Voto Católico Colombia

Editorial: ¿Qué significa realmente la expresión «¡Viva Cristo Rey!»?

2026-09-29T12:02:33.192-05:00

El Tribunal Superior de Bogotá ha revocado la decisión del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, que ordenaba al presidente Abelardo de la Espriella, y al presidente del Senado, Honorio Henríquez, ofrecer públicas disculpas públicas por el acto religioso realizado durante la ceremonia de posesión presidencial el pasado 7 de agosto. Aunque el Presidente ya había ofrecido tales disculpas en una alocución pública el domingo 30 de agosto, en la cual volvió a despedirse gritando “¡Viva Cristo Rey!”, la sentencia deja sin efecto la peor parte del fallo del juez laboral: La que ordenaba al presidente “expedir una directiva dirigida a los servidores públicos, con el propósito de garantizar el respeto por la neutralidad religiosa en los actos oficiales.”

Esta nueva sentencia, que vemos previsible que terminará siendo objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, puede servir de respaldo para la defensa de las ceremonias de carácter religioso en los establecimientos públicos. El fallo además, toca tangencialmente la gran contradicción fundamental en torno de la supuesta “neutralidad religiosa” del Estado, pues señala que justo antes de la ceremonia religiosa objeto de la tutela, el protocolo exigía al mandatario jurar ante Dios el respeto de la constitución. Pero también, que el Congreso de la República “por antonomasia representa la voluntad popular y conocido como el recinto de la democracia colombiana, institución que integra todos los matices y tendencias ideológicas dado su carácter democrático”, y que “El acto de posesión presidencial es preponderantemente político”, y por ende “son más libres a la hora de sentar posiciones políticas o responder críticas de la oposición”.

Sin decirlo explícitamente, el Tribunal reconoce que las pretensiones laicistas de extirpar toda huella de la religión del espacio público, establecen un criterio de exclusión que acaba dejando por fuera de la representatividad democrática a la inmensa mayoría de la población, que no sólo profesa una religión, sino que la considera un aspecto fundamental e irrenunciable de sus vidas. En nombre del “Estado laico y neutral” se acaba por negar el supuesto pluralismo que tal neutralidad afirmaba proteger.

Ahora bien, existe un apartado de la sentencia que resulta, sin embargo, terriblemente preocupante, pues pretender la defensa de las expresiones religiosas vaciando de todo contenido el acto religioso, es tal vez peor que su directa prohibición. El tribunal afirma:

“En cuanto a la aclamación de Abelardo De La Espriella cuando dice: ‘Viva Cristo Rey’ tiene su origen en México en los albores del siglo XX, convertido en grito de resistencia de los creyentes católicos antes de ser asesinados por los pelotones de fusilamiento de la dictadura antirreligiosa que gobernó dicha nación. Sin embargo, desde el punto de vista secular o laico, puede entenderse como un referente de resistencia ante la injusticia y resiliencia ante la adversidad; igualmente, puede tener como propósito resaltar el coraje de quienes defienden hasta el final sus valores y principios. Corresponden a figuras o recursos de la retórica propios del discurso político para conectar más fácilmente con la ciudadanía, construir imágenes de lucha o imprimir mayor fuerza o expresividad al mensaje político que se está transmitiendo”.

Es absurdo que al mismo tiempo que se reconozca el contexto específico de las medidas anticatólicas del gobierno de Plutarco Elías Calles en México, se quiera sustraer todo contenido religioso a la expresión. Mas aún, la última parte del párrafo de la sentencia, parecería afirmar justamente aquello que es motivo de nuestros temores y reservas con el nuevo gobierno: Que la expresión “¡Viva Cristo Rey!” se haya convertido en simple eslogan de campaña, sin ningún contenido político real.

La expresión “¡Viva Cristo Rey!” surgió en los años 20, antes incluso del estallido de la Guerra Cristera en México, al interior de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, donde fieles laicos, como el Beato Anacleto González Flórez luchaban por la defensa de la Fe Católica frente a la persecución laicista del gobierno revolucionario del PRI. Tras el inicio de la rebelión cristera en 1926, la expresión se convirtió en el grito de guerra de los Cristeros.

Esto no quiere decir que la expresión sea un simple eslogan, como pretende hacer ver el Tribunal. Precisamente la elección de la imagen de Cristo Rey como bandera política corresponde en el tiempo a la formulación del dogma de la Realeza Social de Nuestro Señor Jesucristo, primero por el Papa León XIII en su encíclica Annum Sacrum, y reafirmada posteriormente con el establecimiento de la festividad de Cristo Rey en la encíclica Quas Primas por parte del Papa Pío XI en 1925. La expresión “¡Viva Cristo Rey!” es justamente la expresión que manifiesta el compromiso por el reinado de Cristo y la oposición al laicismo y la “neutralidad” religiosa del Estado:

Una consagración así, aporta también a los Estados la esperanza de una situación mejor, pues este acto de piedad puede establecer y fortalecer los lazos que unen naturalmente los asuntos públicos con Dios. En estos últimos tiempos, sobre todo, se ha erigido una especie de muro entre la Iglesia y la sociedad civil. En la constitución y administración de los Estados no se tiene en cuenta para nada la jurisdicción sagrada y divina, y se pretende obtener que la religión no tenga ningún papel en la vida pública. Esta actitud desemboca en la pretensión de suprimir en el pueblo la ley cristiana; si les fuera posible hasta expulsarían a Dios de la misma tierra. (León XIII, Annum Sacrum)

Y si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello proveeremos también a las necesidades de los tiempos presentes, y pondremos un remedio eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humana sociedad. Juzgamos peste de nuestros tiempos al llamado laicismo con sus errores y abominables intentos; y vosotros sabéis, venerables hermanos, que tal impiedad no maduró en un solo día, sino que se incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes; se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de éstas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Y se avanzó más: hubo algunos de éstos que imaginaron sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. No faltaron Estados que creyeron poder pasarse sin Dios, y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios. (Pío XI, Quas Primas)

Rey es quien gobierna una sociedad por su propio derecho personal, ejerciendo legítimamente todos los poderes: Legislar, ejecutar y juzgar. Afirmar que Cristo es Rey, es reconocer que Él, en tanto que hombre, ha recibido de Dios “todo poder en el Cielo y en la Tierra” (Mt 28, 18), que Él tiene derecho de reinar sobre todas las realidad humanas, sobre la sociedad en su conjunto, sobre la política y sus instituciones. No tiene sentido gritar “¡Viva Cristo Rey!” sin afirmar que todas las autoridades políticas se deben a su suprema autoridad y a Él deben estar sujetas; que el orden político y jurídico debe fundarse en el Derecho Natural como reflejo del propio Verbo de Dios en las criaturas, y reconocer a las realidades establecidas por el Derecho Divino, como la Iglesia Católica fundada por el mismo Cristo, con pleno derecho para llevar el Evangelio por toda la Tierra, “para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el Cielo, en la tierra y en el abismo” (Fil 2, 10). Finalmente, no se puede gritar “¡Viva Cristo Rey!” sin afirmar el deber de los gobernantes de pedir pública y oficialmente a Cristo que reine sobre nuestras sociedades, reconociendo que sólo su gracia santificante puede garantizar el verdadero Bien Común.

ALERTA: Congresistas quieren crear una “Comisión de la Verdad” para investigar abusos en el clero

2026-09-16T12:48:15.872-05:00

Un grupo de 11 congresistas de izquierda, han presentado el Proyecto de Ley 331 de 2026 Cámara con el fin de crear una “Comisión Nacional de Investigación para el Esclarecimiento de la Verdad y reparación integral a las víctimas de delitos de abuso sexual en contextos clericales y religiosos”. El proyecto busca crear un órgano adscrito a la Defensoría del Pueblo con el fin de investigar a la Iglesia Católica y producir documentos que soporten una narrativa de señalamiento y acusación a la Iglesia Católica como “entorno especialmente propicio para los abusos”.

Los autores del proyecto son los congresistas Laura Isabel Vera Zapata (Pacto Histórico), María Fernanda Carrascal Rojas (Pacto Histórico), Mauricio Andrés Toro Orjuela (Alianza Verde), Alix Yirley Vargas Torrado (Partido Liberal), Andrea Padilla Villarraga (Alianza Verde), David Ricardo Racero Mayorca (Pacto Histórico), Deyci Alejandra Omaña Ortiz (Pacto Histórico), Jennifer Dalley Pedraza Sandoval (Dignidad & Compromiso), Kamelia Edith Zuluaga Navarro (Pacto Histórico), Luis Carlos Rúa Sánchez (Alianza Verde), Sandra Claudia Chindoy Jamioy (Pacto Histórico).

Esta es la segunda vez que se presenta esta misma iniciativa, luego de que la presentada en la anterior legislatura fuera archivada por falta de trámite. Frente a la versión anterior, le han corregido la adjudicación de competencias correspondientes a los órganos judiciales y se han eliminado ciertas acusaciones temerarias que carecían de ninguna fundamentación. Sin embargo, los elementos esenciales del proyecto se mantienen, y son los que aseguran la ausencia total de verdad como intención de los proponentes.

En primer lugar, los congresistas pretenden estar atendiendo una problemática que no son capaces de demostrar. En la exposición de motivos se presentan algunas cifras acerca del abuso sexual infantil, así como el informe de recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño 2026, y los datos aportados por la Fiscalía General de la Nación sobre personas indiciadas por delitos sexuales bajo la etiqueta “religioso” como profesión. Sin embargo, tanto los datos aportados por el ICBF como los de la Fundación PLAN, evidencian la irrelevancia estadística del abuso por parte de clérigos o religiosos frente a la problemática del abuso sexual infantil en Colombia: Frente a más de 75.000 casos de delitos sexuales contra menores entre 2022-2025, la Fiscalía reporta 110 religiosos procesados por delitos sexuales entre 2006-2026, englobando indiciados, investigados, en juicio o condenados.

Los congresistas, a pesar de que en el artículo 1 afirman que el proyecto se aplica “a todas las confesiones religiosas con presencia en el territorio nacional (…) sin distinción de jerarquía o denominación”, y en artículo 4 hablen de “Enfoque de laicidad y neutralidad estatal”, apuntan directamente a la Iglesia Católica como objetivo de sus investigaciones. En el propio artículo 1 se habla de “instituciones, comunidades, diócesis, arquidiócesis, congregaciones o entidades vinculadas”. En el artículo 5 se mencionan los “archivos eclesiásticos” y se faculta a la Comisión para “acceder a instalaciones de instituciones religiosas o clericales”. No se utilizan para tales enumeraciones sino exclusivamente las denominaciones que corresponden a la religión cristiana en general, y a la estructura jerárquica de la Iglesia Católica en particular. De igual modo, en la exposición de motivos se menciona únicamente a la Iglesia Católica como ejemplo de confesión religiosa investigada por abusos sexuales.

El propósito de la Comisión es la sistematización de la información con el fin de elaborar un informe sobre el abuso sexual en contextos religiosos, es decir, justificar la existencia del problema que, en principio, le da origen. No es, por tanto, posible esperar por parte de la Comisión ninguna objetividad o imparcialidad en la determinación de unos hechos de los cuales depende la justificación de su propia existencia y actividad. Si la tal comisión encontrara que no existe una problemática significativa de abuso sexual en contextos religiosos, tendría que admitir que gastaron en vano el dinero de los contribuyentes durante cinco años. Por el contrario, el artículo 10, que establece la anterior vigencia, también prevé que “podrá ser prorrogada por el mismo tiempo, siempre que no se haya cumplido el objetivo e intención principal de la creación de la Comisión”.

De ahí, que los congresistas partan de una cierta “presunción de culpabilidad”, por ejemplo, al echar en un mismo saco a sacerdotes denunciados, investigados y condenados, o al crear incentivos para la denuncia a través del artículo 13. Tales informes, registros y demás documentos producidos por la Comisión tendría, según el artículo 12 del proyecto, “valor de prueba trasladada en los incidentes de reparación integral”, lo cual apunta a la creación de megaprocesos, similares a los ocurridos en los EE.UU. contra la Iglesia Católica o lo Boy Scouts en los cuales se da por descontada la culpabilidad de la institución, se reúne a miles de personas que se declaran como víctimas en el proceso, para repartir los fondos de reparación que terminan en su mayoría en manos de las firmas de abogados.

En anteriores ocasiones hemos recalcado que la Iglesia, y especialmente el alto clero, necesitan una purificación. Hemos además reconocido que la Iglesia debe ser considerada legalmente responsable cuando se demuestra el encubrimiento de abusos sexuales. Sin embargo, proyectos como éste no prometen ni de lejos el conocimiento de la verdad, lo cual sólo puede esperarse de un proceso judicial con todas las garantías tanto para las víctimas como para los acusados, sino que únicamente buscan establecer una narrativa que fundamente una agenda política prestablecida. Si a principios de año, el proyecto 315/2025 Cámara contaba con el respaldo del gobierno Petro, esperamos que con el cambio de administración el gobierno de De la Espriella retire el apoyo al mismo.

Arrestan al productor Samuel Adrián, director del documental “Colombia: Fábrica de niños trans”

2026-09-14T15:34:03.645-05:00

El pasado domingo 13 de septiembre, en el Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, fue arrestado el cantautor protestante Samuel Adrián, director del documental “Colombia: fábrica de niños trans”. La detención responde a un incidente de desacato por negarse a eliminar partes del documental en las que se denuncia la experimentación médica con menores de edad.

“Colombia: fábrica de niños trans” es un documental publicado en la plataforma Fundamento el 7 de diciembre de 2025 y luego de forma gratuita en YouTube el 17 de mayo de 2026. A lo largo del documental se denuncia la industria que se ha creado en Colombia en torno de los tratamientos y procedimientos de hormonización y mutilación genital o mamaria en niños, en particular la Clínica Valle del Lili en la ciudad de Cali. En particular, se destaca cómo se responsabiliza a los menores por los procedimientos y las consecuencias irreversibles de éstos, en una edad y etapa de su propio desarrollo en los cuales no logran comprender el impacto de tales en sus vidas.

El documental también ayudó a dar a conocer el caso de “Laura”, una adolescente de 15 años que fue sometida a bloqueadores de pubertad y hormonización con testosterona y luego una cirugía de “masculinización pectoral” (mastectomía) por parte de la clínica Valle del Lili. Posteriormente, la joven se arrepintió de los procedimientos realizados y comenzó a destransicionar, pero como algunos de sus efectos son irreversibles, presentó una demanda contra la clínica.

El arresto es consecuencia del desacato de Samuel Adrián a la orden del juzgado 13 Civil del Circuito de Cali que le ordenaba sacar de circulación el documental, o suprimir aquellas partes en las que se mostraba o menciona al Dr. Mario Angulo, endocrinólogo pediatra de la Clínica, especialmente las imágenes, obtenidas con una cámara escondida, en las cuales el Dr. Angulo explicaba los procedimientos, los riesgos y las consecuencias irreversibles en los menores de edad.

Según el Juzgado 16 Civil Municipal de Cali, y el Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali, Samuel Adrián violó los “derechos al buen nombre, a la honra, a la intimidad, a la imagen y a la autodeterminación” del Dr. Mario Angulo, al exponerlo públicamente en su nombre, imagen, voz y el logo de la entidad para la cual trabaja. Para el juez, el documental “individualiza al accionante, lo identifica como profesional, lo vincula nominativa y visualmente con una institución concreta y lo inserta en una narrativa audiovisual que, lejos de permanecer en el ámbito de la crítica protegida, proyecta sobre él una carga axiológica negativa particularmente intensa”.

Sin embargo, la sentencia judicial parece omitir el hecho de que el Dr. Mario Angulo es una persona públicamente reconocida, que su vinculación con la Clínica y con los procedimientos de “cambio de sexo” en menores de edad fueron primeramente expuestos por el propio Angulo en múltiples entrevistas a los medios de comunicación, como el Canal NTN24. Valga recordar que cuando en 2017 denunciamos la apertura de esta unidad en la Clínica, citamos al propio Dr. Angulo como fuente pública de la información. Luego nada de lo expuesto en el documental versa sobre aspectos privados de la vida del médico, o qué él mismo no haya dado a conocer por otras vías. Como expresó la defensa de Adrián, la tutela no cuestiona la veracidad de lo grabado, sino que busca "impedir que el material llegue al público".

Luego de conocerse el arresto, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta en X:

"Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores".

El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional.

Hago un llamado al… pic.twitter.com/vWGIG70YHq

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 14, 2026

De la Espriella afirmó que conceptos jurídicos como el "libre desarrollo de la personalidad" y la "autonomía progresiva" han generado "profundos vacíos legales" que el Estado debe resolver por la vía legislativa. Lo sorpresivo de las declaraciones es que ya se encuentra radicado en el Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado, radicado por más de 30 congresistas de la bancada del gobierno, en el cual se prohíben de forma tajante tales procedimientos. Sin embargo, en lugar de expresar el apoyo del ejecutivo a la iniciativa legislativa, el presidente habla de “establecer límites”, lo que sugeriría dejar rendijas abiertas para la continuidad de tales prácticas.

Radican proyecto en el Congreso para proteger el derecho de los padres a elegir el tipo de educación sexual para sus hijos

2026-09-09T14:38:00.000-05:00

El pasado 25 de agosto, un grupo de congresistas radicó en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 273 de 2026 Cámara "Ley los Padres Educan", con el cual se busca garantizar el derecho preferente de los padres de familia a educar a sus hijos y a participar activamente en la formación que reciben en los colegios, especialmente en materia de educación sexual. La iniciativa responde a la creciente imposición, por parte del Estado, de la anticoncepción, el aborto, la promoción del libertinaje sexual y la ideología de género a través de los contenidos educativos.

El proyecto es autoría de los representantes a la Cámara Luis Miguel López Aristizábal (Partido Conservador), José Jaime Uscátegui Pastrana (Centro Democrático),Óscar Darío Pérez Pineda (Centro Democrático), Luz Marina Gordillo Salinas (Centro Democrático), Arledy Alvarado Patiño (Centro Democrático), Ingrid Marlen Sogamoso Alfonso (Partido Conservador), Juan Manuel Londoño (Partido Conservador), David Cote Rodríguez (Centro Democrático), Juan Felipe Corzo Álvarez (Centro Democrático) y los senadores Esteban Quintero Cardona (Centro Democrático), Gonzalo Baute González (Cambio Radical) y Zandra María Bernal Rincón (Centro Democrático).

