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Carta abierta al Consejo de la Unión Europea: no permitan que la simplificación digital se convierta en desregulación

Nuria — Wed, 24 Jun 2026 06:35:48 +0000

A la Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea y a las Representaciones Permanentes de los Estados miembros:

Nosotras, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, les escribimos en relación con los trabajos del Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativa a la simplificación del marco legislativo digital, conocido como «Omnibus digital», y, en particular, sobre sus aspectos relativos al RGPD y a la privacidad electrónica (el llamado «Omnibus de datos»).

Si bien este expediente se presenta como un ejercicio de simplificación, en los ámbitos de la protección de datos y la privacidad electrónica, varias partes de la propuesta de la Comisión van mucho más allá de la mera simplificación de las normas. Debilitarían las salvaguardias fundamentales, reducirían la seguridad jurídica y disminuirían la protección práctica de los derechos fundamentales.

El RGPD y la privacidad electrónica no son cargas administrativas. Son pilares centrales de un reglamento digital europeo basado en derechos. Protegen a las personas frente al seguimiento intrusivo, el uso ilícito de datos, la elaboración de perfiles opaca y la automatización abusiva. Asimismo, proporcionan a las organizaciones responsables la seguridad jurídica que necesitan.

El proceso para desarrollar el Omnibus digital es parte del problema. Un paquete que cambia la forma en que se protegen los derechos fundamentales en los entornos digitales debe estar respaldado por pruebas, cumplir con las normas de mejora de la legislación de la UE e incluir una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales adecuada en toda la propuesta. Sin ello, el Consejo no debería utilizar este expediente para introducir cambios sustanciales, y mucho menos para reducir las salvaguardias, reabrir conceptos jurídicos fundamentales o normalizar un mayor seguimiento.

Celebramos los esfuerzos anteriores realizados por el Consejo para eliminar o limitar algunos de los elementos más perjudiciales de la propuesta de la Comisión, aunque los últimos acontecimientos sugieren que estos podrían revertirse ahora. La dirección protectora debe preservarse o restablecerse allí donde se haya debilitado.

El Consejo debe mantener la eliminación de las propuestas relacionadas con el RGPD que han debilitado la definición de datos personales, han creado amplias aperturas para el tratamiento relacionado con la inteligencia artificial o han reducido las salvaguardias clave para las personas. En conjunto, estas propuestas alejarían al RGPD de los derechos exigibles y lo acercarían a una mayor discrecionalidad del responsable del tratamiento, a una reinterpretación de conceptos fundamentales dirigida por la Comisión y a una mayor responsabilidad depositada en las personas para protegerse frente a sistemas que no pueden ver ni impugnar de manera significativa. Reabrir la arquitectura fundamental del RGPD a través del Omnibus crearía más incertidumbre, más litigios y derechos más débiles.

Las propuestas eliminadas no deberían volver de ninguna manera por la puerta trasera. Los considerandos, los mandatos de orientación, las normas y el lenguaje vago de compromiso pueden tener efectos jurídicos reales en la práctica. No deberían utilizarse para revivir ideas arriesgadas sobre el tratamiento relacionado con la IA, la seudonimización, la identificabilidad, la investigación científica o el interés legítimo, una vez que se han eliminado las disposiciones operativas.

Celebramos el hecho de que el actual compromiso del Consejo aparentemente mantenga las normas sobre el acceso a los equipos terminales dentro del marco de la privacidad electrónica, en lugar de transferirlas al RGPD. Esta dirección debe preservarse. El RGPD regula el tratamiento de datos personales. La privacidad electrónica protege la confidencialidad de las comunicaciones y la integridad de los equipos terminales. Difuminar estas lógicas jurídicas debilitaría la protección en el punto donde comienza el seguimiento y crearía confusión sobre qué normas y autoridades se aplican.

Observamos que las señales de privacidad automatizadas ya no están sobre la mesa. El Consejo debe reintroducir y fortalecer esta disposición, evitando diluir el lenguaje o retrasar las protecciones. Las señales son el ejemplo más claro de simplificación genuina en este expediente. Permitirían a las personas expresar sus elecciones a través de navegadores, sistemas operativos, aplicaciones u otras herramientas del lado del usuario, en lugar de verse obligadas a navegar por interminables banners de cookies. Esto facilitaría el ejercicio de los derechos y nivelaría el terreno de juego para las empresas que respetan las elecciones de las personas, en lugar de recompensar a los actores que dependen de interfaces manipuladoras y un seguimiento que no cumple la normativa.

Por tanto, el Consejo debería evitar el atajo equivocado: sustituir las señales por nuevas y amplias exenciones al consentimiento. Lograr menos banners eliminando el requisito de consentimiento y permitiendo el seguimiento sería una solución falsa. Aumentaría los riesgos para la privacidad, la protección de datos, la ciberseguridad y la integridad de los dispositivos. Cualquier acceso a equipos terminales sin consentimiento debe seguir siendo limitado, necesario, técnicamente restringido y claramente salvaguardado.

Cuando el Consejo mantenga partes de la propuesta de la Comisión, debe añadir salvaguardias sólidas. La simplificación no puede significar una transparencia más débil, derechos de acceso más débiles, una protección más débil para los datos sensibles, mecanismos de reclamación más débiles o una rendición de cuentas más débil en la toma de decisiones automatizada.

El Consejo también debe evitar utilizar las discusiones no resueltas sobre el acervo de datos para reabrir los avances realizados en el RGPD y la privacidad electrónica. Si se alcanza un consenso sobre las partes del RGPD y la privacidad electrónica, ese compromiso debería respetarse mientras continúan las discusiones sobre el acervo de datos. El progreso en una parte del expediente no debería convertirse en una excusa para debilitar otra.

Las personas y las organizaciones responsables necesitan normas que sean claras, exigibles y viables. Pero la claridad no puede provenir de reducir las salvaguardias, ampliar el seguimiento o trasladar la carga a los individuos para que se protejan a sí mismos. La seguridad jurídica debe significar derechos que funcionen en la práctica, obligaciones que puedan hacerse cumplir y mercados que recompensen a los actores responsables.

Una carrera desregulatoria hacia el fondo no hará que Europa sea más competitiva. Fortalecerá a los actores que ya dominan a través de la escala, la opacidad y la extracción de datos, mientras que dejará a las empresas europeas que intentan cumplir la normativa en condiciones aún menos equitativas. La soberanía digital de Europa requiere normas que hagan efectivas las elecciones de las personas, hagan posible la aplicación de la ley y permitan a las empresas que respetan los derechos competir de manera justa.

Instamos a los Estados miembros a adoptar una posición en el Consejo que proteja los avances realizados hasta ahora: eliminar las propuestas más perjudiciales, mantener la privacidad electrónica y el RGPD como ámbitos distintos, preservar las señales de privacidad automatizadas, evitar que considerandos arriesgados revivan disposiciones eliminadas y rechazar cualquier otra adición desregulatoria. Un Omnibus de datos que debilite los derechos no aportará confianza, seguridad jurídica ni competitividad. Un mandato que preserve los derechos sí puede hacerlo.

Atentamente,

Attac Austria

ATTAC Spain

Bits of Freedom

Check My Ads

Corporate Europe Observatory (CEO)

Danes je nov dan

Defend Democracy

Ecologistas en Acción (Spain)

Electronic Frontier Foundation

Electronic Privacy Information Center (EPIC)

Elektronisk Forpost Norge | Electronic Frontier Norway

European Anti-Poverty Network

European Digital Rights (EDRi)

Homo Digitalis

IT-Pol

Panoptykon Foundation

People vs Big Tech

Politiscope

Privacy International

Stichting Data Bescherming Nederland

The Good Lobby

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La deuda climática de los ultrarricos: el coste de la riqueza extrema

Nuria — Sat, 20 Jun 2026 06:04:27 +0000

Artículo original publicado en greenpeace.org

Greenpeace

Resumen ejecutivo de Greenpeace. Investigación realizada por Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS).

Índice

1. Introducción
Principales conclusiones
Recuadro 1: La deuda climática en cifras
2. ¿Qué es la deuda climática de los más ricos?
3. La contabilidad de las emisiones
Recuadro 2: Cómo estima este informe la deuda climática
4. Extrema concentración de la riqueza y la deuda climática
5. Las emisiones vinculadas a la propiedad, un enorme punto ciego en la política climática actual
6. Divergencia geográfica entre la deuda climática y las necesidades de financiación
7. Implicaciones para la política climática y fiscal
Bibliografía

Introducción

El cambio climático está generando pérdidas económicas y daños sociales cada vez mayores en todo el mundo. Estos daños son acumulativos y reflejan décadas de emisiones profundamente desiguales asociadas a la concentración de la riqueza y a un crecimiento económico intensivo en combustibles fósiles. Sin embargo, la responsabilidad de estos daños se distribuye de forma extremadamente desigual. Un pequeño grupo de personas muy ricas es responsable de una parte desproporcionada de las emisiones mundiales, no solo a través de un consumo con altas emisiones de carbono, sino también a través de la propiedad de activos de capital y de inversiones vinculadas a actividades económicas altamente contaminantes. Las conclusiones de este informe muestran que la crisis climática es, cada vez más, también una crisis de concentración de la riqueza, en la que la propiedad profundamente desigual de estructuras de inversión y de capital intensivas en carbono genera una enorme disparidad en las responsabilidades sobre los impactos climáticos.

Este informe amplía el concepto de «deuda climática» a las personas con un patrimonio neto alto (HNWIs, por sus siglas en inglés). Basándose en el principio de «quien contamina, paga», en el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas y capacidades respectivas (CBDR-RC) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y en las investigaciones existentes sobre la desigualdad del carbono, el informe estima una «deuda climática» o los daños climáticos monetizados asociados a las emisiones que superan una cuota per cápita equitativa del presupuesto de carbono restante compatible con una trayectoria de 1,5°C.

Históricamente, la deuda climática y la responsabilidad climática diferenciada se han abordado principalmente a nivel de los Estados, en particular a través de las obligaciones internacionales de financiación climática y del principio CBDR-RC bajo la CMNUCC. Sin embargo, cada vez hay más pruebas del papel que desempeñan la propiedad de capital asociado a los combustibles fósiles e industrias intensivas en carbono, así como el consumo de alto impacto (por ejemplo, el uso de yates y jets privados), en el aumento de las emisiones vinculadas a las personas de patrimonio neto alto.

Los resultados del informe muestran:

La deuda climática está sumamente concentrada en la cúspide de la distribución de la riqueza mundial. A medida que aumenta la concentración de la riqueza, también lo hace la escala de la deuda climática asociada.
Las emisiones basadas en la propiedad -aquellas vinculadas a las carteras de inversión y las participaciones de capital- están considerablemente más concentradas entre los grupos más ricos que las emisiones basadas en el consumo, lo que destaca el papel creciente de las estructuras de inversión y de la propiedad del capital como motores de una responsabilidad climática muy desigual.
La responsabilidad climática basada en la propiedad y la concentración extrema de la riqueza se acumulan en algunas jurisdicciones, mientras que los países que se enfrentan a la mayor vulnerabilidad climática, daños climáticos o necesidades de financiación climática suelen encontrarse en otras regiones.

Las conclusiones de este informe sugieren que las políticas climáticas y fiscales actuales deberían abordar de forma más directa el papel de la extrema concentración de la riqueza y sus impactos a través de las estructuras de propiedad y las inversiones intensivas en carbono como motores de la emergencia climática. Mientras que el principio de «quien contamina, paga» se ha aplicado históricamente sobre todo a las emisiones basadas en la producción o en el consumo (por ejemplo, mediante el comercio de derechos de emisión de CO2 o de impuestos), este informe demuestra que una parte muy significativa de las emisiones procede de las estructuras de propiedad y de las decisiones de inversión de las personas con un patrimonio neto alto.

Por tanto, las conclusiones plantean reflexiones sobre cuáles deberían ser las respuestas políticas adecuadas ante la extrema concentración de la riqueza, la responsabilidad individual y el grado en que las políticas climáticas y fiscales actuales abordan esta realidad. En particular, se cuestiona si aplican suficientemente el principio de «quien contamina, paga» a las emisiones por propiedad y a las inversiones intensivas en carbono de las personas con un patrimonio neto ultra alto, ya sea mediante impuestos sobre el patrimonio u otro tipo de gravámenes. Esto resulta especialmente relevante en el contexto de unos mercados financieros globalizados, la propiedad transfronteriza de activos y el papel creciente de las carteras de inversión y la propiedad de capital en el impulso de las emisiones asociadas a los combustibles fósiles, la industria pesada, la aviación y otros sectores intensivos en carbono.

El informe destaca la necesidad de incorporar al marco de las políticas climáticas y fiscales dos objetivos:

Integrar con mayor énfasis los principios de «quien contamina, paga» y de progresividad, reflejando tanto los impactos climáticos desproporcionados causados por la extrema concentración de la riqueza como la capacidad significativamente mayor de las personas de altos patrimonios para contribuir a las medidas climáticas y a los esfuerzos de redistribución.
Considerar cómo los ingresos generados a través de instrumentos fiscales progresivos relacionados con el clima podrían también distribuirse internacionalmente, con el fin de contribuir de forma justa y transparente a la cooperación y financiación climática internacional. De esta forma, se resolvería la divergencia entre el lugar donde residen las personas de patrimonio neto alto y con mayor deuda climática y las regiones más expuestas a la vulnerabilidad climática y a las mayores necesidades de financiación.

Principales conclusiones

Recuadro 1: La deuda climática en cifras

Sobre la base del enfoque metodológico utilizado, podemos estimar lo siguiente:

La deuda climática anual basada en la propiedad del 0,01% más rico del planeta alcanzó aproximadamente los 992.000 millones de dólares en 2022 (se trata de personas con un patrimonio neto muy alto, de más de 38 millones de dólares)¹.

Aunque esta cantidad no puede entenderse literalmente como una base imponible, vale la pena ilustrar la magnitud de este valor, que equivaldría a:

>> Las necesidades de financiación climática pública en los países en desarrollo para mitigación, adaptación y pérdidas y daños, que se estiman en al menos 1 billón de dólares anuales².
>> Más del doble de las estimaciones más conservadoras de las necesidades de financiación anual para pérdidas y daños en los países en desarrollo, estimadas en, al menos, 400.000 millones de dólares al año.
>> A nivel español, esta deuda climática corresponde aproximadamente a la ganancia acumulada de 1 millón de personas trabajadoras durante toda su vida laboral³.

Al observar los patrones generales que muestran estas estimaciones, observamos que:

La deuda climática per cápita basada en el enfoque de propiedad del 0,01% más rico del mundo es más de 130 veces superior a la del 10% más rico del planeta, señalando una concentración exponencial por arriba.
Las emisiones basadas en el enfoque de propiedad están sustancialmente más concentradas que las del enfoque basado en el consumo: el 1% con más riqueza de la población acumuló aproximadamente el 41% de las emisiones basadas en la propiedad en 2022, frente al 16,5% de las emisiones basadas en el consumo del 1% con mayores ingresos. Esto significa que la responsabilidad climática en la cúspide de la pirámide está especialmente condicionada por la asignación del capital y a la propiedad de activos.

