Una pausa en la actualidad

Papel Prensa. Un nuevo proyecto y muchos intereses en juego.

noreply@blogger.com (María Judith Díaz) — Fri, 03 Sep 2010 00:43:00 +0000

¿Cuáles son los principales aspectos del conflicto con Papel Prensa? ¿Por qué se responsabiliza al Gobierno de intentar coaccionar la libertad de expresión? Qué plantea el informe que invadió los espacios de todos los medios? ¿Qué rol cumplieron Clarín, La Nación y La Razón en toda esta situación? ¿Fueron cómplices de la dictadura?

El desencadenante principal de este cruce entre el gobierno, los medios más importantes del país, la familia Graiver, y los diversos partidos políticos, fue el informe presentado en un discurso por la Presidenta el 24 de agosto pasado.

El mismo constó de tres líneas fundamentales: planteó la ilegitimidad del proceso por el cual el diario Clarín, La Nación y La Razón adquirieron las acciones de Papel Prensa; cuestionó las condiciones desiguales en que los diferentes diarios del país deben acceder a su principal insumo; y presentó la iniciativa de elevar el informe a la Justicia y al Congreso.

Así, la mandataria envió al Parlamento un proyecto para que se declare de interés público la producción de papel para los diarios. Se intentaría propiciar una mayor regulación sobre la producción del insumo y sobre los precios a los que se va a vender el papel a los distintos medios. Para este objetivo, se pretende conformar una Comisión Bicameral que regule la actividad.

El arco opositor sostiene que ésta sería una medida inconstitucional ya que el artículo 32 postula que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. A su vez, lo ven como un riesgo de intervención estatal.

¿En qué condiciones se vendieron las acciones de Papel Prensa?

Según el informe, los diarios Clarín, La Nación y La Razón se apropiaron de la empresa el 2 de noviembre de 1976 en connivencia con el gobierno dictatorial. Por ende, bajo unas condiciones de coacción de la libertad, que habrían dejado a la familia Graiver –dueños de la firma- sin otra alternativa que la venta a un precio abismalmente menor que el real.

Luego de la transacción, todos los miembros de la familia fueron secuestrados. Según el informe, esto no ocurrió antes porque sino las acciones iban a caer en manos de la Comisión Nacional de Reparación Nacional (Conarepa), que era el órgano que se quedaba con las propiedades de ex funcionarios y demás personas investigadas.

Los medios involucrados en el conflicto sostuvieron en varias de sus editoriales que no hubo ningún delito en la operación ya que al momento de la venta, los miembros de la familia no estaban ni secuestrados ni coaccionados. Este argumento se sostiene en el hecho de que cuando fueron secuestrados, la operación de venta ya estaba concluida.

Isidoro Graiver es el hermano de David, ex dueño y fundador de Papel Prensa. Este último murió en un accidente aéreo, ocurrido en agosto de 1977 en México. Luego del polémico discurso, Isidoro también salió a desmentir los dichos de la Presidenta. Sostuvo que la compañía fue vendida al mejor precio obtenido, y no bajo la amenaza del Gobierno dictatorial, sino para hacer frente a una serie de acreedores que presionaban demasiado; entre ellos, Montoneros.

Al respecto, María Sol, la hija de David que en aquel momento era menor, sostuvo en la misma línea: “No tengo ni tuve nada que reclamar (...) por la negociación, cesión y venta de acciones de Papel Prensa”.

Los inoportunos dichos de Isidoro Graiver

El 11 de junio pasado, Graiver concedió una entrevista al diario “Tiempo Argentino”, que debería ser confidencial. Sin embargo, luego del escándalo, el medio hizo públicas sus declaraciones. “Fue una operación que era a todas luces un afano, lisa y llanamente un afano. Los diarios nos humillaron”, comentó Isidoro (escuchar audio).

A su vez recomendó a los entrevistadores buscar durante el período en cuestión, las primeras planas de los periódicos involucrados. Según Graiver, La Nación, Clarín y La Razón llevaron adelante una campaña de desprestigio contra el Grupo y la familia Graiver. “Yo creo que era una concurrencia. Los diarios usaban eso para meter presión. Tanto a nosotros como al gobierno”, aseveró Isidoro dos meses atrás.

Lidia Papaleo es la ex mujer de David Graiver. Fue una de las principales testigos en el informe presentado por Cristina Kirchner. Ella sostiene que en su momento, recibió una fracción vil del precio: menos del uno por mil (siete mil dólares sobre casi un millón). El resto no le habría llegado nunca. Un juez debía aprobar el pacto, que involucraba derechos de su hija y jamás lo hizo. Además, afirma que si bien al momento de la venta no estaban aún secuestrados, sí recibían presiones constantes, en un momento donde indefectiblemente las sugerencias significaban órdenes.

¿Por qué se acusa al gobierno de coaccionar la libertad de expresión?

El arco opositor y los medios acusados sostienen que esta medida es otra herramienta que utiliza el gobierno para controlar los medios de comunicación. Regular la fábrica de insumos que provee a casi todos los medios del país, le brindaría la posibilidad de influir en los contenidos de los mismos. Sostienen que el proyecto enviado al Congreso no puede separarse del “modelo hegemónico” que estaría llevando adelante el kirchnerismo.

Cierto es que sería un riesgo importante que la regulación de tal insumo quede en manos del Estado, si éste se tomara atributos que no le competen. Por eso, es de mayor relevancia estudiar muy a conciencia el proyecto que llegó a Diputados.

Si la Justicia determina que la denuncia que hizo la Presidenta tiene asidero, no caben dudas que es de suma urgencia revertir tal situación. Pero hay que extremar los cuidados a la hora de aprobar un proyecto que plantea la regulación por parte del Estado. Esta vez el Gobierno optó por las vías constitucionales por excelencia para llevar a cabo su propósito. Sin embargo, hay un punto fundamental a tener en cuenta. Si realmente se trata de una iniciativa que enfrenta los delitos de lesa humanidad denunciados, sería lamentable que la solución vulnere otros derechos de especial relevancia. La libertad de prensa y el derecho a la información son garantías que se deben cuidar con una meticulosidad extrema ya que se trata de elementos esenciales en cualquier sociedad democrática.

Caso Macri ¿Quién es quién en el caso de las escuchas?

noreply@blogger.com (María Judith Díaz) — Sun, 22 Aug 2010 19:49:00 +0000

El 22 de septiembre del año pasado, Glenda, la hija de Sergio Burstein, recibió un llamado en el que se la alertaba de que el “Fino Palacios” le habría intervenido el teléfono a su padre. Cuando la joven se dirigió a la Comisaría para realizar la denuncia, quien tomó la causa por estar de turno ese domingo, fue el Juez Norberto Oyarbide.

Tras numerosas citaciones, entrevistas, declaraciones e investigaciones, la conclusión del Juez, casi cabalmente confirmada por la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, fue que en esta ciudad se había estado llevando adelante un aparato de inteligencia prohibido, bajo el consentimiento del actual jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

Rey y Gallardo. Procesados.

