XAVIER FLORES AGUIRRE

Quito se fundó en Santiago

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 22 May 2026 14:47:30 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 22 de mayo de 2026.

El título de esta columna es una afirmación inobjetable, que paso a precisar: la villa de San Francisco de Quito se fundó en la ciudad de Santiago de Quito. Esta fundación de una villa española en los Andes ocurrió el 28 de agosto de 1534.

Así lo confirma el acta de fundación de la villa de San Francisco de Quito, constante en el “Libro Verde” publicado por primera vez en 1934. Este documento bien merece ser parte de la Memoria del Mundo de la UNESCO, pues registra el acta de nacimiento de las dos ciudades más pobladas e importantes del Ecuador, ocurridas el 15 y el 28 de agosto de 1534.

El 15 de agosto se fundó la ciudad de Santiago, por razones estratégicas, para afirmar que la conquista estaba en manos de los españoles que reconocían como su jefe a Francisco Pizarro, frente a la posible pretensión de conquista del mismo territorio que podrían tener los españoles que reconocían como su jefe a Pedro Alvarado. Estos últimos vinieron en barcos desde Centroamérica y llegaron a la costa de Caráquez en febrero de 1534. Por meses, subieron la montaña sólo para encontrarse con la novedad de que en estos territorios deambulaban los hombres de Pizarro.

Pudo ser un enfrentamiento, pero fue una negociación. La reciente ciudad de Santiago fue el escenario de la negociación entre soldados de conquista. Allí, en un campamento militar montado en las cercanías de la laguna de Colta, Diego de Almagro, en representación de Pizarro, acordó con Pedro Alvarado que, por una paga, Alvarado se volvía. Esto se decidió el 26 de agosto.

La conquista del territorio de los Andes seguía estando en manos de los hombres de Pizarro y era el momento de expandirla. Por eso, dos días después, en la ciudad de Santiago se fundó una villa. Su acta de fundación, constante en el “Libro Verde”, empieza con estas palabras contundentes: “En la ciudad de Santiago a veinte y ocho días del mes de agosto del nacimiento de nuestro salvador…”.

Las primeras palabras del documento fundacional de Quito indican el lugar de su fundación. Se ha dicho que ese lugar, la ciudad de Santiago, dejó de existir. Pero eso es falso. Un total de once testigos declaran la existencia de Santiago en probanzas hechas el 12 de octubre de 1534 a petición de Diego de Almagro, su fundador. Y despeja toda duda la aprobación del adelantado Francisco Pizarro (hecha en una Lima de cuatro días de fundada, el 22 de enero de 1535) de lo actuado en la provincia de Quito por Diego de Almagro, fundando dos pueblos, “el uno, la ciudad de Santiago y el otro, la villa de San Francisco”.

La villa de San Francisco de Quito se trasladó a un lugar que constaba en su acta fundacional. (Además, la ascendieron a ciudad pronto, en 1541). Se fue para el norte y se asentó en su lugar definitivo el 6 de diciembre de 1534. Equivocadamente, allí celebran esta última fecha como la de su fundación.

La suerte de la ciudad de Santiago de Quito fue distinta. Se trasladó a la Costa y se asentó en varios lugares, hasta que en 1547 lo hizo de manera definitiva en el cerro Santa Ana, frente a un río grande. Conservó el nombre español (Santiago) pero cambió el topónimo (de Quito a Guayaquil).

En una incipiente ciudad que sería Guayaquil, se fundó Quito.

Papelones

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 15 May 2026 12:06:55 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 15 de mayo de 2026.

El año 2011, el Presidente Rafael Correa decidió demandar a diario El Universo por una columna de opinión. Ese mismo año, con algunos amigos y (en retrospectiva) un canalla, fundé un medio de comunicación digital que se llamó Gkillcity.

En Gkillcity escribí un artículo que se tituló “El papelón”: una sólida argumentación, basada en normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para concluir que este asunto se iba a resolver en el Sistema Interamericano (Comisión o Corte) en contra del Estado del Ecuador. Es lo que suele suceder, en un Ecuador en el que hablar de “sistema de justicia” es una broma de mal gusto.

El tiempo me dio la razón. El caso de Correa vs. El Universo llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, el año 2021, este tribunal condenó al Estado del Ecuador.

La persecución a un medio de comunicación el año 2011 utilizó el sistema judicial. Quince años después, las herramientas que usa el Poder Ejecutivo para perseguir a un medio de comunicación son otras, pero las consecuencias serán las mismas.

El año 2026, el Poder Ejecutivo opera de una forma opaca y utiliza órganos administrativos, obscenamente sometidos y dispuestos a complacer los caprichos del Poder Ejecutivo. Con esta fórmula ladina y artera, a través de los abusos de una Superintendencia, se quiere tomar el control societario de la empresa Granasa, casa editorial de los diarios Expreso y Extra.

Será un nuevo papelón. En su artículo 13 numeral 3, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe las restricciones de la libertad de expresión por vías o medios indirectos. Entonces, de persistir en su retahíla de abusos, la consecuencia de estas actuaciones del Poder Ejecutivo será otra condena internacional para el Estado ecuatoriano.

Para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana, en el marco de la OEA se adoptó la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, cuyo principio 13 deja en claro que, “la utilización del poder del Estado (…) con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. (…) Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

Es decir, esta vez es Noboa vs. Granasa. Es el Estado tropezando una vez más con la misma piedra de abusos contra los medios de comunicación.

En lo que hay de distinto: por el proceder opaco y artero del Poder Ejecutivo, hay miedo. El año 2011, la sociedad ecuatoriana protestó por Correa vs. El Universo. Quince años después, la sociedad ecuatoriana guarda un ominoso silencio frente a Noboa vs. Granasa.

El mismo abuso, similares papelones ante la justicia internacional, pero ahora se ha instalado el miedo en la sociedad y hoy se guarda un “silencio bastante parecido a la estupidez” (frase inscrita en la proclama de la Junta Tuitiva de la Paz del 16 de julio de 1809, frente a los abusos de los españoles). Enmudecernos: ese es uno de los pilares para asentar una autocracia.

La transparencia que falta

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 08 May 2026 16:38:00 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 8 de mayo de 2026.

Un órgano de la Función de Transparencia, la Contraloría General del Estado, actuó en contra de la transparencia: en su página web, ella ordenó que se implementen unos cambios para restringir el acceso a la información contenida en las declaraciones juramentadas de los funcionarios públicos.

Por estos cambios, se restringe el acceso a información como el año al que corresponde cada declaración y la fecha en que el funcionario inició y salió del cargo. También se impide descargar en PDF el archivo que contiene la información. Peor aún, se debe dejar constancia del número de cédula y del correo electrónico de quien accedió a la información.

Estos cambios impuestos por la Contraloría son contrarios a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información. En especial, la Corte Interamericana ha declarado que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación” (Claude Reyes y otros, Párr. 92). Por este principio se obliga a los Estados a que, si deciden restringir el acceso a la información, cumplan varios requisitos: verdadera excepcionalidad, consagración en la Ley, objetivos legítimos, necesidad y estricta proporcionalidad.

Es claro que los cambios de la Contraloría no satisfacen estos requisitos, interpretados a la luz del principio que debe ser defendido por toda sociedad democrática: el principio de máxima divulgación de la información. Este principio implica el acceso a una información completa, comprensible y en forma anónima, como recomienda la Ley Modelo adoptada en el marco de la OEA.

Estar en contra del principio de máxima divulgación persigue siempre el mismo objetivo, cuando de una autocracia in statu nascendi se trata: satisfacer el deseo autócrata de operar en la opacidad. Este es su ambiente natural.

Entonces, un órgano que debió velar por la transparencia, la Contraloría General del Estado, actuó a favor de cumplir un propósito innoble del gobierno de Daniel Noboa: operar en la opacidad. En este gobierno son unos informes reservados los que determinan la expulsión de un extranjero del territorio, o el traslado del Alcalde de Guayaquil a una cárcel de máxima seguridad. En este gobierno son unas denuncias anónimas las que movilizan al poder punitivo del Estado para allanar instituciones públicas o para perseguir a quienes la ambición autocrática percibe como sus ‘enemigos’ políticos.

Es peor: la falta de transparencia es apenas una de las aristas de la desmejora institucional de los últimos años. La publicación reciente del informe 2026 de Freedom House, un organismo internacional que evalúa anualmente el estado de la libertad en el mundo, es ilustrativa a este respecto.

Comparado con el resultado del año 2022, cuando el Ecuador era calificado por Freedom House como un “país libre”, hemos descendido a “parcialmente libre”, perdiendo siete puntos principalmente durante el gobierno de Noboa. Hoy calificamos 64/100. Éramos un país libre, hoy estamos en caída libre. En libertad de prensa, apenas tenemos 2/4.

No hay que perder la perspectiva: la transparencia que hoy falta es la opacidad que busca, típicamente, una autocracia.

Borrero, condenado

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 01 May 2026 22:46:00 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 1 de mayo de 2026.

Hubo un hombre que sostuvo con ardor una Constitución, cueste lo que cueste. No cualquier Constitución: una de las más populares/impopulares de la historia del Ecuador. Popular por su aprobación en referéndum con el 96.36%. Impopular por sus consecuencias: su afán de orden teológico coartaba libertades y el resultado de esta opresión fue el asesinato de su creador.

La “Carta Negra” (así pasó a la historia) duró un período de gobierno entre 1869 y 1875, año de la muerte de su creador. El hombre que lo reemplazó, tras las elecciones en 1875, fue el cuencano Antonio Borrero. Él sostuvo con ardor la Constitución de 1869.

Borrero llegó a Presidente en una de las dos elecciones que, hasta la creación en 1945 de un órgano electoral independiente (o debo decir: “independiente”), ha sido reputada como honesta. (Antes de 1945 las elecciones las organizaba el gobierno y se podrán imaginar cómo nos iba: casi invariablemente ganaba el organizador. Después de 1945, sigue pasando.) Esta elección fue la inmediata tras el asesinato de García Moreno, creador de la Constitución de 1869, que obligaba al ecuatoriano a ser católico para gozar de sus derechos como ciudadano.

