Selecciones del FigueDigest

Concurso Ideal Entre Subversión y Cleptocracia

2019-03-29T12:35:00.004-07:00

“La siguiente nota tiene por objeto insistir sobre ciertos aspectos de la Justicia, que intencionalmente o no, inciden en la interpretación de las normas que nuestros Magistrados llevan a cabo con el fin de administrar Justicia con mayúscula. Podrán ver que es indudable que existe en todo el Mundo Occidental una serie de maniobras gramscianas, destinadas a erosionar todos los vínculos históricos, que sustentan al Estado: verbigracia las FF.AA., la Iglesia Católica, la Educación, etc etc.

Cuando horadas la tierras y aparece petróleo, sigues horadando y sale el líquido elemento una vez mas y, a mayor distancia de ese lugar se van repitiendo los resultados, no hesitamos en sostener que estamos parados sobre una napa petrolífera.

Tal el argumento que me hace advertir lo anteriormente citado. En la Argentina, antes de que los militares, lamentablemente, tomaran el Poder en marzo de 1976, hubieron víctimas de una suerte de conflicto armado no internacional, de baja intensidad, pero conflicto al fin.

Cuando regresa la “democracia” vemos que se investigan los eventos posiblemente delictivos cometidos por integrantes de las fuerzas subversivas y por integrantes de las FF.AA., recién a partir del mes citado de 1976. Y se investiga el accionar presuntamente delictivo de una de las partes en este conflicto armado, el de las Fuerzas Armadas, ya que a los subversivos, que no trepidaron en actuar haciendo saber a diestra y siniestra que su objeto era derribar al gobierno, no se los persiguió penalmente.

Abona lo afirmado la circunstancia de que con anterioridad al Golpe Militar, hubo casi tres mil víctimas, que todavía están esperando que el Estado investigue. Y el Estado Argentino, no se da por aludido, apelando a oponer la excepción de prescripción de la acción penal , a fin de evitar las investigación del accionar de los subversivos. Este instituto, no es aplicado cuando la justicia, con minúscula, se ocupa de perseguir a los militares, con saña feroz y resultados que, a veces, constituyen la negación de la Justicia. No titubean en interpretar las normas internacionales in malam parte, Todo vale si el propósito es obtener una retaliación, que satisfaga su sed de venganza. Su lema es musulmán ya que se apoyan en un viejo dicho de este grupo sectario: La venganza es un plato que se come frío.

“Me permito destacar que, en mi país, la Argentina, los fanáticos ideologizados al máximo como radicalizados izquierdistas, intentan llevar al debate insólitamente a las ciencias, a la ética a la moral y a otros campos que apenas conocen de nombre. Lo concreto es no divagar sobre lo opinable, lo que constituye una lamentable inopia e inanidad, sino acudir a la interpretación de las normas constitucionales y de los Tratados y Convenciones internacionales, relacionados con esta materia que han realizado nuestros Tribunales, incluyendo el Más Alto del país, hablamos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

Por cierto que no compartimos esas farandulescas y arbitrarias interpretaciones. Pero acudiendo al Dura Lex Sed Lex, que sirvió para condenar a cadena perpetua, no podemos resistir la intención de repetir lo afirmado por esos Tribunales, incluida la CSJ de la Nación citada anteriormente. Nos recuerdan nuestros tribunales que conforme la Convención de Viena para la aplicación de los Tratados, ratificada por la Argentina por un decreto ley de un "nefasto" gobierno militar, (confr. 19.865) no puede una ley nacional interna de la Argentina, no puede ir repito, contra lo preceptuado por un Tratado Internacional rubricado por el país que adhirió y ratificó tal Tratado o Convención Internacional. Lo que fue recogido en la reforma de la C.N. de 1994. Allí taxativamente se señala el actual orden de prelación vigente. Orden que, a su vez, los legisladores ni mencionan ya que es de público y notorio que ignoran las disposiciones constitucionales argentinas, como en este caso, salvo que convenga a sus espurios intereses recordar que rige una Carta Magna en la Argentina, sobre la que han prestado juramento solemne, en su oportunidad.

Al punto que fue la piedra basal para poder reabrir centenares de causas penales seguidas a los militares y de tal forma pudieron condenarlos.

Nuestros legisladores no sólo pasaron por alto las clarísimas disposiciones constitucionales sino nuestras leyes comunes u ordinarias. Nuestro país, hace años, en un singular raptus legislativo, con el fin de perseguir penalmente a los militares mas no igualmente a los subversivos, adhirió mediante la legislación del caso, a cuanto tratado, convención o norma internacional se relacionaba con los derechos humanos. Entre las adhesiones están las conocidas "Normas de Bangalore", escasamente difundidas en la Argentina, ya que si la Justicia las cumpliera in totum nos quedaríamos con muchos menos jueces, puesto que ellas destacan e insisten en ello, que los magistrados deben ser independientes y actuar desapasionadamente tal como no lo hacen. Deben ser idóneos, independientes y objetivos y más que todo deben destacarse por parecerlo a la vista de la ciudadanía entera.

Volviendo al tema: internacionalmente se ha dado como fiel interpretación, tanto en este Continente como en el área del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que una ley interna de un estado no puede ir contra un Tratado Internacional firmado por ese Estado bajo ningún concepto. En su caso, el país que, en uso de su soberanía intenta desobedecer una norma convencional de tal tipo, se aparta y la denuncia mediante los procedimientos que las leyes prevén y, si no tienen los dos tercios que la norma requiere a fin de viabilizar el apartamiento, digamos que el victimario murió en su propia guillotina...

Antes de avanzar recordemos que el derecho por excelencia, a respetar por los Estados rubricantes de cualquier Tratado Internacional, relacionado con los derechos humanos, es naturalmente el derecho a la vida.

En la Argentina, se intentó mediante argucias legales, sentar bases retaliativas, que no perjudiquen a los otrora integrantes de la guerrilla subversiva.

Por ejemplo, en el caso de la Convención Americana Derechos Humanos, suscripta ante la ante la OEA hacía años, recién se acordó la Argentina de ratificarla durante el Gobierno del "demócrata Raúl Alfonsín, quien la elevó recién el l5 de septiembre de 1984 con el secreto designio de que sea utilizada en los juicios a los militares, como los hechos lo prueban sin discusión alguna.

Es interesante recordar que, en ocasión de elevar el proyecto de ley ratificatoria de la adhesión tardía de la Argentina, se ratificaron en la ley que aseguraba su vigencia en la Argentina, una RESERVA y DECLARACIONES INTERPRETATIVAS.

Con relación a la importancia de estas declaraciones interpretativas, LEY DE LA NACIÓN, podemos citar que "En el instrumento de ratificación de fecha 14 de agosto de 1984, depositado el 5 de septiembre de 1984 en la Secretaría General de la OEA, el Gobierno de la República Argentina reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y bajo condición de estricta reciprocidad, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la citada Convención, con la reserva parcial y teniendo en cuenta las declaraciones interpretativas que se consignan en el Instrumento de Ratificación.”

“Se deja constancia, asimismo, que las obligaciones contraídas en virtud de la Convención sólo tendrán efectos con relación a hechos acaecidos CON POSTERIORIDAD A LA RATIFICACIÓN DEL MENCIONADO INSTRUMENTO".

Sin embargo se aplicaron las disposiciones del Pacto de San José, en forma retroactiva avasallando, de un plumazo, la cosa juzgada. Y pasando por alto que la reforma de nuestra C.N. de 1994 señala que las condiciones para que los tratados internacionales formen parte del bloque constitucional son las de que las normas otorguen un amparo mayor o ratifiquen los derechos de los ciudadanos. Novemos que los militares se hayn beneficiado con la aplicación de ciertas normas. Sin ir mas lejos, en las reservas, que forman parte del bloque, se señala que deberán aplicarse, en el caso del Pacto de San José a eventos criminales acaecidos con posterioridad, a la ratificación de este instrumento.

Demás está decir que tales reservas son ley de la Nación, forman parte de la interpretación que la Argentina tiene del instrumento internacional y que en la Argentina no se puede de manera alguna aceptar que una ley interna ordinaria, contraríe lo pactado por tratados o convenciones internacionales..

A pesar de ello los jueces de todas las instancias, apelaron a cualquier subterfugio frágil o no, a fin de justificar que se encuentren en condiciones de juzgar eventos acaecidos en la década del 70, so pretexto de que se trataba de una obligación que si era incumplida podía acarrear a la Argentina sanciones internacionales, aun cuando nuestro país no podía someter a los inculpados a procedimiento penal por cuanto aún no había ratificado ese instrumento internacional y, cuando lo hizo dejó expresa constancia de que debía ser aplicado en el futuro y no por eventos pasados.

En ningún momento el Estado Argentino se preocupó por cumplir con la otra cara de la moneda, es decir juzgar a los integrantes de las formaciones guerrilleras, imputados de cometer delitos internacionales aberrantes y graves durante la década del 70

Fenecido el gobierno de Alfonsín, vemos que durante el gobierno de Menem ratificó la Argentina otros Tratados Internacionales y Convenciones, entre las que debemos destacar, a sus efectos, la Convención de los Derechos del Niño, citada entre otras, por la Constitución Nacional como SUPRALEGAL, es decir no reformable sino por las vías aptas para hacerlo. La discusiones BIZANTINAS planteadas desde un punto vista interesado, ideológico y atentatorio contra la estabilidad de las instituciones, apartándose de las normas científicas más elementales, a las que basurean al punto de referir supuestas víctimas -centenares de miles- madres que acudieron ilícitamente a su propio aborto sin contar con medios aptos. Ignoramos, francamente, el origen de tal “estadística”.

En el instrumento de ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, de fecha 14 de agosto de 1984, depositado el 5 de septiembre de 1984 en la Secretaría General de la OEA, el Gobierno de la República Argentina reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y bajo condición de estricta reciprocidad, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la citada Convención, con la reserva parcial y teniendo en cuenta las declaraciones interpretativas que se consignan en el Instrumento de Ratificación.”

“Se deja constancia, asimismo, que las obligaciones contraídas en virtud de la Convención sólo tendrán efectos con relación a hechos acaecidos con posterioridad a la ratificación del mencionado instrumento.”

La norma incorporativa, promulgada bajo el número 23.849, señaló en su articulado segundo que “Al ratificar la convención, deberán formularse las siguientes reservas y declaraciones: (…) “La República Argentina hace reserva de… Con relación al artículo 1º de la Convención Sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad.”

Recordemos que señala la citada Convención que toda reserva, podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General.

En coherencia con esta postura, de la República Argentina, de observar y hacer reservas, basada en las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Internacionales, cuando se sancionó el Código Civil que actualmente nos rige, en su artículo 70, se declara taxativamente que “desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas”.

Revela tal actitud estatal, que se ha tenido en cuenta lo que surge de la reforma constitucional de 1994, ya que conforme el inciso 22 del artículo 75 de nuestra Carta Magna, es fácil advertir que el trámite que se debe seguir para que los intentos de reforma de nuestra legislación, prosperen como cándidamente creen los abortistas que puede suceder, no se deben quemar etapas y advertir lo que surge de la propia Constitución Nacional. Proceder legislativamente, a fin de que se dejen sin efecto las observaciones y reservas formuladas oportunamente por la Argentina, requiere mayorías especiales que, pensamos, es harto dificultoso conseguir por ningún partido político.

El inciso 22 del artículo 75 CN nos señala que “Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.”

Entendemos que deberá eventualmente la Justicia, por medio de sus jueces, determinar si dejar sin efecto el acto del PEN se encuentra alcanzado o no por esta exigencia de mayoría privilegiada, o no.

El Proyecto de ley sobre el aborto es inconstitucional

2018-07-10T20:33:00.000-07:00

Me permito destacar que los fanáticos ideologizados al máximo como radicalizados izquierdistas, intentan llevar al debate insólitamente a la las ciencias, a la ética a la moral y a otros campos que apenas conocen de nombre. Lo concreto es no divagar sobre lo opinable, lo que constituye una lamentable inopia e inanidad, sino acudir a la interpretación de las normas constitucionales y de los Tratados y Convenciones internacionales, relacionados con esta materia que han realizado nuestros Tribunales, incluyendo el Más Alto del país, hablamos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

En el caso del aborto, tiran al traste todas las singulares conclusiones jurídicas a fin de complacer a la turba que les exige que el asesinato, el homicidio no sea ilegal cuando la víctima es un indefenso no nato, un "nasciturus". Ellos son, los que se cansan buscando supuestos desaparecidos cuyo origen ni se prueba y supuestos nietos cuyo origen no reviste seriedad y certeza como para saltear los pasos y desembolsar el Estado ingentes sumas, que nos llevaron por el camino de la actual pobreza y actitud irracional mendicante. Volviendo al tema: internacionalmente se ha dado como fiel interpretación, tanto en este Continente como en el área del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que una ley interna de un estado no puede ir contra un Tratado Internacional firmado por ese Estado bajo ningún concepto. En su caso, el país que, en uso de su soberanía intenta desobedecer una norma convencional de tal tipo, se aparta y la denuncia mediante los procedimientos que las leyes prevén y, si no tienen los dos tercios que la norma requiere a fin de viabilizar el apartamiento, digamos que el victimario murió en su propia guillotina..

En el caso que nos ocupa, no podemos perder de vista que la Argentina, como se afirmó precedentemente, ha ratificado documentos internacionales relacionados con el respeto a los derechos humanos en numerosas ocasiones, pero en algunas de ellas lo hizo con ciertas declaraciones. Por ejemplo, en el caso de la Convención Americana Derechos Humanos, suscripta ante la ante la OEA hacía años, recién se acordó la Argentina de ratificarla durante el Gobierno del "demócrata Raúl Alfonsín, quien la elevó recién el l 5 de septiembre de 1984 con el secreto designio de que sea utilizada en los juicios a los militares, como los hechos lo prueban sin discusión alguna. . Es interesante recordar que, en ocasión de elevar el proyecto de ley ratificatoria de la adhesión tardía de la Argentina, se ratificaron en la ley que aseguraba su vigencia en la Argentina, una RESERVA y DECLARACIONES INTERPRETATIVAS. Con relación a la importancia de estas declaraciones interpretativas, LEY DE LA NACIÓN, podemos citar que "En el instrumento de ratificación de fecha 14 de agosto de 1984, depositado el 5 de septiembre de 1984 en la Secretaría General de la OEA, el Gobierno de la República Argentina reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y bajo condición de estricta reciprocidad, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la citada Convención, con la reserva parcial y teniendo en cuenta las declaraciones interpretativas que se consignan en el Instrumento de Ratificación.”

“Se deja constancia, asimismo, que las obligaciones contraídas en virtud de la Convención sólo tendrán efectos con relación a hechos acaecidos CON POSTERIORIDAD A LA RATIFICACIÓN DEL MENCIONADO INSTRUMENTO".

Concretando, la Argentina se encuentra enrolada entre quienes han efectuado reservas a la Convención Sobre los Derechos del Niño, y el Poder Ejecutivo al elevar el proyecto de la que sería ley nacional, adhiriendo a la referida Convención e incorporándola a su derecho interno concreta tal adhesión, en nombre de nuestro país, pero con una aclaración que despeja cualquier duda sobre lo que, para nuestro país significa la palabra “persona. La norma incorporativa, promulgada bajo el número 23.849, señaló en su articulado segundo que “Al ratificar la convención, deberán formularse las siguientes reservas y declaraciones: (…) “La República Argentina hace reserva de… Con relación al artículo 1º de la Convención Sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad.”

Aborto

2018-06-10T16:47:00.001-07:00

La discusión que se ha reabierto recientemente, relacionada con la facultad que tendrían las mujeres para abortar con auxilio de la medicina y de sus profesionales, ha puesto nuevamente sobre el tapete, una discusión que no por antigua, hasta la fecha, al menos en nuestro país, no tiene solución a la vista.

No es simple llegar a una conclusión madura, objetiva, fruto de estudios realizados en todo el mundo, sin dejar heridos en el camino. A primera vista, se podría adelantar que ambas partes, tienen razón. Desde el punto de vista jurídico, el entuerto exhibe todo su bizantinismo.

En efecto, la Argentina a la fecha, se encuentra enrolada entre quienes han efectuado reservas a la Convención Sobre los Derechos del Niño, y el Poder Ejecutivo al elevar el proyecto de la que sería ley nacional, adhiriendo a la referida Convención e incorporándola a su derecho interno concreta tal adhesión, en nombre de nuestro país, pero con una aclaración que despeja cualquier duda sobre lo que, para nuestro país significa la palabra “persona. La norma incorporativa, promulgada bajo el número 23.849, señaló en su articulado segundo que “Al ratificar la convención, deberán formularse las siguientes reservas y declaraciones: (…) “La República Argentina hace reserva de… Con relación al artículo 1º de la Convención Sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad.”

Recordemos que señala la citada Convención que toda reserva, podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General.

En coherencia con esta postura, de la República Argentina, de observar y hacer reservas, basada en las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados In ternacionales, cuando se sancionó el Código Civil que actualmente nos rige, en su artículo 70, se declara taxativamente que “desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas”.

Revela tal actitud estatal, que se ha tenido en cuenta lo que surge de la reforma constitucional de 1994, ya que conforme el inciso 22 del artículo 75 de nuestra Carta Magna, es fácil advertir que el trámite que se debe seguir para que los intentos de reforma de nuestra legislación, prosperen como cándidamente creen los abortistas que puede suceder, no se deben quemar etapas y advertir lo que surge de la propia Constitución Nacional. Proceder legislativamente, a fin de que se dejen sin efecto las observaciones y reservas formuladas oportunamente por la Argentina, requiere mayorías especiales que, pensamos, es harto dificultoso conseguir por ningún partido político.

El inciso 22 del artículo 75 CN nos señala que “Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.”

Entendemos que deberá eventualmente la Justicia, por medio de sus jueces, determinar si dejar sin efecto el acto del PEN se encuentra alcanzado o no por esta exigencia de mayoría privilegiada, o no.

Otra bomba de tiempo dejada por el régimen "K"

2018-03-31T11:20:00.001-07:00

Símbolo de un juez brillante

Estaba pensando que la designación a dedo, para integrar una de las Salas de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en el caso de Cristóbal López, en realidad se debió a la natural incuria, desgano, abandono y holgazanería de ciertos legisladores de nuestro Parlamento. Llego a la conclusión de que, muchos de ellos, no tienen idea de lo que votan, a pesar de que la propia Cámara, que nada tiene de Honorable, les provee fondos para contratar "Asesores".

En efecto cuando se se sancionó una ley reformando el art. 31 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Nación, se "olvidaron" de incluir a la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, entre los tribunales que se enumeran allí como destinatarios de esta reforma del artículo citado, cuando precisamente allí se establece como integrar una Sala del tribunal, en caso de vacancia. Siempre, como resguardo de la objetividad e independencia de los jueces, se apeló al sorteo, indiscutible.

Veamos como quedó en la actualidad, ese artículo 31: "Art. 31 (1) – La Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal, los Tribunales federales de juicio, la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Tribunales nacionales de juicio, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal, los Tribunales federales de juicio en lo penal económico y la Cámara Federal en lo Penal Económico se integrarán por sorteo entre los demás miembros de aquéllas; luego del mismo modo con los jueces de la otra Cámara en el orden precedentemente establecido y, por último también por sorteo, con los jueces de primera instancia que dependan de la Cámara que debe integrarse.

El sistema de integración antes establecido se aplicará para las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en lo Contencioso Administrativo Federal y Federal de la Seguridad Social de la Capital Federal.

También regirá este sistema para las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo de la Capital Federal.

Las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en las provincias se integrarán con el juez o jueces de la sección donde funcione el Tribunal.

En caso de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento de los jueces de la Cámara Nacional Electoral, ésta se integrará por sorteo entre los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No serán aplicables las disposiciones del Dto. 5.046, del 14 de marzo de 1951, y sus modificaciones, a los magistrados que, por las causales indicadas, integren la Cámara Nacional Electoral.

(1) Artículo sustituido por Ley 27.146, art. 49 (B.O.: 18/6/15). Vigencia: 27/6/15." Como se omitió, entre las citas a Tribunales y Juzgados de primera instancia, al Tribunal de Alzada en lo Criminal y Correccional Federal, ello no significa que tal circunstancia le otorgue poder al Presidente de una de las Salas de este Tribunal, para colocar allí a otro funcionario que él ilegítimamente y arbitrariamente, haya seleccionado. Se dio prioridad y se sigue dando prioridad al SORTEO, paso que el actual presidente de Sala omitió. En cuanto al procedimiento a ser revisado, y que aparentemente nadie se dio cuenta, crea una suerte de vacío legal por lo que se debe aplicar lo que no está derogado en su parte pertinente lo que señala, en su versión anterior, el artículo 31 no modificado por la ley 27.146. Este articulado había previsto, como es natural, que se proceda siempre A UN SORTEO para que el azar avente sorpresas.

Recomiendo respetuosamente a Casación, como "amicus curiae", que tome vista de los Principios de Bangalore Sobre la Conducta de los Jueces -obligatorio para la Argentina ya que oportunamente adhirió rubricando los instrumentos internacionales- (confr.ONU) ya que UN MAGISTRADO DEBE SER HONESTO y parecer en su actuación que realmente lo es.

No advertir el peligro que implica el "dedazo" es dejar abierto el camino como para integrar una Sala con una vacante, con amigos K o simpatizantes de ellos. Lo que no es bueno para nadie.

Subversivos atacan Cuartel del Ejército Argentino sito en La Tablada

2018-01-23T06:18:00.002-08:00

A lo expuesto, podemos agregar otro dato que creemos oportuno para contribuir a una eventual investigación, y que no habría sido tomado en cuenta por los investigadores, es que “En 1987 se realizó el VII Congreso del PRT en el cual se resolvió “luchar por la conducción de las masas, mediante el uso de la propaganda y la agitación en búsqueda de la insurrección general”. Nos revela el Boletín aludido que “Gorriarán plasmó una reunión ese mismo año – 1986 - en la ciudad de Managua, capital de Nicaragua (en poder de los Sandinistas) donde se creó el “Movimiento Todos por la Patria” (MTP).

Participaron 50 terroristas, entre los que estaban (…), la mayoría integrantes de organizaciones terroristas que asolaron el país en la década del 70 y muchos otros subversivos que ya activaban en los barrios, en los gremios y en la iglesia. Demás está recordar que, entre este grupo de sanguinarios subversivos, se encontraban algunos terroristas que integraron el grupo que intentó apoderarse del Cuartel Militar de La Tablada, evento al que aludimos precedentemente. A ello siguió el apoyo explícito de Raúl Séndic creador del Movimiento terrorista Tupamaros en Uruguay. Según el propio Gorriarán también estuvieron terroristas salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos.”. O sea que el propio líder guerrillero, reconoce la existencia de los movimientos subversivos y terroristas denominados como “ejército de liberación”, en los sucesos donde él intervino, grupos subversivos que se remontan a la década del 60 y cuya etiología la encontramos en las reuniones mantenidas en la ciudad de La Habana, Cuba a instancias del terrorista internacional Fidel Castro. La creación de la OLAS se debe al citado guerrillero subversivo. El testimonio escrito de Gorriarán, relacionado con los sucesos subversivos habidos en Latinoamérica, incluida la Argentina por cierto, para la justicia argentina al parecer, no merece fe. Ha sido oficialmente tachado de falsedad, sin que conozcamos las causales de tal impugnación. No es el primer caso ya que ora se acepta el testimonio de una sola persona, para condenar, o se acude a la máxima de testis unus testis nulus. . Ver el caso de Astiz.

O se acepta un “testigo” con los ojos vendados, que “reconoció” la voz de uno de sus captores…. 30 años después de los eventos en cuestión. Lo que fue aceptado “ingenuamente” como prueba de cargo, por nuestros ilustres tribunales, para viabilizar una condena anunciada. Otro de los “ejemplos” que podemos traer a colación, es el caso de un “testigo” que depuso ante la CONADEP, quien ante la Justicia Federal en el juicio contra los que fueran Comandantes en Jefe, en ocasión de reconstruirse el hecho que él refiere, señaló el lugar donde estuvo privado de su libertad y sometido a presuntos apremios ilegales. Lo patético del caso es que cuando el “damnificado” fue capturado, fue vendado, atado de manos y pies y tirado en el piso de un automóvil Falcon. Finalmente lo condujeron a instalaciones militares, que distaban a más de una decena de kilómetros, del lugar de su captura.

Durante el trayecto al lugar donde fue interrogado, no pudo ver nada ya que no le sacaron la venda. Así y todo, mas de 5años después, acostándose en el piso de un automóvil “guió” a los funcionarios de la CONADEP hasta las instalaciones de un cuartel militar, “donde estuvo privado de su libertad”. La justicia tomó como prueba de cargo esta imputación tan poco solvente…

“La Com.I.D.H., como ya hemos referido en el Capítulo 358, tomó intervención en lo que respecta al Ataque al Cuartel de La Tablada del Ejército Argentino, por cuanto sedicentes “víctimas” de delitos internacionales, solicitaron su intervención contra el Estado Argentino. Reseñó: “Conforme la tesis sustentada en la ocasión, el Estado argentino sostuvo taxativamente que los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y los Protocolos Adicionales a ellos, debían ser aplicados única y exclusivamente en los casos de conflictos armados internacionales.”

