Julia Castillo en La Marea

Tengo la costumbre de tomar el primer café de la mañana leyendo titulares. Hace años lo hacía en la cafetería de la esquina con un par de periódicos, en papel, sobre la mesa. Actualmente lo hago en mi casa, con una taza en la mano derecha y el móvil en la izquierda, pero ahora leo lo que un algoritmo asociado a Julia Castillo me pone en portada.

Hoy aparece, en grande y en primer puesto: El IPC de septiembre (4,9%) incrementa hasta el 3,5% la estimación de revalorización de las pensiones para 2027

#mandacarallo. Esto parece importante. ¡Qué listo es don algoritmo! Diez años hace ya que estoy vinculada al movimiento pensionista y este bipcabrito lo sabe. Así que sigo leyendo y, tras este titular, llega el subtítulo y parrafada que le sigue: «La elevada inflación por el conflicto en Oriente Medio sitúa ahora la estimación de subida de las pensiones contributivas para 2027 en el entorno del 3,5%, la mayor desde 2024. El dato definitivo se conocerá a mitad de diciembre, una vez conocidas la inflación de octubre y noviembre». Ni que decir tiene que la noticia parte de un banco con dos BB y una V que dice informar, y lo hace, vaya si lo hace, pero que deberíamos leer con la mosca tras la oreja. Y no son necesarias explicaciones para que se entienda la posición del insecto.

A continuación, y como no podía ser de otra manera, se desencadena una tormenta de pensamientos, razonamientos, respuestas, preguntas, argumentos… y esos son los que quiero compartir con vosotros.

Si analizamos la situación económica de nuestros padres y abuelos, o incluso la de las generaciones que todavía ni se han planteado la posibilidad de engendrar vástagos, veremos que el poder adquisitivo en nuestros hogares, a pesar de haber disfrutado de una subida de pensiones y salarios (dicen) conforme a ese IPC, sigue bajando. Esto no puede tener más que una explicación: el IPC no refleja el que sufren los hogares. Y es normal que no lo refleje porque realmente cada casa tendría uno diferente. No es lo mismo el gasto de un hogar de una familia con dos hijos y en un piso de alquiler, que el de una persona sola sin hijos y pagando una hipoteca o el de unos pensionistas jubilados con vivienda propia, o que los mismos pensionistas pagando un alquiler. Incluso cambiaría simplemente viviendo en una gran ciudad o en un pueblo de la montaña lucense, por poner un ejemplo. Cada realidad es diferente, cada situación económica lo es, y el IPC no puede ajustarse a cada uno de ellos. Es evidente, pero también es evidente que algo falla en ese cálculo porque la mayoría pierde poder adquisitivo. Si quieres constatarlo solo observa y pregunta en tu entorno habitual.

Y, leyendo el siguiente titular empiezo a sospechar que el IPC puede ser el menor de nuestros problemas si las previsiones de intención de voto se cumplen. La verdad es que nunca me fié de los sondeos previos a unas elecciones, pero hay algunos sondeos, con nombre y apellido, que suelen acertar bastante.

Leo: «El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado»

Estas declaraciones del voxista Figaredo, acompañadas del resto de su amenaza, nos tienen que servir para despertar. ¿Lo haremos? Tengo mis dudas. Y las tengo porque desde el movimiento pensionista llevamos años advirtiendo, por activa y por pasiva, que tienen la intención de acabar con el sistema público de pensiones, caramelito deseado por el gran capital. En este caso quienes se lo quieren comer son grandes financieras y aseguradoras. Su propuesta es combinar el sistema de reparto con la capitalización individual: que una parte de la pensión dependa del dinero acumulado por cada trabajador. ¿Qué dinero? ¿El que sobra de la nómina? ¡Si no llega! Y si no llega, ¿qué tendrás cuando te jubiles? Porque la pensión contributiva quedará como una ayuda «asistencial».

Explicar por qué lo desean, cuánto dinero hay en juego, cuánto le costaría al trabajador y cuánto ganarían quienes gestionaran sus cotizaciones merece otro artículo. No quiero ahogaros con demasiada información. Ya no estamos acostumbrados a leer ni 2.000 palabras seguidas y asimilar lo que leemos, así que, como mi intención es que lo que sé sirva para que otros también sepan, procuraré no alcanzar esa frontera.

Pero esto sí tengo que contároslo en este artículo: ¿sabéis cuánto dinero mueve el SPP (Sistema Público de Pensiones) anualmente? Y no llames gastos a las pensiones contributivas. No caigas en la trampa.

Si hace falta vuelvo a explicarlo: la Seguridad Social tiene sus propias cuentas, aunque estén integradas en los Presupuestos Generales del Estado. Pero si nos enseñan lo que sale para pagar pensiones, tendrán que enseñarnos también lo que entra, ¿no? Sigamos el circuito completo de ese dinero.

¿De dónde viene? Principalmente de las cotizaciones: las que paga el trabajador y las que la empresa paga por él (esta partida sí es un gasto para el empresario, pero solo lo que él aporta al Sistema). Y hay más partidas de ingresos: recargos, sanciones, rendimientos del patrimonio de la Seguridad Social, alquileres… y también transferencias del Estado. Si vamos a hablar de las cuentas del sistema, habrá que mirar todo lo que entra, no solo lo que sale, ¿no?

Ahí está el disfraz porque la mayoría está entendiendo que procede de impuestos y, cómo veis, no es así. Han mezclado churras con merinas. Por un lado, entra un dinero específico para el SPP y por otro sale para pagar esa deuda que tienen con los trabajadores que ya se han jubilado.

¿Recordáis aquella auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, aprobada por ley? Sigue pendiente, aunque el plazo para hacerla ya ha vencido. Lo dicho: este tema da para otro artículo también.

Y la cuestión es que estos de extrema derecha, esa que arropa al señor Figaredo, siguen con su idea de manipular tal y como explicaba Orwell. Y me temo que lo hacen, y lo harán, con la connivencia de esa derecha no tan extrema pero que los necesitará para poder ocupar trono. Y pagarán el precio, claro que lo pagarán. Tiempo al tiempo… Por cierto, ojalá me equivoque.

¿Lo recordáis? Orwell lo imaginó con la neolengua y Klemperer lo documentó en el lenguaje del nazismo, ¡del NAZISMO!: a fuerza de repetir ciertas palabras, se acaba orientando nuestra manera de pensar. Esa es parte de la estrategia. Manipular tu pensamiento manipulando el lenguaje que emplean. Las palabras pierden su verdadero significado también y repiten, hasta la saciedad, mentiras muy bien argumentadas con un fin, y saben que funciona: condicionar tu pensamiento para que asumas sus ideas como las auténticas. Su verdad será tu verdad, aunque sea mentira.

¡Qué bien les viene, a estos que casi se caen por el borde derecho de la tierra plana, que el votante lo crea así! Les viene bien para las próximas elecciones, pero les viene bien, también, para que el trabajador actual odie al que ya no trabaja porque le «roba» su sueldo, cuando quien le roba es el patrón que aumenta sus beneficios a costa de pagarte un salario de miseria. Claro que, si logra que culpes a tu abuelo de tu precariedad, ya no le odias a él ni luchas por mejorar tus condiciones salariales. El culpable es el pobre jubilado que, para más inri, probablemente se sacrificó para pagarte los estudios y alimentarte, ahora te cuide a tus hijos mientras vas a trabajar, te prepare la comida para que te la lleves hecha cuando vuelvas, te preste dinero para pagar la hipoteca de este mes porque no te llega… pero él es el culpable de que tu jefe te putee, te haga trabajar horas extras y no te las pague, o que ni siquiera suba el salario anualmente lo que marque el dichoso IPC del que hablábamos al principio.

Figaredo mantiene una teoría (que no es suya; en su defensa diré que es un borrego más, pero un borrego que sigue las órdenes del gran capital) no por convencimiento tras una larga reflexión inteligente y analizando datos, no. Es un borrego, pero «con fundamento», porque sospecho que hay que tener contento al gran capital porque, si se enfada, es probable que Figaredo se quede sin sillón en el consejo de administración de la empresa X cuando su paseo político llegue a su fin.

A lo mejor me he columpiado un poco, ¿o no? Pero si he logrado que te salgas de la línea de pensamiento habitual y te cuestiones si te cuentan la verdad o solo la suya para que la asumas como tuya porque les viene de perlas que lo hagas, creo que he cumplido con el propósito de este artículo.

Ah, y si quieres que amplíe alguno de los puntos de este que han quedado en el aire, escríbelo en comentarios.

Gracias por leer las 1.485 palabras que he escrito en esta ocasión.

Julia Castillo es activista por los derechos humanos, investigadora y analista social. Hija, madre, abuela y bisabuela, continúa su formación de manera libre, con especial interés por la antropología y por los mecanismos económicos y culturales que sostienen la vida cotidiana. Colabora en prensa y radio con artículos de reflexión social.

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Albino Prada es ensayista y profesor, miembro del Consejo Científico de Attac. En los últimos años ha venido analizando el surgimiento y consecuencias sociales de la burbuja inmobiliaria de alquileres en España. Primero en el diario Público y luego en el semanario digital Sin Permiso[1]. En esta entrevista realizada por Xacobe Hermida para el diario Nós resume sus análisis y sus propuestas. A continuación la transcribimos en castellano.

Desde hace tiempo viene advirtiendo en diferentes publicaciones que el mercado inmobiliario del reino de España se enfrenta a una nueva burbuja. ¿En qué se basa este análisis y cuáles son sus características?

Vivimos en un país de propietarios, algo que no ocurre en otros países. En consecuencia los inversores apuestan cíclicamente por este mercado. En 2007, la compraventa de pisos construidos y sus precios alcanzaron un máximo histórico debido al endeudamiento. Una burbuja que hundió a muchos hipotecados, promotores y bancos. Luego el mercado y los precios se desplomaron. Ahora, en 2025, se observa el mismo ritmo de compraventa y precios que entonces.

Cuando hablamos de burbujas inmobiliarias, inmediatamente nos remontamos a 2008. ¿Qué significó la llamada Gran Recesión en los años posteriores? ¿Qué elementos tienen en común y qué diferencias presenta la situación actual con la vivida en la primera década del siglo?

La similitud radica en la intensidad de la compraventa en el mercado y en los precios, que generan ganancias para algunos y exclusión para muchos, pero las diferencias también son importantes. Ahora no se trata de promotores inmobiliarios (dado que la construcción nueva es muy escasa), sino de inversores que compran viviendas usadas para obtener ingresos por alquiler o por su revalorización frente a la inflación. Y ahora no dependen tanto del crédito bancario, sino de sus ahorros.

Las burbujas son un fenómeno clásico en la historia económica y aparecen cada vez con mayor frecuencia. ¿Por qué se repiten estos fenómenos con tanta frecuencia y hasta qué punto forman parte de la genética del modo de producción capitalista?

Las burbujas son la otra cara de los ciclos y sus colapsos. La lógica capitalista no puede evitar alimentar comportamientos irracionales e imprudentes. Algunos agentes buscarán su máximo beneficio (financieros o rentistas, por ejemplo) sin importarles que la suma de sus decisiones provoque cuellos de botella en otros sectores. Así es como el rápido crecimiento del sector turístico puede imposibilitar el derecho democrático a la vivienda consagrado en la Constitución.

Al analizar la situación del mercado inmobiliario y el aumento de los alquileres, señala que «estamos atrapados en la trampa del arrendador-arrendatario». ¿Qué quiere decir con esta afirmación y cómo la caracterizaría?

Vivimos en un sistema de capitalismo financiero. Los bancos pasaron muchos años apenas remunerando los ahorros de los depositantes (incluso llegaron a cobrar por su custodia) y los ahorradores comenzaron a ver en las viviendas ya construidas un activo que (con unos precios que habían caído significativamente tras 2008) podía revalorizarse, dado que prácticamente no se construían nuevas viviendas, y, sobre todo, podía ser rentable en un mercado de alquileres en plena expansión. Y la bola de nieve comenzó a crecer de nuevo en los centros urbanos y en la costa.

Uno de los aspectos que usted considera clave para explicar el aumento de los precios de la vivienda y los alquileres, es la presión que ejerce la actividad turística sobre ellos, ¿cómo se materializa esto y qué nuevas formas ha adoptado en los últimos tiempos?

Tanto los centros de las grandes ciudades como en la costa española funcionan como parques temáticos que atraen a cien millones de visitantes extranjeros, una cifra que crece sin cesar. Un factor que sin duda explica gran parte de nuestro crecimiento económico, el empleo y los ingresos derivados. También la vertiginosa gentrificación y turistificación. El modelo hotelero tradicional ha evolucionado hacia alojamientos turísticos, de temporada o similares, y se ha trasladado al ámbito digital a través de plataformas globales. Portugal, Grecia y España comparten este modelo. Pero la avaricia puede resultar desastrosa. En el Algarve portugués, este verano, ya le vieron las orejas al lobo.

La especialización productiva española en el turismo es creciente desde hace mucho tiempo, al menos desde la década de 1960. ¿Es posible garantizar precios de vivienda asequibles manteniendo el modelo productivo actual del Estado?

No se puede tener todo a la vez. No se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Nuestro éxito en el turismo de masas, ahora extrahotelero, está reventando el mercado de alquiler de viviendas permanentes. Porque la rentabilidad es mayor alquilando por días, semanas, quincenas … aunque solo sean cuatro meses. En los centros turísticos de las grandes ciudades y en la costa, los precios alternativos para residentes habituales se han triplicado o más en un abrir y cerrar de ojos. Y hemos llegado a alquilar por habitaciones o infraviviendas. El mercado ha dejado de garantizar el derecho a una vivienda por menos de un tercio de los ingresos. Hemos crecido, sí, y muchos obtienen buenos ingresos, pero a costa de excluir a muchos otros de la vivienda.

El sistema bancario siempre ha sido un actor determinante en las distintas burbujas especulativas conocidas. ¿Qué responsabilidad tiene el sistema financiero en la situación actual del mercado inmobiliario y de alquiler?

En el pasado desempeñó un papel activo debido a la oferta irresponsable de crédito; en esta ocasión, su papel es pasivo al no rentabilizar los ahorros frente a la inflación. En ambos casos, ha ganado y sigue ganando mucho dinero. Supongo que espera a que un gobierno de derechas sin complejos le permita seguir sin remunerar los ahorros y a animar -a quienes no pueden permitirse alquilar- a pagar un poco más, endeudarse y asumir una hipoteca de por vida de doscientos o trescientos mil euros.

Las políticas públicas tampoco son neutrales en materia de vivienda. ¿Cómo analizaría las alternativas desarrolladas por las distintas administraciones competentes en el ámbito de la vivienda en las últimas cuatro décadas y cómo explica la escasa presencia de la vivienda pública en las Comunidades Autónomas?

En la situación que acabo de resumir (bajo el capitalismo financiero de bancos y rentistas), la ciudadanía ha llegado a considerar un sinsentido todo lo público. Y mientras que Berlín cuenta actualmente con cuatrocientas mil viviendas de alquiler social, en Madrid solo hay diez mil. Desde 2008, el Gobierno central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos (salvo algunas excepciones) han aplicado el dogma neoliberal de que el mercado privado proporcionaría la solución. Ya estamos viendo las consecuencias.

El problema de la vivienda es siempre complejo y, por lo tanto, las soluciones para resolverlo también lo son. Sin embargo, ¿qué alternativas considera urgentes para empezar a revertir la situación actual y promover el acceso a la vivienda?

Ante la actual situación de colapso adoptaría dos medidas básicas: la prórroga obligatoria de los alquileres actuales de residencia habitual —como solicita el Sindicato de Inquilinos— y un plan urgente para impulsar la oferta de vivienda pública de alquiler a precios inferiores al treinta por ciento de los ingresos. En un caso, para frenar la espiral especulativa que afecta a quienes ya tienen contrato, y en otro, para generar nueva oferta fuera del mercado privado para los nuevos solicitantes.

Una de las propuestas que se están formulando en este contexto para solucionar el problema de la vivienda es la movilización de viviendas vacías. La Asociación Gallega de Arquitectos estima que existen 40.000 inmuebles sin uso en las ciudades gallegas. ¿Cómo valora esta alternativa?

Creo que es una propuesta bienintencionada, pero desnortada. Supongo que no se plantea la expropiación de aquellas viviendas que pertenecen a inversores que poseen, por ejemplo, más de diez viviendas. Y aun si así fuera, estas viviendas no deberían desviar la atención de la urgencia de construir apartamentos públicos de alquiler con precios inferiores al 30 % de los ingresos de sus inquilinos. Y si las Comunidades, como ha ocurrido hasta ahora en Galicia y muchas otras, no están a la altura de las circunstancias, el Estado debería poder intervenir suspendiendo su competencia en este asunto por no garantizar el derecho constitucional a la vivienda.

¿Cómo encaja en todo esto la actual convocatoria de elecciones y la huelga general?

La economía y las empresas están sufriendo las consecuencias del colapso de los alquileres. Muchos trabajadores (incluso funcionarios) no pueden cubrir las vacantes por este motivo. Y muchos otros solo pueden hacerlo a cambio de la mitad o más de sus ingresos. Una parte de la clase trabajadora que no posee vivienda está tomando conciencia de que ya no podrá formar parte del “país de los propietarios”. La huelga general -y los resultados electorales- pueden ayudar a salir de esta trampa. De lo contrario, los problemas actuales no harán más que agravarse, al igual que la desigualdad social y sus lacras.

