SeguratA

Aeropuerto de Manises

Los vigilantes del aeropuerto prolongan la huelga en plena Operación Retorno
Los vigilantes de seguridad del Aeropuerto de Manises, Valencia, que continúan con su encierro después de un mes, han convocado una huelga durante este viernes y sábado, que a partir del lunes será indefinida si la empresa Eulen Seguridad no les llama a una reunión, y que coincidirá con la Operación Retorno. Los vigilantes esperan además que se solucione el conflicto iniciado con los enfrentamientos ocurridos con la Guardia Civil hace algunas semanas y que el Ministerio del Interior prometió resolver.
Según AENA, el aeropuerto de Manises, con motivo de la operación retorno, que se extiende desde desde el viernes hasta el lunes, operará más de 700 vuelos con una oferta total que supera las 10.000 plazas. Por ello, la empresa no descarta que se pueda producir algún incidente al coincidir con la huelga, aunque reconoció que hasta el momento no ha habido ninguna complicación.
Por su parte, el Comité de Huelga señaló que la empresa está tomando una postura “fascistoide” en el asunto, ya que “lejos de solucionar un problema de conflicto sindical, se limita a utilizar contactos con las administraciones públicas para evitar su intervención, y con la certeza de que la Guardia Civil hará el trabajo que, por contrato, debería cumplir la empresa”, apuntaron.
Asimismo, criticó los servicios mínimos impuestos por el Ministerio del Interior del 80 por ciento, “totalmente indefinidos al no constatarse el total de trabajadores afectados” con lo que, “nadie sabe en qué se gasta la tasa de seguridad AENA, a pesar de que los contratos deben estar registrados y conformados en el Ministerio del Interior porque éste no sabe qué tipo de Seguridad Privada presta servicios en los aeropuertos nacionales”.
Además, los vigilantes de seguridad mostraron sus dudas de la “confirmación verbal” del Ministerio del Interior respecto al inspector de trabajo que el día 31 de agosto deberá personarse en el aeropuerto “para constatar las denuncias interpuestas que de ser ciertas conllevarán gravísimas sanciones a la empresa”, subrayaron en referencia a los enfrentamientos mantenidos con la Guardia Civil.

Del mismo modo, recordó que el Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges tienen abierto expediente de todos los hechos ocurridos durante los días de la huelga y el mes de encierro, mientras que, criticó, Delegación de Gobierno de Valencia todavía no les ha remitido las actas de las reuniones mantenidas en dicha Delegación “tal y como se comprometieron”.

Marcha reivindicativa

Un vigilante de seguridad irá a pie a Madrid para pedir mejoras en el sector
La película ‘Pídele cuentas al rey’ retrató una historia real: la de un minero asturiano que tras el cierre de la mina en la que trabajaba se echó con su familia a la carretera para ir andando hasta Madrid para preguntarle al Rey por qué no se cumplía la Constitución en cuanto a garantizar que todos los españoles tienen derecho a un trabajo digno. Ahora, un vigilante de seguridad repetirá la hazaña e irá andando desde Málaga hasta la capital de España para entregar al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, una carta con una serie de reclamaciones para la mejora del sector. En total 600 kilómetros.
La partida tendrá lugar el día 6 de septiembre desde la puerta de la Delegación de Hacienda de Málaga y la llegada al Madrid está prevista para el 20 del próximo mes, a una media de 30 kilómetros diarios. El protagonista será un vigilante de seguridad de 42 años, cuya identidad no ha sido desvelada para evitar posibles represalias, según explicó J. A. S. M., uno de los promotores de esta marcha y que quiere preservar su identidad.
La idea nació en el chat de la página web vigilantesdeseguridad.com hace unos cuatro meses y cuenta con el respaldo de la Asociación Española de Vigilantes de Seguridad (AEVS). En la provincia hay actualmente unos 5.000 vigilantes de seguridad titulados y entre 2.000 y 2.500 «intrusos», dijo el promotor de la marcha, quien reclamó el apoyo del sector a esta iniciativa.
Entre sus peticiones destacan que se pongan los medios para acabar con el intrusismo en el sector, que se les devuelva a los vigilantes de seguridad el carácter de agente de la autoridad que los revestiría de mayor legitimidad o que el propio ministerio se involucre para que los mandos intermedios sean profesionales. Asimismo, sus reinvindicaciones también tendrán un componente salarial. Ahora, según el promotor de la iniciativa, el sueldo bruto de un vigilante oscila entre los 850 y 950 euros brutos al mes y para conseguir un sueldo digno «hay que matarse» haciendo horas extras que se pagan a siete euros la hora.

De igual forma y ante el incremento de la demanda de seguridad privada, los vigilantes de seguridad reclaman que la Ley de Seguridad Privada se actualice «ya que se ha quedado obsoleta».
Estas reclamaciones serán entregadas en las subdelegaciones del Gobierno de cada provincia por la que pase la marcha. De cara a la última jornada en Madrid, ya hay autobuses que se desplazarán desde Málaga, Sevilla, La Coruña, Barcelona o Valencia en apoyo de la reivindicación.

Pelea tumultuaria

Tres policías y un vigilante heridos en s´Arenal
El pasado domingo de madrugada se produjo una pelea tumultuaria en la zona de s´Arenal en la que tres policías y un vigilante de una discoteca resultaron heridos. Más de una decena de jóvenes, la mayoría extranjeros originarios de Italia y Alemania, se enzarzó en una acalorada riña en plena calle. Los sospechosos se mostraron mucho más violentos cuando la Policía decidió intervenir para calmar la situación. Incluso, se revolvieron y agredieron a los agentes de servicio, quienes se vieron obligados a pedir refuerzos.
La reyerta se saldó con cinco detenidos, cuatro ciudadanos italianos y un alemán, que ayer fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Palma, en funciones de guardia. Los jóvenes ayer quedaron en libertad con cargos y dos de ellos tuvieron que depositar una fianza de 6.000 euros como responsabilidad civil. Por su parte, un vigilante de una discoteca y tres policías, dos mujeres y un hombre, resultaron heridos. Los agentes sufrieron contusiones y hematomas y ayer seguían operativos, a excepción de una policía que permanecía de baja debido a una fisura en un hueso del brazo. El portero del local también sufrió una lesión en el pie y un corte en la cabeza que precisó seis puntos de sutura.
Los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana, durante la madrugada del domingo. Según explicó un testigo, la pelea se produjo en los alrededores de una discoteca que se encuentra ubicada junto a la conocida calle del Jamón, en s´Arenal.
En un primer momento se produjo una discusión en la calle entre un ciudadano alemán y un italiano. Fuentes próximas al caso indicaron que hubo un problema con una joven turista italiana, por lo que sus compatriotas salieron en su defensa y amenazaron al alemán. Éste hizo caso omiso a las provocaciones y decidió marcharse del lugar. No obstante, los jóvenes italianos le siguieron y volvieron a increparle. Un vigilante de una discoteca alertó a una pareja de policías que se hallaba de servicio de la inminente trifulca entre los dos bandos.

Los agentes actuaron de inmediato y se interpusieron entre los turistas para intentar mediar. Esta medida no gustó a los jóvenes italianos que reaccionaron de forma violenta empezando a agredir a los policías.
Una de las primeras personas en comenzar la riña fue una mujer italiana que le propinó un fuerte puñetazo en la cara a una agente, según un testigo. Acto seguido, el vigilante del local intervino e intentó auxiliar a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. “Fue cuestión de segundos. En seguida se juntó mucha gente y empezaron a pegarnos”, indicó el hombre.
Debido a la intensidad de la riña y a la multitud de gente que se congregó en la zona, varias patrullas acudieron en refuerzo de sus compañeros. Cuando los implicados se percataron de la llegada de más policías, emprendieron la huida a toda prisa. Así, sólo pudieron detener a cinco jóvenes. Estos sospechosos ayer negaron las acusaciones y descartaron haber agredido a los agentes. Según su versión, fue la Policía la que cargó contra ellos y les golpeó.

Space Atlántica

Roban en una discoteca de Tarifa después de apuñalar al vigilante
Unos desconocidos robaron el pasado viernes en la discoteca Space Atlántica, ubicada en el polígono La Vega de Tarifa. Antes, los autores golpearon, maniataron y apuñalaron a C.G.S., el guarda de seguridad diurno.
Según pudo saber este periódico, la discoteca cerró sobre las cinco de la madrugada y sólo quedaron dentro algunos camareros. Dos horas después llegó el guarda de seguridad, de 42 años. A las dos y cuarto de la tarde se personó en la entrada de la nave industrial un camión de una empresa proveedora de bebidas. Los trabajadores se preocuparon al comprobar que no estaba el vigilante, por lo que llamaron a uno de los dueños de la Space Atlántica para que se desplazara al polígono.
Una vez entraron en la discoteca escucharon unos leves quejidos y hallaron al guarda tumbado en un cuarto. El hombre se encontraba semiinconsciente, maniatado de pies y manos y con una manta que le cubría la cabeza. Asimismo, C.G.S. presentaba un fuerte golpe en la cabeza, una herida de arma blanca en uno de los costados y la mandíbula fracturada.
De inmediato, llamaron al 061 que envió a una ambulancia para atender al herido. Dada la gravedad de sus heridas, fue trasladado al hospital Punta Europa de Algeciras. Posteriormente, fue derivado al hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde se encuentra ingresado en estado grave.
Asimismo, patrullas de la Guardia Civil se desplazaron al polígono tras ser alertados por los servicios de emergencias del 112. Los agentes comprobaron que los delincuentes habían forzado una puerta y que habían roto una caja de seguridad que tiene la discoteca. El dinero sustraído podría rondar los 4.000 euros.

Sanción a la empresa

Los vigilantes de seguridad dicen que el intrusismo en el sector provoca muertes
La Subdelegación del Gobierno de Pontevedra ha decidido sancionar a la empresa de seguridad en la que prestaba sus servicios Xosé Álvarez Nión, el joven de 22 años que perdió la vida tras recibir dos impactos mortales de bala el pasado día 15 de agosto en un polígono empresarial de Mos. Las investigaciones practicadas por la Unidad de Investigación Privada de la Policía Nacional en la Comisaría de Vigo determinaron que la compañía no estaba inscrita en el registro de empresas del sector del Ministerio del Interior ni habilitada para la vigilancia.
Más de cien personas se concentraron ante esta institución gubernamental para exigir rigor en el cumplimiento de la ley y protestar contra el intrusismo existente en este campo. Un minuto de silencio en memoria del fallecido, un homenaje y un corte de tráfico de veinte minutos, fue el balance de la marcha reivindicativa encabezada por UGT, CCOO, CIG, vigilantes de seguridad, auxiliares y familiares del desafortunado muchacho. La pancarta no podía contener un mensaje más claro y directo: «Los responsables a la cárcel y los irresponsables en los despachos, la inseguridad nos mata».
«Esta protesta se produce porque el ramo está hasta las narices de que la administración no haga nada para resolver el problema que lleva a personas sin la pertinente titulación a realizar labores de vigilancia con el consiguiente peligro que supone para sus vidas», explicó Enrique Rial, responsable de seguridad privada de UGT. Indicó que de los 1.200 empleados como auxiliares de servicios, alrededor de un 70% desempeña su labor como vigilante, mientras que hasta el 80% de este tipo de negocios no están vinculados siguiera a empresas de seguridad.
Pedro Pérez, representante de la CIG, destacó que la Subdelegación del Gobierno conoce perfectamente el escenario actual, dado que recordó que las plataformas sindicales han presentado un total de 200 denuncias en las que prueban que personal contratado como auxiliar desempeña labores propias de vigilancia, «de las que debido a la escasez de personal, sólo el 20% terminan en sanción». Una auxiliar dijo a Ep que el intrusismo se debe a un desconocimiento general.

Convocada concentración

Los sindicatos exigen que los vigilantes privados no hagan funciones de la Policía Local
Los sindicatos denuncian que los vigilantes de seguridad privada están realizando labores que competen a la Policía Local, incurriendo en graves ilegalidades. Así se desprende de las declaraciones vertidas ayer por representantes laborales de varias centrales que exigían el cumplimiento de la ley que regula las funciones de este tipo de profesionales, que data del año 1990 y que, aseguran, no se cumple en muchos casos.
Cuestionados acerca de la situación vivida en las calles de la ciudad hace diez días, cuando varios guardias privados se posicionaron frente a las vallas dispuestas por el 092 cuando se cortó el tráfico con motivo de la Batalla Naval, los sindicalistas son claros: los vigilantes no pueden trabajar en la vía pública. Así pues, y aunque el Ayuntamiento nunca ha admitido que los contrató, la administración local podría haber incurrido en una ilegalidad.
Según explican miembros de UGT, CIG y CCOO, este tipo de trabajador sólo puede desarrollar labores de escolta privado, para transportar fondos o en polígonos industriales. El único caso en el que estaría permitido que estos vigilantes estuvieran en plena calle sería en una zona delimitada y con un permiso específico de la subdelegación del Gobierno. Ocurre, por ejemplo, en las ferias al aire libre que se suceden en época de fiestas en la ciudad, pero no en un corte de tráfico como el registrado hace dos sábados.
Los representantes sindicales alertan de que también en Vigo ocurren situaciones parecidas como es el caso de una empresa de seguridad que vigila, circulando con un vehículo, una zona determinada de la ciudad y, aunque ha sido sancionada más de una vez, sigue prestando el servicio.
Las centrales sindicales lamentan que el intrusismo y las irregularidades sean habituales en esta profesión y que las sanciones no existan o sean “irrisorias”.

Soluciones: En coincidencia con el asesinato de un auxiliar en un polígono industrial en Mos y para denunciar el incumplimiento de la Ley de Seguridad Privada, CCOO, CIG, UGT y la Asociación Gallega de Vigilantes de Seguridad Privada convocan una concentración para este viernes delante de la delegación del Gobierno. Será a partir de las doce del mediodía.
Entre las demandas, exigen la diferenciación clara entre auxiliar y vigilante a la hora de contratar el servicio -el primero no está formado y, por tanto, es más barato-, y el endurecimiento de las multas por incumplir las normas

Intrusismo continuado

Los vigilantes de seguridad han detectado múltiples casos en Ourense
A raíz del reciente asesinato de un joven cuando realizaba funciones de vigilancia y seguridad para la que no estaba legalmente habilitado en Mos (Pontevedra), los trabajadores del sector de la seguridad privada han mostrado su malestar. En Ourense alertan de empresas que ofrecen servicios sin cualificación (han cursado denuncia contra una de ellas), así como de zonas como el Parque Tecnológico, aparcamientos públicos o instituciones que cuentan con personal no cualificado para desempeñar labores de vigilancia. Un vigilante de seguridad es un profesional cualificado para velar por la protección de un recinto, con potestad para ejercer el control del paso de personas, es decir, requerirles identificación y objeto por el que acceden al mismo. No obstante, en muchas ocasiones, la persona uniformada que realiza esta labor no está habilitada legalmente para ejercer esta función.
Este hecho es el gran ‘caballo de batalla’ de los profesionales del sector de la seguridad privada en la provincia, que además de constatar la proliferación de estos supuestos ‘auxiliares’ o ‘controladores’ (figuras no reconocidas por ley) debido al ahorro de costes por parte de las empresas y la pasividad de las autoridades, observan también como su propia seguridad se ve gravemente mermada, al no consentir en innumerables ocasiones, que los profesionales legales porten armas para su propia defensa, sobre todo cuando desempeñan labores de vigilancia en polígonos industriales.
José Manuel Álvarez, vigilante de seguridad y escolta ourensano, así como delegado sindical de Securitas, advierte de que muchas empresas tienen al frente responsables de seguridad sin titulación. Así, personas civiles a quienes se les pone un uniforme y realizan controles de son prácticas frecuentes y, según José Manuel Álvarez, consentidas.

Uno de los casos que ilustra esta situación sucede en el Parque Tecnológico de Galicia, dependiente de la Xunta. Según explica este representante de los trabajadores del sector, pese a que han sido presentadas varias denuncias, desde hace dos años la vigilancia de este recinto está encomendada durante el día a personas que, vestidas con uniforme, realizan de forma permanente controles de accesos de personas y vehículos, algo que la ley atribuye de forma expresa a vigilantes de seguridad. Del mismo modo, es habitual la utilización de esta técnica en los accesos a supermercados, entradas a empresas privadas e, incluso, en dependencias públicas como la Diputación, donde la vigilancia de las cámaras de seguridad no la desempeñan vigilantes titulados.
El caso más reciente que ha motivado una denuncia ante la Subdelegación del Gobierno por presunta infracción de la normativa se refiere a una empresa con sede en Ourense denominada ‘Auria Produccións S.L’. Según la denuncia presentada por el responsable sectorial de Seguridad Privada de UGT, Enrique Rial González, dicha empresa oferta servicios como realización de controles de personas o vigilancias físicas, con uniformes ‘que se pueden confundir con el de personal de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad’.

Santa Teresa

Roban 115 pantallas de plasma en una nave del polígono
Ni empresas de seguridad privada, ni alarmas, ni cámaras de grabación, ni siquiera la alerta hecha a la policía por la empresa, que ya la semana pasada temía ser de nuevo víctima de un robo en su nave. Nada sirvió, porque sobre las cuatro de la madrugada de ayer domingo, y al menos durante una hora y media, unas 115 pantallas de plasma, valoradas en unos 180.000 euros, fueron robadas de una de las naves que Hermanos Lucas tiene en el polígono Santa Teresa, después de que los asaltantes accedieran a ella por el método del ‘butrón’.
Por eso, la indignación y la impotencia que expresó ayer a este periódico el propietario de la firma, Santiago Lucas, era manifiesta y, según la versión ofrecida, más que justificada, ya que mantiene que desde hace dos semanas venía alertando a la policía de la posibilidad de que se produjeran robos en el polígono. Lo hizo al detectar que los cables de conexión telefónica que permiten que las alarmas salten habían sido cortados. Además, la puerta de la nave había aparecido en una ocasión con signos de que alguien la había intentado forzar.
«Hemos mantenido reuniones con la policía, que dobló el servicio. Reconocemos el trabajo que se hace, pero no es suficiente ante el nivel de delincuencia que hay», asegura Lucas, que reivindica la necesidad de un plan coordinado en el que participen los empresarios de los polígonos, las Fuerzas de Seguridad y las administraciones competentes. «No sirve de nada que tomemos medidas de forma individual. Es necesario desarrollar un sistema de seguridad conjunto, coordinado y con seguimiento en el tiempo, como se ha desarrollado en otras ciudades del país», argumenta.
La Guardia Civil, en un control rutinario, interceptó ayer, horas después del robo, a una de las furgonetas a la altura de Seseña (Toledo), mientras que la otra siguió su camino. Al percatarse del material y pedir información, los agentes comprobaron que las pantallas podían haber sido robadas, por lo que se pusieron en contacto con la Comisaría de Málaga, y procedieron a localizar al segundo vehículo, que fue interceptado en Ocaña (Toledo).

La semana pasada fue asaltada otra nave de la misma empresa. En esta ocasión, el robo se perpetró en el polígono Santa Barbara, y también a través del método del ‘butrón’. Consiguieron entrar en el interior y llevarse más de un millar de teléfonos. «Lo increíble es que en ese caso el ‘butrón’ lo hicieron prácticamente en una cámara acorazada; con dos empresas de seguridad contratadas y 16 cámaras grabando», afirma Santiago Lucas, que refuerza así su convencimiento de que las medidas de seguridad privada son ineficaces si no se lleva un plan coordinado .
Según el empresario, en el caso del robo de la madrugada del sábado al domingo, las alarmas saltaron: «La empresa de seguridad mandó a la patrulla, pero no vieron nada. Pensaron que la alarma se había activado porque en una nave próxima estaban trabajando», relata.
Santiago Lucas mantiene que durante cinco años, y siempre coincidiendo con la feria, sus naves han sido objeto de robos. «Son bandas organizadas, que consiguen información pagando por ello», mantiene. «Por eso hay que hacerles frente de una forma conjunta», recalca el empresario, que reclama actuaciones que supongan un mantenimiento integral de los polígonos y que abarquen desde la seguridad, al alumbrado, pasando por unas infraestructuras adecuadas de las zonas en las que se encuentran.

Comunitarios

El vigilante que llegó de fuera
«Nos dijeron que los problemas de falta de personal se solucionarían con la ampliación de la Unión Europea, porque podríamos contratar a polacos. Iban a venir un montón de polacos a trabajar a España, pero no ha venido ni uno». Quien así habla es el responsable de una empresa de seguridad privada que opera en La Rioja, un sector que juzga imprescindible la contratación de más mano de obra; si no es nacional, que sea inmigrante. Aunque las firmas que operan en la región no se ponen de acuerdo sobre la cifra de trabajadores que necesitarían, todas coinciden en un lamento común «(Hay mucho intrusismo en el sector», advierten) y recuerdan que un informe de la patronal de la seguridad privada ya alertó hace un año de que España necesitaba 21.000 vigilantes más. Actualmente, están en servicio unos 80.000.
«Hace años se pensó en contratar a portugueses, porque la legislación lo permite, pero un vigilante portugués prefiere irse a Francia antes que a España, porque allí pagan más», añade otro dirigente empresarial. ¿La solución? Según su opinión, bastaría un marco legal más flexible que permita la incorporación de trabajadores de origen sudamericano, «pero se tendría que negociar con el Ministerio del Interior la habilitación de esta gente». «Lo que está claro», agrega, «es que la capacidad de incorporar más vigilantes se está acabando». «Los jóvenes riojanos», agrega, «no quieren este tipo de empleo, buscan cosas más cómodas».
Sus datos son elocuentes: un tercio de la plantilla de su empresa, de las más poderosas del sector, está formada por trabajadores llegados de fuera de La Rioja, «sobre todo, cántabros y gallegos». «Y la situación no deja de empeorar, porque cada vez hay más trabajo, en sectores que hasta hace poco para nosotros ni existían», añade. Como ejemplo, cita los casos de vigilancias en edificios en obras, objeto de continuos robos en los últimos años, o la moda de disponer en algún domicilio de la llamada ‘habitación del pánico’. «También nos complica el trabajo que cada vez se construyen más urbanizaciones o chalés aislados».

Nuevos modos de vida, nuevas modalidades delictivas: una ecuación que desemboca en mayores exigencias para las empresas del sector, que tienen el actual mes de agosto como la peor época, la más insegura. Proliferan los robos en domicilios, llegan más peticiones de mano de obra desde la costa, la vigilancia de las casas se relaja… Un feo panorama que preocupa al sector, incapaz de satisfacer la creciente demanda. Sólo hay doce academias en España que preparen para los exámenes que organiza el Ministerio del Interior, competente para la habilitación de los aspirantes, que deben carecer de antecedentes penales.

Detenidos los tres

Presuntos asesinos del auxiliar en Mos
El delegado del Gobierno en Galicia, Manuel Ameijeiras, confirmó hoy la detención de los tres presuntos autores del asesinato de un vigilante de seguridad en un polígono industrial de Mos (Pontevedra) y dio por cerrada la investigación policial.
En una rueda de prensa sobre seguridad vial, Ameijeiras informó de que las tres personas arrestadas el jueves cuando intentaban robar en una gasolinera de Vigo son las presuntas responsables de la muerte del joven de 22 años Xosé A.N., que realizaba labores de auxiliar.
Así, el delegado gubernamental aseguró que, “a falta del remate judicial”, las fuerzas de seguridad cuentan con “pruebas suficientes, entre ellas el arma”, para dar por resuelto el caso. El joven falleció por dos disparos de una carabina calibre 22, del mismo tipo que la que le fue intervenida a los presuntos asesinos cuando atracaban la gasolinera.
Este mediodía las presuntos autores del crimen, ocurrido el pasado miércoles en las afueras de Vigo, han pasado a disposición judicial y se encuentran declarando en los juzgados de la ciudad olívica.
El joven Xosé A.N., que realizaba labores de auxiliar de vigilancia, por lo que no iba armado, apareció muerto en el interior del coche que la empresa para la que trabajaba le había facilitado, con signos de haber recibido dos disparos.
Por último, Ameijeiras aprovechó para felicitar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil por el “éxito obtenido en sólo 24 horas”. En este sentido, recordó que en menos de un mes se ha detenido a la presunta asesina de O Orzán (A Coruña) y al presunto violador que actuaba en esa misma ciudad. Así, llamó a no caer en la “autocomplacencia” pero sí expresó sus felicitaciones a las fuerzas de seguridad.

Piden 74 años

Para los acusados del asesinato de un vigilante
Tres de los acusados encargaron el crimen a otro, que cobró 6.000 euros. Está implicado como inductor el abogado que representaba a la familia de la víctima.
El asesinato se produjo el 15 de noviembre de 2004. La víctima, un vigilante de seguridad privada de Rincón de la Victoria, recibió varios disparos por la espalda que le produjeron al poco tiempo la muerte. Por entonces, fue detenido el que se considera presunto autor material de los hechos, Yuneo L.C. Todas las pruebas concluyeron que él era el único responsable de los hechos, pero no se concretó el móvil del crimen.
El presunto homicida iba a ser juzgado el pasado 12 de marzo, pero un mes antes el caso dio un giro de 180 grados con la detención del abogado Martín Eliseo R.B, que representaba a la familia del fallecido, como presunto inductor del crimen. A raíz de su arresto, se reabrió el proceso, el juicio se suspendió y se practicaron nuevas diligencias que acabaron con otros dos imputados más, José María H.J. y Luis F.R., también por supuesta inducción.
El caso se ha cerrado a espera de que se dicte el auto para la apertura del juicio oral. Mientras tanto, la Fiscalía ha solicitado para cada uno de los acusados dieciocho años de prisión por un delito de asesinato, en caso de Yuneo como autor, y en el resto como inductores. Además, el letrado acusado se enfrenta a otros dos años de cárcel por un delito contra la administración de justicia y a una multa de 3.000 euros.
Según el escrito del fiscal Yuneo aceptó por dinero la oferta del resto de implicados de matar al guardia de seguridad. Al parecer, querían vengar ciertas afrentas personales. El supuesto homicida recibió al menos 6.000 euros por el servicio. Su madre actuó como depositaria de los fondos.

