AVISO: Esta entrada ha sido redactada íntegramente por humanos, sin la asistencia de inteligencia artificial alguna. El resultado es fruto de nuestra propia investigación y de la experiencia acumulada en casi veinte años traduciendo documentos relacionados con la materia. Si existe algún error, se debe exclusivamente a sus autores, pero no encontrarás alucinaciones.

Los procesos de fusiones y/o adquisiciones de empresas (M&A) son operaciones complejas y, con frecuencia, largas.

Pueden prolongarse en el tiempo unos meses o durar varios años, dependiendo del negocio que se pretenda adquirir y de la complejidad de la operación.

Los acuerdos de M&A son un viaje largo y tortuoso en el que es preciso atravesar distintas etapas para poder culminarlo con éxito.

En este artículo vamos a analizar brevemente esas etapas y su terminología legal característica, aportando nuestras propuestas de traducción al español.

Fases del proceso

Podemos hablar de distintas fases en un proceso de M&A, fases que serán diferentes si lo abordamos desde una perspectiva empresarial, estratégica, fiscal, financiera o legal. Nosotros nos centraremos en esta última.

Teniendo en cuenta la parte legal del proceso, estas podrían ser las fases más importantes:

• Firma del acuerdo de confidencialidad (NDA);
• Realización de la due diligence;
• Carta de compromiso (letter of intent o LoI);
• Firma del contrato (signing);
• Periodo interino (interim period);
• Cierre (closing).

Vamos a examinarlas ahora con algo más de atención.

Acuerdo de confidencialidad (NDA)

Antes de intercambiar información sensible sobre la empresa que se pretende adquirir (target), las partes querrán asegurarse de que esa información no va a ser divulgada ni se hará pública. Para ello firmarán un contrato de confidencialidad (Non-disclosure Agreement o NDA).

El NDA es un contrato y, por lo tanto, vinculante (binding) para quienes lo firman, en el que se deja bien claro que ninguna de la información compartida durante el proceso puede ser revelada a terceros (third-parties) ajenos a la operación. Suelen firmarlo tanto el vendedor (seller) como el comprador (buyer), así como sus asesores legales y financieros (legal and financial advisors).

Desde el punto de vista del comprador, el NDA sirve para proteger sus intereses evitando que se conozca su participación en un proceso de compra de otra empresa, lo que podría alertar a sus competidores o a las autoridades de la competencia antes de tiempo.

Desde el punto de vista de la sociedad vendedora, el NDA es aún más importante, ya que pondrá a disposición del comprador información muy sensible sobre su negocio (de tipo contable, legal, financiera y de mercado). Esto supone un gran riesgo, por lo que dicha información debe mantenerse siempre como confidencial, evitando que llegue a sus competidores. Tampoco le interesa que sus empleados sepan que se encuentra inmersa en un proceso de venta, ya que esto podría provocar la fuga de talento o una disminución de la productividad en la plantilla actual.

Due Diligence

Una vez firmado el NDA, la sociedad compradora puede acceder ya a la información económica y comercial de la sociedad objetivo (target) a fin de conocer su valor real y poder fijar un precio de compra objetivo. Se inicia así el proceso de due diligence.

En algunos países traducen el término inglés due diligence por diligencia debida. Nosotros pensamos que, en este caso, no procede traducirlo, ya que es práctica común entre juristas y financieros españoles utilizar el término en inglés.

Conocer el estado real de las cuentas de la empresa objetivo, su endeudamiento, sus clientes y el valor de sus activos resulta esencial para poder hacer una valoración de la empresa y ofrecer un precio de compra que se ajuste al valor real de lo que se pretende adquirir.

La información más importante que se desea examinar se ubicará en una sala cerrada denominada sala de datos (data room) a la que, durante algunas semanas o a veces meses, accederán los representantes del comprador.

En esta sala estarán disponibles los registros contables (accounting records), los contratos más relevantes con clientes y proveedores (main contracts with clients and suppliers), la información de los empleados (employees’ information), registros legales o de litigios (legal history), documentación sobre derechos de propiedad industrial (IP documentation) y todo lo que el comprador solicite.

El acceso a esta sala se custodia celosamente y solo se concede a un grupo muy limitado de personas compuesto, generalmente, por los asesores legales y financieros de la sociedad compradora. La sala de datos también puede ser virtual (Virtual Data Room o VDR). Existen empresas especializadas en proporcionar acceso seguro a toda esta documentación que se sitúa en una nube encriptada.

Valoración de la empresa (Valuation)

Al finalizar la due diligence, los asesores del comprador están en disposición de fijar una cifra de compra que se ajuste bastante a la valoración real de la empresa. En torno a esa cifra se fijará el precio de la operación.

Existen muchos métodos para llegar a esa valoración del precio objetivo, pero se trata de una cuestión más financiera que legal sobre la que no nos vamos a detener en este momento.

Carta de compromiso (Letter of Intent o LOI)

Una vez que el comprador dispone de una valoración real de la empresa, está en condiciones de presentar una oferta inicial para comenzar las negociaciones, oferta que se materializará en una carta de compromiso o de intenciones (letter of intent o LOI).

La carta de intenciones no es un contrato, sino una propuesta para firmar un futuro contrato de compraventa, pero debe incluir ya algunos elementos esenciales como el precio de adquisición (purchase price), la forma de pago (payment terms), las garantías exigidas, el cronograma de la operación (transaction timeline) y otras condiciones que resulten importantes para el comprador.

A pesar de no ser un contrato vinculante, la carta de intenciones suele incluir algunos compromisos, como el de exclusividad (exclusivity) del vendedor, quien debe comprometerse a que, durante el proceso de negociación tendente a que se formalice la venta, no negociará con nadie más.

Otro compromiso con frecuencia incluido en la LOI es el de la break-up fee. Se trata de una comisión de ruptura o penalización por ruptura que se deberá pagar en caso de que la operación no llegue a buen puerto por razones imputables a una de las partes. La parte responsable del fracaso de la operación deberá abonar esta suma, lo que seguramente hará que se implique en el éxito de la misma.

Aunque la carta de intenciones esté lejos de ser el contrato definitivo, se considera el momento de la verdad. A partir de su firma es difícil que la operación se tuerza si no se producen circunstancias relevantes que afecten negativamente a alguna de las partes.

Firma (signing), periodo interino (interim period) y cierre (closing)

La operación concluye (aparentemente) con la firma del contrato de compraventa (purchase agreement). La firma del contrato (signing o execution) marca el final del acuerdo y el comienzo de la transmisión de la titularidad de la empresa desde la vendedora a la compradora.

Pero esa transmisión de la titularidad no suele ser inmediata, es decir, no se produce en el mismo momento en que se firma el contrato, sino que a menudo se difiere a un momento posterior denominado el cierre (closing). Esto es así porque es necesario confirmar la satisfacción de determinadas condiciones sin las cuales la operación no será viable, como: aprobaciones regulatorias (regulatory authorizations), entrega del precio de compra (price delivery), aprobación de la financiación por las entidades financiadoras, si las hay, incluso, en algunas ocasiones, se necesita recabar el consentimiento de determinados clientes clave (key customer consents).