Dos de los imputados son los ex jueces misioneros, José Luis Rey y Horacio Enrique Gallardo. Ellos ordenaron las intervenciones telefónicas, basándose en causas falsas. Utilizaron un asesinato ocurrido en 2005, para incluir en ese expediente una sospecha falsa sobre Sergio Burstein y Carlos Ávila. El primero es familiar de víctimas de la AMIA y querellante en esa causa (a raíz de la cual fue procesado Jorge Alberto Palacios, ex jefe de la Policía Federal, por obstruir la investigación), y el segundo, un importante empresario del mundo de los medios. Así se logró obtener las escuchas ilegales de estas dos víctimas.

Pese a que regularmente las órdenes de intervenciones se dirigen a la Oficina de Observaciones Judiciales, en el caso de las gestionadas por estos magistrados, se comenzaron a enviar a la ex SIDE.

En esas órdenes se autorizaba a Ciro Gerardo James a retirar el material de las escuchas, sin aclarar qué se debía hacer con los casetes retirados. De esta manera, los mismos no ingresaron a los expedientes judiciales, sino que quedaron a disposición de este último personaje.

Ciro James. El eslabón más preciado.

James trabajó en la Policía Federal hasta agosto de 2009, bajo la dirección de Palacios. La idea de este último era otorgarle un cargo en la Policía Metropolitana, una vez concretado el proyecto. Cabe destacar que del currículum que presentó James ante la institución, surge que es un especialista en espionaje. Esto deja en evidencia que ese era el principal aporte que iba a hacer a la Metropolitana. La Cámara en su fallo se interroga: “¿Qué haría un experto en aquel tipo de inteligencia en una institución que tenía prohibido hacerla?”.

A su vez, James tenía un contrato con el Ministerio de Educación. Sugestivamente, no se ha podido verificar desempeño alguno en ese cargo. Por tanto, mientras cobraba en este Ministerio un suelo de $6.000 mensuales, se dedicaba exclusivamente a las tareas de inteligencia. Así, el fallo de la Cámara sostiene que mientras Palacios tenía todas las herramientas para contratar a James para la Metropolitana, “no parece posible que decidiera y ejecutara ese nombramiento en otra área de la administración”. Es decir, que para que James obtuviera el cargo de asesor en el Ministerio, tenía que haber estado involucrado Macri, dado que el ex Ministro de Educación, Nadorowsky, no tenía relación con James. En cuanto a este Ministro, la Cámara revocó su procesamiento ya que consideró que no tenía relación con James ni con ninguno de los involucrados en la causa.

En fin, el rol principal de James fue mediar entre Palacios y los funcionarios judiciales misioneros. De hecho, son numerosas las comunicaciones entre James y Palacios en fechas próximas a solicitarse las intervenciones investigadas.

Mauricio Macri y el “Fino” Palacios. Amor sin barreras.

La relación entre el actual Jefe de Gobierno y el ex comisario Palacios data de años atrás. Desde que Macri fue secuestrado en 1991, Palacios habría colaborado en la protección de su familia, de sus empresas y en el Club Boca Juniors. De hecho, a pesar de la fuerte oposición por parte de importantes sectores de la sociedad al nombramiento de Palacios al frente de la Metropolitana, Macri, una vez más, se aferró a su aliado incondicional y lo introdujo como jefe de ese organismo.

¿En qué medida se encuentra incriminado Mauricio Macri?

La Cámara sostuvo que fue el Jefe de Gobierno quien insertó a James, por medio de la influencia de Palacios, en la administración a su cargo. Lo nombró y le dio una retribución y cobertura para que secunde el proyecto de la Policía de la Ciudad en su vertiente paralela.

No se postula que Macri montó una empresa de pinchaduras telefónicas, sino que conoció y prestó su consentimiento para instalar en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un aparato de inteligencia prohibido, del que se habría servido.

Por lo tanto, Macri no sólo habría nombrado a Palacios al frente de la Polícía Metropolitana, sino que habría facilitado todos los medios para que James pueda desenvolverse con mayor facilidad en sus tareas de inteligencia. Así, el fallo afirma que Macri “ocupó un rol en la asociación ilícita: asegurar, como máxima autoridad del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de sus recursos y, de tal suerte, pueda funcionar”.

A un paso del 82% móvil

noreply@blogger.com (María Judith Díaz) — Sun, 18 Jul 2010 19:22:00 +0000

¿Corresponde sancionar una Ley que institucionalice el 82% móvil para todas las jubilaciones? Desde ya que sí. Esta vez la discordia no se centra en la idea de si está bien o no, universalizar este índice. Tanto los que apoyan la medida como quienes no lo hacen, sostienen que sería una Ley favorable. La discusión se basa en cómo se financiaría en caso de ser aprobada y si las condiciones están dadas para que el Estado afronte tal incremento en su gasto público.

El proyecto para universalizar el 82%móvil para todos los jubilados ya obtuvo dictamen en Diputados y en las dos comisiones que lo trataron en el Senado: la de Presupuesto y Trabajo, y la de Previsión Social. Sólo falta que sea tratado en el recinto del Senado, y esto tendrá lugar el 4 de agosto, luego de la Feria Judicial.

¿Cómo se cobra actualmente la jubilación?

Según la ley vigente, sólo le corresponde cobrar un 82% del sueldo activo, vital y móvil a ciertos grupos de pensionados: científicos, docentes, diplomáticos, jueces y funcionarios judiciales. Para gozar de esa jubilación, estos sectores cumplen con unas condiciones diferentes al resto.

Para calcular la jubilación de estos últimos, se toma el promedio de sueldo de los 10 últimos años y sobre ese valor se aplica el 1,5% por cada año de aportes. A ello se le debe sumar la PBU (Prestación Básica Universal) que es una parte fija de la jubilación a la que accede todo afiliado.

Si se sancionara la Ley en discusión, los jubilados que cobran el haber mínimo, pasarían de percibir $895 mensuales a $1230.

¿De dónde propone obtener los fondos la oposición?

Si bien el proyecto no lo especifica, las opciones que se han estado barajando tienen que ver principalmente con las siguientes alternativas:

· El superávit financiero acumulado por la ANSES.

· La rentabilidad que genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las jubilaciones. El FGS es un fondo de reserva administrado por la ANSES, destinado al desarrollo sustentable de la economía nacional.

· El aumento de la recaudación de IVA que provocaría el mayor gasto de los propios jubilados favorecidos por el aumento.

· La transferencia al Tesoro, de la responsabilidad de pagar la Asignación Universal por Hijo (AUH).

· Restitución de los aportes patronales al 16%. Estos se refieren a la parte de la jubilación aportada al fisco por el empleador.

¿Qué sostiene el oficialismo al respecto?

· El superávit financiero de la Anses ya fue incorporado al FGS y no puede contarse dos veces.

