La xenófoba Ley de Extranjería pasó adelante con el apoyo del PNV. La Directiva de la Verguenza, que nace de una Europa Belusconiana muestra su cara de muros grises, metálicos, fríos y despiadados también por estas tierras, y desvergonzada e inmoral nos dice que la solidaridad es un delito y penaliza a quien se está buscando la vida para sobrevivir. El parlamento español  aprobó esta ley que sigue matando y exclavizando. Oprimiendo y maltratando.  Esta ley de la que la gente a pié de calle  que conocemos a  Maryah, Mamadú, a Gladys,  nos avergonzamos y gritamos: ¡INSUMISIÓN a la LOEX y SOLIDARIDAD con las PERSONAS! Hay más gritos en las calles como esta campaña, que presentamos más abajo, con las alianzas de las personas, de asociaciones como Ferrocarril Clandestino o SOS Racismo que se alían también con la Plataforma de Artistas,  y que chispean y llegan aquí para seguir, para seguir diciendo:

Los manteros son condenados a penas de prisión y multa. Cuando la pena de multa no se puede pagar, se transforma en días de prisión. Como la mínima son 6 meses multa, según la ley, al menos tienen que cumplir tres meses de cárcel. Muchos manteros en cuyo favor hemos pedido el indulto, se encuentran en esa última fase de cumplimiento de las penas de multa, de manera que si se pagasen las multas (en torno a cuatrocientos euros) podrían salir en libertad de forma inmediata. Como es obvio, vinieron huyendo de la hambruna y no tienen dinero. Es una nueva forma de “prisión por deudas” que estaba desterrada de nuestro derecho. La sobreprotección de la propiedad intelectual está provocando esta injusticia: el que no tiene dinero está más tiempo en la cárcel.

Queremos ahorrar sufrimiento inútil a estas personas que arrastran una historia personal frustrante. También sensibilizar a los políticos, a los operadores jurídicos y a la sociedad en general sobre esta injusticia. Poniendo cada uno un poco, conseguiremos la libertad de los top-manta. Esto ya lo hemos conseguido con un mantero africano que se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de Villabona y tenemos otras seis personas en similares condiciones. Ya se han apuntado a poner una cantidad de dinero algunos jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, particulares sensibles con este tema… Una cantidad ridícula de dinero, puede abrir las puertas de la cárcel y la conciencia de la sociedad.

Esta campaña es paralela a la que se está llevando desde diversas plataformas consistente con la presentación de indultos ante el Ministerio de Justicia. Actualmente desde la plataforma de artistas “ni un mantero en prisión” se han presentado 50 solicitudes de indultos de manteros presos. Algunos ya se están logrando. Su perfil es de africano sub sahariano, que llegó en patera entre 2003 y 2008 y, al carecer de documentación para trabajar, para evitar ser utilizado de esclavo cuidando obras por un euro la hora, ante la necesidad de sobrevivir, se encontró como única salida digna la venta de CD, comerciando, que es lo que en su tierra sabían hacer. Personas desconectadas de la asociaciones delictivas que plagian los CD, los compran a gente concreta para revenderlos. Consiguen 110 euros al mes, lo justo para pagar una casa multicompartida y seguir esperando que lleguen los tres años, para poder regularizar su situación. Esto les ha llevado a la cárcel. El miedo, el temor, la angustia de sentirse perseguidos y encarcelados, ha incrementado aún más el drama personal de quienes vinieron a buscar una vida un poco mejor arriesgándola.

