Alejandro Nadal

La historia de Estados Unidos es excepcional. Es el único país que siempre vivió bajo la potestad del capitalismo. Ni esclavitud como principio ordenador, ni señores feudales. Sólo el ojo inquieto del capital. Quizás eso explica por qué la única fuente de legitimidad política en Washington ha dependido esencialmente de la capacidad de mantener un alto nivel de consumo. Cuando eso sufre una crisis, la elite en ese país ha tenido que renovar su fuente de legitimación política.

A veces eso ha pasado por la redefinición de pactos sociales, como en los años treinta, cuando el Nuevo Trato de Roosevelt estableció nuevas bases para la distribución del ingreso y las relaciones entre trabajo y capital. La derecha nunca perdonó esa afrenta y esperó el momento para revertir ese pacto social. La coyuntura favorable se le presentó en los años 80 bajo la presidencia de Reagan. Las relaciones laborales vieron la desintegración del movimiento sindical y a partir de ese punto de inflexión los salarios se estancaron.

Si la legitimidad política en Washington se sostiene con el consumo masivo, ¿cómo se mantuvo cuando los salarios se estancaron? En Estados Unidos la respuesta fue a través del crédito. La demanda agregada se pudo mantener solamente a partir del crédito que recibieron las familias para todo tipo de bienes: hipotecas para casas, crédito para automóviles y electrodomésticos, educación universitaria, viajes y consumo corriente, etcétera. En los años 80 al mismo tiempo que la participación de los salarios en el PIB comienza a contraerse, se inicia un proceso de endeudamiento de las familias para compensar la caída en los ingresos. La tarjeta de crédito se convirtió en el documento de identidad del ciudadano estadounidense.

Eso mantuvo a la economía caminando. Le acompañó siempre una propensión a las burbujas crediticias. La última se presentó en el mercado de bienes raíces. Antes de explotar en el segmento de hipotecas chatarra, permitió a los consumidores estadounidenses ilusionarse con el American dream.

No hay que engañarse. Aparentemente la especulación desenfrenada y la desregulación financiera aparecen como causas inmediatas de la crisis. No son más que el último eslabón de una cadena de transmisión que se remonta a la caída en los salarios. El desmantelamiento gradual de la industria manufacturera en Estados Unidos también contribuyó a mantener deprimidos los salarios y la globalización entra como otro elemento en esta historia. Pero la clave de la crisis está en la lucha por la distribución del ingreso y la riqueza.

En este escenario es evidente que la idea misma de recuperación es problemática. ¿Recuperación para retornar a una economía enferma? Es una pregunta importante que parece que casi todo mundo está evadiendo en Estados Unidos. La verdad es que el debate político está muy empobrecido. Gira alrededor del tema de austeridad versus estímulo fiscal, como si eso fuera todo. Se sigue hablando de recuperación y se apuesta al viejo modelo económico que está en la más completa bancarrota.

La Congressional Budget Office (la agencia federal encargada de calcular los ingresos fiscales y el impacto del gasto) tiene un pronóstico sombrío para la economía estadounidense en los próximos cincuenta años. Utilizando un método estadístico para separar el componente secular del ingrediente cíclico en una serie temporal, la CBO proyecta que en los próximos años se iniciará un proceso de estancamiento (crecimiento de 2 por ciento anual) de la economía estadounidense que puede durar ¡hasta 2084! (www.cbo.gov).

En ese contexto las formas de legitimidad del edificio político tendrán que sufrir cambios profundos. La promesa de acceder al consumo masivo ya no podrá justificar el sistema político estadounidense. ¿A qué va a recurrir la clase política de ese país? El odio a los migrantes y el miedo a todo lo que huela a extranjero serán opciones tentadoras, sobre todo cuando ese pueblo descubra que Estados Unidos sólo es un país como cualquier otro.

El peligro para México es mortal. Las élites del poder económico aquí y en el extranjero impusieron una peligrosa trayectoria económica. Aprovechando la debacle de los años ochenta, utilizando el fraude electoral y manipulando la opinión pública, transformaron a la economía mexicana en un apéndice del aparato económico estadounidense. Hoy que esa economía entra en declinación es urgente recuperar la autonomía de nuestra política económica. Acto seguido, debemos transitar por un proceso de reconstrucción en todos los niveles, desde sus bases en los sectores agropecuario e industrial, hasta el sector financiero y las relaciones macroeconómicas. Todo esto tendrá que hacerse con una visión analítica que abandone la visión ingenua o malintencionada sobre los mercados estables y autorregulados. En México siempre fue urgente diseñar una estrategia para un desarrollo socialmente responsable y sustentable en la dimensión ambiental. De esa tarea pendiente depende hoy la viabilidad de nuestro país como sociedad democrática, independiente y socialmente responsable.

Artículo publicado en La Jornada.
http://nadal.com.mx

Francisco Morote

El pasado fin de semana, el viernes 27 y el sábado 28 de agosto, tuvo lugar en la localidad estadounidense de Jackson Hole, a muchos metros por encima del nivel del mar y de los simples mortales, la habitual cumbre de banqueros que se viene celebrando, desde hace años, en esta reputada y exclusiva estación de esquí del estado de Wyoming.

