UPAU

PDF Texto completo FALLO CSJN rechazó recursos de ATC SA y Víctor Hugo Morales en causa por derechos de transmisión

2015-09-26T03:47:00.000-03:00

Desestimó quejas por incumplimiento de la acordada 4/07. La causa se inició por una demanda de Cablevisión por los daños y perjuicios producidos como consecuencia de la violación de los derechos de transmisión del partido Boca y Real Madrid en el año 2000

Fallo completo Recurso de hecho dedicido por ATC

Fallo completo Recurso de hecho deducido por Victor Hugo Morales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó las quejas presentadas por ATC SA (en liquidación) y Víctor Hugo Morales por incumplimiento de la acordada 4/07, en una causa vinculada a derechos de transmisión.

La causa había sido iniciada por una demanda de Cablevisión contra el canal ATC S.A. (en liquidación), el productor Eduardo Juan Metzger y el conductor Víctor Hugo Morales por los daños y perjuicios producidos como consecuencia de la violación de los derechos exclusivos de transmisión del partido de fútbol entre los equipos Boca Juniors y Real Madrid en el año 2000.

La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial extendió la condena decidida en primera instancia ($472.000) respecto de ATC S.A. (en liquidación) y el Sr. Metzger al condemandado Víctor Hugo Morales, en forma concurrente, indistinta o in solidum.

La resolución fue firmada el pasado martes por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.

PDF Texto completo de la Denuncia del Fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernandez de Kirchner, Héctor Timerman y Luis D'Elia entre otros

2015-01-30T15:32:00.003-03:00

Denuncia de la Unidad Fiscal de Investigación para la causa AMIA ante el Juzgado Federal N° 4

La Justicia hizo pública la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernandez de Kirchner El Centro de Información Judicial subió a su web el escrito del fallecido fiscal contra la Presidenta y otros funcionarios por el supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA.

El juez federal Ariel Lijo dio conocer la denuncia que tenía preparada el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, antes de fallecer. En el documento, se encuentra la investigación que compromete a la presidenta Cristina Fernández y a otros funcionarios por supuesto encubrimiento por el memorandum con Irán.

A través del Centro de Información Judicial, se dio a conocer el documento "Denuncia de la Unidad Fiscal de Investigación para la causa AMIA ante el Juzgado Federal N° 4", donde se presentan como imputados a la presidenta y al canciller Héctor Timerman.

"La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní acusados por el atentado terrorista del 18 de julio de 1994 como surge de las evidencias halladas, fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo nacional e instrumentada pricipalmente por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto", denunció Nisman.

El fiscal Nisman en su presentación señalaba: "Vengo a denunciar la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la Justicia argentina, con competencia en el caso".

"Esta confabulación ha sido orquestada y puesta en funcionamiento por altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros en lo que constituye un accionar criminal configurativo, a priori, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 277 inc 1 y 3, art. 241 inc. 2 y art. 248 del Código Penal)", profundizó el difunto fiscal.

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Consorcios de propietarios autosustentables

2014-05-22T09:11:00.000-03:00

Por: Dr. Aníbal Luis Puricelli Pinel (*)

La ley de propiedad horizontal en la Argentina es del año 1949; producto de la necesidad de vivienda de aquella época y con las falencias propias del régimen político imperante en aquel tiempo.

Las leyes laborales protegen, por ser la parte “más débil” al trabajador pero el consorcio, al no ser una “empresa comercial”, sufre las injusticias y abuso s producto de aquel régimen laboral que favorece a un empleado sin patrón.

A lo largo de los años, fruto de esta verdadera injustica y en silencio el consorcio de propietarios ha procurado resistir generando soluciones que le permitan afrontar los gastos comunes afrontando las pérdidas sin tener, en casi todos los casos, ganancia alguna.

Está de más decir que no todos los consorcios de propietarios pertenecen a personas de altos ingresos. Al contrario; en la inmensa mayoría de los casos viven personas de mediano e incluso bajos ingresos a los que les resulta cada vez más difícil afrontar los gastos “comunes” que produce el edificio donde viven.

Según las estadísticas el 50% de los gastos de expensas pertenecen a sueldos del encargado. Una cifra excesivamente abultada incluso para las empresas.

Publicidad. Uno de los primeros recursos que el consorcio de propietarios empleó para compensar estos gastos si es que las condiciones del edificio lo permitían fue el de la publicidad. Se instalaron en paredes externas o en los techos grandes carteles publicitarios que generaron ingresos. Hoy, esta tendencia está limitada por la llamada “contaminación visual” a solo algunos edificios.

Con el auge de la telefonía celular; muchos consorcios vieron la oportunidad de obtener recursos gracias a la instalación de antenas en la terraza del edificio ya sea alquilando el espacio o vendiéndolo.

Administradores temporales: Otro de los grandes problemas que han sufrido los consorcios es el del administrador. Persona de carácter necesaria teniendo en cuenta la complejidad de tareas que un edificio demanda. El grave problema se suscitaba en que era tomado como un empleado. Si la administración funcionaba mal a los ojos de los propietarios no quedaba otro recurso que echarlo con el pago de la indemnización correspondiente. Hoy son contratadas por períodos de tiempo. Cada día se va entendiendo más que el consorcio de propietarios no es una empresa aunque aún falta mucho camino por recorrer. Tercerizar: Como hemos dicho, el 50 % de los gastos de expensas se lo lleva el encargado. Desde hace años, debido a las características de “empleado sin patrón” que tiene el portero, los consorcios vienen optando, cada vez más, por despedir al encargado y tercerizar los servicios de limpieza, recolección de residuos; mantenimiento, etc. en alguna empresa que realiza todas estas tareas por un canon mensual, evitando el consorcio de esta forma el excesivamente oneroso rol de empleador. Además, estos consocios alquilaron la casa destinada al portero obteniendo así algún recurso económico para afrontar los gastos comunes.

En la actualidad lo que se busca al adquirir una vivienda en propiedad horizontal es que posea locales comunes. Muchos edificios que actualmente se construyen tienen la particularidad de que o las cocheras o los locales al frente son de propiedad común a todos los censorcitas que adquieran los departamentos. Para que el producido de los alquileres cubra los gastos comunes.

Pensamos, para terminar, que en el futuro la variante para tener consocios autosuficientes se encontrará en la ecología. Hoy uno de los mayores productos que genera un consorcio es la basura. Y esta es depositada en contenedores que llevan los diferentes recolectores. Desde los gobiernos municipales se busca el reciclado. Y todo esto, lo sabemos, es un gran negocio. Y la pregunta es ¿Por qué el consorcio de propietarios no participa de las ganancias de este reciclado?

Pensamos que no sería muy oneroso ni demasiado complicado. Bastaría que al edificarse se previeran espacios comunes aptos para la separación de estos residuos: Vidrios; papeles y metales que por sí o por tercerizados se separaran y se vendieran obteniéndose recursos. Con los desechos biodegradables podría obtenerse abonos fácil y a bajo costo con la utilización de las ya conocidas lombrices californianas para que con ellas se obtuvieran nuevos recursos que terminaran generando edificios autosustentables.

(*) Abogado

te invitamos a la Peregrinación a Lujan 2013

2013-10-04T11:02:00.000-03:00

Caminemos Juntos con el Papa Francisco a la Basílica de Luján

Sábado 5 de octubre de 2013 12hs. Av. Rivadavia y Av. General Paz C.A.B.A.

