Vargas.com.co

Sobre Responsabilidad de los ISP, Notice and Takedown y Unión Europea

2012-02-15T17:21:00.002+01:00

Ahora que estamos inmersos en discusiones y planteamientos provenientes desde todos los flancos sobre la viabilidad del ACTA en los diferentes ordenamientos jurídicos, se adhiere un nuevo proyecto normativo propuesto esta vez por la Unión Europea, el cual ampliará el espectro de este escenario desde los procedimientos de notificación y retirada de contenidos "Notice and Takedown".

Vía Aurelio López (U. de Alicante), acá esta la noticia, publicada originalmente en el IPKat [ipkitten], y sobre la cual me he permitido trascribir y traducir un pequeño pero sustancioso apartado:

"La Comisión (Unión Europea) ha anunciado la adopción de una iniciativa de carácter horizontal sobre los procedimientos de Notice and Takedown. La Comisión se refiere a la notificación y procedimientos de retirada de contenidos "como" aquellos a efectuarse por parte de los proveedores de servicios de Internet, ello para luchar contra los contenidos ilícitos, en el momento de la recepción de la notificación "

Al respecto, Aurelio López nos recomienda la lectura de los siguientes documentos:
- A coherent framework for building trust in the Digital Single Market for e-commerce and online services
- Documento de trabajo de la comisión, titulado "Online services, including e-commerce, in the Single Marke"

De momento, ésto va ya tomando forma, amanecerá y veremos.

Panorama del nuevo estatuto del consumidor en Colombia

2011-11-07T15:22:00.000+01:00

Ante el nuevo estatuto del consumidor colombiano, ya estamos ante un nuevo escenario en el cual las relaciones jurídico-negociales entre particulares y empresas toman un nuevo rumbo, y ello se evidencia en el acompasamiento de una tendencia pro-consumidor que a nivel global viene marcando la pauta, y, que aún cuando nivela el equilibrio contractual entre las partes, tiende muy a pesar de ello a desconocer principios rectores del derecho privado y contractuales de vieja data en pro de este equilibrio ideal entre consumidores/usuarios y empresas.

A partir del 10 de agosto, cuando el Congreso de la República aprobó el Estatuto del Consumidor, y éste a su vez era sancionado el 12 de octubre a través de la Ley 1480, era claro que Colombia estaba ya de plano en una protección al consumidor material, -establecida en rango constitucional a través del artículo 78 de la Constitución Política: “(...) serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”- la cual se materializaba en una serie de normas que hoy ya son el primer eslabón de una cadena que esperamos, tome como rumbo el ya elaborado régimen español de consumidores y usuarios o del droite de la consommation francés.

CC Marisali By/NC/ND

Así, pues, este nuevo estatuto colombiano entra a regular entre otros temas, el derecho de desistimiento a través de la figura de retracto unilateral del consumidor en determinados contratos, el cual, se ejerce de forma gratuita (siempre y cuando se asuman los costes de fletes y seguros) y con un término de cinco días hábiles para su ejercicio, empero, respecto a la órbita de acción, se quedó corto, y es que p.ej. frente al derecho de desistimiento español que opera en múltiples escenarios, a saber, los contratos celebrados a distancia; por fuera de establecimientos mercantiles; de aprovechamiento de espacios (tiempo compartido); con entidades financieras; de servicios turísticos; etc, el legislador colombiano apenas estableció taxativamente cuatro supuestos:

1. En los contratos en los cuales el vendedor financia la compra misma; 2. En los contratos en los que el consumidor no tiene acceso físico al producto o servicio, cómo puede ser el caso de las Televentas o por catálogos; 3. En los contratos denominados en Colombia de “tiempo compartido”; y, 4. En las compras realizadas por fuera de los locales comerciales. Respecto a este intento por regular esta nueva figura, y igual que otras cómo ya se mencionó, desconoce presupuestos cardinales del régimen de derecho privado, es importante reseñar que es en todo caso válido, en aras de un equilibrio contractual acorde a la posición de desventaja con la que se parte en este tipo de contratos, pues ante la imposibilidad de acceder físicamente a un producto o ante las maniobras de las que se valen los vendedores en los supuestos regulados, es preciso dotar al consumidor de un tiempo de reflexión y de una herramienta para ejercerlo.

