Es que al igual que las famosas muñecas rusas la voladura de la mutual ha generado la aparición sucesiva de investigaciones penales que aún hoy no podemos saber a ciencia cierta dónde y cuándo se detendrá.

A partir del atentado se originó la causa donde se lo investiga (la causa AMIA que podríamos denominar la causa madre), la que luego de mucho trámite fue anulada y ello derivó en la causa del encubrimiento del atentado, expediente en el que hace pocos días se inició el juicio oral y público.

La causa AMIA recobró una línea de investigación a partir de la creación de la fiscalía especial en 2004 por iniciativa del presidente Kirchner y dirigida por Nisman.

En ese marco se profundizó la investigación hasta llegarse a ordenar, por pedido del Fiscal, la declaración indagatoria de ocho iraníes y dos libaneses, sus pedidos de captura internacional y las tan mentadas alertas rojas de Interpol.

Quienes se empeñan en hacernos creer que Nisman no avanzó en la investigación del atentado omiten maliciosamente la circunstancia de que la ley argentina no admite el juicio en ausencia de los acusados.

La siguiente muñeca rusa tiene que ver, precisamente, con esa imposibilidad de seguir el juicio en ausencia, y la constituye la firma del Memorandum con Irán en enero de 2013.

Este pacto se celebró con el alegado pretexto de facilitar la continuación de la causa, a través de una Comisión de la Verdad muy difícil de explicar y una previsión aún más difícil de entender respecto a la posibilidad de que los imputados iraníes declararan, nunca se explicó en qué forma, ante el juez y el fiscal de la causa.

Las organizaciones DAIA y AMIA iniciaron una acción de amparo reclamando la inconstitucionalidad del pacto fundada especialmente en la ilegítima intromisión del Poder Ejecutivo en una causa judicial en trámite, vedada por el art. 109 de la Constitución Nacional.

Este nuevo expediente judicial generó sucesivas declaraciones judiciales, como la de la Sala I de la Cámara Federal porteña que en fallo dividido lo declaró inconstitucional. A partir de aquí comienzan a aparecer uno a uno funcionarios judiciales y del Ejecutivo cual mamushkas autóctonas destinadas a impedir que la verdad de todo este entuerto salga a la luz.

La declaración de inconstitucionalidad de la Cámara Federal llegó a la Cámara de Casación y allí se generó otra crisis entre el oficialismo y la Justicia, cuando el Consejo de la Magistratura de la Nación aplicó la nueva e ilegitima Ley de Subrogancias para remover al camarista Luis Cabral ante la inminencia de un nuevo fallo adverso para la pretensión del Gobierno de que el Pacto con Irán sea declarado (¿recordado?) constitucional.

La siguiente causa judicial es la denuncia de Nisman presentada el pasado 14 de enero, en donde el fiscal le atribuyó el delito de encubrimiento de los iraníes imputados nada menos que a la presidente de la Nación, su Canciller y otros funcionarios y personajes menores.

La imputación por encubrimiento (el segundo desde 1994) tiene como base, precisamente, la firma del polémico Pacto con Irán.

Lo que siguió a la denuncia de Nisman es la parte más oscura de la historia, ya que mi colega fue hallado sin vida cuatro días después en el baño de su casa.

Allí empezó una cruel campaña de desprestigio que pretendió disminuir o borrar los efectos de la grave denuncia efectuada.

Aunque pueda debatirse si la sociedad olvidó o no la denuncia de Nisman (es decir, si el Gobierno logró o no este objetivo) lo cierto es que la causa originada por ella fue rápidamente cerrada por los funcionales jueces y fiscales a los que me referí más arriba.

Pero esta historia aún no termina.

Todavía nos quedan la investigación judicial de la muerte de Nisman, que hasta hoy no logra echar luz al asunto, y la investigación del lavado de dinero que habrían perpetrado Nisman, su madre, su hermana y Diego Lagomarsino, impulsada a toda máquina por nóveles mamushkos judiciales. Por eso sostengo que una de las misiones primordiales del próximo gobierno será contribuir a que los operadores legítimos del sistema penal puedan avanzar con libertad en la búsqueda de la verdad de estos hechos. La sociedad argentina, y en especial las familias de todas las víctimas fatales, incluidas las hijas de Alberto Nisman, esperan pacientemente esa conducta de responsabilidad que, en este caso, no es sólo política sino, fundamentalmente, ética.

