Tribuna Fiscal

Revocan una sanción de clausura a un monotributista sobre la base de la no afectación del Bien Jurídico y el principio de bagatela

2011-07-22T20:19:00.000-07:00

Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala B
Parasecoli, Celia s/ apelación clausura
07/06/2011

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala B
Fecha: 07/06/2011
Partes: Parasecoli, Celia s/ apelación clausura
Publicado en: , La Ley Online;
Cita online: AR/JUR/25829/2011
Hechos
El Fisco impuso una sanción de clausura a un monotributista que no exhibió la placa indicativa de su condición y el comprobante de pago correspondiente al último mes vencido. El sancionado dedujo recurso de apelación. La Cámara revocó la sanción.
Sumarios

1. La sanción de clausura impuesta a un monotributista que no exhibió la placa indicativa de su condición y el comprobante de pago correspondiente al último mes vencido, debe ser revocada, pues la conducta sancionada resulta insignificante y no indicativa de la voluntad o ánimo de evadir tributos, en tanto la situación que diera lugar a la infracción fue regularizada seis días después.

2. El hecho de no exhibir la condición de pequeño contribuyente no revista una gravedad tal que permita imponer la sanción de clausura, ya que por su insignificancia debe ser considerada una conducta atípica en tanto no importa un comportamiento con entidad suficiente para producir afectación o peligro al bien jurídico tutelado por el art. 40 de la Ley de Procedimiento Tributario.

Mendoza, 07 de junio de 2.011.

Y VISTOS:

Los presentes autos N° 91.512-P-4.121, número de origen A-17.256, caratulados: "PARASECOLI, Celia, p/ Apelación Clausura", venidos a esta Sala "B" del Juzgado Federal N° 1 de San Rafael, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 54 y vta, contra el interlocutorio obrante a fs. 47/48 y vta, por medio del cual se deja sin efecto la clausura impuesta en la resolución administrativa de fs. 9/12, confirmada a fs. 22/26.

Y CONSIDERANDO:

I – Que la parte sancionada con la clausura, deduce recurso de apelación a fs. 49/51 y vta, contra el auto de fs. 45/47, el cual es concedido a fs. 52.-

A fs. 69/70 vta. se presenta en la Alzada en informa por escrito. Manifiesta que el sólo hecho de no haber exhibido la placa indicativa de su condición de pequeño contribuyente y el comprobante de pago correspondiente al último mes vencido es una falta de índole formal que no reúne los requisitos del derecho penal, siendo una sanción arbitraria, irrazonable y desproporcionada, máxime cuando no registra antecedentes de infracciones anteriores, pues su accionar no indica una voluntad de evasión, toda vez que la misma, en todo caso, carece de significación.-

Expresa que carece del elemento subjetivo y necesario para tipificar la sanción penal de clausura.-

Plantea la inconstitucionalidad de la normativa en el caso concreto.-

Por último solicita la aplicación de la Doctrina de la "Insignificancia" o "bagatela", ya que el caso no merece sanción por tratarse de una infracción que por su cuantía no ofende al bien jurídico tutelado. Cita jurisprudencia.-

II.- Que la A.F.I.P., no contesta dejando decaer su derecho-

III - Que se inicia la presente causa con la constitución de los representantes de la A.F.I.P., EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2010, en el establecimiento comercial propiedad de Celia Parasecoli , constatando que la contribuyente no exhibe placa indicativa de su condición de pequeño contribuyente y de la categoría en la cual se encuentra adherida; y el comprobante de pago correspondiente al último mes vencido, conducta que configura infracción a los arts. 25 inc. a) y b) y articulo 26 inc. a) del Anexo de la ley 24.977, sus modificatorias y complementarias, texto sustituido por la ley 26.565, y constituyendo "prima facie" la causal prevista en el inc. a) del art. 40 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y mod.), todo lo cual es registrado mediante acta obrante a fs. 1.-

Que el artículo 26 de la Ley 26.565 dispone a): "Serán sancionados con clausura de uno (1) a cinco (5) días, los pequeños contribuyentes adheridos al régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que incurran en los hechos u omisiones contemplados por el art. 40 de la citada ley o cuando sus operaciones no se encuentren respaldadas por las respectivas facturas o documentos equivalentes por las compras, locaciones o prestaciones aplicadas a la y art. 40 de la ley 11.683 dispone: "Serán sancionados.... quienes: a) No entregaren o no emitieren facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que realicen (el resaltado nos pertenece)

No obstante ello, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 40 de la ley de procedimiento tributario según el cual: "La sanción de clausura podrá aplicarse atendiendo a la gravedad del hecho y a la condición de reincidente del infractor", esta Alzada estima que de lo expuesto hasta aquí, debe analizarse si la conducta desplegada AFECTA EN CONCRETO EL BIEN JURÍDICAMENTE PROTEGIDO, cual es los bienes de la administración pública.-

Es este sentido este Cuerpo opina que en el caso concreto el bien jurídico no se encuentra vulnerado, por cuanto la conducta de la sancionada fue insignificante y no indicativa de la voluntad o ánimo de evadir la carga impositiva.-

Para arribar a esta conclusión se pondera, en primer lugar, que aunque la infracción es patente la situación que diera lugar a ella fue regularizada seis días después por la titular del comercio. Que el hecho de no exhibir la condición de pequeño contribuyente sea una conducta de gravedad como para justificar la conveniencia de imponer una clausura ya que por su insignificancia debe ser considerada una conducta atípica puesto que la misma no importa un comportamiento con entidad suficiente como para producir afectación o peligro al bien jurídico tutelado; correspondiendo excluir la conducta del encartado de la persecución estatal.-

Asimismo no puede dejar de valorarse que, según surge de las constancias del subexámine, el recurrido carece de antecedentes que permitan calificarlo como reincidente, circunstancia que convierte en excesiva por las consecuencias que significa imponer la sanción antes mencionada al local comercial de la suscripta.-

En mérito de lo expuesto SE RESUELVE: ) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la contribuyente Celia Parasecoli a fs. 49/51 y vta, y revocar la resolución de fs. 45/47, debiendo dejar sin efecto la sanción de clausura impuesta a la apelante.-

VER COMENTARIO EN ERGA OMNES.

Kiko acusa a Chespirito de evasor fiscal

2011-07-22T11:32:00.000-07:00

Lima. Carlos Villagrán, quien encarnó a Kiko en la serie de televisión El Chavo del 8, acusó a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, de ser un “tramposo” al evadir el pago de impuestos por cobro de regalías. En declaraciones desde México al portal del diario Perú 21, antes de su visita a Lima, donde presentará su circo, pidió investigar la fortuna de Gómez Bolaños, quien se ha vuelto millonario con las regalías de los personajes de El Chavo del 8. Aseguró que el personaje que más le genera dinero es el de Kiko, y “no recibo ni cinco centavos y Roberto es multimillonario”, señaló Villagrán.