Al observar las estimaciones históricas y las proyecciones futuras, concluimos que:

Mientras que la deuda climática anual basada en el enfoque de propiedad del 0,1% más rico del mundo alcanzó aproximadamente los 1,82 billones de dólares en 2022 (son personas con patrimonio de entre 7 y 38 millones de dólares), la deuda climática acumulada (histórica) de ese grupo y según el mismo enfoque alcanzó unos 27,2 billones de dólares durante el periodo 1990-2022.
Incluso bajo un escenario de bajas emisiones con justicia económica, la deuda climática total proyectada del 0,1% más rico del mundo bajo el enfoque de propiedad superaría los 81 billones de dólares durante el periodo 2023-2050.

Al observar las propuestas fiscales propuestas en los debates multilaterales, vemos que:

Incluso combinaciones ambiciosas de gravámenes al consumo de lujo de los altos patrimonios como impuestos globales a los vuelos VIP – e inversiones contaminantes como un impuesto global a beneficios de la industria fósil – cubrirían solo una cuarta parte (23%) de la deuda basada en el consumo y menos de la mitad (42%) respectivamente de la deuda climática anual basada en la propiedad del 0,01% más rico del planeta.

Esto indica una brecha entre los niveles actuales de ambición política para desarrollar soluciones adecuadas y la escala de la deuda climática asociada a la extrema concentración de la riqueza.

2. ¿Qué es la «deuda climática» de los más ricos?

Tradicionalmente, la «deuda climática» describe la responsabilidad histórica y desigual de algunos Estados en relación al cambio climático, y ha fundamentado las reclamaciones de compensación financiera del Sur Global frente al Norte Global bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR-RC). Este informe extiende dicho análisis a los individuos con un patrimonio neto altos, basándose en los principios de «quien contamina, paga» y la capacidad de pago. El informe aclara que la deuda climática no es una obligación fiscal directa ni prescribe tipos impositivos concretos. Su propósito es servir de referencia para un futuro marco normativo que refleje los daños vinculados a las emisiones excesivas de los más ricos, abriendo así el debate sobre la necesidad de una fiscalidad más justa.

Este enfoque plantea algunas ventajas:

Reconoce que los Estados no son homogéneos y que la responsabilidad y la capacidad de respuesta varían enormemente según los ingresos y la riqueza dentro de un mismo país.
Permite conectar directamente la responsabilidad de emitir con la capacidad financiera para mitigar, adaptarse y financiar pérdidas y daños.
Facilita el diseño de herramientas específicas (como impuestos sobre la riqueza vinculada al carbono o gravámenes climáticos progresivos) para frenar la acumulación de deuda en la cúspide de la distribución (igual o superior a 0,01%), ayudando a los Estados a recaudar fondos para reforzar las soluciones climáticas y cumplir sus compromisos internacionales.
No anula la responsabilidad de los Estados ni el marco de la CMNUCC. Al contrario, refuerza su papel como intermediarios para implementar mecanismos de redistribución basados en la responsabilidad individual real y la capacidad fiscal.

En el informe, la deuda climática de las personas de alto patrimonio neto se define como las emisiones que exceden una cuota per cápita equitativa compatible con el límite de calentamiento de 1,5°C⁵. Para calcular el valor monetario de este impacto, el exceso de emisiones se multiplica por el coste social del carbono (CSC)⁶, que estima el daño económico causado por cada tonelada adicional de CO2⁷.

3. La contabilidad de las emisiones

Un elemento central para calcular la deuda climática de las personas de alto patrimonio neto es la atribución de las emisiones a los grupos de mayores ingresos y riqueza. Para entender quién es responsable de las emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero (GEI), la literatura científica reciente identifica tres métodos principales, cada uno con sus propias fortalezas y limitaciones:

Contabilidad de emisiones basada en la producción: Este método asigna las emisiones al país donde se producen físicamente, sin importar quién consuma finalmente esos bienes o servicios. Aunque se utiliza mucho en política normativa, suele provocar una asignación distorsionada de la responsabilidad -como señalan el Stockholm Environment Institute (SEI) y Oxfam-. Esto se debe a que las emisiones de los productos fabricados en países de bajos ingresos se consumen a menudo en otros lugares y el comercio internacional refleja este enfoque.
Contabilidad de emisiones basada en el consumo: Es la base de gran parte del debate público sobre la desigualdad climática. Atribuye las emisiones a las personas según sus hábitos de vida y consumo de bienes y servicios (incluidas las emisiones incorporadas en los productos importados). Diversos estudios (SEI, Oxfam, Gössling y Humpe) que aplican este enfoque demuestran profundas disparidades en las huellas de carbono tanto dentro de los países como entre ellos.
Contabilidad de emisiones basada en la propiedad: Este enfoque más reciente (introducido por Chancel y Rehm) atribuye las emisiones a las personas en función de su propiedad de activos de capital, como acciones o participaciones en empresas privadas (por ejemplo, compañías de combustibles fósiles), independientemente de su consumo personal. Este método revela una concentración de emisiones aún mayor que el enfoque del consumo. Es fundamental para el diseño de políticas climáticas, ya que traslada la responsabilidad hacia quienes se benefician financieramente de actividades contaminantes.

Cabe señalar que los tres enfoques se basan en el mismo conjunto de emisiones, pero asignan la responsabilidad de éstas de manera diferente. Por lo tanto, no se pueden sumar, sino que ofrecen distintas perspectivas sobre un mismo problema. El análisis de Greenpeace se basa en varios conjuntos de datos y estudios existentes (tabla 1), seleccionados en función de su relevancia para la contabilidad de emisiones, lo que permite rastrear la responsabilidad ecológica tanto del consumo directo como de las decisiones de inversión y la propiedad de capital de los sectores con mayores ingresos y riqueza.

Tabla 1. Datos disponibles para la atribución de emisiones a grupos económicos

Grupos de ingresos/riqueza	Enfoque basado en el consumo	Enfoque basado en la propiedad
10% superior	Ghosh et al. (2021); Oxfam (2024) (grupos de ingresos)	Chancel y Rehm (2025b) (grupos de riqueza)
1% superior (millonarios)	Ghosh et al. (2021); Oxfam (2024) (grupos de ingresos)	Chancel y Rehm (2025b) (grupos de riqueza)
0,1% superior	Ghosh et al. (2021) (grupos de ingresos)	Imputados a partir de datos de Chancel y Rehm (2025b) y Chancel (2022) (grupos de riqueza)
0,01% superior	Imputados a partir de datos del SEI (2026) y Chancel (2022) (grupos de ingresos)	Imputados a partir de datos de Chancel y Rehm (2025b) y Chancel (2022) (grupos de riqueza)
0,001% superior (centimillonarios)	No disponible	No disponible
0,0001% superior (milmillonarios)⁹	No disponible	No disponible
308 milmillonarios	Not available	Oxfam (2025)
50 milmillonarios	Oxfam (2024) (emisiones de aviones privados y yates)	Oxfam (2024)

Recuadro 2: Cómo estima este informe la deuda climática

Este informe estima la deuda climática como el daño monetizado asociado a las emisiones que superan una cuota per cápita equitativa de un presupuesto de carbono compatible con un límite de 1.5°C. El cálculo sigue cinco pasos:

Define los grupos analizados: El informe analiza los grupos de ingresos y riqueza correspondientes al 10%, 1%, 0,1% y 0,01% más ricos a nivel mundial. De estos grupos, el principal interés analítico reside en el 0,1% y, especialmente, el 0,01%, donde la deuda climática aumenta de manera más pronunciada.
Atribuye las emisiones a estos grupos: Para el enfoque basado en el consumo, el informe utiliza conjuntos de datos sobre desigualdad de emisiones desarrollados por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI) y el World Inequality Lab, que atribuyen las emisiones globales a los grupos de ingresos en función de los patrones de consumo observados, incluidas las emisiones incorporadas en los bienes y servicios comercializados. Para las emisiones basadas en la propiedad, el informe se apoya en el marco desarrollado por Lucas Chancel y Yannic Rehm (2025b), que atribuye las emisiones asociadas a las empresas y al capital productivo a los grupos de riqueza según los patrones de propiedad de acciones, empresas privadas, activos de pensiones, carteras de inversión y estructuras de propiedad internacional.
Estima los valores faltantes cuando es necesario: Cuando no se dispone de datos estadísticos directos para los grupos de la cúspide más alta, el informe imputa valores utilizando los datos de distribución de emisiones disponibles y los patrones de concentración observados entre los grupos de ingresos y riqueza. Por lo tanto, estas estimaciones se basan en grupos y son indicativas, no constituyen cuentas de emisiones a nivel individual.
Define un punto de referencia de emisiones equitativo: El informe calcula una cuota de emisiones per cápita igualitaria y compatible con una trayectoria de 1.5°C. Las emisiones que superan este punto se tratan como «emisiones en exceso».
Monetiza las emisiones en exceso: Las emisiones en exceso se multiplican por un coste social del carbono (SCC, por sus siglas en inglés) de 283 dólares por tonelada de CO2 en precios de 2020, basado en Moore y otros (2024). Para las estimaciones históricas, el coste social del carbono se ajusta a lo largo del tiempo; para las proyecciones, se aplica la misma lógica a las trayectorias de emisiones futuras.

El informe presenta tres tipos de estimaciones de la deuda climática:

La deuda climática anual para 2022,
La deuda climática acumulada para 1990-2022, y
La deuda climática proyectada para 2023-2050 bajo diferentes escenarios de emisiones y desigualdad.

Las estimaciones basadas en el consumo y basadas en la propiedad no son acumulativas: representan dos enfoques alternativos de atribución para evaluar la totalidad de los daños climáticos estimados asociados a las emisiones. Por lo tanto, los resultados no deben combinarse, y cualquier instrumento político futuro que se base en estos enfoques deberá considerar cuidadosamente los solapamientos entre los diferentes marcos de contabilidad de emisiones y las medidas fiscales existentes relacionadas con el clima. Las estimaciones deben interpretarse como indicadores a nivel de grupo basados en escenarios que muestran la escala y la concentración de la responsabilidad climática, más que como prescripciones fiscales o políticas directas.

4. Extrema concentración de la riqueza y la deuda climática

Sobre la base de la metodología utilizada en el informe⁸, la deuda climática anual estimada con un enfoque de propiedad del grupo del 0,01% más rico de la población mundial ascendió a unos 992.000 millones de dólares en 2022 (personas con un patrimonio neto ultra alto de más de 38 millones de dólares). Para el 0,1% más rico del mundo, la deuda climática anual estimada basada en la propiedad alcanzó aproximadamente 1,82 billones de dólares en 2022 (personas con patrimonio entre 7 y 38 millones de dólares).

[Gráfico 1. Distribución de la riqueza global¹⁰ omitido visualmente, datos descritos en texto contiguo]

El análisis de las emisiones derivadas de la propiedad muestra cómo estas están sustancialmente más concentradas que las originadas por el consumo: en 2022, el 1% más rico de la población por riqueza representó aproximadamente el 41% de las emisiones basadas en la propiedad frente al 16,5% de las emisiones basadas en el consumo del 1%. Esto implica que la responsabilidad climática en el nivel más alto no está sólo vinculada a estilos de vida con altas emisiones, sino que se dispara especialmente con la propiedad de activos y las decisiones de asignación de capital.

[Gráfico 2. Deuda climática total estimada por grupo económico, 2022 / Gráfico 3. Deuda climática per cápita estimada por grupo económico, 2022 omitidos visualmente]

La deuda climática per cápita atribuible a las mayores fortunas del mundo alcanza niveles extraordinarios y aumenta de manera exponencial a medida que nos acercamos a la cúspide de la pirámide de riqueza. De esta forma, la deuda climática media per cápita basada en la propiedad del grupo del 0,01% más rico fue más de 130 veces superior a la del grupo del 10% más rico del planeta en 2022.

En 2022, las estimaciones medias de la deuda climática anual del 0,01% ascendió a aproximadamente 506.783 dólares por persona utilizando las emisiones basadas en el consumo y a aproximadamente 1,24 millones de dólares por persona utilizando las emisiones basadas en la propiedad.

Las estimaciones históricas ilustran toda la dimensión de la responsabilidad climática concentrada en los millonarios: la deuda climática acumulada basada en la propiedad del 0,1% más rico del mundo alcanzó aproximadamente los 27,2 billones de dólares durante el periodo 1990-2022. Esto sugiere que la concentración de la riqueza y las emisiones derivadas de la propiedad se refuerzan mutuamente a lo largo del tiempo.

Asimismo, a la hora de hacer proyecciones, incluso bajo escenarios de mitigación comparativamente ambiciosos⁴, la deuda climática permanece altamente concentrada entre los grupos más ricos. Bajo el escenario de bajas emisiones SSP1, se proyecta que la deuda climática per cápita basada en la propiedad del 0,1% más rico del mundo alcance aproximadamente los 8,8 millones de dólares durante el periodo 2023-2050, en comparación con los aproximadamente 660.000 dólares de deuda climática per cápita para una persona promedio dentro del 10% más rico global. Si se toma como referencia al grupo del 0,1% en su conjunto, se prevé que su deuda climática basada en la propiedad supere los 81 billones de dólares durante ese mismo periodo.

[Gráfico 4. Deuda climática p.c. proyectada por grupo económico y emisiones 2023–2050 omitido visualmente]

Esto sugiere que el patrón actual de trayectorias de reducción de emisiones globales no resuelven automáticamente el problema de la extrema concentración de la responsabilidad climática asociada a la riqueza por la propiedad de activos y de estructuras de inversión. Incluso en futuros escenarios con menores emisiones, los activos y el capital intensivo en carbono seguirán produciendo una deuda climática extremadamente desigual y atribuible a la cúspide de la distribución de la riqueza mundial.

5. Las emisiones vinculadas a la propiedad, un enorme punto ciego en la política climática actual

A nivel general, los marcos de la política climática y fiscal existentes no abordan de manera adecuada las emisiones vinculadas a la propiedad de la riqueza y las actividades de inversión intensivas en carbono.

A su vez, las políticas climáticas y los instrumentos fiscales asociados se dirigen principalmente a las emisiones basadas en la producción y el consumo¹¹, mientras que las emisiones basadas en la propiedad vinculadas a las carteras de inversión (propiedad corporativa, activos empresariales e inversiones en acciones) permanecen comparativamente menos gravadas.

Algunas propuestas de gravámenes e impuestos debatidas en foros multilaterales, pese a no estar diseñadas específicamente para las emisiones de la propiedad, afectan parcialmente a las estructuras de propiedad e inversiones intensivas en carbono. Su análisis resulta útil para ilustrar la gran responsabilidad climática vinculada a la propiedad que este informe pone de relieve. En este sentido, el informe compara la deuda climática anual basada en la propiedad del grupo del 0,01% más rico del mundo —unos 992.000 millones de dólares en 2022— con los cálculos de potenciales ingresos de algunas propuestas fiscales existentes como:

Las estimaciones del Grupo de Trabajo sobre Gravámenes de Solidaridad Global (2025) sobre un conjunto de gravámenes internacionales progresivos sobre la aviación VIP, que generararían unos 93,7 mil millones de dólares al año, una cifra equivalente al 23 % de la deuda climática anual basada en el consumo del 0,01 % más rico de la población, estimada en 404,73 mil millones de dólares (2022).
Un impuesto extraordinario sobre los beneficios de los combustibles fósiles o un gravamen verde sobre las transacciones financieras¹². Incluso bajo supuestos de potencial de recaudación ambicioso, ambas propuestas generarían conjuntamente unos 420 mil millones de dólares anuales, cubriendo en torno al 42% de la deuda climática anual estimada basada en la propiedad del 0,01% más rico.