O sea que la tesis sustentada por la Corte Suprema de Justicia y por la propia Cámara Federal de San Martín, es a la que adhirió el gobierno argentino de esa época.”. Tesis que aun sustenta la Sala I del Tribunal de Casación (confr. in re Arrillaga y otros)

No debemos inadvertir que el estado Argentino, por medio de su Poder Judicial, se comporta en forma harto arbitraria. Al parecer cuando se trata de defender a los sanguinarios elementos subversivos, actuantes en la Década del 70, adhiere a la tesis de que no existió un conflicto armado no internacional, pero cuando los que están en la picota son los integrantes de la Fuerzas Armadas, que violaron derechos humanos, no hesitan en apelar a figuras penales que, a la época en que sucedieron los eventos aludidos, no tenían vigencia alguna, en nuestro país. A tal punto es arbitraria la postura argentina, al respecto, que la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, no tiene más remedio que aclarar el punto, haciendo notar cual es la tesitura ortodoxa sobre el ataque de civiles armados con sofisticadas armas, a un cuartel, en este caso al Cuartel Militar de La Tablada, Pcia. De Buenos Aires. El mismo Estado Argentino que, contando con elementos de convicción que señalaban que tal ataque había sido planificado en el exterior del país y quienes lo hicieron, no investigó tal pista, a pesar de los elementos convictivos rotundos que poseía.

Señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al tratar el caso de La Tablada, que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha estudiado y elaborado en detalle el concepto de disturbios interiores y tensiones internas.

Concluyó, oportunamente que ni los motines, ni los actos de violencia aislados y esporádicos ni otros actos de naturaleza similar que entrañen, en particular, arrestos en masa de personas por su comportamiento u opinión política, pueden ser calificados como conflictos armados no internacionales, ya que “el rasgo principal que distingue las situaciones de tensión grave de los disturbios interiores es el nivel de violencia que comportan.”

Añade que “El derecho internacional humanitario excluye expresamente de su ámbito de aplicación a las situaciones de disturbios interiores y tensiones internas, por no considerarlas como conflictos armados. (…) “el concepto de conflicto armado requiere, en principio, que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate, y que de hecho lo hagan, y de participar en otras acciones militares recíprocas, y que lo hagan”. Esta definición puede ser aplicada a las confrontaciones armadas abiertas y de poca intensidad, entre fuerzas armadas o grupos relativamente organizados, que ocurren dentro del territorio de un estado en particular. También puede ser aplicada a situaciones en las cuales dos o más bandos armados, se enfrentan entre sí, sin intervención de fuerzas del Gobierno, cuando, por ejemplo el gobierno establecido se ha disuelto o su situación es tan débil que no le permite intervenir. (Capítulo 502).

Los conflictos armados no internacionales, son tratados por la Comisión, como insertos dentro de las prescripciones del art. 3º Común a los Convenios de Ginebra de 1949. Advertimos que la Comisión puso énfasis en el art. 3 común de esos Convenios, más aun que al contenido del Protocolo II Adicional (año 1977) a los Convenios de Ginebra de 1949. “Es importante comprender que la aplicación del artículo 3 común no requiere que existan hostilidades generalizadas y de gran escala, o una situación que se pueda comparar con una guerra civil en la cual grupos armados de disidentes ejercen el control de partes del territorio nacional. La Comisión observa que el Comentario autorizado del CICR sobre los Convenios de Ginebra de 1949 indica que, a pesar de la ambigüedad en el umbral de aplicación, el artículo 3 común debería ser aplicado de la manera más amplia posible.

Como afirmó la CIDH, en ocasión de valorar el ataque a las instalaciones del Cuartel Militar de La Tablada “tales hechos “no pueden ser correctamente caracterizados como una situación de disturbios internos. Lo que allí ocurrió no equivale a demostraciones violentas en gran escala, estudiantes que arrojan piedras a policías, bandidos que toman rehenes para obtener rescate, o el asesinato de funcionarios del gobierno por razones políticas, todas ellas formas de violencia interna que no reúnen las características de conflictos armados.” (Capítulo 652)".

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA y el caso de La Tablada, recordado hoy por el Estado Nacional.

2018-01-23T05:52:00.000-08:00

Un proyectil de cañón de 20 mm impacta en el extremo de un edificio del cuartel militar

Se cumple un año mas del feroz y sanguinario ataque al Regimiento de La Tablada, como se lo conoce popularmente. En esta ocasión, el Estado Argentino, tímidamente pero por fin, se “anima” a rendir el merecido homenaje a quienes murieron o quedaron tullidos por las lesiones gravísimas recibidas de parte de los sanguinarios atacantes subversivos. El justo homenaje, a quienes defendieron el orden constitucional, sin tapujo alguno, merece nuestra adhesión. La actitud de las autoridades estatales nacionales de los tres Poderes del Estado, no la merecen de modo alguno, con la honrosa excepción de los soldados que defendieron el cuartel y al gobierno constitucional, apoyados por camaradas de armas y por fuerzas de seguridad.

El Estado Nacional, hasta la fecha, ha pasado por alto la obligación moral de rendir tal homenaje. Parecería que tal actitud de omisión recordatoria, tal "amnesia" del Estado obedecía a la circunstancia del temor, por parte de las autoridades, de ofender a los asesinos que procedieron al intento de toma del cuartel, a sangre y fuego.

Hasta la fecha, nadie se animó a destacar que los atacantes se habían confabulado, en territorio extranjero a fin de proceder a la toma del cuartel militar del Ejército Argentino.

Con relación a tal evento consideramos oportuno repetir lo que surge del blog “El Yo Acuso Argentino” que se ha encargado de recopilar, de diversas fuentes, lo referido al infame ataque. Reseña, en su parte pertinente:

“Nos llama la atención que ciertos magistrados, imbuidos de una soberbia cuyo origen desconozco, no tienen la humildad de los grandes, lo que surge a través de su actuación en las diversas causas que tramitan ante su juzgado. Un ejemplo que viene a mi memoria es el caso de Santiago Brysón de la Barra et al. en trámite ante la Justicia del Perú.

Por escrito de fecha 7 de Junio de 2011, la Corte Constitucional de Perú solicitó a la Comisión de Venecia una carta amicus curiae sobre el caso de Santiago Brysón de la Barra et al. (Caso No.1969-2011-PHC/TC) relativa al castigo de crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional de Perú presentó tres preguntas a la Comisión:

a. ¿Qué precedentes jurisprudenciales sobre crímenes de lesa humanidad han sido originados por otros tribunales u órganos constitucionales similares?

b. ¿Cómo se han definido y establecido los crímenes de lesa humanidad?

c. Con base en los precedentes jurisprudenciales, ¿qué tipos de hechos se han considerado como constitutivos de crímenes de lesa humanidad?

(Confr. Estrasburgo, 24 de octubre de 2011 CDL.AD –Estudio 634/2011. “COMISIÓN EUROPEA PARA LA DEMOCRACIA A TRAVES DEL DERECHO (COMISIÓN DE VENECIA) AMICUS CURIAE EN EL CASO DE SANTIAGO BRYSÓN DE LA BARRA ET AL (SOBRE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD) PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL DE PERÚ”. Adoptado por la Comisión de Venecia en su 88ª reunión (Venecia, 14-15 de octubre de 2011).

Los integrantes de la Corte Constitucional del Perú nos dieron un ejemplo de humildad, al apelar a dar este pequeño paso, que esconde una grandeza y sinceridad intelectual inusual.

Como ya hemos mencionado en el Capítulo 753, ( del blog citado) en el caso de la rebelión del conjunto carcelario El Frontón, sito en Perú, evento que fuera calificado como delito de lesa humanidad, la justicia peruana apeló a los buenos oficios de la “Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho”, conocida también como “Comisión de Venecia”. Al evacuar la consulta, en tal carácter, presentó ante la justicia una suerte de estudio, relacionado con ciertos puntos conflictivos, en torno a la interpretación que la justicia, en general, da al delito de lesa humanidad.

El caso precedente y el del Ataque al Cuartel de La Tablada, y sus secuelas jurídicas tienen un inapreciable valor jurídico que, posiblemente, no ha sido cuantificado a la fecha. En efecto, en el primer caso se pone de relieve que no todo lo que reluce es oro, y que es muy usual el confundir ciertos eventos gravísimos con un delito o crimen de lesa humanidad. El extremo lo constituye el ánimo retaliativo ideológico. Sin importar la justicia o no del pronunciamiento, el juez se vale de esta figura internacional, a fin de tener al encartado privado “legalmente” de su libertad, hasta que es liberado por la muerte o por le revisión de lo actuado.

Nadie no ha señalado, ningún juez lo hizo, qué actividad perquisitiva empleó, a fin de averiguar qué norma internacional convencional o consuetudinaria regía, para la época del hecho delictivo internacional que está juzgando. Motiva tal afirmación, la circunstancia de que no es usual que aparezca la palabra “Normas” en alguna resolución de un magistrado avocado a la valoración de probanzas adquiridas en causas, donde se califica el hecho como delito internacional. Tampoco se cita a distinguidos investigadores del tema, integrantes o colaboradores del C.I.C.R.

En nuestro país, el caso del Ataque a La Tablada, llegó a los estrados judiciales como la comisión de delitos federales, previstos y penados en el código de fondo en la materia. Hemos citado, en numerosísimas ocasiones que existen en doctrina, múltiples y variadas teorías sobre si un grupo de civiles que decide atacar a tropas leales, en un país cualquiera, como en este caso en que se atacaron instalaciones militares del Cuartel de tropas argentinas, da motivo suficiente como para que se apliquen las disposiciones del artículo 3 Común.

Observamos que sería sumamente ingenuo quedarnos allí, en este interrogante, al parecer sin respuesta. En la Argentina, muchos se suman a la singular teoría de que solamente pueden cometer delitos de lesa humanidad quienes dependen funcionalmente de un Estado. Procediendo como hacíamos en el colegio secundario, en matemática, si procedemos a conjugar el teorema citado, a través de una afirmación ideal, inexistente, podríamos llegar a un punto real y existente. En materia jurídica no es usual explorar este campo ya que, por lógica, está en juego la libertad. No sólo la del subversivo que atacó, sino eventualmente, la de los militares que defendieron y repelieron la agresión que sufrían.

Advertimos que las normas, en este caso singular, se refieren más que todo a lo que conocemos como del derecho de los derechos humanos. Esta rama del derecho internacional tiene como objetivo garantizar al ciudadano que el Estado no abusará de su posición de poder, para arrasar con sus derechos como tal.

En el caso de El Frontón, la Comisión de Venecia ilustró a la Corte respecto de un tema delicado y, por qué no, complicado. En el caso del Ataque al Cuartel la Tablada, no solicitó nuestra Justicia la colaboración de alguna entidad prestigiosa en esta materia. Una suerte de autosuficiencia vernácula.

Tan soberbia actitud, llevó a los magistrados a negar que existiera durante el conflicto armado no internacional habido en los episodios bélicos citados, la posibilidad de poder imputar a alguno de los contrincantes, el delito de lesa humanidad. La causa derivó al Tribunal de Casación penal y a la CSJN, manteniéndose esos tribunales en la postura negatoria.

Pasados unos años, se presentó un grupo de sedicentes “víctimas” de excesos que habrían cometido los defensores del cuartel militar, ante la Comisión IDH la que se pronunció al respecto. Señala la Comisión, el expedirse con fecha 18 de noviembre de 1997, que nos encontramos ante un conflicto armado no internacional (CANI). Enfáticamente sostuvo que

“…Concretamente, cuando civiles como los que atacaron el cuartel de La Tablada, asumen el papel de combatientes al participar directamente en el combate, sea en forma individual o como integrantes de un grupo, se convierten en objetivos militares legítimos. En tal condición, están sujetos al ataque directo individualizado en la misma medida que los combatientes. Por consiguiente, en virtud de sus actos hostiles, los atacantes de La Tablada perdieron los beneficios de las precauciones antes mencionadas en cuanto al ataque y contra los efectos de ataques indiscriminados o desproporcionados, acordados a los civiles en actitud pacífica .(…)

Ver en el mismo sentido la Regla 6 de la Sistematización del CICR: “Las personas civiles gozan de protección contra los ataques, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”. (Capítulo 884 del presente Ensayo)

La Comisión resalta que se les aplicó a los asaltantes de Cuartel Militar de La Tablada, lo preceptuado en el artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra, aplicado en ocasión de conflictos armados internacionales y no internacionales, lo que despeja cualquier duda en cuanto se pretende absurdamente, por parte de nuestra Justicia, que los actos imputados equivalían a un motín, un acto de rebeldía o un tumulto de cierta gravedad. (…)

La Comisión Interamericana ha explicado cómo debe efectuarse esta interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos a la luz del Derecho Internacional Humanitario, a efectos de proteger los derechos fundamentales violados en situaciones de conflicto armado: “Por ejemplo, tanto el artículo 3 común como el artículo 4 de la Convención Americana, protegen el derecho a la vida y, en consecuencia prohíben, inter alia, las ejecuciones sumarias en cualquier circunstancia. Las denuncias que aleguen privaciones arbitrarias del derecho a la vida, atribuibles a agentes del Estado, están claramente dentro de la competencia de la Comisión.

Sin embargo, la competencia de ésta para resolver denuncias sobre violaciones al derecho no suspendible a la vida que surja de un conflicto armado, podría encontrarse limitada si se fundara únicamente en el Artículo 4 de la Convención Americana. Esto obedece a que la Convención Americana no contiene disposiciones que definan o distingan a los civiles de los combatientes, y otros objetivos militares ni, mucho menos, que especifiquen cuándo un civil puede ser objeto de ataque legítimo o cuándo las bajas civiles son una consecuencia legítima de operaciones militares. (…)

No queremos pasar por alto, que la investigación judicial que no se hizo, no requería grandes e imposibles esfuerzos. Acudiendo a “Memorias de Enrique Gorriarán Merlo”, libro que él escribió, podemos conocer antecedentes de este guerrillero, quien evidentemente no había abandonado la idea de apoderarse del Estado, por medios violentos, si se daba el caso. Si la justicia hubiera hojeado este libro habría podido comprobar que el autor nos señala que “Cuando asumió el gobierno radical, Gorriarán, por medio de las autoridades de Nicaragua, le informó al gobierno de Alfonsín que tomaba el compromiso de no efectuar acciones de guerrilla contra el gobierno constitucional y a su vez, las autoridades argentinas le contestaron que no impulsarían el juicio contra él ni lo mandarían capturar.”^{^[1]} (Ver decreto 157/83 de Alfonsín –Boletín Nro. 98 - Enrique Haroldo Gorriarán Merlo; “Memorias de Enrique Gorriarán Merlo. De los setenta a la Tablada”; pág. 460; Ed. Planeta, Bs. As. 2003).

La web del Boletín 146, nos permite esclarecer no sólo tales datos, sino otros muy útiles, para poder adquirir elementos de convicción aptos para poder determinar, quienes fueron los autores materiales e intelectuales y los partícipes en la toma del cuartel de La Tablada. Advertimos que no es dificultoso estudiar detenidamente la trayectoria de cada imputado, acudiendo a los organismos de Inteligencia de la Argentina. Fecho, inútil es decirlo, tenemos que unir cada pieza del rompecabezas y, si hay voluntad investigativa, no es tan dificultoso.”

(…) “Es interesante destacar la opinión de la Com.I.D.H. al tratar la denuncia de quienes se consideran víctimas, en el asalto a La Tablada. Por cierto que se invierten los términos y, como es de rigor con esta gente, los atacados ocupan el papel de victimarios. Pero, también es cierto que esta vez se equivocaron.

La web que contiene la resolución de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, nos permite advertir que “Conforme la tesis sustentada en la ocasión, el Estado argentino sostuvo taxativamente que los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y los Protocolos Adicionales a ellos, debían ser aplicados única y exclusivamente en los casos de conflictos armados internacionales.” O sea que la tesis sustentada por la Corte Suprema de Justicia y por la propia Cámara Federal de San Martín es a la que adhirió el gobierno argentino de esa época. (…)

Habida cuenta tal afirmación, podemos extraer en conclusión que, en la Argentina, para la época en que presentó su defensa nuestro país ante el citado organismo internacional, no regían como derecho internacional humanitario consuetudinario tales instrumentos, cuando se trataba de conflictos armados no internacionales. Por lo que estaríamos en condiciones de poder afirmar, que el derecho internacional que rige para casos de ausencia de conflictos armados, internacionales, o no, es el derecho internacional de los derechos humanos.

Según el Estado argentino, durante la década del 80, especialmente en ocasión de concretarse el ataque al Cuartel Militar de La Tablada, el derecho internacional humanitario no se aplicó y menos por tal causa, ya que el ataque en cuestión fue considerado un delito federal, sujeto a los tribunales federales. Ni se mencionó la eventual aplicación del derecho internacional humanitario. (Confr. Capítulo 887)

(…) El especialista profesor Gabriel Pedro Valladares, en una nota titulada “El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y su contribución al desarrollo convencional del derecho internacional humanitario en los comienzos del siglo XXI” reseña al respecto, lo siguiente (…) “Creemos importante hacer referencia a la relación que existe entre derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos, sus convergencias y diferencias. Aunque algunas de sus normas son similares, estas dos ramas del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes.

La finalidad tanto del derecho internacional humanitario como del derecho internacional de los derechos humanos es proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas, pero desde puntos de vista diferentes. (…) el derecho internacional humanitario contiene disposiciones sobre muchas cuestiones que están por fuera del ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, como la conducción de las hostilidades, los estatutos del combatiente y del prisionero de guerra y la protección del emblema de la cruz roja, de la media luna roja, del sol y león rojos y ahora también del cristal rojo, todos sobre fondo blanco.

Del mismo modo, el derecho internacional de los derechos humanos dispone acerca de aspectos de la vida en tiempo de paz que no están reglamentados por el derecho internacional humanitario, como la libertad de prensa, el derecho a reunirse, a votar y a declararse en huelga, entre otros.

El derecho internacional de los derechos humanos es un conjunto de normas internacionales, convencionales o consuetudinarias, que disponen acerca del comportamiento y los beneficios que las personas o grupos de personas pueden esperar o exigir de los Estados. (…)

Como hemos mencionado anteriormente, el derecho internacional humanitario es aplicable en tiempo de conflicto armado, internacional o no internacional. Dado que el derecho internacional humanitario dispone normas para ser aplicadas en una situación excepcional -un conflicto armado- no están permitidas las excepciones a la aplicación de sus disposiciones. (…)

“El derecho internacional humanitario convencional sólo es aplicable en caso de conflicto armado. No cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores, como son ciertos actos aislados de violencia que pueden acaecer en el territorio de un Estado sin constituir un conflicto armado sin carácter internacional. Sólo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto armado y se aplica por igual a todas las partes involucradas sin tener en cuenta quien inició las hostilidades. (…)

En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan, en el territorio de un mismo Estado, por ejemplo, las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados organizados entre sí. En estos conflictos se aplican las disposiciones del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y el Protocolo Adicional II de 1977 y algunos otros tratados de derecho internacional humanitario tales como por ejemplo el Protocolo II enmendado a la Convención de 1980 sobre armas convencionales, y para aquellos Estados que han aceptado la enmienda al artículo 1° de la Convención de 1980 mencionada también se tornan aplicables el resto de sus protocolos además hay que sumar el derecho consuetudinario en la materia.(Confr. Capítulo 887). (…)

“A diferencia del Derecho internacional de los derechos humanos, que generalmente limita sólo las prácticas abusivas de los agentes del Estado, las disposiciones obligatorias del artículo 3 común obligan y se aplican expresamente por igual a ambas partes de los conflictos internos, vale decir el gobierno y las fuerzas disidentes.

Además, la obligación de dar cumplimiento al artículo 3 común es absoluta para ambas partes e independiente de la obligación de la otra parte.Por ende, tanto los atacantes del MTP como las fuerzas armadas argentinas, tenían los mismos deberes conforme al Derecho humanitario y a ninguna parte puede hacerse responsable por los actos de la otra.”

Excelente artículo del brillante comentarista Carlos Pagni

2018-01-20T05:07:00.000-08:00

El jueves pasado en La Nación, se dio a conocer un estupendo artículo, rubricado por el conocido periodista Carlos Pagni. Se intitula "La Dispar Doctrina dela Persecución Ideológica".

No pudimos resistir la tentación de publicarlo. Una meditada lectura de la nota, nos permite sacar en conclusión, que las miserias existentes en el Poder Judicial de la Nación impiden que la Justicia, con mayúscula, cumpla a la perfección una de las mas sagradas misiones que tiene, conservar la PAZ SOCIAL.

No sólo nos ilumina los meandros de la corrupción de los factores de poder, sino la existente en la singular actuación de los funcionarios públicos, quienes al parecer, dejan de ser tales, cuando rozan apenas sus billeteras.

"Cristina Kirchner agregó otro renglón a la deuda que ha venido acumulando con el juez Ariel Lijo. La Cámara Federal revocó la prisión preventiva que él había dictado contra Amado Boudou, por injustificada. Para el kirchnerismo fue la corroboración gozosa de un axioma: existe una persecución política, enmascarada en expedientes judiciales. La Cámpora acaba de ofrecer esa bandera a Hugo Moyano. Hay una moda. En Ecuador, Venezuela y, sobre todo, en Brasil, la penalización de la corrupción es presentada por la izquierda como hostigamiento ideológico. La peculiaridad argentina es que esa tesis se ve facilitada por el comportamiento de los jueces.

La liberación de Boudou podía preverse desde que Lijo dispuso su encarcelamiento. Las rejas obedecían más a la situación del juez que a la del imputado. La ex cuñada de Lijo había declarado en el Consejo de la Magistratura que su ex marido Alfredo Lijo, un gestor judicial ligado a Julio De Vido, era socio del camarista Eduardo Freiler en empresas no declaradas. Y que también compartía con su hermano, el juez Lijo, el haras La Generación. Cuando los consejeros citaron a Alfredo Lijo, su hermano, el juez, aprovechó la bien ganada mala fama de Boudou y lo puso tras las rejas. Se ve que Lijo se sentía muy amenazado porque ordenó que el apresamiento fuera filmado y se impidió que fuera difundido por los medios.

La conducta del juez Lijo responde a una estrategia general. Conscientes de que la complicidad con la corrupción del gobierno anterior los exponía de la peor manera ante la opinión pública, varios magistrados, en distintos niveles, intentaron refrescar su imagen. Al principio, recurrieron a un método en boga: conseguir una foto con el Papa. Jorge Bergoglio, en otra demostración de que la política no es su fuerte, aceptó retratarse con los hermanos Lijo, que enseguida panfletearon la postal. Pero la receta fue insuficiente. Los jueces se atemorizaron por la investigación sobre Freiler y por una insólita declaración de Mauricio Macri, quien se preguntó por qué no avanzaban contra De Vido.

En Tribunales contrataron asesores de imagen y diseñaron otro escudo. Apalancados en un pronunciamiento del camarista Martín Irurzun, los jueces comenzaron a ordenar prisiones preventivas con el argumento de que quienes fueron funcionarios tienen más recursos para entorpecer a la Justicia. Así se mandó a la cárcel a De Vido, sobre quien pesa una sospecha sobre destrucción de pruebas en la causa por la construcción de la usina de Río Turbio. En el kirchnerismo están convencidos de que hubo una manipulación: se preguntan por qué el juez Luis Rodríguez fue misericordioso con los directivos de Isolux, empresa involucrada en esa obra, que vendió su parque eólico a la familia Macri, que a la vez ganó una fortuna revendiéndolo.

Con muchos menos argumentos que los que complicaban a De Vido, el juez Lijo encarceló a Boudou. La Cámara Federal de feria, integrada por Eduardo Farah, Leonardo Bruglia y Rodolfo Pociello Argerich, anuló esa prisión preventiva porque no existía indicio alguno de entorpecimiento de la Justicia. El fallo es meritorio porque repone un principio jurídico esencial: las garantías fueron inventadas para gente que, como Boudou, resulta sospechosa y está muy desprestigiada.

La cárcel de Boudou sirvió poco para Lijo. El oficialismo del Consejo de la Magistratura, liderado por Pablo Tonelli, abrió una causa contra el juez. Ya están en examen sus declaraciones juradas. Aun así, el binguero Daniel Angelici sigue haciendo gestiones en su favor con el enigmático argumento de que "es amigo". En el juzgado de Lijo navega el expediente por la deuda del Correo, de la familia Macri. Y trabaja un sobrino de Angelici. ¿Quién representa al Presidente? ¿Angelici o Tonelli? Los dos. También en materia institucional el Gobierno es gradualista.