Notimex - Periódico La Jornada - Viernes 22 de julio de 2011, p. 8.

Universidad de Belgrano, Especializacion en Tributario

2011-07-19T14:49:00.000-07:00

Fallos CSJN

Diaz Velez

Gomez Alzaga

Lopez Lopez

Herrera Vegas

Melo de Cane

Sipnosis Juris

Herramientas informáticas en el Poder Judicial

2011-07-08T13:48:00.000-07:00

En los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias se esta implementando un sistema informático que habrá de permitir a las partes, la consulta vía Internet de los expedientes judiciales.

Si bien la visita física para acceder al expediente seguirá siendo indispensable, esta herramienta habrá de permitir ahorrarse muchas visitas a la mesa de entrada.

Eso si, la exigua dotación de personal de los juzgados habrá de tornar dificultosa su inmediata aplicación, ya que se requiere acceder al sistema en forma permanente, sin que se cuente con persona alguna afectada especificamente a esa tarea.

Por otra parte, el Congreso Nacional ha sancionado una ley publicada en el día de ayer en el Boletín Oficial, mediante la cual se autoriza autoriza la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación "con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales"

Asimismo, la ley faculta a CSJN y el Consejo de la Magistratura de la Nación, para que de manera conjunta, reglamenten su utilización y dispongan "su gradual implementación".

Publicada el 07 de Julio de 2011

Texto de la Ley 26685

España: La economía 'B' resta 90.000 millones anuales a los ingresos del Estado

2011-07-06T16:54:00.000-07:00

España es el "paraíso" del fraude fiscal y la economía sumergida de la UE. En unos momentos en que desde el Gobierno, presionado por la Unión Europea se imponen ajustes presupuestarios y recortes sociales para cumplir los objetivos de déficit, hasta diez estudios diferentes de instituciones nacionales e internacionales, coinciden en señalar que el fraude fiscal y la economía sumergida en España se sitúa entre el 23 y el 25% del PIB.

Una tasa que dobla prácticamente la horquilla del 12-15% que alcanza en los quince primeros países de la UE.

Estos estudios, recopilados por el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), incluyen diagnósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI). El Círculo de Empresarios y la Universidad Pompeu Fabra, entre otros organismos. Y destacan que estas cifras suponen "que cada año una cuarta parte de la riqueza generada en nuestro país no paga los tributos que le corresponden", dejando de ingresar 90.000 millones de euros en las arcas del Estado.

En este contexto, sólo con reducir en diez puntos el nivel de economía sumergida para equipararnos con la UE, "podríamos con- seguir una recaudación suplementaria de 38.000 millones de euros, de los que 25.000 millones corresponderían impuestos.

Prioridad inaplazable

Esta cifra de recaudación anual suplementaria equivale a una tercera parte del coste total del rescate a Grecia y los técnicos de Hacienda concluyen que con ella "no tendríamos necesidad de recurrir en el futuro a subidas de impuestos".

Los técnicos de Gestha sostienen que las graves dificultades económica que atraviesa España hacen que la lucha contra el fraude y la economía sumergida sea "una prioridad y una necesidad vital urgente e inaplazable" y, lo que "hasta ayer constituía un problema esencial de justicia tributaria en el reparto de las cargas públicas hoy se ha convertido en un presupuesto necesario para asegurar la supervivencia de nuestro modelo social".

En línea con los técnicos de Hacienda, el presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, defendía hace unos meses que "no es la solución" y calificaba un posible impuesto sobre las rentas altas como "meramente un gesto, a la vista de lo que se va a recaudar".

Los que más defraudan

El informe de Gestha se acompaña también del estudio sobre "Opiniones y Actitudes de los Españoles", realizado por el Instituto de Estudios Fiscales entre los años 2006 y 2008, en el que se concluye que los empresarios son el colectivo que más defrauda habitualmente, un 45%, seguido de los profesionales liberales, con un 18% y de los autónomos y los asalariados con el 11 y el 2%, respectivamente.

El estudio puntualiza que el conjunto de los empresarios preguntado hace autocrítica y confirma en un 40 por ciento de los casos que es su propio colectivo el que más defrauda. También hay consenso en todos los colectivos consultados al atribuir la mayor honestidad fiscal a los asalariados.

Es importante resaltar el dato de que un 49% de los ciudadanos españoles justifica la conducta defraudadora y la tendencia es creciente.

Precisamente, la ineficacia de la lucha contra el fraude fiscal es una de las seis causas principales que los españoles destacan como generadoras de las conducta defraudadoras. Las otras cinco restantes son la impunidad mayoritaria de quienes más defraudan; la falta de honradez y de conciencia cívica; el peso excesivo de los impuestos actuales; que los servicios y prestaciones no son adecuados a lo que se paga; y que, a veces, es necesario trampear para salir adelante.

Insuficiencias y limitaciones

Pero, al margen de las circunstancias sociales que favorecen la defraudación, los técnicos de Hacienda denuncian también las insuficiencias de personal y la deficiente organización del trabajo en la Agencia Tributaria.

De acuerdo con los datos de Gestha, la Agencia Tributaria tiene 27.951 empleados públicos, una dotación "que es ocho veces inferior a la de los países avanzados de la UE". Un estudio sobre el gasto público de la OCDE muestra que España es el país que menos gasta en recaudar impuestos de la organización de los países desarrollados, con un gasto 30 veces inferior al de Suecia.

Por otra parte, al distribución de competencias acumula en un reducido número de funcionarios una gran parte de las competencias legales. El colectivo de Inspectores de Hacienda, en torno a 1.600, concentra en sus manos la práctica totalidad de competencias tributarias y aduaneras. Sin embargo, "un 50% de estos inspectores se dedica en exclusiva a tareas directivas", lo que sustrae a un buen número de estos profesionales de la gestión directa.

(Fuente: El Economista. España)

Prórroga para la presentación de los EE.CC. en PDF y precios de transferencia

2011-07-05T15:35:00.000-07:00

La AFIP prorroga al 31/7/2011 el plazo para la presentación de la Memoria, los Estados Contables y el informe de auditoría en formato ".pdf" correspondiente a los ejercicios cerrados entre el 31/12/2009 y 3l 31/12/2010, establecida por el inciso c) del Artículo 4° de la Resolución General N° 3077 (AFIP).

De igual manera, prorroga hasta el día 31/7/2011 el plazo para la presentación de la DD.JJ. informativa anual -F. 969- (precios de transferencia) correspondiente a los ejercicios cerrados entre el 31/12/2010 y el 31/1/2011.

Texto Integro de la Norma - RG 3149 (AFIP)

Recaudación Tributaria de Junio

2011-07-04T16:01:00.000-07:00








RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE JUNIO - AFIP El secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa,y el Administrador Federal de Ingresos Públicos,Ricardo Echegaray, anunciaron la recaudación de junio que alcanzó los 48.670 millones de pesos con un incrementodel 30.5 % respecto del mismo mes del año pasado.