Mientras que estos instrumentos se dirigen exclusivamente a sectores y flujos financieros específicos, las emisiones basadas en la propiedad reflejan un conjunto amplio de emisiones asociadas a la propiedad de capital, carteras de inversión, activos productivos y estructuras de riqueza intensivas en carbono a lo largo de la economía. Por lo tanto, esta comparación ilustra que las propuestas fiscales a debate son solo el punto de partida para abordar las emisiones ligadas a la riqueza y al capital intensivo en carbono. No obstante, para abordar de manera adecuada las responsabilidades diferenciadas ante la emergencia climática, es imprescindible implementar herramientas fiscales mucho más precisas.

Tabla 2: Deuda climática por consumo vs. tasas de solidaridad

Enfoque: Emisiones vinculadas al estilo de vida y consumo de lujo (aviación privada, etc.).

Concepto	Cifras y propuestas (2022)
Deuda Climática Anual	404,73 mil millones US$
Total coverage gap: Tasas a la aviación: – Queroseno de jets privados – Tasa por viajero frecuente	7 mil millones US$ 86,7 mil millones US$
Total Recaudado (Est.)	~93,7 mil millones US$
Déficit (Brecha)	311,03 mil millones US$ (Solo se cubre el 23 %)

Tabla 3: Deuda climática por propiedad vs. impuestos corporativos y de patrimonio

Enfoque: Emisiones vinculadas a inversiones, carteras de activos y decisiones de capital.

Concepto	Cifras y propuestas (2022)
Deuda Climática Anual	992,5 mil millones US$
Propuestas de Recaudación Impuestos al capital/corporativos: – Recargo sobre beneficios fósiles – Tasa verde a transacciones financieras	(236 mil millones) (184 mil millones)
Total Recaudado (Est.)	420 mil millones US$ (en escenario ambicioso)
Déficit (Brecha)	572,5 mil millones US$ (solo se cubre el 42 %)

6. Divergencia geográfica entre la deuda climática y las necesidades de financiación

Los países que concentran la mayor riqueza privada y las emisiones ligadas a la propiedad rara vez coinciden con aquellos que sufren la mayor vulnerabilidad o presentan las necesidades de financiación climática más urgentes¹³.

Como ilustra el mapa a continuación, un grupo reducido de jurisdicciones, especialmente en Europa y América del Norte, concentran una cuota desproporcionadamente alta de la riqueza privada mundial, al tiempo que presentan, por lo general, una menor vulnerabilidad y una mayor capacidad de adaptación. Por lo tanto, son territorios clave en el debate sobre la deuda climática y disponen de mayor potencial para implementar instrumentos fiscales dirigidos a los capitales y las actividades de inversión intensivas en carbono.

Por otro lado, los indicadores de vulnerabilidad climática apuntan en la dirección geográfica opuesta. Países con una proporción pequeña de la riqueza privada mundial —África, el sur de Asia y otras regiones altamente vulnerables— y que enfrentan niveles comparativamente elevados de impacto climático con capacidad más limitada de adaptación.

Este desajuste resalta la importancia de la coordinación internacional en materia de política fiscal relacionada con el clima, incluyendo los debates en curso en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Fiscal Internacional (Convención Fiscal de la ONU), así como las negociaciones internacionales sobre financiación climática bajo la CMNUCC.

También responde al hecho de que cualquier enfoque para abordar fiscalmente la deuda climática de las personas con alto patrimonio neto debe considerar cómo se pueden movilizar y asignar los ingresos de manera efectiva, justa y transparente. Esto implica determinar cómo contribuyen los ingresos a reforzar los compromisos nacionales y globales existentes de transición y restauración climática y ecológica a una escala proporcional a las necesidades. Un elemento central para la legitimidad de cualquier política es la distribución internacional de estos fondos, dado que la riqueza está fuertemente concentrada en un pequeño número de países, mientras que los impactos climáticos de esa riqueza afectan mayoritariamente a las comunidades más vulnerables del Sur Global.

7. Implicaciones para la política climática y fiscal

A modo de conclusión, el análisis de «La deuda climática de los ultrarricos: el coste de la riqueza extrema» muestra que:

La deuda climática está altamente concentrada en la cúspide de la distribución de la riqueza mundial. A medida que aumenta la concentración de la riqueza, también lo hace la escala de la deuda climática asociada.
Las emisiones basadas en la propiedad —aquellas vinculadas a carteras de inversión y tenencias de capital— están considerablemente más concentradas entre los grupos más ricos que las emisiones basadas en el consumo, lo que destaca el papel creciente de la propiedad de capital y las estructuras de inversión como motores de una responsabilidad climática profundamente desigual.
La responsabilidad climática basada en la propiedad y la concentración extrema de la riqueza están fuertemente concentradas entre los grupos más ricos y algunas jurisdicciones, mientras que los países que enfrentan la mayor vulnerabilidad climática, daños climáticos o necesidades de financiación climática a menudo se encuentran en otros lugares.

A raíz de estas conclusiones, el informe identifica tres grandes implicaciones para la política climática y fiscal:

Más allá de la equidad social y fiscal: el análisis muestra que la concentración extrema de la riqueza no solo agrava la desigualdad socioeconómica, sino que genera una brecha climática, en la que los grupos más opulentos son responsables de un volumen de emisiones desproporcionado. Por ello, las conclusiones sugieren que las medidas contra la concentración de la riqueza deben ser cada vez más progresivas. Asimismo, junto a los objetivos tradicionales de redistribución, es necesario aplicar el principio de “quien contamina paga” a los patrimonios derivados de inversiones y activos intensivos en carbono.
Más allá del consumo y la producción: las emisiones derivadas de la propiedad de capital representan una de las dimensiones menos abordadas de la desigualdad del carbono. Las políticas climáticas y fiscales vigentes siguen centrándose en la producción y el consumo, dejando las inversiones intensivas en carbono comparativamente menos gravadas. Este desequilibrio no solo reduce la eficacia para incentivar una transición ecológica justa, sino que alimenta la percepción de que las cargas recaen desproporcionadamente en los hogares de ingresos medios y bajos, ignorando el impacto de los altos patrimonios. En consecuencia, los resultados sugieren la necesidad de incorporar la fiscalidad de la propiedad al marco climático actual. Esto incluye la aplicación de un tratamiento diferenciado a las estructuras de propiedad y activos intensivos en carbono con herramientas como sistemas de bonus/malus u otros mecanismos fiscales y regulatorios que desalienten las inversiones con altas emisiones y reorienten el capital hacia vías sostenibles.
Más allá de la solidaridad nacional: la deuda climática plantea un reto de redistribución internacional debido a la profunda divergencia geográfica entre la acumulación de la riqueza en unos pocos países y la vulnerabilidad ambiental y escasez de recursos en el resto. Este desequilibrio señala la urgencia de garantizar una financiación climática internacional significativamente mayor, predecible y justa. En este sentido, los ingresos derivados de una fiscalidad climática progresiva deberían contribuir a una transición justa, acelerar la inversión en energías renovables e infraestructuras bajas en carbono, y fortalecer la adaptación, las respuestas a pérdidas y daños y el apoyo directo a los países y comunidades más afectados por el cambio climático. Por tanto, el diseño de las políticas futuras deberían incluir una redistribución global de estos fondos teniendo en cuenta la alta movilidad del capital entre las jurisdicciones.

Se necesitan nuevas herramientas de política fiscal

Las conclusiones de este informe destacan la necesidad urgente de diseñar instrumentos fiscales que aborden, simultáneamente, la desigualdad económica y el impacto climático y ecológico de las grandes fortunas. Esto exige poner el foco tanto en el origen de estos capitales como en las consecuencias de las inversiones y estructuras de propiedad intensivas en carbono. En este sentido, la aplicación coherente del principio de «quien contamina, paga» en todos los niveles es fundamental para construir sistemas fiscales, nacionales e internacionales, verdaderamente equitativos y alineados con los objetivos globales de desarrollo sostenible.

Diferentes instrumentos fiscales pueden abordar distintas dimensiones de la deuda climática según su objetivo temporal:

Para la responsabilidad histórica: se pueden aplicar contribuciones de pago único orientadas a movilizar recursos inmediatos para la mitigación y adaptación, tanto a nivel nacional como internacional.
Para las emisiones futuras: se pueden diseñar tipos impositivos permanentes y más elevados sobre los grandes patrimonios con huella climática y ecológica desproporcionada.

Esta distinción es clave para garantizar la justicia y la proporcionalidad de las políticas climáticas. Las emisiones ligadas a la propiedad y la inversión requieren enfoques muy distintos a las del consumo, ya que cada actor económico debe ser abordado según su nivel de responsabilidad y su capacidad de influencia. En última instancia, el objetivo es desalentar las estructuras de capital contaminantes mediante incentivos fiscales que reorienten el comportamiento de mercado y los flujos de inversión.

Finalmente, la aplicación efectiva de estas políticas fiscales depende de un entorno propicio basado en la cooperación internacional, la transparencia y la disponibilidad de datos. Identificar y valorar las grandes fortunas —especialmente a nivel transfronterizo— exige reforzar los registros de activos, clarificar la titularidad real y consolidar el intercambio internacional de información fiscal. Sin este ecosistema global de transparencia y cooperación, la capacidad de los gobiernos para diseñar e implementar medidas fiscales eficientes seguirá siendo muy limitada.

El escenario actual exige una gobernanza global que defina normas fiscales mínimas, luche contra la elusión fiscal y los flujos ilícitos, asegure la asignación de derechos impositivos y la distribución equitativa de ingresos entre países, aspectos todos ellos que deben abordarse adecuadamente en el marco de procesos como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Fiscal Internacional.

Bibliografía

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Ghosh, E., Nazareth, A., Wang, G., Kartha, S., and Kemp-Benedict, E. (2021): Emissions Inequality Dashboard. Stockholm Environment Institute (SEI).
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Moore, F. C., Drupp, M. A., Rising, J., Dietz, S., Rudik, I., and Wagner, G. (2024): Synthesis of Evidence Yields High Social Cost of Carbon Due to Structural Model Variation and Uncertainties. Proceedings of the National Academy of Sciences.
O’Neill, B. C., Kriegler, E., Ebi, K. L., Kemp-Benedict, E., Riahi, K., Rothman, D. S., van Ruijven, B. J., van Vuuren, D. P., Birkmann, J., Kok, K., Levy, M., and Solecki, W. (2017): The Roads Ahead: Narratives for Shared Socioeconomic Pathways Describing World Futures in the 21st Century.
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Oxfam (2024): Carbon Inequality Kills: Why Curbing the Excessive Emissions of an Elite Few Can Create a Sustainable Planet for All.
Oxfam (2025): Climate Plunder: How a Powerful Few Europeans Are Locking the World Into a Climate Disaster.
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United Nations Environment Programme (UNEP) (2025): Adaptation Gap Report 2025: Running on Empty.
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (1992): United Nations Framework Convention on Climate Change.
University of Notre Dame (2025): Country Index. Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN).

1 Este umbral de riqueza ilustrativo para el 0,01 % se utiliza en el Informe Mundial sobre la Desigualdad y se basa en la población adulta mundial, no en la población mundial total. Las cifras de deuda climática que se calculan en el informe se basan en la población mundial; sin embargo, como no se encontró una fuente para el umbral de riqueza para poblaciones enteras, se optó por usar los umbrales de este informe como una descripción adicional del 0,01 %.

2 Climate Action Network (CAN, 2024) estima que las necesidades de financiación climática en los países en desarrollo son de al menos 1 billón de dólares anuales en financiación pública para mitigación, adaptación y pérdidas y daños.

3 Según el INE para 2024, el salario anual medio (mediana) fue de 24.497,17 €. Suponiendo una vida laboral de 40 años, esto equivale a unos ingresos vitales de aproximadamente 980.000 € por trabajador. Al dividir 918.000 millones de euros entre 980.000 €, el resultado es de aproximadamente 937.000 vidas laborales.

5 Un análisis reciente de Oxfam (2026), basado en datos del Panel de Desigualdad de Emisiones del Stockholm Environment Institute (Ghosh et al., 2021), muestra que las emisiones del 1% más rico son tan elevadas que agotarían en cuestión de días un presupuesto anual equitativo de carbono compatible con un calentamiento de 1,5 °C.

6 La fórmula general es: Deuda climática = Exceso de emisiones x Coste social del carbono (CSC). Más detalle sobre el cálculo realizado en el anexo 1 del informe completo. Se utiliza el coste social del carbono del metaestudio realizado por Moore et al. (2024) sobre 147 investigaciones y que asciende a 283 US$ por tCO2 (dólares de 2020).

7 Los enfoques que asignan valores monetarios a las emisiones a través de la fijación del precio del carbono o de un CSC pueden suscitar controversias en relación a la mercantilización del daño climático, la posible sobrecarga a los hogares de bajos ingresos y el que eclipse la responsabilidad histórica. En este análisis, sin embargo, el CSC no se utiliza para dar a entender que los daños climáticos puedan compensarse, sino como una herramienta analítica para ilustrar la escala y la concentración de la deuda climática.

9 Es importante señalar que no existen datos estadísticos de emisiones para los centimillonarios o milmillonarios, que corresponden aproximadamente al 0,001% y al 0,0001% más alto.

8 Para consultar la metodología completa, véanse los capítulos 1 y 2 y los anexos del informe principal.

10 El Informe sobre la Desigualdad Global 2026 (Chancel et al., 2026) muestra que el umbral de riqueza del 10% superior de la población adulta mundial es de 265.600 dólares estadounidenses en paridad de poder adquisitivo (PPA). El umbral de riqueza para el 1% se sitúa en 2 millones de dólares PPA; para el 0,1%, el umbral se encuentra en 7 millones de dólares PPA, y para el 0,01%, en 38 millones de dólares PPA. Los milmillonarios constituyen, aproximadamente, el 0,0001% de la población adulta.

4 Es el denominado escenario RCP1.9 combinado con el SSP1. La combinación de RCP1.9 con SSP1 se refiere a una trayectoria de mitigación compatible con el límite de 1,5 °C, combinada con un escenario de desarrollo socioeconómico orientado a la sostenibilidad.

11 Este es el caso de los instrumentos de política pública habituales, tales como la fijación del precio del carbono, los impuestos sobre los combustibles, los sistemas de comercio de derechos de emisión, las normas de eficiencia y las medidas conductuales orientadas al consumidor, generalmente se dirigen a las emisiones allí donde estas se producen o se consumen.