El proyecto reconoce el derecho preferente de los padres “de educar a sus hijos menores de edad y participar activamente en la formación de la educación sexual, promoviendo una enseñanza integral orientada en la afectividad, la responsabilidad, el respeto por la propia intimidad y el fortalecimiento de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes." y ordena al Estado y los establecimientos de educación preescolar, básica y media “garantizar el derecho a la autonomía de los padres a educar a sus hijos menores de edad.” Por lo cual “los contenidos educativos y prácticas pedagógicas que se adopten y utilicen en las cátedras, currículos y/o contenidos transversales, sobre la educación para la sexualidad, deberán contar con la participación y acompañamiento de los padres o tutores legales, promoviendo principios y valores familiares.”

El proyecto establece la obligación de que los establecimientos educativos informen al inicio de cada año lectivo sobre el programa de formación de la educación para la sexualidad adoptado, el enfoque y contenido específico del programa, la identificación de los individuos y/o instituciones que impartirán los contenidos o realizarán las actividades, y las fechas en que se abordarán los contenidos en clases u otras actividades. También les ordena “habilitar un mecanismo formal, claro y accesible” por el cual los padres, tutores o guardadores puedan manifestar la oposición de forma oportuna frente a los contenidos que se planea impartir en materia de educación sexual, “sin que ello conlleve sanciones o afectaciones académicas a los menores”.

23 de septiembre: Conmemoración del centenario de la Guerra Cristera en Bogotá

2026-09-07T08:45:29.588-05:00

(Periódico La Esperanza) En conmemoración del centenario de la Guerra Cristera (1926–1929), el Círculo Tradicionalista Santafé de Bogotá invita a una velada dedicada a la memoria de quienes defendieron la Fe católica en medio de la persecución religiosa.

Intervendrá el Dr. Austreberto Martínez Villegas, historiador de la Ciudad de México, quien ofrecerá una conferencia sobre la Guerra Cristera, sus antecedentes y desarrollo, así como sobre la defensa de la Fe católica frente a la persecución religiosa emprendida por el régimen mexicano.

Participará asimismo el profesor Jesús Herrera, miembro del Círculo, quien abordará el contexto colombiano y los episodios de persecución religiosa sufridos por la Iglesia en Colombia, poniendo de manifiesto los vínculos y contrastes entre las experiencias de México y Colombia.

La conferencia se llevará a cabo el miércoles 23 de septiembre a las 6:00 PM en el Centro Parroquial de los Santos Ángeles Calle 28 # 32A - 07. (Bogotá). La entrada es libre, aunque se reciben aportes voluntarios para el apoyo de las actividades del círculo. La inscripción puede realizarse a través del siguiente formulario, o en el correo circulot.santafedebogota1538@gmail.com.

Ilva Myriam Hoyos entrará a remplazar a Viviane Morales en el Ministerio de Educación

2026-09-03T16:25:13.307-05:00

El día de ayer, el presidente Abelardo de la Espriella sorprendió al anunciar la renuncia de Viviane Morales al cargo de Ministra de la Educación. Viviane Morales fue uno de los nombramientos más criticados por la izquierda, al considerar que su afiliación al cristianismo protestante representaba una amenaza para la imposición de la Ideología de Género en las instituciones educativas, una agenda compartida por los últimos gobiernos, desde Juan Manuel Santos hasta Gustavo Petro. En su lugar, el presidente ha nombrado a Ilva Myriam Hoyos, un nombramiento que no podemos dejar de celebrar como un enorme acierto, y hasta ahora, el mejor nombramiento de todo el gabinete actual.

A pesar de los ataques desde el progresismo, Viviane Morales nunca ha sido una defensora firme de la vida y la familia que muchos quisieran creer. Viviane Morales se hizo famosa en 2016 como promotora del Referendo “por el derecho a un padre y una madre” con el cual se buscaba revertir la aprobación de la adopción por parejas del mismo sexo por parte de la Corte Constitucional. El referendo alcanzó el umbral de firmas requerido, pero fue hundido en el tercer debate en el Congreso bajo presiones del gobierno Santos. Esa relevancia le permitió a Morales presentarse como candidata presidencial para las elecciones de 2018.

Sin embargo, la trayectoria previa de Viviane Morales en el congreso siempre mostró una inclinación mucho más liberal, y una clara tendencia, que denunciamos en su momento, a instrumentalizar el “voto cristiano” para ponerlo al servicio del santismo. En 2014, Viviane Morales acompañó la campaña de Juan Manuel Santos y difundió un video dirigido a los “cristianos y cristianas de Colombia” negando que él apoyara el aborto o el matrimonio homosexual, a pesar de que, como denunciamos en su momento, ambas agendas tuvieron pleno apoyo e impulso durante su administración.

En el Congreso, Morales fue autora del Proyecto de Ley 20 de 2015 Senado para reglamentar la objeción de conciencia, en el cual se recogía todos los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema de aborto, restringiendo el derecho fundamental a su mínima expresión en el caso de los médicos que objeten la práctica del aborto y la eutanasia. Además los obligaba a registrarse como objetores, y a colaborar con la práctica del homicidio, prenatal o geriátrico, suministrando todo el discurso oficial sobre la práctica y remitiendo al paciente a un médico que sí haga la práctica. Morales también aprobó el Proyecto de Ley 56 de 2016 Senado sobre Técnicas de Reproducción Asistida a pesar de que rechazaron una proposición suya para excluir el alquiler de vientres.

Pero sobre todo su actividad fue determinante para el robo del resultado del Plebiscito en 2016. Luego de la victoria del NO en el Plebiscito sobre los acuerdos con la FARC, Viviane Morales y Carlos Alonso Lucio se apropiaron de los votos del NO, y pactaron con las FARC una “aclaración” del “enfoque de género” en los acuerdos, como si se refiriera exclusivamente al reconocimiento y protección especial de la mujer como víctima del conflicto. Gracias a su ambición política, queriendo adjudicarse la victoria electoral, Santos pudo desconocer el resultado en las urnas y aprobar los acuerdos por la puerta de atrás (el Congreso).

A diferencia de Morales, la Dra. Ilva Myriam Hoyos, en su calidad de Procuradora Delegada para la Familia, difundió un documento de 38 páginas, en el que analizaba en profundidad la inclusión de la ideología de género en los acuerdos con las FARC. Hoyos advirtió el “enfoque de género” se convertiría en una plataforma política de activismo ideológico para el movimiento feminista y lgtbi, que le ofrecería un marco jurídico y abundantes recursos públicos para la “transformación de imaginarios”, para “legitimar en todos los ámbitos de la vida social la identidad diversa”, así como para la promoción de la “no estigmatización en razón de la orientación sexual y la identidad de género diversa”.

A diferencia de Viviane Morales, que ha utilizado las causas conservadoras como plataforma de campaña política, para apoyar después a un gobierno progresista como el de Juan Manuel Santos, la Dra. Ilva Myriam Hoyos ha defendido con firmeza la vida y la familia, aún a riesgo de comprometer su cargo como Procuradora Delegada.

Así pues, la llegada de Ilva Myriam Hoyos al Ministerio de Educación es prácticamente inmejorable. Mientras que el nombramiento de Viviane Morales fue altamente criticado por la falta de experiencia en el sector educativo, la Dra. Hoyos ha sido docente en las universidades del Rosario, la Gran Colombia, ESAP, los Andes, Santo Tomás y el Externado en Colombia, así como en la Universidad de Salamanca y la Universidad de Navarra en España, la Universidad Católica de Chile y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México. También fue decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Es, por lo tanto, una reconocida educadora, además de su larga trayectoria en el servicio público y como experta en instituciones de la Iglesia Católica.

Así pues, celebramos este nombramiento, que podemos calificar como el primer gran acierto del nuevo gobierno, y extendemos nuestros deseos de que el paso de la Dra. Ilva Myriam Hoyos por el Ministerio de Educación esté coronado de los mejores frutos para nuestro país.

Editorial: La neutralidad religiosa no existe

2026-08-31T13:09:50.102-05:00

Tal y como habíamos advertido en nuestro editorial del pasado 24 de junio, no se puede ser proclamar a Cristo Rey y a la vez declararse leal a la Constitución Política de 1991, la cual fue concebida como instrumento ideológico para la secularización de la sociedad colombiana. Ya a menos de un mes de su posesión presidencial, Abelardo de la Espriella ha tenido que enfrentar esa contradicción, pues un juez le acaba de ordenar que pida disculpas públicas por “violar la neutralidad religiosa del Estado”, así como expedir una directiva presidencial para ordenar a todos los servidores públicos el abstenerse de actos semejantes.

No vamos a ahondar en la oposición esencial entre la agenda ideológica desplegada a partir de la Constitución y la restauración moral y espiritual de la nación colombiana. No se puede esperar que al mantener el tronco intacto, nos vayamos a librar de sus perniciosos frutos. Quisiéramos detenernos en lo que significa ese supuesto principio de la “neutralidad religiosa del Estado”, en virtud del cual se pretende expulsar a Cristo y a la virgen María de la esfera pública.

La idea de la “neutralidad religiosa del Estado” fue formulada por la Corte Constitucional, precisamente en la sentencia a partir de la cual se rechaza la Consagración Oficial de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. Según la Corte, la neutralidad del Estado frente a todas las religiones es la única forma de garantizar la igualdad entre todas las religiones. Así, cualquier manifestación a favor o en contra de una confesión religiosa determinada, violaría la imparcialidad del Estado.

Para la Corte, la tal neutralidad no puede garantizarse con la participación, en igualdad de condiciones, en múltiples actos de diferentes confesiones religiosas, como la “oración multirreligiosa” llevada a cabo en la posesión presidencial, en la cual participaron un obispo y un presbítero católicos, un pastor protestante y un rabino judío:

Por ello no es de recibo el argumento, según el cual la norma impugnada mantendría una igualdad de oportunidades entre todas las religiones, porque en el futuro cualquiera de ellas podría obtener también una consagración oficial de similar naturaleza. Ese criterio desconoce, de un lado, que una consagración religiosa oficial presenta un cierto sentido de exclusividad debido al carácter orgánico que tienen las creencias religiosas, por lo cual no podría un Estado consagrarse oficialmente a varias confesiones religiosas sin incurrir en decisiones contradictorias. Pero, incluso si se aceptara que esas múltiples consagraciones son posibles, el argumento no es válido porque parte de un supuesto equivocado: considera que el pluralismo del Estado colombiano en materia religiosa es el resultado de una especie de competencia entre todas las religiones por acceder a los privilegios del Estado, cuando lo cierto es que tal pluralismo supone y deriva de la neutralidad estatal en esta materia. Sólo de esa manera se garantiza la autonomía, la independencia y la igualdad de todas las confesiones religiosas. Por ello los poderes públicos no pueden hacer manifestaciones públicas en favor o en contra de alguna confesión religiosa. El país no puede ser consagrado, de manera oficial, a una determinada religión, incluso si ésta es la mayoritaria del pueblo, por cuanto los preceptos constitucionales confieren a las congregaciones religiosas la garantía de que su fe tiene igual valor ante el Estado, sin importar sus orígenes, tradiciones y contenido. (Corte Constitucional, C-350/94, 7)

En este punto, puede verse con claridad como la pretendida “neutralidad” del Estado salta de la “imparcialidad” a la total “neutralización”. No se admite siquiera la presencia simultánea de diferentes confesiones religiosas, que la Corte acusa como contradictoria, sino que se exige la extinción de toda presencia de lo religioso en el ámbito del poder público.

Nótese la gran deshonestidad de la Corte, pues al señalar que “una consagración religiosa oficial presenta un cierto sentido de exclusividad debido al carácter orgánico que tienen las creencias religiosas” está admitiendo que la fe no es simplemente una preferencia personal, como podría ser la elección de una carrera, la práctica de un deporte o el gusto en términos gastronómicos. La cuestión sobre Dios es también la cuestión sobre el hombre: Su naturaleza, su razón de ser, su propósito en este mundo, su destino último. No puede separarse la fe de la Moral, de la idea de lo que es bueno o malo para la vida del ser humano. O como dijo en su momento el jurista español, Juan Vásquez de Mella:

El Estado neutro y el maestro neutro son dos formas de la irracionalidad, pues el hombre normal afirma, niega o duda, porque piensa y no declara en huelga el entendimiento en presencia de la realidad que interroga. El Estado que se declara neutral en todas las cuestiones que más interesan al hombre, diciendo que ignora la verdad en Religión o en Moral, y, por lo tanto, en los fundamentos del Derecho, es un Estado que se jubila a sí propio, declarándose inepto para gobernar. (Obras Completas, Vol. 2, Págs. 343-344)

La Corte acierta al reconocer que es absurdo que el Estado participe al mismo tiempo de diferentes oraciones o celebraciones de diferentes religiones. Pero debería admitir igualmente que es absurdo que el no participar en ninguna sea garantía alguna de neutralidad. Si otorgarle un lugar de honra a la Santísima Virgen en los actos públicos es una declaración práctica de Catolicismo, ¿Qué es el vaciamiento de Dios que pretende la Corte sino una declaración práctica del ateísmo?

Esa es la deshonestidad, revestida de “neutralidad”, es la que ostentan los demandantes que atacan la realización de una oración en la posesión presidencial, a la vez que callaron cuando el presidente Petro tuvo en 2022 su “posesión espiritual” con rituales indígenas, o cuando la justicia se negó a exigir retractaciones al Presidente al blasfemar contra Jesús y María Magdalena.

No existe la neutralidad moral ni religiosa del Estado. Cada acción o decisión del Estado, cada ley expedida, cada acto de gobierno, emanan de una concepción metafísica de lo que es el ser humano y de lo que es bueno o malo según esa concepción. Detrás de la neutralización de la religión en la vida pública se esconde el propósito de sustituir los fundamentos metafísicos del orden social colombiano, por otros importados de la teología liberal: El non serviam (“no serviré”) que inauguró la rebelión de Lucifer ante Dios.

Presentan proyecto de ley para prohibir los procedimientos de “cambio de sexo” en menores

2026-08-27T15:33:20.920-05:00

Un grupo de 30 Congresistas de diferentes partidos políticos han presentado el día de ayer el PL 211/2026 Senado a través del cual se busca la prohibición de toda terapia o procedimiento de “cambio de sexo” en menores de edad. La iniciativa se llama “Ley Laura: niños no experimento” en referencia al caso de “Laura”, una adolescente de 15 años que fue sometida a bloqueadores de pubertad y hormonización con testosterona y luego una cirugía de “masculinización pectoral” (mastectomía) por parte de la clínica Valle de Lili. Posteriormente, la joven se arrepintió de los procedimientos realizados y comenzó a destransicionar, pero algunos de sus efectos son irreversibles, y por eso presentaron una demanda contra la clínica.

El proyecto prohíbe en todo el territorio nacional el uso en menores de edad, de 1) Bloqueadores de la pubertad, 2) Terapias o procedimientos hormonales de “afirmación de género” y 3) Cirugías de “afirmación de género o cambio de sexo”. Se definen los procedimientos de “afirmación de género” como “intervenciones médicas orientadas a modificar las características sexuales de una persona para adecuarlas a una identidad de género distinta a su sexo biológico, mediante, 'medios farmacológicos o quirúrgicos.”

Aunque el proyecto define el concepto de sexo como “aquellas características genéticas y fenotípicas que diferencian, a hombres mujeres, siendo a nivel cromosómico el hombre XY y la mujer XX”, es cuestionable la adopción del lenguaje ideológico a través de expresiones como “afirmación de género”, que aunque sean del uso corriente por los adscriptos a la ideología de género, pretenden, a través de su deliberada ambigüedad, esconder la realidad material de lo que se hace en los menores, como la mutilación genital o mamaria.

El régimen sancionatorio no castiga a las familias ni a los adolescentes involucrados, sino que recae específicamente sobre los médicos y las instituciones de salud al tipificar la conducta como “falta grave contra la ética profesional” bajo la Ley 23 de 1981. En caso de reincidencia, los médicos podrían perder su licencia para ejercer la medicina hasta por cinco años, y las IPS enfrentarían la suspensión o revocatoria del certificado de habilitación.

La propuesta coincide con las medidas que se´han venido adoptando en múltiples países para la prohibición de estas prácticas. En Estados Unidos, 27 Estados han aprobado diversas leyes para prohibir los procedimientos de “cambio de sexo” en menores de edad. En Argentina, el gobierno de Javier Milei aprobó una medida similar el año pasado. En el Reino Unido, el gobierno prohibió la venta y suministro de bloqueadores de pubertad para menores de 18 años por vía privada. En Brasil, el Consejo Federal de Medicina prohibió también los mismos procedimientos en pacientes menores de 18 años. También se han presentado múltiples iniciativas legislativas similares en Italia, Suiza o Chile.

Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado (Prohibición cambio de sexo en menores)

2026-08-26T14:47:00.000-05:00

Los congresistas de la bancada provida han presentado un proyecto de Ley con el propósito de prohibir las terapias de “cambio de sexo” en menores. La norma prohíbe tajantemente el uso de bloqueadores de la pubertad, terapias o procedimientos hormonales de “afirmación de género” o las cirugías de mutilación genital, y las tipifica como falta grave contra la ética profesional.

Es importante destacar el número de congresistas que firmaron la autoría del proyecto (30) ya que evidencia un amplio respaldo a su trámite dentro del congreso. Aunque el proyecto comienza definiendo el concepto de sexo como “aquellas características genéticas y fenotípicas que diferencian, a hombres mujeres, siendo a nivel cromosómico el hombre XY y la mujer XX”, consideramos cuestionable la adopción del lenguaje ideológico a través de expresiones como “afirmación de género”, que aunque sean del uso corriente por los adscriptos a la ideología de género, pretenden, a través de su deliberada ambigüedad, esconder la realidad material de lo que se hace en los menores, como la mutilación genital.

Proyecto de Ley No. 211 de 2026 Senado

"Por medio de la cual se establecen medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes frente a las intervenciones médicas de afirmación de género y se dictan otras disposiciones." Ley Laura, Niños, No Experimento

Autores: H.S. ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA, H.S. JUAN FERNANDO CAICEDO CALLEJAS, H.S. MARÍA ANGÉLICA GUERRA LÓPEZ, H.S. ESTEBAN QUINTERO CARDONA, H.S. JUAN ESPINAL RAMÍREZ, H.S. CLAUDIA MARGARITA ZULETA MURGAS, H.S. RAFAEL NIETO LOAIZA, H.S. SARA CASTELLANOS RODRÍGUEZ, H.S. JUAN CARLOS GARCÍA GÓMEZ, H.S. GONZALO BAUTE GONZÁLEZ, H.S. SANTIAGO MONTOYA MONTOYA, H.S. ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ, H.R. LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZABAL, H.R. CAROL STEFANNY ACEVEDO, H.R. DAVID GERARDO COTE RODRÍGUEZ, H.R. JHON JAIRO BERRÍO LÓPEZ, H.R. DARUIN CASTELLANOS ROMERO, H.R. MELISSA ORREGO EUSSE, H.R. NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA, H.R. HILDA GUTIÉRREZ, H.R. ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ, H.R. ÓSCAR DARÍO PÉREZ PINEDA, H.R. FRANKLIN LOZANO DE LA OSSA, H.R. JUAN FELIPE CORZO ÁLVAREZ, H.R. JOSÉ JAIME USCÁTEGUI PASTRANA, H.R. ALFREDO APE CUELLO BAUTE, H.R. GUILLERMO LEÓN BLANCO VALENCIA, H.R. DANIEL FELIPE BRICEÑO MONTES, H.R. JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA, H.R. JORGE RODRIGUE TOVAR VÉLEZ.