Ricardo Sáenz

Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Siempre he tenido la sensación de que no puedo abordar el problema de la inseguridad a la manera de un especialista que analiza el fenómeno. Mi posición de fiscal me obliga a tener que superar el simple estadio de la crítica o la protesta por la falta de seguridad, ya que, desde ese aspecto, formo parte del problema. Por eso quiero hacer una crítica y una propuesta. Ambas tienen como destinatario el sistema de aplicación de la ley penal, conformado por los legisladores que dictan las leyes, los jueces y fiscales que las interpretamos y aplicamos, y las autoridades administrativas encargadas de ejecutarlas.

Más allá de las fallas que puedan existir en la seguridad entendida como prevención, creo que, una vez cometido el delito, el sistema de persecución penal no está actuando adecuadamente. Así provoca, de manera indirecta, más inseguridad. En los últimos años, muchos de los delitos más violentos son cometidos por gente cada vez más joven, y en este hecho inciden la pobreza, la marginalidad, la droga, la falta de oportunidades, de trabajo y de modelos que padecen esos jóvenes. Esto los lleva a despreciar valores esenciales, entre ellos, la vida, tanto la ajena como la propia.

La solución de estos problemas estructurales no está en manos de quienes administramos justicia penal. Sin embargo, desde hace algo más de diez años la realidad social ha impregnado el accionar de todos los órganos del Estado, y en lo que hace a la aplicación de la ley penal se ha visto plasmada la idea de que no se puede criminalizar la pobreza (a los sectores vulnerables, a la protesta social). A partir de esta premisa -que puede resultar en sí misma válida- se ha desvirtuado el sistema de persecución de los delitos y hasta el principio de igualdad ante la ley. Conductas que siempre fueron delitos quedan sin sanción cuando son cometidas por algunos sectores desfavorecidos de la sociedad; por ejemplo, cortes de calles, desmanes en la vía pública, destrucción de bienes del Estado o interrupción de los servicios de transporte.

A este panorama debemos sumarle, además, la influencia de la corriente conocida como “garantismo”, mal llamada de esa manera, ya que en realidad todas las interpretaciones y aplicaciones del derecho penal moderno respetan las garantías del imputado consagradas en las modernas Constituciones y en los convenios internacionales.

Sobre este punto quiero centrar el análisis y formular una propuesta de fundamentación de las reformas que deberá emprender el gobierno que surja de las elecciones.

El garantismo (convertido muchas veces en verdadero abolicionismo) parte de la premisa de que la culpa por la comisión de los delitos recae sobre la sociedad toda, por no haber brindado otras oportunidades de desarrollo a los delincuentes. Así, la aplicación de la pena estatal pierde gran parte de su legitimidad.

Este tratamiento diferenciado de los delincuentes provoca que rápidamente recuperen la libertad personas que por el momento pueden no estar preparadas para vivir de otra forma que no sea el delito. El sistema penal genera así inseguridad de un modo indirecto, y por eso es legítimo y fundado el temor que gran parte de la sociedad argentina tiene de ser víctima de un delito.

Hemos llegado a un estado de cosas en esta materia que requiere un golpe de timón. Esto sólo es posible a partir de que la nueva autoridad política elegida por la sociedad explicite claramente que la lucha contra la inseguridad forma parte de su agenda de gobierno y que dictará y sostendrá las medidas legislativas necesarias a ese fin. Además, quien vaya a tener semejante responsabilidad frente a los ciudadanos deberá recordar que la inseguridad atenta contra todos los derechos y libertades, ya que en un hecho delictivo podemos perder la propiedad, la integridad física o la vida.

Mi propuesta consiste en dar un fundamento político y filosófico a la legitimidad del derecho del Estado a aplicar una pena, para así poder salir de la “trampa” que nos ha tendido el abolicionismo.

Debemos volver al control social como un instrumento del pensamiento político, una especie de vuelta a las fuentes del pensamiento penal liberal. No vengo a proponer una suerte de “antigarantismo bobo”. Tampoco se trata de propiciar políticas de “mano dura”, sino de fortaleza institucional y plena vigencia de las garantías constitucionales.

El garantismo, como movimiento crítico de la legitimidad de la pena estatal, no ha logrado, en treinta años, resultados superadores ni ha dado respuestas alternativas al modelo liberal de control social.