La aprobación de las autoridades de la competencia es un requisito esencial, especialmente en el caso de public M&A, lo que puede hacer que el cierre se dilate en el tiempo o incluso llegar a frustrar una operación. Pensemos en la fusión de dos grandes empresas que operan en un mismo mercado y que da lugar a una concentración limitadora de la competencia. En ese caso, la operación puede ser rechazada por las autoridades antimonopolio. En otros casos, la operación podría no rechazarse, pero la autoridad de la competencia podría imponer condiciones a la fusión que hicieran que esta dejase de ser interesante para la sociedad compradora.

El tiempo que va desde la firma del contrato de compraventa hasta que se materializa el cierre definitivo de la operación se conoce como periodo interino (interim period). Se trata de un momento complejo en la gestión de la sociedad target que estudiaremos con más detalle en otra entrada.

Una vez que termina el periodo interino y se han cumplido las condiciones y las acciones del cierre, se confirma la transmisión de la propiedad y concluye el proceso de M&A, al menos desde el punto de vista legal.

Si necesitas traducir documentación relativa a un proceso de M&A y quieres traducciones de las que te puedas fiar (libres de alucinaciones), será un placer ayudarte. Solo tienes que contactar con nosotros.

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Traducimos muchos acuerdos de M&A.

Son procesos complejos, en los que intervienen muchas partes: las empresas involucradas, varios despachos de abogados y a menudo entidades financieras.

Con el tiempo y muchas horas de trabajo, nos hemos familiarizado con la terminología y los conceptos que se emplean en estas operaciones. En esta y en próximas entradas iremos desgranando esos conceptos y explicándotelos en español.

Por cierto, estas entradas las escribimos enteramente nosotros, no las dejamos en manos de la IA. Así que, cualquier error u omisión se debe enteramente a sus autores: nosotros.

Conceptos clave

El acrónimo inglés M&A responde al término Mergers and Acquisitions. En español: fusiones y adquisiciones. La jerga inglesa es ya un estándar en las operaciones internacionales, también en nuestro país.

Se trata de operaciones (deals o transactions) en la que se quiere fusionar (merge) o consolidar (consolidating companies) dos sociedades mediante diferentes operaciones (financial transactions).

El proceso puede llevarse de diferentes formas:

• Mediante la compra y absorción (purchase and absorbtion) de una sociedad por otra.
• Mediante la fusión (merger) de dos sociedades para crear una nueva.
• Mediante la adquisición por una sociedad de la totalidad o la mayoría de los activos de otra (some or all of the assets).
• Mediante una oferta no negociada de compra de acciones de una sociedad cotizada, lo que en el argot español se conoce como OPA hostil (hostile takeover).

A la sociedad objetivo de la operación se la conoce como target company, mientras que la sociedad compradora o adquirente se denomina buyer o acquirer.

Y si la operación afecta a dos sociedades cotizadas (public companies) suele denominarse Public M&A, mientras que si afecta a sociedades de capital cerrado (private companies), se llama Private M&A.

Documentos

A todas estas operaciones se les conoce con el nombre genérico de M&A. Son operaciones complejas que implican la firma de numerosos contratos y un sinfín de documentos auxiliares que, a menudo, es necesario traducir.

Estos son algunos de los más frecuentes:

• Una carta de intenciones (Letter of Intent) para iniciar las negociaciones.
• Un borrador del contrato principal (Heads of Agreement, Heads of Terms o Term Sheet).
• Un contrato de compraventa de acciones (Share Purchase Agreement o SPA).
• Un contrato de compraventa de activos (Asset Purchase Agreement o APA).
• Un contrato de financiación (Financing Agreement).
• Un contrato marco (Framework Agreement o Master Agreement) con cláusulas generales de aplicación a varios contratos de la operación.
• Un contrato de confidencialidad (Non-Disclosure Agreement o NDA) que puede estar o no integrado en el APA o SPA.
• Un pacto de socios (Shareholders Agreement) para regular la relación de los accionistas tras la operación.
• Un contrato de garantías (Guarantee Agreement).
• La creación de una Entidad de Propósito Especial (Special Purpose Vehicle o SPV).
• La contratación de un seguro que cubra la responsabilidad de la alta dirección (D&O Liability Insurance).

Los hemos traducido todos y muchas veces.

Diferencias entre fusión y adquisición

Aunque M&A es un término genérico que se utiliza para referirse a todas estas operaciones (incluso sirve para designar a los departamentos legales o financieros de los asesores que las gestionan), en realidad no son la misma cosa.

Una fusión (merger) se produce cuando dos empresas se unen para dar lugar a una nueva sociedad que resulta de dicha operación. La adquisición (acquisition) se produce cuando una sociedad absorbe a otra (one company absorbs another) mediante la compra de la mayoría o la totalidad de sus acciones, convirtiéndose en la dueña de la sociedad absorbida.

A veces no se adquiere la totalidad de la sociedad objetivo, sino que primero se escinden (carve-out) de ella determinados activos o unidades de negocio para que estos, y solo estos, sean adquiridos por la sociedad compradora o adquirente en el proceso de M&A.

Las fusiones son por definición “amistosas”, pues ambas sociedades deben ponerse de acuerdo en el proceso de formación de una nueva entidad. Pero las adquisiciones pueden ser amistosas (friendly) u hostiles (unfriendly / hostile), que los juristas prefieren llamar “no negociadas”.

En una adquisición amistosa, los consejos de administración de ambas sociedades negocian los términos de la operación, mientras que, en una operación hostil, al no colaborar en el proceso el consejo de la sociedad target, la compradora debe presentar una oferta pública (tender offer) de adquisición de sus acciones, de modo que solo conseguirá adquirir la sociedad si convence al mercado para que le venda un número suficiente de acciones que le permita tener el control.

A veces las operaciones hostiles de adquisición reciben el nombre de fusión (merger), porque la sociedad adquirente incorpora la target a su conglomerado y esta desaparece una vez adquirida.

Un ejemplo muy conocido de OPA hostil en el mercado español, que, por cierto, no salió bien para la compradora, fue la operación lanzada por el banco BBVA para la adquisición del Banco Sabadell.

Cómo se financia una operación de M&A

La sociedad adquirente tiene que pagar el precio estipulado por las acciones o por los activos de la sociedad target y ese pago se puede hacer de distintas formas:

• Con dinero en efectivo (cash).
• Con acciones, entregando sus propias acciones (shares/stocks) a cambio de las acciones de la target.
• Asumiendo la deuda de la sociedad adquirida (assumption of debt).
• Mediante una combinación de varias opciones

Cuando la operación es pequeña, especialmente en el caso de private M&A, la compra suele realizarse con efectivo y/o asunción de deuda.

Pero, en el caso de operaciones de public M&A, el precio global suele ser muy elevado, lo que supone una inversión (y un desembolso) considerable para la sociedad adquirente, que puede necesitar la ayuda de entidades de crédito, bancos o sindicatos de bancos.

Aquí es donde entran en juego los préstamos sindicados (syndicated loan agreements), que son préstamos concedidos a la compradora por un grupo de bancos; los pactos de Earn-Out, que permiten a compradora y vendedora ajustar el precio de venta en función de los resultados futuros de la sociedad adquirida; y el pacto de pago diferido del precio de compra (Deferred Purchase Price o Deferred Consideration), que permite a la sociedad compradora pagar el precio de compra en un momento posterior al cierre (Closing) de la operación.

Salvo que tengas un buen seguro de responsabilidad civil, no deberías usar ninguna IA para traducir este tipo de documentos. Así que, si quieres traducciones de calidad para operaciones complejas, será un placer ayudarte. Solo tienes que contactar con nosotros.