Proyecto Original (26 de agosto de 2026) – Gaceta ()

De la “Constitución vivente” a la “Tradición viva”: La instauración del relativismo en la Iglesia

2026-08-21T17:19:37.948-05:00

A pesar del adagio Roma locuta causa finita, tras el decreto de excomunión expedido por la Congregación para la Doctrina de la Fe en contra de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, luego de las ordenaciones episcopales sin mandato pontificio del 1 de Julio pasado, la controversia parece nunca terminar. A pesar de las declaraciones del Papa León XIV afirmando que “debemos seguir adelante”, como dejando atrás el asunto de los lefebvristas, el tema ha seguido vivo tanto en redes como en medios de comunicación.

Como parte de la discusión en las redes sociales se ha invocado a menudo un argumento que se pretende como la crítica definitiva, demoledora, de las posturas tradicionalistas. Se trata de una idea que pareciera gozar de una gran capacidad de persuasión entre los católicos, y sobre la cual conviene detenerse por las graves consecuencias que se derivan de la misma. Nos parece además importante analizar esta argumentación, dado que para los que hemos realizado algún activismo en el campo político, no nos es del todo ajeno: Se trata de un viejo conocido.

El argumento más o menos es el siguiente:

Los tradicionalistas, al afirmar que su desobediencia al papa es en realidad fidelidad a la tradición, están construyendo su propia idea de tradición, seleccionando qué quieren aceptar y qué quieren rechazar del magisterio de la Iglesia. La Tradición Apostólica no es aferrarse a formas inmutables, sino que es una tradición viva, interpretada por el magisterio de los Papas y los concilios. Pretender señalar contradicciones entre la tradición y el magisterio, es convertir la propia opinión en el criterio de interpretación de la tradición de la Iglesia.

Sorprende que haya católicos que caigan en esta clase de argumentos después de que ya hemos tenido que ver su aplicación el ámbito secular. El "magisterio vivo" suena muy parecido a la "Constitución viviente" con la que los tribunales constitucionales han venido a interpretar que el derecho a la vida significa legalizar el aborto y la eutanasia, que los artículos protegiendo a la familia como célula fundamental de la sociedad significan aprobar el "matrimonio" homosexual, que la Libertad Religiosa significa perseguir a la Iglesia, etc.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 4.1 dice: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.", y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013 interpretó este artículo diciendo que Costa Rica debía legalizar el aborto. ¿Si considero que esta es una contradicción, estoy pretendiendo ser yo, y no la Corte, el intérprete legítimo del Pacto de San José?

La contradicción entre dos proposiciones no es una verdad de fe o moral, o una sentencia canónica, tampoco algo que dependa de la autoridad de una ley o un acto de una autoridad política, es un hecho que se determina por las reglas propias de la lógica. Pretender que sólo hay contradicción cuando la autoridad diga que la hay es subordinar la lógica y los fundamentos axiológicos de la razón a la autoridad, que por ello mismo dejaría de ser autoridad y se convierte en mero poder. La consecuencia inevitable de ese razonamiento es la instauración del relativismo absoluto, donde si la autoridad lo dice, un hombre se convierte en mujer, dos hombres pueden engendrar un niño, o Dios puede querer la diversidad de religiones.

Es falso que Jesús se opusiera a la profesión militar o al uso de las armas

2026-08-17T15:44:05.194-05:00

El jesuita Francisco de Roux, ex general de la Compañía de Jesús, y expresidente de la Comisión de la Verdad, ha dado una entrevista a la Revista Cambio, en la cual ha abordado numerosos temas de la política nacional, pero principalmente ha dirigido una crítica directa a la introducción de expresiones y manifestaciones religiosas en el discurso del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Aunque pueda criticarse el uso político de tales expresiones, no deja de ser paradójico que la crítica venga de quien ha sido tal vez el clérigo más políticamente activo de los últimos años. “Lo que puedo decir es que no estoy de acuerdo con la utilización de los símbolos religiosos, y además mal utilizados, para imponer una teoría política que puede ser legítima, pero que no debe mezclarse con Dios. La utilización de Dios en la política es lo más peligroso”, dice una sacerdote que ha detentado cargos de carácter político y que ha participado en política, precisamente como consecuencia de su pertenencia a una entidad religiosa, como la Compañía de Jesús.

En la misma entrevista, aprovecha para criticar la política de “Paz total” del gobierno Petro, defendiendo a su vez los acuerdos de la Habana.

Me pareció muy bien cómo se llevó el acuerdo de La Habana y la forma como se desarrollaron las negociaciones. Había negociación y había guerra. Eran unos militares que trabajaban por la paz y estaban dirigidos por el gobierno que conducía la paz. En un punto se declaró el cese al fuego total y se procedió a concluir las negociaciones. Eso no se hizo con la llamada paz total. La paz total fue un error. Por eso los militares dejaron de actuar y se consolidaron empresas criminales en los territorios.

Se trata de una falsa oposición que ya hemos venido observando en boca de diferentes sectores políticos, que en las pasadas elecciones aprovechaban para cargar en contra del gobierno Petro, siendo que habían sido entusiastas defensores de los acuerdos de paz. Se quiere utilizar a Petro como chivo expiatorio al cual adjudicar la responsabilidad por la retoma del territorio nacional por parte de los grupos ilegales, y así limpiar de toda culpa a los Acuerdos de La Habana, verdaderos responsables de toda esta situación.

Los mismos que ahora critican la “paz total” de Petro, son los mismos que acusaron al gobierno Duque por “incumplir los acuerdos” y a ello le achacaban el aumento de la violencia. Con esas acusaciones pavimentaron el acceso de Gustavo Petro al poder, como si fuera el único que podía cumplir coherentemente con la agenda política firmada en La Habana. Fue en La Habana donde el gobierno Santos amnistió a los líderes de las FARC y detuvo la aspersión aérea de los cultivos ilícitos. Fue en La Habana donde se les concedió privilegios políticos al secretariado de las FARC, y se les creó un tribunal a la medida, la JEP, gracias al cual no han tenido que pagar por ninguno de sus crímenes. Fue en La Habana donde se creó el sistema de estímulos y beneficios para los criminales que Petro no hizo más que ampliar con la política de “paz total”.

Quisiéramos detenernos en una de las afirmaciones del P. de Roux:

CAMBIO: ¿Por qué le duele particularmente lo de “Cristo Rey”?

F.D.R: Porque Jesús se opuso completamente a lo militar. Jesús es la expresión de una manifestación del misterio de Dios que niega profundamente lo militar. Es la expresión de un Dios absolutamente desarmado.

La afirmación es simplemente falsa. No sólo no consta en ningún pasaje del Evangelio que Jesús se opusiera a la profesión militar. Por el contrario, Jesús alabó la fe del Centurión que identificó el poder de Jesucristo con el mando militar (Mt 8, 5-13), y a diferencia de la mujer adúltera, el publicano o los otros pecadores, Jesús no lo instó a abandonar la milicia, como tampoco lo hizo Juan el Bautista (Lc 3,14), ni San Pedro a la hora de bautizar al centurión Cornelio (Hch 10, 1-48).

San Pablo afirma que el militar “no en vano lleva espada: pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal.” (Rom 13, 4) y el propio Jesucristo así también se presentó en frente de Pilatos, al que le dijo “No tendrías contra mí ningún poder, si no se te hubiera dado de arriba” (Jn 19, 11), justo después de haberle dicho a Pedro “piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición más de doce legiones de ángeles?” (Mt 26, 52). Jesús no sólo reconoce la legitimidad de la fuerza militar, sino que la autoridad política la usa en virtud de esa autoridad que proviene del mismo Dios. El príncipe tiene sus ejércitos como imagen de Dios que también tiene sus legiones de ángeles.

El mismo Jesús que dice, “Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo.” (Jn 14, 27), es el que dice "No creáis que he venido a traer la paz a la tierra; no he venido a traer la paz, sino la espada." (Mt 10, 34) Por eso dice Santo Tomás:

También quienes hacen la guerra justa intentan la paz. Por eso no contrarían a la paz, sino a la mala, la cual no vino el Señor a traer a la tierra (Mt 10,34). De ahí que San Agustín escriba en Ad Bonifacium: No se busca la paz para mover la guerra, sino que se infiere la guerra para conseguir la paz. Sé, pues, pacífico combatiendo, para que con la victoria aportes la utilidad de la paz a quienes combates. (II-II, q. 40. art. 1, r.3)

El irenismo anti-militarista es una caricatura del Evangelio, una deformación ideológica de la figura de Jesús que defiende una falsa paz, insostenible por su propia iniquidad. Eso es justamente lo que ha ocurrido en Colombia tras los Acuerdos de La Habana con las FARC, y lo que Petro expandió con su llamada “paz total”: Desarmar al Estado colombiano y permitir que los criminales campeen a sus anchas por el territorio, atacando a la población con total impunidad. Se trata de la demostración fáctica de uno de los argumentos de Francisco de Vitoria para fundamentar la licitud de la guerra:

Se prueba en sexto lugar, considerando que el fin de la guerra es la paz y la seguridad de la república, como dice San Agustín en el libro De verbis Domini y en la Epístola ad Bonifacium, y no podría haber esta seguridad si, con el temor de la guerra, no se contuviera a los enemigos de realizar injurias. Además sería completamente inicua la situación en la guerra si, invadiendo los enemigos la república sin justicia alguna, solamente fuese lícito rechazarlos para que no pasasen adelante y no se pudiese perseguirlos para castigarlos.

Se prueba, en séptimo lugar, porque esto conviene al fin y bien de todo el orbe. Porque el orbe no gozaría de felicidad y se vería sumido en la más pésima de las condiciones, si los tiranos, los ladrones y los raptores pudiesen impunemente hacer toda clase de injurias y oprimir a los buenos e inocentes, sin que fuese lícito a estos últimos concertarse para repeler sus agresiones. (De iure belli, 1)

No, no sólo no es verdad que Jesús se opusiera “completamente a lo militar”, sino que por el contrario el mismo vino a deshacer la mala paz, la falsa paz, la que da el mundo, que consiste en el concierto de los criminales. Por eso mismo, por la vinculación intrínseca que existe entre el ejercicio de las armas y el de la justicia, fue que los militares estuvieron entre los primeros paganos en reconocer a Cristo como Dios.

Si al P. de Roux le preocupa tanto el uso político del nombre de Dios, podría empezar aplicándose su propio consejo. y en su condición de religioso apartarse definitivamente de la vida política. Podría dejar de caricaturizar la imagen de Jesús como instrumento para defender la paz del mundo, y que a Colombia no ha traído más que el recrudecimiento de la guerra.

Radican proyecto de ley para prohibir el alquiler de vientres en Colombia

2026-08-14T16:55:12.362-05:00

El día de ayer, 15 representantes de diferentes partidos políticos realizaron la radicación del Proyecto de Ley 215 de 2026 Cámara, por medio del cual se busca prohibir la explotación reproductiva a través de la maternidad subrogada. La radicación del proyecto se realizó al finalizar un foro convocado por el Representante a la Cámara Luis Miguel López Aristizábal, en torno del impacto de este delito de la explotación reproductiva en Colombia.

El foro abrió con la presentación del representante, quien señaló que “la maternidad subrogada es un delito que le roba la dignidad a las mujeres y convierte a los hijos en mercancía”, seguido por el representante David Gerardo Cote quien indicó que el 74% de las personas que recurren al alquiler de vientres en Colombia son extranjeros, mientras que el 70% de las mujeres que son utilizadas para esta práctica son mujeres de bajos recursos y bajo nivel educativo. “La Fiscalía ha detectado patrones que relacionan esta práctica con las redes de trata de personas” añadió.

El foro estuvo centrado en el testimonio de Olivia Maurel, una mujer franco-suiza, nacida en Kentucky, Estados Unidos, como resultado de un alquiler de vientre. “Fui concebida por gestación subrogada, nací como consecuencia de la gestación subrogada y fui intencionalmente separada de mi madre como consecuencia de la gestación subrogada”, dijo.

A lo largo de su vida, la conciencia de desconocer a su madre biológica le causó un profundo vacío y una crisis constante de identidad: “Por muchos años estuve buscando mi identidad. Caí en las drogas y el alcohol, e incluso traté de quitarme la vida en varias oportunidades.” Después de un tiempo, su madre consiguió contactarla a través de una de sus hermanastras. “Ahí comprendí que el embarazo crea una relación. Siempre habíamos sido dos: una hija buscando a su madre, y una madre buscando a su hija.”

Como portavoz de la declaración de Casablanca, ha conocido múltiples casos de este fenómeno a nivel global, pues se trata de una industria valorada en 200 millones de dólares que busca principalmente a las mujeres que están más necesitadas. Denunció los abusos cometidos contra las mujeres que se prestan para la práctica valiéndose de las profundas asimetrías en la relación contractual. “Conozco un cado de un embarazo en el cual, durante el primer trimestre se detectó que al niño le faltaban dos dedos. La pareja contratante decidió no seguir con el embarazo pero la mujer quiso continuar con la gestación, por lo que el caso llegó a los tribunales y finalmente la mujer fue obligada a abortar. Al final resultó que a causa del contrato la mujer ya no era dueña de su propio cuerpo.”

Posteriormente, el abogado Juan Camilo Ramírez abordó la situación actual de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Colombia acerca del alquiler de vientres, debido a que en Colombia no existe ninguna ley que prohíba, pero tampoco que autorice o reglamente la práctica del alquiler de vientres. Sin embargo, en los múltiples exhortos que ha hecho la Corte al Congreso, acusando que debido a la falta de legislación se han creado nuevos problemas, se ha omitido que muchos de esos problemas han sido causados por las propias inconsistencias en la jurisprudencia de la Corte.

Así, por ejemplo, en 1998 la Corte puso como requisitos que la mujer contratante no pudiese concebir, que la mujer gestante no tuviese vínculo biológico con el niño, que la relación no podía tener ánimo de lucro, o que la mujer gestante no pudiese retractarse una vez iniciada la gestación. Esos mismos requisitos han sido controvertidos por la propia jurisprudencia de la misma corte. Así pues, si el Congreso hubiera expedido esa ley que la Corte reclamaba en 1998, esa misma ley sería hoy inconstitucional según la jurisprudencia actual de la Corte.

Acto seguido, la Dra. Natalia Rueda, coordinadora del grupo de investigación en derecho privado y del observatorio de familia, infancia y adolescencia de la Universidad Externado de Colombia, expuso los abusos de la asimetría en la relación contractual respecto de las mujeres instrumentalizadas para la práctica. “Se dice que las mujeres participan de manera libre e informada, pero se revelan profundas asimetrías, así como trampas procesales y operativas para viciar su consentimiento, a partir de las cuales se les somete a un régimen de servidumbre corporal que anula los derechos a la intimidad, la salud y la libre locomoción”, dijo.

Describió la industria del alquiler de vientres como “una arquitectura contractual de coacción, subordinación, cosificación y explotación”, en la cual se describe a las mujeres gestantes como “portadora gestacional, recipiente único o sujeto prestador del vientre” y al niño como “producto o el patrimonio genético a entregar.” Denunció cómo los contratos eximen de toda responsabilidad después de las 7 semanas posteriores al parto, frente a cualquier secuela médica o psicológica como consecuencia del embarazo. Adicionalmente, “mientras las agencias cobran entre 60.000 y 80.000 dólares a los clientes extranjeros, parasitan en el sistema de salud, obligando a las mujeres a agendar sus controles y partos a través de sus EPS, exigiendo incluso que la gestante entregue su clave y usuario del sistema Pila para manipular sus aportes.”

Denunció también el abuso de competencias de las comisarías de familia que excediendo sus facultades, entregan en caso de muerte de la madre gestante, con una prueba de ADN, los niños al padre biológico violando la presunción de paternidad, así como la firma de Documentos de cesión de la patria potestad “como si eso fuera jurídicamente posible.” Y en general, se coacciona a la mujer condicionando los pagos acordados “a que se obtenga el pasaporte del niño, los permisos notariales de salida del país o a que se firme la demanda, o que queden firme la demanda de impugnación de maternidad para borrar el nombre de la madre del registro civil.”

“El protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño define la venta de niños como todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido a cambio de remuneración o retribución. En este caso, al supeditar el dinero a la firma de las escrituras de renuncia, a la entrega física y el pasaporte, el recién nacido se convierte en el elemento sinalagmático principal del contrato,” dijo, recalcando que se trata de contratos de compra-venta de niños, como “el diseño intrínseco de un mercado que no puede existir sin violar los derechos” y en el que las violaciones de la dignidad humana son “la condición de posibilidad y la premisa misma de esta industria.”

La siguiente presentación correspondió a la Dra. Diana Muñoz de la Universidad de la Sabana, quien expuso los resultados de su investigación sobre las implicaciones jurídicas. bioéticas y de gobernanza de la maternidad subrogada en Colombia, en la cual tuvo la oportunidad de entrevistar a muchas mujeres que habían sido utilizadas para estas prácticas, hallando un contraste abismal entre el discurso altruista con el que se capta a las mujeres y la realidad de la relación contractual a las que se las somete. Incluso en situaciones de familiaridad o cercanía a la pareja contratante, la relación queda subordinada al contrato firmado y la necesidad económica es la que acaba por condicionar la relación. En muchos casos, además, el ánimo de lucro se ve enmascarado de muchas formas, sin que por ello desaparezca la relación de subordinación y el abuso de la posición dominante.

Por su parte, la Dra. Juana Acosta, directora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de la Sabana, abrió su ponencia afirmando que “la Corte se equivoca al afirmar que existe un vacío normativo en Colombia sobre la maternidad subrogada”, pues la práctica viola el principio del respeto por la dignidad humana establecido en la constitución y en los tratados internacionales vinculantes para Colombia en materia de Derechos Humanos. Lo que exige la abolición total de la maternidad subrogada.