Los liberales detestaban esta Constitución, con razón. Y habían apoyado a Borrero porque él se había manifestado en contra de la Constitución (la había llamado “monstruosa”). Pero cuando ganó, Borrero se hizo el loco y decidió que iba a seguir gobernando con la Constitución de 1869.

Los liberales le imputaron el ser inconsecuente. Él temía, tal vez, que su poder iba a pasar a otras manos si organizaba una asamblea constitucional. El quería terminar su período, gobernar hasta 1881.

El cuencano Borrero no podía saberlo, pero el poder iba a pasar a otras manos si no organizaba una asamblea constitucional. El cabildo de Guayaquil, presidido por el alcalde José Vélez (el mismo de la calle del centro), apoyó el levantamiento del Comandante General de la Plaza de Guayaquil, el general quiteño Ignacio de Veintemilla, nombrado por el propio Borrero.

Empezó una guerra por el poder: los revolucionarios comandados por Veintemilla en lucha contra el ejército del gobierno. Esto se llamó “revolución septembrina”, por la fecha en que el cabildo de Guayaquil declaró Jefe Supremo a Veintemilla, el 8 de septiembre de 1876. Su motivación: la consideración de Borrero como inconsecuente a los principios liberales y la necesidad de convocar a una asamblea constitucional para reemplazar la “Carta Negra”.

El Jefe Supremo Veintemilla, frente a la asamblea guayaquileña que lo había nombrado como tal, prometió “reorganizar la República bajo los verdaderos principios de la causa liberal”. Luego desvarió.

Pero en aquel entonces se trabó una guerra. Después de triunfar en las batallas de Galte y Los Molinos, Veintemilla entró en Quito a fines de diciembre para ocupar la Presidencia. Se había consumado un golpe de Estado y Borrero terminó su gobierno en un año y monedas.

Pobre Borrero: si convocaba la asamblea se perdía, por no convocarla se perdió. Este hombre estaba condenado: con la asamblea o sin ella, su suerte era caer.

Tras consumarse el golpe de Estado, Borrero fue encarcelado y, posteriormente, fue desterrado al Perú.

El prefecto Olmedo y sus cosas extraordarias

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 24 Apr 2026 22:38:00 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 24 de abril de 2026.

Un caso curioso de los tiempos de la gestación de los Estados en la América: José Joaquín Olmedo ocupó el mismo cargo, prefecto de un Departamento, en dos países distintos. Esto es, en sí mismo, un hecho extraordinario. Y en cada Estado en que José Joaquín Olmedo ejerció la Prefectura, pasaron cosas extraordinarias.

Olmedo fue el prefecto de un Departamento tanto en Colombia como en el Ecuador. Por supuesto, el diseño institucional era distinto: Colombia, bajo la Constitución de 1821, dividía su territorio en doce departamentos y tenía una autoridad superior a estos prefectos: el Prefecto del Distrito (había tres distritos). Y aún, había alguien superior a ellos: el Presidente de Colombia. Olmedo fue el prefecto del Departamento de Guayaquil.

En cambio el Ecuador, más modesto, bajo la Constitución de 1830 dividía su territorio en tres departamentos (los tres del Distrito del Sur de Colombia: su desmembración es el origen del Ecuador), pero únicamente debajo del Presidente del Estado del Ecuador. En este Ecuador, Olmedo fue el prefecto del Departamento del Guayas.

Una primera cosa extraordinaria: en su condición de prefecto departamental colombiano, Olmedo firmó la secesión del Departamento de Guayaquil de la República de Colombia. A Olmedo lo habían destituido de la presidencia del triunvirato de gobierno de la provincia de Guayaquil para anexarla a Colombia en julio de 1822 y fue él mismo quien firmó su segregación de Colombia para independizar el territorio y decidir, en conjunto con otros departamentos que también se segregaron de Colombia en mayo de 1830 y por la vía de la asamblea constituyente, la fundación de un nuevo Estado sudamericano.

En septiembre de 1830, la reunión de los representantes de los departamentos aprobó una Constitución que concretó un Estado. Olmedo fue su redactor principal.

Olmedo, como prefecto departamental ecuatoriano, fue parte de otro hecho extraordinario: la única anexión territorial del Estado del Ecuador en toda su historia (un pobrecito Estado que ha perdido territorio por todos los puntos cardinales y ha quedado reducido a casi exclusivamente su porción habitada). El 20 de enero de 1832, el prefecto ecuatoriano Olmedo firmó una instrucción al coronel Ignacio Hernández “para que dirija una compañía colonizadora y tome posesión de las Islas Galápagos en nombre del Estado ecuatoriano”.

El 12 de febrero de 1832 el coronel Hernández izó la bandera ecuatoriana en la isla Charles (hoy, Floreana) del archipiélago de Galápagos. Esta carta del 20 de enero y otra del 14 de abril de 1832, también dirigida al coronel Hernández, en la que Olmedo le agradece “por haber tomado posesión de las Islas Galápagos en nombre del Ecuador”, fueron incorporadas por la Cancillería del Ecuador a la Memoria del Mundo que conserva la UNESCO. Una notoria manifestación de cuán extraordinario fue este hecho.

(También forma parte de la Memoria de la UNESCO, postulada por el Municipio de Guayaquil en 2025, para conmemorar su bicentenario, el poema de José Joaquín Olmedo “La victoria de Junín. Canto a Bolívar”.)

El guayaquileño Olmedo: un autor de cosas extraordinarias, de poemas a constituciones, pasando por la anexión de las islas encantadas.

Daniel, el travieso

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 17 Apr 2026 21:29:00 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 17 de abril de 2026.

¿Cómo nos ven, los que estudian el estado de la democracia en el mundo, sin bandería política alguna? El grupo sueco de expertos Variaties of Democracy (V-Dem) ha publicado su décimo “Reporte sobre la Democracia”, edición del 2026. V-Dem había reportado un proceso de democratización en el Ecuador, pero en esta edición del 2026 advirtió que ese proceso concluyó el 2022.

Desde el 2023 (año en que Daniel Noboa asumió el Poder Ejecutivo) el Ecuador empezó a caminar en la dirección contraria: “En Ecuador, la democratización de los últimos años está siendo revertida, transformando de forma gradual la vuelta en U en una potencial vuelta de campana. El Ecuador enfrenta un período de creciente violencia asociada con el crimen organizado, a lo que el gobierno ha respondido con puño de hierro (…) Los deterioros de los últimos años han llevado al Ecuador a la lista de potencial autocratización” (p. 28).

En el caso ecuatoriano, este proceso de convertir a su gobernante en un autócrata se basa en el uso político del sistema de justicia penal, en especial, su brazo “investigativo”, la Fiscalía. Un influyente periodista de los Estados Unidos, Tucker Carlson, decía que no podías permitir que un país se gobierne a través de la Fiscalía, pues en ese momento te conviertes en “freaking Ecuador”.

Ecuador como un freak institucional: por supuesto que sí, juzgando por el resultado que este país registra en el índice del Estado de Derecho que publica anualmente el World Justice Project. Este reporte analiza ocho indicadores para elaborar su índice, uno de ellos se titula “justicia criminal”. Spoiler: somos lo peor de lo peor. Y hemos descendido cinco puntos en este indicador, de forma sostenida, desde el 2022. Es decir, estamos cada vez peor.

En el indicador “justicia criminal” del World Justice Project, el Ecuador marca un mísero 0.30/1.00. Uno de los subindicadores que conforman este indicador es el típico trabajo de una Fiscalía: “El sistema de investigación criminal es efectivo”. A esto le corresponde un 0.18/1.00 y el puesto 141 entre los 143 países analizados en el informe. Somos de los tres peores, en este tétrico club de deficientes institucionales. Otro de sus integrantes (el 143) es Venezuela. (Es curioso: llegamos a ser como Venezuela, por la vía de la derecha).

Conviene matizar en materia de efectividad: hay una Fiscalía no efectiva, casi inmóvil, y una Fiscalía “híper-efectiva” y muy veloz. Si el caso involucra al gobierno central, la Fiscalía se arrastra con dificultad. Pero si involucra a un opositor del gobierno central, esa misma Fiscalía corre, vuela y se acelera.

Es tan cantado esto, que constituye una implícita renuncia a los principios que debería animar la conducta de esta institución, de acuerdo con sus normas: los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. Este doblez en su accionar convierte a estos principios en pura ficción. Lo peor: convierte a la Fiscalía en el principal instrumento para este proceso de autocratización, advertido por expertos internacionales, que viene ocurriendo durante el gobierno de Daniel Noboa.

El título del artículo es un guiño a la serie infantil de caricaturas Daniel, el travieso. Ahora, tiene un twist aterrador.

Ocurre ante nuestros ojos

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 10 Apr 2026 05:56:00 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 10 de abril de 2026.

En este siglo XXI, no es la primera vez que el máximo órgano de justicia constitucional es atacado por otro poder del Estado. El 2004, cuando este órgano todavía se llamaba Tribunal Constitucional, fue atacado por el Congreso Nacional, que lo descabezó con una resolución aprobada por 57 congresistas. Como el asunto no se reparó en el derecho interno, años después la Corte Interamericana resolvió el Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos vs. Ecuador) y ordenó costosas reparaciones económicas a favor de los jueces destituidos.

El 2018, la Corte Constitucional fue atacada por un órgano sancionador efímero (el llamado “Consejo Transitorio”). Con una resolución aprobada por cinco personas se descabezó a la Corte Constitucional, en un proceso viciado por la falta de competencia e imparcialidad, y por la violación de los principios de irretroactividad y legalidad.