Mos

Investigan la muerte por disparos de un joven en un polígono industrial
Agentes de la Guardia Civil investigan la muerte de un joven de 22 años por dos disparos mientras se encontraba en su vehículo en un polígono industrial en la localidad de Mos (Pontevedra).
El fallecido fue encontrado sobre las 16.00 horas del miércoles en el polígono de Reboullón, en el interior de un vehículo particular con un tiro en la cabeza y otro en el cuello, y en el lugar de los hechos fueron encontrados dos casquillos.
Según fuentes consultadas por Efe, el joven se desplazó a las 10.00 horas al polígono en donde realizaba supuestamente labores de vigilancia de seguridad.
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad de Galicia (AESGA), Roberto Lage, tras lamentar la muerte del joven, pidió que se aclaren “qué funciones” realizaba el fallecido en el polígono.
Según Lage, la legislación actual sólo establece la figura del “vigilante de seguridad” y explicó que en la vigilancia de polígonos los empleados “deben ir uniformados, en pareja, uno de ellos armado y en coche de la empresa. Y no consta que se cumplieran estas condiciones”, dijo.
De momento, las fuerzas de seguridad no descartan ninguna hipótesis sobre el suceso.

Muerte en Menorca

Cinco imputados por la muerte de un vigilante de seguridad serán juzgados por lesiones y no por homicidio
La Fiscalía de Menorca ha calificado de “falta de lesiones” el caso instruido para investigar la muerte de un vigilante privado tras sufrir una paliza en el puerto de Ciutadella, lo cual evitará que los cinco jóvenes imputados como presuntos agresores, residentes en Maó, ingresen en prisión.
Se trata del caso instruido por el juzgado de Primera Instancia de Ciutadella, que se investiga la muerte de Carlos Pablo Raengo en febrero de 2006.
La calificación del Ministerio Fiscal ha sorprendido a la familia del finado, personada en la causa como acusación particular.
Sus abogados han pedido nuevas investigaciones y han anunciado un escrito de alegaciones contra la calificación de la Fiscalía.
El Ministerio Fiscal indica en su escrito que ha optado por tipificar los hechos como falta de lesiones, y no como homicidio como ha pedido la acusación particular, por la dificultad para relacionar la muerte del guardia de seguridad con la paliza recibida.
El informe del médico forense ha sido determinante al no haber hallado una relación directa entre la agresión y la muerte de Carlos Pablo Raengo, que falleció el 4 de marzo de 2006, tras haber permanecido ingresado, en estado de coma, en el Hospital Verge del Toro de Maó.
El ingreso en el centro hospitalario se produjo tras haber sufrido una agresión frente a la discoteca del puerto de Ciutadella, el 12 de febrero de aquel año.
Los cinco jóvenes imputados negaron su vinculación con los hechos al prestar declaración ante la juez Beatriz Rallo, que instruye las diligencias.
La misma noche del suceso, agentes de la Policía Local de Ferreries interceptó a los jóvenes en la carretera general Maó-Ciutadella, tras haber huido desde el puerto a bordo de un vehículo cuyas características fueron anotadas por la Policía Local de Ciudadela y comunicadas a los otros cuerpos de Policía Municipal de Menorca.
En el interior del coche se halló una barra de hierro.
El vigilante fallecido, Carlos Pablo Raengo, de nacionalidad uruguaya, contaba 48 años de edad, residía en Ciutadella desde 1980 y era padre de dos niñas menores de edad.

La Bisbal del Penedés

Los vecinos, satisfechos por la vigilancia privada
Los vecinos de La Bisbal del Penedès destacan que han ganado tranquilidad por las noches. «Ya no hay los destrozos de mobiliario ni la quema de contenedores. Tampoco las carreras de motos que se hacían», explica el vecino Lluís Sicart. La tranquilidad, dicen que se nota desde que una empresa de vigilancia custodia los edificios municipales.
La legislación no permite que empresas de seguridad privada realicen la vigilancia de las calles. Sin embargo muchos pequeños municipios no pueden financiarse una policía local propia y deben depender de los efectivos disponibles de cuerpos de seguridad como la Guardia Civil, cuyo número es muy limitado para el gran territorio que deben cubrir.
El Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès, después de una oleada de quejas y de actos vandálicos optó por contratar a una empresa de seguridad privada para vigilar las instalaciones municipales, una competencia que sí les permite la legislación. Y vigilan desde el Ayuntamiento a la piscina, el campo de futbol, las escuelas o incluso los pozos de agua que hay en las urbanizaciones.
El alcalde de la Bisbal, Josep Maria Puigibet (ERC) señala que «no se está incumpliendo ninguna Ley. Los vigilantes están contratados para custodiar los edificios y equipamientos municipales». Y lógicamente entre uno y otro deben ir en un vehículo por las calles y las zonas donde están instalados. Una presencia que da seguridad a los vecinos.

Prosegur Sao Paulo

El mayor atraco del año, en 9 minutos
Nada que envidiar al famoso grupo de ladrones que días atrás llegaron a las pantallas de cine. En esta ocasión no eran trec sino diez e iban bien armados: granadas, cartuchos de dinamita, fusiles AR15 y metralletas eran su carta de presentación. Tampoco fueron muy sutiles ya que optaron por volar la pared contigua al botín. Pero, cómo robar en nueve minutos una cámara acorazada repleta de 3,7 millones de euros protegida con paredes blindadas, vigilada con cámaras de seguridad y alarmas. Fácil: utilizando la puerta de atrás.
Los ladrones entraron a la una de la madrugada por la escalera de un edifico contiguo a la oficina de la empresa de seguridad española Prosegur en Sao Paulo y colocaron varios cartuchos de dinamita en una pared contigua a la del botín. Justo la que comunicaba con el muro trasero de la sala donde se almacenaban los 10 millones de reales y, casualmente, el único que no estaba blindado.
Al oír la explosión, los guardias alertaron a la Policía, pero los ladrones huyeron antes de que ésta llegara. «Estaba durmiendo y oí un gran estruendo, pero pensé que era un choque en la calle», dijo un portero de un edificio cercano. Tras la detonación abrieron un boquete de más de un metro cuadrado, entraron, sustrajeron el dinero y salieron cómodamente sin pegar un tiro. Todo fue perpetrado a tan sólo una manzana de un cuartel del Ejército y a dos de un comando de la Fuerza Aérea.

Tanta rapidez en la operación hace suponer que los ladrones contaban con un socio infiltrado que les reveló «el talón de Aquiles» de la empresa española en la ciudad paulista. Según el comisario del Departamento de Asaltos de la Policía Civil, Ruy Ferraz, «ellos [los ladrones] tenían un conocimiento muy profundo del lugar, pero también de la rutina de las personas que trabajaban allí».
Durante toda la mañana de ayer, agentes de la Policía Civil revisaron la empresa y encontraron un cartucho de dinamita abandonado. El explosivo fue analizado en busca de huellas y después destruido. Por la tarde, los operarios llegaron con material de construcción para cerrar el boquete abierto en la sala donde estaba el dinero.
A estas pistas habrá que sumar la grabación de la acción de los asaltantes, filmada por cámaras de la empresa internas y alrededor del edificio de máxima seguridad donde está la sede de la empresa. Aunque fuentes oficiales hablaron de 5 millones de dólares, en un primer momento la Secretaría de Seguridad Pública señaló que la cantidad robada ascendía a 20 millones de reales, unos 7,4 millones de euros. El dinero robado no estaba numerado, por lo que resultará difícil seguirle la pista.
Hasta ahora, el mayor robo de la historia de Brasil data de 2005, cuando ladrones sustrajeron 65 millones de dólares de un Banco de Fortaleza. Aunque la cantidad robada supera los 63 millones robados en 1987 del Centro de Depósitos Knightbridge, en Londres, ese asalto fue superado ampliamente por los 900 millones de dólares y 100 millones de euros robados del Banco Central de Irak en 2003.

Renfe Sevilla

Restablece la seguridad privada en instalaciones de Santa Justa, pero de forma «parcial»
Después de siete meses, Renfe Operadora ha restablecido la vigilancia privada en los 75.000 metros cuadrados de las instalaciones del Centro de Tratamiento Técnico, en Sevilla, aunque esta reposición, según ha criticado el Sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) se ha realizado de forma «parcial», con tres agentes de seguridad -al igual que anteriormente de Segur Ibérica-que se ocupan de los turnos de mañana, tarde y noche y sin armas, contraviniendo la Ley de Seguridad Privada.
Según responsables de CGT, a pesar de que, desde primeros de este mes, la zona vuelve a contar con vigilancia, ésta está en cierto modo «mermada», ya que, según estos responsables, «continúa sin estar garantizada la seguridad, porque, un agente a pie y sin armas en tan amplio espacio no puede controlar oficinas, talleres, trenes estacionados…».
Vigilancia privada entró en vigor el 1 de enero de este mismo año por cuestiones económicas, no sólo en Sevilla, sino en el resto de España, con excepción de Cataluña, donde incluso se amplió, precisamente a costa de la eliminación en el resto del país.
En el caso de la capital hispalense, el citado espacio de 75.000 metros cuadrados se refería a la zona de almacenamiento de combustible, materiales, oficinas, talleres, garaje de unidades de trenes de cercanías, regionales, AVE y otros de media distancia. Esta zona, denominada «zona de playa», se extiende desde los andenes de la estación de Santa Justa hasta los polígonos Calonge y Store. A lo largo de cada jornada, centenares de trabajadores pululan por ese espacio, en el que diariamente, en el aparcamiento, puede haber una media de más de 300 vehículos particulares.

En el momento de entrar en vigor la supresión, CGT advirtió del riesgo que suponía eliminar el control y el perjuicio que ello podía causar tanto a trabajadores como a usuarios en la estación de Santa Justa.
Además, desde el sindicato también se incidía especialmente en que la citada zona se encontraba material inflamable, como gasoil, en dos depósitos que albergan miles de litros de combustible.
Hasta ese momento, seis agentes custodiaban la zona, dos en cada turno, cubriendo las 24 horas del día, con licencia de armas.

Aeropuerto de Manises

El Comité de Huelga se encierra indefinidamente
El Comité de Huelga en el aeropuerto de Manises, Valencia, se encerró este martes indefinidamente y se declaró en huelga de hambre, “tras ver su derecho fundamental a la huelga conculcado por Aena, Eulen, la Guardia Civil y la Policía Nacional”.
Asimismo, destacaron el “éxito rotundo” de esta huelga de vigilantes de seguridad, a la que se unieron con un “seguimiento mayoritario todos los compañeros asignados al aeropuerto”.
Al respecto, explicaron que la empresa de seguridad Eulen “ha decidido anular el derecho de huelga de los trabajadores de seguridad privada” pues aseguraron que los han sustituido por “vigilantes de seguridad salientes de sus turnos habituales en otros centros de la Comunitat Valenciana”.
En esta línea, puntualizaron que este martes desempeñaron esta labor “varios trabajadores que salieron del turno de noche y que no tenían la formación específica para este trabajo” ya que “no disponían del curso de radioscopia aeroportuaria, que habilita para trabajar en un filtro”, resaltaron.
Asimismo, afirmaron que Policía Nacional, Guardia Civil y Aena “informaron al Comité de Huelga de que ellos no van ha consentir que no se incorporen al trabajo los nuevos vigilantes de seguridad a pesar de no tener la habilitación necesaria para desempeñar las funciones propias en los filtros de seguridad del aeropuerto”.

Del mismo modo, lamentaron que en el turno de noche “sólo han trabajado seis vigilantes de seguridad en todo el Aeropuerto de Manises”, y destacaron que los empleados del turno de mañana “han secundado mayoritariamente la huelga”.
Manifestaron que esta situación es consecuencia del “incumplimiento de la asignación de servicios mínimos, impuestos por la Delegación de Gobierno de Valencia, por parte de la Empresa Eulen”. Así, indicaron que esta compañía “ha utilizado la coacción como método de asignación de los mismos”.

Antonio Mena García

La Audiencia ordena reabrir el caso de un vigilante muerto en Atocha
La muerte del vigilante de seguridad Antonio Mena García, de 27 años, en mayo de 2006 en la estación de Atocha sigue sin aclararse. Supuestamente, Mena falleció de un ataque cardiaco tras ser reducido violentamente por otros agentes de seguridad. Pero los magistrados de la Audiencia Provincial han obligado ahora al titular del Juzgado de Instrucción número 30 a que reabra el caso. Los ponentes quieren que se escuche a testigos ignorados por el juez, piden más grabaciones de las cámaras y censuran que no se haya identificado a los empleados de seguridad.
Los hechos se iniciaron sobre las 6.30 del domingo 7 de mayo de 2006, cuando Antonio Mena llegó a la terminal del AVE e increpó a un vigilante de la empresa Falcón, según la versión ofrecida por los vigilantes de seguridad. Éstos añadieron que Mena paraba de pedirle que le pegara dos tiros. Levantaba los brazos, gritaba. Tras ser expulsado de la zona de andenes, el alborotador se encaminó al vestíbulo de Cercanías, donde increpó a otras personas. “Llegó a arrojar un ramo de flores que llevaba contra una persona y tuvo un incidente con un revisor de ferrocarril”, aseguraron entonces fuentes del caso.
En ese momento, tres vigilantes de la empresa Vigilancia Integrada, SA (Vinsa) le inmovilizaron y le redujeron tirándole al suelo. Mena se revolvió y se levantó de nuevo, ante lo que acudió un cuarto empleado de seguridad para ayudar a sus compañeros. Nada más colocarle los grilletes, el detenido sufrió un vómito y perdió el conocimiento entre convulsiones. Los facultativos de una UVI móvil del Samur-Protección Civil intentaron reanimarle durante media hora, pero al final sólo pudieron certificar su muerte. El fallecido, que había trabajado antes en Atocha, estaba contratado por la empresa Segurisa y destinado en una dependencia del Canal de Isabel II.

Un auto del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones al no estar acreditada “la perpetración de ilícito penal alguno”. La abogada de la acusación particular, ejercida por la letrada Marta González, recurrió ante la Audiencia Provisional la decisión.
Los magistrados de la sección 17 han redactado un auto bastante duro contra el archivo de la causa. En primer lugar, recuerdan que en el atestado policial consta la declaración de un testigo: Helmut Edwards N. C., que presenció al detalle todo lo ocurrido y que no fue tenido en cuenta por el juez que archivó el caso pese a que su versión contradecía la de los vigilantes: “Un vigilante de seguridad uniformado preguntó a ese individuo [Antonio Mena] qué le pasaba y, seguidamente, le propinó un bofetada en la cara”, explicó entonces el testigo. Mena, al ver que pedía refuerzos por la emisora, se marchó por la escalera mecánica. “Ese mismo vigilante le dio una colleja en la nuca, ante lo cual esa persona aceleró el paso para evitar recibir más agresiones. Este vigilante no paró de darle collejas”, resume Helmut Edwards. Ya en el piso inferior, estaban los otros cuatro vigilantes que se dirigieron hacía Mena: “El que inicialmente le seguía le dio un barrido que lo hizo caer al suelo boca abajo. Ese mismo vigilante le puso la rodilla sobre la espalda y otro con gafas le esposó a la vez que llegaron ya los otros tres vigilantes que le propinaban puñetazos por la espalda”, concluye.
Los jueces de la Audiencia entienden que este testimonio es “suficientemente importante” para incluir su versión en la instrucción. Añaden además que debería identificarse al vigilante que hace el barrido ya que dicha conducta “de carácter doloso” impide el sobreseimiento de la causa. Otro detalle importante para los magistrados es que el DVD remitido por RENFE a la sección de Homicidios de la policía recoge dos secuencias grabadas con programas informáticos diferentes. La primera se inicia a las 6.11 del 7 de mayo de 2006, mientras que la segunda comienza a las 6.27 y continúa después a las 8.37.
“En esta segunda grabación, se aprecia a una persona [Mena] ya en el suelo, que es reducida por tres o más vigilantes de seguridad. No consta, y no sabemos por qué, la grabación de los instantes anteriores a estos momentos. No consta la supuesta agresión recibida por Mena por parte de un vigilante mientras baja al piso inferior”, recoge el auto. “Sería conveniente contar con grabación de todo lo acontecido, al objeto de justificar el motivo de la intervención, de la caída al suelo y de la intervención de los vigilantes de seguridad”, añaden los magistrados.
Éstos ven otros dos fallos en la instrucción. El primero es el no haber identificado a los policías que acudieron al lugar. El segundo, que el forense no emitiera su informe en presencia y con la intervención de todas las partes personadas en la causa.

Trablisa

El comité de empresa se reunirá el jueves para decidir si convocan más movilizaciones en el aeropuerto
El comité de empresa de Trablisa, formado por los sindicatos CCOO, USO, UGT y CSI-CSIF, celebrará el jueves de 11:00 a 16:00 horas una asamblea general con todos los trabajadores para acordar si realizan más movilizaciones en el aeropuerto de Palma, tras no llegar a ningún acuerdo con la empresa de seguridad y vigilancia.
Según informó a Europa Press el secretario general de Actuaciones Diversas de CCOO, Emilio Cifre, existe total unidad entre los trabajadores acerca de la necesidad de convocar más paros para denunciar la “vergonzosa” oferta de la empresa que en ningún caso supone una mejora de la situación laboral de los empleados.
El pasado sábado unos 350 trabajadores de vigilancia y seguridad de Son Sant Joan secundaron la huelga y, con toda probabilidad, volverán a hacer un parón este sábado.
El motivo de las protestas reside en que Trablisa ha modificado los horarios de los trabajadores de forma “totalmente unilateral” y sin consultarlo a los empleados. Además, según explicó a Europa Press el responsable de USO, Arturo González, la empresa se niega a aplicar el plus por encima del convenio -de unos 100 euros- que otros aeropuertos españoles que registran también mucho tráfico -como el de Málaga, Madrid y Barcelona-, ya aplican.
Por esta razón y, sobre todo, especificó Cifre, por el cambio “injustificado” de los horarios, los trabajadores secundarán este sábado una nueva huelga, toda vez que en la asamblea del jueves decidirán si convocan nuevas movilizaciones para las próximas semanas.
En este punto, González explicó que el sábado pasado, con el fin de mitigar el efecto de la huelga, agentes de la Guardia Civil que habitualmente no están en los puntos de control del aeropuerto fueron destinados a los monitores de radioscopia. El hecho de que no hubiera personal especializado ni cualificado hizo que “se permitiera la entrada en los aviones de objetos que jamás logran superar los controles, como son tijeras, líquidos y demás artículos no autorizados”.

“La empresa puso a trabajar a personas que no tenían ni idea de manejar un monitor de radioscopia y el descontrol fue total”, aseguró el responsable de Actividades Diversas de CCOO, que coincidió con González en que el hecho de que Trablisa movilizara al personal para cubrir los puntos que quedaron desatendidos, a causa de la huelga provocó la “ausencia de seguridad” en otras zonas del edificio, obligando incluso a su cierre.
Cabe recordar que el comité de empresa de Trablisa denunció el sábado pasado a la empresa de vigilancia y al jefe de seguridad del aeropuerto de Son Sant Joan por contratar a gente “no habilitada” para el control de los monitores de radioscopia y escáneres del aeropuerto, en sustitución de los trabajadores de Trablisa.
Según explicó González a Europa Press, AENA “permitió” colocar gente no habilitada y que no cuenta con el correspondiente título formativo para el control de los escáneres de seguridad, por lo que los sindicatos se han visto obligados a dar parte en la comisaría de la Guardia Civil del aeropuerto de Palma. Es previsible que ocurra lo mismo el próximo sábado, ante la escasez de personal en estos puestos, pese a que están garantizados los servicios mínimos del 85 por ciento de la plantilla.

Comportamiento “grave y reiterado”

Despedido un vigilante de seguridad que coló a 17 amigos en un Sevilla-Betis
Un juzgado de Sevilla ha declarado la legalidad del despido de un vigilante de seguridad, acusado de colar a diecisiete amigos sin entrada ni autorización en el partido Sevilla-Betis de cuartos de final de la Copa del Rey celebrado el 1 de febrero de 2007, declarado de alto riesgo.
El juez de lo Social 4 considera que fue procedente el despido disciplinario, pues las cámaras de seguridad del estadio confirmaron que el vigilante de seguridad dejó pasar a diecisiete personas “sin entrada, abono ni autorización válida”, vulnerando así las normas de la empresa para la que trabajaba y las instrucciones recibidas del Sevilla FC. El vigilante de la empresa responsable de la seguridad en el estadio Sánchez Pizjuán no sólo dejó entrar a esas personas sino que no llevó a cabo ningún tipo de control para evitar la entrada de objetos peligrosos o prohibidos.
El responsable de la seguridad en el estadio dio la voz de alarma al percatarse, a través de las cámaras internas de seguridad, de la entrada por las puertas 21 y 21 A de numerosas personas, muchas de las cuales saludaban amigablemente al responsable del control de dicho acceso. El vigilante, con doce años de antigüedad, fue relevado y la empresa le abrió un expediente que concluyó en un despido por causas disciplinarias, ahora confirmado por el juez en todos sus extremos.
El abogado José Ignacio Bidón, que defendió a la empresa de seguridad, explicó que la sentencia confirma que el comportamiento del empleado fue “grave, culpable y reiterado”, pues se trató de “hechos muy graves, teniendo en cuenta el sector en el que tuvieron lugar”.

El partido Sevilla-Betis de cuartos de final de la Copa del Rey había sido declarado de alto riesgo y los hechos permitidos por el vigilante podrían haber dado lugar a una sanción del Comité Antiviolencia, añadió el letrado.
El vigilante “incumplió su obligación” pues no dio parte de la incidencia, debió exigir entrada a todo el que intentase acceder y además hay “unas normas estrictas de acceso a recintos deportivos” que prevén una puerta especial para los invitados. Fuentes del caso dijeron a Efe que algunos de los que se colaron, y que testificaron en el juicio, fueron policías y guardias civiles que en aquel momento se encontraban libres de servicio.

Violencia en el Metro

El joven agredido en el metro podría necesitar un implante en el oído
Carlos Vásquez, el joven getafense de 18 años que fue agredido por un vigilante del metro, podría ser intervenido quirúrgicamente para colocarle un implante en el oído ya que “la paliza le provocó destrozos en el tímpano”. Así lo explicaba Guadalupe López, madre Carlos, el cual denunció en la comisaría de Policía a su agresor después de recibir la paliza.
López explicó que este viernes acudieron a la consulta del otorrino y que el médico les dijo que “tiene el tímpano totalmente destrozado y que no es una cosa que se pueda recuperar en breve por lo que dentro de un mes valorarán la pérdida de audición y verán si el tímpano se va reconstruyendo poco a poco él sólo o si le tienen que operar y ponerle un implante”. No obstante, añadió que están “contentos” porque “la pérdida de audición no es tan grande como dijeron en un principio, que podría ser tremenda”.
La madre también indicó que su hijo está más tranquilo una vez que ya han pasado cuatro días desde la agresión aunque “está lleno de hematomas y de marcas de las porras”, comenta.
Carlos Vásquez denunció al vigilante en la comisaría de Policía después de la paliza que le propinó el pasado martes, día 17, a la una de la madrugada cuando el joven se coló en el metro de la estación de Sol. “Mi hijo lleva normalmente el abono transporte pero se coló junto con un amigo y les pillaron, así que corrieron hasta salir a la calle pero los vigilantes les encontraron, les cogieron por los pelos y les metieron en el metro”, relata Guadalupe.

El vigilante que agredió a Carlos, acompañado por dos amigos (un chico y una chica), le propinó un golpe en la cabeza que le reventó el tímpano. La joven pagó su billete pero los dos chicos no y fueron pillados por los vigilantes de seguridad. Entonces se inició una persecución de la que los chavales, en un principio, salieron victoriosos pero, cuando ya estaban en la calle, sentados en un portal junto a la boca de Metro situada entre Arenal y Mayor, uno de los vigilantes apareció por sorpresa y cogió a los chicos por los pelos para meterles dentro de la estación.
Según las declaraciones de los jóvenes a un medio de comunicación, una vez en el interior del Metro el vigilante golpeó al amigo de Carlos, de 14 años, hasta dejarle aturdido. Luego sacó la porra y agredió a Carlos en las piernas, en la espalda y en la cabeza. Este último golpe fue el que reventó el tímpano al joven que en ese momento notó “un estallido muy extraño”. Mientras, otros tres vigilantes miraban la escena sin hacer nada, según comentan los tres chavales.
Por otro lado, una portavoz de Metro asegura que “no consta” ninguna agresión en el informe del incidente e indica que existen cámaras de seguridad que graban todo lo que sucede y se “presentarán las imágenes en caso de que lo solicite un juez”. Sin embargo, parece que esto no será posible ya que en el lugar donde se produjeron los hechos no había ninguna cámara.

Piromanía

Arrestan a un vigilante de seguridad por prender fuego a varios contenedores
Tres unidades de la Policía Local de Málaga llevaban toda la noche intentando localizar al pirómano. Una decena larga de contenedores chamuscados y ni rastro del autor. Entrada ya la madrugada, la búsqueda dio sus frutos. Un hombre de 46 años fue detenido al ser sorprendido in fraganti arrojando un papel ardiendo en uno de estos depósitos de basura.
El arresto se produjo en la avenida Obispo Herrera Oria sobre las 3.00 horas del lunes. Según informaron fuentes policiales, una patrulla adscrita a la Jefatura de Cruz del Humilladero sorprendió al hombre, que es vigilante de seguridad de profesión, introduciendo un «elemento incendiario en un contenedor». Se trataba de un papel o un trapo, presumiblemente impregnado de gasolina, al que prendió fuego.
Los funcionarios intentaron sofocar las llamas con el extintor que llevaban en el coche, pero no lo consiguieron, así que solicitaron la intervención de los bomberos. Según las fuentes, el detenido no negó los hechos y argumentó a los agentes que se había separado, estaba solo y no sabía lo que hacía. Fue trasladado a la Comisaría Provincial para instruir diligencias.
Aquel fue el último fuego de una larga noche de incendios en contenedores, todos en el distrito de Cruz del Humilladero. El primero se desató a medianoche en la plaza Diego Vázquez Otero, donde ardieron cuatro depósitos de basura. Además, era la quinta vez que los quemaban en los últimos meses.
Poco después, prendieron fuego a otros dos contenedores en la calle Alfredo Nobel y tres más en Pedro Gómez Chaix. Los últimos incendios se registraron en la avenida Obispo Herrera Oria, donde, finalmente, se detuvo al supuesto pirómano. Allí ardieron otros cuatro depósitos de basura.

Según explicaron fuentes policiales, los agentes lo relacionan con la quema de una docena de contenedores esa noche, ya que todos respondieron a un modus operandi similar en una zona muy concreta de la ciudad, que además está cerca del domicilio del arrestado.
Pero los incendios no eran nuevos. Desde junio, la Policía Local le seguía la pista a una secuencia de fuegos provocados. Cada dos noches, aparecían calcinados ocho o diez contenedores en una misma área de influencia. Los agentes apreciaron que no eran hechos aislados, sino que se producían de forma premeditada, de manera regular y estudiada, según las fuentes.
Ante la oleada de incendios, la Jefatura de Cruz del Humilladero dio instrucciones a los funcionarios del turno de noche para reforzar la vigilancia en el sector. De hecho, el día de la detención, se creó un dispositivo especial integrado por dos patrullas del distrito y una unidad de paisano del Grupo Escoltas, Menores y Atención Ciudadana (Gemac), que colaboró en el arresto del sospechoso.
La Policía Local ha informado a la asesoría jurídica del servicio de limpieza Limasa por si estima oportuno personarse en el procedimiento abierto contra el arrestado para reclamar los daños ocasionados.