12 Trilling (2025) (tasa extraordinaria a la industria de los combustibles fósiles) y Capelle-Blancard (2025) (tasa verde a las transacciones financieras).

13 Dado que los datos disponibles no permiten asignar directamente las estimaciones de la deuda climática basada en la propiedad a jurisdicciones individuales, los datos de la riqueza de los hogares a nivel nacional se utilizan aquí únicamente como una aproximación (proxy) indicativa de la concentración geográfica de la riqueza privada y de la responsabilidad climática asociada a su propiedad. Esto no debe interpretarse como una equiparación de la riqueza privada con la riqueza estatal, ni implica que las emisiones basadas en la propiedad se localicen territorialmente allí donde residen los titulares de dicha riqueza.

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El Parlamento Europeo da luz verde a la desregulación de los OMG

Carlos Sanchez — Wed, 17 Jun 2026 22:02:45 +0000

Ecologistas en Acción califica de “muy preocupante” el voto del Parlamento Europeo que permitirá la comercialización de productos vegetales modificados genéticamente.
La nueva legislación da vía libre a la utilización de las nuevas técnicas genómicas (NGT) sin controles de seguridad ni etiquetado, a pesar de la fuerte oposición de consumidores/as y organizaciones ambientales y agrícolas.

Tres años después de que la Comisión Europea presentara la primera propuesta legislativa para regular las denominadas “nuevas técnicas genómicas” (NGT, por sus siglas en inglés), el Parlamento Europeo ha aprobado hoy —en votación final— esta legislación.

Esta medida ha salido adelante, a pesar de las críticas y la movilización de las organizaciones de consumidores/as, ecologistas y agrícolas, que durante los últimos tres años han advertido de sus peligros. La pérdida de transparencia y el mayor control por parte de las multinacionales, a través de las patentes de semillas que la aprobación de esta ley conllevará, son algunos de ellos.

Mientras la Comisión Europea ha estado presentando una y otra vez la reforma de la legislación sobre OMG como un motor de innovación, Ecologistas en Acción, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, ha incidido en sus impactos: la ley da vía libre a las plantas modificadas genéticamente clasificadas como NGT de categoría 1 sin evaluación de riesgos, trazabilidad ni etiquetado. En concreto, la aprobación de la nueva ley supone:

La simplificación de procedimientos de autorización o, en la práctica, su eliminación para muchas plantas modificadas genéticamente.
La ausencia de requisitos de etiquetado obligatorio hasta el producto final.
La apertura del mercado a plantas patentables, que aumentará la dependencia y la concentración del sistema alimentario en manos de muy pocas empresas multinacionales. Se abre la puerta incluso a que las empresas puedan patentar genes o variedades que se encuentren en la naturaleza.

Ecologistas en Acción también ha señalado en repetidas ocasiones las consecuencias imprevisibles que estas medidas pueden tener para la biodiversidad. Ahora, con la aprobación de esta ley, insiste en que los impactos pueden ser “catastróficos e irreversibles”.

Diego Bárcena, portavoz de la organización ecologista, ha declarado: “Con la legislación aprobada no es necesario evaluar los efectos de los cambios fenotípicos en las plantas debidos a modificaciones genéticas, que podrían afectar, por ejemplo, a los polinizadores o al medio ambiente en general”.

Elena Alter, también portavoz de Ecologistas en Acción, ha añadido: “Hay que tener en cuenta que la contaminación biológica, una vez que llega al medio ambiente, permanece de forma permanente y puede multiplicarse exponencialmente, lo que hace prácticamente imposible mitigar sus efectos. Con la aprobación de la ley, el Parlamento Europeo ha socavado aún más uno de los pilares de la democracia europea: el principio de precaución”.

Ecologistas en Acción reafirma su compromiso con un sistema agroalimentario sin NGT y advierte de que serán necesarias nuevas medidas para proteger la soberanía alimentaria europea.

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Imagina un mundo rico sin crecimiento

Alberto Jimenez — Wed, 17 Jun 2026 05:43:00 +0000

Por Alberto Garzón Espinosa, originalmente para El Diario.es.

El recién publicado informe del ‘Global Justice Report’ (GJR), elaborado por el equipo de Thomas Piketty, se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población, a lo largo de todo el planeta, recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? Esa cifra se corresponde con unos 5.000 euros al mes, lo que está algo por encima de la media actual en Norte América, pero muy por encima de los 290 euros de media del África subsahariana. Pues esa es la cifra que el recién publicado informe del Global Justice Report (GJR) considera viable para lograr combatir la desigualdad mundial y sus consecuencias y, al mismo tiempo, evitar el calentamiento global.

El informe ha sido elaborado por el equipo del economista Thomas Piketty, y merece un reconocimiento especial porque se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una larga tradición que entiende que la lucha contra la desigualdad —así como la cuestión económica en general— es sólo posible mediante el crecimiento económico y a costa del medio natural; una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

La clave de bóveda del informe es, de hecho, la constatación de que la actividad económica conlleva necesariamente un consumo de recursos naturales y energía que genera impactos ecológicos, destacadamente el cambio climático. Así, la única manera de que en el año 2100 la temperatura promedio global se mantenga por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial —y evitar así una catástrofe de costes impredecibles— es reducir desde hoy la actividad económica, esto es, el crecimiento económico. En este sentido, el informe comparte intuiciones centrales de la tradición del ‘decrecimiento’, aunque sus autores no asumen la etiqueta. Y aporta, además, matices de calado propios.

Para empezar, no se trata sólo de un reescalado hacia abajo de la actividad económica, como ocurriría con una crisis económica, una pandemia o una guerra. Lo que se defiende es una reorientación general del modelo de producción y consumo buscando una desmaterialización de la economía, lo que significa el crecimiento de sectores poco intensivos en consumo de materiales y energía, pero muy intensivos en proporcionar bienestar: por ejemplo, los sectores de educación y sanidad crecerían enormemente. Como señalaba el economista ecológico Herman Daly, es importante recordar que crecimiento y desarrollo no son lo mismo y que, mientras el primero se refiere al valor monetario de la producción, el segundo nos interpela sobre los servicios que nos proporcionan directamente bienestar o felicidad. El GJR se centra en las condiciones biofísicas y sociales que hacen viable el desarrollo del conjunto de la población mundial; nada más y nada menos.

En estas páginas hemos hablado a menudo del paradójico papel que juega la tecnología y la productividad bajo el sistema económico capitalista. El punto es que aunque las innovaciones permiten producir la misma cantidad de bienes en menos tiempo, bajo el capitalismo esta opción está clausurada. La razón es que la lógica del sistema obliga a todos los agentes a competir entre ellos y, en consecuencia, a recurrir a la tecnología no para producir lo mismo en menos tiempo, sino para producir más en el mismo tiempo. La opción liberadora —trabajar menos manteniendo el bienestar— queda así bloqueada. De este modo, durante dos siglos la productividad ha aumentado de forma extraordinaria, pero la mayor parte de ese incremento se ha traducido en más producción y consumo antes que en más tiempo libre. Solo la lucha del movimiento obrero logró compensarlo en parte, consiguiendo que una fracción de esas ganancias se destinara a reducir la jornada. El informe del GJR abunda en esta idea al plantear que las horas de trabajo deben ser reducidas desde la media actual de 2.100 horas por año hacia las 1.000 horas para 2100. Equivaldría, grosso modo, a jornadas de algo más de cuatro horas o a semanas laborales notablemente más cortas que las actuales.

La idea es desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica

Una de las variables centrales que ajusta todo el modelo es precisamente la que llaman suficiencia, y que tiene que ver con el consumo. Con jornadas laborales mucho más reducidas y con un crecimiento de los sectores inmateriales como educación y sanidad, el consumo necesariamente tiene que basarse en un cambio de hábitos: una dieta más sostenible ecológicamente (con una reducción del 25% del consumo de carne a nivel mundial) e incluso con impuestos no lineales donde las primeras compras de un bien (como un vuelo) sean asequibles, pero no tanto las siguientes. Todas estas propuestas responden a una misma idea: desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica. La suficiencia también implica una rápida y contundente transición energética para descarbonizar la economía, así como una reforestación que permita recuperar la masa de bosques que existía en 1900. Es decir, no hay un decrecimiento que pretenda volver a los parámetros de las sociedades preindustriales sino un aprovechamiento del conocimiento y tecnología acumulados para “saltar” hacia un nuevo modelo energético renovable.

Para que todo ello sea posible, el informe subraya la necesidad de combatir ferozmente la desigualdad de ingresos entre países (para permitir que los más pobres crezcan y puedan converger hacia un nivel de vida digno) así como dentro de cada país. No sólo por razones de índole moral sino también económica: de una fuerte imposición a los estratos más ricos sale el dinero necesario para comenzar el programa. El informe no apela a la creación monetaria, sino a la redistribución, ya que el gasto se financia al principio gravando a quienes más tienen. Luego, en cambio, se crea un fondo común (de todos los países) que invierte en las empresas sostenibles para obtener la financiación necesaria: una idea con ecos de las propuestas socialdemócratas radicales. En todo caso, esta transferencia de renta y riqueza desde los estratos altos hacia la base de la sociedad explica por qué en el modelo se compatibiliza el crecimiento económico casi cero de los países más ricos con el hecho de que la mayoría de su población pueda mejorar considerablemente tanto sus ingresos como su bienestar. De la misma forma que actualmente el crecimiento económico no “llega” a una gran parte de la población, la ausencia de crecimiento agregado es compatible con la mejora del bienestar individual de la mayoría.

Aunque el informe contiene mucha más información y datos, es importante quedarse con la imagen general: es posible imaginar un mundo donde toda la población tiene unos mínimos de vida muy razonables (sanidad, educación, tiempo libre), donde el bienestar no depende del crecimiento económico ni de un consumo ilimitado de recursos naturales, y donde la desigualdad ha sido drásticamente reducida como consecuencia de una gran ofensiva contra las élites económicas. Gracias a eso, los parámetros del Sistema-Tierra pueden mantenerse dentro de unos márgenes que, sin estar exentos de riesgo, evitan los puntos de no retorno. Suena radical, y en cierto sentido lo es (lo que no es malo, porque supone ir a la raíz del problema), pero cualquier otra alternativa —como seguir como hasta ahora— supondría adentrarse en un terreno muy oscuro para la civilización humana y para la vida en general.

Frente a ese terreno oscuro, el informe del GJR se inscribe en la tradición utópica, pero en su connotación positiva: aquella que, como en News from Nowhere de William Morris, hizo soñar a la población con mundos deseables y la activó políticamente. La principal virtud de aquellas utopías clásicas, desde Moro hasta las esbozadas por Marx, es el deseo de proyectar en el futuro horizontes deseables que, en el presente, debían empezar a construirse. Necesitamos estas guías utópicas porque dibujan el perímetro de lo que es posible, y trazan un camino que, aunque no esté perfectamente definido —nunca lo estará—, es ya claramente la senda que tenemos que recorrer.

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Debate sobre la Gestión de le Educación en Madrid

Arturo — Tue, 16 Jun 2026 18:15:22 +0000

Attac Madrid recomienda:

Acto celebrado en Madrid el 10 de junio de 2026, sobre la gestión de la Educación en Madrid, con debate entre los partidos Más Madrid, PSOE, IU-Madrid y Podemos, que responden a las preguntas formuladas por tres personas cualificadas en las etapas de Infantil, Reglada y Universitaria, organizado por la Plataforma por la Remunicipalización y gestión directa de los Servicios Públicos de Madrid (municipalizacionmadrid@gmail.com).

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El patrimonio oculto en paraísos fiscales supera al de la mitad más pobre de la humanidad

Alberto Jimenez — Mon, 15 Jun 2026 06:00:00 +0000

Por Alberto Mesas, publicado originalmente en ctxt.

Diez años después de los ‘Papeles de Panamá’ sigue faltando voluntad política para acabar con el fraude y la evasión.

La riqueza que oculta en paraísos fiscales el 0,1 % más rico del planeta (5,5 millones de individuos) supera con creces el patrimonio total de la mitad más pobre de la humanidad (4.000 millones de personas). Son los datos que arroja un estudio publicado el pasado mes de abril por la confederación de oenegés Oxfam International. La organización estima que en el año 2024 esa riqueza oculta alcanzó los tres billones de euros, una cifra cercana al PIB de países como Francia y que dobla el PIB combinado de los 44 países más pobres del mundo.

No obstante, este dato no refleja únicamente la desigualdad en el patrimonio, sino que pone el acento en que esa monumental cantidad de dinero queda fuera del alcance de las arcas públicas y de los sistemas tributarios al estar escondido en paraísos fiscales, cuentas opacas o entramados de ingeniería fiscal que impiden que tribute.

La investigación de Oxfam coincide con el décimo aniversario de los ‘Papeles de Panamá’, la filtración coordinada que reveló el uso masivo de sociedades pantalla y trucos varios para evadir impuestos por parte de empresarios, celebridades y dirigentes políticos de todo el planeta. Desde entonces, algunos organismos transnacionales como la OCDE o la Unión Europea han endurecido los mecanismos tributarios, pero las grandes fortunas continúan evitando pagar los impuestos que les corresponden.

Los ricos evaden porque el sistema lo permite

Las multinacionales y millonarios del planeta tienen a su disposición múltiples mecanismos e instrumentos para evadir o reducir considerablemente los impuestos que deberían pagar. En toda esta ingeniería de la trampa, los paraísos fiscales y las sociedades offshore juegan un papel clave, y se calcula que en ellos se encuentra en torno al 8 % del PIB mundial (unos 10.000 billones de euros).

Los paraísos fiscales y las sociedades offshore juegan un papel clave, y se calcula que en ellos se encuentra en torno al 8 % del PIB mundial

Además, quienes más tienen también poseen mayor conocimiento y capacidad para aprovechar las fisuras de los sistemas tributarios, que en algunos casos premian esa concentración de riqueza y tienen un efecto regresivo sobre las rentas más bajas. En muchas ocasiones se ha abierto el debate de instaurar un impuesto mínimo global para las grandes fortunas, pero instituciones como el EU Tax Observatory critican que este tipo de medidas únicamente confirman y perpetúan el hecho de que los ultrarricos tributan a niveles muy inferiores a los de otros contribuyentes en proporción a su riqueza, y que los gobiernos no pueden o no quieren hacer eficaz el principio de fiscalidad progresiva.

En concreto, los multimillonarios del mundo tributan en tipos impositivos que van del 0 % al 0,5 %. Esto no significa que todos los grandes patrimonios paguen lo mismo ni que todos evadan impuestos, pero sí demuestra que el sistema les permite hacer artimañas para pagar mucho menos que el contribuyente medio.

Los superricos pagan proporcionalmente mucho menos que la gente corriente. / World Inequality Lab

La responsable de Justicia Fiscal de Oxfam en España, Susana Ruiz, destaca el caso de nuestro país, donde “el impuesto sobre el patrimonio está diseñado de tal forma que permite a los más ricos estructurar su patrimonio para pagar mucho menos que el conjunto de la ciudadanía”. Ruiz comenta que el resultado de ese desajuste “es que ocho de cada diez euros de la recaudación potencial del impuesto sobre el patrimonio se pierden, y el tipo efectivo que paga el 0,1 % más rico es del 0,22 %, muy lejos del 3,5 % del impuesto para los tramos más altos”.

