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Ley N° 3966 Orgánica Municipal (actualizada 2021)

2026-04-09T12:48:00.000-07:00

LEY N° 3.966

ORGÁNICA MUNICIPAL.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Del Municipio

Artículo 1°.- El Municipio.

El municipio es la comunidad de vecinos con gobierno y territorio propios, que tiene por objeto el desarrollo de los intereses locales. Su territorio deberá coincidir con el del distrito y se dividirá en zonas urbanas y rurales.

Art. 2°.- La creación, fusión, delimitación y modificación territorial de los municipios serán dispuestas por Ley, siempre que reúna los siguientes requisitos:

a) una población mínima de 10.000 (diez mil) habitantes, residentes en el perímetro establecido para el futuro municipio;

b) la delimitación debe ser exclusivamente por límites naturales como: ríos, arroyos, lagos o cerros y artificiales como rutas, caminos vecinales, esquineros o inmuebles bien identificados con el correspondiente número de finca o padrón;

c) el informe pericial y el plano de referencia (georreferenciado) del territorio que abarcará el futuro municipio, deben contener los rumbos, distancias y linderos de cada línea, con sus respectivas coordenadas geográficas, conforme al Sistema Universal Transversal de Mercator (UTM) de cada vértice del polígono que la conforma, la intra y extrapoligonal, elaborados y firmados por un ingeniero en Ciencias Geográficas o licenciado en Ciencias Geográficas o topógrafo o agrimensor, debidamente acreditado para el ejercicio de la profesión en el territorio nacional;

d) una capacidad económica, financiera, suficiente para sufragar los gastos de funcionamiento de su gobierno, administración y de prestación de servicios públicos esenciales de carácter municipal;

e) que la creación no afecte el normal desenvolvimiento de los municipios vecinos, no dejar al municipio madre sin recurso económico al desprenderse de la misma;

f) que estén funcionando regularmente en el lugar, Juntas Comunales de Vecinos o Comisiones de Fomento Urbano, reconocidas por las autoridades locales;

g) una petición de los vecinos, expresada formalmente y firmada por el 10% (diez por ciento), por lo menos de la población a que se refiere el inciso a);

h) al crearse un municipio, la ley no cambiará el nombre toponímico, salvo que concurran circunstancias excepcionales;

i) el futuro municipio debe contar con la infraestructura urbana mínima, necesaria, propia de un pueblo o ciudad con calles y caminos bien trazados, escuelas, colegios, centro de salud, comisaría policial, oficina del registro civil y de los entes prestadores de los servicios básicos de agua y fluido eléctrico;

j) presupuesto anual del municipio madre y monto que corresponderá anualmente en el futuro al nuevo municipio en concepto de impuestos, tasas, y otros rubros como royaltíes y cánones por juegos de azar;

k) el proyecto de futuro municipio debe estar acompañado por el informe pericial de cómo quedará el municipio madre, toda vez que la misma tenga ley de creación con límites bien definidos;

l) exposición de motivos;

m) proyecto de ley.

El requisito establecido en el Inciso a) de este articulo, podrá ser omitida cuando circunstancias especiales relacionadas con la mejor administración en razón del tamaño del territorio y la distribución poblacional hagan aconsejable la división de un municipio madre para la creación del segundo.

Modificado por: Artículo 1 de Ley Nº 4715/12 - MODIFICA Y AMPLIA LA LEY Nº 3966/10 “ORGANICA MUNICIPAL"

Artículo 3º.- Período de Elecciones.

Si la creación de un municipio se estableciera dentro de la primera mitad del mandato de las últimas elecciones municipales, la Justicia Electoral realizará la convocatoria a elección de sus autoridades para que las mismas se realicen en un plazo no mayor de ocho meses.

Cuando la creación se establezca dentro de la segunda mitad del mandato, la elección coincidirá con las próximas elecciones municipales. En todos los casos, el territorio del nuevo municipio continuará bajo la administración del o de los municipios, cuyos territorios hayan sido desmembrados hasta la asunción de sus autoridades.

CAPÍTULO II

De la Municipalidad

Artículo 4º.- Municipalidad.

El gobierno de un municipio es la municipalidad.

Habrá una municipalidad en cada uno de los municipios en que se divide el territorio de la República, cuyo asiento será el pueblo o ciudad que se determine en la ley respectiva.

Artículo 5°.- Las Municipalidades y su Autonomía.

Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos, de conformidad al Artículo 166 de la Constitución Nacional.

Artículo 6°.- Representación del Municipio.

Corresponde a la municipalidad la representación del municipio, la disposición y administración de sus bienes e ingresos, la prestación de los servicios públicos en general, y toda otra función establecida en la Constitución Nacional y en las leyes.

Artículo 7°.- Derechos y Obligaciones.

La municipalidad podrá adquirir derechos y contraer obligaciones y goza de las ventajas y privilegios que la legislación reconozca a favor del Estado, con relación a los tributos y demás actos jurídicos que celebre con otras personas jurídicas o físicas.

Esta disposición rige también para las asociaciones de municipalidades.

Artículo 8°.- Grupos de Municipalidades.

Las municipalidades del país, a excepción de Asunción, serán agrupadas según sean los montos de los respectivos presupuestos generales, como sigue:

Primer grupo: Superiores al 50% (cincuenta por ciento) del promedio anual del total de los montos presupuestarios correspondientes a las municipalidades de las capitales departamentales.

Segundo grupo: Inferiores al 50% (cincuenta por ciento) del promedio mencionado en el punto anterior, hasta el 12% (doce por ciento) del mismo promedio.

Tercer grupo: Inferiores al 12% (doce por ciento) del promedio mencionado en el punto anterior, hasta el 3% (tres por ciento) del mismo promedio.

Cuarto grupo: Inferiores al mínimo establecido para el tercer grupo.

La determinación del grupo al cual corresponden las municipalidades conforme a lo dispuesto en este artículo, será establecida por decreto del Poder Ejecutivo, debiendo revisarse esta clasificación para cada elección municipal.

Artículo 9°.- Protección de Recursos Municipales.

Ninguna institución del Estado, ente autónomo, autárquico o descentralizado podrá apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades, de conformidad al Artículo 170 de la Constitución Nacional.

Artículo 10.- Recaudación de Tributos de Carácter Nacional.

Las municipalidades no están obligadas a recaudar tributos de carácter fiscal, sino de conformidad con la Ley. Sin embargo, podrán celebrar acuerdos con el Ministerio de Hacienda para la recaudación de dichos tributos, a cambio de una retribución que será prevista en el convenio de delegación.

Artículo 11.- Intervención de Municipalidades.

De conformidad al Artículo 165 de la Constitución Nacional, las municipalidades podrán ser intervenidas por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, en los siguientes casos:

1) a solicitud de la Junta Municipal, por decisión de la mayoría absoluta;

2) por desintegración de la Junta Municipal, que imposibilite su funcionamiento; y,

3) por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República.

La intervención no se prolongará por más de noventa días, y si de ella resultase la existencia del caso previsto en el inciso 3), la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, podrá destituir al Intendente, o a la Junta Municipal, debiendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocar a nuevos comicios para constituir las autoridades que reemplacen a las que hayan cesado en sus funciones, dentro de los noventa días siguientes a la resolución dictada por la Cámara de Diputados.

CAPÍTULO III

De las Funciones Municipales

Artículo 12.- Funciones.

Las municipalidades no estarán obligadas a la prestación de los servicios que estén a cargo del Gobierno Central, mientras no sean transferidos los recursos de conformidad a los convenios de delegación de competencias, previstos en los Artículos 16, 17 y 18.

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior y de conformidad a las posibilidades presupuestarias, las municipalidades, en el ámbito de su territorio, tendrán las siguientes funciones:

1. En materia de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial:

a. la planificación del municipio, a través del Plan de Desarrollo Sustentable del Municipio y del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial;

b. la delimitación de las áreas urbanas y rurales del municipio;

c. la reglamentación y fiscalización del régimen de uso y ocupación del suelo;

d. la reglamentación y fiscalización del régimen de loteamiento inmobiliario;

e. la reglamentación y fiscalización del régimen de construcciones públicas y privadas, incluyendo aspectos sobre la alteración y demolición de las construcciones, las estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas y electromecánicas, acústicas, térmicas o inflamables;

f. la reglamentación y fiscalización de la publicidad instalada en la vía pública o perceptible desde la vía pública;

g. la reglamentación y fiscalización de normas contra incendios y derrumbes;

h. la nomenclatura de calles y avenidas y otros sitios públicos, así como la numeración de edificaciones;

i. el establecimiento, mantenimiento y actualización de un sistema de información catastral municipal.

2. En materia de infraestructura pública y servicios:

a. la construcción, equipamiento, mantenimiento, limpieza y ornato de la infraestructura pública del municipio, incluyendo las calles, avenidas, parques, plazas, balnearios y demás lugares públicos;

b. la construcción y mantenimiento de los sistemas de desagüe pluvial del municipio;

c. la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, de conformidad con la ley que regula la prestación de dichos servicios, en los casos que estos servicios no fueren prestados por otros organismos públicos;

d. la construcción, equipamiento y mantenimiento de los caminos vecinales rurales y otras vías de comunicación que no estén a cargo de otros organismos públicos;

e. la regulación y prestación de servicios de aseo, de recolección, disposición y tratamiento de residuos del municipio;

f. la regulación de servicios funerarios y de cementerios, así como la prestación de los mismos;

g. la regulación, así como la organización y administración de los centros de abasto, mercados, mataderos y ferias municipales, y similares.

3. En materia de transporte público y de tránsito:

a. la prestación, regulación y fiscalización del servicio de transporte público de pasajeros y de cargas;

b. la regulación y fiscalización del tránsito en calles, avenidas y demás caminos municipales, incluyendo lo relativo a la seguridad y la circulación de vehículos y de peatones, y los requisitos de conducir para mayores de edad. En los tramos de rutas nacionales e internacionales que atraviesen un municipio, estas facultades serán ejercidas por la autoridad establecida para el efecto por el Gobierno Central;

c. la regulación y fiscalización del estado de los vehículos con atención preferencial de la seguridad pública, a la higiene y salubridad, y a la prevención de la contaminación.

Los requisitos mínimos para la habilitación del transporte público y para conducir, serán establecidos por la Dirección Nacional de Transporte (DINATRÁN) y la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana (SETAMA), en los casos que correspondiere.

4. En materia de ambiente:

a. la preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos naturales significativos;

b. la regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad ambiental del municipio;

c. la fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo convenio con las autoridades nacionales competentes;

d. el establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de las riberas de los ríos, lagos y arroyos.

5. En materia de espectáculos públicos y lugares de concurrencia pública:

La reglamentación y fiscalización de los espectáculos públicos y de lugares privados de acceso público, en atención preferente a la preservación ambiental, seguridad, salubridad, higiene, protección de niños y adolescentes y a los derechos individuales o colectivos al reposo y tranquilidad.

6. En materia de patrimonio histórico y cultural:

a. la preservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico, histórico o artístico, y de sitios o lugares de valor ambiental o paisajístico;

b. la formación del inventario del patrimonio de edificios y de sitios de valor cultural arqueológico, histórico o artístico, y de sitios o lugares de valor ambiental o paisajístico.

7. En materia de salud, higiene y salubridad:

a. la reglamentación y control de las condiciones higiénicas de manipulación, producción, traslado y comercialización de comestibles y bebidas;

b. la reglamentación y control de las condiciones higiénicas de los locales donde se fabriquen, guarden o expendan comestibles o bebidas de cualquier naturaleza;

c. la reglamentación y control de las condiciones higiénicas de los locales y espacios de concurrencia pública;

d. la reglamentación y control de las condiciones de tenencia de animales domésticos en las zonas urbanas;

e. la protección de los derechos de los consumidores;

f. la elaboración de planes municipales de salud conforme a las necesidades de la población del municipio, teniendo en cuenta el enfoque de igualdad de oportunidades, de equidad de género, de no discriminación y de diversidad étnica;

g. la elaboración e implementación de planes especiales de salud reproductiva, planificación familiar, salud sexual y salud materno-infantil para la población de escasos recursos;

h. la organización y coordinación de los Consejos Locales de Salud;

i. la participación en la formulación de la política y estrategia nacional, regional y local de salud, y en la fiscalización, monitoreo y evaluación de la ejecución del Plan Nacional de Salud, a través de los Consejos Locales de Salud y de los Comités Ejecutivos Locales;

j. la prestación de servicios de salud;

k. la participación en actividades de promoción, recuperación y rehabilitación de la salud y prevención de enfermedades;

l. la promoción de la educación sanitaria.

8. En materia de educación, cultura y deporte:

a. la prestación de servicios de educación;

b. la elaboración de planes municipales de educación, tomando en cuenta las necesidades educativas de la población del municipio, y considerando el enfoque de igualdad de oportunidades, de equidad de género, de no discriminación y de diversidad étnica;

c. la estimulación de acciones de promoción educativa comunal, el apoyo a las organizaciones de padres de familia y de estudiantes, y el fomento de la contribución privada a la educación;

d. la construcción, mejoramiento y mantenimiento de locales destinados a la enseñanza pública, incluyendo la dotación del equipamiento, mobiliario, insumos y suministros en general;

e. el fomento de la cultura, deporte y turismo;

f. la promoción de la conciencia cívica y la solidaridad de la población para su participación de las actividades de interés comunal.

9. En materia de desarrollo productivo:

a. la prestación de servicios de asistencia técnica y de promoción de las micro y pequeñas empresas y de emprendimientos;

b. la planificación, elaboración y ejecución de proyectos municipales de desarrollo sostenible;

c. la participación en la formulación de la política y estrategia nacional, regional y local de desarrollo económico, social, ambiental;

d. el desarrollo de planes y programas de empleo en coordinación con las autoridades nacionales competentes, a fin de encausar la oferta y demanda de mano de obra y fomentar el empleo.

10.En materia de desarrollo humano y social:

a. la planificación, elaboración y ejecución de proyectos municipales de desarrollo humano y social, de atención de sectores vulnerables y de promoción de la equidad de género;

b. la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura social necesaria en el municipio, incluyendo la dotación del equipamiento, mobiliario, insumos y suministros en general, administrando y supervisando su uso para la adecuada prestación del servicio de atención a la mujer, a la niñez y adolescencia, a la tercera edad y a los sectores vulnerables en general;

c. la participación en la formulación de la política y estrategia nacional y departamental de equidad de género, de promoción y atención de la mujer, de la niñez y adolescencia y de los sectores más vulnerables;

d. la implementación de programas integrales, dirigidos a la protección y promoción de la niñez y de la adolescencia, la igualdad entre hombres y mujeres, la participación política y social de la mujer, la integración a la vida social de personas con discapacidad física y mental, y de la tercera edad;

e. la implementación de programas integrales de lucha contra la pobreza.

11. Además, las municipalidades tendrán las siguientes funciones:

a. la reglamentación de la apertura, control y funcionamiento de casas de empeño y de institutos municipales de crédito;

b. la prevención y atención de situaciones de emergencias y desastres;

c. la organización y funcionamiento de la policía municipal para el control del tránsito, las construcciones, los espectáculos públicos y la salubridad e higiene de los alimentos, los comercios y demás locales con alta concurrencia de personas;

d. la promoción de soluciones pacíficas de controversias y conflictos comunitarios e institucionales, mediante la aplicación de la mediación, conciliación, mesas de diálogos u otros medios alternativos y complementarios a la justicia ordinaria reconocidos por la ley;

e. contrastación e inspección de pesas y medidas o de cualquier instrumento de medición;

f. las demás funciones prescriptas en ésta u otras leyes, así como las que estén implícitas en las funciones municipales constitucionales o sean imprescindibles para el cumplimiento de éstas.

Artículo 13.- Condiciones de Ejercicio de las Funciones Municipales.

Las funciones municipales se ejercerán de conformidad a la legislación aplicable y en coordinación con las autoridades nacionales y departamentales competentes.

Artículo 14.- Funciones no Enunciadas.

Las municipalidades pueden promover, en el ámbito de sus funciones, toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer los intereses locales, en tanto los mismos no estén supeditados a un régimen nacional o departamental.

Artículo 15.- Potestades.

De conformidad a la legislación vigente, las municipalidades podrán:

a. dictar y ejecutar las ordenanzas, reglamentos y resoluciones;

b. establecer y reglamentar las reparticiones de la municipalidad;

c. establecer los montos de las tasas creadas por ley, no pudiendo superar los costos de los servicios efectivamente prestados;

d. elaborar, aprobar, modificar y ejecutar su propio presupuesto general;

e. contraer créditos y fideicomisos públicos y privados, nacionales e internacionales;

f. contratar obras, servicios y suministros; y otorgar concesiones, permisos y autorizaciones;

g. recaudar, administrar y disponer de sus bienes y recursos;

h. nombrar, trasladar y despedir a sus funcionarios e imponer sanciones disciplinarias;

i. aplicar sanciones por la comisión de faltas;

j. dictar órdenes individuales para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo;

k. conceder licencias o revocarlas;

l. suscribir convenios con instituciones públicas o privadas;

m. constituir asociaciones entre sí, cooperativas, fundaciones y otras entidades sin fines de lucro; así como con municipalidades de otros países, en el marco de la legislación nacional;

n. suscribir convenios de cooperación, asistencia e integración con municipios nacionales o de otros países;

ñ. desconcentrar la gestión de los servicios y el cobro de los mismos, habilitando locales alternativos a los que pueda acudir el usuario para la gestión correspondiente;

o. ejecutar sus resoluciones, en virtud de la presunción de legitimidad, ejecutividad y ejecutoriedad de sus actos; y,

p. cualquier otra atribución prevista en la Constitución Nacional, las leyes o que derive del carácter público y autónomo de las municipalidades.

Artículo 16.- Convenio de Delegación de Competencias.

Además de las funciones propias establecidas en la ley, las municipalidades podrán ejercer competencias nacionales o departamentales delegadas de otros organismos y entidades públicas en materias que afecten a sus intereses propios.

El ejercicio de competencias nacionales o departamentales delegadas requerirá de un convenio previo entre la administración delegante y la municipalidad.

En el convenio deberá constar el alcance, contenido, condiciones y duración de éste, así como el control que se reserve la administración delegante, los casos de resolución del convenio, y los recursos que transfiera la administración delegante a la municipalidad.

Para que la delegación sea efectiva, se requiere que el convenio esté aprobado por las respectivas Juntas Municipales.

Las competencias delegadas se ejercen de acuerdo con la legislación vigente para la administración delegante.

CAPÍTULO IV

De las Relaciones Interinstitucionales

Articulo 17.- Relaciones Intergubernamentales

En sus relaciones recíprocas, el Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales y las municipalidades deberán:

a) respetar el ejercicio legítimo de las atribuciones de cada administración;

b) considerar, en la actuación de las atribuciones propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquéllos cuya gestión esté encomendada a otras administraciones;

c) facilitar información sobre sus respectivas gestiones que sea relevante para las otras administraciones; y,

d) prestar asistencia a las otras administraciones, en especial a las municipalidades de menores recursos, basada en la cooperación técnica, financiera y de recursos humanos.

Artículo 18.- Convenios Intergubernamentales.

Los convenios o acuerdos que celebren las municipalidades con los gobiernos departamentales o con los organismos y entidades del Estado, deberán especificar cuanto menos:

a) los órganos que celebran y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes;

b) la función que tendrá cada órgano;

c) su financiación;

d) las actuaciones que se acuerden para su cumplimiento;

e) el plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes;

f) la extinción por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, así como la forma de determinar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.

Artículo 19.- Relación entre Municipalidades.

Las municipalidades podrán constituir entre sí asociaciones nacionales o departamentales para encarar en común la realización de sus fines. Asimismo, ley mediante, podrán ser parte de asociaciones con municipalidades de otros países, de conformidad al Artículo 171 de la Constitución Nacional.

TÍTULO SEGUNDO

DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CAPÍTULO I

Generalidades

Artículo 20.- Gobierno Municipal.

El gobierno municipal es ejercido por la Junta Municipal y la Intendencia Municipal.

La Junta Municipal es el órgano normativo, de control y deliberante. La Intendencia Municipal tiene a su cargo la administración general de la municipalidad.

Artículo 21.- Organización municipal.

La organización y el funcionamiento de las reparticiones municipales serán reglamentados de acuerdo con las necesidades que deba satisfacer y a la capacidad financiera del municipio.

CAPÍTULO II

De la Junta Municipal

Sección 1

De la Elección, Composición y Proclamación

Artículo 22.- Elección Directa de Concejales.

Las Juntas Municipales serán elegidas directamente por el pueblo, en la forma y tiempo determinados por la ley.

Artículo 23.- Requisitos para ser Intendentes o Concejales.

Para ser Intendente, se requiere: ser ciudadano paraguayo, mayor de veinticinco años de edad, natural del municipio o con una residencia en él, de por lo menos cinco años. Para ser Concejal, se requiere: ser ciudadano paraguayo, mayor de veintitrés años de edad, natural del municipio o con una residencia en él, de por lo menos tres años. Tanto el Intendente como el Concejal no deben estar comprendidos en las inhabilidades previstas en la Constitución Nacional y en las leyes electorales.

Los extranjeros con radicación definitiva tendrán los mismos derechos que los ciudadanos paraguayos.

Artículo 24.- Número de Concejales.

Las Juntas Municipales se compondrán:

a) en la Municipalidad de Asunción, de veinticuatro miembros titulares;

b) en las municipalidades de las capitales departamentales y en las que se hallen comprendidas en los Grupos Primero y Segundo, de doce miembros titulares; y,

c) en las municipalidades que se hallan comprendidas en los grupos Tercero y Cuarto de nueve miembros titulares.

En todos los casos, se elegirá el mismo número de suplentes.

Artículo 25.- Inhabilidades para ser Concejal. No pueden ser candidatos a Concejales, quienes se hallen incursos en las inhabilidades previstas en el Artículo 197 de la Constitución Nacional y en las leyes electorales.

No podrán ser electos como Concejales, quienes se hallen incursos en las causales de inhabilidad relativa, establecidas en el Artículo 198 de la Constitución Nacional y en las leyes electorales.

Artículo 26.- Incompatibilidades.

Podrán ser electos, pero no podrán desempeñar sus funciones como Concejales quienes se hallen incursos en las causales de incompatibilidad, establecidas en el Artículo 196 de la Constitución Nacional y en las leyes electorales.

Artículo 27.- Prohibiciones.

Queda prohibido a los Concejales, sin perjuicio de lo que se establezca en otras leyes:

a) utilizar la autoridad o influencia que pudiere tener a través del cargo, o la que se derive por influencia de terceras personas, para ejercer presión sobre la conducta de sus subordinados;

b) utilizar personal, material o información reservada o confidencial de la municipalidad para fines ajenos a los municipales; y en especial, ejercer cualquier actividad política partidaria dentro del mismo;

c) vestir o cargar insignias o uniformes de naturaleza proselitista dentro de las instalaciones municipales;

d) recibir obsequios, propinas, comisiones o aprovechar ventajas en razón del cargo, para ejecutar, abstenerse de ejecutar, ejecutar con mayor esmero o con retardo cualquier acto inherente a sus funciones;

e) discriminar la atención de los asuntos a su cargo, poniendo o restando esmero en los mismos, según de quien provengan o para quien sean;

f) intervenir directamente, por interpósita persona o con actos simulados, en la obtención de contratos o concesiones municipales o de cualquier privilegio por parte del mismo que importe beneficio propio o de terceros;

g) obtener directa o indirectamente beneficios originados en contratos, comisiones, franquicias u otros actos que intervenga en su carácter de autoridad municipal;

h) efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas ante la municipalidad donde ejerza sus funciones;

i) dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados o no, a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones en la municipalidad donde ejerzan sus funciones, o que fueren proveedores o contratistas de la misma;

j) celebrar contrato con la Municipalidad, relacionado con la industria o el comercio, sea personalmente como socio o miembro de la dirección, administración o sindicatura de sociedades con fines de lucro. También es incompatible con toda ocupación que no pueda conciliarse con las obligaciones o la dignidad del cargo.

Artículo 28.- Dietas para Concejales.

Los miembros de las Juntas Municipales percibirán una dieta mensual, la que será prevista en cada ejercicio presupuestario y cuyo monto será establecido como sigue:

Municipalidades: Forma de Liquidación

Asunción: no superior a ocho salarios mínimos para actividades diversas no especificadas en la República por cada Concejal;

Primer y Segundo Grupos: hasta el 12% (doce por ciento) sobre el monto de los ingresos corrientes ejecutados, según el último informe anual de ejecución presupuestaria;

Tercer Grupo: hasta el 14% (catorce por ciento) sobre el monto de los ingresos corrientes ejecutados, según el último informe anual de ejecución presupuestaria;

Cuarto Grupo: hasta el 18% (dieciocho por ciento) sobre el monto de los ingresos corrientes ejecutados, según el último informe anual de ejecución presupuestaria.

En todos los grupos de municipalidades, salvo Asunción, el monto de la dieta que podrán percibir los Concejales, en ningún caso, podrá superar los seis salarios mínimos mensuales por cada Concejal.

Para el cálculo de los porcentajes establecidos en este artículo no se incluirán, dentro de los ingresos corrientes ejecutados, las transferencias corrientes que reciban las municipalidades.

Sección 2

De la Instalación y del Funcionamiento

Artículo 29.- Posesión de Cargos.

Las autoridades municipales electas en comicios municipales, de no mediar contiendas judiciales, tomarán posesión de sus cargos treinta días después de realizadas las elecciones. Una vez incorporados los Concejales electos en número suficiente para formar quórum, constituirán la nueva Junta Municipal; y la sesión preliminar de instalación de la mesa directiva dirigirá el miembro que figure a la cabeza de la lista proclamada, y en dicha ocasión, elegirán sucesivamente un Presidente, un Vicepresidente, y fijarán su día y hora de sesiones. Estas elecciones se harán por votación nominal y luego de efectuado el respectivo escrutinio, serán proclamados los electos.

Artículo 30.- Integración de Comisiones Asesoras. Una vez constituida la Junta Municipal, en la primera sesión ordinaria, integrarán las comisiones asesoras permanentes en cada servicio comunal y fijarán día y hora de sesiones. Posteriormente, reunida cada comisión, elegirá de entre sus miembros la mesa directiva de la misma.

La integración de las comisiones será hecha en forma que los partidos políticos estén representados, en lo posible, en la misma proporción que en el seno de la Junta. Todos los Concejales tienen el derecho y la obligación de formar parte de una o más comisiones.

Artículo 31.- Comisiones Asesoras.

Para el mejor tratamiento de sus atribuciones, la Junta Municipal organizará las siguientes comisiones asesoras permanentes:

a) Legislación;

b) Hacienda y Presupuesto;

c) Infraestructura Pública y Servicios;) Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial;

e) Salud, Higiene, Salubridad y Ambiente;

f) Educación, Cultura, Deporte, Turismo y Espectáculos Públicos;

g) Transporte Público y Tránsito; y,

h) Desarrollo Productivo, Humano y Social.

Artículo 32.- Modificaciones de Comisiones.

La Junta Municipal podrá fusionar, modificar o suprimir las comisiones asesoras permanentes, crear otras o designar comisiones especiales para el mejor cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 33.- Integración de las Comisiones.

Cada comisión estará compuesta como mínimo de tres miembros, atendiendo a la representación de los partidos y movimientos políticos que integran la Junta Municipal.

Artículo 34.- Reglamento Interno.

Cada Junta Municipal dictará un reglamento interno que regule su funcionamiento, dentro de los límites establecidos por la Ley. Regirán, supletoriamente, las disposiciones del reglamento de la Cámara de Diputados.

El Presidente en las votaciones de la Junta Municipal, votará como un miembro más del quórum legal. Si el resultado de la votación fuere un empate, se reabrirá la discusión y se votará nuevamente, y si persistiere el empate decidirá el Presidente.

El Presidente podrá nombrar, trasladar o sancionar a sus funcionarios, conforme a la Ley de la Función Pública, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. El número de funcionarios de la Junta Municipal se limitará al estrictamente necesario para atender el funcionamiento de dicho órgano de gobierno.

Artículo 35.- Receso.

La Junta Municipal entrará en receso a partir del uno hasta el veinte de enero. Durante el receso, funcionará una comisión permanente, cuya organización y atribuciones serán determinadas en el reglamento interno de cada Junta, siendo aplicables supletoriamente las normas reglamentarias que regulan a la Comisión Permanente del Congreso.

Sección 3

De los Deberes y Atribuciones de la Junta Municipal

Artículo 36.- La Junta Municipal tendrá las siguientes atribuciones:

a) sancionar ordenanzas, resoluciones, reglamentos en materias de competencia municipal;

b) autorizar por resolución los llamados a licitación pública y a licitación por concurso de ofertas y aprobar los correspondientes pliegos de bases y condiciones;

c) aprobar las adjudicaciones y los contratos suscritos con los adjudicatarios o concesionarios en virtud de llamados a licitación pública y a licitación por concurso de ofertas;

d) aprobar la enajenación de bienes del dominio privado municipal;

e) autorizar por resolución los convenios para la participación de la municipalidad en asociaciones u otras entidades;

f) aprobar por resolución los convenios suscritos por la Intendencia, cuya vigencia dependa de esta aprobación;

g) sancionar anualmente la Ordenanza de Presupuesto de la Municipalidad, y controlar su ejecución;

h) sancionar anualmente la Ordenanza Tributaria, estableciendo el monto de impuestos, tasas, contribuciones especiales y multas dentro de los límites autorizados por la Ley.

Asímismo, se establecerán disposiciones para el régimen impositivo que incluya, procedimientos para la recaudación de los recursos y el contralor en la utilización de ésos;

i) autorizar, vía resolución, la contratación de empréstitos;

j) aceptar, vía resolución, legados, donaciones o herencias para la Municipalidad;

k) considerar la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria, presentada por el Intendente Municipal;

l) autorizar, vía resolución, la contratación de servicios de auditoría para la administración municipal en caso necesario;

m) designar, enjuiciar y sancionar a los jueces de faltas;

n) la Junta Municipal, por resolución fundada, podrá solicitar a la Intendencia Municipal datos, informaciones e informes con relación a cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento de la Municipalidad. En cada caso concreto, el petitorio realizado por la Junta podrá fijar el plazo dentro del cual deberá responderse al pedido y, en caso de que no se fije ningún plazo, se entenderá que el mismo es de treinta días. La Intendencia Municipal estará compelida a responder dentro del plazo respectivo, pudiendo solicitar prórroga por una sola vez;

ñ) todas aquellas atribuciones normativas y de control en el marco de las funciones municipales, y demás atribuciones previstas en las leyes;

o) designar un Secretario, cuyas funciones serán reglamentadas por la Junta.

Sección 4

De la Formación, Sanción y Promulgación de Ordenanzas y Resoluciones

Artículo 37.- Ordenanzas y Resoluciones.

La norma jurídica municipal de aplicación general con fuerza obligatoria en todo el municipio, sancionada por la Junta Municipal y promulgada por la Intendencia Municipal, se denominará Ordenanza.

La norma jurídica municipal de aplicación particular se denominará Resolución.

Artículo 38.- Iniciativa de Proyectos de Ordenanzas.

La iniciativa de proyectos de Ordenanzas corresponde a los miembros de la Junta Municipal, al Intendente Municipal y a los ciudadanos por iniciativa popular, en la forma establecida en esta Ley.

Corresponde exclusivamente al Intendente Municipal la iniciativa de proyectos de Ordenanzas sobre presupuesto, creación de cargos y reparticiones de la Municipalidad, de contratación de empréstitos y las demás establecidas expresamente en la Ley.

Corresponde exclusivamente al Intendente Municipal la estimación de ingresos, incluida en la Ordenanza que aprueba o modifica el Presupuesto General de la Municipalidad.

Artículo 39.- Iniciativa Popular.

Los proyectos de Ordenanzas presentados por medio de iniciativa popular, deberán contener lo siguiente:

a) texto articulado del proyecto de Ordenanza, precedido de una exposición de motivos;

b) la firma de por lo menos el 5% (cinco por ciento) de electores, en distritos electorales de 1 a 20.000 electores; del 4% (cuatro por ciento), en distritos electorales de 20.001 a 50.000 electores; del 3% (tres por ciento), en distritos electorales de 50.001 a 100.000 electores; del 2% (dos por ciento), en distritos electorales de más de 100.000 electores. Los electores firmantes deberán encontrarse inscriptos en el registro cívico permanente correspondiente al municipio, y deberán estar identificados con su nombre, apellido y número de documento de identidad; y,

c) designación de la comisión promotora de la iniciativa, con expresión de sus datos personales y la constitución del domicilio de la comisión. Esta comisión actuará en representación de los firmantes, a los efectos de la tramitación del proyecto y estará integrada como mínimo por tres electores.

Corresponde a la justicia electoral competente verificar si los promotores han alcanzado el porcentaje de electores requerido en este artículo.

Admitido el proyecto de Ordenanza por iniciativa popular, el mismo seguirá el procedimiento establecido para el tratamiento de un proyecto presentado por el Intendente o cualquier Concejal Municipal. El estudio correspondiente se iniciará sin demora.

Con cinco días hábiles de antelación a la fecha del plenario para el tratamiento de la iniciativa, se notificará a la comisión promotora para que asista a través de sus integrantes a la sesión, con derecho a voz; pero sin voto. Los representantes de la comisión podrán solicitar el uso de la palabra, exponer los fundamentos de la iniciativa y responder las objeciones y observaciones que se hubieren planteado, conforme con los reglamentos de las respectivas Juntas.

Artículo 40.- Consideración en la Junta Municipal.

Los proyectos de Ordenanzas y de Resoluciones serán remitidos por el plenario de la Junta Municipal para estudio y dictamen de las comisiones asesoras. Concluido el estudio, será devuelto al plenario para su consideración.

Artículo 41.- Promulgación.

El Intendente Municipal promulgará la Ordenanza o Resolución en el plazo de quince días corridos. Si dentro de dicho plazo, el Intendente Municipal no la veta, quedará automáticamente promulgada.

Artículo 42.- Tratamiento de Vetos.

El Intendente Municipal podrá vetar la Ordenanza o Resolución, expresando a la Junta los fundamentos de sus objeciones, con excepción de las siguientes resoluciones:

a) designación de representantes de la misma;

b) sanción del reglamento interno, siempre y cuando no afecte a funciones de la Intendencia;

c) designación de autoridades de la Junta Municipal;

d) nombramiento de funcionarios y asesores de la Junta Municipal;

e) la decisión de solicitar la intervención de la Municipalidad; y,

f) las demás que fije la ley.

La Junta Municipal podrá rechazar total o parcialmente el veto por mayoría absoluta de dos tercios y la norma quedará automáticamente promulgada.

En caso de veto parcial, si las objeciones fueren total o parcialmente aceptadas, la Junta Municipal podrá decidir, siempre por mayoría absoluta, la sanción de la parte no objetada de la norma, en cuyo caso, ésta quedará automáticamente promulgada.

Salvo las Ordenanzas que poseen plazos especiales en la Ley, todo veto remitido por el Intendente Municipal deberá ser tratado por la Junta Municipal en un plazo perentorio de cuarenta y cinco días corridos. Cumplido este plazo sin que la Junta se pronuncie, el veto total quedará firme y la Ordenanza o Resolución no será promulgada; si el veto fuere parcial, la Ordenanza o Resolución quedará promulgada con las modificaciones introducidas.

Artículo 43.- Remisión de Ordenanzas a Otros Organismos.

Entre el uno y el diez de cada mes, el Intendente Municipal remitirá las ordenanzas promulgadas en el mes anterior, para su conocimiento, a la Junta Municipal, al Ministerio del Interior y al Gobierno Departamental respectivo.

El Ministerio del Interior y cada gobierno departamental deberán implementar un archivo ordenado, actualizado y abierto al público de las Ordenanzas Municipales.

Artículo 44.- Publicación de Ordenanzas.

Las ordenanzas tendrán fuerza obligatoria desde el día siguiente de su publicación íntegra en cuanto menos un diario de amplia circulación local.

A falta de diarios de circulación local o de recursos económicos para la publicación, las Ordenanzas tendrán fuerza obligatoria después de la exposición de su texto íntegro durante diez días, por lo menos, en sitios públicos del municipio o mediante la difusión por otros medios idóneos escritos, radiales, televisivos o medios electrónicos durante el mismo plazo.

En estos casos, deberá dejarse constancia de las fechas de difusión o exhibición mediante acta labrada por el Secretario General de la Municipalidad.

Copias íntegras de todas las Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones municipales deberán estar a libre disposición del público en el local de la Municipalidad respectiva.

El Intendente Municipal y el Secretario General de la Municipalidad deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones previstas en este artículo, so pena de incurrir en mal desempeño de sus funciones.

Artículo 45.- Plazo para Considerar Ordenanzas.

Los proyectos de Ordenanzas remitidos a la Junta Municipal por el Intendente, que no se encuentren sujetos a procedimientos y plazos especiales, serán sancionados en un plazo de cuarenta y cinco días corridos. En caso contrario, se reputará que fueron sancionados, y el Intendente Municipal los promulgará como Ordenanza.

Los proyectos de Ordenanza Tributaria y Ordenanza del Presupuesto General de la Municipalidad, deberán ser tratados prioritariamente.

Artículo 46.- Quórum y Mayorías.

Salvo los casos en que la Ley exija mayoría determinada, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes. En las votaciones, el Presidente votará como un miembro más de la Junta Municipal. Si el resultado de la votación fuere un empate, se reabrirá la discusión y si en la segunda votación persistiere el empate, decidirá el Presidente.

De conformidad al Artículo 185 de la Constitución Nacional, el quórum legal se formará con la mitad más uno del total de la Junta. Se entenderá por “simple mayoría” la mitad más uno de los miembros presentes; por “mayoría de dos tercios”, las dos terceras partes de los miembros presentes; por “mayoría absoluta” el quórum legal, y por “mayoría absoluta de dos tercios”, las dos terceras partes del total de miembros.

Artículo 47.- Modificación de Ordenanza.

Para modificar o derogar Ordenanzas, se observará el mismo procedimiento establecido para su formación.

CAPÍTULO III

De la Intendencia Municipal

Sección 1

De la Toma de Posesión del Cargo y de las

Atribuciones del Intendente Municipal

Artículo 48.- Inhabilidades, Incompatibilidades y Prohibiciones.

Son aplicables a los Intendentes, las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en los Artículos 25, 26 y 27 de esta Ley.

Artículo 49.- Toma de Posesión de Cargo.

En la misma sesión preliminar de instalación de la nueva Junta Municipal, el Intendente Municipal electo tomará posesión de su cargo. Si hubiere inconvenientes, lo hará ante el Juez electoral.

Artículo 50.- Remuneración del Intendente.

La remuneración total anual del Intendente, incluidos los rubros correspondientes a sueldos, será de hasta el 10% (diez por ciento) de los ingresos corrientes ejecutados, no debiendo superar bajo ningún aspecto el equivalente a diez salarios mínimos para actividades diversas no especificadas en la República. Para el cálculo de este porcentaje, no se incluirán, dentro de los ingresos corrientes ejecutados, las transferencias corrientes que reciban las municipalidades.

Queda exceptuado de esta disposición, el Intendente de la Municipalidad de Asunción, cuya remuneración mensual, incluido el rubro correspondiente a sueldo, será equivalente a trece salarios mínimos para actividades diversas no especificadas en la República.

Artículo 51.- Deberes y Atribuciones del Intendente.

Son atribuciones del Intendente Municipal:

a) ejercer la representación legal de la Municipalidad;

b) promulgar las Ordenanzas y Resoluciones, cumplirlas y reglamentarlas, o en su caso, vetarlas;

c) remitir a la Junta Municipal proyectos de Ordenanzas;

d) establecer y reglamentar la organización de las reparticiones a su cargo, conforme a las necesidades y posibilidades económicas de la Municipalidad y dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de las distintas unidades administrativas;

e) administrar los bienes municipales y recaudar e invertir los ingresos de la municipalidad, de acuerdo con el presupuesto;

f) elaborar y someter a consideración de la Junta Municipal el Proyecto de Ordenanza Tributaria de la Municipalidad, a más tardar el treinta de agosto de cada año, y el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto de la Municipalidad, a más tardar el treinta de setiembre de cada año;

g) ejecutar el presupuesto municipal;

h) presentar a la Junta Municipal para su conocimiento un informe sobre la ejecución presupuestaria cada cuatro meses, dentro de los treinta días siguientes;

i) presentar a la Junta Municipal una Memoria de las gestiones y la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria del ejercicio fenecido, dentro de los tres primeros meses de cada año;

j) efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas, y realizar las adjudicaciones;

k) nombrar y remover al personal de la intendencia, conforme a la Ley;

l) suministrar datos relativos al funcionamiento de la Municipalidad cuando sean requeridos por la Junta u otras instituciones públicas;

m) disponer el inventario y la buena conservación de los bienes mobiliarios e inmobiliarios del patrimonio municipal.

n) participar en las sesiones de la Junta Municipal con voz, pero sin voto;

ñ) solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Junta Municipal cuando asuntos urgentes de interés público así lo requieran;

o) conocer de los recursos de reconsideración o revocatoria interpuestos contra sus propias resoluciones y, de apelación, contra las resoluciones del Juzgado de Faltas Municipales;

p) aplicar las multas previstas en la legislación municipal, conforme a los procedimientos establecidos en la Ley;

q) otorgar poderes para representar a la Municipalidad en juicios o fuera de ellos;

r) contratar servicios técnicos y de asesoramiento que sean necesarios;

s) conceder o revocar licencias; y,

t) efectuar las demás actividades administrativas previstas en la legislación vigente, como así mismo, aquéllas que emerjan de las funciones municipales.

Artículo 52.- Asistencia Obligatoria del Intendente.

El Intendente Municipal deberá asistir a la sesión de la Junta Municipal por lo menos cada cuatro meses, y las veces que la Junta Municipal o el Intendente Municipal crea conveniente.

Artículo 53.- Ausencia, Renuncia, Inhabilitación o Muerte del Intendente Municipal.

En caso de ausencia, renuncia, inhabilitación o muerte del Intendente Municipal, se procederá como sigue:

a) la ausencia hasta veinte días será comunicada a la Junta Municipal y se encargará del despacho el Presidente de la misma;

b) si la ausencia fuese por más de veinte días, se requerirá permiso de la Junta Municipal y se encargará del despacho el Presidente de la misma;

c) en caso de ausencia no justificada por más de treinta días, renuncia, inhabilitación, muerte o impedimento definitivo de un Intendente Municipal, ocurrido durante los tres primeros años del período, el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocará a nuevas elecciones, dentro de los noventa días siguientes al hecho que motivare la vacancia, hasta tanto el Presidente de la Junta Municipal asumirá interinamente las funciones de aquél. Si el hecho ocurriera durante los dos últimos años, el Presidente de la Junta Municipal convocará a sesión de la misma, en la cual mediante el voto secreto de cada uno de sus miembros, será elegido de entre los mismos un nuevo Intendente por el voto de la mayoría absoluta para completar el mandato, dentro del plazo perentorio de treinta días siguientes al hecho que motivare la vacancia, hasta tanto el Presidente de la Junta Municipal asumirá interinamente las funciones de aquél.

La renuncia del Intendente será presentada ante la Junta Municipal correspondiente para su aceptación o rechazo.

Sección 2

De la Secretaría General

Artículo 54.- Secretaría General.

La Intendencia General contará con una Secretaría que tendrá por función:

a) asistirlo en sus distintas actividades;

b) refrendar, cuando corresponda, sus actos jurídicos, controlando su legalidad;

c) organizar y conservar el archivo municipal;

d) poner a disposición de la ciudadanía las Ordenanzas vigentes y las demás fuentes públicas de información; y certificar los documentos municipales.

Sección 3

De la Policía Municipal

Artículo 55.- Creación de la Policía Municipal.

Créase la Policía Municipal, cuya organización y funcionamiento serán establecidos por Ordenanza, conforme a las necesidades y recursos financieros de cada municipio. Dependerá directamente del Intendente Municipal.

Artículo 56.- Funciones de la Policía Municipal.

Serán funciones de la Policía Municipal, las siguientes:

a) vigilar los edificios e instalaciones de las Municipalidades, especialmente los recintos donde se guardan documentos y valores, se presten servicios públicos o sitios de gran concurrencia;

b) vigilar los bienes del dominio municipal;

c) requerir la exhibición de licencias municipales;

d) ejecutar o hacer cumplir lo dispuesto en Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones Municipales y las órdenes del Intendente y de los Juzgados Municipales de Faltas;

e) ordenar, dirigir y señalizar la circulación de personas y vehículos en la vía pública y en los predios municipales;

f) redactar actas, partes, informes o constancias de los hechos en los que intervienen, elevándolos a las autoridades municipales correspondientes;

g) solicitar la intervención de la Policía Nacional para la prevención de hechos ilícitos, el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública;

h) prevenir la ocurrencia o prestar auxilios en casos de siniestros como: incendios, derrumbes, intoxicaciones colectivas, contaminación ambiental y accidentes en general, pudiendo formar cuerpos especializados y concertar planes de acción conjunta con cuerpos similares;

i) organizar escuelas de formación o de especialización para el eficaz cumplimiento de sus funciones; y,

j) realizar todo cuanto sea compatible con sus funciones.

Sección 4

De las Juntas Comunales de Vecinos

Artículo 57.- Carácter y Creación.

Las Juntas Comunales de Vecinos son organismos auxiliares de la Municipalidad con asiento en las compañías, colonias y barrios. Son creadas por Resolución de la Intendencia Municipal, con acuerdo de la Junta Municipal.

La elección de sus autoridades debe ser fiscalizada por la Intendencia, conforme a las normas.

Artículo 58.- Creación y Límites.

Los límites jurisdiccionales de una Junta Comunal de Vecinos serán establecidos en la resolución que la crea.

La creación de la Junta Comunal de Vecinos estará condicionada por el grado de desarrollo social, económico y comunitario del lugar y la real necesidad de su funcionamiento.

Artículo 59.- Integración.

Cada Junta Comunal de Vecinos estará integrada por electores del municipio que residan dentro de los límites jurisdiccionales de dicha Junta Comunal. Sus autoridades no deberán estar afectadas por las inhabilidades previstas para ser miembro de las Juntas Municipales.

Contarán con un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, conforme a la integración de la Junta Municipal en forma proporcional.

Se reunirán semanalmente o al menos dos veces al mes y se labrarán actas de sus sesiones. Las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos.

Artículo 60.- Organización.

Las Juntas Comunales de Vecinos tendrán su propia organización administrativa de acuerdo con la resolución que dicte la Intendencia Municipal.

Dentro de sus posibilidades económicas y de acuerdo con sus necesidades, y previa autorización de la Intendencia, podrán contar con funcionarios rentados.

Artículo 61.- Funciones.

Son funciones de las Juntas Comunales de Vecinos:

a) coadyuvar con la Intendencia Municipal en la tarea de percepción de tributos, la realización de obras de interés comunitario y en la prestación de servicios básicos;

b) informarse de las necesidades del vecindario y transmitirlas a la Intendencia, como también las propuestas de soluciones;

c) desarrollar actividades de carácter social, cultural y deportivo;

d) colaborar con la Intendencia Municipal en el cumplimiento de las Ordenanzas, Resoluciones y otras disposiciones municipales, difundiendo su contenido entre los vecinos; y,

e) cooperar con la Municipalidad en el cumplimiento de las funciones municipales.

Artículo 62.- Patrimonio.

Los inmuebles, muebles, herramientas y útiles adquiridos por las Juntas Comunales de Vecinos, formarán parte del patrimonio de la Municipalidad. Las Juntas Comunales de Vecinos no podrán enajenar ni gravar estos bienes sin la debida autorización de la Intendencia Municipal, con acuerdo de la Junta Municipal.

Artículo 63.- Intervención.

La Intendencia Municipal podrá intervenir las Juntas Comunales de Vecinos, con acuerdo de la mayoría absoluta de la Junta Municipal, por las siguientes causas:

a) por graves irregularidades en la administración;

b) por incumplimiento de sus funciones; y,

c) por acefalía.

Artículo 64.- Reuniones.

El Intendente Municipal deberá reunirse cada dos meses con la Junta Comunal de Vecinos representadas como mínimo, por su presidente y uno de los miembros. El resultado de estas reuniones será hecho público en los asientos de dichas juntas y deberá ser informado a la Junta Municipal.

Sección 5

De las Comisiones Vecinales

Artículo 65.- Creación, Organización y Funciones.

La organización, funciones y otros aspectos relativos al régimen jurídico de las Comisiones Vecinales serán determinados por Ordenanza. El reconocimiento de las Comisiones Vecinales creadas, será efectuado por resolución de la Intendencia Municipal.

TÍTULO TERCERO

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 66.- Promoción de la Participación Ciudadana.

Las municipalidades promoverán la participación de los habitantes del municipio en la gestión municipal y el desarrollo de las asociaciones ciudadanas para la realización de actividades de interés municipal, que serán reglamentados por Ordenanza, conforme a lo que establece la Constitución Nacional y las leyes que regulan la materia.

Artículo 67.- Libertad de Asociación.

La ciudadanía puede darse las formas de organización que estime más apropiadas para el desarrollo de sus intereses, de conformidad con el Artículo 42 de la Constitución Nacional.

Capítulo II

Del Acceso a la Información

Artículo 68.- Obligación de Proporcionar Información.

La Municipalidad estará obligada a proporcionar toda información pública que haya creado u obtenido, de conformidad al Artículo 28 “Del derecho a informarse” de la Constitución Nacional, dentro del plazo que se les señale, el cual no podrá ser mayor de quince días.

Capítulo III

De las Audiencias Públicas

Artículo 69.- Objetivo y Carácter de las Audiencias Públicas.

las municipalidades podrán convocar a audiencias públicas para brindar información al público, recabar la opinión de la ciudadanía, evaluar la calidad de los servicios o debatir otros asuntos de interés público.

Los participantes tendrán el derecho de opinar, debatir, formular observaciones y sugerencias en el acto de la audiencia sobre el tema objeto de la convocatoria.

Las audiencias públicas tendrán carácter consultivo. Las opiniones y propuestas presentadas emitidas en ellas no son vinculantes. La forma de realización de las audiencias públicas, será reglamentada por Ordenanza.

Capítulo IV

Participación Ciudadana en las Sesiones

Plenarias de las Juntas Municipales

Artículo 70.- Carácter Público de las Sesiones de las Juntas Municipales.

Las sesiones plenarias de las Juntas Municipales serán de carácter público.

Artículo 71.- Publicidad de los Órdenes del Día.

Las Presidencias de las Juntas Municipales deberán hacer públicos sus órdenes del día como mínimo veinticuatro horas antes de la sesión plenaria, salvo en los casos de sesiones extraordinarias urgentes, lo cual deberá ser comunicado con doce horas de anticipación.

La publicidad se realizará a través de murales que deberán estar colocados al acceso del público en el local de la Junta Municipal. Además, deberá estar disponible en las oficinas de atención al público de la Intendencia.

Artículo 72.- Participación de las Organizaciones Ciudadanas en las Sesiones de las Comisiones Asesoras de las Juntas Municipales.

Las organizaciones ciudadanas podrán solicitar a la Junta Municipal un espacio para efectuar alguna exposición verbal ante las Comisiones Asesoras de la Junta Municipal que guarde relación con algún punto del orden del día o bien tenga un interés relevante para su organización y para la población en general.

La participación en las Comisiones Asesoras se regirá por el reglamento aprobado por la respectiva Junta Municipal.

TÍTULO CUARTO

DEL RÉGIMEN DE FALTAS MUNICIPALES

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 73.- Falta o Contravención.

Se entenderá por “falta o contravención” toda acción u omisión, calificada como tal, que transgreda normas jurídicas de carácter municipal y las de carácter nacional, cuya aplicación haya sido delegada a la Municipalidad.

Artículo 74.- Derechos Procesales.

1) no se sancionará a nadie más de una vez por la misma falta;

2) las faltas concurrentes se sancionarán cada una de ellas por separado;

3) no se aplicarán otras normas jurídicas por analogía ni se harán interpretaciones extensivas para condenar al trasgresor;

4) si la acción u omisión que constituya falta dejare de serlo, la causa será sobreseída; y, si la calificación o el monto de las sanciones fuera modificado antes de concluido el proceso, se aplicará la norma que sea más favorable al encausado;

5) si la calificación o el monto de las sanciones fuere modificado antes de concluido el proceso, se aplicará la norma que sea más favorable al encausado.

Artículo 75.- Opción de Pagar Multa Promedio.

En los casos en que la sanción que correspondiera aplicar sea la multa, los jueces podrán sobreseer la causa si el procesado, antes de dictada la sentencia, se aviniere a abonar el monto promedio del que cabría aplicarle en caso de condena.

Artículo 76.- Responsabilidad.

Las personas de existencia física y las de existencia ideal son responsables por las faltas cometidas por quienes actúen en su representación o a su servicio, con su autorización o para su beneficio, o en cumplimiento de funciones o de labores que les presten aun ocasionalmente, sin perjuicio de la responsabilidad personal que a estas personas les correspondiere.

Artículo 77.- Atribución del Intendente en las Faltas Leves.

En caso de faltas leves, el Intendente y a solicitud del trasgresor, podrá reducir la sanción de la multa que correspondiere abonar o fraccionar su pago con sujeción a las normas establecidas en el Capítulo V, Sección 2 del presente Título.

No podrá hacer uso de esta facultad cuando la falta haya sido cometida y sancionada con agravante.

Artículo 78.- Reparación del Daño.

Si los efectos de una falta fueren susceptibles de ser revertidos, el Intendente podrá conminar al trasgresor a hacerlo en un plazo razonable. Si éste cumpliere a satisfacción, le será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.

Resueltos los casos con sujeción a lo dispuesto en el artículo anterior y el presente, la causa quedará concluida.

CAPÍTULO II

De las Sanciones

Artículo 79.- Tipos de Sanciones.

Las sanciones aplicables a las faltas serán:

a) amonestación;

b) multa;

c) inhabilitación;

d) clausura; y,

e) comiso.

Artículo 80.- Amonestación.

La amonestación es la sanción por la cual se hace notar la comisión de una falta, se identifica al infractor y se registra la misma en el prontuario municipal.

Artículo 81.- Multa.

La pena de multa consiste en el pago a la Municipalidad de una suma de dinero determinada. Los montos de las multas, sus escalas y plazos de pago serán fijados por Ordenanza.

Artículo 82.- Inhabilitación.

La inhabilitación consistirá en la suspensión del goce de las licencias otorgadas por la Municipalidad para conducir, para ejercer funciones profesionales o actividades comerciales, industriales, de artes u oficios generales, deportivas o de recreación o para utilizar locales, instrumentos, sustancias o insumos.

La inhabilitación será aplicada en el marco establecido por la Ordenanza respectiva. Podrá ser parcial o total, de plazo determinado o indeterminado, si la rehabilitación queda sujeta a condición.

Artículo 83.- Clausura.

La clausura consistirá en el cierre de locales privados de uso público o de espacios públicos de uso privado o de uso colectivo.

Artículo 84.- Decomiso.

El decomiso procederá contra bienes de tenencia, de empleo, de tránsito o de comercios restringidos o prohibidos.

Artículo 85.- Faltas Gravísimas, Graves o Leves.

A los efectos de la gradación de las sanciones, las faltas deberán ser calificadas gravísimas, graves o leves en la ordenanza respectiva. Para la fijación de la sanción, dentro de cada escala, se tendrán en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes.

La calificación de faltas, así como los atenuantes y agravantes de cada caso, deberán ser determinados teniendo en consideración el grado de ofensividad o peligrosidad de los hechos, el perjuicio causado a los intereses comunales, el provecho producido al infractor por la perpetración y sus condiciones y antecedentes personales.

Artículo 86.- Aplicación Conjunta de Sanciones.

Diferentes sanciones podrán ser aplicadas en forma conjunta a una misma falta cuando la calificación lo amerite, con excepción de la amonestación.

Artículo 87.- Pérdida de Beneficios.

La condena por la comisión de faltas graves o gravísimas, implicará la pérdida de beneficios especiales concedidos por la Municipalidad.

Artículo 88.- Sanción al Cómplice.

El cómplice será sancionado con la mitad de la sanción de multa que corresponda al autor. En caso de que éste sea sancionado con sanciones de inhabilitación, clausura o comiso, la ordenanza fijará la multa que le corresponde al cómplice.

CAPÍTULO III

De la Concurrencia y de la Reincidencia

Artículo 89.- Sanciones Acumuladas.

Las sanciones serán acumuladas o sumadas en caso de comisión concurrente de varias faltas por parte de una misma persona o por parte de varias personas que obran por cuenta de una sola. En el caso de inhabilitación, la sanción podrá ser aumentada hasta un 50% (cincuenta por ciento) del máximo establecido para las faltas más graves.

Artículo 90.- Una Sola Falta.

Se considerarán una sola falta, las acciones u omisiones que estén ligadas entre sí, de tal manera que la falta principal haya requerido necesariamente la comisión de las otras.

Artículo 91.- Reincidencia – Agravante.

Incurrirá en reincidencia quien cometa nuevamente la misma falta que ya haya sido sancionada dentro de los dos años inmediatos anteriores.

La reincidencia constituirá agravante.

CAPÍTULO IV

De la Extinción de las Acciones y Responsabilidades

Artículo 92.- Extinción de la Sanción.

La responsabilidad por las faltas se extingue por el cumplimiento de la sanción, por prescripción y por las demás circunstancias previstas en la Ley.

Artículo 93.- Prescripción e Interrupción.

Las acciones para iniciar procesos por faltas o contravenciones se extinguen a los dos años de cometidas. Las obligaciones para el cumplimiento de sanciones prescriben en idéntico lapso, a contar desde el último requerimiento. Ambas prescripciones se interrumpen por la comisión de una nueva falta de la misma índole.

CAPÍTULO V

Del Procedimiento en Materia de Faltas Municipales

Sección 1

De la Jurisdicción, Competencia y Organización

Artículo 94.- Jurisdicción.

La jurisdicción en materia de faltas municipales será ejercida por los Juzgados de Faltas Municipales, cuya organización y procedimiento se establecen en la Ley.

Artículo 95.- Acción.

Toda falta da lugar a una acción que deberá ser promovida de oficio por el Intendente Municipal o por la jefatura de la dependencia interviniente, ante el Juzgado de Faltas Municipales.

Artículo 96.- Designación de Juez y Secretario.

Cada Juzgado de Faltas Municipales estará a cargo de un Juez, que será designado por la Junta Municipal, la cual designará también al secretario del juzgado.

A partir de la vigencia de esta Ley, el Juez será designado por un período de cinco años, al término del cual se evaluará su gestión para confirmarlo en forma definitiva o llamar de nuevo a concurso.

Si los recursos lo permiten, dispondrá de una oficina de notificaciones, de ujieres y del personal necesario para las demás labores.

