Artículo original publicado en espacio-publico.com por Paco Cantero

Fotografía: Guillaume Périgois en Unsplash

La civilización europea (aquella que se forjó en el mármol de Atenas, se ordenó bajo el derecho de Roma, brilló en la elegancia de Viena y alcanzó su cima estética en el Renacimiento del siglo XV) no está simplemente en crisis: es víctima de una erosión sistémica. Lo que hoy conocemos como la estructura institucional de la Unión Europea se ha convertido en una arquitectura rígida, cada vez más alejada del interés ciudadano y crecientemente subordinada a lógicas financieras globales que desplazan el bien común. En un mundo que vira aceleradamente hacia la multipolaridad, donde nuevos bloques de poder emergen con soberanía real, Europa corre el riesgo de convertirse en un actor irrelevante.

Para que Europa recupere su esencia, debemos reconocer que las estructuras actuales han agotado su propósito histórico. La construcción de una Alternativa Continental no es solo una propuesta ideológica, sino una de las pocas vías reales que tiene el continente para recuperar protagonismo. Esta alternativa exige la superación del orden unilateral y la construcción de un espacio euroasiático soberano, cimentado en una formación humana de excelencia y una economía de soberanía productiva real.

El realismo de la fractura: La permanencia de los pueblos

Cualquier visión de futuro debe partir de un diagnóstico honesto del presente. La construcción de este espacio soberano choca hoy con la realidad de una fractura profunda entre Europa occidental y Rusia. Estas diferencias constituyen un problema grave cuya resolución no será inmediata; la situación geopolítica contemporánea ha levantado muros que tardarán años, quizás décadas, en derribarse.

Sin embargo, al abordar este conflicto, debemos elevar la mirada: los dirigentes políticos y sus decisiones son, por definición, temporales y transitorios. Las administraciones pasan, pero los pueblos permanecen. La identidad de una nación y su cultura están siempre por encima de la política de turno.

El reencuentro hacia una auténtica cooperación euroasiática debe ser un proceso gradual de desescalada y reconstrucción de la confianza. El imperativo de la unión responde a una necesidad histórica y estratégica que trasciende las crisis del presente. Sin la profundidad geográfica y energética del espacio ruso y la tradición humanista e industrial de Europa occidental, el continente seguirá siendo un escenario de disputa para potencias externas. Solo reconociendo los intereses compartidos podremos recuperar la capacidad de actuar como bloque coherente.

El desafío de la financiarización global

La reconstrucción europea requiere identificar los modelos que hoy limitan la soberanía de los Estados y que deben ser reemplazados por una estructura de gobernanza más equitativa. En primer lugar, la creciente influencia de la gran gestión de activos financieros globales. Fondos de inversión de escala sistémica (BlackRock) operan con lógicas de rentabilidad que con frecuencia entran en conflicto con los intereses de largo plazo de ciudadanos y Estados. Esta estructura debería dar paso a una gobernanza que priorice el bienestar colectivo frente a los intereses de los fondos de inversión internacionales.

En segundo lugar, nos enfrentamos al riesgo de un tecno-feudalismo impulsado por actores del sector tecnológico (Peter Thiel y Elon Musk) que, bajo una retórica de innovación, promueven modelos donde la soberanía de los datos y las infraestructuras críticas queda en manos privadas. La Alternativa Continental rechaza este modelo: la tecnología debe servir a la ciudadanía y al interés general, no consolidar nuevas formas de monopolio.

El imperativo Euroasiático y la autonomía productiva

La superación del actual marco de dependencia es una condición necesaria para construir un espacio de mayor autonomía estratégica. La combinación de la capacidad industrial y tecnológica de Alemania, Francia e Italia con la inmensidad de recursos energéticos del espacio euroasiático crearía un bloque productivo sin precedentes. Esta vía es la única que podría sostener una voz propia frente a las grandes hegemonías externas. Para que esta soberanía sea real, la economía debe blindarse contra la especulación:

• Moneda Soberana Euroasiática: una unidad monetaria anclada a Activos Puros (reservas energéticas, producción industrial de alta tecnología, metales estratégicos, infraestructuras) que elimine la dependencia de la deuda fiduciaria y la volatilidad de los mercados de divisas.
• Blindaje de Servicios Públicos: la educación, la sanidad y los servicios sociales no pueden ser tratados como nichos de mercado. Su gestión debe responder a criterios de interés general.
• La Vivienda como Derecho: la vivienda debe ser reconocida como necesidad básica y pilar de la cohesión social, alejada de su función como activo puramente especulativo.
• Sectores Estratégicos: el acceso a la energía, el agua y las redes de comunicación se definen como patrimonio colectivo, no susceptible de gestión con lógica meramente especulativa.

El canon de la excelencia: belleza, verdad y ciencia

Nuestra respuesta al vacío cultural es el retorno al Canon de la Excelencia occidental y euroasiática. No podemos construir un futuro sin cimientos sólidos en el pasado. Reivindicamos la herencia del Renacimiento italiano de los siglos XV y XVI: desde el Quattrocento temprano de Donatello, cuya revolución escultórica preparó el terreno para el Renacimiento clásico de Miguel Ángel y Rafael, hasta la síntesis plena de proporciones y humanismo que caracteriza a estos últimos. Reconocer la distancia generacional y estilística entre estos maestros no mengua su grandeza, sino que enriquece nuestra comprensión de una tradición en permanente diálogo consigo misma.

Recuperamos también la mirada de los impresionistas de la segunda mitad del siglo XIX (Monet, Renoir y tantos otros) que devolvieron a la pintura la capacidad de apreciar la belleza efímera del entorno natural. Junto a ellos, Camille Pissarro, nacido en las Antillas Danesas en 1830 y formado entre la tradición caribeña y la escuela parisina, enriqueció el movimiento con una sensibilidad singular que trasciende las fronteras nacionales y testimonia la fecundidad del diálogo entre culturas.

La soberanía se funda también en la palabra. No existe Europa sin Miguel de Cervantes, que nos legó la ética del idealismo frente al materialismo vulgar. Esta visión se enriquece con la profundidad de Fiódor Dostoyevski y León Tolstói, quienes comprendieron que el ser humano necesita raíces profundas para no ser arrastrado por el nihilismo. Regresamos igualmente a la razón como fundamento político: el imperativo moral de Immanuel Kant, la visión histórica de Hegel y el equilibrio institucional propuesto por Montesquieu, cuya influencia sobre el constitucionalismo moderno es inseparable de la Ilustración francesa en la que también participó Voltaire.

En el ámbito científico, honramos el legado de Max Planck, Albert Einstein y Niels Bohr, cuyos descubrimientos en física cuántica y relatividad nacieron de un pensamiento riguroso y de la libertad académica, no de la rentabilidad inmediata. Reivindicamos igualmente a Dmitri Mendeléyev, cuya sistematización del universo químico en la tabla periódica (1869) sigue siendo uno de los logros intelectuales más perfectos de la ciencia moderna, y a Konstantin Tsiolkovski, el pionero ruso de la astrofísica teórica y la cohetería, cuyas ecuaciones de propulsión (desarrolladas entre finales del siglo XIX y principios del XX) siguen siendo fundamento de la ingeniería espacial contemporánea.

Para ser verdaderamente soberanos, proponemos el desarrollo de una infraestructura digital euroasiática propia. No podemos permitir que nuestros datos y comunicaciones dependan de servidores extranjeros controlados por intereses ajenos al continente. La tecnología debe ser el nuevo acero de nuestra independencia estratégica.

Una nueva educación y resistencia cultural

Para formar a los ciudadanos del mañana, proponemos un sistema que proteja nuestra identidad cultural y prepare para el futuro tecnológico:

• El Legado Clásico como Soberanía Intelectual: recuperar el estudio del latín y el griego antiguo como ejercicios de libertad intelectual y acceso directo a las fuentes de nuestra civilización.
• Excelencia Tecnológica y Politécnica: la formación debe ser puntera en ciencias exactas e ingeniería. Queremos ciudadanos capaces de comprender tanto el pensamiento filosófico clásico como la arquitectura de la inteligencia artificial.
• Independencia Educativa: revisión crítica de las agendas ideológicas financiadas por fundaciones externas, devolviendo el espacio académico al debate plural y a la búsqueda honesta de la verdad.

Para contrarrestar la deriva cultural actual, se propone una estructura de diplomacia cultural a través de la Red de Organizaciones Culturales Euroasiáticas (ROCE):

• Centros de Pensamiento Independientes: espacios de resistencia intelectual inspirados en el papel histórico del Ateneo de Madrid, refugio de la inteligencia libre frente al dogmatismo durante los siglos XIX y XX, y que actualmente mantiene encendida la llama de una institución que ha sido cuna y escenario de algunos de los movimientos sociales, culturales y políticos más importantes de la historia de España. Estos nuevos centros funcionarán como foros de debate elevados donde la palabra sea soberana, desafiando los consensos fijados por las agendas globalistas y recuperando la autonomía del pensamiento civil frente al poder financiero y estatal.
• Mecenazgo Popular: creación de fondos ciudadanos para financiar el arte clásico, la arquitectura tradicional y los medios de comunicación independientes, rompiendo el monopolio de los grandes fondos de inversión sobre la cultura.
• El Eje de la Inteligencia: intercambio masivo de estudiantes y científicos para liderar la investigación biotecnológica ética y el desarrollo de la energía de fusión, protegiendo los descubrimientos europeos de lógicas extractivas de patentes.

El triunfo de la identidad

Las estructuras actuales deben ser superadas para que Europa renazca con plena consciencia de su historia y de sus responsabilidades. Ante el ascenso de un mundo multipolar, la Alternativa Continental representa una de las pocas vías para recuperar el control colectivo de nuestro destino. Frente a la financiarización sin límites y la dependencia tecnológica, debemos levantar el proyecto de una Eurasia fuerte, intelectualmente orgullosa y conectada con su herencia plural. Es el momento de que los pueblos vuelvan a caminar por la senda de la grandeza que ellos mismos construyeron.

La entrada Renacimiento de Europa: la encrucijada de una civilización se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Artículo original publicado en rebelion.org por Eric Toussaint

El año 2025 es considerado por los cristianos como un año del jubileo bajo la bandera de la anulación de la deuda. Con este motivo, el CADTM vuelve a publicar una serie de artículos sobre las anulaciones de deudas, las luchas por la condonación de la deuda y el papel de la deuda en los conflictos políticos, sociales y geoestratégicos a lo largo de la historia.

Hammurabi, rey de Babilonia, y las anulaciones de deuda

El Código de Hammurabi se encuentra en el Museo del Louvre de París. De hecho, el término “código” es inapropiado, pues Hammurabi nos legó más bien un conjunto de reglas y de juicios sobre las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. El reino de Hammurabi, “rey” de Babilonia (situada en el Iraq actual), comenzó en 1792 antes de J.C. y duró 42 años. Lo que la mayor parte de los manuales de historia no señalan es que Hammurabi, como otros gobernantes de las ciudades-estado de Mesopotamia, proclamó en varias ocasiones una anulación general de las deudas de los ciudadanos con los poderes públicos, sus altos funcionarios y dignatarios. Lo que se ha llamado el Código de Hammurabi, fue escrito probablemente en 1762 antes de J.C. Su epílogo proclamaba que “el poderoso no puede oprimir al débil, la justicia debe proteger a la viuda y al huérfano (…) a fin de hacer justicia a los oprimidos”. Gracias al descifrado de los numerosos documentos escritos en cuneiforme, los historiadores han encontrado la huella incontestable de cuatro anulaciones generales de deuda durante el reinado de Hammurabi (en 1792,1780, 1771 y 1762 antes de J.C.).

En la época de Hammurabi, la vida económica, social y política se organizaba alrededor del templo y del palacio. Estas dos instituciones, muy imbricadas, constituían el aparato del estado, el equivalente a nuestros poderes públicos de hoy, en los que trabajaban numerosos artesanos y obreros, sin olvidar los escribas. Todos eran alojados y alimentados por el templo y el palacio. Recibían raciones de alimentación que les garantizaban dos comidas completas por día. Los trabajadores y los dignatarios del palacio eran alimentados gracias a la actividad de un campesinado al que los poderes públicos proporcionaban (alquilaban) tierras, instrumentos de trabajo, animales de tiro, ganado, agua para el riego. Los campesinos producían en particular cebada (el cereal de base), aceite, frutas y legumbres. Tras la cosecha, los campesinos debían entregar una parte de ella al estado como alquiler. En caso de malas cosechas, acumulaban deudas. Además del trabajo en las tierras del templo y del palacio, los campesinos eran propietarios de sus tierras, de su vivienda, de su rebaño y de los instrumentos de trabajo. Otra fuente de deudas de los campesinos estaba constituida por los préstamos concedidos a título privado por altos funcionarios y dignatarios a fin de enriquecerse y de apropiarse los bienes de los campesinos en caso de no pago de esas deudas. La imposibilidad en la que se encontraban los campesinos de devolver las deudas podía llevar igualmente a su reducción a la esclavitud (miembros de su familia podían igualmente ser reducidos a la esclavitud por deudas). A fin de garantizar la paz social, en particular evitando un deterioro de las condiciones de vida de los campesinos, el poder anulaba periódicamente todas las deudas¹ y restauraba los derechos de los campesinos.

Las anulaciones generales de deuda se han escalonado en Mesopotamia a lo largo de 1000 años

Las proclamaciones de anulación general de deudas no se limitaron al reino de Hammurabi: comenzaron antes de él y se prolongaron después de él. Se tiene la prueba de anulaciones de deuda que se remontan al año 2400 antes de J.C., es decir seis siglos antes del reino de Hammurabi, en la ciudad de Lagash (Sumer), los más recientes se remontan a 1400 antes de J.C., en Nuzi. En total, los historiadores han identificado con precisión una treintena de anulaciones generales de deuda en Mesopotamia entre 2400 y 1400 antes de J.C. Se puede seguir a Michael Hudson² cuando afirma que las anulaciones generales de deuda constituyen una de las características principales de las sociedades de la Edad del Bronce en Mesopotamia. Se encuentran por otra parte en las diferentes lenguas mesopotamicas expresiones que designan estas anulaciones para borrar la deuda y poner las cuentas a cero: amargi en Lagash (Sumer), nig-sisa en Ur, andurarum en Ashur, misharum en Babilonia, shudutu en Nuzi.