Refiriéndose al Informe A/80/158 de la Relatora Especial para las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, señaló que “el único modelo posible para proteger los derechos humanos involucrados en esta práctica, tanto los de las mujeres como los de los niños, es el modelo de abolición”, que va mucho más allá de la prohibición o la criminalización. La abolición supone tanto la prohibición a nivel nacional, como la firma de un tratado internacional vinculante en el que los países se comprometen a su erradicación total. Abolir implica desmontar las condiciones que permiten el alquiler de vientres, “combatir la demanda, impedir la publicidad y la intermediación lucrativa, controlar a las clínicas y las agencias, investigar los flujos económicos, proteger a las mujeres frente a la captación y garantizar alternativas para quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.”

Finalmente, el Dr. Bernard García, coordinador de la Declaración de Casablanca indicó que la prohibición total de la maternidad subrogada ha venido avanzando por el mundo, tal y como es necesario para combatir una industria de alcance global que recurre a las desigualdades para instrumentalizar a las mujeres vulnerables. Se trata de un negocio global “proyectado en 200,000 millones de dólares para 2034, según Global Markets Inside, que es un estudio de mercado que se ha hecho con tasas de crecimiento del 24% que beneficia a clínicas, bufetes de abogados, intermediarios, etc.” pues al final las mujeres terminan recibiendo alrededor de un 10% de lo que las parejas pagan. Insistió en que no basta con la regulación de la práctica, pues “no se regula algo que es indigno del ser humano, como no se regula la esclavitud, el trabajo infantil o la trata de personas.”

El evento finalizó con una breve intervención de la Representante a la Cámara Carol Borda, quien hizo énfasis en que en el alquiler de vientres “hay una relación de explotación que ve a la mujer como una incubadora y al niño como un producto que si te gusta lo puedes rechazar o lo puedes desechar porque si viene defectuoso, entonces no pasa nada”, y recordó que la práctica del alquiler de vientres “también es una práctica que permite otras formas de explotación como la explotación sexual y comercial de menores”, citando varios casos de abuso sexual de menores por parte de personas que habían comprado bebés a través de la maternidad subrogada.

Proyecto de Ley Estatutaria 215 de 2026 Cámara (Prohibición del Alquiler de Vientres)

2026-08-13T12:17:00.000-05:00

Un grupo de 15 congresistas ha presentado un proyecto de ley con el fin de prohibir el alquiler de vientres, mal llamado maternidad subrogada. La ley crea el tipo penal de “Explotación reproductiva mediante maternidad subrogada” dirigido principalmente a las organizaciones o agentes dedicados a promover la realización de contratos o acuerdos de alquiler de vientres, así como su publicidad y promoción, castigándolo con 120 a 192 meses de cárcel.

Adicionalmente, se crean circunstancias de agravación punitiva tales como el aprovechamiento de mujeres en condición de pobreza o vulnerabilidad, la inclusión de extranjeros en el contrato, la participación de funcionarios o servidores públicos y el beneficio económico obtenido. La norma también deja sin efecto cualquier tipo de acuerdo o contrato establecido para el alquiler de vientres, castiga incluso la participación de nacionales colombianos en actividades de este tipo en el extranjero, y reconoce a la mujer que gesta y da a luz a los hijos como la madre de los mismos.

Proyecto de Ley Estatutaria No. 215 de 2026 Cámara

“Por medio de la cual se prohíbe la explotación reproductiva mediante maternidad subrogada”

Autores: H.R. Carol Stefanny Borda Acevedo, H.R. Daniel Mauricio Monroy Hernandez, H.R. Daruin Castellanos Romero, H.R. David Gerardo Cote Rodríguez, H.R. José Jaime Uscátegui Pastrana, H.R. Juan David Londoño Arango, H.R. Juan Felipe Corzo Álvarez, H.R. Luis Miguel López Aristizábal, H.R. Luz Marina Gordillo Salinas, H.R. Óscar Darío Pérez Pineda, H.S. Esteban Quintero Cardona, H.S. Gonzalo Dimas Baute González, H.S. Jennifer Dalley Pedraza Sandoval, H.S. Santiago Montoya Montoya, H.S. Sara Jimena Castellanos Rodríguez.

Proyecto original (13 de agosto de 2026) – Gaceta (1127/2026)

Proyecto de Acto Legislativo 114 de 2026 Cámara (Protección de la Vida Humana desde la Fecundación)

2026-07-28T22:14:00.000-05:00

Los congresistas de la bancada provida han presentado un Proyecto de Acto Legislativo con el fin de modificar el artículo 11 de la Constitución, que quedaría del siguiente modo.

Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable: La vida humana existe desde la fecundación y gozará de protección constitucional durante todas las etapas de su desarrollo. El ser humano en gestación es sujeto de especial protección constitucional. No habrá pena de muerte.

No es el primero de los intentos de reforma de la constitución con el fin de establecer la protección constitucional explícita del nasciturus. Se diferencia de otros proyectos previos en que en esta oportunidad no se ha incluido en la reforma una prohibición expresa del aborto, como en el PAL 06/11 S o el PAL 06/23 S

Proyecto de Acto Legislativo No. 114 de 2026 Cámara

“Por medio del cual se modifica el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia para fortalecer la protección constitucional de la vida humana desde la fecundación y reconocer al ser humano en gestación como sujeto de especial protección constitucional”

Autores: H.R. Arledy Alvarado Patiño, H.R. Carol Stefanny Borda Acevedo, H.R. Darwin Castellanos Romero, H.R. David Gerardo Cote Rodríguez, H.R. Guillermo León Blanco Valencia, H.R. José Jaime Uscátegui Pastrana, H.R. José Ricardo Ardila Pinedo, H.R. Juan Manuel Londoño Jaramillo, H.R. Juliana Aray Franco, H.R. Luis Miguel López Aristizábal, H.R. Luz Marina Gordillo Salinas, H.R. María Camila Salas Salas, H.R. Martha Isabel Ruiz Solera, H.R. Nelly Patricia Mosquera Murcia, H.S. Christian Munir Garcés Aljure, H.S. Jonathan Ferney Pulido Hernández, H.S. Juan Carlos García Gómez, H.S. Sara Jimena Castellanos Rodríguez

Proyecto original (28 de julio 2026) – Gaceta (1058/2026)

FIRMA: Presidente De la Espriella, ponga fin a la imposición pública de la ideología de género en Colombia

2026-07-28T10:27:06.618-05:00

El gobierno saliente de Gustavo Petro ha expedido La Resolución Conjunta 1350 de 2026. Con el título de "Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos", este acto administrativo de 106 páginas impone por decreto la ideología de género en todos los niveles del Estado y de la sociedad colombiana. El objetivo declarado de la política pública es la transformación de la sociedad y la cultura colombiana en función de la ideología de género, y para ello se propone utilizar todos los instrumentos coercitivos del Estado.

La política no sólo declara la obligación del Estado de garantizar el libertinaje sexual y el adoctrinamiento de los menores, sino que se incluye el ataque directo a todo aquello que se oponga a ello, llámese costumbre, moral, religión, higiene, etc. No existe ninguna salvedad que limite estos "derechos" respecto de los menores de edad. Por el contrario, la política es explícita en declarar que la Educación Sexual comienza desde la “primera infancia”.

La política pública impone el “enfoque de género” como un principio transversal que debe regir todas las instituciones del Estado y, lo que es más grave, todas las entidades privadas que desarrollen actividades de "interés público". No hay escapatoria. Si usted tiene un colegio, una clínica, una empresa, o simplemente recibe recursos del Estado, está obligado a adoptar la ideología de género so pena de sanción.

Firma ahora, y exige al presidente electo, Abelardo De la Espriella que tome medidas concretas para poner fin a la agenda de imposición ideológica de la izquierda progresista.

Excelentísimo Señor Presidente Electo Abelardo De la Espriella,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el profundo respeto que merece su investidura, pero también con la firmeza y urgencia que exige la grave situación que enfrentamos.

Durante su campaña presidencial, usted se comprometió con la protección de la vida, la familia y la libertad de conciencia. Hoy, esa promesa se enfrenta a una prueba de fuego. El pasado 10 de julio, el gobierno saliente, mediante la Resolución Conjunta 1350 de 2026, impuso por decreto una política de ideología de género que atenta directamente contra los valores que usted invocó en la campaña y por los cuales millones de colombianos le dimos nuestro voto.

Esta resolución, de alcance totalitario, impone el “enfoque de género” como un principio transversal que debe regir todas las instituciones del Estado y, lo que es más grave, todas las entidades privadas que desarrollen actividades de "interés público". Se pretende así la transformación de la sociedad y la cultura colombiana en función de la ideología de género, y para ello se propone utilizar todos los instrumentos coercitivos del Estado.

Señor Presidente Electo, la derogación de esta norma el mismo día de su posesión es una medida impostergable. Sin embargo, no podemos contentarnos con apagar una máquina que podría ser reactivada por un gobierno futuro. Por ello, como ciudadanos defensores de la vida y la familia, reclamamos la implementación de las medidas concretas para poner fin de forma definitiva a la imposición pública de la ideología de género. Por ejemplo:

Protección de la objeción de conciencia sanitaria: Crear mecanismos que protejan el derecho fundamental a la objeción de conciencia del personal sanitario, tal como lo consagra el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia, impidiendo que se considere su ejercicio como un "uso indebido" y garantizando que ningún profesional de la salud sea sancionado por negarse a practicar procedimientos contrarios a sus convicciones éticas o religiosas.

Objeción institucional para entidades religiosas: Establecer mecanismos claros para que las entidades religiosas puedan ejercer la objeción institucional, al tenor del literal g) del artículo 7° de la Ley Estatutaria 133 de 1994, garantizando que los colegios, clínicas y otras instituciones de inspiración religiosa no sean obligados a adoptar contenidos o prácticas que contradigan directamente la misión para la cual fueron fundadas.

Derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos: Crear mecanismos concretos que permitan a los padres impedir que sus hijos reciban contenidos contrarios a sus convicciones morales, de acuerdo con el literal h) del artículo 6° de la Ley Estatutaria 133 de 1994, garantizando que ninguna institución educativa pueda imponer a los menores enseñanzas que atenten contra la formación ética y moral que sus padres han decidido para ellos.

Protección del Derecho a la Inocencia de los niños: Tipificar la exposición de los menores a la propaganda LGBTI+ e Ideología de Género como una forma de abuso sexual y psicológico, según el artículo 18 y el numeral 4 del artículo 20 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), protegiendo así a nuestros niños y niñas de la sexualización precoz, el grooming y la instrumentalización ideológica a la que pretenden someterlos.

Señor Presidente: la historia le dará la razón si actúa con la valentía que exigen estos momentos. Esta es su oportunidad de demostrar que su compromiso con la vida y la familia no fue una estrategia de mercadeo electoral, sino una convicción profunda e irrenunciable.

Esperamos una respuesta contundente que proteja a las familias colombianas y que devuelva a nuestra Nación el rumbo de la verdad y la justicia.

Atentamente,

[Tu firma]

Proyecto de Ley 053 de 2026 Cámara (Protección de la vida desde la fecundación)

2026-07-22T10:51:00.000-05:00

El representante a la Cámara David Gerardo Cote ha presentado un proyecto de ley con el fin de que la legislación colombiana reconozca “que la vida humana inicia con la fecundación y que su protección constituye un asunto de interés público y un fin legítimo de la acción del Estado.” se ordenan una serie de medidas para la protección de la vida humana desde la fecundación, así como una ruta nacional de acompañamiento a la mujer gestante.

El proyecto puede ser una buena oportunidad para introducir un desafío a la jurisprudencia de la Corte Constitucional que, so pretexto de no poder determinar el momento exacto del inicio de la vida humana ha acabado permitiendo el aborto hasta los nueve meses. Aunque parezca corto en su alcance, de lograr la aprobación de esta norma por parte del Congreso, se pueden poner las bases para futuros desafíos contra el aborto.

Proyecto de Ley No. 053 de 2026 Cámara

Por medio de la cual se establecen medidas para la protección de la vida humana desde la fecundación y el fortalecimiento de las acciones estatales de apoyo a la maternidad y se dictan otras disposiciones.

Autores: H.R. David Gerardo Cote Rodríguez

Proyecto Original (22 de julio de 2026) – Gaceta (899/2026)

ALERTA: Gobierno Petro se despide imponiendo la Ideología de Género a todos los niveles del Estado

2026-07-20T22:39:18.286-05:00

El gobierno Petro, sabiendo próximo su desalojo del Palacio de Nariño, no ha querido irse sin dejarle al país un regalo cuyo hedor tardará mucho en ser limpiado, de forma que permanezca en nuestra memoria el recuerdo de la podredumbre que durante los últimos cuatro años fue esparcida desde la presidencia a todo el país. El pasado 10 de julio los ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Culturas expidieron la Resolución Conjunta 1350 de 2026. Con el título de "Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos", este acto administrativo de 106 páginas impone por decreto la ideología de género en todos los niveles del Estado y de la sociedad colombiana.

Tras la derrota de la “Ley Trans” en el Congreso, el gobierno Petro ha querido expedir, por vía de decreto, obviando todo debate público al respecto, una norma aún peor. El objetivo declarado de la política pública es la transformación de la sociedad y la cultura colombiana en función de la ideología de género, y para ello se propone utilizar todos los instrumentos coercitivos del Estado.

Propiciar la transformación de normas sociales y de género para fortalecer relaciones basadas en el respeto y en el reconocimiento de la sexualidad como un aspecto central del ser humano a lo largo del curso de la vida.

El “Estado proxeneta”

La política pública introduce en la legislación colombiana el "derecho al placer sexual". En la página 28 del anexo se establece textualmente:

"La WAS declara que el acceso a experiencias sexuales placenteras, seguras y libres de violencia es un derecho humano, e insta a integrar el placer sexual en la educación, la atención en salud y las políticas públicas." (Pág. 28)

Más adelante, en la página 61, se reconoce como un derecho sexual explícito:

"Derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera. Todas las personas tienen derecho a explorar y disfrutar de una vida sexual placentera y vivir su sexualidad de manera libre, segura y satisfactoria, sin miedo, culpa, coerción o discriminación. Incluye la posibilidad de experimentar, descubrir y expresar la sexualidad de acuerdo con las propias sensaciones, deseos y límites, siempre en un marco de respeto y consentimiento mutuo; e implica la protección frente a normas, creencias o prácticas que repriman, sancionen o castiguen el disfrute sexual legítimo y consensuado." (núm. 4.2)

Se trata de establecer el hedonismo como principio fundamental del orden social colombiano, la instauración del “derecho al orgasmo”. El “libre desarrollo de la animalidad” de forma explícita y en todo su esplendor. Aunque lo disimulen con el lenguaje de los derechos humanos, es también evidente su carácter unilateral y violento, de ahí que cada uno de esos “derechos” creados, incluya en su descripción el señalamiento de a quienes se considera como enemigos a derribar.

Derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género. Todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, culto, opinión y expresión en relación con su sexualidad, orientación sexual, identidad y expresión de género, sin interferencias ni restricciones basadas en creencias culturales dominantes, ideologías políticas o argumentos discriminatorios relacionados con el orden público, la moral, la salud pública o la seguridad. Este derecho reconoce la diversidad como un principio fundamental y protege la autonomía de cada individuo para definirse y expresarse conforme a sus sentimientos, vivencias y convicciones.

Derecho a recibir información y educación integral en sexualidad actualizada, veraz, científica, laica y ajustada y adaptada a los diferentes momentos del curso de vida. Todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, tienen derecho a recibir educación e información integral sobre sexualidad que sea accesible, actualizada, veraz, basada en la evidencia, laica, culturalmente pertinente y adecuada a cada momento del curso de vida. Este derecho es fundamental para fortalecer la autonomía, el bienestar y la capacidad de tomar decisiones informadas, libres y responsables, permitiendo el ejercicio pleno de la sexualidad y de la ciudadanía en los ámbitos privado, público y político.

No sólo se declara la obligación del Estado de garantizar el libertinaje sexual y el adoctrinamiento de los menores, sino que se incluye el ataque directo a todo aquello que se oponga a ello, llámese costumbre, moral, religión, higiene, etc. Se repite el grito de los habitantes de Sodoma, amenazando a Lot por no dejarlos violar a los ángeles que había recibido en su casa.

Nótense, además, la flagrante contradicción entre ambas declaraciones: mientras se insiste con el trillado lema de la “educación basada en evidencia”, en virtud del cual se ha pretendido vender como ciencia lo que no es más que un adoctrinamiento ideológico y moral, en el párrafo anterior se dice que las conductas pervertidas no pueden ser restringidas por razones de “salud pública o seguridad”. ¿Cuál es esa supuesta “evidencia” que soporta el adoctrinamiento inmoral, si de entrada se condena señalar, por ejemplo, la correlación entre promiscuidad sexual y proliferación de las ITS?

Tengan presente que no existe ninguna salvedad que limite estos "derechos" respecto de los menores de edad. Por el contrario, la política es explícita en declarar que la Educación Sexual comienza desde la “primera infancia”. Ya hemos visto sobradamente cómo se crean nuevos “derechos” sin otra intención más que utilizarlos como arma para derribar otros derechos contrarios, y habilitar el uso totalitario del poder público. En este caso, tales derechos no son más que el instrumento para la abolición de la patria potestad y la corrupción de los menores por parte del Estado. En palabras del Ministro de Salud: “Los hijos son del Estado”.

La ideología de género como nueva “religión oficial”

La política pública impone el “enfoque de género” como un principio transversal que debe regir todas las instituciones del Estado y, lo que es más grave, todas las entidades privadas que desarrollen actividades de "interés público". Así, por ejemplo, el artículo 19 obliga a todas las “instituciones educativas oficiales y privadas de preescolar, básica y media”, a incorporar la ideología de género en sus PEI y planes de estudio, el artículo 12 impone la misma ideología a las EPS, mientras el artículo 13 extiende esa imposición a todas las IPS, profesionales independientes de la salud, “y las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud”.

No hay escapatoria. Si usted tiene un colegio, una clínica, una empresa, o simplemente recibe recursos del Estado, está obligado a adoptar la ideología de género so pena de sanción.

La política también convierte el aborto, la anticoncepción, la fertilización in vitro y los tratamientos de “cambio de sexo” en prestaciones obligatorias del sistema de salud, sin posibilidad de objeción de conciencia institucional, y con restricciones injustificadas a la objeción de conciencia individual.

El artículo 15 obliga a todas las IPS a tener disponibles “kits” de aborto en todos los servicios de urgencias y hospitalización. El primer parágrafo establece que estos kits deben incorporarse como parte del “paquete inicial mínimo” de atención “en situaciones de emergencia, desastre o crisis humanitaria”. El mismo artículo obliga a las IPS a tener disponibles “anticonceptivos de emergencia”, es decir, aborto químico, como parte de los kits de atención inmediata. Todo el numeral 4.6. de la Política Pública apunta a la promoción abierta del aborto, “incluyendo la modalidad de telemedicina y el acompañamiento remoto” (aborto casero), y la implementación de “mecanismos de vigilancia, investigación y sanción ante barreras” como “el indebido ejercicio de la objeción de conciencia”.