4 de julio de 2011

Descargar. Recaudacion junio 2011(Formato PDF)

feria fiscal de invierno

2011-06-27T16:28:00.000-07:00

Administración Federal de Ingresos Públicos

OBLIGACIONES FISCALES

Resolución General 3130

Procedimiento. Cómputo de los plazos respecto de la materia impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social. Resolución General Nº 1983, su modificatoria y sus complementarias. Norma complementaria.

Bs. As., 10/6/2011

VISTO la Actuación SIGEA Nº 10462-62-2011 del Registro de esta Administración Federal, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución General Nº 1983, su modificatoria y sus complementarias, se estableció que durante determinados períodos del año —atendiendo a la feria judicial de invierno que se establezca cada año para el Poder Judicial de la Nación—, no se computen los plazos previstos en los distintos procedimientos vigentes ante esta Administración Federal, vinculados con la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo.

Que la diversidad de períodos comprendidos en las ferias judiciales invernales establecidas por las Cámaras Federales y el carácter de agencia tributaria única que reviste este Organismo, hacen necesario disponer para el corriente año un lapso uniforme de suspensión de plazos procedimentales que resulte acorde a las pautas seguidas originariamente.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Recaudación, de Sistemas y Telecomunicaciones y de Servicios al Contribuyente, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 6º y 7º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:

Artículo 1º — Fíjase entre los días 11 al 22 de julio de 2011, ambas fechas inclusive, el período a que se hace referencia en el inciso b) del Artículo 1º de la Resolución General Nº 1983, su modificatoria y sus complementarias.

Art. 2º — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo Echegaray.

Lavado de Activos Ley 26.683.

2011-06-11T17:06:00.000-07:00

Se pone a disposición el texto definitivo de la ley 26.683 que modifica el Código Penal respecto del delito de Lavado de Activos. Texto sancionado el 01/06/2011 EXPEDIENTE NUMERO 40/11

