Organizaciones de la sociedad civil de todo el espectro político instan a los responsables políticos de la UE a rechazar el aumento del presupuesto militar e invertir, en su lugar, en la seguridad humana

Carta abierta impulsada por TNI, ENAAT y Stop ReArm Europe

Estimados miembros del Parlamento Europeo:
El 28 de abril, el Parlamento Europeo adoptó su posición sobre el próximo marco financiero plurianual
(MFP 2028-2034), mientras que los Estados miembros están ultimando su propia posición antes de
entablar el diálogo interinstitucional con el poder legislativo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo
definitivo a finales de año o a principios de 2027.
En este contexto, representantes de la sociedad civil de todo el espectro político les instan a
oponerse al aumento del presupuesto militar de la UE y a garantizar que el dinero de los
contribuyentes se invierta en lo que realmente protege a las personas: la salud, la vivienda, la
educación, los derechos humanos, la consolidación de la paz, el medio ambiente y el bienestar
social. En resumen, el próximo presupuesto de la UE debería dar prioridad a la seguridad
humana, y no al aumento del gasto militar ni al apoyo sin control a las empresas.
El 14 de junio, más de 12 000 personas se manifestaron en Bruselas bajo el lema «Bienestar, no
guerra». Al día siguiente, más de 70 representantes de movimientos de base, organizaciones de la
sociedad civil y ONG nacionales y europeas, sindicatos y expertos en paz, clima, salud, justicia social
y derechos humanos se reunieron para debatir el impacto del aumento de los presupuestos militares
en las políticas públicas y en la vida de las personas. Lanzaron una señal de alarma sobre los
cambios presupuestarios tanto a nivel nacional como de la UE, debatieron asignaciones
presupuestarias alternativas y le instan a detener el drástico aumento del gasto militar de la UE. En su
lugar, le instan a preservar y destinar fondos civiles a los retos urgentes a los que se enfrentan las
personas en Europa y más allá: la policrisis medioambiental1 (por ejemplo, el cambio climático, la
pérdida de biodiversidad y la contaminación), el aumento de la pobreza, la discriminación y la
desigualdad, incluso en el acceso a servicios públicos que van desde la educación hasta la sanidad y
la vivienda.
El Fondo de Competitividad propuesto en el marco del MFP 2028-2034 destinaría 131 000 millones
de euros al armamento y al sector espacial, aproximadamente cinco veces más que en el ciclo
presupuestario anterior2 , mientras que se están suprimiendo los gastos específicos en salud y medio
ambiente, y el Fondo Social Europeo3 , la política de cohesión y la política agrícola común se
enfrentan a recortes. Además, los fondos civiles y regionales de la UE se están desviando cada vez
más hacia fines militares en el marco del actual MFP4 , una tendencia que se intensificará con el
próximo MFP, ya que la industria armamentística tendrá un acceso más fácil a otras fuentes de
financiación civil5 . A esto se suma el fuerte aumento del gasto militar a nivel nacional, que en muchos

1 https://www.oecd.org/en/publications/environmental-outlook-on-the-triple-planetary-crisis_257ffbb6-en/full-report.html
2 https://www.tni.org/en/publication/military-and-related-spending-in-the-mff-2028-34-proposal
3 https://easpd.eu/fileadmin/user_upload/Publications/Policy_Papers/JointStatement_Building_on_What_Works.pdf
4 https://www.tni.org/en/publication/eu-military-spending-until-2027
5 https://www.tni.org/en/publication/military-and-related-spending-in-the-mff-2028-34-proposal

países de la UE va de la mano de medidas de austeridad, recortes en los servicios públicos y en el
Estado del bienestar, y esfuerzos por atraer inversión privada hacia servicios esenciales.6
Además, bajo el pretexto de la «simplificación», la UE está eliminando la supervisión y las
restricciones sobre el desarrollo, la producción y la venta de armas y tecnología militar, en beneficio
de una industria cuyos productos ya se están utilizando en guerras, genocidios y violaciones de los
derechos humanos en todo el mundo.7

Hacemos un llamamiento a los diputados al Parlamento Europeo y a los gobiernos de la UE
para que:

1. Rechacen la dotación propuesta de 131 000 millones de euros para defensa, seguridad
   y espacio en el MFP 2028-2034 y pongan fin a la militarización del presupuesto de la UE.
2. Redirijan los recursos de la UE hacia la seguridad humana, por ejemplo, la salud
   pública, la vivienda, la educación, los cuidados, la acción medioambiental y climática,
   las medidas contra la pobreza, la lucha contra el racismo, la igualdad, la ciudadanía
   activa, la consolidación de la paz y la cooperación internacional.
3. Protejan los fondos civiles de la UE de la apropiación por parte del sector militar,
   incluidos los fondos de cohesión, asuntos de interior, desarrollo regional,
   investigación, cooperación internacional, medioambientales y sociales. El dinero de la
   UE destinado a objetivos sociales, medioambientales o regionales no debe desviarse
   hacia empresas armamentísticas.
4. Crear un marco vinculante de exclusión en materia de derechos humanos, medio
   ambiente y diligencia debida para la financiación de la UE, que impida que el dinero
   público se destine a empresas implicadas en crímenes de guerra, ocupación, represión,
   genocidio, destrucción medioambiental o graves abusos contra los derechos humanos.
5. Aumentar la financiación de la UE destinada a la diplomacia, la mediación, la
   consolidación de la paz y el apoyo a la sociedad civil, en lugar de dar prioridad a la
   adquisición de material militar y a la producción de armas.
   Para ilustrar nuestras demandas y ser concretos, la dotación propuesta de 131 000 millones de euros
   para defensa, seguridad y espacio en el marco del MFP 2028-2034 podría financiar, en su lugar…
   ➢ …aproximadamente un año y medio del déficit anual de inversión climática de la UE en el
   sector energético8 (87 000 millones al año), o más de un año del déficit de inversión climática
   de la UE en el sector de la construcción (120 000 millones al año)9

6 Por ejemplo, https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/finland-spend-32-gdp-defence-by-2030-despite-austerity-2026-
04-23/; https://www.reuters.com/business/new-dutch-government-plans-freedom-tax-fund-defence-spending-2026-01-30/;
https://www.reuters.com/world/french-pm-stakes-political-survival-budget-squeeze-2025-07-15/
7
Véase, por ejemplo, https://www.tni.org/en/publication/partners-in-crime-EU-complicity-Israel-genocide-Gaza;

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/11/sudan-french-manufactured-weapons-system-identified-in-conflict-new-
investigation/; Informe del Centro Delàs, ECP e IDHC: Comercio de armas, conflictos y derechos humanos. Análisis de las exportaciones

europeas de armas a países en conflicto armado y con violaciones de los derechos humanos (2020);

8
https://www.i4ce.org/wp-content/uploads/2025/06/The-State-of-Europes-Climate-Investment-2025-edition_V2.pdf 9
ibíd.

➢ …casi 30 veces el presupuesto actual del programa «EU4Health» para el período 2021-202710
➢ …más de dos años del déficit de inversión de la UE en vivienda social y asequible11
➢ …casi 12 años de la inversión adicional necesaria para cumplir los objetivos de la UE en
materia de cuidado infantil para 2030.12 (11 000 millones al año)
➢ …más de 13 veces el presupuesto combinado asignado en 2021-2027 en el marco de las
líneas temáticas de cooperación internacional para la paz, los derechos humanos, la sociedad
civil y las cuestiones globales, así como para las acciones de respuesta rápida de la UE13
➢ …más de cinco veces el presupuesto mínimo de 25 000 millones de euros para ayuda
humanitaria que la sociedad civil reclama garantizar para el periodo 2028-203414
No se trata de compensaciones abstractas. Afectan a las plazas de guardería, a los tiempos de
espera en los hospitales, a los costes de la vivienda y a las facturas de energía a los que se enfrentan
cada día sus electores. Cada euro destinado a esta dotación presupuestaria de siete años es un euro
que no se invierte en los servicios que sus electores les piden que protejan.
Un mayor gasto militar no resolverá nuestros problemas sociales, económicos, medioambientales y
políticos.15 Al contrario, los agrava: al desviar mano de obra y recursos financieros, afianzar políticas
autoritarias y alimentar la carrera armamentística, lo que a su vez conduce a conflictos, violaciones de
los derechos humanos y desplazamientos de población. Se estima que los ejércitos del mundo ya
producen alrededor del 5,5 % del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero16 .
El aumento del gasto militar acelerará la destrucción medioambiental y afianzará aún más a Europa
en una peligrosa dependencia de los combustibles fósiles, lo que repercutirá negativamente en
nuestra seguridad energética.
El próximo presupuesto de la UE es una oportunidad para elegir un camino diferente, basado en la
democracia, la diplomacia, la consolidación de la paz y la prevención de conflictos, la justicia social, la
protección de los derechos humanos, la seguridad medioambiental y la inversión en la dignidad
humana. Un informe de 2018 de la ONU y el Banco Mundial reveló que cada euro invertido en la
consolidación de la paz puede ahorrar 16 euros en costes derivados de los conflictos.17 Un estudio
del FMI de 2024 concluyó que cada dólar gastado en la prevención de conflictos ahorra hasta 103
dólares en costes potenciales de intervenciones humanitarias y de seguridad.18 Invertir en gasto
social, luchar contra la pobreza y reducir la desigualdad es también la forma más eficaz de
contrarrestar el auge de la extrema derecha.19
10https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en

11https://pes.cor.europa.eu/article/affordable-housing-needs-europe-europe-needs-affordable-housing 12https://op.europa.eu/webpub/empl/esde-2024/chapters/chapter-3-3-1.html 13https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/funding-instruments/global-europe-
neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument_en 14https://eplo.org/eplo-publications/joint-call-ensuring-that-the-global-europe-regulation-strengthens-the-eus-ability-to-address-
fragility

15https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2023/11/d4d111bc-arming-europe.pdf
16 https://www.tni.org/en/publication/climate-collateral-2pagebriefing
17 https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/4c36fca6-c7e0-5927-b171-468b0b236b59
18www.imf.org/en/publications/wp/issues/2024/12/17/the-urgency-of-conflict-prevention-a-macroeconomic-perspective-559143
19p. ej.,
https://www.researchgate.net/publication/348931106_Welfare_state_policies_and_far_right_party_support_moderating_%27insecuri

Al trabajar en este sentido, cumplirán la promesa de un proyecto que desde hace tiempo se ha
presentado como una iniciativa de paz destinada, entre otras cosas, a prevenir una nueva carrera
armamentística entre potencias militares rivales y a permitir que todas las personas vivan con
dignidad.
Dado que el Parlamento y el Consejo están a punto de iniciar el diálogo interinstitucional, les instamos
a que aprovechen cualquier oportunidad para reformar el MFP antes de que se alcance un acuerdo a
finales de año. Les pedimos que garanticen que el próximo presupuesto de la UE proteja a las
personas y al planeta, en lugar de condenar a Europa a un futuro de militarización, austeridad e
inseguridad.
Gracias por su atención. No dude en ponerse en contacto con nosotros si desea tratar este asunto
más a fondo.
Atentamente,
El Transnational Institute (TNI)
Red Europea contra el Comercio de Armas (ENAAT)
Stop ReArm Europe
[añade tu organización a continuación, y el país si no es europea o internacional] 53 – NUEVO
Arci – Italia
Asociación de Médicos Demócratas de Alemania
Asociación de Objetores de Conciencia Griegos
Attac Austria
Attac España
Centro Delàs de Estudios para la Paz – España
Centro Pace, Ecología y Derechos Humanos — Rovereto, Italia
Counter Balance
Coordinación Nacional de Acción por la Paz y la Democracia (CNAPD) – Bélgica
Corruption Tracker
Observatorio de la Europa Corporativa (CEO)
Deuda por el clima
DiEM25 en los Países Bajos
Oficina Europea para la Objeción de Conciencia al Servicio Militar (EBCO-BEOC)
Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (ECRE)
Iniciativa Equinox por la Justicia Racial
Grupo EuroMemo
Red Europea contra la Pobreza (EAPN)
Lobby Europeo de las Mujeres
INTAL – Bélgica
Oficina Internacional por la Paz (IPB)
Inštitút ľudských práv (Instituto de Derechos Humanos) – Hungría
Jordens Vänner / Amigos de la Tierra de Suecia
Kerk en Vrede – Países Bajos
Lex Innocentium 21st Century – Irlanda
ty_effects%27_among_different_social_groups_West_European_Politics_-pre-proof_version; Klein M. – Los costes políticos de la
austeridad.pdf

Lista Civica Italiana – Italia
Nonviolent Peaceforce
Observatorio de Armamento – Francia
Ohne Rüstung Leben – Alemania
Solidaridad con Palestina Cluj-Napoca – PS.CJ – Rumanía
Brigadas Internacionales por la Paz
Peace Direct
Privacy International
Consejo Cuáquero para Asuntos Europeos (QCEA)
Red Italiana por la Paz y el Desarme – Italia
Salud por Derecho – España
Socialist Vision – Rumanía
SOLIDAR
Statewatch
StopElbit – Bélgica
Stop Rearm Europe – Italia
Stop Wapenhandel – Países Bajos
Sociedad Sueca para la Paz y el Arbitraje – Suecia
UAntwerp por Palestina – Bélgica
Vrede vzw – Bélgica
Vredesactie – Bélgica
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad de Austria (WILPF Austria)
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad de Alemania (WILPF Alemania)
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad de Noruega (WILPF Noruega)
World Beyond War
Electra Energy – Grecia

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La ley fiscal ómnibus recientemente publicada es una medida que favorece a las empresas, que agotará los presupuestos públicos y frenará la lucha contra la evasión fiscal, afirma la EPSU, la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos. No aborda en absoluto el problema de la elusión fiscal.