En el derecho del Ecuador no se puede conocer de estas violaciones porque la actual Corte Constitucional blindó la actuación del Consejo Transitorio. Nuevamente, esto se resolverá en el derecho internacional y ya hay procesos en curso.

En el presente: desde el año pasado, el ataque a la Corte Constitucional proviene desde la Presidencia de la República. El presidente ha encabezado una marcha de sus “seguidores” en contra de la Corte Constitucional. Por esos días, se dispuso la exhibición de las fotografías de los jueces, para que el pueblo sepa quiénes son los enemigos del momento.

Este ataque actual lo juzgo más peligroso que los anteriores. En los dos casos anteriores, se descabezó la Corte Constitucional para su reemplazo por otra, es decir, se cambió a sus autoridades. Pero ahora el objetivo que parece tener la Presidencia de la República es la eliminación de la Corte Constitucional. Es decir, eliminar al último obstáculo para que desde la Presidencia se pueda gobernar sin contrapeso alguno. Esto se conoce como una autocracia, es decir, “un grado máximo de absolutismo” sin un freno eficaz “por fuerzas intragubernativas” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, “Diccionario de la Política”).

Entonces, el ataque actual es muy peligroso pues su pretensión es conseguir la acumulación definitiva y total del poder en la Presidencia de la República. Se la quiere extirpar a la Corte Constitucional porque es la última institución que podría poner un freno a las pretensiones abusivas de derechos de las personas y violatorias de la autonomía municipal, que las ha convertido en normativa una Asamblea Nacional rastrera y servil.

Según el informe 2024 del Latinobarómetro, el Ecuador es el país de América latina y el Caribe cuyo más alto porcentaje de habitantes (el 54%) está de acuerdo con que “el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver los problemas”. El verdadero problema es que tras tanta acumulación del poder, estando en el gobierno desde noviembre de 2023 y en guerra contra el crimen organizado desde enero de 2024, después de decenas de estados de excepción, de toques de queda y de abusos sin cuento, se siga sin “resolver los problemas”.

Lo que sí tenemos: el desarrollo de un grado máximo de absolutismo, ocurriendo ante nuestros ojos.

La vuelta de campana

noreply@blogger.com (Xavier) — Sun, 05 Apr 2026 13:05:00 +0000

Variaties of Democracy Institute (“V-Dem”), con sede en la Universidad de Gotemburgo, Suecia, publicó la edición 2026 de su “Reporte sobre la Democracia”. Este reporte es su décima edición; en ediciones anteriores, V-Dem había reportado que en el Ecuador se había vivido un proceso de democratización, pero en esta última edición del 2026, V-Dem advirtió que ese camino a la democratización concluyó el 2022.

Desde el año en que Daniel Noboa asumió la Presidencia de la República (2023), el Ecuador ha dado una vuelta de campana, rumbo a la autocratización, como se indica nítido en el reporte 2026 de los suecos: “En Ecuador, la democratización de los últimos años está siendo revertida, transformando de forma gradual la vuelta en U en una potencial vuelta de campana. El Ecuador enfrenta un período de creciente violencia asociada con el crimen organizado, a lo que el gobierno ha respondido con puño de hierro (…) Los deterioros de los últimos años han llevado al Ecuador a la lista de potencial autocratización” (p. 28).

El proyecto centralizador

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 03 Apr 2026 22:41:00 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 3 de abril de 2026.

Juan José Flores fue el primer presidente del Ecuador. En su tercer mandato presidencial, designado por una asamblea constitucional servil a él, debió gobernar entre 1843 y 1851. Aquella asamblea aprobó la Constitución de 1843 y sometió a los municipios a un órgano extraño (un “concejo provincial”), dependiente del gobierno central.

Eso duró poco. En marzo de 1845, una revolución originada en Guayaquil, capitaneada por José Joaquín Olmedo, logró la expulsión del presidente Flores y su camarilla. Se derogó la Constitución de 1843 y se acabó este sometimiento a los municipios.

Mucha agua corrió desde entonces bajo el puente del subdesarrollo. Por décadas, el gobierno central tuvo demasiada injerencia en la gestión de los municipios y en la aprobación de sus ordenanzas, pero eso cambió con la entrada en vigor del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) el 2010. Desde entonces, los municipios obtuvieron la garantía de su autonomía política, administrativa y financiera para la gestión de su territorio y la aprobación de sus ordenanzas.

Hasta ahora. Con el gobierno de Noboa regresó un proyecto centralizador del Estado. De manera similar a 1843, el gobierno central somete a los municipios a controles exagerados y los coloca al servicio de los deseos y desvaríos de la Presidencia de la República.

La ley reformatoria del COOTAD, aprobada el 20 de febrero por la Asamblea Nacional y diseñada para restar recursos a los municipios, impone gravosos controles del Ministerio de Economía y Finanzas sobre su gasto. So pena de pérdida económica, ellos sólo pueden gastar en ciertos ítems del Clasificador Presupuestario elaborado por ese ministerio, que se refiere a obras físicas e inversiones a largo plazo. Es la pérdida de la autonomía financiera.

Este lunes se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS) para introducir la desnaturalización de un órgano de control (la Superintendencia de Ordenamiento Territorial) y la potestad de la Presidencia de la República para determinar el desarrollo urbano de los municipios vía la figura del Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda. Desde un escritorio en Quito se determinará el crecimiento de territorios que no se conoce. Es la pérdida de las autonomías política y administrativa.

En la ley reformatoria a la LOOTUGS es claro que su enfoque principal es la preeminencia del interés particular por sobre el interés general (evidente por la eliminación del “carácter público” del derecho a edificar y por la redacción tan atropellada de los “derechos adquiridos”).

Es fácil anticipar que la reforma no busca el desarrollo integral de los territorios del Ecuador. Cui bono? (¿quién gana?), se preguntaba en los pasillos de Roma. La preeminencia del interés particular debería dar una respuesta elocuente a esta pregunta hasta para el más despistado.

Este proyecto centralizador y perverso del Estado únicamente puede ser detenido por la Corte Constitucional, cuando conozca de esta colección de desvaríos y vulneraciones de derechos que son la esencia de las leyes aprobadas por una servil, rastrera Asamblea Nacional.

La base (endeble) del autoritarismo

noreply@blogger.com (Xavier) — Thu, 02 Apr 2026 15:16:00 +0000

Es sencillo atribuir a las autoridades la responsabilidad por el déficit democrático del Estado. Pero eso es tramposo: la responsabilidad la tenemos los ecuatorianos. Los políticos son un reflejo de nuestras miserias como sociedad*.

En el informe 2024 del Latinobarómetro, los ecuatorianos somos la población de América latina y el Caribe con el más alto porcentaje de habitantes (un 54%) que concuerda con la siguiente afirmación: “está bien que el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver los problemas”.

Por eso, el presidente ha podido decir que, si llega el caso, él saca de la cárcel a un ministro que se haya saltado la Ley. Este artículo de María Sol Borja lo explica claramente, y a él los remito: “Yo te saco de la cárcel”.

El presidente Daniel Noboa puede ostentar su autoritarismo y el pueblo ecuatoriano, dada su gran vocación autoritaria** se lo puede soportar, o incluso, celebrar. Por ello, el presidente Noboa es el hombre del momento. Aunque no vocaliza mucho su autoritarismo (difícil, muy toscamente, puede hilvanar oraciones con sentido), él lo encarna a la perfección.

Pero los momentos cambian. Y la justificación de que un presidente pueda saltarse las leyes (para sacar a sus amiguitos de la cárcel, o para cualquier otra cosa) depende de esto: “resolver los problemas”. Van casi dos años y medio de gobierno de Noboa, y sólo un oligofrénico o un lobotomizado podría decir que en este gobierno se han resuelto los problemas: todos los números indican lo contrario. Y, siendo una pandilla de aniñados bobos, no hay visos de que ello el gobierno lo pueda variar.

Así, la base del autoritarismo es el pueblo ecuatoriano y su gran vocación autoritaria. Pero esa base es endeble y depende de algo que el gobierno no está en capacidad de darle al pueblo. Y es por eso, porque el gobierno no podría cambiar, que tal vez se cambie al gobierno. Amanecerá, después de esta noche oscura y un pueblo hastiado, y veremos.

* En el primer artículo que publiqué en un medio de comunicación masiva, éste fue justo mi argumento, v. “A nosotros, los culpables”. Este déficit democrático del Estado nos acompaña desde el inicio de la República del Ecuador. Su primer presidente, Vicente Rocafuerte, lo advirtió claramente, v. “Edificio en ruinas”.

** Para una mirada sobre la proverbial vocación autoritaria del pueblo ecuatoriano, v. “La vocación autoritaria”.

Animales rastreros

noreply@blogger.com (Xavier) — Tue, 31 Mar 2026 14:34:00 +0000

El Ecuador es uno de los 143 países analizados en el “Índice del Estado de Derecho” que realiza el World Justice Project. En su edición 2025, los dos indicadores en los que este pobre país marca peor son los sospechosos de siempre: la ausencia de corrupción y la justicia criminal.

Y la justicia criminal es lo peor de lo peor. En el índice del Estado de Derecho, el resultado promedio del Ecuador es 0.46/1.00, pero en justicia criminal marca un mísero 0.30/1.00, que es el indicador más bajo del Ecuador entre los ocho indicadores analizados por el World Justice Project a fin de comprender la situación del Estado de Derecho en un país.

Hay dos subindicadores de este indicador que lo sitúan al Ecuador entre los tres países peor calificados del mundo. Al subindicador “El sistema de investigación criminal es efectivo” le corresponde el magro resultado de 0.18/1.00 y el puesto 141 entre los 143 países analizados. El otro subindicador, “El sistema penitenciario es efectivo en reducir la conducta criminal”, tiene todavía un resultado peor: 0.12/100 y el puesto 141 entre los 143 países analizados. Así, en rigor, a la pregunta, ¿en tu país, la persecución y sanción penal son efectivas?, la respuesta de un ecuatoriano debe ser: “No, de ninguna manera, es uno de los peores del mundo. Somos peores que Sudán o Haití”.