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¿Hasta qué punto pueden los tribunales cuestionar las decisiones de un consejo de administración?

La business judgment rule, o BJR, es uno de los pilares del corporate governance anglosajón y define, precisamente, ese espacio de libertad empresarial.

Conocer su significado e implicaciones puede resultar clave para interpretar correctamente documentos societarios como Certificates of Incorporation o Bylaws, especialmente de sociedades estadounidenses.

¿Qué es la “business judgment rule”?

En el modelo de gobierno corporativo estadounidense, y muy particularmente en Delaware, el consejo de administración (board of directors) goza de una amplísima autonomía para gestionar la sociedad, a diferencia de otras jurisdicciones, donde los accionistas intervienen en muchas de las decisiones estratégicas. Esto implica que decisiones clave (como adquisiciones, políticas de dividendos o desinversiones) quedan en manos del consejo, sin necesidad de ratificación por los accionistas.

La BJR es un principio del Derecho societario que protege a los administradores de la sociedad estableciendo una presunción a favor de las decisiones del consejo.

Es una presunción refutable (rebuttable presumption), por ello en ocasiones se denomina “business judgment presumption”, que solo cede cuando el demandante (plaintiff) demuestra que el administrador o administradores demandados actuaron de forma negligente y de mala fe.

Origen y traducción

La BJR es una regla o principio desarrollado por la jurisprudencia (case law) de los tribunales en los países Common Law, especialmente en los Estados Unidos. En ese desarrollo ha tenido un papel clave la Court of Chancery del estado de Delaware.

Aunque esta regla es mucho más antigua, a menudo se cita la sentencia del caso Gimbel v. Signal Companies, Inc. de 1974 como una de las que recoge una definición más clara de la BJR al afirmar que:

“… [T]he directors of the […] corporation are clothed with that presumption which the law accords to them of being actuated in their conduct by a bona fide regard for the interests of the corporation whose affairs the stockholders have committed to their charge. This being so, the sale in question must be examined with the presumption in its favor that the directors who […] negotiated it honestly believed that they were securing terms and conditions which were expedient and for the corporation’s best interests.”

La jurisprudencia de Delaware ha extendido también la aplicación de la BJR a la actuación de los directivos (officers).

Podríamos traducirla al español como la regla de la discrecionalidad empresarial o del criterio empresarial o regla de protección de la discrecionalidad empresarial. También podemos simplemente dejar el término en inglés, en función del objetivo de la traducción y de quién sea su destinatario.

¿Cómo y cuándo se aplica la BJR?

La business judgment rule entra en juego en los procedimientos en los que se alega que el administrador de una sociedad ha incumplido su deber de diligencia (duty of care).

Con arreglo a este principio, el tribunal confirmará las decisiones del administrador siempre que estas se hayan adoptado (1) de buena fe, (2) con el cuidado que emplearía una persona razonablemente prudente y (3) con la convicción razonable de estar actuando en interés de la sociedad.

Dado que es una presunción, admite prueba en contrario, y es el demandante (plaintiff) quien debe probar que el administrador actuó de forma negligente y de mala fe.

En los Estados Unidos, a los administradores no se les exige que basen sus decisiones de negocio en el beneficio a largo plazo de la sociedad, o que tengan en cuenta los efectos de dichas decisiones sobre terceros interesados (stakeholders) ni sobre el medioambiente. Los administradores solo deben haber considerado la mejor forma de maximizar el valor de la compañía para el accionista para que sus decisiones queden amparadas por la BJR.

¿Existe en el Reino Unido?

En el Reino Unido no existe la business judgment rule. Se rechazó expresamente en los trabajos de preparación de la Companies Act 2006.

No obstante, los tribunales ingleses han reconocido históricamente que los administradores están autorizados a asumir riesgos comerciales sin verse obligados a responder por errores de juicio cometidos de buena fe.

Los tribunales ingleses se centran en examinar el proceso de toma de decisiones, además de la decisión en sí misma, para evaluar la diligencia o negligencia de los administradores, comprobando:

1. Si los administradores tomaron las medidas necesarias para estar bien informados de los hechos más importantes;
2. Si solicitaron asesoramiento experto en caso de ser necesario;
3. Si estaban autorizados a confiar en dicho asesoramiento;
4. Si actuaron de forma responsable.

Aquí, la carga de la prueba de la actuación diligente (para que entre en aplicación la BJR) corresponde a los administradores, por lo que es especialmente importante documentar el proceso de toma de decisiones.

¿Y en España?

La business judgment rule española aparece recogida en el artículo 226.1 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) que lleva por título “Protección de la discrecionalidad empresarial” y que fue introducido en la reforma de la ley del año 2014. Pero en nuestro país tiene un alcance más restringido que la BJR anglosajona.

Art. 226.1 LSC: “el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado”.

Como señala Jesús Alfaro Águila-Real: “De acuerdo con las reglas generales sobre la carga de la argumentación/alegación, corresponderá al administrador que pretenda valerse de la regla de la discrecionalidad empresarial la prueba de que la decisión se tomó informada y desinteresadamente”.

Si necesitas traducciones de las que realmente te puedas fiar, o quieres formación in-company sobre esta materia, contacta con nosotros.

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Ni es oro todo lo que reluce ni es una oferta todo lo que parece.

En el Derecho de contratos angloamericano (Contract Law) existen conceptos un tanto especiales que moldean y dan forma a la particular manera que tienen los anglosajones de entender los negocios. El concepto que hoy estudiamos es uno de ellos.

Se trata de invitation to treat, que en los EE. UU. se conoce también como invitation to negotiate, y que generalmente se traduce como invitación a negociar, invitación a ofertar (en Argentina), invitación a presentar ofertas (en Colombia) o invitación a contratar (en España).

Una oferta no es una invitation to treat

Antes de seguir adelante, es importante entender la diferencia entre oferta e invitación a negociar, pues de ello se derivan importantes consecuencias.

En el Derecho angloamericano de contratos, la oferta (offer) es la manifestación clara e inequívoca de la voluntad de contratar formulada en términos específicos y con la intención de quedar jurídicamente vinculado por ella en el mismo momento en que esa oferta sea aceptada por la parte a la que se dirige.

La invitation to treat, en cambio, no pretende vincular, sino invitar a la otra parte a formular una o varias ofertas sobre un determinado bien o servicio, ofertas que podrán ser aceptadas o rechazadas libremente.

La invitación a negociar es una declaración preliminar (realizada en la fase previa al contrato) en la que se manifiesta la voluntad de recibir ofertas.

La distinción entre oferta e invitación a negociar no es meramente teórica, sino que determina quién es el oferente y quién es el aceptante, cuándo nace el contrato y, en última instancia, si existe o no una obligación exigible. Cuando exista una invitación a negociar, esta precederá a la oferta e invertirá la posición de las partes que realizan la oferta y la aceptación.

La invitación a negociar en distintos países

Esta institución precontractual existe de diferentes formas en numerosos países de nuestro entorno jurídico (Civil Law), pero en la mayoría de ellos no está regulada por ley, sino que han sido la jurisprudencia y la doctrina quienes la han definido y delimitado.

Tan solo Argentina, que nosotros sepamos, ha regulado legalmente este concepto en el Código Civil y Comercial de la Nación del año 2014.