Boudou debe estar agradecido a los camaristas, que le permitieron ayer asistir al nacimiento de sus hijos (las redes sociales son crudelísimas: el tuitero @gmicele, por ejemplo, se preguntó si los pondría a nombre suyo o de Núñez Carmona). Pero tal vez esté más reconocido con Lijo, gracias a cuya arbitrariedad pudo decir que el kirchnerismo estaba siendo castigado por su gestión nacional y popular.

El insólito argumento de Boudou está muy difundido en América Latina. El próximo miércoles, un tribunal de Porto Alegre decidirá si confirma o revoca la condena a nueve años y medio de prisión que el juez Sergio Moro dispuso contra Luiz Lula da Silva. El expresidente está acusado de haber recibido un tríplex en Guarujá como coima de la constructora OAS. Lula es hoy el principal candidato para las presidenciales de octubre, con 35% de intención de voto. El PT, su partido, alega que la prisión sería un fraude electoral. Pero lo más probable es la prisión.

En Ecuador, Rafael Correa asistió a la deposición de su hombre en la vicepresidencia, Jorge Glas, por su vinculación con Odebrecht. Después emitió un tuit: "La judicialización de la política. El mismo libreto en todos lados: Dilma, Lula, Jorge Glas, Cristina. (...) El verdadero 'delito': haber dado justicia y dignidad".

El argumento es curiosísimo. Porque Pedro Pablo Kuczynski, en Perú; Juan Manuel Santos, en Colombia, y Macri están bajo la lupa por el escándalo Odebrecht. En el caso de Macri, no sólo su primo Ángelo Calcaterra está siendo investigado, y Elisa Carrió dijo que debe ir preso. También se abrió una causa por el decreto que, el 16 de junio de 2016, asignó al soterramiento del Sarmiento, que todavía operaban Odebrecht y Calcaterra, $45.000 millones. Sin embargo, ni Kuczynski, ni Santos, ni Macri figuran entre las víctimas por las que clama Correa. En el caso de estos miserables neoliberales está actuando la justicia independiente.

No es la única traición a la lógica. ¿O el kirchnerismo aceptará que, con los mismos argumentos con que se liberó a Boudou, podrían salir de la cárcel muchos militares que están en prisión preventiva sin que haya indicio alguno de que pueden perturbar a la Justicia? Es verdad: son acusados de delitos de lesa humanidad. Pero las convenciones de derechos humanos son categóricas: la prisión preventiva no tiene vinculación con la gravedad del crimen que se imputa. Es antipático, pero algún día habrá que determinar si los militares son seres humanos.

El último capítulo de la doctrina de la persecución ideológica es su extensión al sindicalismo. La Cámpora ofreció a Hugo Moyano que se guarezca debajo de esos argumentos. La relación con la familia Moyano está a cargo de Máximo Kirchner. La ventaja sería mutua. Los Moyano, acusados de lavado de dinero y con problemas para explicar algunas transferencias para OCA, encontrarían un respaldo político. Y la ex presidenta fortalecería su rama sindical en un año conflictivo por la importancia de las negociaciones salariales para la política económica. Cristina Kirchner fortalecería su narrativa: Macri la persigue porque ella dificulta su ajuste ortodoxo. Quedaría mejorada la coartada de Boudou: no los castigan por haber hecho lo bueno, sino por impedir que se haga lo malo. Los camiones serían útiles para esta narración.

A Cristina Kirchner nunca le importó si su montaje retórico coincide con la realidad. Es probable que sus infortunios judiciales no se deban tanto al Gobierno como a la interna peronista. Entre Comodoro Py y el PJ poskirchnerista hay un acuerdo. Los jueces liquidan la interna peronista condenando a la cúpula anterior y el peronismo poskirchnerista impide las condenas en el Consejo de la Magistratura. Varios feligreses de la señora de Kirchner entendieron que la apostasía suministra libertad. Aníbal Fernández denunció a su jefa por no apreciar al peronismo. Sigue libre. Igual que Ricardo Echegaray, muy próximo a esta estrategia judicial. Guillermo Moreno elogió la nueva fórmula de actualización jubilatoria y no conoce el calabozo. Al revés: Carlos Zannini debería preguntarse si no debe su prisión al exsenador Nicolás Fernández, su enemigo oculto, crucial en esta trama.

Si la conducta de los jueces es una variable de la interna peronista, Moyano está frente a un dilema. Los magistrados han sido complacientes con él. El caso más notorio es el de Claudio Bonadio. Este juez dictó la prisión de Héctor Timerman sin considerar que impediría su tratamiento en los Estados Unidos por una grave enfermedad. Como la cámara hizo con Lijo, el juez Sergio Torres revisó la decisión. Pero en el caso de Moyano, el implacable Bonadio archivó un tórrido expediente sobre su obra social. Y llamó a declarar al funcionario de la UIF que involucró a gremialistas por lavado de dinero. Si los camioneros se asociaran a Cristina Kirchner, ¿cambiaría su suerte en Tribunales?

Es lógico que Cristina Kirchner descrea de la imparcialidad de los jueces. Lijo, el verdugo de Boudou, hacía gestiones en marzo de 2015 para evitar que las causas judiciales impidieran el triunfo de Daniel Scioli. Y cajoneó durante años la investigación sobre los aportes de traficantes de efedrina a la campaña presidencial de 2007. La expresidenta también es deudora de Bonadio. El látigo de Dios sobreseyó en 2011 a dos de sus secretarios privados en una escandalosa causa por enriquecimiento ilícito. ¿Cómo pensar que hoy son independientes aquellos que dependieron tanto de ella? Esos jueces, como tantos otros, escenifican una de las más graves patologías del país. Un sistema minado por la corrupción está incapacitado para impartir justicia. Se trate de absolver o de castigar."

No nos resistimos a plantear, como lo hace el autor, una duda: los militares alojados en las diversas Bastillas Judiciales, tienen derechos humanos. O la singular retaliación existente hacia ellos, los aparta de una hipócrita sociedad que apoya sin mas a los políticos que abandonaron el barco, cuando éste naufragaba, dejando en manos de lso hombres de armas, el destino de la Nación. Transcurrió un lapso terrorífico, por ambas partes enfrentadas: los militares y los sanguinarios elementos subversivos marxistas. Vuelta la paz, vuelven esos desvergonzados, pretendiendo darnos lecciones de convivencia republicana y de moral, sin que se les mueva un pelo. Sin ponerse colorados. Sin pedir perdón, de rodillas, al pueblo al que abandonaron oportunamente. Su prédica, a seguido, llevó a la República a las profundidades de la corrupción.

Creemos que es el momento de meditar al respecto, para que los culpables, todos, conversen sobre lo sucedido y que se ponga fin de esta forma a la inequidad existente, en cuanto una parte de quienes violaron los derechos humanos, está privada de su libertad y los otros violadores no han sido perseguidas por la longa mano de la ley, entregándoles el Estado al que pretendían destruir, para colmo e irónicamente, elevadas sumas de dinero que actualmente gozan, agradeciendo por lo bajo a los militares detenidos, el haber hecho lo necesario para mejorar su fortuna personal.

Algo mas sobre el Combate de la Vuelta de Obligado

2017-12-10T18:40:00.001-08:00

En la "Vuelta de Obligado", el 20 de noviembre de 1845 (proclamado Día de la Soberanía), el general Lucio Mansilla y fuerzas muy inferiores en número, a las europeas se comportan con valor ejemplar. Para evitar el avance de la flota cruza el Paraná con cadenas que son cortadas por los interventores luego de ingentes esfuerzos y de abundantes disparos intercambiados con las tropas de Mansilla. Días después se producen encuentros similares en Tonelero, San Lorenzo y Quebracho. (1) La génesis del conflicto con Francia (y luego el bloqueo anglo-francés), obedeció a dos causas inmediatas al conflicto con Francia en 1838: 1) la insistencia de Rosas en aplicar la ley que obliga a los residentes franceses a prestar servicio militar; y 2) el mal trato dado por el gobierno porteño a tres franceses: César Hipólito Bacle, Pedro Lavié y Blas Despouy. No existía guerra civil ni invasión de indios que justifique a milicias extranjeras. ¿Por qué, entonces obligar a los franceses a enrolarse cuando bastan las tropas criollas para el servicio de fronteras? Hipólito Bacle muere el 4 de enero de 1838, a consecuencia de los malos tratos sufridos en prisión. La colonia francesa asiste, en pleno, a su entierro; y la indignación que produce el fallecimiento determina al cónsul Roger a elevar el tono de sus reclamaciones, llegando hasta la insolencia. Por último, pidió sus pasaportes, los cuales le son extendidos inmediatamente, saliendo para Montevideo el 16 de marzo de 1838. Ocho días después, Rosas recibe un ultimátum dirigido por el contralmirante Leblanc, jefe de las fuerzas navales destacadas en el Plata. En dicha comunicación se insiste en las reclamaciones formuladas por Roger, exigiéndose, además, una indemnización para la viuda de Bacle. Rosas contesta, por intermedio de su ministro Arana, que exigir sobre la boca del cañón privilegios que sólo pueden concederse por tratados, es lo que este gobierno nunca se someterá. Leblanc declara bloqueado el puerto de Buenos Aires y todo el litoral del río de la Plata, el 28 de marzo de 1838, y así comienza un grave conflicto internacional.

El general San Martín, no informado de los entretelones de la cuestión del Plata, considera a Rosas como valiente defensor de la independencia americana (por ello, le envió su sable corvo). El cónsul inglés en Buenos Aires, Henry Mandeville -gran amigo de Rosas- comunica a éste que Francia no desea verse mezclada en aventuras guerreras, y que la diplomacia inglesa jamás consentirá en ver trasformado el bloqueo francés en una operación de mayor envergadura. Sabiendo Rosas que Francia nunca mandará tropas de desembarco, no duda en rechazar las reclamaciones y en negarse, por dos años, a transar. Seguro de no correr peligro por ese lado, levanta la voz y asume el papel de defensor de nuestra integridad territorial. En 1840, es reelegido con la suma del poder público.

Cuando el general Lavalle, se repliega hacia el interior buscando unirse a las fuerzas del general Lamadrid, Rosas considera llegado el momento de poner punto final al conflicto planteado con Francia. Por ello, el 29 de octubre de 1840, el vicealmirante y plenipotenciario francés, barón René de Mackau, y el ministro Felipe Arana, suscriben en nombre de los gobiernos de Francia y Buenos Aires un convenio que constituye para Rosas una verdadera capitulación. En el artículo 1, se conceden las indemnizaciones exigidas por los franceses. En el artículo 2, se dispone el levantamiento del bloqueo y la evacuación de la isla Martín García. En el artículo 3, se conviene una amnistía teórica, porque en definitiva su aplicación quedaba librada a la discrecionalidad del Restaurador. En el artículo 4, se ratificó el reconocimiento de la independencia uruguaya. En el artículo 5, se constituye otro triunfo del gobierno francés. En efecto, en él obtiene el reconocimiento a sus súbditos del tratado acordado a las de la nación más favorecida.

Paradójicamente, los partidarios de Rosas aplaudieron el tratado como si constituyera un triunfo del gobierno de Buenos Aires. En realidad, tal como lo hemos señalado, era Francia la victoriosa porque se le acordaba con amplitud lo que sistemáticamente se había negado a Roger, Leblanc y Martigny. Félix Frías escribe que don Juan García del Río, afirmó: "El decantado campeón del honor americano concedió a Francia, al cabo de dos años de bloqueo y calamidades públicas sin cuento, infinitamente más de lo que desde un principio solicitara el gobierno francés, y de lo que era justo reconocerle". Los representantes no advirtieron que, como ya señalamos, el Tratado fue una capitulación suscripta en una de las fragatas de la escuadra bloqueadora. Tampoco que se inquietan por las indemnizaciones que se deben pagar de lo dispuesto en el artículo 5 y que alcanzan finalmente a 173.275 pesos fuertes.

Domingo Faustino Sarmiento, desterrado de San Juan, , escribe en "El Mercurio" de Valparaíso: La intervención francesa, no ha sido considerada en América bajo su verdadero punto de vista. La Francia no atacaba al país, sino a Rosas, como lo declaró cien veces oficialmente; y Rosas no defendía tampoco al país sino su poder para encarcelar y matar sin proceso".

Basado en el libro "Historia Política y Constitucional Argentina" (1776-1989), por Ambrosio Romero Carranza, Alberto Rodríguez Varela y Eduardo Ventura. Círculo Militar, 1992, pp. 150/156, 159. Alfredo Nobre Leite.

Recordemos al Rastreador Fournier de la Marina de Guerra Argentina

2017-12-06T06:31:00.002-08:00

Recuerdo una tragedia que tuvo lugar entre los días 21 y 22 de septiembre de 1949, que yo sepa nadie reparóa en el hundimiento del rastreador Fournier, de la Armada Argentina. Murieron sus 77 trippulantes, en un lugar cuya profundidad oscilaba entre los 500 y los 700 metros. Su casco quedó en las profundidades del mar. Se rescataron unos pocos cadáves, que fueron conducidos en la fragata Heroína, la que ostentaba su bandera a media asta. Todavía resuenan en mis oídos los comentarios de la gente, en esa época en la que cursaba el colegio secundario. Todos los alumnos estábamos apenados por lo ocurrido al navío y a su tripulación. Mas de 70 años después, recordé este triste episodio. Se brindaron honores a toda la tripulación fallecida, el país estaba de luto.

Reseña la crónica periodística: "El Fournier zarpó a las 7.40 del 21 de septiembre, dispuesto a internarse por el intrincado estrecho de Magallanes para regresar a Ushuaia. Ese mismo día, a las 16.30, el buque comunicó por radiotelégrafo que estaban pasando frente al Faro de Punta Delgada, en la Primera Angostura del estrecho. En horas de la noche, cuando el buque cruzó frente al faro San Isidro, el pronóstico meteorológico no era favorable para la navegación: soplaban vientos del noroeste a una velocidad de 20 nudos, se anunciaban nevadas y chaparrones, la visibilidad era de 2 a 4 kilómetros y la temperatura estaba por debajo de los 0 grados.
Llegadas las primeras horas de la mañana del 22 de septiembre de 1949, era imposible comunicarse con el "Fournier" desde la Base Naval Ushuaia, por lo que al día siguiente se inicio su búsqueda por agua y por aire, dificultada por las tempestades y la niebla constantes. Participaron en las operaciones de búsqueda, entre otros, el transporte "San Julián", el rastreador "Spiro", los remolcadores "Chiriguano" y "Sanavirón", el buque hidrográfico "Bahía Blanca" y la fragata "Trinidad".
Finalmente, el 4 de octubre de ese mismo año, los diarios del país anunciaron en primera plana el naufragio del "Fournier" en Punta Cono, un accidente geográfico de la isla Dawson, rodeada por canales de entre 450 y 530 metros de profundidad promedio, a la entrada de San Gabriel, 60 millas al sur de la ciudad chilena de Punta Arenas. Las circunstancias de su desaparición hacen suponer que el "Fournier" se hundió al chocar contra una piedra, no marcada en la carta de navegación, que abrió un surco en el casco de la nave e hizo que se anegaran los compartimientos, o que, en medio de temporal, una ola lo escoró sin darle tiempo a enderezarse.
La tripulación del "Fournier" estaba integrada por 77 marinos. No hubo sobrevivientes y el casco quedo para siempre en el fondo del mar. Solo fue posible rescatar los cuerpos de algunos tripulantes que fueron trasladados a Buenos Aires por la fragata A.R.A. "Heroína", con su bandera a media asta. La pérdida del rastreador constituyó un verdadero duelo nacional, y en su memoria y en la de sus tripulantes y pasajeros se efectuaron numerosos actos oficiales y privados. "FUENTE: El diario del fin del mundo..

A raíz de este evento sufrido por la Marina de Guerra, se revisaron las normas que para esa época regían en el Cód.Civil Argentino, mediante la sanción de una reforma a los artículos que se referían a la ausencia con presunción de fallecimiento. Se acortaron los plazos para poder, mediante la Justicia, declarar ausente con presunción de fallecimiento, de los marinos víctimas. Con lo que se posibilitó tramitar la sucesión hereditaria de ellos y, en otros casos, se pudo declarardisuelto el vínculo matrimonial, con lo que se hicieron a un lado los plazos por demás extensos que la normativa estipulaba, la que impedía casarse eventualmente a las viudas, las que tendrían que esperar años para poder hacerlo. . La modificación fué dispuesta por la ley 14.394.Mas de 70 años después, hago las comparaciones del caso y creoque soy uno de los pocos que ha podido ser testigo, de la reacción popular en un caso y en el otro, el del submarino de nuestra Armada de Guerra que lamentablemente no ha podido ser ubicado a pesar del constante rastreo. En el caso del rastreador Fournier, no se hizo política con la bajeza que, en la actualidad, se procede.

Otro caso curioso es que Fournier fue un marino italiano,que actuó con patente de corso, en la guerra contra el Imperio del Brasil. Fueascendido por sus hazañas bélicas y llegó a teniente coronel. Ello ocurrió en la década del 20 del siglo XIX. Comisionado por el gobierno nacional de esa época, fue a los EE.UU. a fin de adquir una flota de barcos para el país, y con ellos enfrentó una tormenta que causó el hundimiento de dos de los flamantes navíos de guerra, falleciendo Fournier ya que tripulaba uno de los navíos que se hundieron. Este glorioso marino, padeció el olvido de los historiadores quiees no se ocuparon mayormente de sus hazañas bélicas.

Nómina de los atentados concretados por los subversivos, jóvenes idealistas, en vida del general Juan D.Perón

2017-11-29T21:01:00.001-08:00

22/05/73 MONTONEROS, asesinato del sindicalista peronista Dirk Kloosterman, Secretario General de S.M.A.T.A., en la Provincia de Buenos Aires

23/05/73 MONTONEROS, asesinato de un ejecutivo de la empresa FORD, Sr. Luis Giovanelli , gravemente herido fallece días después del atentado.

25/05/73 Asume el gobierno el presidente Cámpora, todos los hechos a partir de aquí mencionados - hasta el 24/3/76 - sucedieron en gobiernos peronistas, constitucionalmente elegidos por la ciudadanía, Cámpora con 49,7 % de votos y Perón con el 62 %.

26/06/73 MONTONEROS, secuestro extorsivo y liberación de Liliana Aerin y Mirta Rubin, previo pago de rescate.

12/07/73 MONTONEROS, secuestro extorsivo del Ejecutivo Carlos Pulenta (rescate 920.000 dólares).

01/08/73 MONTONEROS, atentado con explosivos a la Facultad de Medicina de la UBA.

25/08/73 MONTONEROS, emite una proclama contra el gobierno peronista, incitando a la toma revolucionaria del poder.

11/09/73 MONTONEROS, atentado con explosivos a la Facultad de Derecho de la UBA.

23-09-73 Triunfa la fórmula presidencial Perón - Perón, recibiendo el 62% de los votos.

MONTONEROS, Asesinato del Tte. 1º Fernando Cativa Tolosa (Mar del Plata).

25/09/73 MONTONEROS, asesinato del Secretario General de la CGT, el peronista José Ignacio Rucci, acribillado a balazos a dos días de la elección de Perón, en un abierto desafío al mismo. La operación fue dispuesta por la más alta conducción y llevó cinco meses de tarea de inteligencia, hasta ubicar uno de los cambiantes lugares usados por el amenazado Rucci para pernoctar. Luego solo se trató de alquilar la casa de enfrente, esperar su ingreso a dormir el 24 a la noche y avisar al grupo de exterminio, a cargo del cabecilla N.G. Tomás.
Fue asesinado al retirarse a la mañana, quedando su cadáver con tantos impactos que MONTONEROS con negro humor denominó OPERACIÓN TRAVIATA al hecho, por los agujeros de la galletita de marras. Ese día MONTONEROS se quitó su falsa máscara peronista y quedó ideológicamente al descubierto, perdió a la masa justicialista, sentando la base política de su futura total derrota militar.La simultanea interceptación masiva y engaño de las comunicaciones policiales, estuvo a cargo del Oficial Mayor Marcelo Kurlat, N.G. MONRA y las decisivas tareas de inteligencia previa a cargo del ámbito de Informaciones, a cargo del Oficial Primero N.G. Esteban, legal Rodolfo Walsh, ahora un "brillante escritor, defensor de los derechos humanos", caído a tiros en combate en 1977, que da su apellido y nombre a varias Aulas Magnas universitarias, a premios literarios y una plazoleta ubicada en la Capital Federal, intersección de las calles Chile y Perú.

¿Interesante pregunta, irá el nombre de Rucci al lado del de Walsh en el futuro monumento de la costanera norte, que dirían los obreros peronistas si supieran de esta burla trágica? Porque los dirigentes sindicales peronistas siempre lo supieron, el problema es que la memoria de muchos es tácticamente flexible y selectiva..., según sus intereses personales por supuesto.

27/09/73 MONTONEROS, atentados con explosivos en las Facultades de Odontología y Farmacia - Bioquímica.

19/10/73 MONTONEROS, atentado con explosivos en el Colegio Nacional Nro. 2 de Rosario.

08/11/73 MONTONEROS, copamiento de la Escuela de Asistentes Sociales.

24/11/73 MONTONEROS, atentado con explosivos en el Colegio Nacional Gral.Belgrano de Merlo.

14/12/73 MONTONEROS, copamiento del Comedor Universitario de la U. N. del Noroeste.

14/02/74 MONTONEROS, asesinato del dirigente político y diputado nacional radical Hipólito Acuña

27/02/74 MONTONEROS, secuestro del Ejecutivo del frigorífico SWIFT A. Valochia.
22/03/74 MONTONEROS, asesinato del retirado dirigente sindical peronista Rogelio Coria, en el palier de la planta baja de su departamento. Dos jóvenes milicianos MONTONEROS (perejiles, conejos como se dice ahora para convertirlos en víctimas), estaban allí haciendo el usual "ambiental" de inteligencia previo a su futuro asesinato. Portaban armas y como advirtieron que Coria estaba solo e indefenso, lisa y llanamente le pegaron dos tiros en la cabeza y huyeron. MONTONEROS los "arresto" simbólicamente por el inconsulto riesgo corrido y los condecoró por la "valiente iniciativa militar".
23-03-74 MONTONEROS, Homicidio Cabo 1º Prefectura Naval,Jose Luis Braga (Zarate).
04/04/74 MONTONEROS, asesinato del Secretario General de la Regional San Nicolás de la CGT, Antonio Pedro Magaldi, peronista.
04/04/74 MONTONEROS, asesinato del ejecutivo jefe de personal de FIAT, Sr. Roberto Kecker.

01/07/74 Muere el presidente Perón y lo sucede su esposa M. I. Martínez.

En la Argentina no se hubiera sancionado a esta menor

2017-11-28T05:36:00.005-08:00

La Audiencia Nacional de Dinamarca condenó a ocho años de prisión por un delito de terrorismo a una danesa de diecisiete años convertida al islam por preparar un atentado contra una escuela judía y su antiguo centro educativo.

La sentencia supone aumentar en dos años la pena dictada en mayo por un tribunal de primera instancia contra la joven, la primera mujer danesa condenada por un delito de terrorismo y culpable además de agredir con un trozo de vidrio a un pedagogo durante su estancia en un centro para menores.

El Audiencia tuvo en cuenta la edad de la joven al ser detenida (quince años), su inmadurez y la falta de antecedentes para desechar la petición de la fiscalía, que, apoyada en un dictamen del Consejo de Medicina Forense, reclamaba custodia, una pena prorrogable de forma indefinida que puede equivaler a una cadena perpetua.

La defensa de la joven sostuvo sin embargo que sólo buscaba llamar la atención, que había sufrido una infancia llena de problemas y que, en realidad, no pretendía llevar a cabo sus planes.

Entre las pruebas presentadas figuran recibos de compra de las sustancias para fabricar el explosivo TATP, notas manuscritas, búsquedas en internet sobre cómo hacer bombas y sobre la escuela judía de Carolina en Copenhague, correspondencia sobre el ataque y charlas con un ex alumno y un ex profesor de su antiguo centro educativo.

La joven pretendía hacer explotar una bomba durante una fiesta en ese centro el 8 de enero de 2016 pero no pudo tener listo a tiempo el explosivo, por lo que cambió de objetivo.

Sus planes fueron abortados al ser detenida cinco días después en su casa en Kundby, al oeste de Copenhague.

Su familia había alertado a la policía al encontrar varias sustancias químicas en casa. (EFE).

Fácil es advertir la edad dela joven terrorista, que el evento criminal no se llevó a cabo, que en Dinamarca, al parecer, no prosperó el zaffaronismo, conforme los tratados internacionales, el delito de terrorismo se encuentra tipificado en el derecho interno y, finalmente ninguna ONG sedicente defensora de los DD.HH., solventada por el erario público, se ha presentado pretendiendo que no se condene a esta menor.

