Esta nueva derecha, sin embargo, sería algo así como post-nueva derecha o nueva-nuevaderecha. En sólo cuatro años, lo que era nuevo se transformó en ¿viejo?, y lo nuevo se ubicó en otro lado. Vayamos más lejos todavía. Año 1985. Medios de comunicación se hacen eco del triunfo de UPAU, la organización estudiantil ligada a la UCeDé, en la Facultad de Derecho de la UBA. Año 1992: una revista pone en tapa la nota: “Triunfa, gana en las encuestas, será intendente”, y dice: “En mi casa manda mi marido”. La entrevistada es Adelina D’Alessio de Viola, emergente dirigente de la UCeDé que entonces es presentada como joven, mediática y aspiracional. Año 2015. Nos presentan a referentes del PRO como Piter Robledo como una de las caras de la nueva derecha. 

No se trata simplemente de decir “la nueva derecha no es nueva” o que no puede protagonizar éxitos políticos y electorales -¡Claro que puede! ¡Lo ha hecho!-. Esto sería un argumento pueril y pedestre. Pero nada es nunca totalmente nuevo en política y nunca nada es totalmente viejo. Claramente, Milei no es Adelina. 

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Por Leila Mucarsel

Juan Domingo Perón definía a la política como “el arte de lo posible”. Si miramos el devenir de la historia podemos comprender a lo que se refería el General: en cada lugar y cada tiempo, los hombres y mujeres, los Pueblos (en mayúscula), sus marchas y contramarchas, sus revoluciones (en minúscula, porque son siempre imperfectas) y sus gobiernos, han transformado la realidad en formas a veces solo unos días antes, impensadas. Del mismo modo, han fracasado, fallado, demorado, retrocedido, caído y se han vuelto a levantar. El punto, la línea, que separa lo posible de lo imposible es siempre incierto, móvil, cambiante. En ocasiones parecíamos a punto de tocar el otro lado de esa línea con las yemas de los dedos y de un segundo al otro nos arrebataron esa posibilidad.  Y la política, siempre en el medio. La política como actividad humana, el oficio más antiguo (más antiguo que la prostitución, como dice el politólogo Andrés Malamud), es siempre la mano que dibuja, desdibuja y corre esa línea, en base a un lienzo que viene dado por las circunstancias, claro está. Allí el arte.

Otra forma de decir esto, como subrayaron varias pensadoras, es que “lo político” pertenece al universo de lo contingente. En lógica, la contingencia es la característica de algo en cuanto a que puede ser o no ser, dependiendo del caso: algo que no es necesario, pero sí posible.

Traigo esta reflexión a colación de lo que está sucediendo hoy en el mundo a partir de la irrupción del coronavirus. Las crisis, las catástrofes naturales o humanas (si es que se puede definir con precisión el origen de estas) y las guerras han sido históricamente espacios de excepción, “lugares” y “tiempos” donde los hechos impactan tan fuerte en la realidad que las reglas que delimitan lo posible y lo imposible suelen caer como piezas de un dominó. Estas situaciones están muy cercanas a lo que describíamos de la política, porque se vuelven oportunidades para cuestionar y repensar lo imposible. Podríamos decir que, si la política es el arte de lo posible, las crisis sistémicas son un reflejo de lo que es posible. Una grieta que permite vislumbrar capacidades, formas de hacer las cosas que estaban ocultas o prohibidas. Un momento de excepción donde se puede avanzar en direcciones antes impensadas. Son además un tiempo donde caen los velos: el rey mercado, desnudo, nos deja desprotegidos, corre en pánico, nos deja sin laburo y hasta nos sube el precio del alcohol en gel y los alimentos.

Siempre el resultante de una crisis tendrá componentes esencialmente políticos. Bien lo ilustran los resultados ante las dispares respuestas de Argentina vs. Brasil, o Alemania vs. EEUU. Como alertaba Byung-Chul Han, “la revolución será humana”, o no será. Nada cambiará definitivamente por la pandemia en sí misma. Los cambios que la crisis avizora como imprescindibles, empezando por la necesidad de repensar fuertemente el capitalismo financiero y potenciar el rol del Estado en las sociedades actuales, pueden o no suceder. Dependerá de la capacidad política de quienes buscamos un mundo más justo. La experiencia histórica muestra la capacidad del capitalismo para adaptarse luego de crisis sistémicas e incluso volcarlas a su favor reforzando la concentración y el poderío de unos pocos en desmedro de las mayorías. Sin ir muy lejos, tras la profunda crisis financiera global iniciada en 2008, la economía pre-COVID19 mostraba rasgos muy similares a la que dio origen al colapso.

Quiero terminar llevando estas preguntas en torno a lo posible y lo imposible al plano de la economía. El paradigma neoliberal, aún vivo y coleando, se impuso en base a una construcción teórica-política basada en la idea de que en economía hay ciertas cosas que no se pueden discutir: el tristemente célebre There Is No Alternative de Thatcher. En el plano académico, se hizo durante décadas un trabajo minucioso por instaurar supuestas leyes de cumplimiento universal en torno a cómo funcionan las economías, de base marginalista, y sintetizadas por Milton Friedman, discípulo de Von Hayek. Estas reglas, si bien se han demostrado mil veces falsas y lo que es peor, han llevado innumerables veces a países al hambre y la miseria a partir de las políticas que inspiraron, siguen aún hoy siendo pregonadas como dogmas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Troika Europea.

Una de esas reglas de oro del neoliberalismo tiene que ver con la necesidad de reducir al mínimo el rol del Estado y del gasto (inversión) pública. En el mundo actual está resurgiendo con claridad la importancia que tienen los Estados para la vida cotidiana, la organización e incluso la continuidad de las sociedades actuales. En este mundo, los fondos, los recursos financieros y materiales que siempre parecen escasear, de repente aparecen. Es lo mismo que sucede en tiempos de guerra, pensémoslo: nunca faltan recursos para la guerra. Sin lugar a dudas, esta crisis muestra que el espacio para las políticas económicas es mucho más amplio que en el que habitualmente nos quieren hacer creer, incluso en los países periféricos.

Estamos en un momento del mundo donde ha quedado en evidencia que los Estados son los únicos actores capaces de liderar la tarea colectiva de cuidarnos, en un tiempo donde la solidaridad entre los seres humanos vuelve a ser imperiosa, como marcó el Papa Francisco, “nadie se salva solo”. La Argentina está haciendo un soberbio esfuerzo por cuidar a su gente, con un Estado presente y activo que demuestra de lo que somos capaces, y nos coloca entre los países que son ejemplo en un mundo en caos.

¿Estaremos en condiciones de poner en marcha planes tan audaces como los actuales una vez pasada la pandemia? Recordemos, las crisis son también espejo de lo posible, nos muestran de lo que somos capaces, nos muestran que los recursos humanos y financieros están cuando la realidad apremia. Se trata de entender que otros de los problemas que nos acechan, como la desigualdad y el cambio climático, son igual o más perniciosos que el virus. ¿Seremos capaces de actuar antes de que sea demasiado tarde? ¿Cómo sostener esa sensación que hoy está en el aire de que en cierta manera todo se puede hacer si se trata de responder a la crisis? Es urgente crear un sentido colectivo en torno a objetivos ambiciosos que nos unan para alcanzarlos, Misiones (en el sentido de Mazzucato) que permitan direccionar el desarrollo en las direcciones socialmente definidas como prioritarias, como lo es hoy frenar al coronavirus, o terminar para siempre con el hambre en la Argentina. Pero, como, nuevos pactos sociales que partan de rediscutir cómo se reparten los riesgos y beneficios entre los actores públicos y privados, que rehúyen a pagar impuestos, pero hoy claman por el accionar estatal. Para ello, es clave defender que los Estados son mucho más que los bomberos del sistema cuando hay crisis, o “prestamistas de último recurso”, son los organizadores sociales por excelencia, y más aún, moldear con su accionar nuevos mercados y realidades en defensa del bien común. Son quizás la institución que mayor capacidad, legitimidad y recursos necesita en un mundo donde la complejidad es enorme y crisis como esta serán cada vez más frecuentes. Que se puede, se puede, te lo digo un fin de semana donde los bancos están abiertos en la Argentina, las fronteras cerradas en plena ‘Era de la globalización’, y más de mil millones de personas en todo el mundo sin salir de sus casas.

Y cuando digo quienes vivimos en su territorio, me refiero también a aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, por diversas razones, en instituciones carcelarias de nuestro país.

A principios del año 2019 el ex Ministro de Justicia, Germán Garavano, decretó la emergencia en materia carcelaria, pues, como tantos otros Estados, Argentina cuenta con más personas detenidas de las que puede albergar asegurando sus derechos y garantías¹.

La superpoblación carcelaria – tanto en cárceles federales como provinciales – es el reconocimiento del Estado de su incapacidad o imposibilidad de asegurar condiciones de salubridad e higiene mínimas a las personas que allí se encuentran alojadas, circunstancia que, frente a una pandemia de características desconocidas hasta el momento, nos obliga a contemplar la problemática desde la óptica de la prevención y el reaseguro de los Derechos Humanos de los internos que allí residen.