Estas proclamaciones de anulación de deuda eran ocasión de grandes festividades, generalmente en la fiesta anual de la primavera. Bajo la dinastía de la familia de Hammurabi fue instaurada la tradición de destruir las tabletas sobre las que estaban inscritas las deudas. En efecto, los poderes públicos tenían una contabilidad precisa de las deudas en tabletas que eran conservadas en el templo. Hammurabi muere en 1749 antes de J.C., tras 42 años de reinado. Su sucesor, Samsuiluna, anula todas las deudas con el estado y decreta la destrucción de todas las tabletas de deudas salvo las que se refieren a deudas comerciales.

Cuando Ammisaduqa, el último gobernante de la dinastía Hammurabi, accede al trono en 1646 antes de J.C., la anulación general de las deudas que proclama está muy detallada. Se trata manifiestamente de evitar que ciertos acreedores se aprovechen de algunos fallos. El decreto de anulación precisa que los acreedores oficiales y los cobradores de impuestos que han expulsado campesinos deben indemnizarles y devolverles sus bienes bajo pena de ser ejecutados. Si un acreedor ha acaparado un bien por presión, debe restituirlo y/o pagarlo por entero, si no lo hace es condenado a muerte.

Como consecuencia de este decreto, se pusieron en pie comisiones a fin de revisar todos los contratos inmobiliarios y eliminar los que estaban afectados por la proclamación de anulación de deuda y de restauración de la situación anterior, statu quo ante. La puesta en práctica de este decreto era facilitado por el hecho de que, en general, los campesinos espoliados por los acreedores continuaban trabajando en sus tierras aunque éstas se hubieran convertido en propiedad del acreedor. A partir de ahí, anulando los contratos y obligando a los acreedores a indemnizar a las víctimas, los poderes públicos restauraban los derechos de los campesinos. La situación se degradará un poco más de dos siglos más tarde.

Los límites de los actos de anulación de las deudas

En Mesopotamia, durante la Edad del Bronce, los esclavos por deudas eran liberados pero no los demás tipos de esclavos (en particular los que eran prisioneros de guerra).

Los actos de anulación de deuda no deben ser presentados como decisiones que hicieran progresar la emancipación social, se trataba de restaurar el orden anterior, que incluía numerosas formas de opresión. Sin embargo, sin embellecer la organización de estas sociedades de hace 3000 a 4000 años, hay que subrayar que los gobernantes intentaban mantener una cohesión social evitando la constitución de grandes propiedades privadas, tomando medidas para que los campesinos mantuvieran un acceso directo a la tierra, limitando el aumento de las desigualdades, vigilando el mantenimiento y el desarrollo de los sistemas de riego. Michael Hudson subraya, por otra parte, que la decisión de declarar la guerra correspondía a la asamblea general de los ciudadanos y que el “rey” no tenía el poder de tomar la decisión.

Parece que, en la cosmovisión de los mesopotamios de la edad del bronce, no hubo creación original por un dios. El gobernante (ruler), confrontado al caos, reorganizó el mundo para restablecer el orden normal y la justicia.

Después de 1400 antes de J.C., no se ha encontrado ningún acto de anulación de deuda. Las desigualdades se reforzaron y desarrollaron fuertemente. Las tierras fueron acaparadas por grandes propietarios privados, la esclavitud por deudas se enraizó. Una parte importante de la población emigró hacia el noroeste, hacia Canaan con incursiones hacia Egipto (los faraones se quejaban por ello).

A lo largo de los siglos que siguieron, considerados por los historiadores de Mesopotamia como tiempos obscuros (Dark Ages) -a causa de la reducción de las huellas escritas-, se tienen sin embargo pruebas de luchas sociales violentas entre acreedores y endeudados.

Egipto: la piedra Rosetta confirma la tradición de las anulaciones de deuda

La piedra Rosetta de la que se apropiaron miembros del ejército napoleónico en 1799 durante la campaña de Egipto fue descifrada en 1822 por Jean-François Champollion. Se encuentra hoy en el British Museum en Londres. El trabajo de traducción fue facilitado por el hecho de que la piedra presenta el mismo texto en tres lenguas: el egipcio antiguo, el egipcio popular y el griego del tiempo de Alejandro Magno. El contenido de la piedra Rosetta confirma la tradición de la anulación de las deudas que se instauró en el Egipto de los faraones a partir del siglo VIII antes de J.C., antes de su conquista por Alejandro Magno en el siglo IV antes de J.C. Se lee en ella que el faraón Ptolomeo V, en 196 antes de J.C., anuló las deudas debidas al trono por el pueblo de Egipto y más allá.

Aunque la sociedad egipcia del tiempo de los faraones fuera muy diferente de la sociedad mesopotámica de la Edad del Bronce, se encuentra la huella evidente de una tradición de proclamación de amnistía que precede a las anulaciones generales de deuda. Ramsés IV (1153-1146 antes de J.C.) proclamó que quienes huyeron podían volver al país. Quienes estaban encarcelados eran liberados. Su padre Ramsés III (1184-1153 antes de J.C.) hizo igual. Hay que señalar que en el 2º milenio, parece que no había esclavitud por deudas en Egipto. Los esclavos era prisioneros de guerra. Las proclamaciones de Ramsés III y IV concernían a la anulación de los atrasos de impuestos debidos al faraón, la liberación de los presos políticos, la posibilidad para las personas condenadas al exilio de volver al país.

Solo a partir del siglo VIII antes de J.C. se encuentran en Egipto proclamaciones de anulación de deudas y de liberación de los esclavos por deudas. Es el caso del reinado del faraón Bocchoris (717-711 antes J.C.), cuyo nombre fue helenizado.

Una de las motivaciones fundamentales de las anulaciones de deuda era que el faraón quería disponer de un campesinado capaz de producir suficientes alimentos y disponible cuando fuera necesario para campañas militares. Por estas dos razones, era necesario evitar que los campesinos fueran expulsados de sus tierras por la influencia de los acreedores.

En otra parte de la región, se constata que los emperadores sirios del primer milenio antes de J.C. adoptaron igualmente la tradición de anulación de las deudas. Lo mismo ocurrió en Jerusalén, en el siglo V antes de J.C. Como prueba, en 432 antes de J.C., Neemías, ciertamente influenciado por la antigua tradición mesopotámica, proclama la anulación de las deudas de los judíos endeudados hacia sus ricos compatriotas. Es en esa época cuando se redacta la Torah. La tradición de las anulaciones generalizadas de deuda formará parte de la religión judía y de los primeros textos del cristianismo vía el Levítico que proclama la obligación de anular las deudas cada siete años y en cada jubileo, es decir, cada 50 años.

Conclusión

Hoy, la devolución de la deuda constituye innegablemente un tabú. Es presentada por los jefes de estado y de gobierno, los bancos centrales, el FMI y la prensa dominante como inevitable, indiscutible, obligatoria. Los ciudadanos y ciudadanas deberían resignarse al pago de la deuda. La única discusión posible es sobre la forma de modular el reparto de los sacrificios necesarios a fin de conseguir suficientes medios presupuestarios para mantener los compromisos tomados por la nación endeudada. Los gobiernos que han pedido prestado han sido elegidos democráticamente, los actos que han realizado son por tanto legítimos. Hay que pagar.

Es esencial atravesar la pantalla de humo de la historia contada por los acreedores y restablecer la verdad histórica. Anulaciones generalizadas de deuda han tenido lugar de forma repetida en la historia. Esas anulaciones corresponden a diferentes contextos. En el caso que acabamos de evocar, las proclamaciones de anulación generalizada de deuda eran tomadas a iniciativa de gobernantes preocupados por preservar la paz social. En otros casos, las anulaciones fueron resultado de una lucha social exacerbada por la crisis y el ascenso de las desigualdades. Es el caso de Grecia y Roma antiguas. Otros escenarios hay que tomar en cuenta también: la anulación de deuda decretada por países endeudados que plantean un acto soberano unilateral, la anulación de deuda concedida por los vencedores a un país vencido o/y aliado… Una cosa es cierta: a escala histórica, la deuda juega un papel motor en numerosas grandes conmociones sociales y políticas.

Traducido por Alberto Nadal

Eric Toussaint (doctor en ciencias políticas, presidente del CADTM de Bélgica, www.cadtm.org, miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia). Damien Millet y Eric Toussaint han dirigido el libro colectivo La Deuda o la Vida, Editorial Icaria, Economía, ISBN: 9788498883848, Año Publicación: 2011, páginas: 336, que recibió el Prix du livre politique à la Foire du livre politique de Liège en 2011). Último libro publicado, Damien Millet et Eric Toussaint, AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, Paris, 2012.

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Alto al Acuerdo Global y Comercial “modernizado” entre la Unión Europea y México

Attac España suscribe el presente comunicado

Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para exigir que no ratifiquen ni el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “modernizado” ni el Acuerdo Global que contiene un apartado sobre protección de inversiones y un mecanismo controversial que permite el  arbitraje inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).  

El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate y ni consulta pública. Se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19. Seis años más tarde, en medio de múltiples crisis y conflictos, los mandatarios europeos y mexicanos se apuran a firmar un acuerdo “modernizado” que tendrá peores consecuencias que su versión anterior, vigente desde 2000, por las siguientes razones:

1. Beneficia a los inversores extranjeros en detrimento de la población local, el ambiente y el clima.

El Acuerdo Global incluye un apartado sobre la protección de inversiones que contiene el recurso del arbitraje inversor-Estado. Este mecanismo, conocido también por sus letras en inglés: ISDS (Investor-State-Dispute Settlement) le concede a inversores extranjeros el acceso privilegiado y exclusivo a un tribunal internacional para resolver sus controversias con estados. México es el 3er país más demandado ante tribunales de arbitraje a nivel mundial. Lleva más de 500 millones de dólares gastados en laudos perdidos y costos de defensa y aún hay demandas pendientes que suman al menos 5.500 millones de dólares. El Acuerdo Global amplía los derechos del arbitraje a inversores de otros países europeos y restringe la soberanía mexicana de decidir sobre sus políticas públicas a favor de la población, del ambiente y del clima y vice versa.

2. Promueve un modelo extractivo sin fortalecer la producción local

El TLCUEM contiene un capítulo sobre recursos naturales que le impide a México poner precios diferenciales para el uso de sus minerales y recursos energéticos a nivel nacional y para la exportación. El capítulo de inversiones prohíbe la restricción del libre flujo de capitales y la imposición de los llamados requisitos de desempeño. Entonces ni los gobiernos europeos, ni el mexicano pueden obligar a los inversores del otro país a que, por ejemplo, usen un cierto porcentaje de contenido local en su producción o que transfieran tecnología y conocimiento. Sobre todo para México, país con recursos de interés para la Unión Europea, esto implica la restricción de medidas que promuevan el desarrollo económico y social a nivel  nacional y local. 

Debilita la producción agrícola mexicana

A cambio de obtener tres años más del derecho de regular su mercado energético, México eliminó aún más aranceles para la importación de alimentos a su mercado interno, sobre todo de carne y productos lácteos. Sumado a las concesiones ya dadas para la importación de más lácteos y otros productos agrícolas o alimentos procesados, esto amenaza la producción local de alimentos en México y la situación del campesinado. Además, promueve un comercio innecesario – ya que México no necesita importar ni más carne ni más lácteos para satisfacer la demanda nacional – que contribuye al cambio climático.

3. Promueve la relocalización de producción de ciertas industrias a México, sin garantizar estándares ambientales y laborales

El TLCUEM constituye el marco para que empresas europeas puedan relocalizar con más facilidad su producción a México. De hecho, muchas empresas europeas ya producen en México. La experiencia de Electrolux en Cd Juarez con su represión a los trabajadores que quieren formar un sindicato es  bien conocida. Recientemente, Volkswagen anunció el traslado de más partes de su producción de automóviles a México, donde lxs trabajadorxs ganan considerablemente menos y las leyes ambientales se implementan menos. Al mismo tiempo, la corporación anunció que eliminaría 30,000 puestos de trabajo en sus plantas en Alemania hasta 2030.

Actualmente, 50 zonas en México se encuentran en emergencia sanitaria y ambiental. La razón: la producción industrial indiscriminada. Una de las zonas más afectadas es la de Puebla-Tlaxcala donde Volkswagen y otras empresas europeas tienen sus plantas. El TLCUEM, como todos los tratados firmados por la UE, incluye solo un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible con disposiciones que no son vinculantes. El debilitamiento en la UE de la ley de debida diligencia (CSDDD) empeora esta situación.

A esto se suma que el tema de género es soslayado en el tratado aún cuando este comercio afecta directamente a muchas mujeres en México a nivel laboral y de consumo, pero también a nivel ambiental.

Estos son sólo algunos puntos preocupantes de este acuerdo. Se podría mencionar también la apertura a nivel nacional y de los estados provinciales de las licitaciones públicas a empresas europeas sin precedentes y con un impacto en la promoción de PYMES y el grave impacto sobre los derechos humanos. De hecho, la actualización del Acuerdo Global México–UE se ha realizado sin una evaluación integral de su impacto en derechos humanos. Al reducir el análisis al ámbito comercial, se oculta la responsabilidad de la relación bilateral en contextos de violaciones graves, como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado o el asesinato de personas defensoras en México. Ratificar el acuerdo en estas condiciones constituye una decisión política que asume responsabilidad en la continuidad de estas violencias.