Texto Definitivo (Sancionado) Completo
	Artículo 1º- Sustitúyese la denominación del capítulo XIII, título XI del Código Penal, el que pasará a denominarse de la siguiente manera: “Capítulo XIII. Encubrimiento”. Art. 2º- Derógase el artículo 278 del Código Penal. Art. 3º- Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal por el siguiente texto: Artículo 279:… 1) Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente. 2) Si el delito precedente no estuviera amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de un mil (1.000) pesos a veinte mil (20.000) pesos o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor. 3) Cuando el autor de los hechos descriptos en los incisos 1 o 3 del artículo 277 fuera un funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requieran habilitación especial. 4) Las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión. Art. 4º- Incorpórase el título XIII al Código Penal, el que pasará a denominarse “Delitos contra el orden económico y financiero”. Art. 5º- Renumérense los artículos 303, 304 y 305 del Código Penal, como artículos 306, 307 y 308 respectivamente e incorpórese al Título XIII del Código Penal, los siguientes artículos: Artículo 303:… 1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. 2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos: a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza; b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. 3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión. Artículo 304: Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente: 1. Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los bienes objeto del delito. 2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años. 3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años. 4. Cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad. 5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere. 6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica. Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica. Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4. Artículo 305: El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los artículos precedentes. En operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino específico. Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario. Art. 6º- Incorpórese, a continuación del párrafo sexto del artículo 23 del Código Penal, los siguientes: En caso de los delitos previstos en el artículo 213 ter y quáter y en el Título XIII del libro Segundo de éste Código, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario. Art. 7º- Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 5º: Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) que funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley. Art. 8°- Sustitúyese el artículo 6º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 6º: La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir: 1. El delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), preferentemente proveniente de la comisión de: a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737); b) Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22.415); c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos del artículo 213 ter del Código Penal; d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales; e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal); f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI del Libro Segundo del Código Penal; g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal; h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal); i) Extorsión (artículo 168 del Código Penal); j) Delitos previstos en la ley 24.769; k) Trata de personas. 2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal). Art. 9º- Sustitúyese el artículo 9º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente texto: Artículo 9º: El Presidente y el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El procedimiento de selección se establece de la siguiente manera: a) Se realizará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un procedimiento público, abierto y transparente que garantice la idoneidad de los candidatos; b) Se publicará el nombre, apellido y los antecedentes curriculares de las personas seleccionadas en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días; c) Los candidatos deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los del cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y los de sus hijos menores, de acuerdo con el artículo 6º de la Ley de Ética de la Función Pública 25.188 y concordantes. Además, deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho (8) años, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho (8) años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigente, los estudios de abogados, contables o de asesoramiento a los que pertenecieron o pertenecen, según corresponda, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello, con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses; d) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de los seleccionados; e) Se celebrará una audiencia pública a los efectos de evaluar las observaciones previstas de acuerdo a lo que establezca la reglamentación; f) Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince (15) días contados desde la última publicación en el Boletín Oficial del inciso b) del presente artículo, presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración; g) En no más de quince (15) días, contados desde el vencimiento del plazo establecido se deberá celebrar la audiencia pública para la evaluación de las observaciones presentadas. Con posterioridad y en un plazo de siete (7) días, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos elevará la propuesta a consideración del Poder Ejecutivo. Art. 10.– Incorpórese como artículo 9º bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente texto: Artículo 9º bis: El Poder Ejecutivo podrá remover al Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación. Art. 11.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente texto: Artículo 11: Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera (UIF) se requerirá: 1) Poseer título universitario de grado, preferentemente en Derecho, o en disciplinas relacionadas con las Ciencias Económicas o con las Ciencias Informáticas. 2) Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia. 3) No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente a su designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas. Para ser integrante del Consejo Asesor se requerirán tres (3) años de antigüedad en el organismo que se represente. Art. 12.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente texto: Artículo 12: La Unidad de Información Financiera (UIF) contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, del Banco Central de la República Argentina, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de los Registros Públicos de Comercio o similares de la provincias, de la Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de la Inspección General de Justicia, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, de los Registros de la Propiedad Inmueble, de la Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor o similares en las provincias, del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las fuerzas de seguridad nacionales. Los oficiales de enlace tendrán como función la consulta y coordinación institucional entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y los organismos a los que pertenecen. Deberán ser funcionarios jerarquizados o directores de los organismos que representan. El Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) puede solicitar a los titulares de otros organismos públicos o privados la designación de oficiales de enlace cuando lo crea de utilidad para el ejercicio de sus funciones. Art. 13.- Sustitúyese el inciso 1 del artículo 13 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: 1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la presente ley, dichos datos sólo podrán ser utilizados en el marco de una investigación en curso. Art. 14.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 14: La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para: 1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley. En el marco del análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos contemplados en el artículo 20 no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. 2. Recibir declaraciones voluntarias, que en ningún caso podrán ser anónimas. 3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla en los términos de la normativa procesal vigente. 4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley. 5. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 6º de la presente ley o de financiación del terrorismo. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo. 6. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen. 7. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el artículo 20. A efectos de implementar el sistema de contralor interno la Unidad de Información Financiera (UIF) establecerá los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la ley y de las directivas e instrucciones dictadas conforme las facultades del artículo 14 inciso 10. El sistema de contralor interno dependerá directamente del Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien dispondrá la sustanciación del procedimiento, el que deberá ser en forma actuada. En el caso de sujetos obligados que cuenten con órganos de contralor específicos, éstos últimos deberán proporcionar a la Unidad de Información Financiera (UIF) la colaboración en el marco de su competencia. 8. Aplicar las sanciones previstas en el capítulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso. 9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera (UIF) o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad. 10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control. Los sujetos obligados en los incisos 6 y 15 del artículo 20 podrán dictar normas de procedimiento complementarias a las directivas e instrucciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), no pudiendo ampliar ni modificar los alcances definidos por dichas directivas e instrucciones. Art. 15.- Sustitúyese el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 20: Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley: 1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias. 2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional. 3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar. 4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos. 5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto. 6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves. 7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industralización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas. 8. Las empresas aseguradoras. 9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra. 10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales. 11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete. 12. Los escribanos públicos. 13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315. 14. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 y concordantes del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias). 15. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia 16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias; 17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas. 18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. 19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados. 20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente; 21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos. 22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso. 23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales. Art. 16.- Incorpórese como artículo 20 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente: Artículo 20 bis: El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en su ámbito de actuación, de poner a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 inciso a) y de llevar a conocimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), las conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo. El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa, impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descripta precedentemente. La Unidad de Información Financiera (UIF) determinará el procedimiento y la oportunidad a partir de la cual los obligados cumplirán ante ella el deber de informar que establece el artículo 20. En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una persona jurídica regularmente constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de administración, en los supuestos que lo establezca la reglamentación. Su función será formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 es solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración. En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una sociedad irregular, la obligación de informar recaerá en cualquiera de los socios de la misma. Para el caso de que el sujeto obligado se trate de un organismo público de los enumerados en los incisos 6 y 15 del artículo 20, deberá designarse un oficial de cumplimiento a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 corresponde exclusivamente al titular del organismo. Art. 17.- Incorpórese como artículo 21 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente: Artículo 21 bis: A los fines del inciso a) del artículo 21, se toma como definición de cliente la adoptada y sugerida por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). En consecuencia, se definen como clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. En ese sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetos obligados. La información mínima a requerir a los clientes abarcará: a) Personas Físicas: nombres y apellidos completos; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; sexo; estado civil; número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original (documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento, libreta cívica, cédula de identidad, pasaporte); CUIT/CUIL/CDI; domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono y profesión, oficio, industria, comercio, etc. que constituya su actividad principal. Igual tratamiento se dará, en caso de existir, al apoderado, tutor, curador, representante o garante. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF); b) Personas Jurídicas: denominación social; fecha y número de inscripción registral; número de inscripción tributaria; fecha del contrato o escritura de constitución; copia del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición del original; domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono de la sede social y actividad principal realizada. Asimismo se solicitarán los datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, que operen con el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica. Los mismos recaudos antes indicados serán acreditados en los casos de asociaciones, fundaciones y otras organizaciones con o sin personería jurídica. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF); c) Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia o cuando exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados adoptarán medidas adicionales razonables, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes. Los sujetos obligados deberán prestar especial atención para evitar que las personas físicas utilicen a las personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus operaciones. Los sujetos obligados deberán contar con procedimientos que permitan conocer la estructura de la sociedad, determinar el origen de sus fondos e identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica. Los sujetos obligados deberán adoptar medidas específicas y adecuadas para disminuir el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuando se contrate el servicio o productos con clientes que no han estado físicamente presentes para su identificación. En el caso de tratarse de personas políticamente expuestas, se deberá prestar especial atención a las transacciones realizadas por las mismas, que no guarden relación con la actividad declarada y su perfil como cliente; d) Los sujetos obligados podrán establecer manuales de procedimiento de prevención de lavado de activos y la financiación de terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances que determinen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF). La información recabada deberá conservarse como mínimo durante cinco (5) años, debiendo registrarse de manera suficiente para que se pueda reconstruir. El plazo máximo para reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de lavado de activos será de ciento cincuenta (150) días corridos, a partir de la operación realizada o tentada. El plazo máximo para reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de financiación de terrorismo será de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto. Art. 18.- Sustitúyese el artículo 23 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 23:… 1. Será sancionado con multa de cinco (5) a veinte (20) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o dinero, cualquiera sea su valor, con conocimiento de que serán utilizados por algún miembro de una asociación ilícita terrorista, en el sentido del artículo 213 quáter del Código Penal. Cuando el hecho hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos, la multa a la persona jurídica será del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito. 2. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo 22 de esta ley, la persona jurídica será pasible de multa de cincuenta mil pesos ($ 50.000) a quinientos mil pesos ($ 500.000). Art. 19.- Sustitúyese el artículo 24 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 24:… 1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF) creada por esta ley, será sancionada con pena de multa de una (1) a diez (10) veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave. 2. La misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor. 3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($ 100.000). 4. La acción para aplicar la sanción establecida en este artículo prescribirá a los cinco (5) años, del incumplimiento. Igual plazo regirá para la ejecución de la multa, computados a partir de que quede firme el acto que así la disponga. 5. El cómputo de la prescripción de la acción para aplicar la sanción prevista en este artículo se interrumpirá: por la notificación del acto que disponga la apertura de la instrucción sumarial o por la notificación del acto administrativo que disponga su aplicación. Art. 20.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 27: El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera (UIF) debe financiarse con los siguientes recursos: a) Aportes determinados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional que no podrán ser inferiores al cero coma seis por ciento (0,6%) de los asignados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; b) Los recursos que bajo cualquier título reciba de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales. En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados a una cuenta especial del Tesoro Nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente. El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional. Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme. Art. 21 - Sustitúyese el artículo 30 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 30: El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 303, 213 ter y 213 quáter del Código Penal podrá: a) Suspender la orden de detención de una o más personas; b) Diferir dentro del territorio argentino la interceptación de remesas de dinero o bienes de procedencia antijurídica; c) Suspender el secuestro de instrumentos o efectos del delito investigado; d) Diferir la ejecución de otras medidas de carácter coercitivo o probatorio. El magistrado interviniente podrá, además, suspender la interceptación en territorio argentino de remesas de dinero o bienes o cualquier otro efecto vinculado con los delitos mencionados y permitir su salida del país, siempre y cuando tuviere la seguridad de que la vigilancia de aquéllos será supervisada por las autoridades judiciales del país de destino. La resolución que disponga las medidas precedentemente mencionadas deberá estar fundada y dictarse sólo en el caso que la ejecución inmediata de las mismas pudiere comprometer el éxito de la investigación. En tanto resulte posible se deberá hacer constar un detalle de los bienes sobre los que recae la medida. Art. 22.- Incorpórese como artículo 31 de la ley 25.246 y sus modificatorias: Artículo 31: Las previsiones establecidas en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º de la ley 25.241 serán aplicables a los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal. La reducción de pena prevista no procederá respecto de los funcionarios públicos. En el caso del artículo 6º de la ley 25.241 la pena será de dos (2) a diez (10) años cuando los señalamientos falsos o los datos inexactos sean en perjuicio de un imputado. Art. 23.- Incorpórese como artículo 32 de la ley 25.246 y sus modificatorias: Artículo 32: El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal podrá disponer la reserva de la identidad de un testigo o imputado que hubiere colaborado con la investigación, siempre y cuando resultare necesario preservar la seguridad de los nombrados. El auto deberá ser fundado y consignar las medidas especiales de protección que se consideren necesarias. Art. 24.- Incorpórese como artículo 33 de la ley 25.246 y sus modificatorias: Artículo 33: El que revelare indebidamente la identidad de un testigo o de un imputado de identidad reservada, conforme las previsiones de la presente ley, será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000), siempre y cuando no configurare un delito más severamente penado. Las sanciones establecidas en el artículo 31 sexies de la ley 23.737 serán de aplicación para el funcionario o empleado público en los casos de testigo o de imputado de identidad reservada previstos en la presente ley, en tanto no resulte un delito más severamente penado. Art. 25.- La Unidad de Información Financiera (UIF) no podrá constituirse como parte querellante en procesos penales. Art. 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A UN DIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