Sin embargo, y pese a las recomendaciones elaboradas por distintas instituciones y organismos², en los días que han pasado, hemos recibido la noticia de excarcelaciones y prisiones domiciliarias que han sido denegadas, en particular, a personas que revisten criterios acreditados de población de riesgo.

Se multiplican las resoluciones que las distintas esferas judiciales disponen la prevención y el cuidado de sus empleados y operadores afines, sin embargo, no se extreman los criterios ni se disponen medidas concretas para disminuir sensiblemente la población carcelaria – por lo menos a niveles máximos tolerables evitando la superpoblación – y se mantienen a merced del avance del virus – algo que indefectiblemente sucederá más temprano que tarde – poblaciones sensibles cuya consecuencia de contagio puede, previsiblemente, implicar la muerte.

Personas mayores, casos de hipertensión, diabetes, inmunodeprimidos, enfermedades respiratorias, son algunos de los criterios que deberían abordarse preventiva y prioritariamente para disminuir sensiblemente la superpoblación que actualmente azota las cárceles argentinas, con la pretensión de incorporar, en plena pandemia, aquellos casos de personas que por ejemplo, incumplen la cuarentena o cometen delitos en el transcurso de ésta.

Asimismo, delitos cuyas penas resulten leves, internos con salidas transitorias, personas que no han sido condenadas³ – y que se encuentran preventivamente detenidas, muchas veces con criterios por demás arbitrarios y violentando garantías constitucionales -, deberían conformar un segundo grupo de análisis que permita reducir los riesgos al interior de los penales argentinos.

En el mundo ya existen casos de contagios efectivos al interior de los complejos penitenciarios, registrándose por ejemplo, la muerte de un adulto mayor en Francia, la liberación de detenidos con criterios de vulnerabilidad en Estados Unidos, la detención domiciliaria de personas detenidas preventivamente sin condena en Canadá, entre otra decena de casos internacionales.

En el Complejo Federal Penitenciario Federal de Ezeiza, ya se detectaron dos casos sospechosos de coronavirus, y en Brasil se confirmaron fugas masivas de penales debido a las restricciones impuestas en el marco de la pandemia COVID-19.

Para finalizar, creo que es necesario realizar dos reflexiones centrales.

En primer lugar, es posible concluir que el fenómeno del encarcelamiento masivo de personas lleva a una sobredimensión del sistema punitivo que gran parte de los Estados modernos evidentemente no han podido resolver hasta la fecha, evidenciando sistemas sobresaturados que frente a circunstancias excepcionales permiten observar graves violaciones a los Derechos Humanos, como son la falta de higiene, salubridad y educación, entre otras.

En segundo lugar, que las autoridades judiciales a cargo del encarcelamiento de personas en nuestro país deben determinar, más temprano que tarde, criterios concretos y aplicables para poner a resguardo en el transcurso de la pandemia, cuanto menos, la población de riesgo y las personas que no implican peligros concretos para terceros, previniendo brotes de contagio al interior de los complejos, algo que, conforme las resoluciones tomadas por diversos Tribunales en los últimos días, no pareciera ser el criterio a seguir por las autoridades, que muchas veces, siquiera han pisado un penal en años – si es que alguna vez lo han hecho -.

Por ejemplo, en vez de limitar las salidas transitorias de internos que han logrado acceder a esa instancia de re-socialización, se dispongan medidas alternativas que permitan, cuanto menos en el transcurso de la pandemia, su externación⁴.

Los esfuerzos debieran de ponerse, de manera inmediata, en reducir la superpoblación, asegurar condiciones mínimas de higiene y seguridad, y prevenir específicamente las poblaciones de riesgo – que no son sólo, adultos mayores, sino madres, personas inmunodeprimidas, entre otros casos -, si no queremos asistir a consecuencias cuyos costos políticos y en materia de vigencia de los derechos humanos, serán irremontables.

La existencia de una grave crisis de salud a nivel mundial quizás sea la oportunidad que tantos y tantas esperábamos para que la Justicia argentina encare una seria reforma del sistema penitenciario en nuestro país, reduciendo los casos de prisiones preventivas sin condena, reduciendo los plazos de encarcelamiento, promoviendo medidas alternativas a la prisión, y asegurando, en consecuencia, cárceles sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice – art. 18 Constitución Nacional -.

El domingo por la tarde se consumó un Golpe de Estado en Bolivia. Los días anteriores evidenciaban la posibilidad de un desenlace de estas características. Las “fallas” del helicóptero presidencial, la vejación y torturas a la Alcaldesa de Vinto, Cochabamba, el “copamiento” de los medios públicos y comunitarios (que incluyó periodistas atados a los árboles), los motines policiales en la mayoría de los departamentos del país y la avanzada anticonstitucional de un grupo minoritario de personas conducidos por el líder de los Comités cruceños, Luis Camacho, generando el caos necesario para el desborde social, fueron las piezas del rompecabezas boliviano de las últimas horas. Las Fuerzas Armadas decidieron plegarse al golpe de Estado al sugerirle al presidente constitucional su renuncia al cargo.  Hasta ese momento los militares habían mantenido una actitud prescindente, que en los hechos operaba más como un apoyo tácito a la avanzada golpista, que un resguardo a las instituciones democráticas. Una vez “renunciado” Evo Morales y su vice Álvaro García Linera, se desató una cacería de dirigentes oficialistas y militantes del MAS y de los movimientos sociales que apoyan el proceso de transformación inaugurado en enero de 2006 en Bolivia, que continúa a la fecha. El saldo de esta feroz represión lo conoceremos en los próximos días, y seguramente será por intermedio de medios comunitarios y alternativos o por periodistas que se encuentran cubriendo los sucesos desde el lugar, ya que los medios internacionales en su mayoría han decidido calificar como una “crisis” lo que está ocurriendo en el hermano país, y han dado escasa cobertura a la represión llevada adelante por las fuerzas de seguridad del país. Mientras ello ocurre, la presidenta autodesignada en una sesión bochornosa armó un gabinete plagado de notorios exponentes de la oligarquía cruceña (Santa Cruz de la Sierra) que una vez designados amenazaron con una “cacería” de opositores. La composición social, cultural y étnica del gobierno de facto denota que el objetivo fundamental del golpe será la desMasificación política y social de la fuerza mayoritaria en las últimas elecciones bolivianas, y la restauración de un “orden natural” asentado en la jerarquización de las relaciones sociales, alterada durante la experiencia de estos últimos 13 años.  

Desde el año 1979, cuando se recupera la democracia en Ecuador y se inicia un proceso de transición a la democracia en Sudamérica, fueron muchos los presidentes que debieron dejar su mandato antes de culminado el plazo legal. A pesar de las diferencias y de las interpretaciones acerca de la naturaleza de la salida anticipada, el hilo legal nunca se cortó. Alrededor de 20% de los presidentes electos debieron interrumpir su mandato, sin que ello pueda ser caracterizado como un golpe de Estado. La sucesión prevista constitucionalmente, la participación de los poderes legislativo y judicial y la aplicación de los mecanismos institucionales (algunas veces también los no formales) le dieron continuidad al estado de derecho en la región. A excepción de la salida anticipada de Mahuad en Ecuador en 2000, provocada por las Fuerzas Armadas, en el resto de los casos de presidentes “caídos” siempre fueron los civiles (sea la “calle” o los poderes del estado) quienes protagonizaron el desenlace definitivo.

Estas situaciones de inestabilidad presidencial en Sudamérica vienen siendo estudiado por la Ciencia Política, que cuenta con numerosos elementos para diferenciarlas de los golpes de Estado. Por caso: en general han sido situaciones que se dan en contextos de fuerte crisis económica (políticas neoliberales y ajuste) y/o a partir de acusaciones de corrupción en cabeza del Presidente. Tanto el Congreso como “la calle” se “mueven” para tratar de hacer que el Presidente deje su cargo, en un contexto de rápidas pérdidas de los recursos de poder de los mandatarios. En ninguno de esos casos las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad juegan papeles centrales, como en lo ocurrido en Bolivia, en tanto que las salidas anticipadas de presidentes no tienen lugar en el medio de procesos electorales. Las diferencias con el golpe de Estado en Bolivia son numerosas. De hecho vale destacar los intentos fallidos contra Hugo Chavez en 2002, donde sí grupos de las fuerzas armadas intervinieron o el intento de derrocar a Rafael Correa en 2010 por parte de la policía

En los últimos años nos hemos encontrado con situaciones de “juego brusco institucional”, con combinaciones de acciones del Poder Judicial, los medios de comunicación y sectores del Poder Legislativo, como lo que se observó en Brasil para impulsar el impeachment de Dilma Rousseff y el encarcelamiento luego del principal líder opositor “Lula” Da Silva. Habrá que seguir estudiando, pero la presencia de un golpe “clásico” implica un cambio notorio en el tipo de dinámica política esperada y esperable en nuestra región. 

Como dijimos, la inestabilidad política no es una novedad en Sudamérica. La peculiaridad de los sucesos acaecidos por estas horas en Bolivia, es que se trata lisa y llanamente de un golpe de Estado. Resulta llamativo que se alcen voces en la opinión pública que simplemente refieren a una “crisis”, y mucho más sugestivo es que dentro de la comunidad académica (en especial los estudiosos de la ciencia de lo social) no se hayan expresado a favor de la institucionalidad democrática en Bolivia y subestimen el tenor del impacto que esto tendrá sobre la región.