La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias ha posibilitado la visita a los manteros presos por abogados comprometidos con esta campaña, lo que se está haciendo en la actualidad. Junto a la presentación de los indultos se realiza una solicitud de suspensión de condena a los jueces sentenciadores para que suspendan la condena durante la tramitación del indulto. Sin embargo, incomprensiblemente son poco los que lo conceden por la oposición directa de la Fiscalía, que sigue manteniendo una posición dura. En realidad, incomprensiblemente, la Fiscalía es el último bastión de este planteamiento represor para ilícitos de nimia relevancia jurídica: el legislador ya está cambiando y los políticos han aprobado una proposición no de ley para descriminalizar este tipo de conductas; los jueces absuelven cada vez más y algunos que condenan solicitan de oficio el indulto; los mismos artistas y creadores directamente afectados se rebelan contra esta situación que tampoco puede convencer a nadie por la desproporcionalidad que introduce y la costosa ineficacia que supone para defender el derecho legítimo a comer del propio trabajo creativo. Entre tanto, los manteros continúan en prisión. Con unos pocos euros arreglamos este desaguisado y nos concienciamos todos que hay maneras más justas y menos crueles de proteger los derechos de autor.

La resolución en positivo de la división de Alemania en 1989 ha servido a tertulianos y opinadores para lanzar un canto a la destrucción de todos los muros. Al que sigue construyendo en Tierra Santa y al erigido a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México, sin olvidar las alambradas que dividen de modo absolutamente artificial a las dos Coreas o las rejas que en algunas ciudades de Brasil separan a ricos de pobres.

La polémica surge en el momento en que a algunos se les ocurre identificar muro con frontera. Es entonces cuando activan su maquinaria inquisitorial para elevar su más absoluta condena a las fronteras que algunos, dicen, quieren imponer a los demás.

Los ciudadanos que vivimos en la Unión Europea nos hemos acostumbrado a circular por las carreteras del Viejo Continente sin que en ningún momento percibamos la idea de frontera. Y, sin embargo, las fronteras están ahí, en la cartografía de atlas, mapas de escuela y guías de carreteras. Porque la razón de ser de una frontera no es otra que delimitar el ámbito de influencia y actuación de un gobierno establecido. Es decir, todo lo que de ahí exceda no tiene nada que ver con la delimitación de un Estado. Tendrá que ver, en todo caso, con la xenofobia, la intolerancia en su sentido más amplio, el totalitarismo, la guerra.

Resulta bastante penoso que algunos dirigentes políticos, así como opinadores o tertulianos, inviertan tantas energías en tildar de intolerantes o xenófobos a algunos pueblos-nación que como el escocés, el bretón o el navarro luchan por su soberanía. Para cualquiera de los citados países, rediseñar una frontera (o crearla exprofeso) no es sino un paso más para autogestionar su futuro como nuevo estado. No implica, por ello, ni odios raciales ni desconfianzas hacia sus estados vecinos.

La llamada a ser “ciudadano del mundo” es el grito del apátrida anarquista que no conoce más fronteras que las que él mismo se impone; o bien el grito del imperialista que no tolera más fronteras que las de su propio estado, diseñadas para mantener atados a los pueblos-nación que un día conquistó.

Sí, el mismo imperialista cuya argumentación flaquea en el momento que se le sugiere que borre del mapa -nunca mejor dicho- la frontera que le separa del Estado vecino. Sí, el mismo imperialista que canta loas a la Europa de los Pueblos y no conoce otro pueblo que el de su propio Estado.

Si, a pesar de todo, a los gestores de los Estados europeos les quedan ganas de derribar -además de muros- fronteras, les sugiero que tumben las paredes de sus casas y se asocien en alegre comuna con sus vecinos de bloque, vecindad o distrito. Eh, oyes, a mi la propiedad privada, ni me la toques, ¿ein? Ah, claro, acabáramos. De eso se trata. Propiedad privada casa con Soberanía y Derecho de Autodeterminación. Propiedad comunal casa con Internacionalismo Apátrida.

Veto a una ley “continuista” y que propone “la regularización masiva”

No es de extrañar que fuera precisamente el PP, el grupo parlamentario que presentara la mayor cantidad de enmiendas al proyecto de Ley de Extranjería, dados los desacuerdos y críticas que han manifestado sobre varios puntos del texto.