Nota bene: Esos subindicadores se relacionan directamente con la gestión de la Fiscalía General del Estado (por la “efectividad” de la investigación criminal) y de la mayordomía de los GDO, el SNAI (por la “efectividad” del control penitenciario). Ellos son los animales más rastreros de nuestro circo político.

El nacimiento del Quito español

noreply@blogger.com (Xavier) — Sun, 29 Mar 2026 16:28:00 +0000

En noviembre de 2023 se publicaron los tres volúmenes de “Historia de Quito. Patrimonio mundial y capital del Ecuador”, coeditado por la Corporación Editora Nacional y el Municipio de Quito, en cuyo segundo capítulo del primer volumen, Carlos Landázuri Camacho escribe sobre “La conquista de Quito”. (1) Es un texto fascinante para observar cómo se distorsiona la historia a pesar de la evidencia existente.

El antecedente necesario: en agosto de 1534, los españoles fundan una ciudad y una villa, en la llanura de Liribamba, hoy Sierra central del Ecuador. La ciudad se fundó el 15 de agosto y se llamó Santiago de Quito, la villa se fundó el 28 de agosto y se llamó San Francisco de Quito (“Quito”, por ser el nombre de la región que los españoles estaban conquistando).

Landázuri Camacho adhiere a la idea de la fundación de Santiago de Quito como una “prueba jurídica” de la conquista del Reino de Quito frente a las pretensiones del adelantado Pedro de Alvarado. E indica que Diego de Almagro “el 15 de agosto de 1534 fundó en Riobamba la ciudad de Santiago de Quito” (p. 60), y añade que esto se lo hizo “con las formalidades legales del caso y dejando constancia escrita de todo: cabildo, alcaldes, regidores, vecinos, todo ello en nombre del monarca español” (pp. 60-61). Y concluye entonces que “la estrategia de Almagro funcionó” (p. 61).

Hasta aquí, todo bien. Pero luego Landázuri Camacho se manda esto: “Volviendo al caso de Santiago de Quito, no está claro si Diego de Almagro la fundó como una población real, destinada a desarrollarse a través del tiempo, o solamente como un recurso jurídico-político, para demostrar que esos territorios ya habían sido conquistados y comenzado su colonización” (p. 61). Esta es una idea absurda, porque Almagro tuvo muy claro que había fundado una ciudad y una villa en esa agitada quincena de agosto del 34. Tal es así, que Almagro solicitó a testigos de las fundaciones de la ciudad y la villa que, el 12 de octubre de 1534 en San Miguel, hagan unas probanzas que así lo acrediten. (2)

A la pregunta: “si saben, que en la dicha provincia de Quito… Y en muy buenas comarcas, según se requiere, dejé fundados dos pueblos: la ciudad de Santiago de Quito y la villa de San Francisco”, un total de once testigos confirmaron en sus probanzas la existencia simultánea de una ciudad y una villa, fundadas por Diego de Almagro. (3)

Para despejar cualquier vestigio de duda: la ciudad de Santiago es “una población real” porque su fundación la aprobó el 22 de enero de 1535, de manera específica, el gobernador Francisco Pizarro, en cuyo nombre las fundaciones de la ciudad y de la villa se habían hecho. (4)

No contento con esto, Landázuri Camacho despacha esta certeza: “Lo que sí está claro es que la ciudad de Santiago de Quito desapareció de inmediato, tras la partida de Almagro hacia el sur y de Benalcázar hacia el norte y, por lo mismo, nunca existió en la realidad como ciudad, más allá del papel” (p. 61). Esta afirmación es temeraria y contradice el “cuidadoso rigor académico” que supuestamente tiene esta obra (p. 11). Porque tanto existió Santiago de Quito como ciudad, que se celebraron todos los actos para convertirla en “una población real” (Landázuri Camacho dixit) y se celebraron cabildos en ella para discutir cómo tratar la incursión de Pedro de Alvarado, e incluso, como se evidencia en su acta del 28 de agosto, ¡allí se fundó, allí nació, la villa española de San Francisco de Quito! (5)

Posteriormente, esta ciudad donde se fundó Quito se trasladó a la Costa, conservó su nombre español (Santiago) y agregó el nuevo nombre indígena de la región que los españoles estaban conquistando (Guayaquil). Y se empezó a llamar Santiago de Guayaquil.

(1) El volumen I “Visión histórica de Quito” de “Historia de Quito” contiene artículos de Segundo Moreno Yánez, Carlos Landázuri Camacho, Javier Gomezjurado Zevallos, Enrique Ayala Mora y Wilson Miño Grijalva. Un comité editorial compuesto por diez personas (David Arcentales, Dora Arízaga, Ramiro Ávila, Enrique Ayala, Javier Gomezjurado, Francois Laso, Luis Mora, Diego Raza, Alfonso Ortiz, María A. Vásquez) supervisó la redacción de la colección de tres volúmenes.

(2) Dora León Borja y Ádám Szászdi, “Santiago de Quito-Santiago de Guayaquil (1534-1536)”, en: Estudios sobre las fundaciones de Santiago de Guayaquil, Archivo Histórico del Guayas, Guayaquil, 2006 (pp. 75-154). Es un síntoma de la falta de rigor académico que en su análisis de la bibliografía sobre la fundación de Guayaquil en la llanura de Liribamba y sus posteriores traslados hasta situarse en la cima del cerro Lominchao, Landázuri Camacho omita toda referencia a los estudios de León Borja y Szászdi, probablemente quienes han desarrollado con mayor rigor la hipótesis publicada por primera vez, en 1955, por Miguel Aspiazu Carbo.

(3) En el citado texto, se transcriben (a riesgo de ser repetitivas) nueve declaraciones, de los testigos Francisco de Villacastín, Bernardo Ramírez, Bartolomé de Segovia, Alonso Téllez, Diego de Vega, Pedro Bravo, Antonio Picado, Álvaro Alonso y Vicente Béjar (pp. 95-97).

(4) El adelantado Francisco Pizarro aprobó el 22 de enero de 1535 en la Ciudad de los Reyes lo realizado por Diego de Almagro en los dos pueblos, “el uno, la ciudad de Santiago y el otro, la villa de San Francisco”, de los que tuvo “por bien de confirmar y aprobar lo que el dicho Mariscal, por virtud del dicho mi poder, hizo y proveyó en la provincia de Quito, y por la presente, en nombre de su Majestad, lo confirmo y apruebo”.

(5) Resulta cuando menos curioso que de la ciudad de Santiago de Quito sí mencione Landázuri Camacho que se la fundó en Riobamba (el pueblo de indios con ese nombre, no confundir con la Fríobamba actual), pero de la villa de San Francisco de Quito omita el lugar de su fundación, que son ¡las primeras líneas del acta que constituye y crea a la villa que él está historiando!

Una Asamblea servil

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 27 Mar 2026 17:36:00 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 27 de marzo de 2026.

Este 4 de marzo el Ministerio de Infraestructura y Transporte remitió a la Asamblea Nacional un paquete de reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS). Para ser más preciso, remitió un paquete de reformas que consiste en notorias inconstitucionalidades y en una burla al proceso de debate de una ley.

Empecemos por esto último: el debate de estas reformas empezó con la unificación de varios proyectos de ley el 23 de abril de 2025 por una comisión de la Asamblea Nacional, que aprobó el informe para primer debate el 17 de octubre. Después, se realizaron varias sesiones de la comisión para la mejora y discusión del proyecto de ley. Pero a último momento, el 4 de marzo de 2026, el citado Ministerio presentó un paquete de treinta y siete artículos, cuatro disposiciones generales y cuatro transitorias.

Estas nuevas normas jamás fueron conocidas ni debatidas, pero fueron aprobadas por los seis asambleístas de ADN en el informe para segundo debate de la comisión, para su aprobación por el Pleno de la Asamblea Nacional.

En cuanto a las notorias inconstitucionalidades: se vulneran las competencias exclusivas de los municipios para planificar el desarrollo cantonal y ejercer el control sobre el uso y gestión del suelo (Art. 264 numerales 1 y 2), el derecho a la seguridad jurídica (Art. 82) y el principio de proporcionalidad de las sanciones (Art. 76 numeral 6). Pero la madre de las vulneraciones es la trituración del artículo 213 de la Constitución por la desnaturalización de un órgano de control: la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT), creada en mayo de 2016.

Desde que en 1927 se creó la primera superintendencia, y por siete constituciones incluida la actual, las superintendencias han sido órganos de control, es decir, órganos que pueden dictar normas técnicas y verificar que estas normas se cumplan. Pero las reformas que tan servilmente incorporó y aprobó la comisión desnaturalizan a la SOT para convertirla en una autoridad administrativa que dicta autorizaciones y que dispone medidas en reemplazo de los municipios, que juzga el cumplimiento de normas en reemplazo de los jueces y que incrementa el número de infracciones y el monto a pagar por algunas de ellas hasta el 3% “de la asignación presupuestaria anual del GAD”, además de constituir “causal de revocatoria del mandato”. Es decir, una barrabasada tras otra.

Uno de los varios objetivos perversos de estas reformas a la LOOTUGS es evadir el control de los municipios para facilitar la expansión de las zonas urbanas vía un procedimiento especial aprobado desde la Presidencia de la República. Así, en un apretado resumen de esta bancarrota institucional: son unas reformas sin debate (en el Pleno tampoco se las va a debatir en serio, pues también es un servil su Presidente) que introducen unas inconstitucionalidades a gusto y placer del Ejecutivo.

La última precisión que hago es acerca del uso del adjetivo en el título de este artículo. La segunda acepción de “servil” en el diccionario de la RAE es: “Que de modo rastrero se somete totalmente a la autoridad de alguien”. Para esta Asamblea y su Presidente, éste es el adjetivo que les corresponde.