Dinamarca es un país que se encuentra entre los que mas respetan los derechos humanos, y le agregaría que también se encuentra entre los primeros en lo que se refiere a la visión mediata del la lacra que significa el terrorismo.

En la Argentina, estarían todavía investigando a los investigadores, mientras la menor estaría con sus progenitores, en su hogar, disfrutando de la publicidad de la prensa y alegando que fue víctima de una "conspiración" del imperialismo.

Nadie se atrevería a firmar, salvo que estuviera ebrio, que en Dinamarca no se respetan los derechos humanos.

El submarino Armada República Argentina "SAN JUAN".

2017-11-26T07:16:00.004-08:00

“Una investigación del Ministerio de Defensa alertó sobre "irregularidades" en la compra directa de las baterías del ARA San Juan, según la copia de esas actuaciones que llegaron con carácter secreto a tres despachos oficiales, y a las que accedió LA NACION. La información coincide con una auditoría de la Sindicatura General (Sigen), que también cuestionó el procedimiento.

La investigación, desarrollada por expertos de Defensa entre 2015 y 2016, determinó que la Armada habría incumplido los estándares normativos y operativos para la reparación de media vida y el recambio de baterías; que se buscó direccionar la compra de suministros para beneficiar a ciertos proveedores, y que, en ese proceso, se habrían adquirido insumos con garantías vencidas y cometido delitos.

"La información colectada resulta contundente al menos para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino además que el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas que beneficiaron a las empresas adjudicadas, Hawker Gmbh y Ferrostaal AG", precisaron los investigadores de Defensa.

Esos mismos investigadores alertaron del tema en 2015 a funcionarios del kirchnerismo. Y también que lo mismo ocurrió al cambiar las baterías de los submarinos Salta y Santa Cruz. Consultados por LA NACION, desde el Gobierno indicaron que están revisando "todos los procesos dentro de la Armada" y que se abrirá una investigación interna "profunda", pero que ahora la prioridad es hallar el submarino, recuperar a todos sus tripulantes y, luego, peritar el San Juan para determinar "qué pasó y las consecuentes responsabilidades".

La investigación interna a la que accedió LA NACION no fue la única que reportó sobre "irregularidades" de la Armada en la reparación del submarino ARA San Juan. La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa también redactó varios informes. Y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) presentó su auditoría MD 13776/16, en mayo de 2016, que tampoco es de acceso público, pero cuyas copias obtuvo LA NACION de informantes de la Sindicatura.

En el caso de la Sigen, sus técnicos expusieron desvíos en los planes trazados para la ejecución material y presupuestaria de la obra, con demoras de hasta 4 años: "Dichas demoras permitieron, en el caso de las baterías, la pérdida del período de garantía".

Eso mismo, detectó la Sigen, ocurrió con los motores: "La pérdida de la garantía de los motores derivó en la necesidad de efectuar la contratación directa N° 62/13 con la misma empresa, para renovar el plazo de garantía (ejecución de los trabajos de inspección y verificación para puesta en marcha segura de los motores y para otorgar las correspondientes garantías técnicas que se derivaron de dichos trabajos). Dicha obra tuvo más de 314 días de demora".

Todos esos informes reservados podrían ayudar ahora a la Justicia a determinar qué pasó con el ARA San Juan. Para eso, la jueza federal con asiento en Caleta Olivia, Marta Yáñez, ordenó al complejo Cinar-Tandanor, donde se desarrolló la reparación de media vida, que preserve toda su documentación.

Los informes secretos cuyas copias obtuvo LA NACION, sin embargo, no se encuentran en ese complejo, sino en el Ministerio de Defensa. Y alertan sobre "irregularidades detectadas" dentro de la órbita de la Armada y "un sinnúmero de maniobras irregulares y tendenciosas que tenían como único fin" la compra de las baterías "a las firmas Ferrostaal y/o Hawker, de manera indistinta como único proveedor solvente".

En el caso de la investigación interna, cuyo informe comenzó a circular dentro del Ministerio de Defensa en 2015 y continuó en circulación con la actual gestión, también detectó que "los remitos que se adjuntan por cada entrega de materiales no coinciden ni con el número ni con el monto de las facturas acompañadas a las órdenes de pago, que ascienden a la suma parcial de 1.312.214 euros".

Según verificó LA NACION, además, varios de los funcionarios de la Armada que participaron en las contrataciones cuestionadas también habían participado en la contratación de Ferrostaal para adquirir una planta propulsora para la Fragata Libertad, que derivó en una investigación penal que quedó en manos del entonces juez federal Norberto Oyarbide.

Por su parte, los investigadores también detectaron que los procesos de la Armada tanto para el submarino San Juan como para los ARA Santa Cruz y ARA Salta y la Fragata Libertad registraron varios puntos en común:

En las cuatro obras se contrataron las mismas empresas: Hawker y Ferrostaal;

En las cuatro contrataciones, además, se descartaron propuestas efectuadas por otras empresas;

En esos procesos se retrasaron las notificaciones a otras empresas que podían competir con los datos sobre las condiciones para presentar sus ofertas;

En esos procesos también se aceleraron los pasos administrativos, -sin cumplir con los requisitos y plazos- para adjudicar las contrataciones y firmar los contratos;

Se habrían adulterado ciertos tramos del expediente administrativo para darle visos de legalidad a la decisión que ya había sido tomada;

Se omitió analizar la razonabilidad de los montos que cotizaron las dos empresas proveedoras;

Después de la adjudicación, notificaron tarde o no notificaron a la principal empresa rival, lo que complicó que interpusiera impugnaciones.

El informe interno también recomendó a las máximas autoridades de Defensa avanzar sobre las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales de los responsables. Para eso aconsejó alertar a la Oficina Anticorrupción y que se radicara una denuncia penal contra oficiales y funcionarios de la Armada, "incluso contemplando la conexidad que en principio presentarían esos sucesos en relación con otros casos similares cuyas investigaciones se encuentran en trámite ante la justicia federal". Eso no ocurrió.” FUENTE: La Nación.

Efectivamente, el entonces maleable juez Oyarbide, por obra y gracia del azar, representado por la Oficina de Sorteos del Tribual Superior pertinente, resultó desinsaculado para intervenir en tales eventos. Mediante una interpretación errónea, dolosa o no, de la denuncia pertinente, este magistrado habría archivado la causa. Se imputaron, en la ocasión, estafa y malversación de caudales públicos.

La que fuera ministra de Defensa en esa época, defendió lo actuado. Como es lógico ya que corría con la responsabilidad penal y administrativa de tales eventos, en caso de haber ocurrido. Expresó ella que el A.R.A. San Juan, tuvo inversión y se lo puso a cero entre los años 2009 y 2011”. Según informes que me han llegado, de manos de un amigo, quien concretó la denuncia sobre supuestas irregularidades en los astilleros de la Armada Nacional, fue José Gómez, destinado entre 2004 y 2008 a los Astilleros Domecq García, precisamente donde se efectuaron las reparaciones de los submarinos San Juan y Salta.

No se advierte que, en forma urgente, se hayan ordenado medidas cautelares para impedir que alguien deforme la realidad, en lo que se relaciona con el submarino SALTA ya que, de hacerlo, adelantaríamos tiempo. La intervención de la OA no hace nada más que revivir el deseo de muchos de que se rehabilite en la misma forma con que funcionó en sus mejores épocas, a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. El evento del San Juan nos permite avizorar que, tarde o mas temprano se tropezará con el obstáculo de que la política sucia, ha metido sus narices en el entuerto. La Oficina Anticorrupción es un engendro que vio la luz ante la pertinaz insistencia de Menem a fin de obstaculizar cualquier investigación que impidiera su labor delincuencial en la función pública. Al punto de colocar durante su mandato, en el “freezer” a aquella Fiscalía Nacional.

Sucesivos gobiernos fueron aumentando su declinación natural, al colocar en su dirección máxima, a personas que no reunían los requisitos que le sobraban a un Sadi Massue, para poner un ejemplo. De regresar ese organismo, al funcionamiento idóneo del pasado, nadie podría impugnar las decisiones que esta Fiscalía adopte, tildándolas de mendaces, parciales o de ausencia de objetividad. Por cierto que esta ocasión se presta al “reciclaje” legislativo y actualizado de tal organismo, de tal suerte que sea eficaz y eficiente como para encarar la investigación de eventos, como en el caso del desastre de la Estación Once, el de los submarinos, y otros similares, causados por la herencia corrupta que hemos recibidos y que el gobierno actual, se ha cuidado de publicitar que la recibía a título de inventario, haciendo conocer a quienes votamos cual es la verdadera situación.

Caso contrario se debe hacer cargo in totum de las futuras muertes que eventualmente seguirán ocurriendo.

Recuerde el Poder Ejecutivo que la corrupción ha sido elevada a una tipificación penal que reconoce rango supra legal (Confr,. C.N.) y los autores deben ser equiparados, según la Carta Magna, a los traidores a la Patria con lo que nos señalan que es una exigencia nacional que las causas penales donde se investigan tales delitos, deben extremar su eficiencia a fin de impedir que caigamos en la falta de tutela judicial y en la fácil impunidad por el transcurso del tiempo.

No olvidar que nuestro país, ha rubricado sendos acuerdo internacionales que lo obligan al respeto irrestricto de sus clausulas, las que sin duda tienen una categoría superior a cualquier norma legal nacional, incluyendo al propio código penal, que es una ley más.

Siguiendo con la denuncia de José Gómez, quien tuvo la osadía de enfrentarse contra la mafia que ostentaba el primer puesto, en esta suerte de regata delictiva, se procedió ante la entidad de tales eventos que se denunciaban, a confeccionar un sumario administrativo que, por lo que veremos, de sumario sólo ostentaba el nombre, ya que evidentemente fue una figura legal, tomada prestada, para aumentar la impunidad eventual. En el 2007, luego de diversas trámites, al parecer totalmente destinados a ganar tiempo, se concretó la denuncia penal, que tuvo la “suerte” de recalar en un juez “amigo” del poder. La denuncia criminal tuvo, entre otros imputados, al almirante Godoy jefe de la Armada, a otros oficiales de dicha arma y también a civiles, como no podía ser de otra forma, dadas las característica de los eventos criminosos que se denunciaban.

Tales eventos, evidentemente, necesitaban de la “colaboración” criminal de funcionarios civiles que ostentaban cargos de jerarquía y que, al parecer, habrían mirado hacia otro lado. Sin pensar que se estaba concibiendo a la criatura que mas tarde se encargaría de quitar la vida a nuestros 44 HEROES, sí, con MAYUSCULA.

Como expresamos, la denuncia fue archivada. Procesalmente no correspondería que siguiera actuando la juez federal de Caleta Olivia quien debería inhibirse para seguir conociendo en este tema tan espinoso, ya que no es ilógico admitir que estaríamos frente a una asociación ilícita cuyas cabezas se encontraban en las altura de la pirámide jerárquica, traspasando los uniformados. Y la denuncia primitiva, maguer el destino irregular que habría tenido, recayó en el juzgado federal a cuya cabeza estaba el juez Oyarbide. Es evidente que hay que ir al inicio de todo ésto y no sólo a las consecuencias irreparables, ya que ningún magistrado puede conocer un evento penal de estas características sino tiene a la vista, para su valoración, la totalidad de los elementos probatorios pertinentes. Obrar de otra forma es contra la praxis investigativa.

Las acciones como éstas, reconocen un común denominador, puesto que son investigadas en diversas ocasiones y por diversos juzgados, al punto que, valoradas en forma aislada, podrían eventualmente confundir a un magistrado mas o menos inoperante dándole argumentos no a un indolente sino también a un “amigo” del poder. Es la pequeña puerta que se utiliza generalmente para facilitar la fuga del dolo, entre los meandros de la pertinaz burocracia.

En el caso de la denuncia de las irregularidades, que se habrían concretado, en el “service” integral que tuvo como destinatario al submarino A.R.A. San Juan, se adoptó una medida ejemplificadora.

Alguna almita sencilla, casta y pura derivará de tal afirmación, que se llegó a lo mas alto y que las sanciones penales y de orden administrativo, fueron ejemplo para que nadie mas ose apartarse de las normas y observar conductas reñidas no solo con la moral sino con la ley. No olvidemos que no estamos en Suiza. Estamos en el país conocido como “Cleptolandia”: quien resultó gravemente sancionado, como ejemplo para aleccionar a quien ose imitarlo en un futuro posible, fue el propio denunciante. Efectivamente José O. Gómez, a quien la justicia debería oír perentoriamente, antes de que sea “suicidado”, fue lisa y llanamente destituido y dado de baja de la Armada Nacional por denunciar “hechos gravísimos de corrupción durante la gestión de Nilda Garré. Luego de 27 años de servicio en esa institución, con un promedio de 9,75 acusándosele de insubordinación, por lo que incluso perdió su retiro (Dra. V. Villarruel, 23/11/17).

Si existiera la FNIAd. Si la ley orgánica de ella, fuera la que le otorgó la ley que permitió su maravilloso y eficaz funcionamiento, seguramente este organismo estaría ya, ahora mismo, labrando actuaciones preventivas, recibiendo declaraciones antes de que los testigos se “suiciden” colectivamente, y la eficacia brillaría por, sus fueron, en aras de una efectiva anticorrupción.

La ley actual, pone en funcionamiento la OA en forma muy, pero muy lenta, al punto que cuando se llega al meollo del asunto, la gente ni se acuerda de que se estaba hablando.

El comunista Salvador Allende "Padre de la Democracia Chilena".

2017-11-07T13:57:00.000-08:00

El general Perón, fundador del ingenuo peronismo actual.

Instalado en Cuba el gobierno marxista de Fidel Castro, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), asignó al Comité o Comisariato de Seguridad de Estado (KGB) como una de sus tareas principales impulsar a los movimientos revolucionarios comunistas de América latina a la toma del poder, ya fuera mediante la lucha armada o a través de elecciones (llamada esta última’ “La vía pacífica al comunismo”)

En el caso de Chile, a fines de la década del 60 la KGB actuó por las dos vías: por un lado remitió 50.000 dólares para su campaña al candidato a la presidencia, Salvador Allende, y 400.000 dólares al Partido Comunista Chileno (PCCh) para impulsar la alianza electoral llamada Unión Popular (UP), conformada por el propio PCCh y el Partido Socialista.

Por otra parte ordenaba al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) (1), que apoyara la campaña de la UP y, paralelamente, sus integrantes eran instruidos y adoctrinados en el marxismo y equipados con armas y explosivos para preparar la “lucha armada”, por si Allende fracasaba en su intento de llegar a la presidencia.

En 1966 Salvador Allende, el “democrático” (2) fue delegado por Chile y luego presidente a la Conferencia Tricontinental de La Habana, Cuba, más tarde participó de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), donde se concentraban todos los movimientos guerrilleros de Latinoamérica. Lo que lo muestra, a partir de la década del 60, política e ideológicamente comprometido en la “Guerra Revolucionaria” dirigida y apoyada operativa y materialmente por la URSS, a través de Cuba.

El 4 de septiembre de 1970, Allende ganó las elecciones presidenciales por el 1.5% del padrón electoral, sí exactamente el 1,5% (39000 votos), convirtiéndose en el primer presidente marxista que llegaba al poder por el sufragio popular en Sudamérica.”

Lo que sucedió en Chile, llegado al poder el comunista Allende, nos recuerda lo sucedido en Venezuela con Hugo Chávez y lo que sucede en la actualidad en nuestro país, con el otrora oficialismo K. Su actividad ulterior correspondió a un candidato vencedor, en forma arrolladora, ya que se comportó como si hubiera arrasado a las fuerzas partidarias que se le oponían.

Continúa la reseña: “Ni bien accedió Allende al poder, la situación económico social comenzó a deteriorarse rápidamente. De una inflación del 20% anual se llegó en tres años al 606%. Este fue el resultado de una emisión de moneda en forma descontrolada por el Banco Central, fundamentalmente para la compra de acciones de empresas privadas a través de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), instrumento principal para la imposición de una reforma agraria de extremo corte marxista. Aclaremos que la palabra “compra” tendría que haber sido usada en forma peyorativa ya que el vendedor vendía su establecimiento “si o si”.

Obsérvese que nadie imputó a Marambio ser un vende patria o un cipayo. Ayudaba a otro país, no a Chile, pero a nadie se le ocurrió que era un traidor. Para el entonces grupo gobernante, colaborar con la comunista Cuba, estaba bien mirado.

Mediante la creación de los Consejos Campesinos, por Decreto Nº 481 del 21 de diciembre de 1970, la actividad rural fue afectada por la suba de impuestos, la ocupación violenta de los fundos y la expropiación de 6.4 millones de hectáreas.

El 16 de julio de 1971 se promulgó la Ley N ª 17450 que permitía expropiar empresas sin compensación, por ganancias excesivas. Ésta sirvió al gobierno para nacionalizar la minería chilena, principal fuente de riqueza del país. La balanza comercial llegó a niveles deficitarios nunca alcanzados antes y las reservas del Banco Central cayeron a valores alarmantes. Ante esta situación aparecieron el “mercado negro” y la remarcación de precios. El gobierno respondió con la Junta de Control de Precios y Abastecimiento (JAP) que sólo logró el incremento del mercado negro (“negocio “que pasó a ser explotado por el MIR y el GAP).

A Chile se le cortaron los créditos internacionales; en esas circunstancias el Presidente Allende, haciendo profesión de su fe marxista, viajó a la URSS para obtener dinero fresco, sin tener en cuenta que la ex Unión Soviética otorgaba fondos para hacer la revolución, pero no para sostener un gobierno. El resultado fue que la gestión presidencial no obtuvo lo suficiente para superar la crisis.

El tradicional diario “El Mercurio”, propiedad de la familia Edwards, en su histórica línea editorial, pro occidental y opuesta a la postura ideológica del gobierno, tanto durante la campaña presidencial como en el desarrollo de su mandato, profundizó sus críticas a la política pro marxista. La respuesta fue retirarle al diario todos sus avisos gubernamentales y expropiar la fábrica de papel que lo abastecía. Años más tarde se repetiría la misma mecánica cuando el gobierno kirchnerista de la Argentina, intentó apoderarse de Papel Prensa, habiendo menguado previamente la cantidad de avisos gubernamentales. O sea la imitación de la anterior gestión marxista en Chile.

La sociedad chilena se dividió profundamente: los comerciantes, los industriales y los transportistas se oponían al cambio institucional y cultural, mientras que una masa importante de estudiantes ganaba la calle en repudio a los nuevos contenidos de la educación impulsados por Salvador Allende. Los partidos políticos veían con alarma que el gobierno quería imponer un nuevo Chile marxista, primero dentro de un marco legal y, de no ser así, por medio de la fuerza. Sólo faltaba saber qué actitud tomarían las FFAA.

Desde el año 1932 las FFAA de Chile fueron (durante 41 años) profundamente legalistas y democráticas, sin ninguna intervención en la política. Como contrapartida, la dirigencia política chilena mantenía un profundo respeto por ellas y las apoyaban. El crecimiento exponencial de la violencia política y la existencia del MIR integrando cuadros del gobierno y simultáneamente armándose, instruyendo y reclutando militantes en camino de constituir un ejército paralelo al institucional, vislumbraba la guerra civil como resultado final. El 25 de octubre de 1970, antes de la asunción de Allende, fue asesinado el general René Schneider Chereau, Comandante en Jefe del Ejército y decidido antimarxista. El todavía presidente, Eduardo Frei Montalva, designó en su remplazo al General Carlos Prats González (27 de octubre de1970) quien posteriormente resultó confirmado en su cargo por Allende.- El crimen, atribuido a personeros del gobierno, produjo un gran malestar entre los oficiales del Ejército, que llevaron la inquietud a su Comandante en Jefe, quien no canalizó adecuadamente esa preocupación. Prats, que era considerado un buen profesional y legalista como su antecesor, fue inicialmente bien visto por los cuadros del Ejército. Pero el correr del tiempo demostraría que de ser el representante del Ejército ante el gobierno, se transformaría en representante del gobierno ante su institución. Se politizó y se alejó del profesionalismo militar.-

Los hechos que configuraron la crisis, se sucedieron en una rápida continuidad:

· Se conoció que el jefe del GAP instruía a integrantes del MIR en insurrección urbana y guerra de guerrillas en campamentos asentados en La Zona de Temuco. (5).

· En octubre de 1972 se produjo un paro general de camioneros que virtualmente paralizó a Chile. Allende como demostración de fuerza designó al general Prats Ministro del Interior, reteniendo su cargo de Comandante del Ejército. A partir de allí Prats se transformó en un funcionario político del presidente.

· Superada la huelga de los camioneros y durante la gira de Allende al exterior, de acuerdo con la ley chilena Prats asumió la vicepresidencia temporal de la República y en su corto mandato ordenó celebraciones especiales al poeta Pablo Neruda (integrante de PCCH).

· El 27 de junio de 1973 en un incidente en la vía pública, el general Prats reaccionó violentamente baleando los paragolpes de un vehículo conducido por Alejandrina Cox Palma.- (vinculo es.Wikipedia / Wiki/Carlos Prats). El hecho fue explotado por la oposición y los medios de comunicación incrementando el malestar general, lo que llevó a Prats a presentar ese mismo día su renuncia, rechazada por el presidente.

· El apoyo circunstancial del Ejército no fue suficiente para que en sus filas se comenzara a dudar si su Comandante estaba en condiciones psicológicas de conducir la fuerza en las difíciles circunstancias que atravesaba el país.

· Dos días después, 29 de junio de 1973, se sublevó el Regimiento de Tanques N 2 (TACNA) a cargo del Tte. Cnel. Roberto Souper Onfry. Prats, con tropas que le eran leales, contuvo la sublevación después de un combate que dejó 20 muertos. Al hecho se lo reconoció como el “Tanquetazo o Tacnazo”.

· Inmediatamente Allende convocó a Prats para integrar el gabinete como nuevo Ministro de Defensa. La aceptación del nombramiento político terminó por extinguir el débil apoyo del Ejército a su Comandante en Jefe.

· Entre estos episodios Fidel Castro visitó Chile y durante 15 días recorrió el país haciendo proselitismo de la revolución. En ese entonces repetía Castro “Existen pocas probabilidades de imponer la revolución sin recurrir a la violencia”.

· En julio de 1973 el cubano Manuel Piñeiro (alias Barbarroja) arribó a Santiago enviado por Fidel Castro. El “maestro de terroristas” y jefe de todos los espías cubanos fue puesto a disposición de Allende, con la finalidad de preparar al MIR para desatar la insurrección generalizada. En la nota de presentación el dictador caribeño acotaba: “Tú debes mejorar la correlación de fuerzas en caso de que estalle la lucha”.

· El 21 de agosto de 1973 se produjo el célebre “cacerolazo”, realizado por las mujeres de los oficiales del Ejército y grupos de civiles ante el domicilio de Prats. Esto llevó al General a demandar a los mandos superiores que confirmaran su lealtad públicamente. Los mandos se negaron mayoritariamente a otorgar el voto de confianza. El 23 de agosto Prats renunció a su cargo y se estableció en Buenos Aires, República Argentina, debido a las amenazas recibidas.

· Lo sucedió en el cargo el General Augusto Pinochet Ugarte, 19 días después se produjo el golpe cívico--militar, constituyéndose un gobierno de facto con la participación de miembros de los partidos políticos opuestos a Salvador Allende. http://www.elistas.net/lista/nuestra_historia_70/archivo/indice/91/msg/1001/)

Por su parte, el General Juán Domingo Perón, en una entrevista concedida al "Giornale d’Italia", poco antes de las elecciones, decía:

“...somos decididamente antimarxistas.

Lo sucedido a Allende demuestra que cayó víctima de su sectarismo, de su política tendiente al exceso.

Estoy seguro de que domaremos a la guerrilla. Chile nos ha enseñado muchas cosas.

O los guerrilleros dejan de perturbar la vida del país o los obligaremos a hacerlo con los medios de que disponemos, los cuales, créame, no son pocos...”

"A Cuba le advierto que no haga el juego que hizo en Chile porque en Argentina podría desencadenarse una acción bastante violenta...”.

“Si la guerrilla insiste, sucederá lo que en Santiago, donde la responsabilidad no fue de los militares sino de los guerrilleros…...”.

No entendemos como los actuales peronistas, los de pura cepa, prestan atención a los cantos de sirena de “los entristas”.

Es decir de esos marxistas que, disfrazados de peronistas, ingresaron al Justicialismo. El propio creador del Movimiento, el general Juan Domingo Perón, expresó que el Peronismo sostenía la Tercera Posición y taxativamente afirmó en reiteradas ocasiones “somos decididamente antimarxistas”.

No dijo que no eran partidarios del marxismo sino que eran “antimarxistas”. Sin palabras.

Premonitoria nota de un diario venezolano

2017-11-07T13:35:00.001-08:00

Un comentario que en el año 2014 efectuó un diario venezolano, permite concluir que si hubiera seguido gobernando el régimen K, seguiríamos en la misma nefasta dirección, con los resultados que pasados 3 años, estamos en condiciones de verificar. La similitud de los problemas, en cuanto a su origen sus consecuencias y la realidad posterior es asombrosa. Gracias a Dios, dimos un volantazo que nos permite abrigar ciertamente esperanzas sobre el futuro de la Argentina.

