http://imanol-zubero.blogspot.com/2011/08/hacia-el-estado-mercado.html

¿Constitucionalizar un límite al déficit público en un país en el que se ha construido un aeropuerto sin aviones, y aún así la sociedad pública que lo gestiona acaba de destinar una partida de 5,5 millones de euros para controlar “los filtros de embarque, el Centro de Seguridad Aeroportuaria y los accesos” al mismo durante cinco años? Cuando el impulso o la decisión política están detrás de infinidad de actuaciones –parques temáticos, estaciones de esquí, aeropuertos, rutas de AVE, ciudades de la cultura, cajas de ahorro, clubes de fútbol, etc.- que generan enormes pérdidas, ¿de qué va a servir fijar en la Constitución un mandato de estabilidad presupuestaria?

Saber que no se debe gastar más de lo que se tiene o razonablemente se espera tener, máxime cuando se maneja dinero de todos, es una cuestión de sentido (del bien) común. Un sentido común, una prudencia elemental y una responsabilidad de la que ha estado ayuna en los últimos tiempos una buena parte de la política española. Por eso me ha gustado escuchar al candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando en un corte del diálogo que mantuvo recientemente con un amplio grupo de padres y madres con hijos o hijas menores de 15 años no dejaba de señalar que el próximo Gobierno va a contar con “pocos recursos”, lo que exigirá fijar bien las prioridades. Esta es la actitud responsable y prudente que debemos exigir a quienes gobiernan los recursos (por definición siempre escasos) de todas y de todos. Confiar en las virtudes taumatúrgicas de una norma, por más alto que sea su rango jurisdiccional, resulta francamente ridículo. Recordemos, si no, lo que la Constitución proclama al respecto del Senado y su función de representación territorial… desde 1978. Si de sujetar el gasto se trata, más nos valdría reformar muchas de nuestras prácticas políticas antes que el texto constitucional.

Sujetar el gasto, sí, pero según qué gasto. A pesar de mantener discrepancias teóricas entre ellos, en los últimos días hemos podido leer sendos artículos de los economistas Paul Krugman (“La crisis secuestrada”, El País, 14 agosto) y James K. Galbraith (“La histeria del déficit”, Público, 14 agosto) en los que cuestionaban con dureza la obsesión con el déficit público, considerándola fundamentalmente una estrategia ideológica destinada a “paralizar al Gobierno y recortar la Seguridad Social” (Galbraith) o a “secuestrar el debate sobre la crisis para conseguir las mismas cosas que uno defendía antes de la crisis, dejar que la economía siga desangrándose” (Krugman). Una posición similar es mantenida por Robert Reich, catedrático de Políticas Públicas en la Universidad de Berkeley y secretario de Trabajo con Clinton (“La manipulación de la crisis”, Público, 1 agosto), quien al igual que los anteriores sostiene que la mejor forma de salir de la crisis es aumentar el gasto público, no disminuirlo. Los tres refieren sus análisis a Estados Unidos, pero creo que podemos aplicarnos el cuento. En España, el colectivo Economistas frente a la Crisis ha criticado la imposición por el Consejo Europeo de políticas de recorte drástico del gasto público y plantean en relación al déficit: “Se asume que un problema esencial en el actual contexto es el déficit público, causado por un exceso de gasto. Sin embargo, el déficit encuentra una de sus principales causas en la fuerte y rápida reducción de los ingresos, que dependen directamente de la evolución del PIB. ¿No sería más adecuado centrarse en la recuperación de los ingresos sin olvidar, por supuesto, la necesaria eficiencia del gasto público?”.

Hablando de recuperación de ingresos: los empresarios españoles que tan contundentemente han salido a apoyar la medida de constitucionalizar el límite de déficit, ¿reclamarán también una subida de impuestos para las rentas más altas como han hecho algunos de sus colegas franceses y norteamericanos? ¿O acaso tendrán a bien reflexionar públicamente sobre la información proporcionada por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), según la cual la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en el último año, lo que supone el 71,8% del importe total de estas bolsas de fraude en España, un porcentaje tres veces superior al correspondiente a pymes y autónomos?