Lema 2013: Madre, cuidá la fe de tu pueblo que camina.

Consorcios de propietarios: Legislación y consejos sobre ruidos molestos

2013-09-10T06:36:00.000-03:00

Lamentablemente, nadie está exento de los vecinos ruidosos. Profesores de música, futuros idolos del Rock, cercanía con bares, gimnasios de artes marciales o enseñanza de bailes tradicionales pueden convertirse en una pesadilla.

No todo está perdido. A continuación brindamos, una serie de herramientas para saber como y donde reclamar para que retorne la paz en el hogar.

Conocer la ley.

Los ruidos molestos constituyen una contravención cuya regulación es competencia de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Código Contravencional en su Artículo 82, discrimina, según la procedencia de la molestia, si proviene de un vecino o si surge de una actividad comercial.

"Quien perturba el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos es sancionado con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos 200 a mil pesos. Cuando la conducta se realiza en nombre de una persona de existencia ideal o del titular de una explotación o actividad, se sanciona a éstos con multa de seiscientos a diez mil pesos".

La ley 1540 regula la contaminación acústica. En su texto se señala que "las áreas de uso residencial no pueden superar los 65 decibeles en tanto que las áreas cercanas a hospitales y colegios requieren una especial protección".

Si el ruido proviene de un comercio en el que se utiliza música a alto volumen como bares, boliches o gimnasios, se debe verificar que se encuentre inscripto en el Registro de Actividades Potencialmente Contaminantes (RAC) de la ciudad, que exige un Informe de Evaluación de Impacto Acústico.

Convivencia en edificios

La Ley 13.512 de propiedad horizontal determina que los propietarios u ocupantes de un departamento tienen prohibido "perturbar con ruidos, o de cualquier otra manera, la tranquilidad de los vecinos". Más adelante, señala que las penas pueden alcanzar los veinte días de arresto o multas de 200 a 5000 pesos.

El diálogo.

Para alcanzar una solución pacífica y si es posible, sin complicaciones, ni trámites engorrosos el primer camino es el diálogo. Si el problema es con un vecino del edificio, conviene observar el reglamento de copropiedad tratando de solucionar la cuestión sin intermediarios.

Practicamente todos los consorcios tienen incorporado en su reglamento de copropiedad un artículo correspondiente a ruidos molestos en los que se indican los horarios tolerables.

En algunos casos el consorcio cuenta con espacios comunes especiales para la realización de fiestas y otras actividades ruidosas, aunque estos no suelen estar acusticamente aislados como deberían. Lo mejor y más seguro en estos casos es la realización por parte del Consorcio de Propietarios de Salas acusticamente aisladas para estos fines, como las realizadas por la empresa BEL Arquitectura para el Sonido quienes nos brindan la mayor seguridad ante los ruidos y, al mismo tiempo no privan del festejo o el ensayo musical. Su costo no suele ser muy elevado para un consorcio de propietarios promedio.

Si no cede la molestia, se puede pedir la mediación del administrador. Su intervención puede ser mediante una cita personal, una comunicación escrita informalmente, o en caso de fuerza mayor, mediante la extensión de un documento público como una carta documento o un confronte notarial.

Mediación.

Una segunda posibilidad es la administrativa, en donde se apela a las autoridades de la ciudad sin llegar a la instancia judicial. Se trata de la "mediación comunitaria", a la que se puede acceder presentándose con el documento de identidad en los Centro de Gestión y Participación (CGP) barriales. Allí se debe pedir una audiencia gratuita con un mediador y asegurarse que se envíe una cédula de notificación a la parte demandada.

Durante la mediación, se espera que las partes lleguen a un acuerdo respecto a horarios y formas y que se firme un acta, que funciona como un documento privado en el que queda constancia de lo coordinado. Luego, se debe pedir a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación que haga un seguimiento telefónico o presencial de la situación.

Acción judicial.

Si se llega a la instancia de la intervención judicial, como primera media conviene llamar al 911 al comando radioeléctrico de la policía o acudir a la comisaría cercana y solicitar que se presenten. Eso sí, hay que tener en cuenta que harán un procedimiento formal y eventual.

Por otro lado, puede denunciarse la situación ante la Justicia Contravencional y de Faltas, llamando al 0800-333-47225, o iniciando el reclamo on line a través del correo denuncias@jusbaires.gov.ar o de la web www.mpf.jusbaires.gov.ar. Cuando es por Internet, se puede adjuntar cualquier tipo de archivo de audio que de cuenta de los ruidos.

En esos casos, se espera que las Unidades de Orientación y Denuncias llamen a la persona o envíen a la policía para intimarla a que deje de ocasionar los ruidos. Otras veces, se puede dirigir al lugar un oficial de justicia para verificar el ruido. Si se avanza con la denuncia de la contravención y el emisor de ruidos no reconoce que esta cometiendo una falta, se puede recurrir a un juicio abreviado en alguna de las fiscalías de la ciudad. El proceso no debería durar más de un mes luego debe ser homologado por un juez de faltas.

Aislar acusticamente la sala.

Más allá de las instancias en las que intervienen mediadores o incluso la fuerza pública, hay veces que habrá que recurrir al aislamiento acústico en la propia vivienda, ya sea porque los ruidos del exterior son inevitables o porque somos nosotros mismos los emisores y queremos evitar conflictos.

En este sentido se puede recurrir a empresas, como la citada Bel Arquitectura para el sonido que realizan estos trabajos garantizando los resultados en concordancia con la legislación vigente.

Decreto 1683/2005 TRANSPORTE FERROVIARIO

2012-03-03T09:43:00.001-03:00

TRANSPORTE FERROVIARIO

Decreto 1683/2005

Apruébase el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Area Metropolitana de Buenos Aires.

Bs. As., 28/12/2005

VISTO el Expediente Nº S01: 0010358/2005 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, la Ley Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, y sus modificatorias, la Ley Nº 25.918 de Ratificación de la Delegación Legislativa, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2075 de fecha 16 de octubre de 2002 y el Decreto Nº 1261 de fecha 27 de septiembre de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que por Ley Nº 25.561 el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION delegó en el PODER EJECUTIVO NACIONAL el ejercicio de atribuciones legislativas en materias determinadas de su ámbito de administración atento las razones de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria existentes.

Que entre otras bases, las facultades delegadas tienden a reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales, creando condiciones para el crecimiento económico sustentable, compatible con la reestructuración de la deuda pública.

Que las mejoras en la infraestructura pueden transformar el perfil económico de un área determinada, incrementar su productividad, modificar la estructura de costos de las empresas y propender al bienestar de la población que directa e indirectamente resulta afectada.

Que la construcción de redes de transporte, comunicación e infraestructura constituye una de las herramientas que disponen los gobiernos a la hora de implementar una política de desarrollo e integración nacional, que permita la expansión sostenida de todas las regiones del país.

Que es política del GOBIERNO NACIONAL reconstruir el sistema ferroviario, fortaleciendo y mejorando los sectores actualmente en explotación, incluyendo la reactivación de distintos ramales ferroviarios de pasajeros de media y larga distancia, con el objeto de contribuir al desarrollo de este modo de transporte y a la generación de puestos de trabajo con la consiguiente reinserción al proceso productivo de los habitantes de las zonas de influencia de los distintos corredores ferroviarios.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2075/02, se declaró en estado de emergencia a la prestación de los servicios emergentes de los contratos de concesión en vías de ejecución correspondientes al sistema público de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo del Area Metropolitana de Buenos Aires.