· La rentabilidad activa de ese fondo llegarían como máximo a 6500 millones de pesos y no a 12540 millones, como sostiene la oposición. Además, no se podría afrontar un flujo de gastos con un stock de ahorros.

· La recaudación adicional de IVA podría llegar a ser de 4300 millones de pesos y no de 14.166 millones.

· Sobre la AUH, se afirma que la responsabilidad de pagarlos es de la ANSES, para equiparar los derechos de quienes reciben estas asignaciones familiares con los de los trabajadores en blanco.

· Con referencia a la restitución de los aportes patronales, se considera que un salto de tal magnitud tendría un impacto fuerte sobre los precios, una significativa resistencia política por parte de los empresarios y, a su vez, podría generar empleo informal. De todas maneras, el oficialismo también está analizando esta posibilidad.

Por tanto, el principal argumento de quienes se oponen al proyecto es que éste no especifica cómo se financiaría la medida. Según el oficialismo, si se siguiera adelante, esto tendría un costo fiscal similar al que llevó a Alfonsín a declarar la emergencia jubilatoria en 1986 y congelar así los haberes. Además, el gasto sería mayor al superávit proyectado para todo el año 2010.

Sin embargo, quienes impulsan el proyecto afirman que actualmente alrededor de 3 millones 900 mil personas cobran una jubilación de 890 pesos y que, si la ANSES suspendiera los subsidios a los grandes grupos económicos, recuperaría un fondo importante para afrontar esta medida.

Sobre estas líneas está teniendo lugar el debate que vería su fin en agosto cuando vote el pleno del Senado.

El aumento a las jubilaciones no sólo sería una medida justa, sino que de esta manera se estaría en concordancia con lo que establece la Constitución Nacional en el Art. 14 bis. En este momento, debido a una Ley sancionada en 1995 no se está cumpliendo con la obligación de que las jubilaciones se basen en un porcentaje móvil, sino que se establece de manera fija.

Ley de matrimonio: situación actual

noreply@blogger.com (María Judith Díaz) — Wed, 14 Jul 2010 03:00:00 +0000

Mientras en todos los ámbitos se perpetúa la discusión acerca del Proyecto que modificaría el Artículo 172 del Código Civil, no queda del todo claro qué fue lo que sucedió la semana pasada en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, qué ocurrió hoy martes, y que ocurrirá mañana en el recinto del Senado.

El 4 de mayo obtuvo media sanción, en la Honorable Cámara de Diputados, la Ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dos meses después, el 6 de julio pasado, el proyecto llegó a la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores. Aquí se lo rechazó por una mayoría de nueve integrantes contra seis. Pero además, se aprobó un dictamen de mayoría que impulsaba sólo la Unión Civil entre personas del mismo sexo. Sin detenerse en los detalles, otorgaba casi los mismos derechos que el matrimonio y no permitía la adopción ni la inseminación in vitro para homosexuales. Sin embargo, hoy el presidente provisional de la Cámara alta, José Pampuro, aceptó una impugnación presentada a este proyecto, por el Frente para la Victoria. Esto quiere decir que mañana sólo se tratará la aprobación o rechazo de la Ley que habilitaría el matrimonio para personas del mismo sexo. Sin embargo, el radical Gerardo Morales insistió en que el asunto será sometido a la opinión del cuerpo, que decidirá en definitiva si corresponde o no abordar la unión civil.

Entonces, ¿Cuáles son exactamente las diferencias entre los dos proyectos?, ¿Por qué quienes defienden los derechos de los homosexuales no aceptan el proyecto de Unión Civil?, ¿Qué llevó a impugnar ahora esta última alternativa?

En la nota “Matrimonio vs. Unión Civil” se encuentran las respuestas a estas inquietudes y algunas más.

Matrimonio vs Unión Civil

noreply@blogger.com (María Judith Díaz) — Wed, 14 Jul 2010 01:40:00 +0000

Hasta este lunes la discusión se centraba en la disputa entre quienes apoyaban el matrimonio y quienes apoyaban la Unión Civil. Todo indicaba que el miércoles 14 se debatiría, en primer término, el rechazo al proyecto que ya tiene media sanción. En caso de que éste fuera aprobado, se trataría a continuación la Unión Civil. Y si ésta hubiese sido también ratificada, debía volver a Diputados como un nuevo proyecto de Ley. Si se desaprobaba el rechazo, se votaría el dictamen de minoría, a favor del matrimonio homosexual. Si éste último ganara, quedaría definitivamente sancionada la Ley que modifica el Código Civil, ampliando la posibilidad de contraer matrimonio también para personas del mismo sexo.

Entre tanta discusión, se habían creado también muchas confusiones. El proyecto de Ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo busca modificar el Código Civil para reemplazar la definición de hombre y mujer como actores del casamiento, por el de "contrayentes”. En cambio, el proyecto presentado por la oposición en el Senado , proponía no modificar el Código, sino crear otra figura, que sería la de Unión Civil. En tal sentido, la senadora Liliana Teresita Negre de Alonso, una de las impulsoras del proyecto alternativo, había anunciado que, con excepción de la maternidad y la paternidad, “todos los demás derechos del matrimonio están contemplados”.

El lunes 12, Claudio Morgado, presidente del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), ofreció una conferencia de prensa en la que puntualizó sobre algunos puntos del proyecto de unión Civil que contribuyen a institucionalizar la discriminación de estas familias. El Art. 16, comentó, “establece que el acceso a la obra social y a los beneficios previsionales no son automáticos, como sí ocurre con el matrimonio”.

El Art. 24, por otro lado, avala la objeción de conciencia del personal administrativo, que puede excusarse para realizar el trámite administrativo de una unión civil. Otra de las grandes diferencias entre los dos proyectos es que el de Unión Civil cercena algunos derechos como el de la adopción y la fertilización asistida para personas homosexuales. Incluso, cuando éstos son derechos ya adquiridos. Al respecto, la presidenta de la Federación Argentina LGBT, María Rachid, sentenció que, además de obstaculizar la protección de familias futuras, “ordena por fuerza de ley la desprotección de los niños y las niñas de esas familias que ya existen”. Esto se debe a que, en caso de que haya niñas y niños preexistentes a la legalización de la unión civil, la pareja de quien ejerce la patria potestad quedaría excluida del vínculo formal con esa criatura.

Vale precisar que la adopción para personas homosexuales ya está permitida porque no existe ninguna Ley que la prohíba. A ningún individuo que quiera adoptar un niño se le puede prohibir legalmente hacerlo, argumentando su orientación sexual. Por lo tanto, la adopción por parte de personas homosexuales ya ocurre. El proyecto que ya tiene media sanción, sólo le daría un marco legal a esta situación para que tanto la pareja como el niño en cuestión puedan contar con los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Si se aprobara una Ley que prohíba a una pareja homosexual adoptar o acceder a la fertilización in vitro, se institucionalizaría la imposibilidad del niño de contar con los mismos derechos que cualquier otro.