Otros asuntos regulados por esta órbita de acción van más allá de supuestos taxativos, abordando asuntos de comercio electrónico como el deber de información y la reversión de pago entre otros; también la inserción de la responsabilidad por productos defectuosos, la cual, tiene una tratamiento de responsabilidad objetiva en donde el vendedor es quien asumo la carga de la prueba ante una eventual generación de daños y perjuicios, de hecho, aunque este fuera un tema abordado jurisprudencialmente, era necesario contar con una regulación al respecto de tipo legislativo.

Además de lo anterior, también son abordados por este Estatuto:

- La responsabilidad de carácter solidario entre productores y distribuidores.
- Una garantía obligatoria sobre todos los bienes y servicios.
- Una ajustada prohibición de cláusulas abusivas en contratos de adhesión, así como la aplicación de estándares en su elaboración.

Y, una estricta aplicación de condiciones objetivas en la publicidad anuncuada y en sus términos (Enlace al caso "Vaginas de la Caixa")

En todo caso, queda claro que con este nuevo estatuto aún hay un largo camino por recorrer, y para ello, la jurisprudencia, doctrina y la legislación tendrán una ardua tarea en los próximos años., para que podamos estar a la altura de una verdadera protección al consumidor y podamos empezar a contar con desarrollos -cuanto menos- de aplicación normativa como éste: Cfr. CESCO, UCLM (Octubre de 2011).

Piratería musical ¿de ahora... o de antes?

2011-11-04T18:41:00.000+01:00

Porque una imagen vale más que mil palabras...

Visto en SitioDisponible

Por un mundo mejor... sin contratos de letra pequeña

2011-10-04T14:13:00.000+02:00

Al hablar de cuestiones actuales de contratos, podemos encontrar temas tan variopintos cómo curiosos, los cuales van desde célebres hallazgos en contratos con deportistas, "encadenamientos" en contratos de formación y, particularmente, uno que de un tiempo acá ha llamado la atención de quien escribe estas líneas: el fenómeno de la letra pequeña en los contratos y sus diversos intentos por erradicarla.

Hoy en día grandes grupos empresariales, entre ellos Grupo Prisa, Apple y más recientemente Orange, han estado inmersos en escándalos por presuntas prácticas que faltan al deber de la información a sus usuarios / consumidores a través de la letra pequeña o terminología "rebuscada" en sus contratos de adhesión.

Y es que aún cuando la letra pequeña y el lenguaje demasiado técnico, -entendiendo por éste como aquel que aborda ciertos tecnicismos, que se pueden evitar utilizando un lenguaje más sencillo y con igual fuerza vinculante contractual-, ponen al contratante en una escenario de desequilibrio contractual, también lo hacen replantearse suscribir ciertos contratos, como lo son los de seguros, lo cual por cierto hace poco dio un campanazo a este sector, el cual, ya hoy en día ya busca en algunas de sus empresas -por iniciativa propia- remplantearse el continuar estructurando sus formatos contractuales así.

Esta misma remisión del enlace anterior, nos presenta las siguientes cifras, refiriéndose a la Comunitat Valenciana:

(...)para la mayoría contratar un seguro resulta un proceso complicado. El 71,1% de los valencianos afirma necesitar la ayuda de alguien antes de firmar un seguro para entender todos sus puntos, mientras un 18% reconoce que no se lee las cláusulas (...)

En todo caso, el fenómeno de la letra pequeña aún continúa permitiendo a los contratistas gozar de prórrogas automáticas, cargos por servicios adicionales, y ya casos extremos, como las compraventas celebradas fuera de establecimientos comerciales, en las que el comprador o no es, o es informado en letra pequeña de su derecho a revocar los contratos firmados.