Este aspecto dispara la pregunta acerca de si ingresó la región en un nuevo período caracterizado no ya por la inestabilidad presidencial, sino por algo mucho más preocupante: una inestabilidad que afecta al sistema político en su conjunto y que reabre la puerta a las fuerzas armadas como actor relevante para garantizar, o no, la continuidad de un gobierno. De suceder esto último el largo período de democratización inaugurado en la década del 80, enfrentará su crisis institucional más delicada, porque no se trata solo de militares queriendo actuar en la vida política, sino en civiles que auspician esa intervención. 

Para ver el vaso medio lleno: los partidos más representativos de la Argentina, el PJ y la UCR; así como el cuerpo diplomático y Susana Malcorra, excanciller de Mauricio Macri, pusieron en sus bocas las palabras “golpe de Estado” para explicar lo ocurrido. Las interpretaciones pueden ser diversas, pero el hecho ante el que estamos debe quedar claro.

Lo que sucede en Bolivia no es una crisis de gobierno más. Puede significar un retorno del pasado antidemocrático en tres décadas habíamos abandonado. Minimizarlo, o tomarlo como una oportunidad por parte de la derecha para deshacerse de un gobierno populista más, puede conducirnos a un pantano cuyas aguas la historia ya nos mostró sus peores caras. 

Tal es así que luego del 27 de octubre de 2019 comenzaron a desarrollarse ante la Cámara Federal de Casación Penal, diversas audiencias de relevancia cuyo punto neurálgico se relaciona con la causa cuadernos y sus derivadas.

Así, las defensas asistieron durante esta semana a la exposición ante la Sala I de la Casación diversos argumentos por los que sostienen no sólo la inviabilidad de la causa en general, sino algunos aspectos relativos al trámite procesal de la misma y especialmente, a la disposición a mansalva de prisiones preventivas completamente ilegítimas y carentes de todo sustento constitucional.

La batalla que se dará ante la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa cuadernos y sus conexas promete dejar varios heridos en el camino, y quizás, algunas respuestas a la altura de las circunstancias. No por nada la Sala I no resolvió ningún incidente de cuadernos sino hasta pasadas las elecciones nacionales.

Tampoco es posible descartar que los duros términos en los que fue expuesta la situación del sistema de justicia a través del Relator García Sayán de la ONU tengan un efecto concreto en ese desarrollo.

Ahora bien, pareciera ser que un actor de relevancia sigue escapando a la lupa que analiza las grandes arbitrariedades que en materia de justicia signaron el ciclo de gobierno de Mauricio Macri al frente del Poder Ejecutivo Nacional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación acumula, en sus despachos, al menos diez incidentes de relevancia donde se encuentran discutidas diversas prisiones preventivas dictadas durante los últimos años y que han conmovido el escenario político nacional.

¿Dónde está la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se la necesita?

Cuando los abogados y funcionarios judiciales deben resolver cuestiones relativas a la libertad de los ciudadanos en el marco de un proceso penal, es habitual ver las referencias sistemáticas al Plenario de Cámara conocido como “Díaz Bessone”.

Allí, la Cámara Nacional de Casación Penal – hoy Cámara Federal de Casación Penal – determinó los criterios jurídicos que habilitaban al Estado a disponer el encarcelamiento preventivo de sus ciudadanos allí donde no existiese una condena firme – única instancia donde el Estado puede encarcelar un ciudadano -.

La prisión preventiva, entonces, es un recurso extraordinario que posee el Estado y el sistema de justicia para disponer de la libertad de las personas de manera cautelar y que, conforme las normas que la regulan y concretamente, los lineamientos fijados oportunamente por el Plenario de Casación en “Díaz Bessone”, se encuentra limitada por dos aspectos centrales.

De esta manera, los riesgos procesales del imputado pasan a ser un elemento central del análisis que permite o impide su encarcelamiento preventivo.

El riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación pasaron a ser valoraciones concretas que debían formularse antes de determinar que una persona inocente – y sin condena firme -, pudiese estar encarcelada durante el transcurso del proceso, todo ello, en pos de asegurar el debido trámite judicial – esto es, que no destruya prueba relevante para la investigación, ni que se sustraiga de la misma, sobre todo, teniendo en cuenta que en Argentina no existe el juicio en ausencia -.

Durante estos últimos años hemos visto como la sociedad ha debido enfrentarse a la problemática de la prisión preventiva y su posible abuso o utilización política.

De uno y otro lado del tablero político se han manifestado juristas, funcionarios, periodistas, personas de a pie, buscando brindar una respuesta a las decenas de detenciones preventivas que se promovieron los últimos años ya sea sobre ex funcionarios de gobierno – sin condena – y empresarios en causas de gran trascendencia institucional.

Sin embargo, quien no se ha manifestado institucionalmente en el marco de una sociedad desorientada, expectante, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En un país donde la pena de muerte se encuentra abolida y por supuesto, prohibida, lo más importante que tiene el Estado para quitarnos como ciudadanos, es nuestra libertad.

Paradójicamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, consiente del debate público que gira en torno a la utilización discrecional de las detenciones preventivas y su posible utilización política, lejos decidir abordar el tema en las decenas de incidentes que tiene a su disposición por las arbitrarias detenciones ocurridas en expedientes como “las fotocopias de los cuadernos”; “Rio Turbio”; “GNL”; entre otros, guarda silencio.

El debate social en torno a la utilización discrecional de la prisión preventiva, la evidente contradicción entre construcciones como la “Doctrina Irurzun” (1) – que nada de doctrina tiene – y el histórico plenario “Díaz Bessone” evidencian un escenario de total inseguridad jurídica, que permite al Estado y sus representantes judiciales, fallar de acuerdo a las circunstancias del momento y no conforme los derechos y garantías que deben regir en nuestro país.

Frente a la existencia de decenas de encarcelamientos preventivos basados en construcciones jurídicas deficientes, ajenas a la ley y a la jurisprudencia en la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se mantiene en silencio, permitiendo los abusos de determinados sectores del Estado y la confusión generalizada de sus ciudadanos.

La oportunidad no es novedosa, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe, quizás de manera prioritaria, definir los criterios bajo los cuales el Estado puede utilizar el poder punitivo que detenta allí, en su máxima expresión, como es el encarcelamiento de ciudadanos que, hasta ahora, son inocentes.

Evitar una decisión al respecto, implica desconocer la posible y flagrante violación de derechos humanos de ciudadanos que se encuentran a merced de un sistema que no parece querer dar respuesta.

El problema no sólo se aplica a los ex funcionarios públicos o empresarios detenidos, se aplica a las miles de personas detenidas preventivamente bajo criterios inconstitucionales, cuya trascendencia en los periódicos nunca es la necesaria.

Todo esto, sumado al reciente reconocimiento por parte del propio Ministro de Justicia Germán Garavano de la crisis en materia carcelaria que existe en el país, donde en algunos casos, se ha llegado a prohibir el ingreso de nuevos internos a los penales pues se encuentran saturados de personas, las más de las veces, detenidas en forma preventiva y sin condena.

Un problema acuciante al que la Corte Suprema de Justicia de la Nación evidentemente, le escapa.

(1) La mal llamada “Doctrina Irurzun” nació con el fallo del Dr. Martin Irurzun en la Cámara Federal de apelaciones donde, en el marco de la causa N°5218/2016 – conocida como Rio Turbio – habilitó el desafuer y detención del Diputado Nacional Julio Miguel De Vido basado en sus posibles relaciones de poder y no ya en riesgos concretos acreditables, posibilitando, en lo siguiente, la detención arbitraria de decenas de personas sin justificación jurídica válida, violando sus derechos y garantías.

El Santiagazo.
Sencillo relato para argentines.

¿Qué pasó?, preguntan desde Argentina. Y desde Chile también, porque el Santiagazo del 19 de octubre estaba fuera de todo libreto, aunque no por las razones que sobrevuelan el imaginario argento promedio sobre el exitoso “país que funciona”. Sucede que mucho compatriota no ve más allá del Costanera Center y la cordillera es un potente cerco informativo. ¿Llega, por ejemplo, al territorio nacional la reiterada noticia del Costanera como espacio elegido de varios suicidas en los últimos tiempos? Gente que se arroja al vacío en el medio del shopping, mientras el resto sigue comprando. ¿Alguien se preguntó por qué esta elección? Sí, varios se detuvieron a pensarlo, pero no es un tema bueniondi aunque indudablemente, forma parte del paisaje del Santiagazo.