Por estos motivos, entre otros, es que se considera que sancionar una figura de este tipo sólo significaría una suerte de reconocimiento normativo de la discriminación. De todos modos, la impugnación que resolvió Pampuro no recae sobre estos argumentos, sino que la Constitución indica que cuando un proyecto es tratado y rechazado en el recinto, no puede volver a debatirse dentro del mismo año parlamentario. Quienes apoyan el proyecto del matrimonio consideran que abordar la Unión Civil luego de un posible rechazo, sería tratar el mismo tema. Los opositores sostienen lo contrario. Mañana tendrá lugar en el recinto un debate tan significativo como lo fue en 1987 la ley de Divorcio o la ampliación del voto para las mujeres en 1951.

¿A quién beneficia el Programa de Desendeudamiento?

noreply@blogger.com (María Judith Díaz) — Sat, 10 Jul 2010 19:10:00 +0000

Tal y como se afirma en el artículo titulado “Desendeudamiento de las Provincias”, los fondos para el Programa de refinanciamiento, serían deducidos del Fondo de Aportes del Tesoro nacional (ATN). En ese sentido, la Ley 23.548 establece que el 1% del total recaudado por los gravámenes coparticipables, se destinará a este fondo. El objetivo de su creación fue atender las situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. Es decir, dinero que las provincias ceden de lo que les corresponde por coparticipación, para hacer frente a tales situaciones. Por supuesto, esto siempre dio lugar a una ineludible interpretación de la oposición, dirigida a la posible discrecionalidad con que el Gobierno podría distribuir dichos recursos.

Lo cierto es que en los últimos años esta recaudación no ha sido distribuida completamente entre las Provincias, por lo que actualmente el gobierno Nacional cuenta en ese Fondo con 9.800 millones de pesos, pertenecientes a las Provincias. El interior va a poder contar con esta suma que el Gobierno le estaba adeudando.

Uno de los puntos en discusión recae sobre el motivo que llevó al Gobierno Nacional a distribuir estos fondos en este momento, dado que durante años, sólo se habían destinado escasas porciones a la recuperación de las economías provinciales. Según palabras de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, “no ha habido manejo discrecional de ATN, para acumular esta cantidad de dinero, salvo para casos que así lo ameritaran”. Evidentemente, el oficialismo ha encontrado que este es el momento más apropiado para que las Provincias puedan contar con el total de este fondo. Esta es una de las hipótesis. La otra es que esta decisión tiene como objetivo retomar el centro de la escena política y obtener mejores lazos con los Gobernadores de las Provincias de cara a las elecciones de 2011.

Este Programa tiene una relevancia especial, debido a que otorga libertad a las Provincias para actuar política y económicamente con mayor autonomía. Una de las mayores críticas que se le ha hecho a este Gobierno en los últimos años tiene que ver con la habilidad que ha tenido para retener su poder político sobre el interior, mediante el discrecional auxilio económico que utilizaba por “amiguismo” o a cambio de favores políticos. Ahora, las Provincias tendrán una emancipación económica que les permitirá actual con mayor libertad y sin depender con tal magnitud de los guiños oficiales.

Por otro lado, el kirchnerismo también se ve beneficiado con esta medida, ya que pone un paño de agua fría sobre el debate que hace sólo un par de meses había ganado mucho protagonismo: la coparticipación del impuesto al cheque. El Programa de Desendeudamiento tiene un significativo carácter Federal, que bien podría limitar transitoriamente los eufóricos debates y las considerables demandas que estaba recibiendo sobre este tema por parte de la oposición.

El otro planteo recurrente por parte de las Provincias que han quedado fuera del Programa, es que el ATN no se distribuya entre los 24 distritos, de acuerdo a las cuotas que le corresponde a cada uno según el Régimen de Coparticipación. Por el contrario, sólo puedan acceder a éste los más endeudados.

Por último, queda abierta la incertidumbre acerca de lo que ocurrirá con los Programas de Asistencia Financiera (PAF), que tienen como objetivo, según el Presupuesto 2010, “asistir, mediante convenios bilaterales, a aquellas provincias que no cuenten con el financiamiento para hacer frente a los servicios de capital de su deuda”. En este sentido, anualmente el gobierno ya destinaba una porción de dinero a financiar los servicios de las deudas provinciales, pero a modo paliativo. La mayor diferencia que plantea este nuevo programa recae en la eliminación del ajuste por CER, el plazo de gracia para el pago de intereses y de la amortización del capital, y la extensión del plazo de reembolso hasta el 2030. Se trataría de una medida para intentar resolver definitivamente el problema de la deuda. Sin embargo, si después del 2011 las Provincias dejaran de contar con este beneficio, volverían a incurrir en una situación de difícil salida para abonar sus deudas. El Presupuesto 2010 asigna más de 11 mil millones de pesos para el PAF; pero no establece cuáles son las provincias que lo recibirán.

En fin, la medida constituye un avance en la relación entre la Nación y las Provincias, así como en cuanto a la autonomía que adquirirían estas últimas, tanto económica como políticamente. Sirve para otorgarles la posibilidad de una mayor previsibilidad y contribuye a una mejor posición fiscal y un aliviador empuje para enfrentar las deudas con la Nación. También es cierto que, una vez más en Argentina, los que hicieron bien las cosas y llegan al día de hoy sin deudas con la Nación, se ven excluidos de un plan que claramente los hubiese beneficiado y les hubiese otorgado mayor holgura para manejar sus situaciones financieras. Lo cierto es que La Ley de Coparticipación dice que ese fondo se destinará a Provincias en estado de emergencia y evidentemente estos distritos sin deudas con la Nación, no han sido considerados por el oficialismo dentro de este grupo.

Desendeudamiento para las Provincias

noreply@blogger.com (María Judith Díaz) — Mon, 05 Jul 2010 02:20:00 +0000

El "Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas" fue creado mediante un decreto el 10 de mayo de este año. El mismo se enmarca en la política de desendeudamiento que está llevando adelante el Gobierno, tanto en cuanto a su posición con el mercado financiero internacional, como para con el interior del país. El principal objetivo del programa es revertir la situación de déficit en la que ha quedado la mayoría de las provincias tras la sinuosa década del 90´, acentuada aún más por la crisis del 2001 y 2002.

Uno de los principales argumentos presentados en el decreto se basa en que, durante el período mencionado, muchas provincias tuvieron que recurrir ineludiblemente al respaldo financiero de bancos y la emisión de títulos públicos, a muy baja tasa de interés. Esto devino en una situación de endeudamiento que hoy pondría en riesgo su equilibrio financiero y la sustentabilidad de sus esquemas fiscales.

Por tanto, la medida proyecta disminuir dicha deuda mediante la aplicación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Este recurso, creado en 1988 a través de la Ley de Coparticipación Federal, tiene por objeto atender situaciones de emergencias y desequilibrios financieros de los Gobiernos Provinciales. El resto de la deuda será reprogramada a fin de mejorar la situación financiera de las Provincias.