Si bien no podemos negar la existencia de conflictos sociales, no hay duda que siguen existiendo ciertos valores compartidos que exceden el acuerdo sobre un sistema legal de resolución de conflictos. De hecho, en el corazón de las sociedades occidentales actuales existe una visión ética participada y comunicada, y un conjunto de valores compartidos, entre los que suelen hallarse la libertad, la igualdad ante la ley, la seguridad, la legalidad, el trabajo, la democracia, los derechos humanos y, por qué no decirlo, también la noción de propiedad. Por lo tanto, la definición del delito no constituye una mera imposición de los intereses de las clases dominantes (como sostienen algunos teóricos), sino que deriva de un consenso, mayoritariamente compartido, sobre cierta concepción ontológica de lo bueno y lo malo, y determinada orientación respecto del curso que cada cuerpo social debe transitar en su época.

Siempre existieron teorías que han buscado legitimar la pena estatal y otras que han pretendido deslegitimarla. Y lo cierto es que, por el momento, la configuración social imperante se corresponde con el orden propio del Estado-Nación moderno y su modo característico de ejercicio del poder. Bajo esta mirada, el Estado se halla sin duda autorizado para ejercer el poder punitivo y activar mecanismos de control social en respuesta a la actividad criminal, limitado por un sistema de garantías reconocido por el derecho penal, y que constituyen el núcleo del Estado de Derecho.

La realidad sociopolítica imperante exige pensar la forma de optimizar el funcionamiento del sistema vigente, para disminuir sus mecanismos injustos y fortalecer los controles e instituciones democráticas. De esta manera, el Estado deberá realizar esfuerzos para mejorar sensiblemente los distintos instrumentos de control social clásicos, sin descartar la opción de ingeniar nuevos que recojan ciertos aportes que surgieron de sus críticas; me refiero a las instituciones policiales, carcelarias y judiciales, es decir, a todos los operadores estatales en esta materia.

En los últimos años hemos asistido a una fabulosa tergiversación de los argumentos políticos y jurídicos en materia de inseguridad que, de la mano de estos postulados “garantistas”, se ha sumado como un capítulo más a un relato de las cuestiones esenciales del país. A mi juicio, en estos años no se ha podido poner en agenda el tema de la inseguridad por estas razones ideológicas, más allá del fracaso de las pocas políticas emprendidas en esta materia.

En síntesis, las sociedades actuales no se conciben sin el control social formal que ejercen los Estados nacionales a través de sus instituciones, y entre ellas, claramente, las que ejercen el poder punitivo. Recuperarlo es uno de los desafíos más importantes que deberá encarar el próximo gobierno.

Ricardo Sáenz

Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional de la Capital Federal  

Por Ricardo Sáenz  | Para LA NACION

Mucho se ha opinado ya sobre los distintos intentos del gobierno nacional de controlar o influir de algún modo sobre el Poder Judicial, a través de la conformación de los tribunales o el alcance de sus sentencias. Frente a la proximidad del acto eleccionario por el cual los argentinos consagraremos un nuevo presidente, es tiempo de señalar los temas que, mínimamente, deberían constituir la agenda del próximo gobierno. Una propuesta como ésta podrá servir también para bajar un poco la tensión que ha generado esta nueva crisis del Gobierno con la Justicia y, de este modo, abrir un horizonte que nos permita salir de este debate coyuntural e imaginar un escenario de mayor tranquilidad y con espacio para la reflexión.

Así como los partidos políticos definen distintas líneas de acción ante la eventualidad de llegar al gobierno, como políticas económicas, fiscales, sanitarias o de relaciones exteriores, conviene que en el caso concreto de estas elecciones de octubre los candidatos tengan presente las áreas puntuales de conflicto que hoy registra el sistema judicial argentino, por la sencilla razón de que, a partir del 11 de diciembre, quien llegue a ser presidente pasará a ser uno de los actores principales de esos conflictos, que necesariamente heredará.

Si bien con nuestro sistema republicano de separación de poderes podría pensarse que las cuestiones que hacen al Poder Judicial no integran la agenda del Ejecutivo, lo cierto es que la fuerte tradición presidencialista de nuestro país provoca que la posición que adopte el presidente frente a determinadas cuestiones cobre singular importancia, máxime al término de un ciclo donde la influencia del Ejecutivo ha sido muy marcada.