El TLCUEM y el Acuerdo Global son instrumentos que profundizan un modelo económico destructor en México y en la Unión Europea con privilegios para inversores y daños para la población. No subsanan la asimetría existente entre las dos economías, ni promueven un desarrollo sostenible o un comercio que respete los límites planetarios. Por eso, instamos a los representantes políticxs de ambos lados del Atlántico a no ratificar estos acuerdos. 

La entrada Alto TLC UE-México se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Una herramienta imprescindible de seguimiento de las políticas europeas de desregulación y una alerta sobre las posibles consecuencias sociales y ambientales de  la agenda de competitividad de la UE, donde se prioriza la competitividad empresarial sobre la regulación pública, bajo el pretexto de simplificación de trámites administrativos.

Arturo Martínez. Comunicación Attac España.

EL Observatorio Europeo de las Empresas (CEO por sus siglas en inglés) es un grupo de investigación y activismo que trabaja para sacar a la luz y cuestionar el acceso privilegiado y la influencia de que gozan las empresas y sus grupos de presión en la elaboración de las políticas de la Unión Europea (UE)

El observatorio nos advierte de las consecuencias sociales y ambientales que la vigente priorización de la competitividad empresarial sobre la regulación pública de la UE nos traerá si no revertimos la situación. Y para ello lleva a cabo el proyecto “Deregulation Watch” (Observatorio de la Desregulación) del que, desde Attac, ya os hemos dado cuenta y recomendado anteriormente. Deregulation watch analiza y documenta la agenda de desregulación promovida por la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen.

La Unión Europea está entrando en una nueva fase política en la que el objetivo de aumentar la “competitividad” empresarial se traduce en una reducción o flexibilización de normas sociales, ambientales, digitales y de protección de derechos.

Esta orientación política está fuertemente influida por las grandes patronales y grupos de presión empresariales, que consideran que muchas regulaciones europeas representan costes excesivos para las empresas. La consecuencia puede ser un debilitamiento progresivo de estándares construidos durante décadas en ámbitos como la protección ambiental, los derechos laborales, la privacidad digital, la transparencia corporativa y la salud pública.

La herramienta “Deregulation Watch”, que desde Attac España recomendamos, nos sirve de seguimiento  a las organizaciones sociales, sindicatos, activistas y ciudadanas interesadas en comprender cómo avanza este proceso de desregulación y qué sectores económicos son sus principales beneficiarios.

Contexto político y económico

El CEO sitúa el origen de esta ofensiva desreguladora en la preocupación de las instituciones europeas por la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China. Diversos actores económicos y políticos sostienen que Europa tiene un exceso de regulación que ralentiza la innovación, las inversiones y el crecimiento económico.

En este contexto, la Comisión Europea ha empezado a presentar propuestas de “simplificación normativa”, justificadas oficialmente como medidas para reducir burocracia y facilitar la actividad empresarial. Bajo este término de “simplificación” lo que se oculta es una estrategia más amplia de desmantelamiento regulatorio.

Las políticas europeas estén priorizando los intereses de grandes empresas industriales, tecnológicas, químicas y financieras frente a objetivos como la transición ecológica, la protección de consumidores o los derechos laborales.

Principales mecanismos de desregulación identificados

1. Paquetes “ómnibus” legislativos

Uno de los instrumentos más relevantes son las llamadas leyes “ómnibus”. Estas iniciativas agrupan múltiples modificaciones regulatorias en un solo paquete legislativo. El mecanismo dificulta el debate democrático y facilita la eliminación simultánea de distintas obligaciones regulatorias. Entre las áreas afectadas se encuentran:

• Requisitos de sostenibilidad empresarial.
• Normas medioambientales.
• Obligaciones de transparencia corporativa.
• Controles sobre cadenas de suministro.
• Protección de consumidores.

Este procedimiento favorece procesos rápidos y opacos, con poca supervisión pública.

2. Reducción de obligaciones de información empresarial

Otro aspecto central es la reducción de obligaciones de reporte y transparencia para las empresas.

La Comisión Europea ha planteado disminuir significativamente las exigencias de información relacionadas con sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa (RSC). El argumento oficial es que las pequeñas y medianas empresas soportan cargas administrativas excesivas.

Sin embargo, estas medidas pueden limitar la capacidad de controlar impactos ambientales, violaciones de derechos humanos y prácticas empresariales abusivas. Al tiempo que las empresas disponen de mayores márgenes para practicar “greenwashing”. Si no hay posibilidad de verificarlo ¿Qué va a evitar que se presenten como sostenibles sin serlo?

3. Obstáculos para nuevas regulaciones

El observatorio denuncia la creación de nuevos mecanismos institucionales que dificultan aprobar futuras regulaciones.

Entre ellos destaca el uso creciente de evaluaciones de impacto económico centradas casi exclusivamente en costes empresariales. Dejando en segundo plano beneficios sociales y ambientales.

Además, critica que determinadas propuestas exijan revisiones constantes de la legislación ya existente bajo criterios de competitividad, generando presión permanente para reducir normas protectoras.

4. Limitación de regulaciones nacionales

Otro elemento relevante es el intento de reforzar el mercado único europeo limitando la capacidad regulatoria de los Estados miembros. La Comisión Europea está impulsando controles más estrictos sobre las normativas nacionales que pueden afectar al funcionamiento del mercado interior. Esto puede dificultar que algunos países adopten estándares ambientales o sociales más ambiciosos que los mínimos europeos.

Se trata de una centralización normativa favorable a las grandes corporaciones multinacionales, interesadas en operar bajo reglas homogéneas y menos exigentes.

Sectores especialmente afectados

Sector ambiental y climático

Las políticas ambientales son uno de los principales objetivos de la agenda desreguladora.

Las industrias químicas, energéticas y automovilísticas aparecen frecuentemente como actores influyentes en las campañas de presión contra regulaciones ecológicas. El Observatorio advierte de posibles retrasos o debilitamientos en:

• Objetivos climáticos.
• Normas sobre sustancias tóxicas.
• Regulaciones de emisiones industriales.
• Requisitos de transición energética.
• Legislación sobre economía circular.

La narrativa de la competitividad se utiliza para justificar excepciones regulatorias y ayudas públicas a sectores altamente contaminantes.

Sector digital y tecnológico

Grandes empresas tecnológicas están ejerciendo una intensa presión para suavizar normas relacionadas con:

• Protección de datos.
• Inteligencia artificial.
• Transparencia algorítmica.
• Competencia digital.
• Moderación de contenidos.

Algunas propuestas de “simplificación digital” pueden reducir garantías fundamentales de privacidad y derechos de usuarios.

Por otro lado es alarmante la falta de transparencia en determinadas negociaciones entre instituciones europeas y grandes plataformas tecnológicas.

Derechos laborales y sociales

Entre las preocupaciones señaladas destacan:

• Debilitamiento de normas de seguridad laboral.
• Flexibilización de obligaciones empresariales.
• Menor protección para trabajadores de plataformas digitales.
• Reducción de estándares sociales en nombre de la competitividad.

Algunos sectores empresariales presentan las protecciones sociales como obstáculos económicos, favoreciendo un enfoque donde la reducción de costes laborales se convierte en prioridad política sobre otros derechos sociales.

Crítica al papel de los lobbies empresariales

Uno de los ejes centrales del análisis del Observatorio de la Desregulación es la influencia de los grupos de presión corporativos en la toma de decisiones europeas. Muchas de las propuestas actuales reproducen demandas históricas de grandes asociaciones empresariales europeas. Y representantes de la industria mantienen un acceso privilegiado a comisarios europeos y altos funcionarios.

El Observatorio denuncia especialmente:

• La desproporción entre acceso empresarial y acceso de organizaciones civiles.
• La opacidad de algunas reuniones y procesos consultivos.
• La incorporación casi literal de demandas empresariales en propuestas regulatorias.
• El uso del discurso de la competitividad para legitimar retrocesos normativos.

Estamos ante una forma de “captura corporativa” pavorosa de las instituciones europeas.

Riesgos identificados por el observatorio

El Corporate Europe Observatory considera que la actual ola desreguladora puede tener consecuencias profundas a medio y largo plazo. Y entre los riesgos principales menciona:

1. Debilitamiento de estándares ambientales y climáticos.
2. Menor transparencia empresarial.
3. Retroceso en derechos laborales y sociales.
4. Pérdida de protección de consumidores.
5. Reducción de controles democráticos sobre grandes empresas.
6. Aumento de la influencia corporativa en la legislación europea.
7. Obstáculos para futuras políticas progresistas.
8. Fragmentación de la confianza ciudadana en las instituciones europeas.

El observatorio teme que Europa abandone progresivamente su modelo regulatorio, históricamente más protector que el estadounidense, para adoptar una lógica más orientada a la liberalización económica.

Conclusión

Frente a todo ello, el Corporate Europe Observatory propone reforzar la vigilancia ciudadana, aumentar la transparencia institucional y mantener mecanismos regulatorios sólidos capaces de equilibrar intereses económicos con objetivos sociales, climáticos y democráticos.

Para saber más os remitimos a nuestra entrada: https://attac.es/curso-intensivo-sobre-la-ola-de-desregulacion-de-la-ue/

La entrada Observatorio de la Desregulación se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Artículo original publicado en nuevatribuna.es por Rezgar Akrawi

El manifiesto publicado por Palantir Technologies no es un documento técnico ni una visión económica. Es un documento político explícito que anuncia una nueva etapa en la trayectoria del capitalismo digital, una etapa en la que ha abandonado la pretensión de neutralidad y ha decidido quitarse la máscara para mostrar su rostro ideológico completo. Palantir no es un caso aislado, es una de las grandes empresas tecnológicas condenadas por organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, por su participación en facilitar deportaciones forzadas, vigilancia masiva y persecución de disidentes. Informes documentados revelan una asociación directa entre ella y el ejército israelí, junto a empresas como Google, Amazon y Microsoft, en el suministro de sistemas de datos y focalización utilizados en operaciones militares contra Gaza, lo que la convierte en cómplice efectiva de crímenes de guerra documentados contra civiles palestinos.

Es una declaración de clase sobre un proyecto de alianza fascista digital que no se apoya únicamente en la violencia tradicional, sino en la vigilancia y la represión digital, el análisis de datos, la inteligencia artificial y la supresión de la disidencia mediante métodos imperceptibles pero de enorme impacto. Una alianza que hoy se encarna en su forma más evidente en el trumpismo, sus coaliciones y sus guerras agresivas.

Peter Thiel, cofundador de Palantir y mayor impulsor de la carrera política de Trump, no es simplemente un hombre de negocios que apoya a un candidato político. Es el cerebro ideológico que otorga a este proyecto su lógica, ve en la democracia tradicional un obstáculo ante el proyecto de la élite tecnológica, y ha declarado públicamente que el capitalismo y la democracia liberal son incompatibles. Esta alianza no es casualidad ni una convergencia pasajera, es un encuentro objetivo entre dos proyectos que comparten un único objetivo: concentrar el poder en manos de una camarilla financiera y política que cree poseer un «derecho natural» a gestionar las sociedades.

El manifiesto de Palantir revela con claridad que estamos ante una nueva forma de fascismo: una alianza del capital monopolista con el poder político nacional agresivo y la utilización de la violencia

Esta alianza encuentra hoy su traducción institucional en el movimiento de aceleración tecnológica que incluye a Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y otros. Lo que los une es su posición de clase y el interés común: eliminar cualquier restricción regulatoria o democrática que limite su capacidad de acumulación, dominación y expansión del control.

El manifiesto de 22 puntos: una lectura del contenido de clase

Palantir publicó un resumen del libro de su director ejecutivo Alexander Karp, «La República Tecnológica», en medio de una amplia reacción mundial y una creciente indignación política que superó millones de visualizaciones en pocos días. Sin embargo, la indignación no debe limitarse a la reacción emocional, porque el manifiesto es en esencia una hoja de ruta de clase que merece una lectura izquierdista precisa que vaya más allá de la mera condena.

El manifiesto fue construido con una precisión arquitectónica consciente, no al azar. Hay puntos que parecen moderados o humanitarios en apariencia, como el llamado a la tolerancia con los políticos en su vida personal, o a no regocijarse con la derrota del adversario. Estos puntos no son inocentes ni accidentales, son la fachada calculada que seduce al lector vacilante y otorga al manifiesto una imagen «equilibrada» antes de revelar su verdadero rostro. Esto es lo que los estudios ideológicos denominan la estructura del consenso fabricado: te dan una dosis de palabras razonables para que tragues con ellas la dosis venenosa. Por ello, lo que parece lógico en el manifiesto no es evidencia de su equilibrio, es evidencia adicional de su astucia. Sin embargo, todos estos puntos son utilizados como cobertura para hacer pasar una agenda ideológica integral que vincula todas estas preocupaciones con el proyecto de armamento, dominación y jerarquía civilizacional.

El punto primero afirma que «la élite de ingenieros de Silicon Valley está moralmente obligada a participar en la defensa de la nación». Este encuadre moral no es inocente. Cuando el contrato militar y de seguridad se presenta como un «deber moral», la presión social se convierte en un mecanismo para obligar a ingenieros y programadores a servir al aparato de guerra y represión, y toda voz disidente dentro de las empresas tecnológicas es silenciada en nombre del «patriotismo». Esto es una conversión de la conciencia individual en una mercancía al servicio del Estado militar-securitario y sus instituciones de espionaje.

La lucha por la justicia social y la liberación hoy pasa inevitablemente por la lucha por liberar la tecnología de esta alianza de clase agresiva

El punto segundo llama a «rebelarse contra la tiranía de las aplicaciones», es decir, rechazar la tecnología de consumo en favor de sistemas de seguridad y militares más profundos. Esto no es una crítica al capitalismo de consumo como podría parecer, es un llamado a redirigir la eficiencia tecnológica hacia la máquina de guerra y vigilancia en lugar del mercado del entretenimiento.