El nuevo sociópata

noreply@blogger.com (Xavier) — Sun, 22 Mar 2026 15:14:00 +0000

Lo que tiene de nuevo el Ecuador gobernado por ADN es la sociopatía. Este nuevo Ecuador es la unión del poder económico y político, como nunca antes se había visto. Y eso es peligroso, como lo ha advertido Santiago Basabe en una intervención en un programa conducido por un carcamal de derecha:

https://x.com/notimundoec/status/2035038502916686157

El gobierno actual no tiene escrúpulos en usar su músculo político para atacar a sus rivales. Si en el gobierno de Correa se atacó a diario El Universo, el gobierno de Noboa ataca a diario Expreso; si en el gobierno de Correa se expulsó a una extranjera (Picq), el gobierno de Noboa expulsa a extranjeros (Santiago y Casado); si Correa concentró el poder político, Noboa también lo concentra y, además, lo usa de forma degenerada y perversa, empleando a la Fiscalía para encarcelar a los que ha señalado como sus enemigos (Correa no se atrevió a tanto). El gobierno de Noboa es una versión corregida y aumentada de los vicios del correísmo y lo específico de Noboa, como gobernante, es la carencia de escrúpulos: él es un verdadero sociópata.

Y como dice Basabe en el video de 1:13 que se puede ver en el enlace, los medios de comunicación hegemónicos no dicen ni dirán nada, demostrando aquello que siempre fueron, tanto en los tiempos de Correa como ahora: unos viles mercenarios de la derecha (con el diminuto Carlos Vera a la cabeza, que ha envejecido peor que un Trooper).

Para eso han quedado sus proclamas de libertad de otra época: para ser los corifeos de un autócrata.

Un asalto a Guayaquil

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 20 Mar 2026 11:38:00 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 20 de marzo de 2026.

El gobierno central, en su arremetida contra el Municipio de Guayaquil, ha querido tomar por asalto a la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. El Ministerio de Infraestructura y Transporte envió un oficio a la Autoridad Aeroportuaria por el que le ordenó que haga en el “plazo de cinco días” (sic) una “adecuación estatutaria” para que el ministerio pase a administrar la Autoridad Aeroportuaria. El oficio en cuestión ofrece un nivel muy elemental de redacción y razonamientos.

Con un total desparpajo por el derecho público, el argumento principal del Ministerio de Infraestructura y Transporte en el oficio es que el artículo 261, numeral 10, de la Constitución le otorga al gobierno central una competencia exclusiva sobre los “aeropuertos” (nada dice, por supuesto, acerca del artículo 260 que permite el ejercicio concurrente de estas competencias exclusivas por otros niveles de gobierno). De este numeral derivó el ministerio unas órdenes específicas a la Autoridad Aeroportuaria.

Pero hasta el más torpe de los abogados sabe que en el derecho público, solo se puede hacer lo que está expresamente permitido en una norma. Por ello, lo que ordenó el Ministerio de Infraestructura y Transporte es un fruto de la fantasía, porque no hay norma que ampare su accionar, es decir, no hay norma que autorice de manera concreta a este ministerio a tomar decisiones tan específicas sobre el funcionamiento de otra institución. Lo que existe es una interpretación, violatoria de principios básicos del derecho.

Esta interpretación (antojadiza) de la Constitución viola los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, desarrollados en el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo (COA). Por estos principios, el gobierno central debe respetar “las expectativas que razonablemente haya generado la propia administración pública en el pasado”.

Y en este caso, por más de un cuarto de siglo, varios gobiernos han respetado el ejercicio de la competencia concurrente y la gestión (exitosa, por cierto) del aeropuerto José Joaquín de Olmedo por la Autoridad Aeroportuaria. De manera súbita, que el gobierno central quiera imponer la modificación agresiva de su relación con la Autoridad Aeroportuaria viola los “criterios de certeza y previsibilidad” que definen a estos principios.

El gobierno central podría cambiar de política, dice el citado artículo 22, siempre que lo haga “de forma motivada”. Y para cumplir con esta motivación debió poner en evidencia en este oficio todos los hechos relevantes que sirvieron de base para justificar el cambio de su política aeroportuaria. De manera nada sorprendente, no hay referencia alguna a “hechos relevantes” cometidos por la Autoridad Aeroportuaria (obligación contenida en el artículo 100 del COA) ni podría existir, entonces, la explicación de su pertinencia a la norma constitucional citada. Es el reino de la pura discrecionalidad, violatorio del principio de juridicidad, contenido en el artículo 14 del COA.

Lo peor: el súbito cambio de política del gobierno central es sesgado. Podría aplicar su nueva política centralizadora a la gestión de los aeropuertos de Quito y Cuenca, pero se ensaña únicamente con Guayaquil. La quiere su botín.

Viaje al viejo Ecuador

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 13 Mar 2026 11:25:00 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 13 de marzo de 2026.

La Asamblea Nacional aprobó este 20 de febrero la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización para la Eficiencia y Sostenibilidad del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Esta Ley es pura palabrería devota del centralismo y un regreso al viejo Ecuador.

Esta Ley reformatoria al COOTAD impone una condición (la “regla de asignación mínima prioritaria”) para la transferencia de los recursos del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales y municipales. El COOTAD dispone que la transferencia de los recursos a los GAD debe hacerse “sin condiciones” (disposición que consta en su artículo 5) pero la Ley reformatoria impone la condición, en una abierta burla a la Ley que reforma.

La condición que se impone es que los GAD provinciales (24) y municipales (223) cumplan con llenar un anexo cada vez que aprueben un presupuesto, o una reforma a él. Ese anexo le impone a los GAD que se olviden de su propia planificación (por ende, de su autonomía) porque requiere que su actividad se enmarque, so pena de reducción drástica de los recursos a recibir, en unos cuantos ítems específicos del “Clasificador Presupuestario” que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas.

Datos importantes: el gobierno central no cumple (ni ha cumplido desde que hay registro) con la regla que le impone a los GAD y varios de los ítems que les ordena a ellos no se los exige a sí mismo. Esta Ley, como aplicación de otra: la del embudo.

Y lo más grave: estos ítems específicos del “Clasificador Presupuestario” de un ministerio excluyen a obras y servicios que realizan los GAD y que conducen a la satisfacción de sus fines y funciones de acuerdo con el COOTAD. Se afecta todo lo que no es obra de cemento: proyectos y programas deportivos, culturales y sociales, prestaciones de salud y educación, atención a personas de la tercera edad y a la niñez y adolescencia. Pero dijeron que era para que los GAD no gasten “en fiestas”, pues una Ley mala requería una mentira que la sostenga.

Todo esto que refiero: una Ley que condiciona recursos, un ministerio que controla, anexos e informes periódicos a llenar a satisfacción de una oficina en Quito… Todo esto apesta a kikuyo. Y realmente, constituye un viaje de regreso a un pasado que se creía superado, a una Ley de Régimen Municipal adoptada en los años setenta que disponía que el Ministerio de Economía debía dar un dictamen para que un Municipio apruebe su presupuesto. Esto se extinguió hace décadas, con la entrada en vigor de la Constitución y el COOTAD. Pero esta Ley, kikuya de corazón, ha resucitado los controles del centralismo.

Esta Ley reformatoria al COOTAD nos muestra la mayor de las paradojas: que el “nuevo Ecuador” nos conduce derechito al viejo Ecuador, a un Ecuador donde el gobierno central tenía una gran injerencia en la gestión de los municipios. Y eso no es bueno: la ineficacia, el despilfarro y la corrupción del nivel de gobierno nacional es legendario.

Al menos, sea dicho en favor del gobierno actual, siendo él mismo el testimonio, reputar algo como nuevo no significa que sea mejor. Puede ser, como viene siendo, todo lo contrario.

La Resolución Anti-Reimberg

noreply@blogger.com (Xavier) — Wed, 11 Mar 2026 16:13:00 +0000

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de publicar la Resolución No. 1/26 “Crimen organizado y derechos humanos”. Esta resolución, dice el Comunicado de Prensa No. 037/26 de la CIDH que la difundió, publicado ayer 10 de marzo, “responde a la preocupación de la CIDH por el crecimiento exponencial del crimen organizado en la región y sus profundas afectaciones a las democracias, al Estado de derecho y a los derechos humanos”.

En este sentido, esta es una resolución idónea (casi se podría decir: diseñada) para explicarle al Estado del Ecuador cómo combatir el crimen organizado sin afectar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.

Porque, durante el gobierno del presidente Noboa, el combate al crimen organizado en el Ecuador ha afectado la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos (1). Y se ha ordenado, a partir del 15 de este mes, que se multipliquen estas afectaciones, sin un propósito útil. Porque esos muchos muertos que se avizoran a partir del 15 por el toque de queda serán pronto reemplazados (son una parte muy reemplazable de la estructura criminal) y el negocio quedará intacto (y el negocio es lo que realmente importa, incluso a quienes dicen “combatir” el negocio). Harían bien en escuchar esta entrevista a Michelle Maffei, también de ayer 10 de marzo, para entenderlo (v. min. 25:26 a 41:08).

En esta Resolución No. 1/26, “la Comisión enfatiza que no existe incompatibilidad entre el respeto y la garantía de los derechos humanos y la efectividad de las acciones de seguridad”. Y que, por el contrario, “su observancia fortalece la confianza pública, previene abusos de poder, refuerza la legitimidad democrática, garantiza su eficacia operativa y consolida el Estado de Derecho. Por ello, las políticas públicas en esta materia requieren de un carácter integral y sostenible, que se fundamente en la centralidad de los derechos humanos de las víctimas y las poblaciones bajo la jurisdicción de los Estados”. Esto es totalmente opuesto a lo que pretende hacer el torpe Estado del Ecuador, capitaneado por el ministro Reimberg.