En primer lugar, el nuevo gobierno deberá encarar sin demora la reforma del Consejo de la Magistratura por dos órdenes de razones. Uno constitucional, ya que este órgano no respeta con su actual conformación el equilibrio entre los estamentos que lo componen, y que reclama el artículo 114 de la Constitución Nacional. En efecto, con tres senadores, tres diputados, y el representante del Poder Ejecutivo ya se alcanza la mayoría absoluta, y quedan sólo seis cargos para elegir entre tres jueces, dos abogados y un representante de los académicos. Resulta claramente contrario a la regla constitucional que el Consejo pueda ser manejado sólo con la voluntad del estamento político. La otra razón que torna imperiosa la reforma es que el Consejo se encuentra virtualmente paralizado, pues rara vez se obtienen los dos tercios de sus miembros necesarios para aprobar un concurso de jueces, circunstancia que ha posibilitado la sanción de la controvertida ley de subrogancias, que para el momento en que asuma el nuevo presidente podría haber sido ya declarada inconstitucional.

El gobierno que vamos a elegir en octubre se va a encontrar con la misma conformación del Consejo de la Magistratura que vemos hoy, salvo que tendrá la posibilidad de elegir un nuevo representante del Ejecutivo, lo cual si bien no es un dato menor -podría modificar la mayoría simple- no llegaría tampoco a obtener la de los dos tercios. La reforma que propongo resulta imprescindible para retornar paulatinamente a la normalidad institucional de contar con la mayor cantidad posible de jueces nombrados de acuerdo con las normas constitucionales; es decir, jueces con todas las garantías que demanda con razón la sociedad a la hora que deban decidir sobre su vida, su patrimonio o su libertad.

El otro tema que claramente deberá poner en agenda el próximo presidente lo constituye la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este punto, creo que la Corte tiene que ser de cinco miembros, tal como fue la última voluntad que expresó el Poder Legislativo cuando fijó ese número. Es decir, que a estar a su actual integración, por lo menos habrá que designar a uno de esos jueces. La ventaja del nuevo gobierno es que va a tener la oportunidad de plantear este tema desde otro lugar, no como hoy, que desde algunos sectores se lo percibe como una maniobra para asegurar la impunidad de miembros del Gobierno.

Se designaría así a un juez de la Corte que va a estar muchos años en el cargo, durante varios períodos presidenciales; entonces habrá que elegirlo en otro clima político, de mayor consenso, negociando desde otro lugar y demostrando que la Argentina puede volver a un clima de mayor cordura y salir de la tensión que estamos viviendo. Insisto, el nuevo gobierno va a tener que volver a las políticas de consenso, ya que además no podemos asegurar que quien resulte vencedor contará con las mayorías legislativas que le permitan imponer su voluntad. Podemos estar a las puertas de un nuevo escenario que constituya un verdadero desafío para toda la clase dirigente y, a la vez, una gran oportunidad.

El tercer tema que creo será de importancia central lo constituye el Código Procesal Penal de la Nación. Visto desde la faz jurídica, como ley procesal penal, nos encontramos frente a un cuerpo normativo que ya está sancionado y donde el principio acusatorio tuvo consenso y se encuentra consolidado. La cuestión problemática que plantea es que no existe razón que pueda explicar que una ley federal se aplique sólo en la ciudad de Buenos Aires para el fuero penal ordinario. Recordemos que, según la ley de implementación el Código regirá en la capital de la Nación desde el 1° de marzo de 2016, circunstancia que generó mucha controversia e incluso versiones de que el aplazamiento de su entrada en vigor para el fuero federal tenía su base en una especie de pacto con el Gobierno. Por eso entiendo que quien asuma el próximo mandato debería promover que se implemente el Código en todo el fuero penal federal del país lo antes posible, para unificar el procedimiento en toda la justicia nacional y federal (razón jurídica), y para no quedar envuelto en la sospecha de un pacto espurio con los jueces (razón política).

Por último, en esta lista de temas también es clave la nueva ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Considero que hay que aclarar el tema de la asignación de los casos, porque nos han querido hacer creer que el sistema acusatorio (en el que investigan los fiscales) resulta incompatible con una asignación de casos en los que prime el azar y no la voluntad de una persona. De esta manera, hemos pasado de una modalidad de sorteo de causas y de turnos, a un sistema por el cual son los fiscales coordinadores de distrito -designados directamente por el procurador general- quienes asignen los casos. Como muchas veces hemos explicado, en estas situaciones quien termina siendo perjudicado es el justiciable, ya que podrán designarle un fiscal después de cometido el hecho, en violación a sus garantías constitucionales.

