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Nuevo procedimiento de divorcio previsto en el artículo 185-A del Código Civil

2014-07-29T06:38:00.001-07:00

Nuevo procedimiento de divorcio previsto en el artículo 185-A del Código Civil

Sentencia:http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/164289-446-15514-2014-14-0094.HTML

Mediante sentencia N° 446 del 15 de mayo de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, fijó un nuevo criterio con respecto al procedimiento de divorcio previsto en el artículo 185-A del Código Civil, según el cual si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio; en caso contrario, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente. En efecto, se señaló que:

“Ahora bien, en el asunto planteado la sentencia del Juzgado de Municipio bajo una interpretación de la Constitución de 1999, se abstuvo de aplicar la parte in fine del artículo 185-A del Código Civil, es decir, la consecuencia jurídica prevista en el dispositivo y dar por terminado el proceso, y en su lugar, habilitó la aplicabilidad del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil en el curso del proceso de divorcio regulado en dicha norma del Código Civil y, con ello, permitir la promoción y evacuación de pruebas por vía de articulación, a fin de clarificar y resolver la situación que se presenta cuando el cónyuge citado niega la separación de hecho o la ruptura fáctica respecto al otro cónyuge por más de cinco (5) años.

Así, el tema de fondo versa sobre la interpretación constitucional del artículo 185-A del Código Civil y la ponderación de derechos y garantías constitucionales, como los contenidos en los artículos 75 y 77 constitucionales, los relacionados con las libertades del ser humano y el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, cuya importancia –vale resaltar– no se limita al orden público vinculado con la protección de la familia y el matrimonio; sino también comprende los derechos al debido proceso y a la defensa en procedimientos donde el control probatorio de los hechos deviene en fundamental y en los cuales las conductas procesales individuales no pueden condicionar el desarrollo y final resolución del iter procesal, esto es, en el que una de las partes pueda unilateralmente poner fin a un proceso instado por la otra. Es por ello que la Sala al revisar la ratio de la decisión cuestionada en revisión y de la decisión apelada, requiere hacer una interpretación “conforme a la Constitución” del mencionado artículo 185-A, de cara al orden público, vinculado al estado y capacidad de las personas (p.ej.: la familia y el matrimonio), así como respecto a los efectos procesales vinculados a las acciones judiciales orientadas a su declaración o extinción, de allí la presencia del orden público constitucional que esta Sala debe tutelar en el ámbito procesal o adjetivo.

(…)

Con lo cual, no podía el juez de instancia declarar la extinción del vínculo matrimonial o, en su defecto, extinguir la causa y archivar el expediente por el solo dicho de uno de los cónyuges, sin antes haber atendido a los principios que integran la garantía del debido proceso como lo son la libertad y control de la prueba y la inmediación del juez, mediante la comprobación de los hechos y alegaciones de ambas partes.

Lo anterior, reviste importancia no sólo bajo el prisma de un análisis orientado a salvaguardar la garantía constitucional del debido proceso –exigible aún en los juicios más cotidianos y que en apariencia no revisten ninguna complejidad, como lo sería un divorcio de acuerdo al artículo 185-A del Código Civil– sino también por la naturaleza consensual que se exige tanto al nacimiento del vínculo matrimonial (cuando se contraen nupcias) como también para su extinción a consecuencia de una ruptura libre, espontánea y bilateral cuya prolongación supere los cinco (5) años. Así, cuando el cónyuge citado o emplazado niegue, rechace o contradiga (en un juicio de divorcio conforme al artículo 185-A), que no ha habido la ruptura en forma libre, espontánea y bilateral, ese mismo carácter consensual se controvierte e impone un deber al juez de buscar la verdad sobre las afirmaciones efectuadas, tanto por quien ha iniciado el proceso en condición de accionante, como también de aquel que ha comparecido en calidad de emplazado o citado.