Vamos a los hechos puntuales. La semana pasada, estudiantes en Santiago de Chile iniciaron la acción #EvasiónMasiva , consistente en saltar el moliente del metro (traducido, colarse en el subte) como protesta ante el aumento del precio. Entre las reacciones desde conductores de noticieros, periodistas y columnistas – en diarios chilenos no corre el filtro de calidad, sino de redes oportunas- sobreabundó la condena muy desde el púlpito de superioridad moral que suele marear a la fauna de opinadores preocupadísimos por mostrar que su propio ombligo es mucho mejor que el del resto del mundo, antes que por intentar entender la realidad. La respuesta gubernamental, como tantas veces, fue tecnocrática y represiva. Porque “frente al vandalismo seremos inflexibles”, you know. Lo curioso es que mucha gente aplaudía a les jóvenes rebeldes que ya no sólo evadían, sino que se tomaban las estaciones del Metro de Santiago que viene a ser casi una institución de la República. ¿Alguien se preguntó por qué gente diversa, señoras de edad, señores trabajadores usuarios del metro, aplaudían a estudiantes rebeldes? Y sí, algunes lo conversamos, pero tampoco es bueniondi esa dimensión del tema: vende mejor seguir condenando con respingos despectivos a quienes no cumplen las sagradas reglas. Así las cosas, los opinadores siguieron juzgando, el gobierno, reprimiendo y casi nadie, entendiendo. El presidente Piñera, entretanto, orgulloso de su tozudez, cortaba definitivamente el audífono que apenas lo vinculaba con la sociedad. “El jueves, cuando el malestar social arreciaba, el Presidente dio una entrevista al Financial Times, comparándose con Ulises por su estrategia para no escuchar los cantos de sirena: ´Él se ató al mástil de un barco y se puso trozos de cera en las orejas para evitar caer en la trampa. La sirena llama. Estamos dispuestos a hacer todo por no caer en el populismo, en la demagogia´” cita Daniel Matamala en el diario La Tercera del domingo 20.

No extraña, entonces, que el viernes por la tarde, las autoridades tuvieran la peregrina idea de cerrar las estaciones de metro, es decir, echar nafta al incendio, escribiendo así su propia Crónica de una Explosión Anunciada.

Santiago estalló en varios fragmentos, reflejando la fragmentación que marca a su sociedad hoy. La forma elegida no fue una marcha masiva de expresión colectiva, sino una sucesión de mini y mezzo atentados. Lo llamativo fue que, aunque fuera una obviedad que los ataques se concentrarían en las estaciones de metro, las policías las dejaron libradas a su destino. Prefirieron dedicarse a la furiosa represión contra estudiantes en los vagones de metro, pasando por alto que, mientras tanto, en Ciudad Gótica, grupos diversos desencadenaron incendios en las mismas estaciones, en edificios, en supermercados. Curioso, ¿verdad? Lo que siguió, se vio por TV en todo el mundo.

Los análisis ex – post remiten a aquello de que después de la batalla todos somos generales. Pero necesito recurrir a la nunca recomendable primera persona para contarles que no fui la única obstinada desde hace meses en señalar la necesidad de afinar la escucha frente a las demandas ciudadanas. Ni fui la única que registró que la dirigencia política, tanto oficialista como de oposición, perdió la habilidad de interpretar a la sociedad. En parte porque cuando pregunta, lo hace desde las mismas estructuras y sentada en las mismas categorías de años atrás. La negación es cómoda y funcional: surfeando por la espuma, todo parecía estar bastante bien. Sin embargo, escarbando apenas, se deshilacha una sociedad en donde la meritocracia individualista socavó los sentidos sociales, y el consumo como vara que mide la felicidad resulta una droga cara y adictiva. Aun para el más negador debe ser difícil ignorar las desigualdades obscenas; la crisis de la salud pública; las catástrofes ambientales que siempre envenan más a los más pobres, la hiperconcentración de la riqueza, la segmentación insultante de la educación; el clasismo.

En este contexto, viviendo con un pie en cada país, me pregunté y me preguntaron muchísimas veces: ¿por qué no estalla la Argentina? Un país sumido en una gravísima crisis, con fuerte cultura de protesta y, digamos, poco dado a la obediencia. Daniel Arroyo señaló hace poco que los movimientos sociales en Argentina son parte de la solución, no del problema. Hace tiempo ya que funcionan conteniendo la crisis social, con trabajo territorial concreto y especializado, lejos de la caricatura del clientelar repartidor de colchones o planes. A su vez hay una cultura de añares de procesar conflictos sociales bastante pacíficamente. Estamos entrenades, querides conacionales, en navegar crisis periódicas en donde, creo, se activan sentidos colectivos. Lo primero no es para jactarse, lo segundo, sí. En Argentina, las marchas de cientos de miles suelen ser pacíficas y ustedes -habitantes del suelo patrio- no lo registran casi, porque están acostumbrados. Salvo tendencias recientes sesgadas por la impronta Bullrich, las cosas se llevan a cabo en buenos términos. En Chile, todas las manifestaciones masivas terminan en palazos y gases. Una historia del huevo o la gallina: ¿reprimen porque hay violencia, o hay violencia porque el aparato represivo dispuesto desde el inicio de cada marcha agudiza la tensión? ¿Imaginan cómo predispone llegar a la marcha del 1° de Mayo, a la de la Píldora del Día Después, a la que sea, y que ya te reciban, por las dudas, con tanquetas y policía a caballo?

Las comparaciones son sensibles; para mí también son inevitables porque soy binacional y no me las censuraré. No se trata de hacer el ránking de la mejor sociedad, sino de tratar de descifrarnos y entendernos.

Hoy Chile amaneció desconcertado. El vecindario seguramente, también. El 19 de octubre de 2019, treinta años después del fin de la dictadura en Chile, la ceguera y la sordera selectivas culminaron en estado de sitio.

Por Manuel Barrientos 

¿Cómo se forman los grandes armadores políticos en la Argentina? ¿Cuáles son las destrezas y capacidades que deben desarrollar? ¿Cuál es el espacio que tienen en una etapa en la que se habla de la crisis de los partidos y el auge de la big data?

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y en Sociología Política por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Mariana Gené acaba de publicar el libro “La rosca política: el oficio de los armadores delante y detrás de escena (o el discreto encanto del toma y daca)”, editado por Siglo XXI Editores.

Allí, la investigadora del Conicet analiza la trayectoria de los distintos hombres (aún no hubo mujeres) que llegaron a ser titulares del Ministerio del Interior de la Nación entre 1983 y 2007, desde Antonio Tróccoli y el Coti Nosiglia a Carlos Corach o Aníbal Fernández.  Por medio de entrevistas a primeras y segundas líneas de esa cartera, disecciona el funcionamiento del “ministerio de la rosca”, en negociación constante con el Congreso de la Nación, las gobernaciones, las intendencias y las fuerzas de la oposición.

En diálogo con Artepolítica, Gené habla sobre los “códigos de la política”, el rol de la negociación en tiempos de “la grieta”, la revalorización de estos armadores a través de una figura como Alberto Fernández y la nueva posibilidad que le brinda la sociedad argentina a la política para que brinde respuestas a sus demandas.

En el libro señalás que no hay una escuela de política en la Argentina. ¿Cuáles serían las canteras, los potreros informales que sirven a forman esos armadores políticos?

Esos potreros están muy ligados a la militancia estudiantil, sea en las escuelas secundarias o las universidades. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sigue siendo una cantera por excelencia de los armadores que llegan al Ministerio del Interior. Pero todas las agrupaciones estudiantiles cumplen esa función, porque tienen actividades similares al de la política profesional: el armado de una lista, la búsqueda de imponer candidatos, el diseño de un programa, la campaña electoral, la negociación de cargos. O en escuelas secundarias como el Nacional Buenos Aires, el Pellegrini o similares de todo el país. También hay momentos muy fuertes de politización, como los años sesenta y setenta, el Cordobazo, la proliferación de agrupaciones al interior del peronismo; más tarde, el surgimiento del alfonsinismo desde el final de la dictadura; y luego el 2001. Son momentos que arrojan a camadas enteras de jóvenes a la experiencia política. Entonces, no hay escuelas formales de políticos, pero sí hay un gran aprendizaje práctico; y a quienes no lo tienen les cuesta mucho entender las reglas de ese juego común.

Otro espacio de formación que detectás es la familia. Actualmente, dos de los armadores políticos más importantes del Frente de Todos provienen de familias de militantes políticos, como Wado de Pedro o Santiago Cafiero. También es el caso del actual ministro Rogelio Frigerio.

Hay un peso grande de esas familias políticas, entendidas en un sentido amplio, que pueden ser el padre, la madre o un tío o un abuelo. Y está presente en los dos partidos mayoritarios, tanto en los radicales como en los peronistas. Es una herencia, que implica estar cerca de la política desde chicos, es algo difuso, muy primario, que se va metiendo por las venas incluso antes de que puedan decodificar una vocación.

Desde los años noventa se habla mucho de la crisis de partidos. Sin embargo, tu investigación muestra que -tal vez no como estructuras, pero sí como identidades- siguen siendo instancias formadoras.

Los partidos son los espacios en los que estos armadores se forman y aprenden estas reglas; son lugares que ellos reivindican muy fuertemente. Discutir con pares es también hablar con quienes saben de las culturas partidarias de unos y otros y respetan mucho los partidos y sus liturgias. No hay una cuestión purista de los partidos, ni se sanciona muy fuertemente a quienes se cambian de bando o no tienen una consistencia ideológica muy férrea; pero sí hay un respeto por las reglas de juego, y eso implica un respeto por lo que los partidos valen, porque son el entorno en el que desarrollan su trabajo y la herramienta que tienen para hacer política. Y si bien la literatura anuncia la muerte de los partidos, ahí están, transformados, metamorfoseados, pero vivos y coleando.