Artículo de la EPSU (Federación Europea de Sindicatos del Sector Público)

La Comisión Europea publicó un nuevo paquete de simplificación fiscal el 24 de junio
de 2026. El paquete incluye el nuevo «Omnibus Fiscal», que amplía las exenciones del
impuesto de sociedades en toda la Unión Europea.
Este «Omnibus» se inscribe en la línea de la captura corporativa de la Comisión
Europea, en un momento en el que la Comisión retrasa la publicación de la Ley de
Empleos de Calidad y de la legislación destinada a mejorar los derechos de los
trabajadores para hacer frente a los retos a los que se enfrentan hoy en día. No hace
nada para abordar la elusión fiscal rampante. Establece una prioridad equivocada.
Entre sus medidas clave, la Directiva Ómnibus modifica varias directivas de la UE que
regulan la tributación de los pagos transfronterizos de intereses, cánones y dividendos
entre empresas. En el marco actual, las exenciones del impuesto de retención sobre
estos pagos solo se aplicaban a las empresas que cumplían unos umbrales mínimos de
participación accionarial, lo que servía como control básico de la relación entre las
sociedades matrices y sus filiales. La propuesta de la Comisión elimina por completo
esos umbrales, lo que significa que cualquier empresa de la UE podría beneficiarse de
la exención, independientemente de lo débil que sea su vínculo con el pagador. En
combinación con las lagunas jurídicas que permiten la elusión fiscal en la propuesta
«EU Fraud Inc.» (28.º régimen), la actual Comisión está asestando un duro golpe a la
lucha contra la planificación fiscal agresiva.
La Comisión también está ampliando un marco similar para evitar el pago de
impuestos sobre los gastos en investigación y desarrollo (I+D) mediante modificaciones
a la Directiva Contra la Elusión Fiscal. La propuesta establecería una nueva norma
mínima común que eximiría a las empresas del pago de impuestos sobre los gastos en

activos tangibles de I+D, como instalaciones y maquinaria. La propuesta, redactada de
forma imprecisa, abre nuevas y fáciles oportunidades para los abogados y asesores
fiscales.
La propuesta va aún más allá. Los Estados miembros ya no podrán recurrir a controles
preventivos significativos, como los procedimientos de autorización previa, para
verificar si las empresas tienen derecho a acogerse a estas exenciones. En su lugar, la
idoneidad pasaría a depender en gran medida de la autodeclaración de las propias
empresas. Esto merma las posibilidades de que las autoridades públicas comprueben
que las empresas pagan los impuestos que les corresponden al licitar para contratos
públicos (financiados con fondos públicos), algo que los sindicatos han venido reclamando en la revisión de la Directiva sobre Contratación Pública.

La Comisión estima que solo la medida que exime a las empresas del impuesto de retención supondrá un ahorro para ellas de unos 5 300 millones de euros al año. Se trata de recortes fiscales directos, no de ahorros administrativos.

La EPSU rechaza el planteamiento de la Comisión. Esto no tiene nada que ver con la simplificación. Más bien, el «Omnibus fiscal» forma parte de un programa de desregulación más amplio que da prioridad sistemáticamente a los intereses de las empresas. En lugar de reforzar las salvaguardias contra la elusión fiscal, la Comisión está eliminando las protecciones existentes, ampliando las exenciones fiscales a las empresas y dificultando que las autoridades fiscales eviten los abusos.

No se trata de un caso aislado. Tal y como ha destacado recientemente la EPSU en relación con la propuesta de la Comisión sobre el «Régimen 28», la Comisión sigue impulsando medidas que facilitan los mecanismos de elusión fiscal.

Mientras los gobiernos de toda Europa recortan el gasto público, la Comisión opta por debilitar aún más la integridad fiscal de Europa. Se estima que la Unión Europea ya pierde entre 210 000 y 250 000 millones de euros al año debido a la elusión y la evasión fiscales transfronterizas (ajustadas a la inflación). En lugar de hacer frente a estas pérdidas, la Comisión está creando nuevas oportunidades para la planificación fiscal agresiva y concediendo miles de millones en exenciones fiscales adicionales a las empresas.

Cada euro exento del impuesto de sociedades es un euro que no se puede destinar a inversión, a las pensiones y a los servicios públicos. Esto supondrá una presión adicional sobre los servicios públicos, que ya se encuentran en dificultades tras años de
austeridad.

Antecedentes

La cifra estimada de entre 210 000 y 250 000 millones de euros perdidos a causa de la elusión fiscal se basa en un estudio del Parlamento Europeo y está ajustada a la evolución de la inflación, pero no al aumento de los beneficios. Las cifras originales
oscilaban entre 160 000 y 190 000 millones de euros al año. Las estimaciones incluyen la elusión fiscal de las empresas, la desviación de beneficios, la planificación fiscal agresiva y el aprovechamiento de las discrepancias entre los sistemas fiscales nacionales. La propuesta sobre las Sociedades «EU Inc.» de la Comisión Europea fomenta la búsqueda del régimen fiscal más favorable y permite.

La cifra real podría ser superior. Los beneficios empresariales y la concentración de la riqueza han aumentado, y los paraísos fiscales siguen siendo importantes. El Instituto Económico Polaco llegó a cifras similares y señaló que el impuesto sobre sociedades en los Estados miembros de la UE ha descendido en 8 puntos porcentuales (del 24 % al 16%). Según los datos de 2016, los países más afectados por las pérdidas debidas al traslado artificial de beneficios fueron Alemania (18 000 millones de euros), Francia (11 000 millones de euros) y el Reino Unido (14 000 millones de euros). Tal y como señala el instituto, el resultado es una pérdida de ingresos públicos.

Para poner estas cifras en contexto: se estima que el déficit anual de inversión social ronda los 210 000 millones de euros al año (ajustado a la inflación). Recuperar los ingresos que actualmente se pierden por la elusión fiscal podría financiar una parte muy importante de la inversión adicional necesaria en servicios públicos, sanidad, asistencia social, infraestructuras hidráulicas y adaptación al cambio climático en toda Europa.

Consulta aquí las propuestas de la EPSU para hacer frente a la elusión fiscal.

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Paco Cantero, Coordinador de ATTAC Madrid y Futuro Alternativo. Publicado originalmente para Público.

Hay un movimiento silencioso pero revelador que está reconfigurando el mapa geopolítico del siglo XXI. Los grandes barones tecnológicos de Silicon Valley, arquitectos de los sistemas de vigilancia digital más sofisticados de la historia, están abandonando progresivamente Estados Unidos en busca de territorios donde construir sus propias reglas, dictar sus propias leyes y quedar al margen de cualquier rendición de cuentas democrática. Roatán en Honduras y la Argentina de Milei son sus destinos más emblemáticos. España, mientras tanto, empieza a sentir en su propia piel las consecuencias de esta nueva diplomacia del poder, donde las embajadas operan como cuarteles generales de una oposición que mira más a Washington que a sus propios electores.

Próspera: la ciudad-estado que quiso comprar la soberanía hondureña

Ubicada en la isla de Roatán, Honduras, Próspera fue concebida como una ciudad-estado libertaria con estructura fiscal y regulatoria independiente, diseñada para atraer inversores tecnológicos y defensores del libre mercado. La ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) permitía crear enclaves con autonomía casi total en materia fiscal, regulatoria e incluso de seguridad pública, y el proyecto reunió más de 120 millones de dólares en capital de Silicon Valley.

El experimento chocó con una realidad que los libertarios tienden a subestimar: la soberanía popular. Cuando la presidenta Xiomara Castro derogó la ley que amparaba las ZEDE, Honduras Próspera Inc. presentó una demanda de más de 10.000 millones de dólares contra el gobierno hondureño, argumentando que tratados comerciales con Estados Unidos le garantizaban operar 50 años más. Una empresa privada amenazando con arruinar a un país por haber ejercido su soberanía constitucional: pocas imágenes ilustran mejor la lógica de este movimiento.

El vínculo entre Próspera y el expresidente Juan Orlando Hernández no es anecdótico: fue él quien aseguró las concesiones legales que hicieron posible la ZEDE durante su mandato. Hernández fue extraditado a Estados Unidos, juzgado y condenado en 2024 a 45 años de prisión por conspiración para traficar narcóticos y armas de fuego. Lo que ocurrió después constituye una de las interferencias electorales más descaradas de los últimos tiempos. El 28 de noviembre de 2025, solo dos días antes de las elecciones generales hondureñas, Trump anunció su indulto en redes sociales y mostró su apoyo explícito al candidato del partido de Hernández, amenazando además con cortar el financiamiento a Honduras si no ganaba el conservador afín. La lógica del chantaje aplicada a la democracia de un país soberano, con un narcotraficante confeso como moneda de cambio.

Argentina: cuando el experimento ocupa un país entero

Si Honduras fue el laboratorio de la ciudad-estado, Argentina bajo Javier Milei representa la versión a escala nacional del mismo proyecto. El símbolo más elocuente es la llegada de Peter Thiel, cofundador de PayPal y presidente de Palantir Technologies, a Buenos Aires. Thiel dejó sus residencias en Los Ángeles y Miami, trasladó a su familia e inscribió a sus hijos en una escuela local, consolidando una relación ideológica con el gobierno de Milei que ambos definen como el encuentro de dos anarcocapitalistas.

La paradoja es mayúscula. Thiel es cofundador de Palantir, la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial que la CIA financió en sus inicios a través de su brazo inversor In-Q-Tel, concebida desde el primer día como herramienta de vigilancia estatal. En 2025, Palantir aseguró un contrato con el Ejército estadounidense de hasta 10.000 millones de dólares, consolidando su papel como pieza central del Estado de seguridad global. Que el creador de uno de los mayores instrumentos de vigilancia masiva del planeta busque refugio en una Argentina desregulada no carece de ironía. Varios analistas regionales especulan con posibles acuerdos de inteligencia entre Palantir y el gobierno de Milei, aunque ninguno ha sido confirmado públicamente.

El patrón que emerge merece una lectura más profunda. Los tecnólogos que construyeron los sistemas de rastreo de comunicaciones y perfilado ciudadano más poderosos de la historia parecen haber concluido que Estados Unidos ya no es un lugar seguro para ellos ni para su patrimonio. Cabe preguntarse si esa sensación no guarda relación directa con su propia obra: con los mecanismos de control que ayudaron a diseñar y que ahora temen que puedan volverse contra quienes los crearon en un contexto de creciente desigualdad y tensión social. ¿Son conscientes de que los sistemas de vigilancia masiva que contribuyeron a desarrollar pueden generar precisamente las revueltas sociales de las que intentan huir?

España en el punto de mira

El escenario que se dibuja en Latinoamérica tiene su correlato europeo, y España es el objetivo más visible. Las reuniones del nuevo embajador de la administración Trump con los líderes del bloque conservador (Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal), sumadas a sus declaraciones públicas en un desayuno informativo organizado por el Foro de Nueva Economía el 27 de mayo de 2026 en Madrid contra el Ejecutivo de coalición, superan los límites de la cortesía diplomática. Desde la izquierda parlamentaria se exigieron explicaciones sobre qué coordinaban los tres líderes de la oposición con la sede diplomática estadounidense en la misma semana, sugiriendo que los movimientos podrían responder a intereses ajenos a España.

Merece atención especial el papel de Isabel Díaz Ayuso. El 21 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid no acudió a la embajada como sus correligionarios: recibió al embajador en la Real Casa de Correos, su propia sede institucional, como si de un jefe de Estado se tratara. Esa inversión del protocolo es reveladora. Su participación en estos cónclaves evidencia una diplomacia paralela más interesada en sintonizar con el neoconservadurismo de Washington que en respetar los cauces de la política exterior española.

La pregunta que flota en el ambiente madrileño, entre irónica e inquietante, es inevitable: ¿Estarán negociando una “ZEDE” para Madrid? La broma tiene su lógica. Ayuso lleva años construyendo la Comunidad de Madrid como un enclave de baja fiscalidad y regulación diferenciada, cuya filosofía de fondo no dista tanto del modelo que los tecnólogos libertarios intentaron implantar en Roatán. Lo que en Honduras requirió una isla del Caribe, en Madrid se construye con bajadas de impuestos y una narrativa de excepcionalidad frente al gobierno central. La visita del embajador podría leerse, en clave sarcástica, como la visita del socio inversor.

Lo que antes se gestionaba a través de fundaciones y think tanks hoy se hace con el embajador marcando líneas rojas públicamente al gobierno de la cuarta economía de la Unión Europea. La historia de las injerencias estadounidenses en Europa no comienza con Trump, pero la actual administración ha eliminado la discreción que sus predecesoras mantenían como decoro mínimo. El patrón global es coherente: presión diplomática sobre gobiernos díscolos, instrumentalización de la justicia como palanca política, y financiación de experimentos de soberanía privada donde las reglas las escriben quienes tienen el capital. Lo que está en juego no es solo quién gobierna en Madrid, Buenos Aires o Tegucigalpa, sino si la soberanía democrática sigue teniendo algún significado en un mundo donde los más ricos pueden comprarse una jurisdicción a medida y contratar al embajador más conveniente.

La entrada La gran fuga de los tecnólogos libertarios: De Silicon Valley a los enclaves del Sur. se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Por Alberto Garzón Espinosa. Publicado originalmente para elDiario.es.

¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población, a lo largo de todo el planeta, recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? Esa cifra se corresponde con unos 5.000 euros al mes, lo que está algo por encima de la media actual en Norte América, pero muy por encima de los 290 euros de media del África subsahariana. Pues esa es la cifra que el recién publicado informe del Global Justice Report (GJR) considera viable para lograr combatir la desigualdad mundial y sus consecuencias y, al mismo tiempo, evitar el calentamiento global.

El informe ha sido elaborado por el equipo del economista Thomas Piketty, y merece un reconocimiento especial porque se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una larga tradición que entiende que la lucha contra la desigualdad —así como la cuestión económica en general— es sólo posible mediante el crecimiento económico y a costa del medio natural; una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

La clave de bóveda del informe es, de hecho, la constatación de que la actividad económica conlleva necesariamente un consumo de recursos naturales y energía que genera impactos ecológicos, destacadamente el cambio climático. Así, la única manera de que en el año 2100 la temperatura promedio global se mantenga por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial —y evitar así una catástrofe de costes impredecibles— es reducir desde hoy la actividad económica, esto es, el crecimiento económico. En este sentido, el informe comparte intuiciones centrales de la tradición del ‘decrecimiento’, aunque sus autores no asumen la etiqueta. Y aporta, además, matices de calado propios.