"La crisis venezolana no da tregua y se acentúa con rasgos claros de catástrofe. Los problemas no se resuelven, sino que se potencian, lo que hace más difícil la vida cotidiana de cualquier ciudadano de clase media y de los sectores populares. Bienaventurados los que todavía pueden viajar al exterior y adquirir los productos básicos necesarios, práctica que, por lo demás, se hace más frecuente.

Las noticias diarias que algunos medios independientes y las redes sociales resaltan son desastrosas. Un repaso, a vuelo de pájaro, da cuenta del proceso de cese de actividades de empresas nacionales o transnacionales con el consecuente daño para la economía y para los trabajadores que, al fin y al cabo, son los que pagan –con la pérdida de sus empleos– las consecuencias de erradas e irracionales políticas gubernamentales que en nada ayudan a la activación del aparato productivo doméstico y, mucho menos, incentivan la inversión extranjera.

Damos cuenta de dos casos emblemáticos de industrias que han bajado la santamaría de forma repentina, debido a la situación cambiaria, a la falta de materias primas y otras “menudencias”, que no hacen rentables sus operaciones desde el punto de vista económico y financiero. Es así como la corporación estadounidense Clorox, fabricante de productos de limpieza, informó que descontinuaba sus operaciones en Venezuela “gracias a las restricciones impuestas por el gobierno nacional”, la incertidumbre económica y los problemas con el flujo de suministros (como cosa curiosa, al saberse la nueva sus acciones subieron en Wall Street). La respuesta del régimen no se hizo esperar, el propio vicepresidente ejecutivo de la república, Jorge Arreaza, lideró la toma de la compañía con los trabajadores para reiniciar las operaciones. Sabemos que eso es pan para hoy y hambre para mañana, al igual que ha sucedido con tantas empresas estatizadas que luego han fracasado estruendosamente.

También, llama poderosamente la atención el cierre inesperado –para desagradable sorpresa de quienes allí laboran– de Suramericana de Soplados, que fabrica tanques plásticos de gasolina para vehículos. Sus dueños alegaron en una escueta nota adosada al portón de entrada la liquidación y disolución de la sociedad por razones similares

En extrañas circunstancias el TSJ ordena la ocupación temporal inmediata –por incurrir en los delitos de especulación y acaparamiento– de Venoco, fabricante de aceites y lubricantes para vehículos (intervenida por el Ejecutivo desde 2010). La reacción de los obreros y empleados fue abandonar sus labores en protesta por tal decisión. Son tres casos que resaltan lo grave de la acciones del madurismo en detrimento del abastecimiento y de la reactivación de la economía nacional."

(Seleccionado de la web del diario venezolano El Nacional, de Caracas, del 03 de octubre de 2014)

La verdad sobre el caso Santiago Maldonado y su uso tergiversado por la izquierda radicalizada

2017-11-04T11:19:00.000-07:00

El distinguido jurista internacional Kai Ambos, a la sazón catedrático de Derecho Penal, Procesal Penal, Derecho Comparado y Derecho Internacional Penal - Georg-August-Universität Göttingen Revista General de Derecho Penal 17 (2012), sostiene en “Crímenes de Lesa Humanidad y la Corte Penal Internacional” que “Es digno de anotar que respecto al reconocimiento histórico de las “leyes de humanidad” y los “crímenes de lesa humanidad”, el alcance de estos principios fue potencialmente muy amplio, tal vez tanto como el de los derechos humanos. Se trataron una amplia gama de conductas, ya sea realizadas por actores estatales o no estatales, ya sea en tiempos de guerra o de paz.

Sin embargo, la definición de los Crímenes de Lesa Humanidad hasta ahora ha sido vaga y, en muchos aspectos, contradictoria. Una definición más precisa de los CLH, lo que además refleja su evolución histórica, sólo se logró con el Estatuto de la CPI.

No podemos pasar por alto que el distinguido maestro nos señala, oportunamente, al tratar los “Elementos generales o de contexto” relacionados con el CLH, que este requisito que el Estatuto de la CPI se encargó de subsanar y aclarar, tiene directa vinculación con el carácter de “crimen de lesa humanidad” de la desaparición forzada.

Refiere Kai Ambos, que el concepto lesa humanidad, como es definido en el artículo 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional (ECPI), se relaciona a hechos cometidos en el marco de un ataque generalizado o sistemático, que se realiza con la participación o tolerancia —de iure o de facto— del poder público, y que tiene por destinataria a una población civil.

Los tres elementos que conforman el contexto que hace de un delito un crimen de lesa humanidad son, por tanto:

a) la sistematicidad o generalidad del ataque;

b) la participación del poder público, y

c) la comisión de los hechos en agravio de una población civil.

Estos elementos constituyen el contexto en que deben cometerse los hechos descritos como desaparición forzada, para que pueda tenerse efectivamente por constituido el delito como crimen de lesa humanidad; en caso contrario, constituiría solamente un crimen individual.

La pregunta es si una construcción como crimen individual, es decir, sin elemento de contexto, merece ser calificado como desaparición forzada con todas las consecuencias de un crimen internacional, o sea, imprescriptibilidad, jurisdicción internacional, prohibición de la amnistía, etcétera. (Confr. “Desaparición Forzada de Personas-Análisis Comparado e Internacional- https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/obrasportales/op_20110207_02.pdf

Al referirse a la carta orgánica de la CPI señaló: “Este Estatuto entró en vigor en julio del 2.002, surgiendo del mismo que el párrafo 2 i del artículo 7 del aludido señala lo que debe entenderse cuando acude a la expresión “desaparición forzada de personas”.

En efecto, nos ilustra al respecto sobre ese tipo penal, expresando que

“Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.

“El artículo 7 representa tanto una “codificación” como también un “desarrollo progresivo” del derecho internacional. Se une a las distintas características legales que pueden considerarse como el “common law” de los CLH.”

“Sin embargo, para comprender la razón subyacente de este tipo de crímenes, se hace necesario profundizar e ir más allá del mero análisis positivo de los Estatutos y de otras normas. Por lo menos, la historia nos enseña que el Estado siempre ha tenido un papel importante en la organización y la comisión real de CLH. Este hecho histórico representa un fuerte argumento para conceptualizar los CLH como un crimen de Estado en el sentido de la definición de Richard Vernon:

“(…) una inversión moral, o la parodia, del Estado.”

“(…) un abuso de poder del Estado que implica una inversión sistemática de los recursos jurisdiccionales del Estado.”

“(…) una inversión sistemática: los poderes que justifican el Estado son, perversamente, instrumentalizados por el mismo, la territorialidad es transformada de refugio a una trampa, y las modalidades de castigo son ejercidas sobre los inocentes.”

“El problema de esta definición es que se limita a la relación clásica entre un Estado y sus ciudadanos, aquellos residentes en su territorio, dejando fuera, por un lado, relaciones extraterritoriales Estado-ciudadano y, por otra parte, las relaciones de un Estado con ciudadanos extranjeros. Además, la definición no logra tener en cuenta los actores no estatales, por lo menos no explícitamente.”

Se puede reemplazar el “Estado” por “actor no estatal” para dar cabida a aquel concepto de reconocido prestigio que entiende este último como autor potencial de CLH. (Capítulo 960 del blog El Yo Acuso Argentino)

Sin embargo, esto no sería suficiente, ya que existe una clara diferencia entre la obligación del Estado en virtud del derecho internacional de garantizar el imperio de la ley y proteger a sus ciudadanos y un deber similar (emergente) de un actor no estatal en el territorio bajo su control.

El art. 7 del Estatuto de la CPI tiene una estructura similar a las disposiciones correspondientes en los Estatutos del TPIY y del TPIR (artículos 5 y 3 respectivamente); estos solo difieren en su encabezado. El art. 7 se compone de un elemento de contexto (chapau, Gesamttat) y una lista de actos inhumanos que deben ser cometidos en el contexto aludido. En otras palabras, el encabezado o preámbulo (chapau) establece las condiciones bajo las cuales la comisión de algún acto por parte de una persona constituye un crimen contra la humanidad. El preámbulo dice lo siguiente:

“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.”

Cuatro requisitos fundamentales se derivan de este párrafo que a manera de preámbulo introduce la aludida lista de actos inhumanos, es decir,

- La prueba disyuntiva o test sistemático;

- El elemento “población civil” como objeto del ataque;

- Un requisito mental especial;

- La existencia de actos individuales que se cometan en el marco del ataque.

Además, se desprende del mencionado preámbulo el hecho de que deja de ser necesario el nexo con un conflicto armado y con una intención discriminatoria especial.

Sobre el desarrollo histórico y la razón de ser del elemento de contexto, existe una profunda discusión recogida en otros trabajos. Resumiendo el debate, cabe recordar que el elemento de contexto ha ido cambiando a lo largo de su historia, pero siempre ha llegado a ser requerido algún tipo de contexto, por medio de un vínculo a una autoridad o poder, ya sea un Estado, organización o grupo; a pesar de ello, la referencia a “la política de una organización” realizada en el art. 7 (2), deja claro que la disposición también se aplica a los actores no estatales.

Estos actores deben estar en condiciones de actuar como un Estado, es decir, deben poseer una capacidad similar en organización y fuerza. El elemento de contexto se convirtió así en el “elemento internacional” de los CLH, que determina que cierta conducta criminal tenga una especial repercusión y sea motivo de preocupación internacional.

La razón fundamental de la “internacionalización” de estos delitos fue su especial gravedad, a menudo acompañada por la renuencia o la incapacidad de los sistemas nacionales de justicia penal para procesarlos.

En efecto, como se mencionó anteriormente, un CLH puede ser entendido como un crimen de Estado en el sentido de la “inversión sistemática” de los poderes que justifiquen la existencia del Estado.

El art. 7 convierte en CLH los actos individuales enumerados en dicha disposición, en tanto cumplan con el test sistemático - general.

Esta prueba se propone garantizar que los actos individuales, aislados o aleatorios, no lleguen a constituir un CLH.

Mientras que el término “generalizado” implica, en un sentido más bien cuantitativo, que un acto se llevará a cabo a gran escala, involucrando a un gran número de víctimas, “sistemático” tiene un significado más bien cualitativo que requiere que el acto se lleve a cabo como resultado de una planificación metódica.

La jurisprudencia siempre ha optado por una lectura disyuntiva o alternativa de estos elementos, es decir, sostuvo que el “ataque” bien podría ser generalizado o sistemático, pero no necesariamente ambas cosas a la vez.

Sin embargo, el art. 7 parece oscurecer esta aparente clara interpretación de la definición del elemento de contexto del párrafo 1 (“ataque contra una población civil”), pues en su párrafo 2 (a) establece ello como “una línea de conducta que implique la co-misión múltiple de actos (...), de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.” Esta definición reemplaza el término “generalizada” por “la comisión múltiple de actos” y el adjetivo “sistemático” por “un Estado o política de una organización”. Sin embargo, lo más importante ya no es el significado aislado que aporta cada uno de estos elementos expresados de modo alternativo, sino el que adquieren al interconectarse, en la medida en que la “comisión múltiple” debe basarse en una “política”.

Esto significa que el elemento de la política es indispensable y su ausencia no puede ser compensada, por ejemplo, con un número particularmente elevado de actos y / o víctimas.

En otras palabras, la mera cantidad no convierte una serie de actos en CLH, de lo contrario, un asesino en serie se calificaría como criminal de lesa humanidad por el mero hecho de que actuó a gran escala.

De esta manera, en cambio, el elemento decisivo es el de que respondan a una política de actuación: sólo su existencia convierte múltiples actos en CLH. Esto también es confirmado por el concepto de CLH que define el mismo como un crimen eminentemente político, como se defendió antes (supra Parte I).

De hecho, el elemento de la política se ha desarrollado a partir del ya mencionado requisito de un vínculo a un Estado o una autoridad no estatal y como tal puede ser encontrado en la jurisprudencia post Segunda Guerra Mundial y en los Proyectos de Códigos de la Comisión de Derecho Internacional.

Aunque la jurisprudencia del TPIY y el TPIR ha negado en varias ocasiones que este elemento sea requerido por el derecho consuetudinario internacional, su inclusión explícita en el art. 7 (2) lo confirma. Este elemento deja claro que es necesario algún tipo de vínculo con un Estado o un poder de facto y, por lo tanto, la organización y planificación por medio de una política, para categorizar de otro modo los delitos comunes como CLH. Por lo tanto, ofrece una guía importante para delimitar los delitos comunes de los CLH.

Otra cuestión es qué tipo de política es específicamente necesaria. El viejo debate entre la conducta activa y mera inacción o tolerancia de las atrocidades que se refleja en la formulación contradictoria entre los Elementos del Crimen y una correspondiente nota a pie de página, discutido en otra parte, se debe decidir en favor de una interpretación amplia del concepto de política. Dada su condición controvertida en el derecho consuetudinario internacional y el sentido general de “política”, la inacción, la tolerancia o la aquiescencia frente a CLH deben considerarse suficientes.

Hay, sin embargo, una diferencia entre un ataque sistemático y uno generalizado. Mientras que en el primero puede ser típica una cierta orientación de los autores individuales con respecto a las víctimas potenciales, un ataque generalizado, que no es a la vez sistemático, llega a ser acompañado frecuentemente de una única política que consiste en la inacción deliberada, tolerancia o aquiescencia.”

Sin embargo, ese mismo artículo 7 estipula que el delito de desaparición forzada y otro sólo constituyen un crimen de lesa humanidad "cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".

En el caso del accionar de la Gendarmería Nacional, en el episodio en el que resultaría damnificado Salvador Maldonado, tendría que probar la fiscalía que el evento en cuestión, si es que se llevó a cabo, fue “parte de un ataque generalizado contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, por parte de los eventuales imputados”. Nos remitimos a la parte pertinente de esta clasificación, párrafos más atrás.

“He argumentado en otra parte que este elemento debe ser eliminado del art. 7, ya que no se puede conciliar con una definición esencialmente humanitaria de los CLH, defendida en este artículo (supra I.), es decir, para proteger la humanidad y lo humano y, por lo tanto, los derechos humanos fundamentales de todas las personas contra violaciones sistemáticas y generalizadas.”

El Tribunal reconoció este problema con anterioridad en Kupreskic et al. cuando afirmó: “Uno no ve por qué sólo los civiles y no también los combatientes deben ser protegidos por estas normas (en particular por la norma que prohíbe la persecución), teniendo en cuenta que puede considerarse que estas reglas poseen un alcance y propósito humanitario más amplio que aquellas que prohíben los crímenes de guerra.”

“Sin embargo, el TPIY sostuvo, incluso, en algunos casos, que la población civil debe ser lo “principal” antes que un objetivo incidental del ataque, es decir, al parecer, se restringe aún más los CLH al resaltar la población civil (“dirigida a”) como un elemento.

A pesar de ello, incluso una lectura conservadora de los CLH no requiere más que un ataque intencional contra la población civil.

Sea como fuere, el hecho de que los redactores del Estatuto de la CPI hayan mantenido el requisito demuestra que aún no reconocen los CLH como un concepto de crímenes por derecho propio, sino, más bien, como una extensión de los crímenes de guerra en tiempos de paz.

Sin embargo, además de la inconsistencia de tal definición conservadora de CLH - con su razón de ser -, en un nivel más técnico, una definición de “civiles” según el DIH tiene dificultades insuperables si se aplica en tiempos de paz.

Mientras que el término puede ser definido formalmente en relación con un conflicto armado (internacional) en un sentido negativo, referido a aquellas personas que no son miembros de organizaciones militares o grupos tal como se define en el art. 4 A III CG (Art. 50 PA I), en tiempo de paz el recurso a esta definición no es posible, ya que el DIH no es aplicable en este tipo de momentos.

De hecho, en tiempos de paz todas las personas son civiles (es decir, los no combatientes), y es precisamente durante este transcurso cuando los CLH deben cumplir la función de llenar el vacío dejado por los crímenes de los conflictos armados. Por lo tanto, la protección debe extenderse a todas las personas, incluidos los soldados.

Si bien los tribunales ad hoc en Kupreskic et al., como se muestra arriba, ya han reconocido el dilema generado por el requisito de población civil, el mismo es, como en el caso de la Corte Penal Internacional, obligatorio o vinculante por la redacción de sus estatutos y, por lo tanto, se presenta como un problema inevitable.”

Lo que señaló, en esta última parte el profesor Kai Ambos, sin embargo, en la Argentina tiene solución.

Adviértase que el distinguido jurisconsulto señaló, como al pasar, que los fallos de la CPI son OBLIGATORIOS O VINCULANTES, por la redacción de los Estatutos de ese Tribunal.

La Justicia argentina hace caso omiso, cada vez que se presenta un caso, a tal obligación, y la cumple previo examen de que tal cumplimiento implica la posibilidad de sancionar penalmente a un militar imputado por violación de los derechos humanos. Es decir que ella viola esos derechos, posiblemente en aras de su ideología marxista-leninista: “Para el enemigo ni Justicia”

Refiere el eminente maestro Kai Ambos “Si bien se puede subrayar el término “población”, argumentando que la exigencia se centra más en la naturaleza colectiva del ataque (en contra de una “población”) que en las personas (civiles o militares) afectadas, lo que confirma que debe haber una multiplicidad de víctimas (ir en contra de una interpretación estrictamente alternativa del requisito “generalizado o sistemático”), esto no hace que el término “civil” desaparezca. Del mismo modo, se puede optar por una interpretación amplia del término “civil”, pero esta interpretación no debe, a la luz del principio de legalidad (artículo 22 (2), ser extendida más allá del sentido razonable del término. Por lo tanto, la única solución clara es eliminar por completo el requisito de población civil.”.

Siguiendo con la suposición, puesto que todo recién comienza, encontramos en el caso de Santiago Maldonado, cierta similitud a lo que plantea hipotéticamente el jurista Kai Ambos, cuando nos dice que “El preámbulo del art. 7 exige explícitamente que el acusado sea consciente del ataque del cual su acto individual forma parte.”

Nos permitimos señalar que debemos obligadamente, hacer referencia o a un acusado o a más, ya que ésto se está investigando, pero en el fondo, la conclusión que vamos a extraer de la nota de Kai Ambos, es de suma utilidad en cuanto a la eventual aplicación de la ley internacional, que en la Argentina se efectúa con una inusual prodigalidad. No olvidemos que la pena para este crimen llega hasta la prisión por vida.

Seleccionar minuciosamente la calificación jurídica, se torna necesario, en aras de impedir la eventual violación de los derechos humanos de los posibles encartados. En el caso comentado y tan actual de Santiago Maldonado, observamos azorados que no se ha hesitado en aplicar una gravísima tipificación penal internacional, pasando por alto otras disposiciones internacionales, igualmente obligatorias para la Argentina, al haber rubricado ciertos documentos de esa índole.

Existen otras situaciones de violencia interna que, para el Comité Internacional de la Cruz Rojal (CICR), no pueden ser calificadas de conflicto armado, ya que se encuentran claramente por debajo del umbral de aplicación del derecho internacional humanitario.

“En estas situaciones, rigen las normas del derecho internacional de los derechos humanos (DDHH) que regulan el uso de la fuerza por parte los agentes del Estado y establecen una serie de garantías mínimas.

Podríamos también calificar estas normas básicas de los DDHH como una forma de " principios humanitarios " puesto que, en cuanto a la defensa de la vida y de la dignidad humana, se encuentran tanto en el derecho de los DDHH como en el DIH.”

La fuerza de seguridad Gendarmería Nacional, todos sus integrantes o el grupo dedicado específicamente a aprehender a Santiago Maldonado tendrían que conocer que es lo que se proponían y la finalidad de su accionar como así también que no sería aprehendido en las formas habituales sino infringiendo la ley. Es decir, hipótesis todas que debe probar la fiscalía que interviene.

El requisito de conocimiento constituye un elemento subjetivo adicional que se distingue de la obligación general de mens rea del art. 3049. Esto se desprende tanto del hecho de que el “conocimiento” se menciona expresamente en el art. 7, como también de los Elementos del Crimen, donde el conocimiento se requiere asimismo por separado en los elementos de cada uno de los actos individuales enumerados en los CLH.”

“Si hubiera que entender el requisito de conocimiento como parte del elemento mental general, párr. 3 del art. 30, tendría que ser interpretado en el sentido del enfoque basado en el riesgo. Se trata de otra buena razón para interpretar el requisito de conocimiento como un elemento mental adicional. En términos estructurales, el requisito de conocimiento conecta los actos individuales con el ataque general a través de la intención del autor.”

Y ahora nos encontramos con una conclusión que asombra, luego de los razonamientos citados, ya que señala taxativamente el profesor Kai Ambos que “Por lo tanto, garantiza que los actos individuales, aislados, que sólo se llevan a cabo con ocasión de un ataque global, “aprovechando la oportunidad”, no se califiquen como CLH y, por lo tanto, no pueden ser procesados bajo el art. 7. La jurisprudencia sostiene que el acusado debe ser consciente de que su acto forma parte del ataque colectivo.”

Oportuno artículo relacionado con la actualidad gramsciana

2017-10-09T20:20:00.000-07:00

Es indudable que el comunismo totalitario en 150 años de existencia ha tenido un comportamiento de pandilla genocida, de ahí los 100 millones de asesinatos cometidos por sus líderes más conspicuos: Pol Pot, Mao, Stalin, Lenin, Kim Il Sung, Ho Chi Minh y Fidel Castro, entre otros.

Entonces, como se ha dicho en varias columnas de opinión que se han publicado últimamente, las Farc convertirán a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) en un instrumento de vindicta en contra de sus adversarios políticos, recordando que esa guerrilla que ahora funge como partido político no ha abjurado del marxismo-leninismo.

Todos los comentaristas que rechazan la JEP básicamente se encuadran en la impunidad que se les dará a los miembros de esa guerrilla que cometieron crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad durante el conflicto, lo cual puede ser una aventura jurídica muy costosa para el país, ya que si no se castigan los delitos atroces tarde o temprano intervendrá la Corte Penal Internacional (CPI), siguiendo los mandatos del Estatuto de Roma.

Además, se ha dicho que la JEP es para perseguir al expresidente Álvaro Uribe y sus seguidores (denominándolos como paramilitares), lo que no es extraño conociendo la procedencia de algunos miembros que hacen parte de ese tribunal y que son enemigos a ultranza del exmandatario. De la misma manera se menciona la persecución que van a sufrir los militares, empresarios, periodistas, religiosos, sindicalistas y todos los que no han comulgado con las prácticas terroristas de las Farc, convirtiéndose ese organismo en una cacería de brujas, lo que tampoco estaría lejos de la verdad.

Sin embargo, a todo lo anterior hay que agregarle un elemento de fondo, que será prácticamente la razón de ser de la JEP en manos de las Farc siguiendo la doctrina marxista-leninista, el cual es ni más ni menos la persecución a los enemigos ideológicos del narcoterrorismo. En el proyecto totalitario de las Farc para Colombia no debe haber batalla ideológica y el instrumento de la JEP le quita ese problema de encima a la guerrilla “desmovilizada”, pues a lo que más le temen los comunistas totalitarios es al debate ideológico. Eso no es de ahora, porque hay que recordar que el mismísimo Karl Marx le asustaba confrontar a los libertarios encabezados por Mijail Bakunin y Pierre-Joseph Proudhom, los cuales lo desenmascararon ante los trabajadores en la Primera Internacional.

Con el agregado de que Antonio Gramsci el comunista italiano que “enriqueció” al marxismo-leninismo, haciendo una simbiosis con el maquiavelismo, le da a ese engendro totalitario un carácter de mafia y por eso la actitud irracional de los miembros de la cáfila comunista, para los cuales se cambia de táctica, pero de no de estrategia, que es la que en últimas conducirá a la toma del poder por toda la eternidad.

También hay que recordar que en una conferencia de las Farc, para que no quede la menor duda, se decía: “no hay que responder todo, ni hablar de todo”, lo que demuestra la actitud cerrera de esa agrupación que como marxista-leninista le huye al debate ideológico que ha sido su telón de Aquiles. Por eso, el comunismo totalitario históricamente ha usado la violencia para quitar a sus enemigos ideológicos de en medio, como ocurrió durante los 52 años de conflicto y ahora que utilizarán la JEP como vindicta enfocada hacia sus contradictores ideológicos especialmente.

Ante el peligro que representa la JEP para la democracia se deben revisar sus funciones y si es preciso habrá que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, porque bajo ninguna circunstancia se puede crear el delito de opinión que es lo que le interesa a las Farc para seguir con su proyecto dictatorial y evitar la confrontación ideológica que tanto les estorba. El marxismo-leninismo nunca ha tenido con qué dar la lucha de ideas, pues su comportamiento burocrático, ilógico y brutal no se lo permite, y para ello las Farc utilizarán marrullas jurídicas para perseguir a los adversarios ideológicos a los que no puede confrontar, ya que no posee ni ética, ni lógica y mucho menos la razón." (https://www.las2orillas.co/el-enfoque-marxista-de-la-jep/)

Acertadísima visión del general Heriberto Auel sobre el "desaparecido"! Santiago Maldonado.