Son Sant Joan

Espera 364.450 viajeros en plena huelga de seguridad
El aeropuerto de Son Sant Joan espera para este fin de semana 364.450 viajeros, que se van a encontrar el sábado con la huelga de los empleados de seguridad y vigilancia de la empresa Trablisa.
Estos trabajadores, acuden a la huelga la convocada por CCOO, USO, UGT y CSI-CSIF tras no alcanzar un acuerdo con la empresa para la mejora de sus condiciones laborales, por lo que derivan toda la responsabilidad de las molestias que se ocasione a los pasajeros en AENA, que es “quien marca las directrices”, según los sindicatos.
Las movilizaciones pueden provocar retrasos en las zonas de embarque y en los arcos y filtros de seguridad del aeródromo palmesano y otras zonas, por lo que es recomendable acudir a Son Sant Joan con más antelación de la habitual para evitar colas y posibles pérdidas de los vuelos.
El Comité de empresa “no se siente responsable de las molestias ocasionadas a los usuarios del aeropuerto, ya que en todo momento hemos intentado encontrar soluciones a estos problemas”. “Trablisa actúa siguiendo las directrices marcadas por AENA, no entendiendo cómo una empresa privada es dirigida en la sombra por entes ajenos a la misma”, concluyen.
En concreto, el paro afecta a los controles de pasajeros del aeropuerto y a otros ámbitos de la seguridad. Algunas de las críticas se refieren a que la empresa se haya negado a equiparar a este colectivo con el de otros aeropuertos del Estado y “más concretamente, el del aeropuerto de Sevilla”, realizado igualmente por Trablisa, cuyos empleados de seguridad reciben un plus no recogido en el convenio colectivo.

Los aeropuertos de las Islas registrarán el tránsito de 540.415 pasajeros en las 4.179 operaciones previstas para este fin de semana. El aeropuerto en el que se esperan más pasajeros es el de Palma, con 364.450 viajeros, al que seguirá el de Ibiza con 114.880 personas y el aeropuerto de Menorca, que tiene prevista la llegada o salida de 61.085 pasajeros.
Las estadísticas de AENA reflejan que el número de aviones que operarán este fin de semana en los tres aeropuertos del archipiélago ascenderá a 4.179. El aeropuerto de Palma registrará más operaciones, con 2.670 vuelos, le seguirá el de Ibiza, con 983 vuelos, y Menorca con 526 movimientos de aeronaves.

Hospital Clínico San Cecilio

Acoso a los vigilantes
Caza de brujas, acoso laboral y personal, amenazas físicas, humillaciones, traslados arbitrarios y un largo etcétera son los ingredientes que componen la situación en la que dice encontrarse un grupo de vigilantes de seguridad del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Así se lo han hecho saber a todos los organismos con algún tipo de competencia en el asunto pero no ha servido de nada. La situación se ha hecho permanente por lo que los supuestos acosados han anunciado su intención de denunciar a los tribunales para que tomen cartas en el asunto.
El asunto fue denunciado ante la Inspección de Trabajo de Granada por un grupo de nueve vigilantes de seguridad de Securitas España y por la propia Secretaría del Sector de Seguridad Privada de la Federación de Servicios de UGT de Granada que culpan de lo que está ocurriendo a la empresa de seguridad y al propio Servicio Andaluz de Salud.
Fuentes de la Inspección de Trabajo confirmaron ayer la entrada de la denuncia el pasado 17 de mayo y subrayaron que se ha abierto una “actuación inspectora” para tratar de aclarar lo ocurrido.
Los acosados aseguran que la situación creada es una “herencia” por un antiguo encargado de limpieza y seguridad cuyas prácticas ya fueron denunciadas también por las limpiadoras del centro hospitalario hasta que fue trasladado a otra provincia. Aunque fue llevado a juicio, los tribunales de justicia le absolvieron de toda culpa.
“Este legado de maldad continúa personificado en los dos jefes de equipo de este hospital, nombrados e instruidos por él mismo que, junto a los hijos de uno y los “amiguetes” de éstos, han hecho de este recinto hospitalario un cortijo familiar donde campa a sus anchas todo menos la seguridad”.

En su denuncia los vigilantes sostienen que “esta unión mafiosa” ha recurrido a la “manipulación, mentiras, amenazas, trampas, coacciones, juego sucio, ruinas y falsedad” para desacreditar al resto de la plantilla que no comparten su modo de actuar. Por todo ello, exigen a los responsables hospitalarios la “destitución de estos jefes de equipo que tan malas prácticas ejercer, el traslado de sus hijos a otros centros y la reincorporación en sus puestos de los compañeros que injustamente han sido trasladados”.
Hasta el momento, los casos más graves de acoso han afectado a dos de los denunciantes. Así, mientras uno fue trasladado al Hospital Virgen de la Nieves tras las supuestas “amenazas físicas de uno de los jefes y sus hijos”, otro asegura estar sufriendo una auténtica “persecución ideológica” a causa de su confesión socialista. En este caso, los denunciantes aportan en sus escritos varias fotografías en las que se increpa al trabajador con pintadas con insultos como “socialistas asquerosos”, vivas a Franco y símbolos nazis.

Detenido un vigilante

Por robar en el establecimiento que custodiaba
El enemigo estaba en casa. Un vigilante de seguridad de 18 años que custodiaba el establecimiento Ardy Brico y Ardy Decor de Reus ha sido detenido por robar 12.000 euros de la tienda. Según la Policía, el joven, natural del Reino Unido y quien ha confesado la autoría de los hechos, simuló que habían forzado dos accesos desde el exterior. Después de declarar ante el juzgado de guardia, Jack W. N. ha quedado en libertad.
Robos se producen a diario para todos los gustos, pero el que sufrió el pasado 11 de julio Ardy Brico y Ardy Decor (un establecimiento de bricolaje y jardinería que ha abierto hace pocas semanas en la autovía de Tarragona) tiene miga.
Los hechos ocurrieron sobre las cuatro y media de la madrugada, cuando el vigilante se apoderó de unos 12.000 euros. Cuando la Policía Nacional acudió al establecimiento para llevar a cabo la inspección ocular pudo comprobar la presencia del vigilante de seguridad y también se percató rápidamente de la simulación del forzamiento de dos accesos.
Según la versión ofrecida por el vigilante en ese mismo momento, las dos puertas laterales de entrada a la tienda -que son del tipo de salida de emergencia, por lo que se abren desde dentro presionando una palanca- no estaban cerradas por completo ya que los supuestos ladrones habían colocado unas cuñas.
Además, otro hecho que levantó las sospechas de los agentes de Policía fue que las cámaras de seguridad no habían podido grabar el robo ya que mientras éste se producía hubo una caída de tensión del fluido eléctrico. Por último, la Policía acabó de cerrar el círculo cuando, tras escuchar la declaración del propio vigilante de seguridad mientras presentaba la denuncia, comprobó que éste estaba excesivamente nervioso y se contradecía.

Posteriormente, Jack W.N. compareció en las dependencias de la comisaría de la Policía Nacional de Reus y se confesó como autor material del robo. Fuentes policiales confirmaron ayer que, a pesar de esta detención, las investigaciones siguen abiertas con el objetivo de saber si el detenido actuó solo o en compañía de terceras personas.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Reus que decretó su libertad a la espera de que tenga lugar el juicio.
Fuentes de la empresa valenciana Ardy Bricolage SA , aunque confirmaron los hechos, prefirieron no dar su opinión «hasta que no hablemos con la Policía Nacional». Estas mismas fuentes reconocieron, pero, que la noticia les había cogido por sorpresa ya que el vigilante de seguridad detenido «era un joven introvertido que no levantaba ninguna sospecha. Además, nunca hemos tenido ningún problema con el resto de vigilantes que tenemos en otros establecimientos y que son de la misma empresa».
Ardy Bricolage abrió el pasado 27 de junio este centro de Reus ubicado en la autovía de Tarragona y que se compone de dos espacios: uno dedicado al bricolaje y otro a la decoración y jardinería.

Universidad de Verano del Mediterráneo

Los expertos creen que la seguridad privada “complementa a la pública”
El letrado de la Comisaría Provincial de Málaga del Cuerpo Nacional de Policía, Pedro Pacheco, también coordinador del curso sobre ‘La seguridad privada’ que se imparte en el Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC) desde el lunes hasta el viernes, señaló que “es cada vez más importante la seguridad”.
Al ser cuestionado por el motivo de la inclusión del seminario por la Universidad de Verano del Mediterráneo, resaltó la importancia de la de carácter privado. Según informó, esta empleó a 250.000 personas el año pasado de forma directa y a más de medio millón de manera indirecta.
No obstante, Pacheco matizó que “se trata de una actividad complementaria de la seguridad pública, porque la seguridad, al fin y al cabo, es una”. El experto en seguridad matizó que la esta pued realizarse a través de la Administración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Protección Civil y otros organismos, o mediante empresas privadas.
Pacheco dijo que la seguridad privada es uno de los campos que más está creciendo -con unos porcentajes del 12 o el 13 por ciento al año- debido a las nuevas circunstancias propiciadas por el acontecimiento del 11-S.
No sólo por esto, pero en este sentido, el experto dijo que “la seguridad es un factor muy importante, sobre todo en los sitios donde hay grandes concentraciones de personas, como grandes almacenes, centros de ocio o lugares donde se producen grandes desplazamientos de personas, como los aeropuertos”.
En estos lugares, especialmente, la seguridad se ha extremado, con personal de la seguridad privada auxiliando a los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que supervisan sus actividades.

Para dedicarse a la seguridad privada, según comentó Pacheco, “lo primero que hay que tener es ilusión por realizar esta profesión” y luego, realizar “una preparación muy específica basada en un curso de 200 horas en centros homologados y con profesores que conocen la materia”.
El letrado de la Policía en Málaga quiso “huir de la figura de ese vigilante de seguridad que es un armario” y dijo que sólo “hay que ser una persona normal, sencilla, porque los establecimientos quieren dar seguridad a los clientes, no atemorizarlos”.
Por último, Pacheco recalcó la “importancia y eficacia de la mujer en este campo, como se ha demostrado en los estudios que se han hecho y en su incorporación a la Policía”. Así pues, en su opinión, “ha constituido una de las mejores innovaciones”.

Hospital Clínico de Málaga

Refuerza su seguridad tras otra agresión en urgencias
Ocurrió en el Hospital Clínico, pero podía haber sucedido en cualquier otro centro de la provincia. El pasado sábado un alboroto de grandes dimensiones sacudió las urgencias del hospital provocando una notable conmoción entre los trabajadores, pacientes y los familiares de los enfermos presentes. El suceso, calificado por quienes lo presenciaron de “auténtica tangana”, tuvo lugar a primera hora de la tarde (16 horas) y dejó tras de sí al menos cuatro heridos: tres empleados del hospital (un celador y dos agentes de seguridad) y un Policía Nacional.
Los hechos se produjeron después de que una mujer de unos 60 años, según los testigos, fuera ingresada en el área de críticos de las urgencias del Hospital Clínico Virgen de la Victoria aquejada de un dolor en el pecho. El incidente se desencadenó cuando el hijo y el esposo de ésta trataron de acceder al lugar donde estaba la paciente, un área restringida al público.
El celador que trató de evitar su acceso fue quien se llevó la peor parte, pues sufrió un traumatismo en el brazo. También fueron agredidos los guardias de seguridad e incluso una agente de la Policía Nacional que acudió en patrulla al lugar de los hechos a requerimiento de los responsables del centro.
Testigos presenciales apuntan que los familiares mostraban una “actitud violenta, gritando, amenazando, insultando, golpeando e incluso mordiendo” a quienes trataban de cerrarle el paso. Sin embargo, el estado de la paciente no debía revestir gravedad, pues fue dada de alta horas después.

Civismo. La dirección del centro anunció ayer que va a reforzar las medidas de seguridad en las urgencias del hospital y sumará un tercer vigilante al servicio diario. De hecho, este centro ya dispone de cámaras de vigilancia en todas sus instalaciones. No obstante, los responsables del hospital hacen un llamamiento a la la ciudadanía para recordar que el personal de urgencias realiza “continuos esfuerzos” por atender y resolver rápidamente “todas y cada una de las consultas” que se producen a diario y apelan a la “comprensión” de los pacientes, ya que “es necesario establecer prioridad en la asistencia a los enfermos por orden de gravedad y no de llegada”.

Llanos de Jarata

Asaltan cuatro empresas del polígono
Nueva oleada de robos en el polígono industrial Llanos de Jarata de Montilla. Cuatro empresas de la localidad fueron asaltadas en la madrugada de ayer por varios desconocidos que, armados con un hacha y con una pistola, llegaron a enfrentarse con un vigilante de seguridad de la discoteca Jarata, una de las firmas afectadas.
Tal y como explicaron a el Día fuentes de la investigación, el grupo de asaltantes puede estar formado por cuatro o cinco personas perfectamente organizadas. No en vano, aprovecharon la celebración en la localidad de la Feria en honor a San Francisco Solano para perpetrar los robos en las empresas, la mayoría de las cuales habían previsto cerrar durante todo el día de ayer con motivo de las fiestas. Además de acceder a las instalaciones de Loluhsa y Sanecar -donde, según las fuentes consultadas, consiguieron hacerse con un botín cercano a los 600 euros-, los ladrones irrumpieron también en la sede de la empresa Electricidad Luis Pérez, situada en la calle Miguel Servet, junto al trazado de la carretera provincial CP-177 que une Montilla con Montalbán. Según detalló a este periódico el responsable de la firma, los ladrones registraron las dependencias administrativas si bien, al no hallar dinero, decidieron abandonar las instalaciones “sin tocar nada más”. En cualquier caso, Luis Pérez lamentó que para poder acceder hasta el interior de su nave, los asaltantes tuvieran que forzar dos puertas metálicas, una de ellas con una amoladora angular, lo que les permitió abrir un hueco de dimensiones considerables por donde consiguieron entrar. Curiosamente, la policía científica no descarta que los asaltantes utilizaran en este lugar algún tipo de inhibidor de frecuencias, dado que la alarma del local no llegó a funcionar.

Por último, los ladrones dirigieron sus pasos hasta Jarata, un complejo de ocio de más de 2.200 metros cuadrados que dispone de un restaurante, una cervecería y una discoteca muy conocida en toda la comarca de la Campiña Sur. Según detalló uno de los responsables de la firma, Joaquín Herrador, la alarma del local saltó en torno a las 04.00, lo que provocó que uno de los socios se personara rápidamente en la discoteca, acompañado de un vigilante de seguridad. “Cuando llegaron, los ladrones estaban todavía dentro y, al verse sorprendidos, uno de ellos sacó un hacha, por lo que el guardaespaldas se tuvo que defender con una cadena, golpeándolo en la cabeza en varias ocasiones”, señaló el portavoz de la discoteca, quien aseguró que los malhechores lograron escapar después de que uno esgrimiera una pistola. El método para acceder hasta el interior del recinto fue similar al utilizado en el resto de empresas. “Aporrearon con una maza la puerta e intentaron abrir la caja fuerte, pero no lo consiguieron”, señaló Joaquín Herrador, quien no obstante reconoció que los salteadores pudieron hacerse finalmente con un botín de 3.000 euros en metálico que se custodiaba en otro lugar.

Prisión sin fianza

Para el empleado de seguridad que mató a su inquilina
El hombre detenido el pasado sábado en Santander por el presunto homicidio de su inquilina reconoció, en su declaración ante el juez, haber estrangulado a la mujer después de golpearla con un martillo en la cabeza, por lo que la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad acordó la prisión provisional comunicada sin fianza, en un auto dictado el pasado domingo, un día después de la detención del sospechoso.
Según se explica en dicho auto, el detenido, Ramón G.A,de 38 años y empleado en una empresa de seguridad privada, sobre las 7.45 horas del lunes 2 de julio, se personó en su vivienda en la calle Peñas Redondas agarró a la mujer con las dos manos por el cuello y forcejeó con ella.
Posteriormente cogió un martillo con el que la golpeó en la parte superior de la cabeza y siguió después apretándola del cuello hasta que la víctima dejó de moverse. Entonces, envolvió el cuerpo en una manta y lo arrastró hasta la habitación que tenía alquilada la mujer, de 35 años de edad, donde la depositó en un rincón, bajo una bolsa de basura con ropa.
Después, el presunto homicida se quitó el pijama que llevaba en el momento del crimen y lo guardó junto al martillo en una bolsa de supermercado que tiró a un contenedor de basura. También se ocupó de limpiar la sangre con una fregona y se marchó de casa.

Cinco días después de los hechos, el sábado 7 de julio, el hombre comunicó a la Policía el hallazgo del cuerpo, pero no fue hasta su detención y el precinto de la vivienda, cuando confesó lo sucedido.
De acuerdo con su declaración a la Policía el autor del crimen afirmó que la convivencia con la víctima era «insoportable» debido a la condición de ésta de adicta a las drogas y debida también a las frecuentes entradas y salidas del domicilio de drogodependientes y delincuentes.
Según la juez, tanto la ocultación inicial del suceso, como la posterior evasión de la autoría, unido a que la pena de prisión para este tipo de crimenes oscila entre 10 y 15 años, aconsejan el decreto de prisión provisional sin fianza.
La juez también dicta que, en el caso se dan «todos los requisitos» para acordar la medida, solicitada por la Fiscalía y rechazada en cambio por la defensa del detenido.
El auto insiste además en que «se desprenden indicios racionales de la posible comisión de un delito de homicidio».
La mujer fallecida vivía de alquiler en una de las habitaciones de la vivienda propiedad del presunto homicida, pero entre ellos no existía relación sentimental alguna.

Tres años de cárcel

Para el vigilante jurado que se apropió de 200.000 euros
La Audiencia Provincial ha condenado a tres años de cárcel al vigilante jurado Lucio Manuel del Valle Vega, al que se acusa de haberse apoderado en agosto de 2004 de una saca que custodiaba destinada a sucursal de La Caixa de Sant Jordi y que contenía 200.000 euros. Además deberá restituir el dinero a la empresa Prosegur, así como pagar una multa de 780 euros.
El tribunal, en cambio, ha absuelto a la pareja sentimental del acusado al considerar que no se le puede considerar cómplice puesto que este tipo penal requiere que hubiera realizado actos anteriores o simultáneos de «verdadera y efectiva cooperación en la ejecución» del delito de apropiación indebida.
La sentencia, de 39 folios, descarta las alegaciones presentadas por las defensas de los dos acusados que alegaban la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y errores de procedimiento al autorizar las escuchas telefónicas que permitieron la detención del acusado.
Seguidamente, la Audiencia rechaza una por una las cuestiones planteadas por la defensa para avalar la inocencia de Lucio Manuel del Valle. Así, se desecha la posibilidad de que la saca con el dinero fuera sustraída de la cámara de seguridad de Prosegur en Palma o que no fuera enviada a Eivissa por error.

Respecto a la imposibilidad de que el acusado tuviera acceso al dinero cuando estaba en el furgón blindado en el aeropuerto, se destaca que existían formas de burlar el dispositivo de seguridad que impide que dos de las puertas del vehículo estuvieran abiertas al mismo tiempo. De esta forma, se apunta a que es posible que se apoderara de ella sin ser visto por sus compañeros.
La sentencia también recoge lo extraño del comportamiento del acusado que, alegando tener que ir al baño, dejó solo y sin protección a un compañero cuando llevaban más de 100.000 euros a una oficina bancaria del mismo aeropuerto.
Los magistrados de la Audiencia destacan en su resolución que «no consta acreditada una procedencia distinta del dinero intervenido» que no sea la de la apropiación indebida.
Así, los magistrados resaltan que «jamás el acusado, en sus diversas declaraciones, ha mencionado tal actividad extra», en referencia a la propiedad de un bar en su localidad natal durante varios años.
Los miembros de la Audiencia también mostraron su incredulidad respecto a las comisiones millonarias obtenidas en la compra-venta de caballos sin que se firmaran contratos. Incluso se destaca que un testimonio aseguró que las comisiones las pagaba al acusado en billetes de 500 euros en el año 2000, cuando la moneda vigente aún era la peseta.

Metro Puerta del Sur de Alcorcón

Seis vigilantes de la estación fueron agredidos el sábado por la noche por jóvenes, de entre 16 y 25 años, que intentaban parar un vagón - Llevaban navajas, cuchillos de cocina, cadenas y varias catanas
Moisés trabaja como vigilante de seguridad en la estación de Metro Puerta del Sur de Alcorcón. Cuando a las cuatro de la tarde fichó su entrada el sábado pasado, no se podía imaginar la pesadilla que iba a vivir apenas siete horas después. A eso de las once, un grupo de unos 40 o 50 sudamericanos, de entre 16 y 25 años, comenzaron a bajar las escaleras mecánicas hacia el andén. Todos habían pagado el billete y parecían tranquilos, pero estaba a punto de desatarse una batalla campal.
En la vía, el convoy se encontraba listo para continuar el viaje, sin embargo, la pandilla no tenía ninguna intención de consentir que partiese, al menos, hasta que todos sus amigos estuvieran dentro. Así que los jóvenes bloquearon las puertas, mientras sus colegas más rezagados pisaban, poco a poco, el suelo del vagón.
Momento en el que Moisés y otros cinco vigilantes les pidieron que se apartaran de la entrada y permitiesen salir al tren. Se movieron, las puertas se cerraron, pero la pandilla estaba dividida entre el convoy y el andén. Una circunstancia que enfureció bastante al grupo.
Para demostrar su malestar, los que habían logrado un sitio en el tren se colgaron de las barras para, balanceándose, patear las puertas y las ventanas de cristal. El maquinista, al ver el cariz que estaba tomando el asunto, se negó a arrancar y volvió a abrir las puertas.
Con este cuadro, Moisés y sus cinco compañeros tuvieron que comenzar el desalojo de los chavales. Sabían que no iba a ser fácil. En un abrir y un cerrar de ojos los jóvenes desenfundaron innumerables armas: cuchillos de cocina, navajas, estiletes, cadenas, palos, botellas y varias catanas.

Con la fuerza que les concedía la superioridad numérica, separaron a los vigilantes a lo largo del anden y se cebaron con ellos. Varios de los viajeros, que habían observado atónitos la estampa, llamaron de inmediato a la Policía para alertarles de la reyerta que acababa de estallar.
Los asaltantes por su parte, al tiempo que golpeaban a los vigilantes les insultaron y amenazaron. «Español de mierda, te voy a matar» u «Os vamos a echar de España hijos de puta» fueron algunas de las lindezas que los violentos profirieron a Moisés y a los suyos que tan sólo podían defenderse con la porra reglamentaria, ya que las armas de los vigilantes están prohibidas dentro de la red de Metro. Los violentos iban acompañados de unas chicas españolas que, según explica Moisés, se quedaron sorprendidas y asombradas ante la actitud de sus compañeros de noche.
Por suerte, la Policía no tardó en acudir a la Puerta del Sur. Muchos de los agresores salieron a la carrera escaleras arriba. La persecución siguió en la calle y Moisés reconoció a varios de los asaltantes que detuvo la Policía en la calle. Según fuentes policiales, varios de los arrestados tenían antecedentes penales por robo con agresión.
Tras un parón en el Hospital de Alcorcón para sanar las heridas de la batalla, Moisés y sus compañeros denunciaron los hechos. «Fue un caos, una pesadilla», este joven de 45 años se ha recuperado de lo ocurrido, ha pedido el alta voluntaria y ayer estaba de vuelta en el tajo. «En el momento no te da tiempo a pasar miedo, luego piensas que podían haberte matado y se te revuelve todo. Imagínate, yo tengo tres hijos», explica.
Cuenta que las peleas los fines de semana en esa estación de Metro son continuas. Los jóvenes van armados y paran en las discotecas de Costa Polvoranca. Él y sus compañeros se sienten inseguros. En el cuerpo, a parte de las grapas que tiene en la cabeza y los puntos en la ceja, sólo le queda impotencia. Sus compañeros siguen de baja y dentro de dos días, vuelve el peligroso fin de semana.

UGT denuncia

“El fraude en las horas extras” de la vigilancia privada
El responsable regional de Seguridad Privada de la Federación de Servicios de UGT Canarias, José Juan Socorro, denuncia que “una de las irregularidades más habituales en las que las empresas de seguridad obtienen beneficios millonarios es la realización de horas extras por parte de los vigilantes, un colectivo del que forman parte alrededor de seis mil trabajadores y trabajadoras en el Archipiélago”.
El responsable regional de Seguridad de UGT destaca “la cantidad irrisoria y por debajo del convenio a la que se pagan las horas extras, así como el hecho de que éstas no aparezcan reflejadas en las nóminas de los trabajadores, sino enmascaradas en dietas, gastos de kilometraje, incentivos o como cualquier otro concepto”.
“La firma de un contrato temporal bajo la amenaza de no renovarlo si no se realizan horas extras, o la inclusión en los contratos de cláusulas abusivas en virtud de las cuales el vigilante se compromete a realizar todas las horas que la empresa le requiera, son algunas de las circunstancias que se dan para poder llevar acabo este tipo de fraude”, manifiesta Socorro.
Además, a esta situación, “se le une el beneplácito de los propios vigilantes” que, tal como indica José Juan Socorro, “están excusados por los bajos salarios que reciben y el riesgo de quedarse sin empleo. De esta manera, la realización de jornadas diarias que superan las 12 horas o las jornadas mensuales que se acercan, en algunos casos, a trescientas horas, pagando la diferencia en horas extras y ahorrándose la empresa uno, dos o tres puestos de trabajo, forman parte del día a día en el sector”.

Otra actividad fraudulenta contra el vigilante privado “tiene lugar en las propias nóminas de varias empresas donde la cantidad que se paga por pluses como festividad, transporte, vestuario, nocturnidad o peligrosidad no reflejan el precio real del convenio, sino que está muy por debajo. También sucede en un elevado número de empresas que los cómputos mensuales de horas que tienen que realizar los vigilantes para cobrar su sueldo no se ajustan al convenio colectivo del sector. Por ejemplo, en el año 2007 el cómputo mensual es de 162 horas, y existen empresas en que los vigilantes tienen que llegar a las 168 ó 172 horas para cobrar la totalidad de su salario.
Por último, José Juan Socorro sostiene que “independientemente del fraude a la Seguridad Social y la Hacienda Pública que vienen cometiendo las empresas con este tipo de acciones, las consecuencias para los vigilantes son gravísimas, puesto que a los bajos salarios se le suma que en casos de baja médica o paro se cobra a razón de lo que hayan cotizado”.

