acuerdo a la LGP (art. 45) son recursos propios del sector pesquero.

Según el DS 043-2022-EF los recursos son centralizados en el Tesoro Público.

El problema es que un decreto supremo está alterando el destino fijado por una norma con rango de ley.

La LGP + su reglamento indica que son un derecho administrativo por acceso a recurso; pero el MEF (interpretación operativa) lo trata como tasa del sistema tributario.

El problema es que no se puede convertir de facto una contraprestación sectorial en tributo general sin ley expresa.

4. ¿Es inconstitucional o solo tensión?

No es automáticamente inconstitucional, pero sí hay dos vulnerabilidades claras:

1. Reserva de ley tributaria

Si los derechos de pesca pasan a ser “tasa”, debería haber ley expresa, no solo reglamento financiero.

2. Jerarquía normativa. Un DS no puede modificar el contenido material de una ley y aquí el destino (“recursos propios”) sí es contenido sustantivo

5. Conclusión

Sí, hay conflicto. Y es serio: El régimen fiscal (MEF) está reconfigurando en la práctica lo que la Ley General de Pesca diseñó como un instrumento sectorial. No es solo contabilidad pública. Esto es un desplazamiento de poder desde PRODUCE hacia el MEF, sin reforma legal explícita de la Ley General de Pesca.

No se reformó la Ley de Pesca, pero se vació su contenido económico desde el Tesoro.

¿AFECTA EL CANON PESQUERO?

Sí y acá es donde el tema se vuelve más delicado jurídicamente de lo que parece ´porque el esquema introducido por el MEF sí tiene potencial de afectar el canon pesquero, aunque no necesariamente lo anula. Lo que hace es tensionar su base de cálculo y su lógica económica.

1. Cómo funciona realmente el canon pesquero

La Ley de Canon (Ley 27506) es clarísima:

El canon pesquero es: 50% del Impuesto a la Renta + derechos de pesca.

Y más importante aún: es una participación de los gobiernos regionales y locales en los ingresos que percibe el Estado por la explotación del recurso

Traducción clave:

El canon no es un gasto, ni una asignación discrecional. Es una participación automática sobre una base económica definida por ley.

2. Punto crítico: los derechos de pesca SON parte estructural del canon. El reglamento lo dice sin rodeos:

El canon incluye: “los derechos de pesca a que se refiere la Ley General de Pesca”

Esto implica que si se cambia la naturaleza, el flujo o la base de los derechos de pesca, se está tocando directamente el canon.

3. ¿Qué cambia con el DS 043-2022-EF?

Recordemos el efecto real:

Centraliza ingresos en la Cuenta Única del Tesoro, trata operativamente los derechos como “tasas”, quita a PRODUCE control directo sobre esos recursos.

Esto genera tres efectos posibles sobre el canon:

4. Impacto 1: riesgo sobre la BASE del canon. El canon se calcula sobre “ingresos y rentas que percibe el Estado”. Pero antes: los derechos de pesca eran ingreso sectorial claramente identificado

Ahora pueden diluirse dentro del pool general del Tesoro, con el riesgo de que: e pierde trazabilidad directa del ingreso pesquero, lo que abre espacio a reinterpretaciones sobre qué entra o no al canon

5. Impacto 2: cambio de naturaleza económica. El canon está diseñado sobre la lógica de la captura de renta del recurso natural. Pero el MEF empuja otra lógica: recaudación fiscal general (tasa)

Esto genera una distorsión: Si los derechos pasan a verse como “tasa administrativa” dejan de ser claramente renta del recurso. Y eso choca con la base conceptual del canon, que es la participación territorial en la explotación del recurso

6. Impacto 3: control político del flujo

Antes PRODUCE definía, recaudaba y tenía control técnico. Ahora el MEF controla la caja (CUT)

Consecuencia: El canon depende más de decisiones fiscales que de la lógica sectorial pesquera. Sin cambiar la ley, se cambia el centro de poder.

7. ¿El canon desaparece o se reduce?

No automáticamente. La ley sigue vigente.

Pero hay tres escenarios reales:

Escenario 1 (formalista)

Nada cambia. El MEF sigue calculando el canon igual. Legalmente correcto, pero depende de voluntad administrativa

Escenario 2 (reinterpretación técnica)

Se redefine qué parte de los derechos califica como “ingreso del recurso”. Puede reducir la base del canon sin cambiar la ley

Escenario 3 (el más crítico)

Se consolida la idea de que los derechos son “tasas administrativas”. Entonces el canon empieza a depender solo del Impuesto a la Renta y no de la renta del recurso

8. Conclusión

El DS 043-2022-EF no modifica la Ley de Canon, pero sí altera las condiciones económicas y administrativas sobre las que el canon se calcula. En términos simples, no cambia la fórmula del canon pero sí puede cambiar lo que entra en la fórmula.

No se tocó el canon por ley, pero se empezó a vaciar su base desde la caja fiscal.

El canon sigue existiendo…pero cada vez tiene menos que repartir.

Es jurídicamente discutible y potencialmente impugnable ante el Tribunal Constitucional del Perú, pero no es un caso automático ni sencillo. Hay base para construir una demanda sólida, aunque también hay defensas fuertes del Estado.

RÉGIMEN ESPECIAL TEMPORAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DE OPORTUNIDAD FRENTE AL FENÓMENO EL NIÑO

2026-08-15T09:43:26.917-05:00

LA POTA Y EL BONITO ¿SON RECURSOS DE OPORTUNIDAD, PLENAMENTE EXPLOTADOS Y ALTAMENTE MIGRATORIOS?

¿SON RECURSOS PLENAMENTE EXPLOTADOS?

¿Es correcto afirmar de forma categórica que la pota (Dosidicus gigas) y el bonito (Sarda chiliensis) estén plenamente explotados en todo momento?

La Pota es un recurso altamente fluctuante. Hay años de alta abundancia donde el esfuerzo pesquero crece rápidamente, lo que genera riesgo de sobrepesca puntual.

En otros años, el stock se aleja o reduce, y la pesquería cae sin necesidad de restricciones fuertes.

En la práctica no está crónicamente sobreexplotada, pero sí puede ser intensamente explotada en picos de disponibilidad.

El Bonito recibe una presión moderada, pero con vacíos de información. Tiene una explotación más estable y costera, principalmente artesanal. No suele figurar como un stock colapsado, pero hay menos evaluación científica sistemática y existe riesgo de subregistro y pesca no monitoreada

En la práctica no hay evidencia sólida de sobreexplotación generalizada, pero tampoco certeza suficiente para afirmar que está plenamente explotado.

Ambas especies están condicionadas por fenómenos como El Niño: Cambian su distribución, entran y salen del dominio peruano y alteran la disponibilidad para la flota. Esto rompe la lógica clásica de “stock plenamente explotado”.

En conclusión, no son recursos típicos plenamente explotados como la anchoveta bajo cuotas. Son recursos dinámicos, con episodios de alta presión. Requieren evaluación continua, no diagnósticos estáticos.

LA “PLENA EXPLOTACIÓN”: CUANDO EL ESTADO SIMPLIFICA LAS COSAS

En el discurso oficial, todo tiende a ordenarse en categorías cómodas: subexplotado, plenamente explotado, sobreexplotado. Etiquetas útiles para informes, pero peligrosamente simplistas cuando se aplican sin matices. La pota (Dosidicus gigas) y el bonito (Sarda chiliensis) son el mejor ejemplo de cómo esa lógica falla.