Obviamente, las elecciones del 28 de noviembre están marcadas por el problema de la vivienda. Lo que no está tan claro es cuál será su impacto en el voto, y especialmente en el espacio del PP y Vox. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Tengo mis dudas de que la vivienda vaya a ser tema central. Las derechas continuarán con la cantinela de la unidad de España y culpando a los inmigrantes de nuestros males (incluso el de la vivienda). En el caso de la vivienda, antepondrán el intocable derecho a obtener el máximo beneficio de la propiedad privada a la vida y la dignidad de las personas. El caso Maricarmen no se produjo sin una aplicación sistemática de este fanatismo (incluso judicial y policial) en la lógica neoliberal.

Podríamos acabar esta entrevista con una reflexión final por su parte …

El relato del colapso del “derecho a la vivienda” que figura en la Constitución que acabo de exponer en esta entrevista, y que no ha hecho sino agravarse en los últimos años debido a la mano invisible de muchos en el mercado y a la pasividad de las autoridades públicas, plantea desafíos y exige un programa político de izquierdas y una solución a medida. Un tema complejo y algo verde, lo sé.

Sería ingenuo ignorar que los partidos de derecha, los medios de comunicación clásicos y digitales se han esforzado por difundir la narrativa contraria. Desde el actual Banco de España, por no hablar de la CEOE, la Empresa Familiar o la Unión Bancaria. Esta narrativa implica considerar a quienes no pueden pagar un alquiler sin control como personas que deben ser desahuciadas, y también considerar a quienes no pueden acceder a una hipoteca como perdedores. Caridad si son nativos, expulsión si son extranjeros.

Incluso muchos trabajadores se creen esta historia de esfuerzo y mérito, por no hablar de los sectores sociales no asalariados que se benefician de ella. Pero son los grandes y medianos empresarios y financieros quienes les dan este lavabo de cerebro, para así seguir haciendo el agosto bancario, energético, turístico, … con la vivienda, sanidad, pensiones y educación superior. Siempre con su mantra: Sector público = Pecado mortal.

[1]     Viviendas turísticas online y precios de los alquileres

       Consecuencias sociales de la ausencia de un parque público de vivienda en alquiler

       Crecimiento económico español: turismo y vivienda

       Sobre un acelerador (invisible) de la actual bomba inmobiliaria

       Final del austericídio en vivienda social

       Bancos + Turismo = Colapso de la vivienda en España

       Modelo económico español: Un Parque Temático

       Atrapados en un shock de vivienda

       Atrapados en una burbuja arrendadora

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Huelga por el derecho a una vivienda y un salario digno: 11 de noviembre 2026

Desde ATTAC España llamamos a la huelga general de 24 horas convocada para el 11 de noviembre por el derecho a una vivienda digna, y la mejora del poder adquisitivo de la clase trabajadora.

La globalización financiera agrava la inseguridad económica y las desigualdades sociales, soslaya y doblega las aspiraciones de los pueblos, de las instituciones democráticas y de los Estados Soberanos en detrimento del interés general, al que sustituye a partir de planteamientos especulativos que expresan únicamente los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y los mercados financieros.

ATTAC viene denunciando desde su nacimiento el descontrol premeditado que ha propiciado el actual desastre de la vivienda, identificando a las víctimas, y responsabilizando a los fondos de inversión de alto riesgo, que a través de sus imposiciones a los gobiernos dóciles o abiertamente cómplices, son los principales beneficiarios.

Debemos recuperar el valor de lo Público como Común a todos los habitantes y sancionar a aquellos que enajenen o se apropien de ello.

En los últimos tiempos hemos observado como se transfieren propiedades públicas, edificios de viviendas protegidas o terrenos de propiedad del Estado para proyectos especulativos que no sólo benefician a los inversores, sino que además expulsan de sus viviendas a los inquilinos que las ocupaban.  

Consideramos que el derecho a la vivienda debe ser garantizado y los beneficios de los inversores en vivienda deben ser regulados y limitados.

Una huelga general adquiere aún más significado en un contexto, en el que el acceso a un derecho constitucional como la vivienda se ve limitado además por salarios insuficientes. La huelga es por tanto una interpelación a la clase empresarial y a la clase política a que asuman su responsabilidad en las desigualdades actuales, y se atrevan a modificar su rumbo para alcanzar una sociedad más igualitaria; y a detener  esta creciente voracidad  que mata y destruye la perspectivas de futuro de la mayoría de la sociedad.

Por ello nos sumamos a la HUELGA GENERAL convocada por los Sindicatos de Inquilinas y los sindicatos de clase para el próximo 11 de noviembre. 

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Artículo de Juan Torres López

Como cada año por estas fechas, los medios de comunicación de todo el mundo han vuelto a anunciar los ganadores del «Premio Nobel de Economía». Esta vez, los estadounidenses Robert E. Hall, de la Universidad de Stanford, y Michael Woodford, de la de Columbia, por sus trabajos sobre «los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica». Al anunciarlo, el presidente del comité que lo concede, John Hassler, subrayó que gracias a ellos los modelos que hoy utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo disponen de una base teórica sólida.

La concesión de este premio es una doble estafa y enseguida vas a entender fácilmente el porqué.

No es un Premio Nobel

Alfred Nobel dejó establecido en su testamento que los intereses de su fortuna se repartieran cada año entre quienes hubieran proporcionado el mayor beneficio a la humanidad en la Física, la Química, la Fisiología o Medicina, la Literatura y la paz entre las naciones. Conocía los estudios de economía de su tiempo, pero nunca pensó en premiarlos.

Lo que hoy se llama «Nobel de Economía» es, en realidad, el «Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel», creado en 1968 por el banco central sueco con motivo de su tricentenario. No lo financia el legado de Nobel ni lo eligió su voluntad. Como expliqué en mi libro Econofakes, el propio director de la Fundación Nobel, Michael Sohlman, reconoció años después que el banco hizo muchos cálculos para que los periodistas de todo el mundo no lo distinguieran de los demás. Y lo consiguió plenamente con un simple objetivo: hacer creer que la economía es una ciencia como las demás que reciben el galardón y, de paso, como han documentado Avner Offer y Gabriel Söderberg, reforzar la pretensión del banco de ser independiente del Parlamento y del Gobierno: si la economía es ciencia, las decisiones deben tomarlas los técnicos y no los representantes de la ciudadanía.

Premio al irrealismo

El premio de este año contribuye a ese fraude pues se concede a dos economistas que han desarrollado modelos y teorías completamente alejados de la realidad pero que sirven para consolidar las políticas económicas que concentran la riqueza y el poder. Merecen un reconocimiento científico tanto como un trabajo sobre anatomía que no incluyera al corazón o el hígado en el cuerpo humano y afirmase que este se mueve sin verse afectado por la ley de la gravedad.

Desde los años setenta, la corriente dominante en economía asumió tres fundamentos básicos. El primero, que cualquier explicación de lo que ocurre en el conjunto de la economía (el empleo, la inflación, las crisis) debía deducirse del comportamiento de individuos perfectamente racionales que maximizan su utilidad o su beneficio, que conocen perfectamente cómo funciona la economía y que, al formar sus expectativas sobre el futuro, nunca se equivocan de forma sistemática. El segundo que, como es imposible sumar los comportamientos de millones de personas diferentes, se supone que toda la economía funciona como si en ella sólo hubiera un único consumidor «representativo» de todos y una única empresa también «representativa» de todas las existentes. Y, finalmente, que, en esas condiciones, no hay crisis posibles, sino tan sólo «perturbaciones» aleatorias que llegan desde fuera y de las que la economía se recupera automáticamente volviendo a su equilibrio.

El ahora premiado Robert Hall contribuyó a fundar esta manera de razonar con un célebre artículo de 1978 en el que aplicaba las expectativas racionales al consumo. Y Michael Woodford la llevó a su expresión más acabada en los llamados «modelos neokeynesianos», que, con variantes, son los que hoy día emplean prácticamente todos los bancos centrales para fijar los tipos de interés, «gestionar las expectativas» y anunciar lo que piensan hacer gracias a los componentes que he mencionado: agente representativo, expectativas racionales, mercados que tienden siempre al equilibrio y crisis que vienen de fuera.

Suponer que tenemos un abrelatas

En mi último libro he explicado que este tipo de modelos razonan como el economista del chiste que, perdido en una isla con latas de comida y sin nada con qué abrirlas, propone a sus compañeros: «Supongamos que tenemos un abrelatas».

El consumidor y la empresa representativos, las expectativas racionales y el equilibrio automático son ese abrelatas. Algo que no existe pero que suponemos que lo tenemos para que puedan funcionar los modelos que nos conviene que funcionen.

Hace ya más de cincuenta años que se demostró matemáticamente que todas esas condiciones no pueden darse en la realidad, pero la solución de la economía dominante no fue abandonarlas, sino seguir dándolas por buenas y construir sobre ellas los mismos modelos con variantes cada vez más sofisticadas.

El modelo de referencia del ahora premiado Michael Woodford es el colmo de los disparates. Se plantea, literalmente, como el de una economía «sin efectivo», en la que el dinero apenas desempeña papel alguno y el banco central se limita a fijar un tipo de interés. No hay bancos que creen dinero de la nada al conceder préstamos, ni deuda privada que se acumule, ni burbujas financieras que estallen. Es decir, falta justamente lo que es bien sabido que provocó la mayor crisis de nuestro tiempo.

Por eso es lógico que no la pudieran ver venir, como tampoco los episodios inflacionarios que deben controlar. Tras el desastre, siguieron elaborando los modelos como si nada hubiera pasado, limitándose a remendarlos con nuevas «fricciones» financieras y el propio Woodford publicó un artículo en 2009 celebrando la «convergencia» de la macroeconomía en una nueva síntesis que compartían ya casi todos los economistas.

Un saber presentado como la ciencia neutral que no lo es

Al presentar la economía como un sistema que tiende por sí solo al equilibrio y en el que sólo hace falta que un banco central «técnico» ajuste los tipos de interés, convierten en un asunto de expertos preguntas que deberían ser objeto de deliberación democrática. Por ejemplo, cuánto paro estamos dispuestos a aceptar para contener la inflación, a quién beneficia que suban o bajen los tipos de interés, o quién paga los rescates bancarios. Preguntas puramente políticas que los economistas convencionales quieren hacer creer que se responden como si fueran ecuaciones.

La paradoja de este año se produce cuando el premio del Banco Central de Suecia premia a quien diseñó los modelos que usan bancos centrales cuya independencia está siendo atacada desde el poder político más agresivo y caprichoso, el del trumpismo. Pero la respuesta a ese ataque no puede ser la de blindarlos de nuevo bajo el manto de una ciencia inexistente, sino someter sus decisiones a un control democrático transparente, con modelos plurales y realistas, y con rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Las alternativas existen. Hay economistas que trabajan con modelos que incorporan el dinero bancario, la deuda, la energía, la diversidad de comportamientos y la complejidad de la vida económica, y que han acertado allí donde los modelos premiados fallaron. Pero rara vez reciben el premio del Banco de Suecia, que en su inmensa mayoría ha ido a parar a quienes defienden la corriente dominante que ha provocado el mayor número de crisis financieras de la historia y una concentración de la riqueza y el poder igualmente sin precedentes.

Lo que se ha premiado una vez más no es un descubrimiento que beneficie a la humanidad, como quería Alfred Nobel, sino una forma de pensar la economía que conviene a quien da el premio y que beneficia a muy pocos. Galbraith hablaba de todo esto como «fraude inocente». Yo tengo cada vez más dudas de su inocencia.

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Artículo de Alberto Fraguas en Espacio Público

«Las generaciones futuras no participan en el mercado actual; por lo tanto, el sistema de precios monetarios ignora por completo los derechos de quienes aún no han nacido». (Nicholas Georgescu-Roegen). 

Ø La desconexión entre Economía y Biosfera

Durante los últimos siglos, las ciencias clásicas han considerado al dinero como un mero lubricante de la actividad comercial, un instrumento que facilitaba y cuantificaba el intercambio de bienes y servicios, operando como criterio de valor de manera sesgada pues implica una formulación intrínsecamente abstraída de la realidad biofísica planetaria no siendo consciente de que se ha interpuesto un “velo monetario que nubla la vista” que dice Jorge Riechman, en una forma de mirar la realidad a través del dinero, confundiendo variables monetarias con la realidad misma. Un mundo al revés «donde los bosques solo tiene valor una vez de que son talados».

La crisis ambiental global caracterizada por el cambio climático, la pérdida masiva de biodiversidad y la alteración de ciclos biogeoquímicos, se cataloga sistémicamente como “fallos de mercado” o deficiencias tecnológicas, sin darse cuenta de la profunda fractura que separa al dinero de las leyes biofísicas que rigen la naturaleza. De hecho el dinero actúa como determinante de los bienes naturales (devenidos en recursos) explotables determinando autorreferencialmente hasta qué punto llega esta explotación con pretendida capacidad de expansión exponencial aunque bien es sabido que los ecosistemas funcionan bajo ciclos metabólicos de materiales y energía sujetos a una degradación entrópica que es ignorada por el pensamiento económico neoclásico que rige en la actualidad.

En definitiva, el sistema financiero actual, siendo un subsistema dentro de la biosfera, actúa con reglas que van contra la misma. Y el dinero es la herramienta fundamental en este proceso. Mientras que la naturaleza opera básicamente en ciclos cerrados y límites finitos, el dinero está estructurado bajo una lógica de crecimiento un tanto abstracto e ilimitado. Un sistema ecológico definido por biomasa, termodinámica, autoregeneración,  corresponde un sistema financiero basado en deuda sin límites físicos. A lo circular, cerrado donde un residuo, un resto, es nutriente o recurso de otro organismo; se corresponde el extraer, monetizar y desechar (no hay producción sino extracción con beneficio dice Jose Manuel Naredo). 

A unos ritmos biológicos, madurativos, estacionales; el sistema financiero y el dinero plantea el interés compuesto y la aceleración de retornos financieros. En suma, a la capacidad de sostener la vida como principio se opone mercantilizarla y monetizarla por oferta y demanda.

Pero para comprender la naturaleza ecológica del dinero es preciso hacer una lectura del mismo desde las leyes de la termodinámica siguiendo a Nicholas Georgescu-Roegen. Así nos daremos cuenta de las diferencias entre dinero bancario o fiduciario y la riqueza real y cómo cuando la masa monetaria y las demandas de deuda superan la capacidad biofísica de la Tierra para suministrar energía de baja entropía (petróleo, biomasa, minerales), el sistema financiero reacciona mediante procesos inflacionarios, burbujas especulativas que implican sobreexplotación extractiva, tratando los recursos naturales como meros insumos sustituibles por capital financiero y trabajo.

Ademas , como es bien sabido la creación de moneda no se realiza mediante la impresión pública de billetes por parte de los Estados, sino a través de emisión de deuda privada por parte de los bancos comerciales otorgando préstamos creando dinero de la nada. Así se propician brechas en la liquidez en una «bola de nieve» perpetua y perversa pues se crea el capital el nominal de la deuda pero no los intereses para liquidarla para lo cual la masa monetaria general debe expandirse continuamente con más y más préstamos obligando a un crecimiento permanente pues si se frena el sistema entra en una cascada de impagos y colapsa. 

La deuda actúa así como un mecanismo de embargo sobre los flujos metabólicos futuros del Planeta que son elementos funcionales vitales sostenedores de las estructuras vivas, que además aportan “servicios” ecosistémicos a las sociedades humanas.

El dinero por tanto se presenta como un medio neutro de intercambio y reserva de valor, sin embargo en la práctica actúa como vector de aceleración metabólica que entra en conflicto directo con los límites biofísicos de la Tierra. Una crítica ecológica del dinero exigiría desmantelar ese relato del permanente crecimiento en que está instalada nuestra sociedad y así trascender la visión del dinero como simple medio supuestamente neutral para conformarse más en lo que es, una “tecnología” de asignación de poder que condiciona y determina la cohesión social y el equilibrio ambiental.

Ø Los riesgos de la Monetización Digital

En ocasiones hemos visto como desde determinadas visiones tecno ilusorias se pretende insistir en las supuestas bondades de la digitalización del dinero con la pretendida excusa de su supuesta desmaterialización impulsando las denominadas Finanzas Descentralizadas (DeFi) en un giro retórico para llevar a considerar que existiría un capitalismo “malo, no digitalizado” y otro «bueno que sí lo está» y … además descentralizador de poder. Esta falacia se desmonta muy fácilmente si tenemos en cuenta las enormes dependencias de las tecnologías específicas que requieren por definición y que para la implementación del proceso DeFi se precisan procesos muy alejados de esos paradigmas descentralizados que tanto apelan.

Pero, además, es falso este proceso de desmaterialización. Lo cierto es que empieza a ser muy conocido las enormes demandas de energía que este capitalismo digital está teniendo y la que tendrá considerando la relación directa multiplicativa entre esta DeFi y la IA pues ambas generan una evidente retroalimentación tecnológica, una sinergia operativa que incrementa el consumo energético de sus matrices nutrientes como son los Centros de Datos y no solo en esta materia pues más allá del alto consumo energético, existen otros graves impactos ambientales que la digitalización monetaria y las DeFi incrementarían y que deben ser destacados.

 + Consumo hídrico

El sistema impuesto por las interrelaciones IA/DeFi/Centros de Datos implica un enorme consumo de agua lo que tensiona la planificación hídrica, especialmente en áreas con estrés hídrico.

Las tendencias actuales son las de optimizar esta tecnología por sistemas errados, sin evaporación, que reduciría los consumos hídricos; si bien hoy en día se siguen utilizando modelos abiertos.

 + Minerales Críticos

La fabricación de chips avanzados y servidores requiere de explotaciones mineras intensivas de litio, cobre, cobalto, níquel y tierras raras que generan un alto impacto en suelo, biodiversidad, paisaje y agua con elevada incidencia en la acidificación de este recurso que inhabilita su uso.