Si no hubiere oficina de notificaciones, el secretario podrá actuar como notificador o comisionar a un funcionario municipal para el diligenciamiento de las cédulas, con las facultades y responsabilidades inherentes a la función.

Sección 2

Del Procedimiento Administrativo Previo

Artículo 97.- Contenido y Remisión del Acta.

El funcionario municipal que constate uno o varios hechos que pudieran constituir faltas, labrará un acta en el lugar, que contendrá la información siguiente:

1) lugar, fecha y hora del hecho o de la constatación del mismo;

2) nombre y domicilio del imputado, en caso de que puedan ser determinados, así como de testigos, si los hubiere;

3) naturaleza y circunstancias del hecho y descripción de los medios empleados para la comisión;

4) la disposición legal presuntamente infringida;

5) la firma del funcionario interviniente con aclaración de nombre y cargo; y,

6) la firma del imputado o, en su defecto, las firmas e identificación de los testigos si los hubiere.

La jefatura de la dependencia interviniente remitirá el acta de intervención junto con la acusación y, en su caso, los informes técnicos y demás elementos de juicio recogidos, que conforman el legajo acusatorio que deberá ser remitido al Intendente para los casos previstos en el Artículo 82 o al Juzgado de Faltas en los demás casos.

Artículo 98.- Validez del acta.

Las actas de intervención labradas regularmente y no refutadas válidamente en el proceso, serán consideradas por el Juez como suficiente prueba de culpabilidad.

El acta de intervención tendrá carácter de declaración testifical para el funcionario interviniente y para los testigos que la suscribieron mediante la respectiva ratificación.

Sección 3

De las Medidas de Urgencia

Artículo 99.- Medida de Urgencia de la Intendencia.

La Intendencia podrá disponer, en resolución fundada, por la vía administrativa medidas de urgencia destinadas a hacer cumplir normas legales o resoluciones comunales, para evitar o revertir circunstancias que sean susceptibles de causar peligro de vida o inminente daño al ambiente, a la salud, a la seguridad o al patrimonio público, de tornar ineficaces los fallos judiciales o de hacer desaparecer evidencias de faltas o contravenciones.

Artículo 100.- Contenido de la Resolución.

El considerando de la resolución que disponga medidas de urgencia, contendrá los datos principales del causante, si fuere conocido; una relación sucinta de las circunstancias del hecho o presunta infracción y de los riesgos o daños que implique; la norma o Resolución que se hace cumplir o la que fue presuntamente vulnerada, así como la que sustenta la medida.

La parte resolutiva determinará las medidas de urgencia procedentes y el plazo por el que se las apliquen.

Una vez dispuestas y aplicadas estas medidas, deberán remitirse los antecedentes al Juzgado de Faltas Municipales y, en su caso, al del fuero ordinario que las haya autorizado, en un plazo perentorio de cuarenta y ocho horas.

Artículo 101.- Medidas de Urgencia Posibles.

Las medidas de urgencia que podrán ser dictadas son:

1) desocupaciones o recuperaciones de bienes públicos municipales;

2) inhabilitaciones de locales;

3) suspensión de actividades o de obras;

4) retiro de circulación, inmovilizaciones, demoliciones, remociones e inutilización o destrucción de cosas;

5) suspensión de autorizaciones o retención de licencias;

6) cierres de vías de circulación o de espacios de uso público; y,

7) reconstrucción o reposición de cosas o situaciones a su estado habitual o regular.

Estas medidas de urgencia podrán ser reglamentadas por Ordenanza.

Artículo 102.- Medidas de Policía.

Si en lugares públicos o en recintos privados de uso público se constataran hechos que verosímilmente puedan ser considerados faltas, los funcionarios municipales podrán actuar de forma inmediata, disponiendo la corrección de la situación ilegal mediante medidas de policía y por los medios lícitos a su alcance, sin perjuicio del posterior cumplimiento de los trámites indicados en el Capítulo V, Sección 2 del presente Título.

Artículo 103.- Ingreso a Recinto Privado.

Si para el cumplimiento de la medida de urgencia fuere necesario el ingreso a recintos privados que no sean de uso público y no se dieren las circunstancias excepcionales previstas en la legislación, el Intendente deberá solicitar la medida al Juez de Turno de Primera Instancia del fuero ordinario o donde no hubiere, al Juez de Paz, adjuntando su resolución fundada. Quedan habilitados para el efecto días y horas inhábiles.

La autorización judicial se podrá otorgar para que la medida de urgencia sea ejecutada en días o en horas inhábiles.

A los efectos de las medidas de urgencia, no se considerarán recintos privados los baldíos ni las edificaciones desocupadas ni los lugares de concurrencia pública.

Artículo 104.- Procedimiento en Desocupación e Inhabilitación.

Si la medida de urgencia consistiere en la desocupación o en la inhabilitación de recintos privados, se precintará el sitio y se fijará una notificación que indique la autoridad que dictó la Resolución, la fecha de ésta, el plazo de aplicación y, en su caso, el juzgado interviniente.

En medidas que impliquen retiro de circulación, retención, inmovilización, inutilización o destrucción de cosas, se las consignará por escrito y se otorgará una copia al propietario o responsable. La devolución o la rehabilitación se efectuará previa satisfacción de las condiciones indicadas por las normas o por las resoluciones judiciales o administrativas.

En los cierres de vías de circulación o de espacios de uso público, se señalizará adecuadamente.

Artículo 105.- Responsabilidad por Daños y Perjuicios.

En todos los casos, la Municipalidad será responsable por los daños y perjuicios que las medidas de urgencia que aplicare o las cautelares que solicitare pudieren causar, si no hubiere habido méritos suficientes para justificarlas.

Artículo 106.- Costos de Medidas de Urgencia.

Los costos que demande la ejecución de medidas de urgencia causadas por transgresiones serán a cargo del infractor, quien deberá abonarlos a la Municipalidad en el plazo perentorio de diez días, a contar desde la notificación de la resolución correspondiente, la que constituirá título ejecutivo. Vencido el plazo, la Municipalidad podrá recurrir a la vía judicial, en las condiciones indicadas en el Capítulo V, Sección 6 del presente Título.

Sección 4

Del Procedimiento en el Juzgado de Faltas Municipales

Artículo 107.- Antecedentes y Providencia.

Recibidos los antecedentes remitidos por el Intendente, el Juez, mediante providencia, determinará la pertinencia de la acción; en caso afirmativo, dispondrá la sustanciación de la causa; en caso contrario, dispondrá su archivamiento.

Resolverá en el mismo acto la confirmación, la modificación o el levantamiento de las medidas de urgencia, si hubieren sido tomadas; o podrá ordenarlas.

Artículo 108.- Casos de Desestimación.

El Juez deberá desestimar la acción en los siguientes casos:

1) si el acta de intervención no reuniere los requisitos señalados en la Sección 2 del Capítulo V o si el legajo de antecedentes remitido contuviere vicios sustanciales imposibles de ser subsanados;

2) si los hechos constatados no constituyeren faltas o hayan dejado de constituirlas; y,

3) si el imputado estuviere exento de responsabilidad.

Artículo 109.- Resolución de Admisión.

En la resolución que admita la causa, se dispondrá además:

1) la notificación de la misma al imputado;

2) su citación por cinco días perentorios a comparecer, por sí o por apoderado, a fin de ejercer su defensa; y,

3) a ofrecer en el mismo acto las pruebas de descargo que tuviere.

Artículo 110.- Notificación- Contenido.

La resolución que admita la causa y la que contenga el fallo deberá ser notificada por escrito. Las demás notificaciones serán hechas en el Juzgado en los días fijados por éste.

La cédula de notificación de toda Resolución deberá redactarse en dos ejemplares y contener:

1) membrete del Juzgado Municipal de Faltas;

2) lugar y fecha de emisión de la cédula;

3) nombre y dirección de la persona a la que se remite;

4) identificación del Juzgado y de la causa;

5) número, fecha y transcripción de la parte resolutiva del fallo;

6) dirección del Juzgado, días y horas de atención pública; y,

7) nombre, cargo y firma del funcionario oficiante.

Artículo 111.- Forma de Notificación.

El funcionario oficiante entregará un ejemplar al destinatario, a su representante, a sus familiares o dependientes, portero o vecino; en defecto de éstos, lo introducirá en el buzón o en el interior de la habitación de acceso o lo fijará en la puerta principal.

En el segundo ejemplar, labrará acta de lo actuado, la que deberá ir firmada por él y por quien recibiere la cédula.

Artículo 112.- Pruebas.

Las pruebas que no fueren producidas en el mismo acto de comparecencia del imputado, no serán consideradas, salvo casos excepcionales admitidos por el Juez.

El Juzgado podrá disponer pruebas periciales, de examen, de informe o medidas para mejor proveer, si las estimare indispensables para emitir el fallo.

En estos casos, será abierto un período de prueba por un plazo perentorio no mayor a diez días hábiles.

Artículo 113.- Contenido de la Sentencia.

Cumplida con la audiencia y, en su caso, producidas las pruebas o transcurrido el plazo fijado para su producción, el Juzgado dictará fallo en el plazo de veinte días, en el que consignará:

a) el lugar y la fecha de la sentencia;

b) la identificación de la causa;

c) una relación sucinta de la imputación; en su caso, de la concurrencia de faltas; de la defensa y de los méritos de las pruebas producidas; la mención de pruebas rechazadas; de reincidencias y de circunstancias agravantes o atenuantes, si las hubiere;

d) la mención de las disposiciones municipales violadas y de aquéllas en las que se funda el fallo;

e) una parte resolutoria absolviendo o condenando, en todo o en parte, al imputado o, en caso de varios imputados, lo que correspondiere a cada uno, con expresa mención de la calificación de la falta y de las sanciones aplicadas;

f) en su caso, los plazos que se concedan para el cumplimiento de la condena o para el levantamiento de medidas de urgencia, así como el pronunciamiento sobre costas;

g) la disposición de notificar a las partes y de archivar las copias de la Resolución; y,

h) las firmas del Juez y del secretario.

Artículo 114.- Sentencia No Recurrida.

La sentencia no recurrida en plazo quedará firme y ejecutoriada.

Artículo 115.- Sobreseimiento Definitivo y Provisional.

Deberá sobreseerse definitivamente en la causa si:

1) la falta no fue demostrada;

2) con conocimiento e intervención del Juzgado, el imputado hiciere el pago de la multa o revirtiere satisfactoriamente y en plazo el hecho u omisión que se le imputa como falta; y,

3) se ha producido la prescripción.

Deberá sobreseerse provisionalmente en la causa si no es posible individualizar al imputado ni a sus cómplices.

Sección 5

De los Recursos

Artículo 116.- Recurso.

Contra las sentencias del Juzgado de Faltas Municipales, cabrá recurso de apelación y nulidad ante el Intendente, que deberá deducirse en escrito fundamentado y presentado ante el Juzgado dentro del plazo perentorio de cinco días hábiles.

La apelación se concederá con efecto suspensivo.

Concedido el recurso, los autos deberán ser remitidos sin demora al Intendente Municipal.

Artículo 117.- Plazo para Resolver Apelación.

Recibidos los autos o concedido el recurso de queja, el Intendente deberá expedirse en el plazo de diez días, confirmando, modificando, revocando o anulando la sentencia recurrida o una parte de ella; si no lo hiciere en este lapso, se tendrá por confirmada de modo automático, la resolución apelada.

Si hubiere pluralidad de recurrentes, todas las apelaciones se substanciarán simultáneamente.

Artículo 118.- Irregularidades Procesales.

Si fueren constatadas irregularidades procesales susceptibles de haber modificado la suerte del juicio, el Intendente deberá devolver los autos al Juzgado de origen, a fin de que se retrotraiga el procedimiento al estadio pertinente y el vicio sea subsanado.

Artículo 119.- Recurso de Queja.

Cabrá el recurso de queja ante el Intendente en los siguientes casos:

1) por causa de la denegatoria del recurso de apelación; deberá ser interpuesto dentro de las veinticuatro horas de notificada la resolución correspondiente; y,

2) por demora injustificada en la remisión de los autos al Intendente, deberá ser interpuesto después de haberse urgido la remisión y transcurridos dos días, dentro de las veinticuatro horas siguientes al cumplimiento de este último plazo.

Artículo 120.- Plazo para Resolver Queja.

El Intendente ordenará al Juzgado la remisión de los autos y, examinados éstos, admitirá o denegará la queja. En caso negativo, se devolverán los autos al origen.

Si transcurrieran diez días sin que el Intendente se expida, se considerará de modo ficto que el recurso fue concedido.

Artículo 121.- Demanda Contencioso-Administrativa.

De la sentencia confirmada en forma automática y, en su caso, de la Resolución del Intendente, podrá recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo perentorio de dieciocho días.

Sección 6

De la Ejecución de Sentencias y Resoluciones

Artículo 122.- Ejecución Forzosa de Fallos.

Las actuaciones del Juzgado de Faltas Municipales, sus fallos y los fallos del Intendente, constituirán instrumentos públicos y podrán ser ejecutadas forzosamente por la vía administrativa.

Artículo 123.- Excepciones.

Las sentencias y resoluciones que apliquen sanciones pecuniarias y determinen accesorios legales, constituirán títulos ejecutivos contra los que podrán oponerse solamente las excepciones de incompetencia de jurisdicción, falta de personería, falsedad o inhabilidad del título, prescripción, pago total documentado y cosa juzgada.

Artículo 124.- Costos por Incumplimiento de Sentencia.

Si la sentencia o resolución dispone hacer o no hacer y, por omisión o renuencia, el condenado deja transcurrir el plazo sin cumplirla, y por tal causa debe ser subrogado en su obligación de hacer o rectificado en la de abstenerse, los costos generados serán a su cargo y para su resarcimiento, la Municipalidad deberá emplear el procedimiento dispuesto en el Capítulo III del presente Título.

Artículo 125.- Ejecución de Sentencia.

Si para la ejecución de la sentencia fuere necesario recurrir a la justicia ordinaria, la acción correspondiente deberá ser promovida por el Intendente Municipal ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil de Turno, por la vía de ejecución de sentencia.

En ningún estadio del juicio, le serán exigidas cauciones a la Municipalidad, y sólo serán admisibles las excepciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 126.- Asistencia de la Policía Nacional.

La Policía Nacional prestará de inmediato la asistencia que le sea requerida por el Juzgado de Faltas Municipales o por el Intendente para el cumplimiento de leyes, ordenanzas, resoluciones, medidas de urgencia o sentencias municipales, acompañándose copia auténtica de la resolución que la ordene.

Sección 7

De los Requisitos, Facultades y Responsabilidades de los Jueces

Artículo 127.- Jueces - Requisitos - Juramento.

Para ser Juez de Faltas Municipales, deberán reunirse los mismos requisitos exigidos para el cargo de Juez de Primera Instancia.

Antes de asumir el cargo, las personas designadas deberán prestar juramento de fiel cumplimiento de funciones ante el pleno de la Junta Municipal.

Si no fuera posible encontrar candidato a Juez que reúna los requisitos exigidos en la presente Ley, la Junta Municipal podrá resolver la designación de candidatos con los requisitos exigidos para los Jueces de Paz.

Las municipalidades podrán, mediante convenio celebrado al efecto, compartir entre sí un mismo Juzgado de Faltas, con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

El convenio deberá determinar como mínimo:

a) la Municipalidad responsable del nombramiento, enjuiciamiento y sanción de los jueces;

b) la Municipalidad responsable del pago de los salarios;

c) el aporte de cada Municipalidad.

Artículo 128.- Sustitución de Jueces.

En defecto del Juez, por ausencia, impedimentos, inhibición o recusación, será sustituido por otro de igual jerarquía; si no lo hubiere, la Junta Municipal designará un Juez ad hoc que reúna los mismos requisitos y cumpla las mismas condiciones establecidas para los jueces regulares.

Artículo 129.- Enjuiciamiento de Jueces.

La Junta Municipal, por simple mayoría de votos, podrá decidir el enjuiciamiento de jueces de faltas municipales por mal desempeño de sus funciones o faltas al decoro debido, para lo cual constituirá con sus miembros una comisión ad hoc, elegidos por sorteo, la que deberá expedirse en el plazo de diez días hábiles, en fallo fundado, previa audiencia del inculpado.

El fallo de la comisión enjuiciadora podrá ser recurrido en última instancia ante el plenario de la Junta Municipal en el plazo de cinco días hábiles.

Artículo 130.- Sanciones Aplicables a Jueces.

Las sanciones aplicables por la Junta a los jueces, de acuerdo con la gravedad, serán: la amonestación, la multa equivalente al monto de uno a noventa jornales mínimos, la destitución e inhabilitación de hasta cinco años para ejercer funciones municipales no electivas.

Artículo 131.- Sanciones.

Los jueces de faltas municipales podrán imponer las sanciones a los funcionarios del Juzgado, a los encausados o a sus representantes, a peritos y otros auxiliares, por conducta desarreglada, irreverente u obstruccionista en el Juzgado o en el curso del proceso.

Estas sanciones podrán consistir, de acuerdo con la gravedad, en amonestación o multas equivalentes al monto de uno a noventa jornales mínimos. Las sanciones podrán ser recurridas en última instancia ante el Intendente en el plazo de cinco días.

Artículo 132.- Plazos en Días Hábiles.

Los plazos señalados en el presente Título, deberán contarse en días hábiles laborables, salvo los casos en que ella establece otra modalidad.

TÍTULO QUINTO

DE LOS BIENES MUNICIPALES

CAPÍTULO 1

De la Clasificación

Artículo 133.- Bienes Municipales.

Los bienes municipales están constituidos por:

a) los bienes del dominio público; y,

b) los bienes del dominio privado.

CAPÍTULO II

De los Bienes del Dominio Público

Artículo 134.-Bienes del Dominio Público.

Son bienes del dominio público, los que en cada municipio están destinados al uso y goce de todos sus habitantes, tales como:

a) las calles, avenidas, caminos, puentes, pasajes y demás vías de comunicación que no pertenezcan a otra administración;

b) las plazas, parques, inmuebles destinados a edificios públicos y demás espacios destinados a recreación pública;

c) las aceras y los accesorios de las vías de comunicación o de espacios públicos a los que se refieren los incisos a) y b);

d) los ríos, lagos y arroyos comprendidos en las zonas urbanas del Municipio, que sirven al uso público, y sus lechos;

e) los que el Estado transfiera al dominio público municipal;

f) las fracciones destinadas para plazas, edificios públicos, calles y avenidas, resultantes de loteamientos; y,

g) los bienes del dominio privado municipal declarados de dominio público, por ordenanza municipal, que deberán ser inscriptos en la Dirección General de los Registros Públicos.

En el caso excepcional en que alguno de estos bienes estén sujetos al uso de ciertas personas o entidades, deberán pagar el canon que se establezca. Sin embargo, los espacios destinados a plazas, parques, calles y avenidas no podrán ser objeto de concesión para uso de particulares.

Artículo 135.- Bienes Inalienables, Inembargables e Imprescriptibles.

Los bienes del dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Por su naturaleza, no tendrán una estimación monetaria y consecuentemente no figurarán en el activo contable municipal, aunque debe ser objeto de documentación y registro en la Municipalidad.

Artículo 136.- Afectación del Dominio Público al Privado por Ley.

La Ley podrá establecer que un bien del dominio público municipal pase a ser un bien del dominio privado cuando así lo exija el interés general, a excepción de los inmuebles destinados a plazas, parques y espacios verdes en general.

CAPÍTULO III

De los Bienes del Dominio Privado

Artículo 137.- Bienes del Dominio Privado.

Son bienes del dominio privado:

a) los bienes municipales que no sean del dominio público;

b) los inmuebles situados en las zonas urbanas que carezcan de dueño según ordenanza respectiva;

c) los bienes municipales destinados a rentas;

d) las inversiones financieras; y,

e) todos los otros bienes que integran el activo contable municipal.

Los bienes del dominio privado tendrán una estimación monetaria y formarán parte del activo contable municipal, debiendo ser debidamente inventariados por la Municipalidad, con los documentos correspondientes. A tales efectos, se deberá realizar la mensura judicial de conformidad al Código Civil.

Siempre y cuando sea para destinarlo a instituciones públicas de salud y/o educación, las municipalidades podrán solicitar al Congreso Nacional la autorización correspondiente para transferir a título gratuito sus bienes de dominio privado municipal.

Artículo 138.- Subasta Pública de Bienes y Excepciones.

Las municipalidades podrán enajenar los bienes de su dominio privado, por el procedimiento de la subasta pública o excepcionalmente en forma directa previo avalúo pericial que no será menor al valor fiscal, salvo las excepciones de permuta, excedente y cumplimiento de contrato por los arrendatarios.

En todos los casos, se requerirá la aprobación de la Junta Municipal.

Artículo 139.- Condiciones de Arrendamiento.

Las condiciones de arrendamiento de terrenos municipales, serán establecidas por ordenanza, en la que se contemplarán los requisitos correspondientes, entre ellos un plazo no menor de un año y la revocabilidad en caso de incumplimiento de dichas condiciones.

Artículo 140.- Venta Directa para Arrendatarios.

Cuando los arrendatarios de terrenos municipales hubieren cumplido debidamente los contratos, la Municipalidad, a petición de ellos, podrá proceder a la venta directa de los predios sin que sea necesaria la subasta, previo avalúo pericial.

Artículo 141.- Permuta de Interés Municipal.

Las municipalidades podrán, asimismo, permutar tierras de su dominio privado cuando la operación sea conveniente a los intereses municipales.

Artículo 142.- Venta Directa de Excedentes.

Los excedentes de terrenos del dominio privado municipal cuyo frente y superficie no tengan las dimensiones mínimas exigidas por la Ley para constituir un lote, podrán ser vendidos directamente a los propietarios de predios colindantes, previa tasación pericial.

TÍTULO SEXTO

DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

CAPÍTULO I

Generalidades

Artículo 143.- Financiamiento.

El funcionamiento de las municipalidades y de los servicios que deben prestar para el cumplimiento de sus atribuciones y objeto, serán financiados con los ingresos previstos por la Ley.

Artículo 144.- Tipos de Ingresos.

Las municipalidades tendrán ingresos corrientes, ingresos de capital, y recursos de financiamiento y donaciones, así como participación en tributos en regalías de otros niveles de la Administración del Estado.

Artículo 145.- Ingresos Corrientes.

Los ingresos corrientes se clasifican en:

a) ingresos tributarios;

b) ingresos no tributarios;

c) transferencias y donaciones destinadas expresamente a cubrir gastos corrientes; y;

d) demás ingresos corrientes no previstos en los incisos precedentes.

Artículo 146.- Ingresos Tributarios.

Son ingresos tributarios los provenientes de impuestos, tasas y contribuciones especiales, creados por las leyes.

Artículo 147.- Ingresos no Tributarios.

Son ingresos no tributarios, los generados por otras fuentes que son básicamente las siguientes:

a) las multas;

b) las prestaciones de servicios;

c) las rentas de activos fijos;

d) las rentas de activos financieros;

e) las concesiones; y,

f) otros ingresos destinados a gastos corrientes que respondan a la naturaleza de los ingresos no tributarios.

Artículo 148.- Transferencias Corrientes.

Las transferencias corrientes son ingresos provenientes del Tesoro Nacional y de organismos y entidades del sector público, en calidad de aportes sin contraprestación y no reembolsables, destinados a atender gastos corrientes.

Artículo 149.- Ingresos de Capital.

Son ingresos de capital:

a) venta de activos;

b) enajenación de inmuebles u otros bienes de capital;

c) transferencias y donaciones destinadas a gastos de capital; y

d) demás ingresos de capital no clasificados en los incisos precedentes.

Artículo 150.- Recursos de Financiamiento.

Son recursos de financiamiento:

a) endeudamiento interno;

b) endeudamiento externo;

c) recuperación de préstamos; y,

d) demás recursos de financiamiento no clasificados en los incisos precedentes, tales como los negocios fiduciarios.

CAPÍTULO II

De los Ingresos Tributarios

Sección 1

De los Impuestos

Artículo 151.- Impuestos Exclusivos y Compartidos.

Los impuestos municipales son de exclusiva fuente municipal y de participación con el Estado.

Las municipalidades quedan autorizadas a regular por ordenanza un descuento de hasta el 12% (doce por ciento) por el pago puntual de impuestos y tasas, del mismo modo que regulará el período dentro del cual se pagará el monto nominal y el período durante el cual se cobrarán multas y recargos por gestión de cobranza.

Artículo 152.- Impuestos Municipales.

Son impuestos de fuente municipal, los siguientes:

a) impuesto inmobiliario, en los porcentajes establecidos en la Constitución Nacional;

b) impuesto a los baldíos y a inmuebles de grandes extensiones;

c) patente comercial, industrial y profesional;

d) patentes de rodados;

e) a la construcción;

f) al fraccionamiento de la propiedad inmobiliaria;

g) a la transferencia de dominio de bienes raíces;

h) edilicio;

i) de registro de marcas de ganado;

j) de transferencia y faenamiento de ganado;

k) al transporte público de pasajeros;

l) a los espectáculos públicos y a los juegos de entretenimientos y de azar;

m) a las rifas y sorteos;

n) a las operaciones de crédito;

ñ) a la publicidad y propaganda;

o) a sellados y estampillas municipales;

p) de cementerios;

q) a los propietarios de animales; y,

r) los demás creados por ley.

Artículo 153.- Impuesto Inmobiliario.

Corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudación será competencia de las municipalidades. El 70% (setenta por ciento) de lo recaudado por cada Municipalidad quedará en propiedad de la misma, el 15% (quince por ciento) en la del Departamento respectivo y el 15% (quince por ciento) restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos, de conformidad al Artículo 169 de la Constitución Nacional.

A la Municipalidad de Asunción, que es sede de la ciudad capital de la República y es independiente de todo departamento, le corresponderá la propiedad del 85% (ochenta y cinco por ciento) de todo lo recaudado en concepto de dicho tributo.

Artículo 154.- Base Imponible del Impuesto Inmobiliario.

La base imponible la constituye la valuación fiscal de cada inmueble, que será determinada por la Municipalidad sobre la base de la reglamentación general que dicte anualmente el Servicio Nacional de Catastro.

En el caso de los inmuebles urbanos, la reglamentación general que dicte el Servicio Nacional de Catastro determinará los valores fiscales por metro cuadrado de superficie de terreno y de construcciones, por los servicios y demás mejoras. Dichos valores fiscales establecidos guardarán relación directa con:

a) la ubicación de los inmuebles dentro del municipio;

b) la antigüedad, el tipo, la clase y características de las construcciones y el estado de conservación de las mismas; y,

c) el tipo de pavimentación.

En el caso de los inmuebles rurales, la reglamentación general que dicte el Servicio Nacional de Catastro determinará los valores fiscales por hectárea de superficie de terreno. Dichos valores fiscales establecidos guardarán relación directa con la ubicación de los inmuebles dentro del municipio y las características de la zona.

La valuación fiscal de cada inmueble será aprobada por Resolución de la Intendencia Municipal.

Artículo 155.- Revalúos Especiales.

Las avaluaciones vigentes serán modificadas por las municipalidades, de oficio o a pedido de parte, siempre que se produzcan modificaciones catastrales por desmembración, división o reunión de parcelas, por accesión, aluvión, avulsión, demolición, construcción, ampliación de obras y reconstrucción de edificios u otras mejoras. Las modificaciones de los avalúos según el presente artículo entrarán a regir a partir del año siguiente a aquél en que el inmueble ha sido transformado o modificado; pero si el revalúo se operó con retraso, podrán contraliquidarse los impuestos percibidos indebidamente sobre la base anterior. La contraliquidación no podrá abarcar un período mayor de cinco años.

Los revalúos especiales serán aprobados por resolución de la Intendencia.

Artículo 156.- Revisión de las Valuaciones Fiscales.

Los contribuyentes podrán solicitar al Servicio Nacional de Catastro la revisión de la valuación fiscal del inmueble y de los revalúos especiales determinados por la Municipalidad, con el objeto de verificar si dichos actos municipales se ajustan a las normas técnicas aplicables.

El Servicio Nacional de Catastro correrá traslado a la Municipalidad, a fin de que conteste el pedido de revisión del contribuyente dentro del plazo de diez días hábiles.

Si la valuación fiscal del inmueble o el revalúo especial no se ajustare a las normas técnicas aplicables, el Servicio Nacional de Catastro dictará resolución modificando la avaluación o revalúo con efectos retroactivos a la fecha de la resolución municipal que hubiera aprobado la valuación fiscal o el revalúo especial.

El Servicio Nacional de Catastro deberá dictar resolución sobre la petición de revisión del contribuyente dentro del plazo de noventa días corridos.

Artículo 157.- Reducción de Impuestos en Caso de Calamidades.

Cuando se produzcan calamidades de carácter natural que afecten a los inmuebles, el Impuesto Inmobiliario podrá reducirse hasta en un 50% (cincuenta por ciento). El Intendente Municipal con aprobación de la Junta Municipal queda facultado para establecer esta rebaja siempre que se verifiquen los referidos extremos. La mencionada reducción se deberá fijar para cada año fiscal.

Sección 2

De las Tasas

Artículo 158.- Tipos de Tasas.

Las tasas serán las siguientes:

a) barrido y limpieza;

b) recolección, tratamiento y disposición final de residuos;

c) conservación de parques, jardines y paseos públicos;

d) contrastación e inspección de pesas y medidas;

e) chapas de numeración domiciliaria;

f) servicios de salubridad;

g) servicios de cementerios;

h) tablada;

i) desinfección y lucha contra insectos, roedores y otros agentes transmisores de enfermedades;

j) inspección de instalaciones;

k) servicios de identificación e inspección de vehículos;

l) servicios de alumbrado, aprovisionamiento de agua, alcantarillado sanitario y desagüe pluvial, siempre que no se hallen a cargo de otros organismos;

m) servicio de prevención y protección contra riesgo de incendios, derrumbes y otros accidentes graves; y,

n) las demás que se establezcan por ley.

Artículo 159.- Tasa de Conservación de Parques, Jardines y Paseos Públicos.

Todos los propietarios de inmuebles pagarán a la Municipalidad, previa prestación efectiva del servicio, una tasa por los servicios de conservación de parques, jardines y paseos públicos, conforme a la escala que se establezca por Ordenanza.

Artículo 160.- Tasa de Servicio de Prevención y Protección contra Riesgo de Incendios, Derrumbes y otros Accidentes Graves.

Todos los propietarios de establecimientos comerciales, industriales y de servicio, oficinas de atención al público en general, garajes, depósitos, locales que involucren la permanencia y movimiento de personas, así como locales de reuniones públicas, están obligados a solicitar los pertinentes permisos de construcción, ampliación, reforma y/o demolición de edificaciones, y pagarán a la Municipalidad, en cada caso, previa prestación efectiva del servicio, una tasa por los servicios de inspección de las medidas de seguridad para la prevención y protección contra riesgos de incendios, derrumbes y otros accidentes graves, conforme a la escala que se establezca por Ordenanza.

Artículo 161.- Tasa Ambiental.

En los casos que las municipalidades celebren convenios con las autoridades competentes y asuman la función de fiscalizar las normas ambientales, podrán percibir una tasa ambiental, que guardará relación con el servicio efectivamente prestado, no pudiendo sobrepasar el costo de los mismos. Los beneficiarios del servicio estarán obligados al pago de la tasa ambiental establecido por ordenanza.

Artículo 162.- Regulación del Monto de las Tasas.

La Municipalidad determinará por Ordenanza, la regulación del monto de las tasas creadas por ley. Los montos que se establezcan, no podrán sobrepasar el costo de los servicios efectivamente prestados, de conformidad al Artículo 168 de la Constitución Nacional.

Sección 3

De las Contribuciones Especiales

Artículo 163.- Contribución por Obra Pública.

Cuando la realización de una obra pública municipal beneficie a propietarios de inmuebles y contribuya a aumentar el valor de dichos inmuebles, dará lugar a una contribución especial, excluyéndose las obras pagadas a prorrata por los propietarios.

Artículo 164.- Criterio de Contribución.

Si el beneficio fuese directo, como en el caso de los propietarios colindantes, la contribución, a cargo de los beneficiarios será, por una sola vez, la suma equivalente al 20% (veinte por ciento) de incremento que adquieren por tal motivo los inmuebles.

En los demás casos, se considerará que el beneficio es indirecto y la contribución de los beneficiarios no será superior al 10% (diez por ciento) del aumento valor que adquieren los inmuebles.

Para establecer la base imponible de la contribución, se tendrá en cuenta el valor fiscal de los predios antes de iniciada la obra, y el valor fiscal fijado una vez concluida. El pago de esta contribución podrá ser fraccionado en cuotas mensuales.

Artículo 165.- Transferencia de Obras Particulares.

Las calles, caminos y puentes abiertos y construidos en los dominios particulares, por sus respectivos dueños, con el objeto de valorizarlos y venderlos, se transferirán gratuitamente a la Municipalidad, y se inscribirán inmediatamente en el Registro Público. Las obras mencionadas se harán previo permiso municipal y de acuerdo con las ordenanzas.

Sección 4

De la Pavimentación

Artículo 166.- Fondo Especial para la Pavimentación, Desagüe Pluvial, Desagüe Cloacal (en convenio con la ESSAP) y Obras Complementarias y Cuenta Especial.

Créase el fondo especial para la pavimentación y obras complementarias constituido por:

a) la contribución especial de todos los propietarios de inmuebles, cuya cuantía será equivalente a un 10% (diez por ciento) adicional al monto del Impuesto Inmobiliario;

b) la contribución especial de los propietarios de rodados, cuya cuantía será equivalente a un 10% (diez por ciento) adicional a la patente de rodados;

c) otros recursos tales como; fondos propios de las municipalidades, transferencias recibidas en concepto de royaltíes y compensaciones provenientes de Itaipú y Yacyretá, y empréstitos a ser definidos en el presupuesto municipal en el porcentaje establecido por Ordenanza.

Para su ejecución, todas las municipalidades habilitarán una cuenta bancaria especial a la que deberán acreditarse todos los ingresos que constituyen dicho fondo especial para la pavimentación, el cual sólo podrá gastarse para hacer frente a dicho objeto.

Artículo 167.- Plan Quinquenal y Anual de Pavimentación.

La Municipalidad elaborará un plan quinquenal de pavimentación, basado en un relevamiento técnico, el interés general y las estimaciones financieras del fondo especial para la pavimentación. Dicho plan será actualizado anualmente e incorporado su ejecución en la Ordenanza de Presupuesto.

Artículo 168.- Duración y Tipos de Pavimento.

La duración y tipos de pavimento se definirán por normas técnicas nacionales a través del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, quien estará obligado a preparar las especificaciones técnicas de carácter general. Los pavimentos existentes al momento de la entrada en vigencia de esta Ley, tendrán la vida útil establecida en las normas aplicables de la anterior Ley Orgánica Municipal.

Artículo 169.- Conservación de Pavimentos y Demás Vías de Tránsito Vehicular No-Pavimentadas.

La conservación de pavimentos y de las vías de tránsito vehicular no-pavimentadas por desperfectos provenientes de la acción natural del tiempo y del tránsito de vehículos, será efectuada por la Municipalidad, y el costo de ella será cubierto con la contribución especial establecida por Ordenanza para el efecto, a cargo de los propietarios de inmuebles y de autovehículos de transporte de carga según su tonelaje.

Artículo 170.- Reparación de Pavimentos.

La reparación del pavimento será costeada directamente por el causante del daño.

Artículo 171.- Definiciones por Ordenanza.

Se definirán por Ordenanza:

a) forma de pago de la contribución especial; y,

b) otros recursos a saber: porcentajes de impuestos, recursos de créditos para financiar la pavimentación, o de transferencias recibidas en concepto de royaltíes y compensaciones provenientes de Itaipú y Yacyretá.

Sección 5

Disposiciones de Aplicación General

Artículo 172.- Aplicabilidad del Régimen Tributario Nacional.

Serán aplicables las disposiciones legales de aplicación general del régimen tributario nacional en todo lo que no contradigan las disposiciones de esta Ley.

Por Ordenanza, se podrán establecer recargos e intereses en caso de mora en el pago de tributos y otros recursos, conforme a los criterios establecidos en el régimen tributario nacional.

Artículo 173.- Prescripción para Cobro de Tributos.

La acción para el cobro de los tributos municipales prescribirá a los cinco años, contados a partir del uno de enero del año siguiente a aquél en que la obligación debió cumplirse.

Artículo 174.- Exoneración Tributaria para Inmuebles con Edificaciones Catalogadas como Patrimonio Histórico.

Los inmuebles que posean edificaciones catalogadas y declaradas por la autoridad competente como patrimonio histórico nacional o municipal, estarán exonerados del pago de impuestos municipales.

CAPÍTULO III

De los Empréstitos

Artículo 175.- Acceso al Crédito.

Las municipalidades podrán acceder al crédito público y privado, nacional e internacional con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley.

CAPÍTULO IV

De las Multas

Artículo 176.- Multas.

El incumplimiento de las disposiciones de la Ley, Ordenanzas y Resoluciones municipales dará lugar a la imposición de las multas previstas en ellas.

CAPÍTULO V

Del Cobro de las Deudas por Vía Judicial

Artículo 177.- Deudas Exigibles Vía Ejecución de Sentencia.

Las deudas por impuestos, tasas y contribuciones municipales que no hayan sido pagadas en los plazos establecidos en las leyes y ordenanzas, y una vez declaradas en mora, serán exigibles judicialmente por la vía de la ejecución de sentencia, previa notificación al deudor.

La liquidación, la constancia escrita de su previa notificación fehaciente al deudor, y el certificado suscripto por el Intendente y el secretario municipal serán suficientes títulos para promover la ejecución.

TÍTULO SÉPTIMO

DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

CAPÍTULO I

De la Normativa de Aplicación General

Artículo 178.- Régimen Jurídico.

Las municipalidades en materia de Administración Financiera, Principios Generales, Sistema de Presupuesto, Principios Presupuestarios, Normas Presupuestarias, Lineamientos, Criterios, Terminología Presupuestaria, Clasificador Presupuestario, Estructura del Presupuesto y Programación del Presupuesto se regirá por las disposiciones establecidas en la Ley N° 1.535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO” y sus decretos y resoluciones reglamentarias que le sean aplicables, así como las leyes anuales de Presupuesto.

Artículo 179.- Servicios Personales.

Las municipalidades no podrán gastar en servicios personales más del 60% (sesenta por ciento) de sus ingresos corrientes ejecutados, según el último informe anual de ejecución presupuestaria.

Las remuneraciones del personal municipal serán establecidas en la Ordenanza de Presupuesto, de acuerdo con las posibilidades económicas de la Municipalidad.

Artículo 180.- Vigencia del Presupuesto General de la Municipalidad.

El ejercicio financiero o ejercicio fiscal se iniciará el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año.

Artículo 181.- Proyecto de Ordenanza de Presupuesto.

El Intendente Municipal elevará el proyecto de Ordenanza de Presupuesto a la Junta Municipal para su consideración, a más tardar el 30 de setiembre de cada año. Si la fecha fuese inhábil, podrá elevarse el día siguiente hábil.

Si por cualquier motivo no se hubiere presentado el proyecto de Ordenanza de Presupuesto en plazo, seguirá vigente el del ejercicio fiscal en curso.

Artículo 182.- Plazo de Estudio - Sanción Automática - Rechazo.

La Junta Municipal dará prioridad al estudio del proyecto de Ordenanza de Presupuesto.

En el estudio del proyecto, la Junta Municipal no podrá reasignar recursos destinados a inversiones con el propósito de incrementar gastos corrientes.

La Junta Municipal no podrá realizar una reestimación de ingresos con excepción de modificaciones que respondan a una omisión de orden legal.

La Junta Municipal deberá sancionar el proyecto a más tardar el 20 de noviembre de cada año. La falta de despacho dentro de este plazo se entenderá como aprobación.

La Junta Municipal podrá rechazar totalmente el proyecto, sólo por mayoría absoluta de dos tercios. En este caso, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal del año en curso.

Artículo 183.- Plazo de Remisión de la Junta Municipal.

Sancionada la Ordenanza que apruebe el presupuesto, la Junta la remitirá al Intendente en el plazo de tres días corridos para su promulgación a más tardar el 30 de noviembre.

Artículo 184.- Veto de la Ordenanza de Presupuesto.

La Intendencia Municipal, dentro del plazo establecido en el artículo anterior, podrá objetar el presupuesto sancionado expresando a la Junta Municipal los fundamentos.

El veto deberá ser tratado dentro del plazo perentorio de diez días corridos de su presentación en la Junta Municipal.

Si la Junta se ratificare en su decisión con el voto de la mayoría absoluta de dos tercios, el Intendente Municipal promulgará la Ordenanza respectiva.

Si la Junta no alcanzare la mayoría requerida o no se tratare el veto en el plazo establecido, la Ordenanza quedará automáticamente promulgada con las modificaciones introducidas en el veto.

Artículo 185.- Ejecución del Presupuesto.

La Intendencia Municipal, a través de las reparticiones correspondientes, tendrá a su cargo la ejecución del presupuesto, de conformidad a los principios, normas y criterios presupuestarios que establece la Ley, sus reglamentos, las ordenanzas y resoluciones.

El Intendente deberá determinar una Unidad de Administración y Finanzas, que será responsable de la administración y uso de los recursos asignados en el Presupuesto General de la Municipalidad. Podrán establecerse Subunidades.

Artículo 186.- Plan Financiero.

La ejecución presupuestaria se realizará en base al Plan Financiero Municipal, de acuerdo con las normas que se establezcan en la Ordenanza. Se tomarán en cuenta el flujo estacional de los ingresos y la capacidad real de ejecución del presupuesto.

Dicho Plan Financiero servirá de marco de referencia para la programación de caja y la asignación de cuotas.

Sólo se podrán contraer obligaciones con cargo a saldos disponibles de asignación presupuestaria específica. No se podrá disponer de las asignaciones para una finalidad distinta a la establecida en el Presupuesto.

Artículo 187.- Etapas de la Ejecución del Presupuesto.

Las etapas en la ejecución del Presupuesto son:

a) Ingresos:

i) Liquidación: identificación de la fuente y cuantificación económico-financiera del monto del recurso a percibir; y,

ii) Recaudación: percepción efectiva del recurso originado en un ingreso devengado y liquidado.

b) Egresos:

i) Previsión: asignación específica del crédito presupuestario;

ii) Obligación: compromiso de pago originado en un vínculo jurídico-financiero entre la Municipalidad y una persona física o jurídica; y,

iii) Pago: cumplimiento parcial o total de las obligaciones.

Artículo 188.- Ampliación del Presupuesto General de la Municipalidad.

Las modificaciones al Presupuesto General de la Municipalidad que impliquen la ampliación de los gastos previstos, deberán asignar explícitamente los recursos con los que se sufragará la ampliación.

Los recursos provenientes de operaciones de crédito serán incorporados al Presupuesto General de la Municipalidad. A tal efecto, el Intendente remitirá a la Junta Municipal el proyecto de ampliación presupuestaria, acompañando al pedido de aprobación el respectivo convenio de crédito.

Artículo 189.- Modificación de Programas Presupuestarios.

La Intendencia podrá disponer por resolución fundada la modificación de créditos presupuestarios dentro un mismo programa, debiendo informar con la rendición cuatrimestral del presupuesto a la Junta Municipal acerca de las modificaciones realizadas.

No podrá ejercer esta atribución para transferir créditos de gastos de capital a gastos corrientes.

Tampoco efectuará transferencia alguna de créditos de un programa a otro, sino por la vía de la ordenanza. En este caso, la Junta Municipal tendrá un plazo perentorio e improrrogable de treinta días corridos para expedirse sobre cualquier solicitud de modificación presupuestaria remitida por la Intendencia Municipal, cumplido el cual, el proyecto de Ordenanza se considerará aprobado.

Artículo 190.- Modificación de las Remuneraciones del Personal.

La creación de nuevos cargos y la modificación de las remuneraciones previstas en el Presupuesto General de la Municipalidad, cualquiera sea su denominación, requerirán en todos los casos de una modificación del presupuesto con aprobación de la Junta Municipal.

Artículo 191.- Cierre y Liquidación Presupuestaria.

El cierre de las cuentas de ingresos y gastos para la liquidación presupuestaria se efectuará el 31 de diciembre de cada año, a cuyo efecto, se aplicarán las siguientes normas:

a) con posterioridad al 31 de diciembre, no podrán contraerse obligaciones con cargo al ejercicio cerrado en esa fecha. Las asignaciones presupuestarias no afectadas se extinguirán sin excepción;

b) las obligaciones exigibles, no pagadas por la Municipalidad al 31 de diciembre, constituirán la deuda flotante que se cancelará, a más tardar el último día del mes de febrero;

c) los saldos en cuentas generales y administrativas de la Municipalidad, una vez deducidas las sumas que se destinarán al pago de la deuda flotante, se convertirán en ingresos del siguiente ejercicio fiscal, en la misma cuenta de origen y en libre disponibilidad.

Luego del cierre del ejercicio se elaborará el estado de resultados de la ejecución presupuestaria, detallando los ingresos, los gastos y su financiamiento.

Capítulo II

Del Sistema de Tesorería

Artículo 192.- Plan de Caja.

Las municipalidades aplicarán técnicas de programación financiera adecuadas para el manejo de los fondos públicos mediante la utilización del plan de caja basado en el análisis financiero de los flujos de fondos, que se estructurará en base al plan financiero de recursos y egresos elaborados conforme a la presente Ley.

Artículo 193.- Administración de Caja.

El Intendente podrá autorizar la utilización de fondos rotatorios para el manejo de recursos institucionales, cuyo destino específico debe estar autorizado en el presupuesto y cuya aplicación deberá ser justificada el mes siguiente a su utilización.

Artículo 194.- Recaudación, Depósito, Contabilización y Custodia de Fondos.

La recaudación, contabilización, custodia temporal, depósito o ingreso de fondos públicos municipales, se sujetarán a la reglamentación establecida, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

a) el producto de los impuestos, tasas, contribuciones y otros ingresos deberán contabilizarse y depositarse en la respectiva cuenta de recaudación por su importe íntegro, sin deducción alguna, salvo aquellas establecidas en la Ley;

b) los funcionarios y agentes habilitados para la recaudación de fondos públicos garantizarán su manejo y no podrán retener tales recursos por ningún motivo, fuera del plazo establecido que determine la Contraloría General de la República;

c) cualquier uso o la retención no justificada mayor al plazo establecido por la Contraloría General de la República, constituirá hecho punible contra el patrimonio y contra el ejercicio de la función pública; y,

d) los valores en custodia deberán ser depositados exclusivamente en cuentas autorizadas para el efecto.

Artículo 195.- Proceso de Pagos.

Los pagos, en cualquiera de sus formas o mecanismos, se realizarán exclusivamente en cumplimiento de las obligaciones legales contabilizadas y con cargo a las asignaciones presupuestarias y a las cuotas disponibles. Los pagos deberán ser ordenados por el Intendente o por otro funcionario municipal autorizado por el Intendente y por el responsable de la Unidad de Administración y Finanzas.

Artículo 196.- Financiamiento Temporal de Caja.

Las municipalidades podrán obtener, con autorización de sus respectivas Juntas Municipales, préstamos de corto plazo para cubrir déficit temporales de caja. Los límites de tal endeudamiento estarán determinados por la capacidad institucional de pago y las previsiones de su presupuesto, las cuales no podrán ser sobrepasadas en ningún caso.

El plazo de pago de este tipo de financiamiento no podrá superar el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente.

CAPÍTULO III

Del Sistema de Crédito y Deuda Pública

Artículo 197.- Crédito Público.

Se entenderá por “crédito público” la capacidad que tiene la Municipalidad de captar recursos financieros para realizar inversiones productivas, atender casos de evidente necesidad o emergencia, reestructurar su organización o refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses, comisiones y gastos respectivos. Se prohíben realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes.

Artículo 198.- Deuda Pública Municipal.

El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará “deuda pública municipal” y puede originarse en:

a) la emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo o mediano plazo, relativos a un empréstito;

b) la contratación de empréstitos con instituciones financieras;

c) la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero, siempre y cuando los conceptos que se financien, se hayan devengado anteriormente;

d) el otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el período del ejercicio fiscal, y se encuentren autorizados por la Junta Municipal respectiva; y,

e) la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas.

No se considera “deuda pública municipal” las operaciones que se realicen en el marco del financiamiento temporal de caja.

Artículo 199.- Autorización para Contratar. Formalización, Firma y Aprobación de los Contratos de Empréstitos.

La negociación y firma de los contratos de empréstitos corresponderán al Intendente Municipal.

Formalizado el contrato de empréstito, el Intendente lo remitirá a la Junta Municipal para su consideración.

Los contratos de empréstito serán válidos y exigibles sólo en caso de ser aprobados por las respectivas Juntas Municipales.

CAPÍTULO IV

Del Sistema de Contabilidad Municipal

Artículo 200.- Las Municipalidades en cuanto a sus Sistemas de Contabilidad:

El objetivo, las características principales del sistema, la contabilidad institucional, los fundamentos técnicos y la estructura de la contabilidad municipal, se regirán por las disposiciones establecidas en la Ley N° 1.535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO” y sus decretos y resoluciones reglamentarias que le sean aplicables.

CAPÍTULO V

Del Sistema de Control y Evaluación

Artículo 201.- Estructura del Sistema de Control.

El sistema de control de la Administración Financiera Municipal será interno y externo, y estará a cargo de las respectivas Juntas Municipales, de los órganos de auditoría interna que determine cada Intendencia Municipal, y de la Contraloría General de la República.

Artículo 202.- Control Interno.

El control interno está conformado por los instrumentos, mecanismos y técnicas de control, que serán establecidos en la reglamentación pertinente. El control interno comprende el control a cargo del órgano de la auditoría interna que determine la Intendencia y el control a cargo de la Junta Municipal.

Artículo 203.- Control Externo.

El control externo estará a cargo de la Contraloría General de la República, que tendrá a su cargo el estudio de la rendición y el examen de cuentas de las municipalidades, a los efectos del control de la ejecución del presupuesto, la administración de los fondos y el movimiento de los bienes. Se basará, principalmente, en la verificación y evaluación de los documentos que respaldan las operaciones contables que dan como resultado los estados de situación financiera, presupuestaria y patrimonial, sin perjuicio de otras informaciones que se podrán solicitar para la comprobación de las operaciones realizadas.

Artículo 204.- Información Contable para el Control Externo.

Las municipalidades deben tener a disposición de los órganos del control interno y externo correspondientes, la contabilidad al día y la documentación respaldatoria de las cuentas correspondientes a las operaciones efectuadas y registradas.

Artículo 205.- Auditorías Externas Independientes.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, las municipalidades podrán contratar auditorías externas independientes.

Artículo 206.- Rendición de la Ejecución Presupuestaria.

La rendición anual de cuentas de la ejecución presupuestaria comprenderá el balance patrimonial y de ingresos y egresos, el estado financiero, la comparación analítica del presupuesto general y de su ejecución y el inventario de bienes patrimoniales y otros requisitos establecidos en la reglamentación correspondiente que dicte la Contraloría General de la República.

Artículo 207.- Procedimiento.

La rendición anual de cuentas de la ejecución presupuestaria será sometida a la aprobación o rechazo de la Junta Municipal respectiva y al posterior examen de la Contraloría General de la República.

A tales efectos, la Intendencia Municipal remitirá a la Junta Municipal la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria dentro de los tres primeros meses del año siguiente.

La Junta Municipal considerará la rendición, dando su aprobación o rechazo en el plazo de cuarenta días, de recibida dicha comunicación. Transcurrido dicho plazo sin que la Junta Municipal se pronunciare, se la tendrá por aprobada.

Si lo considerare necesario, podrá requerir la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas y el Intendente deberá remitirla dentro del plazo establecido en el requerimiento. La falta de cumplimiento de esta requisitoria podrá ser considerada como una causal de rechazo de la rendición de cuentas.

En caso de rechazo, la Junta devolverá la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria a la Intendencia con las observaciones correspondientes.

La Intendencia Municipal considerará dichas observaciones y en el plazo de treinta días, de recibida la devolución, enviará nuevamente dicha rendición a la Junta, la que la aprobará o rechazará, en este último caso, con el voto de la mayoría absoluta de dos tercios.

La Intendencia remitirá a la Contraloría General de la República la Resolución de la Junta Municipal que apruebe o rechace la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria, acompañada de los documentos correspondientes, para su examen, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones respectivas.

Artículo 208.- Informes.

La Intendencia Municipal deberá presentar a la Junta Municipal para su conocimiento, un informe sobre la ejecución presupuestaria cada cuatro meses dentro de los treinta días siguientes.

TÍTULO OCTAVO

DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL

Artículo 209.- Ámbito de Aplicación.

Las contrataciones públicas, que realicen las municipalidades, se regirán por las disposiciones de la Ley N° 2.051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” o la que le sustituya y por las normas establecidas en esta Ley.

Artículo 210.- Información al Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

Las informaciones que suministren las municipalidades al Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), serán realizadas al solo efecto de garantizar la transparencia y el acceso del público a la información y no implicarán la sujeción de las contrataciones municipales a autorizaciones o aprobaciones de la Unidad Central Normativa y Técnica del Ministerio de Hacienda (UCNT).

Si la Unidad Central Normativa y Técnica detectare alguna irregularidad en el procedimiento de contratación municipal, deberá comunicar dicha circunstancia a la Contraloría General de la República y a la respectiva Junta Municipal para que estos órganos ejerzan sus funciones de control pertinentes.

Artículo 211.- Iniciativa Contractual.

Todo procedimiento de contratación deberá ser iniciado por la Intendencia Municipal.

Artículo 212.- Inicio del Proceso.

La Intendencia Municipal deberá solicitar a la Junta Municipal la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente, así como la autorización para realizar llamados a Licitación Pública o Licitación por concurso de ofertas.

Artículo 213.- Consideración del Pliego de Bases y Condiciones de la Junta Municipal.

La Junta Municipal tendrá un plazo máximo de treinta días para aprobar, modificar o rechazar el Pliego de Bases y Condiciones.

Artículo 214.- Aprobación Automática.

El silencio de la Junta Municipal durante el plazo señalado en el artículo anterior, será considerado como aprobación automática.

Artículo 215.- Adjudicación.

La adjudicación corresponde a la Intendencia Municipal.

Artículo 216.- Aprobación de la Adjudicación.

Corresponde a la Junta Municipal aprobar la adjudicación de las licitaciones públicas y de las licitaciones por concurso de ofertas. Si no se expidiere en el plazo de veinte días computados desde la recepción de los antecedentes del caso, se considerará que ha habido una aprobación automática.

Artículo 217.- Contratación.

Aprobada la adjudicación, la Intendencia Municipal procederá a suscribir el contrato respectivo, previo otorgamiento por parte del interesado de la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato.

Artículo 218.- Obligación de Parecer Jurídico.

Tanto la Junta como el Intendente Municipal deberán requerir el dictamen del Director Jurídico antes de aceptar, suscribir o rescindir cualquier contrato.

Artículo 219.- Excepción de la Obligación de Retención sobre Contratos Suscriptos.

Exceptúase a las municipalidades de la obligación de retener la contribución sobre contratos suscriptos prevista en el Artículo 41 de la Ley N° 2.051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.

TÍTULO NOVENO

DEL RÉGIMEN DEL PERSONAL MUNICIPAL

Artículo 220.- Régimen Jurídico.

Serán aplicables a las municipalidades y a su personal, las disposiciones de la Ley “DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”, que regula la situación jurídica de los funcionarios públicos en general, en todo lo que no contradigan a las normas especiales previstas en la presente Ley.

Artículo 221.- Cargos de Confianza.

Son cargos de confianza de la Municipalidad, y sujetos a libre disposición, los ejercidos por las siguientes personas:

a) El secretario general de la Municipalidad;

b) El secretario privado del Intendente;

c) El secretario general de la Junta Municipal;

d) El director jurídico, el director administrativo, el director de hacienda y finanzas, el tesorero, y los funcionarios que ocupen cargos con funciones y jerarquías similares, con excepción de los que integran la carrera de la función pública;

e) Los funcionarios que ocupen el nivel de directores generales, directores o cargos de jerarquía equivalentes, con excepción de los que integran la carrera de la función pública.

Esta enumeración es taxativa.

Quienes ocupen tales cargos, podrán ser removidos por la autoridad de nombramiento. La remoción de estos cargos, aún por causas no imputables al funcionario, no conlleva los efectos económicos del despido. Los funcionarios que hayan sido promovidos a ocupar estos cargos conservan los derechos adquiridos con anterioridad al respectivo nombramiento.

Artículo 222.- Designación Provisoria.

El cargo que ocupara el funcionario designado para otro calificado en esta Ley como “cargo de confianza”, será cubierto provisionalmente por quien corresponda según el escalafón. Del mismo modo y, sucesivamente, se llenarán las consecuentes vacancias.

Artículo 223.- Sanciones Disciplinarias.

Las sanciones disciplinarias correspondientes a las faltas graves cometidas por el personal dependiente de la Intendencia, serán aplicadas por el Intendente Municipal, previo sumario administrativo a cargo de un Juez Instructor que dicha autoridad designe. La resolución que dicte el Intendente será fundada y se pronunciará sobre la comprobación de los hechos investigados, la culpabilidad o inocencia del encausado y, en su caso, la sanción correspondiente.

Las sanciones disciplinarias cometidas por el personal dependiente de la Junta Municipal serán aplicadas por el Presidente de la Junta Municipal, conforme al procedimiento establecido en el párrafo anterior.

TÍTULO DÉCIMO

DE LA PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO I

Generalidades

Artículo 224.- Planificación del Municipio.

Las municipalidades establecerán un sistema de planificación del municipio que constará, como mínimo, de dos instrumentos: el plan del desarrollo sustentable del municipio y el plan del ordenamiento urbano y territorial.

Artículo 225.- El Plan de Desarrollo Sustentable.

El Plan de Desarrollo Sustentable tendrá por finalidad el desarrollo urbano y rural armónico con sus recursos naturales, con miras al bienestar colectivo.

El Plan de Desarrollo Sustentable es un instrumento técnico y de gestión municipal en el que se define los objetivos, líneas estratégicas, programas y proyectos en los ámbitos social, económico, ambiental, institucional y de infraestructura orientados a lograr la equidad social, el crecimiento económico y la sustentabilidad ecológica en el municipio.

El Plan de Desarrollo Sustentable tendrá como contenido básico un plan social, un plan económico y un plan ambiental del municipio.

Los planes operativos y de inversión de la Municipalidad deberán responder al Plan de Desarrollo Sustentable.

Los organismos de la Administración Central, las entidades descentralizadas y las gobernaciones coordinarán con las municipalidades sus planes y estrategias, a fin de armonizarlas con el Plan de Desarrollo Sustentable del municipio.

Artículo 226.- Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial.