Decir que estos recursos están “plenamente explotados” suena técnico, pero en realidad es una ficción administrativa. La pota no responde a equilibrios estables: aparece en grandes volúmenes algunos años y prácticamente desaparece en otros. En los picos, la presión pesquera se dispara, no porque haya una estrategia, sino porque nadie quiere perder la oportunidad. En los años malos, el problema no es la sobrepesca, sino la ausencia del recurso. ¿Dónde encaja eso en la etiqueta de “plena explotación”? En ninguna parte.

El bonito, por su lado, es tratado como un recurso menor, casi invisible para la política pública. No porque no sea importante, sino porque no incomoda. La falta de información robusta y monitoreo real permite sostener una cómoda ambigüedad: no está colapsado, pero tampoco sabemos si está bien gestionado. En otras palabras, no se gestiona, sino que se deja estar.

El problema no es técnico, es político. Clasificar a estos recursos como “plenamente explotados” le permite al Estado simular control sin asumir responsabilidad. Es una manera de cerrar el debate, de evitar preguntas incómodas: ¿se está pescando demasiado en los picos? ¿se está perdiendo recurso en alta mar frente a flotas extranjeras? ¿existe realmente una estrategia adaptativa?

Además, esta simplificación ignora lo más evidente: estamos hablando de especies altamente dinámicas, condicionadas por el clima y fenómenos como El Niño. Su disponibilidad cambia en semanas, no en años. Pretender encasillarlas en categorías estáticas no es solo un error conceptual; es una renuncia a gestionar con inteligencia.

La verdad es que la pota y el bonito no están “plenamente explotados”. Están mal entendidos. Y en política pesquera, lo que no se entiende, no se gobierna.

¿QUÉ SIGNIFICA “RECURSO DE OPORTUNIDAD”?

No significa que exista un recurso nuevo. Se trata de una especie cuya disponibilidad o accesibilidad para la flota aumenta temporalmente como consecuencia de determinadas condiciones ambientales, oceanográficas o biológicas.

En 2015, IMARPE informó que las condiciones cálidas habían producido cambios en la dinámica del mar peruano y un acercamiento de especies oceánicas hacia la costa. Identificó, entre otras, al bonito, agujilla, jurel fino y vinciguerria como especies susceptibles de aprovechamiento temporal.

Se refiere a especies cuya disponibilidad es variable en el tiempo y el espacio, dependiendo de condiciones oceanográficas (temperatura, corrientes, productividad). Apariciones irregulares que pueden ser abundantes algunos años y escasas en otros. Pesquerías oportunistas, la flota entra o sale de la pesquería según la disponibilidad. Alta sensibilidad ambiental, eventos como El Niño pueden desplazar o reducir los stocks accesibles.

La Pota es un clásico recurso de oportunidad; su abundancia frente a Perú fluctúa fuertemente.

El Bonito también muestra variabilidad estacional e interanual, aunque con patrones más costeros.

¿QUÉ IMPLICA SER “ALTAMENTE MIGRATORIO”?

Son especies que realizan desplazamientos extensos, a menudo cruzando jurisdicciones (aguas peruanas y alta mar). Se caracterizan por:

Movilidad regional: siguen masas de agua y disponibilidad de alimento.

Gestión compleja: requieren coordinación internacional o, al menos, monitoreo constante.

Dificultad para cuotas rígidas: su presencia no es estable dentro de un solo país.

La Pota es un recurso migratoria en el Pacífico suroriental; se desplaza entre Perú, Chile y alta mar.

El Bonito muestra migraciones costeras amplias a lo largo del Pacífico sudeste, aunque menos oceánicas que la pota.

EL REGIMEN ESPECIAL 2026

En este contexto, se ha autorizado un Régimen Especial Temporal para el aprovechamiento de recursos de oportunidad frente al Fenómeno El Niño Costero con la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 00266-2026-PRODUCE del 13 de agosto de 2026, para el aprovechamiento de recursos de oportunidad frente al Fenómeno El Niño Costero, a partir del día 15 de agosto 2026l y hasta el 30 de abril de 2027, pudiendo modificarse dicho periodo sobre la base de la evidencia científica remitida por el Instituto del Mar del Perú.

El régimen está dirigido a actividades extractivas realizadas con embarcaciones pesqueras de hasta 32.6 metros cúbicos de capacidad de bodega y con permiso de pesca vigente. Estas deberán orientarse a la captura de los recursos incluidos en el listado aprobado como anexo de la resolución. Cuando se trate de recursos plenamente explotados, las embarcaciones deberán contar, además, con autorización de acceso a dichas pesquerías.

Como medida excepcional, los pescadores podrán utilizar artes, aparejos y tamaños de malla distintos de los establecidos en la normativa vigente, siempre que no se trate de métodos expresamente prohibidos. Esta excepción no comprende la red anchovetera de 13 milímetros o media pulgada.

La norma prohíbe el transbordo de recursos hidrobiológicos entre embarcaciones y establece medidas de seguimiento, control y vigilancia. Produce podrá modificar las medidas de conservación, incluidas tallas mínimas, protección del desove y regulación del esfuerzo pesquero, según la evidencia científica

El punto es si esta norma es realmente útil o necesaria en la medida que los recursos a los que se refiere no tienen un reglamento de ordenamiento pesquero que limite u ordene su extracción. Solo existe normatividad sobre las tallas mínimas y artes de pesca, las cuales se origina con la RM Nº 209-2001-PE y posteriores modificaciones, que aprueba la relación de tallas mínimas de captura y tolerancia máxima de ejemplares juveniles de los principales peces marinos e invertebrados, así como la longitud mínima de malla para las operaciones de extracción de recursos hidrobiológicos en todo el litoral.

“¿Cómo debe funcionar el ordenamiento pesquero cuando las condiciones oceanográficas son cada vez más variables?”

En ese escenario, los recursos de oportunidad pueden convertirse en una herramienta de adaptación.

Pero para que funcionen correctamente deberían existir: protocolos científicos previamente definidos; indicadores biológicos de activación; límites de captura; duración máxima; criterios de suspensión automática; trazabilidad de desembarques; monitoreo de tallas; control de capturas incidentales; identificación de beneficiarios; reglas claras de acceso; evaluación económica posterior.

La pregunta es: ¿Solamente los recursos considerados en el anexo de la RM 266 son de oportunidad? ¿No hay otros?

La pota (Dosidicus gigas) y el bonito (Sarda chiliensis) en el Perú suelen clasificarse como recursos de oportunidad y, en distinto grado, altamente migratorios. Pero no han sido considerados en la Resolución que implementa un régimen especial.

Tampoco se ha considerado a los langostinos.

El Régimen Especial Temporal autorizado es de aplicación a las actividades extractivas realizadas con embarcaciones pesqueras de hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega con permiso de pesca vigente, y que se dirijan a la captura de los recursos listados en el Anexo de la Resolución Ministerial, los cuales son:

La Pota es clave para pesca artesanal e industrial orientada a exportación (congelados).

El Bonito es importante para consumo interno y pesca artesanal.

En conjunto, la pota y el bonito exigen una política pesquera adaptativa, basada en ciencia y monitoreo continuo, no en reglas estáticas.

¿Y QUÉ PASA CON LOS LANGOSTINOS?

