Aritz Calvo

La diferencia impositiva por comunidades autónomas

2013-09-22T11:09:00.000+02:00

Es bien sabido por casi todos que en unas comunidades autónomas se pagan menos impuestos que en otras.

Esta situación tiene su origen en la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que tuvo lugar en 1997. No obstante las diferencias en materia fiscal de un territorio a otro se han ido agrandando a medida que se han ido concediendo mayores capacidades a las autonomías para subir o bajar impuestos o lo que se conoce como la cesión de competencias en materia tributaria (Tributos cedidos).

Por poner uno de los ejemplos más extremos, en el caso de Madrid y el País Vasco las herencias de padres a hijos tributan de forma simbólica, mientras que en Extremadura, Andalucía o Cataluña el impuesto a pagar puede llegar a un nivel que obligaría a vender los propios bienes de la herencia para poder afrontarlo.

La Comunidad Autónoma de Madrid, no sólo tiene prácticamente suprimido el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de padres a hijos (este impuesto está bonificado en un 99%), sino que también tiene la tarifa marginal más baja en el Impuesto sobre la Renta y es la única que no exige el Impuesto sobre el Patrimonio.

Se esta discriminando a los ciudadanos por razón de su residencia, lo cual incentiva el cambio de residencia fiscal y la deslocalización de empresas y patrimonios a los territorios de menor tributación.

Ahora bien, la competencia entre territorios por la tributación no es exclusiva de las comunidades autónomas. También existen municipios con menor tributación que otros. Y si nos vamos a comparar entre estados, incluso dentro de la Unión Europea, unos compiten con otros.

Por poner unos simples ejemplos, los tipos de IVA son distintos en Portugal y España y el Impuesto sobre Sociedades es muy inferior en Irlanda que en el resto de Europa, de ahí que muchas multinacionales se hayan instalado allí. Incluso España estableció una vez un régimen fiscal que atrajo a multinacionales extranjeras para que centralizaran en una sociedad española sus inversiones en empresas no españolas.

Sin embargo, no debe olvidarse el motivo por el cual se introdujo este sistema. Hasta su implantación, la principal fuente de ingresos de las comunidades autónomas procedía del reparto que se hacía por el Estado en función de diversos parámetros económicos y sociales. Dadas las mayores y crecientes necesidades de financiación que tenían las comunidades autónomas se decidió cederle una mayor parte de la recaudación de tributos del Estado generada en cada una de ellas y además se les concedió capacidad para modificar al alza o a la baja esa parte que se les cedía. De esta manera si una quería aumentar su capacidad de generar ingresos, podría subir estos impuestos y quien no lo necesitara podría mantenerlos o bajarlos.

Igualmente se pretendía evitar que se continuara con la costumbre de seguir pidiendo más recursos al Estado que éste debía recaudar en forma de mayores impuestos para que las comunidades pudieran prestar más servicios. Es decir tú, Estado, pides impuestos para que yo, Autonomía, los gaste. Está claro que no se ha conseguido pero ese es otro debate.

Lo cierto es que, según unas estadísticas recientemente publicadas, en Madrid tributan casi el 50% de las rentas más altas del país. Ello no es consecuencia sólo de tener impuestos más bajos, pues allí se encuentran las sedes de las principales empresas españolas y filiales de multinacionales pero debe haber influido bastante.

A nadie le gusta pagar impuestos, aunque lo más importante es que cada contribuyente debe valorar si la presión fiscal que soporta en su ciudad, en su región o en su país, sea alta o baja, es adecuada a los servicios que recibe. Pero ese es también otro debate.

Servicios que ofrecen los Paraísos Fiscales

2013-08-06T22:41:00.000+02:00

Son varios los factores que permiten la existencia y funcionamiento de los paraísos fiscales, entre los cuales encontramos:

El secreto bancario. La teoría dice que el secreto bancario "garantiza la confianza de los ciudadanos en la protección de su privacidad" y salvaguarda nuestro derecho a ser los únicos conocedores de nuestra situación patrimonial; sin embargo, no debe ser muy fuerte este secreto, cuando el Estado no tiene ninguna dificultad para conocer nuestros salarios, ejecutar retenciones de IRPF, gestionar nuestras cotizaciones a la Seguridad Social o, llegado el caso, proceder al embargo parcial o total de una cuenta bancaria para cobrar una multa.

El secreto bancario tiene, más bien, la finalidad de que las rentas del capital y las remuneraciones no salariales, cuyos beneficiarios no se quieren declarar a Hacienda, encuentren un refugio seguro. Todos los paraísos fiscales, por principio, recurren al secreto bancario cuando se intentan investigar en ellos.

La otra gran pata del funcionamiento de los paraísos fiscales es la opacidad de los mecanismos. Lo normal es que las investigaciones policiales y judiciales suelan caer en la trampa de intentar seguir las huellas del camino por el que han transitado los capitales, peregrinando de un lugar a otro, hasta perderse en los laberínticos vericuetos hacia los que se han dirigido esos flujos financieros, como sucede en la maraña de procedimientos burocráticos que tienen que seguir cuando se intenta obtener por las autoridades competentes datos relativos a denuncias presentadas en sus respectivos territorios.

Y la realidad es que, contrariamente a la creencia establecida, el capital no circula físicamente o lo hace muy poco. El dinero apenas se mueve del banco donde entró, ni sale del propio país en la mayoría de los casos sino que es suficiente realizar facturaciones, refacturaciones y movimientos electrónicos a través de redes establecidas para ello entre las entidades financieras e intermediarios en esos países para hacer pasar por cierto algo que no lo es tanto… Literalmente vestir la mona financieramente hablando…

Ejemplo

Imaginemos una multinacional que se dedica al comercio cafetero y que, gracias a su presencia a través de filiales en todo el proceso comercializador, controla el conjunto de la operación desde que se toma el grano de la planta hasta que se vende al consumidor final. Posiblemente, solo posiblemente, la filial sudamericana de la compañía en cuestión compre el café por una miseria al pequeño productor, pero además podría consumar el siguiente fraude fiscal: sobrefacturar la compra de los sacos por esa filial para almacenar el café a 1.000 euros la tonelada, lo que infla los costes de explotación, y luego infrafacturar la venta de estos mismos sacos a 100 euros la tonelada a otra de sus filiales, reduciendo así su beneficio a la nada.

Resultado: la filial de producción en Sudamérica es deficitaria y fiscalmente no imponible. El café será posteriormente objeto de una serie de transacciones en el seno del grupo antes de la venta final, haciendo aparecer los beneficios reales en paraísos fiscales. En efecto, para cada servicio necesario para su actividad comercial, la compañía que nos ocupa ha establecido una filial especializada, registrada en el paraíso fiscal más ventajoso...

En Delaware, los royalties de la marca, en las Bermudas la factura para la distribución, en Luxemburgo el servicio financiero, etcétera. La mayoría de estas sociedades son ficticias y no tendrán más infraestructura que un simple buzón o apartado de correos en aquellos centros de negocios habilitados para ello y todo se lleva a cabo en la sede de la compañía matriz. Pero desgajando de este modo el valor de su contabilidad, el grupo puede localizar artificialmente sus beneficios en los paraísos fiscales.

Finalmente, la filial comercial del país europeo comprará el café prácticamente al precio final de venta al consumidor y, con sus escasos beneficios, tampoco será fiscalmente imponible en Gran Bretaña.

Servicios que ofrecen los Paraísos Fiscales

Naturalmente, casos como el que acabamos de ver son extremos y sólo están al alcance de grandes grupos empresariales, pero la mayoría de los servicios que ofrecen las legislaciones de baja tributación están disponibles para el común de los mortales… cosa distinta es que sean rentables en cada caso concreto.

Algunos de los productos y servicios más conocidos, de modo enunciativo y no limitativo, son cinco.

Las cuentas numeradas, que básicamente se diferencian de las cuentas bancarias normales en que para su identificación, además del número de cuenta, no se utiliza el nombre de una persona física o una empresa, sino solamente una combinación de números o, con menor frecuencia, una palabra clave. Es decir, en vez de tener la cuenta número 12345 a nombre del "Sr. Luis Caboblanco" tendremos el número de cuenta 12345 a nombre de "666755458". Los números o palabras clave asignados a las cuentas numeradas se utilizan no sólo para las operaciones bancarias, sino en todo el resto de documentación y correspondencia con el banco, como por ejemplo en los extractos bancarios y no existe más justificación en papel que la estrictamente necesaria.
Los depósitos fiduciarios. Vienen a ser los equivalentes a los contratos europeos de cesiones de crédito en los que los fondos depositados en el banco por un cliente se prestan a otro cliente, obteniendo el prestamista un interés superior al del mercado. El banco gana su comisión por la operación y el prestamista puede no computar ese préstamo ni provisionar en su contabilidad ese riesgo.
Las operaciones triangulares. Son operaciones de importación y exportación pero alterando los precios de manera que se importan mercancías caras a través de una sociedad interpuesta y se exportan baratas a través de otra sociedad. Para ello se interpone una compañía residente en un paraíso fiscal que hace de nexo entre ambas, obteniendo la parte del león de los beneficios y tributando poco o nada por ellos.
Las compañías fiduciarias o Trusts. Son la estructura más utilizada de protección de bienes; estrictamente, es el uso del poder otorgado a otra persona trustee para actuar en nombre del cliente o donante grantor. Se trata de una relación legal pero no estrictamente jurídica y ese trustee u hombre de paja suele ser un intermediario financiero muy preparado que no revelará nunca, bajo secreto profesional, el nombre del donante ni del beneficiario. Esta construcción jurídica es de origen anglosajón y proporciona una garantía de confidencialidad casi total, dado que la relación no se inscribe en ningún registro público. Por ello, se utiliza de forma masiva en las legislaciones de baja tributación y puede favorecer, dada su opacidad, la comisión de delitos como el alzamiento de bienes.
Las tarjetas de crédito no identificadas. Son tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias con sucursales en paraísos fiscales que no tienen impresa información alguna sobre el beneficiario.

¿Existe voluntad de erradicar los Paraísos Fiscales?

2013-07-31T22:08:00.000+02:00

A pregunta complicada, respuesta simple… NO, y no un "no" gratuito sino un "no" vinculado a hechos concretos.

Según la OCDE, el 14% del PIB mundial está depositado en paraísos fiscales. Esto equivale a entre cinco y ocho millones de billones de dólares por lo que los Estados pierden un buen caudal de ingresos necesarios para financiar los servicios públicos.

Tampoco parece que contribuyan a generar verdadera economía productiva, que en realidad es la única capaz de generar riqueza y trabajo. Si de verdad se quisiera erradicarlos, y sin entrar a formular un juicio de valor que no me corresponde, habría que ejercitar acciones que impliquen tanto a los ciudadanos y las empresas como a los poderes públicos.

Los ciudadanos, en primer lugar, deberían conocer sus existencia y saber, realmente, cómo funcionan y para qué sirven. Así podrían demandar un sistema tributario justo según los literales que figuran en nuestra constitución y, después, elegir una banca comercial que no invierta nuestro dinero de manera que no nos convenza, éticamente hablando. Además, con información de primera mano un ciudadano podría, por ejemplo, decidir si quiere invertir en acciones de alguna conocida empresa española..., sabiendo que utiliza los paraísos fiscales para no tributar en España.

La justicia es el conjunto de las normas que definen en qué tipo de civilización queremos vivir.
Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)

Por otro lado, los poderes públicos deberían plantearse acciones verdaderamente encaminadas a eliminar el secreto bancario e impulsar la creación de instrumentos jurídicos internacionales apara exigir a estos territorios que revelen la identidad de los titulares de las cuentas bancarias, permitan su bloqueo y faciliten información sobre los titulares de las sociedades pantalla para así, aplicar una imposición fiscal a las corporaciones transnacionales sobre base unitaria y conseguir así la aplicación universal del principio de residencia para la fiscalidad empresarial. Ahora bien, en cuanto a la erradicación de los paraísos fiscales sobran los motivos para ser escépticos.

En las reuniones del G-20 se ha hablado de controlar la actividad de los paraísos fiscales pero este interés no tiene nada que ver con la ética sino con la necesidad de rescatar al sistema financiero: tras cinco años de crisis, los Estados han hecho el mayor esfuerzo económico de la historia apoyando a entidades financieras, aportando dinero para reflotar el tejido productivo y tratando de mantener así las prestaciones del estado del bienestar.