Para empezar, no se trata sólo de un reescalado hacia abajo de la actividad económica, como ocurriría con una crisis económica, una pandemia o una guerra. Lo que se defiende es una reorientación general del modelo de producción y consumo buscando una desmaterialización de la economía, lo que significa el crecimiento de sectores poco intensivos en consumo de materiales y energía, pero muy intensivos en proporcionar bienestar: por ejemplo, los sectores de educación y sanidad crecerían enormemente. Como señalaba el economista ecológico Herman Daly, es importante recordar que crecimiento y desarrollo no son lo mismo y que, mientras el primero se refiere al valor monetario de la producción, el segundo nos interpela sobre los servicios que nos proporcionan directamente bienestar o felicidad. El GJR se centra en las condiciones biofísicas y sociales que hacen viable el desarrollo del conjunto de la población mundial; nada más y nada menos.

En estas páginas hemos hablado a menudo del paradójico papel que juega la tecnología y la productividad bajo el sistema económico capitalista. El punto es que aunque las innovaciones permiten producir la misma cantidad de bienes en menos tiempo, bajo el capitalismo esta opción está clausurada. La razón es que la lógica del sistema obliga a todos los agentes a competir entre ellos y, en consecuencia, a recurrir a la tecnología no para producir lo mismo en menos tiempo, sino para producir más en el mismo tiempo. La opción liberadora —trabajar menos manteniendo el bienestar— queda así bloqueada. De este modo, durante dos siglos la productividad ha aumentado de forma extraordinaria, pero la mayor parte de ese incremento se ha traducido en más producción y consumo antes que en más tiempo libre. Solo la lucha del movimiento obrero logró compensarlo en parte, consiguiendo que una fracción de esas ganancias se destinara a reducir la jornada. El informe del GJR abunda en esta idea al plantear que las horas de trabajo deben ser reducidas desde la media actual de 2.100 horas por año hacia las 1.000 horas para 2100. Equivaldría, grosso modo, a jornadas de algo más de cuatro horas o a semanas laborales notablemente más cortas que las actuales.

La idea es desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica

Una de las variables centrales que ajusta todo el modelo es precisamente la que llaman suficiencia, y que tiene que ver con el consumo. Con jornadas laborales mucho más reducidas y con un crecimiento de los sectores inmateriales como educación y sanidad, el consumo necesariamente tiene que basarse en un cambio de hábitos: una dieta más sostenible ecológicamente (con una reducción del 25% del consumo de carne a nivel mundial) e incluso con impuestos no lineales donde las primeras compras de un bien (como un vuelo) sean asequibles, pero no tanto las siguientes. Todas estas propuestas responden a una misma idea: desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica. La suficiencia también implica una rápida y contundente transición energética para descarbonizar la economía, así como una reforestación que permita recuperar la masa de bosques que existía en 1900. Es decir, no hay un decrecimiento que pretenda volver a los parámetros de las sociedades preindustriales sino un aprovechamiento del conocimiento y tecnología acumulados para “saltar” hacia un nuevo modelo energético renovable.

Para que todo ello sea posible, el informe subraya la necesidad de combatir ferozmente la desigualdad de ingresos entre países (para permitir que los más pobres crezcan y puedan converger hacia un nivel de vida digno) así como dentro de cada país. No sólo por razones de índole moral sino también económica: de una fuerte imposición a los estratos más ricos sale el dinero necesario para comenzar el programa. El informe no apela a la creación monetaria, sino a la redistribución, ya que el gasto se financia al principio gravando a quienes más tienen. Luego, en cambio, se crea un fondo común (de todos los países) que invierte en las empresas sostenibles para obtener la financiación necesaria: una idea con ecos de las propuestas socialdemócratas radicales. En todo caso, esta transferencia de renta y riqueza desde los estratos altos hacia la base de la sociedad explica por qué en el modelo se compatibiliza el crecimiento económico casi cero de los países más ricos con el hecho de que la mayoría de su población pueda mejorar considerablemente tanto sus ingresos como su bienestar. De la misma forma que actualmente el crecimiento económico no “llega” a una gran parte de la población, la ausencia de crecimiento agregado es compatible con la mejora del bienestar individual de la mayoría.

Aunque el informe contiene mucha más información y datos, es importante quedarse con la imagen general: es posible imaginar un mundo donde toda la población tiene unos mínimos de vida muy razonables (sanidad, educación, tiempo libre), donde el bienestar no depende del crecimiento económico ni de un consumo ilimitado de recursos naturales, y donde la desigualdad ha sido drásticamente reducida como consecuencia de una gran ofensiva contra las élites económicas. Gracias a eso, los parámetros del Sistema-Tierra pueden mantenerse dentro de unos márgenes que, sin estar exentos de riesgo, evitan los puntos de no retorno. Suena radical, y en cierto sentido lo es (lo que no es malo, porque supone ir a la raíz del problema), pero cualquier otra alternativa —como seguir como hasta ahora— supondría adentrarse en un terreno muy oscuro para la civilización humana y para la vida en general.

Frente a ese terreno oscuro, el informe del GJR se inscribe en la tradición utópica, pero en su connotación positiva: aquella que, como en News from Nowhere de William Morris, hizo soñar a la población con mundos deseables y la activó políticamente. La principal virtud de aquellas utopías clásicas, desde Moro hasta las esbozadas por Marx, es el deseo de proyectar en el futuro horizontes deseables que, en el presente, debían empezar a construirse. Necesitamos estas guías utópicas porque dibujan el perímetro de lo que es posible, y trazan un camino que, aunque no esté perfectamente definido —nunca lo estará—, es ya claramente la senda que tenemos que recorrer.

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Publicado originalmente por Enrique Dans.

California acaba de poner sobre la mesa una discusión que muchas democracias llevan demasiado tiempo aplazando. La propuesta, que podrá ya ser incluida en la papeleta electoral de noviembre de 2026 según la Secretaría de Estado de California, plantea un impuesto extraordinario, de una sola vez, de hasta el 5% sobre patrimonios superiores a mil millones de dólares, con el 90% de la recaudación destinado a sanidad y el 10% a educación y alimentación.

El texto registrado ante la oficina del fiscal general no habla de expropiar empresas ni de castigar a nadie: habla de financiar servicios básicos en una sociedad capaz de generar fortunas inmensas mientras se deterioran sus infraestructuras esenciales.

La reacción de algunos nombres conocidos de Silicon Valley ha sido la previsible: hablar de fuga de capitales, de destrucción del ecosistema emprendedor y de pérdida de incentivos. Es el argumento habitual: si se pide a quienes más se han beneficiado de un entorno económico, jurídico, educativo, científico y de infraestructura que contribuyan de manera proporcional, supuestamente la innovación se detendrá. Pero la tesis tiene mucho de chantaje y de absurdo conceptual: nadie deja de fundar una empresa que puede valer miles de millones porque, en el hipotético caso de acabar acumulando más de mil millones de patrimonio personal, tenga que pagar una contribución extraordinaria. Las empresas se crean por ambición, oportunidad, tecnología, talento, capital, redes, mercados e instituciones. Confundir eso con el privilegio de no tributar es manipular el debate.

El problema de fondo es que el sistema fiscal grava nóminas, consumo y rentas ordinarias, pero sigue tratando la riqueza extrema como una abstracción contable. Un trabajador cobra, declara y paga. Una pequeña empresa obtiene beneficios y paga. Pero el multimillonario típico puede vivir con pocos «ingresos» fiscales: acumula plusvalías no realizadas, utiliza acciones como colateral, se endeuda contra su patrimonio, reorganiza activos en sociedades, trusts y fundaciones, y retrasa indefinidamente el momento en que el fisco puede considerar que existe algo gravable. ProPublica lo documentó en su investigación sobre cómo los más ricos de Estados Unidos evitan pagar impuestos sobre la renta, y lo resumió después en su lista de técnicas de elusión fiscal utilizadas por multimillonarios.

La excusa de que «no tienen ingresos» es precisamente la razón para hablar de riqueza. No es una objeción técnica: es la descripción del agujero. Si alguien controla decenas o cientos de miles de millones en activos, puede influir en mercados, financiar campañas, condicionar regulaciones y transmitir poder económico a la siguiente generación. Pero si aparece fiscalmente como alguien con ingresos modestos, el problema no es la ausencia de renta imponible: el problema es un sistema diseñado para mirar hacia otro lado cuando la riqueza adopta formas que no encajan en sus categorías tradicionales.

La investigación académica lleva años señalando esa disfunción. Emmanuel Saez y Gabriel Zucman explicaron en su trabajo sobre tributación progresiva de la riqueza que un impuesto bien diseñado sobre el patrimonio puede restaurar progresividad allí donde el impuesto sobre la renta deja de funcionar: en la cúspide, donde la riqueza crece mucho más rápido que la renta declarada. Un estudio reciente del NBER sobre los cuatrocientos hogares más ricos de Estados Unidos concluyó que su tipo efectivo total era inferior al de la población en su conjunto, porque sus ingresos imponibles son pequeños en relación con su renta económica real.

La desigualdad extrema no es una cuestión estética ni una invitación a practicar la envidia: es un problema institucional de primera magnitud. La OCDE lo plantea en su análisis sobre desigualdad de ingresos y riqueza: desigualdad de resultados y de oportunidades se refuerzan mutuamente. Cuando una sociedad permite que la acumulación patrimonial extrema crezca sin fricción fiscal, no premia únicamente el mérito: consolida ventajas, compra influencia y cierra puertas.

El argumento de la fuga de ricos merece menos histeria. Sí, algunos pueden cambiar residencia fiscal o reorganizar activos. Lo hacen ya, con impuestos altos, bajos o inexistentes. Pero la evidencia es más matizada que el relato apocalíptico: el estudio de Cristobal Young y sus coautores sobre migración de millonarios y tributación de élites encontró que esa fuga existe, pero en márgenes estadística y socialmente limitados.

Silicon Valley no surgió en un desierto institucional: surgió sobre universidades, investigación pública, contratos gubernamentales, inmigración cualificada, infraestructuras, capital riesgo, protección jurídica y mercados regulados. Todo eso cuesta dinero. Todo eso es sociedad. Todo eso es Estado.

La verdadera confiscación no es pedir una contribución extraordinaria a quien supera los mil millones de dólares de patrimonio. Confiscatorio es permitir que escuelas, hospitales y programas públicos se deterioren mientras una élite minúscula convierte la ingeniería fiscal en ventaja competitiva. Los multimillonarios seguirán creando empresas, invirtiendo y ganando muchísimo dinero. El incentivo seguirá siendo gigantesco. Lo que este impuesto establece es otra cosa: que la riqueza extrema no debe estar por encima de la democracia.

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Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, publicado originalmente para alai.

Nadie pone en duda la relevancia económica, política y ecosocial de la minería metálica, convertida en uno de los principales fenómenos de disputa global.

Cada automóvil eléctrico precisa de 8 kilogramos de litio, 35 de níquel, 20 de manganeso y 14 de cobalto. Las baterías de almacenamiento de energía –claves para el desarrollo de la economía verde en su conjunto– necesitan también los cuatro metales antes citados, además de grafito, vanadio, cobre y aluminio.

Por su parte, los circuitos integrados y semiconductores, engranaje indispensable para el impulso de la digitalización –inteligencia artificial, centros de datos, redes 5G y 6G, cables interoceánicos, etc. –, verían limitada su expansión sin el silicio y otros minerales. A su vez, la amplísima gama de dispositivos electrónicos alimentados por chips, como por ejemplo los teléfonos inteligentes, requieren oro, aluminio, litio, cobre, zinc, níquel, plata, tierras raras, etc.

Por último, la industria militar utiliza ingentes cantidades de niobio, magnesio, titanio, renio, molibdeno, tungsteno y uranio para la producción de armamento, negocio al alza tras la escalada promovida por la OTAN desde su Cumbre de Madrid en 2022. Tal es así que el horizonte estipulado para 2035 aspira a situar la inversión en defensa y seguridad en el 5% del PIB.

En resumen: energía, economía verde, digitalización y complejo industrial-militar, buques insignia junto a las finanzas del capitalismo verde oliva y digital hoy en boga –agenda oficial que apunta a la resolución de la crisis sistémica vigente mediante alianzas público-privadas e inversiones masivas en dichos sectores económicos–, dependen de manera estrecha y directa de una serie de minerales fundamentales y/o críticos.

Específicamente las tierras raras –por sus altas propiedades magnéticas, ópticas, luminiscentes y electroquímicas–, ciertos minerales transversales o multiusos (cobre, aluminio, manganeso), así como los principales metales concentrados para baterías (litio, níquel, cobalto y grafito).

De manera complementaria, el resurgir del oro y la plata como depósito de valor –en un contexto de crisis, incertidumbre y vulnerabilidad monetario-financiera– refuerza la dinámica de expansión planetaria de la frontera extractiva vinculada a la minería metálica.

¿Cuál es la escala real de esta ofensiva? ¿Qué rol juega la minería metálica en el caos geopolítico actual? ¿A qué procesos vinculados a ésta debemos prestar especial atención?

Un análisis económico y geopolítico: entre las expectativas corporativas y el caos global

En los últimos años se han disparado las expectativas de crecimiento de la demanda global de metales. Múltiples informes publicados por diferentes estamentos oficiales y académicos concuerdan en señalar tanto su aumento exponencial como la creciente disputa por el acceso a estos recursos finitos.

El Banco Mundial apuntaba en 2020 la cifra de 3,000 millones de toneladas de minerales necesarias únicamente para el despegue de la energía eólica, solar y geotérmica, así como para su almacenamiento. La Agencia Internacional de la Energía, por su parte, sostenía en 2021 que la demanda de materiales para las tecnologías limpias debería cuadriplicarse entre 2020 y 2024.