No están considerados en esta resolución. Sin embargo, el langostino puede encajar materialmente en la categoría de recurso de oportunidad asociado a El Niño, pero no existe una norma general que declare al langostino, por sí mismo y para todo tiempo, como “recurso de oportunidad”. Su calificación jurídica depende de que PRODUCE establezca un régimen específico, sustentado en información científica de IMARPE.

Los estudios sobre los efectos de El Niño muestran que los eventos cálidos pueden producir efectos positivos importantes sobre los langostinos y otros crustáceos, debido a la modificación de las condiciones oceanográficas. El Observatorio de Conocimiento Científico sobre Cambio Climático del Perú, del IGP, recoge que los eventos El Niño extremos pueden producir efectos positivos fuertes sobre langostinos, langostas, conchas de abanico y pulpos.

Además, existe evidencia histórica peruana particularmente relevante.

Durante El Niño 1997-98 se documentó la aparición de nuevas especies y una mayor presencia de langostinos en las aguas peruanas. Los estudios de ese evento describieron que el fenómeno generó condiciones que permitieron una mayor disponibilidad de recursos que normalmente tenían menor presencia en determinadas zonas.

Incluso en 2015, en Lambayeque, las autoridades pesqueras utilizaron expresamente la denominación “recursos de oportunidad” dentro de las acciones preparatorias frente a El Niño, incluyendo entre los recursos y artes considerados al langostino y la langosta.

PESCAR A CIEGAS: EL ESTADO FRENTE A RECURSOS QUE NO ESPERAN

La pota (Dosidicus gigas) y el bonito (Sarda chiliensis) no son la anchoveta. No responden a calendarios cómodos ni a cuotas rígidas diseñadas en escritorios de Lima. Son recursos de oportunidad, volátiles, caprichosos, y además —en el caso de la pota con claridad— altamente migratorios.

Cuando aparece la pota en abundancia, la reacción oficial suele ser tardía o torpe. Hay, normas, vedas, y permisos que se dan dentro del dominio marítimo; pero no fuera de él, donde la flota china pesca sin restricciones. El tema es que esta especie se mueve. Siguen la temperatura, las corrientes, la comida. Cambian de zona, cruzan fronteras, desaparecen de un puerto y reaparecen en otro. ¿Y el Estado? Impone normas aplicables solamente a la porción de mar que puede controlar. La verdad es que lo que se pesca fuera del alcance de su autoridad impacta sobre la porción del stock que se encuentra dentro de su jurisdicción. Por tanto ¿qué sentido tiene vedar solo una porción del stock?

El bonito, aunque más costero, tampoco calza en la lógica burocrática. Su disponibilidad fluctúa y golpea directamente al pescador artesanal, el primero en sentir la ausencia y el último en ser escuchado. Mientras tanto, la política pesquera sigue atrapada en un esquema diseñado para recursos estables, ignorando que la variabilidad no es la excepción: es la regla.

El resultado es predecible. Sobrepesca en picos de abundancia, porque nadie quiere “perder la oportunidad” y desprotección en años malos. Una montaña rusa sin cinturón de seguridad. Y en el caso de especies migratorias, el problema se agrava: lo que Perú no captura, lo captura otro en alta mar. Sin coordinación internacional efectiva, sin estrategia regional, el país juega siempre a la defensiva.

Lo que se necesita no es más normativa, sino mejor gobernanza: monitoreo continuo, reglas adaptativas, capacidad de reacción. Un Estado que entienda que estos recursos no se administran, se siguen. Y que, si no se actúa con inteligencia, la “oportunidad” se convierte en pérdida.

Porque al final, la pota y el bonito no esperan. Los langostinos tampoco lo harán.

¿TITULAR O ENCARGADO? EL PODER DETRÁS DEL IMARPE

2026-08-05T13:09:47.847-05:00

La Presidencia Ejecutiva es la “máxima autoridad ejecutiva”, responsable de dirigir toda la institución, representar legalmente al IMARPE y ejecutar las decisiones del Consejo Directivo. Además, el IMARPE es el organismo que “provee la base científica para la gestión pesquera del país”.

Mediante la Resolución Suprema Nº 001-2023- PRODUCE se encargó al señor Jorge Manuel Paz Acosta, Asesor II del Despacho Ministerial del Ministerio de la Producción, el puesto de Presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, en adición a sus funciones y en tanto se designe a su titular.

En 2024, nuevamente y en atención a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1677, mediante Resolución Suprema N° 009-2024-PRODUCE se encarga al señor JORGE MANUEL PAZ ACOSTA, Asesor II del Despacho Ministerial del Ministerio de la Producción, las funciones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, en adición a sus funciones y en tanto se designe a su titular.

Mediante RESOLUCIÓN SUPREMA N° 012-2026-PRODUCE del 3 de agosto 2026, se encarga al señor RENATO CAROL GUEVARA CARRASCO, Asesor II del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, las funciones de Presidente Ejecutivo del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, en adición a sus funciones y en tanto se designe a su titular.

Dos encargaturas en los últimos 3 años. ¿Por qué no se designa al Presidente de la Institución definitivamente en lugar de estar encargando temporalmente la Presidencia?

Pese a estar al inicio de un nuevo gobierno y existiendo la base legal correspondiente, no se designa al presidente sino que se sigue encargando el puesto, lo que resulta, por decir lo menos, curioso.

¿Aún no se encuentra a la persona con el perfil que manda la norma? ¿Se va a modificar el perfil para que se ajuste al candidato ya elegido y por eso se gana tiempo con la encargatura?

No es solo semántica: define quién manda y por cuánto tiempo en la ciencia pesquera del país

En el Estado peruano (y esto aplica para entidades como IMARPE), designar y encargar la presidencia no son lo mismo. La diferencia es importante porque define si el cargo es formal y titular o temporal y provisional.

Designar al presidente es el nombramiento formal de la persona como titular del cargo. Implica que ocupa el puesto de manera oficial y plena. Se hace mediante una resolución suprema y exige cumplir requisitos del puesto. Tiene estabilidad relativa mientras dure la confianza política.

En términos legales, la designación es el desempeño de un cargo directivo o de confianza formalmente asignado.

Encargar la presidencia es una medida temporal. Se aplica cuando no hay titular, o el titular está ausente (licencia, renuncia, transición, etc.). La persona encargada no es el titular, solo ejerce funciones mientras dure la situación. Tiene carácter provisional y excepcional.

Normativamente, la “encargatura” es una forma de desplazamiento temporal para asumir funciones directivas.

La traducción política es:

Designación → decisión política firme: “este es mi presidente del IMARPE”.

Encargo → parche institucional: “alguien que sostenga el puesto mientras resolvemos”.

A esto hay que añadir el hecho de durante décadas, el diseño institucional del IMARPE no priorizó el liderazgo científico: La ley original exigía que el presidente del Consejo Directivo fuera “un vice almirante en situación de retiro”, es decir que el liderazgo recaía en un perfil “militar/naval”, no necesariamente científico.

Esto cambió con la promulgación del DL 1677 que derogó al DU-015-2020. Sin embargo a agosto 2026 sigue sin designarse al Presidente. Al haberse aprobado el nuevo ROF y un nuevo clasificador de cargos deberían producirse cambios. Pero no ha ocurrido así hasta el momento. Más bien se ha rebajado el nivel de algunos perfiles.