El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial tendrá por finalidad orientar el uso y ocupación del territorio en el área urbana y rural del municipio para conciliarlos con su soporte natural.

El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial es un instrumento técnico y de gestión municipal donde se definen los objetivos y estrategias territoriales en concordancia con el Plan de Desarrollo Sustentable y contiene como mínimo los siguientes aspectos:

a) la delimitación de las áreas urbana y rural;

b) la zonificación del territorio: establecimiento de zonas con asignaciones y limitaciones de usos específicos en función a criterios de compatibilización de actividades, optimización de sus interacciones funcionales y de concordancia con la aptitud y significancia ecológica del régimen natural;

c) el régimen de fraccionamiento y de loteamiento inmobiliario para cada zona;

d) el régimen de construcciones;

e) el sistema vial; y,

f) el sistema de infraestructura y servicios básicos.

Artículo 227.- Dimensión de los Lotes.

Se considerará superficie mínima de lote urbano 360 (trescientos sesenta) metros cuadrados.

Cada Municipalidad podrá, a través de Ordenanza, establecer dimensiones mínimas superiores al párrafo anterior.

Excepcionalmente, para implementar soluciones habitacionales de carácter social o autorizar los asentamientos de hecho que sean anteriores a la vigencia de esta Ley, podrán establecerse medidas menores aprobadas por Ordenanza.

Artículo 228.- Área Edificada.

El área edificada de los solares no podrá exceder de los límites que fijen las Ordenanzas Municipales según las zonas urbanas, pero en ningún caso, pasará del 75% (setenta y cinco por ciento) de la superficie del terreno.

Artículo 229.- Dimensión de Calles y Avenidas.

Las avenidas deberán tener un ancho mínimo de 32 m. (treinta y dos metros), y el de las calles no será menor de 16 m. (dieciséis metros), incluyendo las veredas.

Los loteamientos que linden con rutas nacionales o internacionales deberán prever una calle interna, paralela a dichas rutas.

Excepcionalmente, para implementar soluciones a los asentamientos de hecho de carácter social, anteriores a la vigencia de esta Ley, se podrán fijar medidas inferiores, siempre que permita el acceso de vehículos de emergencia, por Ordenanza aprobada por una mayoría absoluta de dos tercios de la Junta Municipal.

Artículo 230.- Sistema de Información Catastral.

Las municipalidades establecerán un sistema de información catastral de inmuebles.

La elaboración, actualización continua y aprobación del catastro es atribución de la Intendencia.

El catastro deberá ajustarse a las normas técnicas que elabore el Servicio Nacional de Catastro. A tales efectos, la Intendencia deberá remitir la información catastral generada al Servicio Nacional de Catastro, a fin de que este organismo verifique el cumplimiento de los reglamentos técnicos previamente establecidos y dicte la resolución pertinente.

Sólo en caso de desajuste con las normas técnicas vigentes, el Servicio Nacional de Catastro podrá emitir observaciones y formular el requerimiento pertinente a la Intendencia para que introduzca las modificaciones correspondientes y se ajuste a las normas técnicas.

La resolución del Servicio Nacional de Catastro deberá ser expedida dentro del plazo de ciento ochenta días, a partir de la fecha de la presentación realizada por la Intendencia. En caso contrario, se considerará que la información catastral no tiene reparos.

La Intendencia aprobará el catastro por Resolución. Copia de la misma será remitida al Servicio Nacional de Catastro para la incorporación de la información catastral al régimen de catastro nacional.

Artículo 231.- Elaboración Parcial del Catastro.

La elaboración del catastro e incorporación de la información al régimen de catastro del Servicio Nacional de Catastro podrá realizarse de manera parcial con relación al área total del municipio.

Capítulo II

De la Superficie y Límites de las Áreas Urbanas

Artículo 232.- Límites de las Áreas Urbanas.

Los límites de las áreas urbanas del municipio serán determinados por Ordenanza, atendiendo a:

a) la distribución y densidad de la población;

b) los equipamientos y servicios disponibles y proyectados;

c) la expansión urbana proyectada; y,

d) los límites físicos naturales o artificiales.

Artículo 233.- Procedimiento de Delimitación.

La delimitación de las áreas urbanas del municipio deberá ajustarse a las normas técnicas que dicte por resolución el Servicio Nacional de Catastro.

A tales efectos, con anterioridad al tratamiento del proyecto de la Ordenanza, la Intendencia deberá remitir al Servicio Nacional de Catastro, copia del anteproyecto de delimitación urbana, a fin de que este verifique el cumplimiento de los reglamentos técnicos previamente establecidos y dicte la resolución pertinente.

Solo en caso de desajuste con las normas técnicas vigentes, el Servicio Nacional de Catastro podrá emitir observaciones y formular el requerimiento pertinente a la Intendencia para que introduzca las modificaciones correspondientes y se ajuste a las normas técnicas.

La resolución del Servicio Nacional de Catastro deberá ser expedida dentro del plazo de sesenta días, a partir de la fecha de la presentación de la Intendencia. En caso contrario, se considerará que el anteproyecto de delimitación urbana no tiene reparos y cuenta con resolución favorable del Servicio Nacional de Catastro.

La Intendencia remitirá a la Junta Municipal el proyecto de Ordenanza de delimitación urbana y la resolución favorable del Servicio Nacional de Catastro.

Una vez dictada la Ordenanza de delimitación urbana, la Intendencia remitirá al Servicio Nacional de Catastro una copia de la misma, a fin de que registre los nuevos límites fijados en el Catastro Nacional.

Artículo 234.- Transferencias de Inmuebles a la Municipalidad.

Cuando por la extensión de las áreas urbanas, se afectaren tierras fiscales, ellas serán transferidas a título gratuito a las municipalidades. Dicha transferencia será formalizada dentro del plazo de ciento ochenta días de la entrada en vigencia de la Ordenanza respectiva, por la Escribanía Mayor de Gobierno.

Capítulo III

Normas Generales sobre Construcciones e Instalaciones

Artículo 235.- Régimen General de Construcciones.

Toda persona interesada en construir, ampliar, reformar o demoler una obra deberá obtener previamente un permiso de la Municipalidad y ajustarse a las normas establecidas en las leyes y en las ordenanzas. Esta disposición rige igualmente para las entidades y organismos de derecho público y privado.

Los permisos municipales de construcción serán actos administrativos reglados y se limitarán a verificar el cumplimiento de las normas establecidas en las leyes y ordenanzas.

Artículo 236.- Seguridad en Edificios.

Todos los edificios deberán contar con medidas de seguridad de acuerdo con la naturaleza del mismo y como mínimo deberá contemplar:

1) protección preventiva, a través principalmente, del control de instalaciones eléctricas, gas, calefacción, y del uso de material inflamable;

2) protección pasiva o estructural, relacionada con la construcción de edificios, considerando la situación de éstos en orden, especialmente, a su resistencia al fuego, puertas contra incendio, cajas de escaleras, ascensores protegidos, escaleras de escape de incendio y helipuerto; y,

3) protección activa, o capacidad para combatir siniestros, contando para ello con equipos manuales y otros de mayor envergadura, instalaciones fijas, alarmas, detectores y capacitación del personal.

La habilitación parcial o total de los edificios estará supeditada al cumplimiento de las condiciones establecidas en cada caso, conforme a las disposiciones de este artículo.

Artículo 237.- Construcción o Instalación de Monumentos y Otros.

La construcción o instalación de bustos, estatuas o monumentos conmemorativos de personas fallecidas o acontecimientos históricos en lugares públicos, deberá ser aprobada por Ordenanza.

Artículo 238.- Instalaciones Publicitarias.

Todas las personas interesadas en instalar carteles, letreros u otros anuncios publicitarios en la vía pública o perceptible desde la vía pública, deberán obtener previamente un permiso municipal y ajustarse a las normas establecidas en las leyes y ordenanzas.

CAPÍTULO IV

De los Loteamientos

Artículo 239.- Definición.

Se entenderá por “loteamiento” a toda división de inmueble en dos o más partes.

Las expresiones loteamiento, fraccionamiento o parcelamiento serán consideradas equivalentes. Paralelamente, las partes resultantes de la división del inmueble podrán ser denominadas indistintamente: lotes, fracciones o parcelas.

Artículo 240.- Alcance Normativo.

Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán a los loteamientos realizados tanto por personas físicas como jurídicas; públicas o privadas, sin excepción alguna.

Asimismo, se aplicarán las disposiciones de esta Ley, a aquellos inmuebles provenientes de sucesión o partición de condominio sea cual fuere el motivo, el origen o la finalidad de la división.

Igualmente, quedan sometidas a las disposiciones de esta Ley, aquellas divisiones que tienen por finalidad la anexión de una parte de un inmueble a otro.

Artículo 241.- Requisitos para la Aprobación.

El interesado en obtener la aprobación municipal del loteamiento de un inmueble deberá presentar la solicitud respectiva a la Intendencia Municipal, acompañando los siguientes recaudos:

a) la copia autenticada del título de propiedad. En caso que se trate de un condominio, el pedido deberá estar firmado por todos los copropietarios o deberá acreditarse fehacientemente la representación de los mismos;

b) el Certificado de Condiciones de Dominio, que deberá ser expedido por la Dirección General de los Registros Públicos. Si el inmueble está gravado con hipoteca se requerirá la conformidad del acreedor hipotecario. No procederá a la aprobación si está embargado o si está inscripto como litigioso;

c) el comprobante de pago del impuesto inmobiliario. Dicho comprobante deberá acreditar el pago de la última obligación que haya vencido. No se tendrá en cuenta la existencia de deudas tributarias por otros conceptos, aunque se trate del impuesto inmobiliario relativo a inmuebles distintos al afectado por el proyecto;

d) el informe descriptivo del inmueble. Este informe descriptivo, también denominado informe pericial, deberá ser elaborado y firmado por un profesional matriculado en el municipio de que se trate, en tantas copias como las que establezca, vía reglamentación, la Intendencia Municipal.

Dicho informe deberá contener:

1) la individualización exacta y precisa del inmueble a ser loteado, con indicación de los siguientes datos: a) Cta. Cte. Ctral.; y b) Finca, con expresión del Distrito, la Sección, la fecha, el tomo y el folio de su inscripción en la Dirección General de los Registros Públicos;

2) la indicación de la superficie total del inmueble a ser loteado;

3) la especificación de los linderos del inmueble a ser loteado y las referencias naturales y artificiales dentro del inmueble y fuera de él para su ubicación en el municipio;

4) la indicación de la superficie de cada una de las fracciones resultantes del loteamiento;

5) la especificación de los linderos de cada una de las fracciones resultantes del loteamiento;

6) la indicación, en su caso, de las fracciones destinadas para calles y avenidas, con sus respectivas superficies y linderos;

7) la especificación, en su caso, de las fracciones destinadas para plazas, con sus respectivas superficies y linderos;

8) la indicación, en su caso, de las fracciones destinadas para edificios públicos, con sus respectivas superficies y linderos;

9) la individualización del propietario del inmueble; y,

10)la mención y firma del profesional responsable del informe.

Todas las indicaciones técnicas del informe pericial deberán realizarse con coordenadas y grados y referencias existentes, en cuanto fueren pertinentes.

e) el plano de fraccionamiento. A través del mismo, se deberá describir gráficamente el contenido del informe pericial relacionado con el loteamiento que se pretende realizar. Dicho plano deberá ser elaborado y firmado por el mismo profesional matriculado que confeccionó el informe pericial, en tantos juegos como copias del informe requiera la Municipalidad.

Artículo 242.- Requisitos para Casos Especiales.

Además de los requisitos señalados en el artículo anterior, el proyecto de loteamiento podrá requerir el acompañamiento de los siguientes requisitos:

a) Estudio de evaluación de Impacto Ambiental: En los casos señalados en la Ley N° 294/93 “DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL” y sus reglamentaciones; y,

b) Mensura judicial: Si el inmueble cuyo loteamiento se pretende no estuviere adecuadamente delimitado o existieren dudas con relación a dicha delimitación, se requerirá la mensura judicial previa.

Artículo 243.- Requisitos Urbanísticos.

Los proyectos de loteamientos deberán cumplir con las disposiciones establecidas en las leyes y ordenanzas correspondientes a su desarrollo urbano.

La Municipalidad proporcionará al interesado en el loteamiento los criterios generales que deberá respetar, a fin de armonizar con los trazados de las calles previstas en los terrenos adyacentes o con los estudios relativos al Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial.

Artículo 244.- Aprobación Municipal.

Todo loteamiento debe ser previamente aprobado por la Municipalidad, conforme al procedimiento previsto en el artículo siguiente, antes de su implementación.

Artículo 245.- Procedimiento de Aprobación.

El loteamiento requiere la aprobación provisoria de la Intendencia Municipal y la aprobación definitiva de la Junta Municipal, conforme al procedimiento que se detalla más abajo:

a) Aprobación provisoria de la Intendencia:

Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la legislación, la Intendencia Municipal dictará una resolución fundada, aprobando provisoriamente el loteamiento en cuestión dentro del plazo máximo de treinta días, contados desde el cumplimiento de la totalidad de los requisitos por parte del propietario.

De existir objeciones, la Intendencia Municipal deberá rechazar el proyecto mediante resolución fundada.

b) Aprobación definitiva o ratificación de la Junta:

Una vez aprobado provisoriamente el loteamiento por parte de la Intendencia Municipal y cumplidas las obligaciones impuestas al propietario en los Artículos 246 “Obligaciones del propietario” y 247 “Contribución inmobiliaria obligatoria” de este Capítulo, el Expediente será puesto a consideración de la Junta Municipal, la que deberá expedirse en el plazo máximo de quince días, contados desde su recepción en la sesión ordinaria de la Junta Municipal.

Si no existieren objeciones, se aprobará en forma definitiva el proyecto de loteamiento ratificando la resolución de la Intendencia Municipal. En caso contrario, el proyecto será rechazado mediante resolución fundada.

c) Aprobación automática:

Si la Junta Municipal no se pronunciara dentro del plazo previsto en el inciso anterior, el proyecto de fraccionamiento se considerará aprobado en forma automática, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones impuestas al propietario en los Artículos referidos 246 “Obligaciones del propietario” y 247 “Contribución inmobiliaria obligatoria”.

En ese caso, la Intendencia Municipal deberá, a pedido de interesado, emitir una constancia en la que se certifique dicha aprobación definitiva ante el silencio de la Junta Municipal, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas al propietario mencionadas en el párrafo anterior.

Artículo 246.- Obligaciones del Propietario.

Una vez obtenida la aprobación provisoria de la Intendencia Municipal, el propietario tendrá treinta días para realizar los siguientes trabajos:

a) delimitación y amojonamiento de cada una de las fracciones resultantes;

b) realización de las obras de drenaje y otras que se hubieren exigido;

c) apertura y limpieza de las fracciones destinadas para calles y avenidas;

d) apertura y limpieza de las fracciones destinadas para plazas y edificios públicos;

e) ajuste de las rasantes de las vías públicas;

f) transferencia e inscripción en la Dirección General de los Registros Públicos de las fracciones destinadas para uso público, debiendo indicarse expresamente la naturaleza pública de las mismas, así como el destino que se les asigna; y,

g) pago del impuesto al fraccionamiento del inmueble.

Artículo 247.- Contribución Inmobiliaria Obligatoria.

Se entenderá por “contribución inmobiliaria obligatoria” la superficie de terreno que el propietario de un inmueble deberá transferir gratuitamente a favor de la Municipalidad, en concepto de vías de circulación, de plazas o de edificios públicos.

En los inmuebles que alcancen o superen las dos hectáreas de superficie, la contribución será equivalente al 5% (cinco por ciento) de la misma, que será destinada para plaza y/o edificios públicos en la ubicación que la Municipalidad decida según los planes y necesidades urbanísticas.

Si el inmueble fuere igual o superior a tres hectáreas, la contribución será del 7% (siete por ciento).

Artículo 248.- Ubicación de las Fracciones Públicas.

Tanto el trazado de las vías de circulación (calles y avenidas) como la ubicación de las fracciones destinadas para plazas y/o edificios públicos serán determinados por la Municipalidad, para lo cual el profesional encargado de la confección del proyecto deberá realizar las consultas técnicas previas que correspondan.

De acuerdo con criterios urbanísticos debidamente fundados, se podrá dividir la fracción destinada para plaza y/o edificios públicos, ubicándolas en dos o más sitios distintos dentro del proyecto de fraccionamiento.

Artículo 249.- Responsabilidad por los Gastos.

Los gastos que demanden la transferencia e inscripción de las fracciones que deben transferirse a favor de la Municipalidad en concepto de contribución inmobiliaria obligatoria, correrán por cuenta del loteador.

Por otro lado, los gastos de transferencia de los lotes, ya sean al contado o a plazo, serán cubiertos por vendedor y comprador en partes iguales. La escritura de dicha transferencia se realizará en cualquier escribanía del municipio en el cual se realizó el loteamiento.

Artículo 250.- Venta de Lotes a Plazo - Obligación de Inscripción.

El propietario que obtenga la aprobación de un proyecto de fraccionamiento de un inmueble cuyos lotes serán ofertados para compra-ventas a plazo, deberá inscribir en la Dirección General de los Registros Públicos, los siguientes:

a) la Resolución Municipal de aprobación definitiva del proyecto en cuestión, como una nota marginal puesta en el Registro de la Finca correspondiente; y,

b) el contrato de compra-venta tipo a ser utilizado en la operación.

La formalización de cada uno los contratos de compra-venta a plazo, deberá también ser inscripta tanto en la Dirección General de los Registros Públicos como en la Dirección de Catastro de la Municipalidad o en la repartición que la Intendencia Municipal indique.

Artículo 251.- Creación de una División Especial.

A los efectos de la inscripción del contrato de compra-venta tipo, así como de los respectivos contratos debidamente formalizados entre vendedor y comprador, el Registro de Inmuebles de la Dirección General de los Registros Públicos habilitará una nueva División en cada una de sus Secciones, la que se agregará a la nómina de 5 Divisiones previstas en el Artículo 265 del Código de Organización Judicial.

Artículo 252.- Número de Ejemplares del Contrato.

El contrato de compra-venta de lotes a plazo deberá expedirse en tres ejemplares de idéntico contenido y mismo tenor. Uno de esos ejemplares quedará en poder del vendedor, otro ejemplar quedará en poder del comprador y el tercer ejemplar deberá quedar en el Registro General de la Propiedad, específicamente en la División Sexta creada conforme al artículo anterior, debiendo confeccionarse el correspondiente Libro Índice.

Artículo 253.- Efectos de la Inscripción.

La inscripción de los contratos de compra-venta de lotes a plazo suscritos entre vendedor y comprador implican la indisponibilidad del inmueble por parte del vendedor. En consecuencia, el referido inmueble no podrá ser vendido, arrendado ni constituirse sobre los mismos derechos reales de ningún tipo. La realización de estas operaciones será considerada nula.

No obstante, tanto el vendedor como el comprador podrán ceder sus respectivos derechos, de conformidad con las reglas del derecho común.

Artículo 254.- Cláusulas Contractuales Obligatorias.

Todo contrato de compra-venta de lotes a plazo deberá contener los siguientes datos:

a) nombre completo o denominación de la persona física o jurídica que vende el inmueble;

b) nombre completo o denominación de la persona física o jurídica que adquiere el inmueble;

c) domicilio de las partes;

d) individualización exacta del inmueble objeto del contrato de compra-venta, con indicación de los siguientes datos: i) ubicación de la fracción en el loteamiento y en el municipio; ii) número de manzana; iii) número de lote o de Cuenta Corriente Catastral; iv) superficie total del lote; v) linderos y accidentes naturales dentro del lote;

e) precio de venta;

f) plazo de pago;

g) monto de cada una de las cuotas;

h) periodicidad del pago de las cuotas;

i) número de la resolución a través de la cual se aprobó en forma definitiva el proyecto de fraccionamiento de referencia;

j) descripción de los datos de la inscripción de la matriz en la Dirección General de los Registros Públicos: finca, distrito, sección, fecha, tomo y folio.

Artículo 255.- Cláusulas Contractuales Implícitas.

Aunque en los contratos de compra-venta a plazo no se encuentren literalmente expresadas, se considerarán que forman parte del mismo, las siguientes cláusulas:

a) la obligación del vendedor de otorgar la posesión libre del lote al efectuarse el pago de la primera cuota;

b) la obligación del vendedor de transferir el dominio del lote en cuestión, una vez que el comprador haya efectuado el pago del 25% (veinticinco por ciento) cuando menos del precio total convenido. En este caso, el lote de referencia deberá quedar gravado con hipoteca a favor del vendedor hasta la cancelación total del saldo de la deuda;

c) que, la rescisión unilateral del contrato imputable al comprador por falta de pago a su vencimiento sólo podrá tener lugar cuanto exista un atraso superior a las diez cuotas;

d) que, en el caso que el contrato se rescinda por cualquier causa, el comprador podrá retirar, a su costa, las mejoras que ha introducido en el inmueble;

e) que, en el caso que materialmente sea imposible el retiro de dichas mejoras, se procederá su tasación debiendo abonarse el importe de la misma al propietario de ellas, ya sea en forma directa por parte del propietario del inmueble o a través de una subasta, dentro del plazo máximo de tres meses, contado desde la realización de la tasación; y,

f) que, tanto la limpieza como el mantenimiento en buen estado del lote son responsabilidad del comprador.

Artículo 256.- Cláusula Contractual Nula.

Será considerada nula y, por lo tanto, sin ningún valor, aquella cláusula contractual que disponga que las mejoras introducidas por el comprador quedarán en poder del vendedor en caso de que el contrato de compra-venta se rescinda por falta de pago de las cuotas a su vencimiento.

Artículo 257.- Embargo Decretado contra el Vendedor.

Los embargos preventivos o ejecutivos que se decreten judicialmente contra el vendedor de un lote a plazo, que se verifiquen con posterioridad a la inscripción del contrato de compra-venta correspondiente, solamente afectarán al crédito que posea el vendedor con relación al comprador por las cuotas aún no abonadas.

Artículo 258.- Concurso de Acreedores y Quiebra del Vendedor.

Los contratos de compra-venta de lotes a plazo serán oponibles contra terceros acreedores del vendedor, tanto en el Concurso de Acreedores como en la Quiebra, siempre y cuando se hubiere abonado por lo menos el 25% (veinticinco por ciento) del precio total.

En este caso, el Síndico deberá otorgar la correspondiente Escritura Pública de Transferencia a favor del comprador, constituyendo una garantía real de hipoteca sobre el saldo adeudado.

Artículo 259.- Obligaciones de la Dirección General de los Registros Públicos.

Cuando el Registro General de la Propiedad expida un Certificado de Dominio, deberá también expedirse sobre las notas marginales que existieren con relación al inmueble en cuestión, así como sobre el contenido del Registro de la División Sexta relativa a los contratos de compra-venta de lotes a plazo.

Si el contrato de compra-venta de lotes a plazo no reúne los requisitos mínimos exigidos en esta Ley, el Registro deberá rechazar su inscripción.

CAPÍTULO V

De los Conjuntos Habitacionales y de la Propiedad Horizontal

Artículo 260.- Conjunto Habitacional o Residencial.

Se considerará “conjunto habitacional o residencial” al grupo de unidades habitacionales reunidas o aisladas en un mismo edificio, cuya propiedad pueda ser individual o colectiva.

Artículo 261.- Áreas Libres en Conjuntos Habitacionales.

Los conjuntos habitacionales o residenciales tendrán un porcentaje de áreas libres según su tamaño:

a) en terrenos mayores de 8.000 m2 (ocho mil metros cuadrados) de superficie, deberán contar con un área libre mínima del 30% (treinta por ciento) de la superficie total del terreno; y,

b) en terrenos entre 600 m2 (seiscientos metros cuadrados) y 7.999 m2 (siete mil novecientos noventa y nueve metros cuadrados), deberán contar con un área libre mínima de 25% (veinticinco por ciento) de la superficie total del terreno.

Como mínimo, el 50% (cincuenta por ciento) de estas áreas libres estará destinado a espacios recreativos colectivos.

Artículo 262.- Requisitos de Aprobación.

Los proyectos de conjuntos habitacionales o residenciales, para ser aprobados, deberán estar provistos, como mínimo, de los servicios de agua potable, energía eléctrica, desagües cloacales y pluviales, red de alumbrado público. Las redes viales internas deberán permitir el acceso de vehículos de emergencia.

Artículo 263.- Reglamentación de Conjuntos Habitacionales.

La localización, construcción y habilitación, así como el tipo de diseño de las unidades de los conjuntos habitacionales o residenciales y otros aspectos serán reglamentados por ordenanzas, según sus planes urbanos.

Artículo 264.- Edificios por Pisos o Departamentos.

Los edificios construidos por pisos o departamentos conforme al régimen establecido por el Código Civil, serán objeto de regulación por Ordenanza, en la cual se determinará la superficie mínima de las unidades, las facilidades de acceso y de circulación y las medidas de prevención contra incendio y otras medidas de seguridad que considere el municipio.

Artículo 265.- Procedimiento.

Los proyectos de conjuntos habitacionales deberán ser aprobados por la Intendencia con anterioridad a su ejecución, conforme con las normas de procedimiento que se establezcan por Ordenanza.

Artículo 266.- Inscripción de Contratos de Compra-Venta.

Los contratos o boletos de compra-venta de los pisos o departamentos mencionados en el artículo anterior, serán inscriptos por el vendedor, en el Registro de Catastro Municipal, en la Dirección General de los Registros Públicos y en el Servicio Nacional de Catastro en un plazo no mayor de treinta días de la firma de los mismos.

CAPÍTULO VI

De la Expropiación

Artículo 267.- Expropiación por Causa de Interés Social.

Para la ejecución de los planes de desarrollo urbano, se podrá gestionar la expropiación por causa de interés social de los inmuebles a ser afectados. A dichos efectos, el Intendente Municipal solicitará a la Junta Municipal la autorización, que debe indicar:

a) los fundamentos de la medida solicitada;

b) la situación jurídica del inmueble;

c) el destino que tendrá el mismo;

d) el informe pericial georreferenciado y los planos del inmueble;

e) avaluación fiscal del bien a expropiar; y,

f) la fuente de recursos para sufragar los costos.

Una vez promulgada la ley de expropiación, la Municipalidad y los propietarios acordarán en un plazo no mayor a noventa días, el precio del inmueble expropiado. Si no llegaren a un acuerdo se acudirá inmediatamente al Juez de Primera Instancia en lo Civil para la determinación judicial del precio.

Si la expropiación correspondiera a la mayor parte del inmueble, y la porción restante no pudiere tener un destino útil para el propietario, deberá ella abarcar la totalidad del terreno.

TÍTULO UNDÉCIMO

DE LAS ACCIONES Y RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTOS MUNICIPALES

CAPÍTULO I

Procedimientos y Recursos Administrativos

Artículo 268.- Sanciones Tributarias.

Los procedimientos para sancionar administrativamente las infracciones tributarias municipales y el régimen de recursos, se rigen por las disposiciones pertinentes de la legislación tributaria, municipal y nacional.

Artículo 269.- Sanciones Disciplinarias.

Las sanciones disciplinarias al personal municipal y el régimen de recursos se rigen por las disposiciones pertinentes de la Ley N° 1.626/00 “DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”.

Artículo 270.- Recursos de Reconsideración o Reposición.

El recurso de reconsideración o reposición es de carácter optativo y podrá interponerse contra el mismo órgano que dictó la resolución; dentro del plazo perentorio de diez días hábiles, computado a partir del día siguiente de la fecha en que se notificó la resolución que se recurre. El órgano administrativo deberá resolver el recurso dentro del plazo de diez días hábiles. En caso de que dicho órgano ordene pruebas o medidas para mejor proveer, dicho plazo se contará desde que se hubieren cumplido éstas.

Si no se emitiere resolución en el término señalado, se entenderá que hay denegatoria tácita del recurso.

El recurso de reconsideración no procederá contra las resoluciones dictadas por el Intendente en un recurso de apelación.

Artículo 271.- Recurso de Apelación o Jerárquico.

El recurso de apelación o jerárquico podrá interponerse en el perentorio término de cinco días hábiles, en contra de una resolución expresa o tácita, dictada por un órgano inferior al Intendente. Dicho plazo se contará desde el día siguiente a la notificación de esa resolución o desde el vencimiento del plazo para dictarla. El recurso se interpondrá ante quien dictó la resolución y se substanciará ante el Intendente, a quien deberán remitirse todos los antecedentes dentro del plazo de dos días hábiles.

El pronunciamiento del Intendente deberá emitirse dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la fecha de interposición del recurso. Transcurrido dicho término sin que se hubiere adoptado resolución expresa, se entenderá automáticamente denegado el recurso.

La regulación del recurso de apelación establecida en este artículo no será aplicable a las decisiones del Juzgado de Faltas, las cuales serán recurribles en los términos y de acuerdo con el procedimiento establecido en el Título IV.

CAPÍTULO II

Acciones Judiciales

Artículo 272.- Acción Contencioso-Administrativa.

En contra de las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa, se podrá ejercer la acción contencioso-administrativa ante el Tribunal de Cuentas dentro de los 18 (dieciocho) días hábiles de resuelto el recurso.

Artículo 273.- No Suspensión de Resoluciones Municipales.

No se admitirá ante las autoridades judiciales o administrativas acción que tenga por objeto impedir o suspender el cumplimiento de las resoluciones municipales en lo concerniente a la seguridad, higiene y bienes del dominio público comunal. Los particulares perjudicados por ella deberán ejercitar su derecho en la forma prevista en el artículo anterior.

Artículo 274.- Conflictos de Competencia.

Las cuestiones de competencia de jurisdicción entre las municipalidades y entre éstas y cualquier otra autoridad, serán resueltas por la Corte Suprema de Justicia, de conformidad al Artículo 259 de la Constitución Nacional.

Artículo 275.- Bienes Municipales Inembargables.

Los ingresos y bienes de las municipalidades afectados a servicios municipales son inembargables. En ningún caso, procederá la inhibición judicial contra las municipalidades.

Los bienes del dominio privado municipal no afectados a servicios municipales pueden ser ejecutados si las municipalidades no abonaren la deuda en el término de doce meses siguientes al vencimiento de la misma, o a la notificación de la sentencia condenatoria, en su caso.

Artículo 276.- Responsabilidades de las Autoridades Municipales.

Los miembros de la Junta serán personalmente responsables con sus bienes, conforme a las leyes civiles y penales, por los perjuicios ocasionados a la Municipalidad en el ejercicio de sus funciones, por actos y operaciones, cuya realización autoricen en contravención a las disposiciones legales vigentes, salvo aquéllos que hubieren hecho constar su voto en disidencia en el acta de la respectiva sesión o los ausentes con permiso previo. El Intendente y los demás funcionarios municipales están sujetos a la responsabilidad civil y penal por incumplimiento de las disposiciones de esta Ley en el desempeño de sus funciones.

La acción para hacer efectiva la responsabilidad civil prescribe a los dos años, contados desde la fecha de finalización de sus funciones.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

DE LAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Capítulo I

Disposiciones Finales

Artículo 277.- Comparecencia ante la Justicia.

El Intendente Municipal y el Presidente de la Junta Municipal no podrán ser obligados a comparecer ante los tribunales para absolver posiciones o para otros actos relacionados con las gestiones que ante dichos tribunales se prosigan; pero podrá recabarse por escrito un informe de los mismos en los casos que su deposición personal fuere indispensable.

Artículo 278.- Prohibición y Excepción Contractual.

Los miembros de la Junta Municipal, el Intendente y los funcionarios municipales no podrán celebrar contrato con la Municipalidad donde prestan sus servicios so pena de nulidad del acto, salvo de usufructo de lote de cementerio, arrendamiento y compra de inmueble destinado a vivienda, para este último caso, el funcionario municipal no deberá poseer otro inmueble en el territorio de la República, el cual comprobará a través de un certificado de no poseer bienes inmuebles.

Una vez que el inmueble municipal sea adquirido como propiedad privada, el mismo no podrá ser transferido nuevamente antes de cinco años de su adquisición.

Artículo 279.- Servicios Personales.

Los gastos de los ingresos corrientes en servicios personales establecidos en el Artículo 179 de esta Ley, se aplicarán de la siguiente manera: a un año de la vigencia de la Ley, el límite será el 85% (ochenta y cinco por ciento), a los dos años, el 75% (setenta y cinco por ciento), a los tres años, el 65%(sesenta y cinco por ciento), y a los cuatro años, el 60% (sesenta por ciento).

Artículo 280.- Reglamentación.

La Contraloría General de la República reglamentará las disposiciones sobre administración financiera, establecidas en la presente Ley dentro del plazo de seis meses, computado desde su entrada en vigencia.

Artículo 281.- Plazos.

Salvo disposición expresa en contrario, todos los plazos establecidos en esta Ley se computarán en días corridos.

Los plazos en días corridos, si vencen en un día inhábil, vencerán el primer día hábil siguiente.

Se considerarán días inhábiles además de los feriados, los sábados y domingos, y los días que se fijen como asueto municipal.

Artículo 282.- Jornales.

Cuando la presente Ley se refiera a jornales, se entenderá por el mismo al jornal mínimo para actividades diversas no especificadas en la República.

Artículo 283.- Derogaciones.

Deróganse las siguientes Leyes:

1) N° 1.294/87 “ORGÁNICA MUNICIPAL”;

2) N° 1.276/98 “QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE FALTAS MUNICIPALES Y EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE FALTAS MUNICIPALES”;

3) N° 1.733/01 “QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 27, INCISO g) DE LA LEY N° 1.294/87, ORGÁNICA MUNICIPAL”;

4) N° 1.909/02 “DE LOTEAMIENTOS”;

5) N° 2.454/04 “QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY N° 1.294/87 “ORGÁNICA MUNICIPAL”; y,

6) N° 3.325/07 “QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 38, 62, 163, 164 Y 165 DE LA LEY N° 1.294/87, ORGÁNICA MUNICIPAL”.

Deróganse las demás disposiciones legales que sean contrarias a la presente Ley.

Capítulo II

Disposición Transitoria

Artículo 284.- De la Pavimentación.

El Fondo Especial para la pavimentación y la Cuenta Especial no serán obligatorios para los municipios de Tercera y Cuarta Categoría hasta el año 2011.

Artículo 285.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a quince días del mes de setiembre del año dos mil nueve, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil nueve, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 3 de la Constitución Nacional.

Art. 1 Ley N° 1376

2025-04-01T07:20:00.000-07:00

Comentario Normativo | Ley 1376/88 mod. por Ley 4590 | Artículo 1

COMENTARIO NORMATIVO

LEY Nº 1376/88

modificada por la Ley Nº 4590

Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores

ANÁLISIS JURÍDICO DEL ARTÍCULO 1°

Marco conceptual, naturaleza jurídica, implicancias y propuestas de reforma

● TEXTO DE LA DISPOSICIÓN ●

“Los honorarios profesionales de abogados y procuradores matriculados, por trabajos profesionales realizados en juicios, gestiones administrativas y actuaciones extrajudiciales, cuando no hubiera contrato escrito, serán fijados de acuerdo con esta ley. Es nulo el contrato sobre honorarios inferiores a los establecidos en este arancel, como la renuncia anticipada, total o parcial de los mismos.”

Ley Nº 1376/88, Artículo 1º (texto conforme modificaciones introducidas por la Ley 4590)

I. Introducción

El artículo 1º de la Ley Nº 1376/88, en su texto vigente con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4590, constituye la piedra angular del régimen arancelario de los profesionales del derecho en el Paraguay. Su importancia trasciende la mera regulación económica: define el ámbito de aplicación personal y material del sistema, establece la jerarquía normativa de la ley frente a la autonomía de la voluntad y fija el mecanismo subsidiario de determinación de honorarios cuando los particulares no han previsto contractualmente su regulación.

La disposición contiene, en un breve pero denso enunciado, al menos tres normas diferenciadas: (i) una norma de ámbito subjetivo, que delimita a quiénes ampara la ley; (ii) una norma de ámbito objetivo, que enumera los tipos de actuación profesional alcanzados; y (iii) una norma imperativa de orden público, que declara la nulidad de toda estipulación que contravenga el mínimo arancelario o que implique una renuncia anticipada al cobro de honorarios. El presente comentario analiza cada uno de estos elementos en profundidad, con referencia a la doctrina nacional y comparada, a la jurisprudencia paraguaya y a las propuestas de reforma que merecen ser debatidas en el foro jurídico.

II. Marco Conceptual: los protagonistas de la norma

2.1. El Abogado

En el sistema jurídico paraguayo, el abogado es el profesional universitario habilitado para ejercer la profesión jurídica mediante la obtención del título académico de Doctor o Licenciado en Ciencias Jurídicas y su inscripción en la matrícula correspondiente del Poder Judicial o del organismo competente. Podríamos definir al abogado como quien, reuniendo las condiciones previstas por la ley, está autorizado para ejercer la defensa en juicio, el asesoramiento jurídico y la representación de personas ante los órganos jurisdiccionales y administrativos del Estado.

Las funciones propias del abogado comprenden la patrocinio jurídico (asistencia letrada en juicios), el asesoramiento y consultoría legal (dictaminar sobre situaciones jurídicas), la elaboración y revisión de contratos y documentos, la representación en negociaciones extrajudiciales y la mediación y conciliación en conflictos. La matrícula profesional es, conforme lo exige el propio artículo 1º, un requisito sine qua non para acceder a los beneficios del arancel. El abogado no matriculado, aunque jurídicamente habilitado, no podrá invocar esta ley para la regulación de sus honorarios.

2.2. El Procurador

El procurador es una figura diferenciada del abogado, aunque habitualmente confundida con este en el lenguaje corriente. En sentido técnico, el procurador es el auxiliar de la justicia que, en virtud de mandato otorgado por la parte, actúa en nombre y representación de esta ante los tribunales, sin necesidad de poseer título de abogado. Su función es esencialmente procesal: recepciona notificaciones, presenta escritos, realiza diligencias y realiza todos los actos de trámite del proceso que no requieren conocimiento técnico jurídico especializado.

La inclusión del procurador en el ámbito subjetivo del artículo 1º responde a la necesidad histórica de proteger a quienes, sin ser abogados, ejercen una actividad de apoyo al proceso judicial. No obstante, la figura ha perdido relevancia práctica en el Paraguay contemporáneo, donde la mayoría de las actuaciones son realizadas directamente por el abogado apoderado. Ello no obsta para que el legislador haya optado por mantener la mención expresa del procurador, siguiendo una tradición normativa de larga data en el derecho iberoamericano.

2.3. La matriculación: condición habilitante

El artículo 1º exige expresamente que el abogado o procurador esté “matriculado”. La matrícula es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a través del órgano competente, inscribe formalmente al profesional en el registro habilitante para el ejercicio de la profesión. En Paraguay, el Poder Judicial lleva el registro de abogados matriculados, quienes deben cumplir con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

La exigencia de matriculación persigue dos propósitos concurrentes: en primer lugar, garantizar la idoneidad técnica de quienes prestan servicios jurídicos a la ciudadanía; en segundo lugar, tutelar la fe pública en la legitimidad de la representación jurídica. Quien ejerce la abogacía sin estar matriculado incurre en el delito de ejercicio ilegal de la profesión y no puede prevalerse del sistema arancelario de la Ley 1376/88.

III. Ámbito Objetivo de Aplicación

3.1. Trabajos profesionales en juicio

La referencia a “trabajos profesionales realizados en juicios” comprende toda actuación jurídica que se desenvuelva en el marco de un proceso judicial: desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia, pasando por el ofrecimiento y producción de prueba, la interposición de recursos, las medidas cautelares y los incidentes. El concepto de “juicio” debe interpretarse en sentido amplio, abarcando procesos civiles, comerciales, laborales, penales (en cuanto a la actuación del letrado de la defensa o del querellante), de familia, contencioso-administrativos y demás ramas del derecho procesal.

La doctrina ha debatido si las actuaciones en instancias arbitrales deben considerarse incluidas en la noción de “juicio” a los efectos arancelarios. La opinión dominante se inclina por la afirmativa, dado que el arbitraje constituye un mecanismo de resolución de conflictos equivalente jurisdiccionalmente al proceso judicial, y la labor del abogado es idéntica en términos de complejidad y especialidad, aunque a este respecto también cabe mencionar que se han dictado nuevas legislaciones sobre el proceso arbitral que de seguro abarcarán ampliamente esta cuestión.

3.2. Gestiones administrativas

Las “gestiones administrativas” refieren a toda actuación profesional ante órganos de la Administración Pública: ministerios, entes autárquicos, municipalidades, gobernaciones, registros públicos, etcétera. El abogado que tramita habilitaciones, patentes, recursos administrativos, descargos en sumarios, presentaciones ante la DNIT, la SET o cualquier otra repartición estatal está prestando un servicio alcanzado por el arancel.

La inclusión expresa de las gestiones administrativas fue una decisión deliberada del legislador, que reconoció que la actividad profesional del abogado no se agota en el ámbito judicial sino que abarca también la defensa de derechos ante la Administración, terreno en el que la complejidad técnica y la necesidad de representación letrada son igualmente relevantes.

3.3. Actuaciones extrajudiciales

Las “actuaciones extrajudiciales” constituyen la categoría más amplia y, al mismo tiempo, la más imprecisa de las enumeradas en el artículo 1º. Bajo esta denominación se comprenden todos los servicios profesionales que el abogado presta fuera del proceso judicial y al margen de la Administración Pública: consultoras y dictámenes jurídicos, redacción y revisión de contratos, negociaciones, elaboración de estatutos y actas societarias, asesoramiento en operaciones inmobiliarias, cartas documentos, gestiones notariales y toda otra intervención que requiera conocimiento jurídico especializado.

La amplitud del concepto de “actuación extrajudicial” ha dado lugar a interrogantes doctrinales: ¿incluyó el legislador la actividad del abogado como docente universitario? ¿Las publicaciones jurídicas? La respuesta debe ser negativa: el arancel regula la actividad profesional en sentido estricto, es decir, la prestación de servicios jurídicos a clientes individualizados, no la actividad académica o intelectual del jurista en general. Más adelante profundizaremos estos temas, pero el capítulo 3 de actuaciones extrajudiciales establece una serie de aclaraciones a este tema.

IV. Naturaleza Jurídica del Arancel y del Artículo 1º

4.1. El arancel como norma de orden público

La naturaleza jurídica del arancel profesional ha sido objeto de intenso debate doctrinario. La posición dominante, respaldada por la jurisprudencia paraguaya, califica al arancel —y en particular a su artículo 1º— como una norma de orden público económico. Esta caracterización tiene consecuencias de enorme trascendencia práctica: las partes no pueden, en principio, pactar condiciones que resulten más gravosas para el profesional que las establecidas en el arancel mínimo.

El orden público, en este contexto, no alude al orden público en sentido político o moral, sino al conjunto de disposiciones legales que el Estado estima indispensables para el funcionamiento equilibrado del sistema económico y para la protección de derechos fundamentales. La regulación de honorarios mínimos busca evitar la depredación tarifaria, la competencia desleal entre profesionales y, fundamentalmente, garantizar que quienes prestan un servicio esencial para el acceso a la justicia reciban una retribución justa.

4.2. Arancel mínimo vs. arancel máximo

El artículo 1º establece un arancel mínimo, no máximo. Esto significa que el profesional puede pactar libremente honorarios superiores a los previstos en la ley, pero jamás inferiores. La ley opera como un piso, no como un techo. Este diseño es coherente con la concepción del arancel como instrumento de protección del profesional frente a su eventual posición de debilidad negociadora ante clientes económicamente poderosos.

La doctrina comparada conoce sistemas de arancel máximo (orientados a proteger al cliente), de arancel mínimo (orientados a proteger al profesional), y de arancel de referencia (orientativo, sin carácter obligatorio). El sistema paraguayo es de la segunda categoría. Esta opción legislativa ha sido cuestionada por quienes sostienen que la regulación de mínimos puede distorsionar el mercado de servicios jurídicos, dificultando el acceso a la justicia de sectores de la población con recursos limitados.

4.3. Subsidiariedad del arancel frente al contrato escrito

El artículo 1º tiene carácter subsidiario: rige “cuando no hubiera contrato escrito”. Esto significa que el arancel legal no se aplica automáticamente a toda prestación de servicios jurídicos, sino únicamente cuando las partes no han regulado los honorarios mediante acuerdo escrito previo. En presencia de contrato escrito, este prevalece —siempre que no se ubique por debajo de los mínimos arancelarios, bajo pena de nulidad—.

La exigencia de que el contrato sea escrito —y no meramente verbal— responde a razones probatorias y de seguridad jurídica. Un acuerdo verbal de honorarios es perfectamente válido desde la perspectiva del derecho civil, pero no basta para desplazar la aplicación supletoria de la ley arancelaria. Esta opción legislativa, en principio protectora del profesional, puede generar situaciones injustas cuando el abogado, confiando en un acuerdo verbal, no exige la formalización escrita y luego enfrenta dificultades probatorias.

V. La Nulidad del Contrato Inferior al Arancel y la Renuncia Anticipada

5.1. Caracterización de la nulidad

El segundo párrafo del artículo 1º establece que “es nulo el contrato sobre honorarios inferiores a los establecidos en este arancel, como la renuncia anticipada, total o parcial de los mismos”. La nulidad aquí consagrada es, conforme la doctrina civil paraguaya y la disposición del artículo 357 del Código Civil, una nulidad absoluta: el acto viciado no puede ser confirmado, saneado ni prescripto por el transcurso del tiempo.

La nulidad absoluta, a diferencia de la nulidad relativa, puede ser declarada de oficio por el juez, sin necesidad de alegación de parte, y puede ser invocada por cualquier interesado. Esto es coherente con el carácter de orden público de la norma: si las partes pudieran “sanar” la nulidad mediante su posterior ratificación, la protección que la ley pretende brindar quedaría vacía de contenido.

5.2. La renuncia anticipada

La prohibición de renuncia anticipada merece especial atención. El artículo 1º veda expresamente que el profesional, al inicio de la relación contractual, renuncie con carácter previo a la totalidad o parte de los honorarios que generará su actuación futura. Esta prohibición atiende a la asimetría de poder que puede existir en la negociación: el cliente, especialmente si es una empresa o entidad con mayor poder económico, puede imponer condiciones leoninas al profesional que necesita el trabajo.

La renuncia anticipada se distingue de la renuncia posterior. Una vez concluida la prestación profesional y nacido el derecho a cobrar los honorarios, el abogado puede, en ejercicio de su autonomía, renunciar a parte o a la totalidad de su crédito. Esta renuncia posterior no está alcanzada por la prohibición legal, porque no involucra la presión precontractual que el legislador pretende neutralizar.

5.3. Efectos de la nulidad sobre el contrato

La nulidad declarada con base en el artículo 1º no genera el efecto de privar al profesional de su remuneración. Por el contrario: declarado nulo el contrato por honorarios inferiores al arancel, el juez procede a regular los honorarios conforme a la propia ley arancelaria. El profesional no queda sin retribución; queda amparado por el mínimo legal que el contrato nulo había pretendido suprimir. Esta es la consecuencia lógica de la nulidad en el marco de las normas de orden público económico: la ley sustituye la cláusula nula por su propio mandato.

VI. Implicancias Prácticas y Sistemáticas

6.1. El arancel como garantía del acceso a la justicia

Una primera implicancia del sistema instaurado por el artículo 1º es de naturaleza constitucional: la regulación arancelaria guarda relación directa con el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 47 de la Constitución Nacional. Un sistema que garantice honorarios mínimos decorosos es condición necesaria para que el ejercicio profesional de la abogacía sea sostenible, lo cual redunda en la disponibilidad de servicios jurídicos de calidad para la ciudadanía.

Sin embargo, la relación entre arancel mínimo y acceso a la justicia no es lineal. En ciertos contextos, la imposición de honorarios mínimos obligatorios puede encarecer el acceso a asistencia letrada para sectores vulnerables de la población, que no pueden costear servicios profesionales por encima de ciertos valores. Esta tensión debe resolverse mediante políticas públicas complementarias —como la defensa pública, los consultorios jurídicos gratuitos y el beneficio de litigar sin gastos— y no suprimiendo el arancel mínimo, que cumple una función protectora insustituible.

6.2. La cuestión de la libre competencia

Desde la perspectiva del derecho de la competencia, los aranceles profesionales mínimos han sido cuestionados en diversas jurisdicciones como potenciales restricciones anticompetitivas. La Unión Europea, en particular, ha instado a los Estados miembros a eliminar o flexibilizar los aranceles obligatorios de las profesiones liberales, argumentando que estos pueden constituir barreras de entrada y limitar la competencia en el mercado de servicios jurídicos.

En el contexto paraguayo, sin embargo, las condiciones del mercado de servicios jurídicos difieren sustancialmente de las que motivaron la directiva europea. La concentración de la profesión en Asunción, la disparidad regional en la oferta de servicios jurídicos y la existencia de bolsones de desigualdad económica significativos hacen que la protección arancelaria siga siendo un instrumento relevante para garantizar condiciones mínimas de ejercicio profesional en todo el territorio nacional.

6.3. Relación con el pacto de cuota litis

El artículo 1º debe leerse en coordinación con las disposiciones de la Ley 1376/88 que regulan el pacto de cuota litis. Este pacto, por el cual el abogado acuerda con su cliente que percibirá una parte del resultado obtenido en el proceso (típicamente, un porcentaje del monto de la condena), es una modalidad de retribución que presenta particularidades propias. La ley arancelaria establece límites a la cuota litis precisamente para evitar el enriquecimiento desproporcionado del profesional a expensas del cliente, pero también para impedir que el abogado asuma una participación tan elevada que comprometa su independencia e imparcialidad de criterio.

6.4. Honorarios en causas pro bono y de interés social

Una cuestión que el artículo 1º no aborda expresamente —y que constituye una laguna normativa relevante— es la situación del abogado que presta servicios de forma gratuita o pro bono a personas o entidades que no pueden costear honorarios. La prohibición de renuncia anticipada podría interpretarse, en una lectura literal, como un obstáculo para la prestación voluntaria y gratuita de servicios jurídicos. Sin embargo, la interpretación teleológica de la norma —que apunta a proteger al profesional, no a perjudicarlo— permite concluir que la renuncia voluntaria y libre de toda presión en beneficio de terceros necesitados no está alcanzada por la prohibición legal.

VII. Perspectiva Comparada

El artículo 1º de la Ley 1376/88 se inscribe en una tradición latinoamericana de regulación arancelaria de los honorarios profesionales. En Argentina, la Ley 21.839 y sus sucesoras establecen un régimen similar, aunque con particularidades provinciales. Uruguay, Bolivia y España —este último en proceso de reforma hacia sistemas más flexibles— también han regulado históricamente los honorarios mínimos de abogados.

La tendencia global en las últimas décadas ha ido hacia la flexibilización de los aranceles obligatorios, con mayor protagonismo de la negociación individual entre profesional y cliente, y con la adopción de tarifas orientativas o referenciales en lugar de mínimos legales rígidos. Esta tendencia responde tanto a consideraciones de política de competencia como a la mutación del mercado de servicios jurídicos, impulsada por la globalización, la tecnología y la aparición de nuevos proveedores de servicios legales (legaltech, servicios de suscripción jurídica, plataformas de código abierto, etc.).

VIII. Propuestas de Reforma para la Comunidad Jurídica

8.1. Incorporación explícita de las actuaciones digitales y remotas

El artículo 1º, redactado en el contexto de la década de 1980, no prevé las modalidades de ejercicio profesional que ha traído la era digital: la asistencia jurídica remota, las audiencias virtuales, la suscripción electrónica de documentos, la gestión digital ante la Administración Pública y la mediación online. Una reforma del artículo debería incorporar expresamente estas modalidades en el ámbito objetivo de la ley, evitando la incertidumbre interpretativa sobre si quedan alcanzadas por la referencia genérica a “actuaciones extrajudiciales”.

8.2. Regulación diferenciada para el pacto pro bono

Como se señaló, el artículo 1º no contempla expresamente la práctica pro bono. Una reforma debería incluir una excepción explícita para los servicios prestados gratuitamente a personas en situación de vulnerabilidad, organismos de la sociedad civil sin fines de lucro y causas de interés público, estableciendo requisitos de transparencia y documentación que impidan el uso abusivo de esta excepción.

8.3. Actualización automática del valor arancelario

Uno de los problemas históricos de los aranceles fijados en valores nominales o en jornal mínimo es la pérdida de valor real por efecto de la inflación. La reforma debería incorporar un mecanismo de actualización automática vinculado a índices objetivos —como el índice de precios al consumidor o el jornal mínimo legal— a fin de preservar el valor real de las retribuciones mínimas sin necesidad de intervención legislativa periódica.

8.4. Formalización del contrato de honorarios

La aplicación subsidiaria del arancel solo cuando “no hubiera contrato escrito” ha generado un incentivo perverso: el profesional que confió en acuerdos verbales queda en una posición de incertidumbre. Una reforma debería complementar el artículo 1º con una disposición que establezca la obligatoriedad de formalizar por escrito —incluso en soporte digital— todo acuerdo de honorarios profesionales, con sanciones disciplinarias (no penales) para quienes no cumplan con esta obligación. Esto beneficiaría tanto al profesional como al cliente, dotando de mayor claridad y previsibilidad a la relación contractual.

8.5. Inclusión de mecanismos de resolución alternativa de conflictos arancelarios

Los litigios sobre regulación de honorarios son frecuentes y congestionan el sistema judicial. Una reforma debería promover la creación de un órgano de mediación o conciliación arancelaria —vinculado al Colegio de Abogados o al Poder Judicial— ante el cual las partes puedan resolver sus discrepancias sobre honorarios de forma rápida, económica y desformalizada, reservando la vía judicial para los casos en que la conciliación fracase.

8.6. Revisión de la nulidad absoluta: ¿hacia una nulidad relativa?

La calificación de la nulidad del contrato inferior al arancel como nulidad absoluta merece reconsideración. Dado que la norma protege primariamente al profesional, no a un interés público difuso, podría argumentarse que la nulidad debería ser de carácter relativo —solo invocable por el profesional perjudicado—, lo que impediría que el cliente se valga de la nulidad para eludir el pago de los honorarios pactados cuando estos, aun inferiores al arancel, resulten más onerosos que los arancelarios. Esta reforma alinearía mejor el mecanismo de nulidad con la finalidad protectora que el legislador persiguió.

IX. Conclusiones

El artículo 1º de la Ley Nº 1376/88, en su texto conforme a las modificaciones de la Ley 4590, es una disposición de carácter fundacional dentro del sistema arancelario paraguayo. Su análisis revela una norma técnicamente bien construida para el contexto de su sanción, que ha sido capaz de resistir el paso del tiempo y adaptarse mediante interpretación jurisprudencial a realidades no previstas por el legislador original.

Sin embargo, cuatro décadas después de su promulgación, la norma muestra sus límites. La economía digital, las nuevas modalidades de ejercicio profesional, la práctica pro bono y las demandas de mayor transparencia en la relación profesional-cliente exigen una reforma que actualice el artículo 1º sin abandonar sus ejes fundamentales: la protección del profesional, la garantía de un mínimo de retribución justa y la afirmación del carácter de orden público del sistema arancelario.

La comunidad jurídica paraguaya —abogados, jueces, académicos y legisladores— tiene ante sí la tarea de impulsar esta reforma con visión de conjunto, sin perder de vista que el arancel profesional no es un mero instrumento de regulación económica: es, en última instancia, una garantía del ejercicio digno de una profesión que tiene en sus manos la tutela de los derechos fundamentales de las personas.

Próxima entrega: Comentario del Artículo 2º — Regulación de honorarios por el juez

Blog Jurídico | Análisis de Legislación Arancelaria | Ley 1376/88 mod. por Ley 4590

Ley 5531 mod Ley 4980 registro motocicletas

2025-03-10T06:01:00.000-07:00

LEY N° 5.531

QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N° 4.980/13 “QUE MODIFICA EL REGISTRO DE MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS SIMILARES Y ESTABLECE NORMAS PARA SU CIRCULACIÓN”.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1.° Modifícanse los artículos 1°, 2°, 3° y 5° de la Ley N° 4.980/13 “QUE MODIFICA EL REGISTRO DE MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS SIMILARES Y ESTABLECE NORMAS PARA SU CIRCULACIÓN”, que quedan redactados de la siguiente manera:

“Art. 1.° Las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la fabricación, ensamblaje y/o venta de motocicletas que aún no se encuentren matriculadas en el Registro del Automotor, en los términos de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley Nº 608/95 “QUE CREA EL SISTEMA DE MATRICULACIÓN Y LA CÉDULA DEL AUTOMOTOR”, deberán entregar a los compradores de dichos vehículos las chapas, el certificado de verificación y el formulario necesario para la tramitación de la cédula correspondiente ante la Dirección del Registro del Automotor.”

“Art. 2.° El formulario de referencia deberá ser proveído por el Registro del Automotor y será confeccionado en duplicado. El original deberá ser entregado al comprador para su utilización como documento habilitante para circular y gestionar la matriculación en un plazo máximo de noventa días hábiles. El duplicado quedará en poder del vendedor como constancia del cumplimiento de la obligación impuesta por la presente ley, debiendo archivarlo por espacio de cinco años.”

“Art. 3.° El Registro del Automotor deberá otorgar la cédula del automotor correspondiente, en un plazo que no exceda de veinte días hábiles de recibida la documentación conforme al procedimiento establecido. Las motocicletas que circulen sin la matrícula respectiva, deberán ser retiradas de la vía pública por la autoridad encargada del tránsito vehicular; sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en la Ley General de Tránsito y Seguridad Vial.”

“Art. 5.° La autoridad de aplicación reglamentará la presente ley en el plazo máximo de sesenta días de su promulgación. El proceso indicado en la misma podrá hacerse de manera electrónica y con certificación digital, toda vez que la reglamentación respectiva lo habilite y que el comprador obtenga una constancia física de la operación realizada, a los efectos del posterior retiro de la cédula del automotor y la comprobación de que la misma se halla en trámite. Esta constancia permitirá la circulación por la vía pública dentro del plazo permitido.”

Artículo 2.° Derógase el artículo 4° de la Ley N° 4.980/13 “QUE MODIFICA EL REGISTRO DE MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS SIMILARES Y ESTABLECE NORMAS PARA SU CIRCULACIÓN”.

Artículo 3.° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil quince, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil quince, queda sancionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la Constitución Nacional.

→ VER Ley N° 4980

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Ley N° 4980 mod. Registro de motocicletas

2025-03-09T06:04:00.000-07:00

LEY Nº 4980

QUE MODIFICA EL REGISTRO DE MOTOCICLETAS Y VEHICULOS SIMILARES Y ESTABLECE NORMAS PARA SU CIRCULACION

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1º.- Las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la venta de motocicletas que aún no se encuentren matriculadas en el Registro del Automotor, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 2º de la Ley Nº 608/95 “QUE CREA EL SISTEMA DE MATRICULACION Y LA CEDULA DEL AUTOMOTOR”, deberán entregar a los compradores de dichos vehículos el formulario necesario para la tramitación de la matrícula correspondiente ante la Dirección del Registro del Automotor, previamente completado con los datos de la motocicleta vendida y de su titular.