De forma oblicua, también ponés en discusión otro elemento del sentido común, que asocia a la política con la poca dedicación laboral. Tu investigación deja claro que implica una dedicación no solo full time, sino directamente full life.

Fue uno de los primeros aprendizajes y sorpresas del trabajo de campo: descubrir que la política es una dedicación de tiempo completo, que no conoce fines de semana, que no tiene fronteras entre la vida familiar y la vida laboral, que no conoce horarios. Es impresionante lo que trabajan estos políticos, sea en espacios formales o informales, en sus oficinas gubernamentales o legislativas, o en los cafés, las cenas tardías, los encuentros, las charlas. También es muy clara la libido que les va en eso, circula una energía y una pasión por esa actividad muy notable, incluso rosqueando, pensando y anticipando jugadas. Parece quedar poco espacio para todo lo demás. Y los que se destacan son los que tienen una capacidad de trabajo y una pasión muy fuertes.

¿Por qué no hubo ministras del Interior o jefas de gabinete, pese a que sí hubo presidentas o ministras de Economía, Defensa o Seguridad?

Como ya hubo mujeres ocupando espacios que antes eran considerados patrimonio de los hombres, pienso que las va a haber, más temprano que tarde, o más tarde que temprano. Pero también es cierto que, al entrevistarlos, queda la sensación de hay algo de esa tarea que todavía es percibida como bastante masculina, como una suerte de complicidad, de sobreentendidos entre pares. Está ligada, por un lado, a cuidar un espacio que les perteneció históricamente a los hombres de forma mayoritaria; y por otro, con la administración de la confianza, de la camaradería, pero también de la violencia, del imponerse, del apretar, de demostrar fuerzas, que son todavía características en la que los hombres se sienten más a gusto, incluso por cómo son formados por la sociedad en su conjunto. Esto no quiere decir que no haya mujeres con mucha ambición y con mucha ductilidad para ejercer el poder. Y por eso -y por otras razones-, llegan cada vez con más asiduidad a lugares de poder a los que antes no llegaban. Hay muchas mujeres armadoras en la provincia de Buenos Aires, y han ocupado lugares en las segundas líneas del Ministerio del Interior, con trayectorias políticas extensas e importantes, que saben de negociar y pelear espacios, pero va a ser sorprendente cuando una mujer llegue a ser ministra del Interior.

Hablaste de sobreentendidos de la política. ¿Cómo describirías esos “códigos”?

En primer lugar, tener o no códigos es cumplir o no cumplir con la palabra, con sostener los acuerdos. También están vinculados a cierto respeto y reciprocidad, a hacer favores y devolverlos, a no dejar al otro en evidencia, a guardar cierta discreción sobre los términos en los que se acuerdan las cosas. Hay un juego en común que comparten y que todos tienen cierto interés en no romper. Hay una tensión muy interesante, porque es necesario diferenciarse un poco de los demás para sobresalir; y, a la vez, el que saca los pies del plato es alguien que no tiene códigos. Y esas personas tal vez son valoradas por el electorado, e incluso por los menos politizados, pero son muy repudiados por la propia corporación. En las entrevistas siempre salía el nombre de Elisa Carrió como el ejemplo de una política sin códigos, que construye algo y luego lo destruye, que se va de boca en las declaraciones públicas contra personas que comparten su mismo espacio. Son políticas y políticos que tal vez funcionan –y mucho- para traccionar al electorado, para generar un sentido de pertenencia o enamoramiento. En cambio, estos armadores políticos tal vez no enamoran a multitudes, y sí generan un respeto y autoridad e incluso una confianza y un afecto en sus pares, que ayuda a destrabar muchas situaciones. Me refiero a figuras como Carlos Corach o el Chueco Mazzón, que les atendían el teléfono a todos, y que no ninguneaban a sus interlocutores, que tienen cierta noción de que la mesa es redonda, y que hoy están de un lado, pero mañana pueden estar del otro. Y eso también está vinculado al haber trajinado durante mucho tiempo el mundo político, hay un sentido práctico muy difícil de transmitir para quienes no vienen de la política.

Ahí surge la figura de Gustavo Beliz como un contraejemplo, como el ministro del Interior que no supo manejar esos códigos.

Howard Becker, un sociólogo genial de la Escuela de Chicago, señalaba que deberíamos preguntarnos qué pasaría si las cosas no fueran así: qué pasaría si estos políticos no tuvieran códigos y relaciones de confianza y no supieran negociar. En ese sentido, Beliz actúa como el contra-caso ejemplar. Es un político que hoy volvemos a leer que es un hombre de consulta de Alberto Fernández, y hay mucha gente que le tiene estima, pero entre sus pares se comparte cierto desprecio por Beliz, por esa ausencia de códigos, de mirarlos desde arriba y creerse demasiado el poder que tenía y mostrarse todo el tiempo distinto a los demás. Es lo contrario a las condiciones de eficacia de ese rol, que implican generar empatía y establecer relaciones de confianza. Entre los entrevistados, solo sus segundas líneas le tenían estima, en el resto es impresionante el nivel de acuerdo en el fastidio que genera su figura. Desde un análisis sociohistórico, es comprensible entender por qué Menem lo nombró ministro del Interior, porque se venía de una figura como José Luis Manzano, que representaba esa cosa espectacular y frívola del menemismo, y de repente era necesario un gesto para contrarrestar ese malestar social que se generaba por los escándalos de corrupción. Pero luego había que mantenerlo, y Beliz era un ministro del Interior que no lograba armar con nadie y duró poco.

Si bien tu investigación inicial se centra en el periodo que va de 1983 a 2007, en el epílogo extendés tus análisis hasta la actualidad. En ese sentido, ¿qué sucede con esos códigos de la política en la era de “la grieta”? El discurso periodístico puso el foco en las tensiones, ¿pero se mantuvieron ciertos niveles de acuerdo y negociación política?

Hay algo del discurso periodístico de mostrar todo el tiempo las rupturas, pero existen otras continuidades que son innegables y que tienen que ver con el propio sistema democrático, que suponen esas negociaciones con todo el arco político. Y especialmente en un país con 24 provincias y con gobernadores que son fuertes, que pueden ser económicamente dependientes, pero que tienen mucha autonomía política. El esquema del Congreso requiere de estos armadores políticos, y sin dudas Cambiemos los tuvo. En el epílogo se analiza ese tándem entre Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, que hizo un trabajo muy importante para sellar la alianza Cambiemos. Hubo una fascinación por el trabajo de Jaime Durán Barba y de Marcos Peña, pero si uno ve la tarea que hicieron estos armadores, se observa que también hubo acuerdos muy laboriosos, con astucia, osadía y un trabajo de hormiga para limar asperezas, sumando a Lilita y a la UCR, y también consiguieron candidatos en lugares en los que el PRO no tenía nada. Sí creo que hay una verdadera grieta al interior de Cambiemos, entre los PRO puro y el resto, que nunca se subsanó. Esa sinergia había funcionado muy bien en la campaña de 2015, pero gobernar es un desafío de más largo plazo y ese necesario affecto societatis no terminó nunca de cuajar.

Las elecciones de Alberto Fernández primero y de Miguel Ángel Pichetto después parecen indicar cierta revalorización de los armadores políticos. ¿Por qué ocurrió eso en este momento?

Esas dos candidaturas dan cuenta de una reivindicación de la política y del trabajo que realizan los armadores políticos en tiempos de crisis y de recursos escasos. Cuando la economía hace agua, se vuelve a entender la necesidad de ese trabajo de amalgamar voluntades. De todas formas, la apuesta de Cristina por Alberto tuvo una temporalidad muy distinta a la de Macri por Pichetto. La designación de Alberto suponía allanar el antes, y lograr esa unidad del peronismo que Cristina no podría probablemente conseguir y subir un poco el techo. Sin dudas, Cristina tenía ya muchos votos y despierta pasiones innegables, sea de amor o de disgusto, pero se trataba de reconquistar actores políticos, sindicales y económicos con los que se habían roto los vínculos después del 54% de los votos de 2011. En el caso de Pichetto, se pensó más en el después, y en esa idea de Macri de impulsar las reformas laboral y tributaria, para las que iba a necesitar mayorías muy ajustadas. Son leyes muy impopulares, que hacen mucho ruido en las calles, y apuntó a eso con la figura de Pichetto y su poroteo de diputados y senadores. Tal vez también se trataba de robar algunos votos peronistas para la campaña, pero eso parecía más improbable, porque Pichetto no es un dirigente con votos.

Queda claro que para llegar al Ministerio del Interior o la Jefatura de Gabinete hace falta una gran trayectoria política previa. Sin embargo, luego de ese paso tienen una suerte de techo en el electorado, aunque tengan reconocimiento de sus pares.