 +Residuos Electrónicos

La rápida obsolescencia de los sistemas tecnológicos con nuevas generaciones en permanente crecimiento proyecta la generación de millones de toneladas de basura electrónica, aparatos sin uso ni reutilización factible que es preciso gestionar en vertedero a pesar de los procesos de reciclaje que hubieran sido realizados.

Ø  Colonización monetaria de la biosfera

La visión ecológica del dinero exige también un análisis geopolítico de cómo las jerarquías de las divisas incentivan la desigualdad entre el Norte y el Sur Globales, con dólar y euro en el vértice superior de ese colonialismo monetario que posee el privilegio de emitir moneda de “reserva especial”, que obliga a los países del Sur a emitir a acumular dólares y euros (con una moneda frágil al cambio) para lo cual deben exportar masivamente materias primas con bajo valor añadido y de alta degradación ambiental interna y todo ello con la presión de FMI y Banco Mundial de ajustar procesos de austeridad interna que garanticen la devolución de deudas externas, a veces con depreciación de monedas locales que abaratan mas aun los recursos naturales del país afectado acelerando procesos especulativos y por consiguiente los vacíos metabólicos del Sur, en beneficio de los patrones de consumo del Norte.

Por otra parte y ligado indirectamente a esta lógica geoextractivista, la crisis climática global ha ido consolidando falaces mercados capitalistas que proponen soluciones basadas en la financiarización de la naturaleza con monetización de servicios ecosistémicos en base a actuaciones supuestamente correctoras o compensatorias fundamentalmente en el Sur Global. Así los créditos de biodiversidad, bonos y derivados verdes, créditos de carbono, bonos “cat”, etc… métricas muy cuestionables estructuralmente desde una visión ecológica del dinero pues suponen monopolización especulativa sin reducción entrópica real. Reducir la complejidad de un bosque primario o un humedal a una tonelada de CO2 para cotizar en un mercado financiero abstrae la red incalculable de interacciones biológicas que no pueden ser monetizadas ni sustituidas. Por otra parte, la creación de activos financieros basados en servicios ecosistémicos atrae al capital financiero especulativo, desencadenando procesos donde comunidades locales y pueblos indígenas son desplazados para dar paso a proyectos de compensación de carbono operados por grandes corporaciones.

Existe otro aspecto añadido pues la sustitución de la infraestructura fósil por tecnologías renovables (vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas) requiere una intensidad minera inédita (litio, cobalto, cobre, tierras raras). Si la transición se financia bajo las métricas de rendimiento del capital tradicional, la demanda de rendimiento financiero acelerará la devastación territorial en las zonas de extracción.

Ø Por una nueva arquitectura monetaria mas ecologica

Una transición ecológica del dinero no puede limitarse a “finanzas verdes” o a meros mercados del carbono o bonos de biodiversidad que replican dinámicas extractivas.

Es preciso para acercar el sistema financiero al ecológico rediseñarse un dinero biocompatible con los límites del Planeta.

Un enfoque basado en la ecología del dinero propone una metáfora orgánica y metabólica: el dinero no es un objeto neutro ni un simple medio de cambio, sino el sistema nervioso central y metabólico de la sociedad humana. Determina qué proyectos reciben energía (capital), qué comunidades se desarrollan, qué recursos se extraen y qué valores se incentivan. Si el dinero es portador de una “patología sistémica”, las decisiones colectivas orientadas por él inevitablemente degradarán el hábitat que las sostiene.

Así como en la naturaleza existe una homeostasis, un equilibrio dinámico en materiales y energía el sistema financiero debiera tender a ello, fomentando:

• Flujos y no acumulación. En los ecosistemas la materia no se acumula indefinidamente, circula permanentemente. Así el dinero genera valor real cuando circula y nutre la economía local, social y regenerativa y no estancado en especulación extractiva.
• Diversidad. La diversidad genética es básica en la evolución natural. Un ecosistema basado en una única especie es extremadamente frágil a perturbaciones externas. De la misma forma, un sistema económico que depende exclusivamente de escasas monedas dominantes es vulnerable. Se requiere un “policultivo” monetario (monedas locales, créditos mutuos, monedas de reciclaje,…) y financiero (finanzas éticas).

• El crédito o la masa monetaria no pueden sobrepasar la capacidad de regeneración de los ecosistemas. Las transacciones financieras deben mantener los entornos donde se aplican regenerando los entornos naturales y sociales o mejorando los mismos.

Estas analogías ecosistémicas biométricas del sistema financiero deben considerar modificar los factores de diseño  cambiando  las reglas de juego que mueven los ciclos metabólicos:

• Control público en la creación del dinero reconociendo éste como un bien común y un instrumento de planificación ecosocial.
• Dinero entrópico. Tasas negativas de interés. El dinero no utilizado pierde (no gana) valor con el tiempo. Se degrada como algunos bienes naturales inmóviles.
• Unidad de reserva respaldada por elementos ecológicos. Retomando el concepto de “Emergía” de HT Odum, crear una divisa de reserva respaldada por criterios de preservación de bienes naturales comunes globales. Una moneda que aumente de valor a medida que se conserven los sumideros de carbono y la biodiversidad y por tanto reorientada a la salud planetaria y humana.

Obviamente esto se inicia por:

• Redefinir otro indicador global más allá del PIB.
• Reconducir la fiscalidad hacia nuevos paradigmas de circularidad y regeneración.
• Impulsar Banca Pública de fomento de la economía ecológica.

Ø Conclusiones

Los horizontes que aquí se manejan podrían interpretarse como utópicos. Sin duda. Pero una utopía de lo posible; una utopía del porvenir, de la esperanza, “que se esfuerza en nacer y no rutina que se obstina en seguir” (Víctor Hugo), llevando al sistema a situaciones de no retorno con el daño y desequilibrio (ambiental y de desigualdades) que esto conllevará. La situación actual de policrisis con soluciones rutinarias que se obstinan en las falsas soluciones exige demostrar que sí hay alternativas reales más allá de la escala de valores actuales.

Adoptar estos cambios en el sistema monetario (y financiero) pasan por asumir que el crecimiento perpetuo choca con la realidad del carácter finito de los recursos y que por tanto es necesario establecer otros paradigmas que desmitificando muchas de las imposiciones que el modelo actual conlleva, plantee una prosperidad y cohesión ecosocial donde las inversiones con regeneración de la naturaleza sean tan o más rentables que le economía extractiva.

El dinero es una de las tecnologías de coordinación social más potentes jamás inventadas por la humanidad. Sin embargo, al haber codificado en su diseño institucional el crecimiento ilimitado y la abstracción biofísica, se ha transformado en el principal vector de la crisis ecológica contemporánea.

Continuar intentando resolver el colapso ecológico sin transformar la naturaleza del dinero es una contradicción insuperable. La transición justa hacia un futuro sostenible requiere desmantelar la tiranía del interés compuesto, desfinanciar la extracción devastadora y construir una arquitectura de monedas biocompatibles. Solo cuando nuestras instituciones monetarias reconozcan las leyes infranqueables de la termodinámica y los límites ecológicos del hogar terrestre, el dinero dejará de ser una fuerza de destrucción biótica para convertirse en un instrumento al servicio de la vida y la equidad social.

La entrada Ecología del dinero se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo de Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens en sinpermiso

La imagen ha dado la vuelta al mundo: Maricarmen, 87 años, sacada en camilla del piso de Madrid donde había vivido 71 años, desalojada por un fondo que decidió que su renta antigua valía menos que la rentabilidad esperada del inmueble. Naciones Unidas había pedido paralizar el desahucio; se ejecutó igual, con cargas policiales frente al portal para dispersar a quienes intentaban impedirlo. Era uno de los cerca de 300.000 desahucios que ha habido desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno. Pero el caso de Maricarmen tuvo una repercusión que la inmensa mayoría de las otras decenas de miles no tuvieron. La vivienda ahora está en el centro de la preocupación política. El modo de producir capitalista actual, una vez abandonada la anomalía de los llamados con mayor o menor fortuna 30 gloriosos, es esto. Una máquina de triturar a los que no tienen, y de favorecer a los ricos y muy ricos. El mercado inmobiliario es un mercado importante, pero en definitiva un mercado. Como recientemente explicaba un buen conocedor de la historia del modo de producir capitalista: “El mercado parece algo natural, pero cualquier mercado está constituido política, social y culturalmente”. Es decir, para abreviarnos algunas palabras, lo que hoy se hace y no se hace en el mercado inmobiliario es porque parlamentos y gobiernos lo hacen posible. Como hacen posible todos los demás mercados políticamente. Las relaciones que se permiten o no se permiten en los mercados son sociales y políticas, no naturales. No existe un mercado que actúe libremente, sin reglas. Lo que existe son distintos diseños institucionales, con distintos efectos sobre precios, acceso y reparto del riesgo. El debate real es qué reglas queremos y a quién benefician.

La reacción popular a esta barbaridad inmobiliaria que dejó sin casa a Maricarmen está siendo muy elevada. Pero no es general. La carente falta de sensibilidad, cuando no la mezquindad—por no emplear términos mucho más duros— de algunos políticos y de algunos jueces ha quedado claramente reflejada.

Después de los dos decretos no aprobados por el Parlamento español en la sesión del viernes 2 de octubre de los que se habla en otro artículo de Sin Permiso, se abren las puertas a unas posibles elecciones anticipadas. El PSOE debe tener muy presente la reciente victoria de Die Linke en Berlín con un programa centrado en la vivienda.  En Berlín donde una cuarta parte de las viviendas alquiladas son públicas (unas 400.000), y se pretende llegar a 600.000 en breve. Para hacernos una proporción: Madrid tiene unas 10.000.

La movilización por la vivienda en la calle recuerda con mayor o menor fortuna a la que inició hace 15 años el 15-M. Puede ser el inicio de un cambio de rumbo en favor de las reivindicaciones populares. Ha explotado un malestar y hay que entender con precisión las raíces materiales de ese malestar, antes de que otros lo relaten con total impostura, aunque la realidad se asemeje a esta supuesta explicación como un huevo a una castaña. El riesgo, si seguimos sin soluciones reales, ya no es solo un nuevo giro conservador como en 2011. Es que esta vez pueda abrirse paso directamente el fascismo o muy cercanas, que cargará todavía más contra pobres e inmigrantes. Hoy mismo se ha publicado una encuesta en La Vanguardia sobre elecciones al Parlament de Catalunya en donde Aliança Catalana, la extrema derecha catalana, ¡empata con el PSC en el primer lugar!, Vox, la extrema derecha española, pasa de 11 a 18 diputados, y la izquierda a la izquierda del PSC se desvanece. Una pequeña buena noticia de la encuesta: Junts se hunde: Los administradores y las inmobiliarias le han agradecido el voto de clase, pero no parece que muchos de sus tradicionales votantes se hayan entusiasmado con su voto contra los decretos de la vivienda de esta semana pasada en el parlamento español.

Un mecanismo concreto de las raíces materiales: el mercado de la vivienda

En términos agregados, el Reino de España es hoy un estado considerablemente más rico que a finales de los años ochenta. Ahí no hay truco: el PIB real ha crecido de forma sostenida y, en 2024, la economía todavía avanzó un 3,5 % real. La pregunta que interesa no es si el Reino ha crecido —lo ha hecho—, sino por qué a una parte tan grande de su población les cuesta tanto reconocerse en esa prosperidad.

La respuesta no está en la macroeconomía agregada, sino en un mecanismo muy concreto. Durante tres décadas, la productividad abarató extraordinariamente todo lo que se puede fabricar y transportar —comida, ropa, electrodomésticos, tecnología—, liberando presupuesto en los hogares modestos. Pero ese dividendo no se convirtió, para buena parte de la población, en más cultura, más ahorro o más patrimonio. Se lo comió la vivienda: el único bien esencial que ningún avance de productividad puede multiplicar, porque nadie puede importar un piso vacío de una comarca despoblada para instalarlo en el centro de Madrid o Barcelona.

Esa es la tesis: la economía española ha crecido, pero ha convertido una parte desproporcionada de ese crecimiento en el precio de un activo —el suelo urbano donde vive la gente— cuyo encarecimiento beneficia sobre todo a quien ya lo poseía y penaliza a quien todavía necesita entrar. El resultado no es que todo el mundo tenga menos renta que en 1988; es que una parte creciente de la población tiene menos libertad económica después de pagar por vivir donde están el empleo, los estudios y los servicios; o sea tiene menos renta después de pagar para vivir con techo.

Son cuatro las fuentes en que nos apoyamos y que se complementan: la encuesta de presupuestos familiares que cada país remite de forma armonizada a Eurostat —la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) española es, precisamente, la versión local de ese mismo ejercicio—, que permite reconstruir la estructura del gasto por quintiles entre 1988 y 2024 y compararla con otros nueve países europeos; la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España, que sigue la riqueza neta y la propiedad de vivienda por edad entre 2002 y 2024; las series de Contabilidad Nacional y renta disponible real de Eurostat e INE; y el reciente estudio de Funcas (2026) sobre desigualdad de consumo, que aporta un contraste independiente sobre la recomposición generacional del gasto. Con la EPF vemos el flujo —qué gasta cada hogar—; con la EFF vemos el stock —qué ha conseguido acumular cada generación—. Cruzadas, las dos historias son bastante más incómodas que cualquiera de ellas por separado.

Más ingresos y más pobres

Conviene empezar con una precaución: la renta disponible real de los hogares españoles no se ha desplomado desde 1988. Entre 2004 y 2024 creció alrededor de un 11 %, la mitad que en el conjunto de la Unión Europea (22 %), pero creció. El Reino de España no es un país que se haya empobrecido en términos absolutos. Es un país donde el crecimiento se ha repartido de una manera muy particular.

Esa manera se ve con nitidez en la cesta de la compra. En 1988, el quintil de renta más bajo dedicaba el 34,6 % de su presupuesto a alimentación y el 17,1 % a vivienda, agua y suministros. En 2024 la relación se ha invertido: la alimentación baja al 19,9 % y la vivienda sube al 40,3 %.

La caída del precio de la alimentación no es mala noticia: es la ley de Engel funcionando como debe —una persona que aumenta sus ingresos gasta proporcionalmente menos en comer—. La pregunta interesante es en qué se ocupó el espacio liberado. En el quintil alto, ese margen se repartió entre transporte, restauración y cultura. En el quintil bajo, la vivienda no solo absorbió el ahorro de la alimentación: absorbió 8,5 puntos más de los que liberó. Y se volvió regresiva: en 1988 el quintil bajo gastaba en vivienda 3,5 puntos menos que el quintil alto; en 2020 gastaba 8,5 puntos más.

Más allá de los puntos porcentuales, ¿qué significa esto en euros? Para calibrarlo sirve una prueba ilustrativa: descontado el gasto en vivienda y suministros, ¿cuánto le queda a cada quintil, en euros constantes, para todo lo demás? Deflactando el gasto total del hogar y restando el peso de CP04, la capacidad real de consumo no residencial entre 1988 y 2025 cae en todos los quintiles salvo el más alto:

El resultado es contundente incluso con esa cautela: los cuatro quintiles inferiores tienen hoy menos margen real para todo lo que no sea vivienda que en 1988; solo el quintil superior gana margen. Dicho de otro modo, el abaratamiento relativo de la alimentación, la ropa o la tecnología no compensó, para el 80 % de los hogares, lo que la vivienda les quitó.

El proceso, además, no arranca con la crisis del alquiler de los últimos años: en 1994 la vivienda ya suponía el 21,7 % del presupuesto del quintil bajo; en 2005, el 27,4 %. Cuando estalló la burbuja de 2008, la transformación llevaba ya más de una década en marcha.

El extraordinario dinamismo de los ingresos inmobiliarios queda al descubierto al analizar los registros de la Agencia Tributaria: en la última década (2015-2025), el volumen total de rentas por alquiler de vivienda declaradas en el IRPF experimentó una escalada brutal del 95,2% en términos nominales, pasando de 17.881 a 34.917 millones de euros. Incluso al deflactar este avance con el IPC acumulado, el crecimiento neto en términos reales se situó en un demoledor 56% (equivalente a unos 27.900 millones de euros constantes). Esta opulencia rentista colisiona frontalmente con la cruda realidad de la clase trabajadora: mientras el negocio del ladrillo se expandía a dos dígitos por encima de la inflación, el salario medio anual en el Reino de España apenas registró una subida nominal en el entorno del 27%, lo que al ajustarse al coste de la vida se traduce en un estancamiento real prácticamente absoluto de los sueldos (apenas un 2% de ganancia real en diez años). Esta gigantesca brecha entre la explosión de los rendimientos inmobiliarios y la anemia de los ingresos laborales ilustra el núcleo de la crisis: mientras el rentismo consolidaba un espectacular aumento de su poder adquisitivo neto, la devaluación relativa del trabajo forzaba a los hogares a pasar de destinar menos del 20% de su presupuesto a la vivienda a devorar más del 40% del mismo, consolidando una transferencia masiva de riqueza.

El Reino de España y la Unión Europea

Comparando la evolución del peso de vivienda y suministros (CP04) en el presupuesto del quintil más bajo de renta en diez países europeos —con datos armonizados por Eurostat entre 1994 y 2020—, el Reino de España destaca con claridad:

El Reino de España no tiene en 2020 el nivel más alto de la muestra —Dinamarca está algo por encima y Alemania muy cerca—. Lo que tiene es el recorrido: parte en 1994 de uno de los niveles más bajos del grupo y, en un cuarto de siglo, converge hacia los más altos. Ningún otro país multiplica de esa manera el peso residencial en la parte baja de su distribución de renta. Y, otra vez, el tramo de mayor pendiente ya se había recorrido con anterioridad a 2008: entre 1994 y 2005 —antes del estallido de la burbuja— el peso de la vivienda en el quintil bajo español ya había ganado más terreno que el que la mayoría de estos países ganarían en las dos décadas siguientes. La lectura correcta no es que la vivienda española fuera, en términos absolutos, la más cara de Europa. Es que el Reino de España hizo el ajuste más deprisa y más pronto, y lo concentró precisamente en los hogares con menos margen para absorberlo.