Ricardo Sáenz

Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

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En una entrevista con El juego limpio, Sáenz indicó que se formuló la denuncia. “Es un punto de inflexión este caso. No deberíamos olvidarlo. Como fiscal y como colega de Nisman y no puedo dejar de denunciar esto”, afirmó.

Sáenz, además, se refirió a las versiones de un acuerdo entre un sector de la Justicia y el kirchnerismo. “A mí no me consta que haya un pacto, pero el Gobierno no quiere molestar a los fiscales que están en Comodoro Py. El proyecto de cambio del Gobierno no contempla al fuero federal”, sostuvo el fiscal.

“Aca no hay diálogo. Es un clima bastante complicado para trabajar. No me preocupa el ataque que hace Aníbal Fernández hacia a mí porque me puedo defender. Pero Nisman no lo puede hacer”, manifestó Sáenz.

El fiscal, también, criticó a la agrupación política ligada al kirchnerismo, Justicia Legítima. “Es el verdadero partido judicial de la Argentina. Utilizan el peso del Estado para atacar particulares. Sentimos el peso del Estado”, concluyó.

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Entre estas múltiples derivaciones quiero analizar la que se cierne sobre el sistema judicial argentino, que ya hace unos años viene siendo objeto de duros cuestionamientos, muchos de ellos con justa causa. No pretendo formular un análisis de tipo endogámico, referido a qué nos sucede a quienes integramos ese sistema, sino a las impresiones y convicciones que hechos como éste, y los que fueron su antecedente, generan en la sociedad.

La muerte de Nisman marca un punto de inflexión en una larga historia de desinteligencias y desmanejos de los operadores de la Justicia, tanto en lo referente a la relación con el poder político como con los servicios de inteligencia. Y también lo marca en esa misma línea para la sociedad, que hace años observa perpleja ese panorama.

La sociedad argentina no tolera más este tipo de hechos, ni los intentos del Poder Ejecutivo de intervenir sin tapujos en causas judiciales, ni las distintas variantes reñidas con la legalidad con las que mucha veces el Poder Judicial tramita esa tendencia. Las primeras denuncias por corrupción de funcionarios públicos; la crisis desatada por la causa Ciccone, que derivó en la abrupta renuncia del entonces procurador Esteban Righi y continuó con su traumático proceso de reemplazo, hasta llegar a la designación de Alejandra Gils Carbó; las tan cuestionadas designaciones que ésta realizó en el Ministerio Público Fiscal y que terminaron con varias denuncias penales y medidas cautelares que frenaron algunas de ellas son todos hechos que constituyen tan sólo una muestra de este proceso de degradación institucional que ya no puede tener lugar en la Argentina.

Lejos de contribuir a encauzar esta crisis, el Gobierno avanzó con el mal llamado proyecto de “democratización” judicial, que naufragó en 2013 cuando la Corte Suprema lo declaró inconstitucional, e intentó luego influir en la integración del máximo tribunal, hasta llegar a que 30 senadores nacionales se comprometieran a no tratar ningún pliego para juez de la Corte hasta 2016, mientras que el Ejecutivo ha enviado el de un abogado de tan sólo 33 años. También debemos computar en esta breve síntesis el intento de reformar el Código Penal y la aprobación de los Códigos Civil y Comercial y Procesal Penal llevada a cabo sin los necesarios consensos parlamentarios para leyes de semejante envergadura.

En esta línea se formularon otras graves denuncias de corrupción que involucran a la familia presidencial -como la conocida causa Hotesur-, con nuevos conflictos relacionados con supuestas filiaciones políticas de los jueces intervinientes, hasta llegar a la denuncia de Nisman, su muerte violenta e inexplicable cuatro días después, y el debate jurídico que ha generado la suerte judicial que viene corriendo esa investigación.

Esta apretada enumeración de hechos altamente conflictivos tiene por objeto describir una realidad que, como sostuve más arriba, ya no podrá continuar a partir del próximo cambio de gobierno.

La sociedad está reclamando claramente otra cosa. Otra actitud de su clase dirigente, sea la política, la empresarial, la sindical y también la judicial.