El punto quinto establece que «la pregunta no es si se construirán armas de inteligencia artificial, la pregunta es quién las construirá». Esta lógica determinista cerrada tiene como objetivo eliminar cualquier debate sobre el rechazo al armamento tecnológico desde la raíz. Cuando la elección se formula como «nosotros o el enemigo», se cancela la posibilidad de decir «no a las armas en absoluto». Es la misma lógica que utilizaron los gobiernos de la Guerra Fría para silenciar los movimientos de paz y restringir las organizaciones izquierdistas, y ahora regresa con ropaje digital.

El punto sexto exige que «el servicio nacional sea un deber general», y llama a reconsiderar el sistema de ejército voluntario en favor del servicio militar obligatorio. Este llamado revela claramente el rostro fascista clásico del manifiesto: cuando el Estado es incapaz de generar una voluntad espontánea de participar en sus guerras, recurre a la coacción institucional y la llama «responsabilidad compartida». Y lo más significativo es que la empresa que exige a los jóvenes sacrificar sus vidas en defensa de «Occidente» recauda al mismo tiempo miles de millones de dólares en contratos de guerras en las que esos jóvenes mueren. El deber es para todos, las ganancias son para la minoría.

El punto decimoséptimo afirma que «Silicon Valley debe desempeñar un papel en la lucha contra la delincuencia violenta». Esta propuesta parece pragmática en apariencia, pero en su esencia es una ampliación de las atribuciones de las empresas de seguridad privadas para superar el papel del Estado y convertirse en una fuerza de control social independiente, que opera con la lógica del beneficio y no con la lógica del derecho, la justicia independiente y la rendición de cuentas democrática.

El punto vigésimo exige «resistir la intolerancia generalizada contra la fe religiosa». Este punto no nace de una defensa genuina de la libertad de creencia, es una utilización oportunista del discurso religioso para construir una alianza ideológica con las corrientes conservadoras más susceptibles de ser movilizadas detrás de proyectos bélicos. La historia nos enseña que todo proyecto fascista necesitó una alianza con la institución religiosa para conferir al violencia un carácter sagrado, y eso es lo que persigue este punto bajo la cobertura de «libertad de fe».

El punto vigésimo primero es el más revelador sobre la dimensión ideológica profunda, cuando establece que «algunas culturas han producido un avance vital mientras que otras siguen siendo disfuncionales y retrógradas». Esta frase no es una opinión cultural pasajera, es el fundamento teórico del racismo colonial civilizacional que justifica la dominación, la ocupación y el asesinato de pueblos bajo la cobertura de la «gestión racional de la civilización». Esta lógica no difiere en esencia de «la carga del hombre blanco» que justificó el colonialismo en siglos pasados, y hoy se reproduce con el lenguaje de los algoritmos y los macrodatos. Y lo que la hace más peligrosa que su predecesora es que no necesita fuerzas coloniales visibles, le basta con una base de datos y un algoritmo de focalización.

Algoritmos de la muerte y la sociedad de vigilancia

No es posible leer este manifiesto al margen de lo que ocurre en las guerras contemporáneas. Informes periodísticos e investigativos han revelado el uso de sistemas de inteligencia artificial construidos por Palantir en listas de objetivos que han resultado en masacres contra civiles en Gaza. Lo que la empresa denomina «sistema de focalización inteligente» es en la práctica una máquina para gestionar el asesinato con eficiencia industrial. El asesinato no necesita una decisión humana responsable, necesita un algoritmo, datos suficientes y luz verde de un aparato que no está sujeto a ninguna rendición de cuentas democrática. Lo más importante en este contexto es que el uso de estos sistemas no puede separarse del discurso que justifica clasificar comunidades enteras como atrasadas o como una amenaza. El crimen no comienza con la bomba, comienza con la clasificación. Cuando comunidades enteras son definidas como un peligro, las operaciones de asesinato y focalización de civiles se convierten en «gestión de seguridad» y no en un crimen cuyos autores deben rendir cuentas.

Y lo más peligroso que las aplicaciones militares directas es lo que puede describirse como la «sociedad de vigilancia»: cuando el individuo sabe que está siendo vigilado en todo momento, y que cada una de sus interacciones digitales es registrada y analizada, comienza a ejercer vigilancia sobre sí mismo. Modifica su discurso, evita los temas sensibles, se aleja de las ideas radicalmente disidentes. Esta autovigilancia voluntaria debilita los movimientos izquierdistas, progresistas y las organizaciones laborales desde adentro sin necesidad de arrestos directos. Por ello, el llamado del manifiesto a una «comprensión profunda del comportamiento humano» como condición de seguridad es en realidad un llamado a construir un sistema integral para desarticular la acción política colectiva antes de que surja, y para predecir el comportamiento de protesta y desmantelarlo de antemano antes de que se convierta en un movimiento organizado.

Revelando el silencio obrero: la alternativa necesaria frente al fascismo digital

Lo llamativo en el manifiesto de Palantir, y lo verdaderamente sospechoso, es que no menciona ni una sola palabra sobre los trabajadores, los sindicatos, el derecho a la organización, la huelga. En un documento que habla de «la élite de ingenieros», el «deber moral» y las «culturas atrasadas», no hay lugar para los trabajadores y trabajadoras manuales e intelectuales que construyen estos algoritmos, los operan y viven bajo el peso de la misma vigilancia. Este silencio no es pasajero. Es un reconocimiento implícito de que el proyecto tecnológico fascista no puede enfrentarse a la pregunta de los trabajadores, porque los trabajadores solos, si se organizan, son capaces de detener por completo las líneas de producción de la muerte. La huelga general en Silicon Valley, o incluso en las propias oficinas de Palantir, es la pesadilla de este proyecto. Por ello, apoyar los sindicatos de trabajadores tecnológicos y vincular su lucha con una lucha global es un acto de resistencia de primer orden.

La cuestión fundamental no reside en cómo se utiliza la tecnología, es una cuestión de quién la posee y quién determina sus objetivos. La tecnología no se convertirá en una herramienta de liberación mientras permanezca en manos de los monopolios digitales aliados con los proyectos de la derecha, la guerra y la represión. Cualquier debate serio debe partir de la necesidad de la propiedad colectiva comunitaria de la infraestructura digital, y de someter los algoritmos y la inteligencia artificial a un control democrático genuino que represente los intereses de las masas trabajadoras y no de las élites monopolistas. Este camino tampoco se completa sin una campaña organizada para desarmar tecnológicamente a estos monopolios: boicotear sus servicios, revelar sus contratos secretos, llevar a sus responsables ante los tribunales internacionales por complicidad en crímenes de guerra, y presionar a las instituciones públicas para que corten sus relaciones con estas empresas. Cada contrato gubernamental con este sistema es una financiación directa de la máquina de asesinato y deportación, y detener este flujo financiero es la primera línea de confrontación.

El manifiesto de Palantir revela con claridad que estamos ante una nueva forma de fascismo: una alianza del capital monopolista con el poder político nacional agresivo y la utilización de la violencia, la represión y la jerarquía civilizacional para proteger esta alianza de cualquier amenaza popular. La única diferencia es que las herramientas de este fascismo hoy son los algoritmos, los macrodatos y la inteligencia artificial, y eso es lo que lo hace más hermético y más difícil de resistir.

La lucha por la justicia social y la liberación hoy pasa inevitablemente por la lucha por liberar la tecnología de esta alianza de clase agresiva. Es una cuestión eminentemente política, y parte de una lucha histórica sobre quién controla el futuro y la conciencia humana: la minoría monopolista aliada con los proyectos de asesinato y represión, o las masas trabajadoras que deben imponer su autoridad sobre las herramientas que moldean sus vidas y su destino.

La entrada El fascismo digital, cuando el capital monopolista se une a la extrema derecha se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Artículo original publicado en france.attac.org por Frédéric Lemaire

Dos de los puntos fuertes de Attac, desde finales de la década de 1990 en adelante, fueron la precisión de sus análisis críticos del neoliberalismo, la globalización y la financiarización, así como la amplitud de sus propuestas para abordarlos. Attac contribuyó a refutar la idea de que no existía alternativa (el famoso TINA de Margaret Thatcher), demostrando en cambio que otro mundo era posible.

Hoy nos enfrentamos a otro dilema: el del capitalismo autoritario, que acompaña al auge de la extrema derecha, catalizado por la victoria de Trump en Estados Unidos. Se está produciendo una transformación global de nuestras economías y sociedades, aparentemente solo en oposición a la ortodoxia neoliberal.

La transformación autoritaria del capitalismo parece estar afectando a todos los sectores de la economía y la sociedad. En materia de comercio, el libre comercio y el multilateralismo superficial promovidos por el neoliberalismo se ven desafiados por el neomercantilismo de Trump (del cual los aranceles son una herramienta). Esta tendencia se acompaña de una creciente subyugación de las economías, en Europa y en todo el mundo, a las potencias hegemónicas.
Las multinacionales, desde las tecnológicas hasta las de combustibles fósiles y las industrias extractivas, colaboran estrechamente con gobiernos de derecha y ultraderecha. Ejercen presión para desmantelar las normas sociales, ambientales y sanitarias (tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, véanse los Paquetes Ómnibus ). Pero también buscan cada vez más financiación pública y posiciones dominantes que les permitan eliminar toda competencia.

En el ámbito financiero y monetario, las finanzas autoritarias y opacas, lideradas por los fondos de cobertura , están ganando cada vez más protagonismo a expensas de los mercados regulados, incluso cuando la regulación es mínima. En el ámbito monetario, las criptomonedas están abriendo nuevas vías para la privatización de la moneda, beneficiando a los gigantes tecnológicos.

Una tendencia autoritaria global

Estas transformaciones económicas forman parte de una tendencia autoritaria global: mayor represión de los movimientos sociales, políticas racistas y antimigrantes, cuestionamiento de los derechos fundamentales, el derecho internacional, los principios democráticos y la separación de poderes, aumento del gasto militar, normalización de la agresión imperial…

Aunque aparentemente contraria a la ortodoxia neoliberal, esta transformación autoritaria del capitalismo radicaliza sus principios mediante el aumento de la violencia . No se limita a ciertos países gobernados por la extrema derecha, como Estados Unidos, sino que se observa en todo el mundo. Se beneficia de las alianzas cada vez más descaradas entre la derecha y la extrema derecha.
En Estados Unidos, la segunda administración Trump y el proyecto 2025 de la Heritage Foundation, que actúa como su fuerza motriz, encarnan a la perfección la coherencia general de un proyecto autoritario y global. El nuevo poder estadounidense parece decidido a fomentar el ascenso de las fuerzas de extrema derecha en todo el mundo y, con este fin, recurre a todo tipo de injerencias.

En la Unión Europea, fue la alianza entre las fuerzas de derecha y de extrema derecha la que hizo posible, por primera vez en la historia del Parlamento Europeo, la aprobación del paquete ómnibus que socava el deber de vigilancia; la extrema derecha se encuentra en una posición de fuerza en la UE para imponer la agenda del capitalismo autoritario .

También en Francia, el centro extremo y la derecha están allanando el camino a la extrema derecha.

En Francia, los sucesivos gobiernos de los últimos años han demostrado que el proyecto de Macron es perfectamente compatible con la evolución autoritaria del capitalismo, no solo en términos de represión, sino también en cuanto al endurecimiento de las políticas a favor de los ricos, las empresas y el medio ambiente (leyes presupuestarias, el caso Duplomb, etc.). En varias ocasiones, el partido de Macron, la derecha y la Agrupación Nacional han votado conjuntamente a favor de medidas reaccionarias . Al hacerlo, el centro extremo y la derecha allanan el camino para que la extrema derecha llegue al poder. Su sumisión a los ultrarricos, incluido Bernard Arnault, quien ha expresado su simpatía por Donald Trump , contribuye a esta permeabilidad.

En otras palabras, el capitalismo autoritario no es un modelo alternativo marginal; se está consolidando como un modelo con ambiciones hegemónicas . En la década de 2000, Attac y el movimiento antiglobalización contribuyeron a construir un análisis crítico, a unir movimientos de resistencia y a desarrollar propuestas y modelos alternativos frente a la globalización neoliberal. En el período crucial que estamos viviendo, nuestra organización debe volver a desempeñar este papel de desarrollo y unión contra la transformación autoritaria del capitalismo.

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Fotografía: El filósofo Eudald Espluga, que publica ‘Imagina el fin’.M. Font

Artículo original publicado en publico.es por Marc Font

Hablamos con el filósofo, que publica el ensayo ‘Imaginar el fin’, donde cuestiona la idea del colapso inevitable y defiende las narrativas apocalípticas como una herramienta para la «ruptura y transformación» hacia «futuros posibles».

Imaginar el fin. Pensamiento apocalíptico para un futuro potstcapitalista (editado por Paidós en castellano y por Raig Verd en catalán) es el documentadísimo ensayo del filósofo Eudald Espluga (Girona, 1990) que cuestiona la idea de que vamos hacia a un colapso inevitable, fruto de la expansión de unos relatos colapsistas que, entre otros elementos, dificultan la movilización y la acción colectiva para avanzar hacia otros escenarios.

Nos reunimos con Espluga en la sede de la editorial Raig Verd  para conversar sobre una obra en la que defiende la necesidad de cambiar los relatos y, por tanto, los marcos de debate y discusión para plantear lo que considera unos “futuros posibles” con soluciones que ya existen. Que, a grandes rasgos, suponen realizar una transición hacia una sociedad postcapitalista.

Sin negar la evidencia de unos datos científicos que constatan que «estamos en un momento de cambio de época», el filósofo apuesta por los relatos apocalípticos como herramienta emancipadora que, a diferencia del colapso, nos puede llevar a la movilización colectiva, a las alianzas entre diferentes sectores y a una «transformación radical».