→ Modificado por Ley N° 5531

Artículo 2º.- El formulario de referencia deberá ser proveído por la Dirección del Registro del Automotor y será confeccionado en triplicado. El original deberá ser remitido por el vendedor al Registro del Automotor dentro de los 2 (dos) días de la entrega de la motocicleta vendida; el duplicado será para el comprador, quien lo utilizará como documento habilitante para retirar la respectiva matrícula y; el triplicado quedará para el vendedor como constancia del cumplimiento de la obligación impuesta por la presente Ley, quien deberá archivarlo por espacio de 5 (cinco) años.

La Cédula de Identidad será el único documento habilitante para la identificación de los compradores de motocicletas, para todos los trámites legales.

→ Modificado por Ley N° 5531

Artículo 3º.- Recibida la documentación requerida conforme al procedimiento establecido, el Registro del Automotor deberá otorgar la matrícula correspondiente, en un plazo que no exceda de 5 (cinco) días hábiles de recibida la documentación. Las motocicletas que circulen sin la matrícula respectiva, deberán ser retiradas de la vía pública por la autoridad encargada del tránsito vehicular; sin perjuicio de la aplicación de la sanción que correspondiere.

→ Modificado por Ley N° 5531

Artículo 4º.- Una vez deducido los costos administrativos, se destinará el 10% (diez por ciento) de lo producido de la matriculación de motocicletas y afines; en lo relacionado con la emisión de chapa, cédula, verificación y gravado de la matrícula, con los Municipios en donde el titular del dominio declare como su domicilio; en los términos del Artículo 6º de la Ley Nº 608/95 “QUE CREA EL SISTEMA DE MATRICULACION Y LA CEDULA DEL AUTOMOTOR” el cuál será consignado en la respectiva solicitud de matriculación. La suma correspondiente a cada Municipio será depositada en una cuenta especialmente habilitada para el efecto en el Banco Nacional de Fomento por cada Municipio. Los recursos percibidos en este concepto serán destinados a financiar gastos inherentes a la conservación y mejoramiento de la infraestructura vial de los Municipios.

→ Derogado por Ley N° 5531

Artículo 5º.- La autoridad de aplicación reglamentará la presente ley en el plazo de 60 (sesenta) días de su promulgación. El proceso indicado en la misma podrá hacerse de manera digitalizada, toda vez que la reglamentación respectiva lo habilite y que el comprador tenga una constancia física de la operación realizada, a los efectos del posterior retiro de la matrícula y la comprobación de que la misma se halla en trámite, de manera a poder circular por la vía pública dentro del plazo permitido.

→ Modificado por Ley N° 5531

Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los once días del mes de abril del año dos mil trece, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados, a los doce días del mes de junio del año dos mil trece, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207 numeral 1) de la Constitución Nacional.

VER → Ley N° 5531

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Ley N° 608 crea Sistema de Matriculación automotores

2025-03-08T05:15:00.000-08:00

LEY Nº 608

QUE CREA EL SISTEMA DE MATRICULACIÓN Y LA CÉDULA DEL AUTOMOTOR

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

CAPITULO I

Artículo 1°.- De la Creación. Créase el Sistema de Matriculación y la Cédula del Automotor que serán de cumplimiento y uso Obligatorios respectivamente, en la forma, plazo y condiciones que se establecen en la presente Ley.

Artículo 2°.- A los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Matrícula: La codificación con letras y números por la que se identifica a cada automotor en todo el país durante su existencia como tal.

Cédula del Automotor: El documento legal que identifica al automotor y a su propietario o poseedor.

Automotores, los siguientes vehículos: automóviles, motocicletas, camiones, tractores, tractocamiones, camionetas, jeeps, furgones, ómnibus, micro-ómnibus y demás maquinarias autopropulsadas, todos ellos aun cuando no estuvieren carrozados. El Poder Ejecutivo podrá disponer, por vía de reglamentación, la inclusión de otros vehículos automotores en el régimen establecido por la presente Ley.

Chapas: Las placas de identificación que reproducen la matrícula y que deben ser colocadas en la parte visible, delantera y trasera, de la carrocería del automotor.

Patente: El tributo que las Municipalidades perciben sobre los automotores radicados en sus municipios.

Artículo 3°.- De la Matrícula. La matrícula será determinada por el Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos y deberá figurar en la cédula y demás documentos del automotor; al mismo tiempo deberá ser grabada en los parabrisas, delantero y trasero y en el chasis de los automóviles, o en las partes de los demás automotores que establezca la reglamentación.

Artículo 4°.- De la Cédula del Automotor. Producida la matriculación de un automotor, el Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos, expedirá al propietario o al poseedor, la Cédula del Automotor.

Este documento deberá reproducir la matrícula y contener además el nombre del propietario o del poseedor, número de documento de identidad, domicilio, marca del vehículo, año de fabricación, número del motor, número del chasis y los datos de la matrícula.

Artículo 5°.- Función de la Cédula. La Cédula del Automotor identifica al propietario o al poseedor y al automotor en sí, y habilita su libre circulación; sin perjuicio de los demás requisitos establecidos en las leyes y ordenanzas que rigen la materia como aquellos relacionados con la seguridad en el tránsito.

Artículo 6°.- El automotor tendrá como lugar de radicación, para todos sus efectos, el domicilio del titular del dominio o el del lugar de su guarda habitual.

Artículo 7°.- Del Organismo de Aplicación. El Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos, será el organismo de aplicación del presente régimen.

La reglamentación determinará la organización y el funcionamiento del mencionado registro conforme con los medios y procedimientos técnicos más adecuados para el mejor cumplimiento de sus fines.

Artículo 8°.- De la Facultad Administrativa. El Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos, tendrá facultades administrativas para implementar el sistema de matriculación y expedición de patentes, sin perjuicio de sus funciones registrales estipuladas en el Código de Organización Judicial y el Código Civil.

Artículo 9°.- De los Trámites. Los propietarios o poseedores de automotores podrán realizar los trámites de matriculación y cedulación, por sí, por personas debidamente autorizadas o por intermedio de las escribanías públicas del país.

A tal efecto se habilitarán formularios especiales.

Artículo 10.- El Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos, se encargará de la expedición de las chapas y de la grabación de la matrícula a las que alude esta Ley.

Ningún municipio percibirá el importe de la patente de un automotor sin tener a la vista la Cédula del mismo.

La reglamentación de esta Ley deberá prever un procedimiento de identificación visible que justifique el pago de la patente municipal.

Artículo 11.- En caso de pérdida, extravío, sustracción o grave deterioro de la cédula o la chapa, deberá solicitarse el duplicado al Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos. El Registro de Automotores hará constar el número de la cédula sustituida y comunicará la denuncia formulada a la Policía Nacional.

Artículo 12.- De la Intercomunicación Informática. Todos los datos que integran la matriculación y la Cédula del Automotor, as condiciones de dominios y cualquier modificación de los datos originales, deberán transferirse a un banco de datos de la sección informática del registro y conectarse con la red informática de la Policía Nacional, de las Municipalidades de la República y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Artículo 13.- De la obligatoriedad de la matriculación. Los propietarios de automotores legalmente introducidos en el país, cuyos títulos se encuentran inscriptos en el Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos, a la fecha de la promulgación de esta Ley, deberán realizar la matriculación y cedulación en un plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha de reglamentación de esta Ley.

Artículo 14.- De la caducidad de la Cédula. La transferencia de dominio del automotor hace caducar la cédula y obliga al vendedor a devolverla y al comprador a obtener una nueva cédula con la misma matrícula.

El incumplimiento de esta disposición inhabilita la circulación del automotor.

Artículo 15.- De la portación obligatoria de la Cédula. Transcurrido el plazo establecido en el Artículo 13, será obligatoria la portación de la Cédula del Automotor en cada unidad que circula por el país, con la única excepción de los que ingresen en plan de turismo o visita, con la debida documentación como tal.

Artículo 16.- De la retención de los vehículos. Facúltase a la Policía Nacional, a la Policía Municipal y a la Policía Caminera, en caso de inspección, a retener los vehículos que circulan sin la Cédula del Automotor o con la cédula enmendada o adulterada, debiendo al efecto expedir el recibo correspondiente, en el que constarán los datos necesarios para la identificación del automotor. Si en el plazo de cinco días no se subsanare la situación, la Policía Nacional, la Policía Municipal o la Policía Caminera denunciará el hecho a la Fiscalía General del Estado y al Consulado del país de origen del automotor. En este caso serán aplicadas las leyes aduaneras y penales vigentes.

Artículo 17.- Del libro de denuncias. La Fiscalía General del Estado habilitará un libro de denuncias, en el que exclusivamente se dejará constancia de los datos del vehículo, lugar y circunstancia de su retención.

CAPITULO II

Artículo 18.- Del Registro Especial y Transitorio. Créase un Registro Especial y Transitorio en el Registro de Automotores,dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos, a los efectos de la inscripción de las unidades automotoras carentes de documentación legal, para tener un censo de los mismos, conocer a sus poseedores, reconocerlos en dicho carácter y someterlos a un régimen legal específico.

Artículo 19.- Del plazo del Registro Especial y Transitorio. El Registro Especial y Transitorio estará abierto durante el plazo de seis meses, contados a partir de su funcionamiento, y en él se inscribirán todos los automotores indocumentados que circulan en el país y cuyo año de fabricación no sea posterior a 1995. Cumplido el plazo de inscripción no se admitirá en ningún caso, en el referido registro, la inscripción de automotor alguno.

Artículo 20.- De la verificación previa. Para la inscripción en el Registro Especial y Transitorio se cumplirá con el requisito de la verificación específica previa, la cual podrá ser confiada a empresas privadas competentes. Si la numeración resultare dudosa deberá ser consignada con la siguiente leyenda: "Inscripción con numeración dudosa".

Artículo 21.- De la obligación del propietario. El propietario de un vehículo inscripto en el Registro Especial y Transitorio regularizará la situación fiscal del automotor una vez transcurridos los treinta meses a partir de su inscripción, salvo que se halle en proceso una acción reivindicatoria.

Artículo 22.- De los datos para la inscripción. La inscripción se hará en base a la declaración pertinente del poseedor, en formularios que le proveerá el registro y contará de cuantas copias sean necesarias. Este formulario será suscripto por el poseedor del automotor, el funcionario actuante y el superior jerárquico. Una copia del referido formulario quedará en poder del poseedor del automotor.

Artículo 23.- De la obligación de nacionalización. Cumplido el plazo establecido en el Artículo 21 de esta Ley, el poseedor del vehículo deberá solicitar, dentro de los seis meses siguientes, la nacionalización del automotor y regularizar la situación fiscal del mismo.

Artículo 24.- De la prohibición de comercialización. Los automotores inscriptos en el Registro Especial y Transitorio no podrán ser objeto de comercialización, de medidas cautelares ni subasta pública, antes de la regularización a que se refieren los Artículos 21 y 23.

Artículo 25.- De la identificación de los automotores en situación especial. Los automotores inscriptos en el Registro Especial y Transitorio se identificarán de la misma manera que los inscriptos en el Registro común en sus signos externos, salvo en lo que se refiere a la Cédula del Automotor que será diferente y al formulario de inscripción en el cual constará que se halla inscripto en el Registro Especial y Transitorio.

Artículo 26.- De la extinción del Registro Especial. El Registro Especial y Transitorio quedará cerrado a la hora 24 del último día del plazo señalado por el Artículo 19 de esta Ley. A tal efecto el Fiscal General del Estado concurrirá a la sede del registro y procederá al cierre de los libros de inscripción y a la inutilización de sus espacios en blanco.

Artículo 27.- De los automotores no inscriptos. Los automotores no inscriptos en el plazo estipulado en el artículo anterior serán considerados ingresados al país de contrabando, autorizándose a las autoridades competentes a proceder a su secuestro, salvo lo dispuesto en el Artículo 15, última parte, de esta Ley.

Artículo 28.- De los automotores incautados. Las unidades automotoras secuestradas serán guardadas en custodia por la Dirección General de Aduanas, comunicando dicha circunstancia a la representación diplomática del país de origen.

Artículo 29.- De la caducidad de la acción. Transcurridos treinta meses a partir de la comunicación a que hace referencia el artículo anterior, si no mediare reclamo alguno, se procederá a la venta del automotor en subasta pública y le será entregado al adquirente con un documento que avale la propiedad del mismo. El importe resultante de las subastas públicas será depositado en Rentas Generales.

CAPITULO III

Artículo 30.- Del retiro definitivo del automotor. El propietario del automotor que resuelva desarmarlo o retirarlo definitivamente del uso, deberá dar inmediata cuenta al Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los RegistrosPúblicos, que procederá a cancelar la matrícula y retirar la cédula respectiva. La autoridad policial y las compañías aseguradoras deberán igualmente comunicar al Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos, los siniestros que ocurrieren a los automotores, siempre que éstos sean de tal naturaleza que alteren sustancialmente las características individualizantes de los mismos.

Artículo 31.- De las penas por adulteración de los números. Será castigado con prisión de uno a cuatro años el que adulterare o de cualquier manera modifique la numeración indicada por el Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos y estampada en los cristales del automotor y chasis y el que reemplazare ésta ilegítimamente o falseare los datos previstos en el Artículo 22. Si el culpable fuese funcionario público y hubiere cometido el hecho en abuso de su cargo, se duplicará la pena establecida y sufrirá además inhabilitación por doble tiempo.

Artículo 32.- De las penas por sustracción o destrucción de documentos. Será reprimido con prisión de dos a seis años el funcionario que sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare la matrícula y/o Cédula del Automotor o los archivos y documentos obrantes en poder del Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos. Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia, su autor será castigado con multa equivalente a cien jornales mínimos de actividades no especificadas en la Capital.

Artículo 33.- De las penas por falsificación de documentos. Será reprimido con prisión de tres a seis años:

1. El que falsificare los certificados expedidos por el Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos, o cualquiera de los demás documentos emanados de éste.

2. El que estampare en el chasis del automotor y en los vidrios sin derecho para ello, la numeración individualizante o la adulterare.

Artículo 34.- Del carácter de la enumeración. Las figuras delictivas establecidas en los artículos precedentes no obstan a la aplicación de las sanciones que para los casos no previstos especialmente en esta Ley impone el Código Penal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 35.- El Poder Judicial queda autorizado a organizar y dotar de toda la infraestructura necesaria al Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos, a cuyo efecto proveerá de las partidas y rubros correspondientes del Presupuesto General de Gastos de la Nación, que anualmente son destinados y aprobados a favor del mencionado Poder Judicial.

Artículo 36.- Autorízase al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente Ley en donde se especificarán las características generales de las chapas, las cédulas y los sistemas de control visual de pago de patentes, sus sistemas de seguridad y durabilidad, así como las características generales del material a ser utilizado y el mecanismo de provisión.

Artículo 37.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobada por la H. Cámara de Senadores el once de abril del año un mil novecientos noventa y cinco, y por la H. Cámara de Diputados, sancionándose la Ley, el ocho de junio del año un mil novecientos noventa y cinco.

VER LEYES MODIFICATORIAS

→ Ley Ley N° 4980/13, QUE MODIFICA EL REGISTRO DE MOTOCICLETAS Y VEHICULOS SIMILARES Y ESTABLECE NORMAS PARA SU CIRCULACION

→ Ley Ley N° 5531, QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N° 4.980/13 “QUE MODIFICA EL REGISTRO DE MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS SIMILARES Y ESTABLECE NORMAS PARA SU CIRCULACIÓN”.

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Ley N° 5800 Orgánica Banco Nacional de Fomento

2025-02-11T07:31:00.000-08:00

LEY N° 5800

DE REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

CAPÍTULO I

PERSONALIDAD, DOMICILIO Y OBJETO

PERSONALIDAD JURÍDICA

Artículo 1°.- Refórmase la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento.

Artículo 2°.- Naturaleza Jurídica.

El Banco Nacional de Fomento es una persona jurídica, pública, autárquica y con autonomía, en los términos de esta Ley, de duración indefinida y sometida al marco regulatorio del Banco Central del Paraguay, a la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito, al Código Civil Paraguayo, a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de la República.

Esta institución se regirá por las disposiciones de la presente Ley y, en lo que no está previsto en ella, por la legislación aplicable a las entidades financieras intermediarias reguladas. Su patrimonio se encuentra jurídicamente separado de los bienes del Estado.

DOMICILIO

Artículo 3°.- Domicilio y Jurisdicción.

El domicilio legal del Banco es el de su Casa Matriz en la ciudad de Asunción. Los juzgados y tribunales de la capital serán competentes en todos los asuntos judiciales en que el Banco fuere parte como actor o demandado, salvo que el Banco decida deducir demanda ante juzgados de otra competencia.

En los asuntos nacionales o internacionales, económicos o financieros en los que sea parte, el Banco Nacional de Fomento podrá someterse al derecho o tribunales judiciales o arbitrales nacionales o extranjeros.

OBJETO

Artículo 4°.- Objeto.

El Banco tendrá por objeto promover el desarrollo económico y social del país, brindando servicios bancarios y financieros dentro de las modalidades previstas en la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito, con el fin de promover el desarrollo social de los sectores más vulnerables y priorizando los proyectos de fomento de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la industria y el comercio de materias y productos originarios del país.

Artículo 5°.- El Banco Nacional de Fomento podrá abrir, trasladar o cerrar, en el país o en el exterior, las entidades subsidiarias, sucursales, filiales, representaciones, corresponsalías y agencias o representaciones que crea conveniente y sean necesarias para la consecución de sus fines, conforme a la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito.

Artículo 6°.- Los depósitos aceptados por el Banco Nacional de Fomento estarán íntegramente garantizados por el Estado paraguayo.

RELACIÓN CON EL PODER EJECUTIVO

Artículo 7°.- El Banco Nacional de Fomento mantendrá relaciones y elevará informes periódicos al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda.

CAPÍTULO II

OPERACIONES Y ACTIVIDADES

Artículo 8°.- Funciones.

Para el cumplimiento de su objeto y las demás finalidades que la Ley establezca, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que la presente Ley, la legislación aplicable a las instituciones financieras u otras Leyes generales o especiales le autoricen.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Banco también podrá realizar las siguientes operaciones:

Conceder préstamos al sector productivo, a las pequeñas y medianas empresas, al sector de consumo, de servicios para la adquisición, construcción o refacción de viviendas, bajo estricto cumplimiento de las normas que rigen la materia.

Los créditos otorgados con cargo a recursos de organismos internacionales se regirán por sus respectivos reglamentos.

Los costos de los servicios prestados sin compensación económica a Organismos y Entidades del Estado y Entidades Privadas, deberán ser cubiertos según las condiciones contempladas en los respectivos convenios celebrados con el Banco.

CAPÍTULO III

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS

Artículo 9°.- Capital del Banco.

El Capital Integrado del Banco Nacional de Fomento será el que resulte al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, el que podrá ser incrementado por el Directorio mediante la capitalización de todo o parte de las utilidades que destine a tal objeto, como así también de los recursos que para ello le asigne el Poder Ejecutivo, que será actualizado anualmente al cierre del ejercicio financiero, en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Banco Central del Paraguay.

Artículo 10.- De las Reservas.

El Banco Nacional de Fomento constituirá las Reservas conforme las disposiciones emanadas de la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito, las resoluciones del Banco Central del Paraguay y la Superintendencia de Bancos.

Además, parte de las utilidades se podrá destinar a Reservas Facultativas que el directorio estime conveniente, la que no podrá ser superior al 5% (cinco por ciento).

Artículo 11.- De las Utilidades.

Las Utilidades Netas que resulten al cierre del ejercicio se destinarán a:

a) aumentar el Capital; y,

b) financiar a los sectores productivos, en atención a las políticas del Gobierno Nacional.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Artículo 12.- Fuentes de Recursos.

El Banco atenderá sus operaciones con los siguientes recursos:

el Capital propio y utilidades que arroje su balance;
los que se le asignen por la Ley de Presupuesto y Leyes especiales;
los provenientes de empréstitos de organismos locales o internacionales;

los que provengan de su captación en el mercado local o internacional;
los provenientes de donaciones y legados aceptados por el Directorio;

los que se originen en la emisión de Bonos u otros títulos de deuda; y,
todo otro fondo proveniente del giro de sus operaciones.

Artículo 13.- Los recursos obtenidos deben aplicarse preferentemente a la asistencia crediticia de los emprendimientos productivos que se adecuen al objeto del Banco en los términos del Artículo 4° de la presente Ley.

Artículo 14.- Margen prestable.

Los créditos y contingentes que el Banco otorgue a una persona física o jurídica o a un grupo económico privado, no podrán exceder directa ni indirectamente, a una suma equivalente al 10% (diez por ciento) de su patrimonio efectivo vigente al cierre del ejercicio económico inmediato anterior.

Este porcentaje podrá elevarse hasta el 20% (veinte por ciento) del patrimonio efectivo del Banco en casos especiales que este considere pertinente, y siempre que cuente con la suficiente garantía aceptada por la Superintendencia de Bancos y que el proyecto se adecue al objetivo y funciones del Banco Nacional de Fomento.

CAPÍTULO IV

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO

Artículo 15.- El Directorio.

La dirección y administración del Banco Nacional de Fomento estará a cargo de un Directorio, cuyos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo. El Directorio se compone de un Presidente y cuatro miembros titulares. Los directores serán designados atendiendo a los requerimientos técnicos y a las políticas del Poder Ejecutivo.

El Presidente y los Directores Titulares gozarán de las retribuciones establecidas en el Presupuesto anual del Banco.

Artículo 16.- Requisitos.

El Presidente y los Directores serán paraguayos naturales, mayores de treinta años de edad, con título universitario y de probada experiencia e idoneidad en materia económica, financiera, administrativa, bancaria o jurídica directamente relacionada a dichas actividades, con experiencia mínima de 5 (cinco) años.

Artículo 17.- Duración en el cargo.

Los miembros del Directorio serán nombrados a razón de uno cada año por un período de 5 (cinco) años, a fin de garantizar la renovación periódica y parcial del Directorio. Podrán ser reelectos mediante una nueva designación del Poder Ejecutivo. El Presidente será nombrado por el período constitucional y coincidiendo con el mismo.

El período de cada Director iniciará el 15 de agosto del año respectivo. Una vez fenecido el mandato, el afectado continuará en el cargo hasta tanto sea nombrado su reemplazante.

Para el cómputo de duración del mandato, se considerará el período afectado al cargo, no así a la persona designada. Si el cargo de Presidente o Director quedara vacante, el Poder Ejecutivo nombrará el reemplazante para completar el período.

Al momento de la entrada en vigencia de esta Ley, y a los efectos de la designación de los cuatro Directores, la determinación del plazo de sus mandatos se asignará, por esta única vez, mediante sorteo, por acceder a un período de 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro) y 5 (cinco) años, respectivamente.

El Presidente y los miembros del Directorio no podrán ser destituidos del cargo antes de la finalización del plazo de mandato, salvo por las causales previstas en esta Ley.

Artículo 18.- Inhabilidades e Incompatibilidades.

No pueden ser designados Presidente, Directores, ni Gerente General del Banco Nacional de Fomento:

los inhibidos de bienes, los concursados o fallidos;
los parientes dentro del 4° grado de consanguinidad y 2° de afinidad;
los condenados por delitos comunes dolosos, con sentencia firme;

los inhabilitados para ejercer cargos públicos y los que tienen prohibición de ejercer cargos públicos;
los incapaces para ejercer el comercio o declarados tales según las Leyes;
los Directores y Gerentes de instituciones financieras privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos, así como sus síndicos y asesores;
los directivos y funcionarios del Instituto Nacional del Cooperativismo;
los accionistas, Directores y Gerentes de otras entidades sometidas al control de la Superintendencia de Bancos;
los inhabilitados para operar en cuentas corrientes bancarias, mientras dure la sanción;
los fallidos y los que registren deudas en el sistema financiero en estado de mora o en gestión de cobranza judicial; y,
toda persona vinculada directamente, de manera comercial, económica o profesional a actividades que pudieren generar conflicto de intereses en la adopción de decisiones propias del Directorio del Banco Nacional de Fomento, mientras duren dichas vinculaciones.

Los que desempeñándose en los cargos de Presidente, Director o Gerente General, llegaren a encontrarse en alguna de las causales enumeradas en este artículo, cesarán inmediatamente en tales funciones.

Artículo 19.- Cesantía.

El Presidente y los directores cesarán en sus cargos por:

El cumplimiento del período de su designación.
Renuncia presentada al Poder Ejecutivo.
Incapacidad física declarada por una junta médica o mental declarada judicialmente.
Destitución por Decreto del Poder Ejecutivo.
Estar comprendido en alguna de las causales prevista en el Artículo 18 de ésta Ley.

Artículo 20.- Las sesiones del Directorio.

Las sesiones del Directorio serán convocadas por el Presidente o a pedido de uno o más Directores, por lo menos una vez por semana. El Directorio podrá sesionar válidamente con el cuórum de mayoría simple de miembros presentes respecto al total de sus integrantes y las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría. En caso de empate la decisión recae en el Presidente con doble voto.

El voto es obligatorio para todos los miembros del Directorio presentes en cada sesión, salvo excusación fundada. En caso de que uno o más directores manifiesten su voto negativo, deberán exponer las razones concretas y determinadas que fundamenten su decisión, haciendo expresa referencia al tema sometido a consideración del Directorio. Se dejará constancia en actas de las excusaciones y sus fundamentos.

Los Directores y demás asistentes a las sesiones no podrán permanecer en ellas cuando se traten asuntos de su interés personal o cuestiones que afecten directa o indirectamente a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, debiendo dejarse constancia en acta de tal circunstancia. Podrán ser llamados a participar en las deliberaciones funcionarios del Banco o personas extrañas a la institución, cuando el Directorio lo considere conveniente.

Artículo 21.- Atribuciones y deberes del Directorio.

Son atribuciones y deberes del Directorio:

Establecer anualmente el plan económico y financiero del próximo ejercicio del Banco, orientado a la obtención de sus fines, dentro del marco de esta Ley y la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito.
Dictar las disposiciones y reglamentaciones necesarias para cumplir con los objetivos y las previsiones de esta Carta Orgánica.
Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual del Banco Nacional de Fomento y remitirlo al Ministerio de Hacienda, dentro de los plazos legales, para su estudio y consideración.
Decidir, en caso de necesidad, la contratación de empresas para la prestación de servicios tercerizados convenientes y necesarios para el buen y normal funcionamiento del Banco.
Determinar las modalidades y condiciones de las operaciones y líneas de crédito del Banco, fijando las tasas de interés, garantías, plazos y demás condiciones de las mismas.
Establecer los márgenes dentro de los cuales la Gerencia General, las Gerencias Departamentales y las Gerencias de Sucursales podrán acordar los créditos y demás operaciones activas.
Resolver sobre la apertura, traslado y cierre de filiales, sucursales, agencias, oficinas, representaciones, corresponsalías, centros de atención al cliente y locales compartidos, en el país o en el exterior.
Establecer, a partir de la Gerencia General, una estructura organizacional acorde al tamaño, complejidad, naturaleza y volumen de las operaciones y al perfil de riegos del Banco. Asimismo, podrá crear, suprimir, modificar o separar unidades y cargos administrativos, determinar sus funciones e interrelaciones y asignarles rango o jerarquía dentro de la estructura organizacional, conforme a los objetivos de esta carta orgánica.
Aprobar los manuales y reglamentos de funciones y de operaciones de las diferentes dependencias del Banco.
Dictar los reglamentos internos en materia disciplinaria, el estatuto del personal y las normas sobre las remuneraciones.
Considerar y aprobar la memoria anual, el balance general de cada ejercicio financiero, los balances trimestrales, las cuentas de ganancias y pérdidas, las cuentas patrimoniales contingentes.
Establecer las amortizaciones, cargos, provisiones, previsiones, capitalizaciones y aplicaciones de fondos dentro de las pautas de esta Ley y la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito.
Dentro de las reglas de la sana administración y en defensa del patrimonio del Banco, otorgar quitas de intereses, en los casos en que las previsiones efectuadas y la imposibilidad de efectivizar la totalidad de los créditos así lo aconsejen.
Aprobar la contratación de créditos de otras entidades nacionales o extranjeras para el financiamiento de sus operaciones, de acuerdo con las normas vigentes.

ñ. Conceder prórrogas solicitadas por los deudores del Banco, cuando las circunstancias así lo ameriten.

o. Nombrar y remover de sus cargos, a propuesta del Presidente, a los Gerentes.

Designar, a propuesta del Presidente, al Gerente General y al Gerente de Auditoría Interna y removerlos por incumplimiento de sus funciones con el voto en mayoría de los miembros titulares del Directorio.
Autorizar las operaciones con corresponsales no bancarios en el país, de acuerdo con las normas de la Superintendencia de Bancos y con las reglamentaciones del Banco dictadas sobre la materia.
Decidir que el Banco pueda adquirir, poseer, enajenar, hipotecar y gravar toda clase de bienes inmuebles, derechos reales de cualquier índole y realizar, con relación a dichos bienes y derechos, todo acto y contratos civiles, mercantiles y administrativos, sin excepción alguna, incluso de constitución, modificación y cancelación de hipotecas y demás derechos reales, así como la cesión, compra-venta, previo cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Ley.
Decidir que el Banco pueda adquirir, enajenar, permutar, transmitir, gravar, suscribir títulos valores, acciones, obligaciones, formular ofertas públicas de venta o adquisición de valores. Dichas operaciones deberán sujetarse al procedimiento establecido en la Ley N° 1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO”, en los casos requeridos.
Actuar como fiduciario, constituir y administrar fideicomisos y realizar operaciones fiduciarias permitidas y operaciones de Leasing, tanto del sector privado como del sector público.
Celebrar convenios con otras entidades u organismos nacionales o extranjeros.
Aprobar el plan anual de contrataciones del Banco.
Realizar todo otro acto de administración o disposición, tendiente a la mejor consecución de los fines del Banco, actuando dentro del marco de esta Carta Orgánica, la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito y las disposiciones reglamentarias del Banco Central del Paraguay.

Artículo 22.- Prohibiciones.

Sin perjuicio de otras incompatibilidades que pueda establecer el Directorio, sus miembros no pueden realizar con el Banco, por sí o por interpósita persona, operaciones en condiciones más favorables que las reservadas a sus clientes.

Artículo 23.- El Presidente.

La representación legal del Banco Nacional de Fomento estará a cargo del Presidente del Directorio. Durará en su cargo mientras dure el período presidencial. Tendrá a su cargo las relaciones con los demás Organismos y Entidades del Estado, entidades del sistema financiero nacional y organismos internacionales.

En caso de ausencia temporal del Presidente, este propondrá a un Director Titular para que lo reemplace mientras dure su ausencia, con acuerdo de la mayoría de los miembros del Directorio.

Artículo 24.- Atribuciones.

Sin perjuicio de las demás funciones que le encomienda esta Ley, le corresponde al Presidente del Banco Nacional de Fomento:

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, las Leyes relativas a sus funciones, así como sus propios reglamentos.
Convocar a sesiones del Directorio y presidir sus deliberaciones.
Conferir o revocar poderes para asuntos judiciales o cuestiones litigiosas.
Suscribir con el Gerente General del Banco Nacional de Fomento las obligaciones, los contratos y otros instrumentos y documentos.
Ejecutar las decisiones adoptadas por el Directorio, a través de las áreas respectivas.
Proponer al Directorio los reglamentos del Banco que complementarán esta Ley y recomendar los cambios y modificaciones cada vez que sean necesarios, para adaptarlos a las prácticas bancarias.
Designar los representantes convencionales del Banco en los juicios en que sea parte, como actor o demandado, con informe previo de la Gerencia de Asuntos Legales.
Diseñar los planes y programas que debe desarrollar el Banco según su objeto y las políticas del Gobierno Nacional acordes con el mismo.
Orientar las actividades tendientes al cumplimiento de la Misión y Visión del Banco, así como las relacionadas con la determinación de las estrategias y metas correspondientes, de acuerdo con los objetivos del Banco.
Proponer al Directorio el nombramiento de los funcionarios mencionados en el Artículo 21, inciso o) y p) y solicitar la remoción de los mismos, por causas debidamente justificadas.
Actuar y resolver en todos aquellos asuntos que no estuviesen expresamente reservados a la decisión del Directorio, debiendo dar cuenta al mismo.
En caso de que el Directorio no pudiera sesionar por falta de cuórum o ante razones fundadas de urgencia que requieran asegurar el normal desenvolvimiento operativo del Banco, puede resolver el Presidente, en asuntos reservados a dicho cuerpo, con uno de sus miembros, debiendo dar cuenta al Directorio en la primera sesión ordinaria que se celebre a posteriori, para ratificar lo actuado.
Las demás funciones que le asignen los reglamentos y el Directorio.

CAPÍTULO V

EL COMITÉ EJECUTIVO

Artículo 25.- El Gerente General.

El Gerente General depende directamente del Presidente, y sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 21 y 24 de esta Ley, estará a su cargo la conducción y coordinación de la administración interna del Banco Nacional de Fomento, dentro de las facultades conferidas por el Directorio y las instrucciones del Presidente.

Rige para el Gerente General los mismos requisitos establecidos en el Artículo 16 de la presente Ley.

Artículo 26.- Funciones del Gerente General.

Son funciones del Gerente General:

Ejecutar las instrucciones aprobadas por el Directorio a través del Presidente, siempre dentro de las facultades y límites conferidos por la presente Ley y por el Directorio.
Proponer al Presidente las medidas que juzgue necesarias para el mejor desarrollo de las actividades del Banco.
Mantener permanentemente informado al Presidente de todos los asuntos relacionados con la marcha habitual del Banco.
Suscribir los certificados de deuda, de conformidad con el Artículo 33 de esta Ley.
Participar en los comités del Banco.
Ejercer las demás funciones que le acuerden los reglamentos y las resoluciones emanadas del Directorio del Banco.

Artículo 27.- Incompatibilidades e inhabilidades.

Rige para el Gerente General las mismas causales de incompatibilidades e inhabilidades dispuestas en el Artículo 18 de la presente Ley.

Artículo 28.- Dedicación exclusiva.

El Presidente, los Directores Titulares y el Gerente General se dedicarán a tiempo completo al servicio exclusivo del Banco Nacional de Fomento. Sus funciones son incompatibles con el ejercicio de otra actividad o cargo, con o sin retribución, salvo el ejercicio de la docencia fuera del horario habitual del Banco.

El Presidente y los Directores Titulares no podrán desarrollar actividades de índole político-partidaria ni ocupar cargos directivos en entidades gremiales o políticas mientras se hallen en el ejercicio de sus cargos.

CAPÍTULO VI

RÉGIMEN JERÁRQUICO

Artículo 29.- Régimen jerárquico.

Para desempeñar funciones jerárquicas hasta jefaturas de División, la persona elegida deberá tener, además de título universitario pertinente y habilitante al área a desempeñar, probada idoneidad en la materia de que se trate y/o reconocida experiencia económico-financiera, administrativa y bancaria cuando por las funciones a ejercer así lo requieran.

CAPÍTULO VII

DEL PERSONAL

Artículo 30.- Del personal.

Todos los paraguayos que reúnan las exigencias de esta Ley tienen el derecho de integrar el plantel del personal del Banco Nacional de Fomento, sin más requisitos que la idoneidad.

Las relaciones laborales entre el Banco Nacional de Fomento y sus funcionarios estarán regidas por la presente Ley y el estatuto del personal dictado por el Directorio del Banco Nacional de Fomento. Si existiesen cuestiones no previstas en dichas normas sobre estas relaciones, regirán supletoriamente la Ley de la Función Pública y el Código Laboral, en el orden de prelación enunciado.

CAPÍTULO VIII

INGRESO

Artículo 31.- El ingreso de nuevo personal en el Banco se hará por concurso público de oposición, sobre la base del reglamento dictado por el Directorio.

CAPÍTULO IX

COMITÉS PERMANENTES DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 32.- El Directorio podrá crear los comités requeridos y reglamentará su funcionamiento, conformación y atribuciones, y podrán asimismo crear otros comités específicos cuando las circunstancias así lo requieran, de conformidad con el Artículo 21, inciso h) de esta Ley.

CAPÍTULO X

DERECHOS, PRIVILEGIOS Y GARANTÍAS

RÉGIMEN LEGAL ESPECIAL

DERECHOS Y PRIVILEGIOS

Artículo 33.- A los efectos del cobro de sus créditos por la vía judicial será suficiente que el Banco presente, como título que trae aparejada ejecución, un certificado de deudas, firmado por el Gerente General conjuntamente con el Gerente de Área. En dicho certificado se mencionará el origen del crédito, importe de la deuda en concepto de capital, gastos e intereses.

Artículo 34.- En cualquier momento el Banco podrá intervenir como tercero en todo juicio relativo a bienes gravados en garantía de sus créditos. Asimismo, el Banco podrá intervenir en todo juicio en que se hayan decretado medidas o resoluciones que afecten los derechos y privilegios que esta Ley le confiere.

PRESCRIPCIÓN

Artículo 35.- La acción para reclamar los créditos del Banco, cualquiera sea su origen, prescribe a los 10 (diez) años, a partir del vencimiento.

CAPÍTULO XI

GARANTÍAS

Artículo 36.- El Banco podrá aceptar a su satisfacción las garantías de sus créditos hasta los márgenes máximos permitidos sobre el valor de los mismos, de acuerdo con lo establecido por las disposiciones legales y reglamentarias que rigen para los Bancos, considerándose el monto de la operación, el riesgo del sector de destino de los fondos, la naturaleza de la actividad a financiar y los antecedentes crediticios del prestatario.

Artículo 37.- Las hipotecas y/o prendas constituidas a favor del Banco garantizarán el capital, intereses, comisiones y gastos bancarios, aranceles y accesorios legales. Los efectos del registro de la hipoteca y/o prenda durarán hasta la completa extinción de la obligación que garantiza, aunque esta exceda el plazo de vigencia de la inscripción de la garantía, sin necesidad de reinscripción.

CAPÍTULO XII

DISPOSICIONES ESPECIALES

CRÉDITO A ORGANISMOS PÚBLICOS Y AL ESTADO

Artículo 38.- Crédito Público.

El Banco podrá otorgar préstamos a Organismos y Entidades del Estado, siempre que se destine a gastos de capital y que disponga para ello de la respectiva garantía o instrumento de cobertura del eventual riesgo crediticio que pudiera acontecer y deberán supeditarse al procedimiento establecido en la Ley N° 1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO”. El monto total de la asistencia financiera a Organismos y Entidades del Estado por todo concepto, no podrá superar el 20% (veinte por ciento) del patrimonio efectivo del Banco al cierre del ejercicio económico anterior.

Los créditos otorgados al sector público en su conjunto serán considerados como una sola unidad de riesgo, hasta el límite máximo establecido en el párrafo anterior.

Artículo 39.- Depósitos Judiciales.

El Banco tendrá a su cargo la recepción, custodia y administración de los depósitos judiciales de todo el país, excepto aquellos a favor del Estado y sus dependencias.

RESPONSABILIDAD

Artículo 40. Los miembros del Directorio y los funcionarios del Banco son legal y personalmente responsables por la ejecución de las operaciones y los actos que están expresamente prohibidos por esta Ley, los reglamentos del Banco y la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito.

CAPÍTULO XIII

DEROGACIONES

Artículo 41. Deróganse las siguientes disposiciones legales:

La Ley N° 751/61 “Que aprueba con modificaciones el Decreto-Ley N° 281 del 14 de marzo de 1961, “POR EL CUAL SE CREA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO”.

La Ley N° 846/62 “Que amplía las funciones del Banco Nacional de Fomento y modifica su Carta Orgánica apROBADO POR DECRETO-LEY N° 281 DEL 14 DE MARZO DE 1962”.

La Ley N° 1178/97 “Que modifica el Artículo 6° del Decreto-Ley N° 281/61, APROBADO POR LEY N° 751/61, Y AMPLÍA EL CAPITAL AUTORIZADO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO”.

La Ley N° 2100/03 “De Reestructuración del Banco Nacional de Fomento”.

La Ley N° 4340/11 “Que modifica y amplía los artículos 3°, 44 y 92 del Decreto-Ley N° 281/61 “Por el cual se crea el Banco Nacional de Fomento”, aprobado por Ley N° 751/61 y modificado por las Leyes N°s 2100/03 y 2502/04”.

La Ley N° 4843/12 “Que modifica el artículo 3° del Decreto-Ley N° 281/61 “Por el cual se crea el Banco Nacional de Fomento”, aprobado por Ley N° 751/61 y modificado por las Leyes N°s 2100/03, 2502/04 y 4340/11”.

Artículo 42.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a dieciséis días del mes de marzo del año dos mil diecisiete , quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados, a veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 2), de la Constitución Nacional.

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Ley N° 5016 Nacional de Tránsito

2025-01-17T07:07:00.000-08:00

LEY N° 5016

NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Capítulo Único

Disposiciones generales

Artículo 1°.- Alcance de la Ley. Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables en toda la República. Las normas departamentales y municipales deberán ajustarse a lo que ella dispone sobre la materia.

Artículo 2°.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto:

a) Proteger la vida humana y la integridad física de las personas en el tránsito terrestre;

b) Preservar la funcionalidad del tránsito, los valores patrimoniales públicos y privados vinculados al mismo, y el medio ambiente circundante; y,

c) Contribuir a la preservación del orden y la seguridad pública.

Artículo 3°.- Materia Legislada. La presente Ley regula el tránsito vehicular y peatonal; así como la seguridad vial. Sus disposiciones abarcan:

a) Las normas generales de circulación.

b) Las normas y criterios de señalización de las vías de tránsito o circulación.

c) Los sistemas e instrumentos de seguridad y las condiciones técnicas indispensables para los vehículos.

d) El régimen de autorizaciones administrativas relacionadas con la circulación de vehículos.

e) Las acciones consideradas como infracción a la misma y las sanciones aplicables en dichos casos.

Artículo 4°.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente Ley y sus normas reglamentarias son aplicables a los peatones y conductores de cualquier clase de vehículos que transiten por las autopistas, rutas, caminos, avenidas y calles públicas de todo el territorio de la República, ya sea de naturaleza rural, urbana o suburbana.

Las disposiciones de esta Ley se aplicarán también a los discapacitados, los propietarios de animales sueltos y a los locales de estacionamiento vehicular de acceso público, sean estos gratuitos o no.

Artículo 5°.- Autoridades en materia de tránsito. Son autoridades de reglamentación, aplicación y ejecución de la presente Ley, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y supletoriamente los organismos nacionales y municipales involucrados en la temática vial, citados en el Artículo 7° de la presente Ley, atendiendo a las circunstancias de cada caso.

Artículo 6°.- Atribuciones reglamentarias de las Municipalidades. Las Municipalidades podrán dictar normas complementarias para la calificación y sanción de las infracciones establecidas por la presente Ley.

Artículo 7°.- Autoridades de fiscalización. En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, los agentes de la Patrulla Caminera, así como los de las Municipalidades de la República, serán los encargados de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y la reglamentación nacional o municipal que derive de ella.

Los agentes de tránsito de las Municipalidades aplicarán la presente ley dentro del ejido o zona urbana de sus respectivas jurisdicciones. La competencia en las rutas nacionales y departamentales, así como en los ramales y caminos vecinales que atraviesen los municipios, corresponderá a la Patrulla Caminera; salvo que mediare un Convenio de Delegación de Competencias, suscripto conforme al Artículo 16 de la Ley N° 3966/10 “ORGANICA MUNICIPAL” u otra que lo autorice expresamente.

Para entender en los hechos punibles relacionados con el tránsito vehicular, se dará intervención a la Policía Nacional; la cual deberá remitir inmediatamente los antecedentes a la Fiscalía Penal de turno.

La organización y competencias de la Policía Caminera, creada por Ley N° 63/48 “QUE CREA LA POLICIA CAMINERA Y MODIFICA VARIOS ARTICULOS DEL DECRETO-LEY N° 22094/47 ‘POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO GENERAL DE TRANSITO CAMINERO”, se denominará Patrulla Caminera a partir de la promulgación de la presente Ley, se regirán por la legislación que la regula actualmente, en todo cuanto no colisione con lo dispuesto por la presente disposición.

TITULO I

Capítulo Único

De la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial

Artículo 8°.- Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Créase la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), con personería jurídica de derecho público, como ente autónomo y autárquico en materia normativa y administrativa, dentro del ámbito de la competencia que le otorga la presente Ley. Su misión consistirá en la prevención y el control de los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción de la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, mediante la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial en el territorio nacional.

Artículo 9°.- Sede. La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial tendrá su domicilio en la Capital de la República, pero podrán constituirse sedes de la misma en los distintos Departamentos. La Ley de Presupuesto General de la Nación deberá prever cada año las partidas presupuestarias necesarias para que la Agencia Nacional pueda cumplir cabalmente con sus actividades específicas.

Artículo 10.- Autoridad de aplicación y fiscalización. La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial será la autoridad de aplicación y fiscalización de las políticas y medidas de seguridad vial a nivel nacional; sin perjuicio de las competencias y facultades correspondientes a las Municipalidades.

Artículo 11.- Dirección. La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial estará dirigida por un Directorio conformado por él:

a) Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones;

b) Ministro de Salud Pública y Bienestar Social;

c) Ministro del Interior;

d) Ministerio de Educación y Cultura;

e) Intendente de la Municipalidad de Asunción; y,

f) Dos Intendentes designados por la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).

Los Ministros y los Intendentes podrán designar por resolución como representante circunstancial o permanente, al Viceministro de la cartera correspondiente y al Presidente de la Junta Municipal, respectivamente, comunicando el hecho a la Agencia.

La presidencia del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial estará a cargo del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones o su representante.

El Directorio se reunirá como mínimo dos veces al año o cuando las circunstancias lo requieran para tratar los asuntos de su competencia. Formará cuórum con la presencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y las decisiones y sus resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos. En caso de empate, el Presidente del Directorio tendrá doble voto. Los miembros desempeñarán sus funciones en la Agencia “ad honorem”.

Artículo 12.- Funciones. El Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial tiene como funciones:

a) Proponer planes, programas y proyectos que tiendan a fomentar la seguridad vial.

b) Fomentar los estudios necesarios para la formulación de políticas, planes y programas. En particular, deberá formular y sugerir la utilización de metodologías comunes a nivel nacional para la realización de estudios de seguridad vial.

c) Proponer programas de inversión, en especial de carácter interministerial e intermunicipal, para reducir las tasas de accidentes de tránsito y sus consecuencias. También deberá recomendar la formulación de un programa anual de estudios para la preparación de los programas de inversión.

d) Proponer cambios a la legislación y reglamentos, en aspectos institucionales, organizacionales y operativos, así como a las normas técnicas que sean necesarias para mejorar la seguridad vial, velando por su uniformidad e integridad, en las áreas de infraestructura, tránsito, transporte, vehículos y conductores.

e) Colaborar con el Ministerio del Interior para coordinar las tareas y desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad, en materia de fiscalización y control del tránsito y de la seguridad vial.

f) Asesorar en el ámbito internacional a las Autoridades respectivas en lo referente a políticas, planes y programas en materia de tránsito y seguridad vial del país.

g) Fomentar la capacitación de profesionales, técnicos y demás personas afines a la temática, en materia de seguridad vial, tanto fuera como dentro del país.

h) Recomendar las acciones Ministeriales, en materia de campañas públicas de educación vial, creando sinergia con entidades públicas y privadas.

i) Integrar las acciones Ministeriales en materia de información estadística detallada sobre la ocurrencia de accidentes con fines de investigación y estudios de prevención.

j) Aprobar la programación anual de actividades en materia de tránsito y seguridad vial y el proyecto de presupuesto de la agencia.

k) Informar anualmente al Presidente de la República y a la comunidad de los resultados de la agencia y de la situación del país en materia de tránsito y seguridad vial.

l) Efectuar el seguimiento y la evaluación de la implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial.

m) Reglamentar el funcionamiento del Comité Consultivo.

n) Fomentar y desarrollar la investigación de los accidentes de tránsito, promoviendo la implementación de las medidas que resulten de sus conclusiones.

ñ) Autorizar convenios de colaboración con universidades, organismos, instituciones y cualquier otra entidad, nacional y/o internacional, a los efectos de realizar programas de investigación y capacitación de personal en materia de seguridad vial; y fomentar la creación de carreras vinculadas a la materia de la presente Ley.

o) Constituir los Juzgados de Faltas que sean necesarios.

p) Las demás propias de su misión y estén autorizadas legalmente.

Artículo 13.- Presidente. El Presidente de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial se encuentra facultado para:

a) Presidir las sesiones del Comité Consultivo, con voz y voto, el cual se reunirá por lo menos una vez cada 3 (tres) meses.

b) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Consultivo.

c) Proponer al Directorio de la Agencia las personas y organismos que podrán integrar el Comité Consultivo.

Artículo 14.- Director Ejecutivo. El Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial nombrará a un Director Ejecutivo, quien será equiparado al cargo de Viceministro. Para ocupar el cargo, se requerirá ser de nacionalidad paraguaya, mayor de 30 (treinta) años de edad y con amplia experiencia y conocimiento en materia vial.

Artículo 15.- Funciones. El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial tendrá los siguientes deberes y funciones:

a) Ejercer la representación y dirección general de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

b) Ejercer la administración de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes.

c) Elaborar el presupuesto para la implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial, elevándolo al Presidente.

d) Presentar informe trimestral a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, o cuando esta o su Presidente lo soliciten, sobre los avances y resultados de la implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial, como de otras actividades que consideren pertinentes.

e) Implementar las directivas, instrucciones y recomendaciones que le imparta la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

f) Participar en las sesiones del Comité Consultivo, con voz y voto.

g) Organizar, implementar y supervisar el funcionamiento del Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, en coordinación con la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).

h) Proponer la reglamentación y las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir.

i) Coordinar con las Municipalidades, a través de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), el otorgamiento de la Licencia de Conducir, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas.

j) Reglamentar el sistema de puntos aplicable a la Licencia de Conducir, conforme a los principios generales y las pautas de procedimiento establecidos en la presente Ley.

k) Supervisar la reglamentación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que estará a cargo de la Superintendencia de Seguros, dependiente del Banco Central del Paraguay.

l) Coordinar con los organismos competentes de aplicación, la puesta en funcionamiento del sistema de la Inspección Técnica Vehicular para todos los vehículos.

m) Establecer los requisitos mínimos para la habilitación de escuelas de conducción de toda clase de vehículo automotor. Debiendo controlar su funcionamiento y cancelar su habilitación en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos.

n) Promover y gestionar la obtención de recursos, fondos públicos y privados, locales y extranjeros para el cumplimiento de los objetivos de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

ñ) Promover las relaciones interinstitucionales de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, y en su caso, suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con autorización del Directorio de la Agencia para el logro de sus objetivos en coordinación con los organismos con competencia en la materia.

o) Dictar las normas reglamentarias necesarias y los respectivos manuales de funciones y procedimientos para el funcionamiento operativo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

p) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen personas y/u organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros.

Artículo 16.- Comité Consultivo. La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial será asistida por un Comité Consultivo, que tendrá como función colaborar y asesorar en todo lo concerniente a la problemática de la seguridad vial. Estará integrado, con carácter ad honorem, por:

a) Autoridades Directivas de la: Policía Nacional, la Policía encargada del Tránsito Caminero, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) la Secretaría de Transporte del Area Metropolitana de Asunción (SETAMA) o aquellas que las reemplacen a estas últimas en sus respectivas funciones reguladoras del tránsito automotor, la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay, y el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPY).

b) Tres representantes de Intendencias Municipales del interior del país, designados por el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y no representados en este, quienes durarán 1 (un) año en sus funciones y luego serán reemplazados por otros Intendentes, designados por igual período. La terna de candidatos será propuesta por la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).

c) Representantes de organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria e idoneidad del mundo de la empresa, la academia, la ciencia, el trabajo y de todo otro ámbito comprometido con la seguridad vial, que serán invitadas a integrarlo por el Presidente del Directorio de la Agencia.

El mencionado Comité se reunirá periódicamente para tratar los asuntos de su competencia y hacer el seguimiento de la evolución de los objetivos propuestos. Tendrá una Secretaría Permanente, cuyo titular será designado por el Director Ejecutivo de la Agencia.

Artículo 17.- Funciones. EI Comité Consultivo tiene como funciones:

a) Colaborar y asesorar en todo lo concerniente a la temática de la seguridad vial para la implementación de políticas públicas preventivas.

b) Proponer ajustes y complementos a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, para consolidar el Plan Nacional de Seguridad Vial.

c) Apoyar a las instituciones en el desarrollo de las actividades que les corresponden realizar en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial, para alcanzar los resultados esperados.

d) Estudiar y proponer a la Agencia innovaciones organizacionales, normativas y tecnológicas, conducentes a la mejora de la seguridad vial.

e) Proponer a la Agencia las normas reglamentarias necesarias para la implementación de la presente Ley.

f) Elevar propuestas al Director Ejecutivo sobre campañas de concientización en seguridad y educación vial, destinadas a la prevención de siniestros viales.

g) Asesorar, evaluar y fiscalizar en forma objetiva, oportuna e independiente, a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial para el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 18.- Recursos operativos. Los recursos operativos de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial serán los siguientes:

a) Las partidas presupuestarias asignadas por la Ley de Presupuesto General de la Nación y Leyes especiales.

b) Los fondos provenientes de los servicios prestados a terceros y de los porcentajes sobre las tasas y multas administrativas que se establezcan, de común acuerdo con las autoridades municipales dentro de un sistema único de infracciones, licencias de conducir y otros servicios administrativos.

c) La contribución obligatoria sobre las primas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) correspondientes a las pólizas contratadas con entidades de seguros, quienes actuarán como agentes de retención, debiendo depositar mensualmente los fondos en una cuenta especialmente habilitada para el efecto a nombre de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. La Superintendencia de Seguros establecerá el porcentaje sobre las primas de esta contribución.

d) Las donaciones, aportes no rembolsables y legados que reciba y acepte.

TITULO II

Capítulo Único

Principios básicos y definiciones

Artículo 19.- Garantías de libertad de tránsito. Queda prohibida la retención o demora del conductor y su vehículo, de la documentación de ambos y/o de las licencias que los habiliten por cualquier motivo, salvo los casos expresamente contemplados en esta Ley o en las Leyes penales relacionadas con la materia.

Artículo 20.- Convenios internacionales. La presente Ley se adecuará en lo pertinente, a todas las cuestiones sobre el tránsito automotor y peatonal contempladas en los convenios y tratados internacionales, debidamente aprobado y ratificado por la República del Paraguay.

Artículo 21.- Definiciones. a) A los efectos de esta Ley, y las demás normas que se dicten en consecuencia, se entiende por:

1) Accidente, siniestro o hecho de tránsito: suceso o acción en la cual involuntariamente resulten daños o lesiones en cosas, animales o personas, y a cuya ocurrencia contribuya la participación de al menos un vehículo en circulación.

2) Acera o vereda: franja comprendida entre la calzada y la línea de construcción de los inmuebles, reservada al tránsito de peatones.

3) Acoplado: vehículo de transporte, sin tracción propia, arrastrado por otro para su traslado.

4) Adelantamiento: maniobra mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo precedían en el mismo carril de una calzada.

5) Alcoholemia: examen para detectar el nivel de alcohol en la sangre de una persona, cuyo resultado debe ser registrado bajo la unidad de medida reglamentada.

6) Automóvil: vehículo movido por motor de combustión interna o eléctrica, para el transporte de personas de hasta 7 (siete) plazas, con 4 (cuatro) o más ruedas.

7) Autopista: vía especialmente diseñada para altas velocidades de operación, con los sentidos de flujo aislados por medio de un separador central, sin intersecciones a nivel.

8) Avenida: vía pública de más de un carril por cada sentido de circulación y separados por medio físico o con doble línea amarilla, donde el tránsito circula con carácter preferencial con respecto a las calles transversales.

9) Badén: depresión construida en la calzada, para dar paso al caudal de aguas superficiales.

10) Baliza: señal fija o móvil, con luz propia o retrorreflectora de luz, puesta como marca de advertencia.

11) Banquina: zona de la vía contigua a una calzada pavimentada, de un ancho de hasta tres metros si no está delimitada, destinada a la detención de vehículos en caso de emergencia y a la circulación de peatones y bicicletas, cuando no hubiere un sitio especial para ello.

12) Bicicleta: vehículo de dos ruedas propulsado por el esfuerzo humano.

13) Bifurcación: encuentro de una vía con dos.

14) Busca Huella: dispositivo de iluminación delantera de gran potencia, a ser utilizada exclusivamente fuera de la ciudad.

15) Calle peatonal: parte de la vía pública destinada exclusivamente a la circulación de peatones.

16) Calzada: parte de la vía pública destinada a la circulación de vehículos.

17) Cantero central: obstáculo físico construido como separador de dos sentidos de circulación, eventualmente substituido por marcas viales (cantero ficticio).

18) Camino: vía rural de circulación destinada al tránsito de vehículos, peatones y semovientes.

19) Caminos vecinales: los que, dentro de un distrito, unen el pueblo con sus compañías y los que conectan dos caminos departamentales.

20) Camión: vehículo automotor para transporte de carga de más de 3.500 kilogramos de peso total.

21) Camioneta: automotor para transporte de carga de hasta 3.500 kilogramos de peso total.

22) Carretera: vía interurbana de circulación.

23) Casco o ejido urbano: área determinada por el plano regulador de cada municipio y cuyos límites deberán estar señalizados.

24) Ciclomotor: motocicleta de hasta 50 centímetros cúbicos de cilindrada y que no puede exceder los 50 km/h de velocidad.

25) Ciclovía: vía destinada a la circulación de bicicletas, separada físicamente del tránsito común.

26) Concesionario vial: persona física o jurídica que tiene atribuida por Ley, la construcción, mantenimiento, explotación, custodia, administración y recuperación económica de la vía, mediante el régimen de pago de peaje u otro sistema de contraprestación.

27) Conductor: es la persona habilitada, capacitada técnica y teóricamente para manejar un vehículo.

28) Cruce: intersección de dos vías a un mismo nivel.

29) Cuatriciclo, cuadriciclo o cuaciclón: todo vehículo de 4 (cuatro) ruedas con motor de más de 50 centímetros cúbicos de cilindrada y que puede desarrollar velocidades superiores a 50 km/h.

30) Cuneta: zanja o conducto construido al borde de una vía para recorrer y evacuar las aguas superficiales.

31) Esquina: vértice del ángulo formado por dos vías convergentes.

32) Estacionamiento: sitio de parqueo habilitado por la autoridad de tránsito.