Entiendo que ya no hay espacio para presentar una investigación judicial contra un gobierno como si fuera una batalla política donde el derecho escapa por la ventana y sólo interesa para su resolución si el juez o el fiscal son oficialistas u opositores. No hay más espacio para emprender operaciones de propaganda contra funcionarios políticos o judiciales, a modo de viejos escraches de tipo fascista, como viene ocurriendo con el pertinaz intento de frivolizar la vida privada de Nisman con la intención de deslegitimar su trabajo para que pensemos que su denuncia carece de fundamentos sólidos y que debe ser desestimada judicialmente, como ha ocurrido hasta ahora.

No hay más espacio para discutir el nombre y las funciones del Servicio de Inteligencia del Estado mientras se esté pensando en cómo se lo sigue utilizando en contra de las leyes y para espiar a los adversarios políticos. No hay más espacio para intentar torcer la interpretación de cuanta norma se oponga al deseo del gobernante por imponer su criterio. No hay más espacio para que los nombramientos en el Estado se funden más en la militancia que en la idoneidad o en la obsecuencia que en la honestidad.

El gobierno que asuma el 10 de diciembre, no importa su signo político, deberá reconstruir gran parte de la institucionalidad abandonada por muchos años, y el Poder Judicial será un capítulo muy importante en esta vuelta al imperio de los principios republicanos y la división de poderes.

Ese gobierno tampoco tendrá espacio para eludir esta tarea, no sólo porque constituye un imperativo moral y legal, sino porque la sociedad argentina ya no acepta seguir viviendo de otra manera y solamente necesita y desea desarrollarse en paz, compartiendo ideales de libertad, honestidad, decencia y trabajo.

Ricardo sáenz – El autor es fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Artículo de opinión publicado en el diario La Nación del 25/03/2015

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Entre estas múltiples derivaciones quiero analizar la que se cierne sobre el sistema judicial argentino, que ya hace unos años viene siendo objeto de duros cuestionamientos, muchos de ellos con justa causa. No pretendo formular un análisis de tipo endogámico, referido a qué nos sucede a quienes integramos ese sistema, sino a las impresiones y convicciones que hechos como éste, y los que fueron su antecedente, generan en la sociedad.

La muerte de Nisman marca un punto de inflexión en una larga historia de desinteligencias y desmanejos de los operadores de la Justicia, tanto en lo referente a la relación con el poder político como con los servicios de inteligencia. Y también lo marca en esa misma línea para la sociedad, que hace años observa perpleja ese panorama.

La sociedad argentina no tolera más este tipo de hechos, ni los intentos del Poder Ejecutivo de intervenir sin tapujos en causas judiciales, ni las distintas variantes reñidas con la legalidad con las que mucha veces el Poder Judicial tramita esa tendencia. Las primeras denuncias por corrupción de funcionarios públicos; la crisis desatada por la causa Ciccone, que derivó en la abrupta renuncia del entonces procurador Esteban Righi y continuó con su traumático proceso de reemplazo, hasta llegar a la designación de Alejandra Gils Carbó; las tan cuestionadas designaciones que ésta realizó en el Ministerio Público Fiscal y que terminaron con varias denuncias penales y medidas cautelares que frenaron algunas de ellas son todos hechos que constituyen tan sólo una muestra de este proceso de degradación institucional que ya no puede tener lugar en la Argentina.

Lejos de contribuir a encauzar esta crisis, el Gobierno avanzó con el mal llamado proyecto de “democratización” judicial, que naufragó en 2013 cuando la Corte Suprema lo declaró inconstitucional, e intentó luego influir en la integración del máximo tribunal, hasta llegar a que 30 senadores nacionales se comprometieran a no tratar ningún pliego para juez de la Corte hasta 2016, mientras que el Ejecutivo ha enviado el de un abogado de tan sólo 33 años. También debemos computar en esta breve síntesis el intento de reformar el Código Penal y la aprobación de los Códigos Civil y Comercial y Procesal Penal llevada a cabo sin los necesarios consensos parlamentarios para leyes de semejante envergadura.

En esta línea se formularon otras graves denuncias de corrupción que involucran a la familia presidencial -como la conocida causa Hotesur-, con nuevos conflictos relacionados con supuestas filiaciones políticas de los jueces intervinientes, hasta llegar a la denuncia de Nisman, su muerte violenta e inexplicable cuatro días después, y el debate jurídico que ha generado la suerte judicial que viene corriendo esa investigación.

Esta apretada enumeración de hechos altamente conflictivos tiene por objeto describir una realidad que, como sostuve más arriba, ya no podrá continuar a partir del próximo cambio de gobierno.