Perro fue condenado por tener “alma de abogado”

2011-06-04T11:02:00.000-07:00

Rabinos ordenaron apedrear al animal hasta que “el alma maldita saliera”, es decir, hasta que el can muriera. Pero logró escapar.

Un tribunal rabínico de Jerusalén condenó a un perro a la pena de muerte por lapidación al considerar que el alma de un abogado secular al que habían maldecido veinte años antes se había apoderado del can.

El caso, del que da cuenta el diario Yediot Aharonot, ocurrió el pasado miércoles en el tribunal de una de las comunidades ultraortodoxas del barrio Mea Shearim, al que el perro había entrado y que se negó a abandonar después de los repetidos intentos para ahuyentarlo por parte de los guardianes.

Según el diario, uno de los jueces rabínicos recordó entonces que veinte años antes, en el mismo lugar, sus predecesores habían maldecido a un abogado secular famoso cuya alma, al fallecer, debía quedar encerrada en ese animal que la ley religiosa judía considera impuro.

El juez rabínico, cuyo nombre no se da a conocer, dijo haber identificado al abogado en el perro, que, indignado a su vez por la maldición, había acudido de nuevo al tribunal para ser liberado.

Los rabinos ordenaron apedrear al animal hasta que “el alma saliera”, es decir, hasta que el can muriera.
El presidente del tribunal, el rabino Levin, desmintió que existiera un fallo judicial al respecto, pero uno de los guardianes confirmó los hechos y aseguró que “había salido una orden verbal a un grupo de niños para que lo apedreasen, no como castigo al animal, sino para liberar el alma del abogado que amedrentaba” al canino.

Afortunadamente, antes de ver aplicada la condena el perro huyó del recinto y salvó su vida, lo que no ha disuadido a dos organizaciones de defensa de los animales de presentar una denuncia contra el presidente del tribunal rabínico.

En Israel estos tribunales tienen la misma autoridad que los civiles, aunque a ellos sólo suelen acudir personas de fuertes convicciones religiosas que prefieren la legislación rabínica a la de los magistrados del estado.

(Publicado en Mundo)

Los brasileños tuvieron su día soñado: vivir 24 horas libres de impuestos

2011-05-26T16:58:00.000-07:00

Los productos vendidos durante la jornada fueron donados por empresarios que asumen ante el fisco la carga tributaria descontada a los consumidores.

Miles de brasileños hicieron largas filas este martes en las estaciones de servicio, supermercados y restaurantes que se adhirieron al llamado "Día sin impuestos", una iniciativa adoptada en 15 capitales del país para protestar contra la alta carga tributaria.
El Día Nacional del Respeto al Contribuyente y de la Libertad de Impuestos se celebró en las principales ciudades brasileñas con una presencia masiva de consumidores atraídos por las ofertas de artículos y servicios con precios sin carga fiscal.
Los combustibles y artículos vendidos sin impuestos durante la jornada fueron donados a las estaciones de servicio, restaurantes y supermercados por empresarios que asumen ante el fisco la carga tributaria descontada a los consumidores y que esperan un impacto social para presionar ante el Gobierno la reducción de tasas.
Las capitales que formaron parte de la campaña fueron Aracajú, Belén, Brasilia, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Goiania, Manaos, Natal, Palmas, Río de Janeiro, Salvador, Sao Luis, Sao Paulo y Vitoria.
Los establecimientos más concurridos fueron las estaciones de servicio, en las que el precio de la gasolina bajó hasta un 53 %, que es el equivalente a los distintos impuestos que gravan este hidrocarburo, lo que atenuó, al menos por un día, las recientes alzas ordenadas por el Gobierno.
El precio promedio del litro de gasolina en Brasil es de casi u$s2, informa la agencia EFE.
La Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios (Conaje) promovió la iniciativa con el propósito de poner en evidencia la alta carga tributaria vigente en el país.
"Es nuestro deber exigir a los gobernantes la correcta aplicación de este enorme monto (de impuestos), que solamente crece con el paso de los años", señaló a periodistas Marduk Duarte, presidente de la Conaje, entidad que recoge firmas para elevar una protesta formal al Gobierno.
En los restaurantes, por ejemplo, un plato con un valor de unos u$s30,7 tiene una carga del 31,21% en impuestos, denunció la Conaje.
Según el Instituto Brasileño de Planificación Tributaria (IBPT), los brasileños han pagado este año, hasta los primeros días de mayo, más de u$s307.880 millones.
El 25 de mayo fue escogido para celebrar el "Día sin impuestos" porque, según cálculos de la Conaje, lo que ganan los brasileños en los primeros 145 días del año equivale al valor de los tributos que tienen que pagar durante todo el ejercicio fiscal.

La presión tributaria argentina es la más alta de América Latina

2011-05-15T05:42:00.000-07:00

Los impuestos distorsivos y el efecto de la inflación empujan hacia arriba la actual carga tributaria.