Que el citado Decreto estableció, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio público, la realización de un Programa de Emergencia de Obras y Trabajos Indispensables y de Prestación del Servicio, con financiamiento y pago proveniente de los aportes presupuestarios, de los fondos recaudados en concepto de ingresos adicionales por tarifa destinados al Fondo de Inversiones constituido a partir de dichos ingresos y de otros aportes estatales.

Que el año 2003 marcó el comienzo de un proceso de transformación y desarrollo del Sistema Ferroviario Nacional, con el objetivo estratégico de reposicionar al ferrocarril en el sistema multimodal de transporte en aquellos aspectos para los cuales posee ventajas comparativas y competitivas.

Que en el año 2004 el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS ha presentado, a través de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, el Plan Nacional de Inversiones Ferroviarias, el que se integra con proyectos desarrollados en un todo de acuerdo con la reactivación integral enmarcada en la visión estratégica del Transporte en la REPUBLICA ARGENTINA.

Que mediante el Decreto Nº 1261/04 el ESTADO NACIONAL reasumió la prestación de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario de Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional, servicio declarado en estado de emergencia crítica.

Que según ha reconocido la norma citada en el considerando anterior, el Sistema Interurbano de Transporte Ferroviario de Pasajeros sufrió las consecuencias de la crisis económica – financiera nacional al igual que el Sistema Urbano de Transporte Ferroviario de Pasajeros del Area Metropolitana de Buenos Aires, resultando procedente adoptar soluciones que permitan revertir dichas consecuencias.

Que frente a la necesidad de fijar la normativa a la cual debe ajustarse el proceso de rehabilitación de los Servicios Interurbanos de Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado incluye varias jurisdicciones provinciales, mediante el precitado decreto se ha instruido al MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS para que a través de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, proponga al PODER EJECUTIVO NACIONAL la modalidad por la cual se instrumentarán dichas rehabilitaciones.

Que, en atención a todas las circunstancias descriptas, y a las prioridades trazadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, se torna indispensable comenzar la ejecución de los planes de inversiones adecuándolos a las necesidades de rehabilitación de los servicios interurbanos, continuando y profundizando los planes de inversión en los servicios del Area Metropolitana de Buenos Aires.

Que, con tal objeto, la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS deberá formular anualmente un programa que incluya aquellas obras que permitan garantizar niveles de prestación acordes con las circunstancias señaladas, a financiarse con recursos previstos por el presupuesto general de cada ejercicio y otros aportes que puedan ser efectivamente disponibles de conformidad con lo previsto por el Artículo 34 de la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias.

Que en tal sentido, el ESTADO NACIONAL aportará fondos para la realización de las obras de infraestructura y material rodante de acuerdo a los programas que se establezcan para el sistema ferroviario, particularmente en aquellos relacionados con el plan integral de rehabilitación de servicios ferroviarios de pasajeros.

Que en consecuencia resulta necesario establecer el régimen de contrataciones por el que se regirán las obras y trabajos, que surjan por la aplicación de los criterios establecidos en los distintos planes y acciones que lleve adelante el GOBIERNO NACIONAL con el objetivo de reconstruir el sistema ferroviario de transporte.

Que a los efectos de fortalecer y desarrollar las condiciones de regularidad, igualdad, continuidad y seguridad del sistema ferroviario, resulta menester disponer medidas que en forma inmediata y efectiva, aseguren los mecanismos adecuados a tales fines, teniendo como marco general el régimen de contratación establecido en los Contratos de Concesión, sus Addendas y la normativa reglamentaria y complementaria respectiva, utilizándose supletoriamente, la Ley de Concesiones de Obra Pública Nº 17.520, con las modificaciones introducidas por la Ley 23.696, la Ley de Obra Pública Nº 13.064, y los procedimientos simplificados y abreviados previstos en el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y en el Artículo 2º de su Decreto reglamentario Nº 436 de fecha 30 de mayo de 2000, instruyendo a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS para su aplicación.

Que la eficiencia en la gestión de las contrataciones reviste un carácter estratégico por su impacto en el empleo y en la promoción del desarrollo, y en el actual contexto económico requiere que, tanto el sector público como el privado, adquieran, internalicen y utilicen de manera intensiva los nuevos conocimientos, metodologías y tecnologías.

Que la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, deberá tomar intervención para verificar el cumplimiento de todos los aspectos que hacen a su competencia en los tiempos acordes con cada uno de los procedimientos que se establezcan.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo normado por el Artículo 9º del Decreto Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que el presente Decreto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 99, incisos 1 y 3, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Apruébase el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de bienes a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Area Metropolitana de Buenos Aires, para las Líneas o Grupos de Líneas correspondientes a los concesionarios y/u operadores ferroviarios, que se detallan en las planillas que como Anexos I y II forman parte del presente.

Art. 2º — Instrúyese a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS para que, en la ejecución del Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de bienes aprobado en el Artículo 1º del presente, aplique el régimen de contratación establecido en los Contratos de Concesión, sus Addendas, la normativa reglamentaria y complementaria respectiva, utilizándose la Ley de Concesiones de Obra Pública Nº 17.520, con las modificaciones introducidas por la Ley 23.696, la Ley de Obra Pública Nº 13.064, y aplicándose los procedimientos simplificados y abreviados previstos en el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y en el Artículo 2º de su Decreto reglamentario Nº 436 de fecha 30 de mayo de 2000.

Art. 3º — Instrúyese a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS para que determine anualmente, de acuerdo al Programa aprobado en el Artículo primero del presente y conforme las necesidades del Sistema Ferroviario y disponibilidades que estime oportunas y convenientes, en función de la aplicación de los fondos disponibles:

a) La ejecución de las obras, trabajos indispensables y adquisición de bienes correspondiente al Programa aprobado,

b) La introducción de adecuaciones y/o modificaciones al programa de obras, trabajos indispensables y adquisición de bienes,

c) La incorporación de nuevas obras, trabajos indispensables y adquisición de bienes que no se encuentren comprendidas en el artículo 1º del presente, y que resulten necesarias y oportunas para el fortalecimiento y desarrollo de sistema ferroviario en su conjunto,

d) Las obras, trabajos indispensables y adquisición de bienes que resulten de la formalización de Acuerdos Internacionales suscriptos entre el ESTADO NACIONAL y otros estados.

A tales efectos, la SECRETARIA DE TRANSPORTE instrumentará los actos administrativos necesarios para incluir las obras, trabajos indispensables y adquisición de bienes en la planificación presupuestaria.

Art. 4º — La COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, deberá tomar intervención para verificar el cumplimiento de todos los aspectos que hacen a su competencia en los tiempos acordes con cada uno de los procedimientos que se establezcan.

Art. 5º — El presente decreto comenzará a regir a partir del día de su publicación.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Nestor Carlos Kirchner — Alberto A. Fernández. — Julio M. De Vido.

ANEXO

Campaña contra el Sida

2011-12-01T08:39:00.000-03:00

campaña contra el Sida

37 Peregrinación Juvenil a pie a Luján

2011-09-15T21:45:00.000-03:00

Veni con nosotros a caminar....

37º Peregrinación Juvenil a pie a Luján

Lema: Madre, Ayúdanos a ciudar la Vida

1 y 2 de Octubre 2011 - Av. Rivadavia y General Paz (C.A.B.A.)

Informes:

www.peregrinacionlujan.org.ar

o en cualquier Parroquia de la ciudad.