El perfil del presidente del Instituto del Mar del Perú está definido en la última modificación realizada al Manual de Clasificación de Cargos de la entidad en abril de 2026. Esta no ha sido precisamente la mejor, por cuanto sugiere un perfil más bajo que el anterior Manual.

Hay cambios relevantes y algunos son técnicamente sensibles.

1. Diferencia clave: FORMACIÓN ACADÉMICA

En la versión diciembre 2025, se pide formación universitaria completa, título profesional en carreras afines, maestría o doctorado relacionados con la especialidad. Es un perfil relativamente estándar para un organismo científico.

En la versión abril 2026, se abre a: Técnico superior o universitario y se acepta: Bachiller o Título profesional de Segunda especialidad, incluso formación en institutos (no solo universidad).

Hay un cambio crítico porque se amplía radicalmente el universo de candidatos. Esto no es un ajuste menor. Antes: perfil claramente universitario y con especialización. Después: perfil mucho más flexible y menos exigente. En un instituto científico, esto es una señal fuerte de des tecnificación.

2. EXPERIENCIA: cambio más sutil, pero importante: 8 años de experiencia general y 5 años en cargos directivos o similares. Hasta aquí, no cambia.

Pero se hace una diferencia en abril 2026. Se añade: 3 años de experiencia en áreas relacionadas con competencias del IMARPE. Este cambio puede parecer que “endurece” el perfil, pero en realidad introduce un criterio ambiguo, permite justificar experiencia no necesariamente científica estricta. Es un ajuste que abre margen de interpretación, no necesariamente eleva el estándar.

3. CAMBIO MÁS IMPORTANTE (aunque sutil): NIVEL EDUCATIVO

Este es el punto más delicado de todo el análisis: Implícitamente orientado a profesional universitario + posgrado. Después: Permite técnico superior + bachiller + múltiples rutas educativas.

Esto implica: Se elimina el “techo mínimo científico”; se diluye la exigencia académica; se amplía el pool de candidatos hacia perfiles: administrativos, técnicos, o políticos.

Esto no es neutro en una entidad científica.

4. LO QUE NO CAMBIÓ (y también importa): Funciones del cargo idénticas; nivel de responsabilidad idéntico; poder de decisión idéntico. Es decir: Se mantiene el mismo poder, pero se baja (o flexibiliza) el filtro de entrada.

Hay evidencia de un patrón claro de flexibilización del perfil: Se reduce la exigencia académica. Se amplía el tipo de formación aceptada. Se introduce ambigüedad en experiencia.

¿Esto prueba direccionamiento? No automáticamente. Pero sí cumple 3 condiciones típicas de perfiles ajustados para direccionamiento: 1.Ampliación del universo de candidatos. 2. Reducción de barreras técnicas. 3. Mantenimiento del poder del cargo.

Esto es consistente con un escenario donde se busca hacer viable a alguien que antes no calificaba. Cuando hay direccionamiento la iniciativa suele venir de nivel político o de influencia sectorial, y el cambio se “tecnifica” después para que parezca legítimo.

Estamos ante un indicio fuerte de direccionamiento institucional. Este tipo de cambio no suele ser casual porque no responde a una reforma estructural visible; no mejora la exigencia técnica y ocurre en un periodo corto. Eso lo vuelve altamente cuestionable desde una óptica de gobernanza pública.

Pareciera que alguien ha diseñado este perfil, modificando el aprobado en diciembre de 2025, para ajustarse a determinada persona en especial que, aparentemente, ya habría sido elegida para el puesto por la(s) persona(s) que tras las sombras dirigen la pesquería peruana.

¿Qué ocurrió entre diciembre 25 y abril 26 y quién ordenó cambiar el Manual del Clasificador de Cargos del IMARPE? Esto no es un tema burocrático menor porque define quién dirige la producción de la evidencia científica sobre la pesca, afecta decisiones sobre cuotas, vedas, e impacta directamente en el sector.

Y... ¿Qué pasará con el nuevo gobierno?

LA PESCA DE ANCHOVETA EN EL SUR

2026-07-31T19:25:19.303-05:00

El Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para delegar la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, promoción y protección de los emprendedores y de la micro y pequeña empresa y fomento de la formalización, promoción del empleo y protección social, impulso del desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas, reforma estructural y modernización del estado y materia tributaria, aduanera y de facilitación del comercio.

Para el sector pesca dice textualmente:

2.5 En materia de desarrollo productivo e innovación:

e) Dictar medidas para fortalecer y modernizar el marco normativo de las actividades pesqueras y acuícolas, incluyendo su productividad, sostenibilidad, formalización, innovación, sanidad, inocuidad, infraestructura, financiamiento, transformación, comercialización y acceso a mercados, así como para la creación de mecanismos de protección ante fenómenos climáticos y fondos de compensación para la pesquería, así como para dinamizar la actividad pesquera artesanal en las distintas zonas geográficas y en particular en la zona sur del Perú, incluyendo a través de la mecanismos de articulación entre diferentes unidades y tipos de pesquería y de la creación de un Fondo para el Desarrollo de la Pesca Artesanal que se financie con aportes voluntarios o contraprestaciones sin demandar recursos del Tesoro Público.

Como se puede observar, probablemente por la rapidez con la cual fue elaborado, hay un error de redacción que se destaca en amarillo.

Pero más allá de lo anecdótico que pueda ser, es evidente que, entre otras cosas, esto conduce a la creación de un régimen especial de pesca en sur, que probablemente repita lo que ya existió varias veces. La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería ha venido reclamando esto desde hace varios meses y al parecer será atendida.

No todos deben recordar o conocer lo que fue el Régimen Especial de Pesca en el Sur del Perú. A fin de llenar ese vació, en los siguientes links pueden encontrar un extenso informe que la Revista Pesca publicó en febrero de 2020, así como análisis sobre los antecedentes.

https://www.dropbox.com/scl/fi/drh1uzmdhsj0jiicsv3oe/EL-REGIMEN-ESPECIAL-DE-PESCA-EN-EL-SUR-DEL-PERU.pdf?rlkey=qgsa3wr1m34fv4gr42cacc1fn&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/401u6l4th90kwamcd8qb7/AN-LISIS-SOBRE-LOS-REGIMENES-ESPECIALES-DE-PESCA.pdf?rlkey=zsycegiyopwzrp7n7t614vsk6&dl=0

Conociendo el antecedente se puede observar mejor cómo evolucionará este tema en las próximas semanas. Los intereses de la industria harinera en el sur son obvios y la posición de los gremios artesanales también son conocidos. Habrá que ver como se desenvuelven los acontecimientos en el nuevo escenario que creará este gobierno.

EFICIENCIA Y ALCANCE DEL CANON PESQUERO EN EL PERÚ: LA RIQUEZA QUE SE DILUYE EN EL CAMINO

2026-07-17T08:14:09.657-05:00

EL CANON PESQUERO Y LA BRECHA ESTRUCTURAL DEL SECTOR

La pesca aporta el 1% del PBI y exportó un promedio anual de US$ 2,337’027,000 en los últimos 22 años. Pero el canon pesquero no refleja esa riqueza. el Estado cobra poco y redistribuye menos.

El Perú es una potencia pesquera global, pero la ecuación es injusta: la pesca representa cerca del 7% de las exportaciones del país, aportando alrededor del 1% del PBI. Pero la renta que llega a las regiones es poca y además está mal distribuida.