(…)

Constata esta Sala a través de las sentencias cuyo examen de la constitucionalidad vía revisión aquí se analiza, que el fundamento a través del cual el ya identificado Juzgado de Municipio habilitó la apertura de la mencionada articulación probatoria, radicó en que la cónyuge citada en el proceso de divorcio negó el hecho principal objeto del proceso (es decir, negó la ruptura fáctica del deber de vida en común de los cónyuges, por un lapso mayor a cinco años). Pues bien, situaciones como las aquí analizadas donde se formulan afirmaciones negativas de hechos definidos y concretos, no escapan igualmente de la necesaria actividad probatoria, puesto que la sola circunstancia de ser un hecho negativo, no dispensa de su prueba a quien lo alega; en otras palabras, al encontrarnos en presencia de alegaciones negativas definidas, su prueba es perfectamente factible”.

http://www.eluniversal.com/opinion/140323/quiebra-y-embargo-de-las-empresas-solucion

2014-03-23T07:50:00.001-07:00

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ARAG inicia su gama de microseguros con ‘ARAG Paciente’ - Inese.es

2013-10-16T05:44:00.001-07:00

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2013-09-18T12:44:00.002-07:00

ACORDADA INDEXACION EN EL CONTRATO DE SEGURO

El rescate del crucero Costa Concordia - Internacional

2013-09-17T12:14:00.001-07:00

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"SEGURO MEDICO MAS QUE UNA OPCIÓN ES UNA NECESIDAD" YO LE AÑADO !UN LUJO¡

2013-08-06T06:50:00.006-07:00

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/181851/contar-con-un-seguro-medico-mas-que-una-opcion-es-una-necesidad-que-tiene-precio/

CADUCIDAD EN EL CONTRATO DE SEGURO

2013-08-03T14:31:00.000-07:00

CADUCIDAD EN EL CONTRATO DE SEGURO:

En Venezuela en materia de Seguros no es aplicable la doctrina de la caducidad contractual o convencional, porque impera la caducidad legal o establecida en la Ley, es por ello, que debe entenderse en los contratos de seguros venezolanos la caducidad como la pérdida de la posibilidad de hacer valer en juicio algún derecho, por no haber solicitado la tutela jurisdiccional dentro del plazo establecido por la Ley , caracterizándose la misma porque se cumple fatalmente si no se evita a tiempo con la interposición de la demanda.

En consecuencia, la caducidad es una sanción jurídica, de carácter procesal, conforme a la cual el transcurso del tiempo fijado por la ley para la validación de un derecho acarrea su extinción; de modo que la caducidad no se interrumpe, sino que se consuma extinguiendo la acción por el solo transcurso del tiempo que se establece como hábil para ejercitarla.

Es por ello que el Tribunal Supremo de Justicia, ha dicho que la caducidad está íntimamente relacionada con el derecho de acción que tiene toda persona de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su establecimiento puede únicamente determinarse por una disposición legal que la establezca, en aras del derecho a la defensa del justiciable y de su acceso a la justicia.

En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1167, de fecha 29 de junio de 2001, bajo la ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera, al referirse a la caducidad, expresó:

“El legislador ha creado la caducidad por razones de seguridad jurídica. Para evitar la incertidumbre, establece un límite temporal para hacer valer derechos y acciones, y la falta de ejercicio dentro del plazo prefijado los extingue. En este sentido, la caducidad disminuye en cierta forma el derecho de acceso a la justicia, ya que a pesar que cualquier persona puede accionar, sin embargo en determinados casos el conocimiento del fondo de las controversias queda eliminado al constatarse que no se incoó la acción dentro del término para ello, y a pesar que esto no limita el derecho de acceso a la justicia, sin embargo lo restringe. Dada la relación de la caducidad con dicho derecho constitucional de acceso, consagrado en el artículo 26 de la vigente Constitución, la caducidad no puede, ser creada contractualmente, ni por voluntad unilateral de los particulares o del Estado, sino solo por mandato legal. De allí, que el artículo 346 numeral 10 del Código de Procedimiento Civil, coloque entre las cuestiones previas `la caducidad de la acción establecida en la ley´.”