ARTICULO 973.- Invitación a ofertar. La oferta dirigida a personas indeterminadas es considerada como invitación para que hagan ofertas, excepto que de sus términos o de las circunstancias de su emisión resulte la intención de contratar del oferente. En este caso, se la entiende emitida por el tiempo y en las condiciones admitidas por los usos.

En España, sin embargo, este concepto no está regulado legalmente, al menos todavía, pero sí se recoge en la propuesta de modernización del Código Civil en materia de contratos del año 2023 (en el nuevo artículo 1.244 2). A la espera de que se apruebe dicha propuesta, hoy debemos acudir a la descripción que aportan la jurisprudencia de los tribunales y los trabajos de algunos autores.

De la misma forma, el concepto se ha definido jurisprudencialmente en Colombia mediante una sentencia de mayo de 2024 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la que se aclara que “una invitación a presentar ofertas no es una propuesta definitiva de un negocio jurídico, sino una solicitud para que terceros presenten sus propias ofertas”.

La invitation to treat en el Derecho inglés

En el Derecho inglés no tienen este problema, pues, aunque tampoco existe mucha regulación legal del concepto, ha sido tratado ampliamente por la jurisprudencia de sus tribunales y regulado por la vía del precedente vinculante (binding precedent), verdadera fuente de normas jurídicas en Inglaterra y Gales.

La jurisprudencia de los tribunales ingleses ha confeccionado a lo largo del tiempo una serie de reglas que permiten identificar las situaciones en las que nos encontramos ante una invitación a negociar y no una oferta:

1. Publicidad y anuncios (advertisements)

Como regla general, los anuncios publicitarios se consideran invitations to treat. El anunciante no se compromete a contratar con cualquiera que responda al anuncio, sino que se limita a invitar a recibir ofertas.

La excepción clásica la constituyen los anuncios con promesa clara y específica, especialmente los que suponen una oferta unilateral, como ocurre con los anuncios de recompensas (daré 100 libras esterlinas a quien encuentre a mi perro perdido), que se consideran ofertas dirigidas al público en general. En tales casos, lo importante no es el formato publicitario, sino la promesa inequívoca de quedar vinculado por esa oferta.

El concepto de oferta unilateral fue definido en el caso Carlill v Carbolic Smoke Ball Company Ltd [1893] 1 QB 256.

2. Productos en escaparates y tiendas de autoservicio (self-service and shop-window displays)

La exposición de productos en estanterías o escaparates tampoco se considera una oferta, sino una invitación a negociar. La oferta real la realiza el cliente al presentar el producto en la caja, conservando el comerciante la facultad de aceptar o rechazar esa oferta.

Este principio (que deriva del caso Pharmaceutical Society of Great Britain v Boots Cash Chemists Ltd [1953] 1 QB 401) explica por qué, en Derecho inglés, un comercio no está obligado a vender un producto al precio marcado si decide no aceptar la “oferta” del comprador.

3. Subastas (auctions)

En las subastas tradicionales, el lote expuesto y la llamada a pujar constituyen una invitation to treat. Cada puja es una oferta, y el contrato no se perfecciona hasta que el subastador acepta la última puja tras la caída del martillo. Así se fijó en el caso British Car Auctions v Wright [1972] 1 WLR 1519.

4. Licitaciones (invitations to tender)

Las convocatorias de licitación suelen calificarse como invitaciones a negociar. Quien las convoca no está obligado a aceptar ninguna oferta recibida (como se deriva del caso Spencer v Harding (1870) LR 5 CP 561).

No obstante, si se compromete expresamente a aceptar la mejor oferta (la más alta o la más baja, según sea el caso), puede surgir una obligación jurídicamente vinculante (principio elaborado en el caso Harvela Investments Ltd v Royal Trust of Canada (CI) Ltd [1986] AC 207).

5. Declaraciones meramente informativas de precios (mere statements of price)

Una simple indicación del precio (mere statements of price) al que alguien estaría dispuesto a vender no equivale a una oferta, sino a una invitación a que la otra parte formule una propuesta.

Por qué este concepto importa (mucho)

En muchos ordenamientos continentales, la exposición de un precio puede generar obligaciones inmediatas. En el Common Law, en cambio, el énfasis está en la intención objetiva de quedar vinculado y en la secuencia exacta de oferta y aceptación.

Comprender esta distinción es esencial para saber cuándo nace un contrato, interpretar las obligaciones derivadas de los anuncios, licitaciones y procesos de compra sometidos al Derecho inglés y, por supuesto, traducir con precisión documentos contractuales y precontractuales.

Por si te lo preguntabas, este artículo ha sido elaborado 100 % por humanos, con la ayuda inestimable de otros humanos:

– Marín Narros, Héctor Daniel. “Las invitaciones a negociar”. Revista de Derecho UNED, n. º 10, 2012.

– Finch, Emily & Fafinski, Stefan. Contract Law. 8. ª edición. Pearson.

– Cartwright, John. Contract Law. Traducción española: Introducción al derecho inglés de los contratos. Navarra: Aranzadi.

– Propuesta de modernización del Código Civil en materia de obligaciones y contratos (disponible aquí).

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Los conceptos anglosajones de duress (coacción) y undue influence (influencia indebida) permiten anular contratos cuando una de las partes no ha prestado su consentimiento de forma libre y voluntaria.

¿Qué son?

Ambos conceptos pertenecen al campo del Derecho contractual anglosajón. Se trata de vicios (vitiating factors) que permiten anular un contrato cuando se demuestra que una de las partes fue presionada, coaccionada o manipulada al firmarlo.

• Duress: se refiere a la firma de un contrato bajo amenaza, ya sea de violencia física, de daño a los bienes de alguien o de causarle un perjuicio económico.
• Undue influence: implica una presión psicológica o relacional, menos explícita que la coacción, que es ejercida por alguien que se aprovecha de una relación de confianza o dependencia.

Sobre duress hablamos con más detalle en el blog (aquí). Vamos a examinar ahora con detalle el concepto de undue influence.

¿En qué consiste la influencia indebida?

La undue influence (que podríamos traducir como “influencia indebida”, pero también como “manipulación” o incluso “coacción psicológica”) es un concepto más sutil.

Puede alegarse en situaciones similares a las anteriores, pero con la diferencia de que, en este caso, no existe la violencia física ni la amenaza de violencia física.

La influencia indebida o manipulación es un remedio de equidad (y, por tanto, disponible a discreción del tribunal) que tiene su origen en los desarrollos de la Court of Chancery, mientras que las reglas de la coacción (duress) fueron desarrolladas por los tribunales ordinarios (common law courts).

Suele estar disponible en aquellas situaciones en las que una de las partes ha obtenido una ventaja injusta sobre la otra mediante presión o manipulación psicológica (que no pueden considerarse duress en la jurisprudencia del common law).

Clases de influencia indebida

El término undue influence es bastante impreciso, no existiendo una definición clara. Sin embargo, los tribunales han descrito varias clases o tipos de influencia indebida:

Clase 1. Influencia indebida real

Se da cuando no existen circunstancias en las que pueda presumirse la influencia indebida, por lo que la parte que la alega debe probar su existencia, es decir, debe acreditar que en el momento de celebrar el contrato no pudo firmarlo libremente.