Tres actos de una misma historia

Primer acto: 1997-2007 fue la primera ruptura. La convergencia hacia el euro hundió los tipos de interés, el crédito hipotecario se disparó —la mediana del préstamo llegó a superar el 107 % del precio de compraventa—, la fiscalidad favorecía la propiedad y la vivienda protegida se vendía con calificación temporal, de modo que se incorporaba al mercado libre pocos años después. Quien compró pronto obtuvo un activo que subía de precio. Quien era demasiado joven o pobre se quedó fuera.

Segundo acto: 2008-2014 no devolvió el reloj atrás, cambió la forma del problema. Los precios cayeron con fuerza —a finales de 2023 seguían un 28,5 % por debajo del máximo de 2007 en términos reales—, pero el desempleo masivo, las ejecuciones hipotecarias y el crédito restringido dejaron fuera del mercado precisamente a la generación que debería haber comprado entonces. Un piso un 30 % más barato no es más accesible para quien acaba de perder el trabajo.

Tercer acto: desde 2014 empezó un segundo ciclo, esta vez de alquiler y escasez de oferta más que de apalancamiento hipotecario. Los precios nominales subieron un 56 % hasta 2023, el indicador de accesibilidad del Banco de España se deterioró más de un 30 % —frente a un 20 % en la zona euro— y el parque de alquiler social apenas llega a 290.000 viviendas, en torno al 1,5 % de las viviendas principales, uno de los porcentajes más bajos de Europa.

Puesta en perspectiva, esta cronología deja un mensaje incómodo para el debate actual: el salto estructural en el peso de la vivienda ya se había producido con la primera burbuja, entre finales de los noventa y mediados de la primera década de 2000, mucho antes de que nadie hablara de fondos buitre o de pisos turísticos. La crisis de acceso y de alquiler que ocupa hoy los titulares no inventó el problema. Lo agravó sobre un terreno que ya estaba roto desde antes de 2008. Lo dicho: lo que hoy se hace y no se hace en el mercado inmobiliario es porque parlamentos y gobiernos lo hacen posible y lo vienen haciendo desde hace décadas.

Edad y propiedad de la vivienda

Si los anteriores resultados, que permiten una visión muy sencilla del grado de concentración de la riqueza según la edad, se complementan con el régimen de tenencia de la vivienda, observamos que la tasa de propiedad de la vivienda entre los menores de 35 años cae del 66 % en 2002 al 36,7 % en 2024; entre los mayores de 75 apenas se mueve. En 2024, la riqueza mediana de un hogar propietario ronda los 239.000 euros; la de un hogar en otro régimen de tenencia, unos 6.400 euros. No es solo que los jóvenes tengan menos renta corriente: quienes compraron antes de que los precios se dispararan capitalizaron la subida como patrimonio, mientras quienes llegaron después la sufrieron como barrera de entrada. La vivienda ha convertido una desigualdad de renta en una desigualdad de patrimonio y, con el tiempo, en una desigualdad de oportunidades: cuando acceder a una vivienda depende cada vez más de una herencia o una donación familiar, la meritocracia empieza a fallar antes incluso de entrar en el mercado de trabajo.

Esta brecha generacional refleja un proceso aún más profundo de polarización de la riqueza acumulada. Entre 2002 y 2024, el índice de Gini de la riqueza neta en el Reino de España aumentó del 0,581 al 0,678 (alcanzando un pico de 0,693 en 2020), lo que evidencia una severa concentración del patrimonio en la cúspide. En 2024, el 10 % más rico de los hogares (percentil 90-100) acaparaba el 52,9 % de la riqueza neta total (frente al 42,9 % en 2002), y el 1 % más acomodado capturaba el 21,6 % (frente al 13,8 % en 2002). En el extremo opuesto, el 50 % con menor riqueza apenas poseía el 7,7 % del patrimonio total (frente al 12,5 % en 2002), mientras que el 10 % inferior presentaba una riqueza neta negativa (-0,22 %), asfixiado por las deudas.

Esta extrema desigualdad patrimonial consolida una estructura de extracción de rentas. La propiedad inmobiliaria secundaria y los activos societarios están masivamente concentrados en la parte superior: en 2024, el 92 % de los hogares del decil superior de riqueza poseía otras propiedades inmobiliarias (con un valor medio de casi 600.000 euros), y acumulaba un promedio de 137.700 euros en acciones no cotizadas y participaciones societarias —vía habitual para estructurar patrimonios inmobiliarios—. Por el contrario, los inquilinos, desprovistos de patrimonio, se concentran de forma abrumadora en los percentiles inferiores de renta y riqueza. El resultado es un mecanismo estructural de transferencia regresiva de rentas: los hogares de menores ingresos terminan financiando de forma sistemática la acumulación patrimonial de los rentistas más acomodados, ya actúen como personas físicas o a través de sociedades patrimoniales e inmobiliarias.

No hace falta convertir esto en una guerra entre jóvenes y mayores: la fractura es institucional, no moral. Nadie diseñó individualmente el sistema de precios de la vivienda, pero el momento histórico en que cada generación entra en el mercado determina buena parte de su destino patrimonial. Repetimos: lo que hoy se hace y no se hace en el mercado inmobiliario es porque parlamentos y gobiernos lo han hecho posible, lo han tolerado o lo han fomentado.
Los hogares españoles subieron por la pirámide de Maslow en el supermercado y volvieron a bajar cuando tuvieron que buscar techo. La comida y la ropa liberaron presupuesto, como corresponde a una sociedad de crecimiento estándar; pero la vivienda, que en términos de Max-Neef es un satisfactor esencial de la necesidad de protección, se ha convertido para las rentas bajas en un satisfactor inhibidor: absorbe tantos recursos que impide satisfacer participación, ocio, formación o, sencillamente, la posibilidad de emanciparse a una edad razonable. El malestar no requiere que nadie sea, en sentido estricto, más pobre que su padre. Basta con tener un teléfono mejor, comer más variado y viajar más seguro que en 1988, y aun así no poder reunir una entrada, vivir cerca del trabajo o formar una familia cuando se quiere.

Algunas propuestas

El reflejo habitual es reducir la respuesta a «hay que construir más vivienda» como casi todos los zorrocotrocos de la economía estándar defienden como loros. No es el punto de partida más interesante. Las propuestas que realizamos no pretenden ser ni indiscutibles ni las únicas, pero sí pueden servir a partir de la situación de la que partimos.

Las propuestas centrales

1) Movilizar lo que ya existe, empezando por las personas mayores. El Reino de España tiene un parque residencial envejecido y mal repartido: viviendas grandes y poco accesibles ocupadas por personas mayores solas, segundas residencias que apenas se usan unas semanas al año, pisos heredados y vacíos mientras se resuelve una sucesión. Un programa de viviendas con servicios para mayores —complejos con plantas de uso común, atención sociosanitaria y unidades de convivencia, construidos en suelo público o en solares privados para equipamiento — permitiría a las personas mayores mudarse a un hogar adaptado sin perder autonomía y liberaría su vivienda anterior para el alquiler asequible. La financiación puede ser casi autosuficiente: el alquiler que ya no pagan más, el alquiler que genera la vivienda liberada cubre buena parte de la cuota de la nueva vivienda tutelada, sin necesidad de subvención permanente o muy baja. A ello se suman dos vías más: financiar los costes de dependencia mediante el alquiler presente o futuro a precio asequible de la vivienda de la persona dependiente (modelo Pensium, en donde no se pierde la propiedad) y un programa de «habitación segura en hogar infraocupado» a escala real —captación proactiva, adaptación de la vivienda, mediación profesional, apoyo social, seguro e incentivos fiscales—, que ofrece a la gente mayor una convivencia segura y a mucha gente excluida una alternativa al mercado informal. Es política de vivienda y de cuidados a la vez, y multiplica el parque asequible sin levantar un solo bloque nuevo.

2) Convertir Casa47 en el eje, y replicarlo en cada comunidad autónoma. El Estado ya ha puesto en marcha Casa47, la entidad pública que ha sustituido a la antigua Sepes: reúne el suelo y la vivienda que le traspasan otros ministerios, más unas 40.000 viviendas y cerca de 2.400 solares con capacidad para otras 55.000 procedentes de la Sareb, con el compromiso explícito de que todo lo que gestione quede protegido para siempre. Es exactamente el tipo de instrumento que hacía falta, y hay que dotarlo de más suelo, más presupuesto y más capacidad de compra: su primera convocatoria para adquirir vivienda privada movilizó apenas 100 millones de euros, una cifra modesta frente a la magnitud del problema. Pero no debería quedarse en una experiencia estatal aislada. Cada comunidad autónoma debería crear o reforzar su propia agencia, con el mismo principio de protección permanente, para terminar las promociones semiacabadas que dejó la crisis de 2008 y levantar vivienda sobre los solares vacíos de titularidad pública o procedentes de la Sareb o de compras masivas a fondos buitre, mediante colaboración público-privada o con cooperativas y entidades de la economía social. Y el parque público debe gestionarse con criterio estrictamente social: hay que evitar lo ocurrido con la licitación de la gestión de viviendas de Casa47, que ha acabado en buena parte en manos de operadores privados lucrativos, reservando la contratación a entidades sociales o mediante concierto, lo que ayudaría además a fortalecer este sector de la economía social, clave en la lucha contra la exclusión residencial.

3) Activar el suelo disponible y expropiar temporalmente los solares vacíos. Hay que activar el suelo disponible ya actualmente, incluidos los suelos públicos destinados a equipamientos, donde se pueden construir alojamientos dotacionales para los colectivos con mayor dificultad de acceso: equipamientos en las plantas bajas y alojamientos en las superiores, en régimen de cesión de uso del solar, edificados y operados con precios sociales por administraciones o entidades. Además, debe hacerse cumplir la ley que fija un período máximo para edificar los solares, incluso mediante la expropiación temporal —o permanente— del uso del solar si es necesario, y lo mismo para edificios abandonados o semiconstruidos. En zonas tensionadas, la administración podrá expropiar temporalmente el uso de los solares vacíos sin expectativa cierta de construcción de vivienda (incluidos los paralizados bajo procedimiento judicial por impago de créditos) y cederlo a entidades que construyan vivienda social. Para ello hace falta un registro estatal de libre acceso con todos los solares disponibles o con construcción paralizada, su calificación urbanística y el tiempo que llevan sin edificarse, de modo que cualquier promotor pueda solicitar el derecho de uso temporal para construir vivienda social con un canon limitado por ley que haga rentable la operación.

4) Dividir lo sobredimensionado y reconvertir lo infrautilizado. El tamaño medio del hogar no deja de caer: en los últimos 40 años ha pasado de 3,5 a 2,5 personas por vivienda, lo que supone necesitar alrededor de un 40 % más de viviendas para alojar a la misma población, mientras sobran viviendas grandes ocupadas por una o dos personas. Permitir la división de viviendas de más de 80 metros cuadrados en unidades más pequeñas —con la condición de que al menos una de las nuevas unidades nazca con calificación de protección— multiplicaría la oferta adecuada al tamaño real de los hogares sin construir un metro cuadrado nuevo y sin obligar a nadie a vender ni a mudarse. En la misma lógica, hay que reconvertir pensiones, hostales, oficinas pequeñas u obsoletas, locales comerciales, residencias infrautilizadas y equipamientos obsoletos en alojamiento asequible, algo más rápido que construir, con programas de compra pública de estos activos; rehabilitar edificios en desuso en núcleos urbanos tensionados, colonias industriales y urbanizaciones (con financiación de sus servicios básicos, recepción municipal y transporte público); y fomentar la masoveria (figura catalana)  o aparcería urbana, que permite a grupos de jóvenes rehabilitar edificios vacíos públicos o de grandes tenedores y gestionarlos en cesión de uso por habitaciones, pagando en parte con horas de trabajo en la rehabilitación o en servicios comunitarios (cuidado de mayores, apoyo escolar).

5) Comprar suelo y vivienda para no volver al mercado “libre”. Viena lleva comprando suelo público desde la Primera Guerra Mundial para construir sobre él un parque de vivienda social que nunca ha dejado de ser público; Singapur hizo algo parecido desde los años sesenta, cediendo el uso por noventa y nueve años en lugar de vender la propiedad. Aquí no necesitamos copiar ninguno de los dos modelos al detalle, pero sí su principio: ejercer sistemáticamente el derecho de tanteo y retracto sobre suelo y edificios en zonas tensionadas, y ceder su uso a largo plazo en lugar de volver a venderlo. Un parque público que se vende cada generación no acumula nada; uno que solo cede el uso crece indefinidamente. Se completa con un derecho de compra de la administración o del inquilino sobre el precio de transmisión individualizado o en bloque de cada vivienda cuando se vendan paquetes de viviendas o créditos inmobiliarios a fondos de inversión (derecho cesible a un tercero para uso social y con prioridad para que el inquilino actual siga residiendo), y con sistemas de compra conjunta entre administración y ciudadanía, con porcentajes variables de cotitularidad y derecho de adquisición preferente para el cotitular.

6) Calificación permanente, no descalificable, y reserva obligatoria en la promoción privada. La vivienda protegida española ha fracasado en parte porque, pasados unos años, se descalifica y se incorpora al mercado “libre”. El propio objetivo declarado de Casa47 —llevar el parque público hasta al menos el 8 % de las viviendas principales, partiendo de apenas el 1,5 % actual— debería ser un suelo, no un techo: nada impide aspirar al 10 % en una generación, en línea con la media europea. El mismo principio debe aplicarse a la promoción privada: reserva obligatoria y permanente de vivienda protegida en cualquier desarrollo nuevo, como hace París desde 2003, y un incremento de densidad —del orden del 15 %— en operaciones de regeneración urbana a cambio de que ese excedente nazca con calificación indefinida. La reserva del 30 % que Barcelona aplica desde 2019 en grandes rehabilitaciones y construcciones nuevas no ha dado los resultados esperados: el principio se mantiene, pero su diseño debe revisarse, limitando el precio y el valor catastral de la parte proporcional de los solares residenciales que deben construirse reservando una parte a vivienda social, y exigiendo que una parte de la reserva sea de tipologías pequeñas, de alquiler asequible real, para una o dos personas, y permitiendo acumular el  % social de promociones pequeñas en otros solares o con compensación económica.

7) Regularizar, no criminalizar, la ocupación por necesidad, y evitar los desahucios por vulnerabilidad. Una parte de lo que se llama genéricamente «okupación» no es la actividad de mafias organizadas, sino familias en situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales que han entrado en una vivienda vacía porque no tenían alternativa. Confundir ambos fenómenos no ayuda a resolver ninguno de los dos. Donde la vulnerabilidad esté acreditada, la respuesta razonable no es el desalojo automático: es que la administración o alguna entidad social adquiera el inmueble —por acuerdo, por tanteo y retracto o, si hace falta, por expropiación, y con financiación pública o privada— y convierta esa ocupación de hecho en un contrato de alquiler social en toda regla, con derechos y obligaciones para ambas partes. Ya existen experiencias exitosas en Cataluña. Y ante los desahucios por vulnerabilidad sobrevenida, hay que garantizar una nueva vivienda para la familia desahuciada o bien pagar la renta al propietario con un fondo de pagos inmediatos. La otra cara de la misma distinción son la necesidad de garantizar ejecuciones exprés de las okupaciones con ánimo delictivo.

8) Tratar de forma distinta al propietario vulnerable y al gran tenedor. La política fiscal de vivienda debería mirar menos la etiqueta «propietario» y más el número de inmuebles, su uso y si están ociosos en zonas tensionadas. Es fundamental aplicar un sistema de control de rentas de nueva generación para las viviendas en zonas tensionadas —que limite no solo la firma de nuevos contratos, sino también su evolución durante toda la vigencia—. En paralelo, se debe introducir el aseguramiento de las rentas para quienes decidan alquilar a precio social, con garantías plenas frente a impagos, y permitir que en zonas tensionadas cualquier microtenedor (máximo 3 viviendas para alquilar) ceda sus viviendas a bolsas de alquiler social o a precio limitado, con gestión pública o de entidades sociales y cobertura de impagos y desperfectos.

9) Renta Básica universal, prestación por hijo y dotación de capital. Esta medida actúa sobre la renta de los hogares: eleva los ingresos de los quintiles más bajos —y deja a todo el mundo por encima del umbral de riesgo de pobreza—,  a costa de una reducción de los ingresos del quintil más alto, el único que ha ganado hasta ahora, en especial el 1 % o el 5 % más rico. La Renta Básica (RB) es una asignación individual, incondicional y universal: una asignación igual para toda la población. Eso no significa que todo el mundo gane: como hemos analizado en otras ocasiones, si se financia principalmente con una reforma del IRPF y del impuesto a la riqueza, el 20 % con más renta pierde. Cabe argumentar que el coste de la vivienda varía enormemente según el territorio y la edad, de modo que una cuantía única sería insuficiente en Madrid o Barcelona y elevada en el medio rural; hay quien ha defendido incluso que esa diferencia podría favorecer la repoblación de zonas rurales que han perdido y siguen perdiendo población. La objeción es cierta, pero la respuesta no es condicionar la RB a la situación de vivienda de cada persona, lo que la convertiría en una renta condicionada, sino complementarla con una asignación específica según la situación personal en materia de vivienda, que podría financiarse, a modo de ejemplo, con un impuesto sobre las rentas máximas y sobre las grandes fortunas.

El inicio de la aplicación de la RB debe ser la infancia: si hay una prioridad que no admite espera, es una prestación universal por hijo a cargo. Según los últimos datos de Eurostat, el Reino de España es el país de la Unión Europea con la tasa de pobreza infantil más alta: un 33,8 % de los menores de 18 años está en riesgo de pobreza o exclusión social, muy por encima del 24,3 % de media europea, y por primera vez en la serie histórica por delante incluso de Bulgaria y Rumanía. No es un problema que vaya a resolverse esperando a que la vivienda se abarate o a que la reforma fiscal general madure. Una prestación universal —igual para todos los menores, con independencia de la renta de sus padres— es de las pocas políticas con capacidad demostrada de reducir la pobreza infantil en pocos años allí donde se ha aplicado. Empezar por la infancia no compite con la RB de los adultos ni con el complemento de vivienda: puede verse como su primer peldaño, y el más urgente.

A la prestación se suman dos dotaciones de capital. La primera es una herencia ciudadana universal: un capital único del orden de 20.000 euros, financiado con el impuesto sobre las grandes fortunas (o la llamada “riqueza máxima”), entregado al cumplir la mayoría de edad o al terminar la formación y utilizable solo para una entrada de vivienda, estudios o un proyecto empresarial. No sustituye un ingreso mensual, pero ataca directamente la barrera de entrada que hoy solo salvan quienes tienen detrás una familia con patrimonio; además, se podría asignar la dotación al nacer y quedar invertida en fondos que financien vivienda social, lo que doblaría el impacto (individual y social). La segunda es un fondo dotacional para la infancia, también de 20.000 euros de media en un solo pago pero de mayor cantidad para las familias más pobres (las de los primeros quintiles que no pueden recursos a cultura y educación) y decreciente según su renta y patrimonio, destinado a cubrir el gap de actividades extraescolares entre menores de clases altas y bajas (hasta 6000 horas equivalentes de educación en los 12 primeros años de vida), tan determinante en los resultados escolares y en la transmisión intergeneracional de la pobreza.

10) Reequilibrar el gasto social entre generaciones y transferir rentas de rentistas a no rentistas. Hoy pensiones y dependencia concentran alrededor del 13 % del PIB en gasto social, mientras que vivienda y apoyo a la emancipación juvenil no llegan al 1 %. Una RB, un complemento de vivienda y una prestación infantil desplazarían parte de esa transferencia hacia quienes hoy la necesitan para independizarse y formar un hogar, sin recortar pensiones. Para lograr este reequilibrio y consolidar una transferencia justa de rentistas a no rentistas, es imprescindible aplicar una nueva imposición sobre la riqueza inmobiliaria y los beneficios especulativos, que servirá de motor para financiar tanto la RB como las ayudas directas a la vivienda. La forma más eficaz de administrar la RB y sus complementos es automática, a través de la propia declaración de la renta —un impuesto negativo obligatorio para toda la población, que ingrese de oficio la diferencia a quien esté por debajo del umbral—, porque evita el problema crónico de las ayudas actuales, que hasta un 55-85 % de sus potenciales beneficiarios no llegan a cobrar por pura complejidad burocrática. La prestación infantil, al ser universal, se abonaría también de oficio a todos los hogares con menores, sin trámite alguno.

Medidas complementarias

11) Cerrar las vías de elusión y dar estabilidad a los contratos. Un acuerdo normativo firme debe exigir causa justificada de temporalidad en los contratos de entre 31 días y 12 meses y perseguir con más decisión el fraude de los alquileres de temporada, que hoy se usa para eludir los límites. Como se regulaba en el decreto caído, la suma de las rentas por habitaciones jamás podrá superar la renta del contrato unitario de la vivienda, pero más un porcentaje razonable de gastos de gestión y complejidad, y habrá que prohibir de forma efectiva los servicios accesorios opacos (wifi, limpieza, suministros, «gestión», ropa de cama, coworking, cuotas de comunidad), con tope, justificación obligatoria y sanción automática si sirven para esquivar la renta máxima. Los alojamientos turísticos deben fiscalizarse de forma unificada, con un 10 % de IVA y recargos municipales en el IBI, para defender el uso residencial. Y, a cambio de más estabilidad, hay que favorecer los contratos renovables automáticamente salvo necesidades específicas de las familias propietarias, con reglas justas para compartir los gastos de rehabilitación y mejoras entre inquilinos y propietarios, y con fórmulas estandarizadas de recuperación de parte de lo invertido por el inquilino en energías renovables o rehabilitaciones si el contrato se cancela.

12) Captar las viviendas que deja vacías cada fallecimiento. Las defunciones dejan vacías entre 75.000 y 110.000 viviendas al año. Hace falta un estudio conjunto del Consejo General del Notariado, el Registro de la Propiedad, el INE, la AEAT y las haciendas autonómicas, un registro de las defunciones que generan viviendas vacías y un periodo máximo para que la vivienda vuelva a usarse; pasado ese tiempo, o mientras la herencia no se acepte, la administración podrá expropiar temporalmente su uso para destinarla a vivienda social. Voluntariamente, desde la aceptación de la herencia o a los seis meses del fallecimiento, los herederos podrán ceder temporalmente la vivienda a bolsas de alquiler social, con ventajas fiscales, seguro de impago y de desperfectos y ayudas a la rehabilitación. La administración (o las entidades sociales a las que ceda el derecho) tendrá además derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas heredadas que no vayan a ser usadas por herederos o familiares.

13) Red de factorías de construcción industrializada. Establecer una red descentralizada de hasta 100 factorías de construcción y rehabilitación industrializada, financiadas con el PERTE de la construcción industrializada, con capacidad para construir cada una un mínimo de 750 módulos de vivienda al año y que actúen también como centros de formación profesional dual. Permitir además los proyectos-obra (diseño y ejecución contratados de forma conjunta) en la obra pública, sobre todo en la industrializada y estandarizada. En construcción industrializada hay que dar un salto adelante,

14) Agilizar los trámites, revisar la fiscalidad y canalizar el ahorro. Revisar la ley del suelo y agilizar todos los procedimientos burocráticos para que obtener los permisos necesarios, y el acceso a los suministros no cueste más tiempo que el propio proceso de construcción. Revisar también toda la fiscalidad, las ayudas del plan de vivienda y la burocracia asociada para que sea factible edificar vivienda social con rentabilidad suficiente y se incentive alquilar a precio asequible. Y favorecer fiscalmente que parte del ahorro privado, de los fondos de las mutuas, de pensiones y de inversión se dirija a proyectos de promoción de vivienda social, con mutualización de los riesgos de construcción y de puesta en marcha.

15) Agencias públicas de coarrendamiento y bolsas de habitaciones. Entidades públicas o público-cooperativas (ayuntamientos, autonomías, fundaciones o cooperativas) que alquilen pisos enteros o bloques a propietarios a una renta estable y los gestionen por habitaciones o por grupos con reglas públicas, ofreciendo contratos estables y agregando la demanda de jóvenes, precarios, migrantes y trabajadores esenciales. Reducen el riesgo del propietario, eliminan la selección arbitraria, permiten alojar perfiles que el mercado rechaza y transforman viviendas privadas en oferta casi pública sin necesidad de comprarlas: una pieza intermedia entre el mercado libre y el parque público tradicional. Junto a ellas, bolsas públicas de habitaciones asequibles, en las que el propietario cede la habitación a cambio de garantía total de cobro y contra desperfectos por parte de la Administración e incentivos fiscales en el IBI y el IRPF, y un algoritmo ciego de justicia social selecciona al inquilino solo por vulnerabilidad, arraigo, proximidad al trabajo y compatibilidad de hábitos, eliminando de raíz la discriminación por origen. Se completan con un fondo de microavales y fianzas para grupos de dos a cuatro inquilinos que quieran alquilar juntos un piso entero, con contrato único o solidario regulado y mediación para conflictos.

16) Alojamiento digno para personas solas y trabajadores esenciales. La vivienda asequible no puede pensarse solo como el piso estándar familiar: hay una demanda enorme de personas solas, separadas, migradas, jóvenes o precarias, y quien nunca podrá pasar el «casting» del piso entero necesita una vía alternativa. Hace falta un plan de alojamientos asequibles unipersonales y compartidos —estudios muy pequeños pero dignos, viviendas compartidas públicas o sociales, residencias urbanas laborales no estigmatizadas y alojamientos dotacionales para una transición de 3-5 años—, con el modelo APROP de Barcelona como referencia (con más premios que edificios construidos de momento) y construidos en la red de factorías propuesta (medida 13). Un derecho subjetivo a una plaza habitacional asequible (habitación, alojamiento dotacional o estudio) dentro de un plazo definido, no a un piso inmediato, pero sí a una solución digna, obligaría a planificar para hogares unipersonales; sería el primero de este tipo en el Estado. Un «Housing First Laboral» ofrecería a quienes trabajan, pero están excluidos del mercado alojamiento asequible inmediato, ahorro asistido e itinerario a vivienda ordinaria en 3-5 años, mucho más barato que gestionar después la exclusión social. Y un programa «Residencia de Proximidad» subvencionaría habitaciones en barrios céntricos para trabajadores esenciales (limpiadores, camareros, cuidadores) que de otro modo son expulsados a la periferia extrema de la ciudad que sostienen.

17) Regularizar el mercado de habitaciones sin expulsar a nadie una vez limitados los precios. Una moratoria anti-expulsión de 12-18 meses: si un arrendador de buena fe declara el contrato de habitación y ajusta la renta al marco legal, no puede rescindir por simple «limpieza» salvo causa tasada; a cambio, el inquilino acepta regularización y trazabilidad, en una amnistía condicionada para hacer aflorar mercado. Cuando la renta real supere la nueva renta legal máxima pero el desalojo implique exclusión severa, la administración cubrirá durante 6-12 meses una parte decreciente de la diferencia, condicionada a inscribir el contrato, garantizar la habitabilidad, no cobrar en negro y abrir un itinerario hacia vivienda asequible: no es subsidiar a rentistas, es comprar tiempo para evitar expulsiones invisibles. Se refuerza con un complemento de habitación tensionada más alto, temporal y focalizado (la ayuda máxima actual en Catalunya, 200 € al mes, puede ser insuficiente), con un derecho al empadronamiento de oficio, sin necesidad de autorización del arrendador.

18) Registro único e inspección con capacidad real. Un registro obligatorio de todos los contratos relacionados con soluciones habitacionales (vivienda entera, habitaciones, según duración), enlazado con los registros de fianzas y con Hacienda, que asegure también que apartamentos turísticos y alojamientos de temporada cumplen la obligación de comunicar los alojados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sobre él, una inspección algorítmica —cruce de padrón, fianzas, anuncios, consumos y denuncias con detección de anomalías— y de calle, con una Unidad de Alta Capacidad Inspectora de plantilla multiplicada en recursos, formada por agentes de autoridad y equipada para detectar sobreocupación, servicios ficticios y falta de habitabilidad.

Tres frentes a la vez

Ninguna de las medidas anteriores y otras que no hemos apuntado resuelve el problema por sí sola. Juntas atacan tres frentes a la vez: el físico —no hay suficiente vivienda asequible donde la gente la necesita—, el económico —no todo el mundo tiene ingresos suficientes para pagarla incluso cuando existe— y el del punto de partida —la infancia y la juventud, sin patrimonio familiar detrás, arrancan con una desventaja que ninguna política de vivienda, por sí sola, corrige—. Y claro está los protagonistas de las luchas por una vivienda digna, como el Sindicato de Inquilinas, también ofrecerán sus propuestas además de las ya hechas públicas.

Las raíces del malestar

El Reino de España ha crecido económicamente. Negarlo sería absurdo. Pero una parte sustancial de ese crecimiento se ha convertido en el precio de un activo no reproducible —el suelo donde vivimos— que beneficia de forma muy desigual a quien ya estaba dentro del mercado y encarece el acceso a quien llega después. Ese es el verdadero movimiento de tijera: lo que la productividad puede multiplicar se abarata; lo que la geografía y la regulación limitan se encarece, y absorbe cada vez más renta.

El PIB establece con más o menos fortuna cuánto produce un país. El malestar responde a otra pregunta: cuánto queda, después de pagar por existir en un lugar concreto, para decidir qué hacer con la propia vida. Mientras esas dos preguntas sigan teniendo respuestas tan distintas, el Reino de España podrá seguir batiendo récords macroeconómicos sin que una parte importante de sus hogares lo note. Ahí están las raíces del malestar. Si la izquierda o las fuerzas cercanas al fascismo lo capitalizan dependerá de la iniciativa y de las movilizaciones en las próximas semanas. De momento, parece que las movilizaciones apuntan bien. Una huelga general por la vivienda y contra el rentismo es una buena propuesta.

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Artículo de Paco Cantero, Coordinador de ATTAC Madrid en El Salto

Cuando se habla de la relación financiera entre Europa y Estados Unidos, suele describirse como una alianza: dos bloques que comparten instituciones, mercados y, en teoría, una visión común de cómo debería funcionar el sistema monetario internacional. Un episodio ocurrido a finales de julio de 2026 obliga a matizar esa visión. No porque revele un conflicto abierto, sino porque muestra con qué naturalidad Washington puede utilizar la moneda europea para resolver un problema propio, sin pedir permiso ni avisar con antelación. Para entender cómo se llegó a ese punto, primero hay que explicar una pieza básica del sistema financiero: el bono del Tesoro estadounidense.

Qué es un bono del Tesoro, explicado de forma sencilla

Un bono del Tesoro es, en esencia, un papel que dice “te debo dinero”. Cuando un país, un banco o un inversor compra uno, está prestando dinero al Gobierno de Estados Unidos. A cambio, recibe el compromiso de que se le devolverá con intereses en una fecha futura. Ese mecanismo lleva funcionando décadas, cada país que compra bonos entrega dinero real que Washington utiliza de inmediato para financiar el gasto público, y a cambio recibe la promesa de que se le devolverá con intereses. El resultado, multiplicado por decenas de países y ocho décadas, es que Estados Unidos debe hoy al resto del mundo más de 40 billones de dólares, una cifra que crece a un ritmo cercano a los 500.000 millones de dólares cada seis semanas.

Esa deuda tiene un coste. Cada año, Washington paga alrededor de un billón de dólares solo en intereses a los tenedores de esos bonos, más de lo que gasta en defensa. Y aquí está la pieza clave para entender todo lo demás: cuando alguien vende de golpe una gran cantidad de bonos, la oferta disponible en el mercado aumenta, su precio cae y, como consecuencia directa, sube el tipo de interés que Estados Unidos debe ofrecer para seguir colocando deuda. Cuanto más alto sea ese tipo de interés, más caro resulta para Washington financiarse. Por eso, por encima de casi cualquier otra cosa, a Estados Unidos le interesa que sus grandes acreedores no vendan sus bonos todos a la vez.

Japón, el mayor acreedor, y el mecanismo que se rompió

Japón es el mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense, con 1,19 billones de dólares en bonos del Tesoro a marzo de 2026, en torno al 13% de toda la deuda extranjera en manos públicas. Durante años, Japón mantuvo los tipos de interés cercanos a cero, lo que dio lugar a una estrategia muy utilizada entre los inversores conocida como “carry trade”: pedir prestados yenes casi gratis, convertirlos en dólares y usarlos para comprar bonos del Tesoro que pagaban un 4-5% de interés, embolsándose la diferencia. Ese flujo de capital japonés hacia la deuda estadounidense fue, durante años, uno de los pilares silenciosos que sostenían el sistema.

El problema surgió cuando confluyeron dos fuerzas, por un lado, la subida del precio del petróleo tras el conflicto con Irán, que disparó la inflación en un país que importa casi todo lo que consume, y por otro, el envejecimiento acelerado de la población japonesa, que reduce la mano de obra y el crecimiento. El yen se hundió hasta 163,87 unidades por dólar, su nivel más débil en casi cuarenta años. Para defenderlo, Japón anunció que empezaría a vender sus bonos del Tesoro estadounidenses (de hecho, ya llevaba varios trimestres reduciendo sus posiciones) y usaría esos dólares para comprar yenes y frenar la inflación. Es una lógica comprensible desde Tokio: vender bonos, obtener dólares, comprar yenes y fortalecer su propia moneda.

Pero desde la perspectiva de Washington, esa misma lógica supone una amenaza directa para el sistema descrito más arriba, ya que, si el mayor acreedor extranjero empieza a vender bonos a gran escala, los precios caen, los tipos de interés suben y la deuda estadounidense se vuelve más cara de sostener justo cuando ya crece a un ritmo insostenible. Y existe un riesgo añadido: si las ventas de Japón tienen éxito sin consecuencias, sienta un precedente que otros grandes tenedores como China, con cientos de miles de millones en bonos, o fondos apalancados en centros extraterritoriales, podrían replicar. Por eso Estados Unidos no defendió el yen por generosidad hacia un aliado, sino porque una crisis del yen amenazaba con convertirse en una crisis de su propio mercado de bonos.

Por qué el coste recayó sobre el euro

Aquí es donde entra la pieza que conecta todo esto con Europa. Frenar la caída del yen requiere comprarlo, y comprar una moneda requiere vender otra. La ruta obvia habría sido vender dólares directamente, como en anteriores intervenciones cambiarias. Pero vender dólares abiertamente habría enviado una señal que Washington no podía permitirse: que Estados Unidos estaba debilitando deliberadamente su propia moneda, algo que contradice el relato oficial del “dólar fuerte” y que podría inquietar precisamente a los acreedores extranjeros cuya confianza sostiene el sistema de bonos descrito antes.

La solución fue vender euros para comprar yenes. El mecanismo, una vez explicado, funciona así: vender euros empuja su valor a la baja frente al yen, mientras que comprar yenes empuja su valor al alza frente al euro. El resultado directo de esa operación es, por tanto, un euro más débil y un yen más fuerte entre sí, sin que la operación tocara técnicamente el dólar en ningún momento: Washington nunca vendió ni compró un dólar propio. Sin embargo, el efecto no se detuvo en esas dos monedas. En cuanto el mercado interpretó que Estados Unidos estaba orquestando esta maniobra para evitar vender dólares directamente (la vía obvia que podría haber tomado), esa misma lectura alimentó la percepción de que Washington toleraba, o incluso buscaba, un dólar más débil.

Fueron esas expectativas, y no la operación EUR/JPY en sí, las que también arrastraron al dólar a la baja frente a ambas divisas en los días siguientes. La devaluación que Estados Unidos necesitaba, y no podía anunciar abiertamente, se llevó a cabo así a través del balance de un tercero, Europa, y del efecto de señalización que esa maniobra generó en el resto del mercado. Analistas citados en la cobertura del caso, como Lena Petrova, señalaron que vender dólares directamente habría sido un arma de doble filo para la credibilidad del dólar, mientras que HSBC describió la operación como “muy inusual, quizá sin precedentes”, precisamente por la vía elegida.

Y el detalle que confirma que no fue una decisión trivial es que no se avisó al Banco Central Europeo antes de la operación. Según el Financial Times, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y Bessent no hablaron del asunto hasta el sábado siguiente, un día después de que la transacción se hubiera completado. Fuentes del BCE citadas por el mismo periódico describieron el episodio como “muy llamativo” y “lamentable”, subrayando que “nunca había pasado algo así”. Ocho décadas de cooperación entre los bancos centrales occidentales, construidas sobre la consulta mutua, quedaron sorteadas en cuestión de horas.

Una asimetría al descubierto

Este episodio no inventa la subordinación financiera europea, pero la expone con una claridad inusual. El sistema monetario internacional surgido de la Segunda Guerra Mundial se construyó en torno al dólar, no al euro. Europa participa en esa arquitectura, incluido el sistema de pagos SWIFT, pero no la controla como lo hace Washington, que ha demostrado su capacidad de excluir a todo un país de las finanzas globales, como ocurrió con Rusia. Esa diferencia entre participar y controlar explica por qué Washington pudo usar el euro sin negociar. Al carecer de una moneda con el peso estructural del dólar y con su seguridad entrelazada con la de Estados Unidos, Europa tenía poco margen real de respuesta.

El contraste con Japón es revelador. Mientras Europa asumía el coste sin compensación, Bessent presionaba públicamente para ampliar la línea de repos FIMA de la Reserva Federal, que permite a los bancos centrales extranjeros obtener dólares dando en garantía sus bonos del Tesoro, en lugar de venderlos. Es una red de seguridad diseñada para que Japón nunca tenga que desprenderse de su cartera. Europa no recibió nada equivalente, se le pidió el sacrificio sin ofrecerle protección.

Lo que revela el silencio posterior

Quizá lo más revelador no sea la operación en sí, sino la ausencia de cualquier reacción pública. No hubo protesta formal de las instituciones europeas, ni anuncio de medidas para evitar que vuelva a ocurrir; el malestar quedó confinado a declaraciones anónimas en la prensa financiera. Esa discreción es, en sí misma, una forma de subordinación: no poder permitirse una respuesta contundente hacia el socio del que se depende en tantos otros ámbitos.

La lección de fondo es que la jerarquía entre monedas no se mide solo en reservas globales o volumen de transacciones, sino en quién decide y quién se entera después. Estados Unidos sigue en la cúspide, con capacidad para movilizar los balances de otros, incluido el de Europa, para resolver tensiones nacidas de su propia posición fiscal. Europa, mientras tanto, sigue inmersa en un sistema que no diseñó y del que no puede desconectarse fácilmente, expuesta a convertirse en el amortiguador elegido cada vez que surge una emergencia que no es la suya, sin que nadie se lo pregunte antes.

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2 de octubre de 2026

Científicos, divulgadores y personalidades internacionales conforman una iniciativa que reclama medidas de prevención y adaptación a todas las escalas ante un fenómeno excepcional

Hoy, 2 de octubre de 2026, lanzamos Alerta El Niño, una iniciativa internacional que nace con un objetivo: anticiparse a los impactos que el episodio de El Niño previsto para 2026-27 provocará durante los próximos meses y reclamar a los gobiernos medidas proporcionales a la dimensión del riesgo.

La campaña cuenta con una nueva web, alertaelnino.com, que permitirá seguir la evolución del fenómeno, recopilar información sobre sus impactos y poner en contacto las respuestas ciudadanas que se desarrollen en distintos países.

El objetivo de Alerta El Niño no es esperar a que los impactos de este El Niño se materialicen para reaccionar, sino activar desde ahora mecanismos de preparación, prevención y adaptación.

Una campaña internacional de presión a los gobiernos

Alerta El Niño pone en marcha también una campaña internacional de firmas y concienciación ciudadana, dirigida a conseguir que los gobiernos incorporen el riesgo asociado al fenómeno a sus planes de emergencia y adaptación.

La web incorporará un mapa de previsiones e impactos y permitirá realizar un seguimiento de la evolución de El Niño y de las respuestas que se vayan produciendo en diferentes lugares del planeta.

España: cartas al Gobierno, al Parlamento Europeo y a las comunidades autónomas

En España, la campaña dará en los próximos días un paso específico con la presentación de cartas dirigidas al presidente del Gobierno, al Parlamento Europeo y a los presidentes y presidentas de las distintas comunidades autónomas.

La iniciativa pretende especialmente que las administraciones con competencias directas en materia de emergencias, protección civil, agricultura, agua, salud pública y adaptación climática incorporen cuanto antes los posibles escenarios asociados a El Niño en sus planes. La campaña reclama que las administraciones no esperen a que lleguen los impactos para comenzar a actuar y que desarrollen medidas de información pública, preparación ante fenómenos extremos, protección de las cosechas y recursos hídricos y refuerzo de los sistemas de emergencia, adaptadas a las características y riesgos de cada territorio.

El lanzamiento inicial provino de Yellow Dot Studios, el estudio audiovisual climático fundado por el premiado cineasta Adam McKay, director de Don’t Look Up (No mires arriba), junto a científicos, divulgadores y personalidades internacionales.

Entre las personas vinculadas a la iniciativa se encuentran nombres como Javier Bardem, Jane Fonda, Mark Ruffalo, Peter Kalmus, Fernando Valladares, Yayo Herero, Olga Rodriguez, Antonio Turiel, Juan Bordera y Joaquin Phoenix, entre otros muchos.

El mensaje de lanzamiento es claro: El clima extremo no espera a que estemos preparados. Los gobiernos tampoco deberían hacerlo.

Más información y adhesiones: alertaelnino.com

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Camarada Luis Alsó, Hombre de la tierra, agricultor de manos honestas, militante de Canarias Libre, víctima de la cárcel y la represión, jamás pudieron encerrar tus ideas.
En Burgos conociste el frío de los muros, pero también la solidaridad de quienes soñaban un mundo mejor.
Volviste a tu isla sin rencor y sin silencio, para seguir luchando por la paz, por la justicia social, por la naturaleza
y por los más humildes.
Recuerdo las reuniones de las células del PCE, donde tu presencia era escuela y tu ejemplo una brújula.
Nos abrazabas con tu amor profundo por Canarias y por su pueblo, por la tierra trabajada con las manos
y por el socialismo soñado entre compañeros.
Nunca hablaste desde arriba. Hablabas desde la vida.
Y así nos enseñaste que ser comunista es caminar junto al pueblo, mantener la coherencia y no abandonar nunca la esperanza.
Hasta siempre, camarada.
Tu nombre queda sembrado en la memoria del pueblo, como semilla de dignidad, de lucha y de esperanza.
Justo Soto
Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2026

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Entrevista a Ignacio Ramonet, periodista y catedrático de teoría de la comunicación, fundador de Attac Francia. Por Héctor Bujari Santorum  en Periodismo Alternativo

Ignacio Ramonet es una de las figuras más conocidas del periodismo internacional de las últimas décadas. Exiliado en su juventud, fundador de ATTAC y director de Le Monde diplomatique durante casi veinte años, su trayectoria ha estado ligada al análisis de la globalización neoliberal y el poder de los medios.

En esta exhaustiva conversación, analiza algunas de las grandes fracturas de nuestro tiempo: los desafíos éticos de la inteligencia artificial, la mutación de los medios bajo el yugo del algoritmo, la emergencia geopolítica de los BRICS y el Sáhara Occidental.

Nacido en 1943 en Redondela, creció en Tánger y estudió en Rabat, donde sus padres republicanos se exiliaron huyendo del franquismo. Más allá del análisis geopolítico, ¿cómo marcó esa experiencia vital de exilio su posterior mirada crítica sobre el mundo y qué vínculo personal y emocional mantiene hoy con Marruecos y con el conjunto del Magreb?

Mi experiencia del exilio fue probablemente la primera escuela de mi pensamiento crítico. Nací en Redondela en 1943, pero mi infancia y mi juventud transcurrieron esencialmente en Marruecos, primero en Tánger y después en Rabat, adonde mis padres habían llegado huyendo de las condiciones de vida en la dictadura franquista.

Crecer en Tánger fue una experiencia excepcional. Era una ciudad internacional, situada en una encrucijada entre Europa, África y el mundo árabe. Allí convivían —no siempre sin conflictos— españoles, marroquíes, franceses, italianos, británicos, judíos, cristianos y musulmanes. Ahí también pude ver muy de cerca lo que es el colonialismo, la discriminación, el racismo. Muy pronto comprendí que el mundo no podía reducirse a una sola cultura, una sola lengua, una sola religión o una sola manera de interpretar la marcha del mundo.

El exilio de mis padres también me enseñó algo fundamental: que la historia no es una abstracción. Puede irrumpir brutalmente en la vida de las personas, obligarlas a abandonar su país, su casa, su entorno social, su lengua y sus referencias. Ser hijo de exiliados significaba vivir con la conciencia de que aquello que nosotros considerábamos normal —la libertad, la democracia, poder vivir en tu propio país— podía desaparecer de un día para otro.

Creo que todas esas experiencias contribuyeron decisivamente a desarrollar en mí cierta desconfianza hacia las verdades oficiales, hacia los relatos únicos y hacia la arrogancia colonial. También me enseñaron a mirar los acontecimientos desde distintos lados de una frontera. Quizá por eso, más tarde, cuando me convertí en periodista, siempre intenté comprender los conflictos internacionales colocándome en el lugar de los diferentes protagonistas y preguntándome quién tenía el poder para imponer su relato.

Mi relación con Marruecos, por eso, no es solamente intelectual. Es profundamente personal. Allí están algunos de mis recuerdos más antiguos, allí estudié, allí descubrí el mundo y allí adquirí una parte esencial de mi formación. Marruecos forma parte de mi identidad biográfica, como también Galicia forma parte de ella. Y quizá por eso mi relación con el Magreb, y más ampliamente con el Sur global, ha sido siempre una relación de cercanía y de curiosidad. El Mediterráneo, para mí, nunca ha sido una frontera que separa Europa de África : ha sido un espacio que las conecta. Esa perspectiva, adquirida durante mi infancia y mi juventud, me ha acompañado durante toda mi vida profesional.

Dirigió la edición francesa de «Le Monde diplomatique» desde 1990 hasta 2008. Bajo su liderazgo, el periódico logró su independencia editorial de «Le Monde» en 1996. ¿Cómo vivió ese proceso?

Fue un proceso largo y, sobre todo, una batalla por preservar una idea del periodismo. Cuando llegué a la dirección de Le Monde diplomatique en 1990, el periódico pertenecía al grupo de Le Monde. Pero yo siempre consideré que un medio que pretende ejercer una función crítica debe disponer de un margen real de independencia respecto de sus propietarios, de los poderes económicos y también de los poderes políticos. A lo largo de aquellos años fuimos construyendo progresivamente esa autonomía. No se trataba simplemente de una cuestión administrativa o financiera. Lo que estaba en juego era algo mucho más importante : ¿quién decide qué se publica, qué temas se investigan y desde qué perspectiva se analizan?

En 1996 conseguimos finalmente, con la ayuda decisiva de nuestros lectores, que Le Monde diplomatique alcanzara su independencia editorial, e incluso empresarial, respecto de Le Monde. Fue un momento decisivo. Significaba que el periódico podía definir su propia línea, sus prioridades y sus análisis sin tener que someterse a la lógica de un gran grupo de prensa.

Para mí, la independencia no significa neutralidad. Un periódico puede y debe tener una línea editorial, unos valores y una determinada concepción del mundo. Lo esencial es que pueda defenderlos libremente y que sus periodistas puedan investigar y escribir sin recibir instrucciones de intereses externos.

En aquellos años también intentamos demostrar que era posible hacer una prensa de calidad que no estuviera subordinada a la lógica inmediata del mercado. Redujimos voluntariamente la publicidad para tampoco depender de los anunciantes. Le Monde diplomatique apostó por el tiempo largo: investigar, documentar, contextualizar, explicar. Frente a la información convertida en mercancía y cada vez más sometida a la velocidad, defendimos la idea de que los lectores merecen algo más que una sucesión de acontecimientos.

La independencia editorial conquistada en 1996 fue, por tanto, una victoria importante, pero nunca la consideré definitiva. La independencia de un medio de comunicación no es un estado que se alcanza una vez y para siempre. Hay que defenderla permanentemente, porque el contexto tecnológico evoluciona, los resultados económicos fluctuan y los mecanismos de presión cambian : antes podían proceder fundamentalmente de los propietarios o de los anunciantes; hoy intervienen también las grandes plataformas digitales, los algoritmos, las redes sociales y las nuevas concentraciones de poder tecnológico.

En ese sentido, aquella batalla de los años 1990 sigue siendo muy actual. La pregunta fundamental continúa siendo la misma: ¿puede existir un periodismo verdaderamente libre si no dispone de independencia económica y si no es capaz de preservar su autonomía frente a los poderes que pretende investigar y cuestionar ?

En diciembre de 1997, publicó un editorial en «Le Monde diplomatique» proponiendo la Tasa Tobin, un impuesto a las transacciones financieras internacionales, que llevó a la fundación de ATTAC. Como uno de sus fundadores, ¿qué balance hace de la evolución de ese movimiento? ¿Cree que las ideas de justicia fiscal global que impulsaron han perdido relevancia en el mundo actual o siguen vigentes?

La propuesta de la Tasa Tobin nació de una preocupación muy concreta: la creciente autonomía de los mercados financieros respecto de las sociedades y de los Estados. En diciembre de 1997 publiqué en Le Monde diplomatique un editorial en el que proponía crear una tasa sobre las transacciones financieras internacionales. La idea era relativamente sencilla : si el capital podía circular por el planeta a una velocidad extraordinaria y sin apenas control democrático, había que introducir mecanismos capaces de limitar esa especulación y, al mismo tiempo, recuperar recursos para fines de interés social colectivo. Aquel editorial tuvo una repercusión que nosotros mismos no habíamos previsto. De ahí nació ATTAC, que se convirtió rápidamente en un movimiento internacional. Lo importante no fue solamente la reivindicación de la Tasa Tobin. ATTAC contribuyó a crear un espacio de movilización ciudadana contra lo que entonces empezábamos a llamar la globalización neoliberal.

Creo que su principal aportación fue haber demostrado que la globalización no era un fenómeno natural ni inevitable. Había decisiones políticas detrás de ella. Se habían creado reglas que favorecían la libre circulación de capitales, la desregulación financiera y la competencia fiscal entre los Estados. Y, por tanto, esas reglas también podían ser modificadas.

Veintinueve años después, aquellas ideas no han perdido relevancia ; en muchos aspectos se han vuelto todavía más urgentes. La crisis financiera de 2008 demostró hasta qué punto un sistema financiero desregulado podía provocar una crisis económica y social de dimensiones planetarias. Y hoy asistimos a una concentración excepcional de riqueza y de poder económico en manos de una minoría.

creo que la cuestión de fondo planteada por ATTAC sigue totalmente vigente : ¿Quién gobierna la economía mundial y en beneficio de quién?

Lo que quizá ha cambiado es el vocabulario y también la naturaleza de algunos de los problemas. Ya no hablamos únicamente de los mercados financieros tradicionales. Tenemos las grandes plataformas digitales, las multinacionales tecnológicas, los fondos de inversión globales, los mecanismos de optimización fiscal y nuevas formas de movilidad del capital que hacen todavía más difícil su control democrático. Por eso creo que la cuestión de fondo planteada por ATTAC sigue totalmente vigente : ¿Quién gobierna la economía mundial y en beneficio de quién?

La justicia fiscal no puede limitarse a pedir que los ciudadanos paguen correctamente sus impuestos. También significa impedir que las grandes fortunas y las grandes corporaciones puedan organizarse internacionalmente para escapar de sus obligaciones fiscales. Si una empresa puede actuar globalmente, pero cada Estado solamente puede regularla dentro de sus fronteras, existe una asimetría de poder muy peligrosa. En ese sentido, no considero que la Tasa Tobin o las ideas que dieron origen a ATTAC pertenezcan al pasado. Quizá hoy tengamos que formularlas de otra manera, adaptándolas a un capitalismo mucho más financiero, digital y globalizado. Pero la exigencia fundamental permanece : la economía debe estar al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía.

¿Cómo cree que ha evolucionado la relación entre los medios de comunicación, el poder político y la opinión pública? ¿Siguen siendo los medios un «contrapoder» o se han convertido en un engranaje más del sistema?

La relación entre los medios de comunicación, el poder político y la opinión pública se ha transformado radicalmente, pero la cuestión fundamental sigue siendo la misma : ¿quién tiene el poder de fabricar y difundir los relatos con los que una sociedad interpreta la realidad ? Durante mucho tiempo, los medios podían considerarse, al menos idealmente, un contrapoder. Su función era vigilar a los gobiernos, investigar a los poderosos, revelar aquello que se intentaba ocultar y proporcionar a los ciudadanos elementos para formar libremente su opinión.

Hoy esa función continúa siendo indispensable, pero resulta mucho más difícil ejercerla. Hemos asistido a una concentración extraordinaria de los medios en manos de grandes grupos empresariales o de individuos multimillonarios. En numerosos países, los principales periódicos, canales de televisión, radios y plataformas digitales pertenecen a conglomerados o archimillonarios cuyos intereses económicos pueden ser mucho más amplios que los estrictamente periodísticos. Pero hay algo todavía más importante: el poder ya no está únicamente en quienes poseen los medios. Está también en quienes controlan las infraestructuras por las que circula la información.

Las grandes plataformas digitales y las redes sociales han transformado completamente el ecosistema informativo. Antes, un editor decidía qué información llegaba a la primera página de un periódico. Hoy, buena parte de lo que vemos, leemos o escuchamos está determinado por algoritmos cuyo funcionamiento es opaco y cuyo objetivo principal no es necesariamente informarnos, sino captar nuestra atención.

Esto ha producido una paradoja. Nunca habíamos tenido acceso a tanta información y, al mismo tiempo, nunca había sido tan difícil distinguir con claridad entre información, propaganda, opinión, mentira, manipulación y simple entretenimiento. Además, las redes sociales han democratizado la palabra, lo cual es positivo, pero también han industrializado la desinformación. Una mentira (fake news) puede recorrer el planeta en unas horas, mientras que desmontarla exige investigación, tiempo y trabajo periodístico.

Por eso no creo que los medios hayan dejado simplemente de ser un contrapoder para convertirse en un engranaje más del sistema. La situación es más compleja. Hay medios que forman parte del sistema de poder y hay periodistas que siguen ejerciendo una auténtica función de contrapoder. No debemos confundir a unos con otros. El periodismo crítico sigue siendo posible y necesario. Pero necesita financiamiento, y financiamiento no comprometedor o condicionante. También debe recuperar algunas virtudes que la aceleración digital está erosionando: tiempo, investigación, verificación, contexto y capacidad para formular preguntas incómodas.

En definitiva, el problema no es que tengamos demasiada información. El problema es que tenemos demasiada información sin suficiente jerarquía, contexto y verificación. Y ahí reside, precisamente, una de las grandes responsabilidades del periodismo contemporáneo : ayudar al ciudadano no solamente a saber qué ha ocurrido, sino a comprender por qué ha ocurrido, quién se beneficia de ello y qué intereses están en juego.

¿Cree usted que la inteligencia artificial acabará por ahogar la sociedad, volviéndola una sociedad del rendimiento? ¿Queda espacio para lo humano frente a la máquina?

Sí, existe ese riesgo. Pero yo formularía la cuestión de otra manera : el peligro no está tanto en que las máquinas se vuelvan cada vez más inteligentes como en que los seres humanos aceptemos organizar nuestra sociedad según la lógica de las máquinas. La inteligencia artificial representa probablemente uno de los grandes cambios tecnológicos de la historia. Puede aportar enormes beneficios en campos como la medicina, la investigación científica, la educación o la gestión de determinados servicios. Sería absurdo negar esas posibilidades. Pero toda gran revolución tecnológica modifica también las relaciones de poder, y ahí es donde debemos prestar mucha atención.

Si la IA se utiliza fundamentalmente para aumentar la productividad, acelerar los ritmos de trabajo, vigilar a los trabajadores, evaluar permanentemente su rendimiento o sustituir empleos sin garantizar nuevas formas de protección social, podemos terminar construyendo una sociedad en la que cada individuo esté obligado a producir más, más deprisa y durante más tiempo. Sería, efectivamente, una sociedad del rendimiento llevada a una nueva dimensión. Hay además un problema político muy serio: ¿quién controla a la inteligencia artificial ? Porque la IA no es una entidad abstracta que actúa al márgen de la sociedad. Está siendo desarrollada por empresas y Estados que disponen de enormes cantidades de capital, datos, capacidad informática y poder tecnológico. Si ese poder queda concentrado en muy pocas manos, podemos asistir a una concentración de poder económico y político sin precedentes.

Por eso no debemos plantearnos solamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino también quién decide lo que puede hacer y para qué se utiliza. Y existe otra cuestión que me parece esencial: la relación entre inteligencia y humanidad. Una máquina puede analizar millones de datos en una fracción de segundo; puede reconocer patrones, generar textos, imágenes o diagnósticos con una eficacia extraordinaria. Pero la inteligencia humana no consiste únicamente en procesar información.

La gran batalla del futuro no será entre seres humanos y máquinas. Será entre dos modelos de sociedad… La cuestión es si nosotros seremos capaces de poner límites humanos a una tecnología que no conoce límites por sí misma.

Los seres humanos tenemos memoria, imaginación, sensibilidad, conciencia histórica, capacidad de empatía, sentido moral y capacidad para atribuir significado a nuestra experiencia. Podemos preguntarnos no solamente « ¿qué podemos hacer ? », sino « ¿qué debemos hacer? ». Esa segunda pregunta ninguna máquina la puede resolver por nosotros. Por eso no creo que debamos oponer simplemente « lo humano » a « la máquina ». Debemos conseguir que la tecnología permanezca subordinada a objetivos humanos y democráticos.

La gran batalla del futuro no será entre seres humanos y máquinas. Será entre dos modelos de sociedad : uno en el que la inteligencia artificial esté al servicio de la rentabilidad, el control y la acumulación de poder, y otro en el que pueda ponerse al servicio del conocimiento, de la salud, de la educación, del tiempo libre y del bienestar colectivo. La cuestión decisiva, por tanto, no es si la inteligencia artificial acabará con lo humano. La cuestión es si nosotros seremos capaces de poner límites humanos a una tecnología que no conoce límites por sí misma.

Hoy, con el ascenso de China, la guerra en Ucrania y el rearme global, ¿cómo definiría la correlación de fuerzas actual? ¿Cree que la Unión Europea está sabiendo posicionarse en este tablero o que sus políticas hacia zonas clave como el Magreb o Asia siguen siendo cortoplacistas y reactivas?

Creo que estamos atravesando una de las grandes mutaciones geopolíticas de la historia contemporánea. Durante las últimas décadas vivimos bajo un sistema internacional dominado de manera extraordinariamente clara por Estados Unidos y sus aliados occidentales. Ese mundo ya no existe de la misma manera. El ascenso de China, el peso creciente de otras potencias como la India, el fortalecimiento de los BRICS, la recuperación de la capacidad de influencia de Rusia y, en general, la emergencia de numerosos actores del Sur Global, como Brasil, México, Nigeria, Indonesia, Arabia Saudita, están configurando una realidad mucho más compleja.

No diría que estamos ante el nacimiento de un nuevo orden mundial plenamente constituido. Estamos todavía en una fase de transición, y las transiciones de poder suelen ser especialmente peligrosas porque las reglas del sistema anterior dejan de funcionar antes de que las nuevas reglas hayan sido aceptadas. La guerra de Ucrania ha acelerado este proceso. También lo ha hecho el conflicto de Oriente Próximo y el progresivo desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial hacia Asia. El rearme que observamos en Europa y en otras regiones demuestra que la dimensión militar vuelve a ocupar un lugar central en las relaciones internacionales.

En este contexto, Europa se encuentra ante una contradicción. La Unión Europea posee una enorme potencia económica, tecnológica, comercial y cultural, pero continúa teniendo dificultades para traducir ese peso en una verdadera autonomía estratégica. Con demasiada frecuencia, Europa reacciona ante los acontecimientos en lugar de contribuir a definirlos. Y eso es particularmente visible en algunas regiones que deberían ser prioritarias para ella.

Pienso, por ejemplo, en el Magreb. Es difícil imaginar un futuro estable para Europa sin una relación estratégica, equilibrada y mutuamente beneficiosa con el norte de África. Existe una proximidad geográfica evidente, pero también vínculos históricos, humanos, económicos y culturales muy profundos. Sin embargo, demasiadas veces la política europea hacia el Magreb se reduce a cuestiones inmediatas : migración, seguridad, drogas, energía o control de fronteras.

Europa no puede limitarse a contemplar la rivalidad entre Estados Unidos y China desde la perspectiva de Washington. ¿Desea ser simplemente el extremo occidental de una alianza dirigida desde fuera? ¿O quiere convertirse en uno de los polos de un mundo multipolar? Esta decisión será probablemente una de las grandes cuestiones políticas de las próximas décadas.

Algo parecido ocurre con Asia. Europa no puede limitarse a contemplar la rivalidad entre Estados Unidos y China desde la perspectiva de Washington. Necesita desarrollar una política propia hacia Asia, basada en sus intereses, pero también en su capacidad de diálogo. Para mí, la cuestión fundamental es la autonomía estratégica europea. Y autonomía no significa aislamiento ni ruptura con Estados Unidos. Significa tener capacidad para tomar decisiones propias y defender intereses propios. Europa debería preguntarse qué papel quiere desempeñar en el mundo que está naciendo. ¿Desea ser simplemente el extremo occidental de una alianza dirigida desde fuera? ¿O quiere convertirse en uno de los polos de un mundo multipolar? Esta decisión será probablemente una de las grandes cuestiones políticas de las próximas décadas.

Porque el mundo que está emergiendo no será necesariamente más pacífico por ser más multipolar. La multipolaridad puede abrir posibilidades para un mayor equilibrio, pero también puede producir nuevas rivalidades. Todo dependerá de si las grandes potencias son capaces de construir mecanismos de cooperación y de establecer reglas que permitan gestionar sus conflictos. Estamos, en definitiva, ante un cambio de época. Como diría Gramsci : el viejo mundo todavía no ha desaparecido completamente y el nuevo todavía no ha terminado de nacer. Esa es precisamente la razón por la que el momento actual resulta tan incierto y, al mismo tiempo, tan decisivo.

¿Cree que el fin del bloque soviético anuló las grandes posibilidades de resistencia global al dejar al capitalismo sin un contrapeso estructural?

Sí, y creo que ese es uno de los grandes acontecimientos geopolíticos del siglo XX que todavía estamos intentando comprender en todas sus consecuencias. La desaparición de la Unión Soviética no significó solamente el final de una determinada experiencia histórica del socialismo: significó también la desaparición de un contrapeso estratégico, militar, económico e ideológico frente al capitalismo mundial. Durante la Guerra Fría, incluso los países que no eran socialistas disponían de cierto margen de maniobra porque existían dos grandes centros de poder. Estados Unidos y sus aliados sabían que una política demasiado agresiva podía empujar a determinados países hacia Moscú. Para muchas naciones de Asia, África y América Latina, la existencia de la Unión Soviética abría espacios de autonomía: permitía negociar, obtener cooperación, asistencia económica o militar y, sobre todo, no aceptar forzosamente las condiciones impuestas por las potencias occidentales.

Cuando ese contrapeso desaparece en 1989-1991, se produce algo extraordinario: por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, una única potencia, EEUU, queda en una posición claramente dominante. Es lo que se llamó el «momento unipolar» estadounidense. Y paralelamente se generaliza la idea de que el mercado, la privatización y la liberalización económica constituyen el único horizonte posible. Los años 1990 son, en ese sentido, la gran década de la globalización neoliberal. Pero yo introduciría una precisión importante : el fin de la URSS no anuló la resistencia ; anuló, durante un tiempo, una de sus principales estructuras de apoyo. La resistencia social, popular, nacional y anticolonial nunca desapareció. Lo que desapareció fue la posibilidad de que esas resistencias pudieran apoyarse en una segunda superpotencia capaz de proporcionarles recursos, protección diplomática o capacidad estratégica.

Y eso tuvo consecuencias enormes. En los años 1990 se produjo una formidable expansión del poder de las instituciones económicas internacionales, de las grandes corporaciones y de la lógica neoliberal. Muchos países quedaron sometidos a programas de ajuste, privatizaciones y apertura obligatoria de sus economías. Al mismo tiempo, la propia idea de que pudiera existir una alternativa sistémica al capitalismo perdió buena parte de su legitimidad. Recuerdo, además, que en aquellos años se llegó a hablar del « fin de la historia ». Parecía que la humanidad había alcanzado el modelo definitivo : democracia liberal más economía de mercado. Hoy sabemos que aquella euforia era muy prematura.

Porque el capitalismo cometió entonces un error histórico : confundió la desaparición de su adversario con la desaparición de sus propias contradicciones. El mundo posterior a 1991 no eliminó las desigualdades, las crisis económicas, las injusticias, las guerras, el imperialismo ni las aspiraciones de soberanía. Al contrario, algunas de esas contradicciones se hicieron más visibles. Y aquí está, quizá, lo más interesante: el mundo que emerge hoy demuestra que aquel «momento unipolar» no era eterno. El ascenso de China, el regreso de Rusia como potencia, la aparición de los BRICS, la afirmación de nuevas potencias del Sur Global y la voluntad de construir relaciones internacionales más multipolares, más multicéntricas indican que el problema del contrapeso vuelve a plantearse, aunque bajo formas completamente diferentes de las de la Guerra Fría.

Por eso yo no diría que 1991 puso fin a la resistencia mundial. Diría algo más preciso : 1991 dejó al capitalismo sin un adversario estructural durante varias décadas y le permitió presentarse como el único sistema posible. Pero la historia no terminó. Y precisamente porque las contradicciones del capitalismo no desaparecieron, las posibilidades de resistencia tampoco. La gran cuestión del siglo XXI es ahora otra: no reconstruir el mundo bipolar del pasado, sino conseguir que el nuevo mundo multipolar sea también capaz de ofrecer alternativas sociales, económicas y políticas reales al capitalismo neoliberal.

Y en el escenario actual, con el ascenso de China y los BRICS, ¿estamos ante un nuevo contrapeso o ante una dinámica puramente geopolítica sin componente ideológico?

Creo que estamos ante un nuevo contrapeso, pero sería un error pensar que estamos ante la reedición de la Guerra Fría. Los BRICS no son un nuevo bloque soviético y China no pretende reproducir la arquitectura ideológica y militar de la Unión Soviética. Lo que está apareciendo es algo mucho más complejo: un contrapeso geopolítico, económico, financiero y, progresivamente, también normativo.

La primera diferencia fundamental es que los BRICS no comparten una misma ideología. China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica, Irán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y los demás países que participan en este proceso tienen sistemas políticos, intereses nacionales y estrategias económicas muy diferentes. Precisamente por eso sería erróneo hablar de un «bloque anti-occidental». El elemento común es otro : es un «bloque no-occidental», ninguno de sus componentes es o ha sido una potencia occidental. De hecho, las potencias occidentales están excluidas de los BRICS. Otro elemento en común : la voluntad de terminar con un sistema internacional en el que las reglas, las instituciones financieras y buena parte de las decisiones estratégicas han estado dominadas por un reducido grupo de potencias o ex-potencias occidentales. Y esto sí tiene una dimensión política e ideológica. No porque los BRICS estén proponiendo una nueva doctrina universal, sino porque están cuestionando una determinada concepción del orden mundial: la idea de que la globalización debe organizarse necesariamente alrededor de un centro hegemónico y de instituciones diseñadas en torno a 1945.

Por eso me parece importante distinguir entre antioccidentalismo y antihegemonismo. No es exactamente lo mismo. Muchos países del Sur Global no quieren sustituir la hegemonía estadounidense por una hegemonía china. Quieren disponer de mayor margen de soberanía, de más opciones económicas y diplomáticas y de instituciones internacionales que representen mejor el peso que hoy tienen esos países. En ese sentido, los BRICS constituyen un fenómeno muy importante. Su expansión, el Nuevo Banco de Desarrollo y las discusiones sobre mecanismos financieros alternativos muestran que la cuestión ya no es solo militar o diplomática: se está intentando modificar la arquitectura material del poder mundial. Incluso la posibilidad de reducir progresivamente la dependencia del dólar, que durante mucho tiempo parecía remota, ha entrado seriamente en la agenda internacional.

Observemos, en ese sentido, el reciente Pacto Apatur (Arabia saudita, Pakistán, Turquía) o Alianza de la Meca que es un acuerdo de defensa mutua en una región inflamable como el Oriente Próximo, sin la participación de ninguna potencia occidental, ni siquiera Estados Unidos que es si embargo un gran aliado de los tres firmantes.

China ocupa una posición particular. No es simplemente otro miembro de los BRICS. Por su dimensión económica, tecnológica, comercial y financiera, China constituye el principal motor de esta transformación. Su modelo combina mercado, planificación estratégica, fuerte intervención estatal y políticas industriales de largo plazo, y está ofreciendo a muchos países del Sur Global una experiencia de desarrollo diferente del llamado « Consenso de Washington ». Ahora bien, tampoco debemos idealizar este proceso. Los BRICS no son una comunidad de iguales ni una alianza ideológica homogénea. Existen enormes diferencias entre sus miembros y también rivalidades, particularmente entre China e India. Hay países que quieren reformar el sistema existente y otros que aspiran a transformarlo mucho más profundamente. Esa heterogeneidad es al mismo tiempo su debilidad y su fuerza. Yo diría, por tanto, que estamos ante una especie de multipolaridad sin doctrina única. Y eso es precisamente lo novedoso.