36 peregrinación a pie a Lujan

2010-10-01T07:14:00.000-03:00

36 ta. Peregrinación Juvenil a Pie a Luján

Sabado 2 de Octubre de 2010.

12 Hs. Avenida Rivadavia y Gereral Paz (Capital Federal)

Te esperamos para caminar juntos, traé un alimento no perecedero para compartir con los hermanos más necesitados a través de Cáritas.

Mas información en todas las parroquias de la ciudad o en la página web:

www.peregrinacionlujan.org.ar

El lema de este año es:

Madre, queremos un patria para todos

Conciertos Gratuitos en Lourdes

2010-05-15T18:43:00.003-03:00

Conciertos En Lourdes

Trio de Guitarras "Domine"

Entrada libre y gratuita

Sábado 15 de mayo de 2010 - 2o:30 hs.

Parroquia Virgen Inmaculada de Lourdes Av. Rivadavia 6280 Capital Federal

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Programa:

Primera parte
J. S. Bach - Aria Suite Nº 3J. S. Bach - Ch. Gounod - Ave María A. Corelli - Minué (del Concerto grosso per la note di natale)G. F. Haendel - Ombra mai fuJ. Pachelbel - CanonW. A. Mozart - Justum deduxit DominusA. Vivaldi - Domine Deus T. Albinoni - Adagio
Segunda parte
V. Williams - ChoralP. I. Tchaikovsky - The crown of rosesF. Mendelssohn - Marcha de los SacerdotesA. Piazzolla - Ave MaríaE. Elgar - Salut d`AmourT. Giordani - Caro Mio Ben F. Schubert - SerenataG. F. Haendel - Aleluya

Boletin Oficial 29-4-2010

2010-04-29T13:17:00.002-03:00

Boletin Oficial 29-04-10 - Primera Seccion

Boletin Oficial 29-04-10 - Segunda Seccion

Boletin Oficial 29-04-10 - Tercera Seccion

Conferencia: El Federalismo en la Constitución y en la Realidad

2010-04-28T14:10:00.000-03:00

Clic AQUI para bajar esta conferencia en documento Pdf.

El Federalismo en la Constitución y en la Realidad

Conferencia pronunciada en la Escuela de

Educación Económica y Filosofía de la Libertad

por Carlos A. Sánchez Sañudo el

16 de mayo de 1983.-

La Crisis del federalismo argentino no es una faceta de la crisis de todo el orden social de la Constitución; es una consecuencia inevitable de haber invertido, puesto patas para arriba su orden jurídico-económico, debido a una concepción política equivocada que cree que la sociedad debe ser manejada desde arriba, desde el poder y no funciona desde abajo, desde el ciudadano y sus derechos personales. Error que vemos a diario repetir en la televisión, aunque con los ropajes más diversos. La confusión semántica alimenta la confusión en las ideas y ésta dificulta detectar las causas de los efectos que deseamos hacer desaparecer; es decir, no se puede –simultáneamente- aceptar las causas y rechazar los efectos de éstas.

Creo que una forma de abordar el tema es recordando que en el siglo XVIII, para terminar con las arbitrariedades del absolutismo monárquico, nace el Constitucionalismo liberal propugnando la limitación del poder, pues como dijo más tarde Benjamín Constant: “No es el origen sino la limitación del podre, lo que le impide a éste ser arbitrario”. Y para lograr ese límite se recurrió a tres métodos o expedientes: la división de poderes (el equilibrio entre ellos, el sistema de pesos y contrapesos), el federalismo (la dispersión del poder) y, sobre todo, los derechos individuales. En verdad, creo que los dos primeros son los que equilibran o dispersan el poder, pero los que trazan el límite, el radio del círculo de protección, son los derechos y garantías individuales, preservando la libertad personal contra cualquier voluntad arbitraria, ya fuera de uno, de varios o de todos. Los otros dos, no deben perder de vista este propósito fundamental, que es también el de nuestra Constitución.

Pero veamos el federalismo, que es nuestro tema y que analizaremos desde distintos aspectos. Comenzaremos por el Institucional.

Aspecto Institucional:
Para ello recordemos un trabajo de Einaudi, sobre la Constitución Norteamericana, pero que me parece muy útil para trazar un paralelo con nuestro caso.
En un magnífico artículo de 1944 tendiente a construir no la fracasada “Sociedad de Naciones”, sino los “Estados Unidos de Europa” recuerda Einaudi que los Estados Unidos de América vivieron bajo dos Constituciones: la de 1776, con la que corrió en seguida el peligro de disolverse, y la de 1787 con la que se transformó en un gigante. La primera fue en verdad una confederación de los 13 Estados, conservando cada uno su independencia, su soberanía, su libertad y todo su poder; no era más que un acuerdo entre gobiernos independientes, que delegaban en el General Washington sólo la dirección de las Relaciones Exteriores y sobre todo, la guerra exterior; mientras que en 1787 se constituye la Federación, que es un acto de soberanía del pueblo todo, que crea un nuevo Estado dándole una Constitución que abarca a todos sus habitantes; los antiguos estados se mantienen en una esfera más restringida. La Confederación de 1776 era una “sociedad de Naciones”, la de 1787 constituye una Nación. Lo mismo ocurrió a nosotros en 1853. Antes de esta fecha éramos un conglomerado de provincias, con organizaciones tribales, dependientes de los caprichos de cada caudillo que delegaron en Rosas, las relaciones exteriores y la dirección de la guerra; no había Constitución (1). En 1853 surge una Nación, con gobierno central con poderes diseminados es decir: limitados por el federalismo; y para todos los gobiernos, tanto central como provinciales, la división de poderes en cada uno de ellos; también, sin excepción, los derechos y garantías individuales como limitación del poder, fuera central o local.
En la confederación puesto que es todavía una liga de Estados “Soberanos” se pone a los estados los unos junto a los otros, agudiza las fricciones entre ellos, las multiplica, proclama la voluntad de los unos de no querer adaptarse a la voluntad de los otros, y por ello crecen las oportunidades de guerra (la verdad es que eso es lo que ocurrió en Estados Unidos hasta 1787, entre nosotros hasta 1853 y en Europa luego de 1918, como decía Einaudi).

La Federación:
Mientras que en la Federación los organismos superiores, parlamento y gobierno, no pueden ser elegidos por los estados soberanos individuales, sino por los ciudadanos de la federación toda. Los Estados quedan soberanos en todas las cuestiones no delegadas expresamente en la federación, pero dentro de los límites de ésta no hay barreras aduaneras, hay una ciudadanía única y –la cooperación- los intercambios en bienes y servicios entre personas son plenamente libres (derechos civiles).
Bien, nuestra Constitución de 1853 estableció precisamente la abolición de las barreras aduaneras en sus artículos 9, 10, 11 y 12, constituyendo su artículo 14 (2) y los restantes de la parte pétrea (3), los límites, no a uno, sino a los tres poderes, al establecer las libertades civiles que son la savia indispensable para que la Nación sea, no una promesa sino una realidad. Y esos límites, repito, son para todos los gobiernos, tanto para el central como para los provinciales, pues de poco serviría el federalismo, si los derechos de los gobernados fueran conculcados por el gobierno local en lugar del nacional (ver artículos 5º y 8º de la Constitución) (4).