En el numeral 5.4 de la política, se abre además la puerta para la promoción pública de la “atención en procesos de afirmación de género”, es decir, los tratamientos de “cambio de sexo”,

"Incorporar el enfoque afirmativo, culturalmente pertinente y libre de patologización para personas trans y no binarias, dentro de las atenciones en salud mental, la salud sexual y la salud reproductiva." (5.4.2.) y “Implementar medidas para facilitar el cambio de nombre, sexo o género en documentos oficiales sin requisitos patologizantes o judiciales” (5.4.4.)

El núcleo de la política está en la introducción abierta y sin escrúpulos de la Ideología de Género como principio fundamental en la educación, pública o privada, incluso desde el preescolar. Desde el primer objetivo estratégico se habla de “la garantía de la EIS y los derechos sexuales y reproductivos en la educación preescolar, básica, media y superior”. Como lo señalamos arriba, para los autores de la política, los niños de preescolar son sujetos de “derechos sexuales”, como el tal “derecho al placer sexual” anteriormente citado.

El artículo 19 es un ataque directo contra la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos:

"Las instituciones educativas oficiales y privadas deberán incorporar de manera transversal, participativa y con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad, los contenidos de la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), planes de estudio y prácticas pedagógicas."

El artículo 18, numeral 1, ordena a las secretarías de educación:

"Vigilar que los contenidos de la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos se incorporen progresivamente de manera transversal, participativa y con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), Proyectos Educativos Comunitarios, los planes de estudio y las prácticas pedagógicas de todas las instituciones educativas del territorio nacional.”

El anexo técnico, establece el establecimiento de la llamada “Educación Integral en Sexualidad (EIS)” como el Objetivo Específico número 1 de toda la política. No sólo es explícito en declarar su inclusión en todos los niveles educativos, “educación preescolar, básica, media y superior”, sino que incluso pretende “Extender la implementación de la EIS a espacios no escolares, garantizando su incorporación en entornos familiares, comunitarios, laborales, institucionales, de salud y digitales.” Nadie ni nada está a salvo: La Ideología de Género, como ideología del partido en el poder, debe estar en todos y en todo, nada puede escaparse al Estado Total.

La pelota en manos del nuevo presidente

Este decreto pone en las manos de Abelardo De la Espriella la oportunidad de demostrar con hechos su discurso de campaña sobre proteger a la familia como célula básica de la sociedad. Sólo tiene que derogar esa resolución el mismo día de su posesión. Sin embargo, que baste con ese gesto para contentar al electorado conservador es, tal vez, el mayor de los riesgos que enfrentamos.

No basta con apagar la máquina de implantación ideológica de la inmoralidad, mientras la máquina siga ahí en perfecto estado y lista para que cuatro años después vuelva el progresismo al poder para ponerla en marcha y continuar exactamente donde se había quedado. No podemos contentarnos con menos que destruir todos los mecanismos utilizados por el gobierno Petro y declarados en esta misma resolución.

Debemos exigir al gobierno medidas reales que impidan cualquier nuevo intento por parte de gobiernos futuros. Por ejemplo:

Crear mecanismos de protección del Derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario, que impidan hablar del uso “indebido” de un derecho fundamental, creando restricciones incompatibles con la redacción del artículo 18 de la Constitución.
Crear mecanismos para la objeción institucional de las entidades religiosas, al tenor del literal g) del artículo 7° de la Ley Estatutaria 133 de 1994.
Crear mecanismos concretos que permitan a los padres impedir que sus hijos reciban contenidos abiertamente contrarios a sus convicciones morales, de acuerdo con el literal h) del artículo 6° de la Ley Estatutaria 133 de 1994.
Establecer una protección general para el Derecho a la Inocencia de los niños, al tipificar su exposición a la propaganda LGBTI+ e Ideología de Género como una forma de abuso sexual y psicológico contra los menores, según el artículo 18 de la Ley 1098 de 2006, y más explícitamente, el numeral 4° del artículo 20 de la misma.

Quisiera insistir en el hecho de que todos estos derechos ya han sido reconocidos por la ley, y al tratarse de la reglamentación de derechos fundamentales, hacen, constituyen materia constitucional que debía haberse tenido en cuenta en las discusiones al interior de la Corte. El hecho de que ni la Corte ni los gobiernos hayan recurrido a estas normas sólo puede suponer una ignorancia supina y movida por el interés de llegar a un resultado predeterminado. Ahora le toca a De la Espriella mostrar si la retórica de campaña, si la conversión religiosa del presidente electo, tenía algún fundamento o sólo hacía parte del mercadeo electoral.

Lobby vinculado a Soros busca imponer el suicidio como tratamiento de salud mental en Colombia

2026-07-03T19:02:25.432-05:00

No contentos con la expansión de la eutanasia en Colombia en los últimos años, el lobby de la muerte se propone derribar una nueva barrera utilizando la misma receta que usaron en el caso de Noelia Castillo en España. En este caso, Catalina Giraldo es el nuevo ariete con el que se piensa derrumbar el muro que impide la generalización del homicidio medicalizado.

Catalina Giraldo Silva es una psicóloga bogotana de 30 años. Ha sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. Su solicitud de eutanasia fue rechazada por el hecho de que su diagnóstico no es terminal ni incurable. Por eso a través de tutela reclama el suicidio asistido, aspirando que la Corte Constitucional permita ahora que los problemas de salud mental sean considerados causa válida.

La depresión es la enfermedad mental más frecuente en Colombia: Afecta al 4,7% de la población (mayor que el promedio mundial de 3,8%), lo que equivale a más de 2,5 millones de personas. Los trastornos de ansiedad son aún más comunes: El 19,3% de la población entre 18 y 65 años reporta haber tenido algún trastorno de ansiedad en su vida. En los últimos cinco años, más de 2,28 millones de colombianos han sido diagnosticados con ansiedad. Y el trastorno límite de la personalidad (TLP), tiene una prevalencia en Colombia del 2,1%, una de las más altas de Latinoamérica.

La solicitud, por tanto, supone abrir la puerta a la masificación de la eutanasia y el suicidio asistido. De hecho, quienes han fabricado su caso, el Lobby DescLAB, ya ha declarado que el caso busca sentar un precedente para que "la muerte digna" sea accesible para personas con padecimientos mentales. Lucas Correa, el abogado de la psicóloga, Ex-becario del Programa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Open Society Foundations (Conocido instrumento del magnate George Soros para impulsar el progresismo y el globalismo a nivel internacional) y fundador del Lobby, ya ha declarado a Infobae que “el caso de Giraldo podría establecer un precedente histórico en Colombia, al estructurar un marco legal que permita a los pacientes acceder a esta opción de manera segura y regulada." A confesión de parte, relevo de prueba: Catalina Giraldo sólo es el instrumento útil al lobby homicida DescLAB, que ya participó de la demanda que llevó a la despenalización del suicidio asistido en C-164 de 2022, para extender su uso de forma masiva. En sus propias palabras, “El requisito es tener una enfermedad grave e incurable y la mayoría de las enfermedades mentales clasifican como enfermedades graves e incurables.”

El reciclaje de la retórica sentimentaloide que ya han utilizado en casos como el del aborto es tan obvio, que ni siquiera temen caer en el absurdo: “Nosotros decimos, con conocimiento de causa, que las personas que se van a quitar su vida, porque tienen ideas suicidas, terminan haciéndolo de manera solitaria, insegura y desprotegida”, dijo el lobbista Correa. En el caso del aborto se recurría al mito de los “abortos inseguros”, argumentando que las mujeres podían morir al asesinar a sus hijos por fuera del sistema de salud, pero en el caso del suicidio ¿Qué es un “suicidio inseguro”? El resultado es exactamente el mismo, tanto para el suicida como para sus familias. Lo que buscan organizaciones como DescLAB es que la eutanasia y el suicidio se conviertan en “procedimientos” que puedan prescribirse a los millones de personas que sufren algún tipo de enfermedad mental.

Ahora que la tutela ha sido seleccionada para revisión por la Sala Octava de la Corte Constitucional y la ponencia asignada a la magistrada Paola Meneses, Correa reclama que la magistrada se declare impedida para conocer el caso por haberse pronunciado en contra del suicidio asistido en el salvamento de voto a la Sentencia C-164 de 2022. Según el lobby homicida, la magistrada no es imparcial para conocer y juzgar el caso, debido al anterior pronunciamiento. Sin embargo, lo mismo podría decirse de todos los magistrados que participaron de la discusión en torno de la misma sentencia. La imparcialidad aplica en las dos vías, tanto respecto de los que se pronunciaron en este sentido, como en el contrario, como los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Natalia Ángel Cabo.

Lo que se quiere es ocultar el hecho de que la propia demanda acaba por demostrar en la práctica lo que la magistrada Meneses advertía en su salvamento de voto:

No existe razón alguna que legitime servir como facilitador, llevando a la víctima (quien se suicida) a gestionar su muerte. El que con inducción o ayuda efectiva se suicida, no actúa bajo parámetros de autonomía o autodeterminación que le permitan hacerse responsable exclusivo de su muerte. La voluntad del ejecutor está diezmada por la maniobra inductiva o colaborativa, actuando de manera enceguecida y conducida por quien de manera consciente facilita lo suficiente para garantizar la muerte.

En verdad, no existe consentimiento del suicida en la medida en que no es autónomo en la decisión y ejecución para consumar su muerte. Es el sujeto activo del delito de ayuda al suicidio quien teniendo plenas facultades termina imponiendo su voluntad, si se quiere menesterosa o solidaria algunas de las veces, llevando de la mano a su víctima al precipicio de la muerte. Estas circunstancias justificaban la preservación del juicio de reproche penal, y de ninguna manera la condición asociada a una actividad como la medicina convalida y hacen acorde a los principios y valores que defiende la Constitución Política, la inducción, ayuda o apoyo efectivo para incentivar, materializar o promover la muerte; efecto que termina por derivarse del sentido del fallo adoptado.

Precisamente a lo que se dedica un Lobby como DescLAB: Aprovecharse de personas en condición de vulnerabilidad psicológica para inducirlas a solicitar la eutanasia y el suicidio asistido. La Open Society Foundations, que George Soros le ha heredado a su hijo Álex Soros, ha destinado 45 millones de dólares a proyectos para promover la eutanasia y el suicidio asistido en el mundo, y DescLAB no es más que su tentáculo en Colombia. Si toda la argumentación en favor de la eutanasia y el suicidio asistido gira en torno de la autonomía de la voluntad, resulta obvio que una afectación psicológica como el trastorno depresivo vicia de raíz el consentimiento exigido, pues de ningún modo puede considerarse libre. Como dice el mismo alfil de Soros, “Esta es una carrera porque Catalina no cometa suicidio de manera violenta”, como si la violencia dejase de serlo por vestirse de bata blanca.

La división en la Iglesia no nace con la FSSPX

2026-06-30T21:12:49.716-05:00

La Iglesia está dividida y no es por la FSSPX. Las fracturas internas dentro de la Iglesia no han hecho más que acumularse durante los últimos años, y tras la muerte del Papa Francisco, se sabía que el principal desafío del siguiente pontífice sería precisamente el mantener la unidad de la Iglesia. Así además ha sido interpretada la elección del Cardenal Robert Prevost como pontífice 267 de la Iglesia: Era el único candidato aceptable para ambos sectores, progresistas y conservadores, del colegio cardenalicio.

La Iglesia ya se encuentra en un estado de división tal que muchos comentaristas lo han denominado “cisma de facto”, veamos algunos ejemplos:

Amoris Laetitia (2016): El Papa Francisco publicó esa exhortación apostólica postsinodal, en la cual, tras muchos rodeos y de manera un tanto solapada, se abría la puerta a que los católicos que vivían en público adulterio pudieran comulgar. Debido a su ambigüedad, el documento fue interpretado de diversas formas, algunas diametralmente opuestas, y así, mientras la Conferencia Episcopal Alemana implementó de inmediato la comunión de los divorciados “vueltos a casar”, la Conferencia Episcopal Polaca reafirmó que no podrían comulgar sin dejar el adulterio, de forma que la disciplina moral de la Iglesia, en un aspecto esencial, parecería cambiar con el cruce de la frontera.
Traditionis Custodes (2021): El Papa Francisco publicó este Motu Propio, en el cual contradice abiertamente a su predecesor Benedicto XVI, no sólo en la decisión de permitir a cualquier sacerdote la celebración de la misa según el Misal de 1962, sino que en la parte motiva se niega que el Vetus Ordo y el Novus Ordo Missae sean dos formas del mismo rito romano, o que la misa tradicional no pueda ser prohibida por hacer parte de la Tradición de la Iglesia. El documento establece una “pastoral de sospecha” que ataca de forma indiscriminada a un sector de los fieles dentro de la propia Iglesia, y que ha llevado incluso a que en algunas diócesis, como en Puerto Rico o Costa Rica, se prohíba incluso introducir en la celebración con el misal de 1970 cualquier cosa que recuerde a la liturgia preconciliar.
Fiducia Supplicans (2023): Con esta declaración, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha pretendido establecer la licitud de una bendición para las parejas homosexuales. El documento no sólo contradice abiertamente un Responsum de la misma Congregación publicado hacía dos años antes, sino que tras su publicación obtuvo la reprobación directa de numerosas Conferencias Episcopales, incluyendo a la de todo el continente africano, que rechazaron la declaración y dijeron explícitamente que no se aplicaba en sus diócesis.

Podría citar algunos otros casos más de divisiones abiertas dentro de la Iglesia, pero he elegido estos tres, no sólo por tratarse de los que mayor escándalo suscitaron, al punto de llegar a enfrentamientos abiertos entre altos prelados y miembros de la jerarquía, sino por el hecho de que los tres documentos publicados siguen vigentes el día de hoy. No ha habido hasta ahora ningún otro pronunciamiento por parte del Papa o La Santa Sede, que permita asumir que el documento ha sido abrogado, así sea sólo de facto, por lo que podemos decir que aunque la hemorragia haya cesado, la herida sigue abierta.

Se sabía, por tanto, que quienquiera que fuera elegido en el pasado cónclave, recibiría en sus manos una papa caliente, y tendría que dedicar sus primeros años de pontificado a apagar los múltiples incendios dejados por el predecesor. El problema: ¿Tendría como hacerlo? En varias ocasiones el Papa Francisco expresó su intención de volver irreversibles sus reformas, y algunas medidas, como la manga ancha al camino sinodal alemán con su correspondiente Sínodo sobre la sinodalidad en Roma, apuntaban a quitarle al siguiente papa los medios para hacerlo.

Estas consagraciones episcopales por parte de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X constituyen el segundo “bautizo de fuego” del pontificado de León XIV, siendo el primero la conclusión del Camino Sinodal Alemán, con el cual se pretende crear una “Conferencia Sinodal” como nueva cabeza de la iglesia en Alemania. En el primer caso se trata de ordenar obispos sin mandato pontificio, algo que ya ha ocurrido, por ejemplo en China, y a los cuales la Santa Sede les ha aprobado a posteriori, después de meses tratando infructuosamente de ser recibidos por el Papa León XIV. En el segundo caso, se trata de una subversión radical de la estructura jerárquica de la Iglesia.

No es difícil aventurar que la FSSPX haya visto en la experiencia del camino sinodal alemán una lección acerca de cómo funcionan las cosas en Roma: A pesar de las advertencias por parte de las autoridades en Roma, los alemanes han seguido la vía de los hechos consumados y posteriormente han acabado siendo validados por Roma. Recuérdese que la controversia en torno de la bendición de parejas homosexuales comenzó en 2021 como un acto de rebeldía por parte de clérigos alemanes en contra del Responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y fue luego aprobado por la Conferencia del Camino Sinodal en marzo de 2023, lo cual recibió como respuesta de la Santa Sede la publicación de Fiducia Supplicans en diciembre del mismo año.

En los meses que lleva de pontificado, León XIV ha expresado que “no estamos de acuerdo con la bendición formal de parejas, en este caso, parejas homosexuales”, y ha evitado toda mención explícita a Fiducia Supplicans. Sin embargo, el documento sigue ahí, sin ser formalmente abrogado, y tampoco se ha tomado absolutamente ninguna medida en contra de los obispos alemanes que han expedido guías para la realización de tales bendiciones.

En el caso de la FSSPX, el Papa ha enviado, a unas horas de la ceremonia de ordenación, una carta al superior P. Davide Pagliarani, en la que les dice “les ruego y les pido de todo corazón: ¡por favor, recapaciten! Les insto a que consideren cuidadosamente el bien espiritual de los fieles, porque el acto cismático que están a punto de emprender los privaría de la recepción lícita y, en algunos casos, incluso válida de los Sacramentos, que ellos aman y buscan para su santificación.” Y más adelante les dice “Ruego por ustedes, porque rasgar el manto inmaculado de Cristo es un pecado de suma gravedad.”

Sorprende que este lenguaje nunca haya sido escuchado para con el Camino Sinodal alemán, para con los obispos chinos, para con James Martin, para con el propio Cardenal Víctor Manuel Fernández. En las redes sociales se ha hecho notar la apertura y palabras bondadosas del nuevo pontífice para con representantes de iglesias cismáticas. Más aún, dentro de la carta del Papa se encuentra el siguiente fragmento:

La Iglesia reconoce el apego a la vida litúrgica, el compromiso con la formación sacerdotal, el celo apostólico y el deseo de fidelidad a la Tradición que caracterizan a muchas personas y comunidades vinculadas a esta Sociedad. Esto motivó la actitud de atención y benevolencia que mis predecesores manifestaron constantemente hacia ustedes.

El cual, expresa una benevolencia que difícilmente guarda relación alguna con la realidad. No sólo tuvo el papa un año para responder a las solicitudes presentadas por la FSSPX, sino que tal reconocimiento, atención y benevolencia se contradice abiertamente con el hecho de mantener vigente Traditionis Custodes y permitir la persecución abierta que muchos obispos han emprendido contra los católicos que buscan la liturgia tradicional en plena comunión con el Papa. Resultan poco creíbles las invitaciones al diálogo que hace el pontífice en su carta, cuando los presbíteros y congregaciones que mantienen el rito tradicional dentro de la plena regularidad canónica, han tenido que sufrir toda clase de obstáculos y prohibiciones.

Lamentablemente, los pronunciamiento pontificios sobre la bendición a parejas homosexuales dan la impresión de que el asunto puede ser superado si no le prestamos atención, que se puede mantener las formas y dejar que el tiempo cierre las heridos. Empero, no se puede esconder un incendio bajo la alfombra, y el asunto de las ordenaciones episcopales de la FSSPX es apenas una de las formas posibles como cualquiera de las múltiples divisiones abiertas le pudo haber estallado en las manos. En estos momentos, León XIV tiene en sus manos una decisión de la cual depende que se pueda restablecer la unidad entre los fieles católicos, y que marcará el signo sobre cómo podemos esperar que se aborden las otras divisiones ya existentes.

Editorial: Razones para el escepticismo frente al nuevo gobierno

2026-06-24T17:41:59.448-05:00

“¡Viva Cristo Rey!” fue una de las últimas exclamaciones con que Abelardo de la Espriella cerró su discurso triunfal tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales de segunda vuelta. Como es de esperarse, una expresión tal ha despertado múltiples reacciones de entusiasmo y alegría entre los católicos colombianos, que anhelan un gobierno católico tras décadas del secularismo más agresivo. Sin embargo, cuando se examina el contenido completo del discurso del presidente electo, de inmediato saltan a la vista múltiples expresiones que nos llevan a desinflar tal entusiasmo.

Ya desde la campaña, desconfiamos del discurso provida y pro-familia del candidato De la Espriella. Se le conocían múltiples intervenciones en espacios públicos, en las cuales se había declarado como ateo, y se había pronunciado en favor de la adopción de menores por parejas del mismo sexo. Se decía ahora que en años pasados había tenido una profunda conversión religiosa y sus convicciones habían cambiado radicalmente, por lo que ahora era un férreo opositor al aborto y a la ideología de género.

Habiendo ya escuchado ese mismo guion con Iván Duque en 2018, la experiencia invita a la desconfianza respecto de esas “conversiones preelectorales”. Aún así, no queriendo entrar a discutir inútilmente sobre su experiencia religiosa particular, basta con examinar en detalle su programa de gobierno para ver que no existe ni una sola propuesta concreta para aterrizar tales eslóganes provida y pro-familia en avances reales. Por el contrario, cuando se le ha preguntado en medios al candidato acerca de su postura frente al aborto o las uniones homosexuales, ha expresado su rechazo para luego señalar las decisiones de la Corte Constitucional como un hecho jurídico que debe respetar.

Y ese es precisamente el tono del discurso del pasado domingo. Una de las afirmaciones de apertura, y a la cual le dio un énfasis particular, fue:

Colombianos, hoy reafirmo mi solemne compromiso de lealtad absoluta con la Constitución de 1991. Juro, juro defender la Constitución con extrema coherencia para evitar que la destruyan. Juro protegerla de aquellos que pretenden cambiar el estado de derecho por la tiranía, y juro honrarla frente a quienes usurpando el nombre del pueblo le quieren arrebatar sus libertades.

No es fortuito que haya iniciado el discurso de esa forma: El plan de gobierno tiene como primer punto, el “Patriotismo constitucional”, insistiendo en esa idea de la “lealtad con la constitución” bajo la afirmación de que “la democracia sólo será posible si la Constitución vuelve a ser el límite del poder y el consenso central de la República”.

Y ahí es cuando todos los eslóganes grandilocuentes de campaña quedan vacíos de contenido, pues todo apunta a que estamos, en el mejor de los casos, a una interrupción temporal de la agenda progresista, una retirada estratégica para arremeter luego con mayores fuerzas. Sorprende la absoluta amnesia de los votantes católicos, que celebran como si todos los males que se observan en el país hubieran sido creación del gobierno Petro, y no los frutos podridos de esa misma constitución de 1991, que el electo presidente promete defender.

Fue la Constitución de 1991 la que desconoció el catolicismo de la nación colombiana, y bajo la cual se estableció el mantra del “Estado laico”, bajo el cual, desde el 91, se ha emprendido una secularización acelerada y forzosa de la sociedad colombiana, apuntando a extinguir todo rastro de catolicismo en nuestro país. Esa misma constitución, a la que de la Espriella le profesa lealtad incondicional, será usada para sancionarle por haber dicho “¡Viva Cristo Rey!”.

Fue esa misma constitución la que estableció como principio fundamental el pluralismo, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en virtud de los cuales se ha disuelto todo principio de unidad nacional, se ha anulado la autoridad de los padres sobre los hijos, de los maestros sobre los alumnos, incluso la propia autoridad de la fuerza pública. No ha sido la izquierda, sino ese mismo orden constitucional el que se ha convertido en arma jurídica en manos de la delincuencia, el crimen organizado y los grupos ilegales para imposibilitar el restablecimiento del orden y la justicia en nuestro país.

Es la propia Constitución de 1991 la que creó la Corte Constitucional, esa caja de Pandora de la cual provienen todas las plagas que destruyen a la sociedad colombiana, el aborto, la eutanasia, las uniones homosexuales, el alquiler de vientres, la ideología de género, la promoción de la transexualidad incluso en niños. La propia Corte avaló la incorporación a la constitución de los acuerdos de 2016 con las FARC, de los cuales el gobierno Petro no es más que la aplicación y prolongación natural.

¿Cómo planea de la Espriella mantener su lealtad a la Constitución de 1991 y a la vez combatir todos sus ponzoñosos frutos? ¿Cómo puede gritar “¡Viva Cristo Rey!” y al mismo tiempo defender a la Constitución que pretendió destronarle y negar la consagración nacional a su Sagrado Corazón? “Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien, se interesará por el primero y menospreciará al segundo.” (Mt 6, 24)

Editorial: “Lo sagrado”, el nombre de una profanación

2024-12-17T19:34:00.002-05:00

Las redes sociales hierven con la indignación de los fieles católicos al conocer que la Catedral Primada de Colombia, sede del Arzobispo de Bogotá, está siendo utilizada como escenario para la presentación de una obra de teatro. El espectáculo se titula “Lo sagrado” y el nombre no deja de estar cargado de ironía, pues la elección de la Catedral Primada como escenario representa justamente lo opuesto de la sacralidad: la profanación.

Desde un punto de vista puramente antropológico, la conciencia de lo sagrado está en la raíz, no sólo de toda religión, sino en sentido más amplio de toda concepción del mundo, de toda civilización. Lo sagrado no se entiende sin referencia a lo profano, pues es esa oposición, esa separación, lo que lo define. Lo sagrado lo es precisamente, porque está, reservado, separado del resto del mundo. Cuando se difumina la barrera que distingue el ámbito de lo sagrado del ámbito de lo profano, aquello simplemente deja de serlo, se desacraliza, es profanado.

El orden de lo sagrado puede manifestarse en todos los aspectos de la vida humana. Objetos, lugares, personas, tiempos. Un altar puede parecer una piedra o una mesa cualquiera, pero no lo es. A través del rito de dedicación, ha dejado de ser un objeto más y se ha convertido en signo de la manifestación de Dios en el mundo. Desde ese momento, la mesa del altar no admite ningún otro uso más que la celebración del sacrificio eucarístico. La patena y el cáliz pueden parecer piezas más de la vajilla, pero desde su consagración han quedado reservados de forma exclusiva para el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Para muchos, una iglesia puede parecer un simple auditorio, con una tarima y unas gradas, en el cual la gente va a escuchar a un speaker y atender a una performance, pero no lo es. Es un espacio que ha sido separado de toda la geografía circundante y se ha convertido en “casa de Dios y puerta del Cielo”.

“No te acerques aquí; quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada.” (Ex 3, 5) Fueron las palabras de Dios a Moisés, por lo que él “se cubrió el rostro, porque temía ver a Dios.” Quitarse las sandalias, cubrirse el rostro, descubrirse la cabeza o ponerse de rodillas, son diferentes formas de expresar la única actitud que puede tener el hombre ante el encuentro con lo sagrado: El temor reverencial. Lo sagrado no pertenece a nuestro orden, no es algo que esté bajo nuestro libre arbitrio, no se manosea. Ha sido elegido por Dios para comunicarse con el hombre, y por lo tanto le pertenece a Él más que a nosotros.

El acto de quitarse la sandalias, simboliza cómo el ámbito de lo sagrado obliga al hombre a prescindir de las consideraciones prágmáticas, de criterios mundanos como la eficiencia o la comodidad, y el contacto con la piel desnuda de los pies, semejante al descubrirse la cabeza al entrar en el templo, representa el reconocimiento de la miseria humana y la aceptación sin barreras de la manifestación divina. Por el contrario, profanar, contaminar los espacios sagrados con usos mundanos, totalmente ajenos al culto divino, no admite otra respuesta que la de Cristo:

Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y los bueyes; desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí. No hagáis de la Casa de mi Padre una casa de mercado.» Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: El celo por tu Casa me devorará. (Jn 2, 15-17)

La Iglesia no ha sido ajena al arte dramático. Durante la Edad Media se desarrollaron muchos tipos de dramas litúrgicos, en los que se representaban diferentes escenas de la vida sagrada, pero siempre de forma asociada al propio culto divino, siguiendo las formas que son propias a la reverencia propia del templo. Todavía hoy, el canto de la Pasión de Cristo a tres voces, o el acto del lavatorio de los pies en Jueves Santo, son momentos propios de la liturgia en los que se utiliza el drama como lenguaje para transmitir los acontecimientos que se recuerdan en esas fechas. Eso sin contar los múltiples actos de piedad popular, como la procesión con el Santo Sepulcro o la visita de los Reyes Magos, en los que se hacen verdaderas escenificaciones de cada misterio. Pero, insistimos, siempre, siempre, como parte de un acto público de adoración a Dios.

El signo de la Escala de Jacob nos parece apropiadísimo para una representación teatral sobre la Navidad. Jacob, Israel, ve en sueños una escalera que llega hasta el Cielo y los ángeles que suben y bajan por ella. Este signo es la promesa de que la compañía de Dios no se apartará del pueblo de Israel, y se cumple con la encarnación del Verbo: «En verdad, en verdad os digo: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.» (Jn 1, 51) En la persona de Cristo lo humano y lo divino han quedado unidos, como un puente que une el Cielo y la Tierra, y de allí que no haya otro camino para llegar al Padre.

Sin embargo, nada de esto parece estar presente en las consideraciones de los promotores de la obra:

‘Lo Sagrado’ trata sobre un viaje que tiene un hombre a su interior, intentando encontrar su fe, su voz, y es un hombre que pudiera ser cualquiera de nosotros, intentando encontrar esa vocecita que le dé un impulso para seguir”, explicó Jimmy Rangel, director de la iniciativa artística.

“La puesta en escena es la escala de Jacob, eso es bíblico: el hombre que aspira a lo trascendente, que busca a Dios; y la navidad es, también, que Dios viene al encuentro del hombre. Es el gran misterio, Dios hecho hombre”, explicó monseñor Sergio Pulido, párroco de la Catedral Primada.

Bajo el influjo del Racionalismo, la herejía modernista niega la Revelación de Dios al hombre, y convierte las manifestaciones de lo sagrado en una mera expresión de una ‘conciencia religiosa’ que estaría en el fondo de todo ser humano. Todas las religiones no serían más que diferentes formas de expresar esa misma conciencia, y por lo mismo, estaríamos siempre ante una construcción socio-cultural. Es una manifestación del hombre que busca a Dios, no de Dios que sale al encuentro del hombre. “Lo sagrado” es producto, en este caso, de una elección arbitraria, una experiencia puramente subjetiva. Es el giro antropocéntrico de la teología, que muchos, entre ellos el Papa Benedicto XVI, han venido denunciando. De ahí que, tal y como puede apreciarse en los breves fragmentos de la obra en los videos que circulan en redes, el juego de luces, el movimiento de los actores y bailarines, está completamente disociado del espacio sagrado en el que se encuentran y el acto cultual que le es propio.

Como hemos dicho, la Iglesia no ha sido ajena al arte dramático, pues al fin y al cabo los signos visibles y sensibles son un lenguaje mucho más elocuente que las palabras más escogidas. Tomar la custodia con el velo humeral en lugar que las manos desnudas, evitar dar la espalda al tabernáculo, mantener juntos el índice y pulgar para evitar soltar las partículas del corpus, comulgar de rodillas y en la boca en lugar de en la mano y de pie, son gestos visibles que proclaman de forma tácita que estamos ante el mismo Dios, mucho mejor que todas las catequesis y sermones acerca de la Eucaristía. Por más que se insista en los sermones sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristia, nadie lo creerá realmente si observa que los hechos desdicen las palabras y las sagradas formas pasan de mano en mano como una galleta cualquiera.

Por lo mismo, aunque la obra de teatro tenga un contenido absolutamente edificante y evangelizador, que no lo parece en absoluto, aunque efectivamente tratase sobre el misterio profético de la Escala de Jacob como anuncio de la venida de Cristo, todo esto es anulado por el estruendo ensordecedor del signo de mayor elocuencia: La desacralización, la profanación, la mundanización del lugar más sagrado de toda la Iglesia de Bogotá.

Editorial: Francisco vs. Francisco ¿Puede haber autoridad sin el principio de No Contradicción?

2023-12-21T12:52:00.001-05:00

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha publicado una nueva Declaración titulada Fiducia supplicans, que ha sido ampliamente publicitada en los medios oficiales de la Iglesia, así como en los medios de comunicación seculares, debido a que ha abierto la puerta que hace apenas dos años había cerrado la misma congregación.

Responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe a un dubium sobre las bendiciones de las uniones de personas del mismo sexo, 15.03.2021

Declaración Fiducia supplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones, 18.12.2023

Por este motivo, no es lícito impartir una bendición a relaciones, o a parejas incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio (es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta, por sí misma, a la transmisión de la vida), como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. La presencia en tales relaciones de elementos positivos, que en sí mismos son de apreciar y de valorar, todavía no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial, porque tales elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios.

Además, ya que las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos, la bendición de las uniones homosexuales no puede ser considerada lícita, en cuanto sería en cierto modo una imitación o una analogía con la bendición nupcial, invocada sobre el hombre y la mujer que se unen en el sacramento del Matrimonio, ya que «no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia».

En el horizonte aquí delineado se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo, (…). En estos casos, se imparte una bendición que no sólo tiene un valor ascendente, sino que es también la invocación de una bendición descendente del mismo Dios sobre aquellos que, reconociéndose desamparados y necesitados de su ayuda, no pretenden la legitimidad de su propio status, sino que ruegan que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones, sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Estas formas de bendición expresan una súplica a Dios para que conceda aquellas ayudas que provienen de los impulsos de su Espíritu – que la teología clásica llama “gracias actuales” – para que las relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio, liberarse de sus imperfecciones y fragilidades y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino.

El Sumo Pontífice Francisco, en el curso de una Audiencia concedida al suscrito Secretario de esta Congregación, ha sido informado y ha dado su asentimiento a la publicación del ya mencionado Responsum ad dubium, con la Nota explicativa adjunta.

Ex Audientia Die 18 diciembre 2023

Francisco

Ya previamente dijimos que la extensión de una sentencia de la Corte Constitucional es directamente proporcional a la iniquidad en ella contenida. Algo similar ocurre con los documentos magisteriales: Su extensión es directamente proporcional a la distancia que le separa de la Fe Católica. Este nuevo documento es extenso precisamente porque insiste ad náuseam en que no hace lo que precisamente sí hace: Contradecir abierta y directamente la Responsa emitida por la Congregación en 2021.

En 2021 la CDF había dejado claro que cualquier elemento positivo que puedan aparentar tales uniones está al servicio de una unión desordenada, pecaminosa, y por ende no puede ser objeto de bendición alguna. Hoy, el Card. Víctor Manuel Fernández dice todo lo contrario, que a pesar de lo irregular de tales situaciones, hay elementos “verdaderos, buenos y válidos” en tales relaciones que pueden ser objeto de la gracia. Ambos documentos fueron publicados con el aval del Papa Francisco, ambos son ejercidos en su nombre, con su autoridad.

”Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir.” (Mt 12, 25.) ¿Qué no decir de una cabeza dividida contra sí misma? Francisco ha contradicho la doctrina y el magisterio de los pontífices anteriores de tantas formas, que ya no causa ninguna sorpresa. Contradijo abiertamente a Juan Pablo II en Amoris Laetitia, contradijo abiertamente a Benedicto XVI con Traditionis Custodes, y contradijo el Catecismo de la Iglesia Católica al alterarlo en relación a la pena de muerte. Ahora Francisco se contradice a sí mismo y desdice lo que él mismo había dicho en 2021, para decir justamente lo contrario.

En los Estados seculares, el partido que gana las elecciones llega a cambiarlo todo y a contradecir todo lo hecho y dicho por el otro partido, culpable de la situación del país, porque su autoridad se basa en la violencia del número y la voluntad desatada de los electores, no en la fidelidad a la Tradición Apostólica. Pero aún en esos gobiernos seculares, un presidente que contradice lo que él mismo ya había dicho y hecho siembra fuertes dudas acerca de su capacidad psicológica para ejercer la autoridad. De contradecir a los fundamentos teológicos de la propia autoridad, hemos pasado a contradecir a los fundamentos mismos de la lógica, como lo es el principio de no contradicción. ¿Dónde queda la infalibilidad pontificia en este punto?

Los alemanes, por ejemplo, de rebeldes se han convertido en profetas. Después de las múltiples advertencias y llamados de atención por parte del Card. Ladaria y el Card. Parolin cuando autorizaron tales bendiciones en contra de Roma, han quedado revalidados por este nuevo documento. El mensaje no podría ser más claro: Continúen avanzando por la vía de los hechos consumados, ordenen sacerdotisas, casen homosexuales, eliminen el celibato, que Roma les seguirá.

Por lo pronto, los obispos de Kazajistán, Malawi, Nigeria, Togo, Zambia, Ukrania han rechazado el documento y han dicho que en sus jurisdicciones no se permitirán tales bendiciones. La Confraternidad Británica de Clérigos Católicos que agrupa a más de 500 presbíteros y diáconos en Inglaterra, Gales y Escocia ha declarado que tales bendiciones son inadmisibles teológica y pastoralmente.

No es para menos. El daño en las almas de los feligreses, que ven cómo todo lo que siempre han creído queda borrado de un plumazo, es de tal grado que cualquier silencio por parte de los pastores es complicidad. Y después de la salus animarum, el segundo peor damnificado es la propia autoridad pontificia, y por asociación, la de todo prelado. ¿Qué credibilidad va a tener el obispo que sale a decir que lo que dijo ayer no era válido pero lo que dice hoy sí lo es?

Editorial: El Catolicismo contra el Rosario de hombres

2022-09-22T00:09:00.002-05:00

"cum ergo venerit dominus vineæ quid faciet agricolis illis; ajunt illi malos male perdet et vineam locabit aliis agricolis qui reddant ei fructum temporibus suis." Mt. 21, 40-41.

El diario El Catolicismo, órgano oficioso de la Arquidiócesis de Bogotá, ha publicado un Editorial en el cual critica la iniciativa de convocar al rezo público del santo rosario a modo de protesta contra la persecusión anticristiana impulsada por gobiernos como el de Claudia López en la alcaldía de Bogotá, autor intelectual del cierre del oratorio en el aeropuerto El Dorado, o el nacional de Gustavo Petro que amenaza por cerrar la capilla del Congreso de la República. El articulo, que recuerda a una reciente publicación del medio estadounidense The Atlantic que comparaba la camándula de los católicos con el rifle de asalto AR-15, pretende alertar sobre una tendencia nociva en la movilización política del laicado católico, pero termina convirtiéndose en síntoma autoevidente de la necesidad de tal movilización, dada la orfandad del pueblo católico por la negligencia palpable del clero, que reniega de aquello que ha prometido mantener y transmitir.

“Convirtieron el Rosario en un arma de protesta”, dijo recientemente un prelado, viendo las imágenes de unas personas situadas en la calle para protestar contra algo que no era de su agrado. Y es cierto. Se ha convertido en una especie de hábito el que algunos católicos se agrupen ante instituciones, clínicas, edificios estatales y, camándula en mano, expresen su protesta por una u otra cuestión. Aunque hay que reconocer la valentía de situarse en la calle para levantar la voz de protesta cuando hay ofensas a la religión y a la Iglesia, cabe preguntarse si una oración como la del Rosario fue diseñada para tal fin, pero, sobre todo, si esos plantones generan a la larga algo positivo o una mayor repelencia con la fe y la Iglesia.

Parece olvidar el anónimo prelado, citado por el medio, que la analogía bélica con la vida cristiana es utilizada desde el mismo San Pablo: "Tomad, también, el yelmo de la salvación y la la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios; siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos." (Ef. 6, 17-18.) Si les repugna a los prelados que los católicos tomen el rosario como arma, es porque han olvidado que “la vida del hombre en la tierra es milicia” (Job 7, 1.) y les preocupa el agrado o desagrado del Mundo que la gloria de Dios (Jn 5, 44.). En efecto, si Cristo se hubiera preocupado jamás por la repelencia que sus palabras pudieran causar en el público, no habría dicho una sola, ni habría hecho milagros en sábado, y, en fín, habría hecho todo lo posible por evitar su crucifixión. Los apóstoles habrían callado la resurrección de Cristo, dada la repelencia del Sanedrín, Pablo habría callado la predicación ante la repelencia de los atenienses, y el Evangelio, en resumen, habríase extinguido ante la repelencia producida en las autoridades romanas.

El editorial parece reconocer que el enmudecimiento acomodaticio del clero sólo ha producido repelencia por parte de los fieles laicos, que de un momento a otro se han visto pastoreados por mercenarios. “Hoy en día se ha visto un despertar notable de los laicos para ser la voz de protesta de la Iglesia pues a veces consideran las intervenciones de los pastores muy genéricas y diplomáticas, sin efectos reales sobre ciertos problemas por solucionar.” pero acto seguido nos da justamente la razón de tal abandono de funciones por parte de los pastores: “Sin embargo, pareciera que hoy en día la Iglesia tiene que ser la abanderada del diálogo en todo momento, pero sobre todo en cuestiones problemáticas que causan tensiones”.

¡Omnipotente mantra del “diálogo”, que habría salvado a Cristo de la crucifixión y librado a los Apóstoles del martirio! ¡Qué lástima que en la primitiva Iglesia apostólica no hubiesen conocido su poder disolvente (¿Cuántas veces aparece la palabra en el Evangelio?)! Gracias al novísimo descubrimiento del diálogo podemos lograr que el Evangelio y el antievangelio se sintetizen en un nuevo paradigma que no sea una cosa ni la otra pero que parezca ambas a la vez. ¡Tarde llegaron a la Iglesia los apóstoles Hegel y Habermas a enseñarnos que el diálogo exige la determinación mutua de las partes dialogantes, y exige por lo tanto la disposición a la indeterminación permanente (pues las verdades no se dialogan)!

El diálogo es la antítesis de la evangelización. Los Hechos de los Apóstoles dan cuenta de las múltiples conversaciones que tuvieron al predicar el Evangelio. El corpus riquísimo de los apologetas no es más que la compliación de las discusiones que sostuvieron contra aquellos que sentían “repelencia con la fe y la Iglesia”. Empero, nunca ninguno de ellos renunció a afirmar la verdad del Evangelio y la necesidad de la Fe católica para la salvación de las almas, ni cambiar sus palabras por miedo al rechazo y la repelencia.

Podrá creer el lector que me excedo al oponer el espíritu de diálogo con la evangelización, y presumir en el editorialista tal negación del mandato evangélico. Afortunadamente, a confesión de parte, relevo de prueba, y no es sino escuchar al mismo autor para verificar tal antonimia (negrillas nuestras):

Por eso, insistimos, el diálogo para crear, fortalecer o sanar vínculos de la fe y la sociedad, o la fe y las instituciones, o la fe y el Estado, debe ser la herramienta –no arma- para lograr acuerdos benéficos para que los creyentes puedan vivir su fe en medio de la sociedad sin mayores inconvenientes. La Iglesia toda debe ser conciente de que estamos en un mundo cambiante y que se hace necesario encontrar las formas adecuadas para continuar su misión en todas partes. En Colombia, la Constitución y las leyes admiten y protegen los derechos religiosos de las personas y en ese marco hay que actuar.

Así como lo leen: No se trata de que los católicos pretendan que toda la sociedad colombiana vuelva al seno de la Iglesia, "que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre." (Flp. 2, 11), se trata de que nos acomodemos a ser un ingrediente más del decorado multirreligioso del “Estado laico”, una alternativa más en el menú de la Libertad Religiosa. Estamos en un mundo cambiante, y ya no son los tiempos en que la Iglesia guiaba al mundo, sino que ahora la Iglesia ha de dejarse guiar por el Mundo. Se trata de dejar que el mundo cambie y “progrese” en su carrera precipitada al abismo, si así lo pide la Constitución y la ley, mientras nos dejen tranquilos vivir “nuestra fe” (en minúscula claro, porque el posesivo indica que no es la virtud teologal de ‘la Fe’, sino una mera opción particular) sin “inconvenientes” (imposible leerlo sin la voz del personaje de Thomas Cromwell en Un hombre para la eternidad).

Que el Estado permita el “matrimonio” entre personas del mismo sexo, mientras nos dejen celebrar nuestro matrimonio religioso. Que legalicen el aborto, pero que no lo obligen a los médicos y hospitales católicos. Que eliminen toda expresión pública y oficial de la Fe católica, que ordenen el cierre de las Iglesias y pretendan dictar la forma en que se ha de celebrar el rito y repartir los sacramentos (Duque fecit), pero eso sí (¡horror!) que no le vayan a cobrar impuestos al clero. No es fortuito que el editorial reproduzca la línea marcada previamente por lo medios estadounidenses: Estamos ante la vieja heterodoxia del Americanismo contra la que advirtió León XIII:

El fundamento sobre el que se fundan estas nuevas ideas es que, con el fin de atraer más fácilmente a la sabiduría católica a aquellos que disienten de ella, la Iglesia debe acercarse un poco más a la humanidad de este siglo ya maduro, aflojar su antigua severidad y hacer algunas concesiones a los gustos y opiniones recientemente introducidas entre los pueblos. Muchos piensan que estas concesiones deben ser hechas no sólo en asuntos de disciplina, sino también en las doctrinas que conforman el "depósito de la fe". Ellos sostienen que sería oportuno, para ganar las voluntades de aquellos que disienten de nosotros, omitir ciertos puntos de la doctrina como si fueran de menor importancia, o moderarlos de tal manera que no conservarían el mismo sentido que la Iglesia constantemente les ha dado. (…) No puede en absoluto considerarse como carente de culpa el silencio con el que ciertos principios de la doctrina católica son intencionalmente omitidos y oscurecidos con un cierto olvido. Pues uno y el mismo es el Autor y Maestro de todas estas verdades que son abrazadas por la disciplina cristiana: «el Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre» (Jn 1,18). Estas verdades son adecuadas para todos los tiempos y todas las naciones, como se ve claramente por las palabras de Nuestro Señor a sus apóstoles: «Id, pues, y enseñad a todas las naciones; enseñándoles a observar todo lo que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28,19). Testem Benevolentiae Nostrae.

Pues, sin oposición por parte de la Constitución del Estado, sin impedimento alguno por parte de la ley, defendida contra la violencia por le derecho común y por la justicia de los tribunales, le ha sido dada a vuestra Iglesia una facultad de vivir segura y desenvolverse sin obstáculos. Pero, aun siendo todo esto verdad, se evitará creer erróneamente, como alguno podría hacerlo partiendo de ello, que el modelo ideal de la situación de la Iglesia hubiera de buscarse en Norteamérica o que universalmente es lícito o conveniente que lo político y lo religioso estén disociados y separados, al estilo norteamericano. Pues que el catolicismo se halle incólume entre vosotros, que incluso se desarrolle prósperamente, todo esto debe atribuirse exclusivamente a la fecundidad de que la Iglesia fue dotada por Dios y a que, si nada se le opone, si no encuentra impedimentos, ella sola, espontáneamente, brota y se desarrolla; aunque indudablemente dará más y mejores frutos si, además de la libertad, goza del favor de las leyes y de la protección del poder público. Loginqua Oceani.

Hay otros liberales algo más moderados, pero no por esto más consecuentes consigo mismos; estos liberales afirman que, efectivamente, las leyes divinas deben regular la vida y la conducta de los particulares, pero no la vida y la conducta del Estado; es lícito en la vida política apartarse de los preceptos de Dios y legislar sin tenerlos en cuenta para nada. De esta noble afirmación brota la perniciosa consecuencia de que es necesaria la separación entre la Iglesia y el Estado. Es fácil de comprender el absurdo error de estas afirmaciones. Libertas Praestantissimum.

El Americanismo, versión sibilina y disimulada del Liberalismo de tercer grado, pretende que la Iglesia abrace la libertad liberal de cultos, y abandone su pretensión acerca de la Constitución católica de los Estados; que ante el temor del laicismo agresivo, que proscribe toda religión, abracemos la “laicidad” positiva, que promueve la pluralidad de religiones. Es ese mismo Americanismo el que se ha implantado en Colombia con la Constitución de 1991 como proyecto político neutralizador del Catolicismo en la sociedad colombiana, y que, como lo evidencia el artículo, se ha instalado en el clero colombiano para convencerlo de la Fe no es lucha sino tranquilidad, y no hay que alborotar el avispero mientras nos dejen facturar en paz.

Editorial: No existe la “doctrina del mal menor” en la moral católica.

2022-06-13T01:23:00.001-05:00

Desde la fundación de Voto Católico Colombia, hemos señalado al ´”voto útil” como el enemigo del Voto Católico, que debe siempre ser en conciencia. Cada cuatro años, los buenos candidatos que se han presentado, especialmente en las elecciones legislativa, han sido sistemáticamente abandonados por el voto de los católicos, quienes ante el temor infundido por la izquierda, han decidido votar por “el candidato con opciones” que al salir elegidos han participado y apoyado la misma agenda progresista de la izquierda.

Esa misma lógica malsana es la que cada cuatro años vende a los católicos un mal candidato, un candidato abortista, eugenista, eutanasista homosexualista, con la excusa de que es un “mal menor” al ser comparado con el candidato de la izquierda. En los años anteriores el nombre de “mal menor” hacía referencia a que la elección era entre un candidato que defendía la legalización total del aborto frente a otro que decía “respetar” las decisiones de la Corte. En aquel entonces el mal menor era meramente aparente, pero al menos evidenciaba la necesidad de mantener las apariencias en función de los votos, cosa que hoy ya ni es necesaria.

En efecto, hoy en día no sólo han aparecido católicos, católicos pro-vida, conservadores, de formación supuestamente tradicional, quienes no sólo le tuercen el pescuezo a la moral católica para defender la existencia de una “doctrina del mal menor”, no sólo para justificar la licitud moral de votar por un candidato abiertamente radical en temas como el aborto, la ideología de género o la legalización de la droga, sino incluso para pretender que habría una obligación de votar por ese supuesto “mal menor”. Indepedientemente de la situación concreta del país y de los candidatos existentes, parece urgente desmentir la existencia de semejante “doctrina del mal menor” que bajo los mismos mecanismos de la moral de situación, destruye los fundamentos de la moral católica.

La supuesta doctrina del “mal menor”

Según tal “doctrina”, estando abocados a elegir entre dos males, en este caso votar en una elección en que el programa de ambos candidatos es malo (ej: ambos candidatos son abortistas), es perfectamente legítimo optar por el menos malo de los dos (ej: Aquel de los dos que no es Comunista), mientras se tenga claro que no se vota a favor del candidato malo sino en contra del otro peor. Esta salvedad según unos debería hacerse de forma pública, mientras que otros dicen que basta con que el católico tenga esa claridad en la conciencia. Algunos añaden incluso, que siendo uno de los dos candidatos un Comunista, existiría incluso la obligación de oponerse a él por todos los medios, incluyendo votar por el otro candidato, de modo que los católicos que votasen en blanco o se abstuviesen de votar serían culpables de omisión por “permitir que Colombia caiga bajo el yugo del Comunismo”.

Resulta difícil encontrar el fundamento que utilizan los católicos antecitados para defender la existencia de supuesta “doctrina del mal menor”. El P. José María Iraburu la describe citando a Santo Tomás:

El gobierno humano proviene del divino y debe imitarle. Pues bien, siendo Dios omnipotente y sumamente bueno, permite, sin embargo, que sucedan males en el universo pudiéndolos impedir, no suceda que, suprimiendo esos males, queden impedidos bienes mayores o incluso se sigan peores males. Así, pues, en el gobierno humano, quienes gobiernan toleran también razonablemente algunos males para no impedir otros bienes, o incluso para evitar peores males. Así lo afirma San Agustín en II De Ordine: Quita a las meretrices de entre los humanos y habrás turbado todas las cosas con sensualidades. Por consiguiente, aunque pequen en sus ritos, pueden ser tolerados los infieles, sea por algún bien que puede provenir de ello, sea por evitar algún mal. (Summa Teológica, II-II, q.10, art. 11)

Aquí conviene anotar que existe una diferencia radical entre la tolerancia del mal menor, propuesta por Santo Tomás. y la pretendida “doctrina del mal menor” que defiende la posibilidad de hacer el mal con el objeto de hacer un bien. Santo Tomás indica la licitud de tolerar el mal menor en la acción misma de Dios, que pudiendo eliminar el mal del Mundo no lo hace, sin que pueda decirse en ningún momento que Dios sea la causa del mal existente. Dios permite el mal menor, pero en ningún momento hace el mal, pues eso sería absolutamente contrario a su naturaleza.

En ese orden, la doctrina moral de la Iglesia siempre ha rechazado la tesis maquiavélica según el cual una acción mala pueda convertirse en buena según el efecto buscado.

En verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social. (Pablo VI, Humanae Vitae 14)

Según la filosofía moral, la bondad o malicia del acto depende del objeto, intención y las circunstancias. La intención hace referencia a la parte subjetiva del acto, el fin deseado por la voluntad al mover la acción, el objeto a la acción en sí misma considerada, y las circunstancias a los demás aspectos contingentes que rodean la acción (incluyendo los efectos, salvo que sean previstos pues entonces son incluidos en la intención). La Iglesia enseña que un acto bueno requiere bondad de intención, objeto y circunstancias (bonum ex integra causa malum ex quocumque defectu) por lo cual un acto que sea objetivamente malo, no puede convertirse en bueno sólo por estar inspirado por una buena intención o procurando obtener un efecto bueno. (Juan Pablo II, Veritatis Splendor 81)

Contra esta misma tesis del consecuencialismo moral advierte el famoso moralista Antonio Royo Marín (negrillas nuestras):

El mal menor es un mal, y no es lícito jamás inducir a nadie al mal, aunque se trate de un pecado venialísimo. No vale decir que al aconsejarle el mal menor no se intenta la producción de ese mal menor, sino la disminución del mal mayor, lo cual no deja de ser un bien. Es falso este modo de razonar. Porque lo que procede para alejarle del mal mayor es aconsejarle que desista de él, o proponerle un bien en el que no había reparado, o distraerle para evitar que se entregue al mal, o a lo sumo proporcionarle ocasión de un mal menor sin aconsejárselo; pero jamás aconsejándole un mal, aunque sea menor. Si no es lícito jamás inducir a nadie a cometer un pecado leve, ¿por qué lo ha de ser en esta ocasión? De dos males desiguales o iguales no se puede aconsejar ninguno: hay que rechazar los dos. Tanto más cuanto de ordinario se incurrirá en el inconveniente notado por los partidarios de la última opinión indicada, a saber: que se le hará cometer un segundo pecado (el menor), además del mayor ya cometido en su corazón. (Antonio Royo Marín O.P., Teología Moral para Seglares II, Lib. III Trat. I, Sec. I, Cap. III, lit. G)

Aunque en esta ocasión se refiere específicamente al escándalo que comete quien aconseja un mal, con la excusa de que se trata de un mal menor frente al que se quiere cometer, el principio es perfectamente aplicable para el caso del voto, pues el voto no es más que el mensaje enviado por la ciudadanía (Si bien limitado y filtrado por el rango de opciones que le permiten los partidos políticos) acerca del tipo de gobierno que desean tener, y por ende tiene una cierta relación de causalidad respecto de los actos realizados por el gobierno elegido.

¿Votar por un candidato implica necesariamente avalar todo su programa?

Ahora bien, algunos de estos católicos niegan que votar por un candidato que en su programa haya declarado defender el aborto, las uniones homosexuales, etc. constituya un mal intrínseco capaz de viciar por completo la moralidad de la accion. Más aún, si consideramos que actualmente no existe ningún candidato que no defienda la legalización, al menos parcial del aborto, es perfectamente lícito guiarse por otros temas a la hora de votar mientras se deje públicamente claro el desacuerdo con los aspectos reprochables del programa del candidato.

Sin embargo, algo muy distinto nos dice el Magisterio de la Iglesia:

En tal contexto, hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral. Ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad. Ni tampoco el católico puede delegar en otros el compromiso cristiano que proviene del evangelio de Jesucristo, para que la verdad sobre el hombre y el mundo pueda ser anunciada y realizada. (Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política 4)

Cabe recordar que en esa misma nota doctrinal el Card. Ratzinger incluyó el rechazo al aborto y la eutanasia como “exigencias éticas fundamentales” que “no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno”, y en otros pronunciamentos posteriores, ya como Benedicto XVI, los denominó “principios no negociables”. ¿Qué puede significar esa “no negociabilidad” de la defensa de la vida humana si pretendemos votar en favor de un candidato abortista sólo “porque el otro es peor”?