El caso Williams v Bayley (1866) LR 1 HL 200 ilustra muy bien este tipo de influencia indebida. Se examinó la situación de un joven que había falsificado la firma de su padre en unos pagarés y los había presentado al cobro en el banco, pero el banco descubrió la falsificación después de hacerlos efectivos. En una reunión en la que participaron el padre, el hijo y representantes del banco, estos últimos amenazaron con denunciar al hijo a menos que llegaran a un acuerdo satisfactorio. El acuerdo consistía en que el padre debía firmar una hipoteca sobre su casa para garantizar el pago de dichos pagarés. Cosa que hizo. Sin embargo, ese contrato de hipoteca fue anulado por los tribunales al considerar que se había firmado bajo influencia indebida, ya que no podía decirse que el padre lo hubiese firmado voluntariamente.

Clase 2A. Presunta influencia indebida (relación especial)

En este caso, se presume que existe una influencia indebida cuando hay una relación especial entre las partes. La parte que alega la influencia indebida tiene que probar la existencia de esa relación. Corresponde entonces a la otra parte demostrar que no se dio dicha influencia indebida en el momento de la firma del contrato.

Estas serían las relaciones que dan lugar a la presunción de influencia indebida de la clase 2A:

• Padre-hijo
• Líder religioso-discípulo
• Fiduciario-beneficiario
• Médico-paciente
• Abogado-cliente

Hay que tener en cuenta que la relación entre marido y mujer se excluyó expresamente de la clase 2A de relaciones especiales a raíz del caso Midland Bank Plc v Shepherd.

Clase 2B. Presunta influencia indebida (sin relación especial)

A pesar de que no exista la relación especial entre las partes de la clase anterior, sigue siendo posible que una de ellas alegue influencia indebida y se presuma su existencia por haber una relación de confianza.

Esta relación de confianza se refiere, sobre todo, a la relación entre marido y mujer, en particular cuando uno de los cónyuges induce al otro a poner la vivienda familiar como garantía de un préstamo concedido a ese cónyuge.

Remedios

Si los tribunales consideran que efectivamente existe la influencia indebida, el contrato será anulable (voidable), es decir, la parte que sufrió la influencia indebida puede pedir su anulación mediante la acción de rescisión (rescission).

Sin embargo, este recurso puede resultar ineficaz en algunas situaciones, como cuando el valor de la propiedad ha cambiado por el paso del tiempo.

¿Qué pasa en otros sistemas jurídicos?

Por hablar del que más conocemos, que es el Derecho español, este no reconoce dicha figura como un vicio del consentimiento que permita anular el contrato. Parece que al Derecho español no llegó la “Equidad”.

Lo más parecido sería lo que el Código Civil español denomina temor reverencial (“el temor a desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto”), pero este tipo de temor se considera irrelevante en el Código Civil, no permitiendo anular el contrato (art. 1.267.IV CC).

El legislador español consideró que en esos casos no existe intimidación, porque, como señala Carrasco “el temor no es provocado por otro sujeto, sino que es un temor espontáneo (esto es, deriva de la percepción subjetiva que tiene el atemorizado de los vínculos que mantiene con ciertos sujetos), y porque no existe una amenaza injusta”.

Otra cosa sería si, además de ese temor reverencial (que no invalida el contrato), se dieran también los requisitos de la intimidación (como una amenaza injusta del padre hacia el hijo que llevase a este a firmar un contrato).

Conclusión

El Derecho anglosajón protege la libertad de contratar no solo frente a la violencia o la coacción económica, sino también frente a las situaciones en las que tan solo existe una forma de manipulación emocional. Entender las diferencias entre duress y undue influence es clave para evaluar la validez de un contrato y los posibles recursos del perjudicado. Y, aunque son conceptos distintos con diferentes características, ambos pueden dar lugar al mismo desenlace: la anulación del contrato.

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Hoy te traemos un término clave del Contract Law anglosajón.

Un concepto complejo que debemos entender bien para poder traducirlo y trasladar a nuestro idioma todo su significado e implicaciones.

Te adelantamos que no tiene nada que ver con “dureza”.

¿O tal vez sí?

Origen y significados

Se cree que el término duress apareció a mediados del siglo XIV como equivalente de severo o riguroso. Posiblemente provenga del francés antiguo duresse o durece, que a su vez tiene un origen latino en duritia (dureza, dificultad). Ya en el siglo XV adquiere el matiz de coerción o coacción, especialmente en el lenguaje jurídico.

Los diccionarios nos ofrecen varias posibles traducciones de este término, como coacción, presión, fuerza, coerción, represión. ¿Con cuál nos quedamos?

El concepto

En el Derecho contractual anglosajón, el concepto duress hace referencia a una situación en la que una parte consiente un contrato como resultado de una amenaza o coacción. Si se prueba la existencia de la coacción, el contrato se considera anulable (voidable) a instancia de la parte afectada. Por lo tanto, cuando una de las partes se ve obligada a firmar bajo coacción o amenaza (duress) será posible impugnar el contrato.

La coacción o la amenaza no tienen que ser solo de violencia física. El concepto ha evolucionado hasta incluir presiones sobre los bienes o incluso el patrimonio económico.

Esta figura parte de un principio básico del Derecho contractual: el consentimiento debe ser libre y voluntario. Cuando el acuerdo se produce como resultado del miedo o la intimidación, este carece de validez legal.

Un poco de historia: del puñal a la presión económica

Durante siglos, los tribunales ordinarios (common law courts) solo reconocían como coacción aquella que implicaba violencia física o la amenaza de violencia contra la persona. Es decir, la clásica imagen de alguien firmando un contrato “a punta de pistola”.

Sin embargo, la jurisprudencia de los tribunales ingleses amplió el concepto en el siglo XX para adaptarse a las necesidades del comercio y las relaciones empresariales. Hoy se admiten también como formas de duress: las amenazas sobre bienes y la coacción económica (economic duress).

Estos son los tipos más comunes de duress admitidos por los tribunales.

1. Violencia real o amenaza de violencia sobre la persona (actual or threatened violence to the person)

Es la forma más tradicional de duress. Si una persona firma un contrato bajo la amenaza de sufrir un daño físico, el consentimiento está claramente viciado.

2. Amenazas sobre los bienes (threats to property)

Durante mucho tiempo se consideró que las amenazas sobre bienes tangibles no bastaban para invalidar un contrato. Esa visión cambió a partir del caso The Siboen and The Sibotre [1976]. Por ejemplo: “firma este contrato o quemaré tu casa / destruiré una de tus obras de arte de gran valor”.

Este nuevo razonamiento de los tribunales abrió la puerta a la inclusión de otras formas de presión no física como causantes de duress.

3. Coacción económica (economic duress)

El desarrollo más significativo en esta área ha sido la coacción económica (economic duress). En este caso, la amenaza no es de naturaleza física ni sobre bienes tangibles, sino sobre el bienestar financiero de la persona o la empresa. Por ejemplo: “Si no firmas este contrato, dejaremos de trabajar contigo” o “acepta estas nuevas condiciones, o no pagaremos lo acordado”.

La presión puede ser explícita o implícita, pero debe ser lo bastante intensa como para condicionar el consentimiento.

Los tribunales señalaron que la coacción requiere una “coerción de la voluntad que vicie el consentimiento”, de modo que, cualquier acuerdo alcanzado se habría producido de forma involuntaria. Lord Scarman identificó una lista de factores que indicaban la existencia de coacción:

• ¿Protestó en su momento la persona que afirma haber sido coaccionada?
• ¿Tenía alguna alternativa?
• ¿Tuvo acceso a un asesoramiento independiente?
• ¿Tomó medidas para evitar el contrato una vez celebrado?