El Federalismo de 1853
En suma, la Federación de la divisa punzó, antes de Caseros, era en realidad una Confederación, donde los derechos personales (5) brillaban por su ausencia; luego de 1853, se constitucionaliza el Federalismo –igual vocablo pero de distinta esencia- que, al garantizar los derechos de todos los habitantes (no sólo de los ciudadanos) organiza la sociedad nacional y provincial, ambas, desde abajo, desde el habitante y sus derechos personales, ya no más desde arriba, desde el poder y los funcionarios que lo representan, sean provinciales o nacionales. Ese fue el gran cambio, con el mismo nombre de federalismo, pero que insertó a éste en otro contexto opuesto, en el de la concepción y filosofía de la libertad; surgió así un trípode, cuyas patas son el orden jurídico, el económico y el político, que sustentan la filosofía de la libertad y la moral, de las cuales, a su vez, dimanan. El federalismo de 1853 es el verdadero, el que coadyuva a una causa superior: la limitación del poder para que el ciudadano tenga garantía en sus derechos y la sociedad defesa legal contra el autoritarismo, que es el que abre el camino al totalitarismo.

Aspecto Económico:
Como señala Ludwing von Mises resulta una incongruencia de quienes proclaman la necesidad del federalismo y al mismo tiempo adhieren al estatismo e intervencionismo económico –para efectuar la tan mentada “redistribución” supuestamente “solidaria”- porque están prometiendo una evidente imposibilidad, construyendo una nueva frustración.
Pues, aunque se declame el federalismo, el dirigismo económico debe ser central y consecuentemente en detrimento de la autarquía provincial. Y ello, es debido a que la Argentina, toda, constituye una unidad económica, con un sistema monetario uniforme, con libre movilidad de bienes, de capitales y de personas entre las provincias (la prueba está en que la mayoría de nosotros desconoce dónde está con precisión cada límite interprovincial; y es porque no lo necesita), (artículos 5º, 8º y 9º de la Constitución Nacional). En un país así organizado según el artículo 1º (6) los que consideran que el Estado debe intervenir en la economía, deben hacerlo necesariamente a través del gobierno central, pues si cada provincia tuviera libertad para controlar la economía según su propio criterio, se desintegraría la Nación en su unidad como mercado (y en el orden jurídico que este requiere), esto es, se volvería a la etapa anterior a 1853, en que existían barreras aduaneras y autonomía monetaria provinciales. Es que está implícito en la naturaleza del dirigismo económico, moverse hacia la centralización extrema, pues un control trae a otro control, como lo hemos padecido y padecemos.
Resulta evidente que las autonomías provinciales garantizadas por la Constitución, sólo pueden ser una realidad, bajo un sistema de libertad económica o economía de mercado. Al votar por el control gubernamental de la economía, los electores lo hacen implícitamente –aunque tal vez sin saberlo- por una mayor centralización y consecuente delegación de los poderes provinciales. En tal caso –como hoy nos ocurre- el federalismo es meramente declamatorio. Es ésta una nueva comprobación de que el orden jurídico contrario a la arbitrariedad, no funciona con cualquier sistema económico como muchos equivocadamente creen. Aquel orden jurídico sólo puede coexistir con la economía también en libertad. Muchos juristas se han perdido en esa confusión económica y viceversa. Así la economía ha ignorado al derecho, y la política a ambos. El caos ha sido y es así inevitable.

El poder Omnímodo
Porque quienes hicieron nuestra Constitución jamás soñaron con un sistema de gobierno bajo el cual las autoridades tuvieran que fijar los precios del pan, de la fruta, de los salarios, de las divisas, del interés, etc. actualizándolos permanentemente. Ellos comprendieron claramente –como Alberdi lo enseñó reiteradamente, casi con desesperación- que el control estatal de la economía es incompatible con cualquier forma de gobierno republicano y menos aún democrático. Pues si al poder político se agrega el económico, estamos ante el poder omnímodo que es la negación del federalismo, de los derechos e incluso de la democracia; solo el liberalismo, que es la doctrina de la limitación del poder, puede poner coto a tales extravíos. Bien decía Karl Popper que “aquellos que consideran que es la emoción y no la razón la que debe gobernar a los pueblos, le abren las puertas a los que gobiernan con la fuerza.” No es casual –dice Mises- que los países socialistas estén gobernados de manera totalitaria. En un sistema dirigista –que aunque se diga “democrático” es autoritario- los parlamentos no puedan ser otra cosa que asambleas de “hombres-si”, sigue Mises. Y ello ocurre no porque sus integrantes carezcan de condiciones personales, sino porque las innumerables tareas de control minucioso, de precios, de intereses, etc., características de las llamadas planificaciones, desborda los límites de la capacidad, del tiempo y de la información requerida imposible de obtener para examinar detenidamente tales cuestiones. No les queda otra opción que confiar en el “proyecto” y votar en bloque su aprobación, o delegar en la administración pública crecientes facultades de control y decisión, que han originado el progresivo autoritarismo, creador de la incertidumbre paralizante.
Así arbitrariedad no es ya producto de la mayoría ni de sus representantes, sino de la burocracia, que es más entusiasta sostenedora de los ilimitados poderes que ellos ejercitarán en la “llamada democracia ilimitada”, como dice Hayek en su monumental obra, con sus consertaciones y planificaciones “indicativas” o “democráticas”, imposibles de realizar.

El Aspecto Político
El origen de este descalabro se debe a la concepción política equivocada según la cual la sociedad debe ser manejada desde arriba, desde el poder, es decir, todo lo contrario a la esencia de nuestra Constitución de 1853.
El Dr. Julio Cueto Rúa en un artículo en “La prensa” del 29-9-1979 señaló el grave problema que implica el centralismo de los Partidos políticos nacionales, en particular del radicalismo y del peronismo, que minimizaron la política provincial y contribuyeron a la excesiva concentración de poderes en el gobierno de la nación, operados unitariamente desde la Capital de la República.
La verdad es que para 1910 los grupos patricios provinciales que habían logrado la organización del país, consolidado la unión nacional y puesto en marcha el progreso acelerado que mostró en el Centenario de Mayo una Nación pujante y de una capacidad creadora admirable, esos grupos de los cuales surgieron Roca, Avellaneda, etc., fueron reemplazados por una fuerza social de ascendencia inmigratoria que encontró en el radicalismo de Alem a Yrigoyen una forma de canalizar sus ansias e inquietudes, pensando –sin advertirlo- más en el corto plazo que en el largo plazo. Yo diría que se comenzó a pensar más en hombres que en los principios y doctrinas, en la fuerza del grupo antes que en los derechos de la persona; en una palabra, en la falsa interpretación de las instituciones, anteponiendo la política al orden social, es decir, politizando tanto la economía como el derecho, con lo cual no queda progresivamente ni la una ni la otra. La Unión Cívica Radical surgió como una fuerza de definidos propósitos de alcance nacional; no levantó banderas autonomistas. En sus comienzos hizo de la Capital Federal el epicentro de sus actividades y el eje de toda una concepción política dirigida a provocar el cambio profundo de la distribución y el goce del poder político mediante su concentración en manos de la Nación (poder central). En su primer gobierno el Presidente Yrigoyen avasalló en pocos meses la casi totalidad de las autonomías provinciales; creo que intervino 20 veces a 14 provincias, con lo que obviamente se pasaron a cumplir las directivas impartidas desde el comando nacional partidario instalado en la Capital Federal.
Los gobernadores, que en el último tercio del siglo pasado habían tenido influencia en el juego de la política y en la designación de presidente, perdieron su influencia. En las provincias prevaleció la voz del dirigente partidario amigo del Presidente, -bien ubicado en la Capital Federal,- antes que el dirigente local. El amigo de don Hipólito no tardó en llegar a la presidencia del comité del partido provincial, contando, en los hechos con tanto o más poder que el gobernador. Por último, el comité nacional llegó a dominar los comités provinciales y consecuentemente todo el proceso de selección de los candidatos a gobernador y demás autoridades provinciales.
La organización de la Unión Cívica Radical se superpuso, en cierta medida, a la organización federal de gobierno; pero fue su concepción política del manejo de la sociedad desde el poder (estatismo e intervencionismo económico, planificación y justicia social) lo que terminó por constituir un aparato de poder despreocupado de las potestades autónomas de las provincias, y de las verdaderas libertades civiles.