Ello ya está suponiendo un aumento de la presión fiscal… Y no hay que olvidar que el dinero que está o pasa por los paraísos fiscales no tributa. En línea con lo dicho anteriormente, de buscar recursos a cualquier precio, en 2008 se aprobó un Real Decreto que permite a los residentes en los paraísos fiscales adquirir deuda pública española, sin retención fiscal y, gracias a otro, es posible la no declaración de la identidad de los compradores de deuda pública española, así como su país de origen y el importe de las rentabilidades.

Por último, no deja de sorprender que el Banco Europeo de Inversiones, cuyos socios son los estados miembros de la UE, conceda créditos para proyectos en países en desarrollo a bancos y entidades que utilizan paraísos fiscales, como Isla Mauricio…

¿Hasta qué punto se puede, entonces, pedir a los ciudadanos que soporten el terrible aumento de costes de los servicios básicos o de la presión fiscal, si con esos mismos ingresos se financian proyectos de expansión de las empresas españolas o europeas que además de producir esos servicios básicos, escapan a la tributación…?
¿No estaremos tensando la cuerda demasiado…?

Peligros y Consecuencias de los Paraísos Fiscales

2013-07-29T22:00:00.000+02:00

La consecuencia más importante es la desconexión entre el flujo de capitales y donde, en verdad, se desarrolla la verdadera actividad del negocio, que es lo que acaba determinando qué legislación o sistema impositivo es aplicable.

Los paraísos fiscales, por naturaleza, cortan cualquier relación trazable entre dinero y producto y sus consecuencias jurídicas… Generando así un montón de dinero que, literalmente, es prácticamente imposible de rastrear y ocasionando un quebranto de miles y miles de millones a las haciendas de los países, llamémoslos normales.

Además, y en buena lógica, la crisis financiera mundial y el clima de desconfianza generado han motivado un aumento desmesurado de su uso: entre enero y septiembre de 2012 la inversión en dichos territorios ha sido el doble a la de todo 2011, mientras que la recaudación por impuesto de sociedades se ha desplomado a cifras del 2007, pese a que los beneficios empresariales sólo han descendido un 14%.

En nuestro vecino francés el agujero de la seguridad social ha batido todos los records, subiendo hasta los 37 mil millones de euros: precisamente el total del dinero que es desviado por empresas y ciudadanos franceses a los paraísos fiscales"

Jersey, con 120 km2 y un clima anglo-normando, es el primer exportador de frutas y hortalizas a Europa

No es un secreto que buena parte de los fondos que se depositan en el sistema financiero offshore, proceden de la llamada economía sumergida, no sujeta a impuestos.

Ese dinero, negro a todos los efectos, puede acabar financiando actividades ilegales como el crimen organizado, el terrorismo internacional o la corrupción política. Sistemáticamente, personalidades públicas como los dictadores Abacha de Nigeria, Mobutu del Zaire, Bongo de Gabón, el entorno del presidente angolés Dos Santos y el ex-presidente ruso Yeltsin, por citar algún caso concreto, han sido relacionados con los más conocidos paraísos fiscales… Y han sido incapaces de ofrecer una explicación a esas informaciones.

Otra de las consecuencias del uso de estas legislaciones es el sostenimiento de la pobreza en el tercer mundo; por ejemplo, viviendo sobre la cuarta reserva de petróleo de África, los cuatro millones de habitantes de Congo-Brazzaville deberían ser riquísimos, pero sin embargo, el 72% vive en la miseria y la esperanza de vida no alcanza los 51 años. ¿Por qué? Sencillamente porque el dinero del petróleo se evapora hacia paraísos fiscales, muy a menudo para el disfrute de la familia que ocupa el poder…

Sin ir más lejos, auditores internacionales advirtieron que entre 2003 y 2005, faltaban 1.000 millones de dólares del presupuesto estatal que, partieron en dirección a diversas sociedades pantallas de las Islas Bermudas y las Islas Vírgenes británicas mientras miles y miles de niños congoleños morían de enfermedades fácilmente tratables a través de vacunas que apenas costaban 50 céntimos.

Además, su relación con la crisis financiera mundial… Ésa que en nuestro país ha creado más de seis millones de parados, tampoco deja de estar claro como el dinero depositado en los paraísos fiscales no tributa, ese dinero fue frecuentemente utilizado para inyectar liquidez en los mercados financieros y, por ejemplo, para conceder préstamos hipotecarios difícilmente amortizables por los solicitantes con lo que una de las razones para explicar la burbuja financiera es que en los paraísos financieros había tal cantidad de dinero, que algo había que hacer con ello.

No dejan de ser dos caras de la misma moneda, las clases medias y trabajadoras de los países industrializados defienden que los paraísos fiscales sólo están al servicio de las multinacionales y son un refugio ideal para los maleantes de toda especie; las redes del crimen organizado encuentran aquí los medios para blanquear el dinero de la droga, de las armas y de la trata de seres humanos; los corruptos almacenan sus comisiones y sobornos y las grandes compañías saquean los países en desarrollo contribuyendo a que sus poblaciones vulnerables sigan viviendo el tormento de la corrupción…

En el otro extremo, sus usuarios defienden que sin los países fiscales países como Bermudas o Panamá llegarían a disfrutar de estándares de pobreza parecidos a los africanos, que determinados negocios de alto riesgo sólo serían asumibles utilizando esas legislaciones o que, en el fondo, dan posibilidad de escapar a los particulares de sistemas impositivos que son tan o más corruptos que de lo que a ellos se les acusa...

La razón de la existencia de los Paraísos Fiscales

2013-07-26T21:46:00.000+02:00

Si algo existe, es porque a alguien le interesa. Semejante perogrullada no puede ser más cierta que en el caso que nos ocupa. A primera vista, debería parecernos lógico que nadie invirtiera su dinero fuera de su país de procedencia ya sea porque un inversor conoce de primera mano el escenario político y jurídico de su propio estado o porque es fácil y barato recabar la ayuda de expertos o asesores…

Pero, sin embargo, existen razones poderosas y variadas para utilizarlos, razones que en algunos casos avalan la mala prensa de estos territorios y que, grosso modo, pueden distinguirse en tres:

Razones comerciales : En ocasiones, emprender un nuevo proyecto a actividad comercial puede ser más rentable y, sobre todo, seguro que en el propio país de residencia.
Ahorro de impuestos : Aun teniendo el criterio de tributación atendiendo a la residencia del sujeto pasivo o al centro de su actividad empresarial, la principal razón para su uso (aunque no la única) es saltarse este principio buscando las mejores condiciones impositivas para invertir ventajosamente cantidades y repatriarlas cuando se desee.
Privacidad para actividades y bienes: Puede parecer lógico aumentar las garantías de los propios fondos y de los ahorros conseguidos con esfuerzo durante muchos años o, por qué no decirlo, tener alguna salida fuera de casa por si las cosas van mal: pleitos, responsabilidad civil, o incluso amenaza de cárcel. En la última encuesta realizada por Reuters, confidencialmente, a los principales ejecutivos de empresas europeas, la razón dominante que motivaba a estos directivos a usar las legislaciones de baja tributación era, curiosamente... La posibilidad de un divorcio.

El 60% del comercio mundial comprende transacciones entre filiales del mismo grupo

Semejantes intenciones, aún pudiéndose considerar lícitas, pueden dar lugar a consecuencias al límite de la legalidad.

En España, el 88% de las empresas del Ibex 35 tenían, en 2011, filiales en territorios considerados paraísos fiscales. Y, dado que ninguna de ella lo menciona siquiera en sus balances, parece razonable pensar que su verdadera razón de ser no es otra que la búsqueda de beneficios para sus rendimientos y su capital…

¿Cómo lo hacen?

Las sedes centrales de las multinacionales multiplican sus filiales en estos territorios y condicionan o fuerzan su contabilidad para hacer aparecer artificialmente sus beneficios allá donde interese, no estando así sujetos a impuestos. Por lo tanto, la riqueza, en este caso, no quedaría registrada donde realmente ha sido creada. Lucrándose de este modo, las multinacionales operan una verdadera desconexión entre las actividades financieras y la economía real: se convierten ellas mismas en fuente de opacidad.

Por otro lado, los centros offshore están fuertemente especializados:

Andorra y Mónaco dominan la gestión de patrimonios de personas acaudaladas a través de cuentas numeradas y secreto bancario total.

Las Bermudasse especializó en las operaciones de las reaseguradoras, y sobre todo las de las aseguradoras llamadas cautivas, porque prestan servicio a un grupo de empresas como filiales de la casa matriz y gracias a la laxa legislación del paraíso requiere menos reservas y las primas de seguros no son objeto de imposición.

Las Bahamas, Liberia, Malta y antiguamente Panamá, se especializan en las banderas de conveniencia para registrar los buques petroleros, de carga de residuos tóxicos, sin controles sobre la seguridad del buque y sin normas laborales para las tripulaciones.

Las Islas Caimán están especializadas en cuentas de consejeros delegados y sociedades pantalla, etcétera, etcétera…

La historia de los Paraísos Fiscales

2013-07-24T21:35:00.000+02:00

Desde los tiempos de la Revolución Francesa, en los que los ciudadanos más ricos intentaban a toda costa transferir sus bienes al exterior para proteger su patrimonio y eludir el pago de los nuevos impuestos que aparecían en el horizonte, el dinero ha buscado escenarios en los cuáles acomodarse con discreción, seguridad y rentabilidad…

Un paraíso fiscal (tax heaven, en el mundo anglosajón…) o, más técnicamente, un centro con legislación offshore no es más que un país o territorio que posee una serie de características peculiares, la más importante de las cuales es que aplica impuestos mínimos o cero sobre capitales extranjeros. De este modo, mientras la evasión fiscal se entiende en la totalidad de las legislaciones como el delito consistente en no cumplir con las obligaciones fiscales a sabiendas, la elusión de impuestos o tax avoidance viene a representar el aprovechamiento de los recursos legales disponibles en cualquier parte del mundo para conseguir la mínima carga fiscal, o bien para diferir en el tiempo de su impacto…

Y aquí está la diferencia: incluso la Corte Suprema de los EE.UU. ha reconocido en el caso de Gregory contra Helvering que los contribuyentes tienen derecho a manejarse de tal forma que les permita pagar la menor cantidad de impuestos posibles.

Hay un edificio en las Islas Caimán que acoge 18.000 empresas. O bien es el edificio más grande del mundo, o bien es la mayor estructura de evasión fiscal existente.
Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos, 23 de octubre de 2008.

Muchos de estos enclaves son lugares exóticos o centros turísticos o vacacionales muy conocidos; se atribuye su nacimiento a las dependencias ultramarinas del Reino Unido, que antes de la Segunda Guerra Mundial desarrollaron una protección fiscal para sus millonarios y expatriados... Quizá pensando en lo que podía pasar. Sin embargo, su verdadero origen fueron las cuentas libres de impuestos que empezaron a funcionar en algunas compañías de seguros allá por años 20.

Conceptualmente, los paraísos fiscales se dividen, principalmente, en tres tipos:

Paraísos para las sociedades: son aquellos que disponen de legislaciones favorables para personas jurídicas como sociedades, fundaciones o holdings.
Paraísos para las personas físicas: ofrecen los mismos beneficios pero a los particulares.
Países de Tránsito Monetario: no pueden considerarse paraísos fiscales, pero que, por sus tratados de doble imposición o leyes, favorecen el uso de los dos tipos de paraísos fiscales anteriores, actuando de engranaje jurídico y de gestión y haciendo así posible su aprovechamiento.

Pero la variedad de intereses que rodean a esta cuestión hace que no sea sencillo establecer una definición de paraíso fiscal. En 1998 y tras arduos debates, la OCDE estableció una serie de criterios que un país debe reunir para ser considerado paraíso fiscal:

Ausencia de impuestos o impuestos meramente nominales para las rentas generadas por las actividades económicas.
Carencia de intercambio efectivo de información en base a una legislación y a unas prácticas administrativas que permite a las empresas y a los particulares beneficiarse de normas basadas en el secreto frente a la fiscalización de las autoridades, que impiden el intercambio de información de sus contribuyentes con otros países.
La falta de transparencia en la aplicación de las normas administrativas o legislativas.
La no exigencia de actividad real a particulares o a empresas domiciliadas en esa jurisdicción fiscal, por el hecho de que sólo quieren atraer inversiones que acuden a esos lugares por razones simplemente tributarias.
Falta o ineficacia de los tratados de cooperación judicial entre los Estados.
Cobertura legal para emplear muchas fórmulas con que reducir la carga fiscal tanto de personas físicas como jurídicas, como los cambios de residencia, las sociedades conductoras, holdings, testaferros, sociedades fiduciarias, etcétera.

En nuestro planeta se asume que hay un total de 198 Estados. Podemos contar al menos 61 Estados o territorios considerados como paraísos fiscales, es decir, aproximadamente el 30%.

El ordenamiento jurídico español regula esta figura en el Real Decreto 1080/91, de 5 de julio, donde enumera hasta un total de 48 lugares atendiendo a un criterio meramente geográfico:

Europa: Andorra, Chipre, Gibraltar, Malta, islas de Guernsey y Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, San Marino e Isla de Man.
América: Antillas Neerlandesas, Araba, Anguilla, Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, Jamaica, Malvinas, Montserrat, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, islas Turku y Caicos, islas Vírgenes Británicas, islas Vírgenes de Estados Unidos y Panamá.
África: Liberia, Seychelles e Isla Mauricio.
Asia: Bahrein, Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Jordania, Líbano, Macao, Omán, Singapur y Marianas.
Oceanía: Fiji, Islas Cook, Naurú, Islas Salomón y Vanuatu.

En esta relación no aparecen Suiza, Gambia, Samoa, Belice, Madeira…

En la City londinense sólo son necesarios 45 minutos y 555 euros para crear una compañía. Sin presentar siquiera un documento de identidad

Un paraíso fiscal que merece una mención aparte es la City de Londres. Según Tax Justice Network, es el mayor paraíso fiscal del mundo. Tiene un estatus particular, no es un distrito de la ciudad, sino que cuenta con su propio órgano de gobierno (The city of London Corporation). En este espacio trabajan 400.000 empleados, casi todos en bancos, aseguradoras o intermediarios financieros, tan solo hay 7.800 residentes (debido fundamentalmente al precio del suelo) y, para muchos, su papel en la gestación de la actual crisis económica ha resultado fundamental.

Por último, no debemos dejar de mencionar a Suiza que, realmente, debe ser considerado un caso aparte; con una estabilidad política a prueba de bombas, un estatuto de neutralidad internacional desde hace siglos, y con la banca mejor preparada y confidencial del mundo, no se considera a sí misma un paraíso fiscal sino como un estado "refugio"…

Pero lo cierto es que se calcula que casi un tercio de los activos monetarios del todo el mundo que están en manos de personas físicas, se gestionan desde el país helvético. Su no militancia política (negándose incluso a formar parte de la UE…) ha empezado a generar algunas suspicacias sobre todo en Estados Unidos pero lo cierto es que la presión internacional para, por ejemplo, regular el secreto bancario, ha caído en saco roto y se la sigue considerando como el destino número uno para los amantes del turismo financiero…

Modificación Bases Imponibles IVA

2013-04-11T21:00:00.000+02:00

Supuestos en los que se puede realizar una modificación de la base imponible del IVA:

Es posible recuperar las cuotas de IVA repercutidas e incobrables en los siguientes casos:

Cuando el deudor de las operaciones sujetas no haya satisfecho las cuotas de IVA y, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso.
Cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables. Se considera un crédito total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones:

Que no se haya cobrado todo o parte del crédito y haya transcurrido un año desde la prestación del servicio o entrega de la mercancía. Cuando el acreedor tenga un volumen de operaciones inferior a 6.010.121,04 el plazo anteriormente citado será de seis meses.
Que tal circunstancia se haya reflejado en los Libros Registro exigidos para el IVA. Así, las operaciones cuya base imponible pretenda rectificarse deberán haber sido facturadas y anotadas debidamente en tiempo y forma en el libro registro de facturas expedidas.
Que el deudor actúe como un empresario o profesional o, en caso contrario, la base imponible a rectificar sea superior a 300 euros.
Que el acreedor haya interpuesto reclamación judicial o requerimiento notarial contra el deudor con el fin de instar el cobro de la cantidad adeudada. Cuando el deudor se trate de un ente público, este requisito se sustituirá por una certificación del órgano competente del ente público.

No obstante, no se podrá proceder a la modificación de la base imponible en los siguientes casos:

Cuando se trate de créditos con garantía real, en la parte garantizada.
Cuando se trate de créditos asegurados o afianzados por entidades de crédito, sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o caución, en la parte afianzada.
Cuando se trate de créditos entre sociedades vinculadas.

Procedimiento:

La modificación de la base imponible deberá realizarse:

En caso de concurso del deudor, dentro del plazo fijado para el llamamiento de los acreedores para poner en conocimiento de la administración concursal la existencia de su crédito (30 días como plazo general y 15 días en el procedimiento de concurso abreviado).
En el caso de deudas derivadas de créditos incobrables, en el plazo de los 3 meses siguientes a la finalización del año exigido para poder modificar la base imponible.

El acreedor deberá enviar factura rectificativa al deudor por la que se rectifique o anule la cuota repercutida en la parte incobrada. Dicha factura rectificativa deberá ser expedida y remitirse al deudor mediante burofax o acta (la Administración está siendo en vía de gestión muy beligerante con esta cuestión, exigiendo que quede probado la remisión fehaciente de la factura rectificativa).

Asimismo, el acreedor deberá comunicar mediante escrito (ver documento adjunto al final del articulo como referencia) a la Administración en el plazo de un mes, contado desde la expedición de la factura rectificativa, la modificación de la base imponible practicada. Deberán adjuntarse los siguientes documentos a dicho escrito:

Copia de las facturas rectificativas, consignando las fechas de expedición de las mismas.
En el supuesto de concurso del deudor, la copia de auto judicial de declaración de concurso o la certificación del Registro Mercantil de tal circunstancia.
En el supuesto de créditos incobrables, documentos que acrediten que el acreedor ha instado el cobro del crédito mediante reclamación judicial al deudor o requerimiento notarial.

Contenido de la factura rectificativa:

Las facturas rectificativas deberán cumplir con los mismos requisitos formales que las facturas ordinarias. Deberán recoger los datos identificativos de las facturas rectificadas. Además, se puede efectuar la rectificación de varias facturas en una única factura, siempre que se identifiquen todas las facturas rectificativas en la misma.

Modificación de la base imponible en el modelo de liquidación del IVA:

La modificación de la base imponible del IVA correspondiente a las facturas rectificadas emitidas se incluirá en el modelo de liquidación del IVA correspondiente al periodo en que se produzca la modificación de manera que minore la base imponible y el IVA repercutido en dicho periodo.

Nota: El modelo de escrito para la modificación de las Bases Imponibles en IVA está confeccionado para ser enviado al Departamento de Impuestos Indirectos de la Diputación Foral de Bizkaia, por ello, en caso de tener que enviar el escrito a la Agencia Tributaria, únicamente habrá que modificar el destinatario y las referencias normativas (En IVA, los artículos de la LIVA y de la NFIVA de Bizkaia son idénticos por lo que únicamente habrá que modificar NF... por Ley...)

La fiscalidad laboral española de las más elevadas a nivel mundial

2013-04-08T11:13:00.001+02:00

Dentro de las formas que tiene el Estado para financiarse, encontramos una que puede tener una gran importancia en la crisis de empleo que sufrimos en el país, según desprende un estudio de UHY, red de auditoría y consultoría que ha recabado información de 25 países entre los que están presentes miembros del G7 y economías emergentes. El informe mide los costes en Seguridad Social e impuestos por trabajador que tiene que efectuar una empresa, es decir, cotizaciones sociales e IRPF.

Esta fuente de financiación son las cotizaciones sociales, lo que podría denominarse como la fiscalidad laboral. Las empresas españolas hacen frente a una fiscalidad laboral de las más elevadas a nivel mundial, en concreto, la sexta más alta. Según el estudio de UHY el empresario medio en España tiene que pagar 7.700 euros extra sobre un salario de 23.000 euros (un 33,47% del salario bruto) en fiscalidad laboral. Estas cifras sitúan a España como el sexto país con mayores cargas para los empresarios por trabajador, frente a una media europea de 6.200 euros(un 26,95%).

Además, la fiscalidad laboral en España es más alta cuanto más bajo es el salario del trabajador. España desciende al octavo puesto del ránking para un salario de 57.700 euros, y al número 16 en el caso de un sueldo de 231.000 euros.

El estudio de UHY concluye, como no podía ser de otra manera que, los costes laborales elevados impiden el crecimiento de la tasa de empleo.

Así pues, determina que la disminución de cotizaciones sociales ayuda a flexibilizar el mercado laboral y a la creación de nuevas empresas.

Esta perspectiva de reducción de los costes laborales para los empresarios con el fin ultimo de crear empleo choca totalmente con la actual idea del Gobierno de flexibilizar el mercado laboral a base de flexibilizar el despido en vez de incentivar la contratación haciéndola más barata.

Sin embargo, podríamos preguntarnos si esta reducción de las cotizaciones sociales podría alterar y reducir de una manera determinante los ingresos del Estado pero, si analizamos el impacto de las cotizaciones sociales en el total de ingresos presupuestados para el año 2013, podemos observar que esta partida no representa ni un 1% del total.

	Presupuestado	% sobre el Total
IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	66.181.420,99 €	51,49%
Sobre la renta	63.511.300,00 €	49,41%
Sobre el capital	132.800,00 €	0,10%
Cotizaciones sociales	994.600,99 €	0,77%
Otros	1.542.720,00 €	1,20%
IMPUESTOS INDIRECTOS	40.734.453,65 €	31,69%
Sobre el Valor Añadido	28.272.300,00 €	21,99%
Otros impuestos indirectos	12.462.153,65 €	9,69%
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.323.559,01 €	3,36%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.211.466,11 €	7,17%
INGRESOS PATRIMONIALES	5.912.574,97 €	4,60%
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	134.550,00 €	0,10%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	526.695,37 €	0,41%
ACTIVOS FINANCIEROS	1.519.810,00 €	1,18%
TOTAL	128.544.530,10 €	100,00%
		(Miles de euros)

Generado por: Actibva

La desarmonización fiscal de las CC.AA

2013-03-10T10:41:00.000+01:00

Año nuevo, impuestos nuevos. Desde que la reducción del déficit es una obligación a corto plazo, los tiempos de estabilidad fiscal parecen definitivamente cosa del pasado. En los últimos tiempos los contribuyentes hemos asistido a continuas reformas tributarias que obligan a estar permanentemente al tanto de la normativa y más concretamente de la revista más influyente del estado en la actualidad, el BOE, con el fin de no tener sorpresas con Hacienda.

Ya sean las escalas de IRPF, el Impuesto del Patrimonio, la tributación de la base del ahorro, las plusvalías, la deducción por vivienda, las obligaciones tributarias por herencias, los sistemas de módulos... Prácticamente todos los elementos más importantes y susceptibles de modificar, han sido "ajustados" en estos últimos años, en mayor o menor medida.

Sin embargo, estas modificaciones no se han realizado en todas las Comunidades Autónomas por igual y, ya que estas, están sujetas al cumplimiento del deficit autonómico y, en aquellos tributos que tengan competencia las autonomías y tengan potestad para recaudar de ellos, sera en donde más tiren de la cuerda.

Así, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas en su articulo 19 recoge:

En caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir, en los términos que establezca la Ley que regule la cesión de tributos, las siguientes competencias normativas:

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar y la regulación de la tarifa y deducciones de la cuota.

En el Impuesto sobre el Patrimonio, la determinación de mínimo exento y tarifa, deducciones y bonificaciones.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, reducciones de la base imponible, tarifa, la fijación de la cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente, deducciones, bonificaciones, así como la regulación de la gestión.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas, la regulación del tipo de gravamen en arrendamientos, en las concesiones administrativas, en la transmisión de bienes muebles e inmuebles y en la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía; y en la modalidad Actos Jurídicos Documentados, el tipo de gravamen de los documentos notariales. Asimismo, podrán regular deducciones de la cuota, bonificaciones, así como la regulación de la gestión del tributo.
En los Tributos sobre el Juego, la determinación de exenciones, base imponible, tipos de gravamen, cuotas fijas, bonificaciones y devengo, así como la regulación de la aplicación de los tributos.
En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, la regulación de los tipos impositivos.
En el Impuesto sobre Hidrocarburos, la regulación del tipo impositivo autonómico.

Pero, este articulo a continuación recoge los siguiente:

"En el ejercicio de las competencias normativas a que se refiere el párrafo anterior, las Comunidades Autónomas observarán el principio de solidaridad entre todos los españoles, conforme a lo establecido al respecto en la Constitución; no adoptarán medidas que discriminen por razón del lugar de ubicación de los bienes, de procedencia de las rentas, de realización del gasto, de la prestación de los servicios o de celebración de los negocios, actos o hechos; y mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la del resto del territorio nacional."

En cuanto a los impuestos estatales cuya gestión y recaudación ha sido cedida por completo a las comunidades autónomas, son los siguientes:

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Actos Jurídicos Documentados.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
Tributos sobre el Juego.
Junto a estos tributos, existen otros cuya gestión corresponde al Estado, que cede un porcentaje determinado de la recaudación a las autonomías. Se cede la recaudación de una fracción de la tarifa autonómica del IRPF, y una parte del IVA, de los Impuestos Especiales de Fabricación sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Labores del Tabaco y sobre Hidrocarburos. y el rendimiento cedido del Impuesto sobre la Electricidad. Actualmente, se cede el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la electricidad, el 58% del impuesto especial de fabricación, el 50% del IVA y el 50% del IRPF, siendo todos ellos de gestión estatal.

Viendo el cuadro siguiente parece que en tiempos de crisis cuando es necesario financiarse por cualquier medio, los principios en los que se basa el sistema impositivo español no parecen importar demasiado y se aplica el principio de si puedo recaudar más que las CC.AA de mi alrededor, mejor.

Es por ello por lo que surgen las diferencias tan sustanciales como las que existen actualmente, salvo en los que se refiere al Impuesto del Patrimonio que parece que hay una mayor armonización entre las CC.AA. Esto puede derivarse de su novedad en el marco tributario tras unos cuantos años apartado del sistema.

Ejemplos de aplicación de la limitación de los pagos en efectivo (Ley 7/2012)

2013-03-08T09:54:00.000+01:00

Tras la aprobación de la limitación de pagos en efectivo prevista en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, han surgido muchas dudas sobre la aplicación de esta limitación, a lo que la Agencia Tributaria a dado respuesta a través de un FAQ.

Estos son los puntos más relevantes de la medida junto con una serie de ejemplos para poder ser comprendidos de una forma más practica:

1. Para aplicar la limitación de los pagos en efectivo, una de las partes intervinientes en la operación, debe ser empresario o profesional. por lo tanto, esta medida no es aplicable en compraventas u operaciones entre particulares. No obstante en el caso de que un empresario o profesional que transmita cualquier bien no afecto a su actividad tampoco estaría sujeta a la prohibición y podría abonarse en efectivo ya que, se considera que tal empresario o profesional actúa como particular en esa operación.

2. Si en una misma factura se documentan varias entregas de bienes o prestaciones de servicios, la limitación se aplica de forma independiente a cada operación.

Ejemplo: Una persona compra un producto en un gran almacén por importe de 1.500 euros y pide un ticket, y en el mismo día compra otro producto por 1.200 euros que paga en otra caja del establecimiento y pide un ticket. Al día el cliente pide que le emitan una factura en relación a los dos tickets a nombre de una empresa.

En estos casos se puede tratar de dos operaciones distintas, que podrían satisfacerse en efectivo al no superar ninguna de ellas los 2.500 euros.
No obstante, si las operaciones se refiere a los mismos bienes o a bienes que se encontraban directamente relacionadas, y el cliente las separase con la intención de fraccionar una única operación, se sumarían los importes. En este caso, si el gran almacén detectara este fraccionamiento, debería indicar al cliente que el pago debería efectuarse por medios distintos al efectivo. Si el gran almacén no puede detectar esta conducta de fraccionamiento efectuada por el cliente, aquél no sería responsable de la sanción. Pero la Agencia Tributaria podría dirigirse contra el cliente para imponerle la sanción correspondiente por su incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo.

3. En operaciones de tracto sucesivo como pueden ser (alquileres, contratos de suministro, cuotas de asesoría,...) debe tenerse en cuenta el momento en el que son exigibles los pagos según contrato, así como su importe.

Ejemplo: Un empresario recibe género semanalmente de un proveedor con el que tiene un contrato de suministro de material, en el que se establece que la facturación, liquidación y pago de los suministros se debe efectuar mensualmente. La última factura mensual emitida asciende a 4.000 euros.

En el caso de contratos de tracto sucesivo, la operación se desarrolla de forma continua en un período más o menos largo al que se refiere el contrato. En este caso no deben sumarse todas las operaciones facturadas en el año o durante la vigencia del contrato de suministro, ni tampoco debe acudirse a la materialidad de las entregas. La determinación de la cuantía se realiza en función de la facturación y cobro de estas operaciones. Por ello, en estos casos se debe acudir al pago de estas entregas o prestaciones. En el caso planteado, el pago de la factura de suministro que asciende a 4.000 euros no se puede pagar en efectivo.

4. En las facturas recapitulativas se deberá considerar el límite de 2.500 euros para cada una de las operaciones individuales.

Ejemplo: Un empresario o profesional realiza con un mismo destinatario operaciones por importe menor de 2.500 euros, pero que se documentan en una factura recapitulativa mensual por importe superior a 2.500 euros.

Estas facturas se referirán frecuentemente a operaciones de tracto sucesivo, que se refieren a una sola operación continuada en el tiempo, en cuyo caso se tendrá en cuenta la facturación del periodo de tiempo establecido para su liquidación periódica.
Pero si se tratara de operaciones distintas e independientes, que se recogen en una factura recapitulativa, habría que considerar el límite de 2.500 euros para cada una de las operaciones individuales, de forma que solo existiría obligación de pagarlas por medios distintos del efectivo aquellas operaciones que superasen individualmente los 2.500 euros.
Las partes intervinientes en la operación deberían poder justificar el carácter independiente de las operaciones a efectos de acreditar que la factura recapitulativa no estaba sujeta a las limitaciones a los pagos en efectivo.

5. Las operaciones de 2.500€ o más no pueden pagarse de forma parcial en efectivo.

Ejemplo: Una operación entre empresarios por importe de 4.000 euros, que se paga en efectivo en dos plazos de 2.000 euros cada uno.

La norma establece que a efectos del cálculo de la cuantía de la operación se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega del bien o prestación del servicio. Por consiguiente, no se considera como dos operaciones de 2.000 euros, sino como una única operación de 4.000 euros, cuyo pago se ha fraccionado en dos partes. Luego, esta operación no puede pagarse en efectivo.

Ejemplo: Se compra a un concesionario un vehículo valorado en 24.000 euros que se paga en 12 plazos mensuales. Dado que cada pago mensual es de 2.000 euros.

La norma establece que a efectos del cálculo de la cuantía de la operación «se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega del bien o prestación del servicio». Por consiguiente, no se considera como doce operaciones de 2.000 euros, sino como una única operación de 24.000 euros, cuyo pago se ha fraccionado en doce mensualidades. Luego, esta operación no puede pagarse en efectivo.

Ejemplo: Pago en efectivo de una operación entre un empresario y un particular valorada en 3.000 euros, que se pagan 1.000 por transferencia y 2.000 en efectivo.

La prohibición para los pagos en efectivo se produce cuando se paguen en efectivo operaciones por un importe igual o superior a 2.500 euros (art. 7.Uno.1 de la Ley 7/2012). En este caso, la operación es de 3.000 euros, por lo que se supera el límite para que la operación pueda pagarse en efectivo. El pago de esa operación en efectivo, sea total o parcialmente (dado que la norma no distingue), supondría un incumplimiento de la prohibición. Por lo tanto, esta operación no puede pagarse en efectivo, ni siquiera parcialmente.

6. Los presupuestos confeccionados no están sujetos a esta prohibición hasta que no alcanzan el limite de los 2.500€.

Ejemplo: Una reparación con un empresario, que confecciona un presupuesto de 2.400 euros, y se hace un anticipo de 1.200 euros. En la realización de la obra, se constatan que los daños son mayores que los esperados y finalmente la reparación asciende en total a 3.000 euros.

Se trata de una única operación que inicialmente se prevé que no alcanzará los 2.500 euros, pero en un momento posterior se constata que va a superar esa cifra. Como inicialmente se estimó, de acuerdo con el presupuesto efectuado, que la operación no alcanzaría los 2.500 euros, esta no se encontraba sometida a la limitación a los pagos en efectivo, y el pago inicial por 1.200 euros pudo realizarse en efectivo. Pero una vez constatado que esa operación superaría los 2.500 euros, los pagos posteriores debían efectuarse por un medio distinto al efectivo. Luego, el pago restante por 1.800 euros se encontraría sujeto a las limitaciones a los pagos en efectivo.

7. El pago de nominas por parte de un empresario o profesional a sus trabajadores está sujeto a la prohibición de los 2.500€.

Ejemplo: Pago de la nómina mensual a un empleado que asciende a 3.000 euros.

Se trata de una prestación de servicios (operación) en la que una de las partes intervinientes actúa en calidad de empresario o profesional, por lo que se encuentra sometido a la prohibición de pago en efectivo si su importe es igual o superior a 2.500 euros. El pago a cada trabajador se trata de una operación distinta, por lo que el límite se aplica a cada uno de los trabajadores y no al total de las nóminas pagadas por la empresa. Así, si un empresario paga a algunos trabajadores una nómina inferior a 2.500 euros y a otros una cantidad superior a ese importe, sólo se encuentra sometido a la limitación a los pagos en efectivo por estas últimas nóminas.

8. La limitación a los pagos en efectivo no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

Ejemplo: Los clientes de una empresa satisfacen en efectivo los pagos superiores a 2.500 euros en la cuenta bancaria de la empresa.

Si el cliente efectúa el ingreso superior a 2.500 euros directamente en la cuenta bancaria que le indica la empresa, identificando la operación o número de factura a que se refiere el pago y la persona que realiza la imposición en efectivo, no se incumplen las limitaciones a los pagos en efectivo.
Sin embargo, ambos intervinientes, pagador y receptor, deberán conservar los justificantes del pago durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo (art. 7.Uno.4 de la Ley 7/2012).

9. Las operaciones de arrendamiento de bienes en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional del arrendatario, estarán sujetas a la limitación a los pagos en efectivo.

10. Las entregas de dinero en concepto de aportaciones de capital y sus primas, por las reducciones de capital social con devolución de aportaciones o por reparto del haber social resultante de la liquidación, al ser estas operaciones societarias, sujetas a la legislación mercantil, y en el que al menos una de las partes interviene en calidad de empresario, se encuentran sometidas a las limitaciones a los pagos en efectivo cuando su importe es igual o superior a 2.500 euros. Asimismo, los pagos de dividendos están sometidos a dicha limitación salvo que no superen los 2.500 euros.

Régimen Sancionador

La sanción por el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo no se trata de una sanción tributaria, sino de naturaleza financiera. Por ello, no se rige por la Ley General Tributaria ni le son aplicables las reducciones contempladas en dicha norma.

El artículo 8 del Real Decreto 1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad reglamentaria, establece que en caso de pago voluntario de las sanciones pecuniarias con anterioridad a la resolución se podrán aplicar reducciones sobre el importe de la sanción «en los términos o períodos expresamente establecidos por las correspondientes disposiciones legales». Pero la Ley 7/2012 establece que la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción, sin contemplar ningún tipo de reducciones. Por lo tanto, no se regulan ni resulta aplicable ninguna reducción por conformidad o por pronto pago en las sanciones por el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo.

Ejemplo: Una operación entre dos empresarios por importe de 12.000 euros se paga en efectivo.

Se trata de una operación por importe igual o superior a 2.500 euros en la que al menos una de las partes intervinientes actúa en calidad de empresario o profesional, por lo que se encuentra sometido a la prohibición de pago en efectivo.
Se sanciona con el 25% sobre el pago en efectivo que son 12.000 euros, que supone una sanción de 3.000 euros.
De esa sanción única por importe de 3.000 euros responden solidariamente ambos empresarios. No se trata de dos sanciones de 3.000 euros, sino de una única sanción por dicho importe, de la que ambos empresarios son sujetos infractores. La Administración tributaria puede dirigirse contra cualquiera de ellos para cobrar esa sanción.

Evolución de los ingresos tributarios en 2012

2013-03-07T11:12:00.000+01:00

La Agencia Tributaria ha publicado recientemente el informe mensual de recaudación tributaria correspondiente al mes de Diciembre de 2012. En el se recoge que el año 2012 se cerró con un crecimiento de los ingresos tributarios totales del 4,2% (6.807 millones), alcanzando los 168.567 millones de euros. El incremento registrado en el año es una décima inferior al aumento previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el conjunto de los ingresos impositivos.

En el mismo informe se analizan los elementos que han tenido especial relevancia en este aumento de la recaudación en el transcurso del año, entre los cuales se encuentran:

El impacto de las medidas de consolidación fiscal, que han supuesto un incremento de los ingresos de 11.237 millones. Esta cifra supone casi 7 puntos de crecimiento, de manera que, en ausencia de estas medidas, los ingresos netos habrían disminuido alrededor del 2,7%, en el entorno de la caída de la demanda interna hasta el tercer trimestre (-2,3%).
La disminución, por quinto año consecutivo, de las bases imponibles. Se estima que el descenso de las bases en 2012 se situará alrededor del 4%. La caída se produce con especial incidencia en las rentas (por la contracción de las rentas de los hogares y de los beneficios de las sociedades) y en el gasto sujeto a IVA, perjudicado por la debilidad del consumo, el ajuste en las compras y la inversión pública y el persistente deterioro del mercado de la vivienda.
El significativo incremento de la recaudación procedente de aplazamientos de períodos anteriores y de las actividades de control. En 2012 el aumento de los ingresos por este concepto supera los 1.600 millones.
El perfil creciente de los ingresos a lo largo del año que se explica por dos motivos: la concentración de los impactos normativos a partir de octubre (momento en el que se reflejaron en la recaudación las medidas de marzo y julio sobre los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, la entrada en vigor de los nuevos tipos de IVA y los ingresos de la Declaración tributaria especial) y la progresiva moderación del ritmo de realización de las devoluciones (en los primeros meses del año se registraron tasas de crecimiento superiores al 10% para posteriormente ir acercándose a ritmos más coherentes con la disminución de las devoluciones solicitadas).

En la siguiente tabla contenida en el informe mencionado, se desglosa y analiza la variación tanto mensual como acumulada del año en función de los diferentes impuestos así como, la comparativa de los mismos con el ejercicio anterior, el 2011.

Frecuencia en la presentación de la DTE (Modelo 720)

2013-03-06T13:06:00.000+01:00

Una de las cuestiones que se nos pueden plantear a la hora de realizar la declaración del Modelo 720 es, una vez declarados los bienes y derechos susceptibles de ello en un año, ¿En años posteriores deberé declararlos de nuevo?

La respuesta es SI pero, con una matización. Solamente deberá volver a presentarse este Modelo, cuando en relación con una o varias de las obligaciones se produzca un incremento del límite conjunto establecido para cada bloque de información superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración.

Veamos un Ejemplo para entenderlo mucho mejor.

Ejercicio 2012

Se presenta en el ejercicio 2013 el Modelo 720, respecto a la información del ejercicio 2012. En esta declaración informativa se informó de cuentas bancarias en entidades financieras situadas en el extranjero y bienes inmuebles en el extranjero con los saldos y valores siguientes:

	Saldo último trimestre 2012	Saldo a 31/12/2012
Cuenta nº 1	40.000 €	45.000 €
Cuenta nº 2	15.000 €	12.000 €
TOTAL SALDOS	55.000 €	57.000 €

	Valor de adquisición
Inmueble nº 1	50.000 €
Inmueble nº 2	20.000 €
TOTAL VALOR	70.000 €

Volverá a existir obligación de presentar la declaración informativa, Modelo 720, en ejercicios sucesivos cuando se produzca un incremento del límite conjunto establecido para cada bloque de información superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración.

Ejercicio 2013

Si en el ejercicio 2013 los valores de los inmuebles no se modifican sustancialmente (y tampoco concurre ninguna otra causa para su declaración como por ejemplo sería su transmisión), el saldo conjunto de todas las cuentas en el último trimestre incrementa 15.000 € y el saldo conjunto de todas las cuentas a 31 de diciembre aumenta en 18.000 €, de forma que los saldos totales son los siguientes:

	Saldo último trimestre 2013	Saldo a 31/12/2013
Cuenta nº 1	20.000 €	18.000 €
Cuenta nº 2	40.000 €	23.000 €
Cuenta nº 3	10.000 €	34.000 €
TOTAL SALDOS	70.000 €	75.000 €

Los incrementos experimentados en los saldos conjuntos de las cuentas han sido los siguientes:

	Incremento del saldo conjunto del último trimestre	Incremento del saldo conjunto a 31 de diciembre
Incremento respecto al ejercicio 2012	15.000 €	18.000 €

En el ejercicio 2013 no existirá obligación de presentar el Modelo 720, respecto a la obligación de información sobre bienes inmuebles en el extranjero (artículo 54 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio). Tampoco existe obligación de presentar el modelo 720, respecto a la obligación de información sobre cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero (artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio) ya que el saldo conjunto (total) en el último trimestre y el saldo conjunto (total) a 31 de diciembre no se ha incrementado ninguno de ellos en más de 20.000 € respecto a los importes que determinaron la obligación de declarar en el último ejercicio de su presentación, en este caso el año anterior (siempre que además no concurra ninguna otra causa que obligue a su presentación, como sería por ejemplo la transmisión o en su caso cancelación de cualquiera de ellos).

Ejercicio 2014

Si en el ejercicio 2014 el saldo conjunto de todas las cuentas en el último trimestre incrementa 2.000 € y el saldo conjunto de todas las cuentas a 31 de diciembre aumenta en 10.000 €. Los incrementos de saldos por cada año y en conjunto son los siguientes:

	Incremento del saldo conjunto del último trimestre	Incremento del saldo conjunto a 31 de diciembre
Incremento respecto al ejercicio 2012	15.000 €	18.000 €
Incremento respecto al ejercicio 2013	2.000 €	10.000 €

Incremento respecto al último ejercicio en que se presentó declaración por esta obligación de información (art.42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007)

17.000 €

28.000 €

El incremento que debe tenerse en cuenta, es el incremento experimentado del saldo conjunto del último trimestre y del saldo conjunto a 31 de diciembre respecto a los saldos que determinaron la obligación de declaración sobre cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero (artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio) en el último ejercicio en el que se presentó la misma.

En este caso el incremento del saldo conjunto a 31 de diciembre de 2014 respecto al saldo conjunto a 31 de diciembre del último ejercicio en el que se presentó declaración, Modelo 720, por esta obligación de información, ha sido superior a 20.000 € luego en el ejercicio 2014 se presentará declaración informativa, Modelo 720, por la obligación de información sobre la totalidad de las cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.

Esquema de funcionamiento tramas de IVA

2013-03-04T21:00:00.000+01:00

Hace unos días la Agencia Tributaria desmanteló una organización internacional dedicada al fraude al IVA en el sector informático. La trama, que contaba con ramificaciones en varios países europeos, habría defraudado al menos cinco millones de euros entre 2011 y 2012 mediante un esquema de sociedades ‘truchas’, ‘sociedades pantalla’ y testaferros. Este, es un claro ejemplo del funcionamiento de las tramas de IVA explicadas en artículos anteriores.

La mecánica del fraude consistía en que los productos, a pesar de viajar directamente a España, eran facturados por las sociedades del norte de Europa a truchas remotas, creadas en Rumanía y Portugal. Estas empresas eran, nominalmente, los primeros receptores de la mercancía, limitándose a su refacturación a otras sociedades ficticias españolas, que tampoco recibían las mercancías y que, a su vez, refacturaban a otras sociedades españolas (sociedades pantalla), también creadas para la ocasión, que finalmente facturaban a las sociedades distribuidoras reales.

De esta manera, mientras la mercancía iba directamente desde una sociedad del norte de Europa a un distribuidor español, la facturación se realizaba siguiendo un circuito del que formaban parte, además del emisor y el receptor de la mercancía, hasta tres intermediarios (sociedades truchas en Rumanía y Portugal, truchas en España y sociedades pantalla en España).

Dado que, de acuerdo con la normativa comunitaria del IVA, no procede pagar este impuesto indirecto en las compras intracomunitarias, pero sí en las ventas interiores de España, las truchas españolas tendrían que ingresar unas cantidades de IVA muy elevadas, al no soportar IVA en sus compras y sí repercutirlo en sus ventas.

Sin embargo, estas sociedades manipulaban sus datos fiscales, creando cuotas de IVA soportadas ficticias, habilitando así la reducción artificial de la cantidad a pagar a la Hacienda Pública. Por tanto, el fraude fiscal se producía en el momento en que las truchas españolas, que recibían una entrega intracomunitaria exenta y repercutían IVA en la venta a las sociedades pantalla española, no ingresaban esas cuotas del impuesto en Hacienda. En los escalones posteriores de la facturación ficticia, las sociedades ya sí soportaban IVA en las compras y lo repercutían en las ventas, como empresas normales, pero la trama ya había conseguido ofrecer al comercializador en España unos precios inferiores a los de sus competidores. El fraude cometido por la trucha española servía así para erosionar, a costa de las arcas públicas, la libre competencia empresarial.

Esquema de funcionamiento de la trama de IVA

Para evitar responsabilidades por estas actuaciones ilícitas, la organización, como ya hemos dicho, se dedicaba a la continua creación de sociedades truchas remotas, truchas en España y sociedades pantalla, para lo que contactaban con personas sin recursos a las que, a cambio de una pequeña remuneración, hacían figurar como administradores de estas sociedades ficticias. Incluso, en algún caso, figuraban como administradores de estas sociedades ciudadanos que estaban cumpliendo penas de cárcel en el extranjero.

El criterio de caja en la gestión del IVA va a complicar las cosas

2013-03-02T13:00:00.000+01:00

Llevaban años anunciando esta medida, que nunca llegaba hasta que hace unos días, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que podrán, a partir de 2014, aplicar el criterio de caja en la gestión del IVA, esto es, pagar el IVA al cobrar la factura y no, como sucede ahora, cuando se emite la misma. Se trata claro está de un criterio que sera de aplicación voluntaria, quien lo desee podrá acogerse a esta modalidad.

Aunque casi todo el mundo está celebrando esta medida, ya se empiezan a levantar las primeras voces no en contra, pero si advirtiendo que "No es oro todo lo que reluce".

Esto es debido a que ahora, con el criterio de devengo, si una empresa paga tarde o no paga a su proveedor, este se ve obligado a ingresar en Hacienda un IVA que no ha cobrado y a su vez, la empresa puede deducirse un IVA que no ha pagado. Algo un tanto injusto ya que quien se beneficia de este criterio es quien no paga, ya que aparte de no hacerlo se lo deduce. Precisamente esta situación se pretende evitar con el llamado criterio de caja. En principio, el criterio de caja afectará tanto al pago como a la deducción. Dicho de otra forma: el proveedor que opte por el criterio de caja no ingresará el IVA hasta cobrar la factura y, su cliente, no podrá deducirse el IVA soportado hasta que no abone el importe de la operación.

Sin embargo, como en todas las medidas que se llevan adoptando durante estos años, existen las letras pequeñas y las matizaciones, entre las cuales podemos destacar la siguiente: se prevee que la posibilidad de recurrir al criterio de caja será optativo para aquellas compañías con un volumen de facturación que no supere los dos millones de euros. En principio es una simple limitación a su aplicación pero resulta un gran quebradero de cabeza para aquellas empresas que no superen el limite y que realicen operaciones tanto con proveedores con más y con menos facturación de la anteriormente mencionada y que quieran aplicar el criterio de caja.

Por ello, ya se empieza a hablar de una doble contabilidad en el IVA, una según criterio de devengo para unas determinadas operaciones y otra según criterio de caja para aquellas operaciones en las que tanto el proveedor como el cliente apliquen dicho criterio. Se trata por tanto, no de un beneficio para las empresas sino un tiempo extra requerido para llevar a cabo la contabilización de todas las operaciones.

Queda por tanto esperar a conocer la letra pequeña de la medida que tanto revuelo esta empezando a causar para saber como se pretende aplicar y si realmente va a ser una ayuda o más bien un obstáculo en la aplicación del IVA.

Nuevo Pago a Proveedores 2013

2013-03-01T09:07:00.003+01:00

El Gobierno de España ha puesto en marcha la 2ª fase del "Plan Proveedores", con un presupuesto de 2.628 millones de euros, para que las entidades locales y comunidades autónomas puedan pagar las facturas pendientes.

Dentro de las novedades principales que incluye este nuevo plan se encuentra, la integración de nuevos contratos susceptibles de acogerse a esta medida:

Concesiones administrativas.
Encomiendas de gestión.
Convenios.
Contratos de arrendamiento de inmuebles.
Contratos relacionados con los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (Ley 31/2007).
Determinados contratos de concesión de obras públicas.
Determinados contratos de gestión de servicios públicos.
Contratos de colaboración público-privada.

Destacar que, aunque sea una medida aplicada desde el Gobierno Central, tanto los municipios como las comunidades del País Vasco y de Navarra están incluidas en el ámbito de aplicación de la medida, con independencia de sus regímenes forales correspondientes.

El Mecanismo o Procedimiento de Pago a Proveedores

PROCESO PARA EL COBRO DE PROVEEDORES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

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PROCESO PARA EL COBRO DE PROVEEDORES DE ENTIDADES LOCALES

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Batería de medidas para ingresar más de 63.800 millones adicionales cada año

2013-02-27T08:46:00.000+01:00

En un artículo publicado en Julio del año pasado, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) propusieron la puesta en marcha de una batería de medidas que permitirían ingresar más de 63.800 millones adicionales cada año. Cantidad suficiente para reducir el déficit del 8,9% del pasado año hasta un nivel inferior al 2,8% exigido en los compromisos europeos para 2014.

Como aseguran en dicho artículo, muchas de estas propuestas podrían aplicarse en el plazo de un año, lo que permitiría relajar las políticas de ajuste y, harían innecesaria la aprobación de medidas contrarias al crecimiento, como las incluidas en el RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE del 14), como la subida del IVA, la supresión de la paga extra a empleados públicos, la reducción del empleos públicos, vacaciones y complementos de la ILT, la disminución de las prestaciones por desempleo o el endurecimiento de las prestaciones a la Dependencia.

Además, este sindicato (GESTHA) opina que la subida del IVA es "injusta" porque aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas y es "regresiva" porque afecta más a los ciudadanos con bajos ingresos, como pensionistas y mileuristas, debido a esto, estiman que –el 43% de los hogares españoles verán reducida su capacidad de compra- y a los ciudadanos que ingresan menos de 30.000 euros, verán reducido notablemente su poder adquisitivo. Lo que supone que la subida del IVA es regresiva para el 75% de familias que residen en nuestro país.

Esta situación de penuria contrasta con las personas que disfrutan de ingresos superiores a 150.000 euros, que, además de consumir, tienen posibilidad de ahorrar e invertir en operaciones financieras EXENTAS del IVA.

Por todo ello, el sindicato propone las medidas siguientes para incrementar los ingresos sin riesgo a retraer el consumo, ni dañar a la economía española y, entre las cuales se encuentran las siguientes:

	Recaudación anual adicional
Reducción de la economía sumergida en diez puntos (1)	38.577 millones
Nuevo tipo del 35% en el Impuesto de Sociedades.	13.943 millones
Impuesto a las Transacciones Financieras (2)	5.000 millones
Impuesto sobre la Riqueza.	3.399 millones
Restricciones al sistema de módulos y SICAV, aumento del tipo de la Renta del Ahorro y ganancias patrimoniales especulativas a tarifa general.	1.490 millones
Prohibición de las operaciones en corto contra la Deuda Pública (3)	1.400 millones
Total recaudación anual alternativa a nivel estatal	63.809 millones

(1) Incluida la reorganización del Ministerio de Hacienda y AEAT, y la rebaja de la limitación en el pago en efectivo
a 1.000 euros
(2) Impuesto a las Transacciones Financieras, instando su implantación en la Unión Europea.
(3) Prohibición de las operaciones en corto contra la Deuda Pública, procurando su implantación en otros países de
la Unión Europea amenazados por la crisis de la Deuda soberana.
Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

Los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda lo tienen claro, esta crisis no viene tanto derivada de un exceso de la deuda sino en gran parte del ingreso y, se sale mediante la aplicación de medidas encaminadas a recaudar más equitativamente y de forma progresiva evitando el trato de favor a aquellas operaciones y contribuyentes que más capacidad económica tienen y por ello más posibilidades de acceso a esas operaciones tan atractivas fiscalmente tienen.

Análisis del Modelo 720, la Declaración Tributaria Especial (DTE)

2013-02-20T10:07:00.000+01:00

Con motivo a la adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, se ha introducido a través de la nueva disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, una nueva obligación específica de información en materia de bienes y derechos situados en el extranjero que, se desarrolla en la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, en la cual se aprueba el nuevo modelo 720.

Obligados a presentar el modelo 720 y bienes y derechos objeto de declaración

Estarán obligados a presentar el modelo 720, «Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero», las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando tenga la condición de titular, representante, autorizado, beneficiario, persona o entidad con poderes de disposición o titular real, así como en los casos particulares dispuesto en los apartados 1, 2, 3 y 5 del artículo 42 ter del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

Más concretamente, los bienes y derechos objeto de declarar son los siguientes:

Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. Esta obligación de información se regula en el artículo 42 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por RD 1065/2007, de 27 de julio. (En el Modelo 720 se corresponde con el valor de la “Clave tipo de bien o derecho” “C”).
La sanción mínima por la falta de presentación del Modelo 720 en este primer caso, en el que se incumplen las tres obligaciones de información, será de 30.000 €.
Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero. Esta obligación de información se regula en el artículo 42 ter del citado Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio. (En el Modelo 720 se corresponde con los valores del campo “Clave tipo de bien o derecho”, “V”, “I” y “S”).
Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. Esta obligación de información se regula en el artículo 54 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio. (En el Modelo 720 se corresponde con el valor de la “Clave tipo de bien o derecho” “B”)
En el segundo y tercer supuesto, en el que se incumple una sola obligación de información, la sanción mínima es de 10.000 €.

Dentro de los obligados a declarar y de los bienes y derechos objeto de declaración anteriores, se presentan diferentes particularidades, contenidas y resueltas mediante las siguientes FAQ.

Dentro de las particularidades más sustanciales encontramos la siguiente:

El modelo 720 deberá presentarse si alguna de las categorías de bienes supera los 50.000 euros. Es decir, el umbral que fija la obligación de presentar la declaración no se determina por la suma del total de bienes en el extranjero, sino de manera separada por cada una de las categorías descritas. Por otra parte, no será necesario volver a presentar el modelo 720 si los bienes no se han revalorizado en más de 20.000 euros por cada categoría.

Cuando se habla de categorías, se hace referencia a los tres grupos mencionados con anterioridad.

Forma de presentación

La presentación del modelo 720, «Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero», se efectuará por vía telemática a través de Internet, de acuerdo con las condiciones y el procedimiento previsto en los artículos 5 y 6 de la Orden que lo regula.

Plazo de presentación

El plazo de presentación del modelo 720, se realizará con carácter general entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar. Sin embargo y con carácter transitorio, el plazo de presentación del modelo 720 correspondiente al ejercicio 2012 se realizará entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2013. Por tanto, debido a la novedad de esta declaración, la Agencia Tributaria de un plazo superior en el primer año de aplicación.

Valoración de los bienes y derechos

La valoración de los bienes y derechos situados en el extranjero difiere bastante del elemento que debamos declarar, en función del grupo de entre los tres mencionados anteriormente en el que se encuentre. A modo de comentario superficial, se valoraran por el saldo medio del ultimo trimestre, el valor de adquisición, el valor de transmisión o el valor de liquidación.

De cara a un análisis más exhaustivo del criterio aplicable para cada caso, existe las siguientes FAQ sobre ello.

Adicionalmente a las sanciones derivadas de la falta de presentación de la declaración informativa, el incumplimiento de la obligación de informar en plazo, acarrea la pérdida de la prescripción fiscal.

La pérdida de la prescripción fiscal tiene como consecuencia inmediata la calificación del patrimonio no declarado, en el caso de ser descubierto por la Administración Tributaria, de ganancia de patrimonio no justificada, sujeta al tipo progresivo de IRPF (o al tipo del IS) entendiéndose obtenido en el periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos. Sólo en el caso de que el contribuyente sea capaz de demostrar que los bienes situados en el extranjero se adquirieron con rentas declaradas o con anterioridad a la adquisición de la residencia fiscal en España, se evitaría la calificación de ganancia patrimonial no justificada.

Las rentas irregulares de los jugadores del Athletic Club de Bilbao

2013-02-12T21:14:00.000+01:00

En un articulo anterior ya analicé la tributación de los jugadores de fútbol extranjeros que juegan en nuestra liga, cómo hasta 2010 tributaban al 24% y las renovaciones de sus contratos a partir de esa fecha pasan a tributar entre un 45% y 56% en función de la hacienda a la cual deban presentar su declaración. Sin embargo,

¿Que pasa con la tributación de los jugadores nacionales?

Es claro que se verían desfavorecidos en comparativa con los jugadores extranjeros ya que ellos supondrían un coste superior a los clubes a diferencia de los jugadores extranjeros. Por ello es por lo cual algunas Haciendas son benevolentes a la hora de calificar esas rentas e incentivar la contratación de jugadores nacionales. Este es el caso del Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad, entre otros.

¿Como declara sus rendimientos de trabajo en IRPF un jugador del Athletic?

En la normativa foral de Bizkaia de IRPF no aparece ningún apartado especial para los jugadores de fútbol, sin embargo, ellos se acogen a las denominadas "Rendimientos Irregulares", algo legal por supuesto y que la Hacienda Foral de Bizkaia les permite aplicarse a titulo personal mediante acuerdo de tributación entre el club y la Hacienda.

Vamos por tanto a explicar en que consiste dichos rendimientos irregulares. Según el apartado 2. c) del articulo 19 de la NFIRPF, el rendimiento integro del trabajo se obtendrá por la aplicación de los siguientes porcentajes al importe total de los rendimientos siguientes: "Cuando los rendimientos de trabajo tengan un período de generación superior a dos años y no se obtengan de forma periódica o recurrente, el 60 por 100; este porcentaje será del 50 por 100 en el supuesto de que el período de generación sea superior a cinco años o se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo."

Según esto, para poder aplicar el porcentaje de integración del 50% que se aplican los jugadores del Athletic, deberían de generar sus rendimientos en un periodo superior a 5 años pero, ¿Esto es así? No. Si aplicamos la norma y la forma de calculo de los rendimientos irregulares percibidos de forma fraccionada que seria su definición más acertada (los jugadores de futbol cobran todos los años una renta y no el rendimiento integro de forma capitalizada en un solo periodo), el periodo de generación que resultaría de, por ejemplo, el periodo por el cual firman el contrato o de la corta vida profesional, seria imposible que diera un periodo de generación de 5 años para poder aplicar ese 50% de integración.

Por tanto, sus ingresos brutos se integraran al 50% porque así lo ha acordado el club con la hacienda foral mediante un criterio interpretativo interno que, no esta establecido formalmente en ninguna norma, criterio interpretativo, consulta, etc. Esto supone declarar la mitad de sus ingresos y por tanto en vez de tributar al tipo marginal máximo del 45% en Bizkaia, tributaran con un tipo efectivo mucho menor.

En la nueva reforma de renta que se esta negociando en Guipuzcoa quieren normalizar este criterio e integrarlo en la norma de IRPF, no hará referencia al caso particular de los jugadores de fútbol de la Real Sociedad pero, se dará a entender que va destinado a la tributación de este tipo de rentas.

Si a esto le añadimos la beligerancia que existe por parte de la Administración a la hora de aplicar los limites en cuanto a las contribuciones a EPSVs por parte de los jugadores, la declaración de estos resulta irrisoria. Los deportistas profesionales o de alto nivel en activo pueden deducirse como máximo la cantidad de 24.250€ por aportaciones a mutuas de previsión social las cuales reducirán la base imponible general que, como ya he dicho, se integra al 50% (Según la disposición adicional Octava. Régimen fiscal de las aportaciones y prestaciones de la Mutualidad de previsión social de deportistas profesionales). El resto de los mortales como máximo podremos reducir la base imponible en aportaciones 6.000€.

Poniendo un ejemplo practico para ver como tributaria efectivamente un futbolista y otra persona cualquiera que percibiera rentas similares.

	Contribuyente Normal	Jugador del Athletic
Rendimientos Brutos	500.000 €	500.000 €
Integración de Rendimientos	100%	50%
Rendimiento Neto	500.000 €	250.000 €

Cuota Integra	216.597,1 €	104.097,1 €

Calculo de la Cuota	Hasta 64.970€ = 20.833,6€ Resto 435.030€ x 45% = 195.763,5€	Hasta 64.970€ = 20.833,6€ Resto 185.030€ x 45% = 83.263,5€

Tipo Efectivo	43,32%	20,82%

En este ejemplo prescindimos de los gastos deducibles que pudieran existir, bonificaciones, reducciones en base, etc, para hacer más sencillo el ejemplo.

Como podemos observar, partiendo desde los mismos rendimientos brutos de trabajo, los jugadores de Athletic tributan a un tipo efectivo que es algo más de la mitad que el que le tocaría tributar a cualquier otra persona con las mismas percepciones de trabajo y, sin tener en cuenta la posibilidad de reducir la base imponible mediante aportaciones a EPSV's, ya que entonces, la diferencia seria mayor.

El efecto de la renovación de Cristiano Ronaldo en las arcas públicas.

2013-02-08T09:28:00.000+01:00

Según noticias de ultima hora, parece que Cristiano Ronaldo ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid en su renovación.

El nuevo vínculo situará a CR7 en el umbral de los 15 millones limpios hasta 2018, por temporada.

Los jugadores de fútbol negocian sus remuneraciones en neto, esto es, después de impuestos, y son por tanto los clubes los que se hacen cargo de pagar la diferencia, los impuestos correspondientes. Hasta 2010 a los clubes de fútbol no les suponía demasiado desembolso dicha diferencia ya que gracias a la Ley Beckham, los jugadores tributaban como no residentes a un tipo fijo del 24%. Esta modificación no tuvo efectos retroactivos por lo que los contratos firmados antes del 1 de enero de 2010 seguirán tributando a ese tipo del 24% hasta que finalice dicho contrato. Ahora, las negociaciones de renovaciones de los contratos no son nada agradables para los clubes ya que les supone un sobre coste importante ya que dependiendo en que CC.AA estemos tributaran entre un 45% y un 56%.

En el caso de la renovación de los jugadores del Real Madrid y del FC Barcelona este sobrecoste se hace mucho más pronunciado primero, porque los sueldos de sus jugadores superan con creces los del resto de equipos y por otro lado, porque en la comunidad de Madrid el tipo marginal a aplicar a las rentas más altas es del 52% y en Cataluña es del 56%.

La conocida como la Ley Beckham, se refiere en realidad a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, por la que se modifican las leyes de los Impuestos de Sociedades e IRPF de las rentas de los ciudadanos no residentes. La iniciativa surgió como una fórmula para atraer capital humano cualificado de otros países a través de incentivos fiscales pero, al coincidir con la llegada de David Beckham al Real Madrid y tratarse de un trabajador extranjero, se rebautizó a con su nombre. Esta ley se eliminó a finales de 2009 con la subida de impuestos indirectos a aprobada por el Ejecutivo.

Dicho todo esto y si hacemos los cálculos podemos observar como el coste de la plantilla tanto para los dos clubes más importantes de España como del resto se va a incrementar significativamente y, como ejemplo vamos a tomar el caso de Cristiano Ronaldo.

Debido a que su contrato se encuentra vigente hasta 2015, hasta dicha fecha Cristiano seguirá tributando al 24%. Actualmente creo que percibe unos 12.5 millones de euros netos por temporada por lo que el coste de dicha nomina para el Real Madrid supone 12.5 x 1.24 = 15.5 millones de euros, sin embargo, a partir de 2015 este coste pasa a ser, teniendo en cuenta la subida de salario que pide, a: 15 x 1.52 = 22.8 millones de euros. Mientras el sueldo únicamente se le ha incrementado un 20%, el coste para el Real Madrid se ha visto incrementado en un 47% debido al cambio de tribulación.

Esto no únicamente ocurre con los jugadores de fútbol extranjeros sino que también se da en el ámbito de los altos ejecutivos y altos cargos de las grandes empresas sin nacionalidad española y residentes en nuestro país quienes deberán negociar con uñas y dientes sus remuneraciones.

Esta modificación de la legislación para los no residentes se ve como un inconveniente ya que no posibilita el fichaje de grandes deportistas y ejecutivos extranjeros por su elevado coste bruto. Por otro lado, la Hacienda Pública, cada vez que se firma un contrato de esta envergadura se frota las manos y no es para menos ya que la recaudación a estos profesionales aumenta de entre un 25% y un 32%, algo que no viene nada mal a las arcas publicas. Se desconoce que impacto podría tener estas rentas en la recaudación total por IRPF pero, seguro que no es nada despreciable.

El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por CC.AA

2013-02-07T12:02:00.000+01:00

La primera decisión que tomamos cuantos estamos decididos a adquirir una vivienda es; comprar una vivienda nueva o de segunda mano. Es entonces cuando resulta decisivo analizar no solo el precio que esta decisión acarrea, sino también, el coste de llevarla a cabo y más aun teniendo en cuenta que si nos decantamos por la compra de una vivienda de segunda mano, el coste va a variar sustancialmente dependiendo de en que Comunidad Autónoma queramos comprar dicha vivienda.

La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, en sus artículos 33 y 49 configuran el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como un tributo cedido, con competencia normativa autonómica exclusivamente para fijar los tipos y para establecer deducciones y bonificaciones en la cuota en casi todas las modalidades de "TPO" y "AJD", no sin embargo en Operaciones Societarias ni en Letras de Cambio.

Por lo tanto, si adquirimos una vivienda nueva tendremos que pagar un 10% de IVA, más otro tanto por ciento correspondiente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el que como ya se ha dicho y al igual que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, esta cedido a las CC.AA.

Sin embargo, si nos decidimos a comprar una vivienda de segunda mano, aplicaremos el ITP a los tipos vigentes a 1 de enero de 2013 que en la siguiente tabla se especifican, teniendo en cuenta que los tipos reducidos especiales aplicables para las viviendas se determinan en función de variables como pueden ser: la edad del adquirente, los metros cuadrados de la vivienda adquirida, el uso que se le va a dar a dicha vivienda, si el adquirente es discapacitado o no y, otra serie de variables muy diversas distintas en cada CC.AA, por lo que se recomienda el análisis de esos requisitos para determinar la situación personal de cada uno a la hora de determinar el tipo a aplicar en la operación.

He de añadir que en el caso de adquirir una vivienda de segunda mano únicamente se tributara por el ITP sin tener que hacerlo inclusive por el impuesto de AJD ya que estos son incompatibles entre si, esto es, o se aplica uno o el otro, pero nunca los dos a la vez.

	Tipo General				Tipos Reducidos Especiales
	Inmuebles	Muebles	Concesiones Administrativas	Derechos reales de garantía	Viviendas en General	Viviendas en Particular
Alava	6%	4%	4%	1%	4%	2,5%
Andalucía*	8%, 9% o 10%	4% u 8%	--	1%	--	3,5% o 2%
Aragon	7%	4%	7%	1%	--	3%
Asturias*	8%, 9% o 10%	8%, 9% o 10%	--	3%	--	3% o 2%
Baleares*	8%, 9% o 10%	4%	4%	1%	--	0,5%, 3,5% o 4%
Bizkaia	6%	4%	4%	1%	4%	2,5%
Canarias	6,5%	4%	6,5%	1%	--	4%
Cantabria	8% o 10%	--	7%	7%	--	4% o 5%
Castilla – La Mancha	8%	6%	8%	8%	--	7%
Castilla y Leon	7%	7%	7%	7%	--	4%
Catalunya	8%	4%	4%	1%	--	5%
Com. Valenciana	7%	4%	4%	4%	--	4%
Extremadura*	8%, 10% o 11%	6%	8%	1%	--	7% o 4%
Galicia	7%	1%	4%	1%	--	4%
Guipuzcoa	7%	4%	2,5%	1%	4%	2,5%
La Rioja	7%	4%	4% o 7%	1%	--	6%, 5% o 3%
Madrid	7%	4%	4%	1%	--	4% o 2%
Murcia	7%	4%	4%	4%	--	4%, 3% o 2%
Navarra	6%	4%	4%	1%	6%	5%

* El tipo impositivo aplicable en Andalucia, Asturias, Baleares y Extremadura para los bienes inmuebles en general se determina en función de las tarifas establecidas en tablas.
En los casos en los que no se determine un tipo impositivo general para viviendas, sera de aplicación el tipo impositivo general para inmuebles.

Las CC.AA han incrementado los tipos del ITP estos últimos años ya que se trata de un impuesto que les reporta una financiación propia por estar cedida a cada comunidad. Debido a que desde el 1 de enero de 2013 se ha incrementado el IVA de las viviendas nuevas al 10%, no es de extrañar que las CC.AA aprovechen y basándose en la justificación de armonizar el ITP con el IVA de las viviendas lo vuelvan a subir y así obtener una recaudación extra.

¿Los españoles tenemos conciencia fiscal?

2013-02-05T19:54:00.000+01:00

Tras la emisión del programa de Jordi Evole "Salvados" el pasado domingo, puede haber surgido cierto debate sobre si en Finlandia se pagan más impuestos que aquí y es por eso por lo que mantienen un mejor nivel de vida en cuanto al mantenimiento del sistema publico.

En la web Actibva, se realiza un análisis de los impuestos existentes en Finlandia y los compara con los españoles con el siguiente resultado:

Los impuestos en Finlandia

El tipo general del IVA es del 23% y hay un tipo superreducido del 9%, que se aplica a los productos farmacéuticos, libros, transporte público, servicios de hotelería y entradas de actividades recreativas, y uno reducido del 13% aplicado a productos alimenticios. El Impuesto de Sociedades es el 28%.

El IRPF en Finlandia consta de una la base imponible general por las rentas del trabajo y una base imponible del ahorro compuesta por las rentas de capital. A las rentas de capital se les aplica un tipo único del 28%. Para las rentas del trabajo, la escala de gravamen es progresiva y contiene un tipo mínimo y un máximo, hay un tramo exento está comprendido entre los 0 y los 15.200 euros y el resto están comprendidos entre el 10,5% y el 33,5%.

La cuota municipal varía según la localidad y oscila entre el 15% y el 20%.

Se pueden aplicar una serie de reducciones sobre la base imponible:

Una reducción estándar por gastos de negocio para los trabajadores autónomos, restringido a 620 euros.
Las contribuciones obligatorias al seguro por desempleo y al seguro de pensiones.
Las contribuciones voluntarias a las pensiones y ahorros para inversiones a largo plazo.
Los gastos de desplazamiento hasta y desde el lugar de trabajo, restringido a 7.000 euros.
Los intereses de determinados créditos, las reparaciones realizadas en el hogar y las donaciones a determinadas Universidades del Espacio Económico Europeo.

Debido a no solo la última subida impositiva, sino también a la disminución y reducción de las diferentes deducciones en IRPF llevadas a cabo en España hace que las diferencias entre lo que se paga en Finlandia con respecto a nuestro país es muy pequeña.

Es por ello por lo que podemos asegurar que si; "no podemos hacer frente a la inversión en educación y sanidad" es porque aunque se incrementen más los impuestos, no se va a recaudar más en términos relativos y, es precisamente lo que ha ocurrido con la recaudación de IVA desde su subida. Mientras que los tipos se han visto incrementados en un 3%, la recaudación únicamente ha crecido un 2,1%. Esto viene derivado por un descenso del consumo y por una cultura antifiscal.

No podemos mantener los gastos públicos porque hay un déficit de ingresos públicos, a diferencia de lo que ocurre en Finlandia donde, los ciudadanos son conscientes y están concienciados de que pagar impuestos es bueno y no tienen ningún reparo en pagar impuestos altos porque saben que los servicios que presta la administración publica son buenos y gratuitos y, por tanto, no incurren en esos gastos por la vía del sector privado. La conclusión de todo ello es que los países con mejor nivel de vida e impuestos levemente superiores son los que más conciencia fiscal tienen mientras que aquellos países sin dicha conciencia seguirán padeciendo problemas para financiar su gasto publico por muchos que suban los impuestos.

En un episodio anterior de Salvados 'Ciudadano Klínex' se puso un ejemplo sobre el hecho de que los ciudadanos suizos decidieron subir el IVA y no ampliar de cuatro a cinco el número de semanas de vacaciones pagadas en los puestos laborales, decidiendo ambas cosas en sendos referéndums.

Demostrar la percepción de "Dinero Negro" o "Dinero B"

2013-02-03T12:41:00.002+01:00

Mucho se está se hablando y discutiendo sobre la demostrabilidad de haber recibido dinero en efectivo ilegalmente. Entre las acciones que se están llevando a cabo para demostrar que no se han cobrado esos dineros, se encuentra, efectuar una auditoria interna y externa sobre las cuentas del partido y la publicación de las declaraciones de la renta y patrimonio de los implicados en el escándalo.

Auditoria Interna y Externa

Se trata de medidas que no van a demostrar nada ya que una auditoria, ya sea interna o externa, va a aflorar la información contabilizada legalmente y declarada a hacienda, dentro de la cual no se van a incluir ingresos en efectivo que se hayan recibido de manera irregular o ilegalmente y sobre los cuales no se pueda probar su procedencia.

Declaraciones de IRPF y Patrimonio

En cuanto a la declaración de la renta y el patrimonio idem de idem, ya que, en la liquidación de IRPF se integran las cantidades derivadas de rendimientos percibidos mediante transferencia bancaria y sujetos a retención por lo que se trata de dinero controlado por el ministerio fiscal y, obviamente no se van a integrar en la declaración percepciones de dinero en efectivo que no se puedan probar su procedencia licita.

En lo que al impuesto del patrimonio respecta, se trata de un impuesto que más que para recaudar tiene un fin informativo. Mediante el, se puede demostrar si los rendimientos percibidos en IRPF se corresponden con el patrimonio que haya ido acumulando el contribuyente durante los años, esto es, que no exista distorsión entre lo que uno cobra y lo que uno tiene.

Sin embargo, si un contribuyente percibe grandes sumas de dinero en efectivo que no declara porque no puede probar la legalidad de su procedencia, puede comprar una serie de activos a nombre de terceras personas o de sociedades, con el fin de evitar que se produzca la distorsión anteriormente mencionada. Un contribuyente puede tener su patrimonio repartido entre diferentes personas de su entorno, ya sean cónyuges, hijos, hermanos, etc, y con ello en parte evitar tener que declarar por el impuesto de patrimonio.

El patrimonio de nuestros dirigentes, uno a uno

Existe una gran diferencia en cuanto a los patrimonios de unos y otros, habiendo ejercido cargos similares, por lo que, sin tener en cuenta aquel patrimonio heredado, habría que valorar las diferencias existentes y buscar esos patrimonios ocultos entre familiares.

Por lo tanto,

¿Como podría probarse que se ha percibido dinero en efectivo, si ninguno de los procedimientos que se están llevando a cabo puede probarlo?

Hay un modo, el análisis e investigación de los movimientos de las cuentas corrientes. Si se observa que el nivel de retirada de dinero en efectivo o el nivel de uso de la tarjeta de crédito no se ajusta con sus gastos corrientes, habría un indicio para sospechar que existe otra fuente de ingresos alternativa a la legal que ayuda a hacer frente a esos gastos corrientes.
En ese análisis, se podrían buscar pagos realizados en tiendas de ropa, mobiliario, supermercados, etc, que diera un cierto sustento a la teoría de que sus gastos corrientes son pagados con las retribuciones cobradas en la cuenta corriente y no en efectivo.

A día de hoy la mayoría de los pagos se realizan mediante tarjeta de crédito por lo que partiendo de esa premisa se podría investigar si su nivel de gasto se corresponde con su nivel de pagos con tarjeta o mediante retirada de dinero en efectivo.

La percepción de la "Marca España" en la cuerda floja

2013-02-01T10:36:00.001+01:00

Cuando parecía que las aguas turbulentas de nuestra economía volvían a su cauce, los inversores extranjeros se despiertan con otro escándalo que tambalea su tranquilidad y percepción sobre nuestro país. Aunque el nuevo escándalo que sacude de lleno al gobierno que preside el país no está del todo probado, los inversores "no se fían", no tienen la suficiente confianza en nuestro país y en nuestra cultura como para dejar pasar de largo y sin darle importancia a estas nuevas informaciones.

Es por ello por lo que muchos inversores que aunque reacios habían retornado sus inversiones a nuestro país están replanteándose seriamente su decisión y, por tanto, cerrando y liquidando las posiciones que tenían abiertas.

“Todas las inversiones en España tienen que ser liquidadas antes del cierre de la sesión de mañana. Con efecto inmediato”. Esta era la orden que llegaba ayer mismo de un fondo de inversión de la City londinense y, aunque no se puede extrapolar a una nueva situación de pánico, lo cierto es que la comunidad internacional ha decidido poner a España en ‘cuarentena’.

Una nueva perdida de credibilidad y de confianza de cara al exterior que unido a los resultados macroeconomicos y a los resultados negativos de los bancos del país hacen que la denominada "Marca España" se encuentre en entredicho.

El beneficio de Santander cae hasta los 2.205 millones por las provisiones y las desinversiones

BBVA gana 1.676 millones, el 44% menos, por las provisiones

Popular pierde 2.461 millones en 2012 tras provisionar 300 millones más de lo anunciado

CaixaBank recorta su beneficio el 78%, hasta 230 millones de euros

Es por todo ello por lo que no se puede augurar un crecimiento en cuanto a inversiones extranjeras productivas en 2013 en nuestro país, ya que, la inestabilidad política y económica que sufrimos mantiene en cautela a los inversores productivos y al tanto a los inversores especuladores que están al acecho de cualquier escándalo para poder obtener unos beneficios sustanciales gracias también a que la CNMV levantó ayer el veto sobre las apuestas bajistas en Bolsa.

No hemos comenzado con buen pie el año y salvo que se ponga un cierto orden en lo económico y en lo político, vamos a seguir cayendo de cabeza y sin paracaídas por mucho que los gobernantes nos quieran hacer creer lo contrario.

Tratamiento fiscal de Renting y Leasing

2013-01-31T21:31:00.001+01:00

Definición de los conceptos

El leasing es un alquiler con opción de compra. El bien no pasa al activo de la empresa mientras no se ejecute la opción de compra. Si al final la empresa decide no adquirirlo, habrá pagado un alquiler por el uso del mismo durante el periodo pactado. Existe una excepción en el caso de los vehículos adquiridos por arrendamiento financiero. Estos elementos sí se registran en el activo, pero se constituye una reserva de dominio en favor de la financiera que no se extingue hasta el pago de la última cuota.

El renting es un arrendamiento y no hay opción de compra por lo que el bien nunca pertenece a la empresa. Las cuotas del renting suelen ser más elevadas que las del leasing porque se incluye en ella, además del arrendamiento, los gastos derivados del uso del bien (mantenimiento, reparaciones, seguros...)

Tratamiento a efectos de Renta y Sociedades

El tratamiento fiscal de las operaciones de leasing o renting va a depender de un hecho fundamental: si el bien que queremos adquirir va a utilizado en actividad económica de forma exclusiva o parcial.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no admite la afectación parcial, de manera que los elementos que se utilicen simultáneamente para actividades económicas y para necesidades privadas no serán deducibles de ningún modo, bien sean adquiridos por leasing o por renting.

Es un error frecuente el pensar que el leasing o el renting tienen un tratamiento diferente a la compra a efectos de ser deducibles en Renta. Especialmente en lo que respecta a los automóviles de turismo. La ley recoge expresamente que estos bienes tienen el mismo tratamiento fiscal, tan solo determinado por su afectación exclusiva e independientemente de la forma en que se hayan adquirido.

Si el vehículo no estuviera afectado exclusivamente no serán deducibles las cuotas del renting ni las de arrendamiento financiero (en concepto de alquiler o amortización), a no ser que se trate de vehículos mixtos, de transporte de viajeros, o destinados a la enseñanza, la vigilancia o utilizados por agentes comerciales.

En el caso del leasing, si se cumple la condición de la afectación exclusiva, podrán deducirse las cuotas en su totalidad, tanto la carga financiera como la recuperación del coste del bien. Esto último tomando como límite el resultado de aplicar al coste del bien el duplo del coeficiente de amortización lineal según tablas. El exceso será deducible en los períodos impositivos sucesivos, respetando igual límite.

En el caso del renting, las cantidades correspondientes al arrendamiento del vehículo tendrán también el carácter de deducibles dependiendo de que se cumplan las condiciones de afectación antes mencionadas.

Tratamiento con respecto al IVA.

La ley de IVA establece que las cuotas soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional podrán deducirse en la misma medida en que se afecten a la actividad económica.

Es decir, el IVA de las cuotas sería deducible en ambos casos, a no ser que el bien fuera un automóvil de turismo. En este caso, puesto que la Ley presupone la afectación al 50%, tan solo deduciríamos la mitad del impuesto devengado en cada cuota. De nuevo el tratamiento fiscal no establece diferencia alguna con respecto a la compra en lo que a deducibilidad se refiere.

Las ventajas de la compra, fiscalmente hablando, son la deducción del IVA de una sola vez en el momento de la compra en lugar de diferirlo a lo largo de la vida del alquiler.

Como podemos ver, la fiscalidad es similar en ambos casos. La mayor diferencia entre ambas operaciones se refleja en el balance de la empresa, ya que el leasing figura en el activo como inmovilizado y en el pasivo como una deuda a largo plazo. El renting, sin embargo, supone un gasto más del ejercicio con repercusión en la cuenta de resultados.

Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)

2013-01-22T20:32:00.000+01:00

La legislación aplicable a las SICAV se recoge en:

Ley de Sociedades Anonimas
Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
REAL DECRETO 362/2007, de 16 de marzo, por el que se modifica el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
Normativa Complementaria

Esta legislación dice lo siguiente sobre ellas: "Las SICAV son sociedades anónimas que tienen por objeto exclusivo la adquisición, tenencia, disfrute y administración en general y enajenación de valores mobiliarios y otros activos financieros para compensar por una adecuada composición de sus activos, los riesgos y los tipos de rendimientos sin participación mayoritaria económica o política en otras sociedades."

El patrimonio total gestionado por las SICAV asciende a 23.778 millones de euros, según las últimas cifras de VDOS correspondientes al mes de septiembre, con 405.084 accionistas, en 3.045 sociedades. La rentabilidad ponderada por patrimonio medio asciende al 3,79% en el acumulado anual hasta septiembre.

Las SICAV han de estar inscritas en la CNMV y están sujetas a la legislación de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC). Registro de las IIC en la CNMV

Los requisitos exigidos por la legislación para constituir una SICAV son los siguientes:

El numero de accionistas de estas sociedades debe ser igual o superior a 100. Lo normal y lo que se da habitualmente es constituir una de etas sociedades con un accionista que aporta el 99,99% del capital y otras 99 personas que aportan el resto, siendo estos, testaferros o amiguetes.
Pueden modificar libremente su capital social (dentro de los máximos y mínimos determinados estatutariamente mediante la venta o adquisición de sus propias acciones sin necesidad de llegar a acuerdo con la junta general con lo que se obtiene una mayor liquidez bursátil de las acciones.
El capital mínimo requerido para constituir las SICAVs es de 2.400.000 € y, debe estar totalmente suscrito y desembolsado.
La constitución, aumento de capital, fusión y escisión de estas sociedades gozan de exención en la modalidad de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La tutela y control de las SICAVs corresponde a la CNMV y a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
La gestión de la SICAV la puede realizar la propia sociedad o puede encomendarse su gestión a una entidad gestora.
La SICAV puede realizar operaciones con acciones propias sin tener que cumplir con los requisitos impuestos por la Ley de Sociedades Anónimas.

La gran característica que hace de estas sociedades unas de las preferidas por las grandes fortunas es que, a diferencia del resto de sociedades, tributan por sus beneficios un 1%, frente al 25% que pagan las pequeñas y medianas empresas o el 30% de las grandes. Si a esta ventaja fiscal le añadimos la exención por operaciones societarias en el ITPyAJD, resulta un gran negocio que prácticamente no genera ningún coste fiscal.

Entre las SICAV que poseen más patrimonio está Morinvest, gestionada por BBVA, en la que participa la empresaria Alicia Koplowitz; Allocation, vinculada a la familia del Pino, propietarios de Ferrovial; Soandres de Activos, de Rosalía Mera, fundadora junto a Amancio Ortega de Inditex (Zara) o Kefren de la familia Entrecanales, máximos accionistas de Acciona.