La sociedad está reclamando claramente otra cosa. Otra actitud de su clase dirigente, sea la política, la empresarial, la sindical y también la judicial.

Entiendo que ya no hay espacio para presentar una investigación judicial contra un gobierno como si fuera una batalla política donde el derecho escapa por la ventana y sólo interesa para su resolución si el juez o el fiscal son oficialistas u opositores. No hay más espacio para emprender operaciones de propaganda contra funcionarios políticos o judiciales, a modo de viejos escraches de tipo fascista, como viene ocurriendo con el pertinaz intento de frivolizar la vida privada de Nisman con la intención de deslegitimar su trabajo para que pensemos que su denuncia carece de fundamentos sólidos y que debe ser desestimada judicialmente, como ha ocurrido hasta ahora.

No hay más espacio para discutir el nombre y las funciones del Servicio de Inteligencia del Estado mientras se esté pensando en cómo se lo sigue utilizando en contra de las leyes y para espiar a los adversarios políticos. No hay más espacio para intentar torcer la interpretación de cuanta norma se oponga al deseo del gobernante por imponer su criterio. No hay más espacio para que los nombramientos en el Estado se funden más en la militancia que en la idoneidad o en la obsecuencia que en la honestidad.

El gobierno que asuma el 10 de diciembre, no importa su signo político, deberá reconstruir gran parte de la institucionalidad abandonada por muchos años, y el Poder Judicial será un capítulo muy importante en esta vuelta al imperio de los principios republicanos y la división de poderes.

Ese gobierno tampoco tendrá espacio para eludir esta tarea, no sólo porque constituye un imperativo moral y legal, sino porque la sociedad argentina ya no acepta seguir viviendo de otra manera y solamente necesita y desea desarrollarse en paz, compartiendo ideales de libertad, honestidad, decencia y trabajo.

Ricardo sáenz – El autor es fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Artículo de opinión publicado en el diario La Nación del 25/03/2015

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¿Hay una ofensiva del gobierno contra la Justicia?

No sé si llamarlo una ofensiva. Lo que sí se nota es una gran preocupación del gobierno por la suerte de la denuncia presentada por Alberto Nisman por encubrimiento contra la presidenta, el canciller y otras seis personas, y paralelamente, gran preocupación por la suerte de la causa donde se investiga la muerte de Nisman.La presidenta dice que hay un Partido de Jueces.

¿Qué opina?

Lo vemos como un ataque que no tiene ningún fundamento. Nosotros mal podemos formar un partido político, somos gente que trabajamos en la Justicia. Lo que pasa es que trabajamos en causas que son muy sensibles para el gobierno, eso es obvio.Desde Uruguay se percibe que la justicia argentina está politizada. ¿Es así?No tanto que la Justicia está politizada, como que el gobierno intenta influir en las decisiones de la Justicia.

¿En qué tipo de cosas?

En el principio de esta investigación traté de hacerle notar al gobierno que a través de las cartas de la presidenta en Facebook o por medio de aquella cadena nacional donde habló de si era un suicidio o un homicidio se incurría en una interferencia indebida que la Constitución prohíbe. Pero esto ya se transformó en una costumbre: todas las mañanas el gobierno de alguna manera a través de sus voceros dice que Lagomarsino en otro país estaría detenido o da pautas sobre cómo deberían ser las pericias. Esto está prohibido por la Constitución, pero se ha instalado y se sigue haciendo.

¿Qué tan grave es esto?

Es grave porque influye en el ánimo de la fiscal y de la juez que tienen que investigar. La Justicia necesita una tranquilidad que el gobierno no le está dando.

Nisman presentó una denuncia. El fiscal Pollicita la avaló, el juez Rafecas la rechazó. ¿Cómo puede haber tanta diferencia frente a un mismo escrito?

El tema de la denuncia de Nisman es también debatido. Se ha planteado una discusión jurídica en la que intervinieron desde el exministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni hasta algunos juristas muy prestigiosos del país, que no entiendo realmente qué papel pretenden jugar en la escena. Todo intento de desacreditar el contenido de la denuncia o de desacreditarlo al propio Nisman –como se ha instalado, pues se habló de que era homosexual, borracho, drogadicto–, todo eso son intenciones funcionales a no abrir la investigación. No son discusiones jurídicas, por más que estén teñidas de argumentos jurídicos. Una denuncia es una hipótesis delicitva para investigar. Personalmente, no resiste el menor análisis, pero evidentemente hay mucho interés de por medio.