Por Annabella Quiroga

Por obra y gracia de la inflación, la Argentina pasó a liderar el ranking latinoamericano de países con mayor presión tributaria (PT). El peso impositivo que soportan individuos y empresas equivale al 37,2% del PBI. A este guarismo llega una medición del IERAL, el instituto dependiente de la Fundación Mediterránea. Para otras consultoras, que no incluyen el llamado “impuesto inflacionario”, la PT oscila entre el 32 y el 33% del PBI.

También el FMI ubica a la Argentina al tope de la lista. Utilizando estrictamente la información del INDEC (qué, según las consultoras, subestima tanto la inflación como el PBI nominal), determina que la PT argentina es del 38,9%, arriba del 37,4% de Brasil (ver infografía), tradicionalmente el país con mayor carga impositiva de la región. Argentina no sólo lidera la tabla general, sino que también es el estado en el que la PT ha dado el salto más alto en los últimos diez años, con un incremento del 58%, según el FMI.

“La relación de ingresos tributarios sobre PIB se encuentra en niveles récord, ubicándose en 33,9% del PIB en 2010, 13,4 puntos porcentuales (p.p) por encima del promedio de los 90’s y 18,5 p.p por encima de los 80’s”, dice Maximiliano Castillo Carrillo, de la consultora ACM.

El aumento de la presión tributaria guarda relación directa con el modelo económico del kirchnerismo, que crece aferrado a los superávits gemelos: para cuidar la caja es clave mantener resultados positivos en las cuentas fiscales y en la balanza comercial. Esta táctica derivó en que tributos que vieron la luz durante los años de la emergencia económica, como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones, se hayan consolidado hasta transformarse en componentes básicos de la recaudación nacional. Bajo el mismo esquema, el Gobierno desechó cualquier posibilidad de aplicar el ajuste por inflación al pago de Ganancias, lo que termina inflando las contribuciones de las empresas y las personas físicas.

A esto se suma que la inflación genera transferencias implícitas en la economía. Al reducirse el valor real del dinero emitido por el estado, la suba de precios se convierte en una fuente de ingresos que beneficia al sector público. “Si se computa un impuesto inflacionario equivalente a 2,5% del PIB, la presión tributaria total alcanzó a 37,2% en 2010”, sostiene Marcelo Capello, director del IERAL. De este modo, el peso del impuesto inflacionario llega a ser mayor que el de otros considerados distorsivos, como el impuesto al cheque, que representa 1,9% del producto.

En la región, la contracara es Chile con una PT del 17%. Para Capello, el país trasandino “muestra una política fiscal contracíclica, verdaderamente keynesiana, mientras que Argentina hace caso omiso al ciclo: procíclico en el gasto, su presión tributaria efectiva sube siempre desde 2003, sin reparar en alzas o bajas de la actividad económica, hasta resultar el país sudamericano con mayor presión fiscal”.

Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el nivel de presión tributaria efectiva del sector público argentino (la recaudación de los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal) habría cerrado el 2010 cerca del 32% del PBI.

Desde Economía&Regiones, Guillermo Giussi indica que la presión tributaria consolidada es del 38% – tomando como base el PBI del INDEC – y del 31,2% con el producto estimado por la consultora. “De los 10 puntos porcentuales de suba de la presión tributaria que ocurrieron en la última década, 9 puntos corresponden a impuestos aplicados por la Nación y sólo 1 a los provinciales”, señala Giussi.

Según el IARAF, de los 10 pp. de alza en la presión tributaria, prácticamente la mitad (4,6 pp.) se explican por el impuesto al cheque y las retenciones, mientras que el resto del aumento se debe, en parte, a mejoras en la recaudación de algunos tributos, que por mayores niveles de cumplimiento y de eficiencia en la recaudación crecieron a más velocidad que el producto.

Una de las características centrales del sistema tributario argentino es el peso excesivo de los llamados impuestos distorsivos. En esta lista se anotan el impuesto al cheque, las retenciones y tributos provinciales como Ingresos Brutos y Sellos. Según Nadín Argañaraz, del IARAF, el 26% de la presión tributaria actual está explicada por estos tributos. En el 2000 sólo representaban el 11%.

El otro elemento central es el enorme peso de los impuestos indirectos. La estructura tributaria del sector público nacional (sin considerar las contribuciones a la seguridad social) está constituida en un 72% por impuestos indirectos (el IVA, el impuesto al cheque, a los combustibles y otros gravámenes que se aplican sobre el consumo), frente a un 28% de impuestos directos (Ganancias, Bienes Personales, transferencias de inmuebles, entre otros). En países desarrollados como Australia o Canadá, los impuestos directos constituyen el 70 y 66%, respectivamente, de la recaudación. Argañaraz señala un matiz importante en esta comparación. “Estos dos países se encuentran en diferentes estadios de desarrollo que la Argentina. Es probable que, inicialmente, estos países hayan fundamentado sus estructuras tributarias en impuestos indirectos para financiar la inversión inicial, para luego, a medida que se avanzó en el crecimiento, ir virando hacia estructuras basadas en tributación directa”.

La matriz impositiva argentina es compartida por los países de América Latina. “En promedio, en la región el 55,3% de los recursos provienen de la imposición sobre bienes y servicios mientras que sólo un 28,9% es el resultado de impuestos directos”, dice Capello.

Con relación a Brasil, si bien la PT es similar, Capello destaca una diferencia central. Dice que, en la Argentina, muchos de los impuestos que gravan a las exportaciones no están sujetos a reintegros o tienen devoluciones parciales, mientras que, en el país vecino, la situación es más favorable para los exportadores. Por eso, concluye que la PT argentina afecta la competitividad ya que recarga por demás a las empresas. Para revertir esta situación, “hace falta un plan estratégico de menor suba del gasto público para generar un espacio fiscal que en el futuro permita bajar impuestos”.

¿La elevada presión tributaria es necesariamente mala? No siempre. Gran parte de los países más desarrollados tienen grados de PT muy altos que coexisten con un uso eficiente de los ingresos. “La presión tributaria puede ser elevada y con ello proveer de recursos a un estado con amplia participación en la economía, que, a través de un gasto eficiente, propenda al logro de objetivos como una mayor competitividad de las empresas, una mayor inversión para lograr un crecimiento económico sostenido, y corregir así cuestiones de inequidad en la distribución de la riqueza”, dice Argañaraz, señalando uno de los caminos posibles. Claro que también existe otra alternativa, en la que “los mayores ingresos por una presión tributaria elevada pueden convalidar un gasto elevado, pero muy ineficiente y distorsivo, que trabe las posibilidades de desarrollo productivo y socioeconómico del país”.

(Fuente: Clarín)

Nace polémica sobre el tratamiento impositivo de bienes gananciales

2011-05-10T06:10:00.000-07:00

Escribe: Fernando D. García

Con fecha 28/04/2011 se publicó en el Boletín Oficial la Circular 8/2011 (AFIP), que pretende legislar sobre el modo de determinación del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales con motivo de la Ley 26.618 de reforma al Código Civil que modificó el matrimonio entre personas del mismo sexo (denominado "matrimonio igualitario").