El martes, los portavoces de inmigración del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, y en el Senado, Eugenio Gonzálvez, habían señalado una vez más, que seguirían vetando una reforma de Extranjería por estar basada, entre otras cosas, bajo el principio de “papeles para todos”.

Por ello, anunciaron que sus enmiendas al proyecto de ley están dirigidas a evitar las “regularizaciones masivas de extranjeros”.

“La nueva ley no nace del acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas del Parlamento, sino que el PP ha sido excluido por el Gobierno a la hora de elaborar el texto. Se trata de una ley continuista a las políticas desarrolladas desde 2004, basadas en el principio de “papeles para todos”, aseguró Hernando.

“La ley debería haber sido un elemento para favorecer la empleabilidad, el flujo de inmigrantes y para haber puesto el país en sintonía con el pacto de la UE, por eso vamos a seguir con el veto y presentaremos nuestras enmiendas” añadió.

Asimismo, el representante del PP en el Congreso explicó que en 2004 en España había 1.600.000 personas con una tarjeta de extranjería mientras que en 2009, la cifra ascendió hasta los 4,5 millones de personas.

“La ley vigente dice que la llegada de extranjeros tiene que estar vinculada a la situación de empleo, y en el último año se han dado 550.000 tarjetas de residencia y trabajo”, dijo Hernando tras resaltar la existencia de la crisis actual.

Los portavoces populares señalaron que su grupo parlamentario también presentó propuestas para modificar el punto de la reforma que contempla el incremento de los tiempos de internamiento de los inmigrantes ilegales de 40 a 60 días en los CIE, por considerar que esta medida transgrede el Pacto de Inmigración de la UE.

Por otra parte la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí señala que la Ley de Extranjería es la primera que no apareja implícitamente un proceso de regularización

Para completar el post añadimos la Comparativa actualizada de los textos de Reforma de la Ley de Extranjería. Versión BOCG 6.11. (Aportación de ABEDIE). y mediante tabla los Textos comparados LOEX – BOCG 6.11.09

El informe valorará que los inmigrantes conozcan las lenguas que se hablan en el Estado y que compartan los “valores básicos” de la sociedad.

Según explicó a Europa Press la portavoz socialista, Esperanza Esteve, este informe “no es vinculante ni determinante”. “Es un estímulo, pero no supondrá un obstáculo”.

El diputado José Antonio Pérez Tapias, perteneciente a la corriente interna del PSOE Izquierda Socialista, alertó en la reunión de su Grupo que esta medida puede provocar “inseguridad jurídica” y “arbitrariedad” si no se legisla adecuadamente.

“¿Cómo se mide y se evalúa ese esfuerzo de integración? ¿Quién lo hace? ¿Qué se va a hacer con ese informe? Si se dice que no va ser determinante, ni excluyente, ¿para qué se hace?”, se preguntó el diputado.

Además, advirtió de que esta propuesta, “llevada a la práctica, no deja de tener ciertos componentes de trato humillante” y avisó de que el PSOE necesita poder dar una explicación convincente a los ciudadanos que se pregunten si esta iniciativa “no se parece demasiado al contrato de integración del PP” que propuso este partido en las pasadas elecciones generales.

Reportaje de Consumer. Carecer de documentación no debería afectar a la dignidad. Ésta debe mantenerse intacta en cualquier circunstancia. Varias normativas internacionales velan por ello, en especial,por la calidad de vida de las personas inmigrantes.

Los inmigrantes indocumentados tienen derechos. La no discriminación y la igualdad son los más básicos, inherentes a cualquier persona y condición. Pero además otra serie de artículos están recogidos en diversos tratados de ámbito regional e internacional. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos “confirma que estos se aplican a todas las personas”, recuerda la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados (PICUM). No hay distinciones de raza, sexo, idioma o religión.

Están indocumentados quienes carecen de permiso de residencia legal en un país diferente al suyo. Este estado administrativo les convierte en un grupo vulnerable y determina en buena parte la calidad de vida en el lugar de residencia.

Derechos Sociales Básicos
El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales se firmó en 1966, aunque no entró en vigor hasta 10 años después. Su objetivo es defender la dignidad de todas las personas, por lo que insta a los estados firmantes a garantizar su ejercicio “sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

No obstante, deja que los países en desarrollo decidan “en qué medida garantizarán los derechos económicos” a quienes “no sean nacionales suyos”, de acuerdo a los derechos humanos y a la situación de su economía nacional. Entre los derechos que se contemplan en este tratado destacan:

• El derecho a trabajar, es decir, a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante el empleo que escoja o acepte cada persona. Para ello, los estados deben comprometerse a poner en práctica las medidas que garanticen este derecho, como la implantación de programas o la aprobación de ciertas normas.
• Derecho a la seguridad social, “incluso al seguro social”.
• En el ámbito familiar, se apuesta porque este núcleo reciba “la más amplia protección y asistencia posibles”, tanto para su constitución como mientras tenga en sus manos el cuidado y la educación de los hijos. Se reconoce una protección especial a las madres “antes y después del parto”, así como a las madres que trabajen, y se contemplan medidas de protección y asistencia para los niños y adolescentes.
• El derecho a un nivel de vida adecuado, con una mejora continua de las condiciones es otro objeto de defensa. Esta premisa engloba a la alimentación, el vestido y la vivienda. En el primer caso, se contempla la cooperación internacional como el medio para que todas las personas estén protegidas contra el hambre.
• Respecto a la salud, se quiere garantizar “el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, de manera que se contribuya a la reducción de la mortalidad infantil, el sano desarrollo de los niños, la prevención y el tratamiento de las enfermedades, y asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
• Se reconoce el derecho a la educación como herramienta para el desarrollo de la personalidad humana, la capacitación, la comprensión, la tolerancia y la amistad. Por ello, se regula una enseñanza primaria obligatoria y gratuita, y una enseñanza secundaria “técnica y profesional, generalizada y accesible a todos”.
• La participación en la vida cultural y los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones son otros derechos reconocidos.

Hasta el momento, el Pacto cuenta con el apoyo de 160 países, entre ellos España, que lo firmó en 1976 y lo ratificó al año siguiente. Por este motivo, como el resto de las partes, debe rendir cuentas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, compuesto por 18 expertos de diferentes lugares. Las partes firmantes se comprometen a entregar informes sobre las medidas que hayan adoptado y los progresos para asegurar el respeto de todos los derechos.

PICUM ha analizado el cumplimiento en España de estos y otros derechos sociales En cuanto a la asistencia sanitaria, recuerda que la Ley aprobada en 2001 “garantiza la asistencia sanitaria para las mujeres y los menores de edad, y para los inmigrantes indocumentados que estén empadronados”. Si embargo, reconoce que es una ley estatal, mientras que cada comunidad autónoma tiene sus propias competencias en materia de sanidad.

Tratados internacionales
Los Derechos Humanos o el derecho internacional tienen carácter universal. “Detallan qué individuos o grupos pueden esperar y/o reclamar ciertos derechos o beneficios de los gobiernos”, explica PICUM. Articulan una serie de derechos fundamentales para que estos no se limiten ni se nieguen a las personas inmigrantes.

De igual forma, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares reconoce ciertas condiciones a todas las personas que realicen o hayan realizado una actividad remunerada en un estado del que no sean nacionales.

La Convención sobre el estatuto de los refugiados es un instrumento específico de protección de este grupo, con fines similares a la Convención para reducir los casos de apatridia y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.

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Guztia, paperezko agiri administratiboak lortzeko interesaren arabera izango baita. Ejertzitoan praktikak eginez, bertako batekin ezkonduz, futbolean jokatuz, bertan lan legala eginez…, modu askotan lor daiteke nazionalitate bikoitz hori. Behin agiri horiek lortuta Estatu horien legeak gutxi gorabehera bete eta kito, hori da dena.

Identitatea, ordea, beste gauza bat da. Norberaren identitatea ez da administrazioko paperen bidez lortzen. Identitatea jatorriarekin dago lotua, kulturarekin eta, batez ere, norberaren bizi-proiektuarekin. Horregatik, identitate bikoitza edo hirukoitza izatea ez da gauza naturala, natural ez den bezala pertsonak bi, hiru edo lau bizi-proiektu izatea. Esaterako, Euskal Herrian jaio eta bizi dena, euskaldun eta nafarra sentitzea da normalena. Euskaldun bati Argentinan edo frantses bati Australian ez dio aparteko eragozpenik sortuko Argentinan bizi den euskalduna dela, ala bestela, arbaso euskaldunak zituela bai, baina bera argentinarra dela esatea, bizitza non eman nahi duenaren arabera. Gauza bera Australiako frantsesaren kasuan. Horietan argi dago NANaren arabera aipatzen den nazionalitatea eta identitatea ez dela gauza bera.

Hortaz, zergatik tematzen dira batzuk ea gu euskaldunak soilik, nafarrak soilik, frantses-euskaldun, espainiar eta nafar edota bestela, nafarragoak espainiarrak baino edo alderantziz sentitzen garen jakin nahian? Galdera, zalantzarik gabe, maltzurra da. Pertsona berak identitate bi, hiru edo gehiago izan ditzake ala? Normalean ez, identitate bakarrekoak edo bizi-proiektu jakin batekoak gara gizakiok, burua bere lekuan dugunok bai behintzat. Mundu globalizatuan alde batetik bestera bidaiatzen bizi diren nomada modernoek ere kultura bati, herri bati, familia bati lotuak sentitzen dira, non eta ez diren herri batean errotzen eta bertako kulturan integratzen; baina kasu horretan, gu gehienonean bezalaxe, ez lirateke nomadak izango.

Espainian, guadalajardar bati galdetuz gero espainiar baino guadalajar edo guadalajardar soilik sentitzen den, antzarrak perratzera bidaliko zaitu. Bera, Guadalajaran bizi den espainiarra dela esango dizu, gainerakoak atzerritarrak dira eta kito. Argi ditu gauzak, berea baita naturala. Hizkuntzez euskaldunak eta hiritartasunez nafarrak garenok ere garbi ditugu gauzak. Antza, Euskal Herrian bizi diren espainiarrek eta frantsesek, ordea, ez. Guadalajaran bezalaxe, Euskal Herrian bizi diren espainiar-frantsesak direla onartuz gero, hemen atzerritarrak liratekeela onartu beharko lukete eta. Horregatik, nahastu egiten dute identitatea eta nazionalitatea. Nazionalitatea eska daiteke, eman daiteke, inposa daiteke…, baina identitatea sekula ez.

Azter dezagun orain, zertan den ezberdina gudalajardarren eta nafarraren egoera. Hizkuntzaz, kulturaz, identitatez… ezberdinak izanik, guadalajardarrari estatuak bermatzen eta babesten dio bere identitatearen garapena, nafarroi, aitzitik, ez. Lehen bagenuen horretarako nafar estatu propioa, orain, ordea, ez. Hain erabakigarria al da, bada, estatu propio izatea? Ezin al du estatu berak bi, hiru identitate bermatu? Munduko beste lekuetan ez dakit, baina, guri NANa inposatzen diguten estatu hauek, bederen, ez. Zalantzarik baldin baduzu, irakur ezazu gure herriaren historia.

Asimismo, Cáritas expresó su rechazo a un marco legal que suponga, a su juicio, “dar carta de naturaleza en el sistema de garantías constitucionales a un modelo insolidario y discriminatorio”. “No compartimos un modelo de sociedad que discrimine entre ciudadanos de primera y de segunda o que suponga abrir un paréntesis en los valores democráticos de la acogida”, subrayó.

La ONG lamentó también que, “urgido por la crisis económica”, el Gobierno promueva un proceso legislativo que suponga “una restricción de los derechos de los inmigrantes” y una “vulneración de su dignidad humana al reforzar su imagen como simple mano de obra en un mercado de trabajo en recesión”.

En este sentido, hizo alusión a la última encíclica del Papa Benedicto XVI, ‘Caritas in Veritate’, en la que recuerda que los trabajadores no pueden ser considerados “como una mercancía o mera fuerza laboral”, y que “todo emigrante es una persona que posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación”.

A lo largo de estos meses, hemos desarrollado una campaña de movilización social en protesta por la próxima reforma de la LOEX. Con la convicción de que Aquí no Sobra Nadie, más de 120 colectivos hemos planteado nuestras reivindicaciones a instituciones, partidos políticos y demás agentes sociales.

Numerosas reuniones, trabajo de análisis, concentraciones y manifestaciones han sido las herramientas para hacer llegar al Gobierno nuestras denuncias. No ha sido suficiente para un Gobierno que se autoproclama progresista porque en el texto aprobado el 29 de octubre:

- Se sigue obstaculizando la reagrupación familiar de las y los ascendientes exigiendo que la persona que reagrupa cuente con autorización de residencia de larga duración; y que la o el ascendiente reagrupado tenga más de 65 años. Esto supone una vulneración clara del derecho a vivir en familia, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y una barrera más para conseguir una plena integración del colectivo inmigrante. Todas y todos necesitamos de la familia.

- Se recortan derechos básicos en materia de vivienda a las personas residentes temporales, y no se reconoce el derecho a la educación en todas las etapas a las personas extranjeras en situación irregular, incumpliendo la sentencia del Tribunal Constitucional al respecto.

- Aumenta el tiempo de internamiento en los CIES de 40 a 60 días, atentando contra el derecho fundamental a la libertad y tan sólo por una infracción administrativa; con el agravante de que no cuentan con una regulación única y central, lo que causa mayor vulnerabilidad entre las y los internados.

- Se mantienen infracciones graves como consentir la inscripción de personas inmigrantes en el padrón municipal cuando dicha vivienda no constituya su domicilio real, lo que supone una restricción importante al acceso a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria y la educación.

- Se incluye, además, la posibilidad de no renovar las autorizaciones de residencia temporal por incumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de seguridad social, algo de especial significación en un contexto de recesión económica.

La mención en el propio preámbulo de la necesidad de ajustar los flujos migratorios a nuestra capacidad de acogida y a las necesidades reales del mercado de trabajo evidencia una política migratoria que no considera a las personas inmigrantes como sujetos de derecho sino como simple mano de obra a merced de un contexto económico.

Desde Harresiak Apurtuz queremos recordar:

- Que los derechos de las personas inmigrantes no son privilegios concedidos por un Estado en función de “las necesidades reales del mercado de trabajo” sino derechos fundamentales inherentes al ser humano.

- Que la auténtica integración de las personas inmigrantes, así como la convivencia y cohesión social entre éstas y la sociedad de acogida, tiene su punto de partida, precisamente, en el reconocimiento de todos los derechos y no en la creación de ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría.

- Que las reformas legislativas deberían tener una visión de continuidad y aunar el mayor consenso posible y, sin embargo, este gobierno que se autoproclama progresista ha desoído sistemáticamente la opinión de las asociaciones de personas inmigrantes insistiendo en una reforma restrictiva e injusta.

Ante el contexto político migratorio que se presenta con esta Reforma de la Ley de Extranjería, los colectivos sociales seguiremos reivindicando la no discriminación y la equiparación de derechos. No cesaremos en la denuncia del endurecimiento de las políticas migratorias que se materializan en la expulsión y el cierre de fronteras.