No es solo que los ricos paguen poco, es que sus gobiernos ni siquiera pueden saber cuánto dinero y activos tienen

En el intento de lograr esa progresividad también existe una diferencia muy pronunciada entre el norte y el sur global. El World Social Report de la ONU constata que las políticas fiscales justas son capaces de reducir las desigualdades, pero que eso ocurre sobre todo en los países industrializados frente a los países en vías de desarrollo. Mientras que Bélgica, Finlandia o Dinamarca han logrado avances para hacer tributar a sus grandes fortunas, naciones como Gambia o Camboya carecen de la capacidad técnica y legal para llevarlo a cabo. No es solo que los ricos de esos países paguen poco, es que sus gobiernos ni siquiera pueden saber cuánto dinero y activos tienen.

En contra de lo que se cree, los paraísos fiscales no suelen ser islas paradisíacas en el Caribe o el Pacífico, sino que donde primero se permite el fraude es en las grandes economías occidentales. Tal y como asegura Bemnet Agata, responsable de comunicación de la organización británica Tax Justice Network, que investiga sobre la evasión de impuestos y el fraude fiscal, “los mayores riesgos suelen estar arraigados en las propias grandes economías avanzadas y centros financieros. En la UE, alrededor del 34 % del secreto financiero que amenaza a los Estados miembros procede de centros financieros dentro de la propia UE”.

Agata remarca que estas instituciones del capital desempeñan un papel clave dentro del sistema financiero mundial facilitando la ocultación de beneficios y patrimonio a través de sofisticados mecanismos jurídicos y financieros: “El secreto financiero se genera y se mantiene a través de decisiones políticas y jurídicas deliberadas, y muchos de los países más implicados en facilitar estos flujos de dinero no figuran en absoluto en ninguna lista negra, sino que se encuentran entre las economías y los centros financieros más grandes e influyentes del planeta”.

“Seguimos contando con listas de paraísos fiscales que son meramente testimoniales y no cumplen con su función”

En la ineficacia de esas listas coincide Susana Ruiz: “Seguimos contando con listas de paraísos fiscales que son meramente testimoniales y no cumplen con su función. Si se contara con listas efectivas y bien diseñadas, se podrían también implementar mejores sanciones o reforzar los controles”. Ruiz también propone “reforzar la transparencia, hacer públicos los registros de titulares reales de cuentas bancarias, sociedades y trusts (fideicomisos), y poner coto a las sociedades fantasma o pantalla, que no ejercen actividad económica real y son una vía para la ocultación de activos”.

Se grava más el trabajo que la propiedad

Estructuralmente, los sistemas fiscales están configurados no tanto para gravar a las empresas y la propiedad como a los salarios y el trabajo. Según la OCDE, en los países desarrollados aproximadamente la mitad de la recaudación procede de impuestos sobre el trabajo, mientras que el impuesto de sociedades representa en torno al 10 % y los impuestos sobre la propiedad alrededor del 5 %. Esto significa que la mayor parte del esfuerzo fiscal recae sobre los salarios y el consumo (el IVA, por ejemplo, no tiene en cuenta la renta ni el patrimonio).

Susana Ruiz, de Oxfam incide en esta cuestión al afirmar que “uno de los problemas esenciales es que los sistemas tributarios están diseñados para gravar la renta, pero no tanto la riqueza o el capital”. Ruiz habla de que en los niveles más altos de la escala, los ricos no suelen generar rentas del trabajo, sino rentas del capital debido al patrimonio que acumulan. “Está clara la incapacidad del IRPF para gravar a los individuos con mayor riqueza”, remarca.

En el caso de la UE, los datos de la Comisión Europea muestran que en 2026 los impuestos sobre el trabajo representan el 51,5 % del total de ingresos fiscales, mientras que los impuestos sobre el capital y la propiedad se sitúan en torno al 21,6 %. El Fondo Monetario Internacional ha advertido en varias ocasiones de que esta estructura amplifica las desigualdades, ya que los sistemas fiscales tienden a depender de ingresos más fáciles de recaudar pero menos progresivos, como el trabajo y el consumo, en detrimento de bases más concentradas y móviles como el capital.

La OCDE también destaca la bajada progresiva y la ampliación de mecanismos de deducción y exención del impuesto de sociedades en los últimos lustros. Conocido como race to the bottom (competir a la baja en salarios y precios), esta tendencia limita la capacidad de los Estados para gravar los beneficios de las grandes empresas de manera efectiva.

“El fraude fiscal suele abordarse como una cuestión técnica o financiera, pero sus consecuencias son muy tangibles y se notan en la vida cotidiana”

La consecuencia más directa de la evasión de impuestos es que los Estados recaudan menos dinero y, por tanto, tienen menos recursos a su disposición para hacer políticas públicas. “El fraude fiscal suele abordarse como una cuestión técnica o financiera, pero sus consecuencias son muy tangibles y se notan en la vida cotidiana”, afirma Agata, de Tax Justice Network. “Los efectos recaen en la sanidad y la educación públicas, la vivienda, el transporte, las infraestructuras, el cuidado infantil, las pensiones y los sistemas de protección social, al tiempo que debilitan la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las crisis económicas y climáticas, y las pandemias”, continúa.

En España, por ejemplo, las arcas públicas dejan de ingresar entre 4.000 y 8.000 millones de euros cada año por la evasión fiscal de las grandes fortunas –principalmente empresas–. Se estima que entre 2016 y 2021 España perdió 33.000 millones de euros (casi la mitad del presupuesto en Educación).

Agata comenta que, en muchas ocasiones, los gobiernos tratan de compensar ese descenso en los ingresos públicos mediante formas de tributación regresivas como el IVA, los recortes del gasto público, la contención salarial, privatizaciones, austeridad y endeudamiento público.

Aumento de la riqueza de los multimillonarios en los últimos treinta años. / World Inequality Lab

Los más ricos cada vez son más ricos

En los últimos treinta años, la riqueza global privada ha crecido ocho veces más que la pública (300.000 billones de euros frente a 40.000 billones), lo que ha contribuido enormemente al incremento sostenido de la concentración de riqueza de quienes se encuentran en la cúspide de la pirámide, y un aumento desproporcionado de la desigualdad.

Evolución de la riqueza pública y privada en los últimos treinta años. / Oxfam

Desde 2015, el 1 % más rico del planeta ha incrementado su patrimonio en unos 34.000 millones de euros, un dinero con el que se podría cubrir varias veces el coste estimado de erradicación de la pobreza extrema según los baremos del Banco Mundial. En los años posteriores a 2020, una parte muy importante de toda esa nueva riqueza generada a escala mundial ha sido acaparada por el 1% más rico.

Desde Oxfam, Susana Ruiz señala que “en los últimos 15 años, la riqueza de las 200 familias más ricas en España ha crecido un 188 %. La concentración de riqueza se acelera y hay que tratarla de manera diferente en la tributación”, insiste.

Con los años también se ha instaurado el argumento de que subirles los impuestos a los millonarios hace que se marchen del país, pero los datos lo desmienten.

Según datos de Tax Justice Network, la tasa de movilidad anual de los millonarios es de apenas del 0,2 %.

En cualquier caso, Agata señala que “la cuestión no es si los ricos se van, sino si los gobiernos tienen la capacidad de diseñar y aplicar sistemas fiscales para gravar la riqueza de manera justa, en vez de permitir que la política fiscal se vea influenciada por las preferencias de una élite de megarricos”.

España se encuentra por encima de la media mundial en cuanto a riqueza oculta en paraísos fiscales. / Informe Capital is Back: Wealth-Income Ratios in Rich Countries 1700-2010, Thomas Piketty y Gabriel Zucman.

Sin voluntad política para perseguir el fraude

Tras las filtraciones de los ‘Papeles de Panamá’, la lucha contra el fraude fiscal cogió un impulso que con los años se ha ido desinflando. Varios países del G20 se comprometieron a mejorar sus mecanismos para identificar y perseguir a los tramposos, pero la realidad es que no existe una acción coordinada y realmente efectiva, a pesar de que hay tecnología para ello.

Básicamente, la lucha contra los paraísos fiscales gira en torno a unas pocas pautas de transparencia marcadas por instituciones como la OCDE. El eje central es el Common Reporting Standard, que facilita el intercambio de información financiera entre países, pero no todos los Estados –especialmente en el sur global– participan en condiciones equivalentes ni tienen la misma capacidad para recibir, procesar y usar esos datos.

En resumidas cuentas, hay más información que hace una década, pero sigue faltando la voluntad política necesaria para lograr que todo ese patrimonio evadido, o al menos una parte importante, tribute como debería. En el marco de Naciones Unidas también se ha discutido la creación de una convención fiscal internacional que refuerce la coordinación global, aunque aún está sobre el papel y no hay mucho compromiso por llevarla a cabo.

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Sin derecho a la vivienda: la crónica del desmontaje

Alberto Jimenez — Fri, 12 Jun 2026 06:15:00 +0000

Juanjo Ramón, portavoz de la PAH. Publicado originalmente para El Salto.

En apenas cuatro meses, PP, Vox y Junts han tumbado la moratoria antidesahucios, rechazado la prórroga de alquileres para tres millones de hogares y dado trámite a una ley que facilita los desalojos exprés.

Cada cuatro minutos, en algún lugar de España, alguien pierde su hogar. No por negligencia del Estado, no por accidente del mercado: por decisiones políticas concretas y rastreables. En los últimos cuatro meses, el bloque parlamentario formado por el PP, Vox y Junts ha eliminado las principales protecciones que quedaban en pie para los inquilinos más vulnerables. Mientras tanto, los precios del alquiler baten récords, el parque público de vivienda sigue siendo uno de los más raquíticos de Europa y el Relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda ha tenido que pedir por escrito al Estado español que no abandone a decenas de miles de familias. Este es el relato de cómo hemos llegado hasta aquí.

Hay números que resisten cualquier marco político. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó en marzo de 2026 los datos definitivos de lanzamientos judiciales del año 2025. En horario judicial hábil, sin contar fines de semana, agosto ni festivos, los juzgados ejecutaron un lanzamiento cada cuatro minutos. 24.540 desahucios desgranados así:

18.317 por impago de alquiler, el 74,6% del total. Una familia es expulsada de su arrendamiento cada 28 minutos.
4.356 por ejecuciones hipotecarias. El 17,7% del total. Familias que no pudieron mantener la hipoteca.
El CGPJ no desglosa públicamente las 1.877 causas restantes.

Un año más continúan cayendo los juicios por ocupación sin título caen un 20,2%, con datos desmontando el bulo sobre la “okupación” y el relato de que este es el problema y no parte de las consecuencias del problema real, tratar la vivienda como un bien de mercado y no un derecho como decía Abalos.

Estos datos se publicaron mientras la moratoria antidesahucios seguía, parcialmente, en vigor. La moratoria —vigente desde abril de 2020 como respuesta de emergencia a la pandemia, y prorrogada año tras año— había logrado, según el Observatori DESCA, suspender o paralizar hasta el 24% de todos los procedimientos de desahucio abiertos en España entre 2020 y 2024, protegiendo a cerca de 60.000 hogares en ese periodo. Como hemos declarado en diversas ocasiones desde La PAH, “detrás de cada desahucio no hay cifras, hay vidas suspendidas. Familias que viven en una incertidumbre permanente, sin poder proyectar un futuro, sin saber si podrán seguir en su casa el mes siguiente».

En perspectiva histórica, entre 2008 y 2019 se produjeron 684.000 lanzamientos judiciales en España, afectando a más de 1,7 millones de personas. La moratoria fue el único instrumento que, desde 2020, evitó que ese ciclo volviera a repetirse a la misma velocidad. En febrero de 2026, el Congreso decidió eliminarlo.

La cronología del desmontaje: cuatro meses, tres golpes

La retirada de protecciones no ha sido un accidente legislativo ni un efecto colateral. Ha sido una secuencia deliberada de votaciones del mismo bloque parlamentario, el formado por PP, Vox, Junts y UPN, que ha tenido consecuencias directas e inmediatas sobre decenas de miles de familias.

27 enero 2026. Decreto ómnibus rechazado. PP, Vox y Junts tumban el decreto que incluía, junto a la revalorización de pensiones, la moratoria antidesahucios. El Gobierno se ve forzado a tramitar las medidas por separado.
26 febrero 2026. Moratoria antidesahucios eliminada. El mismo bloque rechaza la moratoria también presentada por separado. Desde ese día, 70.000 procedimientos de desahucio suspendidos quedan reactivados. Las organizaciones advierten de un “tsunami de desahucios”. El Relator de la ONU había pedido formalmente, días antes, que no se eliminara la medida.
21 abril 2026. Proposición de ley del PP admitida a trámite. Con el apoyo de Vox, Junts y UPN. Incluye: desahucios exprés para bancos y fondos, rebaja del umbral de vulnerabilidad de 1.800 a 900 euros mensuales y derogación de los topes de alquiler de la Ley de Vivienda de 2023.
22 abril 2026. Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno. 7.000 millones de euros en cinco años, con medidas dirigidas a jóvenes. Se aprueba con cuatro meses de retraso el mismo día que el PP lleva su propuesta al Congreso.
29 abril 2026. Decreto de prórroga de alquileres tumbado. PP, Vox, Junts y UPN rechazan el RDL 8/2026 por 177 votos. La norma protegía con una prórroga de dos años y un límite del 2% de subida a los contratos de alquiler que venzan hasta diciembre de 2027. Afectaba a tres millones de personas en un millón de hogares. Más de 33.500 prórrogas ya solicitadas quedan en un limbo legal.
24 mayo 2026 en adelante. Más de 40 manifestaciones por todo el Estado llamando a una huelga general de vivienda y a la desobediencia frente a lo que se denomina la dictadura del rentismo.

Las organizaciones de la coalición #NiUnDesahucioMás, que agrupa a más de cien entidades sociales, jurídicas y vecinales de todo el Estado, fuimos contundentes tras el voto del 26 de febrero: “No estamos ante un debate técnico o coyuntural. Estamos ante una decisión política con consecuencias sociales directas y previsibles”. La PAH lo concretamos así: “Cada desahucio que se produzca a partir de ahora no será una consecuencia inevitable del mercado, sino el resultado directo de decisiones políticas concretas”.

PP, Vox y Junts fundamentaron su rechazo en argumentos distintos pero convergentes. El PP sostuvo que la moratoria “genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler”. Junts, por su parte, adujo la invasión de competencias catalanas. Vox rechazó el decreto por considerar que beneficiaba a quienes no cumplen sus obligaciones contractuales. Ninguno de los tres grupos ofreció una alternativa de protección para las familias afectadas.

¿Qué propone la ley del PP? Menos protección, más velocidad para el desalojo

Más allá de lo que ya ha ocurrido, el escenario que se abre con la proposición de ley del Partido Popular es de mayor calado. La propuesta lleva tres cambios estructurales que, de aprobarse, reconfigurarían de forma duradera las reglas del mercado del alquiler.