¿Ha cambiado el ánimo entre la gente del ámbito jurídico a raíz de esto? ¿Ve gente más incómoda o presionada?

Me causó mucha sorpresa cómo algunos prestigiosos juristas están tratando de convencernos de que hay que archivar una denuncia sin abrir ninguna investigación, de la mano de argumentos jurídicos.

¿Hay garantías a futuro? ¿Se sabrá algo?

Tengo la esperanza de que algo más se va a poder averiguar. No sé cuánto.

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La furibunda carta que publicó en Facebook la presidente Cristina Kirchner el sábado pasado acusando a los fiscales que organizaron la multitudinaria marcha del 18F de “golpistas” y de pertencer al “partido judicial” sigue generando réplicas de los magistrados.

Luego de las respuestas de Julio Piumato y José María Campagnoli, que rechazaron los dichos de la mandataria y hasta los calificaron de “disparate” (en el caso del titular del gremio de los judiciales), esta vez fue el turno del fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Ricardo Sáenz.

“La escalada verbal (del Gobierno) es preocupante. Se habla con mucha facilidad de golpe de Estado, en un país en el que no es gratis hablar de esto, porque los que tenemos algunos años nos acordamos de lo que es algo así, y hablar de golpismo judicial es realmente difícil de entender. Me parece que esto no le hace bien al país”, sentenció en Infobae TV uno de los responsables de la marcha en homenaje al fiscal Nisman.

En ese sentido, Sáenz defendió la carta abierta que la Asociación de Magistrados dio a conocer en respuesta a los dichos de Cristina Kirchner.

“Nosotros tuvimos un largo debate sobre si teníamos que contestar cada cosa que se dice, pero la acusacion de estar haciendo un golpe de Estado era una carga verbal que no podíamos no contestar”, explicó Sáenz, quien dijo que era una obviedad tener que aclarar que no eran un partido político sino un poder del Estado

Y añadió: “El único partido al que estamos adscriptos es al de la Constitucion. Cada poder tiene sus funciones y es importante que no se interfiera en los otros poderes”.

Sáenz dijo además que el kirchnerismo es el verdadero responsable de la “politización” de la Justicia, y aclaró que lo viene siendo desde hace un tiempo. “El Poder Ejecutivo quiso internvenir en la organizacion del Poder Judicial ya en el 2013, con la llamada democratizacion de la Justicia que la Corte Suprema declaró inconstitucional”, dijo.

Mencionó también al grupo Justicia Legítima, la agrupación de funcionarios judiciales ultra-K, a la que consideró “un grupo que opera en la Justicia” a favor del Gobierno y que “nació del Poder Ejecutivo”.

Por último, habló del escenario actual tras la marcha del 18F, y pese a calificarla de “emocionante”, aclaró que si el acto “canalizó un descontento, no somos los fiscales los que tenemos que hacernos cargo de ese sentimiento social”.

“Una nueva marcha sería inimaginable, no le vengo ningún sentido”, concluyó.

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La muerte política violenta ha vuelto a la Argentina; de allí la conmoción que se ha generado y la enorme adhesión que la Marcha del Silencio cosecha día a día. 

Nosotros los fiscales la hemos convocado para rendirle a Nisman el homenaje que el Estado argentino no le tributó. No hubo días de duelo ni bandera a media asta, ninguno de esos simbolismos con que los gobiernos expresan la importancia que le asignan a una muerte que toma estado público. Nosotros mostraremos la importancia que le asignamos a la primera muerte de un fiscal de manera violenta en esta época democrática.

Definitivamente la muerte de Alberto Nisman será un punto de inflexión de esta etapa de la historia argentina. 

Nada importa que nos digan que hacemos una marcha política opositora. Todos sabemos que no es así, no es necesario seguir aclarándolo.   

El próximo miércoles 18 esperamos que gran parte de la sociedad en todos los rincones del país acompañen nuestra Marcha en silencio, por lo menos ese par de horas que nos llevará caminar hasta Plaza de Mayo. Antes y después, como siempre, cada uno podrá decir o gritar lo que quiera, asumiendo la libertad que nos brinda la vida republicana y democrática. 

Marcharemos en silencio, quien quiera oir que oiga.