P. Sin negar que estamos en un momento de policrisis global -climática, geopolítica, energética o económica-, ‘Imaginar el fin’ cuestiona la idea de que el colapso sea inevitable. De entrada, ¿por qué cree que aparentemente esta idea parece haberse hecho hegemónica?

R. Porque en los últimos años, tanto en los medios de comunicación como en los medios audiovisuales, ha habido una proliferación de discursos y de proyecciones, a través de películas, series o relatos, de toda clase de representaciones de este fin del mundo que están muy encaradas a mostrar esta policrisis. Los datos son los que son, pero lo que quería cuestionar es que de estos datos no surge un relato cultural hegemónico de por sí, sino que de los datos a las representaciones sociales y políticas que nos hacemos de este fin del mundo o de la posibilidad del colapso hay una codificación cultural y social.

Las fantasías del colapso me parecen una forma muy estrecha de representar esta realidad que amenaza nuestra forma de existencia

Quería cuestionar cómo tanto las visiones más hegemónicas, y podemos pensar en películas o en series, sean de zombis o tipo The Last of Us, hasta determinados relatos políticos que enfocan que podemos hacer frente a la emergencia climática, la falta de recursos energéticos o la situación bélica actual también derivada de la cuestión económica, siempre están filtradas por lo que llamo fantasías del colapso. Y me parece una forma muy estrecha de representar antropológicamente, éticamente, políticamente e, incluso, ontológicamente los modos posibles de navegar esos datos y esa realidad que amenaza nuestra forma de existencia.

P. Supongo que un factor que lo puede explicar es que imaginar un mundo que se acaba no deja de ser una narrativa muy efectista, ¿no?

R. Sí, evidentemente todas son efectistas, pero la dimensión de sentir que estamos en el tiempo del fin creo la podemos tener en una narrativa colapsista o en una narrativa más de imaginación apocalíptica. Para mí, lo definitorio no es el efectismo de este «estamos en el fin de los tiempos», que por datos estamos en un momento no sé si del fin de los tiempos en los términos que lo conceptualizamos, pero sí en un momento de transformación brutal. A mí me gusta mucho lo que plantea Lizzie Wade, que parte desde una perspectiva arqueológica y dice que para que haya un apocalipsis no basta con una gran catástrofe, no basta con la destrucción de ciudades, de formas de vida y de más, sino que esta destrucción tiene que ser relativamente rápida y tiene que provocar una transformación simbólica en la autopercepción de una comunidad sobre sus formas de vida.

Hay una destrucción y cambios bastante rápidos para que simbólicamente nos planteemos que nos encontramos en una situación de fin de los tiempos

Creo que sí que nos encontramos en una situación apocalíptica en el sentido que la describe Wade, es decir, está habiendo una destrucción y cambios suficientemente rápidos para que simbólicamente todo el mundo hoy nos planteemos que nos encontramos en esta situación de fin de los tiempos o de cambio de época. Para mí lo importante es ver que en estas fantasías colapsistas esto está asociado a esta dimensión más antropológica, que es lo que lo hace muy atractivo para las series, las películas o los relatos. Caer en un pesimismo antropológico y pensar que a la mínima que haya una falla en la cadena de distribución de alimentos y que no haya papel de váter en los supermercados habrá una guerra de todos contra todos y una lucha. Esta idea de cómo que a la mínima que fallen las instituciones sociales y las dinámicas de mercados a las que estamos acostumbrados habrá una guerra brutal en la que se impondrá el egoísmo de todos contra los demás.

Creo que sí que nos encontramos en una situación apocalíptica en el sentido que la describe Wade, es decir, está habiendo una destrucción y cambios suficientemente rápidos para que simbólicamente todo el mundo hoy nos planteemos que nos encontramos en esta situación de fin de los tiempos o de cambio de época. Para mí lo importante es ver que en estas fantasías colapsistas esto está asociado a esta dimensión más antropológica, que es lo que lo hace muy atractivo para las series, las películas o los relatos. Caer en un pesimismo antropológico y pensar que a la mínima que haya una falla en la cadena de distribución de alimentos y que no haya papel de váter en los supermercados habrá una guerra de todos contra todos y una lucha. Esta idea de cómo que a la mínima que fallen las instituciones sociales y las dinámicas de mercados a las que estamos acostumbrados habrá una guerra brutal en la que se impondrá el egoísmo de todos contra los demás.

Creo que sí que nos encontramos en una situación apocalíptica en el sentido que la describe Wade, es decir, está habiendo una destrucción y cambios suficientemente rápidos para que simbólicamente todo el mundo hoy nos planteemos que nos encontramos en esta situación de fin de los tiempos o de cambio de época. Para mí lo importante es ver que en estas fantasías colapsistas esto está asociado a esta dimensión más antropológica, que es lo que lo hace muy atractivo para las series, las películas o los relatos. Caer en un pesimismo antropológico y pensar que a la mínima que haya una falla en la cadena de distribución de alimentos y que no haya papel de váter en los supermercados habrá una guerra de todos contra todos y una lucha. Esta idea de cómo que a la mínima que fallen las instituciones sociales y las dinámicas de mercados a las que estamos acostumbrados habrá una guerra brutal en la que se impondrá el egoísmo de todos contra los demás.

P. Unos relatos, por otra parte, que benefician mucho a las tesis de la extrema derecha.

R. Efectivamente, porque básicamente lo que esto acaba propiciando es que si antropológicamente asumimos que somos egoístas por naturaleza y que el hombre es un lobo para el hombre, la consecuencia es que si el colapso o cualquier forma de crisis ecosocial se tiene que transformar en esta guerra, lo que tenemos que hacer es empezar a prepararnos para el momento del colapso. Y aquí es donde entran las tesis de la extrema derecha y donde vemos estas narrativas survivalistas o preparacionistas, con las que consideran que te tienes que entrenar mucho físicamente, en plan cryptobro, también está la parte de criptomonedas, que es como ante una posible caída de los mercados y de las instituciones tradicionales tenemos que ir a las cadenas propias, y también el hecho de llevar esas mochilas de 70 litros con las navajas, el DNI plastificado, la tienda de campaña y todo lo que necesitarás para sobrevivir en caso de que haya un gran apagón o una falta de recursos.
​
​Para mí esto es muy grave porque estas cuestiones ligadas a una narrativa preparacionista ya no son tan de nicho y, por ejemplo, cada vez ves más estas mochilas y, casi siempre, los que las llevan van con símbolos fascistas. Me parece muy interesante que haya esta unión casi entre el preparacionismo y la extrema derecha porque esto se traslada a políticas públicas a través de los partidos de extrema derecha y los que no lo son. Este imaginario colapsista va más allá de ellos, y hace un año o poco más la Unió Europea recomendaba que hiciéramos kits de supervivencia.

El discurso de refuerzo de fronteras tanto en Europa como en los Estados Unidos es una política preparacionista

Haciendo un análisis un poco a lo basto de la situación geopolítica que tenemos ahora, con los bombardeos en Irán y todo lo que está haciendo de política exterior Estados Unidos, se puede entender en esta clave de la nación que debe prepararse para asegurarse los recursos en un mundo en el que habrá escasez de petróleo y habrá una escasez energética fuerte. E, incluso, esta protección se traslada en tesis de defensa de de la población blanca en clave supremacista. Todo el discurso de refuerzo de fronteras tanto en Europa como en Estados Unidos, allí con las actuaciones de la ICE y las deportaciones masivas, también es una política preparacionista de si vamos hacia un mundo que colapsa, necesitamos vivir en esta fortaleza, en este Estado búnker para defendernos de los invasores.

P. Seguramente los casos más extremos de este preparacionismo serían los proyectos de búnkeres para megamillonarios o las huidas hacia el espacio también de este colectivo, que al final numéricamente son muy pocos y, en buena parte, responsables directos de las crisis sistémicas que sufrimos.

R. Sí, sí, totalmente. Me parece muy interesante lo que dice un autor como Ben Ware, que plantea que ante estos relatos colapsistas se genera una doble actitud, que he intentado reseguir en el libro. Si el miedo que tienes es que en dos días o en quince fallen todas las cadenas de distribución y al final no te acabe llegando agua potable a casa, no haya medicamentos en los hospitales, etc, y que todo el mundo esté compitiendo por ello, es decir, si has comprado el relato del colapso o acabas con la pasividad nihilista y, por tanto, como el mundo se tiene que ir a la mierda pues hedonismo puro y nos entregamos a lo que quede y venga a quemar fósiles hasta que no quede mañana; o acabas con la hiperactividad narcisista, que es la que encontramos en esta doble vía de los escapistas. Ya sea o nos vamos a un búnker o todas las ideas de Elon Musk y compañía con esta voluntad de ir a construir a Marte lo que no has querido en la Tierra.

Si has comprado el relato del colapso, acabas con la pasividad nihilista o con la hiperactividad narcisista

P. En un momento escribe que «el cierre imaginativo en torno al colapso ha limitado salvajemente las maneras de acercarnos al futuro». Es decir, que ensanchar este imaginario de futuro es un paso imprescindible para actuar y para generar unas respuestas colectivas a la situación actual.

R. Sí, completamente, por eso el título del libro. Y por eso vuelvo a esta frase tan repetida y tan pesada de «es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo». Pero al final, Fredric Jameson, en el origen la cita, no defiende la frase, sino que tras analizarla y dar muchas vueltas lo que dice es que quizás lo que tenemos que hacer es plantearnos cómo llegar al fin del capitalismo a través del relato sobre el fin del mundo. Y es aquí donde le interesa la lógica apocalíptica porque tiene ese juego dialéctico entre una destrucción o un cambio de un modelo social. Y a mí me interesaba ver como sin renunciar a este horizonte escatológico y sin dejar de pensar estas problemáticas reales de la policrisis [que tenemos], se podían empezar a generar relatos que no solo fueran esperanzados, sino que aprovecharan este momento de transición y de complejidad.

P. Ligado a esto, en un momento del libro cita a Rebecca Solnit que defiende que la acción está determinada por la visión. Es decir, que nuestra manera de ver el mundo determina lo que podemos hacer y, por tanto, si no ofreces un relato esperanzador que plantee un futuro diferente difícilmente actuarás.

R. Totalmente, pero es verdad que después de que Mark Fisher publicara el libro Realismo capitalista y se empezara a discutir sobre ello, han empezado a aparecer muchos pensadores en los últimos 10-15 años que sí hacen un ejercicio de imaginación proyectiva de cómo pueden ser estos escenarios diferentes. Por ejemplo, es muy interesante la propuesta del comunismo de lujo completamente automatizado. Es un poco una locura porque parte de asumir la base más radical del pensamiento capitalista de un Elon Musk y asumir que por la ley de Moore habrá un crecimiento exponencial en el desarrollo de las tecnologías y eso nos permitirá en el lapso de 15 o 20 años llegar a un estado de abundancia total. Hasta el punto de que podremos crear carne sintética y, por tanto, podremos dejar de matar animales y seguir comiendo toda la carne que queramos, o que podremos tener un sistema energético 100% renovable y seguir gastando y consumiendo la misma cuota de energía habiendo renunciado a las energías fósiles. Es una propuesta muy interesante y muy discutible, pero que al mismo tiempo nos confronta con esa necesaria imaginación de futuros que no se rijan por las lógicas del presente.

O lo mismo, por ejemplo, con el socialismo de medio planeta, que propone que se necesita renaturalizar medio planeta y, por tanto, los humanos tenemos que habitar sólo en la mitad del planeta. Y que en esa mitad haya una reducción muy grande del consumo de energía, que se repartirá por cuotas y será sólo de origen renovable, que toda la sociedad adoptará una dieta vegana, y a partir de ahí habrá un sistema de planificación socialista que repartirá los trabajos. Para mí, estas eran como las primeras propuestas para salir un poco de los debates que estaban ya un poco entroncados sobre el decrecimiento y muy encarados en la idea de colapso.

Solnit nos invita a transformar nuestra visión sobre el presente y darnos cuenta de que hay cosas que ya están cambiando

R. Estas propuestas encajarían perfectamente en la idea de cambiar la visión para cambiar la acción, pero en la medida que eran proyecciones utópicas de una transformación tan total lo que me parece interesante de Solnit es que en su libro no mira como utopías de transformación a muy largo plazo, sino que nos invita a transformar nuestra visión sobre el presente y darnos cuenta de que hay cosas que ya están cambiando. Mirando los movimientos sociales, desde los años 70 hasta la actualidad, lo que hace es ver cosas que en su momento percibimos, dice ella, como un éxito sin victoria. Como, por ejemplo, que no hemos conseguido acabar con el cambio climático construyendo un huerto urbano, pero de golpe lo que podía parecer solo para una pequeña comunidad autogestionada empieza a ser una política urbana adoptada por ayuntamientos y por instituciones más amplias. Podríamos pensar lo mismo con los refugios climáticos. O podemos ir escalándolo en propuestas más generales, por ejemplo, a mí la de superilla me parece muy clara, porque en Barcelona la tenemos muy presente, pero lo mismo se ha estado haciendo en parte en Nueva York, y en parte pasó con la ciudad de los 15 minutos en Francia.

Y la reticencia y el rechazo que ha habido por parte de sectores de la derecha y de la extrema derecha a estas políticas, con el argumento de que puedas ir donde quieras con tu vehículo privado de gasolina, no es solo una batalla urbanística o de ciudad, es una batalla por el modelo. Porque cuestionas la esencia misma de la cosmovisión de la extrema derecha según la cual tú tienes derecho a tus cosas, a tu propiedad, a tu acceso,… El modelo de las transformaciones urbanísticas me parece muy evidente, pero hay muchos otros que se han propuesto, por ejemplo, en el campo de la vivienda.