Servicio de salud

Se investiga una violación grabada por videovigilancia
El juez de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón, investiga un caso de presunta violación en la sede capitalina del Servicio Canario de la Salud que fue grabada por una cámara oculta instalada en el edificio público un día antes de los hechos, después de que una limpiadora pidiera amparo a varios funcionarios al sentirse víctima del acoso sexual de un vigilante de seguridad con el que años atrás había mantenido relaciones sexuales consentidas. La cámara, cuya instalación fue denunciada a este periódico por funcionarios que creían ser objeto de espionaje por parte de la Administración, grabó el 7 de junio el asalto sexual del vigilante a la limpiadora, que hasta ese día no se decidió a denunciar los hechos ante la Policía porque, según ella, temía represalias del agresor. Éste supuestamente la chantajeaba con la amenaza de contar los detalles de la relación al marido y al hijo de la mujer.
La presunta agresión se consumó en la tarde del día 7 en la planta tercera del edificio, fuera del horario habitual de oficinas, en una zona de fotocopiadoras y almacenaje de documentos, diez días después de que la limpiadora pidiera ayuda a un encargado de seguridad para que impidiera el acceso del vigilante denunciado a su área de trabajo. Esta petición de auxilio, que sin embargo no se sustanció ante la policía ni ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer, activó también la intervención de varios funcionarios públicos y de la empresa para la que trabajaba el vigilante, que decidieron la colocación de dos cámaras ocultas en las zonas donde, según la mujer, se producían los ataques.
En efecto, tan sólo un día después de que una de las cámaras quedara activada, este dispositivo grabó el aparente asalto sexual a la limpiadora por parte del vigilante, que en ese momento no estaba de servicio, pero había entrado al edificio con el pretexto de visitar a un funcionario. Distintas fuentes consultadas por este periódico explicaron que las imágenes grabadas dan testimonio de que el presunto agresor usó aparentemente la fuerza para ejecutar una relación sexual con brutalidad. Según esta versión, el vigilante maltrató a la mujer, a la que arrastró por los pelos para obligarla a realizar después distintos actos sexuales, mientras ella, a sabiendas de que la cámara grababa las imágenes, intentaba contener al hombre con las manos.

Inmediatamente después del hecho, la mujer telefoneó llorando al encargado de seguridad para contarle lo sucedido. Después se personó en la supercomisaría para denunciar los hechos en compañía del propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, para el que trabajaba el vigilante, que fue despedido de inmediato. El presunto autor de la agresión fue detenido horas después por agentes de la Policía Judicial y permaneció una noche en el calabozo, donde se negó a prestar declaración. El hombre quedó en libertad después de pasar a disposición de un juez de guardia, y el caso está ahora en manos del instructor Miguel Ángel Parramón.
Ante este último, la mujer relató que en 2003 había tenido un año de relaciones sexuales consentidas con el vigilante, pero que a partir de una ruptura había sido objeto de abusos como el grabado por la cámara durante los tres años siguientes, hasta que se decidió a denunciarlos.

Aeropuerto de Barajas

Vigilantes piden plus de responsabilidad y anuncian posible huelga
El sindicato CCOO ha solicitado un plus para los 500 vigilantes de seguridad de la empresa Vinsa que trabajan en el aeropuerto de Barajas, mediante el que se reconozca la complejidad y peligrosidad de sus puestos, y advirtió de que si éste no se concede habrá movilizaciones a partir del 15 de julio.
Así lo explicaron Blanca Andrada y Julián Montes, miembros del comité de empresa de Vinsa por CCOO, que destacaron las ‘especiales’ condiciones de trabajo de los 500 vigilantes de Vinsa en las cuatro terminales de Barajas, en especial tras la entrada en vigor de nuevas normas de seguridad europeas para evitar atentados, y tras la ruptura de la tregua por parte de ETA
La sección sindical de CCOO en Vinsa ha solicitado recientemente a la empresa, perteneciente al Grupo Alentis, que se pague a todos los vigilantes de Barajas un plus de 198 euros mensuales, abonables también en pagas extraordinarias y vacaciones.
Los representantes de CCOO en el comité aseguraron que si la empresa continúa sin contestar a esta propuesta o la rechaza ‘habrá movilizaciones a partir del 15 de julio’, aún por concretar.

Aseguraron que los representantes de CCOO en Vinsa cuentan con el apoyo de sus compañeros en Securitas, que es la otra empresa de seguridad que presta servicios en Barajas, y que también están respaldados por la sección sindical de CCOO en AENA.
En el escrito remitido por el sindicato a la dirección para solicitar el plus, se recuerda el tamaño y el horario ininterrumpido del aeropuerto madrileño, lo que implica ‘una gran complejidad’ y se traduce en que los vigilantes ejercen numerosas actividades, como control de pasajeros, equipajes, vehículos o detección de intrusos en áreas restringidas.
En su opinión, el funcionamiento de Barajas ‘genera un específico y singular catálogo de riesgos y amenazas, como terrorismo, sabotaje, robo o agresiones, que no soportan la mayoría de los servicios de seguridad privada’.
‘El grado de compromiso, implicación y de responsabilidad de los vigilantes que velan por la seguridad de tanta gente es superior al exigible en cualquier otro servicio del sector’, añade el sindicato.
CCOO recuerda que desde el atentado del 11-S la seguridad en los aeropuertos se ha ido incrementando y se han adoptado nuevas normas ‘que a su vez han incrementado la carga de trabajo de los compañeros, que se ven exigidos al máximo psíquica y físicamente, del inicio al fin de su jornada laboral’.
Andrada denunció que muchos vigilantes hacen turnos de doce horas diarias, y subrayó que ‘el 20% de las mujeres vigilantes de Barajas está actualmente de baja por enfermedad, e incluso a una de ellas le dio un infarto cerebral recientemente’.
Julián Montes explicó que CCOO interpuso en abril una denuncia ante la Inspección de Trabajo ‘por las condiciones de algunos puestos de trabajo de Barajas y la exposición a riesgos biológicos de nuestros compañeros’, tras la que la empresa aún no ha tomado medidas.
En este sentido, criticó que los vigilantes ’siguen sin vestuarios en Barajas, a pesar de que la Ley de Seguridad Privada y el convenio establecen sanciones si se hace uso del uniforme fuera del horario de trabajo’.
El sindicato ha interpuesto otra denuncia ante Trabajo ‘en relación a la carga de trabajo y a la escasez de personal femenino, que obliga a nuestras compañeras a disfrutar de menos relevos’, según detalló Montes.

Incumplimiento del Convenio Colectivo

UGT pide la anulación del contrato con una empresa privada para la seguridad de la Inspección de Trabajo en Badajoz
El sindicato UGT ha solicitado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que anule el contrato que mantiene con la empresa Serramar Vigilancia y Seguridad, un servicio de seguridad privada para el edificio que alberga las dependencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Badajoz.
Según recuerda el sindicato, la adjudicación de mencionado servicio de seguridad se ha llevado a cabo por el procedimiento de Concurso Público, regulado por un pliego de condiciones técnicas y económicas, que entre otros asuntos, hacía referencia expresa al Convenio Colectivo del Sector de seguridad Privada, obligando a las empresas que se presentasen al concurso al cumplimiento del Convenio.
Explica que esta empresa presentó una oferta económica por debajo de los precios marcados en el artículo 74 del Convenio Colectivo, que según recuerda, “es de obligado cumplimiento para no incurrir en competencia desleal”, por lo que critica UGT que el Ministerio de Trabajo “ha adjudicado el servicio a una empresa que ha incumplido el Convenio Colectivo y los pliegos de condiciones del concurso”.
Recuerda que FeS-UGT entregó en su día un escrito al Ministerio de Trabajo, solicitando la anulación de la adjudicación del servicio a la empresa Serramar Vigilancia y Seguridad por estos “incumplimientos”, no ha causado efecto alguno, algo que desde el sindicato califican de “indignante”.
Hasta el momento, FeS-UGT tan sólo ha conseguido que el del jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz, Enrique Borrego, se comprometa a salvaguardar los derechos laborales de los vigilantes que presten su servicio en sus instalaciones, “cuestión que es de agradecer”, a juicio del sindicato.

Hurto continuado

Dos empleadas de un supermercado roban durante dos años artículos por 60.000 euros
El presunto delito continuado de hurto que se imputa a las dos empleadas-al menos hasta última hora de la mañana de ayer seguían siendo trabajadoras-, podría explicar que el referido supermercado, perteneciente a una cadena nacional, era uno de los que más pérdidas tenía respecto a los de otras ciudades. Los hechos que ahora se han destapado ocurrieron en un establecimiento de la calle Juan Ramón Jiménez de la capital de la Plana. Así, según las imputaciones policiales, desde hace unos dos años las implicadas, supuestamente, cargaban carros con todo tipo de productos pero, en lugar de pasar por caja, no pagaban y los sacaban por el almacén.
Dada su condición de trabajado ras del centro, éstas disponían de información privilegiada para saber elegir la forma y el momento del día en el que poder sacar la mercancía sin que nadie pudiera sospechar nada extraño. Incluso, no sólo actuaban de esa forma en horario laboral sino que también, en época de vacaciones continuaban con la presunta sustracción de productos. Dado el alto valor de la mercancía sustraída, las fuentes consultadas no precisaron el número de beneficiarios de estas prácticas ilícitas.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la cadena comercial, al parecer, ante el resultado de la contabilidad, comenzó a sospechar de alguno de los trabajadores del establecimiento por lo que adoptó medidas para tratar de obtener posibles pruebas que confirmaran los peores augurios. Así, el supermercado colocó cámaras además de que empleó a un vigilante jurado.
A su vez, las presuntas autoras de los hechos también habrían adoptado precauciones para no ser descubiertas de tal forma que optaron por sacar los productos ocultos en bolsas de basura, en lugar de los carros llenos.

Una de las implicadas, al parecer, confiada en que no iba a ser descubierta, habría llegado a proponer al vigilante que recurriera a ese tipo de prácticas. Sin embargo, ella misma se delató dado que el vigilante, tras consultarlo con la empresa, aparentó que sustraía artículos, que luego los devolvió.
De esa forma, la cadena de supermercados, con los indicios recabados, presentó una denuncia en Comisaría y, con motivo de la misma, ayer fueron citadas las dos implicadas para que declararan como imputadas. Al término de esa comparecencia, las dos mujeres quedaron en libertad con cargos a la espera de que sean llamadas por el juzgado de guardia de Castelló.

Aeropuerto de Ibiza

USO denunciará ante Trabajo la falta de un plan de evacuación
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP) de la Unión Sindical Obrera (USO) emitió ayer un comunicado en el que felicitaba a los vigilantes por su trabajo el sábado en la evacuación del aeropuerto al tiempo que denunciaba la falta de un plan para la gestión de este tipo de emergencias.
«Reiteramos nuestra denuncia, que ya efectuamos públicamente durante el año pasado, sobre la falta de un plan de evacuación para este tipo de sucesos. Nunca se ha efectuado un simulacro de evacuación de la terminal y, a pesar de ello, se desalojó de la misma a 4.000 o 5.000 personas en 10 minutos», asegura el sindicato.
Los representantes de los trabajadores aseguran que denunciarán a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) «que como empresa titular del centro es la primera responsable del incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde viene marcada la obligatoriedad de implantar un plan de emergencias y evacuación actualizados y ponerlo en conocimiento de todos los trabajadores».
En su comunicado, el sindicato recoge hasta seis «graves errores» durante la evacuación por el falso aviso de bomba. Así, el primero que remarca es que se condujera en un primer momento a los usuarios y personal al aparcamiento público, siendo esta una zona de alto riesgo. La zona podría albergar un coche bomba o los vehículos podían verse afectados por la explosión y estallar a su vez o producir daños al romperse sus cristales.

Además, aseguran que no se informó por megafonía lo suficiente y se hizo únicamente en castellano, a pesar de la gran cantidad de personas extranjeras que ocupaban la instalación.
USO también se destaca que no se avisó a los pasajeros de que no podían usar sus teléfonos móviles (que podían activar un hipotético artefacto) ni de que no debían abandonar sus maletas (lo que reduciría el número de objetos sospechosos para analizar por los especialistas).
Por último, denuncia que los accesos quedaron bloqueados para los vehículos de emergencias y señala que «de haberse producido un atentado nos estaríamos lamentando de las consecuencias de tanta improvisación».

Hiperdino de Valterra

Acusados y testigos del robo vuelven a verse las caras
El escenario del suceso era el nexo entre acusados y testigos. El 25 de noviembre de 2001, a la una y cuarto de la madrugada, varias personas se acercaron hasta el Hiperdino situado en el barrio de Valterra, en Arrecife. Según el testimonio del propio vigilante de seguridad, los presuntos ladrones se abalanzaron sobre él, le maniataron y abrieron el recinto de las cajas fuertes, robando dos de ellas, con 120.000 euros, y huyendo en una furgoneta. Unas horas más tarde, cuando el vigilante de relevo llegó al establecimiento, se encontró a su compañero atado a una columna, asustado y muy nervioso.
Casi seis años después, hay tres personas acusadas de estos actos, que este lunes han comparecido frente al juez de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Los tres hombres, Francisco García Magariño, Julio Manuel Martín de León y Jesús Salvador Martín Cabrera, que se han declarado inocentes en todo momento, tenían o habían tenido relación laboral con el supermercado Hiperdino de Valterra.
El primero de ellos había sido despedido de su trabajo como vigilante apenas unos días antes de que se produjera el robo. Tal y como ha explicado la presunta víctima, Julio César Hernández Quintero, reconoció al acusado debido a las amenazas que le profirió aquella madrugada: amenazas psicológicas (“te voy a matar”, ha asegurado la víctima que escuchó de boca del presunto agresor) y físicas (con una “katana”, un arma de origen japonés, que se ha convertido en una de las principales pruebas de la investigación). Esta katana ha sido precisamente el motivo de implicación en el caso de otro de los acusados. El arma fue encontrada en su domicilio mientras la policía lo registraba por un asunto relacionado con estupefacientes. Sin embargo, y tras las declaraciones de varios testigos, no ha quedado claro que el arma fuera la misma, ya que según el acusado, Martín de León, “la mía no tiene filo y cuenta además con unas letras chinas que aquí no veo”, ha explicado este lunes, mientras observaba la prueba.

A pesar de que Hernández Quintero ha reconocido a los acusados como autores del robo y agresión, no fue así desde el primer momento. Tal y como consta en acta policial, la primera declaración del vigilante se refería a “seis personas sudamericanas, de ojos enrojecidos y rasgados, y un metro ochenta de alto”. Esta versión fue cambiando a medida que transcurría la investigación.
“Tenía mucho miedo”, ha asegurado el vigilante, “por eso no dije la verdad en un primer momento, pero después decidí hacerlo a medida que se descubrían nuevas pruebas”. Para la defensa, estos testimonios cambiantes y contradictorios no son decisivos para la condena de los tres acusados, por lo que han solicitado su absolución. Por otra parte, la fiscal ha pedido cinco, dos y cinco años por robo con violencia e intimidación, lesiones y detención ilegal a cada uno de los acusados.
Lo que tampoco parece estar claro es la relación entre el vigilante testigo de los hechos y uno de los acusados, Francisco García Magariño. Al parecer, el acusado había sido despedido días antes del robo debido a sus faltas de puntualidad y a problemas con el alcohol. Y precisamente había sido el vigilante de seguridad el encargado de informar sobre estas irregularidades.
De momento, el juicio ha quedado visto para sentencia.

‘El Globo Rojo’

Juzgan al hombre que intentó asesinar al portero
La Audiencia Provincial de Palma juzga este jueves al hombre que intentó asesinar al portero del popular club ‘El Globo Rojo’ en julio del 2005. Cristóbal C.S. descerrajó un tiro al portero del establecimiento utilizando un rifle Mauser después de que fuera expulsado del local.
El disparo alcanzó de lleno al brazo del portero quien, gracias a su corpulencia, no perdió la extremidad. Sin embargo desde entonces no puede ejercer su actividad laboral como vigilante de seguridad privado ya que ha perdido el 50% de la movilidad en el brazo.
Los hechos ocurrieron el 30 de julio de 2005 alrededor de las seis de la mañana. El acusado irrumpió en el club de alterne con una escopeta de caza mayor e hirió a cuatro personas, en primer lugar al vigilante, de un solo disparo que atravesó dos paredes del local porque el portero de la discoteca, a raíz de una discusión, le había echado del club una hora antes.
La acusación pide 21 años de cárcel para Tomás Cristóbal C.S y 317.000 euros en indemnizaciones para las cuatro víctimas, mientras que la Fiscalía tiene previsto pedir una pena de 16 años de cárcel e indemnizaciones que suman 66.560 euros por los delitos de intento de homicidio, lesiones y tenencia ilícita de armas.

En el supermercado

Detenido un joven por agredir al vigilante en Iturribide para robar unas cervezas
Agentes de la Ertzaintza detuvieron ayer en Bilbao a un joven de 19 años que presuntamente había agredido al vigilante de seguridad de un supermercado, cuando le sorprendió robando unas latas de cerveza. Fuentes del departamento vasco de Interior han informado de que hacia las 20:00 horas de ayer los responsables de un establecimiento de alimentación ubicado en la calle Iturribide alertaron a la Ertzaintza de que dos jóvenes estaban agrediendo al vigilante del comercio.
Una vez en el lugar, los agentes averiguaron que el joven que estaba retenido por el servicio de seguridad del establecimiento había sido sorprendido en compañía de otro joven que logró huir, cuando trataban de llevarse seis latas de cerveza. Los ertzainas arrestaron al joven H.BL. de 19 años, por la agresión y el intento del robo y, además, los agentes mantienen abierta la investigación de cara a la localización del joven huido.
Por otra parte, agentes de la Ertzaintza detuvieron de madrugada en la capital vizcaína a S.E., varón de 21 años de edad, acusado de arrebatar de las manos un reproductor de MP3 a su propietario y quitarle de un tirón unos pendientes el pasado 26 de junio, en los alrededores de la estación de Abando.

Calendario erótico

El vigilante revela que los actores del calendario erótico se fotografiaron en la clínica ’sin permiso’
Un informe realizado por la empresa que vela por la seguridad de la Policlínica Miramar revela que el calendario erótico elaborado en el interior del centro sanitario se realizó «sin autorización» alguna por parte de la dirección de la instalación. Los entonces máximos responsables, Miquel Dalmau y Cristóbal Pizá, desconocían por completo la elaboración del almanaque que se reproduce y que ha sido editado por la discoteca de Palma que más éxito tiene entre el público homosexual.
Este hecho tuvo lugar además sin el consentimiento previo del actual máximo accionista de la entidad, el hotelero Francisco Miralles, que por aquel entonces acababa de aterrizar en el célebre centro sanitario palmesano.
El guarda jurado de Mevisa que estuvo de guardia el pasado 8 de diciembre dejó por escrito que recibió la llamada del «supervisor de Cardiología» para alertarle de que «se habían hecho fotos» en el citado departamento, perteneciente al Área de Medicina Interna de la instalación. Tras recibir la llamada, el guarda jurado explicó en el parte de incidencias a sus superiores que había dejado pasar a un grupo de personas porque un empleado de la clínica le había dicho textualmente: «Van conmigo, no se preocupe». Dando por bueno este salvoconducto y sin sospechar en ningún momento el motivo de la visita, el vigilante autorizó la entrada.

Acto seguido una de las dependencias de la Policlínica Miramar se transformó en el improvisado escenario de una de las páginas del calendario correspondiente a 2007 de uno de los establecimientos de ocio preferidos por el público homosexual de Palma.
En la imagen tomada en la clínica se escenifica una escena religiosa. Concretamente La Pasión de Cristo. En la misma intervienen cuatro actores, todos ello de sexo masculino. En el centro de la imagen, y sobre una camilla, yace aparentemente inerte el cuerpo de un joven atlético. Tiene los ojos amoratados, la silueta perfectamente musculada y la mirada perdida.
Le sostiene con sus brazos un médico que mira desafiante a la cámara con la tez blanquecina, el contorno de los ojos ennegrecido y los labios pintados del mismo color. A la izquierda del galeno le asiste un enfermero travestido de mujer. A la derecha de la imagen y con el torso desnudo y no menos musculado que el anterior se recorta la silueta de un enfermero que porta en sus manos un electroshock y se dispone a reanimar al enfermo.

La Virgen del Camino

Los afectados por las obras del aeropuerto contratan seguridad privada para sus fincas
La situación que están viviendo algunos de los propietarios de parcelas cercanas a las obras de extracción de áridos en la base aérea de La Virgen del Camino, les ha llevado a plantarse la contratación de vigilantes de seguridad privados para vigilar que las máquinas de la empresa encargada de estos trabajos no irrumpan en sus fincas.
Según explican algunos de los propietarios, los mismos que denunciaron hace dos semanas ante la Junta de Castilla y León la extracción de áridos que ha sido paralizada hace dos días por el propio gobierno regional, desde el jueves se han visto obligados a vigilar los límites de sus parcelas con todos los medios de los que disponen, después de comprobar que las máquinas de la UTE del aeropuerto habían comenzado a abrir un camino desde la base aérea hasta el cuartel del Ferral y, según denuncian, algunos tramos de la senda los están realizando por el interior de sus propiedades. «Ahora vamos subiendo nosotros algunos ratos y también tenemos a familiares controlando, pero vamos a contratar guardias de seguridad privada para que vigilen las fincas», explicaba ayer uno de los afectados por la situación.
El jueves, algunos propietarios defendidos por la consultora Ecourban interpusieron una denuncia ante la Guardia Civil lo que provocó que se acercaran hasta la zona varios agentes para comprobar personalmente la situación y pedir la documentación pertinente tanto a los propietarios como a los responsables de la empresa que está realizando los trabajos. Según los afectados, la empresa ha aprovechado un camino ya existente en la zona para ensancharlo varios metros utilizando parcelas privadas de modo que puedan transitar por la zona sus camiones y las máquinas.
El objetivo, tal y como sostienen desde Ecourban, es unir la base aérea de La Virgen del Camino, donde se están llevando a cabo las obras de ampliación de la pista del aeropuerto, con la base militar del Ferral, zona en la que aseguran tienen previsto iniciar otra excavación de tierras similar a la que la Junta paralizó este miércoles y trasladar todos los áridos que vayan sacando hasta la obra del aeropuerto por el camino que pretenden abrir.

En este sentido, los propietarios que denunciaron la situación, aseguraban ayer que la empresa adjudicataria de estas obras continuaba con la extracción de áridos de la parcela sobre la que pesa una orden de paralización y que ya habían comenzado a dar los primeros pasos para iniciar las extracciones en la parcela del Ferral. Los responsables de Ecourban cifraban esta misma semana en 300.000 los metros cúbicos que se podrían haber extraído ya de la finca paralizada, de los alrededor de 2 millones de metros cúbicos que necesitarían para completar el proyecto y han manifestado su temor de que cuando se haga efectiva la paralización por parte de la Junta o del Seprona «ya hayan sacado todo el material que tenían previsto sacar de ese lugar». Además, insisten desde Ecourban, «podrían utilizar la misma táctica con la parcela del Ferral».
Por estos motivos, los responsables de Ecourban han interpuesto varias denuncias ante los ayuntamientos de Valverde de la Virgen y San Andrés del Rabanedo, municipios a los que pertenecen ambos terrenos militares, ante la Guardia Civil, y no descartan emprender otro tipo de acciones judiciales en las que pedirían que se respeten los derechos medioambientales.

Puerto Banús

Piden 11 años para un acusado de disparar a bocajarro a un grupo de personas en un bar de copas
Dos horas antes había sido expulsado del bar de copas por participar en una pelea y estaba furioso. Así que, apenas dos más tarde, regresó al local para vengarse del personal de seguridad y de la persona con la que había discutido. Pero, sorpresivamente, en lugar de dirigirse hacia ellos sacó un pistola semiautomática y disparó a bocajarro contra un numeroso grupo de personas que se hallaba allí en aquel momento. Un hombre resultó herido al ser alcanzado por dos de los tres disparos que efectuó.
El acusado es un varón de nacionalidad británica, Joseph J. C., para el que el fiscal ha solicitado una pena de 11 años de cárcel por delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. El ministerio público también acusa a dos amigos del procesado, Grant G. A. y John C. D., que lo acompañaban cuando sucedieron los hechos, como cooperadores necesarios en el intento de homicidio, y pide 6 años de prisión para cada uno.
Los hechos sucedieron en Puerto Banús (Marbella), en febrero de 2005. Los tres acusados habían sido expulsados del local por los dos vigilantes de seguridad por provocar una pelea con una persona. Casi dos horas después regresaron al bar. Joseph J. C. portaba una pistola semiautomática con la que, «movido por el resentimiento», asegura el fiscal, pretendía vengarse de las personas que le expulsaron.
Así, mientras sus dos acompañantes se ocuparon de obstaculizar al vigilante de seguridad de la puerta, el acusado aprovechó para entrar en el local que, en ese momento, estaba ocupado por un numeroso grupo de personas.
«Sin dirigir el arma hacia una persona determinada, pero con el conocimiento de la elevada posibilidad de causar la muerte a una de ellas» -explica el fiscal en su escrito de acusación-, el procesado efectuó tres disparos contra el grupo, alcanzando a un hombre que resultó herido en una pierna tras recibir dos impactos de bala.

Hospital de Poniente

Agreden a tres sanitarios y dos vigilantes de seguridad
Un médico, una auxiliar de enfermería y una celadora del área de Urgencias del Hospital de Poniente (El Ejido, Almería ) así como dos guardias de seguridad de la empresa Eulen fueron agredidos anoche por un paciente que era atendido en la zona de críticos y por su acompañante.
Según un comunicado remitido hoy por el Hospital, el suceso se produjo poco después de la medianoche, cuando un paciente que había llegado al centro, aparentemente inconsciente, era atendido en una de las salas de críticos, cuando comenzó a insultar y agredir a los profesionales sanitarios que lo atendían.
Inmediatamente se personaron en el lugar dos guardias de seguridad, que lograron reducir al agresor y a su acompañante, que también se había sumado a la disputa, y tras la intervención de la Policía Nacional y Local, los agresores fueron detenidos y trasladados a la Comisaría, donde los profesionales sanitarios interpusieron la correspondiente denuncia.
Como consecuencia de la agresión, según las mismas fuentes, un facultativo del área de Urgencias sufrió la rotura del tabique nasal, mientras que el resto de los profesionales agredidos tuvieron que ser atendidos por diversas contusiones, a lo que hay que sumar los numerosos daños materiales provocados en el área de urgencias por los agresores.
La Empresa Pública Hospital de Poniente manifestó su repulsa ante hechos de este tipo y mostró su respaldo a los profesionales, a los que ha ofrecido ya apoyo jurídico y psicológico y se presentará como acusación particular en la causa judicial abierta.