La Ley Nº 26.618 (22/7/2010) introdujo significativas modificaciones en materia de matrimonios civiles, permitiendo que éstos se celebren tanto entre personas de distinto como del mismo sexo y en consecuencia se dispuso la sustitución, en distintos artículos del Código Civil, de los términos marido, mujer y de toda otra norma que se refiriera directa o indirectamente al sexo de los contrayentes.
En lo que aquí interesa, independientemente de las reglas propias del matrimonio, en una Cláusula Complementaria, el art. 42 de la citada ley, se dispuso que los integrantes de la sociedad conyugal cuyo origen sea un matrimonio constituido por dos personas del mismo o de distinto sexo, a todos los efectos legales (y no sólo civiles o matrimoniales) tienen los mismos derechos y obligaciones.
En esa Cláusula Complementaria se estableció que ninguna disposición del ordenamiento jurídico argentino puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al matrimonio constituido por personas del mismo como de distinto sexo, con lo cual el modo de determinación del Impuesto a las Ganancias y sobre los Personales de los integrantes, consolidando en cabeza del marido las rentas y bienes gananciales, debía ser revisado.
En opinión de Spisso (1), con independencia de la Ley 26.618, la consolidación en cabeza del marido convalidada en 1938 por la Corte Suprema en la causa Marchese obligaba a una revisión, citando en su favor relevante jurisprudencia de la Comunidad Europea.
Cuestión previa destacable
La Ley 26.618 no alteró el régimen patrimonial del Cap. IV, Libro II, Secc. III (arts. 1.261 a 1.274) del Código Civil. Al respecto, la reforma sólo modificó el art. 1.315 estableciendo que Los gananciales de la sociedad conyugal se dividirán por iguales partes entre los cónyuges (antes de la reforma el artículo se refería a marido y mujer), o sus herederos, sin consideración alguna al capital propio de los cónyuges, y aunque alguno de ellos no hubiese llevado a la sociedad bienes algunos. (Art. sustituido por art. 29 de la Ley Nº 26.618). (Agregados nuestros). Por lo tanto, el régimen de atribución a efectos civiles de la propiedad de los bienes de la sociedad conyugal no ha variado. En consecuencia, aunque desaparecen las diferencias entre marido y mujer a efectos contractuales, civilmente los bienes propios siguen siendo propios y los gananciales siguen siendo gananciales que a tal efecto se atribuyen por partes iguales a los cónyuges.
La opinión del fisco: forma y plazo elegidos
En la profesión contable se generó un debate sobre si correspondía mantener la consolidación a efectos impositivos debido a que siempre existían contingencias fiscales; cualquiera sea la forma que se eligiera había riesgos: si se optaba por pagar los gravámenes de la sociedad conyugal en cabeza de uno de los cónyuges solamente (con anterioridad a la reforma, el marido) el otro cónyuge incurría en una omisión (o viceversa, si se optaba por atribuir los gravámenes en forma separada ).
Los profesionales quedaron expuestos a otra contingencia adicional: en caso de divorcios controvertidos, la parte perdidosa eventualmente accionaría contra el profesional actuante si las declaraciones juradas aportadas como prueba no favorecían sus pretensiones (recuérdese que las cuestiones de familia no están amparadas por el secreto fiscal del art. 101 de la Ley 11.683).
Peyorativamente, los hipotéticos excesos y defectos de impuestos entre los cónyuges no son compensables entre sí por cuanto esas eventuales diferencias no están (literalmente) comprendidas en el art. 81 de la Ley de Procedimientos (que permite bajo ciertas condiciones efectuar las correcciones simétricas), por lo que se realizaron numerosas presentaciones a efectos de conocer la posición del fisco.
Con un importante (y sugestivo) retraso, con posterioridad al vencimiento general para presentar las declaraciones juradas del año 2010, el fisco dio a conocer su opinión mediante una Circular invocando genéricamente facultades conferidas a la AFIP por el DNU Nº 618 (10/7/97). (2) En nuestro criterio, la Circular es la mera exteriorización de una opinión interna (pretendidamente aclaratoria), y no es formalmente interpretativa ni tampoco vinculante para los contribuyentes. En consecuencia, NO es una resolución apelable en los términos del art. 8 del Dec. 618 (que son las resoluciones interpretativas que quedan firmes si no son apeladas luego de su publicación).
De hecho, la publicación de la Circular dentro de los Avisos Oficiales y no dentro de la parte de legislación del Boletín Oficial, así como la falta de invocación expresa de las facultades de interpretación de la AFIP permiten confirmar la presunción expuesta.
La opinión fiscal pretendidamente aclaratoria
En lo que aquí interesa, el fisco interpretó que correspondía seguir estos criterios:
a) Impuesto a las Ganancias: corresponde atribuir a cada cónyuge las ganancias provenientes de:
1. Actividades personales (profesión, oficio, empleo, comercio, industria).
2. Bienes propios.
3. Bienes gananciales adquiridos con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria.
4. Bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes de cualquiera de los supuestos indicados en los puntos 2) y 3) precedentes, en la proporción en que cada cónyuge hubiere contribuido a dicha adquisición.
b) Impuesto sobre los Bienes Personales: corresponde atribuir a cada cónyuge:
1. La totalidad de los bienes propios.
2. Los bienes gananciales adquiridos con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria.
3. Los bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes de los bienes indicados en los puntos anteriores, en la proporción en que hubiere contribuido a su adquisición.
Es altamente improbable que algún contribuyente haya aplicado ese sistema; pero además se generan dos dudas: a) ¿cuál es el alcance de la expresión en la proporción en que cada cónyuge hubiere contribuido a la adquisición (# a.4 y b.3) y en particular, si la expresión tiene contenido patrimonial como parece surgir de los considerandos (ver abajo) y b). En su caso, como es meramente aclaratoria, ¿es retroactiva y se debe rectificar el 2010?
Nuestra opinión
Como se dijo, con la sanción de Ley 26.616 desaparecieron las diferencias de género a efectos del matrimonio, pero el régimen de atribución civil de la propiedad de los bienes propios y gananciales no ha variado. En consecuencia, los artículos 1.261 y siguientes del C. Civ. y en particular el art. 1.315 (ahora modificado) que dispone la división de los bienes y réditos gananciales por mitades se mantienen plenamente.
A efectos del Impuesto a las Ganancias, continúa vigente el art. 28 de la LIG por cuanto éste no diferencia en función del género de las personas; por lo tanto, las disposiciones del C. Civ. sobre el carácter ganancial de los beneficios de los cónyuges ceden frente a la autonomía del derecho tributario y en consecuencia corresponderá atribuir a cada cónyuge rentas y bienes de la forma impositivamente prevista, tal como las ganancias provenientes de: a) actividades personales (profesión, oficio, empleo, comercio o industria); b) bienes propios; c) bienes adquiridos con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria.
De allí que se coincida con lo exteriorizado en los puntos a.1), a.2) y a.3) de la Circular transcriptos supra, pero en lo que reviste significativa trascendencia no se comparte el # a.4), donde se dispone que los bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes de cualquiera de los supuestos indicados en los puntos 2) y 3) mencionados se atribuirán a efectos de la LIG en la proporción en que cada cónyuge hubiere contribuido a dicha adquisición debido a que dicha afirmación carece de sustento legal alguno. (3) Nuestra disidencia obedece a que ninguna norma del ordenamiento impositivo dispone nada semejante, y ante el eventual vacío a efectos fiscales corresponde remitirse a las normas del derecho común (en la especie el art. 1315 transcripto supra), donde los bienes y rentas gananciales se asignan de manera diferente a la expresada en la circular.
Además de revestir el carácter de una creación pretoriana de lege ferenda, la exigencia de la Circular de asignar proporcionalmente a la contribución de cada cónyuge para mantener el supuesto espíritu de una norma derogada en forma tácita deviene no sólo potencialmente conflictiva sino también virtualmente inaplicable. Si ambos contrayentes aportaron bienes y rentas a la sociedad conyugal, no existe una fórmula sencilla de demostrar el origen y aplicación de los fondos (¿se consideran los ingresos gravados, no gravados y exentos?, ¿los fondos del propio ejercicio, los de los años no prescriptos o todos?) o, por ejemplo, si el prorrateo debe hacerse en moneda corriente o constante. (4) Las consideraciones expuestas respecto de la LIG son extensivas al Impuesto sobre los Bienes Personales, por lo que la aclaración (no interpretativa) reglamentaria de atribuir la propiedad de los bienes gananciales en función de la proporción con que hubieran concurrido los cónyuges a su adquisición carece de sustento legal alguno, debiéndose aplicar supletoriamente en su lugar el art. 1.315 del C. Civ., esto es asignando los bienes gananciales mitad y mitad a cada cónyuge con independencia de su sexo y del origen de los fondos.