P. Seguramente mucha gente que lea el libro se sorprenderá de que la tesis que defiende es que el apocalipsis «no es la narración cataclísmica de una destrucción total, sino una historia de transformación radical». Por lo tanto un «tiempo de ruptura, una puerta abierta al cielo que nos narra otros futuros posibles». ¿Por dónde pasarían estos futuros?

R. Primero, las cosas que ya tenemos sobre la mesa o que ya se están haciendo y que se pueden hacer a una escala mucho mayor. Y después transformaciones en clave de la vivienda o, por ejemplo, este momento geopolítico que nos encontramos con la subida del precio del petróleo, hace que de golpe tengas otra mirada hacia la transición energética y que esté mucho más politizada de lo que lo había sido antes. Para mí, de golpe, la transformación energética ya no pasa a ser solo cambiar tu coche por un Tesla, por así decirlo, y esa idea de la descarbonización sin intentar cambiar la sociedad, sin que cambie nada, sino entender que la batalla por la transformación energética es una transformación por el modelo. Y que la apuesta por las renovables y por las energías limpias es una apuesta antifascista de una forma muy evidente.
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​En la vivienda, propuestas como las que ya estamos viendo de cooperativas de viviendas me parecen muy interesante. Pero autoras como Helen Hester van más allá, y en el libro Contra el realismo doméstico, plantea que empecemos a reflexionar sobre las nuevas formas de construcción de viviendas y, por ejemplo, si tiene sentido que en un edificio de ocho plantas y cuatro pisos por planta todo el mundo tenga una cocina o tenga una lavadora. ¿Por qué no vamos hacia cantinas públicas o hacia supermercados públicos donde la distribución de los alimentos sea de productos de proximidad?

De repente, la transformación energética es una batalla para cambiar el modelo y una apuesta antifascista

Creo que esta transformación, esta transición hacia la sociedad postcapitalista, debe darse en estas instituciones que estén a medio camino entre lo que hasta ahora ha sido el mercado y lo que entendemos por espacio público. Un nuevo modelo que no debemos imaginar como este comunismo completamente automatizado, sino como una idea de lujo público que no sea una idea tan futurista, sino que esté mucho más arraigado. El ejemplo más evidente de lujo público que tenemos y al que nos hemos acostumbrado y no reflexionamos mucho sobre ello son las bibliotecas. Tienes acceso a prácticamente todo, puedes estar en ellas sin que nadie te diga nada, es de las instituciones que mejor refleja la diversidad social, es un lugar de estancia, de juego,… Si el modelo de las bibliotecas de lujo público lo podemos trasladar a supermercados públicos, a cantinas públicas, a lavaderos, a otros modelos de organizar los cuidados y el trabajo productivo y reproductivo, creo que aquí hay un poco esta clave de transformación urbana e, incluso, de la relación entre lo urbano y lo no urbano donde para mí pasa la imaginación de estos nuevos futuros.

P. Estos futuros tienen un vínculo con los relatos colapsistas hechos desde las tesis del decrecimiento, en el sentido de defender la necesidad de romper con el actual modelo económico.

R. Para mí es clave. Cuando cuestiono los relatos colapsistas no es porque no exista la necesidad de ese cambio, sino precisamente porque creo que lo que debe hacer el cambio de relato es marcar las formas de creación de esa agencia colectiva o esa agencia política. Si partimos de un relato completamente colapsista es mucho más fácil que tendamos hacia soluciones hiperindividualistas o preparacionistas como decíamos. O, incluso, hacia propuestas como el comunismo del desastre, a partir de modelos de decrecimiento basados en el colapso. O la idea casi pseudoanarquista de pensar que una vez caigan las instituciones solo en comunidades pequeñas y ruralizadas podremos encontrar la solución a este momento de colapso.

Si partimos de un relato completamente colapsista es mucho más fácil que tendamos hacia soluciones hiperindividualistas o preparacionistas

Y, por ejemplo, una de las cosas que puede ser más problemáticas de la tesis del libro es que creo que la solución debe ser urbana o en gran parte debe pasar por lo urbano, que es donde vive la mayoría de la población. Si no queremos acabar adoptando las teorías problemáticas que si la gran sustitución o las tesis lamarckistas y eugenésicas, creo que nos tenemos que replantear cómo vivimos en estas ciudades, cómo consumimos y cómo nos organizamos en general a nivel de transporte público.

P. ¿Entiendo que con el planteamiento de soluciones ya existentes y, por tanto, que se ven posibles, también quiere buscar que el relato sea más atractivo para gran parte de la población, lo que facilitaría la movilización?

R. Bueno, es que justamente creo que, además de atractivo, tiene que dar motivos y tiene que facilitar esta movilización. Por eso cuando vuelvo al apocalipsis bíblico lo hago no solo por una cierta fascinación, sino porque, aunque no lo hayamos leído, todos tenemos en la cabeza unas imágenes que movilizan una imaginación y lo que busco es despertar un poco esa imaginación, llevándolo mucho a lo que fue durante tiempo su lectura. No tanto en el momento de su escritura, cuando era muy difícil que por sí solas aquellas iglesias cristianas se rebelaran contra el imperio, pero sí en movimientos que van desde el siglo V hasta el XV. Lejos de lo que pensamos hoy por los memes tipo «el milenarismo va a llegar», los movimientos milenaristas no son sectas de locos, sino que utilizan el carácter profético o las promesas de este mundo mejor [del apocalipsis], no como una forma de abandonar la acción, porque ya llegará en otra en otra vida, sino para movilizarse y buscar alianzas entre sectores depauperados ante la injusticia presente.

La extrema derecha ve los relatos apocalípticos como un peligro porque son capaces de generar movilización y alianzas entre diferentes sectores

Hay muchos movimientos que terminan en grandes revueltas campesinas y en un cuestionamiento muy fuerte de las autoridades feudales o de una burguesía incipiente. Y son movimientos que, de hecho, llegan hasta el siglo XVIII-XIX con movimientos anticoloniales. Y justamente la extrema derecha ve los relatos apocalípticos como un peligro porque son capaces de generar esta movilización, esta concentración de las agencias colectivas. Porque percibir el fin del mundo como una posibilidad real pero al mismo tiempo como la posibilidad de un mundo mejor, es lo que puede acabar generando estas alianzas entre diferentes sectores, de clases bajas, clases depauperadas, sectores industriales, etc.

P. En cierto modo esta defensa de la organización y la necesidad de una respuesta colectiva une, o así lo interpreto yo, Imaginar el fin, con su anterior libro, No seas tú mismo, cuando apostaba por buscar soluciones políticas y, por tanto, colectivas a los malestares generalizados de la sociedad.

R. Sí, para mí es claramente como esta evolución, incluso en la idea del doomer que también es una línea que conecta bastante. Al final, No seas tú mismo cuestionaba un poco que los problemas que sufrían los jóvenes hoy fueran generacionales. De lo que hablaba era de la emergencia de unos nuevos problemas, como por ejemplo el relacionado con el capitalismo de plataformas, que de acuerdo lo vemos muy acentuado en los millenials y un poco en los zetas, pero eso no quiere decir que esa misma cancelación del futuro que vemos no afecte a las otras generaciones o que el capitalismo de plataformas no afecte a todo el mundo. Si miramos Airbnb y lo que está generando en la ciudad pues sí, los jóvenes tenemos problemas de vivienda, pero es una afectación muy intergeneracional.
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​Lo que hago ahora es ir un poco más allá y ver como muchos de estos problemas en la situación presente han rebasado incluso las estructuras políticas clásicas y, por tanto, los problemas ya no se pueden enmarcar solo en el contexto más o menos estrecho de este neoliberalismo. Sino que muchas de las tesis que ya se han convertido en una realidad política evidente, como las de la ilustración oscura que han influido muchísimo en políticos como J.D. Vance y la administración Trump o en tecnomillonarios tipo Elon Musk o Peter Thiel, van directamente en contra de la democracia. Buscan la imposición de unos dictadores CEO que rijan los Estados como si fueran empresas, gobiernos corporativistas que en la práctica ya los estamos viendo. Cuando los servicios de defensa se hacen a través de los programas de Peter Thiel y Palantir pues estamos viendo como ya se está produciendo esto.
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​Por lo tanto, creo que el tipo de amenaza que tenemos hoy es tan grande o es sustantivamente capaz de amenazar la situación existencial del presente que me parecía importante volver a pensar la relación entre política y escatología. Al igual que en el pasado había sucedido, por ejemplo, con la cuestión nuclear, y que había llevado a Susan Sontag o a Günther Anders considerar durante la época de la Guerra Fría que había como una transformación filosófica de las herramientas políticas mediante las cuales teníamos que enfrentar los problemas que vivíamos.

P. Es decir, ¿hay una especie de salto de escala en los objetivos de esta tecnomillonarios que van más allá de los meramente económicos?

R. Creo que con el crecimiento de la inteligencia artificial estamos en un momento de toda una transformación tecnológica de este capitalismo de plataformas, que ha ido más allá. Ya no se rige por esta falsa idea del libre mercado y del neoliberalismo, con la libre competencia de empresas, si no que estamos en un escenario monopólico. Y, además, lo que hace es pensar al Estado como una de las armas principales para transformar el mundo y asegurar la emergencia de un mundo diferente en clave neoconservadora. De hecho, Ben Tarnoff y Quin Slobodian acaban de publicar un libro que se llama Muskism, donde dicen que olvidémonos de decir que son neoliberales o que son anarcocapitalistas. Tienen una lógica de totalitarismo tecnológico a través del Estado, que es también lo que plantea Donatella Di Cesare en su libro Tecnofascismo.

Los tecnomillonarios como Elon Musk tienen una lógica de totalitarismo tecnológico a través del Estado

Me parece muy interesante dejar de pensar en ellos como millonarios capitalistas que lo que hacen es querer ganar dinero, que sí lo quieren ganar, pero que el modelo que tienen detrás es una ideología de Estado totalitario. Por lo tanto, ya no es solo pensar el capitalismo de plataformas por cómo genera esta individualidad, sino que tenemos que ir a mirar las empresas y cómo funcionan estas plataformas y las soluciones políticas que tenemos que traer no son «yo me desconecto, me borro las redes sociales y vivo offline». Cuando Palantir está armando el ejército de Estados Unidos, da igual que tú no tengas Meta o Instagram.

P. Ya para terminar, a pesar del contexto de policrisis, o precisamente por eso, no sé si a la vez tiene la sensación de que hay un embrión de una cierta revuelta ciudadana a través de la movilización popular, sobre todo en el ámbito de la vivienda, en el que no sólo se cuestiona el modelo dominante, sino que también se plantean alternativas y horizontes diferentes.

R. Sí y me parece fundamental porque, además, creo que una de las grandes victorias del Sindicat de Llogateres ha sido precisamente la de transformación del relato, porque los problemas de la vivienda a día de hoy son sensiblemente diferentes de los que había post crisis del ladrillo en 2008. Desde el principio, el Sindicat de Llogateres ha sido capaz de trazar mediáticamente y explicar también socialmente a todo el mundo que hay la emergencia de una nueva clase rentista. Y que se trata de un problema que va más allá de las decisiones individuales que hacemos nosotros al comprarnos una casa o al asumir un alquiler más o menos caro, sino que los desahucios que se están produciendo responden a unas lógicas que son completamente especulativas y que no tienen que ver con la relación que debe tener supuestamente una vivienda para asegurar un derecho, sino que se acaban convirtiendo en bienes de consumo. Y, por tanto, puede generar esta movilización social porque el relato que marca dirige mucho hacia dónde va la acción.

Una de las grandes victorias del Sindicat de Llogateres ha sido la de transformación del relato sobre vivienda

Si defiendo algo en el libro es que debemos cambiar los relatos para que en otras luchas que son prioritarias para nuestra supervivencia, como la emergencia climática, la defensa de un modelo de ciudad, de un modelo de instituciones públicas muy concreto o de un modelo de transición de energías renovables, entre otras, también se produzcan cambios de marcos que sean capaces de generar esas agencias colectivas que vayan destinadas a una confrontación política amplia. Y no a una lógica que puede acabar muchas veces en una división más dentro de la propia izquierda, de si tenemos que tender más hacia un modelo de decrecimiento, cuando menos renovables, si las tenemos que poner aquí o allá. Debemos tender más hacia esta repolitización de las propias herramientas para hacer un frente amplio.

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Fotografía: Imagen del sistema de pagos brasileño PIX PIX

Artículo original publicado en eldiario.es por Bernardo Gutiérrez

En julio de 2025, unos días después de que Donald Trump anunciara el tarifazo del 50% a Brasil, el presidente brasileño, Lula da Silva, divulgó en sus redes un mensaje con una frase: “O PIX é nosso, my friend”. PIX, el sistema público de pagos digitales desarrollado por el Banco Central de Brasil (BCB), estaba en el epicentro de la disputa comercial entre los dos países. Un día antes del post de Lula, la agencia federal responsable de la política comercial internacional del gobierno estadounidense había incluido a PIX en su investigación por “perjudicar la competitividad de empresas estadounidenses que actúan en esos sectores”, en alusión velada a las corporaciones de tarjetas de crédito VISA y Mastercard, a las que PIX ha arrebatado el liderazgo de los pagos electrónicos en Brasil.

Una semana después del tarifazo de Trump, el premio Nobel de economía Paul Krugman escribió un artículo en defensa de PIX, tecnología que definió como el dinero del futuro del mundo: “Las transacciones en PIX son casi instantáneas (tardan 3 segundos, frente a los dos días de las tarjetas de débito y 28 de las tarjetas de crédito). Los costes son bajos: el sistema es gratuito para personas físicas y cobra apenas el 0,33% del valor transferido para empresas (frente al 1,13% de la tarjeta de débito y el 2,34% de las de crédito)”.