Zonas residenciales

Las comunidades optan por vigilantes de seguridad
No sólo la instalación de los sistemas de seguridad experimentan un incremento durante estas fechas, la contratación de profesionales de vigilancia privada es otra opción para garantizar la seguridad de las viviendas muy utilizada en los últimos años.
Como afirma el responsable de Protexman en la Costa, Antonio Sáez, son numerosas las comunidades de vecinos que prefieren contratar un servicio conjunto para todo el recinto y más profesional. La empresa de Sáez tiene repartidos cerca de 20 profesionales en diferentes residenciales de Motril y Almuñécar. Asegura que, aunque los robos en verano son habituales en la capital la temporada más peligrosa para ellos es en invierno, época en la que los apartamentos de playa están vacíos. A diferencia de un sistema de alarma, que puede fallar por una simple avería, los vigilantes están presentes en las calles de la urbanización durante toda la jornada. Antonio Sáez explica que su trabajo consiste en hacer rondas por la zona y detectar los espacios, patios, terrazas que puedan ser objetos de posibles hurtos. “Los vecinos están siempre conectados con el vigilante, tienen su teléfono, y si se percatan de algo extraño tan sólo tienen que comunicárselo”, comenta el profesional.
Desde la empresa se subraya además la gran preparación que tienen los vigilantes. “El perfil general es de un joven de unos 25-30 años, en buena forma física, que recibe cursos de formación y, después de reciclaje, en defensa personal, seguridad e, incluso, de primeros auxilios. Esta profesión puede ser en muchos casos el primer paso para una carrera profesional que luego encaminan hacia cuerpos como el de la Guardia Civil o la Policía”, sentencia.

Segur Ibérica S.A.

TS condena empresa seguridad indemnizar familia de asesinada por vigilante
La Sala de lo Civil del Supremo desestima así, en una sentencia, el recurso de Segur Ibérica S.A, y ratifica el fallo de la Audiencia de Cádiz que en 1999 dictaminó que la empresa debía pagar 1.914.000 pesetas a la hermana de la fallecida -a la que también disparó el vigilante-, y 26.400.000 pesetas a la madre de ambas, como representante legal de los dos hijos de la mujer asesinada.
Los hechos ocurrieron el 1 de agosto de 1992 en Cádiz cuando el vigilante jurado, a quién su mujer ya había denunciado en varias ocasiones por malos tratos y en tratamiento psiquiátrico desde que ella rompió la relación, mató a su ex mujer e hirió a la hermana de ésta con el arma de la citada empresa de seguridad en la que trabajaba.
El autor del crimen se llevó el revolver al terminar su jornada laboral, como hacía habitualmente al carecer la empresa de armero o caja fuerte para el deposito de armas, y acudió al domicilio de la madre de la víctima, donde ésta residía desde la separación.
Allí, mató a su ex mujer de varios disparos, disparó y provocó heridas graves a la hermana de ésta que intentó pedir auxilio, y después se disparó el mismo en la cabeza, a consecuencia de lo cual todavía sufre lesiones neurológicas.
La empresa argumentó en el recurso desestimado que ‘la muerte tuvo lugar única y exclusivamente por decisión del autor de la misma’ y no se vio favorecida por la inexistencia de armero, ya que el condenado ‘tenía planeado el crimen’ y podría haberlo cometido con otras armas o medios.

Sin embargo, el Supremo considera que Segur Ibérica S.A actuó con ‘evidente negligencia’ al no cumplir la normativa reglamentaria, que establece que las armas que adquieran las entidades o empresas ’serán de su propiedad, siendo entregadas y recogidas a los vigilantes jurados al principio y fin del servicio, estando, en tanto no se usen, en cajas fuertes o armeros’.
El Alto Tribunal considera que, en este caso, la empresa no controló ‘la tenencia y disponibilidad privada del arma fuera del tiempo y del lugar de trabajo’, y que con ello ‘contribuyó de modo relevante y trascendente a la creación del riesgo’.
Además, señala que la inexistencia de armero y la disponibilidad del arma no fueron las únicas circunstancias que pudieron agravar el riesgo, sino también las circunstancias personales que concurrían en el vigilante jurado, ‘tanto más preocupantes por su relación con aspectos psiquiátricos y de grave desarmonía con su pareja’.
El TS, por tanto, desestima todos los motivos del recurso de casación presentado por Segur Ibérica S.A, confirma la sentencia de la Audiencia de Cádiz en todos sus términos y condena al recurrente a pagar las costas del recurso.

Juzgados de Eivissa

Piden que la vigilancia privada en los juzgados cubra hasta la medianoche
El juez decano y la junta de secretarios judiciales acuerdan pedir a Justicia que amplíe hasta las 12 de la noche la presencia de guardias jurados para cubrir las guardias durante la temporada turística
El baile de los horarios de la vigilancia en el edificio de los juzgados de Eivissa continúa. Si este lunes la Policía Nacional dejaba de cubrir este servicio de ocho de la tarde a ocho de la mañana (la pareja destinada a esta misión se marchó sobre las 22 horas, al acabar el Juzgado de Guardia), ayer se reunía el juez decano, Juan Carlos Torres, con los secretarios judiciales y acordaban pedir al Ministerio de Justicia que amplíe la presencia de vigilantes jurados hasta la medianoche durante la temporada turística.
Fuentes judiciales explicaron que el objetivo es que se mantenga la presencia de seguridad privada hasta las 12 de la noche desde mayo hasta octubre, mientras que en el resto de meses el límite se fijaría dos horas antes.
El motivo de esta división sería el de conseguir cubrir las guardias en cada uno de los semestres que marcan la actividad turística en la isla y que se corresponden con las épocas de mayor o menor actividad delincuencial.
Los vigilantes de seguridad podrían ampliar su horario según las necesidades de la guardia gracias al bolsín de horas extras contratado por el Ministerio con la empresa Prosegur, explicaron las mismas fuentes.

Esta propuesta fue remitida ayer por el decano a la Gerencia Territorial de Justicia para que la tome en consideración. Al mismo tiempo, se remitió un oficio a la Dirección Insular del Estado para que inste a la Policía Nacional a que asuma la custodia nocturna del edificio hasta que se adopte una solución definitiva.
Los agentes de policía tomarían el relevo de los vigilantes jurados a las ocho de la tarde y custodiarían el lugar hasta que acabara su trabajo el Juzgado de Guardia. Acto seguido deberían encargarse de verificar que no queda nadie en el edificio. La única excepción sería el personal de limpieza, el cual debería llamar a comisaría cuando fuera a terminar su trabajo y que tendría que entregar las llaves a una patrulla que se desplazaría al edificio.

CSI-CSIF Provincial

Denuncia el intrusismo en la seguridad privada en Canarias
CSI-CSIF Provincial denuncia, a través de su responsable de la Seguridad Privada en Tenerife, Gustavo Villalobos, el intrusismo que se está ejerciendo en el Archipiélago canario por empresas de seguridad privada-vigilantes de seguridad, sin los permisos ni titulaciones legales. Asimismo, en el ámbito estatal, Sevilla y Granada, a través de sus respectivos representantes de trabajadores de CSI-CSIF del sector de Seguridad Privada, también denuncian las mismas ilegalidades.
La Ejecutiva de CSI-CSIF Provincial muestra una “absoluta preocupación” sobre la cantidad de empresas de seguridad privada y vigilantes de seguridad que están ejerciendo en las Islas sin las titulaciones y permisos oficiales que se requieren para estos cometidos profesionales.
Por tanto, el sindicato exige una inspección inmediata y reunión urgente con los responsables del nuevo Gobierno de Canarias y directores de academias de Vigilantes de Seguridad, con el objetivo de “penalizar y erradicar de una vez por toda todas estas actividades ilegales que se están llevando a cabo en las Islas por estas empresas de seguridad privada”.

La Velada

Exigen más seguridad en el centro de salud
CCOO y el Sindicato Médico exigen más medidas de seguridad en el centro de salud La Velada, donde, tal y como publicó el sábado este diario, un médico fue agredido por el familiar de un paciente. Ocurrió el pasado día 18. Un facultativo de este centro fue agredido en su consulta por el familiar de una paciente. El médico cayó al suelo como consecuencia del ataque y en la actualidad está de baja. Sucedió en su consulta.
Este diario pudo comprobar ayer que muchos médicos del centro de salud de La Velada estaban atendiendo a sus pacientes con la puertas de las consultas abiertas por miedo a que se pueda repetir este incidente. De hecho, así se lo explicaban a sus pacientes.
CCOO y el Sindicato Médico denuncian este lamentable suceso y exigen la contratación inmediata de un vigilante jurado en este centro de salud. Según explicaron, los hechos se produjeron después de que este médico hablara con una familia “y ésta tuviera la frialdad y premeditación de volver a la consulta a consumar la agresión, intentando además en todo momento que pareciese que había sido mutua, lo que agrava la situación aún más si cabe”.
Por ello, ambos sindicatos exigen a los responsables administrativos del Distrito Sanitario que esta paciente sea inmediatamente trasladada a otro centro de salud dentro de la misma zona básica así como sean depuradas “al máximo” las responsabilidades oportunas por su agresión a un empleado público así como por el incumplimiento de sus deberes como usuaria de un servicio público. Además, denuncian la indefensión a la que aseguran están sometidos los trabajadores de este centro de salud ante este tipo de situaciones.

Por ello, convocan a todos los trabajadores del Distrito Sanitario del Campo de Gibraltar a la concentración que tendrá lugar hoy, a la una de la tarde, en las puertas del centro de salud de La Velada.
José Luis Maiztegui, responsable de Atención Primaria en CCOO, aseguró que lo ocurrido a este médico puede pasarle a cualquier otro facultativo. Según dijo, las bajas, los días de permiso y las vacaciones no están siendo cubiertas por el SAS, “por lo que el resto de los médicos se ven obligados a atender a los pacientes asignados al compañero que no está trabajando y que no está siendo sustituido. La sobrecarga de trabajo es evidente”. En este sentido, se preguntó qué ocurrirá durante los meses de verano.

Hospital Marina Baixa

La dirección del hospital asegura que el almacén estará acabado en 14 meses
La dirección del Hospital Marina Baixa asegura que el almacén del centro sanitario estará terminado después del próximo verano, en unos 14 meses, según informaron sus portavoces. El Hospital comarcal lleva ya dos años sin edificio de almacenes, tras incendiarse el anterior, guardando el material sanitario, incluso quirúrgico, en contenedores prefabricados ubicados en la calle y en un patio techado provisionalmente, según ha denunciado el personal.
En este patio además desembocan las rejillas del aire acondicionado, que tiran frío en invierno y calor en verano, tal y como han criticado en reiteradas ocasiones trabajadores y sindicatos.
Las obras, que comenzaron hace dos meses y medio, se adjudicaron con más de un año de retraso respecto a lo anunciado por la Conselleria de Sanidad. El conseller de entonces, Vicente Rambla, aseguró el mismo día del incendio que en dos meses estaría listo un almacén provisional de estructura prefabricada para después construir uno mayor de obra. Finalmente, el almacén definitivo será de estructura prefabricada y se construye dos años más tarde, según informaron desde la dirección del centro sanitario. Eso sí, la fecha de su puesta en funcionamiento prevé adelantarse, ya que el plazo de ejecución es de 18 meses y está previsto que la obra concluya en poco más de un año, según indicaron las mismas fuentes.
El futuro almacén triplica la superficie del antiguo, que tenía unos 600 metros cuadrados y pasará a contar con cerca de 2.000 metros cuadrados construidos, según explicaron desde la dirección.
La nave albergará además las oficinas de contabilidad y archivo, que también llevan ya dos años ocupando el salón de actos del Hospital, con decenas de papeles apilados y ordenadores instalados entre las butacas, dejando inoperativo este espacio para otros usos.

El 16 de junio de 2005, dos encapuchados entraron al almacén del Hospital comarcal y le prendieron fuego, apuñalando además al vigilante de seguridad, que les sorprendió en mitad de la madrugada. Las llamas obligaron a desalojar a 125 pacientes en mitad de la noche y consumieron por completo el edificio de almacenes que tuvo que ser derruido. El fuego calcinó parte de los aparatos preparados para las instalaciones que entonces se construían: el Hospital de Día, la Unidad de Cirugía Sin Ingreso, y la ampliación de quirófanos y UCI.
Asimismo, arrasó con los archivos de contabilidad y las facturas de años anteriores de gestión. Nunca se hizo pública una cifra de pérdidas económicas, ni se explicaron qué documentos desaparecieron, como tampoco se ha dado a conocer la investigación de los hechos, que parecen no haberse aclarado.

Discoteca Fania

Una chica muere degollada en una discoteca de Deusto
Tenía 25 años, había nacido en un país sudamericano y le gustaban los ritmos latinos. Eran la cuatro de la madrugada de ayer, mientras estaba sentada junto a la barra de la discoteca Fania, en Deusto, se armó una trifulca en el local. Ella no tenía nada que ver, pero fue herida de muerte en el cuello: degollada. Todo fue rápido. Poco después, la Ertzaintza detuvo a dos individuos de 19 y 22 años. Al más joven, le acusa de la autoría del homicidio.
La discoteca está ubicada en la calle Lehendakari Agirre de Bilbao y es elegida todos los fines de semana por jóvenes de origen latinoamericano, que se reúnen para bailar y escuchar con nostalgia la música de sus países. Hacia las 4.00 h del domingo, el joven de 19 años mantuvo una discusión con una de las camareras del local. Así que fue expulsado por un vigilante.
Pero volvió al cabo de unos minutos en compañía de otro chaval, de 22 años, para agredir a quien había ayudado al vigilante a desalojarle, según informo la Ertzaintza. Entonces, estalló la bronca y el más joven cortó a la víctima el cuello con una botella rota o un arma, según investiga la Policía vasca.
Los vecinos de Deusto y San Ignacio vienen denunciando, y ayer lo hicieron de nuevo, el ambiente de la zona y las movidas que se originan en las madrugadas de los fines de semana. En noviembre de 2005, un joven ecuatoriano fue asesinado a cuchilladas en el exterior de la discoteca Privé, en San Ignacio. A partir de ahí, el alcalde de Bilbao emprendió la llamada guerra al navajero.

Por amenazas

Condenan a un año de cárcel a un escolta que amenazó a su vecino
Según la sentencia del caso los hechos se iniciaron un día de “marzo o abril de 2006″ cuando, aprovechando que el acusado se encontraba en el balcón de su vivienda de Eibar, uno de los vecinos le reprochó desde la calle su hábito de masturbarse a la vista de todos, incluida su mujer.
El procesado no hizo caso a estos reproches y manifestó al vecino que le gustaría “quedar con él a solas” y que “tuviera cuidado”.
Transcurridos varios meses, el 27 de septiembre de 2006, la víctima se cruzó con el escolta en la calle Toribio Etxebarria de Eibar, mientras éste realizaba sus labores de guardaespaldas, momento en el que el acusado “se levantó la camisa y le dejó ver su arma reglamentaria”, tras lo cual se dirigió a su vecino y “simuló un disparo con la mano”.
El escrito judicial precisa que, aunque el perjudicado puso los hechos en conocimiento de la Policía Local, no quiso denunciarle por “miedo a las posibles represalias del acusado”, pero el jefe de la Guardia Urbana, “ante el temor de que los hechos pudieran tener consecuencias irreparables” decidió actuar “con los datos de que disponía” y poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.
La sentencia otorga total credibilidad a la declaración que la víctima prestó durante el juicio oral ya que, según explica, tiene “verosimilitud” y mantiene una clara “persistencia en la incriminación”.
El juez también tiene en cuenta en su escrito una serie de “corroboraciones periféricas” como el hecho de que varios vecinos ratificaron en el juicio que el procesado se masturbaba “a la vista de todos”, algo que el escolta negaba “tajantemente”.
El texto destaca además la relevancia de las amenazas proferidas, habida cuenta de la profesión del acusado que, por su trabajo, “dispone de un arma de fuego” que resulta un “medio adecuado” para “poder cumplir con la amenaza vertida”.

La sentencia desacredita el testimonio exculpatorio que ofreció durante el juicio el compañero de trabajo del guardaespaldas acusado, quien afirmó entonces que si el procesado hubiera realizado un gesto amenazante él se hubiera dado cuenta, ya que siempre va por detrás del inculpado.
El magistrado recuerda a este escolta que su trabajo consiste en vigilar a las personas que rodean a su protegida y no a su compañero.
Por otra parte, la mujer a la que ambos escoltan explicó que sus dos guardaespaldas intercambiaban habitualmente sus posiciones, algo que “invalida” la declaración del escolta.
Por estos motivos, la sentencia considera al acusado responsable de una falta y un delito de amenazas por los que le impone un año de prisión y una multa de 420 euros, y le prohíbe comunicarse y acercarse a su vecino y a la esposa de éste durante tres años.

Dos años de prisión

Por sobornar a los agentes para llevarse 100.000 euros a Shanghái
La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años de prisión a una mujer que trató de sobornar a una vigilante de seguridad y a un agente de la Guardia Civil para que hicieran la vista gorda tras descubrir que llevaba una pequeña fortuna en efectivo.
La acusada, Shumei Jin, de nacionalidad china, fue sorprendida cuando embarcaba en el aeropuerto de El Prat en un vuelo en dirección a Shangái con 98.160 euros en efectivo ocultos en varios paquetes que llevaba en la cintura.
La mujer, que también ha sido condenada al pago de una multa de 3.000 euros, ha confesado los hechos que se le imputan y ha aceptado la pena de dos años de prisión que solicitaba la fiscalía. Esto podría evitar su ingreso en la cárcel, al carecer de antecedentes penales.
Tras ser sorprendida en el aeropuerto, Shumei Jin fue trasladada por la vigilante de una empresa privada de seguridad a la zona de cacheos. Durante el trayecto, la procesada le introdujo un billete de cien euros en el bolsillo, al tiempo que le decía “calla, calla”, gesto que repitió otras dos veces ante la negativa de la guardia a aceptar el dinero.
La vigilante avisó a uno de los agentes de control de pasaportes de la Guardia Civil, al que la procesada ofreció otros 500 euros si la dejaba marcharse. Esta cantidad se incrementó hasta los 1.000 y los 2.000 euros, después de que el funcionario se negara a aceptar el soborno.

Pese a ello, cuando se encontraban en un despacho de las dependencias policiales de la aduana, la mujer volvió a ofrecer al policía que se quedara con todo el dinero que quisiera a cambio de su silencio.
Finalmente, la viajera fue detenida por la Guardia Civil, que le aprehendió los 98.160 euros que llevaba y le devolvió solamente 6.000, la cantidad máxima que la legislación permite introducir en un país extranjero sin la correspondiente autorización administrativa.

Desvío de la criminalidad

Los domicilios valencianos son los terceros con más alarmas de España
La oleada de asaltos violentos a viviendas particulares y el consiguiente aumento de la sensación de inseguridad ciudadana ha disparado la instalación de sistemas de alarmas en los domicilios privados en la Comunidad Valenciana. Según datos facilitados por la principal empresa del sector, la firma Securitas Direct, la valenciana es la tercera comunidad con mayor número de alarmas instaladas por habitante después de las autonomías de Madrid y Cantabria.
Esta compañía privada acapara casi la mitad de los 1,2 millones de sistemas de seguridad instalados en el conjunto estatal. La Comunidad Valenciana concentra, de acuerdo con las cifras facilitadas por la empresa, el 14% del total de alarmas activadas por esta compañía. La cifra no es desdeñable si se tiene en cuenta que el número global de habitantes del territorio valenciano apenas supone el 10% del censo nacional.
Según fuentes de la mercantil, líder en este ramo de la seguridad privada, la activación de alarmas va en paralelo con la sensación de inseguridad de los ciudadanos, subrayada en los últimos años tras las oleadas de asaltos violentos a viviendas que han azotado básicamente a las comarcas del norte y sur de la provincia de Alicante. “Desde un tiempo, los sistemas de seguridad dejaron de ser un producto de elite y han pasado a ser un producto de consumo masivo”, apuntaron. “El abaratamiento de los sistemas y la sensación de inseguridad” son otros de los motivos que explican, según estima la compañía, el auge de estos dispositivos de seguridad en la Comunidad Valenciana.

Por provincias, Alicante siempre ha liderado la lista de porcentajes de alarma por habitante desde 1999, a excepción de 2004, 2006 y 2007. A pesar de que durante esos años, Valencia superó a Alicante los datos fueron muy reducidos. Ha sido este ejercicio, cuando por vez primera en ocho años, la capital del Turia aventaja en seis puntos a Alicante en el indicador de alarmas instaladas hasta alcanzar el 48%. Mientras, el porcentaje de alarmas instaladas en lo que va de año en la provincia de Castellón es del 10,3%.
El aumento del número de alarmas instaladas en domicilios particulares de la provincia de Valencia viene a corroborar un reciente informe del sindicato de la AUGC de la Guardia Civil sobre la evolución de la criminalidad en el ámbito de la Comunidad Valenciana. El estudio de la asociación de guardias civiles advertía del desvío de la delincuencia desde la provincia de Alicante a la de Valencia. En el primer trimestre de este año, Valencia ha registrado un crecimiento de los delitos de un 10%, y los robos con violencia subieron un 16%. La AUGC achaca este desplazamiento de la actividad delictiva al considerable refuerzo policial de los últimos meses en la provincia de Alicante.

Vuelos de repatriación

Interior quiere emplear vigilantes privados
Con los cayucos llegando sin cesar a las Islas Canarias, la repatriación de los inmigrantes «sin papeles» que viajan en estas pequeñas embarcaciones se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno. Un proceso el de la expulsión muy costoso para el Estado no sólo en términos económicos, sino también humanos. Cada vuelo debe ir custodiado por un grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que, para ello, son retirados de otros servicios. Y como la organización que dirige Joan Mesquida no anda muy sobrada de personal, el Ministerio del Interior está contemplando seriamente la posibilidad de echar mano de la seguridad privada para garantizar la seguridad de estas expulsiones. Así se contempla en el borrador del protocolo de actuación sobre «Normas de Seguridad en las Expulsiones Colectivas por Vía Aérea y/o Marítima» elaborado a tales efectos.
El documento, que está siendo debatido en este momento, contempla en el apartado dedicado a la tipología de escoltas el empleo de los del sector privado, que actuarán «en calidad de apoyo y subordinados a las instrucciones que impartan o puedan dirigirles los funcionarios del CNP. Solamente serán los agentes de Policía los que podrán dictar órdenes y criterios de actuación, nunca los escoltas privados».
Fuentes policiales defendieron el empleo de estos agentes aduciendo que su uso es frecuente en países como Estados Unidos y que las diversas directivas europeas en las que se inspira la norma también lo contemplan. Además, explicaron que no existe impedimento legal alguno para utilizarlos. «Una vez en vuelo, hasta los propios policías dejan de ser de algún modo agentes de la autoridad», explican las citadas fuentes, que restan así importancia a las posibles limitaciones legales que pudieran tener a la hora de actuar y se remiten al apartado de la norma que referencia a los policías como los únicos facultados para dar órdenes y dictar protocolos.

Sin embargo, esta opinión choca frontalmente con la de otros expertos, que creen que sería necesario modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986 para contemplar su contratación «sin que ello suponga que actúen como polícias sin serlo».
Otro de los aspectos que delimita la norma es el de la cantidad de agentes que deben acompañar a los inmigrantes en las repatriaciones. La orden estipula que su número sea «por lo menos equivalente al de los repatriados», aunque habrá de ser determinado «caso por caso».
En cuanto a las medidas de seguridad a adoptar, el protocolo especifica que los cinturones de seguridad de los repatriados se mantendrán atados durante todo el vuelo y que los lazos -cuerda o plástico que, a modo de esposas, se utiliza para inmovilizar los brazos- «se cortarán a criterio del responsable del vuelo, previa consulta al responsable de escoltas». Los agentes «no portarán ningún tipo de arma».
Para evitar cualquier malentendido sobre dónde está el límite de lo permitido para mantener a los inmigrantes expulsados bajo control durante los vuelos o viajes en barco, el protocolo establece la prohibición de usar sedantes para facilitar la deportación. No obstante, y por si la situación se complica, también añade de manera textual: «Sin perjuicio de las medidas de urgencia acordadas por el personal médico del vuelo que se impongan para garantizar la seguridad del mismo». En cada viaje, tendrá que ir un ATS y un médico, que, después de hacer «un diagnóstico preciso», será el único que pueda administrar medicamentos a los repatriados.
Lo que la norma sí autoriza es el uso de «medidas de fuerza» contra aquellos individuos que se nieguen o se opongan a la expulsión de forma violenta, aunque no se detallan cuáles en ningún apartado.
Asimismo, y a fin de impedir que puedan ser conocidas imágenes comprometedoras de algún traslado, el protocolo establece que «en ningún caso está justificado tomar fotografías mientras se está trabajando y, en cualquier caso, no se deben usar los teléfonos móviles salvo que sea imprescindible por razones de urgencia».

Bolsas precintadas

Acusado de robar el furgón blindado
La Audiencia Provincial de Palma juzga al que se podría llamar ‘El Dioni’ de Baleares, un ex guardia de seguridad acusado de robar el furgón blindado que tenía a bajo su protección. El hombre sustrajo una bolsa con 200.000 euros del transporte.
Según relata el informe provisional del fiscal, el acusado trabajaba en el transporte de dinero y objetos de valor en el trayecto de Palma a Ibiza para la empresa Prosegur como jefe de equipo del furgón blindado.
En agosto de 2004 el procesado transportaba una partida de dinero agrupada en bolsas precintadas que debían ser repartidas en diversos establecimientos de Ibiza de los cuales se apropió de una de las bolsas perteneciente a una oficina de la Caixa que contenía 200.000 euros en billetes de 500.
El fiscal considera que estos hechos constituyen un delito de apropiación indebida por lo que tiene previsto pedir una pena de cinco años de prisión y una indemnización para la empresa de seguridad por el mismo valor sustraído, 200.000 euros. Además deberá pagar una multa de 3.000 euros.