¿De qué manera se instrumentará?

En primer lugar, la distribución del ATN será proporcional al monto de las deudas que las Provincias presenten. Por otro lado, dejarían de percibir el ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Dicho ajuste es establecido diariamente por el Banco Central de la República Argentina y refleja la evolución de la inflación. Para calcularlo, se toma en cuenta la variación registrada en el Índice de Precios al Consumidor, elaborado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). El CER se aplica para actualizar las cuotas de ciertos créditos y nació junto con la “pesificación” de créditos y deudas en moneda extranjera, establecida mediante un decreto en el año 2002.

El reembolso en cuestión se otorgaría con un plazo de gracia para el pago de intereses y de la amortización del capital, que finaliza el 31 de diciembre de 2011. La tasa de interés aplicable será del 6% nominal anual y se ampliarán los plazos de reembolso hasta el 2030.

Los convenios no serán multilaterales, sino que cada Provincia definirá sus instancias burocráticas pendientes y se realizarán luego, acuerdos bilaterales. Hasta el momento, Buenos Aires, Chaco y Tucumán son las únicas Provincias que han firmado el acceso al Programa. Corrientes fue una de las primeras en mostrar intención de adherir pero le falta definir ciertos reclamos administrativos y judiciales con el Gobierno Nacional.

Por último, vale resaltar que la refinanciación propuesta no constituye un costo fiscal adicional para el Gobierno Federal, ya que los servicios de la deuda que asume, serían equivalente a los recursos que venía destinando a las provincias en el marco de los Programas de Asistencia Fiscal.

Críticas al decreto

Entre los reparos que se han hecho frente al Decreto en cuestión, se encuentran las posturas de las seis provincias que no se ven afectadas por el mismo. Al no tener deuda a la fecha, La Pampa, Santa Fe, Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero y Ciudad de Buenos Aires, no perciben ningún beneficio de los mencionados anteriormente. La norma aclara que la suma registrada en el ATN no se distribuirá de acuerdo a la cuota que cada Provincia tiene en el Régimen de Coparticipación Federal. En cambio, establece que se aplicará a compensar las deudas de las Provincias que ingresen al Programa, en función de la participación de cada una en la deuda total. De este modo, algunos de los Gobernadores han encontrado injusto que quienes no tienen deuda, no perciban ninguna proporción de un recurso supuestamente designado a todas las provincias. A su vez, las jurisdicciones menos endeudadas, lejos de ser reconocidas, absorben menos que el resto.

Por el fin de las polaridades

noreply@blogger.com (María Judith Díaz) — Sun, 27 Jun 2010 00:33:00 +0000

La ley Nacional de Radiodifusión Nº 22.285 fue promulgada el 15 de septiembre de 1980, durante el paradójicamente llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. Así, se derogaba la Ley Nº 19.798 y se reglamentaban las nuevas pautas para los servicios de radiodifusión en todo el territorio de la República Argentina. Dicha norma llevaba la firma, entre otras personas, de Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz. No hace falta agregar demasiado para concluir que inexcusablemente urge un drástico cambio en cuanto a las normas que rigen el uso de los servicios de comunicación audiovisual. ¿Es la Ley 26.522 la indicada para regir dichos servicios? ¿Qué nuevos aportes propone y cuáles deberían replantearse?

Por el sólo hecho de haber sido sancionada bajo un Gobierno no constitucional, la Ley vigente (en tanto se encuentre suspendida la LCSA, rige la 22.285) debería haber sido derogada durante el Gobierno democrático que lo sucedió inmediatamente. No obstante, esto no sólo no ocurrió en 1983, sino que pasaron cuatro Gobiernos constitucionales, hasta que el actual decidió tomar cartas en el asunto. No fue por mera distracción que ningún mandato puso fin a la reglamentación de la ley, sino que tal decisión requería de un complejo y espinoso enfrentamiento con los grandes medios, que nadie estaba dispuesto a enfrentar. Los intereses en juego eran muchos y estaban en manos de grupos por demás influyentes.

Más aún, lejos de intervenir con el propósito de dar fin a esa ilegítima ley y sancionar una que rija y promulgue una verdadera libertad de expresión y de prensa, las modificaciones elaboradas durante estos treinta años apuntaron únicamente a otorgar más poder a los grandes medios y fortalecer su concentración. Muchos de los puntos que hoy se intentan modificar respecto de la Ley Nº 22.285 aluden a alteraciones realizadas durante estos gobiernos democráticos y referentes a la centralización de medios. Por ejemplo, la ley de Radiodifusión establecía, entre los requisitos para obtener una licencia, no ser propietario ni socio de diferentes sociedades de radiodifusión y no tener vinculación jurídica o económica con empresas extranjeras ni con editoras de diarios. “Fue la ley de reforma del Estado de 1999 la que eliminó estas restricciones y permitió la formación de grupos multimedios y la entrada del capital extranjero en el sector”, escribió Ethel Pis Diez, Doctora en Comunicación, especialista en economía de los medios de comunicación e investigadora de la Universidad Austral, en una nota de opinión publicada en el diario La Nación el 7 de septiembre de 2009. Lo que sí establecía la ley promulgada en 1980 y que, de forma ineludible, debe ser modificado actualmente, se vincula con la fuerte intervención del Estado en la administración y regulación del contenido y las licencias.

Ahora que finalmente se pone un punto al tan poco democrático libre albedrío de la concentración y la intervención, muchas de las críticas se focalizan en el hecho de que Cristina Kirchner solamente se habría interesado en este tema para profundizar la campaña que ejerce en contra del grupo mediático Clarín. Una política de Estado no puede estar motivada por un conflicto entre intereses económicos y políticos de diferentes grupos. Pero lo cierto es que esta medida debía ser tomada. La causa no fue la que la sociedad más hubiese esperado para un país que se aspira opere mediante decisiones institucionales y no por reacción a un enfrentamiento. No obstante, la consecuencia (aunque todavía perfectible), no deja de ser un avance frente a la necesidad de abrir los espacios audiovisuales a toda la sociedad. Más allá de que hay muchos puntos criticables en el proyecto en cuestión, la norma plantea un decisivo avance en diversas cuestiones que hacen a la democratización de los servicios audiovisuales, la libertad de expresión y de prensa, y la ampliación del derecho a la información.

Pros y contras

Un punto muy importante de la nueva ley (que no es de los que más han dado que hablar) recae en que, si ésta se pudiera reglamentar, no sólo se pondría límites a la centralización de licencias bajo un mismo grupo económico (Art. 45), sino que también se reduciría la concentración geográfica que hoy existe en las grandes capitales del país. Además, se otorgaría la posibilidad y el derecho de producir contenidos a las ciudades más pequeñas del interior (otorgándole así alguna razón de ser al fantasmal federalismo que la mayoría de las veces se simula practicar). La realidad social, cultural, política y económica que reciben hoy las ciudades del interior poco tiene que ver con su día a día; en todo caso (y tomando con pinzas esta proposición) “refleja” una realidad muchas veces ajena a lo que sucede en estos territorios.