La Centralización Peronista – El Sindicalismo Autoritario
En 1943 del autoritarismo pasamos al totalitarismo, que ignoró definitivamente las autonomías provinciales, quedando del federalismo solo en nombre. La organización política nacional se completó con el sindicalismo verticalista, provocándose el “vaciamiento” de las autonomías provinciales.
Desde la Capital Federal se regulaba el más mínimo detalle de la vida partidaria en el interior: los candidatos a intendente, a concejales, a consejeros escolares; las provincias estuvieron condenadas a una actitud pasiva; esperar órdenes del “Comando nacional”. Además, simultáneamente se produjo una singular mezcla de partido y gobierno, siendo difícil percibir donde terminaba uno y empezaba el otro. Todo dependía de la autoridad central. Así –vía un centralismo económico que destruyó el orden jurídico- se aniquiló políticamente el federalismo argentino, lo cual se reflejó en el macrocefalismo porteño.
Pero lo peor es que en esta falsa democracia ilimitada –alabada hoy prácticamente por todos- al no haber límites, no hay forma concreta para los partidos democráticos de filtrar a los totalitarios, camuflados de autoritarios solidaristas, ni tampoco dentro de éstos de cómo defender las autoridades provincianas frente a la voluntad del aparato sindical piramidal, que es una organización grupal (7) antitética con la personal de nuestra Constitución.. El tiempo nos impide profundizar este importante tema.

Las empresas del Estado y el Federalismo.
Y por último, no lo menos importante. Uno se los instrumentos para concentrar el poder político y económico en detrimento de las provincias, son las empresas estatales nacionales. Porque cada empresa nacional exhibe un poder económico financiero, potencial y técnico que empalidece la posición y la función de las provincias en que opera. Un ejemplo muy ilustrativo: el presupuesto de YPF en 1979 (8) era el equivalente al de 20 provincias argentinas, con excepción de cuatro, Córdoba, Mendoza, Santa Fé y Buenos Aires. Evidentemente, la magnitud de sus recursos financieros, tienen la significación de una presencia políticamente predominante, excepcional en cada provincia (9).
Las autoridades federales y provinciales quedan aisladas de este esquema funcional de las empresas nacionales. Los planes de acción de éstas se definen en Buenos Aires, en estrecho contacto con los ministros nacionales de economía, de energía, de comunicaciones, de transporte y del banco Central. La única influencia que pueden tener las autoridades provinciales sobre esas empresas son sólo a través de los vínculos personales que le abran las puertas de los despachos ministeriales o de las direcciones de las empresas estatales. Se ha soslayado la intervención de las provincias, en las decisiones técnicas y en las económicas. Se ha perdido así el equilibrio político, o la distribución de ese poder que tiene por objeto precisamente el federalismo de la Constitución.
En esta última década la producción insuficiente e ineficiente de bienes y servicios de máxima complementariedad de las empresas del Estado, ha contribuido a encarecer la producción. Los déficits de dichas empresas han impulsado la inflación, incrementado la deuda externa y elevado la tasa de intereses, en lo interno. Tales dificultades económicas provocadas por el poder central han aumentado la dependencia de las provincias de aquel poder, hasta llegar al caos actual.
Con la estatización de los servicios públicos, la nacionalización de los recursos naturales (10) y la constitución de empresas con dineros públicos se logró la centralización del poder político y económico y, lamentablemente, con el apoyo entusiasta de los representantes provinciales en el Senado y en la Cámara de Diputados, de quienes cabía aguardar una celosa defensa de los fueros de las provincias que los había designado. La ideología superó a la autonomía regional. Es ésta una causa adicional en pro de la privatización (11). Ante la megalomanía política, la única defensa del federalismo está en el límite jurídico-económico de nuestra Constitución liberal, según la interpretaron sus redactores, no sus tergiversadores.
El federalismo está enfermo, en coma, y jamás saldrá de ella mientras se mantenga el enfoque político e inconstitucional “redistribucionista”, el pretender manejar la sociedad desde el poder. Porque como decía Alberdi “Nos han organizado no la libertad, sino sus trabas”. Por eso, agregamos, estamos trabados, atascados, aplastados por un Estado megalómano y súper dimensionado, imposible de manejar por cualquier gobierno, civil o militar, electo o de facto. La consecuencia inevitable es la de recoger tres amargos frutos: disminuir el nivel de vida de todos, aumentar las desigualdades (que se declama reducir) y restringir la libertad. Y esto es la antítesis de nuestra Constitución, Republicana, representativa y Federal.

********************

Y como comenzamos esta conferencia afirmando que la crisis del Federalismo es una faceta de la crisis de todo el orden social de la Constitución, puede resultar útil referirnos muy brevemente a “Nuestras crisis reiteradas y sus soluciones”

Nuestras crisis reiteradas y sus soluciones

En estos tiempos de confusión realimentada que vivimos, un grupo de jóvenes me solicitó que escribiera en dos páginas las causas de nuestras veintiséis reiteradas; el intento fue el que se transcribe a continuación:

Consideramos que hay leyes de tres tipos:

Causas políticas
A partir de 1916, contemporáneamente con la ley Sáenz Peña (y no necesariamente por ella) se cambió la interpretación de las instituciones políticas, subordinándose la primacía de “los derechos y garantías” a la “voluntad de la mayoría”. Ello significó invertir la concepción de que la sociedad se organiza desde abajo por los derechos mencionados (con sus consecuencias jurídicas y económicas) por lo que debe ser manejada desde el poder y lo funcionarios que lo representan. Son dos concepciones opuestas del orden social, que importan dos estilos, niveles y calidades de vida diferentes; en el segundo caso (la democracia ilimitada, del número, social, etcétera), dicho estilo en realidad puede ser cualquiera, el que establece el gobierno de turno. De ahí la inestabilidad social y, en consecuencia, política e institucional) es decir el péndulo que hemos vivido.

De carácter jurídico
En las últimas décadas distintas causas han contribuido a debilitar la defensa que el orden jurídico significaba ante la arbitrariedad, ya sea de uno, de muchos o de todos, en particular del poder, que ha sido el problema de siempre. Algunas escuelas de jurisprudencia ha contribuido a ello: el concepto de la justicia social, oponiéndose al tradicional de justicia; el concepto de derechos sociales, llenando, diluyendo o anulando a los individuales; el positivismo legal que interpreta que “la ley no depende de la justicia, sino que determina lo que es justo”. Y esto y otros supuestamente modernos conceptos han contribuido a que, en las últimas décadas, con el argumento del estado de “necesidad” y la de ampliación del concepto “de poder de policía”, se han ido abriendo fisuras, cuando no boquetes, en la muralla defensiva contra la arbitrariedad (que es la “licencia” que necesita la democracia ilimitada para sacrificar derechos personales en aras de privilegios grupales para la recolección de votos). El poder de decisión pasó así progresivamente de los gobernados a los gobernantes, los derechos se transformaron en meras concesiones, y terminamos en un Estado redistribuidos (justicia social o redistributiva) y súper dimensionado, que ha aplastado al país.
El concepto de sufragio también se ha modificado: de construir un derecho para elegir funcionarios que nos garanticen los derechos de cada uno, abajo, en la sociedad, se ha transformado en el “instrumento” para elegir representantes de los grupos para que les acuerden privilegio, arriba en el poder y a través del poder, a costa de la sociedad. La representatividad ha cambiado así también de motivación y objeto, no siendo ya éste el contribuir al bienestar general, sino al sectorial o grupal, transformando las aspiraciones legítimas de las personas, en irreconciliables de los grupos.

La economía
Esa tergiversación política y luego jurídica mencionada ha abierto las puertas a la “politización de la economía”, esto es, a la sustitución por decisiones políticas arbitrarias, del orden social imparcial e impersonal del mercado institucionalizado, esto es, moneda sana, precios libres e intercambios voluntarios, es decir, sin intervencionismo ni estatismo. Porque tal intervencionismo debilita las garantías, dificulta el progreso, facilita y vigoriza la inmoralidad y es, en suma, un suicidio político; de ahí la discontinuidad e inestabilidad política, originada por el desorden social y la frustración ciudadana.

El orden moral
Las tres deformaciones precedentemente señaladas impiden la vigencia de un orden moral. Pues la crisis de este orden ha sido, si no originada, por lo menos sensiblemente agravada por el premio a la inmoralidad que entrañan las tres casusas anteriores. Porque el “anti-sistema” en que vivimos, antijurídico, antieconómico, e inmoral, “libera de la responsabilidad” y crea la inseguridad y desconfianza que impide la colaboración voluntaria, desintegrando la sociedad, por lo que muchos –o la mayoría- tratan de lograr a expensas de los demás, canonjías (12) y prebendas para sí. Y en esta lucha no triunfa el que mejor sirve a la sociedad sino el que tenga más astucia para sonsacar favores o más influencia para imponer sus intereses. El intervencionismo es, pues, el caído cultivo donde se perfeccionan las imperfecciones humanas, primero de gobernantes y luego de gobernados; es la matriz de la corrupción. Este es el resultado de haber entronizado la filosofía grupal, en reemplazo de la individual que preside nuestra Constitución. Por eso también afirmamos que hoy la economía ignora al derecho, y la política a ambos; el resultado es el tembladeral en que estamos divididos, empobrecidos y confundidos.

La Constitución
El caos anterior ha sido “institucionalizado” mediante la más diversas interpretaciones de la Constitución, por todos declamada y por ninguna respetada. Y con este sutil procedimiento –de exigirla a todos, pero con distintas interpretaciones- han logrado que la gente se acostumbre a creer que sirve para cualquier cosa, lo que equivale a que no sirva para nada, que en el fondo es lo que se pretende, para eludir los precisos límites que ella impone. Así surgieron los intersticios y la ·inflación y devaluación” de la ley legal, pero ilegítima, que construyó la actual descomunal dimensión del Estado. Esto, además, es volver al gobierno de los hombres, no de la ley.
Si durante la organización Nacional necesitamos la Constitución según la interpretaron sus redactores para salir de la miseria del atraso y alcanzar el progreso y la unión nacional, hoy la necesitamos por las mismas causas, pero, además, porque el país no puede volver de ninguna manera a 1973.
Corremos hoy el riesgo de reconocer dos procesos simultáneos –en el supuesto caso que se intente y con el tremendo esfuerzo que ello requerirá- contemporáneo con otro proceso “pacífico”, que debido al “sistema” vigente (democracia social o ilimitada), inexorablemente nos retornara al punto de partida. Porque la República Liberal –que es la que ordena nuestra Constitución- no puede prosperar con las reglas de juego de la demagogia social, del número, ilimitada o del “doping”, en la que la falta de límite otorga enormes ventaja al que más miente, engaña, exacerba pasiones, sentimientos y resentimientos que luego hacen imposible la vida civilizada. Los partidos políticos bien intencionados legalizarán con su presencia su sistema ilegítimo; es más, contribuirán a construir el tablado para que se represente, no la zarzuela de la libertad, sino la danza macabra del populismo, antesala del totalitarismo.
Por eso la República está desintegrada y descreída. Lo grave es que parecería que esta tristísima experiencia no hubiera dejado ninguna enseñanza. La que hoy se propone para 1984 –como lo previó Orwell (13)- es la misma “leucemia” política que nos ha postrado, esto es, la “democracia ilimitada” (13) que, al pretender manejar la sociedad desde arriba, destruye necesariamente el orden social de la libertad que hoy requiere una sociedad moderna industrial y tecnológica, con poblaciones en constante aumento y expectativa creciente. Esta es la causa de la inestabilidad política y el péndulo que en vano se intenta conjurar mediante una concertación y acuerdo, que incluso puede significar a los gobernantes electos, la garantía de una futura impunidad. Debemos entender definitivamente que la “única concentración” indispensable es la “correcta interpretación” de nuestra sabia Constitución según la establecieron sus redactores hoy por casi todos invocada y simultáneamente ignorada, que es la mejor forma de denigrar un sistema sin aplicarlo. Y esa correcta interpretación es el “gran acuerdo jurídico-económico” indispensable hoy para poder llegar a las elecciones, y realizadas estas, lograr la ansiada estabilidad política o institucional.

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Notas:
(1) Se refiere al momento en que Juan Manuel de Rosas gobernaba la Provincia de Buenos Aires. Hubo dos constituciones anteriores a la de 1853; las unitarias de 1816 y 1826 que por su carácter unitario (poder centralizado) no tuvieron éxito. Sobre todo la primera de 1816 que no fue siquiera aplicada. La de 1826 dio la presidencia de Rivadavia. (Nota del transcriptor).
(2) Artículo 9 Constitución Nacional: “En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso.” Art. 10- “En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores.” Art. 11- “Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten; y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio.” Art. 12- “Los buques destinados de una provincia a otra, no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito; sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio.” (Nota del transcriptor).
(3) Parte pétrea, esto es aquellos artículos que no pueden ser eliminados, suprimidos, modificados; en no pueden ser “tocados” en un reforma constitucional. Son las declaraciones, Derechos y Garantías establecidos en la primera parte de la Constitución Nacional. (Nota del transcriptor).
(4) Art. 5: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.” Art. 8: “Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. La extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias”. (Nota del transcriptor).
(5) Derechos personales hoy conocidos también como “Derechos Humanos”. (Nota del transcriptor).
(6) Art. 1: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución”. (Nota del transcriptor).
(7) La organización sindical Argentina es de corte fascista. (Nota del transcriptor).
(8) Y.P.F. “Yacimientos Petrolíferos Fiscales”. Empresa estatal que fue privatizada hacia la década de 1990. No confundir con YPF ni con Repsol-YPF que son sociedades posteriores al hecho que en la conferencia se menciona. (Nota del transcriptor).
(9) En el momento en que se dicto esta conferencia (16/5/1983) Aún no se había provincializado el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Actual Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) que sucederá recién en 1991. Tampoco era Ciudad Autónoma la Ciudad de Buenos Aires como lo es hoy además de Capital Federal hasta que se traslade a otra. (Nota del transcriptor).
(10) El reconocimiento expreso que le dio la reforma constitucional de 1994 sobre la propiedad de los recursos naturales a las provincias que los posean es un adelanto para evitar ese avasallamiento al federalismo ya que son las provincias las dueñas de los recursos naturales que dentro de sus territorios se encuentren. (Nota del transcriptor).
(11) Proceso este que en gran medida se dio en la década de 1990 con la privatización y concesión de dichas empresas. Pero que hoy desgraciadamente se pretende retroceder con casos como el de Aerolíneas Argentinas (que ya presenta pérdidas millonarias diarias) o la empresa de servicios de agua y cloacas: Aysa. (Nota del transcriptor).
(12) Canonjías: femenino. Coloquial. Empleo de poco trabajo y bastante provecho. (Nota del transcriptor).
(13) En el libro de su autoría: 1984. (Nota del transcriptor).
(13) “Democracia Ilimitada”: En el sentido de no aceptar los límites que establece la Constitución Nacional. Los frenos y contrapesos entre los poderes del Estado, las limitaciones de la injerencia del Gobierno / Estado en el ámbito particular; el estatismo dirigista, el avasallamiento del poder central sobre el provincial, etc. (Nota del transcriptor).