En Venezuela el Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, publicado en Gaceta Oficial N° 5553 Extraordinario de fecha 12 de noviembre de 2001, se encuentra establecido (legalmente) el lapso fatal de “caducidad”: en el artículo 55, así:

“Si dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de rechazo de cualquier reclamo, el tomador, el asegurado o el beneficiario del seguro no hubiere demandado judicialmente a la empresa de seguros, acordado con esta someterse a un arbitraje solicitado el sometimiento ante la autoridad competente, caducarán todos los derechos derivados de la póliza con respecto al reclamo formulado que haya sido rechazado”

De la norma antes transcrita, se desprende que la oportunidad en que caducarán los derechos derivados de la póliza con respecto al reclamo formulado que haya sido rechazado son SI:

1. No hubiere demandado judicialmente a la empresa de seguros.

2. Acordado con ésta someterse a un arbitraje.

3. O solicitado el sometimiento ante la autoridad competente.

De la misma manera tenemos que tomar en consideración que el mencionado artículo 55 de Decreto con Fuerza de la Ley del Contrato de Seguro, el lapso de caducidad de doce (12) meses comienza a computarse a partir de la fecha “de rechazo de cualquier reclamación”. Es pues la fecha de rechazo de la reclamación, y no la ocurrencia del siniestro el hecho que da partida al lapso de caducidad, que dicho sea, no puede ser igual o menor de doce (12) meses, como ocurre para la prescripción de la acción establecida en el artículo 56 de la Ley del Contrato de Seguro, que se inicia los 3 años a partir de ocurrencia del siniestro.

Asociación para delinquir - Opinión - EL UNIVERSAL

2013-05-30T06:07:00.001-07:00

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Cese de operaciones de Universal de Seguros

2013-04-08T06:30:00.001-07:00

Medida en Gaceta Oficial | Descifrado

Fiscalía detectó mafia con carros chocados | Últimas Noticias

2013-04-05T06:09:00.001-07:00

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Propuesta Nueva Póliza HCM. Condiciones Particulares

2013-04-01T05:51:00.002-07:00

Caracas, 26 de Marzo del 2013

Ciudadano:

SUPERINTENDENTE DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA.

Su Despacho.-

Asunto: Consulta Publica Póliza de Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad Condiciones Generales y Particulares.

En esta oportunidad quien suscribe, Toni Franklin Medina Guillen, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero V-6.262.452, con domicilio procesal en Urbanización Prado de María, Calle Real, Edificio Nº 53, Piso 1, oficina C, Diagonal a la Iglesia la Milagrosa, Parroquia Santa Rosalía, Municipio Liberador, Teléfonos 0414-235-37-28 y 0212-632-2615, Correo Electrónico tmguillen626@hotmail.com abogado en ejercicio e inscrito en el IPSA bajo el Nº 144225, actuando en este acto en representación propia acudo ante su competente Autoridad con el objeto de hacer una observación muy puntual a las Condiciones Particulares de la Póliza de HCM, específicamente la Clausula 5 y que transcribo a continuación:

CLÁUSULA 5. ENFERMEDADES PREEXISTENTES Y CONGÉNITAS

Sin perjuicio de lo contemplado en la Cláusula 3. Plazos de Espera y la Cláusula 4. Exclusiones Temporales, de estas Condiciones Particulares, las enfermedades preexistentes y las enfermedades o malformaciones congénitas están cubiertas desde la fecha de comienzo de la póliza, su rehabilitación o la inclusión del asegurado, según sea el caso, salvo que las mismas estén expresamente excluidas en esta Póliza.

Las Enfermedades Preexistente y las enfermedades o malformaciones congénitas ¡NUNCA HAN TENIDO COBERTURA NI LA TENDRAN! La Razón es muy sencilla, atentan contra el Objeto del Contrato de Seguro que es el Riesgo, por definición el Articulo 30 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro:

“Es el suceso Futuro e incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya materialización da origen a la obligación de la empresa de seguros. Los hechos ciertos, salvo la muerte y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos inasegurables”.