Estas expectativas, no obstante, se derivaban de un hipotético horizonte de crecimiento sostenido y generalizado, premisa fallida y contraria a una realidad económica marcada por la tríada estancamiento económico-sobrecapacidad productiva-financiarización.

En resumidas cuentas, la tarta del crecimiento mundial se ha estancado en su expansión –aún en términos relativos y de manera asimétrica–, siendo un magro 2.4% la media esperada para la presente década; los ingentes capitales en liza compiten denodadamente por asegurarse un trozo de esa tarta menguante, alimentando guerras de precios que concluyen en un “juego de suma cero”, donde muchos pierden por falta de rentabilidad y muy pocos ganan; por último, la naturaleza financiarizada de la matriz económica actual –la deuda global alcanzó los 315 billones en 2025, el 333% del PIB mundial– abona horizontes de posibles estallidos financieros y bancarios como los de 2008 y 2023 –no se descarta a medio plazo la explosión de la burbuja de la IA–, retrayendo dinámicas de inversión en la economía real.

En consecuencia, la demanda de metales está en expansión, pero lejos de las desorbitadas expectativas anunciadas. La inversión verde se elevó hasta los 2.2 billones en 2025, la verde oliva los 2,7 billones, mientras la inversión esperada en IA parece catapultarse hasta los 2,6 billones. Cifras más que notables, sin duda, pero incapaces hasta el momento de revertir el estancamiento general ni de superar la sobrecapacidad –por ejemplo, China acapara sólo 1/3 de la inversión verde–, por lo que la necesidad de suministros se torna significativa, pero no tan exponencial como pareciera.

Por tanto, la frontera extractiva vinculada a la minería metálica sigue ampliándose –el volumen del sector ya se duplicó entre 2017 y 2022–, fruto tanto de la demanda verde oliva y digital como de su consideración como depósito prioritario de valor, pero en un contexto de crisis, problemas de rentabilidad corporativa e incertidumbre.

Un contexto económico que, en todo caso, no desactiva sino que intensifica un marco geopolítico definido por el caos y la violencia, y en la que la disputa minera juega un rol clave.

En este sentido, el orden internacional consolidado tras la segunda guerra mundial está siendo desmantelado por su propio impulsor –Estados Unidos–, al constatar que China se ha convertido de facto en el nuevo hegemón económico, liderando rubros estratégicos –automóvil eléctrico, bombas de calor, paneles solares, energía eólica, redes 5G y 6G– y, como después analizaremos, la estratégica extracción y transformación de metales. El multilateralismo y las reglas generales saltan en consecuencia por los aires, y se imponen las dinámicas de guerra económica y militar como vía para solucionar conflictos y garantizar las propias dinámicas de acumulación frente a la hegemonía china.

Esta guerra se sustancia, más allá de la creación de zonas de seguridad e influencia para cada bloque regional, en la disputa en torno a tres ámbitos clave para el control de las principales cadenas globales de valor: los sectores punta verde oliva y digitales aún en competencia, específicamente la inteligencia artificial generativa y los semiconductores; las rutas comerciales, de manera especial Oriente Medio como pivote de Eurasia, así como Groenlandia dentro de la hipotética ruta a través del Ártico; y, por supuesto, los suministros como base de la pirámide de acumulación, dentro de los cuales destaca la energía fósil y, de manera  creciente, la minería metálica.

Figura 1: Puntos calientes de la geopolítica de la energía y los materiales

Y la principal seña de identidad del sector minero-metálico es el evidente liderazgo de China tanto en la extracción como sobre todo en la transformación, a partir de planes, negocios y acuerdos estratégicos impulsados desde hace décadas.

En la actualidad, China extrae el 70% de las tierras raras –controlando el 90% de su refino y procesamiento–, produce el 56% del litio, gestiona el 50% de la transformación del cobalto –garantizando su acceso mediante acuerdos con República Democrática del Congo–, maneja el 60% del grafito, genera el 10% del cobre y refina el 50% del níquel, por poner sólo algunos de los ejemplos más significativos.

Esta posición de poder le permite no sólo alimentar sus cadenas globales de valor, sino también responder a las dinámicas de guerra económica lanzadas por Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, la guerra arancelaria lanzada en 2025 por Trump, que pretendía incrementar los aranceles a productos chinos hasta un 145%, fue revertida y anulada por las restricciones chinas a la exportación de tierras raras para las corporaciones de defensa y automoción norteamericanas.

Estas estrategias de guerra económica, no obstante, se siguen impulsando dentro de una amplia batería de agresivas medidas impulsadas por un Occidente vulnerable y dependiente de suministros externos: ampliación de la frontera minera en sus propios territorios, bajo la premisa de garantizar la “autosuficiencia estratégica”; desarrollo de normativas proteccionistas y de exclusión de facto de suministros chinos; firma febril de tratados de comercio y acuerdos de materiales críticos y/o estratégicos, así como de proyectos internacionales de inversión como el Global Gateway europeo, o el proyecto Bóveda de Estados Unidos para el control de las tierras raras; impulso de estrategias imperiales, como la recuperación explícita de la Doctrina Monroe para América Latina por parte de Estados Unidos, en un intento por apropiarse de sus bienes naturales; y, por supuesto, agresiones militares directas como vía de expropiación y despojo sobre los mismos, tanto por su vertiente fósil como minera.

En conclusión, la minería metálica, aún lejos de las cebadas expectativas de crecimiento de su demanda, consolida su tendencia expansiva, y se convierte en uno de los principales ejes de la disputa económica y geopolítica en ciernes, acrecentando el caos vigente.

Principales alertas en torno al fenómeno minero-metálico

Concluimos el artículo alertando sobre tres de los procesos más significativos y peligrosos derivados de este fenómeno global.

Destacamos en primer lugar la proliferación de megaproyectos mineros, tanto en los países periféricos como centrales, impulsados por empresas transnacionales y protegidos por sus alianzas institucionales. La minería supone una tipología de megaproyectos especialmente nociva –máxime en el marco de impunidad corporativa que impera en muchos territorios–, generadora de grandes desastres ecológicos, criminalización, violencia, autoritarismo, división social y devastación económica. El marco para el crecimiento exponencial de la conflictividad social, por tanto, está servido, en un contexto no sólo de desregulación sino de destrucción de derechos.

En segundo término, asistimos con preocupación al fortalecimiento de un contexto geopolítico de imperialismo, colonialismo, dependencia y reprimarización, al que la disputa minera contribuye notablemente. Por un lado, corporaciones y estados centrales utilizan todos sus dispositivos económicos, diplomáticos y militares para apropiarse de los recursos que necesitan sus cadenas de valor, sin rubor alguno. Por el otro, gobiernos y élites de países periféricos se abonan crecientemente al extractivismo como vía de inserción internacional. El sector metálico, en consecuencia, contribuye a la consolidación de agendas violentas y de desestructuración política y social.

Por último, es especialmente grave el vínculo directo y creciente entre la minería metálica y el avance del régimen de guerra. Como ya hemos señalado previamente, son sobre todo las inversiones digitales y armamentísticas las que definen el horizonte económico y geopolítico actual, especialmente en la conexión entre inteligencia artificial y el complejo militar y securitario.

Si la guerra económica no ha dado para Occidente los resultados esperados, es la guerra pura y dura donde Estados Unidos y sus aliados sitúan ahora el desesperado intento tanto por fomentar la acumulación de capital de sus corporaciones, como la herramienta principal para sostener su posición internacional, a partir de su aparente primacía tecnológica en el vínculo entre belicismo e IA. Las nuevas herramientas militares utilizadas en Gaza, Venezuela e Irán evidencian esta apuesta estratégica, fortaleciendo la lógica de bloque público-privado entre estados y grandes tecnológicas como Palantir.

Esta agenda bélico-digital en ascenso, centrada en el desmantelamiento del Estado social, el control social masivo y del desarrollo armamentístico de última generación sería imposible sin la minería metálica, por lo ya expuesto en la introducción.

Por tanto, el extractivismo minero supone hoy un fenómeno global de primer orden, modelador del caos geopolítico vigente y del régimen de guerra en expansión. Es fundamental acelerar la movilización popular contra su avance, la regulación democrática de su uso, así como el impulso de una agenda minera propia por parte de pueblos y movimientos sociales en pos de una transición ecosocial justa.

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Imagen: Reproducción pintura de Banksy

Profesora emérita Jane Kelsey, Universidad de Auckland, Aotearoa (Nueva Zelanda)*

Mesa redonda principal: «El Derecho internacional en un orden mundial fracturado», Conferencia de Derecho Internacional de Bogazici, Estambul, 13 de junio de 2026

Parece que últimamente está de moda empezar citando a Antonio Gramsci: «Nos encontramos en un interregno: lo viejo muere, lo nuevo aún no ha nacido, y estamos rodeados de síntomas mórbidos». Lo «viejo» es el orden internacional «basado en normas» que ha prevalecido desde la Segunda Guerra Mundial, o en el régimen comercial internacional, desde la década de 1980. Su desmoronamiento se atribuye, según quién, al auge del nacionalismo económico, a las rivalidades entre grandes potencias y a las políticas populistas que han propiciado gobiernos autoritarios.

Pero con demasiada frecuencia esos comentaristas olvidan que Gramsci fue un comunista encarcelado por el régimen fascista de Mussolini y que describió la crisis hegemónica a la que se enfrentaban la clase dominante italiana y su sistema de gobierno en la década de 1920. Los síntomas mórbidos que observó —autoritarismo, extremismo político y desintegración social— eran producto de una lucha política en torno a las relaciones materiales y sociales, entendida desde la perspectiva del materialismo histórico. A nivel internacional, a ello se sumaban la brutalidad y el nihilismo de la colonización y el imperialismo, que quedaban fuera del foco inmediato de Gramsci.

Si lo trasladamos a la actualidad, los mismos síntomas mórbidos del autoritarismo, el extremismo político y la desintegración social deben entenderse como productos del capitalismo hiperglobalizado que ha prevalecido desde la década de 1980. Y las profundas disparidades entre quienes dictan las normas y quienes las acatan en el régimen internacional de comercio e inversión se asientan en su legado colonial, al que se suman nuevas formas de militarización e imperialismo.

La versión anémica y popular de Gramsci evita tener que abordar las desigualdades de la hiperglobalización y el capitalismo financiarizado, y reajustar en consecuencia las reglas del juego a nivel mundial.

Tomemos como ejemplo el tan celebrado discurso que el primer ministro canadiense y antiguo gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, pronunció en el Foro Económico Mundial el pasado mes de enero. Carney reconoció que el actual «sistema internacional basado en normas» fue diseñado por y para los Estados poderosos, principalmente Estados Unidos, con el fin de servir a sus intereses. Canadá y las potencias medias se conformaban con «vivir en esa mentira» porque les resultaba beneficioso.

Ahora que esa ficción ha quedado al descubierto, la solución que propone Carney pasa por «gestionar los riesgos» y construir un mundo más cooperativo y resiliente. Él y otros líderes de potencias medias se han propuesto restablecer el equilibrio del sistema basado en normas que se está desmoronando y del que han llegado a depender, desarrollando una multiplicidad de relaciones nuevas y más diversas que reduzcan su dependencia de la antigua potencia hegemónica, Estados Unidos. En otras palabras, trasvasar el viejo vino neoliberal a botellas nuevas. Al mismo tiempo, se esfuerzan por mantener el equilibrio geoestratégico separando su dependencia comercial de China de las alianzas de defensa y seguridad con Estados Unidos, para evitar tener que tomar partido.

Los especialistas en política comercial reconocerán esto como la «teoría de la bicicleta tambaleante». Cuando el sistema del que depende tu economía corre el riesgo de derrumbarse, y las soluciones auténticas requerirían un reajuste masivo del poder público y privado, pedaleas más rápido en la misma dirección para mantener la bicicleta en pie, acompañado por tantos compañeros de viaje como sea posible. Incluso si esa dirección te lleva al precipicio.

No hay necesidad, ni espacio, para analizar críticamente por qué el sistema está roto, y mucho menos para replantearse el paradigma. Como fieles ciudadanos de la OMC, están ocupados ampliando sus «normas» a través de acuerdos de libre comercio (ALC) bilaterales y regionales, cada vez más en sectores como el digital, los «relacionados con el medio ambiente» y los minerales críticos.

Mi propio país, Aotearoa Nueva Zelanda, es el ejemplo perfecto de esta miopía. Parece que cada dos meses se lanzan a negociar un nuevo acuerdo de alcance limitado con un grupo de países afines, sin otro objetivo claro que el de dar la impresión de que se está avanzando. Como me dijo recientemente un funcionario de comercio: «Nueva Zelanda será el último país en apagar la luz del sistema actual». Su agenda de «reformas» busca apaciguar a EE. UU. y rescatar a la OMC y su sistema basado en normas, ignorando de manera pragmática las partes ahora inconvenientes del reglamento que pretenden defender. No hay debate, y mucho menos respuesta, sobre el dilema de que nuestra economía nacional, dependiente de las exportaciones, se apoya en China como su principal mercado, mientras busca apaciguar a EE. UU. y mantener una relación asimétrica en materia de estrategia, defensa e inteligencia.

Para algunos de nosotros, el colapso del «sistema basado en normas» no es ninguna sorpresa. Llevamos mucho tiempo defendiendo que es intrínsecamente insostenible. A lo largo de cuatro décadas, el «libre comercio» ha agravado las desigualdades dentro de las naciones y entre ellas, y ha propiciado una forma inestable de capitalismo financiarizado. Las normas de nueva generación sobre el comercio electrónico y el comercio digital han empoderado a oligarcas irresponsables y sin límites para que ejerzan un control económico, político y militar casi sin restricciones sobre los datos, las tecnologías digitales, las plataformas y la IA.

Ahora vivimos en un mundo que, literalmente, se está consumiendo a sí mismo y generando una catástrofe climática existencial. Las soluciones a esto, según nos dicen, residen en extraer tierras raras y minerales críticos de la tierra y el mar, repitiendo la explotación colonial de Estados ricos en recursos, pero económicamente empobrecidos. La última tendencia en los acuerdos sobre minerales críticos, diseñados para abastecer de materias primas a EE. UU. y excluir a China de las cadenas de suministro, y los denominados acuerdos de economía verde que promueven los créditos de carbono negociables y la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCU), evitan cuidadosamente cualquier compromiso que socave la producción emisora de carbono de la que depende el capitalismo contemporáneo.

El colapso de la OMC

Permítanme analizar un síntoma mórbido específico. La OMC se creó en 1995 para impulsar el paradigma de la hiperglobalización. Como admite Carney, las normas comerciales vigentes en materia de agricultura, bienes, servicios financieros y de otro tipo, y derechos de propiedad intelectual estaban sesgadas a favor de EE.UU., la UE y sus empresas y mercados. Los países en desarrollo aceptaron los resultados asimétricos de la Ronda Uruguay —los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC), el Acuerdo sobre la Agricultura y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) — con la promesa de un futuro reequilibrio que reflejara el acervo de la OMC en materia de desarrollo. Se les dijo que la ronda multilateral de Doha, iniciada en 2001, abordaría las cuestiones pendientes en materia de desarrollo. Pero la ronda quedó efectivamente descartada cuando los Estados poderosos retiraron su apoyo en la conferencia ministerial de Nairobi de 2015. 

Durante la última década, los responsables de la elaboración de normas, encabezados por Estados Unidos, han trabajado sistemáticamente para remodelar la OMC con el fin de que se adapte a sus nuevas prioridades; en la práctica, han llevado a cabo un golpe de estado que les permite eludir sus propias reglas. Este proceso comenzó mucho antes de la llegada de Trump. Estados Unidos empezó a bloquear los nombramientos para el Órgano de Apelación de la OMC hace más de una década, y este se encuentra paralizado desde 2019. Recientemente, han vetado nuevos nombramientos por 91.ª vez.

En la Reunión Ministerial de Buenos Aires de 2017, algunos grupos de miembros de la OMC anunciaron planes para negociar acuerdos plurilaterales sobre sus temas prioritarios, sin un mandato, pero con el apoyo de la Secretaría. La nueva directora general, la Dra. Ngozi Konjo-Iweala, ha defendido con entusiasmo lo que ella denomina «reforma mediante la acción», al margen de las normas de la OMC. Irónicamente, la India y Sudáfrica han sido tachadas de «obstaculizadoras» por insistir en que los Miembros cumplan el Acuerdo de Marrakech y cumplan los mandatos existentes.

La agenda de reformas llegó a su punto álgido en la 14.ª Conferencia Ministerial celebrada en Yaundé (Camerún) en marzo. He sido testigo de muchas conferencias ministeriales fallidas. Pero la manipulación y los juegos de poder que se vivieron aquí no se parecían a nada visto antes. El programa de la CM14 reflejaba dos documentos radicales, y en gran medida complementarios, presentados por EE.UU. y la UE. En lugar de abandonar la organización, EE. UU. expuso sus exigencias fundamentales. La UE se hizo eco en gran medida de ellas. Su objetivo común era diluir la primacía del multilateralismo y normalizar la negociación de acuerdos plurilaterales entre miembros autoseleccionados, que pueden elegir a su antojo los temas que les convienen y a los que atribuyen la etiqueta de «relacionados con el comercio». Las disputas geopolíticas podrían trasladarse a través de acuerdos plurilaterales rivales sobre el mismo tema, presionando a los países en desarrollo a tomar partido. Las prioridades de los países en desarrollo quedarían aún más relegadas.

En la agenda de la 14.ª Conferencia Ministerial (MC14) figuraban tres reformas principales: en primer lugar, la «toma de decisiones», para redefinir y diluir el consenso; en segundo lugar, el «desarrollo y la industrialización», para vincular el nivel de desarrollo a criterios limitados y redefinir el trato especial y diferenciado de modo que suponga más tiempo para adoptar las normas de los países ricos;  y la «igualdad de condiciones», que se centraba en las prácticas no basadas en el mercado y las empresas estatales de China, al tiempo que ignoraba las evidentes asimetrías a favor del Norte global.

Estos temas se habían seleccionado cuidadosamente a lo largo del año anterior mediante consultas selectivas llevadas a cabo por un «facilitador de la reforma» elegido a dedo, el embajador de Noruega, y supervisadas por la directora general Ngozi. El restablecimiento de un sistema de solución de diferencias que funcionara se pospuso hasta un momento más oportuno.

Las potencias medias «amigas del sistema» parecían dispuestas a respaldar cualquier compromiso que fuera necesario para mantener a EE.UU. dentro de la OMC y preservar esta organización de alguna forma. Es significativo que China también estuviera dispuesta a facilitar estas medidas, salvo en lo que respecta a la «igualdad de condiciones».

La normalización del plurilateralismo está a la vanguardia del golpe. Desde Buenos Aires en 2017, varios grupos disidentes de Miembros que operan sin mandato han concluido varias «Iniciativas de Declaraciones Conjuntas» o JSI. Pero se enfrentan a un obstáculo importante: el Acuerdo de Marrakech establece que los acuerdos plurilaterales deben adoptarse por consenso en el Consejo General o en la Conferencia Ministerial.

El Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico intentó alcanzar un consenso, pero fracasó. Así pues, 66 de los 91 signatarios originales se limitaron a declarar en la 14.ª Reunión del Consejo Ministerial que adoptaban lo que seguían describiendo como un acuerdo de la OMC. Muchos signatarios se autoproclamaban «amigos del sistema», al igual que China. El nuevo acuerdo sería administrado por la Secretaría de la OMC y el Director General, quienes carecen de autoridad para hacerlo. Esto fue rápidamente aclamado como un precedente para los «acuerdos provisionales» promovidos por EE. UU.

La agenda de «reformas» ha vuelto ahora a Ginebra. Estados Unidos insiste en que la OMC debe ser «reestructurada» para «dar prioridad y proteger los intereses nacionales, garantizando al mismo tiempo el equilibrio y la equidad», al tiempo que se mantienen los buenos acuerdos sobre servicios y propiedad intelectual. Al mismo tiempo, el embajador brasileño, que ahora preside el Órgano de Solución de Diferencias y se espera que sea el próximo presidente del Consejo General, ha señalado sus planes de reanudar las conversaciones sobre las reformas del órgano de solución de diferencias.

¿En qué situación quedan los países del Sur global? En las islas del Pacífico y en África escucho constantemente quejas por la falta de capacidad para añadir valor a sus recursos y la transferencia de tecnología, por unas normas comerciales que impiden exigir el procesamiento local y por el déficit digital. La crisis climática y las recientes pandemias suponen una amenaza existencial para toda su población, sus economías basadas en materias primas y servicios, su soberanía alimentaria y su propia supervivencia.

Entonces, ¿sería el colapso de esas «reglas» algo malo para ellos? Se enfrentan a una elección casi imposible. ¿Luchan en una batalla cuesta arriba para mantener un régimen internacional de normas comerciales cuyas asimetrías nacieron de la colonización y se han afianzado a través de sucesivas maniobras de poder? ¿Abandonan la OMC y buscan alternativas? Si es así, ¿cómo serían esas alternativas en un espacio internacional donde se está legitimando el poder bruto, incluyendo la invasión militar y el sabotaje económico? ¿Podrán siquiera ponerse de acuerdo cuando la solidaridad entre ellos se ha visto gravemente fracturada por los acuerdos de sus capitales con la administración Trump? ¿Ofrecen alianzas como el BRICS alternativas reales cuando China, India, Brasil, Sudáfrica y Rusia adoptan posiciones contradictorias?

Alianzas fracturadas

Esto me lleva a mi segundo síntoma preocupante. Si bien Estados Unidos siempre ha cumplido de forma selectiva con las normas comerciales internacionales, la Administración Trump ha hecho añicos cualquier pretensión de cumplimiento. El uso de los aranceles como arma, impulsado por motivos económicos, políticos, geoestratégicos y personales, ha sido unilateral, arbitrario y errático. Sin embargo, Estados Unidos sí cuenta con una estrategia sistemática, establecida en la Estrategia de Seguridad Nacional, la Agenda de Política Comercial y otros documentos normativos detallados.

Esta estrategia se ha puesto en práctica, en parte, a través de «acuerdos comerciales recíprocos» (RTA) vinculantes y exigibles, actualmente con nueve países en desarrollo y de renta media, que son «recíprocos» solo de nombre, y de «acuerdos marco» con nueve actores principales, entre ellos Japón, la UE, el Reino Unido, Suiza, Corea del Sur y, de forma inminente, la India, que no son vinculantes, pero están sujetos a cancelación por parte de Estados Unidos. Estos textos incorporan disposiciones que EE. UU. ha perfeccionado en los TLC a lo largo de varias décadas en materia de tecnología digital, empresas estatales, contratación pública, trabajo y medio ambiente, así como una excepción de seguridad de aplicación discrecional.

Los Acuerdos Comerciales Regionales (ART) van más allá, como instrumentos del imperialismo contemporáneo. Empezando por Camboya y Malasia, países que tenían escasa capacidad de negociación cedieron de hecho su autonomía soberana a EE. UU. en materia de políticas cruciales de asuntos exteriores y defensa, prioridades y decisiones de inversión, así como en las cadenas de suministro de minería y minerales, las normas alimentarias y los OMG, las infraestructuras como los puertos, y el control de los datos y la fiscalidad y regulación del ámbito digital. EE. UU. puede rescindir de hecho estos acuerdos a su antojo, junto con las limitadas concesiones arancelarias.  Estos acuerdos, negociados en secreto, ya han generado malestar interno entre productores locales, consumidores, sindicatos y parlamentarios.

La nueva prioridad de Estados Unidos en materia de «seguridad económica» queda patente en los compromisos sobre minerales críticos, cadenas de suministro, contratación pública y comercio de defensa, control de inversiones, controles a la exportación y prácticas «no de mercado». Una vez más, esto no es nuevo: el Marco Económico Indo-Pacífico (IPEF) de Biden concluyó acuerdos blandos sobre la resiliencia de la cadena de suministro y la economía limpia, en virtud de los cuales se estableció un Diálogo sobre Minerales Críticos con la contención de China y la revitalización nacional en mente. Pero los acuerdos de Trump conllevan obligaciones estrictas vigiladas por EE. UU., y que sitúan a los países en conflicto directo con China, con quien la mayoría de los signatarios mantienen profundos vínculos.

Los acuerdos sectoriales más específicos sobre minerales críticos complementan los acuerdos comerciales regionales (ACR). Algunos actores con abundantes recursos, como Australia, tienen suficiente poder de negociación para obtener el mejor resultado posible en los acuerdos. Entre ellos se incluyen planes de acción diseñados para sentar las bases de un acuerdo comercial preferencial vinculante posterior sobre minerales críticos. Por el contrario, los acuerdos marco que se están firmando con países ricos en recursos pero con bajos ingresos reproducen las relaciones extractivas coercitivas del pasado. Aunque formalmente no son vinculantes, están respaldados por amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos. Varios de los Estados que firman estos acuerdos tienen acuerdos paralelos con China que incluyen minerales críticos. Otros, a menudo en la misma región, han respaldado una moratoria sobre la minería en aguas profundas en su océano compartido, por temor a los impactos en los medios de vida y el ecosistema en una zona de riesgo climático.

Estos, entre muchos otros síntomas preocupantes, demuestran que el «sistema basado en normas» está roto. No se solucionará con un cambio de administración en Estados Unidos. Las «potencias medias» se engañan a sí mismas creyendo que mantener la bicicleta en pie evitará el colapso y las demandas de cambio. El propio Sur Global está fracturado.

Activismo, populismo y transformación

Este análisis aún no ha abordado las contradicciones del capitalismo como desencadenante de este colapso. Así que recurramos a otro viejo marxista, Karl Polanyi, autor de La gran transformación, para dar algo de protagonismo a las personas en la lucha dialéctica que subyace a esta crisis.

Polanyi insistía en que las relaciones económicas, la política y la ideología no existen en un vacío social. La economía está integrada en lo social, y la finalidad social del Estado es hacer efectiva esa realidad. Atribuyó el colapso del laissez faire en la década de 1920 a los intentos de desvincular lo social del mercado. En lo que denominó un «doble movimiento», las fuerzas del mercado sin restricciones causaron estragos, mientras que las fuerzas sociales dentro de los Estados-nación se organizaron para protegerse mediante una resistencia espontánea y localizada de las comunidades cuyas vidas habían quedado trastornadas.

En la misma línea, el modelo fallido actual de hiperglobalización y capital financiarizado no deja espacio para la función social del Estado. Como demostró Thomas Piketty, en las últimas décadas se han producido desigualdades sin precedentes, tanto a nivel externo como interno, en cuanto a riqueza e ingresos. El coste humano de los elementos no comerciales del régimen comercial quedó crudamente al descubierto durante las pandemias del VIH/sida y la COVID-19: algunos gobiernos infringieron las normas, pero Estados Unidos, la UE y Suiza han bloqueado la reforma del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Las sucesivas crisis financieras dieron lugar a intervenciones temporales para reestabilizar este modo de capitalismo y luego restablecer el statu quo anterior mediante una mayor liberalización de los servicios financieros y la inversión. Los oligarcas de las grandes tecnológicas que redactaron las normas del comercio digital dominan ahora el complejo militar-digital, mientras sus drones impulsados por IA siembran la muerte a diario en Palestina y el Líbano. La soberanía alimentaria indígena se ve amenazada por los desastres climáticos, la biopiratería y los OMG. Las economías impulsadas por las exportaciones están atrapadas en cadenas de suministro insostenibles que dependen del transporte marítimo y aéreo alimentado con combustibles fósiles, que elude la responsabilidad por el calentamiento global.

Estos efectos, y muchos otros, no se han soportado en silencio. El llamado movimiento antiglobalización, que ha protestado contra la OMC desde la Ronda de Uruguay, y posteriormente en Seattle en 1999, Cancún en 2003 y Hong Kong en 2005, puso de manifiesto una falta de «aceptación social» de la que la OMC nunca se ha recuperado. Campañas más recientes detuvieron la mayoría de los acuerdos megaregionales puestos en marcha por los responsables de la elaboración de normas debido al fracaso de la OMC: el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPPA), la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), entre otros. Estas campañas comerciales se desarrollaron en paralelo a la exitosa oposición internacional al Acuerdo Multilateral sobre Inversiones a finales de la década de 1990. La resistencia actual al mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados ha llevado a los países a bloquear el ISDS en los ALC y a abandonar por completo los tratados bilaterales de inversión.

En cierto modo, los movimientos activistas liderados por comunidades de agricultores afectadas, sindicatos, pueblos indígenas y ONG han sido víctimas de su propio éxito. La presión «antiglobalización» ha disminuido en los últimos años. La OMC ya no es un objetivo tan importante, los acuerdos megaregionales han quedado en gran medida marginados y los activistas se centran más en crisis más concretas, como el cambio climático, la minería, el ámbito digital y las guerras.

En su lugar, el auge del populismo de derecha en todo el mundo es otro síntoma mórbido del capitalismo disfuncional, del fracaso del Estado a la hora de cumplir sus funciones sociales, de la captura de los canales de información por parte de oligarcas digitales privados y del miedo a «los otros». Tal y como predijo Polanyi, el doble movimiento ha exigido que los Estados aborden la precaria existencia de las personas y del planeta, incluso en Estados Unidos. Los actores oportunistas han aprovechado este descontento para sus regímenes autoritarios y buscan normalizar el poder económico, militar y político en estado puro.

Los grupos de presión empresariales se han adaptado a este periodo de transición. Aprovechando todas las vías que su riqueza les permite abrir, siguen presionando para que se establezcan normas globales que faciliten la acumulación de riqueza y reduzcan al mínimo la regulación, ya sea a través de relaciones políticas corruptas y del uso de los aranceles como arma, del secuestro de la OMC o de la plétora de acuerdos asimétricos y nuevos microacuerdos. La bicicleta tambaleante toma caminos secundarios para llegar al mismo destino.

Algunas reflexiones finales

Gramsci predijo que el interregno sería un espacio muy disputado, mientras lo «nuevo» lucha por nacer. Hoy en día, el desmantelamiento del capitalismo hiperglobalizado está siendo impulsado por la derecha populista y los gobiernos autoritarios, en colaboración con oligarcas de doble cara. Quienes buscan un orden social y económico más justo, y medidas para salvar el planeta para nuestras futuras generaciones, ya no están en auge.

Me gustaría terminar con una nota positiva. Pero el futuro es muy incierto. No vendrá determinado por lo que ocurra con la OMC o los TLC. Se verá afectado sobre todo por cómo abordemos el interregno. El «viejo» orden fallido tiene cuatro décadas de antigüedad. Algunos gobiernos intentan mantenerlo con vida, pedaleando en sus bicicletas mientras siguen tratando las crisis sociales y ecológicas como externalidades. Otros autoritarios se sienten atraídos por el régimen estadounidense de nacionalismo económico impuesto por decreto, pero carecen del poder y la protección de que goza Estados Unidos. China afirma acatar las normas, mientras que su propio nacionalismo económico respalda los cambios que benefician a sus intereses a largo plazo. La mayoría de las naciones del mundo y sus pueblos siguen siendo meros receptores de normas en esta era de neocolonialismo e imperialismo.

Es posible que los Estados no tengan las respuestas, o al menos no las que su población necesita. Si no se abordan las causas de la crisis del capitalismo contemporáneo, las comunidades se verán obligadas a recurrir de nuevo a sus propios recursos. Sin caer en el romanticismo, hay que reconocer que la población local es resiliente. En Aotearoa (Nueva Zelanda), los maoríes indígenas se centran en una supervivencia sostenible que aplica los conocimientos tradicionales a los retos actuales de la soberanía alimentaria, la crisis climática y el control de los datos. Pero es una batalla cuesta arriba. No es algo que podamos dejar para dentro de otra década, mientras nuestros gobiernos siguen pedaleando en las bicicletas del libre comercio que nos llevan hacia el precipicio.

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* Aotearoa es la denominación de Nueva Zelanda en Maorí

La entrada El fin de la hiperglobalización, el resurgimiento del imperialismo y las perspectivas de una transformación genuina se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Larry Fink afirma que el antiguo modelo de capitalismo global se está desmoronando. Creo que lo más preocupante es que el capitalismo suele sobrevivir cambiando las reglas para todos los demás.

Juez Vuyo Ndlovu en Medium. Lectura de 11 minutos

Cuando alguien en internet dice que el capitalismo se está derrumbando, la mayoría de la gente lo ignora.

Suena dramático. Suena ideológico. Suena como el tipo de cosas que la gente dice cada pocos años cuando suben los precios, hay despidos masivos, los bancos entran en pánico o algún otro multimillonario dice algo insensible en televisión.

Pero cuando alguien como Larry Fink empieza a decir que el viejo modelo de capitalismo global se está fracturando, creo que merece la pena prestarle atención.

No porque signifique que el capitalismo esté a punto de terminar.

Ese es el error que comete la gente.

La historia real es aún más incómoda.

Probablemente el capitalismo no esté muriendo. Está mutando.

Y cada vez que muta, a la gente normal se le suele decir que primero absorba el dolor y luego comprenda la lógica.

Larry Fink no es un forastero que critica el sistema. Es el director ejecutivo de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo. BlackRock administra billones de dólares, presta servicios a clientes en todo el mundo y se encuentra en el centro del entramado financiero que decide el flujo de dinero.

Así que cuando alguien en esa posición dice que el viejo modelo se está fracturando, no escucho una declaración revolucionaria.

Escucho una advertencia desde el interior de la sala de control.

La máquina está temblando.

Las personas que se benefician de ello pueden sentirlo.

Y ahora están tratando de decidir qué versión del capitalismo vendrá después.

El error radica en pensar que crisis significa colapso.

La gente lleva mucho tiempo prediciendo el fin del capitalismo.

Cada gran crisis parece generar la misma sensación. Tiene que ser esta. Tiene que ser el punto de quiebre. La gente está demasiado agobiada. La deuda es demasiado alta. La vivienda es demasiado cara. Los salarios no suben. El ambiente político es demasiado tenso. El sistema financiero es demasiado frágil.

Y, sin embargo, de alguna manera, el sistema sobrevive.

Eso no significa que la crítica sea errónea.

Significa que el capitalismo es mejor a la hora de sobrevivir a las crisis de lo que la mayoría de la gente quiere admitir.

La Gran Depresión parecía el fin. La bolsa se desplomó, los bancos quebraron, el desempleo se disparó y millones de personas vieron cómo la promesa del libre mercado se derrumbaba en tiempo real. Si el capitalismo alguna vez iba a perder su legitimidad por completo, ese debería haber sido el momento.

Pero el capitalismo no desapareció.

Cambió de forma.

La versión anterior fue reemplazada por una versión más controlada. Los gobiernos se involucraron más. Los estados de bienestar se expandieron. La inversión pública cobró mayor importancia. El pleno empleo se convirtió en un objetivo político. La élite no fue eliminada, pero sí controlada. El capitalismo sobrevivió porque aceptó límites durante un tiempo.

Luego llegaron los años setenta.

La inflación, las crisis petroleras, el menor crecimiento y el fortalecimiento de los movimientos obreros generaron otra crisis. Esta vez, la solución fue en sentido contrario. El sistema decidió que los trabajadores habían adquirido demasiado poder. Se incrementaron las tasas de interés. Se debilitaron los sindicatos. Se recortaron los servicios públicos. Se desregularon los mercados. El sector financiero se volvió más poderoso.

Esa época se conoció como neoliberalismo.

Una vez más, el capitalismo no llegó a su fin.

Cambió de forma.

Luego llegó el año 2008.

Los bancos especularon con la deuda, el mercado inmobiliario se desplomó y la economía global estuvo a punto de quebrar. La gente perdió sus hogares, los empleos desaparecieron y generaciones enteras llegaron a la edad adulta con menos seguridad que la que tuvieron sus padres. Pero, una vez más, el capitalismo sobrevivió. La economía mundial estuvo a punto de colapsar. La gente perdió sus hogares, sus empleos desaparecieron y generaciones enteras llegaron a la edad adulta con menos seguridad que la que tuvieron sus padres. Pero, una vez más, el capitalismo sobrevivió.

Los bancos fueron rescatados. Los bancos centrales intervinieron. Los precios de los activos se recuperaron. La bolsa subió. Quienes poseían activos recuperaron sus pérdidas más rápidamente que quienes dependían de un salario.

Una vez más, el sistema no murió.

Se adaptó.

Por eso creo que el argumento de que «el capitalismo está llegando a su fin» suele ser demasiado simplista.

El capitalismo no suele colapsar solo porque la gente esté sufriendo.

Solo se derrumba cuando quienes detentan el poder ya no encuentran la manera de preservar su posición.

Hasta ahora, siguen encontrando la manera.

La nueva fractura es diferente

La fractura actual no es solo otro susto por una recesión.

Es algo más profundo que eso.

El modelo económico global que dominó las últimas décadas se basaba en una idea simple: producir donde sea más barato, vender donde la gente pueda comprar, mover el capital donde se obtengan los mayores rendimientos y suponer que el mundo seguirá estando lo suficientemente conectado como para que todo siga funcionando.

Ese modelo proporcionó a los consumidores productos baratos.

Además, provocó el despoblamiento de las regiones industriales, debilitó la mano de obra, hizo que los países dependieran de cadenas de suministro frágiles y permitió que los mercados financieros crecieran más rápido que los salarios.

Durante mucho tiempo, el trato era básicamente este: tu trabajo podría volverse menos seguro, tu alquiler podría subir, tu comunidad podría perder fábricas y tus salarios podrían estancarse, pero al menos podrías comprar aparatos electrónicos baratos, ropa barata y productos importados baratos.

Ese acuerdo se está rompiendo.

Los países ahora buscan la autosuficiencia. Quieren producción nacional de chips. Quieren seguridad energética. Quieren controlar las cadenas de suministro de defensa. Quieren proteger los minerales críticos, los centros de datos, los puertos, las redes eléctricas y la infraestructura.

Eso suena estratégico, y en cierto modo lo es.

Pero también es caro.

El mundo construyó una economía global de bajo costo mediante la diversificación de la producción a través de las fronteras. Reconstruir esa producción a nivel nacional implica mayores costos, más subsidios, mayor gasto público y más conflictos políticos sobre quién debe pagarlo.

Esta es una de las principales razones por las que el antiguo modelo se está desmoronando.

La globalización no va a desaparecer por completo. Pero la versión fácil de la globalización ha terminado.

Y la próxima versión del capitalismo podría ser más nacionalista, más militarizada, más inflacionaria y dependiente del capital privado para gestionar las necesidades públicas.

Es ahí donde empresas como BlackRock cobran aún más importancia.

Cuando los gobiernos necesitan infraestructura, pero no quieren financiarla por completo, interviene el capital privado. Cuando se necesitan modernizar las redes eléctricas, construir centros de datos y expandir la industria de defensa, los gestores de activos no se quedan de brazos cruzados. Buscan obtener rentabilidad.

Esta es la parte que la gente pasa por alto.

La crisis del capitalismo es también una oportunidad para el capital.

El sistema puede resultar inestable para la gente común y rentable para las empresas que están en posición de financiar esa inestabilidad.

Esas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

“Simplemente invierta” no es una respuesta seria a una economía en crisis.

Uno de los principales argumentos de personas como Larry Fink es que más gente necesita tener acceso a los mercados de capitales.

En apariencia, esto no suena descabellado.

No voy a fingir que invertir es malo. No lo es. Invertir a largo plazo puede ayudar a acumular riqueza. Las cuentas de jubilación son importantes. La propiedad importa. Si alguien tiene dinero extra, suele ser mejor hacerlo productivo que dejar que la inflación lo consuma lentamente en una cuenta bancaria.

Pero existe un problema importante al presentar la inversión como la solución a las fracturas del capitalismo.

Necesitas tener dinero ahorrado antes de poder invertir.

Esa sola frase destruye gran parte de la fantasía.

Una persona que tiene dificultades para pagar el alquiler, la comida, el transporte, el cuidado de los hijos, las deudas, las facturas médicas o que tiene horarios de trabajo inestables no se niega a generar riqueza por desconocimiento financiero. Muchas personas no invierten porque, después de sobrevivir, ya no les queda nada significativo.

Decirle a la gente que “participe en el mercado” cuando sus salarios no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas no es empoderamiento. Es una forma educada de eludir el problema salarial.

Aquí es donde todo el argumento de la propiedad se vuelve resbaladizo.

Sí, sería mejor que más personas poseyeran activos a que menos personas los poseyeran.

Pero si la mayor parte de los activos siguen en manos de los hogares más ricos, entonces el crecimiento del mercado seguirá fluyendo principalmente hacia arriba.

Los datos de la Reserva Federal revelan la enorme concentración de la propiedad de acciones en Estados Unidos. El 1% más rico posee aproximadamente la mitad de las acciones corporativas y las participaciones en fondos de inversión. El siguiente 9% también posee una participación importante. En conjunto, el 10% más rico controla la inmensa mayoría del mercado bursátil.

Por lo tanto, cuando el mercado sube, no es que «la gente» gane por igual.

En su mayoría, los ganadores son los propietarios de los activos.

Y quienes tienen más activos son los que más ganan.

Esto no significa que la gente común deba evitar invertir. Esa sería una conclusión errónea.

La verdadera lección es que invertir no puede reemplazar una economía que funcione.

No puede sustituir los salarios.

No puede sustituir la vivienda asequible.

No puede sustituir la atención médica.