¿Qué es el canon pesquero?

El canon pesquero en Perú es un concepto clave e importante, tanto como lo son los derechos de pesca.

Es la parte de los ingresos que el Estado obtiene de la actividad pesquera y que se redistribuye a regiones y municipios donde ocurre la actividad.

Está conformado por el 50% del Impuesto a la Renta pagado por las empresas pesqueras, más el 50% de los derechos de pesca que estas empresas abonan. Es decir, no es un impuesto adicional, sino una transferencia de recursos desde el gobierno central hacia gobiernos subnacionales.

¿Quiénes lo generan? Principalmente las empresas de pesca industrial; las actividades de extracción de recursos hidrobiológicos (anchoveta y otras pocas especies) y las empresas que además procesan esos recursos (harina, aceite, etc.)

¿A dónde va el dinero?

El canon se distribuye a los Gobiernos regionales y Municipalidades provinciales y distritales. En zonas donde se desembarca la pesca y se explotan los recursos.

El canon pesquero suele ser relativamente bajo comparado con otros (como el minero), porque la estructura tributaria del sector es más limitada y porque gran parte de la “renta del mar” no se captura plenamente vía impuestos o derechos. Por eso debe generar un debate sobre si:

¿El Estado está capturando suficiente renta pesquera?

¿El canon refleja realmente el valor del recurso?

Como antecedente, para comprender mejor este análisis, en el siguiente link se puede leer el artículo sobre los derechos de pesca, en el cual, entre otras cosas mencionaba la dificultad de encontrar información al respecto en cuanto a cifras.

https://revistapesca.blogspot.com/2026/07/en-el-peru-la-pesca-genera-riqueza-pero.html

LA RENTA DEL MAR QUE NO LLEGA A LAS REGIONES

El Perú es una potencia pesquera mundial, pero esa riqueza no se traduce en desarrollo para las regiones que viven del mar. La paradoja es evidente: toneladas de recursos salen cada temporada, millones de dólares se generan en exportaciones, pero el canon pesquero, la principal herramienta de redistribución, sigue siendo marginal, insuficiente y, en la práctica, irrelevante para cerrar brechas.

El problema no está solo en cómo se reparte el canon, sino en cómo se genera. Ahí el diagnóstico es incómodo: el Estado peruano captura una fracción mínima de la renta pesquera. En la pesca industrial el esquema sigue siendo extraordinariamente permisivo. Derechos de pesca bajos, beneficios tributarios y una débil presión fiscal configuran un modelo donde el grueso del valor se queda en pocas manos.

El resultado es un canon pesquero que no guarda relación con la magnitud del negocio. Regiones costeras que sostienen la actividad reciben transferencias que no alcanzan para transformar infraestructura, diversificar su economía o mejorar servicios básicos. En muchos casos, el canon apenas cubre gasto corriente disfrazado de inversión y en otros no alcanza ni para comprar útiles de oficina. La “renta del mar”, en los hechos, no llega.

Esto ha sido una decisión política. Durante años, distintos gobiernos han evitado revisar el esquema de derechos de pesca y la estructura tributaria del sector. Los argumentos pueden haber sido: no afectar la competitividad o compensar al sector por los impactos de la naturaleza. Pero la evidencia sugiere que no es eso solamente lo que se protege, sino un modelo de captura privada de un recurso público.

La discusión de fondo es clara. ¿Debe el Estado seguir cobrando tarifas que no reflejan el valor real del recurso? ¿Debe el canon depender de una base tan estrecha? ¿O es momento de replantear el contrato implícito entre el país y la industria pesquera?

Si el Perú quiere que el mar sea una fuente real de desarrollo territorial, necesita algo más que discursos y propaganda. Necesita capturar mejor la renta, redistribuirla con criterio y, sobre todo, dejar de tratar a la pesca como una excepción intocable. Porque mientras eso no cambie, el mar seguirá siendo rico… y las regiones, pobres.

Cada temporada salen del mar peruano toneladas de recursos que se convierten en millones de dólares. Pero en las ciudades costeras faltan hospitales, infraestructura y desarrollo. ¿Dónde está la renta? No llega. Se queda en la cadena privada de un negocio que opera con reglas hechas a su medida.

El problema es estructural y político: derechos de pesca bajos, presión tributaria débil y gobiernos que han preferido no tocar el modelo. El resultado es un canon pesquero incapaz de reflejar el verdadero valor del recurso y funcional a un esquema que concentra beneficios.

No es falta de recursos, es falta de decisión. Mientras no se reforme el sistema de cobro y redistribución, el mensaje es claro: el mar es de todos, pero las ganancias siguen siendo de unos pocos

El desenlace es brutalmente simple: millones salen del mar, pero no se quedan en tierra. Regiones que sostienen la actividad reciben transferencias que no guardan relación con el tamaño del negocio. No es falta de riqueza —es un modelo diseñado para que la riqueza no se reparta.

El sector demanda inversión en infraestructura para el desembarque artesanal y mayor investigación científica. La pregunta es ¿de dónde puede asignar recursos el Estado si la recaudación de los propios interesados es inexistente o poca?

LA BASE LEGAL DEL CANON PESQUERO

El literal b) del numeral 15.5 del Artículo 15º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los índices de distribución del Canon y Sobrecanon son aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial, sobre la base de los cálculos que para tal efecto formule la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales, considerando los criterios establecidos en el marco legal correspondiente.

El 10 AGO 2004 se publicó la Ley N° 28322 que aprobó diversas modificaciones a la Ley Nº 27506, Ley de Canon y posteriormente el 22DIC2004 se publicó el D.S. Nº 187-2004-EF/15 mediante el cual se incorporaron modificaciones al Reglamento del Canon.

El Canon Pesquero es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales y Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación de los recursos hidrobiológicos, de las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas y continentales lacustres y fluviales, y de aquellas empresas que además de extraer estos recursos se encarguen de su procesamiento.

El Canon Pesquero está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta y EL 50% los Derechos de Pesca pagados por las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala, de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas, y continentales lacustres y fluviales.

Se debe señalar que el Reglamento de la Ley de Canon, establece que el monto del Canon Pesquero proveniente de los Derechos de Pesca, será determinado semestralmente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 41° y 47° del Reglamento de la Ley General de Pesca.

Para efecto de la distribución del Canon Pesquero se considera como área de influencia lo establecido en el artículo 4º literal e) del Reglamento (D.S. N° 005-2002-EF): “El área territorial de los Gobiernos Locales y Regionales en cuya circunscripción las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala desembarquen los recursos hidrobiológicos según lo dispuesto en la Ley General de Pesca y sus normas reglamentarias”.

Según el artículo 5º de la Ley de Canon, Ley N° 27506, modificada por el artículo 2º de la Ley N° 28322, “el Canon será distribuido entre los Gobiernos Locales y Regionales de acuerdo a los índices de distribución que fije el Ministerio de Economía y Finanzas en base a criterios de Población y Necesidades Básicas Insatisfechas. Su distribución es la siguiente:

El 10% (diez por ciento) del total de canon para los gobiernos locales de la municipalidad o municipalidades donde se explota el recurso natural.

El 25% (veinticinco por ciento) del total de canon para los gobiernos locales de las municipalidades distritales y provinciales donde se explota el recurso natural.

El 40% (cuarenta por ciento) del total de canon para los gobiernos locales del departamento o departamentos de las regiones donde se explota el recurso natural.