33) Franja continua: líneas pintadas en el medio de la vía en color amarillo, que indican la prohibición de adelantamiento.

34) Franja de dominio público: espacio de seguridad afectado a la vía y sus instalaciones adjuntas, comprendido hasta las propiedades lindantes.

35) Franja discontinua: líneas pintadas en el medio de la vía en color blanco, que indican la posibilidad de adelantar, toda vez que la vía de circulación se halle libre de obstáculo para dicha maniobra.

36) Franja o cebra peatonal: franja de seguridad señalada o marcada en la vía pública por donde deben cruzar los peatones. Si no está delimitada es la prolongación longitudinal de esta sobre la esquina.

37) Garaje: lugar destinado al guardado de vehículos.

38) Licencia de conducir: documento público de carácter personal e intransferible, expedido por la autoridad competente, el cual autoriza para la conducción de vehículos.

39) Lomada: elevación construida sobre la vía de tránsito en forma transversal, cuya finalidad es reducir la velocidad de circulación.

40) Maquinaria especial: vehículo automotor destinado a actividades agrícolas e industriales, que por sus características técnicas y físicas, solo puede transitar con previo permiso de la autoridad competente.

41) Motocicleta: todo vehículo de dos ruedas con motor de más de 50 (cincuenta) centímetros cúbicos de cilindrada y que puede desarrollar velocidades superiores a 50 km/h.

42) Motocarga: todo vehículo de tres ruedas a tracción propia de más de 50 centímetros cúbicos de cilindrada, utilizado para el transporte de carga.

43) Omnibus: vehículo automotor para transporte de pasajeros de capacidad mayor de ocho personas y el conductor.

44) Parada: lugar señalado para el ascenso y descenso de usuarios del servicio público.

45) Paso a nivel: cruce de una vía de circulación con el ferrocarril.

46) Peatón: toda persona física que utiliza la vía pública a pie, en carro de criatura, silla de rueda o similar.

47) Peso: el total del vehículo incluidos su carga y ocupantes.

48) Ramales o caminos departamentales: los que recorren todo un departamento o su mayor parte; los que unen un departamento con otro; los que ponen en comunicación un departamento con una ruta nacional, estación de ferrocarril o puerto habilitado; y los que ligan dos rutas nacionales.

49) Red vial: la constituida por las rutas nacionales, ramales o caminos departamentales y caminos vecinales.

50) Rutas nacionales: las que partiendo de la capital del territorio nacional cruzan el interior del país; y las que, atravesando dos o más departamentos, conducen a una estación de ferrocarril, puerto o paso fronterizo habilitado.

51) Señal de tránsito: toda marca, signo o leyenda utili¬zada para regular el tránsito y brindar información al respecto a conductores y peatones, así como toda indi-cación realizada por autoridad competente.

52) Semirremolque: es el acoplado cuya construcción es tal que una parte de su peso es soportado por el vehículo que lo remolca, dotado con un sistema de frenos y luces reflectivas.

53) Servicio de transporte: traslado de personas o cosas realizado con un fin económico directo (producción, guarda o comercialización) o mediando contrato de transporte.

54) Tracto camión: vehículo automotor destinado a traccionar o arrastrar un acoplado.

55) Triciclón o triciclo: todo vehículo de tres ruedas con motor de más de 50 centímetros cúbicos de cilindrada y que puede desarrollar velocidades superiores a 50 km/h.

56) Trifurcación: encuentro de una vía con tres.

57) Vehículo: medio de transporte de personas, animales o cargas, cualquiera sea su clase.

58) Vehículo detenido: el que detiene la marcha por circunstancias de la circulación (señalización, embotellamiento) o para ascenso o descenso de pasajeros o carga, sin que el conductor abandone su puesto.

59) Vehículo estacionado: el que permanece detenido por más tiempo del necesario para el ascenso o descenso de pasajeros o carga, o del impuesto por circunstancias de la circulación o cuando tenga al conductor fuera de su puesto.

60) Vehículo abandonado: el que permanece estacionado por un período de tiempo mayor de (cinco) días o del tiempo que fijen las autoridades locales competentes, y sin que se conozca su propietario o tenedor.

61) Vía pública o vía: calle, avenida, carretera, ruta, camino u otro lugar destinado al tránsito de vehículos, personas y animales, que comprende la calzada, la acera, la banquina y el paseo central.

62) Vías multicarriles: aquellas que disponen de dos o más carriles por manos.

63) Zona escolar: parte de la vía pública comprendida entre los 50 (cincuenta) metros antes y después del lugar donde se halla ubicado el acceso a un establecimiento educacional.

64) CAAL: Contenido de Alcohol en el aliento.

65) CAS: Contenido de Alcohol en la sangre.

b) Los términos no definidos se entenderán en el sentido que se les atribuye conforme a las disciplinas técnicas, científicas y jurídicas referentes en la materia.

TITULO III

Usuarios de la vía pública

Capítulo I

Del conductor

Artículo 22.- Edades mínimas para obtener la licencia. Para obtener la licencia para conducir vehículos en la vía pública, se deben tener cumplidas las siguientes edades, según el caso:

a) Veinticinco años para la licencia de conducir Profesional Clase “A” Superior y haber obtenido por 1 (un) año la licencia de categoría Profesional Clase “A”.

b) Veinticuatro años para la licencia de conducir Profesional Clase “A” y haber obtenido por 2 (dos) años la licencia de conducir de categoría Clase “B”.

c) Veinte años para licencia de conducir Clase “B” Superior y haber obtenido la licencia de conducir Clase “B” por 2 (dos) años.

d) Veinte años para la licencia de conducir Clase “B” y haber obtenido la licencia de conducir Clase “Particular” por 2 (dos) años.

e) Veinte años para la licencia de conducir de categoría Clase “C”.

f) Veinticuatro años para la licencia de conducir de categoría “D”.

g) Dieciocho años para la licencia de conducir de categorías “Particular”, “Motociclista” y “Extranjero”, este último sujeto a los convenios.

Artículo 23.- Escuela de conductores. Créanse las escuelas de conductores en las que se enseñará la conducción de vehículos, debiendo cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener habilitación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

b) Poseer autorización de funcionamiento de la municipalidad local.

c) Contar con instructores profesionales acreditados por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y registrados en la municipalidad del lugar donde el establecimiento tenga su asiento. Para obtener la acreditación correspondiente, los instructores deberán contar con antecedentes de buena conducta y aprobar el examen especial de idoneidad.

d) Poseer vehículos de las variedades necesarias para enseñar, en las clases para las que fue habilitado, según los estándares internacionales.

e) Tener contratado el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), además del seguro de responsabilidad civil por daños ocasionados a terceros.

f) Exigir al alumno una edad no inferior en más de 4 (cuatro) meses al límite mínimo de la clase de licencia que aspira obtener.

g) No tener dependientes, socios o directivos incursos en las causales de inhibición y excusación establecidas para los magistrados, con los responsables de la oficina expedidora de licencias de conducir de la municipalidad local.

h) Poseer la infraestructura adecuada para las clases teóricas, con los equipamientos técnicos actualizados, según normas internacionales.

Capítulo II

Licencia de Conducir

Artículo 24.- Características. Todo conductor será titular de una licencia para conducir ajustada a las siguientes características:

a) Las licencias otorgadas por las municipalidades, habilitarán a conducir en todas las calles y red vial de la República.

b) La licencia deberá extenderse conforme a un modelo unificado que responderá a estándares de seguridad, técnicos y de diseño, aprobados por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

c) Las licencias podrán otorgarse por una validez de hasta 5 (cinco) años, debiendo en cada renovación aprobar el examen psicofísico y, de registrar antecedentes por infracciones, prescriptas o no, revalidar los exámenes teórico-prácticos.

d) Las solicitudes de licencias no podrán hacerse por interpósitas personas, ni emitirse en ausencia del titular.

e) La emisión de la Licencia de Conducir y sus renovaciones se realizarán asignando a cada uno de sus titulares una cantidad fija y uniforme de puntos, a través de un sistema, cuyas condiciones y características se determinarán en la reglamentación.

f) Todo titular de una licencia deberá acatar los controles y órdenes que imparta la autoridad de tránsito en el ejercicio de sus funciones.

El otorgamiento de licencias de conducir en infracción a las normas de esta Ley y su reglamentación, hará pasible al funcionario que las emita, de las responsabilidades administrativas, penales y civiles emergentes del hecho.

Artículo 25.- Requisitos. La autoridad municipal, antes de emitir una licencia de conducir, debe requerir del solicitante:

a) Saber leer y escribir en el idioma español y/o guaraní. Exceptuándose en los casos de categoría de licencia “Extranjero”.

b) Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones y/o adicciones que tuviere.

c) Un examen médico psicofísico que comprenderá una constancia de aptitud física, visual, auditiva y psíquica para conducir un automotor.

d) Un examen teórico de conocimientos sobre conducción, señalización, legislación, accidentes y modo de prevenirlos.

e) Un examen teórico práctico sobre conocimientos simples de mecánica y detección de fallas sobre elementos de seguridad del vehículo. Funciones del equipamiento e instrumental.

f) Un examen práctico de idoneidad conductiva.

g) Certificado de conocimientos básicos de primeros auxilios.

h) Comprobante de tipificación sanguínea, expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o laboratorio habilitado.

Las personas que padezcan daltonismo, tengan visión monocular o limitación auditiva y aquellas con discapacidades en las extremidades u otras partes del cuerpo, pero que puedan conducir con las prótesis pertinentes o en vehículos especiales adaptados a su discapacidad, podrán obtener la licencia habilitante específica, siempre que satisfagan los demás requisitos.

Antes de otorgar una licencia, se debe requerir al Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, los informes correspondientes acerca del solicitante. La reglamentación podrá establecer impedimentos a la expedición de licencias de conducir cuando de los antecedentes del solicitante se pueda inferir su peligrosidad al volante como consecuencia de la acumulación de infracciones cometidas en el tránsito vehicular.

Artículo 26.- Contenido. La licencia habilitante expedida por la Municipalidad debe contener los siguientes datos:

a) Número, en coincidencia con el de la cédula de identidad policial del titular o con el carné diplomático expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores o el carné de admisión temporal o permanente, cuando se trate de extranjeros. Estos documentos deben tener la fecha de vencimiento vigente al momento de su presentación.

b) Apellido, nombre, fecha de nacimiento, domicilio, fotografía y firma del titular. La firma debe ser coincidente a la estampada en el documento de identidad presentado.

c) Clase de licencia, especificando tipos de vehículos habilitados a conducir.

d) Prótesis que debe usar o condiciones impuestas al titular para conducir. A su pedido, incluirá la advertencia sobre alergia a medicamentos u otras similares.

e) Fechas de emisión y vencimiento e identificación del funcionario y municipalidad que la emite.

f) Grupo y factor sanguíneo del titular.

g) En la licencia, se hará constar la voluntad del titular de ser o no donante de órganos, en caso de fallecimiento.

Estos datos deben ser comunicados en un plazo máximo de setenta y dos horas por la autoridad municipal que emite la licencia al Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito. El incumplimiento de esta comunicación hará pasible al funcionario de la aplicación de las sanciones administrativas, penales y civiles que correspondieran.

Artículo 27.- Clases. La licencia de conducir podrá ser:

a) Profesional Clase “A” Superior: habilita a su titular a conducir todo tipo de vehículo automotor, y en exclusividad, el afectado al Servicio de Transporte Público de Pasajeros Internacional.

b) Profesional Clase “A”: habilita a su titular a conducir vehículo automotor de todo tipo, y en especial, el afectado al Transporte Público Interno.

c) Profesional Clase “B” Superior: habilita a su titular a conducir todo tipo de vehículo automotor de dos o más ejes, afectado al transporte de cargas internacional inclusive, con o sin remolque, y sin restricción de capacidad de tonelaje.

d) Profesional Clase “B”: habilita a su titular a conducir todo tipo de vehículo automotor de hasta 5 toneladas de capacidad, ya sean estos, afectados al uso personal o al servicio de transporte de cargas.

e) Profesional Clase “C”: habilita a su titular a conducir exclusivamente tractores, maquinarias agrícolas y las denominadas pesadas.

f) Profesional Clase “D”: habilita a su titular a conducir vehículo automotor de transporte de mercancías inflamables, explosivas o tóxicas, conforme a la reglamentación de la autoridad competente, además, puede conducir los rodados correspondientes a las categorías: Clase “B” Superior, Clase “B”, Clase “C” y Clase “Particular”.

g) Particular: habilita a su titular a conducir: jeep, automóviles, camionetas y furgonetas, siempre que estos sean de uso personal, que su capacidad de carga no exceda los 2.000 kg. y que no estén destinados al servicio del transporte público o de carga en general.

h) Motociclista: habilita a su titular a conducir exclusivamente ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas con propulsión propia.

i) Extranjero: habilita a su titular a conducir vehículo de uso privado y/o de carga de hasta 2.000 kg. Esta categoría de licencia será válida solo por un año, y se expedirá con la presentación del carnét de conducir de origen y carné de inmigrante.

La licencia de conducir expedida en el extranjero, será válida dentro del territorio nacional por un tiempo no mayor de tres meses, contados a partir de la entrada al país. Esta deberá estar al día y habilitará para conducir automóviles de la categoría autorizada, conforme consta en la licencia respectiva y, en caso de no contar con dicha especificación, se entenderá que le corresponde la categoría de licencia particular. En el caso de funcionarios diplomáticos y consulares debidamente acreditados, como asimismo de otras organizaciones internacionales, la vigencia se extenderá al tiempo que duren sus funciones oficiales, extendiéndose la presente excepción a los miembros de su familia, conforme a los convenios y tratados internacionales.

Para los conductores de vehículos especiales, la Municipalidad les expedirá una autorización circunstancial para guiar los mismos, con validez de 1 (un) año.

Los conductores de vehículos de tracción a sangre y de bicicletas, no precisan de licencia para conducir; pero deberán aprobar un curso de educación vial y portar la correspondiente constancia y usar chaleco reflectivo.

A partir de los 65 (sesenta y cinco) años de edad, para la obtención de licencia de conducir, se les exigirá en forma anual un examen de aptitud psicofísica acorde con los riesgos relacionados con la edad.

Artículo 28.- Modificación de datos. El titular de una licencia de conducir debe denunciar todo cambio de los datos consignados en ella. Si el cambio ha sido de domicilio, debe solicitar una nueva licencia a la autoridad municipal correspondiente, la cual será otorgada previo informe del Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, contra la entrega de la anterior. La misma tendrá validez por el período de vigencia que le resta a la nueva entregada. La licencia caducará, automáticamente, a los 90 (noventa) días de producido el cambio, haya o no sido denunciado.

Artículo 29.- Suspensión por ineptitud. La Autoridad Municipal suspenderá la licencia de conducir, cuando ha comprobado la ineptitud psicofísica del titular con relación a lo establecido como requerimientos reglamentarios. Este puede solicitar la renovación de la licencia, para lo cual deberá aprobar los exámenes respectivos.

Artículo 30.- Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito. Créase el Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, como órgano dependiente y al servicio de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Las funciones atribuidas por esta Ley a este Registro serán delegadas a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).

Capítulo III

Del Peatón

Artículo 31.- Uso de la vía pública por el peatón. Queda asegurada al peatón la utilización de las aceras o veredas, paseos, franjas peatonales o pasajes apropiados de las vías urbanas y de las banquinas de las vías rurales para la circulación, pudiendo la autoridad competente permitir la utilización de parte de la calzada, siempre que no sea riesgoso para el peatón o perjudicial para el tránsito vehicular.

El ciclista que no se encuentra montado y se halle empujando su biciclo, se equipara al peatón en sus derechos y deberes.

En las áreas urbanas, cuando no hubiere cruce o franja peatonal o cuando no fuere posible la utilización de los mismos, como también en las vías rurales, cuando no hubiera banquina o cuando no fuera posible el uso de ella, el peatón lo hará con la debida precaución. Si fuera necesario transitar en multitud, solo se hará con la cooperación de uniformados operativos, entrenados en la materia, quienes regularán el tránsito para una segura circulación vehicular y peatonal.

En las vías rurales que atraviesen cascos urbanos deberán preverse pasos destinados a la circulación de peatones, no pudiendo utilizarse para ello las banquinas.

En lugares donde existan obstrucciones de los cruces o franjas peatonales, el órgano o entidad con competencia sobre la vía deberá asegurar la debida señalización y protección para la circulación de los peatones.

Artículo 32.- Cruce de la calzada. Para utilizar la calzada, el peatón deberá tomar precauciones de seguridad que incluyan la visibilidad, la distancia y la velocidad de los vehículos; transitar siempre por los cruces peatonales destinados para ello, cuando estos existieren y observando las siguientes disposiciones:

a) Donde no hubiera franja peatonal, el cruce de la vía deberá ser hecho en sentido perpendicular al de la vía a ser cruzada.

b) Para atravesar un cruce señalizado para peatones o delimitado por marcas sobre la pista:

1. Donde hubiera semáforo peatonal, obedecerá las indicaciones de las luces.

2. Donde no hubiera semáforo peatonal, deberá aguardar que el semáforo o el agente de tránsito interrumpa la circulación de vehículos.

c) En las intersecciones y en sus proximidades, donde no existan cruces o franjas peatonales, estos deberán atravesar la vía en el lugar de la continuación de la acera, observando las siguientes normas:

1. No deberán adentrarse en la calzada, sin antes cerciorarse de que pueden hacerlo, sin obstruir el tránsito de vehículos.

2. Una vez iniciado el cruce de la vía, los peatones no deberán aumentar su paso, demorarse o detenerse sin necesidad.

Artículo 33.- Prioridad de paso. Los peatones que atraviesen la vía por las franjas peatonales delimitadas para ese fin, tendrán prioridad de paso, excepto en los lugares con señalización semafórica donde deberán ser respetadas las disposiciones de la presente Ley.

En los lugares donde hubiere señalización semafórica peatonal, será dada la preferencia a los peatones que no hayan concluido el paso, aun en caso que el semáforo libere el tránsito de vehículos.

Artículo 34.- Mantenimiento de los cruces peatonales. El órgano o entidad competente sobre la vía mantendrá los cruces o franjas peatonales en buenas condiciones de visibilidad, higiene, seguridad y señalización, asegurando la disponibilidad de su utilización por personas con discapacidad.

Capítulo IV

De la educación vial

Artículo 35.- Difusión de la educación vial

a) Para el correcto uso de la vía pública, se dispone:

1. Incluir la educación vial en los niveles de enseñanza inicial, escolar básica, media y superior.

2. En la enseñanza técnica, terciaria y universitaria, instituir orientaciones o especialidades que capaciten para servir a los distintos fines de la presente Ley.

3. La difusión y aplicación permanente de medidas y formas de prevenir accidentes.

4. La afectación de predios especialmente acondicionados para la enseñanza y práctica de la conducción.

5. La prohibición de publicidad laudatoria o sugestiva, en cualquiera de sus formas, de conductas contrarias a los fines de esta Ley.

b) Es compromiso de las instituciones reguladoras del tránsito automotor, sistematizar, establecer y desarrollar programas de educación vial dirigidos a toda la población en general y en particular a:

1. Aspirantes a conductores y conductores de vehículos en general.

2. Educadores de escuelas, colegios y universidades, ya sean oficiales o particulares.

3. Alumnos de todos los niveles educacionales del país.

4. Funcionarios encargados de la vigilancia y fiscalización del tránsito vehicular para la modernización en la materia.

5. Amas de casa.

6. Funcionarios públicos.

7. Infractores de las Leyes de tránsito.

c) De los temas de educación vial a ofrecerse, por lo menos se deben referir a los siguientes puntos:

1. Respeto por la vida y la integridad física de las personas.

2. Conducta debida del transeúnte en la vía pública.

3. La seguridad vial como bien común.

4. Conducta y obligación del conductor de vehículos.

5. Valoración y adhesión a las normas de tránsito.

6. Señales de tránsito.

7. Primeros auxilios.

8. Manejo defensivo.

9. Consecuencias de la imprudencia en el manejo del automóvil.

10. Factores de riesgo en la conducción de rodados.

11. Riesgo en la conducción de vehículos por menores de edad, personas alcoholizadas, bajo los efectos de estupefacientes o agotamiento.

12. Elementos de protección.

13. Mecanismos de producción de lesiones.

d) Apoyar al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal en la realización de tareas conjuntas que fortalezcan la educación vial en Paraguay; tales como edición de materiales educativos, formación de docentes en servicio, realización de charlas educativas a estudiantes de todos los niveles, promoción de la temática en medios de comunicación masiva y otras estrategias relacionadas con el mejoramiento de la seguridad vial de la población.

Artículo 36.- Capacitación periódica de los funcionarios encargados de la aplicación de esta Ley. Los funcionarios a cargo de la aplicación de la presente Ley deben concurrir en forma periódica a los cursos que se dicten para la enseñanza de esta materia y los de actualización sobre la misma. La reglamentación establecerá la periodicidad de los cursos, según las funciones desempeñadas, de manera a mantener actualizado al personal sobre la normativa y los adelantos científicos en la materia.

TITULO IV

Capítulo Unico

De la vía pública

Artículo 37.- Señales de tránsito. La vía pública será señalizada y demarcada con un sistema de señales de tránsito acorde con los usos y convenios internacionales sobre la materia.

La colocación de señales debe ser realizada y autorizada expresamente por la autoridad competente.

Los conductores y peatones están obligados a obedecer y respetar las señales de tránsito, salvo instrucción en contrario de un agente de tránsito, un agente de la Policía Nacional, de la Patrulla Caminera o en los casos excepcionales contemplados en esta Ley y sus normas reglamentarias.

Artículo 38.- Infraestructura vial. Toda obra o dispositivo que se ejecute, instale o esté destinado a surtir efecto en la vía pública, debe ajustarse a las normas básicas de seguridad vial, propendiendo a la diferenciación de vías para cada tipo de vehículo.

En las zonas urbanas, se debe contemplar el desplazamiento de los carritos o coches para el transporte de niños de corta edad y de personas con discapacidad, que utilicen sillas de ruedas u otras asistencias ortopédicas. Cuando la infraestructura no pueda adaptarse a las necesidades de la circulación, esta debe desenvolverse en las condiciones de seguridad preventiva que imponen las circunstancias del momento.

La autoridad competente deberá establecer desvíos o circunvalaciones en las rutas nacionales que atraviesen ejidos urbanos. Hasta tanto se implementen los desvíos o circunvalaciones correspondientes, los tramos de rutas nacionales que atraviesen ejidos urbanos, deberán ser de tránsito en sentido único.

Artículo 39.- Obstáculos. Cuando la seguridad y/o fluidez de la circulación estén comprometidas por situaciones u obstáculos anormales, la autoridad con competencia sobre la vía afectada deberá actuar de inmediato, advirtiendo del riesgo a los usuarios.

Toda obra en la vía pública destinada a reconstruir o mejorar la misma, o a la instalación o reparación de servicios, ya sea en zona rural o urbana y en la calzada o acera, debe prever la colocación y el mantenimiento por cuenta de quien ejecuta el trabajo, de señales de peligro diurnas y nocturnas, además de la adopción de medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de la obra.

Durante la ejecución de obras en la vía pública, debe preverse un paso supletorio que garantice el tránsito de vehículos y personas, de manera que no presente perjuicio o riesgo para sus usuarios. Igualmente, se deberá asegurar el ingreso en los lugares solo accesibles por la zona en obra. Una vez culminada la obra, quien ejecuta la misma, deberá retirar las señalizaciones, materiales y desechos.

Serán responsables de los daños producidos en accidentes ocurridos como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores, quienes tengan a su cargo la ejecución de la obra.

Artículo 40.- Planificación urbana. La autoridad competente, a fin de preservar la seguridad vial, el medio ambiente, la infraestructura y la fluidez de la circulación, puede establecer las siguientes medidas en zona urbana, dando preferencia al transporte público y procurando el desarrollo de la zona afectada:

a) Vías o carriles para la circulación exclusiva u obligatoria de vehículos del transporte público de pasajeros o de carga.

b) Sentidos de tránsito diferenciales o exclusivos para una vía determinada en diferentes horarios o fechas y producir los desvíos pertinentes.

c) Estacionamiento alternado u otra modalidad según lugar, forma o fiscalización.

d) Instauración de coordinación, proyección, reglamentación y control del sistema de transporte a nivel nacional.

Artículo 41.- Restricciones al dominio público. Es obligatorio para propietarios de inmuebles lindantes con la vía pública:

a) Permitir la colocación de placas, señales o indicadores necesarios al tránsito.

b) No colocar luces ni carteles que puedan confundirse con indicadores del tránsito o que por su intensidad o tamaño puedan perturbarlos.

c) Mantener en condiciones de seguridad, toldos, cornisas, balcones o cualquier otra saliente sobre la vía.

d) No evacuar a la vía aguas servidas, ni dejar las cosas o desperdicios en lugares no autorizados.

e) Solicitar permiso para colocar inscripciones o anuncios visibles desde la vía pública.

f) Tener alambrados que impidan el ingreso de animales en la zona del camino.

La falta de colocación de alambrados o su deficiente conservación constituye falta gravísima y hará pasible al propietario, de la sanción de multa prevista en esta normativa, además de las responsabilidades penales y civiles que correspondieren. Asimismo, queda facultada la autoridad competente para realizar los trabajos necesarios, a costa del infractor.

Artículo 42.- Animales sueltos. Prohíbase la presencia de animales sueltos en la vía pública. A los efectos de esta Ley, entiéndase por animales sueltos a los vacunos, equinos, caprinos, ovinos y porcinos que deambulen libremente, sin ser guiados por sus responsables o no se encuentren correctamente amarrados.

Los animales sueltos que se encuentren en la vía pública en infracción a esta Ley, serán decomisados y sacrificados por la autoridad municipal o la Patrulla Caminera, según el caso.

Se labrará acta del procedimiento, dejándose constancia de las circunstancias del caso, con indicación, si fuese posible, de la marca o señal del animal sacrificado. Copia del acta se entregará al Juzgado de Paz más cercano, dentro de las veinticuatro horas de su implementación, quien dispondrá su archivamiento.

La autoridad municipal intimará por veinticuatro horas al propietario del animal sacrificado de marca o señal registrada, a fin de que presente la documentación que acredite la salubridad del mismo, de manera a proceder al remate del animal sacrificado, bajo pena de que en caso de no hacerlo así, los restos del mismo serán incinerados y los costos cobrados a su propietario. El derecho de impugnar o accionar judicialmente por supuestas irregularidades del procedimiento, prescribirá de pleno derecho a los 3 (tres) días subsiguientes de la notificación del propietario o de la recepción del acta por el Juzgado de Paz en los casos en que el propietario no pueda ser identificado.

Si el animal no posee marca o señal registrada, deberá ser sacrificado e incinerado inmediatamente. La autoridad municipal conservará el pellejo del ganado vacuno y equino, durante 3 (tres) días como elemento probatorio de la realización del sacrificio.

Del precio obtenido por la venta del animal sacrificado de marca o señal registrada, se descontarán los gastos efectuados en el procedimiento, y el saldo será retirado dentro de 3 (tres) días, por quien acredite ser su propietario o, en su defecto, será destinado a la entidad de servicio social o de bien público, ubicada dentro del ejido de la Municipalidad en cuyo ámbito se hubiese sacrificado el animal, entidad que será designada por el ejecutivo municipal.

Todo lo relacionado a la responsabilidad civil y a las indemnizaciones, se regirá por las disposiciones del Código Civil.

Artículo 43.- Anuncios y carteles prohibidos. Se prohíbe colocar o mantener en la vía pública y franja de dominio, signos, demarcaciones o elementos que imiten o asemejen a las señales de tránsito; como también alterar, destruir, deteriorar o remover dichas señales o colocar en ella anuncios de cualquier índole.

No podrá colocarse en la vía pública y franja de dominio, propaganda comercial, construcciones u otros elementos que afecten la visibilidad del conductor o la debida percepción de las señales de tránsito.

Las infracciones a este artículo constituyen falta grave y hará pasible solidariamente a los propietarios, publicistas y anunciantes de las sanciones previstas en esta normativa, además de las responsabilidades penales y civiles que correspondan. Asimismo, queda facultada la autoridad competente para realizar los trabajos necesarios, a costa del infractor.

Artículo 44.- Regulaciones especiales sobre publicidad comercial. La autoridad competente reglamentará las condiciones de colocación de carteles, pasacalles u otra forma de propaganda comercial que no interfiera la visibilidad del conductor o la debida percepción de las señales de tránsito. Asimismo, podrá hacer retirar de la vía pública y franja de dominio los objetos, señales no oficiales y cualquier otro letrero, signo de demarcación o elemento que obstruya la circulación, altere la señalización oficial, dificulte su percepción, o que no se ajuste a lo dispuesto en esta Ley u otras Leyes pertinentes y sus normas reglamentarias. No se permitirá publicidad que relacione bebidas alcohólicas con la conducción.

Artículo 45.- Consumo de Alcohol en la vía pública. Queda totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su graduación, en la vía pública o en establecimientos comerciales que tengan acceso directo desde autopistas, rutas nacionales, ramales o caminos departamentales.

La infracción a esta disposición constituye falta gravísima y hará pasible solidariamente al propietario o concesionario del establecimiento comercial de la sanción de multa prevista en esta normativa, además de las responsabilidades penales y civiles que correspondieren.

Artículo 46.- Construcciones en la vía pública.

1°) Toda construcción a erigirse en la vía pública y franja de dominio debe contar con la previa autorización de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

2°) Siempre que no constituyan obstáculo o peligro para la normal fluidez del tránsito, se autorizarán construcciones permanentes en la vía pública y franja de dominio, con las medidas de seguridad para el usuario, a los siguientes fines:

a) Estaciones de cobro de peajes y de control de cargas, pesos y dimensiones de vehículos.

b) Obras básicas para la infraestructura vial.

c) Obras básicas para el funcionamiento de servicios públicos.

3°) Toda construcción en la vía pública, franja de dominio y de camino que no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley, será considerada falta grave.

4°) Ante la ocupación ilegal, así como ante construcciones, edificaciones, colocación de carteles, plantaciones o de cualquier otro objeto, prohibidos o no autorizados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El Juzgado de Faltas de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, podrá ordenar por resolución el desalojo y despeje correspondiente, previa intimación al infractor por el término de 48 (cuarenta y ocho) horas; advirtiéndosele que deberá correr con todos los gastos que irrogue dicho procedimiento y sin perjuicio de la multa correspondiente.

5°) Será falta grave oponer resistencia o desacatar las órdenes impartidas por los oficiales de tránsito en el cumplimiento de sus funciones.

TITULO V

Capítulo Unico

Los vehículos

Artículo 47.- Sistemas y accesorios para los vehículos. Los vehículos deberán estar provistos de los sistemas y accesorios que la Ley y las normas reglamentarias establezcan, los que deberán estar en perfecto estado de funcionamiento, a los efectos de permitir al conductor la realización de maniobras con la seguridad necesaria.

Artículo 48.- De las condiciones técnicas. Los vehículos deberán reunir las características técnicas de construcción, dimensiones y condiciones de seguridad activa y pasiva, comodidad y demás prestaciones que se establezcan en las normas reglamentarias. No podrán exceder de los pesos máximos permitidos que dispongan las autoridades competentes.

Artículo 49.- Excepciones para las dimensiones y pesos máximos. En forma excepcional, debidamente justificada, las autoridades competentes podrán autorizar la circulación de vehículos que excedan las dimensiones y pesos máximos permitidos, con las precauciones necesarias al efecto.

Artículo 50.- Exigencias mínimas para vehículos. Los vehículos cumplirán las siguientes exigencias mínimas:

a) En general:

1. Sistema de frenado, permanente, seguro y eficaz.

2. Sistema de dirección de iguales características.

3. Sistema de suspensión, que atenúe los efectos de las irregularidades de la vía y contribuya a su adherencia y estabilidad.

4. Sistema de rodamiento con cubiertas neumáticas o de elasticidad equivalente en buen estado, con las inscripciones reglamentarias. No podrán circular aquellos vehículos cuyos neumáticos tengan bandas de rodadura desgastadas, deformadas o que hayan perdido sus condiciones de adherencia al pavimento.

5. Estar construidos conforme a la más adecuada técnica de protección de sus ocupantes y sin elementos agresivos externos.

6. Tener el peso, dimensiones y relación potencia-peso adecuados a las normas de circulación que esta Ley y su reglamentación establecen.

b) Los vehículos para el servicio de carga y pasajeros, deberán poseer los dispositivos especiales que la reglamentación de la autoridad competente exige.

c) Los vehículos que se destinen al servicio de transporte de pasajeros, estarán diseñados específicamente para esa función, con las mejores condiciones de seguridad de manejo y comodidad del usuario, debiendo contar con:

1. Salidas de emergencia en relación a la cantidad de plazas.

2. El motor en cualquier ubicación, siempre que tenga un adecuado aislamiento termo-acústico respecto al habitáculo.

3. Dirección asistida.

4. Aislación termo-acústica ignífuga o que retarde la propagación de llamas.

5. El puesto de conductor diseñado ergonómicamente, con asiento de amortiguación propia.

d) Las casas rodantes motorizadas cumplirán en lo pertinente con el inciso anterior.

e) Los destinados a cargas peligrosas, emergencias o seguridad, deben habilitarse especialmente, conforme a las disposiciones pertinentes que rigen la materia.

f) Los acoplados deben tener un sistema de acople para idéntico itinerario y otro de emergencia con dispositivo que lo detenga si se separa.

g) Las casas rodantes remolcadas deben tener las dimensiones, pesos, estabilidad y condiciones de seguridad reglamentarias.

h) La maquinaria especial tendrá desmontable o plegable sus elementos sobresalientes.

i) Además deberán dar cumplimiento a lo establecido en los Convenios y Acuerdos Internacionales.

Artículo 51.- Dispositivos mínimos de seguridad. Los vehículos, de acuerdo con su tipo o clase, deben tener los siguientes dispositivos mínimos de seguridad:

a) Cinturones de seguridad, en las plazas que determine la reglamentación.

b) Cabezales o apoya cabezas en los asientos delanteros y traseros.

c) Paragolpes y guardabarros o carrocería que cumpla tales funciones. La reglamentación establecerá las dimensiones y alturas de los paragolpes.

d) Sistema autónomo de limpieza, lavado y desempañado de parabrisas.

e) Sistema retrovisor amplio, permanente y efectivo.

f) Bocina de sonoridad reglamentada.

g) Vidrios de seguridad o elementos transparentes similares, templados, normalizados y con grados de tonalidad adecuados, conforme a las disposiciones vigentes.

h) Sistema motriz de retroceso.

i) Retrorreflectantes. En el caso de vehículos para servicio de transporte, deberán disponerse en bandas que delimiten los perímetros laterales y traseros.

j) Sistema de renovación de aire interior, sin posibilidad de ingreso de emanaciones del propio vehículo.

k) Sistema que impida la apertura inesperada de sus puertas, baúl y capot.

l) Traba de seguridad para niños en puertas traseras.

m) Sistema de mandos e instrumental dispuesto del lado izquierdo, de modo que el conductor no deba desplazarse ni desatender el manejo para accionarIos. Contendrá:

1. Tablero de fácil visualización con ideogramas normalizados.

2. Velocímetro y cuenta kilómetros.

3. Indicadores de luz de giro.

4. Testigos de luces alta y de posición.

n) Fusibles interruptores automáticos, ubicados en forma accesible y en cantidad suficiente como para que cada uno cubra distintos circuitos, de modo tal, que su interrupción no anule todo un sistema.

ñ) Estar diseñados, construidos y equipados de modo que se dificulte o retarde la iniciación y propagación de incendios, la emanación de compuestos tóxicos y se asegure una rápida y efectiva evacuación de personas.

Artículo 52.- Sistemas y elementos de iluminación.

1°) Los vehículos, de acuerdo con su tipo o clase, deben tener los siguientes sistemas y elementos de iluminación:

a) Faros delanteros de luz blanca o amarilla en no más de dos pares, con alta y baja, esta de proyección asimétrica.

b) Luces de posición que indican junto con las anteriores, dimensión y sentido de marcha desde los puntos de observación reglamentados:

1. Delanteras de color blanco o amarillo.

2. Traseras de color rojo.

3. Laterales de color amarillo a cada costado, en los cuales por su largo las exija la reglamentación.

4. Indicadores diferenciales de color blanco en los vehículos en los cuales por su ancho los exija la reglamentación.

c) Luces de giro: intermitentes de color amarillo, delante y atrás. En los vehículos que indique la reglamentación llevarán otras a los costados.

d) Luces de freno traseras de color rojo, encenderán al accionarse el mando de frenos antes de actuar este, y contarán con una tercera luz, a tal efecto.

e) Luz para la placa patente trasera.

f) Luz de retroceso blanca.

g) Luces intermitentes de emergencia, que incluyen a todos los indicadores de giro.

2°) Queda prohibido a cualquier vehículo colocar o usar otros faros o luces que no sean los establecidos en esta Ley y sus normas reglamentarias, salvo el agregado de hasta 2 (dos) luces buscahuellas, que deberán estar cubiertas, salvo cuando se circule por caminos vecinales.

Artículo 53.- De la revisión técnica obligatoria. Todos los vehículos particulares y estatales, sin excepción alguna, salvo las bicicletas y los movidos a tracción animal, destinados a circular por la vía pública, estarán sujetos a una revisión técnica periódica, a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva, además de la emisión de contaminantes.

Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear, el criterio de evaluación de resultados y los lugares donde se efectúe, serán establecidos por la normativa correspondiente o en ausencia de ella, por la autoridad competente.

En ningún caso, la autoridad competente podrá realizar la revisión técnica obligatoria si el vehículo no cuenta con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente.

TITULO VI

La circulación

Capítulo I

Reglas generales

Artículo 54.- Prioridad de las indicaciones en la circulación. En la vía pública, se debe circular respetando las indicaciones de las autoridades de aplicación, las señales de tránsito y las normas legales, en ese orden de prioridad.

Artículo 55.- Obligación de presentación de la documentación. A solo requerimiento de las autoridades competentes, se debe presentar la licencia de conducir y demás documentación exigible, la que debe ser devuelta inmediatamente por la autoridad interviniente, después de verificada, no pudiendo ser retenida; salvo los casos expresamente contemplados por esta Ley.

Artículo 56.- Tránsito de los peatones. Los peatones transitarán:

a) En zona urbana:

1. Unicamente por la acera u otros espacios habilitados a ese fin.

2. En las intersecciones, por las franjas peatonales.

3. Excepcionalmente por la calzada, solo para el ascenso-descenso del vehículo.

Las mismas disposiciones se aplican para carritos de criaturas y para personas con discapacidad.

Cuando no exista franja peatonal habilitada exclusivamente para personas con discapacidad, se considerará tal a la franja imaginaria sobre la calzada, inmediata al cordón, que comunica la rampa con la franja peatonal.

b) En zona rural:

1. Por sendas o lugares lo más alejado posible de la calzada. Cuando los mismos no existan, transitarán por la banquina en sentido contrario al tránsito. Durante la noche portarán brazaletes u otros elementos retrorreflectivos para facilitar su detección.

2. El cruce de la calzada se hará en forma perpendicular a la misma, respetando la circulación de los vehículos.

c) En zonas urbanas y rurales si existen cruces o pasarela peatonal a distinto nivel, su uso es obligatorio para atravesar la calzada.

Artículo 57.- Circulación en la vía pública. Los conductores deben:

a) Antes de ingresar a la vía pública, verificar que tanto él como su vehículo se encuentren en adecuadas condiciones de seguridad, de acuerdo con los requisitos legales, bajo su responsabilidad.

b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.

c) Advertir de cualquier maniobra, antes de realizarla y hacerlo con precaución, a fin de no crear riesgos ni afectar la fluidez del tránsito.

d) Utilizar únicamente la calzada, sobre la derecha y en el sentido señalizado, respetando las vías o carriles exclusivos, los horarios de tránsito establecidos y las indicaciones de la autoridad de aplicación.

Artículo 58.- Requisitos para circular. Para poder circular con automotor, es indispensable:

a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que porte la licencia correspondiente.

b) Que porte la cédula de identificación del automotor.

c) Que porte el comprobante del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), al que hace referencia el Artículo 95 de la presente Ley.

d) Que el vehículo, incluyendo acoplados y semirremolques tenga colocadas las placas de identificación correspondientes.

e) Que tratándose de un vehículo del servicio de transporte o maquinaria especial, cumpla las condiciones requeridas para ese tipo de vehículo y su conductor porte la documentación especial prevista en la presente Ley.

f) Que posea matafuego y balizas portátiles normalizadas, excepto los ciclomotores, motocicletas, triciclones y cuatriciclones.

g) Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue construido y no estorben al conductor. Los menores de 10 (diez) años deben viajar en el asiento trasero, y los menores de 5 (cinco) años en el asiento especial de seguridad.

h) Que el vehículo y lo que transporta tengan las dimensiones, peso y potencia adecuados a la vía transitada y a las restricciones establecidas por la autoridad competente, para determinados sectores del camino.

i) Que posea los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento.

j) Que sus ocupantes usen los cinturones de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos.

Artículo 59.- Prioridad en el cruce. 1°) Todo conductor debe ceder siempre el paso en los cruces al vehículo que aparece circulando desde su derecha. Esta prioridad solo se pierde ante:

a) Señalización específica en contrario.

b) Vehículos del servicio de emergencia, en cumplimiento de su misión.

c) Vehículos que circulan por una ruta o por una avenida. Antes de ingresar o cruzarla, se debe siempre detener la marcha.

d) Peatones que cruzan lícitamente la calzada por el cruce peatonal o en zona peligrosa, señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón.

e) Ingreso a rotondas.

f) Cualquier circunstancia cuando:

1. Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada.

2. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar en otra vía.

3. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre.

2°) Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este artículo. Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas, debe retroceder el que desciende, salvo que este lleve acoplado y el que asciende no.

Artículo 60.- Adelantamiento. El adelantamiento a otro vehículo debe hacerse por la izquierda conforme las siguientes reglas:

a) El que sobrepase debe constatar previamente, que a su izquierda la vía esté libre en una distancia suficiente para evitar todo riesgo, y que ningún conductor que le sigue, lo esté a su vez sobrepasando.

b) Debe tener la visibilidad suficiente y no iniciar la maniobra, en los casos en que exista niebla, bruma, humo u otra circunstancia que reduzca considerablemente la visibilidad; como asimismo si se aproxima a un cruce, curva, puente, ascenso de la vía, lugar peligroso, cuando otro vehículo previamente ha indicado su intención de hacer lo mismo, mediante la señal pertinente o en los tramos de la vía pintados con franja amarilla continua.

c) Debe advertir al que le antecede su intención de sobrepasarlo por medio de destellos de las luces frontales o la bocina en zona rural. En todos los casos, debe utilizar el indicador de giro izquierdo hasta concluir su desplazamiento lateral.

d) Debe efectuarse el sobrepaso rápidamente de forma tal que al retomar su lugar a la derecha, no interfiera la marcha del vehículo sobrepasado; esta última acción debe realizarse con el indicador de giro derecho en funcionamiento.

e) El vehículo que ha de ser sobrepasado deberá, una vez advertida la intención de sobrepaso, tomar las medidas necesarias para posibilitarlo, circular por la derecha de la calzada, mantenerse en la misma, y eventualmente reducir su velocidad.

f) Para indicar a los vehículos posteriores la inconveniencia de adelantarse, se pondrá la luz de giro izquierda, ante la cual los mismos se abstendrán del sobrepaso.

g) Cuando varios vehículos marchen en fila, la prioridad para adelantarse corresponde al que circula inmediatamente detrás del primero, los restantes deberán hacerlo conforme su orden de marcha.

h) Los camiones y maquinaria especial facilitarán el adelantamiento en caminos angostos, corriéndose a la banquina periódicamente.

i) Ningún vehículo podrá realizar adelantamiento por la derecha, sin la autorización y acompañamiento de funcionario competente.

Artículo 61.- Giros. Para realizar un giro, debe respetarse la señalización y observar las siguientes reglas:

a) Advertir la maniobra con suficiente antelación, mediante la señal luminosa correspondiente, que se mantendrá hasta completar el cruce.

b) Circular desde 30 (treinta) metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar.

c) Reducir la velocidad paulatinamente, girando a una marcha moderada.

d) Si se trata de una rotonda, la circulación a su alrededor será ininterrumpida, sin detenciones y dejando la zona central no transitable de la misma, a la izquierda. Tiene prioridad de paso el que circula por ella sobre el que intenta ingresar, debiendo cederla al que egresa, salvo señalización en contrario.

e) Si por el costado derecho o carril especial circulan vehículos de tracción a sangre y conservan su dirección, los vehículos que giren, deben efectuar la maniobra por detrás de ellos.

Artículo 62.- Vías semaforizadas. En las vías reguladas por semáforos:

a) Los vehículos deben:

1. Con luz verde, avanzar.

2. Con luz roja, detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o del cruce peatonal, evitando luego cualquier movimiento.

3. Con luz amarilla, detenerse si se estima que no se alcanzará a transponer el cruce antes de la roja.

4. Con luz intermitente amarilla, que advierte la presencia de cruce riesgoso, efectuarlo con precaución.

5. Con luz intermitente roja, que advierte la presencia de cruce peligroso, detener la marcha y solo reiniciarla cuando se observe que no existe riesgo alguno.

6. En un paso a nivel, el comienzo del descenso de la barrera equivale al significado de la luz amarilla del semáforo.

b) Los peatones deberán cruzar la calzada cuando:

1. Tengan enfrente semáforo peatonal con luz verde o blanca habilitante.

2. Solo exista semáforo vehicular y el mismo dé paso a los vehículos que circulan en su misma dirección.

3. No teniendo semáforo a la vista, el tránsito de la vía a cruzar esté detenido. No deben cruzar con luz roja o amarilla enfrente.

c) No rigen las normas comunes sobre el cruce o intersección de dos calles.

d) La velocidad máxima permitida es la señalizada para la sucesión coordinada de luces verdes sobre la misma vía.

e) Debe permitirse finalizar el cruce que otro hace y no iniciar el propio, ni con luz verde, si del otro lado del cruce no hay espacio suficiente.

f) En vías de doble mano, no se debe girar a la izquierda salvo señal que lo permita.

Artículo 63.- Vías con dos o más carriles. En las vías con dos o más carriles por mano, sin contar el ocupado por estacionamiento, el tránsito debe ajustarse a lo siguiente:

a) Se puede circular por carriles intermedios cuando no haya a la derecha otro igualmente disponible.

b) Se debe circular permaneciendo en un mismo carril y por el centro de este.

c) Se debe advertir anticipadamente con la luz de giro correspondiente el cambio de carril.

d) Ningún conductor debe estorbar la fluidez del tránsito, circulando a menor velocidad que la de operación de su carril. En este caso, lo debe hacer siempre por el carril derecho de circulación.

e) Los vehículos de pasajeros y de carga deben circular únicamente por el carril derecho, utilizando el carril inmediato de su izquierda exclusivamente para sobrepasos.

f) Los vehículos de tracción a sangre, cuando les esté permitido circular y no tuvieren carril exclusivo, deben hacerlo por el derecho únicamente.

g) Todo vehículo que fuera advertido por el que lo sigue de su intención de sobrepaso, debe desplazarse hacia el carril inmediato a la derecha.

h) No se podrá conducir un vehículo a una velocidad tan baja que obstruya o impida la adecuada circulación del tránsito.

Artículo 64.- Autopistas. En el ingreso en una autopista, debe cederse el paso a quienes circulan por ella.

En las autopistas, además de lo establecido para las vías multicarriles, rigen las siguientes reglas:

a) El carril extremo izquierdo, se utilizará para el desplazamiento a la máxima velocidad admitida por la vía y para las maniobras de adelantamiento.

b) No pueden circular peatones, vehículos propulsados por el conductor, vehículos de tracción a sangre, ciclomotores, motocargas y maquinaria especial.

c) No se puede estacionar ni detener para ascenso y descenso de pasajeros, ni efectuar carga y descarga de mercaderías, salvo en las dársenas construidas al efecto.

d) Los vehículos remolcados por causa de accidente, desperfecto mecánico, etc., deben abandonar la vía en la primera salida.

Artículo 65.- Encendido de luces.

1°) En las zonas urbanas, los vehículos deben encender sus luces cuando la luz natural sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo requieran; salvo las bicicletas, ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, que deben mantenerla encendida en todo momento. Los vehículos observarán las siguientes reglas:

a) Luz baja: su uso es obligatorio, excepto cuando corresponda la alta.

b) Luces de posición: deben permanecer encendidas junto con la alta o baja, la de la placa patente y las adicionales en su caso.

c) Destello: debe usarse en los cruces de vías y para advertir los sobrepasos.

d) Luces intermitentes de emergencia: deben usarse para indicar la detención en zona peligrosa o la ejecución de maniobras riesgosas.

e) Luces buscahuellas y de retroceso: deben usarse para sus fines propios.

f) Las luces de freno, giro, retroceso e intermitentes de emergencia se encienden a sus fines propios, aunque la luz natural sea suficiente.

2°) En las rutas nacionales, ramales o caminos departamentales, los vehículos deben circular en todo momento con las luces bajas encendidas, independientemente del grado de luz natural, o de las condiciones de visibilidad que se registren.

La luz alta está permitida durante la noche, debiendo ser cambiada por luz baja en el momento previo al cruce con otro vehículo, que circule en sentido contrario, al aproximarse a otro vehículo que lo antecede y si hubiere niebla.

No está permitido el uso de la luz alta al aproximarse a otro vehículo que circula por delante y que pueda producir encandilamiento por intermedio del espejo retrovisor.

El cambio de luz alta por luz baja se deberá realizar por lo menos doscientos metros antes del cruce, y en las curvas, antes que el vehículo que circula en sentido contrario aparezca en la zona principal de su haz luminoso. Esta medida de precaución irá acompañada por la disminución de la velocidad de marcha.

3°) El uso de indicadores rotativos luminosos para los vehículos son exigidos para:

1. Los rodados transportadores de explosivos, emergencias, bomberos y de servicio de apoyo: balizas rojas intermitentes.

2. Los vehículos policiales y de seguridad: balizas azules, blancas y rojas discontinuas.

3. Las maquinarias especiales y rodados de auxilio: balizas anaranjadas o amarillas intermitentes.

Artículo 66.- Prohibiciones. Está prohibido en la vía pública:

a) Conducir con impedimentos físicos, psíquicos o agotamiento, sin la licencia correspondiente o estando esta vencida, o habiendo consumido bebidas alcohólicas, estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para la conducción de todo tipo de vehículo, cualquiera sea la concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo competente.

b) Ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación.

c) Circular en contramano, sobre los separadores de tránsito o fuera de la calzada, salvo sobre la banquina en caso de emergencia.

d) Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras caprichosas e intempestivas.

e) Obstruir el paso legítimo de peatones u otros vehículos en una bocacalle, avanzando sobre ella, aun con derecho a hacerlo, si del otro lado del cruce no hay espacio suficiente que permita su despeje.

f) Conducir a una distancia del vehículo que lo antecede, menor de la prudente, de acuerdo con la velocidad de marcha.

g) Circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garaje o de una calle sin salida.

h) Detenerse irregularmente sobre la calzada, estacionarse o detenerse sobre la banquina sin que exista emergencia.

i) Circular o detenerse con equipos de sonido cuyos decibeles superen los niveles que permita la reglamentación y/o afecten la seguridad vial en general y/o provoquen polución sonora a terceros.

j) En curvas, cruces y otras zonas peligrosas, cambiar de carril o fila, adelantarse, no respetar la velocidad precautoria y detenerse.

k) Circular con cubiertas con fallas o sin la profundidad legal de los canales en su banda de rodamiento.

l) A los ómnibus y camiones transitar en los caminos manteniendo entre sí una distancia menor a cien metros, salvo cuando tengan más de dos carriles por mano o para realizar una maniobra de adelantamiento.

m) Remolcar automotores, salvo para los vehículos destinados a tal fin. Los demás vehículos podrán hacerlo en caso de fuerza mayor, utilizando elementos rígidos de acople y con la debida precaución. En horas de la noche, no se podrá remolcar un vehículo sin estar debidamente iluminado.

n) Circular con un convoy de vehículos integrado con más de un acoplado, salvo lo dispuesto para la maquinaria especial y agrícola.

ñ) Transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava, aserrín, otra carga a granel, polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones nocivas o sean insalubres, en vehículos o continentes no destinados a ese fin. Las unidades para transporte de animales o sustancias nauseabundas deben ser lavadas y desinfectadas en el lugar de descarga y en cada ocasión, salvo las excepciones reglamentarias para la zona rural.

o) Transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos.

p) Efectuar reparaciones en zonas urbanas, salvo arreglos circunstanciales, en cualquier tipo de vehículo.

q) Dejar animales sueltos y arrear tropa, salvo en este último caso por caminos de tierra y fuera de la calzada.

r) Estorbar u obstaculizar de cualquier forma la calzada o la banquina y hacer construcciones o instalarse, incluida la franja de dominio.

s) Circular en vehículos con bandas de rodamiento metálicas o con grapas, cadenas, uñas u otro elemento que dañe la calzada, salvo sobre el barro y también los de tracción animal en caminos de tierra.

t) Usar la bocina o señales acústicas, salvo en caso de peligro o en zona rural, y tener el vehículo sirena o bocinas no autorizadas.

u) Circular con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente, que excedan los límites reglamentarios.

v) Conducir utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación móvil de operación manual contínua.

w) Circular con vehículos que posean defensas delanteras y/o traseras, enganches sobresalientes, o cualquier otro elemento que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios de la vía pública.

x) Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar u otros mecanismos encaminados a interferir el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tránsito.

y) Instalar en la parte delantera de los vehículos, y especialmente sobre el tablero, equipos de televisión, monitores o pantallas.

z) Conducir vehículos al servicio del transporte público con un número de pasajeros superior a la capacidad autorizada. La autoridad que sorprenda tal acto, hará descender del vehículo a los pasajeros que viajen de pie, debiéndose devolver el precio del pasaje en su caso. No se aplicará la presente disposición al transporte público urbano.

Artículo 67.- Estacionamiento de vehículos. 1°) En zona urbana, deben observarse las reglas siguientes sobre el estacionamiento de vehículos:

a) El estacionamiento se efectuará paralelamente al cordón, a una distancia máxima de 30 (treinta) centímetros del mismo, y entre vehículos un espacio no inferior a 50 (cincuenta) centímetros, pudiendo las autoridades locales competentes establecer por reglamentación otras formas.

b) No se debe estacionar ni autorizarse el mismo:

1. En todo lugar donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito, se oculte la señalización, o en doble fila.

2. En las esquinas, entre su vértice ideal y la línea imaginaria que resulte de prolongar la ochava y en cualquier lugar peligroso.

3. Sobre el cruce para peatones o bicicletas, aceras, sobre la calzada, y en los 10 (diez) metros anteriores y posteriores a la parada del transporte de pasajeros. Tampoco se admite la detención voluntaria. No obstante, se puede autorizar señal mediante, a estacionar en la parte externa de la vereda, cuando su ancho y el tránsito lo permitan.

4. Frente al ingreso de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, hasta diez metros a cada lado de ellos, salvo los vehículos relacionados a la función del establecimiento.

5. Frente a la salida de cines, teatros y similares durante su funcionamiento.

6. En los accesos de garajes en uso y de estacionamiento con ingreso habitual de vehículos, siempre que tengan la señal pertinente.

7. En la vía pública, por un período mayor de 5 (cinco) días o del tiempo que fijen las autoridades locales competentes. En su caso, se presume el abandono del vehículo.

8. No podrán hacerlo los ómnibus, microbús, casa rodante, camión, acoplado, semiacoplado o maquinaria especial, excepto en los lugares que habilite a tal fin, la señalización pertinente.

c) No habrá en la vía espacios reservados para vehículos determinados, salvo disposición fundada de la autoridad competente, previa delimitación y señalamiento, en la que conste el número de resolución que concede el permiso.

2°) En zona rural se estacionará lo más lejos posible de la calzada y banquina, siempre que no se afecte la visibilidad.

Artículo 68.- Velocidad prudencial. El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo, la carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía, del tiempo y de la densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación.

Asimismo, el conductor deberá conducirlo a una velocidad reducida al ingresar en un cruce de calles o caminos, cuando se aproxime o circule por una curva y cuando conduzca sobre cualquier camino angosto, sinuoso, resbaladizo y/o con pendiente pronunciada. De no ser así, deberá abandonar la vía o detener la marcha.

El desarrollo de velocidades superiores o inferiores a las establecidas, significará que el conductor ha desarrollado una velocidad peligrosa para la seguridad de las personas y en caso de accidentes, la máxima responsabilidad recaerá sobre el conductor infractor.

Artículo 69.- Velocidad máxima. 1°) Los límites máximos de velocidad son:

a) En zona urbana: se acatará lo establecido por la autoridad local de aplicación.

b) En carreteras y rutas:

1. Zona urbana: 50 Km/h.

2. Zona rural: 110 Km/h.

c) Límites máximos especiales:

1. Al aproximarse a una escuela marcada con la señal respectiva, durante las horas en que los niños, niñas y adolescentes ingresen o egresen de clase; en zona de ubicación de cualquier Centro Educativo, Oficina Pública, Entidades Deportivas, Hospitales, Iglesias; al aproximarse a una distancia de 15 (quince) metros de un paso a nivel y demás lugares de reunión, cuando haya concurrencia de personas, en todas las clases de vías: la velocidad máxima será de 20 km/h.

2. En todas las curvas señaladas con la señal de giro en ángulo recto, al aproximarse a una distancia de 15 (quince) metros, como asimismo en todas las curvas indicadas con señales de giro en curva y en todos los sitios donde haya señales romboidales de peligro, sin indicación de velocidad máxima: 20 km/h.

3. Los ómnibus, microómnibus de pasajeros, camiones de carga de todo tipo y capacidad, motocicletas y rodados con cargas peligrosas, en todos los sitios de la carretera de cualquier característica, en zona rural: 90 km/h. y en zona urbana: 40 Km/h.

2°) Las velocidades establecidas deben ser correctamente señalizadas.

3°) Los límites de velocidades fijadas en esta Ley no serán aplicables a vehículos al servicio de policías, bomberos, ambulancias o aquellos vehículos particulares utilizados para el traslado y acompañamiento de un Presidente de la República, Ministros y autoridades extranjeras, bajo el régimen de acompañamiento de dignatarios, que en cumplimiento de sus deberes excedan la velocidad permitida. Sin embargo, esta disposición no protegerá al conductor de ninguno de tales vehículos, contra las consecuencias legales de conducir con menosprecio de la seguridad vial, la vida o cosas ajenas. Los conductores de dichos vehículos reducirán la velocidad antes de entrar a la circulación de las avenidas, calles de sentido único y en otros de tránsito preferencial.