Sí, en algunos casos tuvieron ciertos éxitos electorales, pero ligados a la estima de esos líderes que los valoran y los quieren premiar y no de la ciudadanía. Corach logró ser senador por la Ciudad, pero su proyección estuvo ligada a Menem. En el libro reflexiono sobre ese doble estándar de valoración para estos armadores, cuyas habilidades y destrezas son muy valoradas por sus pares, pero en la opinión pública no tienen capacidad de conseguir votos y son impopulares o directamente innombrables. En la vida democrática son necesarias esa capacidad para conseguir votos y dar grandes discursos en la escena pública, pero también esa destreza para negociar con otros y lograr acuerdos.

Mencionás en varias ocasiones la tensión que traza Max Weber entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. ¿No hay cierta hipocresía y cinismo en los medios periodísticos y en el propio sistema político, cuando muchas veces construyen un discurso que aleja aún más esas contradicciones de la vida política?

Después de hacer este trabajo de campo tan extenso, algunas veces realmente me asombra cómo desde el periodismo se imposta esa ingenuidad, cuando saben bien cómo funciona la política; y también saben que hay razones para que funcione así. Otra vez, es importante plantearse con Becker el “si no qué”. Si tuviésemos ministros que no defienden ni una sola medida al presidente, ¿cuánto tiempo se sostendría un gobierno? Si tuviéramos políticos que no negociaran entre ellos, ¿cuánto tiempo podría sostenerse el sistema democrático? Es un imperativo de la condición política esa combinación entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Y los políticos no están todo el tiempo tironeados y desgarrados entre ambas, aunque es claro que sí hay algunos momentos dilemáticos. El libro no es una defensa a ultranza de la real politik, en el que vale todo y celebramos la rosca en todas sus acepciones. Si la política fuera solo eso, no nos interesaría tanto: porque también tiene que enamorar, proponer grandes proyectos y poder torcer el curso de la historia. Pero es necesaria también esa política con minúsculas, cotidiana, sin la cual esa gran política tampoco sería posible. La pregunta es cuáles son esos equilibrios necesarios entre ambas facetas de la política.

Antes planteaste que este año hubo una revalorización de la política: la Argentina, a diferencia de otros países (como Brasil, Estados Unidos o la Italia de hasta unas semanas atrás), no optó por líderes de la ultraderecha o de la antipolítica. ¿Por qué ocurrió eso?

Los tiempos son tan vertiginosos que hacen que nos olvidemos que el año pasado se hablaba sobre la posible emergencia de un outsider o de un cisne negro. Podría haberse dado una opción antipolítica. ¡Pero el tapado terminó siendo un armador político que todos conocíamos! El gran desafío de Alberto Fernández es pasar de ser visto como un armador a convertirse en un líder político. La campaña inteligente que están haciendo le está permitiendo que se consolide en ese camino. Pero considero que una posible razón para que no se diera una salida antipolítica también pasó porque esa retórica antipolítica ya había estado del lado del PRO, que era una reacción a la hiperpolitización del fin del kirchnerismo. El macrismo respondió sobreactuando esa despolitización, tomando esa idea de que la política le importa solo a una minoría intensa y convencida. Y eso se expresó tanto en los animalitos en los billetes o en la celebración del mundo empresario hasta en las conferencias breves o la poca importancia que se le dio al rol pedagógico de la investidura presidencial, con un Macri que no explicaba sus decisiones ni señalaba un rumbo. Sería absurdo decir que el PRO es pura antipolítica, porque está hecho también por gente que sabe mucho de política, por peronistas, radicales y políticos de los partidos de derecha provinciales. Pero había algo en su discurso y en su modo de presentación que acentuaba esa idea de venir de afuera de la política para mejorar la sociedad.

¿Cuál es el verdadero alcance de esta nueva oportunidad que la sociedad le da a la política?

El PRO tuvo la oportunidad de demostrar si podía concretar esa utopía de centroderecha o nueva derecha –el debate por la caracterización es interminable-, pero en los hechos funcionó mal. Eso es lo que el electorado penalizó, entre otras cosas. Y ahora esta reivindicación de la política tiene la posibilidad de demostrar que puede dar respuesta a las demandas sociales. Tendrá sus cien días de gracia, está la anticipación de que los días que vienen serán difíciles, hay una cautela muy presente en los discursos de Alberto Fernández ante las bombas de tiempo que tendrá que desarmar. Pero deberá demostrar que la política puede servir para entretejer los diferentes actores sociales y económicos y poner ciertos límites a algunas demandas y darles rienda suelta a otras. Sin dudas, será muy complejo administrar tantas demandas en un contexto de escasez de recursos y con actores poderosos con los que renegociar la deuda. Hará falta un trabajo muy laborioso y artesanal para armonizar todas las partes y hacer que funcionen bien en la práctica. Pero creo que el éxito ordena y el fracaso tiene que haber dejado una enseñanza.

Escribimos Mariano Fraschini y Nicolás Tereschuk

El contundente triunfo de Alberto Fernández en las PASO y el previsible recambio presidencial en la Argentina sorprendió por su magnitud a propios y extraños. Además, desafió a una serie de certezas apresuradas acerca de un giro a la derecha en la región y generó la necesidad de replantear algunas preguntas sobre el devenir sudamericano.

Los ciclos políticos en Sudamérica parecen bien marcados por la historia: en los ochenta, las transiciones a la democracia; en los noventa, las reformas neoliberales orientadas al mercado, a principios del siglo XXI el giro a la izquierda y luego del triunfo de Mauricio Macri en 2015, una buena parte de la intelectualidad, de académicos y de analistas internacionales marcaban el inicio de un nuevo giro en Sudamérica, este más inclinado a las propuestas conservadoras que se afianzaban en la región. Los triunfos de Sebastián Piñera en Chile, la descorreización de Lenin Moreno en Ecuador y las ratificaciones neoliberales en Perú, Colombia y Brasil tras las victorias de  Pedro Pablo Kuczynski, Iván Duque y Jair Bolsonaro respectivamente, imprimían un rumbo muy diferente al transitado por la región en la última década. Sin embargo, la consolidación, aún en la adversidad evidente tanto económica como internacional de Nicolás Maduro en Venezuela, y de Evo Morales en Bolivia, sin los condimentos aciagos venezolanos, mostraban que no toda la región tenía el mismo color. El aliciente del triunfo de López Obrador en México, luego de treinta años de políticas neoliberales, aún por fuera de las fronteras de Sudamérica, hizo ver que lejos de tratarse de un despliegue indetenible de un nuevo giro a la derecha, la región transita por un sendero de convivencia entre que gobiernos conservadores y progresistas. En ese sentido, siempre sospechamos, por tratarse de reacciones apresuradas (y muchas veces sin contenido), de la idea de un ciclo conservador consolidado en la región. A pesar de la catarata de triunfos neoliberales, advertimos acerca de la posibilidad de que se tratase de un tiempo de grandes dificultades para los oficialismos -inestabilidades presidenciales incluidas-, más que de ciclos claros.

Mirado desde esta lógica, podemos indicar que los recambios presidenciales se vienen acelerando en Sudamérica y a los oficialismos les cuesta retener el gobierno. Pareciera que se trata más un problema de elencos gobernantes con dificultades para reelegir, que de ciclos que nacen. Los recambios priman sobre las continuidades. Vamos a la experiencia empírica, a los datos. En los últimos cuatro años asistimos a nueve elecciones presidenciales (sumamos a México por peso específico y simbólico) en las que hubo recambios de elencos gubernamentales en siete de ellas.

Si a esto le sumamos la victoria de Alberto Fernández en las PASO y la proyectamos a octubre estaríamos hablando de ocho casos de recambio presidencial sobre diez elecciones. Y aún resta dilucidar qué ocurrirá en las elecciones de Bolivia y Uruguay en octubre, en donde dos gobiernos del “giro a la izquierda” ponen en juego su hegemonía electoral de más de una década.

En el mismo lapso histórico, en sólo dos casos (tres si tomamos el “fallido” caso ecuatoriano) hubo continuidad: Nicolás Maduro en Venezuela, en elecciones que continúan siendo cuestionadas a pesar del aval del CNE de ese país, y el de Mario Abdo Benítez en Paraguay, pese a tratarse de una línea interna muy diferentes del predecesor Horacio Cartes en el interior del Partido Colorado. Es decir, de las nueve elecciones presidenciales sólo en tres, si contamos Ecuador, primó la continuidad y en seis triunfaron las propuestas opositoras. En las dos terceras partes de las elecciones los oficialismos cayeron derrotados. Si comparamos estos últimos cuatro años con la experiencia del giro a la izquierda que se abrió con el triunfo de Chávez en 1998 hasta el triunfo de Macri, debemos subrayar que la continuidad presidencial fue la marca registrada de ese extenso periodo.

Pasando en limpio la historia más reciente:

*A pesar de tratarse de una continuidad, en el ejercicio del poder, Moreno se alejó de las políticas del correismo dando un giro copernicano a su política económica

¿Se trata, entonces, de un nuevo giro a la derecha en la región? ¿El giro a la izquierda ha concluido en Sudamérica? ¿O, como planteábamos, de oficialismos que tienen muchas dificultades para revalidarse? ¿Se trata en todo caso de ciclos más cortos? ¿O estamos asistiendo a una nueva etapa de inestabilidad presidencial?