2017-09-14T13:17:00.000-07:00

Comunista ex presidente de Chile Salvador Allende

Entrada nueva en Informador Público 14.09.2017

Las FARC-EP*, actual pivote del antiguo proceso revolucionario iberoamericano

por Heriberto Justo Auel

“Definitivamente las FARC no se han desarmado y no parece claro que estén dispuestas a hacerlo…” A. González Martín, 30/08/17 (1).

Un “desaparecido” en el desierto patagónico

En estos primeros días de septiembre, mientras los argentinos esperamos una nueva primavera y las elecciones legislativas de octubre, el antiguo proceso revolucionario setentista se ha reactivado con indudables fines electorales. En el desierto patagónico hubo -al parecer misteriosamente- un “desaparecido”.

Las “organizaciones de DDHH” en los últimos treinta y cinco años desarrollaron una intensa “comunicación psico-política” (2) como directas continuadoras de las operaciones revolucionarias iniciadas en 1959 por la “guerrilla armada”. Construyeron -desde 1983- un “relato”, según el manual de Antonio Gramsci, tras la derrota de las bandas armadas en los singulares combates -1974/1988- de la “guerra asimétrica” contra-insurgente, o contra-terrorista, según el nivel en que se la considere.

Es esa intensa y masiva narrativa épica la que permite hoy una aviesa y planificada maniobra política, como única bandera electoral disponible por parte de la “pseudo-revolución, en manos de la hipocresía KK.

En aquel elaborado relato surgieron términos-símbolos. Entre ellos, uno insignia: “desaparecido”. Esta palabra es llave en la sibilina maniobra, en plena ejecución pre-electoral, exista o no el desaparecido. “Desaparecido” ha sido y es la palabra de mayor empleo en la comunicación tansculturizadora, a lo largo de las últimas décadas. Pero no deja de llamar nuestra atención que, después del 10 Dic 15 y habiendo pasado ya más de un año y medio desde aquella fecha, aun haya seguidores ingenuos o inocentes del perverso “relato”. Que el núcleo duro K lo sostenga, es comprensible, pero que exista una majada neutra y mansa que los siga, debería preocuparnos como sociedad.

La profesora Lic. Analía L. Pastran (3) del IEEBA, -especializada en comunicación política-, a través de una cita nos explica así al fenómeno socio-comunicacional:

Por comunicación podemos entender -según José Luis Sánchis- “…aquellos procedimientos por medio de los cuales una mente afecta a otras (…). La comunicación busca siempre un feetback, una respuesta del receptor desde la cual puede aprender y desarrollarse; así se habla de comunicación perfecta cuando el mensaje ha sido bien recibido y se produce la reacción deseada en el receptor. La comunicación tiene un ingrediente de cultura, de inter-subjetividad y de inter-relación”.

Podríamos agregar aquí que esa comunicación puede ser empleada apuntando al bien común o a la creación de una engañosa “falacia” política, encubridora de propósitos inconfesables, como lo ha sido el caso argentino reciente, que nos puso al borde de un drama similar al que padece Venezuela.

La marcha convocada por las Organizaciones de DDHH en la CABA el día viernes 1 de septiembre, ha sido una comprobación concreta del fenómeno citado. Otra, que lo ratifica, fue la del 2x1. Conocedores del fruto de la “reacción deseada en el receptor”, los revolucionarios de cartón explotan electoralmente el “ingrediente de cultura, de inter-subjetividad y de inter-relación”.

Sobre ese cultivo se encuentran las únicas banderas disponibles para el nuevo neo-marxismo pseudo-revolucionario. No es Macri quien “ya tiene su desaparecido” como lo dice “el perro” Verbitsky en Página 12, sino Cristina, que lo necesita imperiosamente. ¿Qué otra bandera tiene para alcanzar los fueros parlamentarios, sino explotar lo sembrado en la últimas décadas? Ayer ingresaron por las quebradas del NO, con armas y hoy lo hacen con el “indigenismo radical”, por los portillos del SO, con un “desaparecido” y… ¿con armas?...

Las FARC-EP ¿están desarmadas?, y… ¿están aquí?

Pero, detrás del dudoso y eventual “desaparecido” hay una compleja trama que parcialmente hemos citado en un artículo del 1° de agosto 17 (4), en el que decíamos:

“El XXIII Encuentro del Foro de San Pablo -FSP- acaba de desarrollarse en Managua -Nicaragua- entre el 15/19 de julio de 2017, bajo dirección del sandinismo por ausencia de su fallecido presidente/fundador -Fidel Castro- y de su vice-presidente -Lula-, sentenciado a nueve años de prisión, por corrupción. El informe final del Encuentro expresa claramente”:

“Las fuerzas de izquierda y progresistas perdieron el control del Poder Ejecutivo en Honduras, Paraguay, Argentina y Brasil y resisten en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Nicaragua y El Salvador”. Por estas razones la directiva establece como nuevo objetivo: “buscar la unidad de las izquierdas revolucionarias y organizar la resistencia, hasta que se inicie la contraofensiva”.

Las FARC retienen un peso específico central en la dirección del FSP y están presentes en nuestro Cono Sur. Veamos lo que expresa una prestigiosa institución española, el Instituto Español de Estudios Estratégicos -IEEE-, a través de su investigador Andrés González Martín, que nos da una categórica respuesta -el 30 de agosto de 2017- a una de las preguntas de nuestro subtítulo: “las Farc no están desarmadas”, “no han entregado todo su arsenal”.

¿Es de interés para los argentinos esta información? Nuestro Instituto -IEEBA- entiende que es de enorme importancia. Las FARC son -sin duda- el actual pivote del antiguo proceso revolucionario iberoamericano. Constituyen el eje de poder del FSP -órgano director político/estratégico de la revolución iberoamericana- y sabemos que están presentes en Bolivia y Paraguay desde hace muchos años y que también lo hacen en la “Araucania” chilena. ¿Estarán en la pretendida área de la Patagonia argentina ocupada por los “noveles mapuches” o antiguos araucanos chilenos, en donde se han cometido últimamente un sinnúmero de crímenes con el sello de las FARC?

En Bolivia, el ex Ministro de Defensa Sr. Kieffer, aseguró la presencia de las FARC, desde 1998. En Paraguay, el Fiscal Alejo Vera confirmó tener pruebas de la histórica relación del Ejército del Pueblo Paraguayo -EPP- con las FARC, desde 2008. En Chile la relación del PC chileno con las FARC quedó evidenciada en las computadoras encontradas en el cuartel general de Tiro Fijo, en Ecuador, luego de que la Fuerza Aérea Colombiana lo bombardeara.

En esos documentos se encontró el acuerdo para que las RAM se capacitaran con las FARC en Colombia. Se trata de los cursos de entrenamiento especial recibidos por Facundo Jones Huala y su grupo, que en los últimos meses produjo un centenar de graves hechos terroristas en ambos lados de la cordillera, con fines políticos. Chile le ha solicitado la extradición, acusándolo de terrorista. Ésta fue denegada por un Juez Federal argentino y aun sigue irresuelta. A su vez el Gobernador del Chubut ha pedido el juicio político al mencionado Juez y no conocemos en que laberinto se atascó.

Llama la atención que frente al mencionado cuadro de situación, Jones Huala se haya presentado espontáneamente a un control de rutas de la Gendarmería Argentina, sabiendo que es buscado por Interpol. Allí comienza el drama o ¿la farsa? del “desaparecido” Maldonado, que hemos calificado como muy probable “maniobra planificada”. Si así fuere, el FSP-FARC tendría el total control de la operación pre-electoral.

Respondida una parte de la pregunta formulada en el subtítulo y con la seguridad que las FARC están presentes en nuestra región desde hace tiempo, tenemos la intima convicción que, alcanzado el tortuoso y dudoso acuerdo de Paz con el presidente Santos, su alta conducción ha desplazado hacia la Araucania hombres y armas, por imperiosas necesidades logísticas de su cartel de la cocaína, que es la fuente de su poder y que está fuera del alcance del Tratado de Paz.

El enorme espacio vacío de nuestra Patagonia les ofrece la posibilidad de ocultar allí grandes depósitos de drogas y armas. Por ello están desplazando por el terror a los puesteros de inmensas estancias, con las RAM, que ellos adiestraron con anterioridad. La comprobación de este supuesto la tendremos cuando se conozcan las cargas de cocaína que se decomisarían en los puertos patagónicos del Atlántico, en un futuro cercano. Los indicios ya existen.

Con referencia a la otra pregunta que nos formuláramos: ¿las FARC, están desarmadas?, la respuesta es no lo están y en eso coincidimos con González Martín (1) cuando expresa que después del Tratado de Paz “podrían convertirse en un partido político armado” y agregamos, “con un creciente poder económico” compuesto por miles de millones de narco dólares, que les aseguraría llegar a la presidencia de Colombia en el mediano plazo. Es lo que el presidente Santos -premio Nobel de la Paz al estilo de nuestro Pérez Esquivel- ha logrado, y lo que el ex presidente Uribe predijo antes de la consulta para la aprobación del “acuerdo de Paz”.

El 26 de junio pasado, la misión de la ONU en Colombia anunció que las FARC habían entregado 6803 guerrilleros y 7132 armas -fusiles y armas de puño-; pero ello no significa que se hayan desarmado totalmente. Gran parte de la prensa mundial interpretó mal ese hecho, manifestando que la organización se había desarmado. 1200 ex guerrilleros pasaron a formar parte de la Unidad Nacional de Protección -UNP-, escoltas de los nuevos políticos y ex jefes provenientes de las FARC. Otros han formado empresas de seguridad privada, al servicio de otras empresas de ex componentes de la organización armada.

Medio millar de disidentes de las FARC decidieron no ingresar al Tratado. Continúan en rebeldía y con las armas en sus manos. A ello debemos sumar aproximadamente mil quinientos guerrilleros desplegados en Venezuela que continúan en ese país. Lo más trascendente es que existen aun más de novecientos almacenes secretos. Las FARC han manifestado que no tienen inventarios de material de guerra -por lo menos para la ONU y el gobierno-. No hay certeza de lo que aun no se ha entregado, pero es muy probable que lo hecho no llegue al 50% de lo existente.

Un dato preocupante, que no aparece, es el de los misiles portátiles tierra aire y los misiles antitanques. Se calcula que suman varios centenares. A este arsenal disperso se suman las minas antipersonales. Los campos de coca de las FARC están protegidos por campos minados. Hubo once mil bajas producidas por minas en los últimos años y solo las FARC tienen los planos de los campos que han sembrado. El efecto psicológico de su sola existencia, sobre la población, limita seriamente el desplazamiento en las zonas rurales.

A fines del mes de junio de 2017 se habían intervenido setenta y siete depósitos, de un total declarado de novecientos cuarenta y nueve. En esos depósitos, además de armamento, materiales, munición y vestuarios, hay mucho dinero. Hay un gran número de civiles que compiten con los guerrilleros disidentes para apropiarse de los depósitos enterrados. Al no poder bancarizar sus ingresos negros, la organización ha tenido que recurrir a lo que se conoce como “El Dorado de las FARC”, en la selva.

La minería es otro de los grandes ingresos de las FARC y gran parte de ella está trabajando legalmente, administrada por testaferros. El Procurador General de Colombia ha declarado que la mayor fortuna del país es la de las FARC. El Ministerio de Hacienda la calcula en 39 billones de dólares. El Procurador ha declarado que “el Tratado de Paz puede terminar siendo la mayor operación de la Historia de lavado de dinero”.

Más allá del eventual “desaparecido”

La antigua revolución estalinista que afectó a toda Iberoamérica desde 1959, evoluciona a un neo-marxismo progresista, altamente violento y corrompido. Mientras está en retirada en algunos países de la región, cuenta hoy con Las FARC -en Colombia- como un nuevo partido armado y financieramente poderoso -con base en un país importante- que ha extendido ya sus tentáculos armados hacia el Sur, en las preliminares de una contraofensiva revolucionaria.

El poder vicario depositado por Cuba en Venezuela se desplaza inexorablemente a Colombia y Cuba, sin Fidel, deberá encontrar un nuevo socio, entregando probablemente -para sobrevivir- el petróleo y los puertos venezolanos a China y Rusia. Brasil -en crisis- estaría maduro para negociar con sus izquierdas con las FARC en Bogotá, y no sabemos qué futuro le aguardan a Chile-Perú y Argentina, con regímenes no consolidados.

Nuestra querida Patria, carente de una Política de Defensa y de su correspondiente planeamiento estratégico que active al subsistema de inteligencia estratégica, ha perdido la iniciativa estratégica y -consecuentemente- su libertad de acción, como lo evidencia la maniobra política con eje en un “sorpresivo desaparecido”. La Argentina está hoy en un doble riesgo: en el corto plazo puede perder el rumbo tomado el 10 de diciembre de 2015, para regresar caóticamente a la etapa anterior, en el 2019. En el mediano plazo podría escalar desde el actual “estado de guerra civil”, a una situación belígera asumida sin planeamiento estratégico, improvisadamente, como lo hicimos en los ‘70 y en el ‘82. En esta oportunidad la consecuencia más probable sería su desintegración social y geográfica.

Sobre la conciencia -si la hubiere- de los legisladores que nos dejaron desde el ‘88 en total inseguridad estratégica y pública, pesan ya miles de muertes, que diariamente siguen acumulándose. Se le ha entregado legalmente al “esfuerzo nacional de policía” la responsabilidad de prever los riesgos y amenazas estratégicas posguerra fría, para extrañar a las FFAA del Estado Nacional. Lo han logrado, con absoluta inconsciencia, ignorancia e irresponsabilidad. Las Policías actúan reactivamente. La actitud proactiva exige planeamiento estratégico y éste es ajeno a las policías, aquí o en la China.

A esta “venganza” irracional de nuestros revolucionarios y sus simpatizantes hipócritas, debemos sumar el arrasamiento institucional del politizado sistema judicial. Podríamos llegar, en breve, a la paradoja de continuar con los “juicios de lesa humanidad” mientras el mismo Estado Nacional está siendo agredido y lucha nuevamente con los continuadores de los que lo hicieron en los ‘70 y que lo explotan -políticamente- desde el ´83. Son las paradojas de la inmadurez, la ideologización de la Política y de la debilidad cultural -corrupción- de un pueblo.

Más allá del “desaparecido” hay una dramática historia que hemos aceptado reemplazar por una narrativa o relato, impuesto por un enemigo derrotado en combate. Una profunda “grieta” divide a una mayoría social pasiva, escasamente comprometida, que no ha encontrado un liderazgo a la medida de la crisis, de una minoría activa, híper-ideologizada, rentada, bajo una conducción revolucionaria internacional, lúcida y experimentada para operar las guerras de séptima generación. Mientras tanto nuestra dirigencia discute el sexo de los ángeles.

Gral. Heriberto Justo Auel

____________________

* Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Popular.

1) A. González Martín. “Las FARC no están desarmadas”. 30 de agosto de 2017. www.ieee.com.es

2) En particular el CELS de Horacio Verbitsky y el diario Página 12.

3) A. L. Pastran. “La Comunicación como Estrategia”. Ago 17. www.ieeba.com.ar

4) H. J. Auel. “Política de DDHH Vs. Política de Seguridad Nacional”. 1° de agosto de 2017. www.ieeba.com.ar

Heriberto Justo Auel | septiembre 12, 2017 en 3:11 am | URL: http://wp.me/p65meh-4Ap

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Idoneidad y el artículo 16 de la Constitución Nacional

2017-07-28T15:28:00.000-07:00

El electo diputado en ese entonces, D. Antonio Domingo Bussi promovió acción de amparo contra el Estado Nacional (Congreso de la Nación - Cámara de Diputados), a fin de que se declare la nulidad de la decisión adoptada por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, mediante la cual se denegó su incorporación al cuerpo. En sus fundamentos relató que su agrupación política -Partido Fuerza Republicana- lo proclamó candidato a Diputado Nacional, en el distrito electoral de la Provincia de Tucumán, y que la justicia electoral oficializó su candidatura, de conformidad con el art. 60 del Código Electoral Nacional, después de verificar el cumplimiento de los requisitos de la ley 23.298, Orgánica de los Partidos Políticos (art. 33), de la Constitución Nacional (art. 48) y sin que se hayan formulado objeciones o impugnaciones a su postulación.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de esta Cámara, al evaluar el diploma de Antonio D. Bussi, sostuvo que: "...las normas y los parámetros de valuación de la "ética pública" han cambiado sustancialmente después de la reforma constitucional de 1994. Y si los artículos 36 y el 75 inc.22 de la Constitución Nacional fijan nuevos paradigmas jurídicos y éticos, es claro que la evaluación de la "idoneidad" del art. 16 debe seguir esta línea constitucional".

El 13 de julio de 2007, en referencia al caso Bussi, la Corte Suprema de nuestro país concluyó que el Congreso no puede negarse a tomarle el juramento a un legislador electo, agregando que, "una vez aprobados los diplomas de los legisladores, la Cámara baja del Congreso es "juez" pero sus facultades "solo se refieren a la revisión de la legalidad de los títulos de los diputados electos" y la autenticidad de los mismos "esto es, si fueron regularmente emitidos por la autoridad competente".

El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que: "La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.

La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas" es así que "Todos los habitantes de la Nación están en un plano de igualdad para acceder a los cargos públicos, siempre que reúnan las condiciones subjetivas y objetivas de idoneidad establecidas por la Constitución y, en ciertos casos, por sus leyes reglamentarias" (Gregorio Badeni: "Tratado de Derecho Constitucional- 2ª Edición Actualizada y Ampliada". Editorial La Ley, Buenos Aires 2006, tomo I, páginas496/7/8)

En forma coincidente, es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: "...la declaración de que todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad no excluye la imposición de requisitos éticos...".

El requisito de idoneidad es una condición permanente que se requiere tanto para los empleos públicos como para los cargos electivos. Decimos que es permanente porque tiene que existir y permanecer en cualquier etapa del proceso, desde la postulación para el cargo hasta el ejercicio del mismo. Es decir que el que accede al cargo debe reunir las condiciones técnicas, físicas y morales -preexistentemente al ejercicio del mismo- y mantenerlas en forma permanente mientras dure en él.

En este sentido, "...los titulares de poder que surgen de los procesos electorales deben ser idóneos, en un doble sentido, ético y técnico, para el desempeño de la función que se les encomienda. Se los elige para que se desempeñen bien y no mal y un requisito para lo primero es que sean idóneos, que tengan aptitud tanto moral como técnica" (Bidart Campos, Germán, "Legitimación de los Procesos Electorales", en Cuadernos CAPEL, San José de Costa Rica; 1989; pág. 59).

Asimismo, conviene resaltar que cuanto mayor sea la jerarquía del empleo o función, mayor debe ser el grado de ética o moralidad a exigirse. Es así que no hay dudas entonces que el requisito de la idoneidad ética o moral es un requisito sustancial que nace de la propia Constitución Nacional. "Algunas de esas condiciones, para acceder a determinados cargos, están previstas por la propia Constitución (...) Otras emanan de las normas reglamentarias que, sin alterar las condiciones establecidas por la Constitución, pueden regular todas aquellas que se relacionen con el concepto de idoneidad, estableciendo incompatibilidades, que no serán condiciones propiamente dichas. Así, se puede vedar el acceso a los cargos públicos previstos por la Constitución a todas aquellas personas que han sido condenadas por la comisión de un delito que ponga en evidencia la inexistencia de la idoneidad, y siempre que el impedimento sea razonable en su naturaleza y duración.

Para los cargos públicos que no estén previstos en la Constitución, en orden a las condiciones para acceder a ellos, tanto el órgano legislativo, como el ejecutivo y el judicial, pueden establecer los requisitos de idoneidad respecto de aquellos que están bajo sus respectivas dependencias, siempre que la creación del cargo no esté constitucionalmente asignada a otro órgano" (Gregorio Badeni: "Tratado de Derecho Constitucional- 2ª Edición Actualizada y Ampliada". Editorial La Ley, Buenos Aires 2006, tomo I, pág. 496/7/8).

"La Constitución, con la salvedad de algunas excepciones (arts. 48, 55, 89 y 111), no establece los contenidos de la idoneidad. Esa imprevisión constitucional no es un defecto, sino una virtud, por cuanto su forma y modalidades están sujetas a las modificaciones que genera el dinamismo de la vida social y que tornan sumamente inconveniente que la Constitución las consolide detallando sus alcances y contenidos. Pero esa imprevisión constitucional en modo alguno puede interpretarse como una traba para su reglamentación normativa. Por el contrario, la exigencia constitucional y la potestad reglamentaria conferida a los órganos gubernamentales en sus ámbitos correspondientes de competencia, autorizan la determinación razonable y objetiva del contenido que debe tener la idoneidad, cuando no están determinados en la Ley Fundamental.

Por aplicación de los principios constitucionales, las condiciones que establezcan las normas reglamentarias para acceder a los cargos públicos, cuando ellas no están previstas en la Ley Fundamental, deben estar basadas sobre el principio de la razonabilidad y responder objetivamente al requisito de la igualdad. Esto significa que esas condiciones no pueden fundarse sobre las creencias políticas o religiosas de los individuos, su sexo o condición social, sino solamente sobre presupuestos de capacidad, tales como la edad de las personas, la nacionalidad, carecer de antecedentes penales descalificables y otros de naturaleza similar" (Gregorio Badeni, ob. cit.)

Entendemos entonces que el requisito constitucional de la idoneidad para ocupar cargos públicos, debe ser interpretado y aplicado a la luz de los nuevos paradigmas éticosjurídicos emanados de la Constitución de 1994. En este sentido, la idoneidad exigida para ocupar cargos públicos debe ser valorada, de acuerdo con las pautas éticas vigentes. El concepto de idoneidad ha quedado enlazado con el afianzamiento del sistema democrático, que se extrae del referido artículo incorporado por la reforma de 1994.

Este artículo, como ya lo hemos dicho, vincula la protección del sistema democrático con la vigencia de los derechos humanos. Por otro lado, y avalando esta interpretación del art. 16 de la CN, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recomendó al Estado argentino que: "...se establezcan procedimientos adecuados para asegurar que se relevará de sus puestos a los miembros de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad contra los que existan pruebas suficientes de participación en anteriores violaciones graves de los derechos humanos..." . Siguiendo los mismos principios, en las observaciones finales de dicho Comité al último informe presentado por el gobierno argentino en noviembre de 2000, se señaló que: "...preocupa al Comité que muchas personas que actuaban con arreglo a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sigan ocupando empleos militares o en la administración pública...El Comité recomienda que se siga desplegando un esfuerzo riguroso a este respecto y que se tomen medidas para cerciorarse de que las personas que participaron en violaciones graves de los derechos humanos no sigan ocupando un empleo en las fuerzas armadas o en la administración pública..." .

La responsabilidad del Estado no sólo se encuentra comprometida cuando el Estado, a través de la conducta activa u omisiva de sus agentes lesiona en cabeza de un individuo un derecho fundamental, sino también cuando el Estado omite ejercer las acciones pertinentes en orden a investigar los hechos, procesar y sancionar a los responsables y reparar los daños causados por dichas violaciones.

Así, la trasgresión o inobservancia por el Estado de este deber de garantía compromete su responsabilidad internacional. Es importante aclarar entonces que cualquier órgano que represente al Estado, y no tan sólo el Poder Ejecutivo, debe cumplir con las obligaciones internacionalmente asumidas, y por lo tanto cualquier órgano del Estado puede hacer incurrir al mismo en responsabilidad internacional. Es necesario dejar establecido que sería un error interpretar que restricciones de la naturaleza del que se alega en la presente, constituyen una vulneración de los derechos políticos de quienes se postulen. Así fue interpretado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al resolver el Caso Ríos Montt, quien había recurrido ante ese órgano alegando la violación de su derecho a ser elegido por una disposición del derecho interno de Guatemala. La legislación de ese país impide la presentación de candidaturas a personas que hayan participado en serias violaciones a los derechos humanos. En esa oportunidad, la CIDH resolvió que aquellas restricciones (guatemaltecas) se encuentran comprendidas en las condiciones que posee todo sistema jurídico constitucional para hacer efectivo su funcionamiento y para defender la integridad de los derechos de los ciudadanos , coincidente también con el espíritu de la jurisprudencia citada de nuestra CSJN .

Finalmente y como un antecedente no menor, en el año 2005 en el Senado de la Provincia de Santa Fe, a instancias de la Senadora Provincial Socialista Patricia Sandoz, se presentó un proyecto de similares características inhabilitando la candidatura de todos aquellos procesados por crímenes de lesa humanidad.