4°) En cualquier punto de las rutas o puentes donde se haya colocado una señal permanente o transitoria de “PARE” o en donde se realizan trabajos viales, los conductores están obligados a detener completamente sus vehículos, antes de llegar a la señal e informarse sobre la forma cómo deberán proseguir, salvo que exista en el lugar, un representante de la autoridad vial regulando el tránsito.

5°) Queda prohibido a todo conductor de vehículo, transitar en cualquier puente o viaducto a velocidades mayores que las establecidas en las señales indicadoras, a fin de evitar el peligro que pueda representar para la estabilidad de esas construcciones o para la seguridad de las personas.

6°) No deberá conducirse un vehículo a una velocidad muy reducida que impida el desplazamiento normal y reglamentario, excepto en el caso de los vehículos funerarios, de los que participen en desfiles autorizados o en aquellos casos en que lo exijan las condiciones del tránsito o de la visibilidad.

7°) La velocidad máxima dentro del perímetro de los centros de población, será la que determine la señalización respectiva.

Capítulo II

Reglas para bicicletas, ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas

Artículo 70.- Reglas generales. Los conductores de bicicletas, ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, además de observar las normas generales de la circulación y las establecidas para los demás vehículos, transitarán con arreglo a las disposiciones especiales contenidas en el presente capítulo.

Artículo 71.- Reglas especiales. El conductor que guíe por las vías públicas ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, tendrá derecho al pleno uso del carril de circulación de la derecha.

Queda prohibido que circulen por un mismo carril más de dos bicicletas, ciclomotores o motocicletas, una al lado de otra, o sus conductores asidos de otros vehículos o enfilados inmediatamente tras otros automotores.

Estos vehículos no circularán entre carriles ni entre filas de vehículos, debiendo conservar la respectiva fila.

Artículo 72.- Número de ocupantes. Estos vehículos, con excepción de las motocargas, no serán utilizados para llevar más de dos personas, incluido el conductor.

Los conductores de ciclomotores, motocicletas, triciclones y cuatriciclones, no podrán llevar como acompañante un niño menor de 12 (doce) años.

Está prohibido llevar acompañante alguno en las motocargas.

Artículo 73.- Circulación por carriles especiales. Cuando circulen por los carriles especialmente demarcados para esta clase de vehículos, no podrán salir de ellos y los demás vehículos no podrán ocupar tales carriles.

Artículo 74.- Objetos transportables. No se llevarán en estos vehículos objetos o elementos que impidan al conductor mantener ambas manos en el manubrio, así como la estabilidad y el adecuado control del vehículo.

Artículo 75.- Circulación por las aceras. Queda prohibida la circulación de ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas por las aceras y paseos públicos destinados exclusivamente a los peatones.

Artículo 76.- Uso obligatorio de casco y chaleco reflectivo. Los ocupantes de ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, deberán llevar puesto el casco reglamentario y normalizado que cubra toda la cabeza, con excepción del rostro. El casco deberá contar con material reflectivo y el número de matrícula de la motocicleta grabado en la parte externa inferior. Además, deberá estar debidamente sujeto por la cinta de retención o barbijo abrochado.

Asimismo, los ocupantes llevarán puesto, en todo momento, un chaleco reflectivo homologado o certificado según las normas de seguridad vigentes, cuya visibilidad no deberá ser obstaculizada por otra prenda u objeto.

Los ciclistas al momento de la circulación deberán utilizar un casco reglamentario y normalizado por la autoridad competente.

Artículo 77.- Escape libre. Se prohíbe circular con ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas con escape libre o desprovisto de silenciador, que controle o limite la generación de ruidos.

Artículo 78.- Material reflectivo. Los ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, deberán contar con material adhesivo reflectivo en su parte trasera, conforme a la normativa vigente.

Las bicicletas estarán equipadas con elementos reflectivos en pedales, ruedas y en su parte trasera para facilitar su detección durante la noche.

Artículo 79.- Encendido de luces. Los ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, deberán circular permanentemente con las luces encendidas.

Capítulo III

Reglas para vehículos de transporte

Artículo 80.- Exigencias comunes. Los propietarios de vehículos del servicio de transporte de pasajeros y carga, sin perjuicio de lo previsto en esta Ley y en otras normas vigentes aplicables a la materia, deberán ajustarse a las disposiciones que emanen de las autoridades competentes.

Artículo 81.- Prohibición para la circulación o tránsito de vehículos de transporte. Queda expresamente prohibida en todas las vías públicas, la circulación o el tránsito de vehículos de transporte público de pasajeros que no hayan cumplido con los requisitos establecidos por la autoridad nacional competente en materia de transporte y en los acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales vigentes, relativos al transporte automotor por carretera.

Cuando se verificare la circulación de un vehículo en infracción a lo señalado en el párrafo anterior, se dispondrá la paralización del servicio y la retención del vehículo utilizado hasta subsanarse las irregularidades comprobadas, sin perjuicio de que la autoridad nacional de transporte, prosiga la sustanciación de las actuaciones pertinentes para la aplicación de las sanciones que correspondieren.

El Poder Ejecutivo adoptará las medidas que resulten pertinentes, a fin de posibilitar el cumplimiento de lo precedentemente establecido.

Artículo 82.- Transporte Público Urbano. En el servicio de transporte público urbano regirán, además de las normas del artículo anterior, las siguientes reglas:

a) El ascenso y descenso de pasajeros se hará únicamente en las paradas establecidas.

b) Cuando no haya parada señalada, el ascenso y descenso se efectuarán sobre el costado derecho de la calzada, antes del cruce de la intersección.

c) Las personas con movilidad reducida, tales como: mujeres en estado de gestación, discapacitados, adultos mayores y otros, tendrán preferencia exclusiva para el uso de asientos de la primera fila.

d) Los no videntes y demás personas con discapacidad podrán trasladarse con el animal guía o aparato de asistencia de que se valgan.

e) En toda circunstancia, la detención se hará paralelamente a la acera y cerca de ella, de manera tal que permita el adelantamiento de otros vehículos por su izquierda y lo impida por su derecha.

f) Queda prohibido en los vehículos en circulación, fumar, escupir, sacar los brazos o partes del cuerpo fuera de los mismos, llevar pasajeros en las estriberas y mantener las puertas abiertas.

Artículo 83.- Transporte de escolares. En el transporte de escolares, debe extremarse la prudencia en la circulación y cuando su cantidad lo requiera, serán acompañados por una persona mayor para su control. No llevarán más pasajeros que plazas y los mismos serán recogidos y dejados en el lugar más cercano posible al de sus domicilios o destinos, respectivamente.

En las condiciones que fije el reglamento, los vehículos tendrán asientos fijos solamente, los elementos de seguridad y estructurales necesarios, distintivos especiales y una adecuada salubridad e higiene. Deberán portar un botiquín de primeros auxilios. Tendrán cinturones de seguridad en los asientos de la primera fila y serán de uso obligatorio para los estudiantes ubicados en dichos asientos.

Artículo 84.- Transporte de cargas. Los propietarios de vehículos de carga dedicados al servicio de transporte, sean particulares o empresas, conductores o no, deben:

a) Poseer la habilitación de transporte de cargas correspondiente de la entidad competente.

b) Proporcionar a los choferes la pertinente documentación de la carga transportada en la forma que fija la reglamentación.

c) Transportar la carga excepcional e indivisible en vehículos especiales y con la portación del permiso correspondiente.

d) Transportar el ganado mayor, los líquidos y la carga a granel en vehículos que cuenten con la compartimentación reglamentaria y cubrir la carga con una carpa sujetada al vehículo, cuando esta pudiese volar a consecuencia del viento.

e) Colocar los contenedores normalizados en vehículos adaptados con los dispositivos de sujeción que cumplan las condiciones de seguridad reglamentarias y la debida señalización perimetral con elementos retrorreflectivos.

f) Señalizar con banderas de color rojo y con dispositivos proyectores de luz durante la noche, cualquier carga que sobresalga de la parte trasera, delantera o lateral del vehículo.

g) Cuando transporten sustancias peligrosas estar provistos de los elementos distintivos y de seguridad reglamentarios, ser conducidos y tripulados por personal con capacitación especializada en el tipo de carga que llevan.

Artículo 85.- Exceso de carga. Permisos. Es responsabilidad del transportista la distribución o descarga fuera de la vía pública y es de su exclusiva responsabilidad la carga que exceda las dimensiones o el peso máximo permitidos por la reglamentación.

Cuando una carga excepcional no pueda ser transportada en otra forma o por otro medio, la autoridad competente, si juzga aceptable el tránsito del modo solicitado, otorgará un permiso especial para exceder los pesos y dimensiones máximos permitidos, lo cual no exime de responsabilidad por los daños que se causen, ni del pago compensatorio por disminución de la vida útil de la vía.

El transportista responde por el daño que ocasione a la vía pública como consecuencia de la extralimitación en el peso o dimensiones de su vehículo. También, el transportista y todo el que intervenga en la contratación o prestación del servicio, responden solidariamente por multas y daños.

El receptor de cargas debe facilitar a la autoridad competente los medios y constancias que disponga, caso contrario incurre en infracción.

Los vehículos con exceso de carga no podrán continuar transitando y deberán realizar inmediatamente el desalojo correspondiente, conforme a la reglamentación.

Artículo 86.- Revisores de carga. Los revisores designados por la autoridad competente, podrán examinar los vehículos de carga para comprobar si cumplen con las exigencias legales y su reglamentación.

La autoridad competente dispondrá la instalación de estaciones de control de peso, fijas o móviles, en las rutas nacionales, departamentales, ramales y caminos vecinales, siendo obligatorio para el transportista el ingreso o paso por las mismas a velocidad reglamentaria. Allí se expedirá el correspondiente ticket de pesaje que el conductor portará para exhibir en los controles de la Patrulla Caminera hasta el destino final.

La evasión del control de peso constituye falta gravísima y hará pasible al propietario de la sanción de multa prevista en esta normativa, además de las responsabilidades penales y civiles que correspondan.

La autoridad policial debe prestar auxilio tanto para detener el vehículo como para hacer cumplir el pesaje obligatorio, sea fijo o móvil.

No pueden ser detenidos ni demorados en lugares despoblados los transportes de valores o postales, debidamente acreditados. En caso necesario, solo podrán ser detenidos en las dependencias policiales, municipales o camineras ubicadas al costado de la ruta.

Capítulo IV

Reglas para casos especiales

Artículo 87.- Obstáculos. La detención de cualquier vehículo o la presencia de carga u objetos sobre la calzada o banquina, debido a casos fortuitos o de fuerza mayor, debe ser advertida a los usuarios de la vía pública con la inmediata colocación de balizas reglamentarias.

La autoridad competente presente en el lugar, debe remover el obstáculo sin dilación, por sí sola o con la colaboración del responsable, si este estuviere presente y en condiciones de hacerlo.

Si se trata de cosas abandonadas que pudieran tener valor, serán remitidas a los lugares que indique la autoridad competente que tomare intervención, dándose inmediato conocimiento al propietario si fuere conocido.

Asimismo, los trabajadores que cumplen tareas sobre la calzada y los funcionarios de la autoridad competente, deben utilizar vestimenta que los destaque suficientemente por su color de día y por su retrorreflectancia de noche.

La autoridad competente podrá disponer la suspensión temporal de la circulación, cuando situaciones climáticas o de emergencia lo hagan aconsejable.

Artículo 88.- Uso especial de la vía pública. El uso de la vía pública para fines extraños al tránsito, tales como: manifestaciones, mitines, exhibiciones, procesiones, peregrinaciones, competencias de velocidad pedestre, ciclística, motociclística, ecuestre, automovilística, etc., debe ser previamente autorizado por la autoridad competente. Para el efecto deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el tránsito normal pueda mantenerse con similar fluidez por vías alternativas de circulación.

b) Que los organizadores y las autoridades correspondientes acrediten que se adoptarán en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas y bienes.

c) Que los organizadores se responsabilicen personal y solidariamente por los eventuales daños a terceros o a la infraestructura vial, que pudieran surgir de la realización de un acto que implique riesgos. En caso de competencias de velocidad ciclística, motociclística y automovilística, deberán contratar un seguro de responsabilidad civil por daños ocasionados a terceros.

Artículo 89.- Vehículos de emergencia. Los vehículos de los servicios de emergencia, públicos o privados, pueden excepcionalmente y en cumplimiento estricto de su misión específica, apartarse de las normas referentes a la circulación, velocidad y estacionamiento, si ello les fuera absolutamente imprescindible; siempre y cuando dichos actos no ocasionen un mal mayor que aquel que intenten resolver.

Estos vehículos deberán contar con habilitación técnica especial.

Deben circular, para advertir su presencia, con sus balizas distintivas de emergencia en funcionamiento y agregando el sonido de una sirena y/o altavoces en casos de extraordinaria urgencia.

Los demás usuarios de la vía pública tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias a su alcance para facilitar el avance de estos vehículos en tales circunstancias y no podrán seguirlos.

Artículo 90.- Maquinaria especial. La maquinaria especial que transite por la vía pública, debe ajustarse a las normas de la presente Ley en lo pertinente y hacerlo de día, sin niebla, prudentemente, a no más de 30 km/h, a una distancia de por lo menos 100 (cien) metros del vehículo que la preceda y sin adelantarse a otro en movimiento.

Si el camino es pavimentado o de algún otro material que pueda destruirse con su paso, siempre que sea posible utilizar otro sector de la vía, debe evitarse el uso de la calzada.

El ingreso de maquinaria especial a una zona céntrica urbana debe ser especialmente autorizado y guiado por la autoridad local competente.

Si excede las dimensiones máximas permitidas en no más de un 15% (quince por ciento), se otorgará una autorización general para circular con las restricciones que correspondan.

Si el exceso en las dimensiones es mayor del 15% (quince por ciento) o lo es en el peso, debe contar con una autorización especial, pero no deberá transmitir a la calzada una presión por superficie de contacto de cada rueda superior a la que autoriza la reglamentación.

En el caso de exceso de las dimensiones, corresponde la autorización por escrito de la autoridad vial caminera. Si se trata de exceso de peso, se requiere la autorización de la Institución encargada del mantenimiento de la vía de circulación a ser utilizada, conforme a la reglamentación que se dicte.

A la maquinaria especial agrícola podrá agregársele, además de una casa rodante, hasta dos acoplados con sus accesorios y elementos desmontables, siempre que no supere la longitud máxima permitida en cada caso.

Artículo 91.- Excepciones especiales.

Los siguientes beneficiarios podrán gozar de las excepciones especiales que la reglamentación les otorgue, en virtud de sus necesidades, en cuyo caso deben llevar adelante y atrás del vehículo que utilicen y en forma visible, el distintivo reglamentario, sin perjuicio de la placa patente correspondiente:

a) Los excombatientes de la Guerra del Chaco, conductores o no.

b) Los lisiados, conductores o no.

c) Los diplomáticos extranjeros acreditados en el país.

d) Los profesionales en prestación de un servicio público o privado, de carácter urgente y bien común.

e) Los propietarios de automotores antiguos de colección y prototipo experimentales, que no reúnan las condiciones de seguridad requeridas para los demás vehículos, pueden solicitar de la autoridad competente, las autorizaciones que los exceptúen de ciertos requisitos para circular en los lugares, ocasiones y lapsos determinados.

f) Los chasis o vehículos incompletos en traslado para su complementación gozan de autorización general, con el itinerario que les fije la autoridad competente.

g) Los acoplados especiales para traslado de material deportivo no comercial.

h) Los vehículos para transporte postal y de valores bancarios.

Queda prohibida toda otra excepción especial en materia de vehículos y el libre tránsito o estacionamiento, fuera de la reglamentación.

Capítulo V

Accidentes de tránsito

Artículo 92.- Accidente, siniestro o hecho de tránsito. Presunciones de responsabilidad. Se considera accidente, siniestro o hecho de tránsito, todo hecho que produzca daño en personas o cosas, como consecuencia de la circulación de un vehículo.

Se presume responsable de un accidente de tránsito a la persona que por imprudencia, negligencia o impericia, cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, no respetando las normas de tránsito, salvo prueba en contrario.

El peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor, en tanto no haya incurrido en violaciones a las reglas del tránsito.

Artículo 93.- Obligaciones en caso de accidentes. Es obligatorio para quienes participen de un accidente de tránsito:

a) Detenerse inmediatamente en el lugar del hecho.

b) En caso de accidentes con víctimas, ejercer y buscar el inmediato socorro de las personas lesionadas.

c) Señalizar adecuadamente el lugar, de modo a evitar riesgos a la seguridad de los demás usuarios.

d) No retirar los rodados involucrados del lugar del hecho, sin autorización de las autoridades competentes.

e) Suministrar a la otra parte y a la autoridad competente interviniente, sus datos personales, los del vehículo y la constancia de contratación del seguro obligatorio de accidentes de tránsito vigente. Si los mismos no estuvieren presentes, debe adjuntar tales datos adhiriéndolos eficazmente al vehículo dañado.

f) Denunciar el hecho ante la autoridad competente.

g) Comparecer y declarar ante la autoridad de juzgamiento o de investigación administrativa cuando sean citados.

Artículo 94.- Análisis estadístico para prevención de accidentes. Acta de Constatación de Accidentes de Tránsito. Investigaciones técnico-administrativas específicas. Los accidentes del tránsito serán estudiados y analizados por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial con fines estadísticos y para establecer su causalidad y obtener conclusiones que permitan aconsejar medidas para su prevención. Los datos serán de carácter público.

En todos los accidentes, el funcionario policial o municipal interviniente labrará un acta con los datos que resulten de la comprobación que realice en el lugar de los hechos y la denuncia de las partes, entregando a estas una copia del documento en el mismo acto, siempre que fuere posible. El original será remitido, a la autoridad administrativa competente, a fin de instruir el correspondiente sumario. Otra copia autenticada será remitida a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, a los efectos estadísticos y de registro.

La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial deberá confeccionar un modelo de acta única de constatación de Accidentes de Tránsito, la cual será utilizada por las autoridades de aplicación.

En los siniestros que por su importancia, habitualidad u originalidad justifiquen, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial ordenará una investigación técnico-administrativa, a realizarse por funcionarios especializados de la misma, quienes tendrán acceso a los objetos y personas involucradas, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública, si correspondiere. También podrán pedir a los organismos oficiales y privados, la información relacionada con el hecho investigado. Las instituciones requeridas estarán obligadas a suministrar la información solicitada.

Artículo 95.- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que será establecido por Ley y exigible en todo el territorio de la República, es un seguro de tipo social, que prescinde de la determinación de la culpa incurrida por los involucrados en el siniestro. Su cobertura abarca los gastos correspondientes a la atención médica y quirúrgica, los gastos farmacéuticos, hospitalarios, de internación, la incapacidad permanente; así como los de transporte para la atención inmediata de los lesionados, en las cuantías establecidas por víctima en el correspondiente reglamento para las víctimas de accidentes de tránsito ocurridos en el territorio nacional.

Todo vehículo a motor que circule por la vía pública debe estar cubierto por un seguro obligatorio vigente. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito se regirá por las normas que rigen la materia o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Igualmente resultará obligatorio el seguro para los ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, en las mismas condiciones de cobertura que rige para los automotores.

Los vehículos de transporte público de pasajeros deberán tener contratado el seguro obligatorio de accidentes a pasajeros, además del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT).

La vigencia de la póliza del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) será anual y deberá contratarse con cualquier Compañía de Seguros establecida en el país y que tenga autorización para operar en el ramo de automóviles; estando obligada a otorgar el seguro establecido en este artículo y entregar al asegurado el comprobante o póliza que acredita la contratación del mismo, como un distintivo adhesivo que identifique que el vehículo cuenta con cobertura. Para todos los efectos, el documento del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) será considerado documento público.

Las tarifas de la póliza del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) serán definidas anualmente por la Superintendencia de Seguros y estarán expresadas en jornales mínimos legales.

Para efectos del establecimiento del valor de las pólizas, la Superintendencia de Seguros deberá adelantar los estudios actuariales que permitan definir una tarifa que cumpla con los principios de suficiencia, moderación y equidad e informar al público su valor, conforme al tipo de vehículo, con al menos un mes de anticipación de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.

Las denuncias de siniestro se recibirán con base al Acta Unica de Constatación de Accidentes de Tránsito, en ocasión del accidente.

Los gastos enunciados en el primer párrafo serán abonados de por el asegurador al prestador del servicio. El acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del asegurado o sus derechohabientes.

En ningún caso, el prestador del servicio de salud público o privado podrá negarse a brindar a la víctima de cualquier accidente de tránsito, la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, internación y de transporte, necesaria para lograr la recuperación de su salud. El Ministerio de la Salud Pública y Bienestar Social establecerá las sanciones para los centros de salud, sanatorios u hospitales que incumplan esta disposición.

La compañía aseguradora podrá repetir contra el responsable del accidente, por cualquier suma que se haya pagado como indemnización por Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT), cuando este al momento del mismo haya actuado con dolo o culpa grave.

Las Compañías Aseguradoras prestatarias del servicio destinarán a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial una contribución que será establecida por la Superintendencia de Seguros en un porcentaje sobre las primas que recauden anualmente del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT), para colaborar con el cumplimiento de sus fines.

Artículo 96.- Inscripción registral del automotor. Obligatoriedad de presentación del SOAT. El Registro Unico del Automotor y la Dirección Nacional del Registro de Automotores no tramitarán las solicitudes de inscripción o traspaso, ni emitirán la tarjeta de circulación o permiso especial alguno, sin que el propietario del vehículo demuestre haber suscripto la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), y que la misma se encuentre vigente.

TITULO VII

Fases para el Procedimiento

Capítulo I

Principios

Artículo 97.- Falta o contravención. Definición y aplicación de sanciones. Se entenderá por falta o contravención, toda acción u omisión calificada como tal, que transgreda cualquier disposición prevista en esta Ley.

La autoridad de tránsito, en la esfera de las competencias establecidas en esta Ley, será la encargada de aplicar las sanciones previstas en ella a los infractores.

Artículo 98.- Principios generales. El procedimiento de aplicación y sanción debe en todos los casos:

a) Asegurar el debido proceso y el derecho de defensa del presunto infractor.

b) Adoptar en la documentación de uso general, un sistema práctico y uniforme que permita la fácil detección de su falsificación o violación.

Artículo 99.- Deber de las autoridades. Las autoridades competentes deben observar las siguientes reglas:

a) En materia de comprobación de faltas:

1. Actuar de oficio o por denuncia.

2. Investigar la posible comisión de faltas en todo accidente, siniestro o hecho de tránsito.

3. Identificarse ante el presunto infractor, indicándole la dependencia o institución a la que pertenece.

4. En caso de falta gravísima o cuando el vehículo deba ser retenido, utilizar un formulario de acta, que cuanto menos contenga los datos señalados en el Artículo 102 de la presente Ley, entregando copia al presunto infractor; salvo que éste no se identifique o se diere a la fuga, circunstancia que se hará constar en ella, con indicación individualizada de por lo menos dos testigos, si los hubiere. En los casos de faltas leves y graves, el funcionario interviniente solo expedirá al conductor, una boleta de contravención por la falta cometida.

b) En materia de juzgamiento:

1. Aplicar esta Ley con prioridad sobre cualquier otra norma que regule la misma materia.

2. Presumir la inocencia del infractor.

3. Comunicar detalladamente al infractor la falta que se le atribuye, poniendo a su disposición toda la documentación relativa a las actuaciones realizadas hasta ese momento.

4. No sancionar al infractor más de una vez por la misma falta.

5. No aplicar otras normas por analogía, ni efectuar interpretaciones extensivas.

6. Evaluar los hechos y las pruebas con sujeción a las reglas de la sana crítica.

7. Dictar resolución de oficio en casos en los que habiendo sido debidamente citado un presunto infractor, este no haya comparecido y haya sido declarado rebelde, aplicando a tal efecto, y en lo que fuere pertinente, lo establecido en el Código Procesal Civil.

8. Aplicar la norma que sea más favorable al infractor, si la calificación o el monto de las sanciones fuera modificado antes de concluido el proceso. Si la acción u omisión que constituya falta dejara de serlo, el sumario se dará por concluido y el supuesto infractor será sobreseído.

Artículo 100.- Contenido del Acta de Constatación de Infracciones. El funcionario competente que constate uno o varios hechos que pudieran constituir faltas, labrará un acta en el lugar del suceso. El acta contendrá la siguiente información:

a) Lugar, fecha y hora del hecho, si se pudiere, y de la constatación del mismo.

b) Nombre y domicilio del presunto infractor, en caso de que pueda ser determinado, así como de testigos, si los hubiere.

c) Descripción de la naturaleza y de las circunstancias del hecho constatado.

d) La disposición legal presuntamente infringida.

e) La firma del funcionario interviniente con aclaración de nombre y cargo.

f) La firma del presunto infractor o, en su defecto, las firmas e identificación de los testigos, si los hubiere.

Artículo 101.- Remisión del Acta de Constatación de Infracciones. La Jefatura de la dependencia interviniente, en cada caso, remitirá a la autoridad competente, el acta de intervención aludido en el artículo anterior y, en su caso, los informes técnicos y demás elementos de juicio recogidos para la aplicación de la sanción correspondiente. En los casos de faltas graves o gravísimas, los antecedentes serán remitidos al juez de instrucción para la realización del correspondiente sumario.

Artículo 102.- Valor probatorio del Acta de Constatación. Las actas de intervención labradas regularmente y no refutadas válidamente en el proceso, robustecidas con otros elementos de convicción, serán consideradas por el juez como suficiente prueba para dictar su fallo.

El acta de intervención tendrá carácter de declaración testimonial para el funcionario interviniente y para los testigos que la suscribieron, cuando estos se hayan ratificado.

Artículo 103.- Remisión de antecedentes. Todo supuesto infractor que se domicilie a más de 60 (sesenta) kilómetros del asiento del juzgado competente, en razón del lugar donde acontecieron los hechos, tendrá derecho a ser juzgado ante el juez competente de la jurisdicción de su domicilio. Cuando el presunto infractor se domicilie a una distancia menor, está obligado a comparecer.

Cuando el presunto infractor acredite necesidad de ausentarse, se aplazará el juzgamiento hasta su regreso. Este plazo no podrá ser mayor de 60 (sesenta) días, salvo razones debidamente comprobadas que justifiquen una postergación mayor.

En todos los casos, el cumplimiento de la sanción que fuere aplicada, deberá hacerse en la jurisdicción del lugar donde se cometió la infracción.

El domicilio será el que conste en la Licencia de Conducir o el último que figure en la cédula de identidad, si el cambio de este último fuere posterior al que obra en la Licencia de Conducir.

Las disposiciones contenidas en este artículo no entrarán en vigencia, hasta tanto se arbitren los medios y recursos necesarios para la puesta en funcionamiento del organismo que se encargará de la tarea de juzgamiento en cada jurisdicción que disponga la autoridad competente.

Capítulo II

Medidas Cautelares

Artículo 104.- Aprehensión de personas. La autoridad de aplicación competente podrá aprehender a toda persona sorprendida, conduciendo un vehículo en la vía pública, pese a no estar en condiciones de hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas, drogas, medicamentos u otras sustancias que afecten su capacidad de reacción, así como con agotamiento o discapacidades físicas o psíquicas que la inhabiliten para conducir un vehículo automotor.

También deberá proceder a la detención de las personas que se encuentren, conduciendo en la vía pública un vehículo automotor, pese a carecer de la licencia de conducir o estando inhabilitada para hacerlo.

En los casos señalados precedentemente, la autoridad de aplicación competente que hubiera realizado la aprehensión, deberá entregar inmediatamente la persona aprehendida a la autoridad policial más cercana, debiendo esta comunicar dicha aprehensión al Ministerio Público y al Juez Penal de Garantías, dentro del plazo establecido para el efecto en el Código Procesal Penal.

Para el cabal cumplimiento de la presente Ley, de las resoluciones dictadas en consecuencia y de las medidas de urgencia o sentencias, la Policía Nacional prestará de inmediato la asistencia que sea requerida por el Juzgado de Instrucción o Sumariante o por la autoridad competente de la dependencia interviniente; para lo cual estas deberán acompañar copia auténtica de la documentación correspondiente.

Artículo 105.- Requisitos para la aprehensión. Es requisito para la autoridad competente que al tiempo de la aprehensión se cuente con elementos de convicción suficientes que acrediten la ingestión de bebidas alcohólicas u otras sustancias estupefacientes o sicotrópicas.

En caso de no contar con dicho elemento, un examen médico deberá ser practicado dentro de las 6 (seis) horas siguientes, a fin de acreditar el estado del aprehendido.

La aprehensión se extenderá por el tiempo necesario para recuperar el estado normal, pero en ningún caso podrá exceder de 6 (seis) horas. Si pasado este lapso, la persona siguiese bajo los efectos de la sustancia ingerida, se procederá a su liberación, previa comunicación al Ministerio Público y al Juzgado de Garantías; no obstante, el vehículo deberá quedar bajo la custodia y responsabilidad de la autoridad interviniente, hasta tanto su titular esté en condiciones de retirarlo o que un tercero lo haga con la debida autorización de aquel.

Artículo 106.- Casos de retención de licencias y vehículos. La autoridad competente deberá retener las licencias o los vehículos, dando inmediato conocimiento a la autoridad de juzgamiento:

a) Las licencias de conducir habilitantes, cuando:

1. Estuvieren vencidas, en cuanto a su vigencia quinquenal se refiere.

2. Hubieren caducado por cambio de datos no denunciados oportunamente.

3. No se ajusten a los límites de edad correspondientes.

4. Sea evidente la disminución de las condiciones psicofísicas del titular, con relación al tiempo de serle otorgada, excepto a las personas con discapacidad debidamente habilitadas.

5. El titular se encuentre inhabilitado o suspendido para conducir.

b) Los vehículos cuando:

1. Su conductor habiendo participado en un accidente de tránsito, haya pretendido darse a la fuga.

2. Su conductor se halle bajo intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales.

3. No se encuentren legalmente habilitados, carezca del documento acreditativo o se encuentre vencido.

4. No cumplan con las exigencias de seguridad reglamentaria establecidas en los Artículos 50, 51 y 52 de esta Ley o no cuenten con la constancia de haber aprobado la revisión técnica obligatoria dispuesta por el Artículo 53. En estos casos, la autoridad interviniente labrará un acta provisional. Cuando el titular acreditara, dentro de los 3 (tres) días, haber subsanado la falta, el acta quedará anulada. De no subsanarse la falta dentro del plazo citado, el acta se convertirá en definitiva, dando lugar a la iniciación del procedimiento correspondiente.

5. No cuenten con cobertura vigente del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) y/o el distintivo adhesivo que lo acredite.

6. En los casos en que la falta lo permitiere, la retención durará el tiempo necesario para labrar el acta; no así cuando el requisito faltante ponga en peligro la seguridad del tránsito o implique inobservancia de las condiciones, que para los servicios de transporte de pasajeros o de carga, establece la autoridad competente.

7. Si son conducidos por personas no habilitadas para el tipo de vehículos que conducen, inhabilitadas para conducir, con habilitación suspendida o que no cumplan con las edades reglamentarias para cada tipo de vehículo. En tal caso, luego de labrada el acta, el vehículo podrá ser liberado bajo la conducción de otra persona habilitada, caso contrario el vehículo será removido y remitido al lugar que indique la autoridad competente interviniente, donde será entregado a quienes acrediten su propiedad o tenencia legítima, previo pago de la multa correspondiente y los gastos que haya demandado el traslado.

8. Se comprobare que estuviere o circulare excedido en peso o en sus dimensiones o en infracción a la normativa vigente sobre transporte de cargas en general o de sustancias peligrosas, ordenando el desalojo de la carga excedente del vehículo utilizado en la comisión de la falta.

9. Estén prestando un servicio de transporte de pasajeros o de carga, careciendo del permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos, o con exceso de pasajeros y/o carga transportada.

10. Cuando estando mal estacionados obstruyan la circulación o la visibilidad, cuando ocupen lugares destinados a vehículos de emergencias o de servicio público de pasajeros; cuando fueren abandonados en la vía pública y cuando por haber sufrido deterioros no pueden circular y no fueren reparados o retirados de inmediato. Estos vehículos serán remitidos al lugar que indique la autoridad competente actuante, donde serán entregados a quienes acrediten la propiedad o tenencia, previo pago de la multa correspondiente; fijando la reglamentación el plazo máximo de permanencia y el destino a darles una vez vencido el mismo. Los gastos que demande el procedimiento, serán con cargo a los propietarios y abonados en forma previa a su retiro.

11. En caso que el vehículo retenido por la comisión de una falta, no fuera retirado del corralón o depósito que habilite la autoridad de aplicación por el propietario o su representante, luego de trascurrido 6 (seis) meses de haber sido notificado por el Juzgado de Faltas interviniente, personalmente por cédula de notificación o telegrama colacionado; dicho vehículo será comisado y rematado en subasta pública, quedando el remanente de la venta a favor de la Institución interviniente.

c) La documentación y los vehículos, ya sean de vehículos particulares, de transporte de pasajeros público o privado o de carga, cuando:

1. No cumpla con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

2. Esté adulterada o no haya verosimilitud entre lo consignado en la documentación y el vehículo verificado.

3. Se infrinjan normas referidas especialmente a la circulación de los mismos o su habilitación.

4. Estén prestando un servicio de transporte automotor de pasajeros careciendo de permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos en la normativa vigente, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran aplicarse.

Artículo 107.- Obligación de sometimiento a pruebas. Todo conductor de vehículos y los involucrados en un accidente de tránsito debe sujetarse a las pruebas expresamente autorizadas, destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica o por sustancias estupefacientes o sicotrópicas en el momento del hecho.

La autoridad de aplicación deberá practicar la prueba por separado, respetando la dignidad del presunto infractor, pudiendo filmar o fotografiar el acto.

La negativa a realizar la prueba constituye falta gravísima, salvo causa debidamente justificada.

En caso de accidente o a pedido del interesado, la autoridad debe tomar las pruebas lo antes posible, asegurar su acreditación y cadena de custodia.

Los médicos que detecten en sus pacientes una enfermedad, intoxicación, disminución o pérdida de función o ausencia de un miembro, que tenga incidencia en la idoneidad para conducir vehículos, deben advertirles que no pueden hacerlo o informarles de las precauciones que deberán adoptar en su caso. Igualmente, deberán hacerlo cuando prescriban drogas que produzcan tal efecto.

Título VIII

Régimen de Sanciones

Capítulo I

Principios Generales e Infracciones

Artículo 108.- Responsabilidad por la comisión de infracciones. Son responsables para esta Ley las personas que cometan alguna de las infracciones previstas en la misma.

Cuando no se identifique al conductor infractor, recaerá una presunción de comisión de la infracción en el propietario del vehículo, a no ser que este demuestre que lo había enajenado o que no estaba bajo su tenencia o custodia y denuncie quien fue el comprador, tenedor o custodio.

Artículo 109.- Responsabilidad de las personas jurídicas. Sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente, de acuerdo con las reglas del Código Civil, son responsables las personas jurídicas, por las faltas relativas a las condiciones que deben reunir los vehículos de su propiedad para circular.

No serán pasibles de sanciones previstas en esta Ley, cuando se trate de faltas a las reglas de tránsito cometidas por quienes actúen en su representación o a su servicio, con su autorización o para su beneficio, o en cumplimiento de funciones o de labores que les presten ocasionalmente. No obstante, deben individualizar a estos, a pedido de la autoridad competente.

Artículo 110.- Clasificación de las infracciones. Las infracciones a las disposiciones de la presente Ley se clasifican en: faltas leves, graves y gravísimas.

Artículo 111.- Faltas leves. Constituyen faltas leves todas aquellas infracciones no calificadas como faltas graves o gravísimas. Asimismo, serán leves las infracciones a las normas dictadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones u Ordenanzas Municipales referentes a la materia y la conducción en estado de intoxicación alcohólica desde 0.001 a 0.199 mg/L de CAAL y 0.001 a 0.399 g/L de CAS.

Artículo 112.- Faltas graves. Constituyen faltas graves las siguientes:

a) Las que violando las disposiciones vigentes en la presente Ley y su reglamentación, resulten atentatorias contra la seguridad en el tránsito.

b) Las que:

1. Obstruyan la circulación.

2. Dificulten o impidan el estacionamiento y/o la detención de los vehículos del servicio público de pasajeros y de emergencia en los lugares reservados.

3. Ocupen espacios reservados por razones de visibilidad y/o seguridad.

c) Las que afecten por contaminación al medio ambiente.

d) La conducción de vehículos sin estar debidamente habilitados para hacerlo.

e) La falta de documentación exigible.

f) La circulación con vehículos que no tengan colocadas sus chapas o patentes reglamentarias, o sin el seguro obligatorio vigente.

g) No cumplir con lo exigido en caso de accidente.

h) Circular con vehículos de transporte de pasajeros o carga, sin contar con la habilitación extendida por autoridad competente o que teniéndola no cumpliera con lo allí exigido.

i) Circular con vehículos de transporte que, por excederse en el peso, provoquen una reducción en la vida útil de la infraestructura vial.

j) La conducción de vehículos transportando un número de ocupantes superior a la capacidad para la cual fue construido el vehículo.

k) La circulación de ciclomotores, motocicletas, triciclones y cuatriciclones, con más de dos personas, incluido el conductor, asimismo, la conducción de motocargas que transportan persona alguna.

l) Llevar como acompañante a un menor de 12 (doce) años en ciclomotores, motocicletas, triciclones y cuatriciclones.

m) Conducir un vehículo a mayor velocidad que la máxima permitida.

n) La conducción de vehículos utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación móvil de operación manual continua.

ñ) La conducción de vehículos sin que alguno de sus ocupantes utilice el correspondiente cinturón de seguridad.

o) Conducir ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, llevando objetos o elementos que impidan al conductor mantener ambas manos en el manubrio.

p) Desobedecer las señales u órdenes de tránsito de la autoridad de aplicación.

q) No respetar el derecho preferente de paso de un peatón o de otro conductor.

r) Detener o estacionar un vehículo en lugar no permitido.

s) Conducir un vehículo sin luces en las horas y circunstancias exigidas por esta Ley.

t) Conducir un taxi sin taxímetro debiendo llevarlo, tener este sin el sello de la autoridad o acondicionado, de modo que no marque la tarifa reglamentaria.

u) No llevar limpiaparabrisas en condiciones de funcionamiento, ni espejo retrovisor regulable.

v) Mantener abiertas las puertas de un vehículo al servicio del transporte público, mientras se encuentra en movimiento o llevar pasajeros en las estriberas o no detenerse junto a la acera al alzar o bajar pasajeros.

w) Negarse a pagar o evadir el pago de la tarifa de peaje.

x) La conducción en estado de intoxicación alcohólica desde 0.200 a 0.799 mg/L de CAAL y 0.400 a 1.599 g/L de CAS.

Artículo 113.- Faltas gravísimas. Constituyen faltas gravísimas las siguientes:

a) La falta cometida que haya causado un accidente que haya producido la muerte, lesiones o puesto en inminente peligro la salud de las personas o haya ocasionado daños en las cosas.

b) Cuando el infractor ha cometido la falta fingiendo la prestación de un servicio de urgencia, de emergencia u oficial, utilizando indebidamente una autorización o cuando esta no le correspondía.

c) La conducción de vehículos sin respetar la señalización de los semáforos o de la señal de “PARE”.

d) Cuando a consecuencia de la misma se vea dificultada la prestación de un servicio público.

e) Cuando el infractor sea funcionario y cometa la falta abusando de tal carácter.

f) Fugarse o negarse a suministrar documentación o información, cuando lo exigiere la autoridad de aplicación.

g) La conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales y/o en estado de agotamiento.

h) La negativa a someterse a la realización de la prueba de alcoholemia y/o espirometría y/o testeo de estupefacientes.

i) La conducción de ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, sin que alguno de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el casco reglamentario, chaleco reflectivo y demás elementos que exija la reglamentación.

j) La evasión del control de peso por parte de los transportes de carga en las estaciones fijas o móviles dispuestas por la autoridad competente.

k) Adelantar a otro vehículo en curvas, puentes, paso a nivel, cruces no regulados y/o franja amarilla continua.

l) Conducir un vehículo en sentido contrario al tránsito.

m) El consumo de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su graduación, en la vía pública y en establecimientos comerciales que tengan acceso directo desde autopistas, rutas nacionales, ramales o caminos departamentales.

n) La destrucción, inutilización o daño de cualquier señal de tránsito dispuesta por la autoridad competente, sin perjuicio de que además esté tipificado como hecho punible en la legislación penal.

Artículo 114.- Eximición de sanción. La autoridad competente podrá eximir de sanción al infractor en los siguientes casos:

a) Una necesidad debidamente acreditada.

b) Cuando ha quedado demostrado que no se pudo evitar cometer la falta.

Artículo 115.- Concurrencia de faltas. Las faltas concurrentes se sancionarán cada una de ellas por separado.

Artículo 116.- Reincidencia. Habrá reincidencia cuando el infractor cometa una nueva falta, existiendo sanción por parte de autoridad competente, dentro de un plazo no superior a un 1 (año) en faltas leves y de 2 (dos) años en faltas graves y gravísimas.

Para el cómputo de estos plazos, no se tendrán en cuenta los lapsos de inhabilitación impuestos en una condena.

La reincidencia se computará separadamente para faltas leves y para faltas graves y gravísimas; y solo en estas dos últimas se aplicará la inhabilitación.

En los casos de reincidencia, se observarán las siguientes reglas:

a) La sanción de multa se aumentará:

1. Para la primera reincidencia, en un 25% (veinticinco por ciento).

2. Para la segunda reincidencia, en un 50% (cincuenta por ciento).

3. Para la tercera reincidencia, en un 75% (setenta y cinco por ciento).

4. Para las siguientes reincidencias, en un 100% (cien por ciento).

b) La sanción de inhabilitación deberá aplicarse accesoriamente, solo en caso de faltas graves y gravísimas:

1. Para la primera reincidencia, hasta 9 (nueve) meses, a criterio de la autoridad competente.

2. Para la segunda reincidencia, hasta 12 (doce) meses, a criterio de la autoridad competente.

3. Para la tercera reincidencia, hasta 18 (dieciocho) meses, obligatoriamente.

4. Para las siguientes reincidencias, desde 24 (veinticuatro) meses hasta 5 (cinco) años, obligatoriamente.

Capítulo II

Sanciones

Artículo 117.- Sanciones. Las sanciones por infracciones a esta Ley serán de cumplimiento efectivo, no podrán ser aplicadas por las autoridades competentes con carácter condicional, ni en suspenso y consisten en:

a) Amonestación: sanción por la cual se hace notar la comisión de una falta, se identifica al infractor y se registra la misma en la Municipalidad y en el Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito.

b) Multa: sanción que consiste en el pago a la autoridad de aplicación de una suma de dinero determinada en jornales mínimos legales.

c) Inhabilitación para conducir vehículos o determinada categoría de ellos: sanción que consiste en la suspensión del goce de las licencias otorgadas por las Municipalidades para conducir vehículos, en cuyo caso se debe retener la licencia habilitante.

d) Suspensión de la licencia de conducir a través de la quita o retiro de puntos de acuerdo con el tipo y gravedad de la infracción, en las condiciones que establezca la reglamentación.

e) Comiso de los objetos cuya comercialización, uso o transporte en los vehículos esté expresamente prohibido.

f) Concurrencia a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública. Esta sanción podrá ser aplicada adicionalmente a la suma de otras sanciones impuestas.

La aplicación de las sanciones previstas en esta Ley no excluye la aplicación de otras penas establecidas por el Código Penal, ni exime de la responsabilidad civil correspondiente, de acuerdo con las reglas del Código Civil, y las establecidas por otras normativas relativas al transporte. La aplicación de una sanción será comunicada a la Municipalidad que haya expedido la licencia de conducir al infractor, a la Municipalidad en la que se halle radicado el automotor y al Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito.

Artículo 118.- Bases de la medición para la aplicación de sanciones. Al determinar la sanción, la autoridad de aplicación sopesará todas las circunstancias generales a favor y en contra del infractor, y particularmente:

a) La forma de realización del hecho y los medios empleados.

b) La importancia de los deberes infringidos.

c) La relevancia del daño y el peligro ocasionado.

d) Las consecuencias del hecho.

e) Las condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor.

f) La conducta posterior a la realización del hecho.

g) La actitud del infractor frente a las exigencias del derecho.

Artículo 119.- Aplicación de sanciones. Las sanciones se aplicarán de conformidad a lo que establece la presente Ley:

a) Para faltas leves: amonestación o multa de hasta 3 (tres) jornales mínimos legales.

b) Para faltas graves: multa de 4 (cuatro) a 10 (diez) jornales mínimos legales, quita de puntos o inhabilitación cuando corresponda.

c) Para faltas gravísimas: multa de 11 (once) a 20 (veinte) jornales mínimos legales, quita de puntos o inhabilitación cuando corresponda.

La aplicación de sanciones por faltas graves y gravísimas requerirá un sumario administrativo previo, con la intervención del presunto infractor, salvo lo establecido en el Artículo 112 inciso b).

La inhabilitación se aplicará a todos aquellos conductores, que resultaren culpables de accidentes con víctimas fatales o lesiones graves en los términos establecidos para el efecto por el Código Penal.

Artículo 120.- Multa. La multa podrá:

a) Abonarse con una reducción del 25% (veinticinco por ciento) sobre la suma impuesta por la autoridad competente o el juez sumariante, cuando corresponda a infracciones a normas de circulación en la vía pública y exista reconocimiento voluntario de la infracción. Si se trata de faltas graves, este pago voluntario solo será admitido hasta una vez al año. La reducción no será admitida en los casos de faltas gravísimas.

b) Ser exigida por la vía ejecutiva cuando no se haya abonado en término para lo cual será título suficiente el certificado expedido por la autoridad competente, acompañado de la resolución de condena firme y ejecutoriada, en los casos en que haya habido un sumario administrativo.

Accesoriamente, se establecerá un mecanismo de reducción de puntos aplicable a la Licencia de Conducir conforme a los principios generales y las pautas de procedimiento que determine la presente Ley y su reglamentación.

De lo recaudado por el pago de multas se aplicará, el 10% (diez por ciento) a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN) y lo restante para costear programas y acciones destinados a cumplir con los fines de esta Ley.

Artículo 121.- Aplicación de la suspensión automática de la habilitación de conducir. Sistema de puntos. La sanción de suspensión automática de la habilitación de conducir se ajustará a las siguientes reglas:

a) A las faltas o infracciones se les asignarán un puntaje, de acuerdo con su gravedad.

b) Cada vez que un conductor cometa una infracción, esta será tipificada de acuerdo con la clasificación de faltas prevista en el Artículo 110 de esta Ley. A las faltas gravísimas, se les asignará 5 (cinco) puntos y a las graves 3 (tres) puntos. Las leves no quitarán puntos.

c) La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, a través del Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito será la encargada de establecer un sistema de cómputos de las infracciones cometidas por cada conductor, a fin de ir sumando progresivamente las mismas.

d) A cada conductor, se le asignará una suma única y uniforme de veinte puntos, los cuales serán descontados conforme al inciso b) del presente artículo.

e) En caso que la quita de puntos supere la suma indicada en el inciso anterior, durante el plazo de validez de una licencia de conducir, se procederá a la suspensión automática y retiro de la licencia de conducir.

f) El tiempo restante de suspensión será de:

1. De un mes hasta un año, para la primera suspensión.

2. Una vez rehabilitado y en caso de reincidencia, dentro de los 12 (doce) meses, la suspensión se extenderá entre un mínimo de 6 (seis) meses y un máximo de 2 (dos) años.

En ambos casos, el conductor deberá realizar el curso establecido en el Artículo 119 inciso f) de esta Ley. Una vez cumplida la sanción y realizado el curso, será rehabilitado en su derecho a conducir.

g) Además de la suspensión automática del derecho a conducir, la autoridad de aplicación, de acuerdo con el tipo y gravedad de la infracción, podrá aplicar la sanción de multa, así como compeler a la realización del curso establecido en el Artículo 119, inciso f).

h) Los puntos quitados prescribirán al momento de la renovación quinquenal de la licencia de conducir, asignándose nuevamente al conductor la totalidad de los puntos iniciales.

Capítulo III

De la extinción de las acciones y responsabilidades. Norma supletoria

Artículo 122.- Extinción de la responsabilidad. La responsabilidad por las faltas se extingue por la muerte del supuesto infractor, el cumplimiento de la sanción, por prescripción y si luego de resuelto el sobreseimiento provisional no se ordene la reapertura del procedimiento dentro del plazo de un año.

Artículo 123.- Extinción de la acción. La acción se extingue por la muerte del supuesto infractor, su absolución o sobreseimiento definitivo en el sumario respectivo o la prescripción de la acción.

La prescripción de la acción se opera de pleno derecho a los 2 (dos) años de cometida la falta. No obstante, si hubiese hechos punibles, la acción prescribirá conjuntamente con la acción penal.

La obligación para el cumplimiento de sanciones prescribe en idéntico plazo, a contar desde el último requerimiento. Ambas prescripciones se interrumpen por la comisión de una nueva falta de la misma índole.

Artículo 124.- Legislación supletoria. En el presente régimen es de aplicación supletoria, en lo pertinente, la parte general de la Ley N° 1160/97 “CODIGO PENAL PARAGUAYO” y sus modificaciones.

Capítulo IV

Reglas del procedimiento sumarial

Artículo 125.- Jueces instructores de sumarios. El juzgamiento de las transgresiones a la presente Ley y sus normas reglamentarias que constituyan faltas, es competencia de los funcionarios de las autoridades de aplicación que sean designados como jueces sumariantes o instructores, de acuerdo con las disposiciones orgánicas de cada una de ellas.

Artículo 126.- Recepción del acta por el Juez. Recibidos los antecedentes de la supuesta comisión de faltas graves o gravísimas, el Juez sumariante o instructor, mediante providencia, determinará la pertinencia de la acción; en caso afirmativo, dispondrá la sustanciación del sumario; en caso contrario, dispondrá su archivo.

En caso de que la supuesta infracción constituyese eventualmente también un hecho punible, el Juez de Faltas remitirá copia de los antecedentes al Ministerio Público y dispondrá la suspensión de los plazos y de la investigación del sumario, que correrá la misma suerte del proceso penal. En caso de que la causa penal sea desestimada por no constituir un hecho punible o el infractor sea beneficiado con criterio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento u otra salida alternativa al proceso, el Juez Instructor o Sumariante deberá continuar el sumario.

El Juez sumariante deberá resolver en el mismo acto la confirmación, la modificación, el levantamiento u otras medidas de urgencia que considere pertinente, con excepción de la aprehensión preventiva.

Artículo 127.- Desestimación de la acción. El juez deberá desestimar la acción en los siguientes casos:

a) Si el Acta de Constatación de Infracciones no reuniera los requisitos señalados en el Artículo 102 de esta Ley o si el legajo de antecedentes remitido contuviera vicios sustanciales imposibles de ser subsanados.

b) Si los hechos constatados no constituyeran falta o hayan dejado de constituirla.

c) Si el presunto infractor estuviera exento de responsabilidad, en cuyo caso procederá su sobreseimiento o su absolución, según las circunstancias que motivaron la decisión.

Artículo 128.- Contenido de la resolución de admisión del sumario. En la resolución que admita el sumario se dispondrá además:

a) La notificación por cédula al presunto infractor.

b) Su citación por cinco días perentorios a comparecer por sí o por apoderado, a fin de ejercer su defensa.

c) La intimación a ofrecer en el mismo acto las pruebas de descargo que tuviere.

Artículo 129.- Notificación de la resolución. La resolución que admita el procedimiento y la que contenga el fallo, deberá ser notificada por escrito en el domicilio del sumariado. Las demás notificaciones serán hechas en el Juzgado en los días fijados por este.

La cédula de notificación de toda resolución deberá redactarse en dos ejemplares y contener:

a) Lugar y fecha de emisión de la cédula.

b) Nombre y dirección de la persona a la que se remite.

c) Identificación del Juzgado, de la autoridad de aplicación de la cual depende y del sumario.

d) Número, fecha y transcripción de la parte resolutiva del fallo.

e) Dirección del Juzgado, días y horas de atención pública.

f) Nombre, cargo y firma del funcionario que emitió el oficio.

Artículo 130.- Diligenciamiento de la notificación. El funcionario notificador entregará un ejemplar al destinatario, a su representante legal, a sus familiares o dependientes, portero o vecino, el orden señalado; en ausencia de estos, lo introducirá en el buzón o lo fijará en la puerta principal.

En el segundo ejemplar, labrará acta de lo actuado, la que deberá ir firmada por quien recibiera la cédula o la indicación del lugar donde la misma fue dejada, con una breve relación de las circunstancias que impidieron su entrega.

Artículo 131.- Pruebas. Las pruebas que no fueran producidas ni ofrecidas en el mismo acto de comparecencia del presunto infractor, no serán consideradas; salvo casos excepcionales y debidamente justificados, que sean admitidos fundadamente por el juez.

El Juzgado podrá disponer pruebas periciales, de examen, de informe o medidas para mejor proveer, si las estima indispensables para emitir el fallo.

En estos casos, será abierto un período de prueba por un plazo perentorio y no mayor a 10 (diez) días. Unicamente en los casos en que se trate de accidentes de tránsito, el plazo será prorrogable por una sola vez y por el mismo período.

Artículo 132.- Dictamiento y contenido de la resolución. Cumplida con la audiencia y, en su caso, producidas las pruebas o transcurrido el plazo fijado para su producción, el Juzgado dictará resolución en el plazo de 20 (veinte) días, en el que consignará:

a) El lugar y la fecha de la sentencia.

b) La identificación del sumario.

c) Una relación sucinta de los hechos; en su caso, de la concurrencia de faltas; de la defensa y de los méritos de las pruebas producidas; la mención de pruebas rechazadas, de reincidencias y las bases de la medición para la aplicación de sanciones, si las hubiere.

d) La mención de las disposiciones jurídicas infringidas y de aquellas en que se funda el fallo.

e) Una parte resolutoria absolviendo o condenando, en todo o en parte, al presunto infractor o, en caso de varios presuntos infractores, lo que correspondiere a cada uno, con expresa mención de la calificación de la falta y de las sanciones aplicadas.

f) En su caso, los plazos que se concedan para el cumplimiento de la condena o para el levantamiento de medidas de urgencia.

g) La disposición de notificar a las partes y de archivar las copias de la resolución.

h) Las firmas y sellos del juez y del secretario.

Artículo 133.- Ejecutoriedad de la resolución. La resolución que no se haya recurrido, dentro de los 5 (cinco) días siguientes al de su notificación, quedará firme y ejecutoriada. La presentación del recurso deberá ser realizada de manera fundada.

Artículo 134.- Sobreseimiento o archivo del procedimiento sumarial. El sobreseimiento del procedimiento sumarial será dictado definitivamente en los siguientes casos:

a) Cuando resulte evidente que la falta no existió, que el hecho no constituya falta o que el supuesto infractor no ha participado en él.

b) Con conocimiento e intervención del Juzgado, el presunto infractor satisfizo el pago de la multa o revirtió satisfactoriamente en plazo, el hecho u omisión que se le imputa como falta.

c) Se ha producido la prescripción.

Deberá archivarse el sumario si no es posible individualizar al presunto infractor ni a sus cómplices. El archivo del sumario suspende el plazo de prescripción de la acción para la instrucción del sumario.

Artículo 135.- Cómputo de los plazos. Los plazos señalados en esta Ley deberán contarse en días hábiles, salvo los casos en que ella establece otra modalidad.

Capítulo V

De los recursos

Artículo 136.- Recurso de reconsideración. Contra las resoluciones del Juzgado de Instrucción o Sumariante, podrá interponerse el recurso de reconsideración. El mismo deberá ser interpuesto ante el mismo juez que dispuso la sanción, en el perentorio plazo de 5 (cinco) días posteriores a la notificación de la resolución respectiva. El afectado podrá optar por utilizar previamente este recurso o directamente el recurso de apelación y nulidad.

Artículo 137.- Recursos de apelación y nulidad. Contra las resoluciones del Juzgado de Instrucción o Sumariante, cabrá recurso de apelación y nulidad ante la máxima autoridad de la dependencia interviniente, que deberá ser presentado ante el superior jerárquico dentro del plazo perentorio de 5 (cinco) días de haberse notificado el fallo original o el resultado adverso del recurso de reconsideración o su rechazo.

Concedido el recurso, los autos deberán ser remitidos sin demora a la máxima autoridad de la dependencia interviniente.

Artículo 138.- Interposición de los recursos. Los recursos deberán ser interpuestos por escrito, debiendo ser fundados en el mismo acto de su interposición e ir acompañados de las pruebas documentales o indicando donde se encuentran las mismas y ofreciendo las pruebas que se harán valer. La interposición de los mismos no suspenderá los efectos del acto recurrido.

Artículo 139.- Plazo para resolver los recursos. Recibidos los autos, la máxima autoridad de la dependencia interviniente deberá expedirse en el plazo de 10 (diez) días, confirmando, modificando, revocando o anulando la resolución recurrida o una parte de ella; si no lo hiciera en este lapso, se tendrá por denegado el recurso interpuesto.

Si hubiera pluralidad de partes o de recurrentes, se correrá traslado de las respectivas apelaciones a las partes. Todas las apelaciones se substanciarán simultáneamente.

Artículo 140.- Irregularidades procesales. Si fueran constatadas irregularidades procesales susceptibles de haber modificado la suerte del juicio, la máxima autoridad de la dependencia interviniente, deberá devolver los autos al Juzgado de origen y este pasará el caso al siguiente juzgado en el orden de turno, a fin de que se retrotraiga el procedimiento al estadio pertinente y el vicio sea subsanado, para así dictarse un nuevo fallo.

Artículo 141.- De la acción contencioso-administrativa. Con la resolución de la máxima autoridad de la dependencia interviniente se agotará la instancia administrativa, y la misma podrá ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo perentorio de 18 (dieciocho) días.

Capítulo VI

De la ejecución de sentencias y resoluciones

Artículo 142.- Aplicación de sanciones pecuniarias. Las resoluciones que apliquen sanciones pecuniarias y determinen accesorias legales como costos y costas, constituirán títulos ejecutivos contra las cuales podrán oponerse solamente las excepciones de incompetencia, de falta de jurisdicción o personería, falsedad o inhabilidad del título, prescripción, pago total o parcial documentado y cosa juzgada.

Artículo 143.- Obligación de hacer o no hacer. Si la resolución dispone hacer o no hacer y, por omisión o renuencia el infractor deja transcurrir el plazo sin cumplirla y por tal causa debe ser subrogado en su obligación de hacer o rectificado en la de abstenerse, los costos generados serán a su cargo. En tal supuesto, la dependencia interviniente deberá intimar al infractor al pago de los costos en el perentorio plazo de 10 (diez) días, contados desde la notificación de la resolución correspondiente. Vencido dicho plazo, la dependencia interviniente podrá recurrir a la vía judicial para el cobro compulsivo, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 144, sirviendo de suficiente título ejecutivo la copia de la sentencia o resolución acompañada de la notificación de la intimación.