En su texto, Paul Krugman destacaba que PIX “parece estar substituyendo rápidamente tanto el dinero como las tarjetas”. En efecto, el dinero físico casi ha desaparecido de Brasil. En las tiendas nadie tiene cambio. Apenas el 6% de los brasileños usa billetes y monedas, frente al 90,9% que utiliza PIX. En 2025, PIX pulverizó todos los récords: 35,32 billones de reales en transacciones (58,69 billones de euros) y 63.500 millones de operaciones. Además, PIX está incorporando nuevas funcionalidades, como el pago automático de la cuenta de la luz, el agua o Internet, entre otras cosas. “Como medio de pago preferido de los brasileños, PIX ha mostrado ser práctico, rápido y más seguro, especialmente evitando la necesidad de sacar dinero en los cajeros de los bancos”, explica a elDiario.es Frederico Glitz, abogado especialista en derecho internacional, fundador de Glitz & Gondim Consultoría Jurídica. Por si fuera poco, PIX va consolidándose como medio de pago en el mundo empresas. Las transacciones entre personas y empresas han aumentado del 30% a finales de 2022 al 55%, informa el Banco Central de Brasil a este medio.

PIX muere de éxito. Y su proyección internacional, a pesar de Donald Trump, es imparable: se prepara una especie “PIX internacional” (Proyecto Nexus) y una expansión de PIX al universo económico de los BRICS, el bloque de economías emergentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que busca contrapesar la influencia financiera y política de Occidente. 

Sistema público

Krugman destacaba en su artículo el carácter público de PIX: “La industria financiera de Estados Unidos no permitiría nunca que un sistema público compita con sus servicios, especialmente si el sistema público es superior”. Aunque otros países de los BRICS tienen sistemas de pago electrónico parecidos a PIX (SBP en Rusia, UPI en India, WeChat Pay en China), ninguno es 100% público. Por su parte, el Bizum de España fue lanzado por un consorcio de bancos. En la mayoría de los casos, las operadoras privadas acaban siendo favorecidas. En el UPI indio, la participación de empresas privadas acabó provocando la concentración de los pagos instantáneos en multinacionales como Google o Walmart.

Carlos Eduardo Brandt, considerado el padre del PIX, que en 2025 dejó el Banco Central do Brasil (BCB) para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), considera imprescindible el carácter público de los sistemas de pago. “Para alcanzar un ecosistema de pagos realmente inclusivo, lo más apropiado es tener un agente neutro. En el caso brasileño, el agente neutro por excelencia es el Banco Central de Brasil”, aseguró Brant a la BBC. 

Para la economista Carla Beni, profesora de la Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), la administración Trump está incomodada con PIX porque no solo compite con las empresas de tarjetas de crédito, sino con las big tech, las grandes tecnológicas. “Sustituye gran parte del uso de tarjetas de débito y de crédito, especialmente tras el lanzamiento de servicios como PIX crédito (crédito) o Pix parcelado (pagar a plazos). También hubo reclamaciones de que el Banco Central habría impuesto barreras al WhatsApp Pay, algo que fue muy bueno para PIX y para Brasil, y eso acabó impactando negativamente también a Apple Pay y Google Pay”, asegura Beni en una conversación con elDiario.es.

¿Hacia un PIX global?

Una de las funciones de Carlos Eduardo Brandt como Experto Senior del Sector Financiero del FMI es estudiar cómo PIX puede aplicarse en una escala global. Simplificar los pagos instantáneos entre diferentes países es uno de sus cometidos. Los intermediarios bancarios están en el punto de mira. Con la instauración de un PIX global, 45.000 millones de dólares retenidos por las empresas de envío de remesas internacionales podrían volver a los más pobres, según Tobias Adrian, director del departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI.

Brandt ha acompañado de cerca el sistema que pretende intercomunicar el sistema de pago de los dieciséis países de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y el Proyecto Nexus, bautizado como el “PIX internacional”, que ya está siendo implementado en cinco países asiáticos (India, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia). Carla Beni considera que 2026 es el año de transición en el que PIX va a pasar de ser un sistema de efectuar pagos domésticos para ser una herramienta de integración global y geopolítica. La especialista cita como referencia el Proyecto Nexus, del Banco de Compensaciones Internacionales (BIS). “Va a interconectar los sistemas de pagos instantáneos de más de sesenta países, incluso algunos como Italia, de la zona euro”, matiza.

Frederico Glitz considera que, al margen de decisiones geopolíticas, la expansión internacional de PIX ya está en marcha. “El consumidor brasileño ya encuentra establecimientos extranjeros que aceptan PIX, porque permite una mayor simplificación de operaciones internacionales”, sostiene Glitz. En Argentina, existen incluso aplicativos como Belo o PagBrasil que ya permiten pagar vía PIX. Carla Beni también destaca el crecimiento del PIX en el exterior por medio del sector privado. “Algunos establecimientos comerciales en Portugal, Italia, Francia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y España también aceptan pagar con códigos QR vía PIX, con conversión inmediata para el real brasileño”, afirma Beni.

Por si fuera poco, para desconsuelo de Trump, PIX ha sido el primer sistema de pagos digitales que tiene la tecnología lista para conectarse al sistema de pago BRICSPay, una especie de “

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Artículo original publicado en sinpermiso.info por Albino Prada

Los sucesivos impactos en el mercado global de los combustibles fósiles primero derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y posteriormente en Irán y el golfo Pérsico, están alterando los mercados de los combustibles fósiles (petróleo, gas y derivados): Mercados estructuralmente oligopólicos y afectados por problemas de progresivo agotamiento y encarecimiento. Sucede todo esto de acuerdo con una máxima de la mano invisible: a mercados revueltos, ganancias de especuladores¹.

Todo ello aconseja evitar al máximo su uso (por sus impactos inflacionistas y sobre la soberanía energética) sin olvidar que, aunque nada de esto sucediese, el evitar las emisiones de CO2 asociadas a su uso debiera considerarse un objetivo social irrenunciable. Y, en consecuencia, las medidas que se adopten para evitar los impactos referidos no debieran frenar este objetivo. Como tampoco debieran provocar efectos redistributivos regresivos.

A la luz de lo que precede paso a evaluar a continuación las medidas adoptadas² por el Gobierno de España el pasado día 20 de marzo de 2026. Lo haré en relación a cuatro ejes que considero estratégicos y prioritarios para, al reforzar nuestra soberanía y resiliencia energética, minimizar los posibles efectos inflacionistas derivados de estos shocks energéticos sobre los que no tenemos apenas control. Una evaluación centrada en las razones que en cada caso se justifican.

PRIMER EJE

Desacoplar el traslado del encarecimiento del gas natural en la fijación del precio marginalista de la electricidad.

En España (datos de Red Eléctrica) las fuentes no renovables (sobre todo gas en ciclos combinados y nuclear) suponen por término medio entre el 30% y el 40% de las energías primarias para generación de electricidad. Aunque, en concreto, el gas natural apenas supone de media el 11 %.

En esta situación el precio del gas natural -por mucho que se encarezca- no debiera condicionar de forma sustancial el precio de la electricidad³. Sobre todo cuando en España sufrimos un reciente colapso⁴ -nada menos que un apagón total- que encaja como un guante en los manejos especulativos del oligopolio eléctrico⁵ (y del gas) sobre como y cuando activar los ciclos combinados en función de la demanda y del precio.

Para desacoplar el precio de la electricidad del precio del gas se debe implementar un sistema que ajuste el de la electricidad -para el consumidor doméstico- generada en cada momento a una media ponderada de los distintos aportes para la generación, sin que el gas natural pueda ponderarse en el precio final más allá del 20 %. Este sí sería un tope efectivo y no otros por bien intencionados sobre el papel que sean.

Así, por ejemplo, una propuesta de grandes consumidores para desacoplar el precio del gas en la tarifa eléctrica (AEGE o UNESID) podría concretarse en que para las Tecnologías Inframarginales (Renovables, Nuclear, Hidráulica) su precio se fije mediante contratos a largo plazo basados en su coste real de generación más un beneficio razonable. Y para las Tecnologías de Respaldo (Gas/Ciclos Combinados) estas plantas cobren el precio marginal del gas cuando sea necesario que entren en el sistema para cubrir la demanda.

El sistema actual supone unos beneficios caídos del cielo para los operadores por los precios percibidos de los consumidores⁶ (sobre todo domésticos). Mientras que, al mismo tiempo, dichos operadores aplican unos precios pagados por los excedentes vertidos a la red a sus clientes de la cuarta parte de los percibidos. Lo que constituye un notable desincentivo para el despliegue de las energías renovables fotovoltaicas por parte de los hogares, siendo así que para evitarlo estos excedentes debieran computarse en unidades físicas a compensar por los operadores.

El Decreto no incide para nada en estas dos cuestiones y apenas dulcifica con rebajas fiscales (art. 39) sobre la electricidad la bola de nieve inflacionaria (y de beneficios caídos del cielo) de los dos mecanismos citados (precios percibidos / precios pagados). Lo que tiene -como veremos- efectos negativos (costes de oportunidad) sobre la electrificación de usos ahora fósiles (en el transporte y la calefacción sobre todo). No se avanza así como se podría en “medidas estructurales destinadas a acelerar la electrificación de la economía española” o en “reforzar la competitividad de la electricidad frente a las alternativas fósiles”

Con lo que, mientras no se supriman ambos mecanismos de fijación de precios, procedería aplicar una fiscalidad extraordinaria⁷ sobre los generadores/operadores, que conformen un fondo público que impulse comunidades energéticas⁸ (solares, eólicas, biomasa) así como un patrimonio público de hidroeléctricas y centrales de bombeo.

Un enfoque éste preferible al de las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR) con las que el Decreto (art. 14 y ss.) podría sin duda facilitar una mayor oligopolización del sector, saltándose las usuales prevenciones ambientales (por ejemplo en repotenciación de parque eólicos o para nuevas centrales de bombeo). Subordinando aún más a la iniciativa privada nuevas facilidades del Decreto, como cuando en él “se establece expresamente la declaración de utilidad pública del almacenamiento de tecnología hidráulica de bombeo”.

SEGUNDO EJE

Potenciar el uso del transporte colectivo de viajeros (ferroviario, cercanías, metro, autobús) frente al privativo por automóviles

El actual sistema de abono único de 60 y 30 euros (y otros complementarios) ya tienen este objetivo, si bien debieran reforzarse en la medida en que las frecuencias, la puntualidad, la seguridad y los trayectos disponibles se amplíen. Para así incrementar la penetración de esta clase de movilidad frente a la privativa, sobre todo por carretera, que sigue siendo la dominante (sobre el 80%) y, sobra decirlo, la menos resiliente ante el shock energético actual (además de ser ambientalmente catastrófica). Porque, conviene recordar ahora, el Decreto reconoce nuestra “dependencia energética exterior en torno al 67-70% del consumo energético total, especialmente en ámbitos como la climatización de edificios, el transporte o determinados procesos industriales”

Sin embargo el Decreto se limita a reducir la fiscalidad de los combustibles (gasolinas, gasóleos, etc.) (art. 38) para amortiguar la bola de nieve inflacionista, aunque al hacerlo (y al no desacoplar del gas -como vimos- los precios de la electricidad) no favorece reducir el actual 80 % de la movilidad privativa por carretera. Un efecto que se produce incluso si se tratase de hacerlo con automóviles eléctricos, y no digamos en formatos de transporte colectivo electrificado. De hecho el desacoplar los precios de la electricidad -tal como se plantea en el primer eje de este análisis- sería el mejor “programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados que impulse al máximo la demanda”, al facilitar y abaratar sus consumos energéticos.

Porque para avanzar en el formato alternativo es una prioridad social la modernización y ampliación de una red de cercanías ya desbordada por la demanda y por la obsolescencia⁹. Una prioridad que debiera formar parte de los llamados Proyectos Estratégicos de Inversión (art. 29). Pero de la que no se habla en este Decreto.

No me extraña que la Fundación Renovables disienta del enfoque que en este punto asume el Decreto: “lamentamos que se haya incluido una rebaja del impuesto sobre hidrocarburos, ya que esto supone un incentivo al consumo de combustibles fósiles y lanza una señal contradictoria con la política energética. Tampoco compartimos la rebaja del IVA para el combustible, siendo algo que debería utilizarse únicamente para hogares vulnerables y sectores estratégicos”.

TERCER EJE

Transferir cargas de mercancías de la carretera al ferrocarril para evitar el colapso climático y la vulnerabilidad logística actual

En la actualidad la cuota del ferrocarril en el transporte de mercancías es del 4 %, muy por debajo del objetivo del 10 % marcado para 2030 (informe CNMC), con lo que cualquier ayuda a los combustibles para el transporte de mercancías por carretera debe considerarse contradictoria con este objetivo.

Siendo así que la reducción de la fiscalidad a los carburantes y las ayudas directas a su compra que se recogen en el Decreto en favor del transporte por carretera¹⁰, si bien buscan mitigar la bola de nieve inflacionaria derivada del encarecimiento los precios del petróleo, son contradictorias con el incremento de la cuota del ferrocarril. Siendo esta la única transición estructural que permitiría desacoplar de forma radical el transporte de mercancías de dicha espiral (con efectos positivos en muchos otros sectores).

Lejos de ello, las importantes ayudas al sector del transporte en carretera que incluye el Decreto aún se consideran insuficientes por la patronal del sector (FENADISMER). Un síntoma de que -de continuar el encarecimiento del petróleo- podríamos estar ante un saco sin fondo. Más aún cuando la logística del transporte de mercancías (con las ventas online y a domicilio) se está haciendo más y más dependiente de la carretera con condiciones decididas por los grandes distribuidores (como, y no solo, Amazon).

Aunque de nuevo sucede que al no avanzar en el primero de los ejes de este análisis, y al tiempo reducir el impacto de los precios de los carburantes, se alimenta un círculo no virtuoso contra la mejora de dicha cuota. Lo que también es contradictorio con la mejora de la diversificación modal de la cadena de suministros dentro del mercado español. Una diversificación modal (hacia el ferrocarril) que debiera formar parte de los llamados Proyectos Estratégicos de Inversión (art. 29).