No puede sustituir la infraestructura pública.

No puede sustituir la seguridad laboral.

Una sociedad donde la gente necesita convertirse en pequeños inversores solo para sobrevivir no es una sociedad sana. Es una sociedad que admite tácitamente que el trabajo por sí solo ya no proporciona estabilidad.

El mercado de valores se convirtió en la vía de escape.

Una de las características más extrañas del capitalismo moderno es que el mercado de valores se ha convertido en el centro emocional de la economía. Centro emocional de la economía.

Si el mercado sube, los políticos lo celebran.

Si el mercado baja, todo el mundo entra en pánico.

Pero el mercado de valores no es lo mismo que la economía real.

Una empresa puede subir los precios, despedir trabajadores, reducir la calidad del servicio, recomprar sus propias acciones y aun así mantener contentos a sus accionistas.

De hecho, eso es precisamente lo que suele ocurrir.

Aquí es donde la persona promedio queda atrapada en un extraño doble papel.

Como trabajador, usted desea salarios más altos.

Como consumidor, usted quiere precios más bajos.

Como pequeño inversor, usted desea que las empresas incluidas en su cuenta de jubilación aumenten sus beneficios.

Pero esos objetivos a menudo entran en conflicto.

La empresa que sube tus facturas también podría estar beneficiando a tu fondo indexado. La empresa que recorta empleos podría estar impulsando el precio de sus acciones. La empresa que presiona a sus proveedores podría estar mejorando sus márgenes.

Este es el truco silencioso del capitalismo basado en activos.

Esto otorga a la gente común una participación mínima en el sistema, y ​​luego utiliza esa participación para hacer que todo el sistema parezca más democrático de lo que realmente es.

Puede que poseas unas pocas gotas del océano.

Pero la marea pertenece a otra persona.

Y cuando sube la marea, ellos suben mucho más rápido que tú.

Por eso, el mensaje de que «todos deberían invertir» resulta incompleto. Convierte un problema estructural en una responsabilidad individual.

Si te estás quedando atrás, invierte mejor.

Si no puedes jubilarte, invierte antes.

Si los salarios son bajos, genere ingresos pasivos.

Si la vivienda es inasequible, compre activos.

Pero ¿qué ocurre cuando a millones de personas se les dice que escapen de la economía a través del mercado, mientras que la propia economía sigue empeorando?

En algún momento, eso deja de ser un consejo.

Se convierte en una confesión.

La IA podría empeorar la situación.

Es probable que la próxima etapa del capitalismo esté marcada por la inteligencia artificial.

Eso no significa que todas las predicciones de la IA se vayan a cumplir. Gran parte del entusiasmo es exagerado. Toda nueva tecnología se envuelve en fantasía antes de que se aclaren sus implicaciones económicas reales.

Pero la IA es diferente en un aspecto importante.

Recompensa la escala.

Las empresas que más se benefician son aquellas que cuentan con los datos, la capacidad de procesamiento, el acceso a la energía, la distribución y el capital necesarios para implementarlos correctamente. Esto significa que las empresas más grandes tienen una ventaja inherente.

Si la IA aumenta la productividad, pero la mayor parte de las ganancias van a parar a los accionistas, entonces el mismo problema de siempre se agrava aún más.

Es posible que se les diga a los trabajadores que la IA los hará más eficientes.

Las empresas pueden aprovechar esa eficiencia para reducir su plantilla.

Los inversores podrían aprovechar el potencial alcista.

Y a todos los demás se les puede decir que se reciclen, se adapten, se suscriban o inviertan.

Por eso, el auge de la IA no es solo una cuestión tecnológica.

Es una historia de propiedad.

¿Quién es el propietario de los modelos?

¿Quién es el dueño de las patatas fritas?

¿Quién es el propietario de los centros de datos?

¿Quién es el propietario de la infraestructura energética?

¿Quiénes son los dueños de las empresas que se benefician de la automatización?

Si la respuesta se limita principalmente al mismo pequeño grupo de propietarios de activos, la IA no se percibirá como un milagro de productividad generalizado. Se percibirá como otra máquina que amplía la brecha entre quienes trabajan por dinero y quienes tienen dinero que trabaja para ellos.

Ese es el verdadero riesgo.

No es que los robots reemplacen a todo el mundo de la noche a la mañana.

El riesgo es más gradual y predecible: el trabajo se vuelve menos seguro, los mercados adquieren mayor valor y la brecha entre salarios y patrimonio se vuelve aún más difícil de cerrar.

El capitalismo no está roto como la gente piensa.

La gente suele decir que el capitalismo está roto.

Entiendo por qué.

Para millones de personas, el sistema se siente roto. La vivienda es demasiado cara. Los alimentos son demasiado caros. Los sistemas de salud están saturados. La infraestructura pública está envejeciendo. A los jóvenes se les dice que trabajen duro, pero la recompensa por ese esfuerzo suele ser menor que antes.

Pero desde el punto de vista del capital, el sistema no está completamente roto.

Sigue haciendo aquello para lo que fue diseñado.

Se trata de proteger la propiedad.

Es una estrategia que recompensa a los poseedores de activos.

Está desplazando el riesgo hacia abajo.

Está transformando los problemas públicos en oportunidades de inversión privada.

Está transformando la inseguridad en fuentes de ingresos.

Por eso creo que la palabra «fractura» es útil.

Una fractura no es lo mismo que la muerte.

Un sistema fragmentado aún puede funcionar. Aún puede generar dinero. Aún puede enriquecer a las personas que se encuentran en la posición correcta dentro de él.

Pero vivir bajo ese y más doloroso se vuelve.

Ese es el mundo al que podríamos estar entrando.

No es el fin del capitalismo.

Su endurecimiento.

Una versión en la que los gobiernos gastan más, pero el capital privado se lleva una mayor parte de los beneficios.

Una versión en la que la IA aumenta la productividad, pero los trabajadores no reciben automáticamente las mejoras.

Una versión en la que la infraestructura se convierte en un producto de inversión.

Una versión en la que se les dice a las personas comunes que la solución a la desigualdad es comprar pequeñas participaciones en las empresas que se benefician de ella.

Eso no es una revolución.

Eso es una reestructuración.

Y la reestructuración es lo que mejor hace el capitalismo.

La verdadera cuestión es la legitimidad.

La mayor amenaza para el capitalismo no es la crisis en sí misma.

Es legitimidad.

La gente puede tolerar un sistema difícil si cree que el acuerdo básico sigue funcionando.

Trabaja duro y podrás vivir dignamente.

Ahorra dinero y podrás construir un futuro.

Infórmate y podrás mejorar tu situación.

Empieza desde poco y ve avanzando poco a poco.

Esa creencia ha provocado que el capitalismo sufra muchos daños.

Pero ¿qué ocurre cuando la gente deja de creerlo?

¿Qué ocurre cuando los trabajadores dejan de creer que los salarios les proporcionarán estabilidad?

¿Qué ocurre cuando los jóvenes dejan de creer que la educación garantiza oportunidades?

¿Qué ocurre cuando los inquilinos dejan de creer que algún día podrán ser propietarios de una vivienda?

¿Qué ocurre cuando los votantes se dan cuenta de que la economía puede crecer mientras sus vidas empeoran?

Es entonces cuando el sistema tiene un problema real.

No porque la gente se convierta de repente en economistas.

Porque dejan de creer en la historia.

Y el capitalismo depende en gran medida de las historias.

La historia del progreso.

La historia del mérito.

La historia de la propiedad.

La historia de que los mercados recompensan el esfuerzo.

La historia de que el dolor de hoy crea la prosperidad de mañana.

Cuando esas historias dejan de coincidir con la realidad, la gente empieza a buscar alternativas.

Eso no significa que automáticamente encontrarán mejores alternativas. La historia no es tan sencilla. La pérdida de confianza puede conducir a reformas, pero también al caos, al nacionalismo, a la búsqueda de chivos expiatorios y a políticas autoritarias.

Por eso este momento importa.

Un sistema puede fracturarse en más de una dirección.

Puede volverse más democrático.

O puede volverse más concentrado.

Puede reconstruir el poder público.

O bien, puede entregar aún más del futuro a las finanzas privadas.

Puede utilizar la tecnología para mejorar la vida de las personas.

O bien, puede utilizar la tecnología para abaratar la mano de obra y aumentar la riqueza de los propietarios.

Nada de esto es automático.

La incómoda verdad

No creo que el capitalismo esté a punto de acabar porque Larry Fink diga que el viejo modelo se está desmoronando.

Creo que eso es demasiado fácil.

La verdad más incómoda es que el capitalismo podría sobrevivir a este momento del mismo modo que sobrevivió a los anteriores: cambiando lo justo para protegerse.

Tras la Gran Depresión, aceptó una mayor intervención gubernamental.

Después de la década de 1970, se volvió contra los trabajadores y abrazó el neoliberalismo.

Después de 2008, protegió el sistema financiero e infló los precios de los activos.

Ahora, tras la globalización, la inflación, la inteligencia artificial, las perturbaciones en las cadenas de suministro, los conflictos geopolíticos y la creciente desigualdad, puede que esté preparando otra transformación.

Esta nueva versión podría exigir a la gente común que se convierta en inversora, al tiempo que les dificulta vivir de un salario.

Puede utilizar el miedo público para justificar el control privado sobre la infraestructura.

Esto podría convertir la capacidad de respuesta nacional en una fuente de beneficios.

Puede que venda la IA como un progreso, concentrando al mismo tiempo las recompensas en manos de las empresas que ya dominan la economía.

Por eso no me resulta convincente el argumento de que «el capitalismo se está derrumbando».

El colapso sería sencillo.

Las mutaciones son más difíciles de combatir.

Porque cuando un sistema muta, conserva el lenguaje familiar. Sigue hablando de oportunidad, libertad, propiedad, crecimiento e innovación. Pero en el fondo, el equilibrio de poder se inclina aún más hacia quienes ya controlan el futuro.

Así que no, no creo que el capitalismo vaya a morir mañana.

Pero creo que algo importante está a punto de romperse.

La vieja promesa se está rompiendo.

La creencia de que el trabajo conduce a la seguridad se está desmoronando.

La idea de que el crecimiento beneficia a todos se está desmoronando.

La premisa de que los mercados pueden resolver los problemas que ellos mismos ayudaron a crear se está desmoronando.

Y cuando esas cosas se rompen, la cuestión no es si el capitalismo puede sobrevivir.

Probablemente sí.

La cuestión es qué tipo de sociedad quedará para el resto de las personas si eso sucede.

La entrada El capitalismo no está muriendo. Está aprendiendo a sobrevivir sin ti se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Daniel Raventós y Julen Bollain

La renta básica (RB), una asignación pública individual e incondicional, se acostumbra a debatir como si fuera una herramienta puramente técnica, centrando la atención en cuánto cuesta, cómo se financia o qué efectos tendría sobre el empleo. Son preguntas importantes, sin duda, pero dejan fuera una cuestión tan o más importante que las anteriores, la justicia de la propuesta o, dicho de una forma más extensa, la de qué tipo de libertad protege y qué relaciones de poder transforma.

A nosotros nos interesa una veterana tradición de pensamiento político: el republicanismo. Frente a una idea de libertad entendida solo como ausencia de interferencia que predica una cierta tradición liberal (así, los esclavos no interferidos por un esclavista benévolo son libres), el republicanismo ha planteado históricamente una exigencia mayor. Una persona es libre cuando no vive sometida al poder arbitrario de otra, ni de hecho ni de posibilidad. Es decir, cuando no depende de que un jefe, un casero, un acreedor o una autoridad “se porte bien” con ella para vivir sin la mera posibilidad de la arbitrariedad.

Cuando la supervivencia depende de no contrariar a quien controla salario, vivienda o crédito, la libertad se vuelve frágil —si es que aún merece el nombre de libertad

Esta idea de libertad como no-dominación cambia mucho el debate. Una persona puede no sufrir una amenaza explícita y, aun así, estar profundamente condicionada cada día por una relación de dependencia. Esa falta de libertad no siempre se presenta como coerción visible, pero organiza decisiones cotidianas, desde aceptar un empleo precario hasta no denunciar abusos, pasando por renunciar a tiempo de cuidados, aplazar una formación o callar en el trabajo por miedo a perder ingresos o a otras represalias. Por tanto, cuando la supervivencia depende de no contrariar a quien controla salario, vivienda o crédito, porque estas posiciones ejercen una interferencia no controlada por quien depende de ellas, la libertad se vuelve frágil —si es que aún merece el nombre de libertad.

Es desde esta perspectiva que la RB puede entenderse como algo más que una política contra la pobreza. Puede ser una institución que reduce vulnerabilidad material y, con ello, limita formas de dominación presentes en la vida social y laboral. No elimina por sí sola la desigualdad, ni la explotación, ni la dominación, pero sí puede cambiar el punto de partida desde el que se negocia la vida. Dicho de forma sencilla: dota a las personas del poder para decir “no” ante situaciones que sin RB dicen “sí”. No necesariamente “no al empleo”, como a veces caricaturiza el debate, sino “no” a determinadas condiciones. No a empleos aceptados solo por urgencia extrema. No a formas de subordinación sostenidas por el miedo a quedarse sin ingresos. Y también “sí” a otras posibilidades, como buscar un mejor empleo, formarse, reorganizar tiempos de cuidado, participar más en la vida comunitaria o en la acción colectiva.

Quien acepta algo por necesidad no lo hace libremente. Es vieja la distinción entre necesidad y libertad. Ahora bien, el republicanismo clásico vinculó la libertad con la independencia material, pero lo hizo en contextos históricos muy distintos de los actuales. En sociedades capitalistas donde la propiedad está fuertemente concentrada y el trabajo asalariado estructura la vida de la mayoría, esa intuición necesita ser reformulada. Y ahí es donde entra el socialismo. No como añadido ornamental, sino como marco que permite pensar cómo cambian la dependencia y la dominación bajo el capitalismo moderno.