Curiosamente, incluso una amenaza de acción legal perfectamente lícita puede considerarse coacción, si se utiliza de forma abusiva y con fines de presión indebida. Por ejemplo, si se amenaza con acciones lícitas para obligar a firmar un contrato que la otra parte no desea, el tribunal puede considerar que existe duress si la parte inocente no tiene otra alternativa razonable.

Derecho continental y Common Law

El Contract Law anglosajón ha desarrollado (principalmente a partir de la jurisprudencia de los tribunales) lo que se conoce como vitiating factors o vicios del contrato. Entre ellos se encuentra la misrepresentation (declaración falsa), el error (mistake), la ilegalidad (illegality), la coacción (duress) y la influencia indebida (undue influence), entre otros.

Son factores que invalidan contratos que, de otro modo, serían válidos. Aunque un contrato pueda ser perfectamente válido en derecho (es decir, que estén presentes los elementos de un contrato vinculante: oferta, aceptación, contraprestación e intención de crear relaciones jurídicas), el contrato puede resultar inaplicable (unenforceable) debido a la presencia de alguno de estos factores.

En los sistemas de Derecho civil (como España), el concepto más cercano es el de vicios de consentimiento o vicios de la voluntad que se regulan en los artículos 1265 a 1270 del Código Civil español. El Código civil español describe los casos en los que existe consentimiento, pues, como señala Carrasco “el contratante tiene una voluntad interna de contratar”, pero esta voluntad se ha formado de manera defectuosa.

El análisis en el common law es más casuístico, basado en precedentes judiciales, y no codificado legalmente como el español. Pero en ambos sistemas se llega a la misma consecuencia: la anulabilidad. Cuando hay un vicio del consentimiento o un vitiating factor, el contratante que lo sufre puede anular el contrato.

Conclusión

Duress es una figura clave del Derecho contractual anglosajón. Su evolución desde las amenazas físicas hasta las presiones económicas refleja una visión más sofisticada del consentimiento. En un mundo donde los contratos se negocian en entornos complejos y asimétricos, la línea entre la presión legítima y la coacción ilegítima es cada vez más fina… y cada vez más relevante.

Si ya has entendido el concepto y tienes que traducirlo en un contrato, te sugerimos que uses términos como coacción, amenazas o presión ilegítima.

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Lo encontrarás a menudo en contratos redactados en inglés.

Puede que también en otros documentos.

Y con frecuencia lo verás mal traducido de alguna de estas formas:

• Falsa representación
• Distorsión
• Tergiversación
• Mala representación

Cuando quien lo traduce es una máquina o alguien que no entiende su significado e implicaciones pasa lo que pasa.

Vamos por partes.

Representation

El término misrepresentation nos remite a un concepto esencial de los contratos: las representations. Estas son un tipo de cláusulas propias de los contratos anglosajones de las que puedes saber más leyendo esta otra entrada de nuestro blog (haz clic sobre el nombre de la entrada):

Qué son las Representations & Warranties

Si la has leído, ya sabes de qué hablamos. Por tanto, una misrepresentation es una representation falsa. Pero nunca una “falsa representación” o “mala representación”, cosas que en español no tienen ningún sentido.

Veamos qué significa realmente este término, todo lo que implica y cómo traducirlo correctamente.

Primera aproximación al concepto

En el Derecho inglés, misrepresentation es uno de los factores denominados vitiating factor que afectan a la validez de un contrato, pudiendo hacer que este sea nulo (void) o anulable (voidable).

Se trata de una declaración sobre hechos relevantes (a statement of material facts), hecha por una de las partes antes de celebrarse el contrato (made prior to the contract), que resulta falsa o engañosa (that is false or misleading), y que induce a la otra parte a firmarlo (that induced the other party to enter into the contract).

En esta definición encontramos todos sus elementos.

1. Declaración falsa o engañosa hecha por una parte del contrato.
2. Sobre hechos (no sobre Derecho) relevantes para ese contrato.
3. Que se realiza antes de la firma.
4. Que induce a la otra parte a firmar el contrato confiando en esa declaración.

No se trata, como ves, de un término coloquial o del inglés común, sino de una figura jurídica perfectamente definida y regulada con numerosas implicaciones.

Clases de misrepresentation

Existen, principalmente, tres clases de misrepresentation con consecuencias jurídicas diferentes:

• Innocent misrepresentation: se da cuando la parte que hace la declaración falsa cree sinceramente que es cierta y tiene razones objetivas para ello.
• Negligent misrepresentation: cuando la parte que hace la declaración no actúa con el debido cuidado al comprobar si los hechos son ciertos o no.
• Fraudulent misrepresentation: cuando la parte que hace la declaración sabe que es falsa y tiene la intención de engañar a la otra.

En el caso de innocent misrepresentation, la parte afectada tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios (damages) y solo en algunas circunstancias muy limitadas puede solicitar la rescisión del contrato (remedy of rescission). Mientras que en los casos de negligent misrepresentation y, sobre todo, de fraudulent misrepresentation suele concederse la rescisión del contrato junto a la indemnización por daños.

¿Dónde se regula?

Como casi todo en el Derecho inglés la regulación de este concepto no es fácil de encontrar. Es cierto que hay una ley del año 1967 que regula parte de esta materia, la Misrepresentation Act 1967, que supuso un avance sobre todo en el reconocimiento de supuestos de negligent misrepresentation.

Pero la mayor parte de su regulación es jurisprudencial, es decir, common law, en el sentido más estricto del término.

Uno de los primeros asuntos en tratar el tema fue Derry v Peek (1889) que estableció las bases de la fraudulent misrepresentation. Pero hay otros 15 o 20 casos relevantes sobre esta materia como el Hedley Byrne & Co. Ltd v Heller (1963) o el más reciente Salt v Stratstone Specialist Ltd (2015), entre otros.

El concepto de misrepresentation también existe en el Derecho estadounidense, aunque su tratamiento suele circunscribirse al Derecho de daños o Tort law (negligent or intentional misrepresentation) y en el Contract law se engloba dentro del concepto general de fraude (fraud).

¿Qué pasa en Derecho español?

En Derecho español existe una figura jurídica que guarda ciertas similitudes: el dolo.

Sin embargo, nuestro dolo es un concepto muy amplio que se emplea tanto en derecho de contratos, como en Derecho penal, administrativo y en otros muchos campos.

Ángel Carrasco nos habla del dolo en el Derecho de contratos como un vicio del consentimiento que está regulado en los artículos 1.269 y 1.270 del Código Civil español. Siguiendo la redacción del artículo 1.269 CC:

Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.

Siguiendo a Carrasco vemos que este tipo concreto de dolo como vicio de la voluntad, que también se denomina dolo in contrahendo, podría asemejarse a la misrepresentation anglosajona.

El dolo exige la concurrencia de varios requisitos: 1) una conducta dolosa (elemento objetivo), esto es, una acción u omisión (el elemento objetivo son las «palabras y maquinaciones insidiosas» del art. 1.269 CC) realizada por un contratante con la intención (elemento subjetivo) de engañar al destinatario (el animus decipiendi); 2) el dolo ha de ser determinante (causante) de la celebración del contrato, existiendo una relación de causalidad entre la conducta dolosa y la celebración del contrato; 3) el dolo ha de ser grave; 4) el dolo ha de ser causado por el otro contratante, y no por un tercero; 5) no hay dolo cuando este ha sido empleado por las dos partes contratantes (dolo recíproco).