Palacio de Justicia

Los jueces de Badajoz, preocupados por la escasa vigilancia en los juzgados
Desde el pasado mes de abril, el Palacio de Justicia de Badajoz cuenta únicamente con dos vigilantes jurados para todo el edificio. Esto significa una reducción justamente a la mitad del número de guardias, que antes estaba en cuatro. Esta situación ha sido abordada en la reunión de la Junta de Jueces, que ha mostrado su preocupación y malestar por el descenso en el número de empleados de seguridad.
En opinión del juez decano de Badajoz, Luis Romualdo Hernández, esta reducción en el personal de vigilancia convierte al Palacio de Justicia en uno de los organismos oficiales con menos seguridad de toda la ciudad. Cualquiera que visite el Palacio tendrá que coincidir con el juicio de los jueces: su seguridad está muy lejos de la que existe en la Delegación de Hacienda o el Edificio Múltiple. El juez reconoce que este recorte de guardias jurados no es exclusivo de Badajoz. Se ha producido en todas las comunidades donde las competencias de Justicia no están transferidas y dependen todavía del Ministerio. No obstante, en Badajoz la situación es especialmente preocupante, por cuanto ya se contaba con muy pocos medios.
El juez decano recuerda de hecho que los jueces habían pedido ya hace tiempo que se aumentase la plantilla de cuatro vigilantes, porque se consideraba insuficiente. De momento, lo que se ha hecho es lo contrario: reducirla a la mitad.
Luis Romualdo Hernández explica que con dos vigilantes ni siquiera es posible controlar todas las entradas con que cuenta el Palacio de Justicia, que son cuatro. Una puerta principal, y tres en la zona trasera. Más de 200 empleados acuden cada día al Palacio y, lo que es más importante, hasta un millar de ciudadanos para realizar gestiones de todo tipo: desde acudir al registro civil a participar en cualquier procedimiento judicial, sea una declaración o un juicio.

A este importante tráfago de público se añade la circunstancia, nada despreciable, de que es un lugar donde se dirimen pleitos. Todos los días se juzga en estas dependencias a personas conflictivas, y no es extraordinario que haya más de un altercado en los pasillos. Acusados que insultan a testigos, familias que se enfrentan. «Estos problemas son más frecuentes en los juzgados de lo penal y en los juicios rápidos, porque la gente viene en caliente, a los pocos días de la denuncia o de la agresión», afirma el juez decano.
Cualquier altercado debe ser solucionado por los guardias de seguridad. Pero si un vigilante de los que ocupan las puertas es llamado a la tercera planta porque hay una riña, abandona la puerta. O si se produce más de una incidencia a la vez no pueden atenderlas.
Hay que tener en cuenta que el Palacio de Justicia no cuenta con ningún agente de Policía con carácter fijo. La Policía acude únicamente cuando tiene que custodiar a un detenido, o a un preso, a un juicio o a prestar declaración. La seguridad habitual del Palacio depende de los agentes privados.
El juez decano añade que la penuria de medios de seguridad es también muy acusada por la tarde, cuando funciona el Juzgado de Guardia. «En algún momento puede ocurrir que los jueces no podamos siquiera realizar una diligencia urgente, como firmar una orden de registro que nos pide la Policía, porque la sede judicial está cerrada por falta de vigilancia», explica el juez decano. «La situación es grave», alerta.
«La Junta de Jueces -añade el magistrado-, no puede hacer mucho para dar una solución, pero sí queremos llamar la atención sobre ella, porque no está en juego sólo nuestra seguridad, sino la de los ciudadanos que acuden a diario aquí. No pedimos el nivel de seguridad que tienen en la Audiencia Nacional o en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, pero que al menos no exista esta precariedad», concluye el juez.

Plus de aeropuerto

Los vigilantes de seguridad se movilizan para pedir más salario
Los 120 vigilantes de seguridad del aeropuerto de Valencia están llamados a la movilización los próximos días 28 de mayo y 1, 4 y 8 de junio en demanda de un plus de aeropuerto similar al que cobran estos trabajadores en otros aeropuertos de España, plus que corresponde pagar a la empresa Eulen para la que trabajan.
Según fuentes del Comité de Centro del aeropuerto, dominado por el sindicato CSI-CSIF, los vigilantes de seguridad perciben un sueldo base de entre 900 y 1.000 euros mensuales, a los que este plus que reclaman añadiría alrededor de 200 euros por « el riesgo y la responsabilidad » de sus funciones. Hay que tener en cuenta, recuerdan, que los vigilantes de seguridad se encargan del control de pasajeros y de las plataformas, elementos básicos de la seguridad de los aeropuertos en todo el mundo.
Según las fuentes, su reivindicación ya la han hecho llegar a la empresa y también a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que aunque no tiene responsabilidad sobre los salarios, sí puede presionar para evitar movilizaciones en un sector tan delicado como la seguridad. De no tener éxito con estas convocatorias, que no supondrán merma en el servicio, no descartan otras protestas como dejar de hacer horas extras en junio.

Canal Segarra-Garrigues

Tres heridos al detonar explosivos en la obra
Tres trabajadores resultaron en la madrugada de ayer heridos de gravedad al efectuar la detonación de los explosivos que utilizaban en la perforación del túnel 1, dentro del tramo 1, del canal Segarra-Garrigues, a la altura de Ponts, en la comarca de la Noguera.
El incidente, según los Bombers y los Mossos d’Esquadra, se produjo a las 1.30 horas de la madrugada cuando los dos operarios y un vigilante de seguridad se encontraban destruyendo la goma-2 que había sobrado de la última voladura que habían realizado, una acción obligatoria que marca la normativa de manipulación de explosivos en las obras públicas y que siempre se suele desarrollar sin ningún tipo de problemas.
Según la información facilitada por la empresa pública Casega, perteneciente al Gobierno central y encargada de efectuar el canal principal, los dos heridos más graves pertenecían a la empresa Eosa, una subcontrata de la adjudicataria de la obras del primer tramo que es la UTE Dragados, S-A.-Sorigué S.A.
Los dos operarios, de nacionalidad checoslovaca y eslovena, eran especialistas en la realización de obras subterráneas y en el manejo de explosivos.
Como consecuencia de la fuerte detenación, Jura V., de 43 años, resultó con un un traumatismo torácico y abdominal, del que fue intervenido en la mañana de ayer, en el Hospital Arnau de Vilanova, donde ya se encuentra en planta, aunque su estado sigue siendo grave.
El otro operario Kolesar S., de 53 años, sufrió la fractura abierta de la tibia y el peroné, de la que también fue intervenido en el Arnau de Vilanova ayer y pasó a planta en estado grave.

El vigilante de las obras, que se encontraba en ese momento vigilando la detonación, resultó igualmente herido, al sufrir la perforación del tímpano de un oído, aunque sus heridas no fueron tan graves como las de sus dos compañeros.
La Sociedad Estatal Canal de Segarra-Garrigues, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, ha iniciado una investigación para esclarecer las causas que provocaron la explosión de la goma-2 con afectación a los trabajadores. Igualmente, la inspección de Treball ha abierto otra investigación paralela para determinar si se cumplían las medidas de seguridad necesarias.
Por su parte, el conseller de Agricultura, Joaquim Llena, aseguró que todas las medidas de seguridad eran las correctas y lamentó el incidente en el que resultaron heridos los tres operarios. “Era una voladura controlada teóricamente, pero por causas que desconocemos algo falló”, No obstante aseguró que esto no parará las obras y que habrá aún más control.

Foia de Castalla

La patronal proyecta implantar seguridad privada en los polígonos
La patronal de Ibi tiene previsto implantar seguridad privada en los polígonos industriales de todos los municipios de la Foia de Castalla, en una medida encaminada a prevenir y evitar robos. Ibi será la primera localidad en la que se ponga en práctica esta iniciativa, tras confirmarse la participación de alrededor de 150 empresas. Tal como ha venido informando este diario, la Asociación de Empresarios de Ibi (Ibiae) viene trabajando desde hace tiempo en la introducción de la seguridad privada en los polígonos del municipio. La iniciativa ha sido adoptada a raíz de las periódicas oleadas de robos que padecen las empresas, y con el objetivo de reforzar la vigilancia y las medidas disuasorias.
Tras una encuesta realizada entre las industrias, en las últimas semanas la entidad patronal ha venido trabajando para lograr que se sumen a la iniciativa el mayor número de empresas posible. Según informaba el presidente de la asociación, Fernando Casado, a día de hoy son alrededor de 150 empresas las que han dado su conformidad a participar en el plan, cifra que supone el 50% de las firmas ubicadas en los polígonos.
Casado explicaba que el deseo de Ibiae es que el número de participantes se incremente, en aras a reducir los costes que supondrá la implantación de la seguridad privada. En cualquier caso, señaló que con esta cifra «ya estamos en condiciones de empezar a funcionar, cosa que pretendemos hacer después de las elecciones».

El plan contempla patrullas de guardias jurados con sus respectivos vehículos, así como una central de alarmas, siempre en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Local. Según Casado, «vamos a empezar, aunque sea reduciendo los efectivos previstos inicialmente para que los costes sean asumibles. De todas formas, seguiremos apelando a la solidaridad de los empresarios para que el número de participantes vaya a más y la seguridad, por tanto, sea más completa y económica al mismo tiempo». El objetivo que persigue la patronal es que la iniciativa de Ibi pueda hacerse extensiva al resto de poblaciones de la Foia de Castalla, cuestión ésta que ya se ha planteado en el seno de la asociación comarcal de empresarios. Según manifestaba Fernando Casado, «la idea sería que la seguridad privada también estuviese presente en Castalla, Onil y Tibi, e incluso en Biar. El tema sería coordinado por la asociación comarcal, aunque siempre en colaboración con las asociaciones de empresarios locales». La patronal quiere solicitar la colaboración de las administraciones para potenciar la viabilidad de la iniciativa.

Premio a las buenas prácticas

En seguridad privada en la urbanización Alfinach
La Asociación Valenciana de Directores de Seguridad (AVADISE), en la primera edición de sus premios, ha otorgado al Departamento de Seguridad de la Urbanización Alfinach, en Puçol, y a su Director D. José Antonio González Rodríguez, el premio a las buenas prácticas en seguridad privada.
El pasado 10 de mayo se procedió a la entrega de los galardones, aprovechando la celebración del III Encuentro AVADISE, al que asistió el Subdelegado del Gobierno, el Director General de Interior, y representantes del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica.
Para el responsable de seguridad de la urbanización, José Antonio González, este premio de AVADISE tiene un valor especial porque supone “un reconocimiento público de aquellas personas, instituciones públicas o privadas y entidades que han destacado por un especial desarrollo de la Seguridad Pública o Privada, así como de la prevención de riesgos y las emergencias en todos sus aspectos”.

Más intrusismo

Los vigilantes de seguridad privada alertan de la lacra del sector
El sector de la seguridad privada alerta del serio problema que supone el «intrusismo» que padece la profesión. Así lo han manifestado representantes de la asociación segoviana, que a su vez critican la falta de medidas para erradicar esta situación por parte de las instituciones.
«Bajo los eufemísticos nombres de ‘auxiliares de servicios’ o ‘controladores de accesos’», decenas de intrusos llevan a cabo labores de seguridad que únicamente pueden ser desarrolladas por aquellos profesionales habilitados por el Ministerio de Interior, señala la agrupación de Segovia, tal y como establece la Ley de Seguridad Privada.
Uno de los sectores en los que suele proliferar este tipo de prácticas fraudulentas es el de la construcción, donde incluso los intrusos que ofrecen sus servicios de vigilancia llegan a extorsionar al empresario, al que ofrecen sus servicios mediante amenazas de destrozos en las obras.

Márgenes espectaculares

La obsesión por la seguridad hace que las empresas del sector dupliquen ganancias
La obsesión de las familias por sentirse seguras alcanza cotas desconocidas hasta la fecha en la provincia de Alicante. Al menos así lo refleja la facturación de las empresas de televigilancia, que año a año cierran sus balances económicos con unos márgenes espectaculares en términos porcentuales y absolutos.
Sólo entre el 2001 y el 2004, la facturación del sector en el ámbito de las alarmas y cámaras de seguridad se duplicó en toda España, empujada por el tirón de las provincias costeras, caso de Alicante, según revela el último informe disponible de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser). Sin embargo, la demanda de tecnología de vigilancia y protección ha mantenido una línea ascendente todavía mayor durante el 2005, el 2006 y lo que llevamos del 2007, según coinciden en señalar fuentes del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante y de empresas suministradoras.
Lo último en este campo es la instalación de cámaras de videovigilancia conectadas a una dirección IP (el número que identifica a cada ordenador), lo que significa que, desde cualquier rincón del mundo, uno puede controlar su domicilio y manejar los dispositivos a su antojo con sólo pulsar las flechitas del teclado informático.
«La gestión remota ha crecido de manera impresionante, y todo por el tirón de los particulares. En ello ha influido la psicosis por los asaltos violentos a viviendas. Aunque en este tipo de contratación hay que reconocer que los residentes extranjeros son los que han ido marcando el camino al resto», señala Juan Carlos Canales, responsable de la delegación de Circontrol Levante, firma que produce todo tipo de dispositivos de vigilancia y control de acceso.

El presidente de los administradores de fincas de Alicante, Francisco Brotons, señala que hoy en día son pocas las urbanizaciones que no cuentan con medios de vigilancia, ya sea telemáticos o con presencia física. «Los propietarios están ahora mucho más sensibilizados que antes. Sólo en la Playa de San Juan de Alicante hay 50 urbanizaciones con este tipo de servicio. Sin embargo, en el casco urbano, no hay más de cinco», explica. Esta reflexión ilustra a la perfección la diferente implantación de la seguridad privada en las zonas de playas respecto del resto: «La costa se lleva la palma».
«Seguridad es igual a tranquilidad. Y, contrariamente a lo que se suele pensar, por un módico precio», asegura Brotons. La realidad es que en complejos residenciales compuestos por cien propietarios, por citar un ejemplo, contratar un vigilante supone un gasto de diez euros mensuales a cada uno de ellos, según detalla Brotons. En su opinión, no es extraño que la gente opte por aumentar las medidas de protección, porque si participan muchos en el gasto el coste resulta mínimo.
«La urbanización Aries, con 300 apartamentos, tiene en verano a mil personas. Y en invierno esa cantidad baja a 150. Es comprensible que quieran contratar seguridad», razona el portavoz de los administradores alicantinos.
En el campo de la televigilancia, conviene precisar, según recuerda Brotons, que del zaguán hacia adentro nadie puede ser controlado por esta vía, según determina una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV). En cambio, «es libre el control sobre los recintos de urbanizaciones», precisa.
Las cifras estatales reflejan que entre el 2001 y el 2004 (últimos balances contabilizados) la facturación del sector en el apartado de alarmas y vigilancia remota pasó de 363 a 689 millones de euros.

Universidad Pablo de Olavide

Fiscalía de Sevilla expedienta al rector de la UPO
La Fiscalía de Sevilla ha resuelto abrir expediente al Rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Agustín Madrid, por vulneración del Pliego de condiciones entre la universidad y la empresa concesionaria CLECE S.A., en el marco del conflicto laboral con las trabajadoras de limpieza.
Además, los sindicatos CNT y CIT presentaron las correspondientes denuncias por Vulneración de Huelga contra el rector, la empresa CLECE y la empresa de seguridad Vinsa, que ya han abierto diligencias previas.
En el expediente abierto, se considera que Agustín Madrid “incumple las obligaciones derivadas del contrato de servicios y que ha supuesto una modificación, en detrimento de otras empresas del sector, en un beneficio a la concesionaria del servicio CLECE S.A.”
Según voceros sindicales, las denuncias ponen de manifiesto “la ilegalidad de las partes denunciadas por los sindicatos convocantes de la Huelga de la Limpieza en la Universidad Pablo de Olavide, donde se pone de manifiesto la complicidad entre las partes en detrimento de los derechos laborales de las trabajadoras de la limpieza adscritos al centro universitario”.
“La actuación de la empresa, CLECE S.A. y del Rector D. Agustín Madrid, es contraria al derecho fundamental, y lo han demostrado con la actuación injustificada de dar de baja y altas a las trabajadoras en huelga, con el fin de perjudicar sus derechos laborales, con el debido conocimiento y aquietamiento de Sr. D. Rector, además de abrir expedientes sancionadores de suspensión de empleo y sueldo a dichas trabajadoras. Y por último, la empresa de seguridad impide el acceso de las trabajadoras en huelga a su centro de trabajo, y que han sido denunciados por un claro caso de represión y vulneración de huelga”, fundamentan los sindicatos.

Desde CNT y CIT, consideran los hechos “de gravedad suficiente y clara apariencia delictiva, y que la Fiscalía ha incoado expediente para la investigación de los hechos, de sus autores y la participación que hayan tenido las diferentes partes denunciadas”.
Recordamos que antes de tomar las empleadas la decisión de la huelga indefinida, llevaron a cabo varias protestas y paros simbólicos en la UPO. Ante el silencio de la empresa CLECE, convocaron esta huelga indefinida para reivindicar medidas de seguridad, un pequeño incremento salarial, pues la media de la plantilla no supera los seiscientos euros mensuales y la readmisión de tres empleadas despedidas.

Detención ilegal

Piden cuatro años y medio para el portero de una discoteca que retuvo a un ‘camello’
La acusación particular solicitó ayer una pena de cuatro años y medio de prisión para un portero acusado de haber lesionado y detenido ilegalmente a un cliente de una conocida discoteca de la capital del Segrià. Por su parte, el Ministerio Fiscal no solicitó ninguna pena al considerar que si había algún hecho punible, éste no lo había provocado el acusado, sino un vigilante jurado que falleció durante la instrucción del caso.
Los hechos se remontan al 23 de marzo de 2003. Según el único acusado el vigilante jurado localizó en los lavabos de la conocida discoteca a un presunto camello que estaba traficando en los sanitarios.
Según el portero, el vigilante se puso en contacto con él y cuando llegó a la zona el presunto traficante estaba esposado y a la espera de que vinieran los agentes de los Mossos d’Esquadra para que lo trasladaran a la comisaría. Además, el portero aseguró que en el cacheo que efectuaron los agentes de la Policía de la Generalitat al presunto camello encontraron marihuana, cocaína y pastillas. El imputado aseguró que, previamente a que vinieran los agentes, el detenido intentó autolesionarse dándose cabezazos contra el suelo y contra la pared.
Al finalizar la vista oral el Ministerio Fiscal siguió sin acusar al único imputado, mientras que la acusación particular solicitó cuatro años y seis meses.

Batirse el cobre

Desarticulan en Lleida una banda violenta de 22 ladrones
Los detenidos actuaban siempre de la misma forma. Salían por la noche de sus domicilios, situados en Santa Coloma de Gramenet y Badalona, y se dirigían hacia las comarcas de Lleida para asaltar empresas y sustraer cobre y otros metales que cargaban en furgonetas y vehículos, según informaron los Mossos d’Esquadra. Mientras una parte de los miembros de la banda asaltaban la empresa y cargaban el cobre, los otras hacían tareas de vigilancia y control de la zona.
El pasado domingo la policía catalana sorprendió a 17 personas, seis de las cuales eran menores de edad, mientras robaban en el interior de la empresa Cistercal, que fabrica cisternas de camión, de Vilagrassa. Los detenidos presuntamente habrían roto los vidrios de las ventanas para acceder a su interior y fueron sorprendidos cuando estaban cargando cobre y acero inoxidable.
El mismo día, los agentes detuvieron a tres personas más, integrantes de la misma banda, como presuntas autores de un robo con violencia e intimidación y un delito de detención ilegal cometido en la empresa Top Cable de Bellpuig.
Los tres detenidos habrían reducido violentamente a uno de los vigilantes de seguridad de la empresa, lo habrían inmovilizado atándolo con cuerdas y lo habrían agredido brutalmente hasta dejarlo inconsciente. Sin embargo, se vieron obligados a huir porque fueron descubiertos por otro vigilante de seguridad de la empresa, que dio el aviso. Los tres fueron detenidos por los Mossos d’Esquadra en los alrededores de la empresa.
Los 20 detenidos también están acusados de tres robos con fuerza y un delito de hurto cometidos en el interior de empresas de Anglesola, Tàrrega y Bellpuig durante el pasado mes de abril.

En los robos cometidos en las empresas de l’Urgell, los ladrones sustrajeron 7.000 kilogramos de cobre valorado en 50.000 euros, 15.000 kilogramos de acero inoxidable valorado en 39.000 euros y otros metales valorados en 4.200 euros.
El mismo domingo, los Mossos d’Esquadra detuvieron en Tremp a dos hombres más de nacionalidad rumana y vecinos de Santa Coloma y Badalona como presuntos autores de un robo con fuerza en una central hidroeléctrica de Talarn.
Los agentes sorprendieron a los detenidos cuando estaban cargando bobinas de cobre en su vehículo. Además, el grupo de investigación de Tremp inculpa a los dos detenidos tres robos con fuerza cometidos el último mes en centrales hidroeléctricas de Talarn y Tremp.
En los robos cometidos en el Pallars Jussà sustrajeron 640 kilogramos de hilo de cobre valorado en 3.500 euros, piezas de bobinas valoradas en 200.000 euros, aluminio valorado en 40.000 euros, y cable diverso valorado en 2.500 euros.
Al ver la similitud de los hechos delictivos de l’Urgell y el Pallars Jussà, los grupos de investigación de Cervera y Tremp comprobaron que todos los detenidos formaban parte de la misma red organizada.
Los seis menores detenidos en el robo de Vilagrassa quedaron en libertad el mismo día de su detención. Los otros 14 detenidos en la comarca de l’Urgell pasaron ayer a disposición judicial ante del juzgado de instrucción de Cervera. Los dos detenidos en el Pallars Jussà pasaron a disposición en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tremp. Los jueces decretaron prisión para los 16.

Automóvil vigilante sin conductor

“Spirit of Berlin” es más que un robot con forma de auto. Es un automóvil autónomo dirigido completamente por computadores, si así lo prefiere su “conductor” o propietario
Los computadores que asumen el mando del auto procesan las informaciones de un sistema de navegación, sensores láser y cámaras de video, según la página virtual de la Universidad Libre de Berlín. El sistema fue desarrollado por el informático mexicano Raúl Rojas en la Universidad Libre de Berlín.
La implementación de alta tecnología permitiría utilizar dicho automóvil como vigilante de edificios o grandes espacios. El automóvil robot fue desarrollado por un grupo dirigido por el informático mexicano Raúl Rojas, profesor de inteligencia artificial de la Universidad de Berlín.
El “espíritu de Berlín”, que también puede ser manejado convencionalmente, podrá en el futuro reconocer semáforos en verde o en rojo y la señalización de tráfico de las vías por donde transite. Si uno de los usos puede ser es el de vigilante, no es de sorprender que uno de los promotores del proyecto sea la Policía de la capital alemana.
El aporte científico ha estado a cargo de la Sociedad Fraunhofer (IAIS), de Birlinghoven. La lectura con rayos láser de tercera dimensión, por ejemplo, fue desarrollada en cooperación con la Universidad Libre de Berlín.
El Mini-Van dotado de cámaras y sensores, puede rodar autónomamente o adaptarse para una conducción convencional con sólo oprimir un botón. Los sistemas computarizados que mueven el automóvil son capaces de dirigirlo, frenarlo, acelerarlo, así como de prender y apagar su motor.
Sensores combinados reconocen además a peatones, ciclistas y otros automotores. Los lectores de información lanzan rayos láser en torno al auto que son reflejados por las personas u objetos que se encuentren alrededor. El tiempo recorrido por los rayos reflejados es medido por dispositivos sensoriales que indican dónde y a qué distancia se encuentran los identificados.
Gracias a los sistemas de identificación, el computador “construye” un mapa de los objetos movibles y fijos en la calle. Hasta ahora el alcance de los sensores de láser llega a unos 150 metros.

Y, como era casi de esperarse, el automóvil robot desarrollado en Berlín, se sirve de un sistema de navegación satelital más preciso que el GPS convencional, pues la señal no se deja desviar por edificaciones altas. Cuatro potentes computadoras donadas por IBM son las encargadas de procesar los datos, provengan estos de las cámaras de video, del espacio o de los sensores láser.
Por supuesto que el uso de autos de este tipo no sólo se limitará a la policía. El alto valor ecológico del “Espíritu de Berlín” lo convierte en uno de los candidatos a los autos del futuro y su ventaja la demostrará en una competencia de autos de este tipo que tiene lugar en noviembre próximo en California. Si el grupo participante recibe el patrocinio de la industria privada que aún le falta, claro está.
El científico mexicano, especialista en redes neuronales, ha recibido ya varios premios por su trabajo, entre ellos el Premio Wolfgang von Kempelen de Austria.

Un jefe de seguridad

Acepta casi dos años de cárcel por estafa
El encargado de seguridad Ricardo R. V. aceptó ayer una condena de un un año y 9 meses de cárcel por cobrar facturas por valor de 21.000 euros entre 1996 y 1998 que luego ocultaba a su empresa para apropiarse del dinero. Además, al ser descubierto, negoció con la empresa el devolver dicha cantidad como si fuese una deuda pero realizó el pago mediante unas letras que carecían de fondos.
El acusado se reunió ayer con la fiscal en la Quinta Sección de la Audiencia, con sede en Vigo, y aceptó un castigo de un año de cárcel por apropiación indebida de 21.036 euros, otros seis meses de prisión por falsedad en documento mercantil, junto a una multa de 450 euros, y tres meses y un día de cárcel por un delito de estafa agravada.
El inculpado ya tenía antecedentes por los mismos delitos y actualmente está en prisión por otro asunto.
El escrito de acusación, modificado tras el acuerdo por conformidad, relata que Ricardo R.V. era en 1996 vendedor de la empresa Iber Express (luego absorbida por Prosegur) y de una firma de seguridad. Hasta abril de 1998, se encargó de cobrar las facturas y se apropió, según la fiscalía, de una suma total de 21.036 euros.
Éste cesó en su actividad contractual en 1998 y sus anteriores jefes, al revisar la contabilidad y ponerla al día, descubrieron la existencia del agujero. El acusado, al verse descubierto, tuvo que redactar dos documentos en los que admitía que estaba dispuesto a pagar dicha cantidad que asumió como una «deuda» que tenía con su antigua empresa.
El pago lo hizo mediante una letras que resultaron impagadas por falta de fondos.
En los mismos meses, Ricardo R.V. creó una empresa de servicios integrales de seguridad gallegos cuyo nombre se parecía mucho a otra firma para la que trabajaba. La fiscal ve detrás un negocio cambiario ficticio.
El acusado aceptó todos los cargos por conformidad. Al juicio acudieron unos expertos de Madrid que no tuvieron que declarar por haber acuerdo.