El 25% (veinticinco por ciento) del total de canon para los gobiernos regionales donde se explota el recurso natural.

LAS CIFRAS

Los números que se presentan más adelante, en realidad no requerirían comentarios emocionales ni subjetivos. Muestran una realidad, un hecho concreto. Y la realidad impone su propio paisaje.

En el análisis que se desarrolla a continuación sobre el canon pesquero, que tiene relación con los derechos de pesca, se pudo construir información, o deducirla, a pesar de que no está didácticamente diseñada para que el público la conozca y la interprete.

La fuente es el portal web de transparencia del MEF, desde el año de su creación, identificando las dos fuentes que lo alimentan: los derechos de pesca y el impuesto a la renta, y a la vez la sumatoria de ambos. También se muestran las cifras que fueron transferidas a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. En los últimos 22 años, el canon pesquero ha sido construido y distribuido conforme al siguiente cuadro:

El siguiente cuadro muestra el canon pesquero y las exportaciones pesqueras para establecer la relación porcentual entre lo exportado y asignado como canon. Las exportaciones se muestran en dólares, como se encuentra en la nota tributaria de la Sunat y convertidas a soles de acuerdo al tipo de cambio al 31 de diciembre de cada año para obtener un promedio aproximado. De esta manera se compara lo exportado en soles con el canon que se encuentra en la misma moneda.

Esto indica que en los últimos 22 años, el canon pesquero representa el 1.01% del valor total de las exportaciones pesqueras.

Con la información anterior se puede construir con bastante aproximación, el monto recaudado por derechos de pesca desde el 2004. El cálculo es simple y basta duplicar las transferencia de derechos de pesca para el canon, ya que la norma indica que es el 50% de lo recaudado lo que alimenta al canon.

Esto indica que en los últimos 22 años, los derechos de pesca representan el 0.77% del valor total de las exportaciones pesqueras.

Esto significa que lo que quedó en PRODUCE, entre el 2004 y el 2025, fueron S/. 722´077,159. ¿Qué hizo el Ministerio con ese dinero? ¿En qué se invirtió o gastó? Un promedio de casi 33 millones de soles por año.

Con la misma información y método, se puede construir el monto recaudado por impuesto a la renta de tercera categoría:

Esto indica que en los últimos 22 años, el impuesto a la renta recaudado representa el 1.37% del valor total de las exportaciones pesqueras.

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS POR CANON PESQUERO

Los siguientes cuadros muestran, como ejemplo, la distribución del canon pesquero en 2025. Se indica las cantidades transferidas a las Municipalidades y a los gobiernos regionales. En el caso de las Municipalidades se muestran solo las 15 mayores y las 15 menores transferencias, por cuestión de espacio. Pero todo esto muestra que además de ser un recurso bajo, su distribución no es eficiente. Esto es responsabilidad del MEF, quien establece los índices de distribución.

TRANSFERENCIAS POR CANON DE DERECHOS DE PESCA A LOS GORES

TRANSFERENCIAS POR IMPUESTO A LA RENTA A LOS GORES

Las 15 menores transferencias del canon por impuesto a la renta a los gobiernos locales

Que algunas municipalidades reciban menos de 10 soles por canon, ¿no resulta absurdo y censurable?

Las 15 mayores transferencias del canon por impuesto a la renta a los gobiernos locales

Las 15 menores transferencias del canon por derechos de pesca a los gobiernos locales

Las 15 mayores transferencias del canon por derechos de pesca los gobiernos locales

Sin embargo, todo lo expuesto es la mitad del problema. La otra mitad es conocer que se ha hecho con ese dinero, tanto a nivel Ministerio de la Producción en la parte que le compete y como a nivel de los Gobiernos Regionales y Locales. Esa información no es fácilmente accesible. En algunos casos se puede apreciar que las transferencias son demasiado pequeñas como para ser invertidas en obras o en mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones a las que están destinadas.

Hacer propaganda sobre el PBI y las exportaciones sin mencionar canon pesquero, impuesto a la renta y derechos de pesca, induce a formarse una opinión errada, o por lo menos incompleta sobre la administración de la pesquería y su impacto en el país.

EN EL PERÚ, LA PESCA GENERA RIQUEZA. PERO CUANDO ESA RIQUEZA PASA AL ESTADO, DESAPARECE DE LA VISTA PÚBLICA.

2026-07-12T07:05:35.219-05:00

En el Perú el término “derecho de pesca” no tiene la misma connotación que en otros países.

“Derechos de pesca” es un término empleado para expresar que por la extracción de determinadas especies se paga una tasa, una suma de dinero, por tonelada métrica extraída.

Es así que el mismo término tiene implicaciones distintas en diversos países y puede inducir a confusión. En Perú debemos tener claro que el término se aplica al pago y no a la licencia o permiso de pesca.

Por lo tanto no debe aplicarse este término a licencias o permisos de pesca, que viene a ser la autorización que se concede a una embarcación para realizar operaciones extractivas dentro del dominio marítimo peruano, independientemente de que sus capturas sean o no gravadas con “derechos de pesca”.

La industria pesquera nacional genera ingresos para el Estado a través del pago de impuestos, en especial el de renta, ya que esta exonerada del IGV la comercialización de pescado fresco. Y a través de los derechos de pesca que cobra Produce por concepto de extracción. Estos derechos los pagan los armadores nacionales y también los extranjeros que ingresen a pescar en aguas peruanas en los casos previstos por la norma.

El Canon Pesquero está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta y el 50% de los Derechos de Pesca pagados por las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala, de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas, y continentales lacustres y fluviales.

El tema de los derechos de pesca reviste relevancia e importancia para el sector, debido a que constituye una fuente de financiamiento para proyectos de investigación o capacitación. De ahí la necesidad de conocer su problemática.

La actual distribución de ese recurso directamente recaudado puede fácilmente modificarse con normas de nivel Resolución ministerial o Decreto supremo para que sean asignados en un 100% a proyectos de investigación del IMARPE, o 50% a dicho concepto y 50% para capacitación, o lo que fuese. Esto mejoraría la actual capacidad de investigación existente.

También podría modificarse la base de quienes pagan, haciéndola extensiva a quienes realizan esfuerzo pesquero intensivo sobre recursos que generan renta importante, como la pota. Como también podrían revisarse los montos que paga cada recurso y capturar una porción de la renta que sea más justa.

COMO SE VIENE MANEJANDO EL TEMA DE LOS DERECHOS DE PESCA

En el Perú, el mar produce riqueza. Pero cuando esa riqueza entra al Estado, se vuelve opaca.

Durante los últimos 15 años, el Ministerio de la Producción ha administrado fondos provenientes de los derechos de pesca lejos del escrutinio público. No existe una base de datos abierta, no hay una serie histórica consolidada, y tampoco un registro claro, accesible, de cuántas veces se ha reunido la Comisión ni qué decisiones han tomado.

Lo que sí hay son rastros. Fragmentos. Informes sueltos. Y con eso basta para dibujar una imagen incómoda.

No se sabe lo que PRODUCE hace con el 50% de los derechos que recauda y si se está cumpliendo con la normatividad vigente por cuanto no se publica información ni rendición de cuentas.