“Asegurar la libertar una vez por todas es la misma utopía que perseguían los alquimistas: comer una sola vez para siempre. Si la libertad y el orden no se defienden todos los días un poco, por la naturaleza de las cosas se vivirá de ayunos y atracones, de despotismos y revueltas”.

Agustín Álvarez.

Libro "El Dueño" de Luis Majul para descargar gratis en pdf

2010-04-27T17:59:00.001-03:00

Efectivamente han hecho desaparecer los libros, es de lectura imperdible, si solo el 10% de lo dicho es cierto, Oyarbide va a tener que explicar algunas cosas.
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A la Opinión Pública

2010-04-23T07:50:00.000-03:00

A la Opinión Pública

Somos Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos de Ernestina Herrera de Noble.

Últimamente escuchamos, vemos y leemos cosas que no son ciertas. Hablan de nosotros sin conocernos, sin saber cómo somos, qué pensamos o qué sentimos.

Nunca quisimos hacer de nuestra intimidad algo público. Pero nos sentimos maltratados y no queremos que nos lastimen más. Por eso, ante tantas falsedades, decidimos escribir esta carta y contarles la verdad.

Nuestra madre es directora de Clarín, diario que hoy soporta una campaña muy fuerte de ataques oficiales. Y nosotros tenemos miedo de habernos convertido en una pieza más de esa embestida.

Pero más allá de todo eso, para nosotros nuestra madre es simplemente nuestra madre.

La persona que hace 34 años, en uno de los mayores actos de amor que existen, nos eligió como hijos. La que siempre nos habló con la verdad. La que desde que tenemos uso de razón, nos dijo que somos adoptados.

Con ella construimos lo más importante que tenemos: una familia. Gracias a ella aprendimos desde chicos a valorar las oportunidades y s conocer las responsabilidades. Nos inculcó los valores y nos dio las herramientas para desarrollarnos como personas. Nos educó en la libertad para elegir nuestro propio camino en la vida.

Desde hace años vivimos algunos episodios que no buscamos pero que tratamos de afrontar con serenidad. Nuestra identidad viene siendo manoseada por intereses políticos, ajenos a nosotros.

Todo eso nos marcó y nos hace sufrir. Pero también sirvió para reafirmar lo que sentimos y lo que pensamos. El vínculo con nuestra madre es para nosotros lo más importante. Como tantos hijos adoptados, no conocemos nuestro origen biológico, pero como cualquier persona hemos forjado nuestra identidad a lo largo de nuestras vidas.

Nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos.

Hace años, dos familias que buscan a sus nietos se presentaron ante la Justicia y alegaron que podríamos ser nosotros. Aunque nada indica que podamos serlo, en 2003 aceptamos voluntariamente hacer las pruebas genéticas, porque entendemos su incertidumbre y el dolor de quienes buscan a sus familiares.

Aún hoy no comprendemos por qué, a lo largo de casi siete años, estas familias nunca aceptaron la realización del análisis. Nos preguntamos una y mil veces por qué siguen con una duda que arrastran hace tantos años. Por qué los tironeos y las demoras pueden ser más importantes que la respuesta que buscan.

El uso político de nuestra historia es algo que nos parece injusto. Tratamos de estar serenos pero la presión a veces es muy fuerte. Hace poco, por cadena nacional, la Presidenta de la Nación se refirió a nosotros sin nombrarnos. Su mensaje, lejos de tranquilizarnos, nos inquietó. Sus palabras fueron perturbadoras.

Como en 2002, cuando llegaron a detener ilegalmente a nuestra madre, nuevamente las presiones políticas y mediáticas han vuelto a adueñarse de nuestra causa. Y no queremos que algo tan íntimo como nuestra identidad continúe bastardeada por acusaciones lanzadas sin sustento, ni por ataques que tienen otros objetivos y nos hacen daño.

No somos chicos, somos dos personas adultas, responsables, que sólo pretendemos ejercer nuestros derechos y tomar nuestras propias decisiones, sin presiones y en libertad.

Pero sentimos que no podemos hacerlo frente a un Gobierno que nos persigue. ¿Por qué exponen públicamente sólo nuestro caso? ¿Por qué no se preocuparon por las demoras en los exámenes que ofrecimos y traerían paz a las familias? ¿Se interesan por nosotros o tienen la necesidad política de que seamos hijos de desaparecidos y de inventar acusaciones contra nuestra madre?

No nos atrevemos a responder a estas preguntas. Pero vivimos en un estado de angustia permanente.

Nuestros temores crecieron los últimos días, cuando un tribunal desoyó nuestros pedidos por una cuestión meramente formal, aunque siempre habíamos actuado de la misma manera y dicha actuación había sido aceptada por la Justicia en todas las instancias. Nos preocupó también observar cómo se intenta presionar a los jueces mediante denuncias penales y amenazas de juicios políticos.

Siempre creímos en la Justicia y por eso nos mantuvimos en ese ámbito. Nunca hasta ahora hicimos declaraciones sobre una causa que entendemos personal. Pero cada vez hubo más distorsiones: hasta se llegó a decir que nos manejan, que nuestros abogados no respetan nuestra voluntad.

Nuestros miedos son muchos. No somos un botín. No queremos terminar como rehenes de un ataque político. No queremos que nos usen para atacar a nuestra madre. Tampoco queremos ser víctimas de una manipulación en los análisis genéticos.

Hoy, las muestras de nuestra sangre que dimos en forma voluntaria para un análisis genético, pretenden usarse en otro tipo de examen, con modalidades y condiciones que no nos ofrecen garantías de seguridad e imparcialidad.

No queremos que nos lastimen, ni vivir amenazados, ni que se pretenda ensuciar a nuestra familia o dañar lo que logramos construir.

Sólo pedimos que nos respeten. No queremos exponer nuestra intimidad indefinidamente, sin garantías legales ni científicas, y por una persecución política.

Seguiremos defendiendo nuestros derechos pese a todas las presiones.

Hace 34 años nuestra madre nos eligió como hijos. Y nosotros, todos los días, la elegimos como mamá.

Nada ni nadie podrá destruir ese vínculo.

Felipe Noble Herrera - Marcela Noble Herrera

Fuente Telam

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