Power Reimberg

La resolución de la CIDH es Anti-Reimberg. Parecería que fue aprobada por la CIDH para explicarle al Estado del Ecuador que su carnicería con unos posibles “daños colaterales” no será efectiva y traerá consecuencias jurídicas a sus perpetradores, como ha ocurrido en el caso de los cuatro niños de las Malvinas que, justo ayer 10 de marzo, obtuvo una sentencia de la Corte Constitucional que aclaró que los soldados involucrados cometieron un delito de desaparición forzada (un delito que puede fundamentar un juicio político en contra de este gobierno, por ejemplo).

A partir del 15, el Estado del Ecuador se prepara a un nuevo fracaso, de la mano de quienes no sabrían hacer otra cosa.

(1) Tengo un burro que se llama Gilcristo. Tengo la convicción de que pronto se irá, porque es miamita, de mirada perdida, y este país no le importa.

Más que un Presidente, menos que un Libertador

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 06 Mar 2026 13:05:00 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 6 de marzo de 1845.

El Presidente de la República de Colombia fue quien ordenó el cese del autogobierno de la Provincia Libre de Guayaquil el 13 de julio de 1822. Un Presidente de puro nombre, porque el ejercicio de la Presidencia en ese momento lo tenía otra persona en Bogotá, pero el general Simón Bolívar era más que un Presidente cuando se trataba de un territorio en disputa. Para un hombre curtido en arrancar territorio a los españoles en una guerra a muerte, la ocupación de Guayaquil era la continuación de una tradición.

Los representantes de Guayaquil querían decidir el futuro de la provincia por Colombia, por Perú, o por su cuenta, porque su independencia el 9 de octubre de 1820 se produjo por su propio esfuerzo y porque se había adoptado una Constitución cuyo artículo 2 declaraba una “entera libertad” de los representantes de la provincia para adoptar esta decisión. Una Junta de Gobierno se creó para cumplir lo dispuesto en la Constitución y fue presidida por José Joaquín Olmedo.

Para cumplir este artículo 2, la Junta de Gobierno emitió un decreto que dispuso que no se admitiría una fuerza armada, ni de Perú ni de Colombia, en el territorio de la provincia.

Desde la perspectiva de Bolívar, estas normas de los guayaquileños eran nimiedades. ¿Qué le podía importar a él, decidido a incorporar a Colombia todo el antiguo territorio de la Audiencia de Quito, lo que se haya decidido en la provincia de Guayaquil, sea Constitución, decreto, o qué-sé-yo? Bolívar, en modo conquista: para él, lo único que contaba era que Guayaquil era un territorio en disputa con el Perú, cuya máxima autoridad era el general José de San Martín. Él tenía que llegar primero y ocupar Guayaquil con sus tropas.

Y así procedió Bolívar y entró en Guayaquil con 1.300 soldados el 11 de julio de 1822. Quince días después, acudió San Martín a Guayaquil para verse con Bolívar. Ocurrió en Guayaquil (la única vez que se vieron) la célebre entrevista entre el Presidente de Colombia y máxima autoridad actuante en la ocupación de Guayaquil, Simón Bolívar, y el Protector del Perú, José de San Martín. Guayaquil ya no estaba en discusión, pues Bolívar la había ocupado y se la había ganado.

Desde el 13 de julio que Simón Bolívar ordenó el cese en funciones de la Junta de Gobierno elegida por los representantes de la provincia, hasta el 4 de agosto que se formalizó la anexión de la provincia a la República de Colombia, Bolívar gobernó como un autócrata, como la máxima autoridad del ejército de ocupación. Como lo había hecho en la guerra en tantos y tantos años de una incesante labor de arrancar territorio al Reino de España.

Que ahora se haya tratado de un gobierno independiente de España, no era que le importe demasiado a un hombre de acción, a un tipo dispuesto a todo (a ignorar la voluntad popular, a violar las leyes y a extinguir el autogobierno) por cumplir su objetivo. Era un matiz que su máxima autoridad (la autoridad del jefe de un ejército de ocupación) no podía asimilar.

Más que un Presidente, menos que un Libertador, Simón Bolívar se retiró de Guayaquil el 1 de septiembre de 1822, no sin antes haber nombrado a la primera autoridad colombiana del nuevo Departamento: el Intendente Bartolomé Salom.

Los presidentes muertos

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 27 Feb 2026 22:07:00 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 27 de febrero de 2026.

Un total de cuatro presidentes de la República del Ecuador han muerto durante el ejercicio de la presidencia y cada uno murió por una causa distinta: un asesinato, la muerte natural, un (probable) suicidio, un (supuesto) accidente de aviación.

El primero fue el líder conservador Gabriel García Moreno (nacido en Guayaquil en 1821, muerto en Quito en 1875). Fue elegido presidente de la República por sendas asambleas constitucionales para el ejercicio de sus dos períodos de gobierno (1861-1865 y 1869-1875). Casi al término de su segundo período, en mayo de 1875, García Moreno compitió para la reelección.

En aquellos tiempos, las elecciones las organizaba el propio gobierno y su resultado era muy previsible (ganaba invariablemente el candidato auspiciado por el gobierno). La elección de 1875 fue la única que García Moreno ganó por votación popular (con el 99.1% de los votos, aunque en aquel entonces eligió únicamente el 2.27% de la población). Iba a empezar este nuevo período de gobierno el 10 de agosto de 1875 pero cuatro días antes, el 6 de agosto, García Moreno fue asesinado, a tiros y machetazos, a los pies del Palacio de Gobierno.

El segundo presidente que murió mientras ejercía el cargo fue el liberal Emilio Estrada Carmona (nacido en Quito en 1855 y muerto en Guayaquil en 1911). Estrada fue elegido por el voto popular en enero de 1911 (también arrasó: triunfó con el 93.95% de los votos). Tomó posesión de su cargo el 1 de septiembre de ese mismo año. Estrada debió gobernar hasta el 1 de septiembre de 1915, pero un infarto interrumpió el ejercicio de su cargo el 21 de diciembre de 1911, con apenas 111 días en funciones.

Un natural de Quito, Aurelio Mosquera Narváez, nacido en 1883, fue el tercero en fallecer siendo el Presidente de la República. Mosquera fue elegido Presidente por el Congreso Nacional el 2 de diciembre de 1938, tras la renuncia del cuencano Manuel María Borrero. Es fama que el Presidente Mosquera se suicidó con la ingesta de grandes dosis de Nembutal y por una pena de amor (o por la pura vergüenza de que su mujer le haya puesto los cuernos). Murió en Quito, la fría madrugada del 17 de noviembre de 1939.

El último de esta lista fúnebre fue el guayaquileño Jaime Roldós Aguilera, nacido en 1940. Roldós fue el primer presidente tras la vuelta a la democracia en 1979, después de casi diez años de dictadura. Él participó por el partido populista por excelencia, la Concentración de Fuerzas Populares (CFP).

Fue un presidente elegido por la voluntad popular, en la primera ocasión que en el Ecuador la elección se realizó a dos vueltas. La primera vuelta se llevó a término el 16 de julio de 1978 y la segunda vuelta, que fue demorada por la dictadura para favorecer al candidato opositor, se realizó casi un año después, el 29 de abril de 1979. No sirvió de nada: Jaime Roldós obtuvo el 68.49% de los votos, frente al 31.51% que obtuvo Sixto Durán-Ballén. Una paliza nunca superada.

Roldós tomó posesión del cargo de presidente el 10 de agosto de 1979 y murió menos de dos años después, cuando el avión oficial en el que viajaba a Zapotillo se estrelló contra el cerro Huayrapungo. Este (supuesto) accidente de aviación ocurrió el 24 de mayo de 1981.

Olmedo, el Padre de la Patria

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 20 Feb 2026 13:35:00 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 20 de febrero de 2026.

En el Ecuador, José Joaquín Olmedo debe ser considerado el Padre de la Patria. Ningún otro nativo del territorio ecuatoriano ha cosechado tantos méritos en su vida pública como para hacerse acreedor a ese título. A Olmedo, el título le corresponde en exclusiva.

En su natal Guayaquil, Olmedo fue el primer Jefe Político tras la independencia del Reino de España en octubre de 1820. Por un Colegio Electoral que en la ciudad de Guayaquil reunió a 57 representantes de los pueblos de la provincia de Guayaquil (toda la Costa, menos Esmeraldas), Olmedo fue elegido Presidente de la Junta Superior de Gobierno que condujo los destinos de la provincia desde noviembre de 1820 hasta que la provincia fue anexada a la República de Colombia en julio-agosto de 1822.

Para el Ecuador, José Joaquín Olmedo fue el 9 de octubre el primer gobernante civil de un jirón independiente y republicano de su territorio, y entre noviembre de 1820 y julio de 1822 fue la máxima autoridad del primer gobierno independiente y republicano surgido en su territorio, elegido por los representantes de los pueblos. Como la cabeza de este efímero Estado, entre 1820 y 1822, Olmedo luchó por la libertad de los otros territorios con los que, desde 1830, la provincia de Guayaquil integró el Estado del Ecuador.

Cuando se integró el Estado del Ecuador y se lo postuló como una parte “confederada” a la República de Colombia, Olmedo fue el Vicepresidente del Congreso Constituyente que se reunió en Riobamba en agosto-septiembre de 1830 y decidió la creación del nuevo Estado. Y cuando, tras una guerra civil, se reunió una Asamblea Constitucional entre junio y agosto de 1835 en Ambato, Olmedo fue su Presidente. En Ambato se decidió que ese Estado “confederado” a Colombia de 1830 pasaba a ser una República por sí misma.

En 1830, dada su vasta experiencia previa (Cádiz, Guayaquil, Lima), Olmedo fue parte de la comisión de redacción de la Constitución. En 1835, dirigió la Asamblea Constitucional. Es decir, fundó al Ecuador como Estado en 1830 y lo forjó como República en 1835.