Artículo 144.- Ejecución de la sentencia ante la justicia ordinaria. Si para la ejecución de la sentencia fuese necesario recurrir a la justicia ordinaria, la acción correspondiente deberá ser promovida ante el juez de primera instancia en lo civil de turno, por la vía de ejecución de sentencia. Esta acción deberá ser promovida por la máxima autoridad de la dependencia interviniente, a través de los asesores jurídicos de la entidad que haya dictado el fallo, debidamente acreditados.

En ningún estadio del juicio, le serán exigidas cauciones a la dependencia interviniente y solo serán admisibles las excepciones establecidas en el Artículo 142.

La acción prescribirá a los 4 (cuatro) años de la comisión de la infracción.

Artículo 145.- Auxilio de la Policía Nacional. La Policía Nacional prestará de inmediato la asistencia que le sea requerida por el Juzgado de Instrucción o Sumariante o por la máxima autoridad de la dependencia interviniente para el cumplimiento de la presente Ley, las resoluciones, medidas de urgencia o sentencias dictadas en consecuencia. Para estos efectos, la autoridad solicitante deberá acompañar copia auténtica del instrumento cuyo cumplimiento se disponga.

Título IX

De la utilización de medios tecnológicos

Capítulo Unico

Artículo 146.- Utilización de medios tecnológicos. La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial podrá utilizar los medios tecnológicos pertinentes definidos en la presente Ley, a los efectos de coadyuvar en el control del tránsito automotor e implementarlos a través de la Patrulla Caminera o de las Municipalidades dentro del ámbito de sus competencias.

Artículo 147.- Medios tecnológicos. Los medios tecnológicos a que hace referencia esta Ley, corresponden a aquellos implementos electrónicos, digitales, ópticos u de otra naturaleza a ser utilizados para el control y medio de prueba, a fin de dar cumplimiento de la presente Ley. Ellos son: básculas fijas y móviles, fotografía, filmación digital, radar, lidar, scanner, alcoholímetro, decibelímetro, analizadores de gases de escape, dispositivos electrónicos con sensores a ser instalados en el pavimento u otros soportes fijos o móviles, programas identificadores de matrícula, computadoras u otros dispositivos con acceso a la base de datos de consulta correspondiente. Esta enumeración no es taxativa.

Artículo 148.- Multas. La Patrulla Caminera y las Municipalidades poseen competencia para la percepción de las multas y, en caso negativo y previo sumario administrativo, a su ejecución judicial, a través del procedimiento previsto en esta Ley.

Artículo 149.- Procesos de concesión de la provisión y mantenimiento. Autorízase a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial a utilizar el proceso de concesión de la provisión y mantenimiento de los medios tecnológicos en la Seguridad Vial, previo concurso público, cuya concesión será por tiempo limitado, de acuerdo con las Leyes que rigen la materia.

Artículo 150.- Fiscalización. La operatividad de estos medios tecnológicos deberá ser fiscalizada directamente por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Los agentes de la Patrulla Caminera o la Policía Municipal de Tránsito, en su caso, una vez verificada la existencia de una infracción, procederán a labrar el acta y determinar la infracción cometida, expidiendo la boleta de contravención.

Artículo 151.- Recaudaciones por multas cobradas. Las recaudaciones por multas cobradas, correspondientes a la utilización de los medios tecnológicos autorizados en esta Ley, deberán distribuirse en el marco de lo establecido en el Artículo 7° de la misma.

Artículo 152.- Montos de las multas. Los montos de las multas serán fijados en jornales mínimos legales, en directa proporción que los percibidos por los municipios por las mismas infracciones y sus producidos corresponderán a la autoridad competente que haya aplicado las multas o lo que establezca el convenio respectivo, en su caso.

Título X

De las Disposiciones transitorias y complementarias

Capítulo Único

Artículo 153.- Modificación. Modifícase el Artículo 217, numeral 1) de la Ley N° 1160/97 “CODIGO PENAL PARAGUAYO”, Exposición al peligro en el tránsito terrestre, que quedará redactado de la siguiente manera:

El que dolosa o culposamente:

1) Condujera en la vía pública un vehículo pese a no estar en condiciones para hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas, dando un resultado superior al límite máximo de miligramo de alcohol por litro de aire exhalado o gramo de alcohol por litro de sangre establecido como falta gravísima en la Ley de tránsito, u otras sustancias estupefacientes o sicotrópicas legales o no, de defectos físicos o psíquicos, o de agotamiento, que alterasen notoria o legamente su habilidad para conducir.

2) Condujera en la vía pública un vehículo automotor pese a carecer de la licencia de conducir o existiendo la prohibición de conducir señalada en el Artículo 58 o habiendo sido privado del documento de licencia.

3) Como titular del vehículo tolerara la realización de un hecho señalado en los numerales anteriores; o,

4) Como propietario o guardador de ganado mayor o menor permitiera que el animal a su cargo esté suelto en la vía pública.

Será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.”

Artículo 154.- Disposiciones transitorias. Las licencias de conducir deberán ajustarse, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, al nuevo modelo unificado que responderá a estándares de seguridad, técnicos y de diseño que se establezca para el momento de su vencimiento anual o renovación quinquenal.

Artículo 155.- Reconocimiento de la OPACI. Queda reconocida la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) como asociación de municipalidades de carácter nacional, con personería jurídica de derecho privado y patrimonio propio y la competencia para ejercer las funciones que le son asignadas en la presente Ley.

A los efectos de su funcionamiento la misma se regirá por su estatuto, aprobado por Decreto N° 17.423 del 4 de junio de 1997 y sus modificatorias, hasta tanto se legisle sobre la materia que lo regule.

Artículo 156.- Reglamentación. Las autoridades de aplicación reglamentarán la presente Ley, dentro de un plazo máximo de 12 (doce) meses, contados a partir de su promulgación.

Artículo 157.- Vigencia supletoria. Hasta tanto se dicte la reglamentación dispuesta en el artículo anterior, y toda vez que no se opongan a lo que la presente Ley determina, regirán supletoriamente las normas reglamentarias aplicables a la materia, que se hallen vigentes al tiempo de la promulgación de la presente Ley.

Artículo 158.- Derogaciones. Quedan derogadas, en todo lo que se opongan a lo dispuesto por la presente Ley:

a) El Decreto Ley N° 22.094 del 17 de setiembre de 1947 “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO GENERAL DE TRANSITO CAMINERO”,

b) El Artículo 20, Inc. c) de la Ley N° 1590/00 “QUE REGULA EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE Y CREA LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE (DINATRAN) Y LA SECRETARIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE (SMT)”.

c) Las demás disposiciones contrarias a la presente Ley.

Artículo 159.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a nueve días del mes de mayo del año dos mil trece, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados, a treinta y un días del mes de julio del año dos mil trece, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207 numeral 3) de la Constitución Nacional.

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Créditos de carbono

2025-01-06T07:20:00.000-08:00

Análisis de la Ley Nº 7190 de Créditos de Carbono en Paraguay

Paraguay toma una importante iniciativa

La Ley Nº 7190, sancionada por el Congreso Nacional de Paraguay y luego promulgada por el Legislativo el 12 de octubre de 2023, establece un marco legal integral para la generación, titularidad, comercialización y registro de créditos de carbono en el país. Este análisis busca detallar sus principales disposiciones, así como los impactos jurídicos y económicos de su implementación. (ver texto de la Ley)

Objeto y Alcance de la Ley

El propósito de la Ley Nº 7190 es regular los créditos de carbono generados en proyectos desarrollados dentro del territorio paraguayo. Además, establece un mecanismo formal para su registro y comercialización, incentivando la participación de actores públicos y privados en la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Estos créditos se definen como instrumentos comercializables equivalentes a una tonelada de CO2 reducida, evitada o capturada.

La norma también incluye un enfoque amplio al delimitar las partes involucradas: desarrolladores de proyectos, administradores de estándares de carbono, adquirientes y titulares de los créditos, asegurando claridad en las relaciones contractuales y en el control estatal.

Principales definiciones

El artículo 2º de la ley introduce conceptos clave, entre los cuales destacan:

Adicionalidad: La garantía de que un proyecto genera reducciones adicionales a las que habrían ocurrido en condiciones normales.
Administradora de Estándares de Carbono: Entidad encargada de certificar y registrar créditos de carbono bajo reglas definidas.
Gases de Efecto Invernadero: Gases que contribuyen al calentamiento global, medidos en toneladas de CO2 equivalente (tCO2eq).

Propiedad y Registro de Créditos de Carbono

La ley establece que los créditos generados pertenecen al titular del proyecto, quien puede transferirlos de forma total o parcial. Para asegurar la transparencia, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) actúa como la autoridad de aplicación responsable de gestionar el Registro de Créditos de Carbono.

Este registro tiene como objetivos principales evitar la doble contabilidad, ofrecer información pública sobre los proyectos activos y contabilizar las transacciones. Cabe resaltar que los proyectos ejecutados por comunidades indígenas están exentos del pago de tasas de inscripción.

Comercialización y mercados

Los créditos pueden ser comercializados en mercados voluntarios, siempre que estén inscritos en el registro nacional. La transferencia de estos títulos está exenta del impuesto al valor agregado (IVA), lo cual refuerza su competitividad.

Además, se contempla una retención de entre el 3% y el 10% de los créditos generados, destinada al cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas (CND) de Paraguay.

Infracciones y Sanciones

El incumplimiento de la ley, como la omisión del registro o la transferencia indebida de créditos, puede acarrear sanciones que van desde multas hasta la inhabilitación para operar en el mercado. Esto asegura la integridad del sistema y fomenta el cumplimiento de las normativas ambientales. (ver texto de la Ley)

Conclusión

La Ley Nº 7190 representa un avance significativo en la legislación ambiental de Paraguay, alineando al país con los estándares internacionales del mercado de carbono. Su implementación no solo promueve la sostenibilidad ambiental, sino que también abre nuevas oportunidades económicas en un sector en crecimiento.

Este marco legal ofrece un equilibrio entre el incentivo a la inversión privada y la regulación estatal, garantizando la participación activa del país en los esfuerzos globales contra el cambio climático.

(ver texto de la Ley N° 7190 de Créditos de Carbono)

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Ley N° 7190 de los Créditos de carbono

2025-01-03T07:02:00.000-08:00

LEY N° 7190

DE LOS CRÉDITOS DE CARBONO

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto.

El objeto de la presente Ley es establecer el régimen de titularidad de los créditos derivados de los beneficios del Carbono reducido, evitado y/o capturado y determinar la propiedad de los Créditos de Carbono generados por proyectos desarrollados en la República del Paraguay, así como constituir un mecanismo formal de contabilización de los Créditos de Carbono que fueren objeto de proyectos de mitigación y de asiento de las transacciones que de dichos créditos se formalicen, a fin de incentivar y facilitar la participación de sectores públicos y privados en la mitigación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y en los Mercados de Carbono, resguardando el cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional.

Así mismo es objeto de la presente Ley, identificar a todas las partes intervinientes en las operaciones realizadas en el Mercado de Carbono y dejar registro de los mismos.

Artículo 2°.- Definiciones.

A los efectos de la presente Ley se entenderá por:

a) Adicionalidad: es la cualidad del proyecto o actividad desarrollada por sus titulares que implica que su ejecución efectivamente reduce, evita o captura Carbono de acuerdo con los métodos establecidos por una Administradora de Estándares de Carbono y a las regulaciones nacionales.

b) Administradora de un Estándar de Carbono: persona jurídica, pública o privada nacional o extranjera que certifica y/o registra los Créditos de Carbono emitidos a través de un Proyecto, en base a una serie de reglas, métodos y criterios que constituyen un Estándar de Carbono.

c) Crédito de Carbono: instrumento comercializable representado a través de título o certificado, que asigna una equivalencia de reducir, evitar o capturar una tonelada de Gases de Efecto Invernadero de un proyecto determinado.

d) Desarrolladora de Proyectos: profesionales independientes, empresas y/o consorcio de empresas, nacionales o extranjeras, públicas, privadas o mixtas, que elaboran el Proyecto para el titular del mismo, y lo asesoran en la presentación ante la Administradora de Estándar de Carbono.

e) Emisiones: la liberación de Gases de Efecto Invernadero a la atmósfera en un área y un período de tiempo especificados.

f) Gases de Efecto Invernadero: aquellos componentes gaseosos en la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, incluyendo aquéllos que son sus precursores, que retienen y emiten radiación infrarroja, referidos también de manera genérica en la presente Ley con el término “Carbono” y medidos en toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq).

g) Medidas de Mitigación: acciones concretas que reducen, evitan o capturan los Gases de Efecto Invernadero.

h) Proyecto: conjunto de actividades realizadas o a realizarse por el Titular del Proyecto durante un período de tiempo con el fin de generar Créditos de Carbono.

i) Titular del Proyecto: persona física o jurídica o estructura jurídica, pública, privada o mixta, que sean propietarios de los inmuebles o los bienes muebles asociados a las actividades del Proyecto, o un tercero al que dicho propietario haya transferido contractualmente sus derechos para llevar a cabo iniciativas o actividades de Créditos de Carbono, o haya transferido la superficie forestal en el marco de la Ley N° 4890/2013 “DERECHO REAL DE SUPERFICIE FORESTAL”.

j) Adquiriente de Créditos de Carbono: persona física o jurídica, identificada por la Autoridad de Aplicación que haya adquirido Créditos de Carbono en nuestro país.

Artículo 3°.- Propiedad del Crédito de Carbono.

A los efectos de la presente Ley el propietario de los Créditos de Carbono generados en un Proyecto será el Titular del Proyecto.

Artículo 4°.- Créditos de Carbono del Estado.

Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo precedente, el Estado podrá llevar adelante Proyectos que generen Créditos de Carbono y ser Titular de los mismos de conformidad a la presente Ley y a las normas que rigen la titularidad de los bienes del Estado.

Artículo 5°.- Autoridad de Aplicación.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias de las demás instituciones públicas afectadas a la coordinación y desarrollo de los Proyectos.

Artículo 6°.- Deberes y Atribuciones del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

A los efectos de la presente Ley, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Reglamentar y gestionar el Registro de los Créditos de Carbono.

b) Percibir los cánones correspondientes al Registro de los Créditos de Carbono.

c) Reportar al Poder Ejecutivo en forma anual sobre el nivel de cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de la República del Paraguay.

d) Emitir la Constancia de No Objeción correspondiente.

Los demás deberes y atribuciones que le otorgue la presente Ley y sus reglamentaciones.

Artículo 7°.- De los Proyectos y de su Protección.

Los Proyectos deberán demostrar Adicionalidad, independientemente a su origen, pudiendo provenir del sector forestal y uso de la tierra, agricultura y ganadería, residuos, energía y transporte, procesos industriales y uso de productos u otros que la Autoridad de Aplicación considere a los efectos de aplicación de la presente Ley.

Artículo 8°.- De la Contrapartida Nacional.

Los profesionales y las empresas interesadas en desarrollar proyectos de certificación de actividades realizadas o a realizarse para la generación de Créditos de Carbono deberán inscribirse en el Registro de los Créditos de Carbono, cuyos requisitos serán establecidos por la Autoridad de Aplicación.

El Proyecto podrá ser ejecutado por empresas y/o consorcios de empresas nacionales y/o extranjeras, conforme a las modalidades previstas en las leyes vigentes. En cuanto a las Desarrolladoras de Proyectos, la participación real de mano de obra paraguaya en cada Proyecto no debe ser menor al 50% (cincuenta por ciento) y deberá incluir a profesionales técnicos, conforme a los criterios de participación real que serán establecidos por la Autoridad de Aplicación.

CAPÍTULO II

EMISIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE CARBONO

Artículo 9°.- Instrumentación de los Créditos de Carbono.

Los Créditos de Carbono serán demostrados a través de certificados o constancias emitidas por las Administradoras de Estándares de Carbono. No se requerirá certificación notarial, legalización, apostilla para el reconocimiento de estos títulos.

Artículo 10.- Transferencia de los Títulos de Créditos de Carbono.

El titular de los Créditos de Carbono podrá transferir la propiedad de los mismos, ya sea en su totalidad o en forma fraccionada, a título gratuito u oneroso por acuerdo escrito que deberá registrarse en sujeción a la formalidad de inscripción prevista en la presente Ley.

A fin de salvaguardar el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de la República del Paraguay, los Titulares de los Créditos de Carbono están obligados a retener y no transferir un porcentaje de dichos Créditos de Carbono derivados de un mismo Proyecto en un 3% (tres por ciento), y hasta un máximo del 10% (diez por ciento), a ser determinado por la Autoridad de Aplicación.

En caso que el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas se vea comprometido por las transferencias de Créditos de Carbono al exterior, la Autoridad de Aplicación, podrá incrementar el porcentaje hasta el máximo establecido en el párrafo anterior.

La transferencia de Créditos de Carbono estará exenta del pago de Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 11.- Mercados de Créditos de Carbono.

Para la participación en el Mercado Voluntario de Carbono bajo las disposiciones de la presente Ley será necesario demostrar la inscripción de los Créditos de Carbono en el Registro de los Créditos de Carbono.

CAPÍTULO III

REGISTRO DEL CARBONO

Artículo 12.- Registro de los Créditos de Carbono.

Créase el Registro de los Créditos de Carbono como registro dependiente del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objeto de inscribir los datos relacionados a cualquier tipo de proyecto de mitigación que tenga por objeto la obtención de Créditos de Carbono dentro del mercado voluntario.

La Autoridad de Aplicación es la encargada del funcionamiento y operación del Registro de los Créditos de Carbono, debiendo dictar las normas que establezcan los métodos, criterios, especificaciones y requisitos para el correcto y eficiente funcionamiento del Registro de los Créditos de Carbono.

Los trámites ante el Registro de los Créditos de Carbono serán a efectos de:

a) Ofrecer información pública y dar publicidad de los Proyectos activos y los Créditos de Carbono generados por los mismos.

b) Registrar la información útil que permita confeccionar los reportes de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas que el país debe cumplir.

c) Impedir la doble contabilidad de los Créditos de Carbono emitidos en los proyectos registrados.

d) Contabilizar las transacciones de los títulos de Crédito de Carbono a fin de verificar el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas y los compromisos asumidos por la República del Paraguay.

e) Registrar la información útil que permita a la Autoridad de Aplicación establecer límites máximos en las transferencias internacionales de Créditos de Carbono.

f) Identificar y registrar la identidad de los adquirientes de los Créditos de Carbono.

Artículo 13.- Alcance del Registro de los Créditos de Carbono.

En el Registro de los Créditos de Carbono se deberá registrar todas las modificaciones, transferencias, cesiones, o restricciones que pudieran afectar a los Créditos de Carbono, formalizadas por los titulares de cada proyecto.

Así también deberán registrarse los Créditos de Carbono generados fuera del país que son adquiridos por personas físicas o jurídicas o estructuras jurídicas, públicas, privadas o mixtas con domicilio en la República del Paraguay.

Artículo 14.- Operación y funcionamiento del Registro de los Créditos de Carbono.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible será el encargado de la constitución, funcionamiento y operación del Registro de los Créditos de Carbono, debiendo dictar las normas para establecer los métodos, criterios, especificaciones y requisitos para el correcto registro y eficiente funcionamiento del mismo.

Artículo 15.- Constancia de No Objeción.

Siempre y cuando se verifique el cumplimiento de la disponibilidad de Contribuciones Nacionalmente Determinadas, previo a su inscripción en el Registro de los Créditos de Carbono, la Autoridad de Aplicación podrá expedir una Constancia de No Objeción, que certifique la inexistencia de doble contabilidad de los Créditos de Carbono del Proyecto.

Artículo 16.- Canon.

El Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación establecerá cánones de hasta 500 (quinientos) jornales mínimos aplicables, según el caso, en concepto de inscripción, notificación de emisión, transferencia y modificaciones en el Registro de los Créditos de Carbono.

Los Proyectos que tengan como titulares a comunidades indígenas estarán exentos del pago de canon.

Artículo 17.- Obligación de notificar al Registro de los Créditos de Carbono.

El Titular del Proyecto deberá inscribir en el Registro de los Créditos de Carbono todos los Créditos de Carbono generados por su Proyecto dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir del día siguiente de su emisión por parte de la Administradora de Estándar de Carbono.

En el caso que estos Créditos de Carbono sean cedidos, donados o transferidos, el vendedor deberá solicitar el registro de dicha transferencia en el plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir del día siguiente de haberse efectuado la operación.

El adquiriente de Créditos de Carbono emitidos por proyectos radicados en el extranjero solicitará el Registro de los Créditos de Carbono la adquisición de transferencia de aquéllos en el plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir del día siguiente de haberse efectuado la transferencia.

Artículo 18.- Plazo.

Todos los procesos de Registro de los Créditos de Carbono, así como las modificaciones, cesiones y gravámenes deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 (noventa) días hábiles.

El interesado podrá solicitar constancia de trámite del proceso de registro interín se sustancie la formalización de la inscripción.

Artículo 19.- Naturaleza del Registro de los Créditos de Carbono y actualización de la información.

El Registro de los Créditos de Carbono será público y deberá mantenerse actualizado.

Cualquier persona podrá consultar el Registro de los Créditos de Carbono a través de los medios remotos, gratuitos y abiertos habilitados para el efecto por la Autoridad de Aplicación, en los términos de la normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Artículo 20.- Registro de Créditos de Carbono emitidos en el extranjero.

La Autoridad de Aplicación deberá reglamentar el procedimiento aplicable a la inscripción de Créditos de Carbono generados por actividades realizadas fuera de la República del Paraguay para que puedan ser contabilizados a favor de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de la República del Paraguay.

Artículo 21.- No exclusividad del Registro de los Créditos de Carbono.

La presente Ley no prohíbe o limita la inscripción de los Créditos de Carbono en otros registros públicos o privados, nacionales, extranjeros o internacionales que el titular de los mismos requiera.

CAPÍTULO IV

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 22.- Infracciones.

A los efectos de la presente Ley y sus reglamentaciones, serán consideradas infracciones y pasibles de sanciones las siguientes:

a) La omisión de inscripción al Registro de los Créditos de Carbono de la obtención, transferencia, cesión, modificación de Títulos de Créditos de Carbono de Proyectos inscriptos en el Registro de los Créditos de Carbono en el plazo establecido por la presente Ley.

b) La omisión de inscripción de la adquisición de Títulos de Créditos de Carbono emitidos en el exterior en el plazo establecido en la presente Ley.

c) Proveer información falsa u omitir deliberadamente información relevante que deba conocer la autoridad del registro con el objeto de provocar error o fraude en la inscripción en el Registro de los Créditos de Carbono.

d) Transferir Créditos de Carbono fuera de los límites establecidos en el artículo 10 de la presente Ley.

e) Todo incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 23.- Sanciones.

Las sanciones serán graduadas y aplicadas, previa instrucción de sumario administrativo, debiendo la Autoridad de Aplicación comunicar aquellos actos u omisiones que pudieran ser considerados transgresiones de leyes vigentes.

Las sanciones podrán consistir en:

a) Amonestación.

b) Inhabilitación temporal en el Registro de los Créditos de Carbono para inscribir nuevos Proyectos y/o Créditos de Carbono, transferencia y/o modificaciones de hasta 5 (cinco) años.

c) Inhabilitación definitiva para la transferencia, disposición o enajenación de Créditos de Carbono.

d) Multa de conformidad con la Ley Nº 5146/2014 “QUE OTORGA FACULTADES ADMINISTRATIVAS A LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE (SEAM), EN MATERIA DE PERCEPCIÓN DE TASAS, CÁNONES Y MULTAS”.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 24.- La presente Ley no afectará en modo alguno la licitud de la emisión, transferencia o comercialización de valores o instrumentos denominados Créditos de Carbono o similares realizados con anterioridad a su entrada en vigor, debiendo en el plazo máximo de 1 (un) año, contados a partir de la publicación de la presente Ley inscribir dichos proyectos en el Registro de los Créditos de Carbono.

Artículo 25.- La presente Ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, en un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días contados a partir de su promulgación.

Artículo 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los veinte días del mes de setiembre del año dos mil veintitrés, quedando sancionado el mismo por la Honorable Cámara de Diputados, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

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Puntos importantes de la Ley N° 5016

2024-10-25T08:28:00.000-07:00

Ley N.º 5016/2014 "Nacional de Tránsito y Seguridad Vial" y sus aportes al marco jurídico paraguayo. Estos aspectos destacan por su impacto en la regulación del tránsito y la seguridad vial en el país:

Puntos relevantes de la Ley N.º 5016 y su Impacto en Paraguay

Creación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV)
La ley establece la ANTSV como el ente autónomo encargado de coordinar y supervisar las políticas públicas de tránsito y seguridad vial.
- Relevancia: La centralización de la regulación permite unificar criterios y estándares en todo el país, reduciendo las disparidades normativas entre municipios y departamentos.
- Aporte a la política vial: Proporciona una estructura clara para el diseño y ejecución de políticas de seguridad vial, además de garantizar que estas sean coherentes con los compromisos internacionales asumidos por Paraguay en la materia.
Regulación Integral del Tránsito Terrestre
La ley incluye normas detalladas sobre circulación, señalización, condiciones técnicas de vehículos, y sanciones para infracciones, abarcando tanto a conductores como peatones.
- Importancia: Esta regulación integral mejora la seguridad vial al establecer un marco claro para todos los actores del tránsito.
- Aporte: Llena vacíos legales existentes, estableciendo derechos y obligaciones precisas, lo que facilita la aplicación de sanciones y reduce la impunidad en el ámbito vial.
Fomento de la Seguridad y la Protección de los Usuarios Vulnerables
La ley considera la protección especial de peatones, personas con discapacidad, ciclistas y otros usuarios vulnerables del tránsito.
- Relevancia: Este enfoque es crucial para reducir accidentes y garantizar que las vías públicas sean seguras para todos.
- Aporte al plexo jurídico: Introduce una visión amplia de la seguridad vial, alineada con los principios de derechos humanos y sostenibilidad, promoviendo el uso de medios de transporte más seguros y ecológicos.

Conclusión

La Ley N.º 5016 ha marcado un antes y un después en la gestión del tránsito terrestre en Paraguay. Su carácter inclusivo, la creación de un ente regulador y la regulación integral del tránsito no solo benefician la seguridad de los usuarios, sino que también refuerzan el cumplimiento de estándares internacionales. Este marco legal constituye un pilar esencial para el desarrollo urbano y la seguridad vial del país.

* Ver la Ley N° 5016 >>>

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Comentario de la Ley N° 5016

2024-10-24T08:14:00.000-07:00

La Ley N.º 5016/2014 "Nacional de Tránsito y Seguridad Vial" establece el marco legal para regular el tránsito terrestre en Paraguay, con el objetivo de proteger la vida humana, preservar la funcionalidad del tránsito y contribuir al orden y seguridad pública.

A continuación, se presenta un resumen de los primeros 17 artículos de dicha ley:

Capítulo Único: Disposiciones Generales

Alcance de la Ley: Las disposiciones son aplicables en todo el territorio nacional. Las normativas departamentales y municipales deben ajustarse a esta ley.
Objeto de la Ley: La ley busca proteger la vida e integridad física de las personas en el tránsito terrestre, preservar la funcionalidad del tránsito y el medio ambiente, y contribuir al orden y seguridad pública.
Materia Legislada: Regula el tránsito vehicular y peatonal, así como la seguridad vial, abarcando normas de circulación, señalización, condiciones técnicas de vehículos, autorizaciones administrativas, infracciones y sanciones.
Ámbito de Aplicación: Aplica a peatones y conductores de cualquier vehículo que transiten por vías públicas en todo el país, incluyendo áreas rurales, urbanas y suburbanas. También se aplica a discapacitados, propietarios de animales sueltos y locales de estacionamiento de acceso público.
Autoridades en Materia de Tránsito: La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) es la autoridad principal, actuando supletoriamente los organismos nacionales y municipales involucrados en la temática vial.
Atribuciones Reglamentarias de las Municipalidades: Las municipalidades pueden dictar normas complementarias para la calificación y sanción de las infracciones establecidas por la ley.
Autoridades de Fiscalización: La Patrulla Caminera y los agentes de tránsito municipales son responsables de velar por el cumplimiento de la ley dentro de sus respectivas jurisdicciones. La Policía Nacional interviene en hechos punibles relacionados con el tránsito vehicular.

Título I: De la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial

Creación de la ANTSV: Se crea la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) como ente autónomo y autárquico con personería jurídica de derecho público, cuya misión es prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando en la reducción de la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos.
Sede: La ANTSV tiene su domicilio en la capital del país, con facultad para establecer oficinas regionales en todo el territorio nacional.
Funciones de la ANTSV: Entre sus funciones se incluyen la formulación de políticas nacionales de tránsito y seguridad vial, coordinación con organismos competentes, elaboración de planes y programas, promoción de la educación y seguridad vial, y gestión de estadísticas e investigaciones relacionadas con el tránsito.
Estructura Orgánica: La ANTSV está conformada por un Consejo Directivo y una Dirección Ejecutiva.
Consejo Directivo: Órgano máximo de decisión, integrado por representantes de los Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones, Salud Pública y Bienestar Social, Educación y Cultura, Interior, y de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).
Funciones del Consejo Directivo: Incluyen aprobar políticas y planes de acción, reglamentos internos, presupuestos, y supervisar la gestión de la Dirección Ejecutiva.
Dirección Ejecutiva: Órgano encargado de la administración y ejecución de las decisiones del Consejo Directivo, liderado por un Director Ejecutivo designado por el Consejo.
Funciones de la Dirección Ejecutiva: Implementar políticas y planes aprobados, coordinar con organismos nacionales e internacionales, gestionar recursos, y elaborar informes de gestión.
Recursos de la ANTSV: Provienen de asignaciones presupuestarias del Estado, donaciones, legados, y otros ingresos que se obtengan conforme a la ley.
Régimen Laboral: El personal de la ANTSV se rige por las disposiciones de la función pública y demás normativas laborales aplicables.

Esta es una visión general de las disposiciones iniciales de la Ley N.º 5016/2014, enfocadas en establecer un marco normativo para el tránsito y la seguridad vial en Paraguay, destacando la creación y funciones de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial como ente rector en la materia.

Ver la Ley N° 5016 >>>

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Ley N° 7162/23 Crea la superintendencia de valores

2024-09-30T12:21:00.000-07:00

LEY Nº 7162

QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES EN SUSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y LE OTORGA MAYORES ATRIBUCIONES.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Capítulo I

De la Superintendencia de Valores

Artículo 1.º Créase la Superintendencia de Valores, en sustitución de la Comisión Nacional de Valores (CNV), como autoridad de regulación, supervisión y control del Mercado de Valores. La Superintendencia de Valores formará parte del Banco Central del Paraguay, pero gozará de autonomía funcional en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 2.º La Superintendencia de Valores actuará bajo la dirección del Superintendente de Valores, quien será designado por el Poder Ejecutivo de una terna de candidatos seleccionados por el Directorio del Banco Central del Paraguay. Durará 5 (cinco) años en sus funciones, pudiendo ser reelecto.

Artículo 3.º El Superintendente de Valores deberá ser de nacionalidad paraguaya, poseer título universitario y tener probada idoneidad en materia bursátil, económica, financiera, jurídica o afines.

Artículo 4.º No podrá ser designado como Superintendente de Valores:

a) quien fuere director, síndico, funcionario, asesor o apoderado de las entidades fiscalizadas por el Banco Central del Paraguay;

b) toda persona vinculada directamente de manera comercial, económica o profesional a actividades que pudieran generar conflictos de intereses en las tomas de decisiones propias de la Superintendencia de Valores, mientras duren dichas vinculaciones;

c) quien hubiere sido declarado en quiebra dolosa, aunque se hubiese rehabilitado;

d) quien haya sido condenado por la comisión de delitos contra el patrimonio, la fe pública o los deberes de función o por delitos tributarios;

e) quien tenga obligaciones en mora con el Fisco, salvo que las mismas se hallen recurridas y se encuentren pendientes de resolución; y,

f) aquel concursado y fallido y en general a quien afecte la medida de inhibición general de vender o gravar.

Artículo 5.º El Superintendente de Valores cesará en su cargo por:

a) expiración del plazo de su nombramiento. Sin embargo, permanecerá en funciones hasta tanto el Poder Ejecutivo haga efectiva la designación correspondiente;

b) renuncia;

c) alguna inhabilidad o causa sobreviniente que le impida ejercer el cargo;

d) el mal desempeño de sus funciones, determinada por el Directorio del Banco Central del Paraguay; y,

e) condena ejecutoriada por delito doloso o una pena de prisión, de conformidad con la sentencia del tribunal.

Artículo 6.º Obligaciones y atribuciones.

Corresponderá en exclusividad al Banco Central del Paraguay, por medio de la Superintendencia de Valores:

a) ejercer las funciones de inspección y supervisión que la ley de Mercado de Valores y las resoluciones dictadas por el Directorio del Banco Central del Paraguay determinan;

b) vigilar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la ley de Mercado de Valores, y sus reglamentaciones;

c) interpretar y reglamentar las leyes relativas al Mercado de Valores, y las que sean necesarias para su aplicación;

d) fomentar y preservar un Mercado de Valores competitivo, ordenado y transparente;

e) velar por la correcta formación de los precios en los mercados, a cuyo efecto el Banco Central del Paraguay impartirá reglas de carácter general;

f) facilitar la difusión de la información necesaria para proteger a los inversionistas;

g) supervisar y controlar a las personas que la presente ley u otras leyes así le encomienden;

h) llevar el registro público del Mercado de Valores;

i) aplicar las sanciones establecidas en la ley y que se correspondan con infracciones a disposiciones normativas que rijan al Mercado de Valores;

j) requerir de las personas o entidades fiscalizadas que proporcionen al público, en la forma, plazos y vías que el Banco Central del Paraguay reglamente, información veraz, suficiente y oportuna sobre su situación jurídica, económica y financiera;

k) fijar las normas para el contenido, diseño, confección y presentación de las memorias, balances, estados de situación y demás estados financieros de las instituciones fiscalizadas y determinar los principios, conforme con los cuales deberán llevar su contabilidad;

l) inspeccionar a las personas o entidades fiscalizadas;

m) regular, vigilar y sancionar la actuación de los auditores externos, impartirles normas sobre el contenido de sus dictámenes y requerirle cualquier información o antecedentes relativos al cumplimiento de sus funciones;

n) suspender o cancelar una oferta pública cuando se presentaren indicios de que en las negociaciones objeto de la oferta se ha procedido en forma engañosa o irregular, o si la información proporcionada no refleja adecuadamente la situación financiera, patrimonial o jurídica del emisor sujeto a su control o, en general, por requerirlo el interés público;

ñ) ordenar la suspensión inmediata de la propaganda o información publicitaria de las personas que hagan oferta pública de títulos, o que ofrezcan servicios de intermediación, cuando sean contrarias a la ley o a la reglamentación que haya dictado el Banco Central del Paraguay, o cuando esta considere que es engañosa o que se hacen afirmaciones o se suministran datos que no son verídicos;

o) evacuar las consultas y peticiones formuladas por accionistas, administradores, inversionistas u otros legítimos interesados, e interpretar en materia de su competencia las disposiciones normativas que rigen el Mercado de Valores;

p) investigar las denuncias o reclamos formulados por accionistas, inversionistas u otros legítimos interesados, en materia de su competencia, siempre que se adecúen a los requisitos establecidos para ello;

q) autorizar a las entidades fiscalizadas a operar en el Mercado de Valores, a inscribir ante la misma la modificación de sus estatutos, o a su retiro del mercado;

r) establecer sus aranceles y autorizar los aranceles y condiciones generales que podrán cobrar las bolsas;

s) contratar el servicio de peritos y técnicos para ejercer sus funciones; y,

t) ejercer las demás facultades que ésta, la ley de Mercado de Valores y otras leyes expresamente le confieran.

Artículo 7.º La Superintendencia de Valores tendrá las atribuciones que determina esta ley y, a partir de la vigencia de la presente ley, contará con las mismas funciones y atribuciones con que estaba investida anteriormente la Comisión Nacional de Valores en la ley que rige el Mercado de Valores, así como en otras leyes que expresamente le han conferido atribuciones a la Comisión Nacional de Valores.

Toda propiedad, derecho, competencia y mención que las leyes y normativas anteriores a ésta realicen y otorguen a la Comisión Nacional de Valores o la Comisión, a partir de la presente ley, pasarán al Banco Central del Paraguay, quien ejercerá su competencia a través de la Superintendencia de Valores.

Las disposiciones reglamentarias que rigen la conducta de los sujetos supervisados por la Superintendencia de Valores y sus administradores seguirán vigentes hasta tanto sean derogadas, abrogadas, modificadas o dejadas sin efecto por un nuevo reglamento, según las previsiones de la presente ley.

Corresponderá al Directorio del Banco Central del Paraguay el ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en la presente ley y en la ley de Mercado de Valores, así como las que corresponda a la Superintendencia de Valores y se avoque para sí. También corresponderá al Directorio del Banco Central del Paraguay la instrucción de los sumarios administrativos a los sujetos bajo la supervisión de la Superintendencia de Valores, a denuncia de esta o de oficio, a través del procedimiento determinado en la ley Orgánica del Banco Central del Paraguay; donde al Directorio corresponde resolver.

El Directorio del Banco Central del Paraguay podrá delegar en la Superintendencia de Valores las atribuciones que estime pertinentes, sin perjuicio de su potestad de modificación o revocación de las decisiones del Superintendente, de oficio o a petición de parte.

Artículo 8.º La estructura orgánica y la organización interna de funcionamiento de la Superintendencia de Valores, serán dispuestas por el Directorio del Banco Central del Paraguay.

Artículo 9.º Se garantiza la estabilidad laboral, derechos adquiridos y antigüedad de todos los funcionarios que pertenecían a la Comisión Nacional de Valores, incluidos los comisionados. A tal efecto, se autoriza al Ministro de la Secretaría de la Función Pública a redistribuir a los funcionarios en una o varias Instituciones públicas, con sus rubros respectivos.

Artículo 10.º En cuanto al régimen de aporte jubilatorio, se estará a lo dispuesto a los beneficios establecidos en la Ley N° 3856/2009 “QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 ‘DE LA FUNCION PUBLICA”.

Artículo 11.º El actual Presidente de la Comisión Nacional de Valores asumirá como Superintendente de Valores de manera interina, hasta tanto el Poder Ejecutivo realice una designación en los términos previstos en la presente ley. Los miembros actuales del Directorio de la Comisión Nacional de Valores cesarán en sus funciones, a partir de la promulgación de la presente ley.

Capítulo II

Del acceso e intercambio de información

Artículo 12.º De las facultades de la Superintendencia de Valores en cuanto a acceso e intercambio de información.

La Superintendencia de Valores, en el ejercicio de sus facultades de supervisión e investigación, se encuentra facultada para:

a) solicitar, obtener y suministrar información relacionada a actividades que afectan al Mercado de Valores nacional o internacional y relacionadas en la materia de su competencia, del Banco Central del Paraguay y la Subsecretaría de Estado de Tributación, dentro de una investigación de supuestas infracciones o hechos punibles que afectan a los Mercados de Valores, tanto nacional como internacional. En ambos casos, el deber de secreto y las responsabilidades derivadas de su incumplimiento se transmiten a la entidad receptora de la información.

b) requerir directamente informaciones y documentos, a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, considerados necesarios para investigaciones de supuestas infracciones o hechos punibles que afectan a los Mercados de Valores, tanto nacional como internacional y a fin de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en los convenios, memorandos de entendimiento o acuerdos de cooperación.

El Banco Central del Paraguay podrá celebrar convenios, memorandos de entendimiento o acuerdos de cooperación con organizaciones u organismos internacionales y con autoridades o agencias gubernamentales reguladoras y supervisoras de Mercados de Valores en otros países, bajo condiciones de reciprocidad, acorde con los estándares internacionales de cooperación e intercambio de información. El Directorio del Banco Central del Paraguay podrá delegar al Superintendente de Valores la celebración de dichos convenios, memorandos o acuerdos de cooperación.

Artículo 13.º La información requerida por la Superintendencia de Valores deberá ser suministrada dentro del plazo establecido por ella. En estos casos, no serán oponibles al requerimiento de suministro de información y registros bancarios, las restricciones comprendidas dentro del secreto bancario, impositivo, bursátil o ningún otro tipo de restricción establecida en otras disposiciones normativas, debiendo proveerse la información, siempre y cuando se la requiera dentro del alcance previsto en el artículo 12 de la presente ley.

Si la información no fuera suministrada por la persona física o entidad requerida en tiempo y forma, la Superintendencia de Valores requerirá al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno la emisión de una orden judicial, la que será despachada en el día.

Además, podrá requerirse la comparecencia de cualquier persona física y representante legal, director o ejecutivo de cualquier persona jurídica, a los efectos de tomar declaración en el marco de investigaciones de supuestas infracciones o delitos que afectan a los Mercados de Valores, tanto nacional como internacional. La Superintendencia de Valores podrá tomar declaración en nombre de otras organizaciones u organismos internacionales o de autoridades o agencias gubernamentales reguladoras y supervisoras de Mercados de Valores de otros países. En caso de incomparecencia, la Superintendencia de Valores requerirá al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno la emisión de una orden judicial, la que será despachada en el día.

Artículo 14.º Obligación de secreto y confidencialidad.

Los convenios, memorandos de entendimiento o acuerdos de cooperación deberán ser suscriptos bajo condiciones que garanticen que la información y documentación que reciban, tanto las organizaciones u organismos internacionales y autoridades o agencias gubernamentales reguladoras y supervisoras de Mercados de Valores en otros países como sus funcionarios, empleados, así como cualquier persona que pueda tener acceso a la información, estarán sometidos a las mismas obligaciones de secreto y confidencialidad que rigen para la Superintendencia de Valores y sus funcionarios.

Toda información y documentación recibida por una entidad extranjera requirente y sus funcionarios deberá estar sometida a las mismas obligaciones de secreto y confidencialidad que rigen para la Superintendencia de Valores y sus funcionarios.

Asimismo, las partes y sus funcionarios deberán mantener la confidencialidad de los pedidos y/o suministro de información efectuados.

La Superintendencia de Valores y cualquier organismo que reciba la información en el marco de acuerdos de cooperación y reciprocidad, o acuerdos multilaterales de cooperación en los que la Superintendencia de Valores sea parte, mantendrá el carácter de reservada, siendo su uso exclusivo para los fines solicitados, debiendo garantizarse la confidencialidad de la información.

Las obligaciones de secreto y confidencialidad rigen también para personas que con anterioridad han prestado servicios a la Comisión Nacional de Valores y de cualquier otra persona que tenga o hubiera tenido acceso a la información y documentación tanto pública como reservada y confidencial.

Artículo 15.º Asesoramiento bursátil.

A fin de dar cumplimiento a los estándares internacionales reconocidos para el desarrollo de los mercados de valores y la protección de los inversionistas, el Directorio del Banco Central del Paraguay, a través de normativas de carácter general, regulará y supervisará el servicio de asesoramiento bursátil dentro del territorio nacional.

Las personas que deseen brindar el servicio de asesoramiento bursátil dentro del territorio nacional deberán inscribirse en los registros de la Superintendencia de Valores y someterse a las normas impartidas por ésta.

Las personas inscriptas como asesores bursátiles en el registro y que incumplieren las normativas de carácter general que rigen al Mercado de Valores, serán pasibles de sanciones administrativas aplicadas por el Directorio del Banco Central del Paraguay, en las condiciones establecidas en la ley del Mercado de Valores.

Constituye delito brindar el servicio de asesoramiento bursátil dentro del territorio nacional sin estar inscripto en los registros correspondientes y será sancionado con pena privativa de libertad de hasta 3 (tres) años o multa.

Artículo 16.º El Directorio del Banco Central del Paraguay podrá dictar normas complementarias y reglamentarias para la aplicación de la presente ley.

Artículo 17.º La presente ley empezará a regir a partir del día siguiente de su publicación.

Artículo 18.º Deróguense los artículos 164, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, y 176 de la Ley N° 5.810/2017 “MERCADO DE VALORES”, y todas las disposiciones que sean contrarias a la presente ley.

Artículo 19.º Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los doce días del mes de julio del año dos mil veintitrés, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, queda sancionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 numeral 1) de la Constitución Nacional.

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Ver también: Leyes acerca del Mercado de Valores

Ley N° 7162/23, "Que crea la Superintendencia de valores en sustitución de la Comisión Nacional de Valores y le otorga mayores atribuciones".

Ley N° 5810/17, "Mercado de valores".

Ley N° 1284/98, "Mercado de valores" [DEROGADA]

Ley N° 1034, "Del Comerciante

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Comentarios a la Ley N° 6977

2024-09-26T13:37:00.000-07:00

La Ley N° 6977/2023, promulgada el 26 de enero de 2023, regula el fomento, generación, producción,

desarrollo y utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales (ERNC) que no sean hidráulicas. Esta ley es un hito en el marco normativo de Paraguay, dado su enfoque en la diversificación de la matriz energética, la sostenibilidad y la promoción del desarrollo industrial y tecnológico.

La Ley N° 6977/2023 establece el marco regulatorio para fomentar, generar, producir, desarrollar y utilizar energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales (ERNC) no hidráulicas en Paraguay. Su promulgación busca diversificar la matriz energética del país, reducir la dependencia de la hidroelectricidad y promover el uso de recursos sostenibles como energía solar, eólica, biomasa, hidrógeno verde y geotérmica.

Puntos clave de la Ley N° 6977

Objeto y alcance: Promueve el uso de fuentes de ERNC, como biomasa, bioenergía, energía geotérmica, solar, eólica e hidrógeno verde, excluyendo explícitamente la energía hidráulica. Declara estas actividades como de utilidad pública e interés social, con el objetivo de garantizar la diversificación energética, la protección ambiental y el uso eficiente de los recursos naturales.
Beneficios e incentivos:
- Las personas o empresas dedicadas a estas actividades reciben incentivos tributarios y fiscales.
- Se simplifican los procesos para la obtención de licencias y permisos.
Generación y comercialización:
- Permite a los autogeneradores inyectar excedentes de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
- Promueve la exportación de energía eléctrica, regulando la participación de productores nacionales e internacionales.
Regulación y control:
- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es la autoridad de aplicación, encargada de otorgar licencias y supervisar el cumplimiento de las disposiciones. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) regula su implementación a través del Viceministerio de Minas y Energía. Este organismo otorga licencias y supervisa las operaciones vinculadas a la generación de ERNC.
- Establece figuras como autogeneradores, cogeneradores y generadores ERNC, detallando sus responsabilidades y derechos.
Objetivos estratégicos:

Diversificar las fuentes de energía en Paraguay.
Reducir la dependencia de la hidroelectricidad, que representa la principal fuente energética del país.
Promover la transición hacia un sistema energético sostenible y competitivo a nivel global.

Leer Ley N° 6977>>>

Fomento e Incentivos:

Ofrece beneficios fiscales para proyectos de ERNC.
Simplifica los procesos de autorización para autogeneradores, cogeneradores y exportadores de energía.

Sostenibilidad Ambiental: La norma subraya la importancia de reducir el impacto ambiental y proteger los recursos naturales renovables.

Nuevas Figuras:

Autogeneradores ERNC: Permiten inyectar excedentes al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Cogeneradores y Generadores ERNC: Promueven la producción a partir de procesos industriales relacionados.
Exportadores ERNC: Habilitan la exportación de energía renovable a mercados internacionales.

Contratos PPA: Los generadores pueden firmar acuerdos de compra de energía eléctrica (Power Purchase Agreements) de hasta 15 años con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Impacto y desafíos

La implementación de la ley posiciona a Paraguay como líder en energía limpia, pero enfrenta desafíos como la infraestructura limitada para fuentes como la solar y eólica. No obstante, la abundancia de recursos naturales coloca al país en una situación favorable para aprovechar estas oportunidades.

Esta legislación es un paso significativo hacia un futuro más sostenible, promoviendo inversiones y la innovación en el sector energético del país.

Leer Ley N° 6977>>>

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Conceptos de la Ley N° 1/92

2024-09-25T13:29:00.000-07:00

La Ley N° 1/92, al reformar el Código Civil, introdujo y reguló diversos términos y conceptos fundamentales relacionados con las relaciones familiares, el matrimonio y el patrimonio conyugal. A continuación, se presentan algunos de los términos y conceptos más relevantes:

1. Concubinato o Unión de Hecho (Art. 83-94):

Definición: Es la convivencia estable, pública y singular entre un hombre y una mujer que no están unidos en matrimonio, pero cumplen con los requisitos legales para formar una unión.
Efectos Jurídicos: Después de cuatro años de convivencia, se establece una comunidad de bienes gananciales. Si existen hijos comunes, se consideran cumplidos los requisitos de duración desde el nacimiento del primer hijo.
Derechos del Supérstite: El concubino sobreviviente puede heredar bienes y tener derechos sobre pensiones e indemnizaciones.

2. Bienes Gananciales (Art. 22, 30-37):

Definición: Son los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio a título oneroso o por el trabajo e industria de cualquiera de ellos.
Características:
- Se presumen gananciales todos los bienes adquiridos durante la unión, salvo prueba en contrario.
- Los bienes gananciales son administrados de manera conjunta, y su disposición requiere el consentimiento de ambos.

3. Comunidad de Gananciales (Art. 30-57):

Definición: Régimen patrimonial matrimonial en el que los bienes obtenidos durante el matrimonio son comunes y deben ser repartidos equitativamente al disolverse la unión.
Cargas: Incluyen el sostenimiento de la familia, alimentos de los hijos y obligaciones tributarias relacionadas con los bienes.
Disolución: Puede darse por divorcio, muerte o acuerdo entre los cónyuges para cambiar el régimen patrimonial.

4. Régimen Patrimonial del Matrimonio (Art. 22-29):

Opciones:
a) Comunidad de Gananciales.
b) Participación Diferida: Cada cónyuge administra sus bienes, pero al disolverse la unión participan de las ganancias obtenidas por el otro.
c) Separación de Bienes: Cada cónyuge conserva la administración, uso y disposición de sus bienes, incluso durante el matrimonio.

5. Domicilio Conyugal (Art. 14):

Definición: Es el lugar donde los cónyuges acuerdan hacer vida en común. Ambos tienen igual autoridad y derechos en este espacio.
Ausencia: Se permite temporalmente para funciones públicas, ejercicio profesional o intereses relevantes, salvo que afecte negativamente la convivencia o el sostenimiento de la familia.

6. Bien de Familia (Art. 95-97):

Definición: Es un inmueble protegido legalmente para garantizar la seguridad económica del núcleo familiar.
Beneficiarios: Incluyen cónyuges, concubinos, hijos, ascendientes en estado de necesidad y hermanos menores o incapaces.
Constitución: Puede ser realizada por cualquiera de los cónyuges, el padre/madre soltero o una persona sobre sus bienes disponibles.

7. Capitulaciones Matrimoniales (Art. 23-29):

Definición: Acuerdo previo al matrimonio donde los contrayentes establecen el régimen patrimonial que regirá durante la unión.
Formalidad: Deben realizarse en escritura pública y ser inscritas en los Registros Públicos para tener efectos frente a terceros.

8. Alimentos (Art. 76-81):

Definición: Es el derecho de un cónyuge a recibir sustento del otro si se encuentra en estado de necesidad tras el divorcio o separación.
Excepciones: No procede si el beneficiario fue declarado culpable de la disolución del matrimonio.

9. Igualdad de los Cónyuges (Art. 6 y 15):

Concepto: Ambos cónyuges tienen iguales derechos y responsabilidades en el hogar y en la administración del patrimonio. La ley elimina cualquier tipo de subordinación entre ellos.

10. Derechos de los Hijos (Art. 12):

Apellidos: Los hijos matrimoniales llevan el primer apellido de cada progenitor, en el orden acordado por ambos padres.
Decisiones: Los padres tienen derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos y a recibir orientación sobre planificación familiar.

Estos conceptos reflejan los esfuerzos de la Ley N° 1/92 por modernizar el marco legal del Código Civil paraguayo, asegurando mayor equidad y protección tanto en el ámbito familiar como patrimonial. ¿Hay algún término que te interese explorar con mayor profundidad?

Déjanos tus comentarios.

También puedes ver:

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Comentarios a la Ley N° 1/92

2024-09-24T09:27:00.000-07:00

Reforma del Código Civil: Ley N° 1/92 y sus cambios Clave

La Ley N° 1/92, titulada "De la Reforma Parcial del Código Civil", marcó un hito en el sistema jurídico paraguayo. Esta normativa modernizó aspectos fundamentales del derecho civil, priorizando la igualdad, la protección familiar y la adaptación a nuevas realidades sociales. A continuación, respondemos a algunas preguntas clave sobre su contenido:

¿Cuáles son las reformas principales de la Ley N° 1/92?

Igualdad entre cónyuges y derechos familiares:

Se estableció la igualdad de derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer en el matrimonio (Art. 6).
Los cónyuges tienen iguales deberes respecto al hogar y los hijos, independientemente de sus aportes económicos.

La Ley N° 1/92 refuerza la igualdad entre cónyuges y los derechos familiares mediante una serie de disposiciones que promueven un enfoque equitativo en las relaciones matrimoniales. Aquí se destacan algunos puntos clave que podrían enfatizarse:

1. Igualdad en el hogar y la toma de decisiones (Art. 6, 15 y 16):

Ambos cónyuges tienen iguales deberes y derechos en el hogar, independientemente de su contribución económica. Esto incluye decisiones sobre el cuidado del hogar, los hijos y los asuntos cotidianos.
Cada cónyuge tiene el deber y derecho de participar en el gobierno del hogar, y las decisiones económicas deben tomarse de forma conjunta.
Si uno de los cónyuges no puede ejercer sus derechos o funciones, el otro asume esas responsabilidades en las condiciones previstas por la ley.

2. Contribución equitativa al sostenimiento del hogar (Art. 8 y 9):

La contribución económica de los cónyuges al hogar será proporcional a sus ingresos.
La atención y cuidado del hogar se reconoce como una función socialmente útil y de responsabilidad compartida. Si un cónyuge se dedica exclusivamente a estas labores, el otro debe asumir la carga económica.

3. Independencia personal y profesional (Art. 7 y 14):

Cada cónyuge tiene el derecho de ejercer cualquier profesión, industria o actividad lícita, sin que esto implique subordinación dentro del matrimonio.
Se garantiza igualdad en la autoridad dentro del domicilio conyugal, y cualquiera de los cónyuges puede ausentarse temporalmente por razones profesionales o personales justificadas.

4. Decisiones sobre los hijos (Art. 12 y 13):

Los padres tienen iguales derechos para decidir el orden de los apellidos de sus hijos y el número y espaciamiento de estos. Además, tienen derecho a recibir orientación científica en instituciones estatales para la planificación familiar.

5. Uso del apellido marital y respeto mutuo (Art. 10 y 11):

La mujer puede optar por usar el apellido del marido junto al suyo, sin que esto implique pérdida de identidad, mientras que el marido tiene la misma opción respecto al apellido de su esposa.
El no uso del apellido marital por parte de la mujer no puede ser considerado ofensivo por el marido, estableciendo un principio de respeto mutuo.

6. Reconocimiento de los derechos dentro de un régimen patrimonial equitativo (Art. 22 y siguientes):

La ley ofrece flexibilidad en la elección del régimen patrimonial, eliminando la subordinación económica y asegurando igualdad en la administración y disposición de los bienes comunes o propios.

La Ley N° 1/92 no solo reconoce la igualdad formal entre cónyuges, sino que también la traduce en prácticas legales que refuerzan el respeto, la colaboración y la corresponsabilidad. Esto constituye un marco avanzado que fomenta relaciones equilibradas y protege los derechos individuales dentro del matrimonio.

En un contexto social actual, estas disposiciones siguen siendo relevantes para fortalecer la equidad en las familias.

Régimen patrimonial del matrimonio:

Se introdujeron opciones como la comunidad de gananciales, participación diferida y separación de bienes (Art. 22).

Las capitulaciones matrimoniales deben constar por escrito, promoviendo mayor claridad en acuerdos patrimoniales.

Uniones de hecho o concubinato:

- La ley reconoció derechos patrimoniales y de familia para parejas en unión estable y pública (Art. 83-94).

¿Qué otros cambios importantes trajo esta ley?

La mujer casada puede decidir el uso de su apellido marital sin implicar cambio de identidad oficial (Art. 10).
Regulación sobre el uso del apellido de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales (Art. 12).
Derecho de los cónyuges a decidir libremente sobre la planificación familiar (Art. 13).

Esta reforma fortaleció derechos individuales y colectivos, promoviendo la equidad y la protección familiar.

¡Déjanos tu opinión!

Leer la Ley N° 1/92 >>>

También puedes ver:

Código Civil

Título Preliminar
Libro I De las personas y de los derechos personales en las relaciones de familia
Libro II De los hechos y actos jurídicos y de las obligaciones
Libro III De los contratos y de otras fuentes de obligaciones
Libro IV De los derechos reales o sobre las cosas
Libro V De la sucesión por causa de muerte

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Modificaciones del Código Civil

2024-08-24T13:45:00.000-07:00

¿El Código Civil ha sufrido modificaciones?

El Código Civil paraguayo, columna vertebral del sistema jurídico, ha sido objeto de múltiples reformas a lo largo de los años. Estas modificaciones buscan adaptarlo a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Entre las reformas más destacadas se encuentra la Ley N° 1, que representó una reforma parcial clave, y la Ley N° 45/91, que introdujo el divorcio vincular, permitiendo la disolución legal del matrimonio.

Principales modificaciones al Código Civil

1. ¿Qué cambios introdujo la Ley N° 1?

Esta reforma ajustó varias disposiciones fundamentales del Código Civil. Posteriormente, fue complementada y modificada por leyes como la Ley N° 5329, que impactó el Art. 54, y la Ley N° 5419, que afectó los Arts. 17 y 20.

¿Cuáles son las reformas principales de la Ley N° 1/92?

Algunas son, la igualdad entre cónyuges y derechos familiares, igualdad en el hogar y la toma de decisiones (Art. 6, 15 y 16), todo lo atinente al régimen patrimonial del matrimonio.

Esta reforma fortaleció derechos individuales y colectivos, promoviendo la equidad y la protección familiar. Ver más >>>

También puedes ver: 50 Respuestas sobre la Ley N° 1/92: Una Guía Completa | Conceptos de la Ley N° 1/92 | Comentarios a la Ley N° 1/92

2. ¿Qué establece la Ley N° 45/91?