El Articulo 116 del mismo Decreto Ley al final de su primer párrafo: “Salvo Pacto en contrario los contratos de seguros no cubren las enfermedades preexistente.

El artículo 1141 del Código Civil señala:

Las Condiciones requeridas para la existencia del contrato son:

1º Consentimiento de las partes;

2º Objeto que pueda ser materia de contrato; y

3º Causa Lícita.

La Jurisprudencia reciente sobre esta materia ha sido muy clara y señalo alguna de ellas por lo menos para quien suscribe las mas importantes:

1º (Sentencia SPA/TSJ 18/04/07, Caso: Félix Chacón vs. Empresa de medicina prepagada)

2º CSCA fallo del 17 de diciembre de 2008, caso: Dominga Trotti vs. Seguros Horizonte.

3º Sentencia Nº 1001 de fecha 21 de julio de 2011, Expediente Nº 2011 0180, la Sala Político Administrativa, bajo ponencia de la Magistrada Evelyn Marrero

4º Sentencia Nº 00195 de fecha 08 de marzo de 2012, Expediente Nº 2011 0705, la Sala Político Administrativa, bajo ponencia de la Magistrada TRINA OMAIRA ZURITA

“Entraña una ventaja exclusiva del asegurador, someter al asegurado a plazos de espera por enfermedades no declaradas o diagnosticada durante la vigencia de la póliza, toda vez que es responsabilidad de las compañías aseguradoras determinar el estado de salud de los contratantes antes de la

suscripción del contrato de seguro, en consecuencia resulta claramente abusivo responsabilizar a los asegurados por las deficiencias u omisiones de las compañías en el deber de comprobar la buena salud de éstos.

En consecuencia, con base en los principios constitucionales y legales que para el momento del siniestro regían nuestro ordenamiento jurídico, La Corte considero que si bien el asegurado se encuentra en la obligación de declarar con sinceridad aquellas circunstancias para apreciar la extensión de los riesgos en el contrato de seguro, las empresas aseguradoras que aleguen una enfermedad preexistente, deberán probar tal circunstancia de manera clara, precisa y detallada con anterioridad a la contratación de la póliza.

Resulta abusiva aquella cláusula que englobe como preexistente una universalidad de enfermedades no diagnosticadas ni declaradas al momento de la suscripción del contrato de seguro, más aún cuando el asegurado no tiene conocimiento alguno de tales enfermedades y la compañía aseguradora no realizó los exámenes médicos pertinentes, a los fines de diagnosticar previo a la suscripción del contrato alguna del catálogo de enfermedades consideradas como preexistentes por la aseguradora.

La mayoría de los contratos que ofrecen o comercializan las empresas aseguradoras imponen una cláusula de exclusión o limitación en los casos de enfermedades preexistentes, en consecuencia, para que éstas gocen de plena validez y eficacia deben realizar los exámenes médicos pertinentes y suministrar al asegurado un formulario de declaración de salud, a los fines de dar respuesta a las interrogantes médicas sobre antecedentes patológicos de difícil demostración práctica.

Requisitos indispensables para que las Aseguradoras puedan alegar la preexistencia como causa excluyente:

I) Deberán establecer con anterioridad a la suscripción de la póliza las enfermedades preexistentes o que las mismas son congénitas, a través de la realización de los exámenes médicos pertinentes o la declaración que haga el tomador de la póliza; todo lo cual deberá quedar determinado en el correspondiente contrato de seguro, siendo éstas enfermedades previstas en el contrato las únicas que podrán ser excluidas de la cobertura de la póliza.

II) Deberá existir una relación de causalidad directa entre la enfermedad preexistente diagnosticada y el siniestro sufrido por el asegurado;

III) Sólo se dará lugar a la liberación del asegurador por la declaración u omisión de mala fe del tomador del seguro al momento de suscribir el contrato de seguro, siempre que esa declaración u omisión se deba a dolo o culpa grave del asegurado o beneficiario; la prueba de estos elementos corresponde en todos los casos al asegurador.”