En 1845, Olmedo fue el Presidente del Gobierno Provisorio surgido en marzo por una revolución originada en Guayaquil, que expulsó a los militares extranjeros que habían impuesto su ley en el Estado del Ecuador desde 1830. Olmedo prevaleció, porque los militares extranjeros empezaron su dominio cuando los cesaron a Olmedo y al resto de integrantes de la Junta Superior de Gobierno de Guayaquil en julio de 1822. Casi un cuarto de siglo después, Olmedo fue la cabeza del Gobierno que expulsó a los militares extranjeros para instaurar, por primera vez, un gobierno de ecuatorianos.

Olmedo es el único en haber sido la máxima autoridad en dos Estados (Ecuador en 1845 y Guayaquil entre 1820 y 1822), pero más importante, Olmedo es la persona que funde estos dos episodios: como cabeza del gobierno de Guayaquil fue el primer gobernante de un territorio independiente del Reino de España y como cabeza del gobierno del Ecuador fue el primer gobernante independiente de los militares extranjeros, que se instalaron en los tiempos de la independencia del Reino de España.

Así, Olmedo es la cabeza de dos independencias: el verdadero Padre de la Patria.

En defensa de la autonomía municipal

noreply@blogger.com (Xavier) — Tue, 17 Feb 2026 16:09:00 +0000

Hay un peligroso proyecto de Ley reformatoria del COOTAD propuesto por el Ejecutivo. Su objetivo es doble: 1) Reducir la transferencia de recursos del gobierno central a los gobiernos autónomos, provinciales, cantonales y parroquiales; 2) Regresar a los tiempos del control del gobierno central sobre los municipios y demás gobiernos autónomos.

Desde octubre de 2010, la Ley que regula a los municipios del Ecuador es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). En su artículo 5 define tres aspectos de la autonomía de los municipios: política, administrativa y financiera. (Esto es aplicable a los otros gobiernos autónomos, provinciales y parroquiales).

Este artículo 5 del COOTAD es la culminación de un desarrollo progresivo. Anteriormente, el gobierno central tenía una gran injerencia en la gestión de los municipios: el Ministerio de Finanzas debía emitir un dictamen previo para la aprobación de las Ordenanzas de carácter tributario; el Ministerio de Gobierno también lo era “de Municipalidades” y, por ello, tenía atribuciones que interferían en la gestión de los municipios.

Hoy en día, esas injerencias del gobierno central no existen. Y por la autonomía de los municipios en materia financiera, según el artículo 5 del COOTAD, éstos tienen dos derechos: 1) el derecho a “recibir de manera directa predecible, oportuna, automática y sin condiciones los recursos que les corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado”; 2) el derecho a “generar y administrar sus propios recursos”.

Estos derechos de los municipios son afectados por la reforma al COOTAD propuesta por el Ejecutivo, que ni siquiera reforma el artículo 5 del COOTAD. Simplemente le pasa por encima.

1) La reforma propuesta por el Ejecutivo

El proyecto del Ejecutivo presentado el 28 de enero a la Asamblea Nacional como una Ley Económica Urgente busca la reforma del artículo 198 del COOTAD. En esencia, a partir de la regla existente, i.e., la distribución de los recursos transferidos por el gobierno central a un gobierno autónomo en un porcentaje 70/30 (70% para gastos no permanentes, 30% para gastos permanentes), esta reforma establece: 1) la ampliación de la base de cálculo para el porcentaje 70/30, que incluye a los recursos propios generados por cada municipio y demás gobiernos autónomos; 2) una sanción para los municipios y demás gobiernos autónomos que no cumplan con el porcentaje ordenado por el gobierno central, establecido de forma progresiva: para el primer ejercicio fiscal de aplicación por los gobiernos autónomos (2027) será del 60%; para el segundo (2028) será del 65%; y para el tercero (2029) se estabilizará en el 70% (para las parroquias rurales de menor escala hay un régimen diferenciado, que le otorga una base más baja (50%) y un año más para alcanzar el 70% (2030)).

Así planteado, este proyecto de Ley reformatoria vulnera los dos derechos de los gobiernos autónomos contemplados en el artículo 5 del COOTAD.

2) La vulneración del derecho de los municipios y demás gobiernos autónomos a recibir de una manera directa predecible, oportuna, automática y sin condiciones la transferencia de los recursos por el gobierno central

La Ley reformatoria al COOTAD propuesta por el Ejecutivo viola la autonomía financiera establecida en el artículo 5 del COOTAD, porque impone unas “condiciones” para la transferencia de los recursos.

La condición propuesta en la reforma establece que, si y solo si, el municipio cumple con el porcentaje 70/30 podrá conservar la transferencia del 21% de los ingresos permanentes y del 10% de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado que establece el COOTAD. La consecuencia de no cumplir con la condición es la reducción del porcentaje a trasferir desde el gobierno central a los municipios y demás gobiernos autónomos: del 21% la transferencia de recursos se reduciría al 10% de los ingresos permanentes y, para el caso de los ingresos no permanentes, pasaría del 10% al 5%.

La imposición de estas condiciones para la transferencia de los recursos está prohibida por la autonomía financiera establecida en el mismo cuerpo jurídico que pretenden reformar. Pero la ignorancia es atrevida.

3) La vulneración del derecho de los municipios y demás gobiernos autónomos a generar y administrar sus propios recursos

La Ley reformatoria al COOTAD propuesta por el Ejecutivo viola la autonomía financiera establecida en el artículo 5 del COOTAD porque impone reglas de administración sobre los recursos propios que genera cada municipio y demás gobiernos autónomos. En el actual artículo 198 del COOTAD se excluye a los recursos propios de cada municipio para el cálculo de la regla 70/30. En la reforma, se incluye a estos recursos propios para el cálculo y la sanción que se incorpora, en violación de la autonomía financiera establecida en el artículo 5 del COOTAD que demanda una plena libertad de cada municipio (puesto que son sus recursos y nada le debe por ellos al gobierno central) para administrar los recursos de su propia generación. Pero el gobierno central es ignorante y atrevido.

4) Conclusión

El proyecto de Ley reformatoria propuesto por el Ejecutivo no reforma el artículo 5 del COOTAD, al que simplemente le pasa por encima. De forma ignorante y atrevida.

Redención y caída

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 13 Feb 2026 20:19:00 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 13 de febrero de 2026.

“Pero ¿quiénes son regularmente la causa o la ocasión de esas fatales revoluciones?, ¿quiénes las provocan? Todos lo saben: los gobiernos despóticos”. Estas palabras, inscritas en el Manifiesto del Gobierno Provisorio de 1845, eran el antecedente para describir el gobierno despótico del militar venezolano Juan José Flores y justificar la revolución del 6 de marzo de 1845 que lo derrocó.

“La decepción”, decía el Manifiesto publicado el 6 de julio, caído ya el gobierno de Flores, “fue el espíritu, el alma de la administración”. E hizo una descripción deliciosa: “El desaliento de los pueblos se pintaba como voluntaria sumisión; el silencio de los oprimidos, como tranquilidad general, las especulaciones sobre el fisco, como arreglos de la hacienda, las negociaciones con particulares, como suplementos y servicios patrióticos; los privilegios concedidos a deudos y parciales, como premios del mérito; la falta de fe en llenar los compromisos del erario, como una economía recomendable; las órdenes ejecutivas de pagos ilegales, como un exacto cumplimiento de su palabra, y como sostenimiento del crédito nacional”.

El Manifiesto del 6 de julio de 1845 se dirigió a los pueblos americanos, para persuadirlos de la justicia del cambio de gobierno operado por una revolución en el Ecuador: un Estado que estaba en manos de unos militares extranjeros y que desde la revolución empezó a gobernarse por ecuatorianos.

Este documento, tras un detallado relato de la dominación extranjera desde 1830, justificó la revolución que expulsó a Flores pues “no ha tenido otro objeto que sostener la inviolabilidad de la Constitución, precaver la alteración de las formas republicanas, oponerse a la opresión, devolver a los pueblos el espíritu nacional, y el derecho de formar también un cuerpo nacional, libre, legítimo, que pueda sostener con dignidad su representación”.

Una actuación animada de ese noble propósito tenía el respaldo de los más reputados doctrinarios. Se citó a la declaración de independencia de los Estados Unidos de América, a Vattel, a Constant, a Bello y a Portalis, para convencer a los otros pueblos de América que el pueblo del Ecuador había ejercido su derecho de resistir a un déspota. Convencerlos, en fin, que fue justo el haber convertido su indignación en un nuevo gobierno: “El pueblo del Ecuador para justificarse dirá solamente que tuvo voluntad de libertarse, causas que excitaron esa voluntad, y fuerzas que la sostuvieron”.

El largo camino de redención del pueblo ecuatoriano constante en el Manifiesto lleva a su lector a unas diáfanas conclusiones. La primera y fundamental: “Que no ha sido efecto de un tumulto popular, ni obra de una facción sediciosa la reciente transformación del Ecuador”, es decir, que la revolución originada el 6 de marzo de 1845 en Guayaquil tenía un título legítimo, así como que también tenía legitimidad el Gobierno Provisorio del Ecuador surgido por la revolución.

Este Manifiesto derivó a una plegaria: “Nada nos resta ya sino dirigir nuestros votos al cielo, para que se digne conceder al pueblo ecuatoriano amor al orden, espíritu de unión y la paz de la libertad”. Pero el cielo esas concesiones, siempre, las ha negado. Es parte de caer.

Guayaquil fue la vanguardia

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 06 Feb 2026 12:20:00 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 6 de febrero de 2026.

En Guayaquil se forjó la patria el 9 de octubre de 1820 y desde Guayaquil se recuperó la patria a partir del 6 de marzo de 1845. El Ecuador demoró un cuarto de siglo entre ser un gobierno independiente de los españoles en 1820 y un gobierno ecuatoriano por sus autoridades en 1845.