Una cumbre de banqueros, aquelarre la han llamado en algunos medios, no es cualquier cosa. En Jackson Hole se reúnen, corporativamente, algunos de los hombres más poderosos del mundo. Nada más y nada menos que los máximos dirigentes y responsables de los bancos centrales de las principales potencias económicas y políticas del planeta, como el norteamericano B. Bernanke, Presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos ( FED ), el Banco Central de ese país, y de quién Paul Krugman ha dicho que ” ve el mundo con ojos de banquero privado”, o el francés J.C. Trichet, Presidente del Banco Central Europeo, u otros muchos gobernadores de bancos centrales, sin faltar tampoco, por supuesto, influyentes directivos de algunos de los mayores bancos privados del mundo, como Goldman Sachs, Morgan Stanley, etcétera.

No es el Club Bilderberg, pero parece un pariente no muy lejano, y aunque solo sea por aquello de que, como recuerda el economista colombiano L..J. Garay,  ” grandes dueños, administradores, y gestores del capital, y algunos grandes especuladores definen buena parte del rumbo del mundo”, conviene saber de qué tratan, sobre qué versan, sus reuniones.

En fin, celebrada bajo el signo de la desaceleración del crecimiento económico de Estados Unidos, barruntando la posibilidad de una recaída de la economía estadounidense en la recesión y, por lo tanto, el recrudecimiento de la crisis sistémica, lo más sobresaliente de la cumbre o aquelarre de banqueros de Jackson Hole ha sido la manifestación de un temor, en algunos de un convencimiento, la crisis puede durar aún muchos años, una década se ha llegado a decir, una ” década perdida”, o sea diez años  de escaso o nulo crecimiento económico de las economías occidentales. Y como si de un Jefe de Estado o de Gobierno se tratase, el Presidente de la FED, B. Bernanke, anunció que en ese caso él (no el Presidente Obama) tomaría ” medidas no convencionales” para asegurar el crecimiento y evitar la recesión y la temida deflación.

Toda una declaración y demostración de quienes adoptan, en realidad, las decisiones que marcan buena parte del rumbo del mundo. No es la democracia, el gobierno del pueblo, es la mercadocracia, el gobierno de los mercados y del capital financiero que los controla.

Guillermo Almeyra

Como es sabido, si ante una escalera que desciende uno hace los movimientos necesarios y, en cambio, para subir los peldaños pierde pie, se desbarranca y se rompe el cuello. Igualmente, en política, es esencial ver en cuál fase estamos para determinar con realismo qué deberemos enfrentar y qué podremos hacer.

La crisis actual del capitalismo es la más profunda y vasta jamás conocida, pero es también la primera en la que está ausente una fuerza que luche por una alternativa al sistema. Esta es, en efecto, la primera gran crisis sin socialistas que enfrenta sólo luchas locales defensivas, desesperadas, en los países europeos. El valor y la persistencia de los trabajadores griegos no ha despertado solidaridades ni ha podido modificar las medidas draconianas que el capital financiero mundial impuso a la socialdemocracia griega, obediente y servil. No ha bastado tampoco que la desocupación juvenil en Italia y en Francia llegue a 40 por ciento para imponer movilizaciones y una huelga general, que las direcciones sindicales españolas comunistas y socialistas han postergado por meses para demostrar su voluntad de ceder todo lo que les sea posible. Por otra parte, en Estados Unidos el único movimiento de masas democrático y defensivo es el de los inmigrantes indocumentados. Y ni en Rusia ni en Europa oriental, a pesar de la caída de los ingresos y de los efectos sociales de la crisis (que ha potenciado, por ejemplo, la trata de blancas), han habido movimientos sociales importantes.

El capitalismo quiere salir de la crisis con su tasa de ganancia intacta aumentando la edad para jubilarse (aunque así cierre cada vez más el acceso al trabajo a los jóvenes y precarios), robando sus contribuciones a jubilados y pensionados, reduciendo los salarios reales (aunque eso disminuya también el consumo masivo y la construcción de viviendas), desplazando las empresas donde los salarios son menores y no hay resistencia sindical (como en China y en Europa ex socialista), implantando cada vez más leyes liberticidas y anulando conquistas históricas, como la jornada de ocho horas o la protección del trabajo femenino o infantil.

Como el capitalismo no cae por sí solo, está recomponiendo su equilibrio volviendo a finales del siglo XIX, porque no enfrenta gran resistencia y no tiene miedo a una explosión social, que nadie prevé ni prepara, ni está en la conciencia y en el orden del día de sus víctimas. Sus dos armas principales son la división étnica, cultural y nacional de los trabajadores, resultante de enormes migraciones, factor que traba una respuesta unificada al enemigo común, y las muy desprestigiadas pero aún existentes direcciones burocráticas sindicales, preocupadas por mantener sus privilegios y convencidas de que aún hay espacio para negociar con los capitalistas, que van por todo.