Desde esa actualización republicano-socialista, la dominación no es solo una relación personal, sino también estructural. Aunque una persona cambie de empresa, sigue dependiendo de encontrar algún empleador en un sistema donde los medios de producción están concentrados. La subordinación no desaparece al cambiar de sitio; se reproduce en el marco general de las reglas del juego de la forma de producir capitalista. La libertad doble que tiene toda persona que depende de un salario, la inmensa mayoría de nuestra sociedad, deja mucho que desear: la libertad de ser explotados por el empresario que elija va unida a la libertad de pasar hambre si no se elige a ninguno. Otra vez: necesidad no es libertad.

Una RB que tenga sentido desde la perspectiva republicano-socialista exige fiscalidad progresiva, servicios públicos universales robustos, y una limitación de la riqueza

Desde esta perspectiva, la RB no se valora únicamente porque aumente ingresos de las capas de la sociedad no estrictamente ricas, sino porque puede reducir esa dependencia estructural y ampliar la autonomía real de la ciudadanía. No sustituye a los sindicatos, ni a la regulación laboral, ni a los servicios públicos, ni a una agenda más amplia de democratización económica. Pero permite reforzar tanto la capacidad de salida (abandonar situaciones intolerables) como la capacidad de voz (negociar, protestar, participar sin tanto miedo).

Y aquí se debe realizar una precisión fundamental, porque no cualquier RB produce ese efecto. La misma etiqueta puede cubrir diseños políticamente opuestos. Ejemplos de opuestos son la RB que estamos defendiendo y la que defiende el economista ultraneoliberal Charles Murray. Una RB puede formar parte de un proyecto orientado a ampliar derechos y autonomía material, pero también puede convertirse en una coartada para recortar servicios públicos y trasladar más riesgos al individuo. Si se presenta como sustituto de sanidad, educación, cuidados o vivienda públicos, puede aumentar la dependencia del mercado en lugar de reducirla. En ese caso, la RB funciona como un cheque para comprar por cuenta propia lo que antes era un derecho social. Por eso importan tanto la financiación como el encaje institucional.

Desde una perspectiva republicano-socialista, una RB que tenga sentido desde la perspectiva republicano-socialista exige fiscalidad progresiva, servicios públicos universales robustos, una limitación a la riqueza y a la renta máximas, protección laboral y límites a la captura privada de los beneficios. Sin ese marco, corre el riesgo de actuar como parche que compensa daños sin alterar las relaciones de poder que los producen.

La pregunta relevante, entonces, no es solo si la RB funciona, sino para qué proyecto de sociedad se diseña. ¿Busca ampliar la libertad de la ciudadanía? ¿O gestionar la precariedad de manera más barata mientras se debilitan las garantías colectivas? Planteada así, por tanto, la discusión deja de ser solo presupuestaria y se convierte en una discusión sobre libertad, trabajo (asalariado, de cuidados y voluntario), propiedad y democracia. Y eso es precisamente lo que la hace tan políticamente interesante. Porque obliga a decidir si queremos una sociedad donde la gente sobreviva como pueda, o una sociedad donde exista una base material suficiente para vivir con más dignidad, más voz y menos miedo.

Julen Bollain es Doctor en Estudios sobre Desarrollo, es investigador en Mondragon Unibertsitatea. Su trabajo se centra en el análisis de políticas públicas, la renta básica y las desigualdades sociales, combinando investigación académica y divulgación.

Daniel Raventós es Doctor en Economía, profesor titular de la Universidad de Barcelona. Es presidente de la Red Renta Básica (www.redrentabasica.org) y editor de la revista política internacional Sin Permiso (www.sinpermiso.info).

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Carta abierta a la Comisión Europea

Estimada presidenta von der Leyen, estimados comisarios:

Les escribimos para exponer las preocupaciones de la sociedad civil respecto a las propuestas de modificación de las actuales directrices sobre «Mejor Regulación», así como a otras propuestas incluidas en su Comunicado titulado «Un marco normativo de la UE más sencillo, más claro y mejor aplicado». Las organizaciones abajo firmantes consideran que la Comisión está adoptando medidas que resultan inaceptables desde una perspectiva democrática, que no se ajustan a la estrategia de la UE en materia de sociedad civil y que crean una jerarquía entre las partes interesadas, ya que otorgan ventajas a las empresas a expensas del interés público y de la economía en su conjunto.

Varias de las reformas propuestas corren el riesgo de socavar la elaboración de políticas basadas en datos empíricos, la transparencia y la rendición de cuentas, al reforzar un desequilibrio estructural a favor de un reducido conjunto de intereses sectoriales. Por lo tanto, creemos que deberían reconsiderarse elementos importantes del Comunicado. Estas preocupaciones se ven reforzadas por las recientes conclusiones del Defensor del Pueblo Europeo sobre la mala administración en los procedimientos de urgencia. Ahora, la Comisión responde debilitando esas mismas normas, para poder seguir actuando sin obstáculos basándose en directrices más laxas.

Las organizaciones abajo firmantes están especialmente preocupadas por los siguientes aspectos:

1. Procedimientos de urgencia y evaluaciones de impacto.

En el Comunicado, la Comisión se compromete a realizar más evaluaciones de impacto, pero reduce su calidad y pertinencia al limitarlas mediante una «matriz de impactos clave» centrada en los costes para las empresas. Para dar respuesta a las conclusiones del Defensor del Pueblo, la Comisión intenta definir cómo la «urgencia» puede permitir excepciones al procedimiento estándar, pero no logra disipar las dudas. En primer lugar, la «urgencia» se define de forma demasiado amplia, incluyendo una referencia vaga al «contexto político», lo que impide que se derive de ella certeza o previsibilidad. En segundo lugar, la Comisión establece dos niveles de procedimientos de urgencia: uno con evaluaciones de impacto y consultas limitadas, y otro de «urgencia especial» que carece por completo de ambas. Cualquier excepción a los procedimientos estándar debe definirse de forma estricta, justificarse objetivamente y someterse a un escrutinio independiente.

En este mismo sentido, nos parece profundamente preocupante que la Comisión sugiera que el Parlamento Europeo introduzca evaluaciones de impacto sobre las «enmiendas sustanciales» utilizando el «modelo de costes estándar». Esta metodología está obsoleta y es problemática, ya que no tiene en cuenta el coste real de una propuesta legislativa ni el coste de la inacción para el conjunto de la sociedad, incluidos los impactos medioambientales y sociales (de los que depende la economía). La economía no existe en el vacío y no debe considerarse como tal. La Comisión está intentando allanar el camino hacia una vía sencilla y rápida para la «simplificación» de la legislación europea. Las decisiones políticas relativas a los trabajadores y los derechos sociales, la protección del medio ambiente, la protección de los consumidores, los derechos digitales, la salud pública o los derechos fundamentales no deben subordinarse a análisis simplificados de coste-beneficio.

2. Consulta y participación de las partes interesadas

Nos preocupa que la Comisión recurra cada vez más a formatos de «consulta selectiva». Con ello, la Comisión suele referirse a ignorar opiniones distintas a las de determinados grupos empresariales. Uno de los ejemplos más recientes es la nueva herramienta denominada «Reality Checks», en la que, en la mayoría de los casos, solo se invita a las empresas a contribuir al proceso y en la que brilla por su ausencia cualquier tipo de transparencia. El resultado es que, al elaborar sus propuestas, la Comisión corre el riesgo de incurrir en lagunas y grandes injusticias. Consideramos que este enfoque incumple los Tratados de la UE, así como las normas adoptadas en materia de consulta pública.

3. Normas nacionales que van más allá de los requisitos mínimos de la UE

Nos preocupa especialmente el enfoque cada vez más negativo que se da al denominado «goldplating», un término que tiene su origen en los intereses particulares de la industria, que desean que la Comisión limite la capacidad de los Estados miembros para introducir medidas más estrictas que las acordadas a nivel europeo. En sí mismo, el «goldplating» no tiene nada de malo. La adopción de medidas más ambiciosas a nivel nacional es legítima cuando tienen por objeto elevar los estándares, y los poderes legislativos nacionales están en su derecho de hacerlo. Incluso puede producirse el resultado positivo de elevar el estándar a nivel de la UE, y la legislación suele influir en la cultura y la práctica. Por ello, condenamos la formulación parcial sobre el «goldplating» y las medidas que la Comisión propone adoptar. La propuesta de la Comisión sugiere que se adopten medidas a nivel europeo, incluso si las medidas a nivel nacional no son contrarias al Derecho de la UE. Esto está previsto que se produzca, entre otros, en el contexto del Semestre Europeo. En materia de política social, legislación laboral y políticas sobre condiciones de trabajo, los Estados miembros suelen aplicar medidas más ambiciosas y deben poder seguir haciéndolo, de conformidad con el artículo 288 del TFUE. En materia de política medioambiental, el artículo 192 del TFUE prevé expresamente la introducción de medidas de protección más estrictas por parte de los Estados miembros.

4. Restricciones temporales en materia de políticas

Hay bastantes elementos en la comunicación —tal y como están redactados— que no están definidos, pero que tememos que puedan llegar a utilizarse de forma perjudicial. Existe la intención de introducir más cláusulas de derechos adquiridos, que corren el riesgo de utilizarse para retrasar la implantación gradual de normas cruciales para la protección del medio ambiente o la salud pública. Y están las cláusulas de caducidad, sumamente problemáticas: con ese cambio en la legislación, ya no es la supresión de una disposición protectora lo que debe justificarse, sino su mantenimiento. La carga de la prueba política se invierte. Una normativa crucial podría derogarse automáticamente si no se alcanza a tiempo un acuerdo sobre el proyecto de ley.

El camino a seguir

En general, la Comisión está introduciendo un conjunto de las denominadas «reformas», todas ellas destinadas a promover un enfoque más miope en la toma de decisiones. Se trata de marginar en los procedimientos los intereses distintos de los de las empresas. Al reducir el escrutinio, debilitar la participación y dar prioridad a un conjunto limitado de indicadores económicos, se corre el riesgo de pasar por alto repercusiones más amplias en la sostenibilidad medioambiental, la cohesión social, la salud pública, los derechos de los consumidores, los derechos de los trabajadores y los derechos fundamentales. Esto es justo lo contrario de una «mejor regulación».

Hay que poner fin al despilfarro a costa de los contribuyentes. Pedimos:

– Que se ponga fin al incumplimiento del Tratado de la UE: el artículo del Tratado sobre la necesidad de integrar, por ejemplo, las cuestiones medioambientales y los intereses de los trabajadores y los consumidores, debe reflejarse en las directrices de «Mejor Regulación» (artículos 3, 11 y 153 del TFUE).

– Una armonización de la «Mejor Regulación» con los diez principios rectores para el diálogo con la sociedad civil recogidos en la estrategia de la UE en materia de sociedad civil.

– La transparencia como prioridad: las consultas deben ser siempre públicas, abiertas y transparentes.

– Un diálogo civil estructurado y significativo, con la participación de el mundo académico, la sociedad civil y los sindicatos en los grupos consultivos. La era de los «grupos de expertos» dominados por las empresas debe llegar a su fin.

– Investigaciones exhaustivas sobre las repercusiones de la nueva legislación, incluyendo todos los aspectos relevantes. Los análisis de costes y beneficios superficiales ofrecen una imagen sesgada y engañosa a los responsables de la toma de decisiones.

– El fin de los ataques obstinados contra el denominado «gold plating». Están ahora en juego normas de protección fundamentales, por ejemplo, en la legislación laboral y de protección de los trabajadores, los derechos de los consumidores y la legislación medioambiental.

Instamos a la Comisión a que tenga en cuenta estas preocupaciones a la hora de revisar las Directrices y el conjunto de herramientas para una mejor reglamentación. Quedamos a su disposición para colaborar y contribuir a este proceso.

Atentamente,

ActionAid France

ACV-CSC (Belgium)

Alternatif Bilisim (Turkey)

Animal Advocacy & Food Transition (EU) 

Arnika (Czech Republic)

Association For Promotion Sustainable (India) 

ATTAC Austria

ATTAC España 

ATTAC France

Austrian Federal Chamber of Labour

BirdLife Europe and Central Asia

CEE Bankwatch Network (Central and Eastern Europe)

CHEM Trust (Europe)

Child Rights International Network (Belgium, UK and international)

Climate Action Network (CAN) Europe

CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung (Germany)

Corporate Europe Observatory (Europe)

Defend Democracy (EU)

Die Bürokratiemonster(Germany)

Digitalcourage (Germany)

Ecologistas en Acción (Spain)

Electronic Frontier Norway (Norway)

epicenter.works (Austria)

European Anti-Poverty Network (Belgium/Europe)

European Civic Forum (EU)

European Digital Rights (EDRi) (Europe)

European Environmental Bureau (EU)

European Grandparents for Climate (Austria)

European Network Against Arms Trade (Europe)

European Public Services Unions (EPSU, Europe)

European Transport Safety Council (ETSC, Belgium)

Fairwatch (Italy)

Fern (EU)

FNV (The Netherlands)

foodwatch international (Belgium)

France Nature Environnement (France)

Friends of the Earth Europe (Europe)

Générations Futures (France)

GLOBAL 2000 (Austria)

Grandparents for Future (Austria)

Greenpeace EU Unit (BE/EU)

GYBN Austria – Austrian Youth Biodiversity Network (Austira)

Human Development Research Initiative (HDRI) (France)

Irish Coalition for Business and Human Rights (Ireland)

JESC – Jesuit European Social Centre (Belgium)

LobbyControl (Germany)

Kettensäge stoppen! (Austria)

Notre Affaire à Tous (France)

Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural (Portugal)

PowerShift e.V. (Germany)

ReCommon (Italy)

REZERO (Spain)

Rise For Climate Belgium (Belgium) 

The Good Lobby (Europe)

Transparency International EU (EU)

Trócaire (Ireland)

WSM – We Social Movements (Belgium)

WWF European Policy Office (Belgium/EU)

ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System (Portugal)

Campaña Rules to Protect. Promovida por Corporate Europe Observarory

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