El primero y más simbólico: permitir a bancos y fondos de inversión acceder a los mismos juicios rápidos de desahucio que hoy solo están disponibles para pequeños propietarios. Es decir, las mismas entidades que acumularon miles de viviendas durante la crisis hipotecaria de 2008 tendrían vía libre para expulsar inquilinos de forma acelerada. El diputado del PP Ricardo Chamorro defendió explícitamente los “desahucios exprés” en el Pleno.

Con un desalojo cada cuatro minutos, el 49,8% de la ciudadanía ya señala la vivienda como su principal problema y las calles están respondiendo ante la falta del Gobierno

El segundo: rebajar el umbral de ingresos que determina la vulnerabilidad económica de una familia de 1.800 a 900 euros mensuales. En la práctica, esto sacaría a miles de hogares del paraguas de protección: una familia con ingresos de 1.200 euros que hoy puede acceder a la suspensión del desahucio ya no podría hacerlo. La medida afecta especialmente a hogares con dos o más miembros en los que los ingresos combinados rondan el salario mínimo.

El tercero: derogar los artículos de la Ley de Vivienda de 2023 que permiten declarar zonas de mercado tensionado y establecer índices de contención de precios. Cataluña, que aplicó estas medidas, registra hoy un crecimiento del alquiler del 1,5% interanual, frente al 9,1% de media nacional. La propuesta del PP eliminaría ese mecanismo.

La admisión a trámite de esta barbaridad no implica aprobación inmediata. La proposición deberá atravesar enmiendas, debate en comisión y votación final. Con la actual fragmentación parlamentaria, su aprobación definitiva es incierta. Sin embargo, la tramitación en sí ya genera un efecto de señalización política sobre el mercado y sobre las comunidades autónomas que estudian aplicar las zonas tensionadas.

El plan y la contradicción del Gobierno

Con cuatro meses de retraso sobre el calendario previsto, un día después de que el PP presentara esta proposición de ley en el Congreso, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo presentó como un paso hacia la consolidación de la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar.

Las medidas principales se dirigen a jóvenes menores de 35 años: ayudas de hasta 28.800 euros para alquiler con opción a compra de vivienda de protección oficial, subvenciones de hasta 10.800 euros para primera vivienda en municipios rurales de menos de 10.000 habitantes, y mejoras del bono alquiler joven, con hasta 300 euros mensuales para vivienda completa.

Amnistía Internacional valoró el plan con reservas. Entre sus críticas: el plan establece como criterio de acceso la nacionalidad o la residencia legal, excluyendo a personas en situación administrativa irregular; no incluye garantías de que las comunidades autónomas no vendan el parque de vivienda social ya existente; y las ayudas directas al alquiler, sin control paralelo de precios, corren el riesgo de ser absorbidas por el mercado, beneficiando a los propietarios más que a los inquilinos.

En resumen, un plan sin ampliación masiva de vivienda pública y sin medidas estructurales de contención de precios no resuelve el problema, solo lo aplaza, al tiempo que la contradicción es palmaria: el mismo día, que el Gobierno aprueba 7.000 millones para construir vivienda asequible, el Congreso da trámite a una propuesta para facilitar que los fondos de inversión desahucien más rápido.

Un mercado que alimenta el colapso

Las decisiones parlamentarias no ocurren en el vacío, ocurren sobre un mercado ya al límite. El barómetro de mayo del CIS registra que el 49,8% de la ciudadanía española señala la vivienda como su principal problema: el registro más alto de la historia del organismo, por encima de la crisis económica, la inmigración y la sanidad juntas.

Los datos del Observatorio del Alquiler publicados en mayo confirman la magnitud de la tensión: cada vivienda disponible recibe de media 141 solicitudes en apenas diez días, un 25,9% más que el año anterior. En Barcelona, la cifra alcanza 453 personas compitiendo por cada inmueble. El Observatorio prevé que en 2026 habrá 14.391 viviendas menos en el mercado de alquiler que el año anterior, una caída del 2,1%.

El precio medio del alquiler en España según Fotocasa cerró el primer trimestre de 2026 en 14,78 euros por metro cuadrado al mes, con un incremento interanual del 9,1%. Madrid supera los 21 euros por metro cuadrado; Baleares, los 19. En una comunidad con el salario mediano, alquilar un piso de 80 metros cuadrados en estas ciudades consume más del 60% de los ingresos de una persona joven.

El Banco de España ha documentado que la oferta de viviendas asequibles ha caído un 42% en tres años. El déficit acumulado de viviendas en España roza las 983.000 unidades, y al ritmo actual de construcción, 143.350 viviendas por año, tardaríamos seis décadas en cerrarlo. España tiene uno de los parques de vivienda social más pequeños de Europa occidental: menos del 2% del total, frente al 24% de los Países Bajos o el 9% de Francia.

Con todo esto y como ya es habitual, desde el Congreso se sigue ignorando la voz de la ONU. El 12 de febrero, a menos de dos semanas de la votación que eliminaría la moratoria antidesahucios, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda, Balakrishnan Rajagopal, publicó una declaración oficial instando al Estado español a mantener la moratoria. Su advertencia fue explícita: permitir su decaimiento “podría tener consecuencias dramáticas para decenas de miles de las personas más vulnerables de la sociedad, que podrían quedarse sin hogar”.

La declaración de Rajagopal recordaba que el derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución española (artículo 47), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por España en 1977 y en la Carta Social Europea. Expulsar de sus hogares a familias vulnerables sin alternativa habitacional no es solo una política social cuestionable: es, en el lenguaje del derecho internacional, una violación de derechos fundamentales.

El Congreso votó en contra dos semanas después.

La respuesta desde abajo: las calles y los movimientos

El 24 de mayo, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid convocadas por el Sindicato de Inquilinas, la PAH y otras organizaciones del movimiento por la vivienda, resumiendo la situación con precisión: el mercado funciona como una “máquina de empobrecimiento y expulsión”. Las demandas incluían recuperar los contratos de alquiler indefinidos, una bajada estructural de los precios y medidas de emergencia para quienes se enfrentan a desahucios inmediatos.

La protesta del 24 de mayo no es un fenómeno aislado. El movimiento por la vivienda lleva más de un año creciendo en tamaño y composición. Por primera vez en mucho tiempo, las marchas no están formadas solo por activistas o personas directamente afectadas: participan trabajadores con empleo estable, familias de clase media y profesionales que hasta hace pocos años consideraban la crisis habitacional un problema ajeno. El encarecimiento ha llegado a capas de la sociedad que hasta ahora habían permanecido al margen y de ahi que desde los SIndicatos de Vivienda y los laborales se esté trabajando hacía un vaga general con la vivienda y el trabajo digno como eje principal.

Aviso a navegantes

Los datos apuntan a un agravamiento, con la moratoria caída y los 70.000 procedimientos suspendidos reactivados, la cifra de desahucios en 2026 podría superar los 30.000 lanzamientos: el nivel más alto desde los peores años de la crisis hipotecaria. Para quienes solicitaron la prórroga de alquiler durante el breve período de vigencia del decreto (22 de marzo al 28 de abril), la situación legal sigue siendo incierta: los juristas no se ponen de acuerdo sobre si esas prórrogas son válidas o no tras la derogación, aunque la tendencia más clara de los propietarios es rechazarla.El 49,8% de menciones en el barómetro del CIS no es solo una estadística, es la medida de un país que ya no aguanta más mientras quien lo dirige a eliminado los desahucios y los perfiles más vulnerables de su agenda y la oposición aspira a Gobernar a golpe de eliminación de Derechos fundamentales. Así, que termino recordando un viejo lema de lo más actual ‘’no te quedes en casa que puedes perderla’’. Eso si tienes la suerte de tenerla y no formas parte de la generación sin opciones a ello.

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Carta abierta: No a la impunidad de CAF. La sociedad civil exige responsabilidades

Arturo — Wed, 10 Jun 2026 07:00:00 +0000

A pocas semanas de la Junta General de Accionistas de CAF del próximo 14 de junio, las organizaciones abajo firmantes queremos mostrar públicamente nuestro rechazo a la implicación continuada de la empresa vasca en el Tren Ligero de Jerusalén (JLR, por sus siglas en inglés), una infraestructura clave para la consolidación de la ocupación ilegal israelí sobre territorio palestino ocupado.

Mientras CAF anuncia beneficios históricos —40 millones de euros solo en el último trimestre y récord de pedidos—, continúa obteniendo beneficios económicos de un proyecto que contribuye directamente a la expansión y consolidación de los asentamientos ilegales israelíes en la Jerusalén Este ocupada. El crecimiento económico de CAF no puede desvincularse de su participación en un sistema colonial, genocida, de ocupación y discriminatorio, en violación del derecho internacional.

Desde 2019, CAF participa junto a la empresa israelí Shapir en la ampliación, operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén, una infraestructura que conecta asentamientos ilegales israelíes con Jerusalén Oeste y que forma parte de la estrategia de anexión territorial impulsada por el Estado de Israel. A través de ello, CAF desempeña un papel estructural e indispensable en la consolidación y expansión del proyecto que, en últimas, busca una “Jerusalén unificada” como capital del Estado de Israel .

Desde décadas atrás, diversos organismos internacionales han señalado la ilegalidad de los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. Más recientemente, en julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reafirmó que la ocupación israelí es ilegal e instó a todos los Estados a adoptar medidas para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan al mantenimiento de esta situación ilícita.

Asimismo, en septiembre de 2025, CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas de empresas vinculadas a actividades relacionadas con los asentamientos ilegales israelíes.

Ante esta situación, una coalición de organizaciones de la sociedad civil —NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Observatori DESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por el Centro Guernica 37— presentó el pasado 18 de febrero de 2026 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue la posible responsabilidad penal de la dirección de CAF por su participación en el proyecto.

La Fiscalía ha confirmado ya que está investigando la denuncia.

Durante años, organizaciones palestinas, vascas, sindicatos y movimientos de solidaridad internacionales han denunciado y movilizado contra la participación de CAF en el Tren Ligero de Jerusalén. Hoy reiteramos que no vamos a detenernos hasta que termine la impunidad de CAF y la empresa ponga fin a su rol en la ocupación y colonización del territorio palestino.

Mientras CAF intenta normalizar su implicación en un proyecto vinculado a la ocupación, el apartheid y la expulsión de población palestina, la sociedad civil organizada continúa movilizándose para exigir responsabilidades políticas, económicas y judiciales.

Por ello, exigimos:

Al Gobierno del Estado español, que adopte medidas efectivas contra las empresas que operan y obtienen beneficios de actividades vinculadas a la ocupación ilegal del territorio palestino, incluyendo a CAF.
A la Fiscalía, que continúe con la investigación abierta y ejerza plenamente sus funciones impulsando las actuaciones necesarias ante la Audiencia Nacional.
A las administraciones públicas y a toda empresa con participación pública, que excluyan a CAF de contratos y licitaciones públicas mientras mantenga su participación en el Tren Ligero de Jerusalén, incluido el macrocontrato de Alta Velocidad de RENFE actualmente en proceso de licitación.
Al Gobierno de Euskadi, que retire su inversión de CAF mientras siga participando de la ocupación israelí.
A CAF, que se retire inmediata y definitivamente del proyecto del Tren Ligero de Jerusalén y ponga fin a toda colaboración con la ocupación y colonización israelí del territorio palestino.

No es aceptable que dinero público y contratos institucionales continúen beneficiando a empresas implicadas en proyectos que sostienen violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos del pueblo palestino.

Llamamos a organizaciones sociales, sindicatos, colectivos, entidades y personas comprometidas con la justicia y los derechos humanos a sumarse a esta exigencia colectiva antes de la Junta General de Accionistas de CAF del próximo 13 de junio.

Porque no puede haber normalidad económica ni beneficios empresariales construidos sobre la ocupación, el apartheid y el genocidio del pueblo palestino.

Listado de organizaciones firmantes:

1. Acampada por Palestina de La Rioja

2. ALIANZA DE LA IZQUIERDA REPUBLICANA DE ESPAÑA

3. ALTERNATIBA

4. Alternativa Antimilitarista. MOC/ADNV Canarias

5. Amigas de la Tierra

6. Amnistía Internacional

7. Anticapitalistas Valladolid

8. Anticapitalistes

9. Arabako SEADen Lagunen Elkartea

10. Armagintzarekin MOZTU

11. Asamblea de vivienda Raval Rebel

12. Asociación Atenea Chamberí

13. Asociación BACHUE ELKARTEA

14. Asociación Cultural Deportiva e Ecoloxista Treze Catorze

15. Asociación de mujeres separadas y divorciadas del pais valencia

16. Asociación ecofeminista Ola sin plástico

17. Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS)

18. Asociacion GeoAlternativa

19. Asociación Pablo de la Torriente Brau de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes

20. Asociación Por Tí Mujer

21. Asociación UNADIKUM

22. Associació Ca la Dona

23. Associació Impacte. Cinema i Drets Humans

24. Associació Migració i ESS – MIGRESS

25. Associació Recerca i Decreixement

26. Associació Sabadell per la República

27. Associació SUDS

28. Associació Veïnal de Sant Pere de Terrassa

29. Atenea Chamberí

30. Ateneu Candela

31. Ateneu del Raval

32. Ateneu Llibertari del Cabanyal

33. ATTAC Madrid

34. Atxuri Harrera

35. Bake Ekintza Antimilitarista

36. BDS Almeria

37. BDS Guadalfeo

38. BDZ Nafarroa

39. Bidó de Nou Barris, entitat gestora de l’Ateneu Popular 9 Barris

40. Bilbo Palestina

41. BIZILUR

42. Bretxa Observatori de Fronteres

43. Capellanía católica de centro penitenciario del dueso de Santoña en Cantabria

44. Capellanía católica del Hospital sierrallana de Torrelavega en cantabria

45. Casa de acogida del buen samaritano

46. Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible

47. CEHDA

48. Centre Delàs d’Estudis per la Pau

49. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM)

50. CESÁfrica – Coordinadora de Entidades de Solidaridad con África

51. CGT – Confederación General del Trabajo

52. CICrA Justicia Ambiental SCCL

53. CIM Burkina

54. Coalició Prou Complicitat amb Israel

55. Col’lectiu Ecologia i Pau

56. Colectivo Feminista Las Tejedoras

57. Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos

58. Comité de Solidaridad Oscar Romero de Valladolid

59. Comité de solidaritat amb Palestina de Sants

60. Comitè de treballadores de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès

61. Comité Óscar Romero de Torrelavega en Cantabria

62. COMITÉ OSCAR ROMERO DE VIGO

63. Comité Óscar Romero Valladolid

64. Conceyu Abiertu pola Transición Xusta

65. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)