Parque empresarial de Campollano

Adeca pide reunirse con la Subdelegación por falta de seguridad
Los empresarios del parque empresarial de Campollano han decidido mover ficha y dar el primer paso para atajar lo que consideran que puede ser un problema muy preocupante si no lo atajan de golpe: el incremento de seguridad que se está registrando debido al aumento de robos de los últimos meses.
El pasado viernes Adeca, la asociación de Empresarios de Campollano, envió una carta a la Subdelegación del Gobierno de Albacete solicitando una reunión al subdelegado, José Herreros. «Lo que fundamentalmente pretendemos con este encuentro es que se puedan poner en marcha una serie de medidas disuasorias que acaben con los robos que estamos registrando, aunque nuestra intención no es para nada crear ningún tipo de alarma», manifestó el presidente de Adeca, José Eduardo López-Espejo.
Los empresarios de este parque empresarial, el mayor de toda Castilla-La Mancha y que aglutina a unas 850 empresas que llegarán a ser unas 1.200 con la ampliación de Campollano, distinguen entre los robos que se registran en las gasolineras o en los bares y restaurantes de la zona, «que nos preocupan pero que son inevitables y ocurren en toda la ciudad», y los que se cometen por parte de bandas organizadas. Éstos son los que les inquietan y los que pretenden atajar. Por ello piden soluciones a la Administración competente.
«Hace quince días entraron en varias empresas, robaron un coche en la primera en la que actuaron y lo utilizaron para ir cargando lo que se fueron llevando del resto», denunció López-Espejo, que reconoce que «los datos que tenemos no se corresponden totalmente con la realidad porque no todos los empresarios a los que les roban lo cuentan».

Es por ello por lo que el presidente de la Asociación de Campollano tiene también la intención de solicitarle al subdelegado los datos actualizados sobre las denuncias realizadas por robos en este parque empresarial. «Es fundamental conocer todos los datos para que podamos elaborar un Plan Integral de Seguridad eficaz», defendió.
Lo que sí han detectado desde esta Asociación empresarial es que estos ‘golpes’ llevados a cabo por bandas organizadas «los hacen por oleadas». Según López-Espejo, pasan varios meses de aparente tranquilidad y, de repente, se registran robos importantes en varias empresas. «La oleada anterior -recordó- la padecimos en febrero y ahora acabamos de sufrir otra». Los delincuentes, además, actúan de forma rápida, se llevan los materiales robados y «los colocan en el mercado negro y muchas veces ni recuperamos lo que nos han quitado».
Además, José Eduardo López-Espejo está convencido de que estos delincuentes no actúan «al tun-tún», sino que «está claro que vienen primero y estudian muy bien las empresas donde quieren robar porque lo que se llevan es fácilmente colocable en ese mercado negro». Por eso, las últimas empresas afectadas han sido almacenes de electrodomésticos, de informática y empresas de distribución agroalimentaria.
El butrón (un agujero en la pared o el techo) y el alunizaje (chocar un coche contra la cristalera) siguen siendo los métodos preferidos de estas bandas que, en lo que va de año, han actuado ya «en una veintena de empresas», concretó López-Espejo.
Por todo ello, desde Adeca confían en que de la reunión que mantengan con el subdelegado del Gobierno en Albacete salga un Plan de Seguridad integral, que permita actuar de forma global. «De lo que se trata ahora es de que trabajemos más en lo que es seguridad colectiva», observó López-Espejo, que dijo que hasta ahora la única seguridad que hay en el parque empresarial de Campollano es la que contratan de forma individual las empresas que lo deciden, porque no todas las empresas lo tienen.
Más concretamente, lo que esperan que salga de este encuentro con el representante de la Administración Central es que haya un compromiso de apoyo y «mayor presencia policial».
Mientras tanto, en Adeca siguen buscando alternativas y fórmulas complementarias a lo que dé de si esta reunión y por ello están estudiando con una empresa de seguridad la posibilidad de formar un convenio para que la empresa que lo solicite pueda instalar un sistema de seguridad pero a un precio más ventajoso.
Son soluciones reales porque ha llegado a tal punto la situación que los empresarios han apuntado incluso a otras impensables. «En vallar Campollano se ha pensado no una, sino 800 veces, pero eso sí que es inviable», reconoció.

Comunidades de vecinos

Una de cada tres está interesada en instalar sistemas de seguridad privada
Las tradicionales discusiones en las reuniones de las comunidades de propietarios sobre las molestias de obras, la suciedad en el bloque o la urbanización y el ruido del típico vecino molesto se han ampliado con un punto en el que todos parecen estar de acuerdo, hasta que se toca el bolsillo. Administradores de fincas y empresas de seguridad coinciden en poner de relieve la creciente demanda de sistemas de vigilancia en las zonas comunes. Algunos expertos se atreven a cifrar en un 30% las urbanizaciones de la provincia que ya han solicitado un presupuesto para aumentar las medidas de control.
«En las reuniones de comunidad se acuerda cada vez más pedir presupuestos a empresas de vigilancia sobre agentes nocturnos y cámaras de seguridad». Así lo expone Jesús Luque, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Aunque, a renglón seguido, reconoce que los altos precios de los servicios hacen que en muchas ocasiones la iniciativa se desinfle y quede en meras recomendaciones o, a lo sumo, en la colocación de videoporteros electrónicos.
En cualquier caso, para Luque, estas peticiones a los administradores reflejan que existe una creciente sensación de miedo en los usuarios, especialmente en las urbanizaciones de chalés de la Costa y en menor medida, en la capital, en los conjuntos residenciales con jardines e instalaciones comunitarias (pistas de pádel, piscinas, zonas infantiles de juegos, etc). En el caso de los edificios de viviendas, se opta sobre todo por el refuerzo del control en los accesos y en los aparcamientos, donde hay más posibilidades de robos, pero también por temor a los actos de vandalismo.

El presidente de los administradores rechaza que aspectos tales como la pérdida de intimidad se tengan muy en cuenta a la hora de decidir, y señala, contundente, al factor económico. «Hay una gran demanda de medidas de seguridad en las comunidades y, si no cuajan, es sobre todo por el dinero». Al tratarse de mejoras con una cuantía muy superior a la de las cuotas, en la mayoría de los casos es necesario acometer derramas extraordinarias para su puesta en marcha. Y ahí es donde comienzan los problemas, puesto que los propietarios no están obligados a hacer frente a esta cuota extra si supera la suma de tres meses de cuota ordinaria.
En estos casos, la inversión se reduce a la instalación de videoporteros, para poder ver al que llama. Y se refuerza la labor de concienciación a los vecinos, con carteles de recomendaciones para prevenir sustos durante las vacaciones, y la aprobación de normas para controlar las puertas principales y las de los garajes. «Muchos vecinos optan por instalar alarmas particulares ante la dificultad de poner de acuerdo a los propietarios», agrega Jesús Luque.
Juan José López es el responsable de proyectos de la empresa Fichet en Andalucía. Junto a Juan Manuel Fernández, ingeniero de proyectos en Málaga, son los artífices del plan de videovigilancia en el Centro de la capital.
El control con cámaras se está extendiendo como la espuma entre los conjuntos residenciales privados, para vigilar los recintos comunitarios. «Hay un ‘boom’ impresionante. Se están haciendo muchas instalaciones en urbanizaciones, especialmente en televigilancia para el control de accesos, que une telecomunicaciones y seguridad», afirma este experto. En la provincia, la Costa del Sol, y Marbella en particular, es la zona donde se concentran la mayoría de las nuevas instalaciones. El aparcamiento y los accesos al recinto privado de las urbanizaciones son el primer objetivo, para evitar que entren vehículos no autorizados, y que se produzcan robos o actos de vandalismo.
López considera que las cámaras sirven de apoyo al vigilante y permiten ahorrarse el contrato de un segundo agente. «Acuden a nosotros cuando el problema ha sido mayor, porque se sentían seguros con una instalación precaria. En este sector hay mucho intrusismo y muchas chapuzas», apunta.
«Definitivamente, sí», responde tajante Joan Comellas, responsable de I+D de la empresa Circontrol, cuando se le pregunta por el interés de las urbanizaciones por la seguridad. «El aumento es progresivo conforme va mejorando la tecnología, bajan los precios y son cada vez más conocidos y aceptados», sostiene.
Las que más lo piden son las urbanizaciones residenciales con casas unifamiliares. «Estamos dispuestos a perder un poco de privacidad con tal de ganar en seguridad, en un día normal, una persona puede ser grabada por decenas de cámaras, en el cajero, en cualquier tienda, e incluso en la calle, pero esto no suele preocupar. Si no sucede nada, habitualmente no se miran las grabaciones, e incluso se programa su eliminación automática al cabo de cierto tiempo de estar almacenadas».
En cuanto a las críticas por los altos precios, Comellas discrepa y considera que están bajando, lo que facilita el acceso a equipos de mayores prestaciones.

Los jueces de Santander

Rechazan el recorte del personal de seguridad en los edificios judiciales
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y las Juntas Sectoriales de Jueces de Santander han aprobado acuerdos en los que expresan su rechazo al recorte de personal de seguridad que el Ministerio de Justicia ha llevado a cabo en los edificios judiciales de Cantabria.
El órgano de gobierno del Poder Judicial en Cantabria ha remitido una queja a este Ministerio por lo que considera “una importante reducción de los niveles de protección y seguridad de las distintas sedes judiciales, llegando a concretarse franjas horarias en las que se carecerá de todo tipo de vigilancia”.
Por su parte, en sus acuerdos -todos son iguales-, las Juntas de Jueces de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, de Primera Instancia, de Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de Social de Santander, dejan constancia de su “más enérgica protesta” por las restricciones en las condiciones de seguridad, lo que ha llevado a limitar el horario en el que permanece el personal de seguridad.
Además, señalan los jueces que este hecho hace que no se pueda garantizar el cumplimiento del horario flexible para el personal de la Administración de Justicia, al tiempo que entorpece el trabajo judicial.
Recientemente, el Ministerio de Justicia aprobó un nuevo contrato del servicio de vigilancia y seguridad privada de los edificios judiciales que entró en funcionamiento el segundo trimestre de este año 2007.

La Policía recaba apoyos

En la seguridad privada ante retos «difíciles de afrontar»
El comisario del Cuerpo Nacional de Policía en Jaén, Daniel Salgado, participó ayer en la I Convención del sector de la Seguridad Privada en Jaén, ante dos centenares de empresarios y guardias privados. Les habló de los nuevos retos con los que se enfrentan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un mundo globalizado para el delito. «Retos que por sí sola la Policía difícilmente podría afrontar. Aquí entra el papel de la seguridad privada», les dijo. El comisario resaltó que la información que manejan las empresas del sector, «si está bien coordinada aportaría un plus esencial, por lo que hay que profundizar en este concepto».
El guiño de las fuerzas de seguridad del Estado a la seguridad privada no es nuevo. Ya el año pasado se hizo un modesto gesto con el sector en Comisaría, con una entrega de distinciones. Este año se le ha dado categoría de Convención y se ha realzado el escenario (el pabellón de congresos de la Institución Ferial). No se trata de un gesto aislado. Desde hace un par de años el subdelegado Fernando Calahorro anima a empresarios de polígonos industriales a contratar seguridad privada para evitar molestas visitas.
El funcionario de Policía responsable de seguridad privada en la Comisaría de Jaén, Ricardo Romero, confirma que la demanda de este tipo de servicios crece «como la espuma» en los últimos años. «Polígonos industriales, chalés. Hay mucha demanda. Y las noticias sobre robos violentos, que aunque no se han producido aquí pueden dar impresión de inseguridad. El que puede, paga».
El sector está en franca expansión, como admiten los empresarios del ramo. Tanto en lo que se refiere a demanda de vigilantes como a sistemas de seguridad electrónicos con la videovigilancia como elemento estrella. Valentín Piñar, indica que en la provincia operan 19 empresas con delegación u oficina comercial. El último censo actualizado de profesionales dedicados exclusivamente a labores de vigilancia sobre el terreno (no se computan las centrales de alarmas o controladores de sistemas electrónicos) es de 436 personas.

«Hemos hablado con empresarios y asociaciones, y en muchos sitios se está reforzando la vigilancia», admitía ayer Calahorro, que presidió la convención (otro guiño al sector, pues se trata de la primera autoridad de la administración del Estado en la provincia). El comisario Salgado se refirió también ayer, de forma indirecta y en términos abstractos, a este problema. Habló de la «globalización de la delincuencia». Y describió el fenómeno: «España, que se movía en márgenes de delincuencia muy reducidos, ha visto como prácticamente desaparece la delincuencia autóctona desplazada por otra más activa y violenta que llega del Este de Europa y de países de habla hispana.
A los empresarios y asociaciones de industriales de polígonos se les ha transmitido el mensaje de que no se puede poner un policía o un guardia civil en cada polígono de la provincia. Así que deben ser los empresas quienes de su bolsillo, financien sistemas de seguridad. «La clave es la colaboración. La seguridad es monopolio del Estado, pero se trabaja desde la coordinación y la información», dijo el subdelegado en su discurso ante empresarios y guardias. Faltan por determinar los mecanismos concretos de colaboración y cómo transmitir información.
El comisario Salgado destacó que tanto funcionarios con competencias en materia de seguridad como las empresas del sector «trabajamos día a día para que los ciudadanos sean más seguros y libres».

El sindicato CSIF

Pide al PP que paralice la privatización de la seguridad municipal
Los representantes del sindicato CSIF en la Policía Local de Castelló solicitaron ayer públicamente que el Gobierno local paralice el concurso para privatizar la seguridad de los edificios municipales hasta que informe sobre cuantos agentes se pretende sustituir y qué consecuencias va a tener en el funcionamiento del cuerpo.
El colectivo advierte que el Partido Popular no ha facilitado ningún documento que ofrezca detalles sobre el concurso público que lleva a aprobación esta misma semana. Dicha iniciativa implica el pago de 1 millón de euros a una empresa privada para que vigilantes jurados sustituyan a agentes de la Policía Local en la vigilancia de dependencias municipales (entre las cuales se incluirían tenencias de alcaldía).
CSIF lamenta que el Gobierno local no ha dialogado y tampoco se ha planteado ningún estudio documentado sobre una decisión que puede resultar trascendental para el futuro de la Policía Local. «El problema es que no se ha evaluado nada y tampoco se nos ha dado ninguna información más allá de que uno de los puntos a cubrir será el Mercado de Abastos, donde hay una serie de ordenanzas que cumplir y para ello sólo tiene autoridad un policía local» .
La sección sindical considera que la privatización de la seguridad reducirá la calidad del servicio e incluso puede generar situaciones de riesgo en caso de altercados. «Es absurdo que se quite a la policía. Un vigilante privado no tiene las competencias de un policía si se da un problema de desorden público. Además, un vigilante no representa a la autoridad municipal y no puede actuar ni dar el mismo servicio al ciudadano en determinadas circunstancias» .

Por último, los portavoces sindicales consideran que no es viable plantear el uso de seguridad privada sin elaborar antes «un estudio individualizado de cada puesto que se pretende sustituir, tal como está establecido» .
El concejal de Personal, Juan José Pérez Macián, justificó ayer que la privatización de la seguridad en los centros municipales tiene como objetivo «optimizar al máximo los recursos ante la escasez de medios que ofrece el Gobierno» . Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Antonio Lorenzo, respondió que en 2003 el número de efectivos de la Comisaría era de 150 policías y ahora es de 240.

Sustitución

El PP aprueba que vigilantes privados sustituyan a la policía local en los edificios municipales
El Partido Popular del Ayuntamiento de Castelló impuso ayer la aprobación provisional de un concurso de 1 millón de euros que tiene por objetivo privatizar la seguridad de las dependencias municipales, incluidas las tenencias de alcaldía, según confirmaron ayer fuentes municipales.
Esta operación implica sustituir la presencia de un numero todavía indeterminado de agentes de la Policía Local por vigilantes de una compañía de seguridad privada.
La nueva iniciativa del PP se encontró con el voto en contra del grupo municipal socialista, que se posicionó en contra de prescindir de los agentes de la policía local para este tipo de servicios. «No podemos estar a favor de esta medida. Actualmente, las tenencias de alcaldías y el propio ayuntamiento están custodiados por agentes de la policía local de un modo muy eficiente. Resulta difícil de entender» .
El portavoz adjunto del PSPV, Miguel Alcalde, considera que la decisión no se justifica con motivos económicos y tampoco en lo referente al papel que debe jugar la policía local en la institución municipal. «Va a ser un gasto injustificado de dinero mientras tenemos un buen servicio de policía local. Y creemos que no es acertado privatizar el servicio de seguridad» . Una crítica muy similar llegó de la mano del portavoz adjunto del Bloc Nacionalista Valencià, Enric Nomdedéu, que cuestionó la contratación de vigilancia privada en detrimento de los funcionarios e interinos de la policía local. «Ideológicamente es una medida que desde el Bloc no podemos aceptar de ningún modo. Y tampoco podemos entenderla desde un punto de vista económico, porque tenemos un cuerpo de nueva creación (los Agentes de Movilidad Urbana) que se ocupa del tráfico y libera a los agentes de la policía local de una de sus principales funciones. No se entiende qué papel se quiere para la policía local» .

Nomdedéu destacó que el ayuntamiento no debe utilizar la contratación de vigilantes jurados para reducir la publicación de plazas de policías. «Si realmente se necesitan más agentes, pues que se saquen más plazas a concurso. Si el Bloc tiene responsabilidad de gobierno, el mismo día después de las elecciones revisará esta decisión y planteará la ampliación de la plantilla de la policía local» .
Por su parte, el concejal popular Joaquín Torres matizó que una parte del dinero del concurso también se utilizará para dispositivos de seguridad y no únicamente para vigilantes. «La idea es que se pueda utilizar a estos vigilantes en aquellas dependencias donde se necesite» .

Jose Luis Malavé

Mis compañeros de trabajo
Soy padre separado, desde el 2002, con nuestra hija Lydia de seis años. Como el 90% de padres separados, Lydia puede estar con su padre, fines de semana alternos (cuatro días al mes) y de lunes a viernes, excepcionalmente 5 horas (todo un privilegio, según la Justicia).
Trabajo en la empresa Prosegur, como vigilante de seguridad, y realizo conjuntamente con mis compañeros las funciones de vigilancia con un cuadrante laboral, de turnos rotativos festivos incluidos, en la empresa química Clariant Producciones, del complejo químico Sur de Tarragona. Algunos de estos fines de semana y días de entre semana, que Lydia puede estar conmigo, yo tengo que trabajar.
Gracias a mis compañeros de trabajo, que son estupendas personas, me cambian sus turnos, para que Lydia pueda estar con su padre. Deseo expresar de corazón mi inmensa gratitud a José Antonio Villen, Manuel Sánchez Acero, Federico García, Francisco Cano, Jordi Bonan y Juan Carlos de Hoyo.

Bilbao zona centro

La Policía Municipal de Bilbao aconseja al comercio que recurra a la seguridad privada
La Policía Municipal de Bilbao ha aconsejado a los comerciantes de la zona centro -Indautxu y Abando- que recurran a la seguridad privada para evitar los robos en sus establecimientos. La medida se enmarca dentro de la campaña emprendida por la concejalía de Seguridad Ciudadana para atajar la oleada de hurtos que han sufrido decenas de tiendas del distrito 6. El plan, que prevé reforzar la presencia policial en las calles y facilita la tramitación de las denuncias, viene a responder a la primera de las preocupaciones de los bilbaínos, según las propias encuestas del Ayuntamiento: el aumento de la delincuencia.
A través de un tríptico, que ha sido distribuido por la Agrupación Bilbao-Centro, la guardia urbana llama la atención sobre los aspectos en los que los dependientes deben fijarse para evitar ser objeto de este tipo de ataques y contempla una serie de recomendaciones que incluyen la contratación de personal de seguridad privado. El hecho de que la defensa de la propiedad se deje en manos de una empresa ha desatado las críticas del PSE, cuyo candidato a la Alcaldía, Txema Oleaga, pidió la inmediata retirada de los folletos.
«Aconseja contratar personal de vigilancia y eso quiere decir que el Ayuntamiento reconoce su propia incapacidad para proteger el comercio de nuestra ciudad», denunció. La propuesta tampoco ha gustado a UGT. El sindicato considera que la recomendación «deja traslucir una enorme falta de confianza en la prestación del servicio público, mostrando su desprecio a la propia institución policial».
El área de Seguridad Ciudadana, sin embargo, no entiende que el consejo suponga menoscabo alguno a la guardia urbana. «Los agentes municipales no pueden entrar dentro de las tiendas a vigilar si hay alguien robando. Es un negocio privado y esa labor les corresponde a ellos», se defendió un portavoz del departamento, que puntualizó que «la presencia de los policías se limita al exterior».

Una de piratas

El Ayuntamiento niega anomalías al contratar a Servisur para la feria Avance 2006
La primera teniente de alcalde y delegada de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Bormujos, Ana Hermoso (PP), salió ayer al paso de las críticas del PSOE local -que asegura que el Consistorio contrató a una empresa de seguridad «pirata»- para «desmentir categóricamente» esta afirmación y explicar que «Avance 2006 no requería servicio de vigilancia al contar con todas las fuerzas de Seguridad del Estado, desde Policía Local a Guardia Civil y Protección Civil, pero que se optó por contratar a una empresa de controladores para reforzar el servicio».
En un comunicado remitido a Europa Press, Hermoso explicó que «los presupuestos que se pidieron siempre fueron para control y nunca para seguridad, ya que la feria ya tenía este servicio con las fuerzas de Seguridad del Estado».
Además, informó de que contrataron a Servisur «por su experiencia en más de una veintena de municipios de la provincia de diversas tendencias políticas». Por ello, la edil se dirigió al PSOE de Bormujos y le recordó que si es verdad que es una «empresa pirata, se lo tendrían que advertir a sus compañeros de partido de otras localidades para las que la empresa ha trabajado en los últimos meses». Hermoso lamentó además que el PSOE, «en vez de dedicarse a lanzar propuestas y explicar su programa, prefiera buscar asuntos absurdos para manchar la imagen de la localidad».
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Bormujos acusó el lunes al Consistorio de contratar a Servisur, una empresa de seguridad «pirata, radicada en Estepa que no está autorizada por el Ministerio del Interior para prestar servicios de vigilancia en establecimientos, certámenes, espectáculos o convenciones, como reza en la ley 23/92 de 30 de julio, una empresa que ya fue sancionada en 2005 por prácticas intrusivas en el sector».

Un local de ocio

Detenido por agredir al vigilante de una discoteca con una navaja
Efectivos de la Ertzainetxea de Durango han arrestado en la madrugada de hoy domingo, a M.B.D., de 33 años de edad, por causar diversas lesiones al portero de un local de ocio tras agredirle con una navaja. El herido ha tenido que ser asistido en el lugar de los hechos por los sanitarios de ambulancia.
En torno a las tres de la madrugada, una patrulla de la Ertzaintza que circulaba por la calle Sasikoa de Durango ha observado cómo dos individuos iban corriendo por la vía pública tratándose, al parecer, de una persecución. Los agentes se han bajado del vehículo policial cuando, el varón que transitaba en primer lugar, al percatarse de su presencia, se ha desprendido de un objeto que portaba en una mano, tirándolo al suelo y continuando su fuga. El supuesto perseguidor, ha señalado a los agentes que dicha persona había agredido con un arma blanca a miembro de la seguridad de una discoteca.
Acto seguido, los ertzainas han interceptado al sospechoso, el cual ha ofrecido fuerte resistencia para evitar su detención y ha proferido diversos insultos contra los agentes. Estos han confirmado además, que el objeto arrojado por dicho individuo era una navaja de unos cinco centímetros de hoja, presuntamente utilizada en la agresión.
La víctima ha precisado de la asistencia sanitaria por parte de los componentes de una ambulancia desplazada al lugar, debido al corte que presentaba a la altura del cuello.
M.B.D., ha sido detenido por un delito de lesiones con arma blanca. El arrestado deberá presentarse próximamente ante la Autoridad Judicial.

Reincidentes

El fiscal pide cuatro años para un hombre por robar una máquina de afeitar
El acusado amenazó con una navaja al vigilante para coger el producto, de 15 euros
El ministerio fiscal solicita para un hombre, natural de Candás y que responde a las iniciales E. A. A., una pena de cuatro años y cuatro meses de prisión por robar una maquinilla de afeitar en un supermercado del centro de la ciudad. El producto está valorado en 14,95 euros. El fiscal le acusa de un delito de robo con violencia, porque el hombre amenazó con una navaja de ocho centímetros al vigilante, y le incluye el agravante de reincidencia. El acusado ya ha sido condenado en otras ocasiones por hechos similares.
El robo tuvo lugar el pasado 14 de abril. El acusado entró en un supermercado de la plaza de Europa. Dentro, cogió una maquinilla de afeitar y la metió en el bolsillo del chaleco que llevaba puesto. El guardia de seguridad, que estaba vigilando la tienda mediante cámaras, vio lo sucedido y, cuando E. A. A. intentaba salir del establecimiento, le dio el alto.
Fue entonces cuando el hombre sacó una navaja, de unos ocho centímetros, con la que amenazó al vigilante. Posteriormente se dio a la fuga. El acusado fue detenido al día siguiente. La Policía Nacional le localizó gracias a la grabación de la cámara y a la perfecta descripción que del hombre había hecho el vigilante. Además, fue localizado en el entorno del supermercado.
Al acusado, E. A. A., sobre el que ya pesa otra condena de dos años y medio de cárcel también por un delito de robo con violencia, el fiscal le pide que indemnice al supermercado con los 14,95 euros del valor de la maquinilla, más el pago de las costas procesales.
El juicio tendrá lugar el próximo miércoles en el Juzgado de lo penal número 3 de Gijón.