CONCLUSIONES:

Debe incorporarse o regularse la Etapa Precontractual, donde las aseguradoras pueden alegar la enfermedad preexistente y en consecuencia aceptar o no el riesgo, dado que en caso de conocerlas es altamente probable que con la redacción sugerida no suscriban el Contrato y en consecuencia disminuyan la Cartera para este ramo.

Entender que la Ley de la Actividad Aseguradora en su artículo 40 prohíbe alegar como causal de rechazo las enfermedades preexistentes, y la razón también es muy sencilla, porque el único momento que tienen las Aseguradoras es en la etapa precontractual, no tiene otro momento.

Si esto es así porque tiene que haber una clausula que indique que tienen coberturas las enfermedades preexistentes, si sabemos que no es posible alegarlas durante la etapa contractual como causal de rechazo y siendo cónsonos con la definición prevista en el articulo 116 del Decreto Ley del Contrato de Seguro, toda enfermedad que pueda comprobarse ha sido adquirida con anterioridad a la contratación, que sea conocida además por cualquiera de las partes intervinientes, resulta enteramente contraproducente para la suscripción y para el negocio la clausula porque dejan sin válvula de escape a las Aseguradoras que pudiendo enterarse de patologías preexistentes durante la etapa precontractual y excluirlas, ahora no porque aun conociéndolas si suscribes debes reconocerlas, consecuencia no emito pólizas con estas condiciones.

Adecuar la redacción de la mencionada clausula a las tendencias jurisprudenciales modernas.

Es Todo

Toni Medina Guillen.

Clifford Chance lidera el ranking mundial de Servicios Jurídicos en el sector seguros - Detalle BDSAL

2013-03-21T12:18:00.001-07:00

Clifford Chance lidera el ranking mundial de Servicios Jurídicos en el sector seguros - Detalle BDSAL

ADMITIDO RECURSO DE NULIDAD CONTRA LA LEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA POR INCOSTITUCIONAL

2012-09-11T12:41:00.002-07:00

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1085-25712-2012-11-1427.html

LIMITADA LA COLOCACION DE RECURSOS EN FIDEICOMISOS CONTRATADOS CON EMPRESAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS

2012-06-12T10:19:00.003-07:00

A través de la Resolución N° 040.11 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial 39.941 de fecha 11 de junio de 2012 se limita la Colocación de Recursos en Fideicomisos Contratados con Empresas de Seguros y/o Reaseguros. Estas normas son aplicables a las instituciones regidas por la Ley de Instituciones del Sector Bancario.

A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución, las instituciones del sector bancario deberán abstenerse de suscribir o renovar contratos de fideicomisos con empresas de seguros y/o reaseguros, sin la debida autorización de este Organismo. Las instituciones del sector bancario, que a la fecha de entrada en vigencia de la esta Resolución no posean fideicomisos con empresas de seguros y/o reaseguros, deberán informarlo a esta Superintendencia en un plazo que no exceda los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación en la Gaceta Oficial.

Las instituciones del sector bancario que a la fecha de entrada en vigencia de esta Resolución mantengan contratos de fideicomisos vigentes constituidos con empresas de seguros y/o reaseguros, deberán remitir a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario los contratos celebrados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su publicación, a los fines que sean evaluados.

DECISIONES ADMNISITRATIVAS Y JUDICALES RECIENTES ENFERMEDADES PREEXISTENTES

2012-04-02T08:06:00.001-07:00

http://by157w.bay157.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?fid=1&fav=1&n=2005917748&mid=87e61995-bf82-11e0-b3cf-00215ad6eef2&fv=1#!/mail/InboxLight.aspx?n=107352851!n=268958475&fid=1&fav=1&mid=fb606bee-7cd4-11e1-b003-00215ad82428&fv=1

SuperIntendencia de la Actividad Aseguradora | República Bolivariana de Venezuela

2012-03-16T11:52:00.001-07:00

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