Pero de lo que tampoco se habla en este Decreto. A pesar de que a día de hoy el Decreto reconoce que “el transporte de mercancías por carretera constituye una actividad esencial para el normal funcionamiento de la cadena de suministro”. Reitero: la palabra “ferrocarril” apenas aparece tres veces en este Decreto y nunca en relación a este eje.

CUARTO EJE

Limitar los apoyos a la tarifa eléctrica en usos electro intensivos a los niveles -y sectores estratégicos- ajustados a nuestra autonomía industrial, pero no para exportación

Conviene recordar aquí que mientras el consumo doméstico de electricidad en España en 2024 fue de 74,7 millones de Mwh, el consumo industrial ascendió a 116,5 millones, de los cuales un tercio corresponde a los llamados sectores electro intensivos (siderurgia, aluminio, química y cemento). A los que ahora se estarían añadiendo los centros de datos.

De reducirse estos consumos electro intensivos industriales (solo hasta niveles de producción ajustados a las necesidades de la demanda interna) se abriría un margen para destinar esta electricidad hacia la sustitución de los actuales consumos de gas para calefacción doméstica¹¹. Asegurándose entonces una autonomía real de aprovisionamientos para esta calefacción, y que -además- sus precios se muevan al margen del mercado global del gas. En esta perspectiva sobra decir que cualquier ayuda o rebaja del coste de la electricidad para estos usos electro intensivos que incluya productos exportados por estos sectores debiera considerarse contraproducente.

Por ello cabe decir que las medidas incluidas en el Decreto para suavizar el impacto de los precios de la electricidad en estos sectores industriales¹² son, en primer lugar, contraproducentes con la necesaria reducción de estos consumos y, en segundo lugar, debieran considerarse prescindibles en la medida en que los precios percibidos por los generadores/operadores eléctricos se desacoplasen de los precios del gas natural tal como aquí se propuso.

Si hay que felicitarse -por pasiva- de que el Gobierno haya dejado de predicar con tanto énfasis como venía haciendo sobre la alternativa del hidrógeno verde¹³ en este Decreto, un síntoma de que esta burbuja especulativa podría estarse afortunadamente desinflando.

*

En su conjunto debo concluir que las medidas del Decreto conforman una contradictoria mezcla entre las coyunturales y las estructurales. Porque en las coyunturales por acción (rebajas fiscales, ayudas directas) o por omisión (ausencia de cambios en la tarifa eléctrica) se define un marco poco favorable a la necesaria aceleración de la transición energética que el Gobierno dice defender para así avanzar en nuestra soberanía energética. Lo que el Decreto concreta como “sustitución de combustibles fósiles por electricidad renovable en ámbitos como la climatización, el transporte o los procesos industriales”. Una soberanía cada vez más urgente si reparamos en nuestra creciente dependencia de gas e hidrocarburos de un proveedor tan poco fiable como los Estados Unidos. Siendo así que si bien con estas medidas algo se frena a corto plazo la actual ola inflacionaria, tampoco se garantiza en absoluto que tal con tención se pueda mantener a medio plazo.

Frente a esta estrategia las propuestas de la oposición de derechas al Gobierno buscan aprovechar el shock externo para profundizar en la defensa a fondo y sin límites del complejo fósil-nuclear (con Repsol en la Casa Blanca o una Iberdrola pronuclear, por poner dos ejemplos). Por un lado con rebajas fiscales aún mayores que produzcan una progresiva asfixia de los recursos y los servicios públicos y, por otro, ampliando la apuesta por la opción nuclear en una electrificación subordinada a los intereses fósiles. Sin, por supuesto, embridar la fijación marginalista de precios ni los oligopolios de los carburantes.

Para avanzar hacia propuestas que no sean contradictorias -como las actuales el Gobierno- esperemos que en futuros Decretos sobre este asunto, se ocupen de esterilizar el impacto del gas en el precio de la electricidad, posibilitando así una mayor electrificación de la movilidad tanto para pasajeros como para mercancías, y también para la calefacción doméstica. Embridando al mismo tiempo los despilfarros electrointensivos. Solo así se definiría una senda clara para escapar de la ratonera fósil-nuclear en la que seguimos atrapados. Atrapados ahora en este shock, que no parece vaya a acabar pronto, y a otros que sin duda vendrán. Porque, cuando se quiere abandonar una droga, no conviene abaratar su precio sino dejar de consumirla.

El Gobierno, al no querer enfrentar este dilema, en el Decreto 7/2026 se subordina al voto afirmativo de la derecha catalana y a la abstención de la española (y a sus capitalismos de amiguetes). Con eso gana Sánchez, agónicamente, tiempo político, pero me temo que al coste de engordar una creciente marea social, convencida de que son esas derechas las que “saben” y deben gestionar el actual shock fósil y militar externo. Dentro de un mes veremos la otra puerta de esa ratonera cuando se debata y vote el Decreto 8/2026.

Albino Prada es miembro del Consejo Científico de Attac España. Su último ensayo se titula “El regreso de China. La globalización imposible” (Universidade de Vigo, 2025).

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Fotografía: Un pozo petrolífero en California. / Javi (CC BY-SA 2.0)

Artículo original publicado en ctxt.es por Gabriel Zucman

Para los pueblos y los dirigentes de la década de 1970 era evidente que los beneficios generados por la explosión de los precios del oro negro tras las crisis petroleras de 1973 y 1979 debían socializarse, en gran parte.

Algunos países productores, como Arabia Saudí y Venezuela, optaron por nacionalizar su producción (entre 1973 y 1980 en el caso del primero, en 1976 en el del segundo); otros, por gravarla con tipos casi confiscatorios.

Así, Estados Unidos creó en 1980 un impuesto sobre los superbeneficios petroleros con un tipo del 70 %, que se aplicaba tras haber pagado el impuesto normal de sociedades con un tipo del 46 %. Es decir, una imposición total de cerca del 85 %. El Reino Unido hizo lo mismo en 1975.

Al igual que se habían confiscado los beneficios de los comerciantes de armas durante las guerras del siglo XX –con una imposición del 95 % sobre los superbeneficios en Estados Unidos en 1942–, era impensable que los ingresos del petróleo, fruto de conflictos armados y revoluciones, fueran a parar a cualquier poder privado.

Así fue como las riquezas faraónicas generadas por la explosión del precio del oro negro, ese precio tan codiciado, se escaparon de las manos de las grandes petroleras y de sus propietarios.

Muy descontentos, estos últimos se prometieron que no volverían a caer en la misma trampa.

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A partir de los años ochenta, las compañías petroleras, esas grandes multinacionales del siglo XX,  pusieron todo su poder al servicio de un proyecto de reescritura de las reglas del juego económico internacional, que debía garantizar su prosperidad.

En esta nueva organización del comercio mundial –que desembocó en la globalización que hemos conocido desde los años 1980 hasta los años 2020– dos innovaciones debían impedir que se repitiera el episodio de los años setenta.

La competencia internacional, en primer lugar, debía garantizar que ningún Estado gravara los beneficios con impuestos demasiado elevados. Por supuesto, los yacimientos de petróleo, a diferencia de las fábricas, no pueden deslocalizarse, pero el chantaje se centraría en la inversión: demasiados impuestos aquí, en el Reino Unido o en Noruega, y las empresas irían a perforar allí, en Rusia o en Canadá.

Bajo esta amenaza, los países productores fueron bajando, uno tras otro, sus tipos impositivos sobre las empresas extractivas.

El auge de los paraísos fiscales, a continuación: si un Estado intentaba recaudar su parte, las empresas petroleras deslocalizarían no su producción, sino sus beneficios contables hacia cielos más clementes, mediante transferencias intragrupo y otras técnicas de ingeniería financiera.

Las investigaciones llevadas a cabo por las economistas Alice Chiocchetti y Ninon Moreau-Kastler han permitido cuantificar este fenómeno. Por cada euro de beneficio obtenido por la industria extractiva, unos 12 céntimos acaban en paraísos fiscales, gravados a tipos irrisorios. Y en tiempos de crisis, no es el 12 %, sino el 20 % de los superbeneficios lo que se registra en los centros financieros offshore, en las Bermudas, Luxemburgo o Singapur.

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Así, los tipos impositivos efectivos en la industria petrolera, aunque siguen siendo superiores a los vigentes en otros sectores de la economía (pues es difícil ocultar que se extrae petróleo, lo que da poder a los países productores), se han desplomado a lo largo del último medio siglo.

Se dispone de las series históricas más largas para las multinacionales estadounidenses, lo que permite comprender bien la magnitud de esta transformación. En vísperas de la primera crisis del petróleo, las empresas petroleras estadounidenses pagaban un 65 % en impuestos sobre sus beneficios obtenidos en el extranjero. Una tasa que ascendió al 90 % a mediados de la década de 1970 (sin contar el coste de las nacionalizaciones). Antes de descender progresivamente a partir de la década de los ochenta, hasta alcanzar el 37 % en 2023, el último año del que se dispone de datos.

Interpretación y fuentes: este gráfico muestra la evolución del tipo impositivo efectivo de las empresas petroleras estadounidenses sobre sus beneficios en el extranjero (es decir, la relación entre los impuestos pagados en el extranjero y los beneficios registrados en el extranjero). Fuente: cálculos del autor a partir de las encuestas plurianuales de la Oficina de Análisis Económico sobre las actividades de las multinacionales estadounidenses; véase Wright y Zucman (2018) para una presentación de estos datos.

En concreto, mientras que en la década de 1970 el 90 % de la renta petrolera se socializaba, hoy en día dos tercios de esta van a parar a los bolsillos de los accionistas.

Por eso, con la subida vertiginosa de los precios del petróleo, las acciones de las empresas petroleras se han disparado desde el inicio de los bombardeos israelo-estadounidenses en Irán, y antes de eso, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela.

El índice de las 120 mayores empresas petroleras y gasísticas del mundo, la mitad de las cuales son estadounidenses, se ha disparado un 30 % desde principios de 2026, lo que supone un aumento de la capitalización bursátil de más de un billón de dólares en tres meses. Este aumento ya supera con creces al observado en el momento de la invasión de Ucrania en 2022.

Una paradoja abrumadora: mientras que nunca ha sido tan urgente detener la extracción de energía fósil en favor de fuentes descarbonizadas, los beneficios que los actores económicos privados pueden obtener de esta actividad nunca han sido tan fabulosos. “Cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero”, declaró ingenuamente Donald Trump en marzo. Por “nosotros” hay que entender, por supuesto, a las empresas petroleras (que se cuentan entre los principales financiadores de su campaña) y a los hogares más acomodados (titulares de acciones).

Es cierto que los precios de la gasolina suben, pero –a diferencia de lo que ocurría en los años setenta– son muchos los que, en la América tan querida por Trump, salen al final ganando.

Es difícil comprender la duración de la guerra en Irán si se ignora esta siniestra aritmética.

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¿Qué hacer?

En 2022, la Unión Europea había adoptado un impuesto, modestamente denominado “contribución de solidaridad”, con un tipo del 33 % sobre los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras y gasísticas. A principios de abril de 2026, Alemania, Italia, España, Portugal y Austria instaron a la Comisión Europea a reintroducir un instrumento de la misma naturaleza.

No obstante, es fundamental no repetir los errores del pasado. En Francia, la contribución de solidaridad apenas ha reportado ingresos. Mientras que se podían esperar 3.000 millones de euros, los ingresos recaudados finalmente solo ascendieron a 69 millones de euros, es decir, 40 veces menos.

Es cierto que Francia había optado por una aplicación particularmente minimalista de la norma europea, excluyendo de forma arbitraria la mayoría de las actividades petroleras del ámbito de la contribución. Pero hay otra razón para este fiasco, puesta de relieve por los trabajos de Alice Chiocchetti y Ninon Moreau-Kastler: la propensión de las empresas petroleras a deslocalizar sus superbeneficios a paraísos fiscales.

De cada euro de superbeneficio, como hemos visto, 20 céntimos van a parar allí. Los 80 céntimos restantes se quedan en los países productores, y no se registra nada en los países de refinado o de consumo, como Francia. No se trata de una fatalidad, sino de una elección política. La solución más eficaz consistiría en gravar los superbeneficios mundiales de las empresas extractivas, difíciles de manipular, y no aquellos que pretenden “obtener” en Francia, que logran reducir sin dificultad a la mínima expresión.

El reto financiero es de primer orden. Juzguen ustedes mismos: en 2022, TotalEnergies obtuvo unos 10.000 millones de euros de superbeneficios a nivel mundial. Imaginemos, pues, que el escenario se repite en 2026. Una imposición del 90 % sobre estos superbeneficios –lo que era más o menos la norma internacional hasta los años ochenta– permitiría recaudar 9.000 millones de euros en ingresos fiscales, es decir, el equivalente a 130 euros por francés, 650 euros para una familia de cinco miembros.

Estos ingresos podrían redistribuirse de forma equitativa entre todos los franceses: es la política seguida desde hace tiempo por Alaska, que revierte los beneficios socializados de la explotación petrolera a cada habitante, por un importe de 1.704 dólares por unidad familiar en 2024.

Se pueden barajar otras soluciones, como gravar los aumentos de capitalización bursátil en lugar de los superbeneficios, tal y como propusimos mis colegas del Observatorio Europeo de la Fiscalidad (que desde entonces se ha convertido en el Observatorio Internacional de la Fiscalidad) en 2022.

Sea como fuere, una cosa está clara: sería inaceptable que las empresas –como TotalEnergies– que se enriquecen a costa de nuestro planeta, acentuando nuestra dependencia del petróleo y nuestras vulnerabilidades geopolíticas, lograran, como en 2022, eludir la solidaridad nacional. Al igual que sus predecesores del siglo XX, los especuladores de la guerra deben pagar.

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