Sin la presencia activa de los trabajadores de Europa y Estados Unidos la lucha contra el capital financiero adopta en algunos países sudamericanos (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras) la forma de movimientos nacionales y nacionalistas policlasistas masivos, dirigidos por algunos sectores radicalizados de las clases medias. En esos movimientos que unen un proceso de descolonización, la búsqueda de la igualdad entre las etnias, el odio a la alianza entre la oligarquía local y el imperialismo, y un fuerte deseo de integración social y de modernización del país, la vaga e indefinida reivindicación del socialismo del siglo XXI expresa que nadie quiere repetir la experiencia burocrática totalitaria del estalinismo y por eso busca otro socialismo democrático y pluralista, pero también que nadie tiene claro qué entiende por socialismo, a no ser que eso signifique una política de independencia nacional, la extensión de los derechos democráticos y una redistribución de los ingresos estatales. Las grandes huelgas en Bangladesh, por su parte, son un inmenso ¡basta! a los sufrimientos de las textiles, pero no plantean ninguna reivindicación antisistémica.

Estamos, pues, en uno de los momentos más negros de la historia humana, sufriendo la iniciativa y la ofensiva del imperialismo debilitado, pero que quiere salir de su crisis y evitar una catástrofe social interna mediante una guerra contra los trabajadores y con la aplicación de medidas bélicas de envergadura que amenazan la existencia de la civilización y de sus bases naturales.

Como sostén para la esperanza contamos, sobre todo, con la posibilidad de que se extiendan y generalicen las huelgas en China, que han obtenido grandes aumentos de salarios y derechos para los obreros. La conquista de una posición de fuerza por los trabajadores de ese país, la creación de sindicatos independientes o de comités de fábrica podrían acabar con la superexplotación de la población y del ambiente. China podría dejar de ser productora de chatarra barata sobre la base de salarios de hambre y condiciones de trabajo infames. Eso repercutiría en todo el mundo. Pero, aunque hay que hacer todos los esfuerzos para que los trabajadores chinos comiencen a tener conciencia proletaria, este proceso sólo está en sus comienzos.

Mientras tanto, lo posible es unir y coordinar las luchas defensivas, desarrollar la solidaridad con ellas para crear conciencia colectiva y, sobre todo, hacer un balance de por qué el socialismo real no sólo no era socialismo sino que era antisocialista, y es indispensable recuperar todo lo que en el marxismo sigue siendo válido. Hay que elevar la lucha de ideas. No puede haber socialismo sin grandes movilizaciones y luchas, pero este sistema no es un mero producto de ellas sino de la comprobación, en la acción, por parte de grandes masas de trabajadores, de que el análisis del capitalismo y las propuestas programáticas socialistas son factibles.

Paul Krugman

Cuando veo lo que en la actualidad se hace pasar por una política económica responsable, siempre me viene a la mente una analogía. Sé que es exagerada pero, de todas formas, ahí va: la élite política -gobernadores de bancos centrales, ministros de Economía, políticos que adoptan la pose de defensores de la virtud fiscal- se comporta como los sacerdotes de un culto antiguo, y nos exige que llevemos a cabo sacrificios humanos para aplacar la ira de unos dioses invisibles.

Vale, ya les he dicho que era exagerada, pero tengan un minuto de paciencia conmigo.

A finales del año pasado, la opinión general en materia de política económica dio un brusco giro a la derecha. A pesar de que las principales economías del mundo apenas habían empezado a recuperarse, a pesar de que el desempleo seguía estando tremendamente alto en gran parte de EE UU y Europa, crear puestos de trabajo dejó de formar parte del programa. Nos decían que, en vez de eso, los Gobiernos tenían que centrar toda su atención en reducir los déficits presupuestarios.

Los escépticos señalaban que recortar drásticamente el gasto en una economía deprimida no contribuye mucho a mejorar las perspectivas presupuestarias a largo plazo, y que, de hecho, podría empeorarlas aún más al desacelerar el crecimiento económico. Pero los apóstoles de la austeridad (llamados en ocasiones austerianos) descartaban cualquier intento de hacer números. Da igual lo que digan las cifras, declaraban: era necesario recortar el gasto de inmediato para mantener a raya a los vigilantes de los bonos, inversores que cortarían el grifo a los Gobiernos despilfarradores aumentando los costes de sus préstamos y precipitando una crisis. Fíjense en Grecia, decían.

Los escépticos replicaban que Grecia es un caso especial, al estar atrapada por su uso del euro, que la condena a años de deflación y estancamiento haga lo que haga. Los tipos de interés que pagan los países más importantes con una divisa propia (no solo EE UU, sino también Reino Unido y Japón) no mostraban ningún signo de que los vigilantes de los bonos estuvieran a punto de atacar, y ni siquiera de que existieran.

Esperen y verán, aseguraban los austerianos: puede que los vigilantes de los bonos sean invisibles, pero hay que temerles de todas formas.

Este razonamiento resultaba extraño incluso hace unos meses, cuando el Gobierno estadounidense podía pedir créditos a 10 años a menos de un 4% de interés. Nos decían que era necesario renunciar a la creación de empleo, hacer sufrir a millones de trabajadores, con el fin de satisfacer unas exigencias que los inversores en realidad no estaban haciendo pero que los austerianos aseguraban que harían en el futuro.

Pero el razonamiento se ha vuelto aún más extraño últimamente, cuando ha quedado claro que a los inversores no les preocupan los déficits; les preocupan el estancamiento y la deflación. Y han estado manifestando esa preocupación reduciendo los tipos de interés de la deuda de los países más importantes en lugar de aumentándolos. Hace unos días, el tipo de interés de los bonos estadounidenses a 10 años era solo del 2,58%.

Entonces, ¿cómo se enfrentan los austerianos a la realidad de unos tipos de interés que caen en picado en lugar de ponerse por las nubes? La última moda es declarar que hay una burbuja en el mercado de bonos: no es que a los inversores les preocupe realmente la debilidad de la economía, sino que se les está yendo la mano. Resulta difícil expresar lo descarado que es este razonamiento: primero nos decían que debíamos hacer caso omiso de los fundamentos económicos y obedecer en cambio los dictados de los mercados financieros; ahora se nos dice que hagamos caso omiso de lo que esos mercados están diciendo realmente porque están confusos.

Ahora entenderán por qué termino pensando en cultos extraños y salvajes que exigen sacrificios humanos para aplacar a fuerzas invisibles.

Y sí, estamos hablando de sacrificios. Cualquiera que ponga en duda el sufrimiento causado por el recorte del gasto en una economía débil debería fijarse en los efectos catastróficos que han tenido los programas de austeridad en Grecia e Irlanda.

A lo mejor esos países no tenían elección, aunque vale la pena señalar que todo el sufrimiento que se ha infligido a sus ciudadanos no parece haber contribuido a mejorar la confianza de los inversores en sus Gobiernos.

Pero en EE UU sí que tenemos elección. Los mercados no están exigiendo que renunciemos a la creación de empleo. Por el contrario, parecen preocupados por la falta de acción; por el hecho de que, como dijo la semana pasada Bill Gross, fundador de Pimco, el gigante de los fondos de bonos, nos “aproximamos a un callejón sin salida de estímulos” que, según advierte, “se ralentizarán hasta avanzar a paso de tortuga, incapaces de proporcionar un crecimiento de empleo suficiente”.

Teniendo en cuenta todo esto, parece casi superfluo mencionar el último insulto: muchos de los austerianos más alborotadores son, cómo no, unos hipócritas. Fíjense, en concreto, en la rapidez con la que los republicanos perdieron el interés por el déficit presupuestario cuando se les desafió alegando el coste de mantener las subvenciones fiscales para los ricos. Pero eso no les impedirá seguir haciéndose pasar por halcones del déficit siempre que alguien proponga hacer algo para ayudar a los desempleados.

Así que aquí va la pregunta que acabo haciéndome: ¿qué hay que hacer para poner fin al dominio que tiene este cruel culto sobre las mentes de la élite política? ¿Cuándo volveremos, si es que volvemos algún día, a la labor de reconstruir la economía?

© 2010 New York Times News Service. Traducción de News Clips.

Damien Millet, Sophie Perchellet, Eric Toussaint

Debido a las lluvias torrenciales que padece desde hace varios días, Pakistán se enfrenta a una de las peores situaciones humanas y materiales que se conocen desde hace 80 años. Los daños son impresionantes. Alrededor de 22 millones de personas están afectadas por las graves inundaciones. Muchas infraestructuras no han aguantado la violencia de las lluvias.

Muchas carreteras están intransitables, igual que los puertos. Millones de personas se han visto obligadas a dejar precipitadamente sus casas y la ONU señala la cifra de cinco millones de personas sin hogar. Se han establecido campamentos provisionales y alrededor de un millón de personas ya se han instalado en ellos en condiciones sanitarias lamentables. El sur del país, y especialmente la provincia de Snidh, está extremadamente debilitado por la catástrofe. Las pérdidas económicas se cuentan en miles de millones y el sector agrícola está particularmente afectado ya que numerosas tierras de cultivo han quedado devastadas.

Pakistán necesita ayuda. El 20 de agosto de 2010 los países miembros de la ONU se comprometieron a aportar 200 millones de dólares, pero no se trata más que de promesas y las experiencias precedentes en la materia demuestran que sólo una pequeña parte de esa suma llegará al país. El Banco Asiático de Desarrollo, que ya conoció el tsunami de diciembre de 2004, se ha proclamado líder del esfuerzo de reconstrucción en Pakistán y ya ha anunciado un préstamo de 2.000 millones de dólares. El Banco Mundial ha añadido un préstamo de 900 millones de dólares. Así, afectado por una catástrofe natural, Pakistán va a ver incrementada su deuda de forma significativa.

Aunque la ayuda inmediata es imprescindible, también es importante revisar la realidad de la situación pakistaní. En agosto de 2008 el país estaba al borde del impago. Obligado a aceptar la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), recibió en total un préstamo de 11.300 millones de dólares, pero las condiciones del préstamo son particularmente brutales: venta de un millón de hectáreas de cultivo, fin de los subsidios del Gobierno sobre los carburantes, aumento del precio de la electricidad, corte drástico de los gastos sociales… Sólo el presupuesto militar se ha librado del rigor. Al final este préstamo ha deteriorado las condiciones de vida de la población al tiempo que debilita enormemente la soberanía del país.

En la actualidad Pakistán tiene una deuda externa de 54.000 millones de dólares y dedica cada año 3.000 millones a reembolsarla. Esta deuda, que ha estallado especialmente desde los años 2000, en una gran parte es de origen odioso. En efecto, el antiguo régimen del general Pervez Musharraf era un aliado estratégico de Estados Unidos en la región, sobre todo desde los atentados del 11-S. Los principales proveedores de fondos nunca han vacilado en prestar a la dictadura pakistaní de Musharraf los fondos necesarios para llevar a cabo su política. En el otoño de 2001 Estados Unidos pidió el apoyo de Pakistán en su guerra contra Afganistán. Musharraf aceptó que su país sirviera de base de retaguardia a las tropas militares de Estados Unidos y sus aliados. El régimen de Musharraf continuó después endeudando a Pakistán con el apoyo activo del Banco Mundial y de las grandes potencias. Los préstamos concedidos no tienen ninguna legitimidad, han servido para reforzar la tiranía de Musharraf y no han mejorado en nada las condiciones de vida de los ciudadanos pakistaníes. La deuda contraída por ese régimen despótico es odiosa. Los acreedores que prestaron a Musharraf lo hicieron con conocimiento de causa y en estas condiciones es inadmisible que se obligue al pueblo pakistaní a reembolsar ahora la deuda odiosa contraída por Musharraf.

En estas condiciones la anulación pura y simple es una exigencia mínima. Varios países, a semejanza de Ecuador, han realizado auditorías de sus deudas con el fin de anular la parte considerada odiosa. Pakistán bien podría seguir este ejemplo.

Existe otro mecanismo jurídico a tener en cuenta por Pakistán, sometido a las inundaciones devastadoras: el estado de necesidad. En este caso puede invocar dicho estado de necesidad para dedicar los fondos a las necesidades vitales de su población maltratada, en lugar de pagar la deuda, sin temor a sanciones por no cumplir sus obligaciones. Los 3.0000 millones de dólares economizados de esta forma deben entonces orientarse a los gastos sociales en beneficio de los pakistaníes.

Para el Gobierno de Pakistán ha llegado el momento de suspender el pago de su deuda externa y al mismo tiempo realizar una auditoría de ésta y decidir el repudio de su parte odiosa. Lejos de representar un fin en sí mismo, esto deberá tratarse del primer paso hacia un modelo de desarrollo radicalmente diferente basado, por fin, en garantizar los derechos humanos fundamentales.

Traducido para Rebelión por Caty R.

Activos contra la crisis, que comenzó a funcionar en noviembre de 2008, está aglutinando a sectores sociales comprometidos en la defensa de los derechos de las y los trabajadores, pero tambien de la ciudadanía en general, autónomos y paradas y parados.

Esta plataforma ha llamado a la movilización contra los recortes, pero tambien contra los poderes financieros, verdaderos responsables de la misma y ha denunciado el G20 por su nefasta gestión de la crisis y la inutilidad de sus reuniones, incapaces de resolver nada.

Activos contra la Crisis está muy interesado en ampliar su base de contactos y plantear nuevas acciones, pues el día 29 es el inicio y no el fin de nuestra acción social.

Os esperamos a todas las plataformas y movimientos sociales. Que no decidan por nosotras, ni en nuestro nombre.

Lee el Manifiesto de Activos contra la Crisis

Juan Hernández Vigueras

Aunque la retórica oficial lo oculta y los medios no lo suelen contar, la Unión Europea no tiene una representación conjunta ante el G-20 como no la tiene ante el FMI o el Banco Mundial. De ahí que siempre intente definir previamente posiciones compartidas por los gobiernos que forman parte y tienen representación en cada organización o foro.

Desde los EEUU, un miembro de la Red TJN nos ha remitido un interesante borrador del documento de preparación de la posición de la UE que se perfilará en la reunión de los viceministros del G-20 los días 4 y 5 septiembre próximos en Gwangju, una reunión preparatoria de la de los ministros de finanzas previa a la cumbre en Seúl de noviembre.

Denominado “marco de referencia” (terms of reference) este documento de 14 páginas ya negociado por los asesores técnicos, los “sherpas”, indica las líneas del debate para consensuar una posición común ante el G-20.

Lo primero que se percibe de su lectura es la posición escandalosamente blanda en todo lo que concierne a la tan traída y cacareada regulación financiera que no llega.

Lo segundo es que no encontramos ninguna referencia a aquellas propuestas de una tributación para las transacciones financieras; ¡pero ninguna!

El significado de esta omisión está claro: el déficit fiscal de los países europeos se continuará cubriendo con más recortes del gasto social en España y en los demás donde los toleren los electorados.

¿Alguien se acuerda de las pomposas declaraciones sobre la tasa bancaria y contra los paraísos fiscales, el secreto bancario, etc., de los Sarkozy, Merkel, Zapatero o Brown?

En este documento aparece que la mayor preocupación de los gobiernos europeos es su oposición a la reforma del FMI, manteniendo una posición conservadora de los votos que actualmente tienen los países europeos.

Y destaca un párrafo extenso dedicado a los que llamamos paraísos fiscales, que ahora se denominan “jurisdicciones no cooperantes”.

La EU considera que “el G-20 debe seguir esforzándose por completar el planteamiento triple hacia las jurisdicciones no-cooperantes (cubrir el intercambio de información fiscal, el antiblanqueo de dinero y la financiación contraterrorista y los estándares prudenciales de regulación y supervisión)”. Nada nuevo; todo seguirá igual.

Añade la petición al G-20 para que acuerde la publicación de una lista de las jurisdicciones que incumplan para finales de 2010 su compromiso de adhesión a las normas de intercambio de información fiscal, según diga el Foro de Estabilidad Financiera, un organismo cercano a la banca. Y las líneas restantes son solamente de apoyo retórico a lo que vienen haciendo los organismos internacionales relacionados con el lavado de dinero sucio, etc., que en el mejor de los casos es trabajo técnico de coordinación de las burocracias.

Pero nadie negará que este tipo de documento da mucho juego como guión de la retórica oficial contra los paraísos fiscales, la reformar financiera, etc., etc.

¡Como muestra el título de arriba!

http://www.laeuropaopacadelasfinanzas.com

María del Pilar Barceló

Quizá ustedes hayan seguido una interesante serie de artículos que ha venido publicando Diario de Mallorca durante este año sobre la economía sumergida en Illes Balears. Se los recomiendo todos (DM 31-1; 8-3; 25-5; 29-6, espléndido Alberto Magro; 30-6 y 21-7-2010) porque reflejan un panorama económico mucho más detallado de lo que ahora voy a poder describir.

Entiendo por economía sumergida aquella actividad económica que se desarrolla eludiendo el pago de impuestos y en su caso cotizaciones a la Seguridad Social.

Según Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) la economía sumergida asciende en España a 245.000 millones de euros anuales, lo que supone un 23’3% del PIB nacional, esto es, 10 puntos porcentuales por encima de nuestros vecinos europeos, que se sitúan en el 13%. En Illes Balears se calcula en 5.160 millones de euros al año, lo que representa un 19’2% del PIB. Se trata de cifras estimadas por medios indirectos ya que por su naturaleza la actividad económica defraudatoria es difícilmente evaluable con exactitud.

En la mentalidad popular cuando se habla de economía sumergida se piensa esencialmente en rendimientos empresariales y profesionales (“¿con IVA o sin IVA?”), por tratarse de sectores en los que puede resultar más fácil eludir ingresos. Sin embargo tampoco son despreciables las cifras de trabajadores por cuenta ajena que en la actualidad están desarrollando su actividad sin contrato, y las de trabajadores que al tiempo que perciben sus prestaciones de desempleo están llevando a cabo una actividad económica encubierta.

Simultáneamente estamos asistiendo al debate sobre la reforma de las pensiones y curiosamente en ese debate no se hace ninguna alusión al grave problema de la economía sumergida. Sin embargo es uno de los factores que afectan al sistema de pensiones, porque cuando hay economía sumergida no se generan cotizaciones sociales (ni impuestos) y por tanto no se contribuye al desarrollo del sistema público de pensiones.

En una reciente obra de Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa (“¿Están en peligro las pensiones públicas?”, Ed. Attac España, 2010) se explica que la viabilidad del sistema público de pensiones depende del mantenimiento de las cotizaciones, y éstas a su vez aumentan o disminuyen atendidos los siguientes factores: el empleo y desempleo existentes; la tasa de crecimiento económico; la distribución de la renta; la calidad del empleo; la productividad del trabajo; la extensión de la economía sumergida; la tasa de actividad y empleo femenina.

Por tanto la economía sumergida es uno de los factores que incide directamente en la sostenibilidad del sistema de pensiones. Si no se pagan impuestos y cotizaciones sociales no hay ingresos, y si no hay ingresos no hay recursos para las políticas de protección social (pensiones, subsidios de desempleo, prestaciones por maternidad, etc).

De ahí se desprende una doble consecuencia.

La primera es que debemos exigir al Estado una acción decidida contra el fraude fiscal. “Perseverar en la ineficacia contra el fraude fiscal, sufriendo España una tasa estimada de economía sumergida unos 10 puntos porcentuales superior a la media comunitaria, es sin lugar a dudas la medida fiscal mas regresiva que el Gobierno puede adoptar” afirma con toda razón Francisco Javier Márquez Burgueño (Comisión Ejecutiva de Gestha). Lamentablemente hasta ahora no se ha apreciado voluntad política de llevarlo a cabo, optando el Gobierno por posturas netamente regresivas como la subida del IVA, y ello pese a que según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado mientras que con el aumento de los impuestos previsto por el Gobierno de Zapatero se prevé ingresar unos 11.000 millones de euros, una campaña efectiva contra el fraude fiscal podría suponer en estos momentos unos 280.000 millones de euros adicionales.

La segunda es que todos nosotros seamos conscientes de ello y actuemos con coherencia y en consecuencia. Si realmente queremos mantener un sistema público de pensiones, si queremos que se mantenga el Estado de Bienestar y haya una protección social, procuremos no contribuir personalmente al mantenimiento de la economía sumergida. Hay muchos modos de hacerlo.

Daniel Bueno Valencia

Cuando la economía mundial entró en caída libre en 2008, también lo hicieron nuestras creencias», afirma el Nobel Stiglitz en su último libro. Parecía claro durante 2008 y 2009 que el mundo estaba cambiando, que el capitalismo se estaba reformando para no volver a caer en una profunda crisis. El 15 de noviembre de 2008, en la cumbre del G20 celebrada en Washington, el jefe de Estado francés y presidente de turno de la Unión Europea, Nicolás Sarkozy, afirmaba que deberíamos replantear el sistema financiero desde cero, como en Bretton Woods.

Eran momentos de poner freno a la espiral especulativa, reflotando los bancos que más hundieron sus cimientos en barro sin valor, y actuando al mismo tiempo para reactivar la economía y el consumo, fuertemente contraídos como resultado de la crisis. El presidente español acababa de revalidar la victoria electoral en las urnas, el 9 de marzo de 2008, sin que hasta después de su victoria se empezase a utilizar la palabra crisis. ¿No recuerdan los eufemismos de «desaceleración», «enfriamiento», «ralentización», tan usados en aquellos meses para evitar reconocer la gravedad de la situación económica?

El 4 de diciembre de 2007 el candidato Zapatero prometió eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio si revalidaba su victoria. Un regalo de cerca de 2.000 millones de euros a un millón de contribuyentes, a una media de 2.000 euros por contribuyente. El 27 de enero de 2008, Zapatero anunció la devolución en junio de 400 euros en el IRPF. Un regalo de 6.000 millones de euros para dieciséis millones de contribuyentes. El ‘aterrizaje suave’ en la crisis parecía que nos mantenía más tiempo en el aire que con los pies en la tierra.

Y se comenzaron las políticas de estímulo, por un lado al sector bancario, por otro, con el Plan E, un plan más enfocado a una crisis coyuntural de la construcción que una crisis profunda y sistémica como la que estábamos viviendo. Ni hablar de política fiscal. Ni hablar de control de gasto. Ni hablar de optimizar las inversiones, de cualificar el mercado de trabajo, de buscar formulas para que el ICO interviniera de una forma más directa en la fluidez de créditos a las empresas. Políticas mezcladas con graciosos deterioros del erario público por mor de propuestas electorales realizadas por sorpresa y a destiempo.

Debe tener razón Stiglitz, que contribuyó a la elaboración del programa electoral de 2008 del PSOE, con que la crisis se ha llevado por delante las creencias de algunos. Pensábamos, ingenuos, que aquellos cuyas creencias entraban también en crisis eran los que habían sostenido el sistema de valores, ideas y políticas que dieron lugar al fundamentalismo económico del libre mercado. Pero no, finalmente no son ellos los que han visto derrumbadas sus creencias al ver fracasar sus experiencias: entran en crisis las democracias, triunfan los mercados.

Duele que ello sea así en una Unión Europea absorta en lo monetario y ausente en cuanto a cohesión social y desarrollo equilibrado. El proyecto de Unión Europea como unión de ciudadanos está prácticamente enterrado bajo la Europa de comerciantes, financieros y mercaderes. Pero si cabe, duele más que en uno de los pocos países importantes gobernado por un partido socialdemócrata, se de un cambio de rumbo tan radical, poniendo encima de la mesa un recetario de recortes sociales, laborales y salariales que contradice lo expresado hasta hace apenas tres meses de forma insistente.

Y en esto que llegó la reforma laboral: facilitar y abaratar el despido. «Abaratar el despido no es el camino para crear empleo, sólo provocaría más desigualdades sociales y menos protección a los trabajadores, sobre todo en un país donde todavía nos queda por avanzar en materia de protección social. El camino es crecer económicamente, ser competitivos, innovar, formación, educación: ése es el camino». Estas son palabras de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 de enero de 2010, en una entrevista en el diario ‘El País’. ¿Cuándo tenía razón el presidente, cuando afirmaba esto o cuando nos dice que es irremediable realizar un sacrificio colectivo?

Iban a reformar el capitalismo, y todo se queda en reformas en la misma dirección: menos derechos, menos protección y menos salarios. ¡Para satisfacción del dios mercado, le ofrecemos a trabajadores y trabajadoras como sacrificio! El 29 de septiembre hay que parar este ataque. Ceder un día de salario para defender nuestros derechos es una pequeñísima inversión en comparación con los recortes anunciados.