Precampaña

Denuncian al escolta de la alcaldesa por “amenazar” a varios miembros del PSA
Cuatro miembros del PSA denunciaron ayer en la Comisaría de Jerez al agente de la Policía Local y escolta personal de la alcaldesa, J.C.J.G., por supuestas “amenazas y acoso” mientras se encontraban, de madrugada, pegando carteles de precampaña electoral en diferentes zonas de la ciudad. Al parecer, según un comunicado emitido por el partido de Pacheco, “el guardaespaldas, sin identificarse, les persiguió (a los militantes) desde las cinco hasta las ocho de la mañana de hoy (ayer, para el lector) en el Volvo oficial de Alcaldía, para insultarles en reiteradas ocasiones, con un trato degradante, prepotente y vejatorio”. Un hecho que ha provocado que los andalucistas exigiesen en la misiva la “destitución inmediata” de un escolta que, según se encargaron de recordar, “es reincidente en esta conducta agresiva, que ya empleó con otro partido de la ciudad”.
El PSOE no quiso pronunciarse sobre el caso concreto de esta denuncia, pero emitió una nota en la que hacia pública la denuncia que la Policía Local interpuso ayer mismo contra cuatro personas “al ser sorprendidas arrancando carteles preelectorales de esta formación política”. Este hecho, mantuvieron, “supone un nuevo episodio de la campaña antidemocrática que viene desarrollándose en los últimos meses en Jerez”. Asimismo, tal y como prosigue el comunicado de los socialistas, “la actuación de estas personas no es un acontecimiento aislado, sino que forma parte de una estrategia perfectamente diseñada que se centra en hostigar a determinadas formaciones políticas, ya sea retirando sus carteles, destrozando sus vallas, impidiendo sus actuaciones publicitarias, realizando pintadas insultantes, colocando pegatinas con contenidos atentatorios o atacando sus sedes”. Unas prácticas que calificaron de “antidemocráticas” y “fascistas”.

Por su parte, el secretario local del PSA, Julio Román, se cuestionó en voz alta que “si no estaba realizando ningún servicio oficial (por el escolta), qué hacía a esas horas con un vehículo propiedad de Alcaldía y no de uso particular. ¿Estaría obedeciendo las órdenes de la señora Sánchez, que como en ocasiones anteriores ha tratado de impedir el buen desarrollo de los actos electorales del PSA con un permanente acoso?”, añadió en la nota. Y prosiguió: “Todo apunta a que el guardaespaldas estaba coordinado con quienes pegaban carteles del PSOE encima de los del PSA, por lo que persiguió en el vehículo oficial de Alcaldía a nuestros militantes, que ejercían su derecho de pegar carteles, y luego el PSOE los tapaba. Finalmente se apeó del vehículo y ejerció un trato vejatorio contra nuestros militantes”, especificó Román.
En última instancia, desde la dirección del PSA lamentaron que se “ensucie” de forma “tan ruin” la campaña electoral y exigieron a los “tiranos que no respetan el juego democrático, que depongan su actitud por el bien de Jerez y la ciudadanía”.

Voladuras

Ocho heridos en una explosión en Bizkaia el día que los sindicatos exigen más seguridad
El mismo día en el que los sindicatos vascos salieron a la calle para denunciar el incumplimiento por parte de los empresarios de medidas de seguridad en los centros de trabajo -adelantando así la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud que se conmemora hoy-, ocho personas resultaron heridas ayer de diversa consideración en Bizkaia mientras realizaban explosiones controladas.
El suceso tuvo lugar durante la mañana, al estallar alrededor de 15 kilos de explosivo en las obras que se están realizando en el corredor del Cadagua, a la altura de la boca del túnel de Zaramillo en las Encartaciones.
Entre los heridos figuran seis trabajadores de la obra y dos guardias civiles, que se encontraban en el lugar de los hechos. Concretamente, el suceso ocurrió alrededor de las 9.50 horas cuando varios operarios de la empresa UTE Nocedal de Alonsotegi, perteneciente al sector de la construcción, se encontraban deshaciéndose del sobrante de la carga explosiva que habían utilizado para las voladuras, aproximadamente 15 kilos, mediante la quema del material.
Por causas que aún se desconocen, la carga explosiva detonó pese a que la quema de los residuos de voladura para su eliminación es la práctica habitual incluida en todos los protocolos de esta actividad. Existía además un plan de seguridad y salud general de aplicación en el conjunto de la obra y otro específico para los trabajos de voladura con explosivo, según explicaron técnicos de Osalan. La deflagración provocó la proyección de piedras a modo de metralla que alcanzó a dos guardias civiles, a un vigilante de seguridad de la empresa Prosegur y a otros cinco trabajadores de la obra (un ingeniero de caminos, un facultativo de minas, dos barrenistas y un palista), uno de las cuales presentaba una herida grave en el cuello con una fuerte hemorragia. La explosión destrozó el coche de la patrulla de la Guardia Civil.

Los afectados fueron trasladados a los hospitales de Basurto y Cruces, mientras que los dos guardias civiles, que se encontraban realizando labores de vigilancia, fueron llevados a la clínica bilbaína Virgen Blanca con heridas leves. Hasta el lugar tuvieron que acercarse varias ambulancias de SOS-Deiak y de la DYA, equipos de emergencia, así como técnicos de protección civil y algunas patrullas de la Ertzaintza.
Igualmente, la onda de la explosión provocó la rotura de las lunas de varios vehículos y módulos de obra empleados como vestuarios y comedor. El túnel de Zaramillo, donde sucedió el accidente, forma parte de la variante de este barrio de la localidad de Güeñes, situado a unos ocho kilómetros de Bilbao, incluida en el corredor del Cadagua, que es la autovía que comunica la capital vizcaína con la comarca de las Encartaciones, en el suroeste de Bizkaia y fronteriza con la provincia de Burgos.
El subdirector general de Planificación y Operación del Sistema de la Diputación Foral de Bizkaia, Carlos Estefanía, explicó ayer que la voladura del túnel se realizó satisfactoriamente y que el accidente se produjo al manipular el sobrante del explosivo utilizado, un material que no puede volver a fábrica y que hay que deshacer en el lugar.

Especialistas

Detenidos por robar en 9 negocios de Cáceres e intentarlo en otros 8
Dos veinteañeros están en la cárcel acusados de una veintena de delitos, la mayoría de ellos ocurridos en los últimos meses en la ciudad de Cáceres. Los arrestados son Óscar Javier de J. R., conocido como ‘Portu’, de 27 años, y Roberto Jesús R.C., de 20, según informó ayer la Delegación del Gobierno. Los dos ingresaron en prisión de modo provisional después de que así lo determinara el juez de guardia una vez escuchados sus testimonios.
La pareja de jóvenes está acusada de 17 robos, nueve de ellos consumados y ocho en grado de tentativa. En la mayoría de los casos, se trata de bares ubicados en distintos barrios de la capital, aunque también actuaron en naves de las dos principales zonas industriales de la capital (Las Capellanías y Charca Musia).
Los arrestos han sido el final feliz de una investigación que comenzó hace tiempo, desarrollada por el Grupo Primero del Cuerpo Nacional de Policía, con la ayuda del Grupo Especial de Seguridad (GES) de la Policía Local de Cáceres. El seguimiento que realizaron los agentes ha permitido reconstruir el ‘modus operandi’ de los dos presuntos ladrones, que se aprovecharon de sus conocimientos y experiencia. ‘Portu’ trabajó en el sector de la construcción, y en el momento de su detención lo hacía en una empresa de instalación de cristales blindados, la misma en la que en su día estuvo empleado Roberto Jesús, que ahora está en una dedicada a la carpintería de aluminio.
Este bagaje les permitió especializarse en los robos, y aplicar a su actividad ilícita los métodos que dominaban por su trabajo diario. Además, también cuidaban de modo especial las precauciones previas a la comisión del delito. Los detenidos identificaban el establecimiento en el que pensaban entrar, estudiaban el sistema de alarma, las posibles vías de escape por si eran descubiertos, las posibles medidas de seguridad que pudiera haber dentro del local e incluso la proximidad de viviendas habitadas.

Realizadas las comprobaciones previas y tomada la decisión de robar, elegían la hora más propicia para proceder. «En primer lugar -relata la Delegación del Gobierno en Extremadura-, inutilizaban los sistemas de alarma, tanto exteriores como interiores, y ya dentro del establecimiento se dirigían hacia las oficinas o dependencias donde se encontrara la caja fuerte, en el caso de las naves industriales». Para abrirla, utilizaban una radial o similar, y una vez logrado, consumaban su objetivo: llevarse dinero.
Aunque se les han intervenido diferentes objetos (una moderna pantalla de televisión, varias taladradoras, un pasamontañas, un juego de scalextric, botellas de combustible, cables, sierras o coches de juguete, entre otros), el fin de sus acciones era conseguir dinero en metálico.
«En la mayoría de los delitos investigados -cuenta el parte oficial-, de las correspondientes inspecciones oculares técnico policiales, no se hallaron huellas o vestigios que pudieran llevar a la identificación de sus autores, lo que hace pensar que utilizaban guantes para no dejar ningún rastro». Los dos presuntos delincuentes acostumbraban a tomar esa y otras medidas de seguridad que según la Delegación del Gobierno, dificultaron de forma considerable la labor policial.
Además de ‘Portu’ y Roberto Jesús, los agentes arrestaron también a F.J.M.A. y J.M.F., de 20 y 19 años, respectivamente. Los dos pasaron por la Comisaría, de donde salieron en libertad tras prestar declaración.
Al margen de estos hechos, la Policía Local de Cáceres tuvo que intervenir en la madrugada del jueves al viernes, sobre las 4,00 horas, en un robo frustrado. Los agentes atendieron el aviso del vigilante de seguridad de la fábrica Induyco, de El Corte Inglés, que había visto a varias personas intentado acceder al Bar Los 7 Robles. Hasta el lugar llegaron varias dotaciones, que pudieron comprobar que la cerradura de la puerta principal había sido forzada, aunque nadie había logrado su propósito de entrar en el establecimiento.

II Premios Nacionales

De Seguridad y Emergencias
La Feria de Zaragoza acogió ayer la entrega de los II Premios Nacionales de Seguridad y Emergencias, galardones que rinden homenaje a todos los profesionales que se dedican a mantener la seguridad de los ciudadanos y a los que trabajan para que las emergencias no se conviertan en catástrofes.
En el marco de la Feria Integra + Seguridad 2007, los agentes responsables de la operación Malaya recibieron el Premio al Mérito de la Seguridad Pública. El galardón lo recogió un responsable de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental.
El jurado reconoció también la labor del Grupo Especial de Intervención en Montaña y el Grupo de Actividades Subacuáticas de Santa Cruz de Tenerife. Otro de los premios fue para Raúl Sancho Hidalgo, agente de la Unidad de Motoristas de la Policía Local de Zaragoza.
Según informó Efe, los vigilantes de Seguridad José Enrique Buján Carrancio y Samuel Martín González recibieron el Premio al Mérito de la Seguridad Privada, mientras que el Premio al Mérito de las Emergencias recayó en el grupo de Rescate en Altura de Madrid. El Banco de España fue reconocido también por la gestión de los servicios de seguridad privada.

Cierra la ventana

Vigilante nocturno de un hotel, acuchillado gravemente en la yugular
Un vigilante nocturno del Hotel Montearagón fue gravemente acuchillado en la yugular a las 2 de la madrugada de ayer, cuando un individuo que, al parecer, se había colado por una ventana de una cocina le asestó dos heridas con arma blanca. La rápida intervención de cuatro guardias civiles de rescate en montaña, alojados en el establecimiento, evitó que la víctima, que plantó cara al criminal, sufriera consecuencias fatales.
A la espera de las conclusiones de la investigación, todos los indicios apuntan a que el agresor accedió al recinto, cuyas puertas estaban cerradas, por una ventana de la parte trasera del hotel, cuya malla mosquitera rompió, tomó dos cuchillos de la propia cocina -uno cebollero y otro de sierra- y se dirigió a la recepción.
El vigilante, de 69 años, casado y con tres hijos, y guardia civil retirado, estaba sentado en un sofá cuando se vio sorprendido por detrás por el atracador, que le propinó dos cuchilladas en el cuello. El agresor se dirigió a la caja, de la que sustrajo cerca de 2.000 euros y, posteriormente, se volvió contra la víctima, a la que intentó atacar otra vez, pero ésta se defendió con las manos, en las que también tenía cortes.
Cuando el delincuente emprendió la huída, la víctima intentó su persecución por el comedor y la cocina, incluso, al parecer, arrojándole algunos platos y copas de esta estancia, pero no pudo detenerle. Posteriormente, ensangrentado, retornó a la recepción, donde llamó a la Policía. Cuatro guardias civiles alojados en la primera planta, pertenecientes a las unidades de rescate e intervención en montaña de la Benemérita, acudieron inmediatamente alarmados por los gritos y el ruido de la acción y su rápida actuación resultó vital, ya que taponaron la zona herida y le practicaron un torniquete. El vigilante herido, que había perdido abundante sangre, permaneció consciente hasta que llegó la ambulancia para trasladarlo al Hospital San Jorge.

De museo

La «invitan» a salir del Santa Cruz por dar de mamar a su bebé
Una vigilante de seguridad del Museo de Santa Cruz de Toledo expulsó el pasado 3 de abril a la joven Esmeralda Santa Cruz, una madre de la ciudad de Toledo, que estaba dando de mamar a su bebé, una preciosa niña de ocho meses.
Aprovechando las vacaciones de Semana Santa, Esmerada Santa Cruz relató a ABC que decidió, acompañada de su hija, visitar la exposición «Hispania Gothorum San Ildefonso y el reino Visigodo de Toledo», -que ha organizado la Junta de Comunidades- aunque tuvo que parar para dar el pecho a la pequeña, que come a demanda y se alimenta, hasta ahora, tan sólo de leche materna.
Decidió sentarse al final del pasillo, «en un esquinazo», según explica. Sin embargo, una empleada de seguridad le recriminió a Esmeralda su actitud porque, según le dijo, «no daba buena imagen» e iba en contra de las normas del museo que no permite la lactancia materna, por lo que le pidió que abandonase las instalaciones para dar de mamar a su hija.
La joven, que vive en el toledano barrio de Santa Teresa, no daba crédito a las palabras de la empleada del museo y le exigió que le enseñara las normas, algo que no hizo. Por ello, Esmeralda Santa Cruz exigió la hoja de reclamaciones y puso la correspondiente protesta, en la que le explicaban que en quince días le iban a contestar. Sin embargo, han pasado más de 20 días y la dirección del museo ni siquiera le ha contestado y, mucho menos, ha recibido una disculpa. Por este motivo, ha decidido hacerlo público «porque es lamentable que en pleno siglo XXI todavía esté mal vista la lactancia materna en público. Lo que más me duele es que fuera una mujer la que me invitara a salir», dijo.
Se da la circunstancia de que Esmeralda Santa Cruz es enfermera del centro de Salud de Palomarejos y especializada en lactancia materna. E, incluso, es la autora de la Guía de Lactancia Materna que ha sido editada por la Gerencia de Atención Primaria del Sescam, que depende de la Junta de Comunidades.

Esta guía, que entre otras cosas incluye información sobre las ventajas de la lactancia materna, posición correcta del bebé o la alimentación de la madre lactante, pretende ser una ayuda práctica y sencilla para las madres que desean alimentar a su hijo con leche materna. Al mismo tiempo, pretende contribuir a difundir y extender esta práctica saludable. Se trata de apoyar iniciativas y concienciar a las madres para aumentar el porcentaje de lactancia materna y su duración porque, según el director gerente del Sescam, Joaquín Chacón, la lactancia materna es el mejor alimento y la nutrición más conveniente y adecuada para el crecimiento sano, equilibrado y el desarrollo de los lactantes.
Y es que desde el Gobierno regional se lleva trabajando desde hace varios años en el fomento de la lactancia materna.

Estación de Legazpi

Nuevas agresiones racistas de los vigilantes de seguridad en el metro
“Me golpearon en la cara; yo les pedía que no me pegaran y ellos me metieron un trapo en la boca y uno me pateó la cabeza. Parecía que lo estaban disfrutando”. Así describe Víctor L., ecuatoriano de 40 años y trabajador de la construcción, el “horror” que vivió el pasado martes en la estación de Legazpi a manos de seis vigilantes del suburbano.
Víctor L. –según su versión–, subía las escaleras el martes a las 19.00 h, cuando presenció cómo unos vigilantes de la empresa Prosegur perseguían a un chico del top manta. “Ese negrito corre como un venado”, dijo Víctor, justo cuando un guardia pasaba a su lado. Al llegar al pasillo, dos de ellos lo esperaban: ¿Quién es racista?, le preguntaron con rabia.
Tras una discusión en la que Víctor asegura que trató de explicar que «no había hecho nada», llegó el primer puñetazo, directo a la cara. Luego, entre seis vigilantes lo condujeron esposado a un cuarto. Dos se quedaron con él. Y llegó el horror. “Estaba tan desesperado por los golpes que me daban, que les dije que me mataran ya”.
La suya es la cuarta denuncia por agresiones de los vigilantes del metro a viajeros en los últimos seis meses. “Los abusos y agresiones empiezan a ser constantes y creo que hay una responsabilidad no sólo de la empresa, sino también del Ministerio del Interior”, señala Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia, que se personará como acusación popular en un juicio por otro caso ocurrido en Atocha.
“Vi como lo tenían en el suelo y lo metieron en un cuarto”. Metro niega los hechos y asegura que Víctor L. dio un puñetazo a un vigilante. Tras ser reducido, esperaron a que llegara la Policía”, declara un viajero que presenció la escena que relata Victor. Cada día se registran 6 delitos en el metro, la mayoría, hurtos. Las estaciones más conflictivas son Oporto (L5 y L6), Abrantes (L11),Carabanchel (L5) y Pan Bendito (L11).

Centro comercial Vallsur

Dos heridos en un intento de atraco a un furgón blindado
Dos vigilantes jurados han resultado heridos en un espectacular atraco a un furgón blindado en los exteriores de un centro comercial vallisoletano. Ambos precisaron ser trasladados a un hospital, pero uno de ellos en peor situación, con un disparo en el glúteo sin orificio de salida causado por una bala que podría haber salido desde una pistola de los agentes. En el asalto participaron presuntamente cinco personas, que lograron hacerse con dos sacas con una cantidad indeterminada de dinero.
Los hechos sucedieron en torno a las 13 horas, cuando cinco personas trataron de hacerse con el botín de un furgón blindado, propiedad de la empresa Prosegur. Los presuntos asaltantes perpetraron el robo cuando el vehículo se encontraba en los aledaños del centro comercial Vallsur, en las afueras de Valladolid, recogiendo la recaudación.
Los Servicios de Emergencias recibieron informaciones de testigos de que se estaba produciendo un tiroteo en el aparcamiento exterior del centro, ubicado en el Paseo Zorrilla. Según el subdelegado del Gobierno, Cecilio Vadillo, “numerosas llamadas” alertaron de lo sucedido y avisaron de que dos personas se encontraban heridas en el lugar.
Según los primeros indicios, los disparos en el altercado pudieron efectuarse con simples armas de fogueo, puesto que no existen marcas. Sin embargo, los asaltantes sí realizaron al menos un disparo ‘real’, con una pistola que habrían arrebatado a los vigilantes de seguridad y cuya bala heriría gravemente a uno de los agentes.

F.B.F., de 47 años de edad, salió herido grave de la reyerta a causa de una herida de bala en el glúteo izquierdo, sin orificio de salida. El vigilante de seguridad fue trasladado inmediatamente en ambulancia al hospital Río Hortega de la capital vallisoletana, donde se le realizaron pruebas para extraer el proyectil.
El otro lesionado es su compañero A.L.M, de 38 años. Sin embargo, goza de pronóstico leve, no como el anterior, pese a que sufrió un traumatismo cranoencefálico y otro en su mano. También se le trasladó desde el lugar de los hechos a un centro sanitario, en este caso al Clínico de Valladolid.
Ambos vigilantes fueron asaltados cuando cargaban sendas sacas con el dinero de la recaudación de una tienda del centro comercial. Un tercer agente, el conductor, permaneció en todo momento dentro del vehículo, puesto que no puede abandonarlo. Salió ileso del incidente y no pudo impedir el robo, pese a que cerró el furgón en cuanto se percató de lo que estaba ocurriendo.
Durante el asalto, los atracadores tomaron como improvisada rehén a una joven que se encontraba en una zapatería del Centro Comercial, aunque sin consecuencias más allá del susto. La Policía acordonó posteriormente el edificio en busca de alguno de los asaltantes y para interrogar a los testigos que allí se encontraban. Junto a los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, también participaron en el operativo otros de Local y dos UVIs móviles que disponían de soporte vital básico.

Florencio S.A.

Detenido en Madrid un ex comisario por su presunta relación con la ‘operacion Malaya’
El juez instructor del “caso Malaya” que investiga la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, Miguel Ángel Torres, ordenó hoy la detención del ex comisario Florencio S.A., informaron fuentes de la investigación. El ex policía, arrestado en Madrid, está siendo trasladado a Málaga. Florencio S.A. dirige en la actualidad el departamento de seguridad de una gran empresa de telecomunicaciones.
El comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía detenido hoy en el marco de la ‘Operación Malaya’, Florencio San Agapito, fue jefe de uno de los cuatro departamentos en los que estaba dividida la Secretaría de Estado para la Seguridad en tiempos de Rafael Vera.
Según informaron fuentes policiales, San Agapito fue jefe de Administración, Documentación e Informática de la citada Secretaría de Estado. La orden de detención ha partido del juez de Marbella encargado de la investigación, Miguel Angel Torres y está siendo trasladado a Marbella para ser interrogado por el magistrado.
Fuentes próximas al detenido explicaron que el detenido tenía previsto realizar hoy un viaje de trabajo fuera de Madrid. En la actualidad, San Agapito es jefe de Seguridad de Telefónica.
Actualmente, permanecen en prisión por este caso el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; el ex alcalde marbellí Julián Muñoz y el abogado Juan Hoffmann, tras salir la pasada semana de la cárcel el también letrado Manuel Sánchez Zubizarreta.

Metro Linea 1

400 cámaras vigilarán las estaciones
Serán 20 en cada terminal, y se repartirán entre los tornos, los andenes y las salidas. Servirán para identificar a los autores de pequeños delitos.
En torno a 400 ojos electrónicos nos vigilarán a partir del 30 de septiembre de 2008 cuando viajemos en el metro. Es el número de cámaras de seguridad que la concesionaria va a colocar en las estaciones de la Línea 1. Habrá una veintena por cada estación (son 23 en total, 11 de ellas subterráneas) y serán vigiladas desde el puesto de control central, ubicado en las cocheras de Metro de Sevilla, en Su Eminencia, según confirman a 20 minutos fuentes de la concesionaria. Actualmente, este puesto ya está haciendo pruebas respecto a la seguridad en unas instalaciones provisionales.
Las cámaras se repartirán entre la entrada por los tornos, los andenes y las salidas. El objetivo, controlar y poder identificar a autores de pequeños delitos (carteristas, tironeros), a los vándalos que destrocen elementos de las instalaciones, o a los protagonistas de peleas que se generen en el interior de las estaciones de la Línea 1, por las que pasarán 14 millones de viajeros al año, según los cálculos que realizó la concesionaria. De hecho, la estación central, Puerta de Jerez, contará entre sus instalaciones con una comisaría de Policía.
Las cámaras no serán los únicos elementos que se coloquen en las estaciones. Cada una de ellas contará con cuatro tornos de acceso, uno de ellos adaptado para minusválidos; un ascensor, escaleras mecánicas y dos máquinas expendedoras de billetes de viaje. Bares, cafeterías y algunos comercios darán servicio a esta nueva ciudad bajo tierra, sobre todo en las estaciones de mayores dimensiones, las subterráneas.
Las 400 cámaras que vigilarán las estaciones sevillanas no parecen tantas comparadas con cifras como las de Madrid, donde existen 5.400. El año que viene, muchas de éstas, las del subterráneo, se cambiarán por videovigilancia de última generación que podrá distinguir las caras de los usuarios fichados. Cuando alguna detecte un rostro sospechoso, enviará una foto de él al vigilante de seguridad que esté más próximo.

Mármoles Alende

Tercer atraco en tres meses en Costa Vella
Por tercera vez en los últimos tres meses, la empresa Mármoles Alende, ubicada en el polígono de Costa Vella, ha sufrido un atraco.
El asalto ocurrió la madrugada del jueves al viernes, en torno a la 1,30 horas. Los cacos reventaron la caja fuerte, hicieron un butrón en una pared, rompieron buena parte de un techo de escayola y arrasaron con todo lo que pudieron: varios cristales, dos puertas, cajones, etcétera. En total, “son más de 30.000 euros sólo en daños materiales”, comenta el dueño de este local, Manuel Alende. Los saqueadores “no se llevaron dinero porque no lo había”, añade el propietario, aunque sí tenían a mano un ordenador portátil, “que llegaron a meter en un maletín”, pero se lo olvidaron.
Todo indica, por otro lado, que los que perpetraron este pillaje fueron los mismos que entraron en este negocio de mármoles las dos ocasiones anteriores. Y es que Manuel Alende explica que “a cada asalto, el daño ha ido a más. La primera vez, localizaron la posición de la caja fuerte y se fueron. La segunda, intentaron acceder a la caja de caudales desde fuera, pero era inviable porque las oficinas están recubiertas por un muro de perpiaño de granito de 20 centímetros de espesor, y no pudieron agujerearlo. En esas dos ocasiones sonó la alarma”, dice Alende. Pero, este jueves, “lo tenían todo estudiado, así que accedieron al interior de la nave, rompieron los sensores y monitores de la alarma y desconectaron el teléfono”.
La central de Alarmas detectó esta “falta de pulsación telefónica”, a la 1,30 horas. “Entonces, me llamaron para decírmelo. Y es que, aunque no saltó la alarma, el corte de la línea es otro medio de seguridad alternativo con el que cuentan”, explica el dueño. Sin embargo, y a pesar de ello, no se avisó a la Policía Nacional hasta las 8.00 horas de la mañana de ayer, ¿por qué?
El artículo 48 del Reglamento de Seguridad Privada (aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre) dice, en su punto segundo, que “cuando se produzca una alarma, las centrales deberán proceder de inmediato a su verificación con los medios técnicos y humanos de que dispongan”, y comunicar a la Policía sólo las reales.

Este diario se puso ayer en contacto con una empresa especializada en el sector, que explicó que “nuestra obligación es avisar inmediatamente al cliente y verificar que la alarma es auténtica, porque los servicios de la Dirección General de Policía atienden más de 1.400 avisos al día, y cada uno de ellos supone movilizar varias patrullas. En muchos casos, sin embargo, la llamada es falsa porque la alarma salta por un fallo de batería, porque algún usuario la activa sin darse cuenta, etcétera”. Las empresas pueden, incluso, ser multadas si dan un parte falso.
Para Alende, sin embargo, “hay una falta de descoordinación entre la central de alarma y la policía, que debería corregirse para que no se diesen más casos como éste”. Para el dueño afectado tampoco es de recibo “que me llamen de la central de la empresa de seguridad para que yo mismo me acerque a Costa Vella” a fin de verificar el atraco.
La Policía Nacional, sin embargo, puede tener localizado a uno de los ladrones. Y es que “en el segundo atraco que hemos sufrido, apareció la documentación de un hombre, español, que tenía antecedentes penales y no pertenecía a la empresa”, dice Manuel Alende.