En conclusión, que “los responsables de terrorismo de Estado no hayan sido hasta hoy debidamente juzgados y condenados, no significa que un Estado de derecho pueda tolerar que esas personas ocupen cargos públicos que exigen una idoneidad ética y moral que no poseen.

Pero tampoco puede tolerar el Estado, en razón de los mismos argumentos, que ocupen cargos públicos, de jerarquía o no, que requieren una idoneidad ética y moral de la que carecen, quienes se encuentran procesados o inculpados por el delito de corrupción nada menos que a las rentas del propio Estado.

De acuerdo con los principios analizados, entendemos que la reforma constitucional de 1994 fulmina la posibilidad de que autores o partícipes de actos atentatorios contra la democracia y por ende contra la vigencia de los derechos humanos, ejerzan cargos públicos.

No sería congruente con los principios constitucionales, que un inculpado por delito de lesa humanidad o procesado por tal delito, pueda ser objeto de sanción por parte del Congreso Nacional, sin necesidad de esperar su absolución o condena, pero si una persona comete el delito de corrupción a las rentas de la hacienda pública, habrá que esperar no menos de alrededor de 10 a 15 años para su eventual condena con carácter de cosa juzgada.

No olvidemos que, al incorporar la Convención Reformadora Constituyente, a la Carta Magna el art.36, califica a los corruptos como infames traidores a la Patria (cónfr.art36 en función del 29 de la C.N.), aclarando que quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado, que conlleve enriquecimiento ilícito, atenta contra el sistema democrático. De allí que, habida cuenta la citada reforma, no es necesario que recaiga condena penal para hacer efectiva la sanción de exclusión del Cuerpo a un legislador, imputado de corrupción. Por lo afirmado, análogamente nuestra Constitución Nacional con la reforma de 1994, ha cambiado sustancialmente las consecuencias de un caso como el del diputado De Vido.

No podemos pasar por alto que la figura del acusado de corrupción, mereció tipificación constitucional, con rango de similar jerarquía, por parte de los convencionales reformadores, y recordemos también que la Argentina, oportunamente, rubricó sendos Convenios contra el delito de Corrupción, el Interamericano y el de la ONU. Fundamento más que sólido para conmover lo resuelto por la Honorable Cámara de Diputados, la que en esta ocasión, no habría procedido de idéntica forma.

Debemos tener en consideración, finalmente, lo que surge del prefacio a la Convención contra la Corrupción –ONU, puesto que allí se cita como fundamento de la rúbrica de ese instrumento contra el citado delito la preocupación del organismo internacional por “la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea (…) (el delito de corrupción) para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.

Añade asimismo que los casos de corrupción entrañan vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos Estados,” lo que lleva a concluir que “la corrupción ha dejado de ser un problema local para “convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella (…) y para precisamente concretarla, (…)

La Cámara de Diputados no debió pronunciarse como lo hizo.

Su pronunciamiento no respeta el espíritu que anima a los Convenios Internacionales contra la Corrupción, de los que la Argentina es Parte, exponiendo al país a sanción internacional.

Asiste razón a la actual Procuradora General de la Nación, quien se aferra a su sillón curul con todas sus fuerzas?

2017-07-16T08:42:00.001-07:00

Con relación a la intención de echar a la actual procuradora, veo que ambas partes, los que desean echarla lisa y llanamente y quienes auspician un juicio político, tienen un poquito de razón. El punto en discusión es si ella es o no miembro de la CSJ. (arts. 52 y 53 en función del art. 59 C.N.). La Carta Magna no nos aclara quienes son miembros de la CSJ ya que al referirse a ella dice simplemente, siempre, "miembros de la Corte". Pero despeja el panorama el Capítulo Segundo, Atribuciones del Poder Judicial, que en su Secc. Cuarta del Ministerio Público, nos señala en el art. 120 que el Ministerio Público "es un órgano independiente... que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República". Al reformarse la CN y agregarse este texto, se podía haber mencionado que debe tener acuerdo del Senado tanto el Procurador como el Defensor General de la nación. No se hizo.

El art. 99 referido a las atribuciones del Poder Ejecutivo nos señala en el inc.4 que “Nombra los magistrados de la Corte Suprema, con acuerdo del Senado, por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.” Se reformó la última parte de este inciso, pero no se añadió taxativamente, entre las atribuciones del PEN, que también es el encargado de designar a los titulares del Ministerio Público Fiscal. Sí se añadió, en tal oportunidad, entre el numerus clausus citado, al flamante Jefe de Gobierno. Por costumbre se requiere acuerdo del Senado, como otros funcionarios jerarquizados del Estado, sin ser una obligación constitucional.

Prueba de ello que en el art 52, en la enumeración de los funcionarios del Estado que constitucionalmente deben previamente ser acusados por la Cámara de Diputados, no se encuentran las cabezas del Ministerio Público. Y ello es lógico ya que un presidente nuevo, que desea encarar una política criminal completamente distinta a la que sostiene el titular eventual del Ministerio Público Fiscal, tiene que tener la opción de prescindir de quien no representa el sentir de la mayoría ciudadana, de la que surgió electo. De no ser así caeríamos en el absolutismo judicial y estaríamos ante un nuevo Luis XIV.

Nadie se ha planteado que los miembros de la Corte Suprema de Justicia a los que hace referencia la Constitución son los ministros que la integran, pero el Procurador General de la Nación, que no integra el Alto Tribunal, y que no es ministro sino cabeza del Ministerio Público Fiscal, tiene otras funciones. Es su obligación defender los intereses de la sociedad y velar por el fiel cumplimiento de las leyes del país. Tal como reza la C.N. en su parte pertinente.Por ende, aun con acuerdo del Senado, a mi juicio puede ser removido de un plumazo.

Una solución ecléctica, sería apelar a la “declaración de certeza”, prevista y regulada en el artículo 322 del Cód. Procesal. Ya que no es clara la Constitución Nacional y al respecto podría existir una eventual colisión lo que dispone la ley orgánica del ministerio Público, con las normas de la Carta Magna. El entuerto citado precedentemente, tiene solución en la propia Justicia, mediante un recurso efectivo con una celeridad tal que impida eventuales daños irreparables, sobre todo los que se pondrían causar a la institucionalidad del Estado, institucionalidad que todos debemos ayudar a preservar.

Es público y notorio que “para la procedencia de la acción meramente declarativa es necesario que concurran los siguientes aspectos: a) un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica concreta; b) que el accionante tenga un interés jurídico suficiente, en el sentido que la falta de certeza pueda producir un perjuicio o lesión actual y, c) que haya un interés específico en el uso de esta vía, lo que sólo ocurrirá cuando aquél no disponga de otro medio legal para darle fin inmediatamente (ED 123-421; LL 1989-D, 92).” (Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad, expediente N° 5852/03 caratulado "Distribuidora Berisso SRL c/ AFIP - DGI s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad", procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de La Plata, Pcia. de Bs.As.)

Se recuerda en este fallo del Superior que “La acción declarativa tiene una finalidad preventiva y no requiere la existencia de un daño consumado en resguardo de los derechos, es un medio suficiente para satisfacer el interés de la actora que se agosta en una mera declaración de certeza (conf. ED 131-353)”.

Tengamos en cuenta que, como sigue expresando el vocal preopinante “Lo más importante es analizar si la acción declarativa será eficaz, como modo de implantar el imperio del derecho, y de consiguiente la paz civil entre las partes, y desde ese punto de vista, la apreciación sobre la idoneidad de la vía declarativa no ha de depender tanto de un antecedente (cuál es la existencia de otro medio, al momento de origen del diferendo, como recurso para traerlo al tribunal), sino de una consecuencia de la labor jurisdiccional: la eficacia que ella pueda tener para restablecer la concordia de los sujetos del pleito" (Morello, Augusto Mario; Lucas Sosa, Gualberto; Berizonce, Roberto Omar; Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y Anotados. Tomo IV-A. Segunda edición. Segunda reimpresión. Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, p. 418).”

Finalmente creemos que el siguiente párrafo, adaptado al evento señalado, es de utilidad para resolver el entuerto con la urgencia del caso, dado su gravedad institucional: “Basta que se constate el perjuicio que podría causarse obligando al actor a recurrir a un procedimiento que no sólo fuera más largo y dispendioso, sino que mantuviera por más tiempo la incertidumbre y los efectos que con la acción declarativa o de certeza se quieren evitar. La aplicación irrestricta de la exigencia procesal del reclamo administrativo previo y el agotamiento de la vía administrativa, podría implicar poner trabas y dificultades al acceso a la justicia, lo que no se condice con la preservación de la garantía de la defensa en juicio y la tutela judicial efectiva, principios apuntalados como derechos humanos en las Convenciones Internacionales que tienen jerarquía constitucional (conf. Acción declarativa, agotamiento de la vía administrativa y no retroactividad del acto administrativo, Nota de Redacción, LL 2002-A, 809; en similar sentido, CNCiv., Sala H, 16/8/01, "Gilardone, Leonor y otro c/ G.C.B.A.").

En los EE.UU. el ministro de justicia ocupa tanto esta cartera como la jefatura de todos los fiscales de la nación. Al ser ministro de justicia, simultáneamente, después de cada período se va. Nada de pedirle su parecer o que crea que dura toda la vida. Dura lo que el PEN que gobierna, sea demócrata o republicano. Y es lo más acertado por cuanto si ganan los partidarios de Zaffaroni, no podrían encarar su política "progre" si a la cabeza de la Procuración, se encuentra un miembro conspicuo de la UCD. Es un ejemplo. Como nuestra CN es casi copia total de la de los EE.UU creo que es un antecedente valioso, a tener en cuenta. Lilita opina bien, pero no tiene en cuenta lo que surge de esta reforma de nuestra Carta Magna, donde ella misma desempeñó un excelente papel. Al mejor cazador...

Crítica de Juán Domingo Perón al comunista Salvador Allende

2017-06-28T12:44:00.003-07:00

General Juan Domingo Perón y general Augusto Pinochet

Esta historia, que se narra en los siguientes párrafos, tiene como destinatario especial a quienes durante la década del 70, no tenían la edad como para poder comprender lo que sucedió y, si se enteraron pasados los años, no estuvieron en condiciones de entender que la historia que se les ponía de manifiesto estaba sazonada con la triste realidad del relato, por lo que no fue comprendida sino mirando con un solo ojo EL IZQUIERDO. De esta forma se logró que lo más preciado que tenemos, la juventud, fuera envenenada por las mentiras marxistas. Pintaron a Salvador Allende, como a un “demócrata”, ocultando que la cruda realidad fue que este individuo hizo mal a Chile,y tendría que ser conocido históricamente como “Salvador Allende – El Comunista Subversivo”.

Asistía razón al general Juan Domingo Perón, cuando se opuso en forma taxativa al comunista Salvador Allende.

(http://www.elistas.net/lista/nuestra_historia_70/archivo/indice/91/msg/1001/)

En 1966 Salvador Allende, el “democrático” fue delegado por Chile y luego presidente a la Conferencia Tricontinental de La Habana, Cuba, más tarde participó de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), donde se concentraban todos los movimientos guerrilleros de Latinoamérica. Lo que lo muestra, a partir de la década del 60, política e ideológicamente comprometido en la “Guerra Revolucionaria” dirigida y apoyada operativa y materialmente por la URSS, a través de Cuba.

El mismo día que Allende ganaba las elecciones se constituía el Grupo de Amigos del Presidente (GAP), eufemismo con que se conocía la “guardia pretoriana” comandada por Max Marambio. Personaje que no era un simple “guardia personal” sino que, entrenado y adoctrinado en Pinar del Río (Cuba) en el año 1967 (3) respondía personalmente a Fidel Castro.” Obsérvese que nadie imputó a Marambio ser un vende patria o un cipayo. Ayudaba a otro país, no a Chile, pero a nadie se le ocurrió que era un traidor. Para el entonces grupo gobernante, colaborar con la comunista Cuba, estaba bien mirado.

La intervención y expropiación sistemática de empresas privadas se llevó a cabo por la aplicación de una vieja ley, la Nº 15020 del 15 de noviembre de 1962, sin aplicación desde que fue promulgada. Mediante la creación de los Consejos Campesinos, por Decreto Nº 481 del 21 de diciembre de 1970, la actividad rural fue afectada por la suba de impuestos, la ocupación violenta de los fundos y la expropiación de 6.4 millones de hectáreas.

Los hechos que configuraron la crisis, se sucedieron en una rápida continuidad:

· Se conoció que el jefe del GAP instruía a integrantes del MIR en insurrección urbana y guerra de guerrillas en campamentos asentados en La Zona de Temuco. (5).

· Entre estos episodios Fidel Castro visitó Chile y durante 15 días recorrió el país haciendo proselitismo de la revolución. En ese entonces repetía Castro “Existen pocas probabilidades de imponer la revolución sin recurrir a la violencia”.

· En julio de 1973 el cubano Manuel Piñeiro (alias Barbarroja) arribó a Santiago, Chile enviado por Fidel Castro. El “maestro de terroristas” y jefe de todos los espías cubanos fue puesto a disposición de Allende, con la finalidad de preparar al MIR para desatar la insurrección generalizada. En la nota de presentación el dictador caribeño acotaba: “Tú debes mejorar la correlación de fuerzas en caso de que estalle la lucha”.

Por su parte, el General Juán Domingo Perón, en una entrevista concedida al Giornale d’Italia, poco antes de las elecciones, decía: “...somos decididamente antimarxistas. Lo sucedido a Allende demuestra que cayó víctima de su sectarismo, de su política tendiente al exceso.

"Estoy seguro de que domaremos a la guerrilla. Chile nos ha enseñado muchas cosas. O los guerrilleros dejan de perturbar la vida del país o los obligaremos a hacerlo con los medios de que disponemos, los cuales, créame, no son pocos...”

"A Cuba le advierto que no haga el juego que hizo en Chile porque en Argentina podría desencadenarse una acción bastante violenta...”.

“Si la guerrilla insiste, sucederá lo que en Santiago, donde la responsabilidad no fue de los militares sino de los guerrilleros…...”.

No entendemos como los actuales peronistas, los de pura cepa, prestan atención a los cantos de sirena de “los entristas”.

Un artículo premonitorio sobre la angustiosa situación en Venezuela

2017-06-28T11:54:00.003-07:00

La crisis venezolana no da tregua y se acentúa con rasgos claros de catástrofe. Los problemas no se resuelven, sino que se potencian, lo que hace más difícil la vida cotidiana de cualquier ciudadano de clase media y de los sectores populares. Bienaventurados los que todavía pueden viajar al exterior y adquirir los productos básicos necesarios, práctica que, por lo demás, se hace más frecuente. Las noticias diarias que algunos medios independientes y las redes sociales resaltan son desastrosas. Un repaso, a vuelo de pájaro, da cuenta del proceso de cese de actividades de empresas nacionales o transnacionales con el consecuente daño para la economía y para los trabajadores que, al fin y al cabo, son los que pagan –con la pérdida de sus empleos– las consecuencias de erradas e irracionales políticas gubernamentales que en nada ayudan a la activación del aparato productivo doméstico y, mucho menos, incentivan la inversión extranjera. Damos cuenta de dos casos emblemáticos de industrias que han bajado la santamaría de forma repentina, debido a la situación cambiaria, a la falta de materias primas y otras “menudencias”, que no hacen rentables sus operaciones desde el punto de vista económico y financiero. Es así como la corporación estadounidense Clorox, fabricante de productos de limpieza, informó que descontinuaba sus operaciones en Venezuela “gracias a las restricciones impuestas por el gobierno nacional”, la incertidumbre económica y los problemas con el flujo de suministros (como cosa curiosa, al saberse la nueva sus acciones subieron en Wall Street). La respuesta del régimen no se hizo esperar, el propio vicepresidente ejecutivo de la república, Jorge Arreaza, lideró la toma de la compañía con los trabajadores para reiniciar las operaciones. Sabemos que eso es pan para hoy y hambre para mañana, al igual que ha sucedido con tantas empresas estatizadas que luego han fracasado estruendosamente.

(Seleccionado de la web del diario venezolano El Nacional, de Caracas, del 03 de octubre de 2014)

El TEDH señaló que no debe aplicarse al penado normas posteriores que lo perjudiquen

2017-06-26T21:18:00.002-07:00

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha condenado a España a pagar una indemnización de 30.000 euros por daños morales a la etarra Inés del Río Prada por aplicarle la 'doctrina Parot' de forma "retroactiva" y le ha instado a ponerla en libertad "en el plazo de tiempo más breve posible".

Se trata de la primera vez que Estrasburgo se pronuncia sobre la denominada 'doctrina Parot', que el Tribunal Supremo estableció en 2006 para determinar que los beneficios penitenciarios a los que accede un recluso deben aplicarse individualmente sobre cada una de las penas por las que haya sido condenado y no sobre el límite máximo de estancia en prisión de 30 años.

Los magistrados de la Sección Tercera del TEDH admiten con esta decisión el recurso presentado por la defensa de Del Río, condenada a más de 3.000 años de cárcel por varios asesinatos terroristas, entre ellos el que costó la vida a 12 policías en la plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986, y miembro de uno de los más sanguinarios 'comandos Madrid' de la historia junto a José Ignacio de Juana Chaos.

El TEDH desautoriza por unanimidad la decisión de la Audiencia Nacional de retrasar la salida de prisión de Del Río desde el 2 de julio de 2008 hasta el 27 de junio de 2017, al considerar que España vulneró el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que no puede existir una pena sin ley que la avale, el artículo 5.1, que contempla el derecho a la libertad y la seguridad.

Además, los magistrados de la Sección Tercera, que preside el andorrano Josep Casadevall, dan al Estado español un plazo de tres meses para indemnizar a la etarra y le imponen la obligación de pagarle otros 1.500 euros en concepto de costas procesales.

La 'Parot' es legal si no se aplica con retroactividad

La sentencia constata que la nueva jurisprudencia del Supremo "ha vaciado de sentido los beneficios penitenciarios por trabajo a aquellas personas condenadas en virtud del antiguo Código Penal de 1973" y señala que en el caso de Del Río "este giro jurisprudencial se ha producido después de la entrada en vigor del nuevo Código Penal de 1995".

A este respecto, el TEDH sostiene que los Estados son "libres de modificar su política penal, sobre todo al reforzar la represión de crímenes y delitos" pero añade que "las jurisdicciones internas no deberían aplicar retroactivamente y en detrimento del penado los cambios legislativos realizados después de la comisión de la infracción". "La aplicación retroactiva de las leyes penales posteriores sólo se puede admitir cuando el cambio legislativo sea favorable al acusado", añade.

De esta forma, el tribunal constata que la jurisprudencia del Supremo ha provocado "el alargamiento retroactivo de la pena que la recurrente debía cumplir en casi nueve años", en la medida en la que los beneficios penitenciarios con los que se habría podido beneficiar han resultado "completamente inoperantes, teniendo en cuenta la duración de las penas a las que había sido condenada".

La privación de libertad "no es regular"

En relación con la violación del artículo 5.1, que establece el derecho a la libertad y la seguridad, la sentencia establece que, desde el 3 de julio de 2008, la privación de libertad de Del Río "no es regular".

Lo argumenta la Sección Tercera indicando que la etarra "no podía en la época de los hechos prever de forma razonable que la duración efectiva de su privación de libertad se prolongaría más de nueve años". En concreto, la etarra, según dice el TEDH, "no podía prever en el momento en el que todas sus condenas fueron acumuladas que el método de cálculo de las redenciones sería objeto de un giro jurisprudencial del Tribunal Supremo y que éste sería aplicado de forma retroactiva".

Comenzó a cumplir en 1989

La etarra, que se encuentra recluida en una prisión de Murcia, fue condenada en el marco de ocho procedimientos penales por delitos terroristas que comenzó a cumplir en febrero de 1989.

Del Rio Prada, alias 'Nieves' y 'Pequeña', fue miembro de uno de los 'comandos Madrid' más sanguinarios de la historia y consiguió huir en una operación que los GEOS desarrollaron el 16 de enero de 1987 en un piso de la calle Río Ulla de Madrid, y en la que fueron detenidos seis etarras, entre ellos José Ignacio de Juana Chaos.

Entre los atentados por los que fue condenada también se encuentran el asesinato del comandante Saenz de Ynestrillas y otros dos militares; el atentado contra un land rover de la guardia civil que se produjo en la calle Juan Bravo de Madrid o el asesinato del vicealmirante Escrigas.

(Fuente:http://revistadejurisprudencia.elderecho.com/actualidad/Estrasburgo-Espana-doctrina-Parot-retroactiva_0_425625061.html

La Argentina incumplió obligaciones internacionales

2017-06-26T20:47:00.000-07:00

La Argentina tiene obligaciones internacionales, emergentes de los diversos Tratados que ha rubricado, en especial sobre la violación de los Derechos Humanos. Como Estado miembro de las Organización de las Naciones Unidas, tiene también idéntico tipo de obligaciones. En este caso es decir fuera de la naturaleza de las convenciones, los mandatos de las organizaciones internacionales, a las que adhirió nuestro país, representan también una fuente de obligaciones imperativas para nuestro país. Hemos observado que la Argentina, en los últimos años, se ha caracterizado empecinadamente en cumplir al pie de la letra con ciertas Convenciones y Tratados, que se citan asiduamente por parte de la Justicia, cuando de sancionar penalmente a militares argentinos se trata. En el caso de la ONU las Resoluciones emanadas de este organismo internacional son obligatorias para nuestro país, al haber rubricado oportunamente la Carta de San Francisco. Citamos tal detalle, importantísimo a nuestro modo de ver, ya que una de las más importantes de esas resoluciones es la resolución 1373 (2001), aprobada inmediatamente después de los ataques terroristas contra los Estados Unidos de América del 11 de septiembre de 2001, que impone extensas obligaciones jurídicas contra el terrorismo a todos los Estados. En su resolución el Consejo dispone además que todos los Estados “velen por el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos, y por qué, además de cualesquiera otras medidas de represión que se adopten contra esas personas, dichos actos queden tipificados como delitos graves en las leyes y otros instrumentos legislativos internos, y por qué el castigo que se imponga corresponda a la gravedad de esos actos”.

En resumen, el régimen jurídico creado por los instrumentos universales y por las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad contra el terrorismo contiene diversos instrumentos de justicia penal para enjuiciar los delitos graves cometidos por los terroristas. Se basa en la premisa de que los autores de los actos de terrorismo deben ser enjuiciados por sus propios gobiernos nacionales o extraditados a un país dispuesto a enjuiciarlos. El conocido principio aut dedere, aut judicare (extraditar o enjuiciar) tiene por objeto hacer que el mundo sea inhóspito para los terroristas (y para quienes los financian y apoyan) negándoles cobijo. Por cierto que la Argentina exhibió una suerte de renuencia a dar cumplimiento a tal resolución, y el motivo posiblemente es que el gobierno de los Kirchner nunca demostró algún interés en perseguir penalmente a los terroristas. El motivo se explica cuando vemos que en el Gobierno de ellos han sido designados en cargos de jerarquía muchísimos ex terroristas, que asesinaron con crueldad a sus víctimas, procediendo con sevicia y de modo inhumano. En el caso d atentados mortales con explosivos, que tuvieron como blanco a los militares, en numerosas ocasiones, podríamos calificar como genocidio la calidad de víctimas que se seleccionaban.

El Consejo de Seguridad, en su resolución 1373 (2001), exhortó a los Estados a que fomentaran la cooperación y aplicaran plenamente las convenciones y los protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo (apartado e) del párrafo 3) y decidió que los Estados denegaran cobijo a quienes financiaran, planificaran o cometieran actos de terrorismo, o prestaran apoyo a esos actos, o proporcionaran cobijo con esos fines (apartado c) del párrafo 2).

La Estrategia expresa la decisión de los miembros de la comunidad internacional de cooperar plenamente en la lucha contra el terrorismo de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional con el fin de localizar, negar refugio y someter a la acción de la justicia, según el principio de extradición o enjuiciamiento, a toda persona que apoye, facilite, participe o trate de participar en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos terroristas, o proporcione refugio.

No obstante, la normativa internacional de derechos humanos no se limita a la enumeración de derechos dentro del tratado. Incluye además derechos y libertades que han pasado a formar parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que obliga a todos los Estados, sean no partes en un tratado determinado.

Por ejemplo, muchos de los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como algunos de los derechos definidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reflejan normas del derecho internacional consuetudinario, que es una fuente importante del derecho internacional.

No hay una definición expresa de “terrorismo” como crimen en derecho internacional humanitario, pero ese conjunto de normas prohíbe ciertos actos cometidos en los conflictos armados que son semejantes a los actos terroristas tal como los han definido los instrumentos jurídicos universales contra el terrorismo y que quedarían comprendidos en estos instrumentos si se cometieran en tiempo de paz.