Los católicos malminoristas argumentan la posibilidad de votar por el “menos abortista” de los candidatos, rechazando la parte mala de su programa político, invocando un pronunciamiento de Juan Pablo II:

Un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. No son raros semejantes casos. En efecto, se constata el dato de que mientras en algunas partes del mundo continúan las campañas para la introducción de leyes a favor del aborto, apoyadas no pocas veces por poderosos organismos internacionales, en otras Naciones —particularmente aquéllas que han tenido ya la experiencia amarga de tales legislaciones permisivas— van apareciendo señales de revisión. En el caso expuesto, cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta; antes bien se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos. (Juan Pablo II, Evangelium Vitae 73)

Empero, es importante anotar las profundas diferencias en el caso hipótético señalado en la encíclica y el caso en el que se pretende aplicar la analogía. En primer lugar, nótese que Juan Pablo II deja bien claro que se trata de una opción “más restrictiva” respecto del mismo tema del aborto, es decir que la opción por la cual se opta no es dejar el aborto tal y como está (“Soy respetuoso de las decisiones de la Corte”) ni mucho menos dejar de lado el tema del aborto y pasar a otros temas del programa político (“ambos son igual de abortistas”), sino que implique una limitación del mal que ya se está cometiendo, aunque lo permita en cierto grado. En este caso se aplica plenamente el principio de Santo Tomás en tanto que el mal no es causado por el voto del parlamentario, sino permitido con algunas restricciones.

Además, se ha de notar la diferencia entre el voto público que realiza el parlamentario de forma pública en las corporaciones, y el voto que realiza el ciudadano de forma anónima. El primero puede declarar públicamente las razones de su voto y realizar las salvedades y matices que sean necesarias para presionar en favor de una prohibición total del aborto, mientras que el segundo sólo puede marcar la casilla del candidato sin que pueda hacer en el tarjetón ninguna anotación sobre los aspectos negativos de su programa ni declarar a nadie su desacuerdo con los mismos, su voto será artiméticamente sumado a los otros millones de ciudadanos y contabilizados como un apoyo pleno a la candidatura de tal candidato. Si el candidato abortista obtiene 5 millones de votos la ley y el sentido común dan por hecho que esos 5 millones de ciudadanos avalan el programa político del candidato sin que haya forma de adivinar que 3 millones de ellos están en desacuerdo con su apoyo al aborto.

Pretender que puede sancionarse con el voto el programa abortista de un candidato sólo por el hecho de pensar en la conciencia, o afirmar públicamente, que se rechaza ese punto o que no se vota por ese candidato sino contra el otro, recuerda a los abusos jesuíticos del principio de restricción mental según los cuales podría responderse al que interroga algo que le dejase completamente engañado si en nuestra conciencia le damos un significado diferente a las palabras de modo que subjetivamente no sería mentira lo dicho, aunque en su sentido explícito lo sea. Al respecto sirva recordar los límites que existen al uso legítimo de tal recurso (negrillas nuestras):

4.a No es lícito, sin embargo, usar la restricción mental cuando es obligatorio manifestar la verdad por exigirlo así la fe, la caridad, la justicia, la religión, etc. Y así no puede usarse cuando equivaldría a negar la fe ante el tirano que interroga sobre ella o en la confesión sacramental de los pecados que se acusan por primera vez (pero sí en caso de estar ya confesados); cuando se trata de alguna condición substancial para la validez de un contrato; ante el juez que interroga legítimamente (a no ser que se trate de la confesión del propio delito, como ya hemos dicho); ante el legítimo superior que interroga sobre cosas necesarias para el gobierno de los súbditos; cuando de la restricción surgiría algún daño injusto para el prójimo, etc. (Antonio Royo Marín O.P., Teología Moral para Seglares II, Lib. III Trat. I, Sec. II, Cap. IV, art. 1)

Aunque el católico pueda considerar las razones de su voto de forma completamente diversa, la única lectura objetiva que se podrá hacer del mismo será la sanción del programa político al cual se ha dado el voto. Adicionalmente, si fuera lícito a un católico obviar los aspectos intrínsecamente perversos del candidato por el cual se vota, y votar en su lugar por los pocos buenos que hubiese o a duras penas “por que no gane el otro”, entonces quienes así piensan están legitimando a su vez que el católico vote por el candidato contrario. De modo que el supuesto principio resulta absurdo para decidir el voto.

¿No puede aplicarse en este caso el principio de doble efecto?

Aunque ya haya quedado suficientemente refutado, conviene rescatar la verdadera moral católica de las falsificaciones que actualmente circulan, y otro de esos puntos falsificados es el principio de doble efecto. Según este principio, es lícita una acción de la que se sigan un efecto bueno y un efecto malo siempre y cuando sea el efecto bueno el que se desea procurar. En este orden, dicen los católicos malminoristas que es perfectamente legítimo dar el voto al candidato abortista pues en este caso evitar la victoria del otro candidato es el efecto bueno que se procura y la victoria de ese candidato abortista es el efecto malo que no se puede evitar.

No obstante, se debe recordar que para que pueda hablarse del principio de doble efecto, deben concurrir las siguientes condiciones:

a) que la acción u omisión sea buena o indiferente; b)que de ella se siga, al menos, con la misma inmediación, el efecto bueno, y no éste mediante el malo; c) que el efecto bueno sea proporcionado al malo; y d) que se intente únicamente el bueno y no el malo. (Antonio Royo Marín O.P., Teología Moral para Seglares II, Lib. II, Cap. I, Sec. II, lit. A)

En este caso, el principio de doble efecto no se aplica puesto que dar el voto a un programa político que defiende un promueve un mal intrínseco como el aborto es una acción objetivamente mala, y porque el efecto malo (la aprobación del candidato abortista) resulta un efecto inmediato del voto, mientras que el efecto bueno (evitar la elección del otro candidato) es un efecto remotísimo que para darse exige un montón de causas adicionales (el voto de los otros millones de ciudadanos).

Sirva además anotar la diferencia substancial de inmediación entre ambos efectos, para resaltar la desproporción absurda en que incurren cuando al mismo tiempo que afirman que el católico que vota por el candidato A no se hace culpable de la promoción del aborto contenida en su programa de gobierno, mientras que los católicos que votan en blanco o no votan sí son culpables del mal contenido en el programa del candidato B. ¿Cómo pretenden culpabilizar a estos últimos de los efectos indirectos de su opción, de lo que el voto no implica de forma necesaria ni suficiente, mientras que ellos se exoneran de los efectos directos de la suya, de lo que el voto sí afirma necesariamente?

Católicos totalmente secuestrados por el inmanentismo

¿Significa entonces que ante una elección en que dos candidatos apoyan el aborto la única opción católica es abstenerse o votar en blanco? ¿Podemos permanecer de brazos cruzados y permitir que el país se vaya al abismo? ¿No es esto contradictorio con el deber de todo católico de participar en la vida política para la construcción del bien común?

Como indicamos al inicio de este editorial, en Voto Católico Colombia siempre hemos defendido que el voto católico ha de ser siempre voto en conciencia, porque si bien reconocemos que el voto tiene un valor ínfimo a nivel político (igual a la fracción numérica de un voto individual entre los millones de votos depositados) consideramos, a la luz del magisterio, que tiene un valor fundamental en la conciencia del individuo que con su voto avala las acciones del gobierno elegido. Lamentablemente, este orden de prioridades se ve completamente subvertido cuando los católicos, haciendo alegres cálculos políticos y sobreestimando el peso de su voto, transigen en aspectos fundamentales de la fe y la moral y minimizan la gravedad del aborto, la eutanasia, la sodomía, la blasfemia, etc.

En muchos de estos ambientes se defiende la lucha contra el comunismo como una parte de la lucha espiritual trasladada al campo social, y no podríamos estar más de acuerdo al respecto. Lo que nos resulta incomprensible es que en función de frenar el comunismo se pretenda legítimo aliarse con el diablo, y la demonización del comunismo nos lleve a exculpar por completo pecados tan grandes que claman al Cielo por justicia, como los anteriormente citados. Tal mentalidad, aunque se revista de lenguaje muy espiritual, no es sino un síntoma del inmanentismo reinante entre los católicos, aún los más conservadores y tradicionales.

En efecto, el único interés del diablo es la perdición de las almas, y para ello puede servirse tanto de la mano derecha como de la mano izquierda. Ciertamente un régimen político puede ser totalmente instrumental en tal propósito, o por el contrario puede fomentar la virtud entre los ciudadanos, pero es ingenuo (si no una terrible presunción) que es posible derrotar los planes preternaturales con una sutil estrategia política de concesión al mal. El diablo siempre será más astuto que nosotros, y la mejor prueba es ver cómo de mal menor en mal menor en Colombia hemos llegado al peor de los escenarios posibles (legalización total del aborto, “matrimonio” homosexual con adopción, eutanasia infantil, suicidio asistido, alquiler de vientres, ideología de género obligatoria en los colegios, y un largo etc.). La única forma de vencer al demonio es con el influjo de la Gracia de Cristo que puede hacer brotar la santidad en el corazón más endurecido.

Ningún gobierno o régimen político podrá jamás detener el plan de salvación que Dios ha establecido para el ser humano desde el inicio de los tiempos, así como no hubo emperador romano, por violento o astuto que fuera, capaz de frenar la difusión de la Fe Cristiana en los primeros siglos. Si el miedo a un eventual cambio de régimen nos lleva a renunciar a aspectos fundamentales de la Fe y de la moral, no estaremos muy lejos de los que apostataban por el miedo a la muerte. Cuando contemplamos los problemas políticos con una perspectiva verdaderamente espiritual salta a la vista que el demonio gana mucho más cuando consigue que los católicos defiendan el aborto, la eutanasia o la blasfemia como el “mal menor”, que cuando logra que los incrédulos y liberales instauren el régimen progresista que el vientre les dicta.

Si verdaderamente “[El candidato A] es el demonio”, o el gobierno del candidato B “es el inicio del Apocalipsis” (expresiones reales escuchadas a algunos católicos), no podemos permitir que el miedo nos lleve a vender el alma. Al contrario, cualquiera que sea el resultado de las elecciones del próximo domingo, podemos estar seguros que el próximo gobierno podrá ser el peor que hayamos visto en la historia reciente y aún así recibirlo con la esperanza intacta. Pues,

"¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?, como dice la Escritura: Por tu causa somos muertos todo el día; tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro." Romanos 8, 35-39.

Y no se entienda en esta sana indiferencia un llamado al retraimiento o apartamiento donatista frente a la vida política. Al contrario, existen mecanismos mucho más efectivos y para la participación política que el acto de depositar un papel cada cuatro años. Si tenemos que dar la pelea los próximos cuatro años contra el gobierno ultraprogresista que de seguro nos gobernará, lo mínimo es que mantengamos los principios intactos y la conciencia limpia.

La Hipócrita y falsaria “declaración pública” de la Corte Constitucional

2022-03-03T22:28:00.001-05:00

Después de haber dado su aprobación al libre desmembramiento de niños hasta las 24 semanas de gestación, los magistrados de la Corte Constitucional han resentido el masivo rechazo de la sociedad, y más particularmente, el hecho de que la gente comienza a ponerle nombre y apellido a las abominables sentencias expedidas por semejante antro de iniquidad. Ahora, tratando de salir al paso a las voces que reclaman una reforma radical de las competencias y poderes de la Corte, ha publicado una declaración en la que trata de encubrir sus crímenes con una máscara de legalismo hipócrita, como expondremos a continuación.

Mentira 1: La Corte cumple su función en los términos previstos por la Constitución

La declaración inicia diciendo “La Constitución Política de 1991 le confió a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política, para lo cual ejerce, entre otras, las funciones de control judicial sobre la actividad legislativa que cumple en los precisos términos previstos en los artículos 241 a 244 de la misma Constitución con miras a garantizar el respeto y efectividad del orden constitucional y en general del Estado Social y Democrático de Derecho.”

Por el contrario, como hemos expuesto en varias oportunidades, la Corte Constitucional acostumbra saltarse tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Rama Judicial, valiéndose de la ausencia de control sobre sus decisiones. Por poner sólo un ejemplo que toca a la sentencia comunicada el pasado 21 de febrero: El artículo 241 de la Constitución establece “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.” pero la flamante sentencia C-055/22 (despenalización total del aborto) contradice la cosa juzgada constitucional en la sentencia C-355/06 (despenalización parcial del aborto), la cual a su vez desconoce y tergiversa la cosa juzgada establecida en la sentencia C-133/94 (Exequibilidad del tipo penal de aborto). No es el único caso, pues todos aquellos en los que la corte invoca la “interpretación evolutiva” de la Constitución, lo hace para desconocer el precedente judicial, como la C-683/15 (Adopción por parejas del mismo sexo) que contradice la cosa juzgada constitucional en la sentencia C-071/15 (Adopción consentida).

Mentira 2: La decisión mayoritaria garantiza la legalidad y legitimidad de las sentencias

La Corte continúa diciendo: “La Corte es un órgano autónomo e independiente, como lo son igualmente las distintas altas corporaciones judiciales, sus decisiones se adoptan con las mayorías exigidas por el ordenamiento jurídico, todo lo cual garantiza tanto su indiscutible legalidad como su legitimidad.”

En este punto, queda evidenciado uno de los puntos que señalamos en nuestro comunicado sobre la sentencia C-055/22, pues revela que el problema de la legalización del aborto es, en el fondo, el problema de la sustitución del Derecho por la ideología. La Corte, que hipócritamente ha criticado el formalismo legalista y procedimental cuando le ha convenido para interpretar ampliamente el alcance de sus propios poderes (Como con la tesis del “juicio de sustitución” referente a las reformas constitucionales), ahora utiliza el mismo formalismo para identificar legalidad y legitimidad, como si bastara una mayoría de 5 contra 4 para que lo blanco se vuelva negro, y la mera voluntad de los magistrados bastara para hacer decir a la Constitución lo contrario de lo escrito.

No, las mayorías jamás han sido garantía de legitimidad, y si no lo son las grandes mayorías populares o las arregladas mayorías del Congreso, mucho menos lo será la exigua mayoría de 5 contra 4.

Mentira 3: Personalizar las decisiones es contraria al sistema democrático

Posteriormente, dice la Corte: “En tal virtud, personalizar cualquiera de las funciones del poder público o del Estado, es contraria a los elementos básicos del sistema democrático. Minar la credibilidad e imperatividad de las decisiones judiciales, debilita el proyecto democrático que se propuso el Constituyente de 1991 y no repara en que las demás ramas del poder público pueden seguir igual suerte. Deslegitimar los fallos de los jueces constituye, sin duda, un paso previo a su desacato. Y el desacatar los pronunciamientos de los jueces sólo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho.”

Aquí la Corte olvida que una de las principales promesas de la democracia moderna, que supuestamente le harían preferible al resto de regímenes posibles, es la accountability, es decir, la posibilidad de que el pueblo pueda exigir responsabilidad a los servidores públicos por sus actos en el poder, y por lo tanto el deber de cada uno de los dignatarios de rendir cuentas ante el público por su gestión realizada. Ciertamente que tal promesa ha quedado desmentida por los hechos tras el desconocimiento por parte del presidente Juan Manuel Santos de los resultados del plebiscito del 2 de octubre de 2016, por no hablar del sometimiento del país entero a prisión domiciliaria por vía extrajudicial ordenado por el presidente Iván Duque.

Resulta además tremendamente hipócrita que los magistrados pretendan ahora diluir las responsabilidades personales por la iniquidad proferida en la sentencia C-055 de 2022, cuando el fundamento de muchos de sus fallos más controversiales, especialmente de aquellos en los que se desconoce el precedente jurisprudencial y se subvierte la cosa juzgada, no es otro que el cambio en la composición de los magistrados y su alineación ideológica personal. Si los magistrados son capaces de personalizar las sentencias, al punto de fallar en favor de familiares, nada más antidemocrático que negarle a la sociedad la postestad de personalizar las responsabilidades.

Mentira 4: Las decisiones de la Corte pueden ser controvertidas a través de los mecanismos previstos

Concluye la Corte: “En consecuencia, la Corte exhorta a todas las autoridades y a los particulares a acatar las decisiones judiciales, sin perjuicio de controvertirlas si es del caso, a través de los mecanismos previstos para ello y a garantizar su ejecución o cumplimiento. Así mismo, exhorta a la cordura y al debate sereno y respetuoso sobre el contenido veraz de tales decisiones en forma tal que se garanticen la concordia, la paz, el orden, la convivencia y la tranquilidad pública.”

Esta respuesta supera los límites de la hipocresía alcanzados previamente. La corte recuerda que las decisiones judiciales pueden ser controvertidas a través de los mecanismos previstos, pero olvida mencionar que el único mecanismo para controvertirlas es la solicitud de nulidad cuyo juez es la misma Corte. Claramente los magistrados no habrían hecho la mitad de las atrocidades con que han fustigado al país si existiese algún mecanismo que permitiera controlar sus decisiones. Mas, sabiendo que son ellos los únicos jueces de su propia actuación, gozan de total impunidad para violar todo Derecho Divino y Humano.

En efecto, todas los casos de trampa, fraude y arbitrariedad judicial que mencionamos anteriormente, los cuales incluyen casos públicos de conflicto de intereses, alteración del expediente, alteración del contenido de las sentencias, entre otros, fueron impugnados de nulidad en su momento. No obstante, como el juez de tal nulidad es la misma Corte Constitucional, los magistrados no solo han resuelto siempre en favor de su propia impunidad, sino que incluso, como en los Autos 038 y 096 de 2012 o la sentencia T-627 de 2012, persigue y ordena investigar a quienes han osado exponer su actuar fraudulento.

¡Qué fácil es exhortar a la cordura y al debate sereno cuando se tiene la sartén por el mango y el sistema gantiza la propia impunidad! Nada desafía más la cordura del colombiano de a pie que acercarse a leer el contenido de las iniquidades a los que los impresentables de la Corte prestan su firma, y encontrar que al asesinato del inocente se le llama “derecho”, que al asesinato de un niño nacido vivo se le dice “aborto por cesárea”, que a la unión de dos hombres le llaman “matrimonio”, y, en fin, que pretendan obligar a los colombianos a llamar “mujer” a un hombre mutilado, o llamar “padres biológicos” de un niño a dos hombres.

No puede haber cordura en un país en que semejantes dislates sigan vigentes como fundamentos del orden juridico. No puede haber ningún debate sereno mientras continúe la carnicería a la cual los magistrados han dado su aprobación. gimo ante el día de angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. (Ha 3, 16)