Esta ley transformó el derecho matrimonial al permitir el divorcio vincular, lo que marcó un avance significativo en los derechos civiles. Más tarde, la Ley N° 5422 ajustó varios de sus artículos, perfeccionando el proceso.

3. ¿Qué avances hubo en el ámbito comercial?

La Ley N° 805/96 reformó el uso de cheques, creando la figura del cheque bancario de pago diferido y despenalizando el cheque con fecha adelantada. Estas disposiciones fueron nuevamente ajustadas por las leyes N° 2835/05, después derogada por la Ley N° 3711.

En total, más de una docena de leyes especiales, como la Ley N° 3228 y la Ley N° 5063, han modificado aspectos del Código Civil, evidenciando su evolución constante para responder a las necesidades de la sociedad moderna.

¿Sabías que estas reformas impactan derechos como los contratos, las obligaciones y el comercio? Comprenderlas es clave para navegar el sistema legal actual. ¿Te afectan estas modificaciones?

¡Déjanos tu opinión en los comentarios!

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CÓDIGO CIVIL PARAGUAYO

Título Preliminar
Libro I De las personas y de los derechos personales en las relaciones de familia
Libro II De los hechos y actos jurídicos y de las obligaciones
Libro III De los contratos y de otras fuentes de obligaciones
Libro IV De los derechos reales o sobre las cosas
Libro V De la sucesión por causa de muerte

Leyes especiales

Ley N° 1/92, "De la reforma parcial del Código Civil".

Ley N° 5329, Que modifica el Art. 54 de la Ley N° 1/92.
Ley N° 5419, Que modifica los Arts. 17 y 20 de la Ley Ley N° 1/92.

Ley N° 45/91, "Que establece el Divorcio vincular del matrimonio".

Ley N° 5422, Que modifica los Arts. 4, 5, 6, 7 y 13 de la Ley N° 45/91.

Ley N° 388/94

Ley N° 3228

Ley N° 805/96, "Que modifica varios artículos del Capítulo XXVI, Título II, Libro III, del Código Civil y crea la figura del cheque bancario de pago diferido, deroga la Ley N° 941/64 y despenaliza el cheque con fecha adelantada.

Ley N° 2835/05, "Que modifica los artículos 10 y 16 y deroga el artículo 13 de la Ley N° 805/96". LEY DEROGADA POR LA LEY 3711.
Ley N° 3711, "Que modifica los artículos 10, 13 y 16 de la Ley N° 805... y deroga la Ley N° 2835.

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Código Civil

Título Preliminar
Libro I De las personas y de los derechos personales en las relaciones de familia
Libro II De los hechos y actos jurídicos y de las obligaciones
Libro III De los contratos y de otras fuentes de obligaciones
Libro IV De los derechos reales o sobre las cosas
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Códigos

2024-07-07T06:16:00.000-07:00

Índice de Códigos de la República del Paraguay y la Constitución.

Constitución de la República del Paraguay

Parte I DE LAS DECLARACIONES FUNDAMENTALES, DE LOS DERECHOS, DE LOS DEBERES Y DE LAS GARANTÍAS.
Parte II DEL ORDENAMIENTO POLITICO DE LA REPUBLICA
Ley que establece la Administración Política de 1844
Constitución de 1870

Código Civil

Título Preliminar
Libro I De las personas y de los derechos personales en las relaciones de familia
Libro II De los hechos y actos jurídicos y de las obligaciones
Libro III De los contratos y de otras fuentes de obligaciones
Libro IV De los derechos reales o sobre las cosas
Libro V De la sucesión por causa de muerte

+Leyes relacionadas al Derecho Civil

Código Procesal Civil

Libro I De las Disposiciones Generales

Comentarios

Libro II Del proceso de conocimiento ordinario
Libro III Del proceso de ejecución
Libro IV De los juicios y procesos especiales
Libro V Del proceso arbitral.

Código de Organización Judicial

Leyes complementaria, modificaciones y otros

Código del Trabajo

Código Procesal Laboral
Ley de Quiebras
Ley del Comerciante
Ley de Honorarios Profesionales

Ley 4590 modificatoria

Código de la Niñez y la Adolescencia

Leyes relacionadas al fuero de la Niñez y la Adolescencia

+Leyes por años
+Leyes relacionadas al Derecho Civil

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Paraguay

Encarnación, la nueva "perla" del turismo

Asi tituló su publicación el diario La Razón de España, en su edición digital ( ver ) Entre otros temas señala cuanto sigue: Encarnación, ...

Miles de personas visitaron la playa

Este 24 y 25 de diciembre, miles de personas se agolparon en las playas de Encarnación, buscando refrescarse un poco de tanto calor. S...

Resumen del verano en la playa

Esta temporada del verano que está pronto a concluir fue extraordinaria para la Ciudad de Encarnación, anticipando no solo los festejos que...

Incremento del salario mínimo

2024-06-18T06:37:00.000-07:00

Recientemente por Decreto N° 1909, por el cual se establece el incremento del Salario mínimo.

El Presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 1909, mediante el cual se dispone el reajuste del salario mínimo legal para los trabajadores del sector privado. Este ajuste, que representa un incremento del 4.4%, se implementará a partir del 1 de julio de 2024.

La publicación del sitio oficial de la Presidencia dice que la medida responde a la recomendación del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), basada en la inflación acumulada medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo informado por el Banco Central del Paraguay. El nuevo salario mínimo legal será de dos millones setecientos noventa y ocho mil trescientos nueve guaraníes (G. 2.798.309), mientras que el jornal mínimo se establecerá en ciento siete mil seiscientos veintisiete guaraníes (G. 107.627).

El Decreto N° 1909 autoriza además al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a reglamentar y publicar los salarios mínimos para diversas actividades especificadas. Esta disposición tiene como objetivo asegurar la adecuada implementación del reajuste y el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos.

El reajuste salarial es un paso significativo hacia la mejora de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores paraguayos, asegurando una mayor justicia social y equidad en el ámbito laboral.

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 1909, mediante el cual se dispone el reajuste del salario mínimo legal para los trabajadores del sector privado. Este ajuste, que representa un incremento del 4.4%, se implementará a partir del 1 de julio de 2024.

La medida responde a la recomendación del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), basada en la inflación acumulada medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo informado por el Banco Central del Paraguay. El nuevo salario mínimo legal será de dos millones setecientos noventa y ocho mil trescientos nueve guaraníes (G. 2.798.309), mientras que el jornal mínimo se establecerá en ciento siete mil seiscientos veintisiete guaraníes (G. 107.627).

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LEYES NACIONALES

Leyes por años
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Ley 6977 Fomento y utilización de energía elect. fuentes renovables

2024-04-24T13:35:00.000-07:00

LEY N° 6977

QUE REGULA EL FOMENTO, GENERACIÓN, PRODUCCIÓN, DESARROLLO Y LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES NO HIDRÁULICAS

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto promover el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energías renovables no convencionales no hidráulicas. Queda excluida de la aplicación del presente ordenamiento la producción de energía de origen hidráulica.

Esta actividad económica será regulada y fiscalizada por el Estado, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.

Artículo 2°.- Domicilio. La producción de energía eléctrica a partir de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), solo podrá ser realizada por personas físicas o jurídicas con domicilio en el país, constituidas de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 3°.- Principios. La presente Ley regula la implementación de la política nacional sobre energía referente a: la integración y complementación energética nacional y regional; la diversificación de las fuentes de energías disponibles con miras al desarrollo sostenible, la incorporación de nuevas tecnologías para el abastecimiento energético en el corto, mediano y lago plazo, con el mínimo impacto ambiental.

Respetando los principios citados para el aprovechamiento racional de las fuentes de energías, con énfasis en las fuentes renovables no convencionales no hidráulicas, la presente Ley tiene como objeto cumplir con los siguientes objetivos:

1) Crear el marco legal, que incentive el aprovechamiento de fuentes renovables de energías no hidráulicas y permita inversiones en generación eléctrica y compraventa de energía.

2) Preservar los intereses nacionales en materia energética.

3) Promover el desarrollo empresarial e industrial local y ofrecer alternativas para el empleo de otras fuentes energéticas que no sean hidráulicas.

4) Proteger el medio ambiente.

5) Promover la eficiencia energética e incentivar el uso de fuentes renovables de energías no convencional para la generación de electricidad que no sean las hidráulicas.

6) Fomentar, con bases económicas, e incentivos la utilización de fuentes renovables de energías que no sean hidráulicas para la generación de electricidad.

7) Promover la participación privada para la producción y comercialización adecuadas para el suministro de energía al mercado energético regional.

8) Promover la libre competencia en contratos de generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), para suministro de la generación de la energía eléctrica.

9) Interesar y fomentar las inversiones privadas en el desarrollo de proyectos de producción de energía eléctrica.

10) Estimular la inversión en la investigación y el desarrollo para la producción y utilización de energía a partir de fuentes no convencionales de energías, principalmente aquellas de carácter no hidráulica, mediante el establecimiento de incentivos tributarios, arancelarios y demás mecanismos que estimulen el desarrollo de tales fuentes en el país.

11) Ampliar la competitividad del país en el suministro de energía eléctrica y modificar de manera significativa la matriz energética supliendo de manera paulatina la producción y uso de energía eléctrica de origen biomasa forestal e hidrocarburos.

Artículo 4°.- Definiciones. A los efectos de la presente Ley, se denomina:

1) Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Son las fuentes de energías no fósiles: biomasa, bioenergía, geotérmica, solar, eólica, e hidrógeno verde.

2) Biomasa. Materia orgánica originada en un proceso biológico espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía.

3) Bioenergía. Es la energía contenida en la biomasa obtenida mediante procesos sostenibles de desechos animales, biocombustibles, biogás y residuos urbanos.

Exclúyase como biocombustible la madera y sus derivados, incluyendo en estos a la leña o carbón vegetal que posean origen en actividades ilegales de tala y de forestación de bosques nativos o transformación de superficie con cobertura de bosque. Solo podrán utilizarse como bioenergía aquellas maderas y sus derivados procedentes del uso, transformación o conversión de bosques, así como de superficies con cobertura de bosques que cumplan con las Leyes N°s 422/1973 “FORESTAL”, 294/1993 “EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL”, 5875/2017 “nacional de cambio climático”, 6676/2020 “QUE PROHÍBE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN Y CONVERSIÓN DE SUPERFICIES CON COBERTURA DE BOSQUES EN LA REGIÓN ORIENTAL” y concordantes, contando con la correspondiente autorización o licencia de la autoridad administrativa competente.

4) Biogás. Es un gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos, por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica, mediante la acción de microorganismos y otros factores, en ausencia de oxígeno.

5) Biocombustibles. Son combustibles sólidos, líquidos o gaseosos derivados de fuentes renovables como plantas y animales como el biodiesel, bioetanol, biogás, gas de síntesis y otros.

6) Energía Geotérmica o Geotermia. Es aquella que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor subsuelo terrestre.

7) Energía Solar. Es una energía primaria, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del sol.

8) Energía Eólica. Es energía cinética creada por el movimiento de masas de aire.

9) Hidrógeno Verde. Es el hidrógeno producido a partir del proceso de electrólisis del agua utilizando electricidad procedente de fuentes renovables a partir de biogás aprovechando residuos de ganadería, agricultura, industriales y/o urbanos.

10) ANDE. Administración Nacional de Electricidad, creada por Ley N° 966 del 12 de agosto de 1964, como empresa estatal autárquica, descentralizada de la Administración Pública.

11) MOPC. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

12) Autogeneración ERNC. Es la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), realizada por personas físicas o jurídicas, para atender su consumo propio.

13) Cogeneración ERNC. Es la producción conjunta de vapor u otra forma subsidiaria de energía con fines industriales o comerciales y de energía eléctrica, a partir de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

14) Generación ERNC. Es la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), para suministro a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o las concesionarias del servicio público de energía eléctrica en su área de concesión.

15) Exportación ERNC. Es la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), para fines de su exportación.

16) Licencia ERNC. Es el acto administrativo por el cual la autoridad de aplicación otorga a una persona física o jurídica el derecho de ejercer la actividad de producción de electricidad, a partir de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), mayor a un megavatio (MW), en los términos de la presente Ley.

17) Licencia de Exportador ERNC. Es el acto administrativo por el cual la autoridad de aplicación otorga a una persona física o jurídica el derecho de ejercer la actividad de producción de electricidad, a partir de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), mayor a un megavatio (MW), en los términos de la presente Ley y la exportación de dicha producción.

18) Registro ERNC. Es el registro público de las instalaciones de generación con fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), en los términos de la presente Ley.

19) Sistema Interconectado Nacional (SIN). Es la red eléctrica nacional que incluye las instalaciones de generación, transmisión y distribución, que se encuentran interconectadas.

20) Instalaciones de Transmisión. Son las líneas y subestaciones del Sistema de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional (SIN), utilizadas para el transporte de energía eléctrica por parte del exportador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

21) Transporte de Energía Eléctrica. Toda actividad destinada a la conducción de energía eléctrica desde el punto de recepción hasta el punto de entrega por medio de líneas eléctricas del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con fines de exportación.

22) Peaje. Es la tarifa pagada por el exportador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), por el transporte de energía eléctrica, en los términos de la presente Ley.

23) Tarifa de Referencia ERNC. Es la tarifa establecida para remunerar a las actividades de autogeneración de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y cogeneración de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), por la inyección de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Esta Tarifa de Referencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), es igual al componente de costo medio de generación, para el correspondiente nivel de tensión de conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Esta tarifa será establecida por la autoridad de aplicación en forma anual previo informe técnico y fundado de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

24) Energía Eléctrica Demandada. Es la energía eléctrica efectivamente tomada desde el Sistema Interconectado Nacional (SIN), en el punto de suministro.

25) Energía Eléctrica Inyectada. Es la energía eléctrica efectivamente entregada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), en el punto de suministro.

26) Potencia Eléctrica Demandada. Es la potencia eléctrica asociada a la energía demandada.

27) Potencia Eléctrica Inyectada. Es la potencia eléctrica asociada a la energía inyectada.

28) Contrato de Conexión y Suministro ERNC. Contrato suscrito por el autogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), generador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionario de energía eléctrica en su área de emplazamiento, en el cual se establecen los derechos y obligaciones relativos a la energía eléctrica demandada del Sistema Interconectado Nacional (SIN), e inyectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

29) Contrato de Transporte ERNC. Es el Contrato suscrito por el exportador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o con el concesionario de energía eléctrica de la zona, en el cual se establecen los derechos y obligaciones relativos al transporte de energía eléctrica.

30) Contrato de Exportación ERNC. Es el contrato suscrito por el exportador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), con una persona física o jurídica, domiciliada en otro país, en el cual se establecen los derechos y obligaciones relativos a la provisión de energía eléctrica a esta persona en territorio extranjero.

31) Punto de Suministro. Es el punto que corresponde a la interconexión del autogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), generador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y exportador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), al Sistema Interconectado Nacional (SIN), el cual es responsable de mantener las instalaciones de su propiedad en perfectas condiciones técnicas y de seguridad.

En lo que se refiere a otras definiciones específicas de recursos o fuentes de energías se tomarán como referencia los manuales de información energética de organismos internacionales especializados, en particular la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).

Artículo 5°.- Ámbito de aplicación. La presente Ley es aplicable a aquellas actividades generadoras de energía eléctrica a partir de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), la producción y comercialización independiente de energía eléctrica, incluyendo la autogeneración, cogeneración, generación y exportación eléctrica en el territorio nacional.

CAPÍTULO II

UTILIDAD PÚBLICA Y AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

Artículo 6°.- Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social. La promoción, estímulo e incentivo al desarrollo de las actividades de producción y utilización de fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable que no procedan del aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales de la corriente del agua o saltos de agua, se declara como un asunto de utilidad pública e interés social, fundamental para asegurar la diversificación del abastecimiento energético, la protección del ambiente, el uso eficiente de la energía y la preservación y conservación de los recursos naturales renovables.

Artículo 7°.- Autoridad de Aplicación. Se establece como autoridad de aplicación de la presente Ley al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Minas y Energía o la institución de rango ministerial que lo sustituya en carácter de institución rectora del sector energético nacional.

La autoridad de aplicación tendrá las siguientes atribuciones:

1) Dictar resoluciones de carácter normativo a fin de regular los procedimientos administrativos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en la presente Ley y su decreto reglamentario.

2) Establecer directrices para la adopción de normativas técnicas necesarias para la implementación de las actividades establecidas en la presente Ley y su decreto reglamentario.

3) Establecer los lineamientos para la autorización de conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN), que será solicitada por los autogeneradores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), generadores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y exportadores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

4) Controlar el adecuado cumplimiento de la presente Ley y su decreto reglamentario.

5) Recibir y evaluar las solicitudes de licencia presentadas por los interesados.

6) Otorgar licencia mediante el acto administrativo correspondiente.

7) Crear y mantener actualizado el Registro Público de autogeneradores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), generadores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y exportadores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

8) Establecer las directrices para la determinación del peaje que debe ser pagado por el transporte de energía eléctrica.

9) Establecer las directrices para la determinación de la tarifa de referencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), para remunerar a las actividades de autogeneración de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), y cogeneración de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

10) Establecer los lineamientos generales de los contratos que son objeto de la presente Ley y velar por el cumplimiento de los mismos.

11) Avenir a las partes, en instancia administrativa, cuando surjan conflictos en los contratos que son objeto de la presente Ley.

12) Las demás que, en el marco de la presente Ley, le atribuya el Poder Ejecutivo, a través de los decretos respectivos.

13) Garantizar que la exportación de energía eléctrica de fuente de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), no comprometa la seguridad energética del país.

CAPÍTULO III

DE LOS REGISTROS Y LAS LICENCIAS

Artículo 8°.- Otorgamiento de Licencias ERNC. La producción de energía eléctrica a partir de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), en proyectos con capacidad nominal de generación mayor a un megavatio (MW), requerirá de una licencia otorgada por la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación definirá los aspectos legales, administrativos, financieros, socioambientales, técnicos, u otros, requeridos para el otorgamiento de la licencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Asimismo, establecerá las distintas categorías y subcategorías de licencias según sean necesarias, de acuerdo a la complejidad y/o naturaleza del proyecto.

A solicitud del interesado, la autoridad de aplicación otorgará la licencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), y lo incluirá en el registro de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), una vez verificado el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos por la misma, por un plazo de hasta 15 (quince) años, renovable a solicitud del licenciatario.

La autoridad de aplicación, a solicitud del interesado, podrá otorgar una licencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), a una misma instalación comprometiendo partes distintas de la capacidad instalada.

Artículo 9°.- Cancelación de la Licencia ERNC. La autoridad de aplicación, previo sumario administrativo, podrá cancelar la licencia otorgada, si llegare a comprobar el incumplimiento de las normativas que rigen las actividades reguladas en la presente Ley y su reglamentación.

Artículo 10.- Excepción de la Licencia ERNC. Los autogeneradores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y cogeneradores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), en proyectos con capacidad de generación de hasta un megavatio (MW), que cumplan con los requisitos establecidos en la reglamentación no necesitarán licencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), requerirán solamente inscripción previa en el registro de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

CAPÍTULO IV

DEL AUTOGENERADOR ERNC.

Artículo 11.- Autogenerador ERNC. Es la persona física o jurídica inscripta en el registro de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), para producir energía eléctrica a partir de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), para atender su consumo propio, pudiendo inyectar sus excedentes de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

El autogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), sólo podrá suministrar energía eléctrica a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria de su zona. No está permitida la utilización de un mismo equipo de generación por más de un autogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Artículo 12.- Condiciones de Suministro. En caso que el autogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), se conecte al Sistema Interconectado Nacional (SIN), el mismo podrá poner a disposición de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria del servicio público de energía eléctrica en su área de emplazamiento, sus excedentes de producción de energía eléctrica.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) o concesionaria de la zona, se halla obligada a tomar el excedente de producción del autogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), toda vez que la potencia eléctrica inyectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), no supere a un megavatio (MW).

En caso que la potencia eléctrica inyectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), supere a un megavatio (MW), el retiro de la energía eléctrica inyectada correspondiente a la porción de potencia eléctrica inyectada superior a un megavatio (MW), será optativo a necesidad de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria de la zona.

La potencia inyectada no podrá superar la potencia eléctrica demandada prevista en el contrato de conexión y suministro de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), salvo las tolerancias a ser establecidas en la reglamentación.

Artículo 13.- Remuneración. Toda vez que la potencia eléctrica inyectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), no supere la potencia contratada, según definida en el contrato de conexión y suministro de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), a la energía eléctrica inyectada por el autogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), al Sistema Interconectado Nacional (SIN), se aplicará la tarifa de referencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

El valor monetario resultante de la energía eléctrica inyectada, será reconocido como un crédito a favor del autogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), en la factura de suministro emitida por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o la concesionaria de la zona. Estos créditos de energía podrán ser negociados con los derechos inherentes a los mismos con terceros naturales o jurídicos, según las normas que la autoridad de aplicación defina para tal fin.

De persistir un saldo positivo a favor del autogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), por un período superior a 6 (seis) meses, éste tendrá derecho a la retribución monetaria por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o la concesionaria de la zona, del saldo favorable acumulado en dicho período.

La adquisición de energía por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), al autogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), se encuentra excluida del marco legal que regula las contrataciones del sector público.

El presente artículo será objeto de reglamentación.

Artículo 14.- Medición. La Autoridad de Aplicación dictará la reglamentación respecto al sistema de medición bidireccional que será implementado para la entrega de los autogeneradores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), al Sistema Interconectado Nacional (SIN), los valores de energía producidos deberán ser informados a la autoridad de aplicación dentro del plazo que fuera establecido por ésta.

Artículo 15.- Obras de Conexión y Refuerzo. En caso que se requieran obras de conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN), entre las que se incluye el sistema de medición bidireccional, las mismas estarán a cargo del autogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Las obras de conexión deberán respetar las normas y especificaciones técnicas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria de la zona y preverán la debida integración al Sistema Interconectado Nacional (SIN). En caso necesario, la liberación de franja de servidumbre e indemnizaciones quedarán a cargo del autogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Cuando se requiera modificación, refuerzo o ampliación de capacidad de las instalaciones del Sistema Interconectado Nacional (SIN), el autogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), pagará a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria de la zona, el costo de estas obras.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria de la zona, reembolsará al autogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), hasta un 50 % (cincuenta por ciento), del valor de estas obras, mediante descuentos del 20 % (veinte por ciento), en el consumo facturado, durante un período de 2 (dos) años, contado desde la fecha de la conexión; el saldo, si los hubiere, quedará en beneficio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria de la zona.

Artículo 16.- Contrato de Conexión y Suministro ERNC. En caso que el autogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), requiera conectarse al Sistema Interconectado Nacional (SIN), deberá suscribir un Contrato con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria de energía eléctrica en su área de emplazamiento, en el cual se establecen los derechos y obligaciones relativos a la energía eléctrica demandada del Sistema Interconectado Nacional (SIN), e inyectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Dichos Contratos deberán ajustarse a los lineamientos generales establecidos por la autoridad de aplicación.

El Contrato de Conexión y Suministro de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), será firmado posteriormente a la obtención de la licencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), correspondiente que será otorgada por la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO V

COGENERADOR ERNC.

Artículo 17.- Cogenerador ERNC. Es la persona física o jurídica, inscripta en el registro de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), para producir conjuntamente vapor u otra forma subsidiaria de energía a fines industriales o comerciales y energía eléctrica, a partir de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), pudiendo inyectar sus excedentes de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

El cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), sólo podrá suministrar energía eléctrica a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria de su zona.

Artículo 18.- Condiciones de Suministro. En caso que el cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), se conecte al Sistema Interconectado Nacional (SIN), el mismo podrá poner a disposición de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria del servicio público de energía eléctrica en su área de emplazamiento, sus excedentes de producción de energía eléctrica.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria de la zona, tomará el excedente de producción de energía eléctrica del cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), cuando éste sea el correspondiente a una potencia eléctrica inyectada igual o menor a un megavatio (MW). En el caso de que el excedente de producción de energía eléctrica correspondiente a una potencia eléctrica inyectada superior a un megavatio (MW), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria de la zona, podrá tomarlo conforme a su conveniencia. Las condiciones del suministro serán establecidas en el contrato de conexión y suministro de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Artículo 19.- Remuneración. Toda vez que la potencia eléctrica inyectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), no supere a un megavatio (MW), a la energía eléctrica inyectada por el cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), al Sistema Interconectado Nacional (SIN), se aplicará la tarifa de referencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Cuando la potencia eléctrica inyectada supere a un megavatio (MW), a la energía eléctrica inyectada por el cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), al Sistema Interconectado Nacional (SIN), correspondiente a la porción de un megavatio (MW), se aplicará:

1) 70 % (setenta por ciento) de la tarifa de referencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), cuando la energía inyectada por el cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), al Sistema Interconectado Nacional (SIN), sea interrumpible por parte del cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

2) 100 % (cien por ciento) de la tarifa de referencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), cuando la energía inyectada por el cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), al Sistema Interconectado Nacional (SIN), sea no interrumpible por parte del cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

El valor monetario resultante por la energía inyectada, será reconocido como un crédito a favor del cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), en la factura de suministro emitida por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o la concesionaria de la zona. De persistir un saldo positivo a favor del cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), por un período superior a 2 (dos) meses, tendrá derecho a la retribución monetaria por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o la concesionaria de la zona, del saldo favorable acumulado en dicho período.

La adquisición de energía por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), al cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), se encuentra excluida del marco legal que regula las contrataciones del sector público.

Artículo 20.- Medición. La autoridad de aplicación dictará la reglamentación respecto al sistema de medición bidireccional que será implementado para la conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN), para los cogeneradores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), no conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN), los valores de energía producidos deberán ser informados a la autoridad de aplicación, dentro del plazo que fuera establecido por ésta.

Artículo 21.- Obras de Conexión y Refuerzo. En caso que se requieran obras de conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN), entre las que se incluye el sistema de medición bidireccional, las mismas estarán a cargo del cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Las instalaciones de conexión deberán respetar las normas y especificaciones técnicas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria de la zona y preverán la debida integración al Sistema Interconectado Nacional (SIN), incluido el sistema de medición bidireccional. En caso necesario, la liberación de franja de servidumbre e indemnizaciones quedarán a cargo del cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Cuando se requiera modificación, refuerzo o ampliación de capacidad de las instalaciones del Sistema Interconectado Nacional (SIN), el cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), pagará a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria de la zona, el costo de estas obras.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria de la zona, reembolsará al cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), hasta un 50 % (cincuenta por ciento), del valor de estas obras, mediante descuentos de 20 % (veinte por ciento), en el consumo facturado, durante un período de 2 (dos) años, contado desde la fecha de la conexión; el saldo, si los hubiere, quedará en beneficio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria de la zona.

Artículo 22.- Contrato de Conexión y Suministro ERNC. En caso que el cogenerador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), requiera conectarse al Sistema Interconectado Nacional (SIN), deberá suscribir un Contrato con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionario de energía eléctrica en su área de emplazamiento, en el cual se establecen los derechos y obligaciones relativos a la energía eléctrica demandada del Sistema Interconectado Nacional (SIN), e inyectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Dichos Contratos deberán ajustarse a los lineamientos generales establecidos por la autoridad de aplicación.

El contrato de conexión y suministro de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), será firmado posteriormente a la obtención de la licencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), correspondiente que será otorgada por la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO VI

GENERADOR ERNC.

Artículo 23.- Generador ERNC. Es la persona física o jurídica, titular de una licencia, para producir energía eléctrica a partir de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), para suministro a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o a la concesionaria del servicio público de energía eléctrica en su área de emplazamiento, a requerimiento de éstas.

El generador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), no podrá comprometer en contratos una energía superior a la producción licenciada.

Artículo 24.- Adquisición por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Con el fin de cubrir y optimizar la atención a las necesidades energéticas del Sistema Interconectado Nacional (SIN), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), podrá suscribir contratos de adquisición de energía eléctrica con generadores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), de hasta 15 (quince) años de duración. Los contratos deberán ajustarse a los lineamientos generales de los contratos establecidos por la autoridad de aplicación.

La adquisición de energía eléctrica de un generador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), se efectuará a través de procesos de licitación, los cuales deberán ajustarse al marco legal que regula las contrataciones del sector público.

La Autoridad de Aplicación de la presente Ley deberá establecer a más de la tasa de referencia, el procedimiento para la elaboración de precios de referencia para la adquisición de energía eléctrica a partir de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), teniendo en cuenta las características específicas que tiene la adquisición de energía eléctrica. El precio de referencia se constituirá en el valor máximo de adjudicación de la licitación.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), podrá efectuar licitaciones para la adquisición de energía eléctrica de generadores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), solamente cuando estén destinadas a cubrir la demanda interna y/o sustituir la energía a ser producida por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Artículo 25.- Adquisición por parte de Concesionarias del Servicio Público. Las concesionarias del servicio público de energía eléctrica podrán suscribir contratos de adquisición de energía con generadores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), emplazadas en su área de concesión, de hasta 15 (quince) años de duración. Los contratos deberán ajustarse a los lineamientos generales de los contratos establecidos por la autoridad de aplicación.

Artículo 26.- Informe. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y las concesionarias deberán informar a la autoridad de aplicación los valores de energía producidos, dentro del plazo que fuera establecido por ésta.

CAPÍTULO VII

EXPORTADOR ERNC.

Artículo 27.- Exportador ERNC. Es la persona física o jurídica, titular de una licencia, para producir energía eléctrica a partir de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), para fines de exportación.

El exportador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), no podrá comprometer en contratos una energía superior a la producción licenciada. La autoridad de aplicación deberá asegurarse que la exportación de energía eléctrica de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), no comprometa la seguridad energética del país.

El exportador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), deberá presentar a la autoridad de aplicación el contrato de exportación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), en español y apostillado dentro de los 10 (diez) días hábiles de la firma del mismo, bajo pena de caducidad de la licencia. En este caso, la autoridad de aplicación, previo sumario administrativo, podrá dictar el acto administrativo declarando operada la caducidad de la licencia y procederá a notificar al exportador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Artículo 28.- Igualdad de Oportunidades. La producción de energía eléctrica a partir de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), para el mercado de exportación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), se desarrollará en un marco de igualdad de oportunidades y condiciones para cualquier interesado.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria del sistema de energía eléctrica de la zona pondrá en condiciones de libre acceso y sin discriminación a disposición de los exportadores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), la capacidad disponible de sus instalaciones de transmisión de energía eléctrica a fin de facilitar la interconexión internacional, siempre que el uso de la capacidad de transmisión no ponga en riesgo el suministro a los consumidores nacionales.

Artículo 29.- Peaje. El exportador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), abonará a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y/o concesionaria del sistema de energía eléctrica de la zona un canon por el uso de las instalaciones de transmisión de energía eléctrica, conforme a la capacidad disponible contratada.

El precio base mensual por el uso del sistema de transmisión será establecido en Dólares de los Estados Unidos de América por cada kilómetro y por cada megavatio (MW) contratado, con prescindencia del uso efectivo que haga el exportador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), contratante.

El valor del peaje será establecido por la autoridad de aplicación previo dictamen y recomendación de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Artículo 30.- Capacidad de Transporte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Hasta el 1 de julio de cada año, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), recibirá de la autoridad de aplicación las solicitudes de requerimientos de capacidad de transporte de los interesados para la exportación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

En caso que la capacidad remanente sea suficiente para atender todos los requerimientos, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), asignará la capacidad de transporte solicitada y suscribirá los correspondientes contratos de transporte.

En caso que la capacidad remanente de alguna instalación de transmisión sea inferior a la totalidad de los requerimientos solicitados para esa instalación, se procederá a un concurso de precios entre los interesados para su utilización.

La autoridad de aplicación reglamentará los concursos de precios, cuya adjudicación se basará en el mayor precio complementario ofertado al valor del peaje establecido. En ningún caso, el transporte de energía eléctrica vinculado a la exportación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), podrá comprometer la seguridad en la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Artículo 31.- Obras de Conexión y Refuerzo. En caso que se requieran obras de conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN), entre las que se incluye el sistema de medición bidireccional, las mismas estarán a cargo del exportador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Las obras de conexión deberán respetar las normas y especificaciones técnicas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), o concesionaria de la zona y preverán la debida integración al Sistema Interconectado Nacional (SIN), incluido el sistema de medición bidireccional. En caso necesario, la liberación de franja de servidumbre e indemnizaciones quedarán a cargo del exportador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Artículo 32.- Ampliación de Instalaciones y Capacidad de Transporte. En caso que no se disponga de la capacidad de transporte solicitada por el exportador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), o que la capacidad de transporte asignada como resultado del concurso de precios indicado en el Artículo 31 de la presente Ley, el exportador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), podrá realizar las nuevas obras de refuerzo, o ampliación de la infraestructura existente del Sistema Interconectado Nacional (SIN), requeridas para viabilizar la exportación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), planteada.

Estas obras serán realizadas por el interesado, bajo padrones aprobados por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la cual fiscalizará la construcción de la obra, y una vez finalizadas transferidas al patrimonio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Artículo 33.- Contrato de Transporte ERNC. Los exportadores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), deberán contar con un contrato suscrito con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en el cual se encuentran establecidos los derechos y obligaciones relativos al transporte de energía eléctrica. Los contratos podrán tener una vigencia máxima de hasta 15 (quince) años y deberán ajustarse a los plazos y lineamientos generales de los contratos establecidos por la autoridad de aplicación.

El contrato de transporte de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), será firmado posteriormente a la obtención de la licencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), correspondiente que será otorgada por la autoridad de aplicación. En el contrato de transporte de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), deberá consignarse expresamente que el contrato quedará rescindido de pleno derecho, en el caso que sea declarada la caducidad de la licencia de exportador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 28 de la presente Ley.

En el caso que el exportador de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), haya interpuesto recursos administrativos, jerárquico y de reconsideración, contra el acto administrativo que declara operada la caducidad de la licencia, el contrato quedará rescindido de pleno derecho, al ser denegado el recurso de reconsideración.

Artículo 34.- Informe. Los exportadores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), deberán informar a la autoridad de aplicación dentro del plazo que fuera establecido por ésta los valores de energía producidos.

CAPÍTULO VIII

INCENTIVOS.

Artículo 35.- Naturaleza. Las personas físicas y jurídicas productoras o destinadas a la fabricación, implementación y utilización de energía a partir de fuentes de energías renovables gozarán de un régimen especial de incentivos fiscales tanto en los bienes como en el capital que se invierta para la construcción de equipos y nuevas obras destinadas a la producción de energía eléctrica. Este régimen será por un período de 5 (cinco) años que se regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente Ley.

Para beneficiarse de estos incentivos, la autoridad de aplicación fijará en la reglamentación los topes mínimos de inversión según se establezca conforme a la naturaleza de la producción menor, mediano o mayor de energía renovable no convencional no hidráulica.

Artículo 36.- Beneficiarios. Serán beneficiarios del régimen instituido por el artículo anterior, las personas físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones y concesionarios de obras nuevas de la fabricación de equipos necesarios, implementación, utilización y producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes de energías renovables reguladas en la presente Ley, aprobados por la autoridad de aplicación con radicación en el territorio nacional, cuya producción esté destinada a la venta de energía, su integración al Sistema Interconectado Nacional (SIN), o la prestación de servicios públicos.

Podrán acogerse a los incentivos establecidos en la presente Ley, previa demostración de su viabilidad física, técnica medioambiental y financiera, todos los proyectos de instalaciones públicas, privadas, mixtas, corporativas y/o cooperativas de producción de energía de fuentes:

1) Parques eólicos y aplicaciones aisladas de molinos de viento con potencia instalada iniciada, que, en conjunto, no supere los cincuenta megavatios (MW).

2) Instalaciones electrosolares (fotovoltaicos) de cualquier tipo y de cualquier nivel de potencia.

3) Instalaciones termosolares (energía solar concentrada) de hasta ciento veinte megavatios (MW), de potencia por central.

4) Centrales eléctricas que como combustible principal utilicen gases provenientes de biomasa biodegradable y cuya potencia instalada no supere los ochenta megavatios (MW), por unidad termodinámica o central.

5) Estos límites establecidos por proyecto podrán ser ampliados hasta ser duplicados, pero sólo cuando los proyectos y las concesiones hayan instalado al menos el 50 % (cincuenta por ciento), del tamaño original solicitado y sujeto a cumplir con los plazos que establezcan los reglamentos en todo el proceso de aprobación e instalación y se haya completado el financiamiento y la compra de al menos el 50 % (cincuenta por ciento), del proyecto original.

Artículo 37.- Beneficios. Los beneficiarios mencionados en el artículo anterior que se dediquen a la realización de emprendimientos de la fabricación de equipos necesarios, implementación, utilización y producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de energías en los términos de la presente Ley y que cumplan las condiciones establecidas en la misma, gozarán de los beneficios promocionales previstos en este artículo, a partir de la aprobación del proyecto respectivo por parte de la autoridad de aplicación, siempre que dicho proyecto tenga principio efectivo de ejecución antes de cumplirse el plazo de 1 (un) año de aprobado esta. Se entenderá que existe principio efectivo de ejecución cuando se hayan realizado erogaciones de fondos asociados al proyecto por un monto no inferior a 15 % (quince por ciento), de la inversión total prevista antes de la fecha indicada precedentemente.

La acreditación del principio efectivo de ejecución del proyecto se efectuará mediante declaración jurada presentada ante la autoridad de aplicación, en las condiciones que establezca la reglamentación.

Las inversiones amparadas por la presente Ley gozarán de los siguientes beneficios fiscales:

a) Las establecidas en la Ley N° 60/1990 “QUE APRUEBA, CON MODIFICACIONES, EL DECRETO - LEY Nº 27 DE FECHA 31 DE MARZO DE 1990, "POR EL CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL DECRETO - LEY Nº 19, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 1989" QUE ESTABLECE EL REGIMEN DE INCENTIVOS FISCALES PARA LA INVERSIÓN DE CAPITAL DE ORIGEN NACIONAL Y EXTRANJERO” y su modificación establecida en el Artículo 36 de la Ley N° 2421/2004 “DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACIÓN FISCAL”.

b) Las establecidas en las Leyes N°s 117/1991 “DE INVERSIONES” y 5542/2015 “DE GARANTÍAS PARA LAS INVERSIONES Y FOMENTO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL”

Quedan beneficiados con los incisos precedentes la importación y la adquisición de los equipos, maquinarias, insumos y accesorios importados por las empresas o personas individuales, necesarios para la producción de energía de fuentes renovables no convencionales no hidráulicas definidos en la presente Ley, incluyendo los bienes de capital, obras civiles, electromecánicas, de montaje y otros servicios vinculados que integren una planta de generación con aptitud funcional para la producción de energía eléctrica a partir de las fuentes renovables que se definen en la presente Ley. Este incentivo incluye también la importación de los equipos de transformación, transmisión e interconexión de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Los equipos que serán beneficiarios de las exoneraciones son:

1) Paneles fotovoltaicos y celdas solares individuales para ensamblar los paneles en el país.

2) Acumuladores estacionarios de larga duración.

3) Inversores y/o convertidores indispensables para el funcionamiento de los sistemas de energías renovables.

4) Contador o Medidor bidireccionales para la medición de recepción y entrega de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

5) Turbinas o motores de viento o generadores eólicos.

6) Calentadores solares de agua o de producción de vapor que pueden ser de caucho, plástico o metálicos y adoptar cualquier tecnología, o sea: placa plana, tubos al vacío o de espejos parabólicos o cualquier combinación de éstos.

7) Partes y componentes necesarios para ensamblar en el país los paneles fotovoltaicos, celdas solares y colectores solares para calentar agua.

8) Turbinas de vapor de potencia no superior a 80 megavatios (MW) y calderas de vapor mixtas, basadas únicamente en la combustión de los recursos de biomasa definidas en la presente Ley.

9) Equipos generadores de gas pobre, gas de aire o gas de agua, digestores y equipos depuradores para la producción de energía de biomasa.

Esta Lista de equipos no es taxativa. La autoridad de aplicación podrá modificar o ampliar las descripciones de los equipos a partir de la necesidad técnica o económica de su implementación, toda vez que se refiera exclusivamente a equipamiento referido a energías renovables descritos en la presente Ley.

El plazo de los incentivos descritos en los numerales 1) y 2) serán de 5 (cinco) años. El Poder Ejecutivo queda facultado a duplicar los plazos de incentivos en los casos que las inversiones conlleven transferencia definitiva de tecnología susceptible de licenciamiento. Estos plazos son improrrogables y contabilizados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.

CAPÍTULO IX

REGULACIÓN AL FOMENTO DEL USO DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA CONSTRUCCIÓN.

Artículo 38.- Interés y Orden Público. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6° de la presente Ley, declárase de interés nacional el fomento, la investigación, el desarrollo y la formación en el uso de la energía de fuente renovable de energía y de interés general su uso en la construcción. Su observancia es de orden público y de observancia general en toda la República.

Tiene por objeto regular el aprovechamiento de fuentes de energías renovables, por lo cual las autoridades competentes a nivel nacional, departamental y municipal deberán incluir las regulaciones de este Capítulo en sus regulaciones sobre habilitaciones de construcción de obras nuevas, modificaciones o rehabilitaciones de las ya existentes. La energía renovable al que se refiere este Capítulo es la regulada en la presente Ley y los marcos de proporción son mínimos y no máximos.

Artículo 39.- Inclusión para Aprobación de Planos. A partir de los 6 (seis) meses de promulgada la presente Ley, los permisos de construcción para edificios de apartamentos u oficinas, hoteles, hospitales, centros de compras o shopping, universidades y clubes deportivos, sólo serán autorizados cuando incluyan las instalaciones sanitarias y de obras para la incorporación de equipamiento para el calentamiento de agua e iluminación de áreas comunes por energía renovable en una proporción del 30 % (treinta por ciento), sobre el consumo final.

Artículo 40.- Ampliación de Generación. A partir de los 2 (dos) años de reglamentada la presente Ley, los permisos de construcción de las edificaciones con las características referidas en el artículo anterior, sólo serán autorizadas cuando incluyan equipamientos completos que permitan cubrir al menos un 50 %, (cincuenta por ciento), de su aporte energético para el calentamiento de agua e iluminación de áreas por energía exclusivamente renovable.

Artículo 41.- Obras Nuevas de Ampliación o Modificación. Las disposiciones establecidas en los Artículos 40 y 41 de la presente Ley regirán cuando los permisos refieran a obra nueva de ampliación, a modificaciones o rehabilitaciones de las respectivas edificaciones ya existentes.

Artículo 42.- Obras Públicas. Todas aquellas construcciones nuevas del sector público cuya previsión de consumo para iluminación de áreas comunes, servicio de agua caliente involucre más del 20 % (veinte por ciento), del consumo energético total, deberán contar, dentro de los 3 (tres) años de reglamentada la presente Ley, con al menos un 50 % (cincuenta por ciento), de su aporte energético para dichos fines mediante energía exclusivamente renovable.

Artículo 43.- Obras en Inversiones. A partir de los 6 (seis) meses de reglamentada la presente Ley, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), podrán exigir, a todos los nuevos emprendimientos industriales o agroindustriales, una evaluación técnica de la viabilidad de instalación de energía renovable reguladas en la presente Ley con destino al ahorro energético en el emprendimiento. Esta facultad de exigencia optativa pasará a ser imperativa a partir de los 3 (tres) años de reglamentada la presente Ley.

Artículo 44.- Obras de Climatización de Cuerpos de Agua. A partir de los 2 (dos) años de vigencia de la presente Ley las piscinas de clubes o publicas climatizadas, nuevas o aquellas existentes que se reconvierta en climatizadas, deberán contar con el equipamiento que involucre no menos del 30 % (treinta por ciento), del consumo energético total completo para el calentamiento de agua por energía renovable.

Artículo 45.- Exención de Cumplimiento. El Poder Ejecutivo, en consulta con los organismos competentes, podrá determinar excepciones a través de la reglamentación, por razones tales como volumen de consumo de agua, área, porte de los equipos y horas de sombra. Podrá, asimismo, establecer la ampliación de los plazos y la reducción de los porcentajes para las construcciones o instalaciones descriptas en los Artículos 40, 41 y 43 de la presente Ley.

CAPÍTULO X

RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Artículo 46.- Recursos. Contra el acto administrativo dictado por la autoridad de aplicación que dispone la cancelación de la licencia o el que declara operada la caducidad de la licencia, el licenciatario podrá interponer los recursos administrativos contemplados en el TÍTULO II, CAPÍTULO IV “PROCEDIMIENTO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS” de la Ley N° 6715/2021 “DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS”.

Artículo 47.- Solución de Controversias. Las controversias que pudieran surgir durante la ejecución del contrato de conexión y suministro de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y del contrato de transporte de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), serán dirimidas en la jurisdicción de los tribunales de la República del Paraguay, Circunscripción Judicial de la Capital.

CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 48.- Tasa. La autoridad de aplicación percibirá una tasa equivalente al 1% (uno por ciento), de las transacciones realizadas por el licenciatario, para lo cual se presentará una declaración jurada de los ingresos resultantes del balance comercial.

Artículo 49.- Cumplimiento de la Legislación Ambiental. Las personas físicas o jurídicas licenciatarias, que desarrollen actividades relacionadas con el objeto de la presente Ley, deberán cumplir con la legislación ambiental vigente.

Artículo 50.- Ajuste de Pliego de Tarifas. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), deberá ajustar su pliego de tarifas para explicitar los costos de generación por nivel de tensión, grupo de consumo y categoría tarifaria.

Artículo 51.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo de 6 (seis) meses posteriores a la promulgación de la misma.

Artículo 52.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a dos días del mes de junio del año dos mil veintidós, quedando sancionado el mismo por la Honorable Cámara de Diputados, a treinta y un días del mes de agosto del año dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207 numeral 2 de la Constitución Nacional. Aceptada la Objeción parcial formulada por el Poder Ejecutivo en el Decreto Nº 8001 de fecha 12 de octubre de 2022 y se sanciona nuevamente la parte no objetada, según Resolución Honorable Cámara de Senadores Nº 2851 de fecha uno de diciembre de dos mil veintidós y la Resolución Honorable Cámara de Diputados Nº 4102, de fecha doce de diciembre de dos mil veintidós, de conformidad con lo establecido en el Artículo 208 de la Constitución Nacional.

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Leyes relacionadas fuero Niñez y Adolescencia

2024-02-24T03:44:00.000-08:00

índice general

LEYES RELACIONADAS DEL FUERO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Ley N° 1680/2001, Código de la Niñez y la Adolescencia
Ley N° 1702/2001, Del alcance de los términos niño, adolescencia y menor adulto
Ley N° 1980/2002, Del Primer Empleo
Ley N° 2169/2003, De la Mayoría de Edad
Ley N° 2718/2005, Que prohíbe la venta de productos que contengan solventes orgánicos a menores de edad.
Ley N° 3587/2009, De protección de la niñez y de la adolescencia en el ámbito educativo privado.
Ley N° 3879/2009, Que modifica el artículo 169 de la Ley N° 1680, Cód. de la Niñez y la Adolescencia.
Ley N° 3929/2009, Procedimiento para la fijación de alimentos para el niño y la mujer grávida y establece el procedimiento para el ofrecimiento de alimentos.
Ley N° 4295/2011, Maltrato Infantil
Ley N° 6083/2017, Que modifica la Ley N° 1680/01, Código de la Niñez y la Adolescencia
Ley N° 6486/2020, De promoción y protección del Derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción.

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Ley N° 3879 que modif. art. 169 del CNA

2024-01-24T03:56:00.000-08:00

LEY N° 3.879

QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 169 DE LA LEY Nº 1.680/01 “CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 169 de la Ley Nº 1.680/01 “CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:

“Art. 169.- DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL. La competencia territorial estará determinada por el lugar de residencia habitual del niño o adolescente, y en el caso que el niño o adolescente se encuentre residiendo en el extranjero, la competencia territorial quedará a opción del accionante. Cuando el juicio se iniciare en territorio extranjero, se notificará al Estado paraguayo, conforme órgano competente.”

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil nueve, y por la Honorable Cámara de Senadores, a un día del mes de octubre del año dos mil nueve, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 206 de la Constitución Nacional.

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Código de Organización Judicial y leyes complementarias

2023-12-29T13:32:00.000-08:00

CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL

El COJ es uno de los textos legales más antiguos, vigentes en nuestro país, que cuenta con una gran cantidad de normativas referentes a la organización de los órganos jurisdiccionales y también registrales.

Pero, lógicamente, durante tantos años, ha sufrido varias modificaciones.

Texto del Código de Organización Judicial Ley N° 879/81

Ley N° 903/96 modifica los artículos 99, 101, 103, 109, 110, 118, 119 y 150 de la Ley N° 879/81 “Código de Organización Judicial”.

Ley N° 2.335/03 "Que modifica parcialmente el artículo 1° de la Ley N° 903/96

Ley N° 3.226/07 "Que modifica el inciso a) del artículo 57 de la Ley Nº 879/81 del "Código de Organización Judicial". [LEY DEROGADA]

Ley N° 4.133/10, "Que modifica el artículo 118 de la Ley Nº 879/81 del "Código de Organización Judicial" y la Ley N° 903/96.

Ley Nº 4.588/12, "Que modifica el artículo 301 de la Ley Nº 879/81 del "Código de Organización Judicial".

Ley N° 4.992/13, "Que reglamenta, modifica y amplía las funciones de los actuarios de Juzgados y Tribunales del Poder Judicial".

Ley N° 6.059/18, "Que modifica la Ley N° 879/81 "Código de Organización Judicial" y amplía sus disposiciones y las funciones de los Juzgados de Paz".

Ley N° 105/90 "Que crea el Registro de Testamentos"

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Ley N° 4133 que modifica el art 118 del COJ

2023-12-26T06:45:00.000-08:00

LEY N° 4133

QUE MODIFICA EL ARTICULO 118 DE LA LEY N° 879/81 “CODIGO DE ORGANIZACION JUDICIAL”, MODIFICADO POR LA LEY Nº 903/96

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 118 de la Ley N° 879/81 “CODIGO DE ORGANIZACION JUDICIAL” modificado por la Ley Nº 903/96 “QUE MODIFICA Y DEROGA ALGUNOS ARTICULOS DEL LIBRO I, TITULO V, CAPITULO III DE LA LEY Nº 879/81 ‘CODIGO DE ORGANIZACION JUDICIAL”, cuyo texto queda redactado de la siguiente manera:

“Art. 118.- Las escrituras y demás actos públicos sólo pueden ser autorizados por los Escribanos de Registro, salvo la situación contemplada en el Artículo 107 de la presente Ley.

La elección del Escribano para todos los actos bilaterales será libre para las partes, salvo en lo que correspondiere al Escribano Mayor de Gobierno. Las reparticiones de la Administración Central, los Entes Descentralizados, los Municipios, las Gobernaciones, las Entidades Binacionales, los bancos y demás entidades financieras, las cooperativas o cualquier sociedad o empresa con fines de lucro, independientemente de su denominación, no podrán imponer lista de escribanos, y en los casos de préstamos, prevalecerá la elección del deudor.”

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobada el proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil diez, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados, a los siete días del mes de octubre del año dos mil diez, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207 numeral 1) de la Constitución Nacional.

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Ley N° 6059 modifica el COJ y amplía funciones Juzgados de Paz

2023-12-12T06:19:00.000-08:00

LEY N° 6.059

QUE MODIFICA LA LEY N° 879/81 “CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL”, Y AMPLÍA SUS DISPOSICIONES Y LAS FUNCIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1.° Los Juzgados de Paz en lo Civil, Comercial, Laboral y de la Niñez y la Adolescencia conocerán:

a) de los asuntos de la niñez y adolescencia, civiles, comerciales o laborales en los cuales el valor del litigio no exceda del equivalente a trescientos jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas, con exclusión de los que se refieran al estado civil de las personas, al derecho de familia, convocación de acreedores y quiebras, las acciones reales y posesorias sobre inmuebles, salvo aquellos que se planteen con motivo de una tercería de dominio;

b) de las acciones posesorias y acciones sucesorias de las propiedades rurales de hasta cincuenta hectáreas; y las urbanas cuya valuación fiscal no exceda de la cuantía atribuida a su competencia;

c) de las demandas, por resolución de contrato de locación que se funden en la falta de pago de alquileres, siempre que no se exceda la cuantía atribuida a su competencia;

d) de los juicios de alimentos, siempre que el afectado haya alcanzado la mayoría de edad; de la homologación de acuerdos conciliatorios en materia de asistencia alimentaria; régimen de convivencia y relacionamiento;

e) de las restricciones y límites al dominio o sobre condominio de muros y cercos, y en particular, los que se susciten con motivo de la vecindad urbana o rural, siempre que la valuación fiscal no exceda la cuantía atribuida a su competencia;

f) de la mensura, deslinde y amojonamiento, siempre que el valor real del fundo no exceda la cuantía de su competencia;

g) del beneficio para litigar sin gastos iniciados para tramitación de juicios que corresponden al ámbito de su competencia;

h) de las diligencias preparatorias y pruebas anticipadas, correspondientes a los juicios tramitados en el ámbito de su competencia;

i) de la autorización para contraer matrimonio a menores de edad, domiciliados en el territorio de su competencia;

j) de la curatela o insania, en los supuestos en que se acredite que el incapaz no posee bienes;

k) de la información sumaria de testigos;

l) de las medidas de seguridad urgentes establecidas en el Artículo 70 de la Ley N° 1680/01 “CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”; y,

m) las competencias establecidas en la Ley N° 1600/00 “CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA”.

Los juicios gravados con tasas judiciales, así como aquellos cuyo valor supere los cien jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, seguirán tributando dichas tasas en la forma establecida en la Ley. Todos los juicios tramitados ante el Juzgado de Paz en lo Civil, Comercial, Laboral y de la Niñez y la Adolescencia, deberán ser presentados de conformidad al Artículo 87 del Código de Organización Judicial, a excepción de las conciliaciones, y de aquellos juicios en los cuales el patrocinio profesional no es obligatorio según Leyes especiales.

En los lugares donde no existan Juzgados de Paz en lo Civil y Comercial, estas atribuciones serán ejercidas por los Juzgados de Paz habilitados en el sitio.

Artículo 2.°Trámite. Los juicios sometidos a la competencia de los Juzgados de Paz se regirán por las reglas del Título XIII “DE LOS JUICIOS DE MENOR CUANTÍA” del LIBRO IV “DE LOS JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES” del Código Procesal Civil, excepto los juicios que tienen previstos otros procedimientos especiales por el Código Procesal Civil.

Artículo 3.° Recursos. Los recursos interpuestos contra las resoluciones de los Jueces de Paz y los correspondientes a las quejas por recurso denegado o por retardo de justicia, serán resueltos por el Juzgado de Primera Instancia del fuero pertinente, sin perjuicio de las disposiciones especiales reguladas en el Código Procesal Civil.

Artículo 4.° Los procesos tramitados ante la Justicia Letrada Civil y Comercial con anterioridad de la entrada en vigencia de esta Ley, deberán ser concluidos bajo las reglas establecidas para los juicios de menor cuantía regladas en el Título XIII del Libro IV del Código Procesal Civil, estableciéndose un plazo de un año para la conclusión de los mismos, una vez finalizado dicho plazo de depuración los juicios que no hubieren concluidos serán remitidos a los Juzgados de Paz respectivos.

Artículo 5.° Remuneración. A partir de la vigencia de la presente Ley, los Jueces de Paz en lo Civil, Comercial y Laboral, percibirán salarios y emolumentos no inferiores al 90 % (noventa por ciento) de lo percibido en tales conceptos por los Jueces de Primera Instancia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Artículo 6.° Los Magistrados que a la fecha de la entrada en vigencia de la presente Ley desempeñen el cargo de Jueces de la Justicia Letrada en lo Civil y Comercial, seguirán ejerciendo las funciones en sus respectivos juzgados por el plazo de un año, cumplido el cual pasarán automáticamente a ejercer el cargo de Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, para cuyo efecto la Corte Suprema de Justicia deberá adoptar los recaudos administrativos y presupuestarios para adecuar la denominación de cargo para el ejercicio presupuestario del año siguiente.

Los Magistrados que se encuentren desempeñando la función de Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en virtud al párrafo precedente permanecerán en dicha función hasta finalizar su mandato originario, pudiendo concursar para continuar en el ejercicio de dicho cargo, por los procedimientos constitucionales establecidos para el efecto, a excepción de los que hayan adquirido la inamovilidad.

Artículo 7.° De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 4° de la presente norma, los Juzgados de Justicia Letrada en lo Civil y Comercial ya no recepcionarán causas nuevas iniciadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley.

Artículo 8.° Deróganse la Ley N° 3226/07 “QUE MODIFICA EL INCISO a) DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY N° 879/81 ‘CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL”; el párrafo referente a la justicia de paz letrada, del Artículo 2° de la Ley N° 879/81 “CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL”, modificada por la Ley N° 963/82 “QUE MODIFICAN Y AMPLIAN ALGUNAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL”; el inciso b) del Artículo 38 de la Ley N° 879/81; el Capítulo V “DE LA JUSTICIA DE PAZ LETRADA”, del TÍTULO III de la Ley N° 879/81; el Artículo 684 del Título XIII del Libro IV, de la Ley N° 1337/88 “CÓDIGO PROCESAL CIVIL”, y todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Artículo 9.° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados, a los once días del mes de abril del año dos mil dieciocho, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 207 numeral 1) de la Constitución Nacional. Objetado totalmente por Decreto del Poder Ejecutivo N° 8.836 del 26 de abril de 2018.Rechazada la objeción total por la H. Cámara de Diputados el dieciséis de mayo de 2018 y por la H. Cámara de Senadores, el siete de junio de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Nacional.

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Ley N° 3226 (derogada)

2023-12-11T06:08:00.000-08:00

LEY N° 3.226

QUE MODIFICA EL INCISO a) DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY N° 879/81 “CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL”.

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LEY

Artículo 1º.- Modifícase el inciso a) del Artículo 57 de la Ley Nº 879 del 2 de diciembre de 1981 “CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL”, que queda redactado de la siguiente manera:

“Art. 57.- Los Juzgados de Paz en lo Civil, Comercial y Laboral conocerán:
a) de los asuntos civiles, comerciales o laborales en los cuales el valor del litigio no exceda del equivalente de cien jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas, y las acciones sucesorias de las propiedades rurales de hasta veinte (20) hectáreas, siempre que se justifique dicho inmueble como único bien con certificación de la Dirección General de los Registros Públicos, y de los arrendatarios de terreno privado municipal respecto a los derechos y acciones sobre las mejoras introducidas; con exclusión de los que se refieran al estado civil de las personas, al derecho de familia, convocación y quiebras, y acciones reales y posesorias sobre inmuebles, y las demás sucesiones;”.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil seis, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil siete, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

OBSERVACIÓN

* Esta ley fue derogada por el Art. 8° de la Ley N° 6059

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