Si miramos el presente de la región, veremos además más de cerca a los presidentes neoliberales, observaremos que se encuentran transitando por procesos marcados por importantes bajas en su imagen y en la gestión de gobierno. Por citar algunos casos:

• En los últimos seis meses, la desaprobación del colombiano Iván Duque pasó del 48% al 64%, un aumento de 16 puntos porcentuales, según firma Gallup.
• Sebastián Piñera muestra un 65% de desaprobación, según un sondeo de Agencia Ciudadana Criteria de este mes.
• La desaprobación de Jair Bolsonaro pasó desde el 28,2% en febrero al 53,7% en agosto, de acuerdo a la medición del Instituto MDA para la Confederación Nacional del Transporte (CNT).
• La aprobación del Gobierno de Lenín Moreno bajó casi 30 puntos en el último año, reveló una encuesta de Perfiles de Opinión, divulgada el mes pasado por medios ecuatorianos.

Habituados a las reelecciones presidenciales, la región está por asistir por primera vez desde la recuperación democrática en esta tercera ola iniciada en los ochenta, la derrota de un presidente en ejercicio que va por su reválida. También en Bolivia puede haber novedades, aunque el liderazgo de Evo Morales se encuentra mucho más fortalecido que el de Macri. Mucho vértigo para una Sudamérica más habituada a las reelecciones de sus presidentes, y a las continuidades periódicas de sus giros y tendencias socioeconómicas. Todo un dato que evidencia la dificultad de predecir a ciencia cierta el devenir futuro en la región.

Director del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES-UNSAM) e investigador del Conicet, Ariel Wilkis es, junto a Mariana Luzzi, uno de los grandes especialistas en sociología del dinero de la Argentina. Ambos acaban de publicar el libro “El dólar: historia de una moneda argentina (1930-2019), editado por el sello Crítica.

En 2014, en plena discusión por el “cepo”, se plantearon que si eran especialistas en sociología del dinero no les quedaba otra alternativa que hacer una investigación sobre el dólar. Mariana venía de realizar un trabajo sobre los ahorristas de 2001 y Ariel de escribir el libro “Las sospechas del dinero: moral y economía en el mundo popular”. Descubrieron que, si bien había libros periodísticos puntuales y coyunturales, no había ninguno estudio previo ni sociológico ni historiográfico sobre el dólar en la Argentina.  “No había investigaciones que se preguntaran y pensaran el largo plazo de cómo la moneda norteamericana devino en una moneda ordinaria en nuestro país, al punto que una niña o niño de diez años sabe cuál es hoy el valor del dólar”, explica Wilkis.

El libro comienza con una escena del programa televisivo “¿Quién quiere ser millonario?”. Santiago del Moro pregunta, en una emisión de abril de este año, cuánto cotizaba el dólar el 26 de febrero de 2015. ¡Y la concursante sabe la respuesta! E incluso gana el premio mayor. ¿Cómo es posible que en nuestro país cualquier persona está al tanto de lo que ocurre con el mercado cambiario? “Eso no sucede en otros lugares, ni siquiera en países limítrofes como Brasil. Por eso, nos propusimos reconstruir una historia sobre el dólar, que es cultural y social, porque el libro no plantea una historia económica, ni indaga en las tensiones o contradicciones entre los modelos económicos argentinos que llevaron a la inflación o a la restricción externa. Tampoco es una historia de las elites o de las corporaciones que son los dueños de los dólares en la Argentina”, señala Wilkis. La investigación es, ante todo, una historia de cómo una moneda extranjera devino una moneda popular en la sociedad argentina.

El libro rompe con dos enfoques posibles y que circulan en el sentido común: tanto las explicaciones economicistas como la mirada culturalista.

Nuestro punto de arranque es ir más allá de ambas tesis, porque las encontramos insuficientes. Es claro que es relevante la historia de la cuestión inflacionaria en la Argentina o el tema de la restricción externa. Son dimensiones claves, pero decimos que no son condiciones suficientes para dar cuenta de por qué una moneda extranjera deviene en una moneda central en la vida política, social y cultural de la Argentina. La historia inflacionaria en Brasil es muy similar a la Argentina durante todo el siglo XX; y, sin embargo, si uno viaja a Brasil y quiere pagar con dólares se los rebotan y no hay discusiones en la vía pública acerca de lo que pasa en el mercado cambiario. Y, en relación a la restricción externa, la Argentina tampoco es excepcional, ya que es un problema estructural de cualquier país dependiente. La mayoría de los países de África o de Latinoamérica tienen esa incapacidad de generar los dólares suficientes para su desarrollo.

¿Y el enfoque culturalista?

Como sociólogos, de ninguna manera podemos pensar que una práctica, una idea, una emoción o un sentimiento es algo biológico, natural o parte del ADN de los argentinos. Siempre hay un proceso sociohistórico, sociocultural, que explica ese sentimiento o práctica o pensamiento. Por eso, tratamos de dar cuenta acerca de cuáles son las condiciones de posibilidad para que las y los argentinos tengamos una atención plena a lo que pasa con el dólar: sea en la conversación pública o porque haya sectores de nuestra sociedad que usen de forma cotidiana esa moneda para invertir o para ahorrar o para hacer cálculos. Proponemos llamarlo el “proceso de popularización” del dólar en la Argentina. Si bien el libro comienza en la década de 1930, ese proceso tiene un punto de inflexión fuerte a fines de la década de 1950 y principios de 1960. Señalamos dos dimensiones que son claves: la del dólar como una moneda pública, a la que se le presta cada vez más atención; y la del dólar como una moneda que incorporamos dentro de nuestros repertorios financieros ordinarios. Esa diferencia es clave porque permite pensar esos dos modos de existir del dólar en nuestra sociedad y también dar cuenta de que, si bien un porcentaje pequeño de la sociedad argentina tiene un contacto más o menos cotidiano, concreto y material con el dólar, toda la sociedad en su conjunto presta atención a lo que pasa con el dólar.

¿Por qué el libro arranca en 1930? ¿Qué vinculaciones hay con el hecho de que también sea la etapa en la que se da el primer golpe de Estado en el país y la caída del modelo agroexportador?

En 1931 se aplicaron por primera vez los controles cambiarios en la Argentina. Buena parte del mundo atravesaba la crisis del 30, la mayoría de los países estaba teniendo una reacción contra el librecambismo dominante hasta ese momento y empezaban a desarrollar políticas de intervención. Dentro de esa batería, se encontraban las políticas de intervención del mercado cambiario. Nos pareció importante empezar ahí porque entendemos que entre los años 1930 y 1940 se dio una etapa de proto-popularización del dólar. No estaba aún en el centro de la discusión pública ni se había empezado a expandir el uso del dólar en sectores sociales diferenciados, más allá de las elites. En esos años está en debate la relación del peso con la libra, con el franco francés, con el dólar y apareció también la emergencia de la bolsa negra, el mercado ilegal de divisas. Además, nos permite trabajar sobre esas dos décadas para marcar el contraste con lo que viene después, porque hasta ese momento el mercado cambiario está vinculado a los sectores exportadores o vinculados al comercio exterior, a las elites financieras, o a las elites políticas. Pero el mercado cambiario no estaba conectado, ni en el debate público ni en términos de acceso a ese mercado, a otros sectores. Eso recién comenzamos a detectarlo a fines de la década de 1950.

El libro rastrea las representaciones acerca del dólar en la cultura popular argentina.

Fue una de las partes más divertidas, pero también más desafiantes. Una gran apuesta de la narración y la interpretación del libro era mostrar cómo el dólar adquiere cierta centralidad en la vida cultural de la sociedad argentina. Nos pusimos a buscar piezas perdidas en el teatro de revistas, en las comedias de la Calle Corrientes, o en la televisión, en la literatura, el cine, en el humor gráfico, en la publicidad.

¿Cuáles son las primeras menciones que encontraron?

Recuerdo un chiste en Caras y Caretas, de principios de la década de 1930. En el centro de la viñeta presenta a dos hombres vestidos con galeras, con referencias claras a que son parte de una elite, y prestan atención a la cotización del dólar. Y contrasta con las viñetas que encontramos a principios de la década de 1960 –y ni qué hablar a partir de los setenta y ochenta-, en el cual el humor gráfico sobre el dólar ya aparecía referenciado con personajes de la clase media porteña. Por ejemplo, una persona que está recostada en un diván del analista y manifiesta sus preocupaciones sobre el dólar. También reconstruimos la línea del teatro de comedias; y, específicamente, sobre el Teatro Maipo. En 1939, se estrenó la obra “El dólar está cabrero”. En 1949, la obra “La divisa es la mejor risa”. Y a fines de 1975, los hermanos Hugo y Gerardo Sofovich estrenaron “Los dólares están en el Maipo”, que fue una de las obras más vistas de ese verano.

También rescatan varios monólogos de Tato Bores.

El primer monólogo que encontramos es de 1962, en el que Tato narra un momento de devaluación y lo que sucede en la calle San Martín. Es muy importante porque relata la presencia de trabajadores, amas de casa, jubilados, participando en el mercado cambiario, lo que marca ese contraste tan grande con lo que sucedía en los años 1930 y 1940.