Y ahora viene la pregunta del millón.

¿Cómo lo traducimos?

La traducción más adecuada de misrepresentation dependerá, una vez más, del contexto y del público al que vaya dirigida nuestra traducción.

Podríamos traducir misrepresentation al español de alguna de estas formas:

• Contexto contractual o comercial: Declaración o manifestación (de hechos) falsa o inexacta
• Contexto doctrinal: falsa manifestación precontractual
• Contexto de Derecho comparado: vicio del consentimiento por dolo
• Contexto litigioso: falseamiento de la realidad o inducción al error

Ninguna de estas traducciones es del todo precisa si no se explican adecuadamente o se ajusta al contexto.

Sin embargo, una vez que entiendas el contenido del concepto misrepresentation podrás tomar la mejor decisión de traducción.

Si necesitas traducciones jurídicas de calidad, confidenciales y sin alucinaciones, contacta con nosotros.

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El Derecho es la herramienta que usamos los seres humanos (al menos, en los países civilizados) para organizar nuestra vida en sociedad.

Por ello no es de extrañar que las leyes sean un reflejo de la política y la ideología de cada sociedad y de cada momento.

El concepto que estudiamos hoy es un claro ejemplo.

Se trata de un término jurídico con enormes implicaciones políticas e ideológicas.

Vamos a ver qué significa y cómo traducirlo al español.

Definición

El término affirmative action nació en los Estados Unidos para referirse a una serie de medidas políticas (denominadas affirmative action policies) tendentes a corregir la discriminación sistemática (systemic discrimination) de determinados grupos sociales históricamente desfavorecidos (historically disadvantaged groups) y fomentar la diversidad (diversity), la igualdad social (social equity) y la inclusión social (social inclusion).

Estas medidas buscaban beneficiar a grupos subrepresentados por motivos de raza, género o procedencia nacional, facilitando su acceso al empleo o la educación.

Origen y base jurídica

El término affirmative action aparece por primera vez en la década de 1960 en EE. UU., en concreto en la Orden Ejecutiva 10925 del presidente John F. Kennedy (de 6 de marzo de1961), que incluía una disposición dirigida a los contratistas del gobierno federal instándoles a “tomar affirmative action para garantizar que los solicitantes de empleo sean contratados y que los empleados reciban un trato justo durante su empleo, independientemente de su raza, credo, color o nacionalidad”.

En la misma línea apareció la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Civil Rights Act) que prohibió la discriminación en diversos lugares como hoteles, escuelas y servicios públicos, impidiendo a los empleadores, sindicatos y agencias de empleo excluir a solicitantes de empleo y clientes por motivos de raza, sexo, color, religión o país de origen.

Poco después, en el año 1965, el presidente Lyndon B. Johnson firmó otra Orden Ejecutiva (la 11246) que exigía a las agencias federales que contratasen personal “sin tener en cuenta la raza, la religión ni la nacionalidad”.

Estas medidas legislativas dieron lugar a prácticas de contratación basadas en la premisa de que, a igualdad de méritos entre dos candidatos, la pertenencia a un grupo desfavorecido podía servir como criterio de desempate (tie-breaker) para decidirse por ese candidato.

Las universidades estadounidenses fueron las siguientes en subirse al carro de las affirmative action policies al incluir prácticas de admisión que consideraban la raza o la etnia como elementos favorables del candidato a la hora de ser admitido. Con ello se perseguía lograr una mayor diversidad entre los estudiantes de la institución.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense

El concepto de affirmative action ha dado lugar a numerosas controversias y enfrentamientos legales desde su aparición en los años 60 del pasado siglo. El campo de batalla más conocido han sido las políticas universitarias de admisión basadas en ella.

En el asunto Regents of the University of California v. Bakke 438 US 265 (1978) la cuestión en liza fue si una institución de enseñanza superior podía utilizar la raza como un factor determinante a la hora de tomar las decisiones de admisión de estudiantes. El Tribunal Supremo consideró que las universidades pueden tener en cuenta la raza del candidato en sus procesos de admisión, mientras no establezcan un sistema de cuotas fijas para determinadas razas. El alto tribunal consideró también que, en el caso concreto de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, se estaba utilizando un procedimiento innecesario para conseguir el objetivo de una Universidad más diversa y se trataba tan solo de un sistema de cuotas, por lo tanto, inconstitucional.

A partir de esta decisión, el Supremo admitió los programas de selección de estudiantes basados en la affirmative action. Pero en el año 2003 volvió a cuestionarse la legalidad de estos programas en los casos Gratz v. Bollinger y Grutter v. Bollinger. En ellos, el alto tribunal aclaró que los programas de admisión académica que tenían en cuenta la raza como un factor de selección pueden considerarse constitucionales mientras estén claramente definidos y no produzcan una preferencia automática basada en la raza, ya que, de ser así, se estaría violando la Equal Protection Clause de la decimocuarta enmienda.

Sin embargo, el asunto dio un giro en el año 2023 con la decisión del caso Students for Fair Admissions v. Harvard, 600 U.S. 181 (2023). En esta decisión, una mayoría de 6-3 en el alto tribunal derogó las políticas de admisión basadas en la affirmative action de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, prohibiendo a todas las universidades públicas y privadas tener en cuenta la raza en sus procesos de admisión. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, señaló que tener en cuenta la raza de un solicitante “no es compatible con las garantías de la cláusula de igualdad de protección (Equal Protection Clause)”. Por su parte, la jueza progresista Sonia Sotomayor acusó a la mayoría del tribunal en su voto particular de “afianzar aún más la desigualdad racial en la educación, que es la base misma de nuestro gobierno democrático y nuestra sociedad pluralista”.

Posibles traducciones

Ahora que ya sabemos en qué consiste este término, y toda la polémica que ha generado, es momento de analizarlo desde un punto de vista lingüístico para ver cómo podemos traducirlo al español.

Dependiendo del contexto, podemos traducir afirmative action de una forma literal como acción afirmativa cuando no encontremos una opción mejor.

Otra posibilidad es utilizar una traducción explicativa, cuando proceda, como la que propone Javier Becerra en su diccionario: programas antidiscriminatorios o, como se dice en España, programas de igualdad.

En España, este tipo de medidas se han denominado en el pasado como formas de discriminación positiva, por lo que esta sería otra posible traducción.

Sin embargo, actualmente, la discriminación positiva está peor considerada y existe una tendencia a utilizar la fórmula de acción positiva. Esa es la fórmula que aparece en el artículo 11 (Acciones Positivas) de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Parece una adaptación al español del término affirmative action que también podemos encontrar en inglés en la Ley británica de Igualdad (Equality Act 2010) en la que se emplea el término positive action.

Cuestión de matices

Encontrar la mejor traducción entre varias posibles es siempre una cuestión de matices, a veces muy sutiles. La línea entre el éxito (hacer que tu traducción se entienda y cumpla la misma función en la lengua de destino) y el fracaso (que nadie entienda nada) es muy delgada.

Después de analizar a fondo el asunto, pensamos que existe una pequeña diferencia semántica entre affirmative action y positive action. Y esa diferencia puede ser clave a la hora de elegir una u otra traducción.