Al respecto, vale la pena traer a colación una sentencia "hito" proferida por una Audiencia Provincial española en la que se deja muy presente toda esta problemática.

Así, pues, este es el escenario, en el cual se empiezan a evidenciar los primeros esfuerzos de re-direccionamiento normativo para castigar esta práctica, y tanto España como Colombia no son la excepción, en el primer caso, a partir de mayo de 2011 el gobierno español se planteó regular en un primer escenario el régimen de servicios de atención al cliente frente a las cláusulas abusivas y de letra pequeña que se le suelen imponer (la noticia aquí), e igual Madrid que se encuentra analizando un anteproyecto de ley del consumidor en el que se "pretende eliminar la letra pequeña de los créditos hipotecarios y hacerlos más transparentes para que el contratante conozca todas y cada una de sus obligaciones con la entidad financiera."

Imagen: enriquenavarro CC BY-NC-ND

Ya en Colombia, el senador Honorio Galvis presentó hace poco ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca eliminar aquella letra "ilegible", que se encuentra presente en todos los contratos escritos, ello con la finalidad de "proteger los derechos de los usuarios y clientes de cualquier sector económico, especialmente de quienes deben someterse a contratos de adhesión", según lo señala Ámbito Jurídico.

Según la iniciativa, se prevé que la Imprenta Nacional establezca los parámetros de la letra de los contratos y otras disposiciones, tales como la imposibilidad de realizar remisiones a documentos o textos externos, ante lo cual, de estar presentes, habilitarían la figura de la ineficacia contractual respecto a dicho clausulado remisorio, empero, en tanto y en cuanto lo allí dispuesto no le sea favorable a la parte débil.

Brasil, es otro país que estando acorde a esta nueva tendencia normativa, prohibió recientemente (a través de un decreto firmado por su vicepresidente José Alencar) la tipografía pequeña de los contratos de adhesión estructurados para los escenarios jurídico-negociales dados entre usuarios - empresas, y que usualmente son de tracto sucesivo. A partir de ahora, estos contratos deberán contar con un tamaño mínimo de 12 puntos.

Por lo pronto, múltiples sectores, en su gran mayoría confederaciones de consumidores se muestran optimistas ante la nueva tendencia, aduciendo que estos son pasos firmes para una efectiva protección en la asunción de obligaciones contractuales. Esperemos estas políticas públicas inicien una recepción gradual pero progresiva en los demás ordenamientos jurídicos.

La Declaración de Washington de 2011

2011-09-25T00:52:00.001+02:00

El pasado 27 de agosto tuvo lugar en el Washington College of Law de American University una declaración sin precedentes dada en el marco del Global Congress on Intellectual Property and the Public Interest en la sede de dicha escuela de leyes y, que a su vez reunió -un poco menos de- 200 expertos en el tema de políticas públicas aplicadas a la gestión legal del conocimiento en la sociedad de la información, dentro de los cuales enhorabuena se encontraba Carolina Botero, abanderada en los escenarios de discusión de dos proyectos de ley que pretenden regular este espectro, y de quien esperamos pronto sus impresiones.

P.D. Versvs, 2006

Hoy, ya contando con el texto final de la declaración [disponible para consulta - PDF] podemos esbozar algunas conclusiones, en espera, en todo caso de una decantación progresiva del impacto que pudo haber dejado esta declaración. esto es, en cuanto al alcance que puede llegar a tener en las políticas públicas de los gobiernos en todo el mundo.

En primer lugar se buscó un planteamiento propositivo en procura de un acceso libre a los contenidos, que por cierto va muy de la mano de todas aquellas iniciativas copyleft que ya conocemos y, de las políticas que desde la sociedad civil se pretenden impulsar para un acceso universal al conocimiento.