Ya basta de seguir alimentando la ficción de unos mercados guiados por una cierta racionalidad, fundamentalmente prudentes, a quienes espanta la incertidumbre, deseosos de confiar en nosotros para así aterrizar amigablemente en nuestro entorno productivo y ayudarnos a salir de la crisis. Seguros de impago de créditos, ventas a corto, apalancamientos, apuestas a la baja, inversiones de alto riesgo… la incertidumbre y el desequilibrio configuran el ecosistema necesario donde se desarrolla el capitalismo de casino. He leído, incluso, sobre “máquinas de inversión de alta frecuencia” (High Frequency Trading), potentes ordenadores programados matemáticamente para comprar y vender en segundos modificando así las tendencias en las bolsas, con volúmenes de negocio de miles de millones diarios. ¿Modificarán estas supermáquinas de especular sus algoritmos para incorporar nuestra reforma constitucional?

Y luego está la cuestión de las formas: sin debate, decidiendo con incomprensible urgencia una medida pensada para ser aplicada en 2018 o en 2020, generando con ello aún más indignación en una ciudadanía cuya desconfianza debería importarnos mucho más que la de los volubles y codiciosos mercados.

En 2002, siendo Director de Inteligencia del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Philip Bobbitt publicaba el libro The Shield of Achilles: War, Peace, and the Course of History (“El escudo de Aquiles: Guerra, paz y el curso de la Historia”). Bobbitt considera que la sucesión de conflictos bélicos que han caracterizado el siglo XX –desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín- constituyen, en realidad, un solo y prolongado conflicto de naturaleza epocal, la Larga Guerra, prolongada en el cambio de siglo con la guerra global contra el terror. Como consecuencia se ha producido una transformación esencial de la naturaleza y la lógica del Estado nación, sustituido por el Estado Mercado. La diferencia fundamental entre ambos es que mientras el Estado nación clásico deriva su poder y su legitimidad de la promesa de garantizar a sus ciudadanos bienestar material a través de la regulación de los mercados, la redistribución de la riqueza nacional y el impulso de programas de asistencia social, el Estado Mercado se legitima a través de la promesa de maximizar las oportunidades de sus ciudadanos impulsando la libre empresa y la iniciativa privada en un entorno de mercado libre. El dinamismo y los incentivos del mercado sustituyen crecientemente la regulación y los programas sociales impulsados por los gobiernos, que externalizan muchas de sus funciones clásicas hacia organizaciones privadas.

Consagrar constitucionalmente de esta manera el equilibrio presupuestario es convertir a España un poco más en Estado Mercado. Donde algunos podremos posicionarnos como agentes económicos, pero con el que pocos nos identificaremos como ciudadanos. Desde ahora digo que mi voto no servirá para apoyar esta reforma.

http://www.fedeablogs.net/economia/?p=13578

Un comentario super-rápido. Como una de las ventajas de vivir en EE.UU. es que uno puede ver las cosas que pasan cuando la gente se ha ido ya a la cama en España, he visto en EL PAÍS un texto sobre el nuevo artículo 135 de la constitución que han acordado el PSOE y el PP a última hora.

A falta de saber si esta es o no la redacción final, mis reacciones iniciales (enfatizo, más que nunca: mis reacciones, las mías, no las de nadie más) al texto en negrita (me salto la exposición de motivos, que como siempre es un rollazo, y la disposición final):

“1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.”

Vale, esto no quiere decir nada concreto, una mera declaración de principios (¿en oposición a qué? ¿a actuar según el principio de desestabilidad financiera?). Bueno, me imagino que los constitucionalistas querrían poner esto.

“2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.”

Aquí ya entramos en detalles concretos. Lo que más me gusta: la palabra “estructural”. Como hemos dicho en NeG una y otra vez, la clave es el déficit una vez corregido por los efectos del ciclo. En esta frase solo nos limitamos a los criterios de la Unión Europea, que ya son parte de nuestro ordenamiento jurídico en todo caso, con lo cual a parte de introducir por primera vez el concepto de “déficit estructural”, no supone novedad.

“Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.”