El 6 de marzo de 1845 estalló en Guayaquil la revolución “marcista” (insisto: revolución merecedora de un mejor nombre, como “nacional” o “patriota”). Al día siguiente, una congregación de “los padres de familia y los demás vecinos de la ciudad” legitimó a un Gobierno Provisorio presidido por José Joaquín Olmedo, acompañado de Vicente Ramón Roca y Diego Noboa (futuros Presidentes del Ecuador), cuyo propósito principal fue reemplazar el gobierno del militar venezolano Juan José Flores.

Cumplido este propósito, el Gobierno Provisorio publicó el 6 de julio de 1845 un “Manifiesto del Gobierno Provisorio del Ecuador sobre las causas de la presente transformación a los pueblos americanos” para justificar a “todos los pueblos americanos y a las naciones con quienes tenemos relaciones políticas los motivos poderosos que nos han impelido a desconocer la autoridad ilegal que nos regía y a preparar una regeneración que nos restituya la nacionalidad tan indecorosamente usurpada”. En 1845 era un punto de honor la justificación razonada del cambio de régimen.

Este texto poseedor de belleza literaria y profundidad jurídica resaltó el rol principal de Guayaquil en la recuperación de la nacionalidad ecuatoriana. Primero, por destacar que la revolución del 6 de marzo de 1845 fue “no la resolución precipitada de algunos patriotas exaltados e impacientes del yugo, no el clamor de una facción amiga de trastornos ni la sedición de los malos contra las leyes; no; es el voto, es el sentimiento unánime y general de los Ecuatorianos de toda clase y condición, que conmueve a toda la República […] hasta hacer inevitable la revolución”.

Segundo, porque Guayaquil fue el punto de partida para que se produzca lo inevitable. El 6 de marzo, “la juventud de Guayaquil acaudillada por un esforzado capitán (N. del A.: Antonio Elizalde), y sostenida por jefes y militares animosos, reconquistó la libertad de la Patria con una audacia igual a su fortuna”.

Y dados estos antecedentes, se debe reconocer a la Guayaquil que originó la revolución como la auténtica vanguardia ecuatoriana. En palabras del Manifiesto: “El voto de esta provincia no ha sido el voto de la minoría de la nación; ha sido el voto de un pueblo que tuvo la fortuna de ser el primero que anunciaba en alta voz el voto nacional. […] La población de Guayaquil es cierto que es la minoría de la República; pero era una minoría encargada del sagrado depósito de la voluntad general”.

Y desde Guayaquil cundió la señal para cambiar el régimen opresor: “La voz de Guayaquil dio la señal; y esta voz se difundió de un extremo al otro de la República, con más velocidad que el eco de nuestras montañas”.

En el proceso de ser un Ecuador para los ecuatorianos, Guayaquil estuvo al principio en 1820 y al final en 1845, año en el que se sustituyó a una “Administración ilegal y extraña” para tener “un Gobierno propio y una representación verdaderamente ecuatoriana”.

Olmedo y la revolución patriota

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 30 Jan 2026 23:22:00 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 30 de enero de 2025.

El guayaquileño José Joaquín Olmedo es una persona singular en el mundo jurídico: él ayudó a forjar cuatro Estados, por haber participado en la redacción de sus constituciones. España en 1812, Guayaquil en 1820, Perú en 1823 y Ecuador, tanto en 1830 cuando se forma como Estado, como en 1835 (él, con el cargo de Presidente de la Asamblea Constitucional) cuando se forma como República del Ecuador. Olmedo participó en total en seis asambleas constitucionales (tres para el Ecuador, la última en 1845), para cuatro Estados, en dos continentes. No hay otro americano con ese récord.

También es Olmedo único en el Ecuador por haber sido la máxima autoridad de dos Estados sudamericanos: fue el Presidente de la Junta Superior de Gobierno de Guayaquil entre noviembre de 1820 y julio de 1822 y fue el Presidente del Gobierno Provisorio del Ecuador entre marzo y octubre de 1845. Así, la ocupación de Guayaquil y la revolución marcista se conectan: Olmedo, en 1822, fue destituido como Presidente de un triunvirato de gobierno por el jefe de las tropas extranjeras; Olmedo, en 1845, fue el Presidente de un triunvirato de gobierno que expulsó a las tropas extranjeras.

El 6 de julio de 1845, el Gobierno publicó el “Manifiesto del Gobierno Provisorio del Ecuador sobre las causas de la presente transformación a los pueblos americanos” que es fama que pertenece a la pluma de Olmedo. Para esa fecha, caído el Presidente venezolano y derogada la Constitución hecha a su medida, el Gobierno Provisorio del Ecuador se propuso explicar a los pueblos de América el cambio de régimen operado en el Ecuador entre marzo y junio de 1845.

El Manifiesto de 1845 explicó la particular situación del Ecuador en sus primeros quince años de vida política: era un país ocupado por extranjeros. Mientras Colombia y Venezuela tuvieron “desde el principio leyes y costumbres propias, tropas patricias y un gobierno patrio”, el Ecuador, “ocupado por fuerzas extrañas, que habían venido como auxiliares a completar la obra de la independencia y dominado por extraños, no pudo pensar en su suerte libremente ni arreglar sus negocios según sus intereses y necesidades”.

Sigamos con la sombría descripción del Manifiesto: “No era posible sobreponerse al influjo y poder de los extraños que habían venido desde 1821, trayéndonos sus armas y sus leyes, sus costumbres, sus maneras tan disconformes de las nuestras, y hasta sus idiotismos vulgares”. Desde 1821, porque fue en mayo de 1821 cuando Guayaquil firmó un tratado con Colombia.

Entre 1820 y 1822, Guayaquil fue un pequeño Estado republicano, presidido por Olmedo, hasta que Simón Bolívar, Presidente de Colombia y jefe de las tropas extranjeras, en julio de 1822 ocupó la ciudad y agregó la provincia de Guayaquil a la República de Colombia. Una afrenta para la ciudad y para Olmedo, que debió salir al exilio.

Una afrenta que Olmedo tuvo ocasión de vengar en 1845, como el Presidente del Gobierno surgido de la revolución “marcista” (merecedora de un mejor nombre: revolución “nacional” o “patriota”), que llevó al exilio al jefe de las tropas extranjeras y empezó un gobierno de ecuatorianos, después de dos décadas y más de dominación.

Olmedo, finalmente, fundó su patria.

Guerra civil

noreply@blogger.com (Xavier) — Fri, 23 Jan 2026 22:13:00 +0000

Publicado en diario Expreso el viernes 23 de enero de 2026.

Este tópico bobalicón de la República del Ecuador como “isla de paz” contradice a la realidad desde su mismo origen. Esto, porque la República del Ecuador se creó tras una guerra civil entre los ejércitos de la Costa y de la Sierra.

En enero de 1835, hace 191 años, se enfrentaron en los arenales de Miñarica, cerca de Ambato, estos dos ejércitos. El ejército de la Costa (menos Esmeraldas), comandado por el venezolano Juan José Flores, cuyo Jefe Supremo era el terrateniente guayaquileño Vicente Rocafuerte; el ejército de la Sierra, comandado por el novogranadino Isidoro Barriga, cuyo Jefe Supremo era el terrateniente lojano José Félix Valdivieso. Rocafuerte era un ilustrado liberal; Valdivieso, un redomado conservador.

Venció el ejército de la Costa en Miñarica. (El poeta José Joaquín Olmedo cantó este triunfo militar en su “Oda al general Flores, vencedor en Miñarica” -obra que Marcelino Menéndez Pelayo considera en varios aspectos superior a su “Canto a Bolívar”). El bando perdedor (unas 800 personas) huyó al norte. Y fueron dos los efectos de su derrota: proclamar la muerte del Estado del Ecuador y pretender la agregación de la provincia de Quito (de la Sierra Centro-Norte) a la Nueva Granada (que era el nombre de Colombia por aquellos años).

Que cuente este descalabro el historiador quiteño Jorge Salvador Lara: “En Tulcán, presididos por el general Matheu, decretaron la anexión a Nueva Granada; el odio político les llevó a traicionar sus ideales de siempre: la autonomía de Quito. Don Roberto Ascázubi, comisionado para ello, pasó por la vergüenza de que el gobierno de Bogotá rechazase tal acta”. Lo que se dice: un papelón.

Por esta derrota del ejército de la Sierra en Miñarica, recuerda Salvador Lara: “La Sierra debió pagar 100.000 pesos como contribución de guerra”. Una vez concluido el papelón de su fallida agregación a Colombia y pagada la contribución de guerra, los serranos se volvieron a integrar a la vida política del Ecuador.

Por su parte, el bando triunfador en la guerra civil, por intermedio del Jefe Supremo Rocafuerte, convocó a una convención nacional a realizarse en junio de 1835. La convención se instaló en Ambato y empezó sus sesiones el 22 de junio. Su Presidente fue el abogado José Joaquín Olmedo. (Después de cantar Miñarica, Olmedo se propuso darle forma jurídica a la victoria.)

En esta Convención de Ambato participaron los representantes de los tres departamentos (las antiguas provincias españolas de Guayaquil, Cuenca y Quito) que se habían reunido en el Congreso Constituyente de Riobamba para fundar el Estado del Ecuador en 1830, cuando aquel Ecuador pretendió ser una parte “confederada” a la República de Colombia.

Esta vez fue distinto: los representantes aprobaron en la Constitución la existencia de un Estado independiente, sin confederación de ningún tipo, de nombre “República del Ecuador”. Y designaron el 8 de agosto al primer “Presidente de la República del Ecuador” en la persona del Jefe Supremo vencedor en la guerra civil, Vicente Rocafuerte. Cinco días después, el 13 de agosto de 1835, Rocafuerte puso el Ejecútese a la Constitución. Desde ese día, somos la “República del Ecuador”.

Y lo fuimos, por una guerra civil.