Mientras que el primer concepto (affirmative action) es más proactivo en la búsqueda de la igualdad, favoreciendo a los colectivos históricamente discriminados mediante sistemas de cuotas o trato preferencial (por lo que tal vez sería más apropiado traducirlo como discriminación positiva), las medidas basadas en positive action tienden a eliminar las barreras que producen la discriminación, pero sin favorecer expresamente a ningún colectivo (por lo que puede ser más adecuada la traducción como acción positiva).

Sutilezas como esta demuestran, una vez más, lo importante que es entender el contexto en el que aparece un término, pues de otra forma no encontraremos nunca la traducción que refleje lo que el autor original quiso decir.

Términos relacionados

Antes de cerrar esta entrada, permítenos mostrar algunas variantes de este concepto y sus posibles traducciones como, por ejemplo:

• Alternative Access: acceso alternativo
• Positive discrimination: discriminación positiva
• Positive action: acción positiva
• Reservations: reserva de plazas o sistema de cuotas
• Reverse discrimination: discriminación inversa

Esperamos haberte ayudado a entender este concepto jurídico complejo y lleno de matices y que te sirvan nuestras propuestas de traducción.

Si necesitas buenos traductores jurídicos, contacta con nosotros.

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Todavía tenemos algo de resaca postevento.

Y eso que la ​Semana de la Traducción Freelance​ terminó el domingo pasado.

Han sido días muy intensos: cientos de comentarios en los vídeos, horas y horas de aprendizajes, entrevistas de supernivel, sesiones en vivo… Pusimos en marcha la inteligencia colectiva y no te imaginas de qué manera.

En la última sesión en vivo, una persona nos preguntó cómo fueron nuestros comienzos, allá por el año 2008. Y nos hizo pensar de nuevo en ello. Especialmente en una cuestión. En seguida te lo contamos.

Por qué rodearte de los mejores

Dicen que somos la media de 5-10 personas con las que más trato tenemos. Es posible que sea cierto, pues todos tendemos a copiar los hábitos de los demás. El entorno influye mucho, a veces para bien y a veces para mal.

Estamos viviendo un momento muy complejo en nuestra industria. Se están produciendo muchos cambios de una forma muy rápida.

Quienes trabajamos para clientes directos lo hemos notado menos, pero las personas que llevaban años trabajando para agencias sintieron cómo el piso se movía bajo sus pies de un día para otro. Algunos todavía no entienden lo que ha pasado (los que participaron en el evento sí lo entienden).

Por eso pensamos que era el momento adecuado para celebrar una nueva edición de la Semana de la Traducción Freelance. Necesitábamos rodearnos de personas que están triunfando para poder aprender de su ejemplo. Y por eso invitamos a las mejores mentes de la industria a que nos dieran su visión y compartieran sus ideas para salir adelante.

Nuestra historia

Cuando nosotros empezamos, hicimos algo parecido. Entonces no había eventos como este, solo estaban los congresos presenciales, y decidimos asistir a uno de ellos para aprender de los mejores.

En octubre de 2009 hacía menos de un año que ambos habíamos dejado la seguridad y el confort de nuestros empleos: dos trabajos cómodos, bien pagados y con contrato fijo, pero en los que no éramos felices (por decirlo de una forma educada).

Nuestro primer hijo acababa de nacer y la situación económica internacional era un desastre (¿te suena la crisis de las hipotecas subprime?). Pues eso. Todo un panorama.

La situación era difícil y, aunque teníamos mucha ilusión y muchas ganas, pensamos que no íbamos a poder sacar adelante el proyecto nosotros solos. Sentimos que necesitábamos el consejo y la inspiración de otras personas más sabias.

Así que nos fuimos a Nueva York para participar en el 50.° congreso anual de la ATA. La inversión no era pequeña y los nervios y la incertidumbre que sentíamos eran grandes. Pero nos liamos la manta a la cabeza y nos marchamos a la Gran Manzana.

Y en aquel congreso aprendimos cosas tan valiosas que cambiaron para siempre nuestro negocio y nuestra forma de entender la profesión. Algunas de las personas que conocimos se volvieron auténticos mentores y su ejemplo nos permitió construir un negocio sólido que ha ido creciendo hasta hoy. Gracias a ellos construimos una cartera de clientes rentable que nos permite seguir viviendo muy bien de la traducción, incluso en estos tiempos.

Esto es aprender

En momentos turbulentos, como los actuales, es cuando más hay que mirar hacia fuera. Salir de la caja, buscar inspiración, buscar mentores y aprender de los mejores. Y quienes han participado en la Semana de la Traducción Freelance parece que lo han conseguido sin tener que ir a Nueva York.

Esto sí es aprender de los mejores.

¿Quieres ser parte de nuestra comunidad?

Otro de los consejos que se ha repetido muchas veces estos días es el de unirnos a comunidades activas y positivas que nos den ideas y nos impulsen. No somos islas. Necesitamos el apoyo y la inspiración de los demás. Por eso creamos el Club de los Grandes Traductores.

Si necesitas ayuda para salir adelante o para navegar en estos momentos difíciles, te sugerimos que entres en el Club de los Grandes Traductores. Te ayudaremos a evolucionar en el interior de la comunidad más activa y generosa de internet. Y, para ponerte la decisión un poco más fácil, tenemos una propuesta.

> ​Entra ahora en el Club y ahorra 100 €/USD en tu cuota anual

Te esperamos en el Club para seguir aprendiendo con los mejores.

La entrada Aprender de los mejores es más importante que nunca aparece primero en Traducción Jurídica.

Algunos dicen que es el peor de los tiempos para la traducción.

Otros dicen que es el mejor de los tiempos.

Está claro que vivimos momentos inciertos, momentos de cambio.

Todo está moviéndose mucho y muy rápido, y eso nos llena de miedos e inseguridades. Es normal.

Aprender de los mejores

Nos ha parecido que era el momento ideal para parar y reflexionar juntos sobre lo que está pasando. Por eso nos hemos reunido con lo más granado de la profesión y les hemos preguntado cómo ven ellos el futuro. Y nos han contado cosas verdaderamente valiosas.

También les hemos pedido que nos aconsejen, que nos guíen y que nos inspiren para seguir adelante y triunfar en un entorno tan complejo como el actual. Sabemos que es un momento difícil, pero con la guía y el aliento de quienes están en lo más alto llegaremos muy lejos.

A veces escuchamos las voces equivocadas: las de aquellos a quienes les va mal, quienes no adaptaron su negocio o no prestaron un buen servicio y perdieron su mercado. Pero escuchar esas voces solo nos puede llevar a repetir sus mismos errores.

Lo mejor es aprender de los mejores.

El mayor evento de habla hispana

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Aquí tienes los detalles

Serán 3 días llenos de aprendizajes, ideas y estrategias que no te dejarán indiferente. Esos días serán el 10, 11 y 12 de junio.

Contaremos con Corinne McKay (nuestra keynote speaker), Andy Benzo, Tony Rosado, Mary Ann Monteagudo, Josh Goldsmith, María Florencia Russo, Analía Bogdan, Carlos de la Orden, Eduardo Aparicio… y muchos más.

Juntos hablaremos de:

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2. ¿Hacia dónde se dirigen nuestras profesiones?
3. ¿Estamos abocados a la extinción?
4. Cómo afrontar los nuevos retos.
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