Comunicado de la Junta Rectora de ATTAC Madrid

En estos días se ha vuelto a suscitar la cuestión de la subida de impuestos: A las declaraciones del ministro de Fomento, comentando la posibilidad de imponer esta medida le han seguido inmediatamente las palabras de Elena Salgado afirmando lo contrario, y las manifestaciones del PP, que ha anunciado que incluirá en su programa electoral una reducción de los impuestos.

El debate, por tanto, se ha vuelto a plantear, no falto, como siempre, de manipulaciones y demagogia.

Uno de los mayores avances sociales de la historia se produjo tras la revolución francesa cuando en la Declaración General de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se estableció la obligación de todos los ciudadanos de contribuir a los gastos comunes. Esta contribución se basaba en tres principios:

• Los tributos se pagan en función de la capacidad económica: pagan más los que más tienen.
• El principio en el que se sustenta es el de la soberanía popular (los ciudadanos eligen a sus representantes y éstos deben dar cuenta de su gestión).
• El dinero recaudado tiene que servir para satisfacer los gastos y necesidades comunes.

Parece un precepto justo, con el que todo el mundo debería estar de acuerdo: los impuestos deben servir para garantizar el derecho a la educación, la salud, viviendas sociales, para promover la economía y crear riqueza, favoreciendo a las empresas con la concesión de créditos, para impulsar proyectos económicos que fomenten el empleo, etc.

Sin embargo, en España el fraude fiscal está a la orden del día. Según los datos del sindicato del Cuerpo Técnico de Funcionarios de Hacienda anualmente se evaden 88.000 millones en impuestos y cuotas de la Seguridad Social, y según la última Encuesta del Instituto de Estudios Fiscales, el 46% de los españoles comprende, tolera y/o justifica, incluso el 34% lo perdona, la evasión de capitales y el fraude fiscal.

La política fiscal del Gobierno de España se ha basado en gravar las rentas del trabajo y en los impuestos indirectos, sin tocar (al revés, los ha rebajado) los impuestos de las grandes fortunas y patrimonios, y el de Sociedades. No ha hecho nada por dotar a los órganos de Hacienda de más medios para combatir el fraude fiscal, permite que los capitales se muevan de un lado a otro sin el menor control (y, por tanto, sin estar sujetos a ninguna tributación) y sólo hace alguna que otra declaración contra los paraísos fiscales, pero sin tomar ninguna medida para eliminarlos (por el contrario, mantiene las SICAV, que son un auténtico paraíso fiscal para las grandes fortunas).

Esta política fiscal (y económica) es la misma que practica la Unión Europea. Como dice Vicenç Navarro:

“Lo que ha ocurrido durante estos últimos años es que las derechas han adquirido mayor peso en Europa (y los gobiernos de centroizquierda han aceptado los dogmas neoliberales promovidos por las derechas). Y ha habido una gran bajada de impuestos de la mayoría de países donde las derechas o las centroizquierdas (de orientación socioliberal) han gobernado, con lo cual, los estados han perdido recursos y/o se han endeudado para poder proveer los servicios. Ahí está la madre del cordero. (…) Y esta mentalidad nos ha llevado donde estamos ahora.”

El dinero recaudado, además, no ha servido para impulsar una economía productiva o para incrementar el gasto social sino para salir al rescate de los grandes bancos, apoyando una economía basada en la especulación y no en la creación de riqueza.

Algunos partidos tratan de ganar clientelismo electoral prometiendo más gasto social y menos impuestos, es decir, un imposible y, por tanto, una mentira.

Esto explica la desafección política de los ciudadanos y ciudadanas que, curados de espanto, ven desfilar casos y casos de corrupción en los poderes públicos o amnistías fiscales para los que han evadido grandes capitales; ello les lleva a pensar que no se puede hacer nada, que lo mejor es que cada cual tire por su lado y se salve el que pueda.

Y esa es la trampa: ese individualismo (fomentado desde todas las esferas del poder) es el combustible imprescindible que este sistema necesita para seguir funcionando.

Los problemas colectivos no pueden tener soluciones individuales. A un problema social hay que darle una solución social, de todos, de la mayoría, de los hombres y mujeres que con su trabajo son los que crean la riqueza.

Todos y todas los que participamos en el movimiento social ATTAC llevamos mucho tiempo denunciando esta realidad y promoviendo movilizaciones sociales para acabar con esta situación.

Si el Gobierno quiere subir los impuestos debe aclarar qué impuestos va subir, debe poner los medios para acabar con el fraude y la evasión fiscal, debe establecer tasas a los movimientos de capitales, luchar decididamente para eliminar los paraísos fiscales, recuperar el Impuesto de Patrimonio de las grandes fortunas, elevar los impuestos a los tramos impositivos más altos, prohibir los movimientos especulativos, aumentar el tipo impositivo a las entidades bancarias, anular la subida del IVA y suprimir las SICAV. Y debe emplear todo lo recaudado en protección social y en fomentar la economía de verdad, favoreciendo los créditos (a través de una Banca pública) a las PYME y autónomos…, es decir, todo lo contrario de lo que está haciendo.

Lo demás son mentiras, demagogia y ganas de confundir.