Por otro lado, resulta notablemente necesario que medios pequeños y organizaciones no comerciales obtengan la oportunidad de disponer de un porcentaje del espectro radioeléctrico, para dar un verdadero sentido a la libertad de expresión y de prensa, tanto como al derecho a la información. Hay dos artículos muy importantes que contribuyen trascendentalmente a la democratización de bienes materiales y simbólicos (principalmente representados éstos por la posibilidad que comenzarían a tener otros grupos sociales de apropiarse de parte del discurso). Uno de ellos es el 45, que restringe la multiplicidad de licencias. El otro es el que divide en iguales partes el espectro radioeléctrico para asociaciones sin fines de lucro (fundaciones, cooperativas, universidades, sindicatos, gremios, etcétera), para el Estado y para el sector privado. Si bien la sociedad no vive a través de los medios, la mayor parte de las veces sí percibe la realidad a través de ellos. Por eso, es importante que el mensaje no se reduzca a la opinión de un grupo hegemónico (o dos, o tres) ni al escenario de unos pocos lugares geográficos. Los medios constituyen una herramienta fundamental para construir espacios ricos en diversidad cultural, social, política y educativa, y para eso resulta necesaria una participación activa de todos estos grupos que hoy no pueden ejercer su derecho a expresarse. Según la Ley sancionada en 1980, sólo tendrían acceso a licencias las empresas comerciales, y no, por ejemplo, los organismos sin fines de lucro.

Sin embargo, un punto debatible del proyecto sería la constitución de la nueva Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, encargada de aplicar, interpretar y hacer cumplir la ley en discusión. Su directorio estaría conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo Nacional; tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual (serían seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno a la mayoría o primer minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercer minoría parlamentarias); y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales). Esto quiere decir que el oficialismo contaría desde el inicio con tres espacios de apoyo prácticamente concluyentes y con que solo uno del resto de los integrantes lo acompañe, tendría la mayoría para tomar decisiones por demás delicadas. Por eso, sería adecuado el establecimiento de procedimientos para asegurar nombramientos más transparentes, independientes y participativos de las autoridades.

Otros puntos que sería propicio modificar se vinculan con el rol destacado que ocupa la Iglesia Católica en el proyecto, o la manera de instrumentar la promoción de espacios para organismos sin fines de lucro o para pueblos originarios, que adquieren un nuevo protagonismo en esta ley. Es decir, de qué forma los medios alternativos van a poder hacer uso de estos nuevos derechos que la Ley les otorgaría, ya que no cuentan con el respaldo económico que tienen las empresas mediáticas que actualmente predominan como licenciatarios,.

En cuanto a los rasgos positivos, también vale destacar la importancia significativa que le da la ley al contenido, a la cuestión cultural y a la identidad tanto argentina, como de los diferentes grupos sociales. El art. 65 es el que establece los porcentajes de producción nacional y local que debe respetar cada medio, así como el espacio que deben reservar las radios, por ejemplo, a la música nacional y de autores independientes. Estas disposiciones abren camino a los medios más pequeños y al desarrollo de estructuras y producciones locales que permiten la inclusión laboral de más periodistas. A su vez, posibilita la llegada de información local en lugares del interior del país. En cuanto a los límites que se establecen a los grupos mediáticos más grandes del país (sobretodo en el art. 45) no limita la libertad de expresión, sino que justamente la amplía para dar lugar a otros medios.

Con todo, sí resulta demasiado terminante el artículo 161 que otorga un plazo de un año para que los licenciatarios que no cumplan con las nuevas normas, se ajusten a las mismas. Es inevitable que tal cumplimiento conlleve una disminución notable en el valor de las licencias. No se puede dejar de tener en cuenta que hasta el momento tales empresas funcionaban bajo un entorno legislativo que las contenía y ahora establecer un efecto retroactivo de tal magnitud en tan estrecho plazo, puede afectar la economía de esos medios de forma substancial.

La promulgación de la Ley 26.522 es necesaria, pero así también una reglamentación que esclarezca y precise esos puntos que todavía faltan pulir para que se cuente con un régimen comunicacional más transparente. Si bien la sanción de esta ley es un importante avance para la democratización de los espacios audiovisuales y la integración de las nuevas tecnologías, apremian también regulaciones claras que contemplen aquellos factores que faltan esclarecer. Entre éstos, cómo se va a encauzar la verdadera independencia y autonomía de los servicios audiovisuales públicos; la manera en que se pretenden promover los espacios para medios alternativos; y una modificación en el artículo 14 para que se garantice una verdadera diversidad entre los actores que integran la Autoridad de Aplicación de la Ley. Todas estas alteraciones pueden establecerse sobre la base de este proyecto, que plantea importantes puntos favorables, innovadores y necesarios. Por ejemplo, la ejecución de concursos abiertos para la adquisición de licencias, la inclusión de nuevas tecnologías, la implementación de criterios equitativos para la asignación de frecuencias y la oportunidad que se otorga a cualquier grupo interesado para contar con las herramientas discursivas que ofrecen los medios. Esta reglamentación serviría para definitivamente lograr ampliar el derecho a la comunicación de todos los ciudadanos. Otro punto destacable: para que todo esto suceda también resulta imprescindible cumplir y respetar la ley, si es que se llega a reglamentar.

Ley de Medios - Cronología

noreply@blogger.com (María Judith Díaz) — Fri, 25 Jun 2010 00:42:00 +0000

El miércoles 18 de marzo de 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en el Teatro Argentino de La Plata el anteproyecto de la ley 26.522, llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Siete meses después, su aprobación devino en una controvertida disputa entre quienes apoyan la sanción, y quienes se oponen a ella. El recuento cronológico sería así:

Dieciséis de diciembre de 2009

El Juez en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, Edmundo Carbone, dio lugar a la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín, por la cual se suspendía provisoriamente la aplicación de los artículos 41 (sobre la imposibilidad de transferir licencias, salvo excepciones) y 161 (sobre el plazo máximo de un año para desligarse de las licencias que no cumplan con las nuevas normas) de la Ley. Una semana después, el Gobierno apelaba el fallo. La Cámara Federal Civil y Comercial confirmó luego la sentencia dictada por el juez Carbone, pero revocó la suspensión del artículo 41 porque consideró que esto debería dilucidarse en un proceso más dilatado. Seguramente, esta sentencia también sea apelada por el Gobierno para que la Corte Suprema de la Nación evalúe si hace lugar a la misma.

Carbone sostuvo en el fallo que "los artículos en cuestión conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita", establecidos en los artículos 14 y 17 de la Carta Magna. Citó a su vez a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Smith", en el cual se determinó que "la propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada por ley". El Juez reivindicó así, que "el derecho constitucional de propiedad se vincula con la noción de derechos adquiridos o sea de derechos definitivamente incorporados al patrimonio de una persona".