1) Spisso, Rodolfo R.; «Derecho Constitucional Tributario»; Editorial Depalma; Buenos Aires, 1991, págs. 297 y siguientes. En esa obra, el autor realiza una apropiada síntesis del régimen civil y una fundada crítica sobre el régimen impositivo de la sociedad conyugal (pág. 305).
2) El Dec. 618 es de Necesidad y Urgencia y modificó tanto la Ley 11.683 de Procedimientos Fiscales como el Código Aduanero, aunque las cuestiones impositivas están vedadas a los DNU.
3) En los extensos Considerandos de la Circular se afirma que: ...ante la pérdida de virtualidad jurídica del artículo 30 de la misma ley, corresponde aplicar dicho principio general (sic) para resolver la atribución de los beneficios que el mismo prevé, esto es atribuir a cada cónyuge el todo o la parte proporcional de dichos beneficios de acuerdo con la participación que le cupo en la generación de las rentas que posibilitaron su adquisición.
4) Dado que los ingresos financian consumos e inversiones, técnicamente el EOAF debería realizarse en forma plurianual, acumulativa y en moneda constante: por ejemplo, si se adquiere un bien con fondos de uno de los cónyuges y con una importante deuda que cancela a lo largo del tiempo el otro cónyuge debería modificarse anualmente la proporción de la propiedad de los bienes.

(Extractado de Ámbito Financiero – Novedades Fiscales)

AFIP: Novedades Viernes 29 de Abril de 2011.

2011-04-29T13:05:00.000-07:00

RESOLUCIONES GENERALES AFIP

RG Nº 3086 (AFIP)

B.O. 29/04/11 - Resolución General 3086-AFIP - EXPORTACIONES - Valores referenciales de carácter preventivo.

RG Nº 3093 (AFIP)

B.O. 29/04/11 - Resolución General 3093-AFIP - SEGURIDAD SOCIAL - Declaraciones juradas rectificativas de aportes y contribuciones con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social. Convalidación de saldos a favor del empleado.

Un gobernador enseña cómo evadir los impuestos

2011-04-26T15:23:00.000-07:00

Maurice Closs, es gobernador de Misiones, y ante cientos de chicos y padres dijo que las netbooks que les entrega las compra a Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) para no pagar el IVA. Además, Closs aclaró que la enseñanza, de evadir impuestos "se aprende en la calle...".

Los muchachos del Gabinete que los acompañaban en el acto festejaron las recomendaciones con sonrisas y aplausos. Visiblemente eufórico con la idea de diseminar netbooks hasta en los lugares más impenetrables de la Provincia, el gobernador confesó en público que su gobierno evade las obligaciones fiscales que impone la AFIP a través del IVA para que los chicos misioneros puedan tener sus computadoras apenas ingresan a la escuela primaria.

Las textuales declaraciones de Closs fueron las siguientes: “Hay que evadir impuestos para poder capitalizar las empresas”. “Y acá va una enseñanza, que no esta en la computadora se sabe en la calle… ¿Saben porque tiene que comprar EMSA (Electricidad Misiones S.A.)…?. Por el tema del IVA, porque sino el Estado paga y de cada 300 dólares se pierden 60 dólares en impuestos. Y yo cuido la plata de los misioneros. Si compra EMSA y le dona a la escuela no paga el IVA, no paga el IVA y yo cuido la plata de los misioneros”, remarcó Closs.

Entonces, venia en el camino y decía como tengo que hacer para zafar del IVA (sic) y así entonces vamos a capitalizar la empresa de energía de Misiones y también vamos a tener computadoras para los chicos que entran a primer grado”, insistió en su alegato pro evasor.

Los consejos del político fueron el pasado viernes 15 de abril en un colegio público de Oberá, donde anunció que su gobierno invertirá 6 millones de dólares en computadoras para los chicos de todas las escuelas de Misiones.

(Fuente: TN)

Maurice Closs. Video tomado de Youtube

Procesan al presidente del Colegio de Abogados por evasión fiscal

2011-04-20T07:58:00.000-07:00

Un juez federal ordenó el procesamiento del presidente del Colegio de Abogados bahiense por evasión de impuestos

El juez federal Santiago Ulpiano Martínez ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del presidente de los colegios de abogados de Bahía Blanca y la Provincia de Buenos Aires, Gerardo Rafael Salas, por evasión de impuestos.

Para el juez, está demostrado que Salas realizó maniobras engañosas para impedirle al fisco conocer su verdadera situación patrimonial y poder ejercer un control sobre las obligaciones impositivas.

Además, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Nº 2, le fijó un embargo por 1.200.000 pesos.

Salas podría recibir una pena de 2 a 6 años de prisión si se comprueba el delito.

(Fuente: La Nueva Provincia)