66. Corriente Roja

67. Crida per l’Alliberament Sexual i de Gènere

68. CULTURA21 SCCL

69. Donostia Palestina

70. Ecologistas en Acción Confederal

71. Ecologistas en Acción Córdoba

72. Ecologistas en Acción Valladolid

73. Ecologistas la parrilla

74. EHBizirik

75. EHU Palestina

76. Emakumeok Gerraren Aurka-Mujeres Contra la Guerra

77. ESK SINDIKATUA

78. Espacio Común 15M

79. ESPAI GRAMENET

80. Eureka, Red Activista por la Renta Básica Incondicional

81. Euskal Herria Bizirik

82. Euskal Herrian Euskaraz

83. EUSKAL HERRIKO BILGUNE FEMINISTA

84. Euskal Herriko Fronte AntiInperialista

85. Ezker Anitza-IU

86. FORO GALEGO DE INMIGRACION

87. Fundación Mundubat

88. Galdakao Palestinarekin

89. Galdakaoko Elkarlaguntza Sarea

90. Galdakaoko pentsionistek eta Jubilatuak Plataforma

91. Gernikatik Mundura

92. Global sumud Euskal herria

93. Gogara

94. Greenpeace

95. Grup de dones Vila-real. Red mujeres de negro por la pax

96. Grup de Suport a Palestina

97. Grupo Estudios Africanos e Internacionales UAM

98. Gure haurrak ere badira

99. Herritar Batasuna

100. Heura Negra

101. Ikasle Sindikatua

102. Intersindical Salut-IV

103. Irídia – Centro de Defensa de Derechos Humanos

104. Jaén con Palestina

105. Joves Ecosocialistes

106. Judimendi auzo elkartea

107. KALAKALAB SLL

108. KULTURATIK Kultur egikeak Palestinarekin/Creadorxs culturales con Palestina

109. La Capçalera

110. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España

111. LA COSECHA COMUNICACIÓN

112. La Intersindical (Catalunya)

113. LA PIRENAICA DIGITAL

114. Lafede – justícia global

115. Lumaltik Herriak

116. Marea Pensionista Horta-Guinardó Barcelona

117. Maresme amb Palestina

118. MUGARIK GABE

119. Mugen Gainetik

120. Mujeres de Negro contra la guerra de Madrid

121. Mujeres de negro de Valencia

122. Nexes Interculturals

123. Oarsoko AHTren aurka taldea

124. Observatori del Deute en la Globalització

125. Observatori DESCA

126. Onda de madrid

127. Parroquia de San Martín de Ganzo en Torrelavega en cantabria

128. Parroquia de San Pedro de Torres de Torrelavega en cantabria

129. Parroquia de san Pelayo de Dualez de Torrelavega de Cantabria

130. Perifèries

131. PLATAFORMA ALMERÍA POR PALESTINA

132. Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya (PAAC)

133. Plataforma Córdoba con Palestina

134. Plataforma de pentsionistas y Jubilados

135. Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts

136. PLATAFORMA POLO EMPREGO

137. PODEM CATALUNYA

138. Podemos Euskadi

139. Podemos Valladolid

140. Putas Indignadas

141. Putas Libertarias Raval

142. Radical Books Coop

143. REAS Rioja

144. Rebelión Científica

145. Red

146. Retirada del proyecto invasivo y de ocupación denominado construcción de Palestina

147. Rumbo a Gaza

148. SALBURUKO HARRERA SAREA

149. Sanitarioak Genozidioaren aurka

150. Sare Antifaxista

151. SCI Catalunya

152. Seminari d’economia crítica Taifa

153. Sindicato cobas comisiones de base

154. SIOF (SERVEI D’INFORMACIO DE L’OBJECCIO FISCAL A LA DESPESA MILITAR)

155. SODEPAU

156. Sodepaupv

157. SOS Ribagorza

158. STEILAS sindikatua

159. Stop desahucios Hernani

160. Talaiola- Ecologistes en Acció

161. Teatracció

162. Top manta

163. Urko-Punta GKE

164. Vall del Lierca amb Palestina

165. Verso Libros

166. Xamfrà

167. Zarautz Palestina

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No basta solo con un decreto: es necesaria una batalla contra la financiarización de la vivienda y de la vida

Alberto Jimenez — Sun, 07 Jun 2026 21:02:29 +0000

Por Juan Laborda. Publicado originalmente en El Salto.

Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo ocurrido en el Congreso de los Diputados el martes 28 de abril no fue un mero accidente parlamentario. Fue una definición política en toda regla. El Pleno derogó el Real Decreto-ley 8/2026 por 177 votos en contra, 166 a favor y 5 abstenciones, tumbando una prórroga extraordinaria para contratos de alquiler que vencieran antes de 2028. La propia información oficial del Congreso recuerda que la finalidad del decreto era evitar que la carga media del alquiler, sumados gastos y suministros básicos, rebasara el 30% de los ingresos medios de los hogares. Que Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya votaran contra eso significa, lisa y llanamente, colocarse del lado de la renta inmobiliaria frente al derecho social a una vivienda digna. En otros momentos de la historia serían echados a gorrazos. Ahora vivimos tiempos de maleza, de “vivan las cadenas”, y demás distopías inimaginables.

Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social

Y aquí conviene llamar a las cosas por su nombre. La Constitución no consagra un “derecho a especular”; consagra, en su Artículo 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y además ordena a los poderes públicos regular el suelo “para impedir la especulación”. Es verdad que el Artículo 47 no tiene la misma aplicación inmediata que los derechos fundamentales clásicos, pero eso no lo convierte en adorno retórico: es un mandato constitucional inequívoco. Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social, en la que la propiedad rentista pesa más que la vida material de la mayoría.

Dicho esto, también sería un error convertir el decreto rechazado en una solución milagrosa. Era una medida defensiva y coyuntural, no una transformación estructural. Servía para amortiguar un golpe, no para desactivar la máquina que lo produce. Precisamente por eso la crítica debería ser doble: contra quienes tumbaron una protección mínima y contra quienes siguen respondiendo a una crisis sistémica con parches de emergencia.

La vivienda y los alimentos convertidos en activos

El problema de fondo no es solo el alquiler en España. El problema es que dos esferas que deberían permanecer fuera del casino —la vivienda y la alimentación— han sido progresivamente absorbidas por la lógica de la rentabilidad financiera. No es un desvío accidental; es una orientación política acumulada durante décadas. En Estados Unidos, la gran ola desreguladora fue también bipartidista: la administración de Bill Clinton impulsó la Gramm-Leach-Bliley Act de 1999, que favoreció la integración financiera, y Clinton firmó además la Commodity Futures Modernization Act de 2000, que rehízo el marco regulatorio de derivados y favoreció la expansión de los mercados “over the counter (OTC)”. En Europa, la Tercera Vía Laborista asumió amplias dosis de liberalismo de mercado como horizonte de modernización. La financiarización no fue solo obra de la derecha clásica; también fue administrada, legitimada y normalizada por buena parte de la socialdemocracia atlántica.

En vivienda, la literatura es ya abrumadora. Manuel B. Aalbers explicó hace tiempo que la financiarización convierte no solo la casa, sino también al propietario y al deudor, en objetos de extracción financiera. Más recientemente, trabajos de Aalbers y Cody Hochstenbach describen un “desacoplamiento” entre precios de la vivienda y deuda hipotecaria: tras la crisis global, los precios pueden dispararse incluso cuando el peso relativo de la deuda hipotecaria ya no crece al mismo ritmo, porque el motor pasa a ser cada vez más la riqueza, el capital institucional y la inversión patrimonial. Para el caso español, Javier Gil García y Miguel A. Martínez López sostienen que varias reformas estatales reactivaron la financiarización de la vivienda a partir de 2013, y Jordi G. Guzmán habla ya sin rodeos de un verdadero “complejo vivienda-finanzas” en la España posterior a 2008.

Lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo

En materias primas alimentarias, el cambio ha sido igualmente profundo. Tang y Xiong mostraron que, con la entrada masiva de inversión indexada desde los primeros dos mil, los futuros de materias primas en Estados Unidos se volvieron crecientemente correlacionados entre sí, especialmente los incluidos en grandes índices. El BCE constató que las correlaciones entre rendimientos de materias primas y rendimientos financieros aumentaron desde comienzos de siglo. Adams y Glück concluyen que la mayor comovilidad entre commodities y bolsa no puede explicarse solo por ventas forzadas durante la crisis de 2007-2009; y Ding y coautores hallan que la financiarización elevó la volatilidad y estrechó la relación dinámica entre materias primas y mercado bursátil. En Román Paladín: lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo.

Sobre la cuestión de si las series han pasado de estacionarias a no estacionarias conviene introducir un matiz serio. La literatura no es unánime. Hay trabajos que encuentran tendencias estocásticas comunes, alta volatilidad y una estructura de dependencia mucho más “financiera” en los precios de commodities; incluso se ha descrito que, en el régimen posterior a la financiarización, las variables presentan tendencias estocásticas de alta volatilidad. Pero también existen análisis que, una vez se modelizan bien las rupturas estructurales y la no linealidad, encuentran estacionariedad tendencial en muchas commodities, con la notable excepción del petróleo en varios ejercicios.

El Decreto protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero

El punto políticamente importante no es convertir un debate econométrico complejo en eslogan, sino entender su significado material: si una serie es estacionaria, los shocks acaban disipándose alrededor de una tendencia; si domina una dinámica integrada o con fuertes tendencias estocásticas, los shocks dejan cicatrices más persistentes, hacen más difícil distinguir fundamento y especulación y f acilitan episodios de overshooting, burbujas y spikes de precios. Además, organismos como la UNCTAD subrayan que la actividad especulativa en mercados alimentarios financiarizados aumenta de forma muy marcada durante las crisis.

Por qué el decreto era insuficiente

Precisamente por eso el Decreto era insuficiente incluso antes de ser derribado. Protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero y el parque residencial en soporte de extracción rentista. España sigue llegando tarde al núcleo del problema: el parque de vivienda social apenas ha pasado del 2,5% al 3,4% del total nacional, todavía lejísimos del 8% europeo que el propio Ministerio de Vivienda toma como referencia de convergencia. No hablamos de una desviación marginal: hablamos de un diseño histórico que ha preferido subvencionar acceso privado, endeudamiento y valorización patrimonial antes que construir una infraestructura pública de alojamiento realmente anticíclica.

Tampoco basta con repetir que “falta oferta” si después se deja la solución en manos de un sector privado fragmentado, con poca escala industrial y sometido a ciclos de suelo, financiación y rentabilidad. El Banco de España estimó primero un déficit en torno a 600.000 viviendas hasta 2025 y, en su actualización posterior, situó el desajuste acumulado entre nuevas viviendas y creación de hogares en 400.000-450.000 entre 2022 y 2024, concentrado sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Al mismo tiempo, el INE proyecta 3,69 millones de hogares más entre 2024 y 2039, y la población residente ya se situó en 49,69 millones a 1 de abril de 2026. Es decir: el país no solo arrastra déficit; además gana población y hogares a una velocidad que vuelve grotesco cualquier enfoque de pura administración del síntoma.

Incluso el nuevo PERTE de industrialización de la vivienda, siendo una señal valiosa en la dirección correcta, revela los límites del momento político. La inversión pública prevista es de 1.300 millones en diez años con el objetivo de consolidar un ritmo de unas 15.000 viviendas industrializadas al año y llegar a 20.000 anuales en una década. Eso puede ayudar a mover el modelo productivo, pero no alcanza ni de lejos la escala del desequilibrio actual. Y parte, además, de una posición muy débil: distintos informes sectoriales sitúan la cuota de la construcción industrializada residencial en España en torno al 1%-2% de las viviendas terminadas. El decreto rechazado, por tanto, era insuficiente no porque regular el alquiler sea inútil, sino porque regular solo el alquiler sin transformar la estructura de producción de vivienda equivale a achicar agua sin cerrar la vía de entrada.

Construir a la escala del problema

La comparación con China debe leerse como una lección de escala industrial. El plan quinquenal chino para 2021-2025 fijó que los edificios prefabricados superaran el 30% de la nueva construcción, dentro de una estrategia explícita de industrialización, digitalización y robotización del sector. La literatura reciente sobre construcción fuera de la obra en China muestra además el enorme despliegue normativo, territorial y productivo con el que el Estado ha empujado esa transición, aunque también señala barreras y cuellos de botella. La diferencia con España es brutal: allí la cuestión se trata como política industrial de país; aquí todavía se aborda demasiadas veces como nicho tecnológico o como promesa voluntarista.

Por eso hace falta una construcción masiva de vivienda asequible financiada públicamente o avalada por una banca pública de desarrollo con mandato claro. Y aquí tampoco conviene inventar nada exótico. Europa está llena de precedentes. KfW es uno de los mayores bancos públicos de inversión y desarrollo del mundo: financia vivienda, industria e infraestructuras actuando por cuenta del Estado alemán y de los Länder. En Francia, Bpifrance funciona como el gran brazo financiero público para impulsar el crecimiento empresarial y la inversión estratégica. España cuenta con ICO, una entidad de titularidad estatal con un papel relevante, pero históricamente orientada sobre todo a captar financiación en los mercados y canalizar crédito a través de bancos colaboradores. Ese modelo puede ser útil para determinadas políticas, pero resulta insuficiente para liderar una gran estrategia de reindustrialización residencial basada en vivienda asequible, financiación estable y plazos largos.

Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado, la política de vivienda siempre llegará tarde

Además, la necesidad de una banca pública fuerte se vuelve más clara cuanto más concentrado está el sistema privado. Según el Banco de España, el peso de los cinco mayores bancos españoles ha pasado de alrededor del 40% en 2007 a cerca del 70% en 2023, y el supervisor situaba a España entre los países europeos con mayor concentración bancaria entre las grandes economías. Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado cuyo criterio básico es la rentabilidad ajustada al riesgo, la política de vivienda siempre llegará tarde y a menor escala de la necesaria.

La prueba de fuego para Pedro Sánchez

Si Pedro Sánchez quiere revalidar el poder en las próximas elecciones generales, no le bastará con administrar mejor que la derecha una crisis heredada. Tiene que ofrecer una ruptura legible con un modelo agotado. No hablo de retórica; hablo de asumir políticamente que el neoliberalismo ha dejado de ser una solución y se ha convertido en parte esencial del problema. El adversario no es solo electoral. Es una constelación de intereses inmobiliarios, financieros y regulatorios que ha colonizado la conversación pública con una idea tóxica: que vivienda, crédito y alimentos deben ordenarse ante todo por precio de mercado, aunque eso destroce vidas. Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo primero es blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos

Eso exige varias decisiones a la vez. Primera: blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos. Segunda: construir una palanca financiera pública con músculo para industrialización, promoción asequible y rehabilitación a gran escala. Tercera: disputar el terreno intelectual a la ortodoxia de la escasez autoprovocada.

En la eurozona, la independencia del Banco Central Europeo está blindada por el artículo 130 del TFUE y por el propio diseño institucional del banco. Democratizar esa arquitectura no debería significar politizar cada decisión de tipos de interés, sino someter objetivos, coordinación fiscal-monetaria y rendición de cuentas a un control democrático mucho más fuerte del actual. Y, si se quiere estudiar la Teoría Monetaria Moderna, hay que hacerlo con seriedad: varias contribuciones europeas recuerdan que los Estados del euro no gozan de soberanía monetaria plena, de modo que cualquier traslación mecánica de la MMT exigiría reformar, no solo reinterpretar, la gobernanza monetaria europea.

El sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política

Dicho de otra manera: el sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política. El momento exige un giro rooseveltiano: expulsar a los lobbies del centro del Estado, reordenar las prioridades del crédito, tratar la vivienda como infraestructura social y devolver a la política la capacidad de mandar sobre las finanzas cuando estas invaden lo que nunca debieron dominar. Si no se hace, vendrán otros a capitalizar el malestar con una mezcla de xenofobia, autoritarismo cultural y obediencia económica a los mismos intereses de siempre.

Corolario

Mi tesis final, en suma, es esta: el liberalismo está agotado, muerto, finiquitado. Su promesa de prosperidad general ha desembocado en una economía donde los bienes básicos se convierten en activos, la desigualdad se normaliza y la política se limita a gestionar el daño. La OCDE lleva años documentando un aumento sostenido de la desigualdad de ingresos en la mayoría de economías avanzadas. Si a eso añadimos la mercantilización de la vivienda, la precarización de los alimentos y la subordinación del Estado a la lógica rentista, el resultado no es libertad: es inseguridad material de masas.

La defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica

Y el balance ecológico es igual de demoledor. La OMS considera el cambio climático una amenaza fundamental para la salud; el IPCC sostiene que ya ha afectado negativamente a la salud física y mental en todas las regiones evaluadas; y el PNUMA advierte de que, sin recortes mucho más rápidos de emisiones, el objetivo de 1,5 °C se escapará en pocos años. Cuando un modelo económico necesita depredar suelo, energía, hogares y alimentos para seguir generando rentas, no solo fabrica desigualdad: también fabrica vulnerabilidad climática y enfermedad. Por eso la defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica.

El verdadero debate, entonces, no es si había que prorrogar dos años unos alquileres. Claro que había que hacerlo. El verdadero debate es si vamos a seguir tolerando que comer y habitar dependan de la rentabilidad de fondos, bancos y mercados de derivados. Ahí está la línea divisoria de nuestro tiempo. Y quien no la vea, quien siga creyendo que todo se arregla dejando “hacer al mercado”, no está defendiendo la modernidad: está protegiendo un orden viejo, desigual y cada vez más autoritario en sus salidas políticas.

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Permiso para contaminar

Arturo — Thu, 04 Jun 2026 06:00:00 +0000

La UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes

El nuevo informe de Corporate Europe «Permiso para contaminar», revela cómo la Comisión Europea está recortando drásticamente las normas de concesión de permisos para las infraestructuras energéticas e industriales. Esto forma parte de una amplia campaña desreguladora impulsada por algunas de las industrias más contaminantes de Europa. Aunque la UE presenta esta agenda como una «simplificación» de la legislación en materia de permisos, en la práctica se corre el riesgo de socavar las protecciones sociales y medioambientales, conseguidas con tanto esfuerzo, que sustentan estas normas.

Desde que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asumió su segundo mandato, las normas de concesión de permisos han sido objeto de un ataque constante por parte de las grandes empresas tecnológicas, la industria de los combustibles fósiles y los grupos de presión del sector minero. Es más, bajo etiquetas como «estratégico» o «interés público superior», los proyectos perjudiciales pueden eludir cada vez más los procedimientos habituales de concesión de permisos. Pero, ¿quién decide qué tipo de proyectos se benefician de esa etiqueta?

Los documentos obtenidos por CEO (Observatorio Europeo de las empresas) revelan cómo los principales contaminadores han presionado para obtener un acceso más fácil a los permisos —y a las subvenciones públicas— para proyectos de infraestructura contaminantes. Revelan cómo la Comisión Europea ha invitado activamente a los actores del sector a dar forma a su agenda de desregulación de los permisos. Europa corre el riesgo no solo de vivir con más contaminación, sino también de pagar a los contaminadores para que la generen.

Entre las principales medidas que se están aplicando para satisfacer las exigencias del sector se incluyen:

la tramitación acelerada de los permisos para infraestructuras industriales y energéticas, dejando de lado la participación democrática;
evaluaciones medioambientales más sencillas y rápidas, lo que se traduce en una menor protección;
un mayor número de proyectos contaminantes clasificados como «estratégicos» o de «interés público» y que, por lo tanto, reciben un trato especial en los procesos de concesión de permisos, por encima de las preocupaciones medioambientales o sociales;
la apertura a la posibilidad de debilitar las leyes de protección del agua y de la naturaleza.

Entre las principales conclusiones del informe se incluyen:

Exigencias del sector incorporadas a la nueva legislación de la UE: Las medidas propuestas en ReSourceEU, el «Omnibus medioambiental», el «Paquete de redes» y la Ley de Aceleración Industrial acelerarían los proyectos, debilitarían o eludirían las evaluaciones de impacto ambiental, ampliarían las aprobaciones tácitas y restringirían el acceso a la justicia. Los sectores y proyectos estratégicos —entre los que se incluyen la minería, el gas fósil, la captura, el transporte y el almacenamiento de CO₂, el hidrógeno y los centros de datos— serían calificados de «interés público» y se beneficiarían de una tramitación acelerada de los permisos. Se esperan más concesiones a la presión de la industria en la próxima Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, así como en la propuesta de infraestructura de transporte de CO₂.

La industria celebra los logros en materia de desregulación, pero quiere más: el grupo de presión del sector del petróleo y el gas IOGP elogió la Ley Ómnibus de Medio Ambiente y el Paquete de Redes por lograr «avances reales en las demandas de larga data de la industria». Los miembros de BusinessEurope presionaron con éxito para conseguir exenciones de las evaluaciones de impacto ambiental para los proyectos de infraestructura de hidrógeno y CO₂ en la Ley de Aceleración Industrial. La IOGP y Euromines han formado una «Coalición Informal sobre Permisos» para hacer campaña a favor de un amplio «paquete ómnibus de permisos» destinado a debilitar múltiples protecciones medioambientales de una sola vez.

Una influencia sin precedentes de la industria en la formulación de políticas: Ursula von der Leyen solicitó consejos sobre desregulación directamente a la Mesa Redonda Europea de la Industria, se asoció con grupos del sector de los combustibles fósiles para organizar talleres sobre cómo «agilizar» la concesión de permisos y se basó en nuevos procesos de consulta —los «Diálogos de Implementación» y las «Evaluaciones de la Realidad»— dominados en gran medida por la industria.

Fondos públicos para respaldar a las industrias contaminantes: A petición de estas, la Comisión también está apoyando financieramente a las industrias contaminantes mediante nuevas medidas de «reducción de riesgos», un Banco de Descarbonización Industrial, normas de ayudas estatales más flexibles y otros mecanismos de financiación pública.

El informe incluye tres estudios de caso que ilustran los efectos potencialmente devastadores sobre las personas y el medio ambiente.

En Suecia, los modos de vida indígenas están siendo destruidos, se están perdiendo hogares y se está contaminando el agua en aras de un nuevo proyecto minero.
En toda Europa, las comunidades podrían verse obligadas a aceptar nuevos gasoductos de CO₂ que plantean graves riesgos de seguridad en caso de fuga, al tiempo que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles.
En Irlanda, el aumento vertiginoso de la demanda de electricidad procedente de los nuevos centros de datos está contribuyendo al alza de los precios de la energía y al riesgo de apagones, mientras se construyen nuevas centrales de combustibles fósiles para abastecerlos.

«Permiso para contaminar» ponen de manifiesto solo algunas de las consecuencias potencialmente desastrosas que tendría la supresión de las normas de la UE en materia de permisos para las personas y el medio ambiente. Puede leer los casos prácticos completos aquí. o bien los resúmenes a continuación.

Nuevas minas en el norte de Suecia

Destrucción del modo de vida indígena: La nueva mina de mineral de hierro y metales de tierras raras de la empresa minera estatal LKAB, Per Geijer, amenaza con interrumpir la última migración estacional que queda de la comunidad indígena sami local de Gabna, dedicada al pastoreo de renos. Lars-Marcus Kuhmunen, presidente de Gabna, explica: «Todo gira en torno al pastoreo de renos. Si eso deja de existir, la cultura sami también dejará de existir. »

Calificada como estratégica: Per Geijer es uno de los 47 proyectos dentro de la UE calificados como estratégicos en virtud de la Ley de Materias Primas Críticas, que limita el proceso de concesión de permisos a «no más de 27 meses», restringiendo las evaluaciones ambientales y la consulta a la comunidad. LKAB ejerció una influencia desmesurada sobre el proceso, reuniéndose con altos funcionarios de la Comisión en seis ocasiones durante los tres meses previos a que la Comisión concediera a Per Geijer el estatus estratégico.

LKAB lleva la batalla a la UE: El recientemente dimitido director ejecutivo de LKAB, Jan Moström, también ha sido presidente del poderoso grupo de presión Euromines, que se ha asegurado de que la agenda de desregulación de la industria minera sueca se promueva a nivel de la UE, por ejemplo, mediante la creación de la Coalición Informal para la Concesión de Permisos junto con el grupo de presión del petróleo y el gas IOGP.

Desregulación del agua: En diciembre de 2025, la UE anunció que reabriría la Directiva Marco del Agua para fomentar una mayor actividad minera. La comisaria responsable de la legislación sobre el agua, la sueca Jessica Roswall, se reunió con LKAB y Euromines en múltiples ocasiones, e incluso visitó a Per Geijer junto con Moström.

Recurso judicial: Gabna ha presentado un recurso contra Per Geijer ante los tribunales, pero no son los únicos. Varias organizaciones de Portugal han llevado a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la mina de litio de Barroso, que también ha sido calificada de «proyecto estratégico». Cabe esperar más resistencia.

Gasoductos de CO₂ en toda Europa

Los nuevos gasoductos de CO₂ construidos por la vía rápida pueden ser letales: los planes de la UE para los gasoductos de CO₂ se están acelerando gracias a lagunas en la normativa. Sin embargo, como han demostrado los accidentes en el condado de Yazoo (EE. UU.), suponen un grave riesgo para la salud. Las fugas pueden provocar asfixia, hospitalizaciones masivas y efectos duraderos sobre la salud. Dada la densidad de población mucho mayor en Europa, la rotura de un gasoducto podría incluso resultar mortal.

Retrasan la eliminación gradual de los combustibles fósiles: Los gasoductos se utilizan para justificar el uso continuado del petróleo y el gas, con la promesa (poco realista) de que las emisiones serán capturadas, transportadas y almacenadas.

Italia y Alemania tienen grandes planes: La UE tiene previsto construir 19 000 km de gasoductos de CO₂ para 2050, con un coste de hasta 23 000 millones de euros, que atravesarán algunas de sus zonas más densamente pobladas. Alemania e Italia tienen grandes planes, y sus respectivos líderes, Mertz y Meloni, abogan por una flexibilización de las leyes de concesión de permisos. En ambos casos se están encontrando con una fuerte oposición.

Los gasoductos de CO₂ en Italia: como parte del polémico proyecto de captura y almacenamiento de carbono de Rávena, y con el respaldo de los gigantes del gas Eni y Snam, se prevé construir gasoductos de CO₂ a solo unos metros de viviendas. Se prevé la construcción de un gasoducto de CO₂ de 100 km a través de zonas con alto riesgo de terremotos e inundaciones, así como de lugares con gran biodiversidad y hábitats importantes protegidos por la normativa europea Natura 2000. Se está tramitando por la vía rápida y se considera de interés público superior gracias a su inclusión en la lista de la UE de proyectos de interés común.

La industria consiguió lo que quería: tanto la Mesa Redonda Europea de la Industria (ERT) como BusinessEurope presionaron para que se introdujeran lagunas normativas en relación con las infraestructuras de CO2. La ERT también presionó para crear una «red troncal de infraestructuras de CO2» de tuberías en toda Europa, algo que probablemente conseguirá en la próxima ley sobre infraestructuras y mercados de CO2, impulsada también por grupos como el de petróleo y gas IOGP.

Centros de datos en Irlanda

Grandes planes de expansión: El plan de la Comisión —marcado por las grandes empresas tecnológicas— consiste en triplicar el número de centros de datos en Europa en un plazo de cinco a siete años. Esto supondrá un aumento de las emisiones, escasez de agua y facturas de energía más elevadas, al tiempo que supondrá un respiro para la industria de los combustibles fósiles, ya que se construirán nuevas infraestructuras de gas para abastecerlos. Debido a la gran presencia de las grandes empresas tecnológicas en Irlanda, este país se encuentra en primera línea en Europa del crecimiento exponencial de estas «fábricas de IA».

Las facturas de los hogares subvencionan las fábricas de IA: Irlanda tiene los segundos precios de electricidad para los hogares más altos de Europa, pero los operadores de centros de datos solo pagan la mitad de lo que pagan los hogares, y esta desigualdad va a empeorar. Mientras que se espera que las facturas de los hogares aumenten entre un 8 % y un 21 % en los próximos cinco años, los centros de datos verán cómo sus precios bajan un 14 %.

La gran demanda de electricidad conduce al uso de combustibles fósiles: en las afueras de Dublín se han construido grandes complejos que agrupan a docenas de centros de datos, los cuales consumen la asombrosa cifra del 50 % de la demanda eléctrica de la ciudad. Debido a la escasez de electricidad, estos complejos se alimentarán cada vez más con combustibles fósiles, como es el caso de las instalaciones de Microsoft en Grange Castle.

El Gobierno irlandés respalda a las grandes tecnológicas: Ya en 2017, el Gobierno irlandés intentó eludir la aprobación de las autoridades locales proponiendo calificar los centros de datos como infraestructura «estratégica», lo que habría limitado las posibilidades de recurso y acelerado la concesión de permisos. Además, está realizando importantes inversiones en nuevas infraestructuras de GNL para satisfacer la creciente demanda de electricidad, lo que socava los objetivos climáticos del país.

Éxito del lobby de las grandes tecnológicas en Irlanda: Las grandes tecnológicas ya han conseguido revocar una moratoria de facto sobre los nuevos centros de datos en Dublín, impuesta por el regulador energético irlandés, y desde entonces el Gobierno irlandés ha introducido una política favorable a los centros de datos, denominada LEAP.

Las grandes tecnológicas apuntan a las leyes de la UE: Los planes para centros de datos recientemente aprobados podrían incumplir múltiples leyes de la UE que forman parte de su sistema de concesión de permisos, razón por la cual ahora son objeto del cabildeo de las grandes tecnológicas. Pero en lugar de plantar cara, la UE ha desplegado la alfombra roja, invitando a grupos de la industria tecnológica como Digital Europe y la CCIA a un evento especial para partes interesadas sobre el Paquete Medioambiental, que posteriormente incluyó la aceleración de las evaluaciones ambientales.

Las grandes tecnológicas apuntan a la concesión de permisos: los documentos de presión política revelan que las grandes tecnológicas quieren acelerar el proceso de concesión de permisos, minimizar las obligaciones climáticas y medioambientales y debilitar la capacidad de las comunidades locales para oponerse a sus planes. Google quiere que la Comisión Europea limite el derecho a presentar objeciones contra los permisos para centros de datos únicamente a quienes vivan en un radio de 50 metros.

Lee los casos prácticos completos y mucho más en nuestro último informe «Permiso para contaminar: la UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes».

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