En esta frase está el meollo de la cuestión. Parece que Rubalcaba ha insistido mucho en que no saliese una cifra concreta de déficit estructural en la constitución y que se llevase a una ley orgánica. Cosa buena: nos deja más flexibilidad en el medio plazo. Cosa mala: cambiar una ley orgánica no es particularmente difícil con lo cual se pierde algo de credibilidad (¿cuánto? No lo se). Decía Romanones que otros hicieran las leyes, que él quería escribir el reglamento. Pues aquí igual: todos los detalles importantes se llevan a una futura ley orgánica, con lo cual tenemos poco que decir en este momento.

Más cosas: las razones de Rubalcaba para sacar la cifra de déficit de la constitución y llevarlo a la ley orgánica, me temo, son puramente electorales. Nunca un buen argumento cuando se diseña una constitución.

“3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.”

Bueno, solo faltaría, ¿no? En realidad esto es igual que la redacción actual (“El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.”) excepto que ponemos los de las comunidades para reflejar nuestra quasi-federalización.

“Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.”

Dos cambios con la redacción actual (“Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.”) Primero se cambia “Estado” por “Administraciones” (misma razón que antes) y se incluye la frase coordinada “y su pago gozará de prioridad absoluta.” Esto debe ser para que le quede claro a nuestros deudores que pagaremos. Pero claro, si uno impaga la deuda ya esta rompiendo un contrato, así que ya puestos a ello, no me parece que esta clausula adicional importe mucho. Pero tampoco perjudica. La dejamos ahí y tan tranquila.

“El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.”

Como argumentaba anteriormente, en principio esto ya existe en nuestro ordenamiento pues los tratados de la Unión tienen un rango constitucional, pero por insistir que no quede. Lo que no se especifica es que ocurre si nos saltamos esta limitación y no se hace referencia a ninguna ley orgánica adicional.

“4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.”

Esto parece copiado de la Ley Fundamental alemana. La duda que me entra es: si la recesión económica es un motivo para saltarse el limite, apreciada por mayoría absoluta ¿cuánto de impacto tiene esta limitación en la práctica? Como veremos en un segundo no podemos contestar a ninguno de esos detalles.

“5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.”

Como explicaba antes, básicamente esta sección nos dice que todo lo importante se lleva a ley orgánica, con lo que me queda poco que comentar.

“6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.”

Esto si que tiene enjundia: palazo espectacular a las CC.AA. que van a tener que poner su casa fiscal en orden a marchas forzadas. Dados los problemas que tenemos en estos momentos con las CC.AA. parece una medida necesaria. A la vez, seguimos teniendo un sistema de financiación autonómico demencial, con incentivos perversos y que perjudica en exceso a algunas comunidades. Todo el sistema habría que replantearlo desde el principio, pero cualquiera lo soluciona en un artículo de la constitución.

“Disposición adicional única.
1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012.”

Esto me gusta: un compromiso claro de fecha para la ley orgánica. Menuda que le espera al secretario de estado que tenga que prepararla (casi con total seguridad del PP). Señor futuro secretario de estado: no se quién serás (probablemente hoy no lo sepas tú tampoco), pero te acompaño en el sentimiento.

“2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.”

Abogados 1, estilo 0. Esto se podría haber puesto en el cuerpo principal del artículo y quedaría mucho mejor.

2. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.”

Patadón al futuro: hasta el 2020 esto no cumple ningún papel. Vete tú a saber dónde estaremos en ese año y sí lo habremos o no cambiado para aquel entonces. Me imagino que al final los dos partidos han aprobado esto porque el 2020 está en la clase de equivalencia del 2050, más allá de cualquier calendario político. Hubiese sido mejor hacer que la reforma entrase en vigor en el 2014, con un periodo transitorio de déficit especificado más en detalle.

Resumen:

1.) El artículo consagra la idea de déficit estructural como objetivo: esto es bueno.

2.) Sin embargo todos los detalles se van a la ley orgánica: poco podemos valorar en este sentido.

3.) La entrada en vigor es tardía.

4.) Aquellos más opuestos a la idea tienen poco que objetar al artículo en si mismo pues este permite, por medio de la ley orgánica, implementaciones muy diversas. Esta el tema de si el procedimiento que se ha empleado es el mejor o no, pero eso se lo dejo discutir a otros.