Durante la Guerra Fría, el enfrentamiento geopolítico estaba acompañado de dos grandes proyectos ideológicos (capitalismo, comunismo) relativamente definidos. Hoy no sucede eso. La confrontación es mucho más transversal : se disputa quién controla las finanzas, las tecnologías, las materias primas, las rutas comerciales, las cadenas de suministro, los nuevos sistemas de defensa, las instituciones internacionales y, cada vez más, los estándares tecnológicos. Pero debajo de esa lucha geopolítica existe una cuestión profundamente política : ¿quién tiene derecho a definir las reglas del mundo ? Y ahí aparece, en mi opinión, el verdadero componente ideológico de esta nueva etapa. No se trata ya de capitalismo contra socialismo, sino de hegemonía contra multipolaridad ; dependencia contra soberanía ; unilateralismo contra pluralismo internacional.

la multipolaridad, por sí misma, no garantiza un mundo más justo. Puede producir simplemente una redistribución del poder entre grandes potencias, viejas y nuevas. El verdadero desafío será conseguir que esa nueva distribución del poder se traduzca también en mayor justicia económica, mayor soberanía y desarrollo para los países del Sur y mejores condiciones de vida para sus pueblos. 

Por eso no creo que debamos buscar hoy un nuevo « campo socialista ». La historia ha cambiado. Lo que está naciendo es algo diferente : un mundo en el que ningún centro de poder debería tener la capacidad de imponer por sí solo las reglas al conjunto del planeta. Y esa transformación puede ser muy importante. Pero la multipolaridad, por sí misma, no garantiza un mundo más justo. Puede producir simplemente una redistribución del poder entre grandes potencias, viejas y nuevas. El verdadero desafío será conseguir que esa nueva distribución del poder se traduzca también en mayor justicia económica, mayor soberanía y desarrollo para los países del Sur y mejores condiciones de vida para sus pueblos. Ahí es donde se decidirá si los BRICS son simplemente una nueva geometría del poder mundial o si terminan representando algo históricamente más profundo.

Sobre el Sáhara Occidental, usted mantiene una postura, bastante criticada, que defiende la marroquinidad histórica del territorio y respalda la propuesta de autonomía de Rabat, argumentando que la colonización « amputó » a Marruecos. Esta posición choca frontalmente con la de buena parte de la intelectualidad de izquierdas y del pensamiento anticolonialista. ¿Cómo justifica esta postura dentro de su marco teórico de pensamiento crítico y qué lugar ocupa en su análisis el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui?

Es una cuestión compleja y no creo que deba responderse mediante consignas. Precisamente porque mi pensamiento crítico ha estado siempre vinculado a la lucha contra el colonialismo, considero necesario abordar este asunto desde la historia concreta del Magreb y no solo desde esquemas ideológicos preconcebidos.

Es un tema que conozco bien. Mi posición parte de una constatación histórica: las fronteras del Magreb fueron profundamente alteradas por la colonización europea. Francia y España no se limitaron a ocupar territorios; reorganizaron espacios políticos, étnicos, administrativos y económicos que anteriormente estaban articulados de otra manera. Por ejemplo, el colonialismo francés integró por derecho de conquista casi todo el inmenso Sahara a su territorio de Argelia que era el que París mejor controlaba porque lo había anexionado totalmente. Observo también que no hay reivindicación nacionalista en el Sahara argelino… Y no hablemos del problema amazigh (o bereber). En el caso de Marruecos, la colonización francesa y española produjo una fragmentación territorial que, desde mi perspectiva, no puede ignorarse cuando se analiza la cuestión del Sáhara.

Cuando hablo de una «amputación» de Marruecos me refiero precisamente a ese proceso histórico. No estoy diciendo que la historia pueda resolver automáticamente una cuestión política contemporánea ni que las fronteras actuales deban modificarse simplemente para recuperar las fronteras anteriores a la colonización. Sería absurdo aplicar mecánicamente ese principio a todos los territorios africanos descolonizados.

Lo que sostengo es que existe una dimensión histórica, a través de los siglos, de los vínculos entre el territorio sahariano y el sultanato de Marruecos que no puede ser simplemente descartada como una ficción inventada después de la independencia marroquí de 1956. Hubo relaciones de autoridad, lealtad y vínculos tribales con el sultanato, aunque la naturaleza exacta de esos vínculos ha sido objeto de interpretaciones históricas muy diferentes.

Y aquí está precisamente el punto en el que mi posición se distancia de una parte de la izquierda anticolonialista. Considero legítimo cuestionar la utilización del concepto de autodeterminación cuando se aplica de manera selectiva y sin tener suficientemente en cuenta la historia colonial que produjo las fronteras sobre las que después se pretende ejercer ese derecho. Pero quiero ser muy claro en algo: reconocer la dimensión histórica de la marroquinidad no significa negar los derechos del pueblo saharaui.

El derecho a la autodeterminación es un principio fundamental del derecho internacional y no creo que pueda simplemente desaparecer de este análisis. La cuestión es cómo se concreta esa autodeterminación. ¿Debe significar necesariamente la creación de un Estado independiente? Ésa es una posibilidad, pero no es la única forma históricamente existente de autodeterminación. La autonomía, la asociación o determinadas formas de autogobierno pueden constituir también fórmulas mediante las cuales una población ejerce un grado sustancial de autodeterminación.

Por eso considero que la propuesta de autonomía presentada por Marruecos merece ser discutida seriamente y no descartada de antemano. Si existe una solución que permita preservar la integridad territorial de Marruecos y, al mismo tiempo, garantizar a la población saharaui amplias competencias políticas, culturales, económicas y administrativas, garantías democráticas y mecanismos de representación propios, creo que esa posibilidad debe ser explorada. Ahora bien, una autonomía solamente tendría legitimidad si fuera aceptada por los propios saharauis. Éste es un punto esencial. No se puede defender la autodeterminación de los pueblos y después sustituir la voluntad de ese pueblo por la voluntad de un Estado, de otro Estado o de una potencia exterior.

Mi posición, por tanto, no consiste en decir: «Marruecos tiene razón y los saharauis no tienen derechos». Es exactamente lo contrario : intento situar dos realidades históricas y políticas que existen simultáneamente. Por un lado, los vínculos históricos entre Marruecos y el Sáhara, y el carácter artificial y neocolonial de muchas de las fronteras heredadas del colonialismo ; por otro, la existencia de una población saharaui con derechos políticos propios y cuya voluntad no puede ser ignorada. También considero necesario recordar que el conflicto del Sáhara no puede analizarse al margen de la rivalidad regional entre Marruecos y Argelia. El enfrentamiento entre ambos Estados ha convertido durante décadas la cuestión saharaui en uno de los principales escenarios de la disputa geopolítica del Magreb. Eso no invalida las reivindicaciones saharauis, pero sí demuestra que el conflicto es mucho más complejo que una simple oposición entre «colonizador» y «colonizado».

Y aquí es donde sitúo mi pensamiento crítico. Ser anticolonialista no significa necesariamente aceptar cualquier interpretación que se presente bajo el lenguaje del anticolonialismo. Significa analizar históricamente las relaciones de poder, identificar las herencias coloniales y, al mismo tiempo, defender los derechos concretos de las poblaciones implicadas. En última instancia, mi criterio es muy sencillo : la solución debe ser pacífica, negociada, democráticamente aceptada por los saharauis y los marroquíes y compatible con una estabilidad duradera del Magreb. Si una autonomía amplia, real y garantizada internacionalmente puede satisfacer esas condiciones, considero que merece ser considerada como una solución posible y, en mi opinión, particularmente realista. Lo que no me parece aceptable es convertir el conflicto en una cuestión de ortodoxia ideológica. Después de tantas décadas, lo que necesitan los saharauis no es solamente que se proclamen sus derechos : necesitan que esos derechos puedan convertirse finalmente en una realidad política concreta.

Ha entrevistado a figuras históricas como Fidel Castro, Hugo Chávez o Miguel Díaz-Canel. ¿Cree que el periodismo de entrevista en profundidad, como el que usted practica, está en peligro de extinción frente a la inmediatez y el ruido de las redes sociales?

Sí, está en peligro, pero no creo que esté condenado a desaparecer. Y quizá precisamente porque vivimos en una época dominada por la velocidad, la entrevista en profundidad adquiere un valor todavía mayor. Una entrevista profunda exige algo que hoy se ha vuelto casi revolucionario: tiempo. Tiempo para preparar las preguntas, tiempo para escuchar las respuestas, tiempo para que el entrevistado pueda desarrollar una idea, contradecirse, rectificar, recordar. Y también tiempo para que el periodista pueda repreguntar.

Cuando entrevisté a Fidel Castro, por ejemplo, no estaba simplemente intentando obtener una declaración. Mi objetivo era comprender cómo pensaba. Eso exige entrar en la lógica intelectual y política del entrevistado, incluso cuando uno no comparte sus posiciones. Una entrevista de ese tipo es casi una forma de investigación. El periodista no debería limitarse a preguntar « ¿qué piensa usted de esto ? ». Tiene que conocer suficientemente la historia, los hechos y las contradicciones del personaje para poder formular una segunda pregunta que vaya más lejos que la primera respuesta. Y eso es justamente lo contrario de buena parte de la lógica dominante en las redes sociales.

Las redes han transformado radicalmente el ecosistema informativo. Han democratizado, como ya le dije, la posibilidad de producir y difundir información, han permitido que voces antes excluidas puedan expresarse y han roto, en cierta medida, el monopolio de los grandes medios. Eso es positivo y no debemos olvidarlo.

Pero al mismo tiempo han creado una economía de la atención basada en la velocidad, la emoción y la fragmentación. La información compite ahora con el entretenimiento, la indignación y el espectáculo. Una declaración de diez segundos puede circular por millones de pantallas, mientras que una conversación de dos horas puede pasar desapercibida.

El problema no es solamente tecnológico. Es también económico. Los grandes medios han reducido sus redacciones, han acelerado los ritmos de producción y han convertido cada vez más el periodismo en una actividad sometida a los imperativos de la audiencia y de los algoritmos. El algoritmo, además, tiene una característica muy particular : no premia necesariamente la verdad ni la profundidad. Premia aquello que consigue retener nuestra atención. Y una sociedad que solamente consume fragmentos termina teniendo dificultades para construir una visión de conjunto.

Por eso creo que la entrevista de profundidad cumple hoy una función casi pedagógica. Obliga a pensar en secuencias largas. Permite reconstruir una trayectoria, establecer relaciones entre acontecimientos y descubrir las contradicciones de una personalidad. Una buena entrevista no es un interrogatorio : es una conversación intelectual.

Pero tampoco debemos idealizar el pasado. La entrevista tradicional tenía sus propias limitaciones. Los grandes medios decidían quién podía hablar y quién permanecía invisible. Hoy, gracias a Internet, un periodista independiente puede publicar una conversación y llegar potencialmente a una audiencia mundial sin pasar por los filtros de una gran redacción. Eso abre posibilidades extraordinarias.

Por tanto, no creo que el futuro consista en oponer el periodismo tradicional a las redes sociales. El desafío consiste en utilizar las nuevas herramientas sin adoptar necesariamente su lógica de superficialidad.

Podemos hacer una entrevista de dos horas y después utilizar fragmentos de treinta segundos para atraer a una audiencia hacia la conversación completa. Podemos combinar texto, vídeo, audio, archivos y documentos. La tecnología no tiene por qué destruir la profundidad ; puede incluso ayudar a difundirla. Lo que sí está en peligro es otra cosa : la capacidad de nuestra sociedad para prestar atención durante un tiempo prolongado. Y eso me preocupa más que la desaparición de un determinado género periodístico. Porque una democracia necesita ciudadanos capaces de escuchar argumentos complejos, comparar versiones, distinguir hechos de opiniones y aceptar que una cuestión importante rara vez puede explicarse en 280 caracteres o en un vídeo de veinte segundos.

Por eso seguiría defendiendo la entrevista larga. Cuando uno tiene delante a una persona que ha participado directamente en acontecimientos históricos, no debería tener prisa. Hay preguntas que necesitan diez minutos para ser formuladas y respuestas que necesitan una hora para comenzar a comprenderse. Quizá ésa sea precisamente la paradoja de nuestro tiempo: cuanto más rápida se vuelve la información, más necesario se hace un periodismo capaz de detener el tiempo.

El auge de las extremas derechas en Europa no puede explicarse únicamente por la manipulación mediática ni por la existencia de dirigentes demagógicos.

En un contexto de auge de las extremas derechas en Europa y de crisis de los relatos tradicionales de la izquierda, ¿cuál cree que debe ser el papel del intelectual y del periodista crítico en la próxima década? ¿Qué lecciones extrae de su larga trayectoria para las nuevas generaciones?

Creo que estamos entrando en una época en la que el papel del intelectual y del periodista crítico vuelve a ser particularmente importante. Cuando las sociedades atraviesan momentos de incertidumbre, miedo y transformación profunda, aparece siempre la tentación de buscar respuestas simples. Y precisamente ahí comienza la responsabilidad del pensamiento crítico : resistir a la simplificación. El auge de las extremas derechas en Europa no puede explicarse únicamente por la manipulación mediática ni por la existencia de dirigentes demagógicos. Hay que preguntarse por qué millones de personas encuentran en esos discursos y en esos líderes una respuesta a sus frustraciones, a sus miedos y a su sentimiento de abandono.

Durante demasiado tiempo, una parte de la izquierda ha cometido el error de considerar que determinadas categorías sociales —la clase trabajadora, los sectores populares, los funcionarios, los jóvenes— constituían automáticamente su electorado. Eso ya no es así. Cuando una persona pierde su empleo, ve deteriorarse su salud y sus condiciones de vida, teme por su futuro o siente que nadie la escucha, puede ser atraída por un discurso nacionalista, xenófobo o autoritario que le ofrece un responsable identificable de sus problemas.

Por eso la primera obligación del intelectual crítico es comprender antes de condenar. Comprender no significa justificar. Significa analizar las causas profundas de un fenómeno para poder combatirlo eficazmente. No se puede derrotar políticamente a la extrema derecha limitándose a decir que sus electores son ignorantes, racistas o manipulados. Hay que comprender las condiciones económicas, sociales, culturales y mediáticas que hacen posible su crecimiento. Y ahí el periodista tiene una responsabilidad enorme.

El periodista no debe convertirse en militante de ninguna causa, ni siquiera de una causa que considere justa. Su primera lealtad debe ser con los hechos y con los ciudadanos. Un periodista crítico no es el que confirma nuestras ideas ; es el que nos obliga a pensar mejor. Esto exige recuperar algo que se ha deteriorado considerablemente : la investigación. Verificar documentos, consultar fuentes contradictorias, reconstruir los acontecimientos, identificar quién posee el poder, quién se beneficia de determinadas decisiones y quién queda perjudicado.

En la próxima década habrá, además, un desafío nuevo: la inteligencia artificial. Estamos entrando en un universo en el que será cada vez más difícil distinguir una imagen verdadera de una imagen fabricada, una voz real de una voz sintetizada, un acontecimiento cierto de una ficción cuidadosamente construida. La desinformación va a adquirir una escala y una sofisticación desconocidas. Por eso creo que el periodista del futuro tendrá que ser, en cierta manera, un detective de la realidad.

Pero hay algo todavía más importante: no basta con verificar la información. Hay que comprender el mundo en el que esa información se produce. El periodista debe saber de economía, de geopolítica, de tecnología, de historia, de medio ambiente. La especialización es necesaria, pero el conocimiento fragmentado puede impedir comprender las relaciones entre los fenómenos. En cuanto al intelectual, su tarea tampoco debería consistir en ofrecer respuestas prefabricadas. Un intelectual es alguien que conserva la capacidad de formular preguntas cuando todo el mundo parece tener ya las respuestas. Y hay otra responsabilidad que considero fundamental : no aceptar como inevitable aquello que solamente es dominante.

Durante mi trayectoria he visto desaparecer muchas certezas que parecían eternas. He visto cambiar los equilibrios internacionales, derrotar al colonialismo, caer la Unión Soviética, aparecer Internet, transformarse los medios de comunicación y surgir nuevas potencias. Cada época ha tenido sus supuestas verdades definitivas. Por eso una de las lecciones que transmitiría a las nuevas generaciones es ésta : no confíen demasiado en las certezas de su tiempo. Pregunten siempre, insisto, quién las produce, quién las difunde y a quién benefician.

La segunda lección sería: lean. Lean mucho y lean aquello con lo que no están de acuerdo. El algoritmo tiende a encerrarnos en comunidades donde recibimos permanentemente confirmación de nuestras propias ideas. La lectura, en cambio, puede introducirnos en mundos intelectuales que contradicen nuestras convicciones.

La tercera es que el periodismo necesita tiempo. Hay que ir al lugar de los hechos, hablar con la gente, consultar archivos, buscar fuentes, comparar documentos. El periodista no puede convertirse en un simple repetidor de lo que otros periodistas han dicho. Y finalmente les diría que no tengan miedo de equivocarse. En una trayectoria larga, uno inevitablemente se equivoca. Lo importante no es construir retrospectivamente una biografía de certezas perfectas. Lo importante es conservar la capacidad de corregirse cuando los hechos demuestran que uno estaba equivocado. Quizá ésta sea la mayor diferencia entre el dogmatismo y el pensamiento crítico : el dogmático utiliza los hechos para defender sus ideas ; el pensamiento crítico está dispuesto a modificar sus ideas cuando los hechos lo exigen.

Yo he intentado mantener esa actitud durante toda mi vida. Y si tuviera que resumir en una sola frase lo que espero de las nuevas generaciones de periodistas e intelectuales, sería ésta: no sean los guardianes de las verdades establecidas. Sean los investigadores de las verdades que todavía no conocemos. Porque el mundo que viene será sin duda más complejo, más conflictivo y más difícil de interpretar que el que hemos conocido. Y por eso necesitaremos más que nunca periodistas capaces de investigar, intelectuales capaces de pensar sin miedo. Y ciudadanos capaces de no dejar que otros piensen por ellos.

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