¿Por qué se dio ese proceso de popularización a fines de 1950?

Durante el gobierno de Arturo Frondizi se produjo una gran devaluación y se puso en marcha el plan de estabilización y el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y, luego de casi tres décadas, se liberalizó el mercado cambiario, levantando en 1958 -primero parcialmente y luego de forma general- las regulaciones cambiarias que se habían impuesto en 1931. Comenzó ahí una gran ebullición en torno al mercado cambiario. En la década de 1960 hubo muchas microdevaluaciones y puestas en restitución de controles cambiarios, hasta que se dio una nueva liberalización del mercado cambiario. Ese contexto de decisiones macroeconómicas fue generando las condiciones en las cuales el dólar va tomando cierta singularidad, que repito no se trata de un derivado natural, sino que fue resultado de un proceso específico. De esta forma, ya en los años 1960 el dólar empezó a referenciarse como el “barómetro” de la economía y de la política. Comenzó a ser una moneda en la cual comunicar las variaciones en los precios de los bienes de consumo masivo. Por ejemplo, el diario Clarín, a fines de la década de 1950, publicaba en tapa, durante un par de meses, la variación del precio del lomo y tomaba como punto de referencia el aumento en el dólar. Luego, ciertos mercados muy específicos comenzaron a nominarse en dólares, con el turismo en primer lugar. En los años 1960 aparecían las ofertas de cruceros, de viajes de avión y de tours en dólares. Son una serie de elementos que van armando una presencia pública. Nosotros denominamos “pedagogías monetarias” a esas narraciones periodísticas sobre el mercado cambiario, las referencias al valor del dólar para calcular el costo de los bienes masivos, la presencia en la publicidad o en el humor gráfico. ¿Por qué? Porque enseñan al gran público a prestar atención al dólar y a interpretar lo que pasa en el mercado cambiario y produce lo que llamamos una “familiarización del dólar”. Ya no es una moneda alejada o extraña, sino que se vuelve cada vez más familiar para nuestras vidas cotidianas.

Una cuestión es saber a cuánto está el dólar y otra es tomarlo como unidad de medida. Señalaste que se da primero en el turismo al exterior, lo que es comprensible, ¿qué otros sectores se fueron sumando con posterioridad?

El mercado inmobiliario comenzó a tomar al dólar como unidad de medida a mediados de la década de 1970, luego del Rodrigazo y en contexto hiperinflacionario. Es una inflexión muy importante en el proceso de popularización del dólar. Es decir, no hay un concepto o una vocación o una política que determina la dolarización, sino que son los agentes inmobiliarios que buscaban una fórmula para poder vender en un contexto de alta inflación. Y la fórmula que encontraron fue ponerle el valor en dólares a las propiedades. E incluso, luego de la devaluación de 1981, esa cotización en dólares de las viviendas hizo imposible que se produjeran compras y ventas, porque habían tomado precios estrafalarios. Entonces, los mismo dinamizadores del mercado inmobiliario retrocedieron en la nominación en dólares. Pero luego volvió a profundizarse en los años 1980 y 1990, y a extenderse de manera determinante.

Los controles cambiarios instrumentados durante el último gobierno de Cristina Kirchner parecen haber generado una suerte de “trauma” en ciertos sectores de la sociedad argentina, ahora redivivos con las últimas medidas del presidente Mauricio Macri. ¿Por qué cuesta tanto instrumentar regulaciones sobre el dólar en la Argentina?

Para entender qué es lo que pasó con el cepo y las reacciones que se generaron en contra de esas medidas, y luego lo que pasó con Macri en 2015 prometiendo la completa liberalización, y las tensiones actuales, creo que hay que ir hacia atrás en el tiempo y analizar la convertibilidad.

¿Qué generaron esos años del supuesto “uno a uno”?

La convertibilidad tiene un efecto muy específico en el significado que el dólar tiene en la sociedad argentina. Recordemos que, durante la convertibilidad, el Estado argentino reconocía que la posesión de pesos era equivalente a la posesión de dólares. Cuando cae este modelo en 2001, una parte de la sociedad argentina se movilizó y le reclamaba al Estado que le reconociera aquello que le había dicho acerca de la equivalencia. A partir de ese momento, ingresó una idea muy específica en torno al dólar y al mercado cambiario: poseer dólares o participar en el mercado cambiario es visto como un derecho fundamental. Y en 2001 y 2002 se reclamaba en esa clave. Cuando se instrumentaron las regulaciones cambiaras denominadas “cepo” en 2011, parte de la sociedad se movilizó en contra de esas medidas con esa idea en la cabeza: no se puede regular el mercado cambiario porque me estás prohibiendo a que acceda a un derecho fundamental.

Una limitación de la libertad individual.

Me gusta decir de forma irónica que esas movilizaciones contra el gobierno de Cristina Kirchner, en especial los cacerolazos, tenían como consigna: “Cacerola y dólar, la lucha es una sola”, retomando la de 2001 de “piquete y cacerola, la lucha es una sola”. Como candidato a presidente, Macri interpretó esta demanda de considerar el acceso al mercado cambiario como un derecho fundamental y ofertó a parte de la sociedad este compromiso de levantar todas las regulaciones para la posesión de dólares. A la semana de asumir, le puso fin al cepo y a una batería de regulaciones de la movilidad de capitales. Y esa decisión marcó todo el gobierno de Cambiemos: la compra de dólares por parte de los grandes actores financieros y también por parte de particulares drenó constantemente las reservas del Banco Central y obligó a poner esos torniquetes que fueron las Lebacs y las Leliqs. Luego vino el acuerdo con el Fondo Monetario. Sin embargo, el gobierno trató de no tocar nunca ese acuerdo fundamental de Macri con su electorado.

¿Cómo analizás los controles establecidos esta última semana por el gobierno? ¿Cómo serán leídos por el electorado de Cambiemos?

Muchos analistas han interpretado la terquedad del gobierno de Cambiemos por no reponer controles cambiarios hasta ya desatada la crisis como una convicción ideológica. Estoy de acuerdo, pero agregaría que ese empecinamiento también obedecía a la lógica del pacto político con su electorado. Si el 11 de agosto el Frente de Todos sepultó electoralmente a Juntos por el Cambio, el 1 de septiembre el gobierno sepultó su compromiso con su electorado basado en ese derecho fundamental. Al producirse esta decisión, deja el camino libre para una nueva narrativa que separe el “cepo” (como categoría política crítica hacia al kirchnerismo) y las regulaciones cambiarias. Estas pueden despojarse de esa condena que Cambiemos usufructuó y esperemos que pueda discutirse de manera realista cuáles son sus funciones para resolver la urgencia y planificar el largo plazo para lograr un desarrollo inclusivo.

El libro también aporta el trabajo de campo que vienen realizando en los últimos años. ¿Cómo es la relación de los sectores populares y de las clases medias bajas con el dólar?

Si nos enfocamos en la primera dimensión de la popularización del dólar (su dimensión pública, su instalación como artefacto de interpretación de la realidad social y política), esos sectores están vinculados. También siguen ese “termómetro” que es el dólar. Si nos enfocamos desde el punto de las prácticas como el ahorro o el cálculo, encontramos fracciones de esos grupos que tienen un vínculo regular (los inmigrantes). Los mercados inmobiliarios informales de las villas a veces están dolarizados como los mercados formales. En esta historia social, un rol importante lo juegan los patrones de clase media alta que “enseñan” a sus empleados (como las empleadas domésticas) a ahorrar en dólar. No deja de haber algo de “aspiracional” en el ahorro en dólares, la confirmación de participar en una práctica de sectores de más arriba.

Ante esa idea del acceso al dólar como un derecho fundamental que dejó la Convertibilidad, ¿es posible establecer controles cambiarios sin generar rechazos en amplios sectores de la sociedad?

Uno de los aportes centrales de nuestro trabajo es lograr entender que hubo un proceso sociohistórico específico que llevó a asociar la libre participación en el mercado cambiario con un derecho fundamental. Pero eso fue el resultado de ese proceso determinado. Es necesario un trabajo de narrativa política que separe esos términos. Si no lo logramos, cada vez que pongamos sobre la mesa el análisis o el diagnóstico de que es necesario imponer una regulación cambiaria o de movilidad de los capitales, vamos a tener una reacción histérica defensiva de una parte de la sociedad; y siempre habrá actores políticos y económicos muy interesados en que esa parte de la sociedad siga reclamando ese acceso a la compra de dólares como un derecho fundamental. Para discutir de manera realista lo que va a venir, se tienen que separar estas dos cuestiones.

Comprender que hoy ahorrar en dólares es una protección individual y no colectiva.

Es clave poder reconducir la discusión sobre la regulación del mercado cambiario a la idea de que ese tipo de controles es una protección que el Estado le provee a la sociedad sobre sí misma. Y que considerar que el acceso al mercado cambiario es un derecho fundamental es un pensamiento individualista, que lleva a que las decisiones políticas queden presas de ese individualismo. Por eso, generar una narrativa, un diagnóstico, que vincule el mercado cambiario con la protección de la sociedad y no con la protección de los individuos es el gran desafío que tienen los actores que van a gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre.