El miércoles 19 de agosto de 2026, la compañera Asmaa Al-Mendour fue interrogada por la policía judicial en la comisaría de Tiquin, a raíz de varias publicaciones suyas en Facebook, incluyendo una en la que convocaba a una protesta pacífica el 9 de agosto, así como por su foto de perfil, que llevaba el lema:

JUSTICIA PARA LOS MÁRTIRES

CASTIGO PARA LOS ASESINOS

El interrogatorio duró aproximadamente una hora y concluyó con la firma de una declaración.

Este procesamiento se produce en un contexto preocupante de represión continua contra las voces críticas y disidentes, e intentos de intimidar a los activistas por expresar sus opiniones y posturas políticas y sociales.

Desde la Asociación ATAC_Marruecos condenamos enérgicamente el acoso y la persecución contra la compañera Asma Al-Manzour por expresar sus opiniones y posturas, y consideramos que su citación e interrogatorio por sus publicaciones constituyen una violación de su libertad de expresión y de su derecho a ejercer su activismo.

Asimismo, hacemos un llamamiento a todas las organizaciones de derechos humanos, sindicales y laborales, así como a los movimientos sociales comprometidos con el activismo, tanto a nivel nacional como internacional, para que se solidaricen con todas las víctimas de la represión y condenen el clima de autoritarismo e intimidación que se está arraigando en nuestro país, así como la represión constante contra cualquier voz que se niegue a someterse al «consenso» impuesto.

• No a las restricciones a la libertad de expresión.
• No a la intimidación de las voces que luchan por el cambio.

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Escrito por Paco Cantero, originalmente para Público.

En 2019, Shoshana Zuboff, doctora por Harvard y profesora emérita de la Harvard Business School, publicó La era del capitalismo de vigilancia, un diagnóstico sobre cómo la experiencia humana se había convertido en materia prima gratuita para un modelo de negocio basado en predecir y modificar el comportamiento. Años después, en ¿Capitalismo de la vigilancia o democracia?, la autora profundiza esa tesis y la lleva a su consecuencia política, ya que no se trata de un problema de privacidad o de competencia empresarial, sino de una disputa por la forma que tomará la civilización en el siglo XXI. Según Zuboff, la democracia liberal se autoexcluyó de gobernar las comunicaciones digitales hace dos décadas, y ese vacío regulatorio no fue un accidente técnico, sino la condición de posibilidad para que un puñado de corporaciones, Google, Meta, Microsoft y Amazon entre ellas, acumularan un poder nunca sometido a elección ni a control democrático.

Este artículo retoma ese diagnóstico y lo proyecta hacia un terreno que Zuboff apenas esboza, la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo y sus efectos sobre el pacto social que ha sostenido a las sociedades industriales durante dos siglos, el sudor convertido en mercancía .

El agotamiento del paradigma de trabajar para vivir

Desde la Revolución Industrial, la identidad del ser humano moderno se ha construido en torno al empleo. Trabajar no ha sido solo un medio de subsistencia, sino la fuente principal de estatus social, de rutina vital y de sentido de utilidad. La automatización avanzada y la IA generativa amenazan con vaciar ese paradigma a una velocidad que ninguna revolución tecnológica anterior había alcanzado. No se trata únicamente de sustituir tareas manuales, como con la mecanización agrícola o industrial, sino de sustituir tareas cognitivas, creativas y de gestión, es decir, el núcleo de los empleos que durante el siglo XX definieron a las clases medias.

Si el trabajo deja de ser la vía principal para obtener ingresos y reconocimiento social, la pregunta que se abre no es meramente económica, sino civilizatoria.

¿En torno a qué se organizará el sentido de la vida humana cuando el esfuerzo productivo ya no sea la moneda de cambio con la sociedad?

Zuboff advierte que quienes controlan la infraestructura digital no solo capturan datos, sino que aspiran a modelar la conducta humana a gran escala. La sustitución masiva de empleo por IA añade a esa capacidad la de decidir quién tiene acceso a un ingreso, y en qué condiciones. El riesgo no es solo el desempleo tecnológico, sino la concentración en muy pocas manos de la decisión sobre qué actividad humana sigue teniendo valor de mercado.

La disolución del Estado como institución de orden

Uno de los ejes centrales del análisis de Zuboff es que los gigantes tecnológicos constituyen hoy un orden económico e institucional propio, con control oligopólico sobre buena parte de los espacios y procesos de la información digital, sin haber sido nunca elegidos para gobernar. Esta idea puede extenderse, ya que el Estado-nación, que desde la paz de Westfalia había actuado como la instancia suprema de arbitraje social (quien fija impuestos, redistribuye renta, imparte justicia y define derechos), ve erosionada su capacidad de intervención frente a actores que operan a escala planetaria, fuera del alcance de cualquier jurisdicción nacional aislada.

Esta erosión no significa que el Estado desaparezca como forma jurídica, sino que pierde peso relativo frente a otras instituciones no elegidas, entre ellas las plataformas tecnológicas que fijan de facto las reglas de la comunicación pública, los sistemas algorítmicos que deciden qué información circula, y, de manera cada vez más decisiva, los grandes fondos de inversión y gestoras de activos, como BlackRock, Vanguard o State Street, cuyo capital bajo gestión supera con holgura el PIB de la mayoría de los países y que condicionan las políticas fiscales, laborales y energéticas de gobiernos enteros sin haber sido nunca sometidos a un solo voto.

El resultado es una desigualdad de una magnitud pocas veces vista, ya que mientras la renta del trabajo se estanca o desaparece para amplias capas de población, la renta derivada de la propiedad de datos, infraestructuras digitales y capital financiero se concentra en un número cada vez más reducido de actores. Algunos autores matizan esta lectura señalando que los Estados conservan cierta capacidad regulatoria, como muestran la legislación europea de protección de datos o las normas antimonopolio, pero esa capacidad resulta hoy mayoritariamente defensiva y reactiva, y rara vez logra revertir un poder ya consolidado. La pregunta relevante ya no es tanto si el Estado regula, sino si conserva margen real de maniobra frente a actores privados que operan a una escala que ninguna institución democrática nacional puede igualar.

Fabricar consentimiento, polarización y relato providencial

Una sociedad que percibiera con claridad la magnitud de esta transferencia de poder y renta probablemente se rebelaría contra ella. De ahí que la propia élite tecnológica y financiera que protagoniza este nuevo orden encuentre en la fragmentación de la respuesta colectiva y en la desviación de la atención pública una condición favorable para su consolidación, sin que sea necesario suponer un plan centralizado y consciente para que el efecto agregado del sistema actúe en ese sentido. Dos fenómenos concretos ilustran este efecto.

El primero es la polarización política y el auge de opciones de extrema derecha en numerosas democracias occidentales, favorecido por la propia arquitectura de las redes sociales. Los modelos de negocio basados en maximizar el tiempo de atención premian el contenido emocional, simplificador y divisivo, y ese sesgo facilita la circulación de desinformación y discursos identitarios que desplazan el debate público desde las causas estructurales de la desigualdad, el reparto del poder tecnológico y financiero, hacia conflictos culturales e identitarios. Resulta significativo que ese impulso a la extrema derecha favorezca sistemáticamente a perfiles de liderazgo marcadamente narcisistas o abiertamente sociópatas, sin escrúpulos para mentir, dividir a la sociedad o presentar la crueldad como fortaleza, un tipo de liderazgo especialmente eficaz para bloquear cualquier consenso amplio que cuestione la concentración de poder existente.

No hace falta postular una conspiración deliberada para que el efecto agregado sea el mismo, un ecosistema mediático que rentabiliza la indignación tiende, en la práctica, a desviar el descontento hacia chivos expiatorios sin cuestionar el poder que lo origina. Este mecanismo conecta, además, con el núcleo mismo de la tesis de Zuboff, ya que estos sistemas no se limitan a predecir la conducta con fines comerciales, sino que aspiran a modificarla en la dirección que interesa a quien posee los datos. Aplicada al terreno político, esa capacidad permite, en principio, detectar los focos de malestar colectivo antes de que cristalicen en movilización social, y calibrar qué relatos o qué grado de polarización logran disolverlos.

El segundo fenómeno señalado es el resurgir de discursos religiosos de corte fatalista o providencialista, que interpretan las desigualdades crecientes como un designio superior antes que como el resultado de decisiones políticas y económicas concretas. Cuando la pérdida de empleo, la precariedad o la exclusión social se explican en clave de voluntad divina o de destino, la pregunta por la responsabilidad política y empresarial queda desactivada. La religiosidad no es en sí misma un instrumento de dominación, pero sí puede ser instrumentalizada por actores políticos interesados en canalizar el malestar social hacia el plano espiritual antes que hacia la exigencia de redistribución o regulación.

¿Qué está realmente en juego?

Zuboff plantea el dilema en términos binarios, capitalismo de la vigilancia o democracia. Aplicado al momento actual, ese dilema podría reformularse así, o las sociedades logran construir marcos democráticos capaces de regular la introducción de la IA en el trabajo y de redistribuir sus beneficios, o esa transición se producirá bajo el control casi exclusivo de quienes ya poseen los datos, los modelos y la infraestructura de cómputo, profundizando una desigualdad estructural que ninguna generación anterior conoció en democracias formalmente constituidas.

La propia Zuboff insiste en que nada de esto estaba tecnológicamente determinado, las democracias fracasaron en construir a tiempo una fuerza reguladora capaz de acompañar la digitalización, pero ese fracaso es reversible. Frente a la sustitución del trabajo por sistemas de IA, sigue pendiente una discusión que apenas ha comenzado, la fiscalidad sobre el capital algorítmico, las rentas básicas, la cogobernanza de los datos y los nuevos derechos laborales. De que esa discusión se produzca, y se produzca a tiempo, depende si el ser humano seguirá teniendo un lugar reconocido en el reparto de la riqueza que él mismo ha contribuido a generar como materia prima de estos sistemas.

El aporte de Zuboff no es solo describir un problema tecnológico, sino recordar que las tecnologías no llegan al mundo con un destino fijado, sino que son las decisiones colectivas, o su ausencia, las que determinan su uso. La sustitución del trabajo por la inteligencia artificial, el debilitamiento relativo de los Estados frente a poderes privados transnacionales, y los relatos políticos o religiosos que desactivan la crítica social son piezas de un mismo tablero. Reconocerlas como parte de un mismo proceso es el primer paso para disputar democráticamente el futuro que se está decidiendo hoy, en gran medida, sin que la mayoría de la ciudadanía haya sido consultada.

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Por Gabriel Zucman, publicado originalmente para ctxt.

No nos privemos de este motivo de alegría: la aprobación del referéndum por el proyecto de impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios californianos, oficializada recientemente, supone una inmensa victoria para las fuerzas democráticas de todo el mundo.

Esta votación, que tendrá lugar el 3 de noviembre de 2026, constituirá sin duda uno de los retos más importantes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Pero, sobre todo, podría impulsar un movimiento mundial para someter por fin la riqueza extrema a la autoridad del poder público.

Me gustaría contaros aquí el origen de esta propuesta, las maniobras que sus adversarios han llevado a cabo entre bastidores para hacer que fracase y las promesas que conlleva, mucho más allá de California.

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Todo comienza en la primera mitad de la década de 2010.

Desde 2013, mi colega de la Universidad de Berkeley Emmanuel Saez y yo intentamos cuantificar de forma objetiva las desigualdades en Estados Unidos.

Analizando minuciosamente las declaraciones de la renta, las encuestas a los hogares, las estadísticas de contabilidad nacional y otras fuentes, elaboramos un análisis exhaustivo de la distribución de los ingresos y del patrimonio en Estados Unidos, que abarca a toda la población, desde las clases populares hasta el 0,0001 % más rico.

Los resultados de este trabajo, que se actualizan cada trimestre, están disponibles en esta página web.

A finales de la década de 2010, tras tantos años viendo cómo se disparaban las curvas –tanto bajo presidencias republicanas como demócratas– y constatando las consecuencias de la explosión de las desigualdades para la democracia estadounidense, nos pareció, al igual que a muchos otros investigadores, que limitarse a describir la situación ya no era suficiente.

Nuestro libro El triunfo de la injusticia, publicado en 2019, formulaba así una serie de propuestas para frenar la espiral de desigualdad en Estados Unidos.

Pero esta obra se situaba desde una perspectiva federal (e incluso mundial), dejando de lado los márgenes de maniobra disponibles a nivel de los distintos estados que constituyen los Estados Unidos de América.

¿Qué puede hacer, entonces un solo estado como California?

Cada estado decide su política fiscal –lo cual supone una gran ventaja– sin tener que preocuparse por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, actualmente en manos de jueces ultraconservadores. Los impuestos federales se suman a los que se recaudan en los distintos estados.

Los multimillonarios californianos, que apenas suman 250, poseen una fortuna de 2,3 billones de dólares, lo que equivale al 50 % del PIB de California

Ahora bien, las grandes fortunas de Silicon Valley han experimentado un crecimiento especialmente vertiginoso. Desde 1982, la riqueza de los multimillonarios californianos –el 0,0002 % más rico– se ha multiplicado por 30. Aumentó un 144 % tan solo entre 2023 y 2025. 

Los multimillonarios californianos, que apenas suman 250, poseen ahora una fortuna de 2,3 billones de dólares, lo que equivale al 50 % del PIB de California y a aproximadamente el 10 % de la riqueza total de este estado.

Para reducir las desigualdades en el Golden State, el punto de partida más lógico consistiría en gravar esa riqueza extrema. Y California puede hacerlo sin riesgo de que un impuesto sobre el patrimonio sea declarado inconstitucional, ya que no es necesaria la aprobación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

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Durante mucho tiempo, hemos predicado en el desierto.

Pero en julio de 2025 se produjo un primer punto de inflexión, con la promulgación por parte de Donald Trump de la ley titulada sobriamente “One Big Beautiful Bill Act”: un conjunto de medidas presupuestarias que reducían drásticamente la financiación de Medicaid, el programa federal de seguro médico destinado a los estadounidenses más desfavorecidos.

Fue entonces cuando, para compensar esos devastadores recortes presupuestarios, el sindicato SEIU-UHW, que representa a los trabajadores sanitarios de California, decidió organizar una recogida de firmas para someter a referéndum un gravamen excepcional –inspirado en nuestro trabajo– equivalente al 5 % de la fortuna de los multimillonarios de ese estado. Un impuesto que recaudaría cerca de 100.000 millones de dólares.

Presas del pánico, los multimillonarios han hecho todo lo posible por bloquear la medida. Todo.

Esta iniciativa debía reunir primero alrededor de un millón de firmas para someterse a referéndum el próximo mes de noviembre. ¿Qué han hecho los multimillonarios en los últimos meses? Han invertido sumas colosales para impedir que el sindicato consiga el millón de firmantes necesario.

Así, han gastado cientos de millones de dólares y han utilizado todos los medios a su alcance. Según algunas fuentes, incluso habrían llegado a pagar a personas sin hogar (!) para sabotear la medida. Esto lo dice todo de su nerviosismo.

Pero todas sus maniobras han fracasado: el pasado 18 de junio, la propuesta de ley recibió suficientes firmas para poder figurar en la papeleta electoral del próximo mes de noviembre.

Nuestros adversarios no se han dado por vencidos y lo han intentado todo hasta el último minuto para que se retirara la medida, antes de la fecha límite fijada para el 25 de junio. Han podido contar con el gobernador de California, Gavin Newsom, que ha trabajado entre bastidores para sabotear la propuesta y proteger a los ultra ricos hasta el final.

A pesar de estas presiones políticas, el sindicato se mantuvo firme. Así pues, desde el 25 de junio, ya es oficial e irreversible: los ciudadanos californianos votarán el próximo 3 de noviembre para gravar a los multimillonarios de Silicon Valley. El pueblo decidirá.

Se trata de una victoria parcial de enorme importancia.

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La campaña que ahora comienza será decisiva, no solo para California, sino también, en general, para Estados Unidos y el mundo entero.

Los 100.000 millones de dólares que se esperan recaudar con este impuesto constituyen una fuente de ingresos esencial para financiar la asistencia sanitaria

Porque, en primer lugar, para California, los 100.000 millones de dólares que se esperan recaudar con este impuesto constituyen una fuente de ingresos esencial para financiar la asistencia sanitaria de millones de personas que, de lo contrario, correrían el riesgo de perder el acceso a la atención médica, como consecuencia de los recortes previstos en la ley “One Big Beautiful Bill Act”.

Y más allá de eso, es muy probable que, si gana el “sí”, el impuesto californiano podría ser imitado muy pronto por otros estados, como Nueva York, Washington o Massachusetts. Con el tiempo, este proceso tendría todas las posibilidades de desembocar en la creación de un impuesto federal sobre la riqueza extrema.

Esto es precisamente lo que ocurrió hace más de un siglo con el impuesto progresivo sobre la renta, que se implantó primero a nivel estatal, antes de que el Gobierno federal se sumara a la iniciativa en 1913.

Con una coalición de estados lo suficientemente amplia, o mejor aún, con un impuesto federal, ya no habría ningún obstáculo para pasar de un gravamen excepcional a un impuesto anual sobre las mayores fortunas, ya que los ciudadanos estadounidenses no podrían eludir el impuesto mudándose al extranjero.

Esta dinámica ya se ha producido en otras ocasiones a lo largo de la historia.

Así, en 1978, California estuvo a la vanguardia de la revuelta contra los impuestos al aprobar la famosa “Propuesta 13”, que limitaba el impuesto sobre bienes inmuebles, presagio de la revolución conservadora que triunfaría unos años más tarde en el resto de Estados Unidos –y posteriormente en gran parte del mundo–.

Medio siglo después, la historia bien podría repetirse, pero a la inversa.

Es el horizonte de la justicia fiscal mundial el que se perfila en el referéndum del Golden State: la votación de noviembre de 2026 podría marcar el pistoletazo de salida de un movimiento global para poner fin a la impunidad fiscal de los ultrarricos –impunidad que, ni mucho menos, es exclusiva de Estados Unidos–.

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ALBERTO FRAGUAS es Ecólogo, Coord. Ecología Política ATTAC y Coordinador de Alianza Más Allá del Crecimiento: plataforma con 32 colectivos que trabajan por un nuevo modelo eco-social.

Su aportación fue un broche importante tal y como podemos entender con las grandes alteraciones que sufrimos en nuestra Salud Física y Mental afectadas por un ecosistema depauperado de esa Naturaleza que nos envuelve. Un deterioro sobre el que se viene advirtiendo desde hace más de cincuenta años.

El determinante ecológico es el primer elemento para garantizar nuestro bienestar o, por el contrario, propiciar malestares diversos según ataques al envoltorio donde nos movemos los seres vivos bajo diversos niveles de incidencia.

Qué duda cabe de que el medio natural está afectado por el sistema mercantilista – capitalista y que la guerra se implanta en él con aumento de una toxicidad y perjuicio que agrava aún más la salud con enormes riesgos de alterar sobremanera la estabilidad de seres vivos y espacios inertes, pero impescindibles, que en ella conviven.

Para hablar sobre las incidencias de la guerra sobre la Salud, es necesario tener en cuenta que la guerra es una actividad manejada por patriarcados pendencieros y gobiernos sumisos. Que la Guerra es una fuente de enriquecimiento permanente de todos ellos. En el S. XXI no habría ninguna necesidad de montar conflictos si desde los medios democráticos se cumplieran con los objetivos que son su referente; se mantiene en un camino de retorno a tiempos muy pasados y dolorosos de la Historia.

La guerra impacta especialmente en la Naturaleza, destruye espacios vitales, rompe el ciclo ecológico, arrasa bosques, devasta prados,cultivos y tierras. Intoxica el aire y penetra los suelos infertilizándolos y convirtiéndolos en espacios tóxicos para los tiempos futuros. Ensucia las aguas. El ponente aborda el interesante tema de ecocidio que nos afecta a todos por igual y cómo el mercado de la guerra lo propicia, señala que no hay nada mas distante a la guerra que la Ecología.

El sector bélico no rinde cuentas y no se ha hecho nada, tampoco han contado con los dueños del planeta para seguir por ese camino erróneo que sólo nos lleva a la destrucción y al que tenemos que combatir. Este video da muchas claves que se vienen manejando desde hace tiempo para garantizar la salud universal y completa en la que la Naturaleza es protagonista.

Se añade el enlace para acceder a la Alianza Más Allá del Crecimiento que enriquecerá lo que se precisa divulgar sin freno que nos pare: https://www.masalladelcrecimiento.org/

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Artículo de Emily Topping en Sinpermiso

Más de dos tercios de las empresas de la lista Fortune 500 tienen su sede en este diminuto estado, y el resto de nosotros hemos tenido que vivir con las consecuencias.

A nivel nacional, el modesto estado de Delaware no recibe mucha atención. Como el segundo estado más pequeño de Estados Unidos, mide aproximadamente 154 km de largo y, en su punto más ancho, solo 56 km de ancho. Si te apeteciera, te llevaría aproximadamente una hora y media recorrerlo en coche de punta a punta, presumiblemente para llegar a algún lugar más emocionante. El producto más famoso de Delaware es Joe Biden, junto con, al parecer, algo llamado «scrapple»: un plato regional del Atlántico Medio para el desayuno que se describe de forma tentadora como una «pieza cuajada de restos de cerdo y harina de maíz». Sin embargo, lo que le falta al estado en impacto cultural, lo compensa en ámbitos mucho más insidiosos.

La semana pasada, Delaware acaparó los titulares nacionales después de que un juez estatal dictaminara que las empresas de la pintoresca localidad costera de Fenwick Island pueden seguir votando en las elecciones, como si fueran seres humanos. Literalmente, cada empresa recibe una papeleta, que luego rellena un «representante» —ya que las estructuras de hormigón no tienen pulgares oponibles— y se cuenta junto con los votos de los aproximadamente 400 residentes a tiempo completo de la localidad. La noticia provocó una indignación generalizada, pero la buena noticia es que la ley solo se aplica a esta localidad concreta, y las empresas solo pueden votar en las elecciones municipales del condado, no en las estatales ni en las federales. (Por supuesto, eso es un pequeño consuelo para esos 400 residentes, que deben vivir con el hecho de que su opinión sobre cuestiones como las ordenanzas sobre ruido y las decisiones de zonificación no cuenta más que la de la empresa de alquileres a corto plazo de al lado. Y una vez que algo es legal en un lugar, se abre la puerta a que se aplique en otros).

Aun así, lo que está sucediendo en Fenwick Island es poca cosa en comparación con el resto del estado. La mayoría de la gente piensa en Wall Street como la sede del capitalismo estadounidense, pero gracias a un conjunto único de leyes «favorables a las empresas», Delaware se ha ganado el título de «Capital Corporativa» de EE. UU. Un impresionante 50 % de las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos están constituidas allí, incluyendo más del 66 % de las empresas de la lista Fortune 500. Con una población total de menos de 1,1 millones de personas —menos de las que viven en Dallas, Texas—, Delaware cuenta con casi el doble de entidades jurídicas que de seres humanos.

No es que todas estas empresas estén haciendo algo nefasto. Pero las mismas leyes que atraen a los emprendedores al estado también han permitido algunos de los delitos financieros más atroces de la historia. Peor aún, han permitido que las empresas se dediquen a comportamientos que deberían ser absolutamente ilegales, pero que se permiten con el fin de atraer aún más capital al estado. Si queremos hacer frente al poder corporativo en Estados Unidos, resulta que Delaware es el lugar por donde empezar.

Como estadounidense de pura cepa, puedes constituir tu empresa en cualquier estado que desees, independientemente de dónde vivas. Constituir una empresa solo significa separar legalmente una empresa de ti mismo como individuo; permite que una empresa abra cuentas bancarias, celebre contratos y posea propiedades, al tiempo que protege tus activos personales —como tu casa o tu coche— de las demandas en las que pueda incurrir la empresa.

Delaware hace que este proceso sea extraordinariamente fácil. Si quieres constituir una LLC, puedes registrarte en línea en cuestión de minutos y recibir la confirmación en tan solo una hora. De hecho, la revista Current Affairs solía estar constituida en Delaware antes de que nos convirtiéramos en una organización sin ánimo de lucro. Tienes que hacerlo en algún sitio, así que ¿por qué no elegir el lugar donde resulta más barato y más fácil? De hecho, si has trabajado antes en una empresa, busca un viejo formulario W-2. Hay muchas posibilidades de que la dirección que aparece en la esquina diga «DE». Sin embargo, lo que hace especialmente único a Delaware es que te permite crear una empresa de forma anónima.

Si te interesa, el primer paso es contratar a un representante con sede en Delaware que reciba la correspondencia legal en tu nombre. Estos agentes te permiten escribir la dirección de su oficina en cualquier documento, lo que significa que tu ubicación real se mantiene en secreto y tu nombre real no se revela. Dado que Delaware no exige que las identidades de los propietarios o gerentes de una LLC aparezcan en el Certificado de Constitución público, solo una persona en el mundo necesita saber que has establecido tu negocio allí: la persona a la que has contratado para que ponga su nombre en toda la documentación. Este servicio puede costar tan solo 49 dólares al año.

Si quieres registrarte en plena noche, estás de suerte, ya que, por alguna razón, la oficina de la División de Sociedades permanece abierta hasta medianoche. Una vez que hayas constituido tu entidad, tienes libertad para hacer lo que te plazca. A diferencia de la mayoría de los estados, Delaware no exige a las LLC que presenten informes anuales. Así que adelante, empieza con cualquier negocio perfectamente normal que hayas puesto en marcha, ¡con el que, por alguna razón, no quieres que se te asocie públicamente!

Ahora bien, la mayoría de las empresas conocidas constituidas en Delaware —Google, Amazon, Meta, etc.— son sociedades anónimas, no LLC, por lo que esta disposición de anonimato no se aplica a ellas. (Estas obtienen sus propios beneficios por registrarse allí, algo que veremos más adelante). Las sociedades de responsabilidad limitada no tienen accionistas y no pueden vender acciones, por lo que a menudo se asocian con pequeñas empresas: boutiques, fotógrafos de bodas, cadenas de restaurantes locales. Sin embargo, eso no significa que una LLC no pueda manejar enormes sumas de dinero. Y los que más aprovechan la laguna jurídica de la constitución anónima están lejos de ser negocios familiares.

En 2009, el primer ministro malasio Najib Razak creó IMalaysia Development Berhad (IMDB), un fondo soberano destinado a realizar inversiones en el extranjero con el fin de aliviar la pobreza en el país. En cambio, Razak y varios socios blanquearon miles de millones de dólares utilizando una red de cuentas bancarias en paraísos fiscales y sociedades ficticias, incluidas ocho LLC anónimas constituidas en Delaware. El dinero se gastó en propiedades de lujo en Beverly Hills, Nueva York y Londres, diamantes, un superyate de 90 metros, obras de arte de Monet y Van Gogh y, irónicamente, la financiación de películas de Hollywood como El lobo de Wall Street.

El caso penal sigue muy activo, con múltiples juicios en curso, y solo la semana pasada el Departamento de Justicia anunció que había recuperado 6 millones de dólares adicionales en fondos blanqueados. Se ha condenado a algunos de los principales implicados, entre ellos Razak, pero como las entidades se registraron de forma anónima, ha resultado excepcionalmente difícil para los investigadores localizar a todos los culpables. Los funcionarios del Gobierno lo han calificado como el «mayor caso de cleptocracia del mundo hasta la fecha». Sin embargo, casi ninguna de las principales noticias sobre el caso reconoce el papel de Delaware.

Hal Weitzman, autor de ¿What’s the Matter with Delaware?: How the First State Has Favored the Rich, Powerful and Criminal―and How it Costs Us All, explica que, si bien el caso IMDB fue histórico en términos de dinero malversado, las prácticas «proempresariales» de Delaware también han tenido un devastador coste humano.

Uno de los ejemplos más inquietantes tiene que ver con Backpage.com: un sitio web de anuncios clasificados, ahora desaparecido, similar a Craigslist, que era conocido sobre todo por la venta de sexo. Más del 90 % de los ingresos de Backpage procedían de su sección de servicios para adultos, que básicamente funcionaba como una plataforma de prostitución. También se descubrió que el sitio facilitaba la trata de menores.

Backpage se constituyó en Delaware y, a pesar de las demandas por abuso infantil que comenzaron en 2011, la empresa siguió gozando de buena reputación ante el estado durante siete años más, hasta que las autoridades federales finalmente clausuraron el foro.

En un podcast de la Universidad de Chicago, Weitzman explicó:

«En su apogeo, Backpage estaba implicada en tres cuartas partes de las denuncias de tráfico de menores recibidas por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Se trataba de una empresa registrada en Delaware que, incluso meses después de que fuera clausurada por las fuerzas del orden federales en 2018, seguía siendo considerada en regla por la Secretaría de Estado de Delaware, ya que había pagado sus cuotas anuales.

Así que hay un caso de tráfico de personas. Hay casos de blanqueo de capitales, de tráfico de armas, de tráfico de drogas, ninguno de los cuales pasa por Delaware, pero todos utilizan empresas de Delaware. Y, como digo, con la protección de la ley de Estados Unidos.

Es una forma de disfrazar el mal comportamiento. Le pone traje y corbata a actividades como el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas diciendo: «Bueno, tenemos una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware. ¿Qué más se puede pedir en cuanto a legitimidad?»

Entre otros beneficiarios de las leyes indulgentes de Delaware se encuentra el traficante internacional de armas Viktor Bout, apodado el «Mercader de la Muerte». (Quizá lo recuerdes como el prisionero ruso que fue intercambiado por la jugadora de la WNBA Brittney Griner en 2022. También fue la inspiración para el personaje de Nicholas Cage en Lords of War.) Bout utilizó al menos una docena de sociedades ficticias en Delaware para financiar sus actividades, lo que dio lugar a una acusación federal en 2008 por «conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, adquirir y utilizar misiles antiaéreos y suministrar material a terroristas», escribe el New York Times.

Tras la detención de Bout, el senador Carl Levin, de Míchigan, intentó en repetidas ocasiones aprobar la Ley de Transparencia en la Constitución de Sociedades y Asistencia a las Fuerzas del Orden, que habría obligado a Delaware a recopilar información sobre las personas que están detrás de las empresas y a facilitarla a las fuerzas del orden cuando se le solicitara. El proyecto de ley fracasó repetidamente, ya que Delaware y otros estados favorables a la constitución de sociedades argumentaron que supondría una carga para las empresas. No fue hasta 2021, más de una década después, cuando el Congreso aprobó finalmente la Ley de Transparencia Corporativa, que obligaba a las empresas a informar de sus propietarios a la Red Federal de Control de Delitos Financieros, en lugar de a las oficinas estatales.

Sin embargo, como era de esperar, la Administración Trump anunció recientemente que simplemente ignorará ese proyecto de ley. (Solo en el caso de los ciudadanos estadounidenses.) En marzo de 2025, un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro anunció:

El Departamento del Tesoro anuncia hoy que, con respecto a la Ley de Transparencia Corporativa, no solo no impondrá sanciones ni multas … en los plazos reglamentarios vigentes, sino que tampoco impondrá sanciones ni multas a los ciudadanos estadounidenses, a las empresas nacionales obligadas a informar ni a sus propietarios beneficiarios una vez que entren en vigor los próximos cambios normativos. El Departamento del Tesoro publicará además una propuesta de normativa que limitará el alcance de la norma únicamente a las empresas extranjeras obligadas a informar.

«Esta es una victoria del sentido común», declaró el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent. «La medida de hoy forma parte de la audaz agenda del presidente Trump para impulsar la prosperidad estadounidense mediante la reducción de las regulaciones onerosas, en particular para las pequeñas empresas, que son la columna vertebral de la economía estadounidense».

¡Viva las pequeñas empresas estadounidenses! Como Backpage.com y Paul Manafort, el antiguo jefe de campaña de Trump que llevó a cabo su plan de evasión fiscal utilizando nueve empresas de Delaware. (Por supuesto, Manafort fue indultado por Trump en 2020 de todos modos).

Una vez más, no todas las empresas constituidas en Delaware se dedican al blanqueo de dinero y al tráfico de armas (o de niños). La mayoría de las empresas con sede en el estado son nombres muy conocidos, como Google, Amazon, Meta, Walmart, Coca-Cola y miles más. Es posible que algunas de ellas estén vinculadas a abusos laborales de diversas formas, pero el mayor atractivo para estas corporaciones no es el anonimato. Es el Tribunal de la Cancillería de Delaware: un tribunal comercial especializado que juzga casos corporativos sin jurado.

Los defensores del sistema argumentan que este aporta previsibilidad y experiencia, al contar con jueces altamente especializados que solo se ocupan de disputas corporativas. Personalmente, me repugna la idea de que abogados y jueces corporativos desarrollen un corpus jurídico completamente aislado de los ciudadanos de a pie, pero eso es solo mi opinión. Y el impacto de estos casos no se limita a Delaware: las decisiones tomadas por un puñado de jueces estatales determinan habitualmente el comportamiento de algunas de las empresas más grandes del planeta. En un caso famoso, los accionistas de Disney demandaron a la empresa después de que al expresidente Michael Ovitz se le pagara una indemnización por despido de aproximadamente 140 millones de dólares, a pesar de haber trabajado allí apenas un año. La disputa no fue resuelta por un jurado de gente común, sino por el Tribunal de la Cancillería, que falló a favor de Disney, sentando un precedente para las salas de juntas de todo el país.

Hay que reconocer, sin embargo, que no siempre todo es color de rosa para los directores ejecutivos. Algunos ejecutivos se han visto consternados por las decisiones del tribunal de Delaware, como Elon Musk, quien en 2022 intentó retirarse de su adquisición de Twitter por 44 000 millones de dólares en medio de la operación (¿quizás al darse cuenta de que había contado mal los ceros mientras estaba colocado con ketamina?). Twitter presentó una demanda en el estado y, después de que la canciller Kathaleen McCormick bloqueara los intentos de Musk de descarrilar el proceso, este se vio obligado a retirarse antes del juicio. Dos años más tarde, la misma jueza anuló el paquete de compensación de 56 000 millones de dólares de Musk en Tesla, el mayor acuerdo de remuneración de un ejecutivo en la historia empresarial, tras concluir que el consejo de administración de la empresa había sido demasiado complaciente con su famoso director ejecutivo. El golpe no duró mucho: el Tribunal Supremo de Delaware acabó restableciendo el paquete en apelación, asegurando que la humanidad no se viera privada de su primer trillonario tan pronto.

Sin embargo, mientras el caso aún se estaba resolviendo, Musk montó una rabieta muy reveladora. Delaware no había logrado ofrecer el resultado que él esperaba de un lugar destinado a atender a las empresas, por lo que lanzó una campaña pública instando a otras empresas a huir del estado. Poco después, Tesla se volvió a constituir en Texas. La mayoría de las grandes empresas se han quedado donde estaban, pero si el mundo empresarial estadounidense empieza a coincidir en que Delaware ya no es lo suficientemente complaciente, el resultado no será que las empresas de repente se vuelvan menos poderosas. En cambio, otros estados competirán por ser aún más complacientes.

Y he aquí que, después de que Musk se volviera a constituir en Texas, el estado creó su propio tribunal comercial especializado, que los abogados describen como «el destronamiento de Delaware». El estado de la Estrella Solitaria también aprobó una ley que dificulta a los accionistas demandar a los consejeros, en una maniobra explícita para atraer a las empresas.

Durante décadas, las prácticas favorables a las empresas de Delaware han dado lugar a una carrera nacional hacia el abismo. El ejemplo más flagrante, que probablemente te afecte personalmente, tuvo lugar en 1981, cuando Delaware reformó sus leyes bancarias para atraer a las principales instituciones financieras. Según Weitzman, los funcionarios estatales de la época colaboraron en secreto con los principales ejecutivos bancarios de Nueva York para elaborar una legislación que permitiera a los prestamistas cobrar tipos de interés ilimitados.

La razón por la que esto fue importante tiene que ver con un caso del Tribunal Supremo denominado Marquette National Bank contra First Omaha Service Corp. En 1978, el Tribunal dictaminó que los bancos con licencia nacional podían cobrar el tipo de interés permitido en su estado de origen, incluso cuando concedían préstamos a clientes de otros lugares. De repente, los estados que intentaban limitar los tipos de interés se vieron compitiendo con los prestamistas de Delaware. Los bancos se trasladaron allí en masa y, hoy en día, cuatro de los cinco mayores emisores de crédito del país están constituidos en ese estado: JPMorgan Chase, Capital One, Bank of America y Citigroup.

Antes de 1981, casi todos los estados tenían leyes estrictas que limitaban los tipos de interés de las tarjetas de crédito y los préstamos a entre el 12 y el 18 por ciento. Después de que Delaware se aprovechara de la sentencia Marquette, incluso los intentos del Congreso de fijar el límite en el 36 por ciento han fracasado. Si hoy en día te cuesta comprar una casa, independientemente del lugar del país en el que te encuentres, quizá debas dar las gracias al gobernador republicano de Delaware de 1981, Pierre S. du Pont IV. (Sí, los mismos du Pont de la corporación DuPont, una empresa con sede en Delaware conocida por sus vertidos tóxicos, muertes de trabajadores y la producción de «sustancias químicas eternas»).

Esto es lo que hace que sea tan jodidamente difícil escapar de un único tramo de tierra de 145 km a lo largo de la costa este. Un estado con menos habitantes que Dallas ha conseguido redactar normas que afectan prácticamente a todos los estadounidenses. Delaware construyó una economía convenciendo a las empresas de que existieran allí sobre el papel, lo que ha dado lugar a un lugar cuya mayor exportación son los productos químicos y cuya mayor importación son las corporaciones: en esencia, una pequeña América dopada con esteroides.

Si nos tomamos en serio la lucha contra el poder corporativo en Estados Unidos, es hora de que dejemos de permitir que las empresas elijan el sistema legal que más les convenga. Exigir a las empresas que se constituyan donde realmente tienen su sede sería un buen comienzo. Como mínimo, evitaría que el resto del país viera sus leyes corporativas dictadas por un estado que se recorre en coche en menos tiempo que el podcast medio de Joe Rogan.

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Artículo de Juan Bordera y Antonio Turiel en CTXT.

“En España lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva”.
Antonio Machado.

En ocasiones los textos cobran vida propia. Este artículo ha ido mutando varias veces en los últimos días y nos ha obligado a, digamos, ampliar contenido. Había demasiado candidato.

Inicialmente iba a ser un texto que contara la traición que han supuesto los recortes y decisiones políticas que han incendiado media península. Ya era motivo suficiente. El plan de financiar toreros con el dinero de los bomberos mientras te golpea cada vez más fuerte un calentamiento global desatado que te empeñas en negar, por lo que sea, no ha salido bien.

También iba a ser sobre cómo esos que se saltan las normas, porque son más listos que nadie, han provocado, entre otros muchos, el peor incendio de nuestra historia reciente. Y sobre cómo los incendios no se originan solo por esos comportamientos, por la chispa inadecuada del aparato prohibido, sino, sobre todo, por los recortes para seguir privatizándolo todo y por las palabras de los incendiarios que sirven de combustible a la ignorancia.

Pero entonces llega una presidenta (autonómica) que cree que el mundo es suyo, y que también colabora con su plantita en el balcón en la anterior traición, y nos sube y nos baja de un ático en un santiamén. Una malversación, un pufo sideral, una guasa, una mamarrachada. Sí. Todo eso y más.

La posición de prácticamente cualquier representante político español al respecto de la vivienda es, como mínimo, tibia. Pero con el precio del alquiler que se disfruta en la capital de la libertad, lo de Ayuso es una traición en toda regla. Desconocemos a estas horas si también de alguien de su propio partido. Casado vive, la lucha sigue. 

Es curiosa la actitud de los “patriotas” ante los fondos buitre extranjeros que están inflando el precio del bien más necesario para una vida digna. Curiosa, y también traidora. Como decía un sabio: “Molaría que prioridad nacional quisiera decir que un fondo buitre extranjero no pudiera echar de su vivienda a alguien que lleva viviendo en un barrio toda su puta vida”. Pero claro, eso sería una prioridad racional, no una racista.

Y justo cuando claudican, cuando, con una sola llamada –que pilla a Tellado mirando a Cuenca– les abortan el plan del ático, y quedan en el mayor de los ridículos Ayuso, su pareja, y el PP entero, va y se produce un complot internacional para socavar la soberanía española. Un complot que, aunque quizá no lo parece a simple vista, deja a la derecha, y, sobre todo, a la extrema derecha, retratadas como lo que son: unos vendepatrias.

Ellos, tan habituados a ver conspiraciones por todas partes; que si la Agenda 2030, que si el gran reemplazo… Ahora, que tienen una bien grande delante, los dirigentes de los partidos de derecha y extrema derecha negarán la mayor y le pedirán a su parroquia que niegue tres veces a su patria. Aunque lo hayamos visto todos. 

Y lo negarán porque, aunque disimulen, para ellos la pasta manda más que la bandera. Tanto el PP como, sobre todo, Vox, que es el partido que más vota a favor de Israel en el Parlamento Europeo, están bajo el muy rentable influjo del lobby sionista en España. Por eso no pueden reconocer que el único gran reemplazo que existe es el que les beneficia. El que va trucando y manipulando elecciones cuando no produciendo golpes de Estado blandos. El que va pasando como la peste por los pocos países que le quedan al eje imperialista-genocida por someter. En Colombia, donde tenían a un hombre digno y ahora gobierna un criminal que nunca habría ganado limpiamente, saben bien de lo que hablamos.

Y en nuestro caso, donde las elecciones están al caer, la coordinación del eje Israel-EEUU al que se ha venido incorporando Marruecos es tan evidente que enumeraremos unas pocas pruebas de las muchas que hay a disposición de cualquiera:

1: En mayo de 2019, Jair Netanyahu, el hijo del genocida, ofrece un trato a España por redes sociales: “Nosotros no financiaremos a las ONG de tu país que te piden que cedas Ceuta y Melilla, y tú dejarás de financiar a las ONG de nuestro país que nos piden que cedamos Judea y Samaria”.

2: En abril de este 2026 la prensa israelí titula: Los Acuerdos de Abraham llegan al estrecho: cómo Israel puede ayudar a Marruecos a recuperar su norte.

3: En las páginas 87 y 88 de este documento, también de abril de este año, Estados Unidos oficialmente apoya que Ceuta y Melilla puedan ser consideradas territorio marroquí, ese que ya incluye la flamante Autopista Donald J. Trump. 

4: El republicano Thomas Massie ha contado que el Congreso aprobó el pago de 40 millones de dólares a Marruecos en un proyecto de ley justo 2 semanas antes de lo sucedido en Ceuta. 

Las pruebas de la coordinación del gobierno marroquí con los jóvenes que ha usado como arma política parecen claras. Y el hilo conductor no puede ser más evidente: no vivimos un momento cualquiera por muchas razones, climáticas y energéticas sobre todo, pero la madriguera de conejos es mucho más profunda de lo que parece a simple vista.

Ormuz. Ese lío monumental en el que Trump se ha metido, y a nosotros con él. 

La potencia imperial está ansiosa por controlar tantos recursos como pueda. Lo ocurrido en Venezuela, cuyos bienes petroleros están ahora de facto bajo el control de las empresas norteamericanas, fue un acto de piratería criminal, pero salió bien para sus intereses. Irán es diferente. Demostró una capacidad de resistencia que el Gobierno de Trump no se esperaba. La respuesta que ha dado Irán en esta guerra asimétrica es estrangular esa vía comercial fundamental para el mundo que es el estrecho de Ormuz. 

Falta el 13 % del petróleo, el 15 % del gas natural, el 30 % de los fertilizantes nitrogenados, el 30 % del ácido sulfúrico (fundamental en la obtención del cobre, y en la producción de fosfatos, necesarios en agricultura), el 30 % del helio (necesario en la fabricación de chips), el 30 % del aluminio… Es decir, si atan cabos, vamos en dirección a un desastre económico-industrial global de proporciones jamás vistas, y falta hablar de El Niño…

Afortunadamente, hay que decir que España ha hecho bien los deberes (de manera discreta, diversificando las importaciones y limitando las exportaciones por un verdadero sentido de “prioridad nacional”, con un buen hacer que sin duda molesta a los traidores) y aguantará al menos hasta el otoño.

Puede parecer, a simple vista, que en Ormuz a Estados Unidos le ha salido el tiro por la culata, pero no es verdad. La guerra de Irán es más grave para China y para Europa que para ellos, y lo saben. A Estados Unidos no le interesa una paz duradera en Ormuz, porque le permite debilitar a su enemigo final –China– y a sus aliados cada vez más innecesarios –Europa–. 

Y por eso ha ordenado a Ucrania que ataque masivamente las refinerías rusas, en este momento de gran escasez global de combustibles líquidos. El impacto ha sido tan grave que Rusia ha tenido que aplicar restricciones en su territorio y prohibir las exportaciones de gasolina y diésel. Exportaciones de las que Europa se beneficiaba de tapadillo.

Tenemos que empezar a asumir lo evidente: la agenda geopolítica estadounidense es perjudicial para Europa. Sus intereses van contra los nuestros. Y en medio del seguidismo borreguil de las élites y las extremas derechas europeas, hay que reconocer que España es el único país que ha sabido ponerse de perfil y oponerse –aunque sea tibiamente y a veces con cierta hipocresía– al plan del amigo americano para sacrificar Europa. Y a quien dude de que ese plan exista simplemente hay que recordarle dos palabras: Nord Stream. 

Quien apoya a EEUU y a Israel, aunque no lo sepa, y se mire al espejo creyéndose lo contrario, es un traidor, y se dará cuenta pronto. Porque lo que pretenden nos va a destruir de mil maneras posibles. Ya lo está haciendo. Y con el tiempo veremos si el plan del eje Israel-Estados Unidos-Marruecos va más allá y lo que pretende es controlar Ceuta (para así controlar el estrecho de Gibraltar en previsión de problemas que puedan tener sus flotas en otros estrechos) e incluso las aguas territoriales canarias, ricas en telurio, y por las que ya hay un conflicto abierto con Marruecos.

Pedro Sánchez visitó hace unos días Argelia y acordó un aumento de las exportaciones mediante el gasoducto Medgaz que nos une al país norteafricano. Un movimiento que irritó a Marruecos, que no podía consentir ese ninguneo. 

Tampoco ha sentado bien en Italia, otro de los destinatarios del gas argelino pero que no paga tan bien como España (porque los portes a España son más baratos y eso le da mayor margen a nuestro país). Y en general, tampoco en Europa, donde el problema del gas natural de cara a este invierno es serio –y, ya saben, la envidia es mala consejera. Si llega menos gas a España…

Por eso no es de extrañar que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se apresurara a pedir la exclusión de España del grupo de Schengen, en vez de mostrar solidaridad por lo que claramente es una agresión injustificada a la soberanía de un aliado. También retratada para la posteridad con el dato de que, por Italia, en los últimos tiempos, ha habido el doble de entradas contabilizadas como ilegales. Además de fascista e insolidaria, hipócrita.

Tampoco sorprende ni la entrada masiva en Ceuta que hemos visto en los últimos días ni la actitud de según qué cuervos. Marruecos, un país autoritario de corte medieval, donde la mayoría de la población vive en una pobreza abyecta y sometida a una represión interna feroz, ha usado a sus propios jóvenes para mandar un aviso a España. Cargando a cientos de civiles en camiones militares hasta Ceuta, engañándoles con que si lograban cruzar la valla en España les acogerían, la juventud desesperada marroquí entró en tromba en Ceuta, huyendo de la pobreza y la violencia de la dictadura alauí. En el caos subsiguiente murieron varias decenas de personas. La cifra exacta todavía está por determinar, pero se acerca al centenar. 

Pero esto no se ha decidido solo en Marruecos. Tanto EEUU como Israel necesitaban este correctivo a España. No solo para enviar un mensaje, sino para algo más importante: favorecer la caída de Sánchez y el ascenso de un nuevo gobierno más favorable a sus intereses. Aunque para que la faena quede bien rematada necesitas gente sobre el terreno dispuesta a vender hasta a su madre, hace falta la colaboración de nuestros cipayos. De traidores que se ponen a favor de las potencias extranjeras.

Abascal dice ahora que Marruecos no es el enemigo, y se alinea con esta nueva estrategia de Vox, que casualmente –o quizá no– ha antecedido a lo sucedido y a la purga de varios de sus miembros que decían que Israel controlaba el partido. Mientras tanto, Núñez Feijóo, bueno, en fin, no le pidan mucho. Cuando el mayor traidor de todos dijo aquello de “el que pueda hacer, que haga”, seguramente contaba poco con el gallego, y más con el Mossad.

Así que, el que quiera entender, que entienda. 

Ahora que aún no han llegado las tempestades de otoño es un buen momento para recordar que estos mismos traidores que ahora entregan vidas, bosques y viviendas al fuego o a los planes extranjeros, son los que, dentro de unos meses, o con suerte unos años, se las volverán a entregar al agua. 

Cuando vengan las tempestades alimentadas por un Mediterráneo más que nunca en llamas, de nuevo se mostrarán sorprendidos por la llegada del desastre previsto, y de nuevo se ofenderán cuando se les diga que era su responsabilidad prevenir, evitar y cuidar.

Y mientras la comunidad científica mira horrorizada la evolución de la oscilación más potente de la Tierra, El Niño, y avisa de que el año que viene puede ser terrible, con un aumento de las temperaturas estivales en todo el globo y también de las precipitaciones en primavera y otoño, estos traidores hacen como que no oyen el clamor desesperado de la ciencia y de la gente decente y siguen legislando en dirección contraria en prevención, en adaptación, en protocolos para zonas inundables, en todo. 

De ese país que dicen querer proteger cada vez quedará menos. Traidor viene del latín, significa “el que entrega”. Tanta prioridad nacional de boquilla para que a la primera de cambio nos vendan a las injerencias extranjeras. Les van a faltar banderas de España para cubrir tanta vergüenza y tanta traición.

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Susan George: Reflexiones sobre su vida de académica y activista.

Webinar.

En el que habría sido su 92.º cumpleaños, tres compañeros —también autores y activistas— reflexionan sobre la vida de la influyente académica y activista Susan George y sobre el legado de su obra para los movimientos actuales de justicia social global.

Walden Bello, copresidente de Focus on the Global South y autor de 25 libros

Ann Pettifor, autora de *The Global Casino* (Verso, 2026) y cofundadora de Jubilee 2000

Christophe Aguiton, miembro fundador de ATTAC

Moderado por Sol Trumbo Vila, del Transnational Institute.

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Artículo de Yayo Herrero en CTXT

El mundo se derrite y los territorios, la subsistencia de las personas y los vínculos y relaciones que sostienen todo lo que en la tierra respira y palpita están en riesgo.

      La palabra derretir tiene diferentes acepciones. La más evidente se refiere a que algo sólido se transforme en líquido o pastoso a causa del calor. Algo como lo que la penúltima ola de calor de este verano ha hecho con las juntas sellantes de los raíles del tranvía en la ciudad alemana de Leipzig, obligando a suspender por completo el servicio. O el arqueamiento de las placas de hormigón de, por ejemplo, la autopista A115 y las autovías A2 y A7, todas ellas en Alemania, que se elevaron hasta 15 centímetros sobre la calzada y obligaron a un cierre de emergencia. O el derretimiento del asfalto de las carreteras en diversos lugares de Chequia, Francia o la propia Alemania. O el hecho de que en Francia hayan tenido que desconectar varias centrales nucleares a causa del calor.

      En el mundo, la inmensa mayoría de los hogares no cuenta con sistemas de climatización ni adaptación a las temperaturas extremas. Tampoco la mayor parte de los edificios públicos ni el transporte. En hospitales, escuelas, centros geriátricos, las profesionales y las personas residentes o enfermas se encuentran sometidas a unas temperaturas sofocantes. En las calles de las ciudades grandes, el problema se agrava al recibir todo el calor adicional que se extrae con los aparatos de aire acondicionado, porque el calor, que es energía, no se destruye ni desaparece mágicamente, simplemente se desplaza de unos lugares a otros.

      El calor extremo también deshace los equilibrios biológicos que tienen los cuerpos para mantenerse vivos. Entre el 22 y el 28 de junio, los institutos nacionales de Alemania, Francia, Bélgica, España, Países Bajos, Suiza y Luxemburgo registraron cerca de 10.000 muertes humanas por encima de lo esperado. Según algunas fuentes, más 5.000 se produjeron en Alemania y unas 3.000 en Francia. Las personas más afectadas son las más mayores, las más pequeñas, las mujeres y las más pobres. Muchísimas personas, sobre todo ancianas y enfermas, están confinadas en sus casas, sin poder salir de ellas más que muy a primera hora de la mañana. El calor extremo se ceba con quienes padecen enfermedades previas, viven en ciudades hiperasfaltadas, en viviendas mal acondicionadas, no tienen hogar o sufren aislamiento social.

      Las olas de calor aumentan exponencialmente el riesgo de incendios. Es horrible ver cómo todo arde en Guadalajara, en Aragón, en Castilla y León, en Madrid, en Sicilia o en Francia y las consecuencias del fuego sobre la vida humana y no humana, en términos de pérdidas, de más confinamiento, de desplazamiento forzoso, de tristeza, impotencia y de miedo. Si bien es verdad que no se puede tolerar la impunidad en torno a los incendios provocados, haríamos mal en centrar el foco solo en la causa inmediata detonante del fuego y no en las condiciones estructurales que los facilitan. Los rayos, las chispas accidentales de las maquinarias o de las ruedas de un tren también provocan fuegos. Necesitamos prevención, formación y capacitación de las personas para atender situaciones que ya son estructurales.

      Si hago esta descripción es para resaltar que, ni siquiera el mundo rico que supuestamente mejor hacía los deberes, cuenta con infraestructuras, equipamientos o capacitación adaptadas a este mundo extraño en el que nos toca ya vivir. Más bien, las tendencias muestran que lejos de buscar fórmulas que avancen en protección y cautela, los modelos económicos profundizan y agravan los problemas. Por supuesto, los problemas más acuciantes no se dan en Europa, que es donde se acumulan privilegios.

      En la trama de la vida, todo está conectado y tal y como señalaban Javier Andaluz y Sofía Fernández en el diálogo impulsado por la Fundación CTXT el pasado 21 de julio, las intervenciones lineales, de final de tubería y ajenas a la complejidad de lo vivo no sirven. Ojalá funcionaran. Lo desearía con todas mis fuerzas. Pero todas las promesas de soluciones que no supongan cambios de fondo ya no son creíbles. Ni siquiera, posiblemente para quienes las hacen. Puede que por eso sean tan poco convincentes.

      Todo lo que vivimos sucede, además, en un contexto de contracción material. Los vaivenes de los precios del petróleo, que suben y bajan al ritmo de las declaraciones sobre el flujo de barcos el Estrecho de Ormuz, tienen mucho que ver con la especulación y con los intereses de quien se lucra con las oscilaciones de los mercados de futuros. Pero esa mirada, centrada en el precio del barril brent, oculta los problemas vinculados a la escasez material inducida por los metabolismos económicos irracionales. Incluso JP Morgan afirma que, según avanza la tensión en Irán, el principal desafío ha pasado de la subida de precio a la escasez física de petróleo, gas y otras materias primas.

      Es una situación que afecta de forma directa a Asia por concentrar más de la mitad de la producción manufacturera mundial. Algunas noticias localizadas que pasan inadvertidas dan muestra de ello.

      Gente en Corea del Sur comprando bolsas de basura de forma compulsiva; Taiwán habilitando líneas de ayuda para los fabricantes que se han quedado sin plástico; productores de arroz que alertan sobre la subida de precios porque no pueden conseguir bolsas selladas al vacío, preocupación sanitaria en Japón por la potencial escasez de tubos médicos de plástico utilizados en la hemodiálisis; fabricantes de guantes de Malasia que afirman que la falta de un subproducto del petróleo necesario para fabricar látex de caucho amenaza el suministro mundial de guantes médicos; programación de interrupciones en la producción de preservativos en India, no solo por el complicado suministro de embalaje y aceite de silicona –que requiere materias primas petroquímicas– sino también de amoníaco.

      La consultora Dezan Shira & Associates, una firma que ayuda a las empresas internacionales a expandirse en Asia, señaló que el problema afecta a sectores dispares como el de la cerveza, fideos, patatas fritas, juguetes o cosméticos.

      No solo hay problemas con el petróleo. Según Morgan Stanley, Irán también suministra el 45 % del azufre, utilizado para fabricar fertilizantes; el 33 % del helio, utilizado en semiconductores, atención médica y aeroespacial; y el 22 % de urea y amoníaco, utilizados como nutrientes para los cultivos.

      Quizás eso explique el titular sorprendente que he leído esta mañana: “Trump prioriza la agricultura regenerativa con nuevas inversiones para transformar el sector agrícola”. La lectura del artículo señala que la Administración Trump pretende evitar que la agricultura dependa de los insumos químicos y de los combustibles fósiles en un momento en el que estos últimos presentan una gran volatilidad. Más allá de poder discutir la “amplia” noción de agricultura regenerativa defendida por Trump, lo significativo es que a la vez que se niegan los problemas, no haya más remedio que reconocer las vulnerabilidades.

      Lo que muestran estos sucesos es que vivimos en un mundo petrodependiente. El petróleo no es solo una fuente de energía que mueve coches, aviones, fábricas o tractores, sino una materia prima para múltiples procesos y producciones que hoy sostienen el metabolismo económico. Los combustibles fósiles están en el epicentro del caos climático, pero son además los ladrillos de las diferentes fases de los procesos productivos. Por eso, esa pequeñita franja de mar que llamamos Estrecho de Ormuz se ha convertido en el ombligo del mundo económico y financiero. También ilustran sobre la ecodependencia, que implica a todos los minerales de la tabla periódica y a los ciclos y procesos naturales que hacen que todo funcione

      Es por eso, que una y otra vez, defendemos que atajar la crisis ecosocial no es solo cambiar refinerías por parques eólicos. Ni centrar la mirada solo en el cambio climático. Implica transformar radicalmente los modelos productivos y las formas de organizar la vida en común para sostener necesidades humanas, las de todos, en un contexto de fuerte cambio de la organización de la trama de la vida y de contracción material.

      Reconocer esta situación es doloroso y a la vez condición necesaria para abrir posibilidades de evitar que lo que se anuncia a bombo y platillo desde diversos campos del conocimiento llegue a suceder, o mejor dicho, aumente violentamente de escala, porque suceder, ya está sucediendo.

      Se llamó desarrollo a sacralizar el capitalismo fósil. Pero también tenemos una socialdemocracia fósil, socialismos fósiles y regímenes autoritarios fósiles. Todos ellos, ahora, se van arrastrando hacia dinámicas autoritarias y supremacistas.

      Asistimos al desmoronamiento del orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Era un orden desigual y plagado de sesgos y hechos coloniales, antropocéntricos y patriarcales, pero se fundamentaba en el relato de los derechos humanos, el diálogo multilateral y la renuncia a la guerra. Hoy esa narrativa se derrite como las juntas de los raíles en Leipzig.

      Ahora, la guerra se naturaliza y el debate sobre seguridad se centra en los riesgos para la economía y el abastecimiento. La violencia, las muertes, el despojo, las expulsiones o el destrozo del territorio, si son lejanos y permiten mantener a raya los precios y el acceso a los bienes deseados, son hasta aceptables. El gobierno de Israel y su impunidad a plena luz son la mayor evidencia de esa descomposición. Cuando Marcos Rubio defiende el desmantelamiento de la Corte Penal Internacional “ladrillo a ladrillo”, evidencia el colapso de una determinada forma de concebir la política y también de expresarla. De este desmoronamiento desigual, rapiñador y autoritario era del que hablaba Ramón Fernández Durán en La quiebra del capitalismo global.

      La emergencia de la ultraderecha autoritaria, del supremacismo, el racismo, la voluntad de supeditación de las mujeres y de la pedagogía de la crueldad son, entre otras cosas, la respuesta distópica a la crisis ecosocial.

      Por un lado, se reivindica sin tapujos la necesidad de apropiarse de bienes y recursos y se le otorga a la geopolítica una importancia que venía siendo negada. Las actuaciones imperialistas del Gobierno Trump desde su constitución son la muestra más descarnada.

      Por otro, se recorta y desbarata el estado de bienestar. Un buen ejemplo, que Friedrich Merz ha explicado sin paños calientes, es el recorte del gasto público en Alemania propuesto por su Gobierno.

      Menos camas hospitalarias, menos tratamientos, menos estancias en hospital, menos tratamientos dentales, menos dinero para financiar los hospitales públicos y a los médicos adscritos a la red sanitaria pública, menos protección en subsidios sociales, menos ayuda infantil. Menos es la palabra clave. Menos para revitalizar la capacidad de crecimiento y cumplir la voluntad, vestida de necesidad, de inversiones en rearme, dice Merz.

      El canciller propone también la eliminación del seguro sanitario gratuito para cónyuges no cotizantes –mayoritariamente mujeres que cuidan en casa–. Merz ha adelantado que las pensiones alemanas quedarán convertidas en una “cobertura básica” para la vejez y advierte que no serán suficientes para garantizar el nivel de vida a largo plazo.

      En otro lugar, Túnez, el 23 de julio amanece con largos cortes de luz a diario que afectan a los barrios más populares, mientras que las zonas privilegiadas se libran de apagones. Los cortes se producen porque las infraestructuras eléctricas no aguantan unas temperaturas máximas de 48ºC y unas mínimas que no dan descanso. Los cortes de electricidad afectan también a las plantas de bombeo de agua y a las desalinizadoras, a los hospitales, la restauración y en general a todos los ámbitos de la vida cotidiana.

      Este, el de Alemania y el de Túnez, es el decrecimiento por las malas.

      Son muchos los esfuerzos, conocimiento y posibilidades que podrían ayudar a organizar la vida de otro modo. Tanto en las formas de producir alimentos, de generar energía de base renovable, de ordenar el territorio con enfoques biorregionales… La educación ecosocial, las estrategias para garantizar cuidados, los modelos de transporte, la gestión de los riesgos… En todos esos ámbitos hay propuesta multiescalar, adaptada a lo local y a los ámbitos regionales y estatales. Se sabe qué habría que hacer. La cuestión de fondo es que si se hace, debe inscribirse en la consciencia plena de la situación de translimitación y en la voluntad de no dejar a nadie atrás.

      Necesitamos restaurar un marco de relaciones con la tierra y entre personas que permitan albergar una esperanza digna de ser nombrada como tal. No es sólo restar CO2. Ni reducir las acciones a la mejora de algunos procesos industriales. Ni solo la posibilidad de instalar toda la energía renovable posible. Todas esas acciones son, indudablemente, necesarias. Pero cualquier alternativa corre el riesgo de convertirse en monstruosa si orbita alrededor del beneficio apetecido por élites que concentran de una forma brutal poder mediático, económico y político y no en torno a la garantía de condiciones de vida decente para todas.

      Bajo lógicas supremacistas, hasta la agricultura regenerativa puede ser monstruosa, también los modelos energéticos o de transporte basados en tecnologías renovables. Margaret Atwood en El cuento de la criada recreó una sociedad distópica en la que, el decrecimiento material forzoso o la enfermedad causada por la contaminación obligó a adoptar formas de existencia más adaptadas al contexto ecosocial. El ecofascismo puede existir de forma explícita o enmascarada.

      Restaurar significa volver a poner en pie. La restauración implica realizar actuaciones de reparación y regeneración profundas e integrales, en muchos casos se trata de dejar que la naturaleza actúe y aliarse con ella. Conlleva reducir la desmesurada huella ecológica de lo humano y hacer un gigantesco esfuerzo de redistribución. Requiere voluntad política e inversiones.

      Tengo que reconocer que no conozco ninguna propuesta política que me parezca encaminada a trabajar en esta línea. Y os juro que me encantaría. Aunque no fuese perfecta, aunque estuviese plagada de contradicciones. Eso no es óbice ni cortapisa para que cuando toque, deposite el voto para quien me parezca que puede obstaculizar, aunque solo sea un poco, las derivas más violentas.

A mí me parece que lo menos dudoso es unir indisociablemente las agendas sociales y ecológicas, situar la cobertura de las necesidades y la recomposición de comunidades sólidas y cohesionadas como prioridad. Y ahí sí que mantengo una esperanza honesta, que no promete soluciones fáciles, ni se desprende de la contradicción, la discrepancia o la alianza a veces incómoda. No me fío mucho de las alianzas incómodas por arriba y en el último momento, pero las defiendo a muerte por debajo, porque las he visto funcionar y construir. Tengo la suerte de participar en espacios en los que he comprobado que las personas diversas y comunidades no expuestas al escrutinio de las redes sociales ni al cálculo electoral, son capaces de discrepar con firmeza, inteligencia y capacidad de escucha, de llegar a acuerdos y de atreverse a experimentar. Algunas de estas iniciativas se dan en espacios en los que lo público y lo autoorganizado cooperan. Como las experiencias que se recogen en el informe sobre alianzas público comunitarias que ha coordinado José Luis (Kois) Fernández Casadevante y auspicia el Foro de Transiciones.

      Se requiere autoorganización, porque sí es verdad que el pueblo salva al pueblo, tanto, que la política social y los servicios públicos son el resultado de esos procesos. En un contexto de crisis ecológica y climática con grandes cotas de incertidumbre, las personas tenemos que estar preparadas para actuar ante incendios o danas, porque la prevención y los primeros minutos son claves y son tantas las cosas que vamos a vivir que es necesario pringarse y no delegarlo todo. En lugares como Cuba, que han sido pioneros y reconocidos por la capacidad de gestionar los riesgos climáticos, el papel de la ciudadanía organizada coordinada con las instituciones públicas ha sido crucial. Podemos aprender de ello.

      La educación y el periodismo pueden ser elementos facilitadores en la construcción de una constelación de movimientos, incluso sin nombre, logo o página web, flexibles y preparados para lo imprevistos que puedan venir. Desde un estallido social, hasta las posibilidades de reorganización después de un incendio o dana. Desde una alianza imprevista con posibles mamdanis, hasta constructores de cooperativas de todo aquello en los que sea posible cooperar. La clave es trabajar para crear las condiciones y estar dispuestos a colaborar con otros. Muchos ya existen, fuera de los focos, invisibles. Se pusieron en pie sin que nadie pidiese permiso.

      Si me importa que exista CTXT es, entre otras cosas, por la oportunidad de empujar y dar visibilidad a las transiciones que ya han comenzado.

      El diccionario también contempla una acepción de la palabra derretir que se refiere figuradamente a ablandarse o deshacerse de amor. En un mundo que se derrite, el periodismo, como la política, ha de ser una forma de amor fiero, veraz y riguroso, imprescindible para convertir cada zona de sacrificio en una zona de reexistencia.

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Dicen que no hay nadie imprescindible, pero si alguien se acercó a ese concepto, ese fue Salva.

Presidente de Attac Mallorca durante los últimos cuatro años, era una persona incansable y entregada que llevaba el activismo en la sangre. Como miembro fundador de la plataforma Mallorca per la Pau, supo siempre tender puentes y promover el entendimiento entre colectivos de sensibilidades diversas que compartían un mismo compromiso con la paz, la igualdad y el progreso social.

Fue una excelente persona, un gran amigo y un compañero excepcional. Tenía una extraordinaria capacidad para ilusionar, sumar voluntades y hacer que los demás se sintieran parte de un proyecto común.

Trabajador incansable, encontraba fuerzas debajo de las piedras. Pero, por encima de todo, destacaban su calidad humana, su cercanía y su enorme capacidad para transmitir esperanza.

Salva siempre creyó en la unidad. Dedicó su tiempo y su esfuerzo a acercar personas y organizaciones para trabajar por objetivos comunes, convencido de que solo trabajando juntos era posible avanzar. Y en esa capacidad para unir voluntades sobresalía de manera extraordinaria.

Quienes tuvimos la suerte de conocerlo de cerca y de trabajar a su lado jamás olvidaremos ni a la persona que fue ni el inmenso trabajo que realizó ni el ambiente de confianza, ilusión y compromiso que generaba a su alrededor. Su ausencia dejará un vacío muy difícil de llenar y, sin duda, le echaremos mucho de menos.

Salvador Martínez falleció el lunes, 3 de agosto, a causa de un cáncer.

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La ley fiscal ómnibus recientemente publicada es una medida que favorece a las empresas, que agotará los presupuestos públicos y frenará la lucha contra la evasión fiscal, afirma la EPSU, la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos. No aborda en absoluto el problema de la elusión fiscal.

Artículo de la EPSU (Federación Europea de Sindicatos del Sector Público)

La Comisión Europea publicó un nuevo paquete de simplificación fiscal el 24 de junio de 2026. El paquete incluye el nuevo «Omnibus Fiscal», que amplía las exenciones del impuesto de sociedades en toda la Unión Europea.
Este «Omnibus» se inscribe en la línea de la captura corporativa de la Comisión Europea, en un momento en el que la Comisión retrasa la publicación de la Ley de Empleos de Calidad y de la legislación destinada a mejorar los derechos de los trabajadores para hacer frente a los retos a los que se enfrentan hoy en día. No hace nada para abordar la elusión fiscal rampante. Establece una prioridad equivocada.
Entre sus medidas clave, la Directiva Ómnibus modifica varias directivas de la UE que regulan la tributación de los pagos transfronterizos de intereses, cánones y dividendos entre empresas. En el marco actual, las exenciones del impuesto de retención sobre estos pagos solo se aplicaban a las empresas que cumplían unos umbrales mínimos de participación accionarial, lo que servía como control básico de la relación entre las sociedades matrices y sus filiales. La propuesta de la Comisión elimina por completo esos umbrales, lo que significa que cualquier empresa de la UE podría beneficiarse de la exención, independientemente de lo débil que sea su vínculo con el pagador. En combinación con las lagunas jurídicas que permiten la elusión fiscal en la propuesta «EU Fraud Inc.» (28.º régimen), la actual Comisión está asestando un duro golpe a la lucha contra la planificación fiscal agresiva.
La Comisión también está ampliando un marco similar para evitar el pago de impuestos sobre los gastos en investigación y desarrollo (I+D) mediante modificaciones a la Directiva Contra la Elusión Fiscal. La propuesta establecería una nueva norma mínima común que eximiría a las empresas del pago de impuestos sobre los gastos en activos tangibles de I+D, como instalaciones y maquinaria. La propuesta, redactada de forma imprecisa, abre nuevas y fáciles oportunidades para los abogados y asesores fiscales.
La propuesta va aún más allá. Los Estados miembros ya no podrán recurrir a controles preventivos significativos, como los procedimientos de autorización previa, para verificar si las empresas tienen derecho a acogerse a estas exenciones. En su lugar, la idoneidad pasaría a depender en gran medida de la autodeclaración de las propias
empresas. Esto merma las posibilidades de que las autoridades públicas comprueben que las empresas pagan los impuestos que les corresponden al licitar para contratos públicos (financiados con fondos públicos), algo que los sindicatos han venido reclamando en la revisión de la Directiva sobre Contratación Pública.

La Comisión estima que solo la medida que exime a las empresas del impuesto de retención supondrá un ahorro para ellas de unos 5 300 millones de euros al año. Se trata de recortes fiscales directos, no de ahorros administrativos.

La EPSU rechaza el planteamiento de la Comisión. Esto no tiene nada que ver con la simplificación. Más bien, el «Omnibus fiscal» forma parte de un programa de desregulación más amplio que da prioridad sistemáticamente a los intereses de las empresas. En lugar de reforzar las salvaguardias contra la elusión fiscal, la Comisión está eliminando las protecciones existentes, ampliando las exenciones fiscales a las empresas y dificultando que las autoridades fiscales eviten los abusos.

No se trata de un caso aislado. Tal y como ha destacado recientemente la EPSU en relación con la propuesta de la Comisión sobre el «Régimen 28», la Comisión sigue impulsando medidas que facilitan los mecanismos de elusión fiscal.

Mientras los gobiernos de toda Europa recortan el gasto público, la Comisión opta por debilitar aún más la integridad fiscal de Europa. Se estima que la Unión Europea ya pierde entre 210 000 y 250 000 millones de euros al año debido a la elusión y la evasión fiscales transfronterizas (ajustadas a la inflación). En lugar de hacer frente a estas pérdidas, la Comisión está creando nuevas oportunidades para la planificación fiscal agresiva y concediendo miles de millones en exenciones fiscales adicionales a las empresas.

Cada euro exento del impuesto de sociedades es un euro que no se puede destinar a inversión, a las pensiones y a los servicios públicos. Esto supondrá una presión adicional sobre los servicios públicos, que ya se encuentran en dificultades tras años de
austeridad.

Antecedentes

La cifra estimada de entre 210 000 y 250 000 millones de euros perdidos a causa de la elusión fiscal se basa en un estudio del Parlamento Europeo y está ajustada a la evolución de la inflación, pero no al aumento de los beneficios. Las cifras originales
oscilaban entre 160 000 y 190 000 millones de euros al año. Las estimaciones incluyen la elusión fiscal de las empresas, la desviación de beneficios, la planificación fiscal agresiva y el aprovechamiento de las discrepancias entre los sistemas fiscales nacionales. La propuesta sobre las Sociedades «EU Inc.» de la Comisión Europea fomenta la búsqueda del régimen fiscal más favorable y permite.

La cifra real podría ser superior. Los beneficios empresariales y la concentración de la riqueza han aumentado, y los paraísos fiscales siguen siendo importantes. El Instituto Económico Polaco llegó a cifras similares y señaló que el impuesto sobre sociedades en los Estados miembros de la UE ha descendido en 8 puntos porcentuales (del 24 % al 16%). Según los datos de 2016, los países más afectados por las pérdidas debidas al traslado artificial de beneficios fueron Alemania (18 000 millones de euros), Francia (11 000 millones de euros) y el Reino Unido (14 000 millones de euros). Tal y como señala el instituto, el resultado es una pérdida de ingresos públicos.

Para poner estas cifras en contexto: se estima que el déficit anual de inversión social ronda los 210 000 millones de euros al año (ajustado a la inflación). Recuperar los ingresos que actualmente se pierden por la elusión fiscal podría financiar una parte muy importante de la inversión adicional necesaria en servicios públicos, sanidad, asistencia social, infraestructuras hidráulicas y adaptación al cambio climático en toda Europa.

Consulta aquí las propuestas de la EPSU para hacer frente a la elusión fiscal.

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