La toma de rehenes, por ejemplo, no sólo se considera delito en la Convención Internacional contra la toma de rehenes, sino que está además prohibida en el artículo común 3 de los Convenios de Ginebra, relativo a las personas que no participan en forma activa en las hostilidades en el caso de un conflicto armado que no tenga carácter internacional, y en el artículo 34 del Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a las personas que en caso de conflicto de carácter internacional o de ocupación se hallen en poder de una parte en el conflicto, o de una Potencia ocupante de la cual no sean nacionales, y también está prohibida por los dos Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra.”.

Algo mas sobre la inútil discusión del dos por uno.

2017-05-22T20:38:00.002-07:00

El Estatuto para el Tribunal Internacional de Rwanda señala, como otros tribunales internacionales, en el “Artículo 27” - Indulto y conmutación de pena – “Si el condenado puede beneficiarse de un indulto o de una conmutación de pena en virtud de las leyes del Estado en la cual está preso, ese Estado avisa al Tribunal Internacional para Ruanda. Un indulto o una conmutación de pena no es acordada más que si el Presidente del tribunal Internacional para Ruanda, de acuerdo con los jueces, lo decide según los intereses de la justicia y sobre la base de los principios generales del derecho.” (…)

Con motivo de la discusión abierta en torno a la aplicación de la ley conocida como del 2x1, uno de los argumentos usados por sus detractores es que, el derecho internacional humanitario consuetudinario, exige que no haya impunidad, en delitos que configuran violaciones de los derechos humanos.

Hay quienes se enrolan en una teoría restrictiva, por cuanto no dejan un resquicio como para no compartir tal tesitura. Inexorablemente, los “halcones” a quienes llamamos así por su irreductibilidad, sostienen que no existen antecedentes de actos de clemencia, relacionados con el cumplimiento de las penas impuestas. a los autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Dejamos a un lado, otros crímenes del mismo tipo, casi similares pero distintos.

El grupo que podríamos denominar “las palomas” no se oponen a las sanciones penales, pero señalan que el penado, en especial, que fuera reconocido como autor de delitos internacionales contra los derechos humanos, debe ser tratado como una persona privada de su libertad por la Justicia, ni más ni menos. Con todos los derechos de un convicto y de un condenado penalmente. Pensar lo constrario es discriminación y se viola la norma que señala en la Constituición Nacional que, ante la ley todos somos iguales.

Dos casos que estuvieron a punto de crear un leading case: Arancibia Clavel y Lariz Iriondo.

2017-05-04T17:08:00.000-07:00

Dr. Salvador Allende, conspicuo dirigente comunista chileno

Arancibia Clavel y Lariz Iriondo: dos fallos en el contexto de la guerra revolucionaria de los 60/70 y el terrorismo internacional de los 80. Ambos son un elocuente ejemplo de la influencia política e ideológica sobre los Tribunales de la República, lo que provoca un grave daño a la Justicia como valor permanente y por ende a la paz social

1.- Caso ARANCIBIA CLAVEL

Antecedentes

Instalado en Cuba el gobierno marxista de Fidel Castro, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), asignó al Comité o Comisariato de Seguridad de Estado (KGB) como una de sus tareas principales impulsar a los movimientos revolucionarios comunistas de América latina a la toma del poder, ya fuera mediante la lucha armada o a través de elecciones (llamada esta última`”La vía pacífica al comunismo”)

En 1966 Salvador Allende (2) fue delegado por Chile y luego presidente a la Conferencia Tricontinental de La Habana, más tarde participó de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), donde se concentraban todos los movimientos guerrilleros de Latinoamérica. Lo que lo muestra, a partir de la década del 60, política e ideológicamente comprometido en la “Guerra Revolucionaria” dirigida y apoyada operativa y materialmente por la URSS, a través de Cuba.

El 4 de septiembre de 1970, Allende ganó las elecciones presidenciales por el 1.5% del padrón electoral (39000 votos), convirtiéndose en el primer presidente marxista que llegaba al poder por el sufragio popular en Sudamérica.

El nuevo gobierno. Situación general

Ni bien accedió Allende al poder, la situación económico social comenzó a deteriorarse rápidamente. De una inflación del 20% anual se llegó en tres años al 606%. Este fue el resultado de una emisión de moneda en forma descontrolada por el Banco Central, fundamentalmente para la compra de acciones de empresas privadas a través de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), instrumento principal para la imposición de una reforma agraria de extremo corte marxista.

El mismo día que Allende ganaba las elecciones se constituía el Grupo de Amigos del Presidente (GAP), eufemismo con que se conocía la “guardia pretoriana” comandada por Max Marambio. Personaje que no era un simple “guardia personal” sino que, entrenado y adoctrinado en Pinar del Río (Cuba) en el año 1967 (3) respondía personalmente a Fidel Castro.

La intervención y expropiación sistemática de empresas privadas se llevó a cabo por la aplicación de una vieja ley, la Nº 15020 del 15 de noviembre de 1962, sin aplicación desde que fue promulgada.

Mediante la creación de los Consejos Campesinos, por Decreto Nº 481 del 21 de diciembre de 1970, la actividad rural fue afectada por la suba de impuestos, la ocupación violenta de los fundos y la expropiación de 6.4 millones de hectáreas.

El 16 de julio de 1971 se promulgó la Ley N ª 17450 que permitía expropiar empresas sin compensación, por ganancias excesivas. Ésta sirvió al gobierno para nacionalizar la minería chilena, principal fuente de riqueza del país.

La balanza comercial llegó a niveles deficitarios nunca alcanzados antes y las reservas del Banco Central cayeron a valores alarmantes. Ante esta situación aparecieron el “mercado negro” y la remarcación de precios. El gobierno respondió con la Junta de Control de Precios y Abastecimiento (JAP) que sólo logró el incremento del mercado negro (“negocio “que pasó a ser explotado por el MIR y el GAP).

A Chile se le cortaron los créditos internacionales; en esas circunstancias el Presidente Allende, haciendo profesión de su fe marxista, viajó a la URSS para obtener dinero fresco, sin tener en cuenta que la ex Unión Soviética otorgaba fondos para hacer la revolución, pero no para sostener un gobierno. El resultado fue que la gestión presidencial no obtuvo lo suficiente para superar la crisis.

Los partidos políticos veían con alarma que el gobierno quería imponer un nuevo Chile marxista, primero dentro de un marco legal y, de no ser así, por medio de la fuerza. Sólo faltaba saber qué actitud tomarían las FFAA.

El Ejército. El General Prats.

El crecimiento exponencial de la violencia política y la existencia del MIR integrando cuadros del gobierno y simultáneamente armándose, instruyendo y reclutando militantes en camino de constituir un ejército paralelo al institucional, vislumbraba la guerra civil como resultado final.

El 25 de octubre de 1970, antes de la asunción de Allende, fue asesinado el general René Schneider Chereau, Comandante en Jefe del Ejército y decidido antimarxista. El todavía presidente, Eduardo Frei Montalva, designó en su remplazo al General Carlos Prats González (27 de octubre de1970) quien posteriormente resultó confirmado en su cargo por Allende.-

El crimen, atribuido a personeros del gobierno, produjo un gran malestar entre los oficiales del Ejército, que llevaron la inquietud a su Comandante en Jefe, quien no canalizó adecuadamente esa preocupación.

Prats, que era considerado un buen profesional y legalista como su antecesor, fue inicialmente bien visto por los cuadros del Ejército. Pero el correr del tiempo demostraría que de ser el representante del Ejército ante el gobierno, se transformaría en representante del gobierno ante su institución. Se politizò y se alejó del profesionalismo militar.-

Los hechos que configuraron la crisis, se sucedieron en una rápida continuidad:

· Se conoció que el jefe del GAP instruía a integrantes del MIR en insurrección urbana y guerra de guerrillas en campamentos asentados en La Zona de Temuco. (5).

· En octubre de 1972 se produjo un paro general de camioneros que virtualmente paralizó a Chile. Allende como demostración de fuerza designó al general Prats Ministro del Interior, reteniendo su cargo de Comandante del Ejército. A partir de allí Prats se transformó en un funcionario político del presidente.

· Entre estos episodios Fidel Castro visitó Chile y durante 15 días recorrió el país haciendo proselitismo de la revolución. En ese entonces repetía Castro “Existen pocas probabilidades de imponer la revolución sin recurrir a la violencia”.

· En julio de 1973 el cubano Manuel Piñeiro (alias Barbarroja) arribó a Santiago enviado por Fidel Castro. El “maestro de terroristas” y jefe de todos los espías cubanos fue puesto a disposición de Allende, con la finalidad de preparar al MIR para desatar la insurrección generalizada. En la nota de presentación el dictador caribeño acotaba: “Tú debes mejorar la correlación de fuerzas en caso de que estalle la lucha”.

Asesinato de Prats. Juicio y pedido de extradición.

El 30 de septiembre de 1974, durante el gobierno de Isabel Perón, fueron asesinados el Gral. Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, mediante la explosión de una bomba colocada en el Fiat 125 de su propiedad, frente al Nº 3351 de la calle Malabia. Intervino en la causa el juez penal Dr. Alfredo Nocetti Fasolino, quien dictó un sobreseimiento provisional al no poder identificar a los culpables.

Es necesario recordar que en esos momentos eran cotidianos los atentados de este tipo a personas, vehículos y/o edificios, en el marco de la guerra revolucionaria que asolaba a nuestro país.

La causa fue reabierta con posterioridad, por las declaraciones acusatorias de un integrante de la CIA, en los EEUU, quien indagado por otros delitos identificó al chileno Arancibia Clavel, radicado en Buenos Aires, como miembro de la célula que cometió el atentado. Arancibia Clavel fue detenido en nuestro país el 18 de enero de 1996, por orden de la jueza Dra. Servini de Cubría.

El tribunal Oral Federal Nº 6 consideró a Arancibia Clavel, “partícipe necesario del homicidio del General Prats y su esposa, agravado por el uso de explosivos y por concurso de dos o más personas. Además se le imputa ser responsable de la conducta consistente en pertenecer a una asociación ilícita integrada por diez o más personas en una organización de tipo militar e integrada por oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas chilenas, quienes disponían de armas de fuego y explosivos, recibían apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos de la República de Chile; entendidos estos partícipes, como miembros de un gobierno de facto”.

Asimismo se acreditó que el imputado había formado parte de la ex Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (ex DINA), división exterior, entre los años 1974 y 1978.

Por todo lo actuado el Tribunal Oral falló contra el acusado Clavel el 20 de noviembre de 2000: “como autor del delito de asociación ilícita agravada, en concurso real, con el de participación necesaria en el homicidio.” La parte demandada apeló a la Cámara de Casación Penal, ésta sobreseyó al imputado en el delito de asociación ilícita, por el motivo de prescripción de ese delito, el 27 de mayo de2003.

La parte querellante, el Dr. Moreno Ocampo en representación del Gobierno de Chile, interpuso recurso extraordinario federal, por entender como arbitrario el fallo de Casación.-

El Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, dictaminó que entendía que la decisión de la Cámara de Casación Penal contaba con los argumentos suficientes para descartar la acusación de fallo arbitrario.

Finalmente la CSJN falló correspondiendo al criterio de aplicar tratados internacionales y el “ius gentium” (Derecho de gentes). Declaró procedente el recurso extraordinario presentado por el Gobierno de Chile. Dejó sin efecto la sentencia de Casación (el sobreseimiento de la asociación ilícita) y remitió los autos al tribunal de origen para que se fallara conforme a su dictamen.

En esencia la CSJN aplicó el Derecho Internacional Consuetudinario (Ius cogens) aplicado con anterioridad y por primera vez en los juicios a las Juntas Militares.

Arancibia Clavel fue condenado a 20 años de prisión, de los cuales, por aplicación del 2 por 1 cumplió sólo 11, permaneciendo en libertad condicional desde el 27 de agosto de 2007, con la prohibición de abandonar el país.

Entre los numerosos constitucionalistas que observaron críticamente esta errónea doctrina judicial, rescatamos lo expresado por el jurisconsulto Dr. Miguel Padilla: “Sin embargo, se ha dicho que en razón de escaso número de Estados que han expresado su consentimiento en obligarse por ella (ius cogens o costumbre internacional) y de la práctica de rechazarse pedidos de extradición por tales crímenes, fundados precisamente en la prescripción de la acción, resultaría difícil sostener que esta regla tenga una fuente tanto convencional como consuetudinaria, que por ende, pudiera tratarse de un principio general del derecho internacional bien reconocido por la comunidad internacional (7)

El Dr. Padilla se preguntó: ¿Puede caber alguna duda en cuanto a la aplicabilidad de las normas del Estatuto de Roma solamente para los hechos y actos posteriores a su entrada en vigencia? En definitiva este destacado constitucionalista rechazaba la costumbre de regirse por la costumbre internacional y señalaba explícitamente que el Estatuto de Roma (Arts 7 y 11) no era aplicable a este caso por la fecha en que ocurrieron estos delitos.

El Estatuto de Roma que se aprobó el 17 de julio de 1998 y entró en vigor el 1 de julio de 2002, expresa en forma explícita:”La corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto”. La Nación Argentina depositó el instrumento de ratificación recién en el año 2004

2.- Caso LARIZ IRIONDO

Jesús María Lariz Iriondo nacido en Izola (Guizpuroa- España) en 1957, alias Miki o Maki, casado con Juana Tarallo de nacionalidad uruguaya, reconocido militante de la organización terrorista Patria Vasca y Libertad (ETA)(8) estaba acusado internacionalmente de asociarse ilícitamente para cometer actos de terrorismo.

Tras escapar de España en 1985 residió en la República Oriental del Uruguay. En noviembre de 2002, después que la justicia uruguaya denegara su extradición a España, el presidente Jorge Batlle lo expulsó del país. Lariz Iriondo se estableció en la Argentina en la convicción de que aquí contaría con el apoyo político para burlar la ley

Desde ese entonces el etarra quedó a disposición de la justicia argentina, requerido por la Audiencia Nacional de Madrid que, basada en la existencia de un tratado de extradición y asistencia Judicial en materia Penal entre la Rep. Argentina y el Reino de España (Ley 23708 del 20 de octubre de 1989), pidió su extradición (9), por:

· 8 de diciembre de 1982, colocación de una bomba en el Banco Santander de Azcotia – España.

· 9 de enero de 1983, colocación de una bomba en el Banco Guipuzcoano de Deva –España.

· 11 de junio de 1983 colocación de una bomba en el Banco Santander de Vergara- España.

· 15 de agosto de 1983, colocación de una bomba en el Banco Vizcaya de Métrico- España.

· 9 de Octubre de 1984, constituir con otros cuatro etarras un comando terrorista para secuestrar a punta de pistola a un ciudadano español y hacerse de su vehículo con el objeto de llevar a cabo un atentado con bombas a un coche policial, provocando heridas de consideración a dos auxiliares de policía, su conductor y logrando la destrucción total del rodado estatal.

· 6 de Agosto de 1985 destrucción de dos autobuses con bombas Molotov, en la localidad de Villa Bona España

Pedido de extradición .

El pedido de extradición de Jesús María Lariz Iriondo recayó en el Juzgado Federal Nº 11 a cargo del juez Dr. Claudio Bonadìo quien negó la extradición por entender que el requerimiento, formulado desde España por el juez Garzón, mostraba “inconsistencias” e “imprecisiones” y concluyó que los supuestos delitos imputados estaban prescriptos par la legislación argentina. Pronunciamiento que mereció la apelación por parte del Ministerio Público Fiscal.

El 10 de mayo de 2005 la CSJN resolvió el recurso extraordinario confirmando por mayoría e inexplicablemente la sentencia del juez Bonadìo, denegando el pedido de extradición requerido por el Reino Español, a pesar de estar fundamentado en el tratado que obliga a nuestro país en casos como el de Lariz Iriondo, militante confeso de la ETA requerido por INTERPOL por más de media docena de crímenes debidamente documentados.

Basados en una particular interpretación de la Ley Penal, consideraron que la acción por la cual se pidió al terrorista, se encontraba prescripta para la legislación argentina, y así lo afirmaron de consuno los Ministros Enrique Petrachi, Elena Higton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay.

Señalaron los magistrados que: “dicha prescripción es un recaudo insoslayable, que surge de la convención, firmada entre los países, aplicable al caso y que obviarlo apartaría a la Corte de su jurisprudencia según la cual los convenios y leyes destinados a reglar las relaciones entre los Estados en la materia, deben considerarse como una garantía sustancial de que una persona no será entregada, sino en los casos y las condiciones fijadas en el tratado o la Ley.” En similar sentido los Drs. Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni agregaron en sus pronunciamientos que: “no debe confundirse la consideración del terrorismo como crimen de lesa humanidad, lo que no ha sido consagrado en general por el derecho internacional consuetudinario”.

Por su parte los Dres. Carlos Fayt y Augusto Belluscio votaron en contra de la extradición, aunque el último de los citados justificó su voto “en virtud de las razones que expuse en la causa Arancibia Clavel”

En esa inteligencia, dijeron que no existía un desarrollo progresivo suficiente en el derecho internacional que permitiera concluir que todos y cada uno de los actos que a partir de tratados internacionales pasan a ser calificados como actos de terrorismo, pueden reputarse, tan sólo por esa circunstancia, como delitos de Lesa Humanidad. Además, afirmaron que la situación de Lariz Iriondo no era análoga con las que se habían presentado en la causa “Arancibia Clavel”

Finalmente, el Dr. Antonio Boggiano falló en disidencia, al entender, concordante con el Procurador General Esteban Justo Righi, que los hechos por lo cuales era requerido Lariz Iriondo, integraban el género de delitos “Iuris Pentium” (sin tiempo). Reconoció al terrorismo como una de las formas más brutales de la violencia que actualmente perturba a la comunidad internacional.

Su voto fue el único para conceder la extradición solicitada por el Reino de España.

En sus fundamentos dijo que … “este tipo de delitos resultan imprescriptibles por aplicación del principio con que se califica a los delitos de “lesa humanidad”, derivado tanto del Derecho Internacional Consuetudinario, cuanto de la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.- Luego corresponde una interpretación de las normas internas sobre prescripción, que alcance la mayor armonía con los valores, normas y principios internacionales reconocidos sobre delitos de lesa humanidad.”

En medio del malestar manifiesto del gobierno español por la decisión de la Corte Suprema, la esposa del terrorista, Juana Tarallo, inició los trámites en su país para conseguir un salvoconducto del gobierno uruguayo que le permitiera a Lariz Iriondo viajar de Buenos Aires a Montevideo-

El presidente Tabaré Vázquez por decreto anuló la expulsión anteriormente dictada lo que permitió a Iriondo "retomar su vida cotidiana" en el Uruguay.

Consideraciones Generales

La CSJN expresó taxativamente que los casos Arancibia Clavel y Lariz Iriondo eran diferentes. Sin embargo, al no considerar en sus fallos las particulares similitudes existentes en ellos, referentes a que ambos tenían la misma naturaleza por ser delitos de carácter político, entró en auto contradicción.

Arancibia Clavel, ciudadano chileno, miembro de una institución oficial de su país (DINA), formó parte del grupo que asesinó al general chileno Prats y su señora esposa en la República Argentina durante 1974. Fue sometido a proceso en 1996.

Lariz Iriondo, ciudadano español, miembro de la organización terrorista vasca ETA, autor de numerosos atentados con explosivos en el territorio de su país entre 1982 y 1985, con pedido de captura internacional y por el cual el Reino de España requirió su extradición al conocerse su presencia en la Argentina en el 2002.

Al tiempo de iniciárseles proceso habían transcurrido 22 y 17 años respectivamente de las fechas de comisión de sus delitos; es decir que en los dos casos habían vencido los plazos de prescripción de la acción penal , de acuerdo con la legislación argentina.

También en ambos casos los instrumentos legales que configuraban sus delitos como de Lesa Humanidad (Estatuto de Roma - 2004 y/o Tratado de Extradición con el Reino de España - 1989) tuvieron vigencia varios años después de cometidos aquellos crímenes, por lo tanto resultaban inaplicables.

Como consecuencia de lo expuesto, tanto Arancibia Clavel como Lariz Iriondo debieron haber quedado en libertad, o tal vez deberían haber sido los dos procesados y condenados en el supuesto de aplicarse el concepto del Derecho Internacional Consuetudinario (ius cogens), que pena los crímenes de Lesa Humanidad, sin considerar la aplicación retroactiva del Estatuto de Roma.

No fue así. Se emplearon principios jurídicos esencialmente diferenciados en cada caso. Si bien los detalles y circunstancias hacían a estos casos distintos entre sí, no era menos cierto que guardaban características análogas, tales como la prescripción de la acción penal y la inaplicabilidad de los Estatutos o Tratados cuya vigencia fuese posterior a la comisión de los delitos.

Tales similitudes imponían un tratamiento que respetara esas instituciones del Derecho en los dos casos.

Una vez más, en los crímenes de Arancibia Clavel, la sentencia de la CSJN violó la Constitución Nacional y el principio de irretroactividad de la ley penal, utilizando los argumentos derivados de casos específicos en contextos internacionales no pertinentes y pese a que en el Estatuto de Roma se hace hincapié precisamente en que su aplicación corresponde sólo a delitos cometidos con posterioridad a la fecha de su vigencia (2004).

En cuanto a Lariz Iriondo, la CSJN incumplió la ley que convalidó el Tratado con el Reino de España, al negar la extradición del terrorista pese a la contundencia de los crímenes acreditados.

En la diferencia existente entre estos fallos se proyecta la sombra de nuestra Guerra Revolucionaria y de la consecuente postura gubernamental. Mediante la sistemática alteración de principios básicos del Derecho se pretende mantener una persecución judicial “sine die” sobre los miembros de las FFAA y subordinadas que combatieron militarmente a la subversión terrorista. Simultáneamente se exonera, utilizando similares prácticas, a la totalidad de los integrantes de las Organizaciones Político Militares que desencadenaron el conflicto terrorista en el país.

Días atrás la CSJN ha dado muestras de un cambio respecto de conductas anteriores. Se trata del fallo que autoriza la extradición del terrorista chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra, jefe del extremista Frente Patriótico Manuel Rodríguez, autor intelectual del asesinato de un senador nacional y del secuestro de un periodista, ambos en su país durante el año 1991.

Será fundamental observar de aquí en más la postura del Poder Ejecutivo ante este fallo por cuanto, en caso de negarlo basado en razones ideológicas o por presiones de grupos radicalizados que le brindan apoyo político a cambio de reconocimiento y dádivas, es posible que la República Argentina dé un paso más en dirección a ser considerada “santuario terrorista” a nivel internacional.

FIN DEL BOLETÍN Nº 174.-

1.- Caso ARANCIBIA CLAVEL

Antecedentes

El nuevo gobierno. Situación general

El Ejército. El General Prats.

Los hechos que configuraron la crisis, se sucedieron en una rápida continuidad:

· Se conoció que el jefe del GAP instruía a integrantes del MIR en insurrección urbana y guerra de guerrillas en campamentos asentados en La Zona de Temuco. (5).

Asesinato de Prats. Juicio y pedido de extradición.

Es necesario recordar que en esos momentos eran cotidianos los atentados de este tipo a personas, vehículos y/o edificios, en el marco de la guerra revolucionaria que asolaba a nuestro país.

Asimismo se acreditó que el imputado había formado parte de la ex Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (ex DINA), división exterior, entre los años 1974 y 1978.

La parte querellante, el Dr. Moreno Ocampo en representación del Gobierno de Chile, interpuso recurso extraordinario federal, por entender como arbitrario el fallo de Casación.-

En esencia la CSJN aplicó el Derecho Internacional Consuetudinario (Ius cogens) aplicado con anterioridad y por primera vez en los juicios a las Juntas Militares.

El Dr. Padilla se preguntó: ¿Puede caber alguna duda en cuanto a la aplicabilidad de las normas del Estatuto de Roma solamente para los hechos y actos posteriores a su entrada en vigencia? En definitiva este destacado constitucionalista rechazaba la costumbre de regirse por la costumbre internacional y señalaba explícitamente que el Estatuto de Roma (Arts 7 y 11) no era aplicable a este caso por la fecha en que ocurrieron estos delitos.

2.- Caso LARIZ IRIONDO

· 8 de diciembre de 1982, colocación de una bomba en el Banco Santander de Azcotia – España.

· 9 de enero de 1983, colocación de una bomba en el Banco Guipuzcoano de Deva –España.

· 11 de junio de 1983 colocación de una bomba en el Banco Santander de Vergara- España.

· 15 de agosto de 1983, colocación de una bomba en el Banco Vizcaya de Métrico- España.

· 6 de Agosto de 1985 destrucción de dos autobuses con bombas Molotov, en la localidad de Villa Bona España

Pedido de extradición .

Su voto fue el único para conceder la extradición solicitada por el Reino de España.

El presidente Tabaré Vázquez por decreto anuló la expulsión anteriormente dictada lo que permitió a Iriondo "retomar su vida cotidiana" en el Uruguay.

Consideraciones Generales

Tales similitudes imponían un tratamiento que respetara esas instituciones del Derecho en los dos casos.

FIN DEL BOLETÍN Nº 174.- (Extraído del:

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