Entre otras funciones la Superintendencia es la entidad responsable de la autorización, regulación y supervisión de las personas, físicas o jurídicas, que intervengan en los actos o contratos relacionados con la actividad aseguradora, reaseguradora, la oferta pública y la realización de negocios de seguros.

Es un órgano de máxima desconcentración y a partir del 1° de enero del 2010 la Sugese funciona oficialmente como un ente supervisor independiente, adscrito al Banco Central de Costa Rica.

En nuestro país existe una serie de leyes y reglamentos, de los cuáles, es la Superintendencia quien se encarga del cumplimiento de la normativa vigente. Entre las más importantes destacan:

• Ley Reguladora del Mercado de Valores No. 7732
• Ley Reguladora del Mercado de Seguros No. 8653
• Ley Reguladora del Contrato de Seguros No. 8956

Fuente: Sugese.fi.cr

Entrevista a Ginette Brenes, experta en seguros.

• Salario Mínimo: en Costa Rica existe un Consejo Nacional de Salarios que es integrado por representantes del Gobierno, de los patronos y de los trabajadores. Este Consejo, amparado en el artículo 177 del Código de Trabajo,  establece los salarios mínimos para el sector privado renovándolos periódicamente según el aumento del costo de la vida.

Ninguna empresa en nuestro país, puede despedir a sus colaboradores por el ajuste del salario mínimo. De hacerlo el patrono se expone a una sanción contemplada en la legislación vigente.

• Preaviso: Corresponde al aviso previo que debe dar tanto el trabajador como el patrono en los contratos por tiempo indefinido. El plazo del preaviso depende del tiempo que el trabajador ha prestado sus servicios, siempre y cuando la relación laboral exceda de tres meses.  El preaviso puede otorgarse con tiempo o en dinero.

• Cesantía: Si el trabajador es despedido sin justificación, después de al menos tres meses de servicio, el patrono debe pagar un monto por cesantía cuyo monto aumenta de acuerdo con el tiempo servido y puede llegar a representar hasta veintidós días por cada año laborado, con un máximo calculado sobre la base de ocho años, todo de acuerdo con la tabla de cálculo indicada en el Código de Trabajo.

Este mes estaremos abordando los temas del Derecho Laboral más importantes y que usted debe conocer. ¡Síganos en nuestras Redes Sociales!

• Contrate un grupo de expertos que le asesoren en Derecho Laboral.
• Haga un contrato laboral y asegúrese que este cuente con sustento legal.
• Tenga claro qué hacer en caso de incapacidades, de acoso u hostigamiento y solicitud de vacaciones.
• Establezca una buena relación con su personal y hágales saber el procedimiento administrativo en caso de renuncia o despido.
• Tenga el Código de Trabajo a mano y estúdielo. En caso de tener dudas sobre tecnicismos consulte a su grupo de abogados.
• Sea comprensivo con su personal y en la medida de lo posible llegue a un acuerdo legal con sus colaboradores en caso de despido.

Todo esto es parte de la prevención en materia laboral, que, en muchos casos, previene los litigios o disminuye el riesgo de éstos cuando se llegan a dar.

Zurcher Odio&Raven cuenta con la experiencia, el conocimiento, el equipo y la organización necesaria para acompañar a su empresa en todos los temas de índole laboren materia laboral.

El IVA no grava los servicios de manera general, lo que grava son las mercancías. Cuando alguien produce un bien tiene una serie de insumos, al adquirir esos insumos paga impuesto de venta sobre ellos. Cuando lo vende a consumidor final, contabiliza su costo y sobre ese costo le agrega el IVA.

Con este impuesto lo que se está pagando tiene relación con el valor que se le agrega a los productos o servicios que se adquieran. El pago del IVA lo pagan las empresas de dos formas: la primera es a través de sus proveedores y la segunda mediante las declaraciones periódicas que hacen al fisco, en nuestro país al Ministerio de Hacienda.

Cuando una empresa vende un producto o brinda un servicio se hace el cobro del impuesto a través de la emisión de una factura. El impuesto del valor agregado en nuestro país es equivalente al impuesto sobre las ventas (IV). En Costa Rica se fija sobre el 13%.

“El impuesto sobre la renta grava las utilidades generadas por cualquier actividad o negocio de carácter lucrativo, que realicen  las personas físicas o jurídicas  en el territorio nacional  durante el período fiscal ordinario o especial”.

Los contribuyentes a este impuesto son aquellos que realicen en el territorio nacional actividades o negocios de carácter lucrativo, independientemente de la nacionalidad, del domicilio y del lugar de la constitución de las personas jurídicas.

En nuestro país, el Ministerio de Hacienda, fija unas tablas para que este impuesto sea cancelado dentro del periodo fiscal que inicia el 1° de octubre de un año y concluye el 30 de setiembre del año siguiente. Veremos en este artículo el impuesto a pagar sobre el salario de las personas físicas y el impuesto sobre las utilidades de las personas jurídicas.

Los tramos del impuesto sobre la renta para el impuesto al salario son las siguientes:

Tarifas del impuesto sobre las utilidades para personas jurídicas:

Por ese motivo, los inversionistas que ponen su dinero en fondos de capital de riesgo, buscan empresas que puedan crecer rápidamente y que tengan modelos de negocios innovadores (por lo tanto, que aseguren un buen rendimiento una vez que empiecen a funcionar) y que, además, estén en una etapa temprana de desarrollo. Cuando un Fondo de Riesgo o fideicomiso invierte en una empresa, se transforma en dueña parcial o accionista de ésta.