El Estado, entre las cifras que debe poner sobre la mesa, está la recaudación de los derechos de pesca y el destino de esa recaudación. Esto permitiría evaluar en cifras reales, cuánto es lo que la sociedad civil peruana percibe como retribución de la industria pesquera por el privilegio de extraer peces del dominio marítimo peruano. El país no conoce quiénes pagaron, quiénes deben y en qué se ha empleado esta recaudación. Produce es el ente responsable de esta recaudación. Transfiere el 50% al MEF para alimentar el canon pesquero y retiene el 50%.

¿En qué lo ha empleado en los últimos 15 años? La única información pública de la cual se puede deducir el monto recaudado es la transferencia de canon pesquero que efectúa el MEF. Al ser el 50% se deduce cual es la cifra retenida por Produce. Pero la autoridad de pesquería no exhibe la información en forma transparente.

Distintos gobiernos han sostenido el mismo esquema: una comisión que opera sin control ciudadano, con decisiones que no pueden auditarse fácilmente.

Sin transparencia, no hay rendición de cuentas. Y sin rendición de cuentas, el dinero del mar deja de ser desarrollo y pasa a ser discrecionalidad política.

La información sobre la “comisión de derechos de pesca” del Ministerio de la Producción (PRODUCE) no está sistematizada ni publicada como serie histórica completa.

Lo que sí existe son datos parciales y dispersos en informes de gestión y documentos internos. Con eso, se puede reconstruir una aproximación pero no un conteo exacto de 15 años sin pedir acceso por transparencia.

El problema no es cuántas veces se reunieron, sino que el país no puede saberlo con precisión, ni en qué se emplearon.

El problema estructural es que:

1) No es una comisión permanente con un reporte estandarizado. Se reúne cuando alguien lo decide hacer:

La “comisión de derechos de pesca” suele operar como grupo técnico, comité de administración de fondos, instancia interna . Por eso no tiene actas públicas sistemáticas.

2) Existe una fragmentación institucional y ausencia de algunos actores como los pescadores artesanales y otros.

3) Baja transparencia:

No existe una base de datos pública consolidada ni un tablero de control que centralice, analice y muestre en tiempo real los datos de un proyecto que permita monitorear de un vistazo mediante gráficos y tablas, los proyectos financiados con derechos de pesca.

La información aparece solo en informes de transferencia, resoluciones ministeriales, y/o documentos PDF dispersos.

Este vacío no es casual. Hay opacidad en el uso de fondos provenientes de la pesca, no hay trazabilidad clara de decisiones y se debilita la rendición de cuentas en un sector estratégico.

Las necesidades presupuestales del IMARPE para temas de investigación podrían haberse atendido con estos recursos. ¿Se ha hecho? ¿Cómo y cuándo?

El problema no es solo la falta de datos. Es lo que esa ausencia permite. Sin trazabilidad, no hay control. Sin control, no hay responsabilidad. Y sin responsabilidad, los fondos dejan de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en una caja negra.

La decisión de financiar proyectos… ¿Bajo qué criterios? ¿Quién supervisa? Las respuestas no están sistematizadas. No están centralizadas. Y, lo más grave, no parecen estar diseñadas para ser encontradas.

El sector, en especial el Estado, país discute cuotas, vedas, sostenibilidad y presencia extranjera en el mar, pero guarda silencio sobre cómo se administra el dinero que ese mismo mar genera. Es una omisión funcional permitir que el sistema siga operando sin rendir cuentas.

No se trata de tecnicismos administrativos. Se trata de gobernanza, de instituciones, de la capacidad del Estado para demostrar que administra recursos públicos con reglas claras y bajo vigilancia ciudadana.

Hoy, ni siquiera podemos afirmar con precisión cuántas veces se reunieron quienes deciden sobre estos fondos en los últimos 15 años. Cuando el Estado pierde la capacidad, o la voluntad de explicar cómo toma decisiones, lo que está en juego no es solo el dinero que genera la pesca, sino la credibilidad del sistema.

La administración de los recursos provenientes de la pesca en el Perú opera sin trazabilidad pública. No es una falla técnica, es una decisión política.

En cualquier política pública seria, la regla es simple: a mayor manejo de recursos, mayor transparencia. En el caso de los derechos de pesca en el Perú, ocurre lo contrario.

Aquí no estamos ante un vacío estadístico menor. Estamos ante un esquema institucional que permite márgenes amplios de discrecionalidad en la asignación de recursos públicos sin criterios visibles, sin evaluación comparativa de proyectos y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Esto tiene implicancias políticas directas. La ausencia de transparencia no es neutral: redistribuye poder. Permite que decisiones con impacto económico se tomen fuera del debate público y debilita la capacidad de control ciudadano.

Mientras el discurso oficial insiste en sostenibilidad y ordenamiento pesquero, la gestión del dinero derivado de esa actividad permanece en un circuito cerrado. Es una contradicción estructural: se regula el recurso, pero no el uso de la renta que genera.

El país necesita reglas claras, datos abiertos y trazabilidad completa.

EL PROBLEMA

· Ministros de la Producción sucesivos no implementaron sistemas de trazabilidad pública.

· Gobiernos de turno permitieron operar comisiones sin control ciudadano.

· Falta de estándares mínimos de transparencia exigibles a cualquier sector estratégico.

· No hay actas públicas consolidadas.

· No hay evaluación independiente de proyectos.

La implicancia política es que la opacidad no es neutral y beneficia a quienes toman decisiones sin supervisión y debilita el control democrático.

La consecuencia es que los recursos generados por el mar peruano terminan gestionados bajo discrecionalidad política.

Lo que el país debería exigir es un registro público obligatorio de sesiones; publicación de todos los proyectos aprobados; criterios técnicos verificables y supervisión independiente.

El problema no es solo cuánto dinero genera la pesca. Es quién decide sobre ese dinero… y sin que nadie mire. El problema no es solo cuánto dinero entra. Es quién decide, cómo decide y bajo qué reglas.

Porque cuando no se puede seguir la ruta del dinero, lo que está en juego no es solo la pesca. Es la calidad de la democracia.

¿Qué ha ocurrido con el saldo de los derechos de pesca no utilizados por la comisión? ¿Habrá sido destinado al gasto corriente de la entidad recaudadora? ¿O a otros gastos?

El siguiente es un ejemplo de la falta de transparencia y/o de uso indebido de recursos. Aquí se aprecia una transferencia de recursos presupuestales cuyo origen se ignora, o no se menciona:

La RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 00202-2021-PRODUCE del 20 de julio de 2021, dice a la letra lo siguiente:

“Autorizar la Transferencia Financiera con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 038: Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción, hasta por la suma de S/ 2 000 000,00 (DOS MILLONES Y 00/100 SOLES) provenientes de la fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, a favor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destinado a financiar la ejecución del Proyecto de Inversión “Mejoramiento del Servicio de Comercialización del Gran Mercado Belén - Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto” (CUI N° 2274894), en el marco de lo dispuesto en la Sexagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021”.

El asunto aquí debería ser aclarado en el siguiente sentido: Cuando se menciona que la fuente de financiamiento son los recursos directamente recaudados por el PRODUCE, no se menciona la partida de origen. Ese puede ser proveniente de multas y sanciones impuestas por la Dirección correspondiente, o de los derechos de pesca. Si fuese de los derechos de pesca, se está empleando dinero que debería ser aplicado al sector pesquero para financiar un proyecto que nada tiene que ver con la pesca, en perjuicio de los fines para los cuales fueron creados los derechos de pesca.