Valoración: No está mal, mejor que lo que me pensaba el martes o miércoles. Yo cambiaría cosas pero la política es el arte de lo posible. Si se aprueba, creo que habremos avanzado aunque tenemos que esperar a la ley orgánica. Esto es lo que importa de verdad. Pero no nos olvidemos: nuestros verdaderos problemas no son fiscales, son de crecimiento. Una vez liquidado este tema, centrémonos en lo que importa.

Actualización: se van conociendo más cosas, incluyendo un acuerdo entre el PSOE y el PP sobre el contenido de la ley orgánica:

1.) El límite de déficit estructural será del 0.4%, 0.26% para el estado, 0.14% para las CC.AA., nada para los ayuntamientos. Yo hubiese preferido un límite de déficit más cercano a cero (o incluso positivo, para ir pagando la deuda), pero esto también permite cierta discrecionalidad en la política fiscal que puede resultar util.

2.) Habrá revisiones de las sendas de déficit en el 2015 y 2018. Eso me gusta: forzarnos, en principio, a revisar cómo vamos.

3.) “A los efectos del contenido de la citada ley orgánica, se entenderá por saldo estructural aquel que se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recersiones normales de los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales.” Esto es una definición estandard de saldo estructural. Bien, parece que todos entendemos lo mismo cuando hablamos de déficit estructural.

Pocos detalles aún, pero al menos la clarificación del objetivo (no bueno, pero tampoco malo) y la definición de saldo estructural (bueno) reduce incertidumbre. Al final vamos a tener una buena reforma.

A Quino Castro

A José Díaz, el que fuera secretario general del Partido Comunista de España, le preguntaron un día que cuál sería su actitud si el pueblo decidiera en referéndum la prohibición de las corridas de toros. Contestó que lo aceptaría, “pero diría que, por primera vez, el pueblo se ha equivocado”. A ver quién es ahora el que se atreve a pedir la prohibición de la Fiesta Nacional después de que José Tomás haya convertido en arte, según los peritos, eso de matar a un animal al que martirizan previamente en nombre de una tradición que se inició seguramente cuando el hombre y el bovino aún bebían en el mismo barreño y rumiaban en el mismo pesebre. Pero, sobre todo, desde que a Fran Rivera le dieron la Medalla de las Bellas Artes, quedando claro desde entonces en qué clase de país vivimos. Cuando alguien le reprocha el oficio que ejerce, el torero argumenta que el bello mamífero prefiere morir en la plaza en vez de en un degolladero. ¿Qué toro ha dicho eso?, ¿en qué museo está su cabeza disecada?, ¿en qué enciclopedia taurina consta su celebérrimo nombre? Esa decisión la toma siempre el hombre, que ha diseñado las plazas de toros de tal manera que el animal no pueda salir de ellas si no es hecho churrascos o, en caso de indulto, cosido a machetazos. En cambio, el torero tiene burladeros para los momentos de apuros y subalternos que en cuanto le ven en peligro saltan al albero para salvarlo, asegurando también sus salarios. La gloria es siempre para el torero y el ganadero, cuando hay faena de mérito. Cuando el toro es perdonado por su bravura y clase, ¿se ha dado alguna vez el caso de que le hayan cortado las orejas al estoqueador para gratificar al toro con un piscolabis de ternilla? El rabo sería mucho pedir porque un torero sin pedúnculo perdería interés: el paquete escrotal es básico en su estética, porque es una lucha para ver quién tiene más cohones, si el animal o el hombre. De muchacho soñaba con ser torero y alguna vez me llevaron a la Maestranza. Pero una tarde cayó un novillo medio descabezado a diez metros de mí y, con los ojos tornados y echando un río carmesí por la boca, sentí que me preguntó: “¿Tú qué haces aquí?”. La conciencia, supongo. No he vuelto a pisar un coso taurino en mi vida, salvo para escuchar flamenco. Es mi manera de amar al toro, como amo a los demás animales del planeta que habitamos. Si los españoles decidieran algún día en referéndum la prohibición de las corridas de toros diría que, contradiciendo al sevillano José Díaz, el pueblo nunca se equivoca. Pero esa es una breva muy agarrada aún a la higuera de la utopía.