El otro fundamento fuerte fue que los artículos contradicen lo dispuesto en el tercero del Código Civil, que establece que las leyes no tienen efecto retroactivo y que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución.

Asimismo, aludió al artículo 1.324 del mismo Código, que dice que “nadie puede ser obligado a vender, sino cuando se encuentre sometido a una necesidad jurídica” y agregó que, si bien el Estado puede reglamentar el derecho de propiedad (artículo 28 de la Constitución), el ejercicio de esa facultad no puede conducir a disminuir sustancialmente el valor de una cosa".

Por su parte, la Cámara afirmó que si bien su fallo no revisa la conveniencia de la ley, entiende que su aplicación práctica puede privar al demandante de sus derechos. Por otra parte, consideró que los artículos que establecen la desinversión "importan consecuencias que modifican de modo sustancial las reglas de juego a las cuales las empresas habrían ajustado su comportamiento y realizado sus inversiones".

Dieciséis de diciembre. Bis

Ese mismo día, en Salta, el juez federal Miguel Antonio Medina dictaba la segunda resolución que afectaba a la ley. Esta vez, además del artículo 161, se suspendían el 45 (sobre la multiplicidad de licencias), 62, 63, 64 (sobre las transmisiones simultáneas de una misma red) y 65 (sobre los contenidos), a pedido del Comité de Defensa del Consumidor (Codelco). Esta medida refirió específicamente a los límites que fija la ley a la acumulación de licencias; al plazo de un año para desprenderse de las que excedieran los nuevos requisitos; y a las limitaciones que fija la ley a las transmisiones en cadena. Además, un punto muy importante a destacar acerca de esta sentencia fue que prohibió al Poder Ejecutivo dictar actos administrativos o llevar a cabo medidas que impliquen o conduzcan a poner en ejercicio la ley.

Si bien Codelco es una asociación con personería nacional, el juez Medina tiene jurisdicción en Salta. Sin embargo, la medida no tiene alcance únicamente provincial porque la prohibición dirigida al Gobierno para que no reglamente la ley es de implicación nacional. Medina sostuvo que los artículos suspendidos restringirían la oferta informativa de los salteños, debido a la forzada venta de los canales implicados. Además, agregó que “generará disparidad entre los consumidores de las distintas localidades del país”.

Veintiuno de diciembre

La jueza mendocina Olga Pura de Arrabal dio lugar a una medida cautelar presentada por el Diputado Enrique Thomas, perteneciente al peronismo disidente de la provincia. Esta vez, la particularidad fue que no se objetó algún artículo de la ley, sino que se focalizó directamente en el procedimiento que tuvo la sanción dentro del Parlamento. Es decir, se destacaron los "vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional" en el proceso de la sanción de la ley.

La demanda del Diputado nacional se cierne específicamente al tratamiento que tuvo la sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Pura de Arrabal argumenta que las irregularidades quebrantan los siguientes artículos constitucionales: art. 1° sobre la forma republicana, representativa y federal de gobierno; art. 22°, sobre el principio de delegación del poder del pueblo; art. 28° donde los principios y garantías reconocidos por la carta magna no pueden ser violados por las leyes que reglamenten su uso; el art. 29° sobre las facultades extraordinarias; el art. 31 que estable la jerarquías de las normas y por último el art. 45° que determina cómo será la composición de la Cámara de Diputados. Aduce que hubo irregularidades en el trámite parlamentario en las Comisiones de Comunicaciones e Informática, Presupuesto y Hacienda y Libertad de expresión. A su vez, criticó la forma casi inmediata con que se convocó en Sesión Especial a la producción del dictamen de mayoría. Thomas afirmó que esa convocatoria con escasas horas de anticipación impidió a muchos diputados, en especial del interior, asistir al debate. En fin, “se violaron los procedimientos y formas previstos por el reglamento de la Cámara de Diputados y artículos de la Constitución nacional", explicó el diputado.

La Cámara Federal de Mendoza confirmó la medida y luego de una apelación por parte del Gobierno Nacional, el fallo llegó a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recién el último 19 de mayo, el máximo tribunal aceptó la apelación presentada por el Gobierno. Sin embargo, antes de abordar el caso, el procurador general de la Nación (fiscal ante la Corte Suprema de la naciòn), Esteban Righi, se pronunció al respecto y resolvió de manera no vinculante que la decisión de la Cámara federal había violado “abiertamente” la jurisprudencia federal en torno del proceso de constitución de leyes. Por lo tanto, su postura recaló a favor de levantar la suspensión de la Ley, entre otros motivos, porque el proceso es "atribución propia de los dos poderes constitucionalmente encargados de ello" y por eso "ajeno a las facultades jurisdiccionales de los tribunales. Por último, la Corte Suprema de la Nación, tal cual se predecía, terminó cerrando el caso ratificando la misma postura del procurador general.

Veintinueve de diciembre

A pedido del grupo mediático Jorge Estornel S.A. y Otros, el juez Federal Nº2 de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, suspendió seis artículos de la ley en cuestión: 42 (sobre la inembargabilidad de las licencias), 43 (sobre los bienes afectados), 45, 46, 48 (sobre las prácticas de concentración indebida) y 161. El grupo empresario está compuesto, entre otros, por Daniel Vila y José Luis Manzano, dueños de diversos canales de televisión y radios, tanto AM como FM.

El texto del amparo indica que la Ley 26.522 "viola la libertad de expresión; implica un daño económico para las empresas; limita las renovaciones de licencias; y en el caso específico de Supercanal, citan el peligro de pérdida de puesto de trabajo e ingresos de publicidad por 14 millones de pesos más IVA". A su vez, a criterio del Juez, la norma es "una abierta contradicción a la libertad de prensa”.

Nueve de abril de 2010

La quinta y última de las medidas sancionadas fue dictada nuevamente por el Juez Federal con asiento en Salta, Miguel Medina. La impulsora de la misma fue la diputada del Partido Justicialista Federal, Zulema Beatriz Daher. Este fallo tiene el mismo alcance que el dictado por la Jueza Pura de Arrabal, en el sentido de que también suspende la vigencia de la ley, hasta que se arbitre sobre la cuestión de fondo. El argumento es que existieron irregularidades en el procedimiento de sanción de esa norma. Así, al igual que la magistrada mendocina, determina que el Gobierno debe abstenerse de aplicar cualquier aspecto de la norma.

Uno de los puntos en los que se apoyó el magistrado fue que “los legisladores no tuvimos oportunidad de conocer el dictamen y se votó en menos de 24 horas una ley con modificaciones en varios de sus 150 artículos”. El Juez agregó que dicha normativa lesiona el derecho de los Diputados con relación a la forma representativa de gobierno (arts. 1°,22,28,29,31 y 45 de la Constitución Nacional), y el derecho a la libertad de prensa de los arts. 32 y 38, los cuales merecen tutela judicial.