En Costa Rica se utiliza el capital de riesgo, estructurado similarmente como se usa en los Estados Unidos a través de fideicomisos o sociedades; y estos se regulan dentro de Ley Reguladora del Mercado de Valores (LMRV).

Al estar contempladas dentro de La Ley, permite a los inversionistas tener un panorama más claro y reglas definidas dentro de este mercado de inversión. Es necesario que los futuros inversionistas, así como las empresas nacientes, tengan claros los límites y alcances de esta forma de inversión.

FUENTE: www.bccr.fi.cr

Gitman, Lawrence. Principios de Administración Financiera. 11ª Edición. Pearson, 2007.

Las empresas deben acudir al Sistema Financiero Nacional para poder obtener estos recursos. Es importante que las empresas conozcan las diferentes leyes, reglamentos y normas  que podrían afectar sus ahorros y opciones de financiamiento.

El ente regulador del Sistema Financiero en Costa Rica se conoce como CONASSIF, o Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Este ente regula las cuatro grandes áreas del Mercado Nacional y cada  tiene una superintendencia reguladora directa, las cuatro áreas son:

1. Intermediación Financiera regido por la SUGEF

2. Mercado de Valores regido por la SUGEVAL

3. Pensiones  regido por la SUPEN

4. Seguros regido por la SUFESE.

Todas estas entidades basan sus estatutos en  el Código de Comercio, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional; la Ley Orgánica del Banco Central (Ley N° 7558); la Ley Reguladora del Mercado de Valores y sus reformas (Ley N° 7732), así como los reglamentos de dichas leyes y demás.

Las empresas deben conocer cómo estas regulaciones podría afectar sus operaciones financieras, en Zurcher Odio y Raven, le podemos asesorar.

FUENTE: www.cpcecr.com  www.bccr.fi.cr

www.conassif.fi.cr

¿Qué protege?

El recurso de amparo protege los derechos y libertades fundamentales que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional, así como los incluidos en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.
Procede contra toda acción, omisión, acuerdo o resolución no fundada en un acto administrativo, que viole o amenace los derechos y libertades fundamentales.

Con la acción de inconstitucionalidad cualquier persona puede solicitar a la Sala VI que determine si una norma o acto es contrario a lo que indican la Constitución Política o los Tratados o Convenios Internacionales.

Datos importantes:

• No abarcará la acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones del Poder Judicial, ni contra lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones, en el ejercicio de la función electoral.
• El escrito en que se plantea la acción debe estar firmado por quien lo presenta y por un abogado.
• La Sala emitirá la sentencia un mes después de realizada la audiencia oral. Sin embargo, podrá resolver la acción en cualquier momento.
• Las sentencias que declaren inconstitucional o anulen una norma, dan por terminado el conflicto y eliminan la norma del conjunto de disposiciones legales vigentes en el territorio nacional.

Fuente:

http://sitios.poder-judicial.go.cr/

• Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria
• Reglamento sobre el Cierre de Negocios
• Reglamento de Procedimiento Dación en Pago de tributos para contribuyentes morosos
• Las normas de igual o menor rango que se opongan al presente Reglamento

Por otra parte, este reglamento también viene a regular brevemente los efectos tributarios de la figura del “Traspaso de Establecimiento Mercantil” y la responsabilidad solidaria del adquirente indicando que “la responsabilidad solidaria abarca las deudas tributarias del anterior titular, una vez que devenguen liquidas y exigibles”. En estos casos, la responsabilidad solidaria del adquirente se limita al valor de los bienes o derechos adquiridos.

Ante el decreto queda la duda de lo anteriormente afirmado pues el artículo 22 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que estableció esta nueva regulación en setiembre del 2012, tampoco indica la fecha o el momento en que se debe entender que las deudas tributarias se encuentran líquidas y exigibles, pudiendo ser al momento del traspaso del Establecimiento Mercantil o en una fecha posterior.

Se había entendido que la responsabilidad solidaria se extiende a obligaciones liquidas y exigibles al momento del traspaso, las cuáles pueden ser conocidas por el adquirente del Establecimiento Mercantil  y no por aquellos adeudos que en el futuro pudieran llegar a convertirse en obligaciones líquidas y exigibles.

Por otra parte, la Administración Tributaria, está reglamentando que la responsabilidad solidaria se hace efectiva una vez que las deudas tributarias del anterior titular devenguen liquidas y exigibles.

Bajo esta interpretación pareciera que no hay posibilidad de que el comprador se libere de la responsabilidad solidaria por deudas tributarias que, al momento de adquirir el Establecimiento Mercantil, no son líquidas ni exigibles, y después se convierten en tales.

Toda constitución política, es una declaración de la voluntad popular; como expone Arturo Frondizi, abogado y político argentino, “La Constitución regula sabiamente las funciones y atribuciones de cada poder, reservando el veredicto final al pueblo entero, que lo pronuncia a través del comicio limpio”.

El Derecho Constitucional no reconoce la existencia material de una constitución si carece de una columna vertebral de derechos y libertades fundamentales. Esas dos columnas, al grado que la Constitución Política de los Estados Unidos de América, primera Constitución escrita del mundo, que contenía una declaración inicial referida a la estructura de los órganos estatales, fue duramente criticada por su ambigüedad con respecto a los derechos fundamentales.

Es así como el Estado de derecho se establece como un sistema complejo de normas de conducta obligatorias para la población costarricense. Consecuentemente, es  el resultado de un desarrollo progresivo, sobre la base de la democracia, del sometimiento al derecho, tanto de los gobernados como de los gobernantes por igual y, sobre todo, del reconocimiento de los derechos civiles y políticos.

Fuentes:

http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/

www.hacienda.go.cr/