Y es a partir de ese planteamiento o eje motor, que se llevaron a cabo discusiones concretadas en los apartados del texto final, siendo algunos de ellos:

Incentivos a la innovación y apoyo a la "creatividad cultural"
Usos "benéficos de la información" y sus derivaciones
Fortalecimiento a las limitaciones y excepciones del derecho de autor
Fomento del debido proceso e implementación de la proporcionalidad cómo institución jurídica, en este sentido, podemos empezar a divisar derivaciones de análisis económico del derecho aplicado.
Control de excesos

Y un último, entre otros, que conviene tener presente cómo lo es la debida utilización de instituciones del derecho del consumo, DD.HH. con miras a "acotar la expansión de los derechos de autor" [cfr. con el texto de la declaración].

Así, pues, es una iniciativa que esperamos tenga acogida y la atención que exige una esfuerzo de este talante, en el que se denota un trabajo de varios años, el cual, espera y aspira hacer un llamado de atención a los gobiernos que -muy en contra de los intereses de quienes representan-, ponen a disposición de la industria cultural normas que pretenden hacer subsistir obsoletos modelos de negocio, en oposición al fin que representa poner el conocimiento a la información al alcance de la humanidad respetando, en todo caso, los plazos de retribución de la inversión realizada en una compleja obra.

Soy libre, soy blogger

2011-04-09T13:52:00.017+02:00

En el año 2007, cuando en este medio aún en Colombia eramos unos cuantos, y en conjunto con dos grandes amigos, Daniel Salamanca y Francisco Acevedo, recorríamos la Web 2.0 desde nuestras otrora primitivas plataformas read/write/web (Wordpress y Blogia), durante ese primer semestre del año notamos cómo era noticia un ataque masivo de hacking dirigido a blogs colombianos, del que fueron víctimas, según recuerdo entre otros, Reflexiones al desnudo y EyewitnessDC. Cómo consecuencia de ello se empezaban a escuchar las primeras voces de protesta de aquella comunidad, la cual, insisto, no debió superar los 60 blogueros activos.

Así, pues, dentro de esas aún pocas voces, nació la iniciativa "Soy libre, soy blogger" impulsada por el profesor y periodista Víctor Solano en señal de rechazo a este tipo de actos, y que buscaba establecer una serie de postulados enmarcados dentro del respeto a la libertad de expresión, de hecho, en su momento se dijo añ respecto:

"Esta encrucijada en la que hoy se encuentran los blogs colombianos debe ser el punto de partida para una gran movilización a favor de la libertad de expresión. Aunque para el resto de la sociedad todo este problema pueda de una manera reduccionista ubicarse únicamente en el ámbito blogueril, se trata de un momento histórico para la expresión en Colombia. Sin tener que citar ninguna militancia política, sí hay un compromiso político con la libertad."

Y aún cuando el mismo gestor de la iniciativa fue víctima en diciembre del año pasado de un ataque que dio de baja su blog, las voces de protesta, esta vez miles, se manifestaron nuevamente con el mismo mensaje de repudio contra aquellos que coartan la libertad de expresión. Es por ello, que después de casi dos años de receso de la blogósfera, al retomar este proyecto llamado bitácora, blog o, en este caso blawg, decido también retomar mi adhesión a la declaración.

Se puede acceder a la declaración pulsando el siguiente enalce:

Soy libre, soy blogger

Aviso Legal

2011-03-19T10:46:00.002+01:00

Los derechos patrimoniales de autor de los contenidos propios de este blog se encuentran liberados a través de un contrato ColorIURIS Azul bajo cesión en cadena, la aceptación de los mismos quedará validada en estampado cronológico proveído por la Real Casa de la Moneda de España y, como fedataria de la celebración del contrato, obrará la Universidad Iberoamericana de México - Campus Puebla.

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La cesión patrimonial tendrá plenos efectos, salvo si en alguno de los contenidos del blog se indica que la autoría y/o titularidad pertenece a una tercera persona; su vigencia será de un (1) año, renovable por periodos iguales a través de una nueva suscripción del presente contrato, sujeta en todo caso a la discrecionalidad del autor. Indistintamente de la aceptación o no del contrato, y del uso dado a lo aquí publicado, usted acepta que la información no representa una asesoría jurídica, y por lo tanto reconoce la no existencia de una relación cliente-abogado.