Coparticipación del impuesto al cheque

noreply@blogger.com (María Judith Díaz) — Sun, 16 May 2010 01:34:00 +0000

Ley de Coparticipación. Asignaciones específicas. Mayoría absoluta. Ley de Competitividad. Débito bancario. Impuesto al cheque. Ley, Ley, Ley... Paremos. ¿De qué se está hablando? Antes de adentrarnos en los detalles que hacen a este conflicto, una breve síntesis de los últimos acontecimientos, para aquellos que apenas pudieron seguir las noticias.

El último 15 de abril, tras extensas horas de debate, el Senado dio media sanción al proyecto presentado por la oposición para aumentar el porcentaje coparticipable de lo recaudado mediante el usualmente llamado “Impuesto al cheque”. El mismo había sido impulsado por el radicalismo, la Coalición Cívica, el socialismo y el peronismo disidente, mientras que el gobierno se había mostrado impetuosamente resistente a dicho cambio. Vale aclarar que una reforma semejante, significaría un importante incremento en las sumas de dinero que perciben las provincias por año (o una menor percepción para el gobierno Nacional, lo cual es lo mismo pero no es igual).

El caos político y mediático que se vivió durante los días siguientes, estuvo centrado en el debate sobre la cantidad de votos con la que se había dado media sanción a dicho proyecto: 35 a favor de la reforma, sobre 33 en contra. La victoria de los primeros se debió a que había logrado reunir mayoría simple. Es decir, que la cantidad de votos a favor había sido mayor que los votos en contra, computados sólo entre los senadores presentes y sin tener en cuenta la cantidad de abstenciones o ausencias.

Sin embargo, el oficialismo adujo que, por el carácter impositivo de la ley, se necesitaba una mayoría absoluta para su media sanción en el Senado y, por tanto, estimó inconstitucional dicho resultado. El gobierno supone indispensable para esta modificación la obtención de una mayoría igual o superior a la mitad más uno del total de los miembros del órgano en cuestión (independientemente de los ausentes y las abstenciones).

La semana pasada, para agregar otro capítulo a esta discusión de formas, el Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner devolvió el proyecto a Julio Cobos, quien cumple la misma función en el otro recinto, y adujo que la votación no había cumplido con los requerimientos constitucionales. Sin embargo, este último hizo lo propio y el proyecto llegó nuevamente a Diputados ya que el método con el que se había realizado la votación había sido decidido por el pleno de la Cámara.

Todo tiene un por qué

Una vez entendida la punta del iceberg de la discusión, resulta indispensable para entenderla, profundizar en las causas y fundamentos de cada una de las interpretaciones. Y la manera más clara (ningún ingenio formidable) es organizando las ideas.

La Constitución Nacional dispone que son coparticipables todas las contribuciones allí previstas, con excepción de las que tengan asignación específica. A su vez, aclara que el establecimiento y modificación de asignaciones específicas de recursos coparticipables, se instituirá por ley aprobada por mayoría absoluta del Congreso Nacional.

¿Cuáles son los recursos coparticipables? Según la Ley de Coparticipación, sancionada en 1988 bajo el gobierno del ex Presidente Raúl Alfonsín, incluyen a todos los impuestos, con excepción de los derechos de importación y exportación; de los que estén previstos en otros regímenes de coparticipación; de los que tengan afectación específica a destinos determinados y de los que se destinen a obras de interés nacional por acuerdo entre la nación y las provincias.

La forma de distribuirlos es: el 42,34% para la Nación, el 54,66% para las provincias adheridas; el 2% para el recupero de ciertas provincias particulares y el 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias.

Claro que hay un par de dudas cuasi existenciales que se hace pertinente dilucidar: ¿qué es el impuesto al cheque? ¿Es de afectación específica? ¿Por qué? Si se aclararan estas últimas cuestiones, se resolvería la discusión esencial acerca de si se necesitaba o no mayoría absoluta para aprobar el proyecto. Evidentemente tan simple no es porque las discusiones entre senadores, constitucionalistas, políticos y gente que simplemente opina, parecieran no terminar más. Aquí simplemente se narrarán las bases de este planteamiento.

El impuesto a los créditos y débitos bancarios (comúnmente llamado “impuesto al cheque”) es un gravamen que se cobra sobre todos los débitos y créditos efectuados sobre cuentas corrientes. En el 2001, mediante la consabida Ley de competitividad y con motivo de la emergencia económica, se establece que lo producido por dicho impuesto sería destinado a un Fondo de Emergencia Pública, con el propósito de preservar el crédito público y la recuperación de la competitividad de la economía Nacional.

En el año 2006, una Ley modifica la anterior y establece que el 70% de este impuesto ingresaría al Tesoro Nacional y lo administraría el Poder Ejecutivo nacional, a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico.

Dado que ya no se sufría la emergencia económica que acuciaba en 2001 pero el gobierno seguía interesado en contar con un alto porcentaje de lo recaudado por el impuesto, simplemente se modificó el motivo por el que se seguía percibiendo una prominente proporción.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que se trató de un impuesto coparticipable con asignación específica (una al principio, otra después… en fin).

Quién da más

Una vez comprendidos los cimientos de la materia, se puede atender mejor las diferentes inferencias a las que llegó cada una de las facciones en cuestión.

El oficialismo sostuvo y sostiene que se necesita mayoría absoluta para dar media sanción al proyecto porque se basa en el artículo de la Constitución que postula que para establecer o modificar asignaciones específicas se necesita contar con ese requerimiento.

En cambio, la oposición asevera que esto se impone cuando se quiebra el principio de que todo impuesto es coparticipable, no cuando se vuelve al precepto general. Alegó que la modificación de la norma no se hizo por una ley especial y que por eso bastaba con mayoría simple. El argumento, en este caso, es que sólo se procedió a eliminar un artículo de la Ley del impuesto al cheque que era, justamente, el que establecía para ese tributo un reparto distinto al que se fija para el conjunto de los impuestos.

En cuanto a este último punto, el presidente del bloque justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, apuntó en el recurso presentado a la Cámara de Diputados que “pretender que derogar no es modificar es desconocer la más elemental comprensión de los términos”.

Comentarios que defienden de una u otra manera cada una de las posturas, los hubieron por doquier; pero los principales fundamentos se sustentaron sobre estas concepciones.

Evidente es que toda esta explicación se basó más en las formas que en el fondo. Sin embargo, resulta inevitable observar que el tan discutido impuesto y su asignación específica fueron sancionados en al año 2001 por un estado de emergencia nacional que así lo requería. Sin embargo, la situación actual afortunadamente es otra y por tanto, su distribución debería ajustarse al marco general que rige a todas las contribuciones. Esto quiere decir que en la actualidad lo recaudado no debería establecerse como asignaciones específicas, ya que hoy no existe una dirección particular a la que se lo deba designar.