LA COMISION DE DERECHOS DE PESCA DEL PRODUCE

ANTECEDENTES

El capítulo III del Reglamento de la Ley General de Pesca DS 012-2001-PE establece en el Artículo 40.1- Pago de derechos, que los armadores de embarcaciones pesqueras mayores de 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega y las comprendidas en el numeral 1.2 del inciso a) del Artículo 30 de este Reglamento están obligados a pagar los derechos de pesca establecidos en el Artículo 45 de este Reglamento y los que fije el Ministerio de Pesquería en función a cada recurso hidrobiológico no contemplado en dicho artículo.

Nótese que las embarcaciones de menos de 32.6 metros cúbicos de bodega no son sujetos de este pago, lo que significa que las embarcaciones artesanales están exoneradas.

Una acción necesaria, es disponer que el empleo de dichos recursos sea controlado en forma detallada, con el objeto de verificar que el destino de esos dineros sea el que indica el art. 27 del Reglamento de la Ley General de Pesca y modificado con el DS 012-2001-PE, de las cuales se deriva que el 25% de los mismos deben ser destinados a fines de investigación.

Artículo 27.- Destino de la recaudación por concepto derechos

“27.1 En concordancia con lo establecido por el artículo 17 de la Ley, el Ministerio de la Producción destinará a la ejecución de actividades y/o proyectos con fines de investigación científica, tecnológica, capacitación y otros vinculados al desarrollo pesquero y/o acuícola, un porcentaje del total de los derechos que recaude por concepto de concesiones y permisos de pesca.

Dicho porcentaje que financiará las actividades y/o proyectos referidos, incluye hasta un 25% del total de los recursos que se recauden por concepto de derechos de permisos de pesca para el consumo humano indirecto.” (*) Numeral modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 002-2008-PRODUCE, publicado el 12 de enero de 2008.

“27.2 Las actividades y/o proyectos que se financien con dichos recursos, serán previamente analizados y evaluados por una Comisión Especial que contará con la participación del sector pesquero privado. La conformación, funciones, facultades de actuación de dicha Comisión y el procedimiento para la aprobación serán establecidos por Resolución Ministerial.” (*) Numeral modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 002-2008-PRODUCE, publicado el 12 enero 2008.

Con la Directiva N°: 005-2014-PRODUCE, aprobada con la RM N° 295-2014-PRODUCE del 27 de agosto de 2014 se establecen los lineamientos para la recaudación de los derechos de pesca por concepto de aprovechamiento responsable de recursos hidrobiológicos que efectúan los armadores pesqueros de embarcaciones de bandera nacional.

EL DESTINO DE LOS DERECHOS DE PESCA Y LA COMISION RESPONSABLE

El Reglamento de la Comisión se aprueba con la RM 831-2008, que es un documento técnico normativo, que formaliza la organización y funcionamiento de la Comisión Especial, constituida por Resolución Ministerial N° 386-2008-PRODUCE y dice en sus considerandos, que

en razón a que el Ministerio de la Producci6n brinda un servicio en beneficio de la sociedad, es necesario que los recursos provenientes de los derechos de pesca pagados por el sector privado sean destinados principalmente para el financiamiento de actividades y/o proyectos con fines de investigación científica, tecnológica, capacitación y otros vinculados al desarrollo pesquero, en el marco del artículo 17° del Decreto Ley N° 25977 - Ley General de Pesca· Que, el artículo 27° del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001PE y modificado por el Decreto Supremo N° 002-2008PRODUCE de fecha 12 de enero de 2008, establece que las actividades y/o proyectos a ser financiados con recursos provenientes de los derechos de pesca, serán previamente analizados, evaluados, aprobados y priorizados por una Comisión Especial que contará con la participación del sector pesquero privado;

La Comisión tiene como funciones analizar, evaluar, aprobar y priorizar la ejecución de actividades y/o proyectos con fines de investigación científica, tecnológica, capacitación y otros vinculados al desarrollo pesquero, para lo cual, en el caso de proyectos deberán contar previamente con un pronunciamiento sobre la viabilidad de éstos de la Oficina de Programación e Inversiones del Sector Producción, de conformidad a lo establecido en la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública.

La comisión está orientada a propiciar y establecer procesos permanentes de interacción efectiva entre los Organismos Públicos del Sector Producción y el Despacho Viceministerial de Pesquería, con el fin de ejecutar actividades y/o proyectos, con recursos provenientes de los derechos de pesca recaudados por el Pliego Presupuestal del Ministerio de la Producción.

Establece que las actividades y/o proyectos que se presenten ante la Comisión Especial deberán contener lo siguiente:

• Nombre de la actividad y/o proyecto.

• Costo total de la actividad y/o proyecto, indicando los recursos directamente recaudados requeridos.

• Objetivo expresado en forma clara y precisa.

• Descripción general de la actividad y/o proyecto, escenarios posibles y costos.

• Justificación de la actividad y/o proyecto, indicando los beneficios esperados.

• Resumen Ejecutivo de la actividad y/o proyecto que resumirá toda la información señalada en los acápites 18.1 a 18.5, de acuerdo al formato establecido en el Anexo Nº 1 de dicha RM.

Conceptualmente, el procedimiento es apropiado; pero implica en primera instancia, conocer los saldos de los cuales dispone la Oficina General de Administración (OGA) provenientes de la recaudación de los derechos de pesca, una vez efectuada la transferencia que corresponde al MEF para el canon pesquero.

Con dicha información, la Comisión sabría de cuánto dinero dispone para ser aplicado en cumplimiento a las normas descritas de empleo de este dinero.

¿Cuántas veces se ha reunido la comisión en los últimos 15 años y qué proyectos ha aprobado? Ese es el tema.

La Resolución Ministerial Nº 386-2008-PRODUCE resuelve constituir la Comisión Especial a que se refiere el artículo 27º del Reglamento de la Ley General de Pesca, la cual fue modificada con la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 00458-2020-PRODUCE del 30 de diciembre de 2020, quedando de la siguiente manera:

Modificar el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 386-2008-PRODUCE, el cual quedará redactado conforme al siguiente texto:

“Artículo 1.- Conformar la Comisión Especial a que se refiere el artículo 27 del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, la cual estará integrada por:

- El/la Viceministro/a de Pesca y Acuicultura, quien la presidirá;

- El/la Presidente/a Ejecutivo/a del Instituto del Mar del Perú (IMARPE);

- El/la Jefe/a del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES);

- El/la Presidente/a del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP);

- El/la Presidente/a Ejecutivo/a del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES);

- El/la Director/a General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, quien actuará como Secretario/a Técnico/a;

- El/la Director/a General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;

- Un/a representante de la Sociedad Nacional de Pesquería;

- Un/a representante de la Asociación de Armadores de nuevas embarcaciones pesqueras; y

- Un/a representante de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros – Ley Nº 26920.

Esta Comisión Especial se rige por las disposiciones aplicables a las Comisiones Sectoriales previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158.”

Artículo 2.- Modificación del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Especial aprobado por Resolución Ministerial Nº 831-2008-PRODUCE

Modificar el artículo 4 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Especial aprobado por Resolución Ministerial Nº 831-2008-PRODUCE, el cual quedará redactado conforme al siguiente texto:

“Artículo 4.- Conformación

4.1 La Comisión Especial estará integrada por diez (10) miembros: