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¿A dónde van a parar los beneficios de la guerra?

Nuria — Wed, 06 May 2026 07:00:00 +0000

Fotografía: Un pozo petrolífero en California. / Javi (CC BY-SA 2.0)

Artículo original publicado en ctxt.es por Gabriel Zucman

Para los pueblos y los dirigentes de la década de 1970 era evidente que los beneficios generados por la explosión de los precios del oro negro tras las crisis petroleras de 1973 y 1979 debían socializarse, en gran parte.

Algunos países productores, como Arabia Saudí y Venezuela, optaron por nacionalizar su producción (entre 1973 y 1980 en el caso del primero, en 1976 en el del segundo); otros, por gravarla con tipos casi confiscatorios.

Así, Estados Unidos creó en 1980 un impuesto sobre los superbeneficios petroleros con un tipo del 70 %, que se aplicaba tras haber pagado el impuesto normal de sociedades con un tipo del 46 %. Es decir, una imposición total de cerca del 85 %. El Reino Unido hizo lo mismo en 1975.

Al igual que se habían confiscado los beneficios de los comerciantes de armas durante las guerras del siglo XX –con una imposición del 95 % sobre los superbeneficios en Estados Unidos en 1942–, era impensable que los ingresos del petróleo, fruto de conflictos armados y revoluciones, fueran a parar a cualquier poder privado.

Así fue como las riquezas faraónicas generadas por la explosión del precio del oro negro, ese precio tan codiciado, se escaparon de las manos de las grandes petroleras y de sus propietarios.

Muy descontentos, estos últimos se prometieron que no volverían a caer en la misma trampa.

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A partir de los años ochenta, las compañías petroleras, esas grandes multinacionales del siglo XX, pusieron todo su poder al servicio de un proyecto de reescritura de las reglas del juego económico internacional, que debía garantizar su prosperidad.

En esta nueva organización del comercio mundial –que desembocó en la globalización que hemos conocido desde los años 1980 hasta los años 2020– dos innovaciones debían impedir que se repitiera el episodio de los años setenta.

La competencia internacional, en primer lugar, debía garantizar que ningún Estado gravara los beneficios con impuestos demasiado elevados. Por supuesto, los yacimientos de petróleo, a diferencia de las fábricas, no pueden deslocalizarse, pero el chantaje se centraría en la inversión: demasiados impuestos aquí, en el Reino Unido o en Noruega, y las empresas irían a perforar allí, en Rusia o en Canadá.

Bajo esta amenaza, los países productores fueron bajando, uno tras otro, sus tipos impositivos sobre las empresas extractivas.

El auge de los paraísos fiscales, a continuación: si un Estado intentaba recaudar su parte, las empresas petroleras deslocalizarían no su producción, sino sus beneficios contables hacia cielos más clementes, mediante transferencias intragrupo y otras técnicas de ingeniería financiera.

Las investigaciones llevadas a cabo por las economistas Alice Chiocchetti y Ninon Moreau-Kastler han permitido cuantificar este fenómeno. Por cada euro de beneficio obtenido por la industria extractiva, unos 12 céntimos acaban en paraísos fiscales, gravados a tipos irrisorios. Y en tiempos de crisis, no es el 12 %, sino el 20 % de los superbeneficios lo que se registra en los centros financieros offshore, en las Bermudas, Luxemburgo o Singapur.

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Así, los tipos impositivos efectivos en la industria petrolera, aunque siguen siendo superiores a los vigentes en otros sectores de la economía (pues es difícil ocultar que se extrae petróleo, lo que da poder a los países productores), se han desplomado a lo largo del último medio siglo.

Se dispone de las series históricas más largas para las multinacionales estadounidenses, lo que permite comprender bien la magnitud de esta transformación. En vísperas de la primera crisis del petróleo, las empresas petroleras estadounidenses pagaban un 65 % en impuestos sobre sus beneficios obtenidos en el extranjero. Una tasa que ascendió al 90 % a mediados de la década de 1970 (sin contar el coste de las nacionalizaciones). Antes de descender progresivamente a partir de la década de los ochenta, hasta alcanzar el 37 % en 2023, el último año del que se dispone de datos.

Interpretación y fuentes: este gráfico muestra la evolución del tipo impositivo efectivo de las empresas petroleras estadounidenses sobre sus beneficios en el extranjero (es decir, la relación entre los impuestos pagados en el extranjero y los beneficios registrados en el extranjero). Fuente: cálculos del autor a partir de las encuestas plurianuales de la Oficina de Análisis Económico sobre las actividades de las multinacionales estadounidenses; véase Wright y Zucman (2018) para una presentación de estos datos.

En concreto, mientras que en la década de 1970 el 90 % de la renta petrolera se socializaba, hoy en día dos tercios de esta van a parar a los bolsillos de los accionistas.

Por eso, con la subida vertiginosa de los precios del petróleo, las acciones de las empresas petroleras se han disparado desde el inicio de los bombardeos israelo-estadounidenses en Irán, y antes de eso, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela.

El índice de las 120 mayores empresas petroleras y gasísticas del mundo, la mitad de las cuales son estadounidenses, se ha disparado un 30 % desde principios de 2026, lo que supone un aumento de la capitalización bursátil de más de un billón de dólares en tres meses. Este aumento ya supera con creces al observado en el momento de la invasión de Ucrania en 2022.

Una paradoja abrumadora: mientras que nunca ha sido tan urgente detener la extracción de energía fósil en favor de fuentes descarbonizadas, los beneficios que los actores económicos privados pueden obtener de esta actividad nunca han sido tan fabulosos. “Cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero”, declaró ingenuamente Donald Trump en marzo. Por “nosotros” hay que entender, por supuesto, a las empresas petroleras (que se cuentan entre los principales financiadores de su campaña) y a los hogares más acomodados (titulares de acciones).

Es cierto que los precios de la gasolina suben, pero –a diferencia de lo que ocurría en los años setenta– son muchos los que, en la América tan querida por Trump, salen al final ganando.

Es difícil comprender la duración de la guerra en Irán si se ignora esta siniestra aritmética.

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¿Qué hacer?

En 2022, la Unión Europea había adoptado un impuesto, modestamente denominado “contribución de solidaridad”, con un tipo del 33 % sobre los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras y gasísticas. A principios de abril de 2026, Alemania, Italia, España, Portugal y Austria instaron a la Comisión Europea a reintroducir un instrumento de la misma naturaleza.

No obstante, es fundamental no repetir los errores del pasado. En Francia, la contribución de solidaridad apenas ha reportado ingresos. Mientras que se podían esperar 3.000 millones de euros, los ingresos recaudados finalmente solo ascendieron a 69 millones de euros, es decir, 40 veces menos.

Es cierto que Francia había optado por una aplicación particularmente minimalista de la norma europea, excluyendo de forma arbitraria la mayoría de las actividades petroleras del ámbito de la contribución. Pero hay otra razón para este fiasco, puesta de relieve por los trabajos de Alice Chiocchetti y Ninon Moreau-Kastler: la propensión de las empresas petroleras a deslocalizar sus superbeneficios a paraísos fiscales.

De cada euro de superbeneficio, como hemos visto, 20 céntimos van a parar allí. Los 80 céntimos restantes se quedan en los países productores, y no se registra nada en los países de refinado o de consumo, como Francia. No se trata de una fatalidad, sino de una elección política. La solución más eficaz consistiría en gravar los superbeneficios mundiales de las empresas extractivas, difíciles de manipular, y no aquellos que pretenden “obtener” en Francia, que logran reducir sin dificultad a la mínima expresión.

El reto financiero es de primer orden. Juzguen ustedes mismos: en 2022, TotalEnergies obtuvo unos 10.000 millones de euros de superbeneficios a nivel mundial. Imaginemos, pues, que el escenario se repite en 2026. Una imposición del 90 % sobre estos superbeneficios –lo que era más o menos la norma internacional hasta los años ochenta– permitiría recaudar 9.000 millones de euros en ingresos fiscales, es decir, el equivalente a 130 euros por francés, 650 euros para una familia de cinco miembros.

Estos ingresos podrían redistribuirse de forma equitativa entre todos los franceses: es la política seguida desde hace tiempo por Alaska, que revierte los beneficios socializados de la explotación petrolera a cada habitante, por un importe de 1.704 dólares por unidad familiar en 2024.

Se pueden barajar otras soluciones, como gravar los aumentos de capitalización bursátil en lugar de los superbeneficios, tal y como propusimos mis colegas del Observatorio Europeo de la Fiscalidad (que desde entonces se ha convertido en el Observatorio Internacional de la Fiscalidad) en 2022.

Sea como fuere, una cosa está clara: sería inaceptable que las empresas –como TotalEnergies– que se enriquecen a costa de nuestro planeta, acentuando nuestra dependencia del petróleo y nuestras vulnerabilidades geopolíticas, lograran, como en 2022, eludir la solidaridad nacional. Al igual que sus predecesores del siglo XX, los especuladores de la guerra deben pagar.

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Hacienda local, presupuestos municipales y financiación autonómica

Arturo — Sun, 03 May 2026 18:22:45 +0000

Jornada online organizada por la Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid: «Hacienda local, presupuestos municipales y financiación autonómica».

Con la intervención de Carlos Sánchez Mato, Doctor en Economía y Profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

Modera: María Teresa Vida, coordinadora de la Plataforma por la Justicia Fiscal en la Comunidad de Madrid.

Realizada el 20 de marzo de 2026

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Ecocidio, otra cara del genocidio: la naturaleza como campo de batalla

Nuria — Sun, 03 May 2026 07:00:00 +0000

Fotografía: Palestinos desplazados caminan sobre los escombros de los edificios derrumbados en el campamento de Al-Bureij. DPA vía Europa Press.

Artículo original publicado en espacio-publico.com por Alberto Fraguas Herrero

Las guerras atentan contra la vida en su mas amplia acepción. No solo provocan desgraciadas pérdidas individuales sino profundas brechas de degradación ecológica. Es una actitud de verdadero asedio a la biosfera pues ésta alberga recursos útiles para cada parte del conflicto. No toca aquí hablar de estas estúpidas y asesinas ultimas guerras, de su sinsentido derivado de las nuevas geopolíticas psicopatológicas, pero sí de algunas derivadas que también matan, que también destrozan vidas, el ecocidio como parte del genocidio.

Históricamente las guerras miden su coste lógicamente en vidas humanas perdidas, desestructuración territorial y colapsos económicos, pero también tienen una nueva métrica en la destrucción que conllevan: la huella ecológica que se debe considerar antes, durante y después del conflicto que envenena el agua, la tierra, el aire y el suelo durante generaciones.

A menudo pensamos que la guerra es un choque violento de ejército por territorio, recursos naturales o incluso ideología. Sin embargo, existe un choque más silencioso, persistente y ubicuo: la ofensiva contra los sistemas biológicos, sociales y psicológicos que sostienen la vida, que la desarrollan, que la perpetúan. Esta guerra no se libra con pólvora o misiles sino con la indiferencia, con la explotación dominante neocolonial. Se libra con una visión del mundo contra la vida en si misma, priorizando lo inanimado, lo tecnológico sobre lo orgánico.

Huella Ecológica de la guerra

La guerra altera el equilibrio de la naturaleza de múltiples maneras y su afección tiene directa incidencia en la salud humana (la salud es integral, es una “única salud”, ambiental y humana).

Las talas generalizadas de arbolado y los incendios forestales son frecuentes en épocas bélicas y con ello se altera el régimen hídrico al mismo tiempo que se contamina el suelo y el agua por partículas sólidas y metales pesados, con frecuencia por minas terrestres y municiones sin explotar. Estamos viendo como el agua es precisamente uno de los vectores ambientales más sensibles a nivel ecosocial y por tanto los más asediados. La destrucción de embalses, desaladoras, estaciones de bombeo, canales, son objetivos de ataques de EEUU e Israel en su guerra con Irán, como también lo son las fuentes de origen, ríos, lagos, etc… que albergan un delicado equilibrio biológico a su vez.

Bombardeos masivos, incendios forzados (en ocasiones con productos químicos específicos), espumas químicas contra incendios altamente contaminantes, inundaciones provocadas, etc… obviamente no son inanes para el entorno ambiental y son perdurables décadas enteras afectando de manera irremediable las economías locales durante muchos años. En Gaza, por ejemplo, suelo y agua (y por ende la agricultura) están absolutamente degradados. Los sistemas de saneamiento y depuración de aguas han sido destrozados así como la nula gestión de residuos urbanos a los que añadir la ingente cantidad de restos de demoliciones, escombros, muchos de ellos contaminados con amianto y otros productos tóxicos. Todo ello provoca graves problemas sanitarios (la OMS informó de casi 180.000 casos de problemas respiratorios y diarreas en niños a los 3 meses de iniciarse el conflicto de Gaza).

Por otra en cuanto a su incidencia en la crisis climática, el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente estimó que los sectores militares son responsables del 5,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (pongamos como referencias el turismo con un 8% y todo el sector residencial con un 11%), unas emisiones que no quedaron consideradas en el Acuerdo de París aduciendo los países firmantes reservas de seguridad.

Pero además las emisiones atmosféricas derivadas de las guerras producen contaminaciones agudas muy graves por liberación de sustancias químicas al destruirse numerosas y estratégicas instalaciones industriales con lluvia ácida inducida por productos sulfatados que alteran el pH de las precipitaciones locales. Durante la guerra de Golfo en 1991 la destrucción de pozos petrolíferos liberó medio millón de toneladas de contaminantes (incluidos metales pesados de los proyectiles como plomo, antimonio y mercurio) con alta persistencia en suelo y aguas subterráneas. Las grandes cantidades de municiones con metales pesados y uranio empobrecido, así como productos químicos explosivos son devastadores para los ecosistemas naturales… y sociales donde el ser humano vive.

En el caso del último asalto del “sionismo trumpiano” en Irán, un país ya de por sí con graves problemas ambientales con una ciudad como Teherán entre las más contaminadas del mundo está siendo particularmente dañino para los ecosistemas con una “lluvia negra” producida por los ataques a refinerías y depósitos de petróleo, aerosoles de hidrocarburos y partículas sólidas con liberación masiva de SO₂, NO x y millones de Tn de CO₂[1]; derrames de petróleo (por el Estrecho de Ormuz pasa el 20% del petróleo mundial), daños en desalinizadoras que amenazan el abastecimiento de la población y alteración de la calidad del agua con filtraciones a unos acuíferos ya con un stress hídrico que están a punto de colapsar (Irán se hunde 20 cm al año por falta de acuíferos).

Si a estos añadimos el impacto nuclear, mucho más allá de la explosión con los riesgos del “invierno nuclear”, radiaciones ionizantes (isótopos de larga vida: Cesio-137, Estroncio-90) que son absorbidos por suelo y huesos causando daños genéticos durante generaciones el “No a la Guerra” se convierte en un enorme grito de “Sí a la Vida”.

Pero no es solo los efectos en sí del conflicto. También su preparación es dañina. Hoy vemos que los misiles son la nueva panacea bélica. Estos misiles requieren de materiales, tierras raras y metales (aluminio y titanio), cuya extracción supone contaminar aguas y tierra por décadas. Asimismo los propulsores tienen productos muy contaminantes (como el perclorato amónico) que son altamente cancerígenos alterando también la capa de ozono. Incluso en la realización de las pruebas para garantizar su siniestra eficacia se liberan gases tóxicos y metales (plomo, antimonio) y muchos de estos misiles terminan en el fondo del mar.

La paradoja de la reconstrucción.

Tras los conflictos viene la reconstrucción (que es lo que hace que suba el PIB), pero esta no solo resuelve o corrige impactos sino que genera otros nuevos y en ocasiones empeora los existentes. No, la guerra no tiene reconstrucción posible, solo hacer algo menos lesivos sus efectos.

Millones de toneladas de hormigón, acero, metales varios, generados en la devastación deben gestionarse en vertederos, no siempre ubicados en sitios adecuados. Muchos edificios derribados tienen asbesto (amianto), plomo de tuberías y otras sustancias tóxicas.

La huella de carbono por la reconstrucción aumenta por las nuevas actividades. La producción de cemento y acero son grandes generadores de CO₂, el transporte pesado y la logística de acarreo de materiales incrementan el consumo de combustibles fósiles, las maderas para encofrados y otras estructuras implican deforestar bosques, la grava y arena saldrán de canteras y graveras con una funcionalidad de alto impacto en los lechos fluviales que son frecuentemente dañados al priorizar una “reconstitución a la normalidad” sobre el cuidado ecológico. Una reconstrucción que no es tal si tenemos en cuenta los ecosistemas.

El Ecocidio como Quinto Crimen

El Derecho Internacional Humanitario prohíbe el uso del medio ambiente como arma, esto es, prohíbe los ataques deliberados contra el medio ambiente natural, y en particular la destrucción de recursos naturales y el uso de técnicas de modificación ambiental (tales como el empleo de herbicidas para alterar el equilibrio ecológico de una región). Asimismo, exige que las partes en conflicto contemplen si existe la posibilidad de causar daños ambientales antes de decidir un ataque.

El marco legal que vincula a la Corte Penal Internacional (CPI) con el ecocidio se encuentra en un punto de inflexión histórico. Históricamente el medio ambiente ha sido el “huérfano del derecho (!) de guerra. Sin embargo algo está cambiando.

Actualmente la CPI solo tiene competencias sobre 4 crímenes: Genocidio, Crímenes de lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y el Crimen de Agresión. La única mención al medio ambiente se da en el Artículo 8 (2) (b) (IV) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional:

“Lanzar un ataque intencionadamente, a sabiendas de que causará … daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que sean manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa que se prevea”.

Esta definición esta acotada por:

Contexto: solo aplica en conflictos armados internacionales (crímenes de guerra).
Umbral: Se requiere en una triple condición que el ataque cause daños “extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural” que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar anticipada.
Limitación: No protege al medio ambiente en tiempos de paz, que es donde ocurre la mayor parte de la destrucción ecológica masiva.
La proporcionalidad es un factor subjetivo en base a supuestas “ventajas militares”.

No obstante existe un movimiento global para enmendar el Estatuto de Roma e incluir el Ecocidio como crimen autónomo.

En 2021, un panel de expertos internacionales (convocado por la Fundación Stop Ecocide) redactó una definición jurídica para ser incorporada como el Artículo 8 del Estatuto de Roma:

“Se entenderá por ecocidio cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado con conocimiento de que existen probabilidades sustanciales de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”.

Elementos claves son por tanto:

Daño Grave: Deterioro, destrucción o pérdida adversa y significativa de cualquier elemento del medio ambiente.
Extenso: Daño que va más allá de una zona geográfica limitada, trasciende fronteras o afecta a todo un ecosistema o a un gran número de seres humanos.
Duradero: Daño irreversible o que no puede recuperarse mediante regeneración natural en un período razonable.

Para que el ecocidio sea una realidad jurídica en la CPI, debe seguirse el proceso largo. Aunque el soporte legal crece, existen obstáculos significativos. Soberanía Económica: muchos Estados temen que la criminalización del ecocidio afecte industrias extractivas clave (minería, petróleo, agricultura intensiva); Causalidad: probar el vínculo directo entre un líder (político o empresarial) y un daño ecológico específico es complejo bajo los estándares de derecho penal; Jurisdicción: grandes emisores de carbono y potencias industriales (como EEUU, China o India) no son miembros de la CPI.

¿Qué está pasando ahora? A pesar de que la CPI aún no lo juzga de forma autónoma, el actual Fiscal de la CPI ha emitido directrices para priorizar crímenes ya existentes (como crímenes de guerra o lesa humanidad) que se cometan mediante la destrucción del medio ambiente o la explotación ilegal de recursos naturales. El camino está abierto.

Conclusión: No hay Justicia Ambiental o Climática sin Paz

La guerra entre Irán, EEUU e Israel demuestra que el medio ambiente no es una víctima colateral, sino un objetivo estratégico y, simultáneamente, la mayor víctima silenciosa.

Mientras el mundo intenta limitar el calentamiento global a 1,5^ºC, las operaciones militares en unas pocas semanas pueden borrar años de esfuerzos de descarbonización civil.

La comunidad internacional debe avanzar hacia la criminalización del ecocidio y la inclusión obligatoria de las emisiones militares en los tratados climáticos. Sin esto, la protección del planeta será imposible mientras las potencias sigan quemando el futuro en los campos de guerra y no de vida.

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Los indicadores financieros ocultan el peligro que amenaza a la economía real

Nuria — Fri, 01 May 2026 07:00:00 +0000

Ilustración: Guerra, estrecho de Ormuz, comercio mundial / Pedripol

Artículo original publicado en ctxt.es por Juan Torres López

Si la guerra continúa y no se pone fin al bloqueo de Ormuz, la cuerda que sostiene a la economía global no se va a romper por el lado de las finanzas, sino por el de la economía real

En la historia económica reciente se produce reiteradamente un mismo fenómeno: quienes marcan las directrices de la política económica reaccionan tarde o con error. No porque sean incompetentes, sino porque actúan con sesgos ideológicos, utilizan modelos equivocados y se fijan en indicadores equivocados.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora con la crisis del Golfo Pérsico y entender por qué ocurre es crucial para percibir el daño que se está acumulando mientras se mira a otro lado.

Dos fuentes de error

A mi juicio, hay dos causas que explican la ceguera con que se enfrentan a los problemas económicos quienes diseñan y orientan la política económica.

La primera tiene que ver con los modelos económicos que utilizan. Como acaba de mostrar Steve Keen para el caso que nos ocupa, no incorporan con realismo el efecto que tienen los choques energéticos sobre la producción y eso les lleva a subestimar las consecuencias que tienen sobre la economía real.

Es una limitación muy grave y merece un análisis propio, pero no la voy a abordar en este artículo.

Aquí voy a explicar una segunda causa de ceguera y error: leer la realidad tomando excesivamente en consideración los indicadores financieros. Unos indicadores que generalmente producen (por las razones que voy a explicar enseguida) una imagen de la situación sistemáticamente más tranquilizadora que la que realmente existe.

Una metáfora para entendernos

Imaginemos que se produce un accidente que bloquea el acceso de bienes y servicios a nuestro pueblo o ciudad y que sólo se dispone del 40 % de los que habitualmente consumen las viviendas y empresas. Los vecinos tratarán de aprovisionarse, racionarán su consumo, los bienes escasearán y es muy posible que muchas tiendas y empresas paralicen su actividad.

El grifo de energía que abastece a la economía mundial lleva semanas fuertemente alterado, con caídas muy significativas en el tráfico marítimo

Imaginemos que, para saber cuál es la situación real en la que nos encontramos y tomar medidas, en lugar de fijarnos en las cantidades y en los precios del momento presente, miramos un tablero en donde aparecen los que se espera que tengan los bienes dentro de tres meses, cuando nos dicen los técnicos que ya se habrá arreglado el problema y recuperado el acceso.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo con el Estrecho de Ormuz. El grifo de energía que abastece a la economía mundial lleva semanas fuertemente alterado, con caídas muy significativas en el tráfico marítimo. Sin embargo, los mercados financieros –el tablero donde nos dicen que miremos– fijan precios no en función de la gravedad de lo que ocurre ahora, sino considerando que el problema es manejable y temporal.

Un ejemplo simple y claro para que lo entiendas: el 13 de abril, el precio del crudo físico (el que se podía comprar en nuestro pueblo tras el bloqueo en la metáfora que acabo de poner) era de 132,74 dólares por barril. El precio del contrato de futuros para junio (el que los mercados pensaban que tendría en ese mes) era de 99,36. Una divergencia que refleja expectativas de una muy rápida normalización.

Qué es el Estrecho de Ormuz y qué está pasando allí

El Estrecho de Ormuz tiene apenas 33 kilómetros de anchura en su punto más estrecho y por allí pasa normalmente una cuarta parte de todo el petróleo que se comercia en el mundo, una quinta parte del gas natural licuado global, y volúmenes enormes de otros productos y materias primas fundamentales para la alimentación y la industria mundial.

Como sabemos, desde finales de febrero quedó prácticamente cerrado, las grandes navieras suspendieron sus tránsitos y el tráfico de barcos cayó hasta niveles casi puramente testimoniales.

Semejante bloqueo en el suministro de fuentes de energía y materias primas esenciales producirá un impacto prácticamente proporcional en la capacidad de producir bienes y servicios de todo tipo en todo el planeta. Sin embargo, los indicadores financieros no señalan que el efecto vaya a ser demasiado grande o peligroso y la pregunta, por tanto, es cómo puede ser eso posible.

Es cierto que podría argumentarse que estos precios financieros reflejan factores como la existencia de reservas estratégicas, la capacidad de otros productores para aumentar la oferta o la experiencia histórica de interrupciones breves en el suministro. Pero estas interpretaciones descansan en supuestos que no parece que se estén cumpliendo en la situación actual: que los ajustes serán rápidos, que los cuellos de botella serán limitados y que los efectos sobre la producción serán lineales y reversibles.

La desnaturalización de los mercados de futuros

El indicador financiero que más pesa en la lectura de esta crisis es el precio en los mercados de futuros de los recursos que se han bloqueado en Ormuz. Y para entender por qué este indicador está fallando hay que entender, primero, qué es un mercado de futuros, para qué fue creado y qué ha pasado con él.

Estos mercados nacieron con una función muy útil, permitir que los productores y empresas pudieran hacer frente con cierta seguridad a la incertidumbre que siempre lleva consigo la variación de los precios a lo largo del tiempo. Permitían que una empresa, un agricultor o un transportista, por ejemplo, fijaran hoy el precio de lo que iban a necesitar dentro de un determinado periodo de tiempo. Así podían planificar con seguridad y enfrentarse al riesgo de cambios en el precio.

Sin embargo, esos mercados fueron siendo dominados por operadores que, en realidad, no necesitaban petróleo, ni azufre, ni gas, ni café, ni ningún producto real. Son fondos de inversión, bancos y especuladores que compran y venden esos contratos exclusivamente para ganar dinero con la diferencia de precio entre el momento de la compra y el de la venta. Sin ningún interés en la materia prima en sí, y sin necesidad de protegerse de nada.

Los mercados de futuros se han ido convertido en instrumentos especulativos donde los precios son el resultado de apuestas

El resultado ha sido que los mercados de futuros han dejado de ser lo que eran, es decir, instrumentos para que la economía real gestione el riesgo futuro. Se han ido convertido, por el contrario, en instrumentos especulativos, en donde los precios son el resultado de las apuestas que realizan (hoy día mediante algoritmos y a velocidad vertiginosa) quienes solamente buscan ganar dinero con el movimiento siguiente (que a veces ellos mismos pueden provocar).

Estos especuladores no ganan dinero analizando lo que va a pasar en la economía real dentro de seis meses, sino anticipándose al próximo titular, al próximo anuncio político, al próximo tuit presidencial, es decir, en función casi exclusiva de lo que ocurre en el muy corto plazo.

Por qué los mercados futuros están infravalorando el peligro

Cuando los mercados de futuros se convierten en máquinas de apostar al próximo anuncio político, o sobre cualquier otra que permita ganar más dinero en el menor tiempo posible, sus señales sobre lo que puede estar ocurriendo en la economía real se vuelven imprecisas y sistemáticamente engañosas.

En estos momentos, hay al menos tres razones concretas que explican por qué están proporcionando señales equivocadas e infravalorando el peligro que realmente amenaza a la economía global.

La primera es que estos mercados no funcionan como un mercado normal donde mucha gente compra y vende en igualdad de condiciones. Están dominados por un puñado de grandes bancos y fondos de inversión o incluso por algoritmos que manejan cantidades de dinero tan enormes que cuando apuestan en una dirección, el precio se mueve hacia donde hayan indicado. Son ellos quienes marcan la señal.

Y a esos grandes operadores les interesa apostar a que el conflicto se resolverá pronto por una razón muy concreta: si apostaran a la catástrofe y acertaran, ellos también perderían. Una crisis energética prolongada hundiría la economía global, y con ella todas sus otras inversiones —acciones, bonos, préstamos…

Apostar a la resolución rápida, en cambio, es apostar a que el juego continúa. A que los mercados siguen funcionando. A que habrá oportunidad de comprar barato ahora y vender caro después. Por eso, cuanto más dinero entra apostando a la normalización, más tranquilizadora es la señal que emiten los futuros. Y esa señal es la que acaba en los telediarios, en los análisis de los gobiernos y en la opinión pública.

La segunda razón es que los modelos que usan estos mercados para fijar precios están construidos sobre datos históricos. Y en la historia, todos los cierres del Estrecho de Ormuz han sido breves. El mercado aplica esa experiencia pasada como probabilidad futura, como si lo ocurrido antes fuera una guía fiable para lo que ocurrirá ahora. Pero esta situación no tiene precedente histórico comparable. La escala del cierre, su duración, la combinación de factores que lo rodean son nuevos. El modelo mira al retrovisor para conducir hacia adelante.

Finalmente, la tercera razón es que el cierre del Estrecho no solo produce el corte de una determinada cantidad de suministro de productos –petróleo, gas, azufre, helio…– cuyos precios se pueden registrar en el momento presente o estimar en el futuro, y sobre los que, por tanto, se pueden realizar las apuestas en las que se basan los indicadores financieros. Además, produce efectos sobre la economía real que esos indicadores sencillamente no pueden percibir ni transformar en contratos que se compren y vendan: el agricultor que no puede sembrar porque no llega el fertilizante, la fábrica que para porque no tiene insumos, el país que raciona electricidad porque no llega el gas… Esos daños no tienen precio en ningún mercado. No cotizan en ningún sitio. No existen para el sistema financiero.

El mercado construye su imagen del futuro solo con las piezas que puede ver. Y deja fuera, sistemáticamente, todos los demás daños. Su señal no es falsa, pero es estructuralmente incompleta. Y una señal incompleta sobre una crisis de esta magnitud es tan peligrosa como una señal falsa.

Finanzas que hacen negocio si el peligro no se ve

A esto que ocurre en el (desnaturalizado) mercado de futuros hay que añadir algo más. Al sistema financiero en su conjunto le interesa que la guerra sea percibida como un riesgo manejable y temporal, y no como algo que puede dar lugar a una catástrofe sistémica si no se detiene pronto.

Los fondos de cobertura son fondos de inversión que ganan dinero con los cambios a muy corto plazo de los precios o, en general, con las variaciones inmediatas en las condiciones de los mercados. Hay plataformas que mueven miles de millones de dólares apostando sobre eventos geopolíticos –si habrá o no un alto el fuego, si se atacará tal o cual infraestructura, si asesinarán a un determinado líder…–. Y quienes tienen en sus carteras las acciones de las grandes empresas petroleras y armamentísticas –en gran medida esos mismos grandes fondos que dominan los mercados de futuros– ganan dinero con cada nuevo cambio de situación.

Pues bien, lo que necesitan todos esos operadores es que el juego especulativo no se detenga. Y eso sólo puede ocurrir si la guerra –en este caso– es percibida como algo manejable. Si se procesara correctamente la gravedad de lo que está ocurriendo en el Golfo, los precios se dispararían de forma caótica, las posiciones basadas en deuda se liquidarían en cascada y el negocio especulativo colapsaría junto con todo lo demás.

La trampa

Durante décadas nos han querido convencer de que el estado de la economía se deduce de los indicadores financieros. Si la bolsa sube, es que las cosas van bien. Si el precio del petróleo no se dispara, es que la crisis energética no es tan grave. Si los índices se mantienen, es que los fundamentales aguantan.

Si llega un momento en que los agricultores no puedan cultivar y las fábricas no tienen insumos, las herramientas habituales de política fiscal serán insuficientes

Ahí está la ceguera y, por qué no decirlo, la trampa: los indicadores financieros sirven para conocer las expectativas de quienes tienen capital para apostar, pero engañan cuando se trata de percibir lo que ocurre en la producción real, en los ciclos agrícolas, en las cadenas de fabricación o con el día a día de las personas y empresas que no participan en los mercados financieros.

Se trata de un error que, en esta ocasión, puede dar lugar a consecuencias muy peligrosas. Si la guerra continúa y no se pone fin al bloqueo rápidamente, la cuerda que sostiene a la economía global no se va a romper, como en otras ocasiones, por el lado de las finanzas, sino por el de la economía real. Si es así, si llega un momento en que los agricultores no puedan cultivar, los transportistas se paralizan y las fábricas no tienen insumos, las herramientas habituales de política fiscal y monetaria serían claramente insuficientes para hacer frente a la situación. No habrá banco central que pueda arreglar el desaguisado dando cientos de miles de millones a los bancos o modificando los tipos de interés, ni gobiernos con recursos para frenar la hecatombe.

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Medidas poskeynesianas contra los efectos de la guerra en Irán y el fin del liderazgo occidental

Nuria — Wed, 29 Apr 2026 07:00:00 +0000

Fotografía: El 7 de marzo de 2026, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques contra las instalaciones urbanas de almacenamiento de combustible de Teherán, concretamente contra los depósitos de Shahran, en el oeste de la capital. Hamid Vakili

Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Juan Laborda

Un nuevo orden internacional más equilibrado demandará también un nuevo pensamiento económico, uno que privilegie la estabilidad, la equidad y el control democrático sobre los mercados.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada bajo la administración de Donald Trump con el apoyo de Benjamin Netanyahu, representa una violación flagrante del derecho internacional y un punto de inflexión en el orden mundial. Este conflicto ilegal (al no contar con defensa propia legítima ni autorización del Consejo de Seguridad) constituye un “crimen de agresión”, descrito en los juicios de Núremberg como “el crimen internacional supremo” que contiene todo el mal de la guerra. La propia justificación brindada por Trump, alegando una supuesta amenaza inminente del programa nuclear iraní (evoca los falsos pretextos de la invasión de Irak en 2003), mostrando un desprecio cínico por la legalidad internacional. Las consecuencias geopolíticas son profundas: autores como Emmanuel Todd señalan que esta guerra evidencia la disolución del liderazgo occidental y la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en el sistema global.

Todd advierte que estamos ante el inicio de una “Tercera Guerra Mundial”, con Occidente atacando a potencias emergentes, y compara la debacle estadounidense con la caída de la URSS. De hecho, Todd afirma que en este nuevo conflicto “los ataques provienen de EEUU”, atribuyendo a Washington el papel agresor que antaño tuvieron los regímenes fascistas. En su análisis, la derrota estratégica de Occidente conduce al colapso de la civilización occidental, con síntomas como la desconexión de las élites respecto de la realidad. Este giro histórico marca el fin de la pretensión moral de Occidente para liderar el mundo, ya que viola las normas que dice defender. No es casual que figuras como Sheldon S. Wolin hayan descrito la deriva interna de Estados Unidos como un “totalitarismo invertido”, en el cual las instituciones democráticas se vacían mientras el Estado, controlado por unas pocas élites y corporaciones, persigue un poder sin límites y guerras permanentes. Wolin observó ya durante la ocupación de Irak que EEUU proyectaba una imagen de imperio y superpotencia que, lejos de exportar democracia, estaba erosionando su propia democracia interna en pos de un Estado autoritario.

En este contexto, la guerra contra Irán simboliza la ruptura definitiva: un Occidente que abandona la legalidad internacional y cuyos líderes – Trump, Netanyahu y sus colaboradores – podrían incluso enfrentar la condena de la historia (y en teoría, de la justicia internacional) por crímenes de guerra y agresión. Aunque la Corte Penal Internacional enfrenta límites jurisdiccionales (EE.UU. e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma), la mera posibilidad de un juicio por crímenes de guerra subraya la gravedad de la transgresión. En suma, esta guerra ilegal no solo desestabiliza Oriente Medio; también consuma la pérdida de legitimidad de Occidente, abriendo paso a un orden internacional post-occidental más multipolar y desafiante.

Impacto económico y soluciones poskeynesianas: inflación, fiscalidad y control de precios

Las consecuencias económicas de la guerra –en particular el aumento brusco de los precios de la energía (petróleo, gas) y de productos agrícolas básicos– han sacudido a la economía mundial. Los choques de oferta bélicos disparan la inflación de costes y amenazan con recesiones. Frente a este escenario, los economistas postkeynesianos proponemos una serie de soluciones heterodoxas, enfocadas en la intervención activa del Estado para estabilizar precios y sostener la demanda, en contraposición a las recetas neoliberales pasivas.

Aumentar el gasto en subsidios energéticos temporales, ayudas alimentarias y programas de empleo, financiados con déficits si es preciso, para proteger el poder adquisitivo de los hogares y evitar el colapso de la demanda agregada

En primer lugar, se enfatiza el uso de la política fiscal activa y los estabilizadores automáticos. Siguiendo la tradición de Hyman Minsky, un “Gobierno Grande” debe permitir déficits masivos en crisis para poner un suelo bajo la caída económica. Minsky argumentaba que un elevado gasto público y transferencias (como seguros de desempleo) actúan como amortiguadores automáticos que evitan depresiones profundas. En la crisis actual, esto implica aumentar el gasto en subsidios energéticos temporales, ayudas alimentarias y programas de empleo, financiados con déficits si es preciso, para proteger el poder adquisitivo de los hogares y evitar el colapso de la demanda agregada. Los estabilizadores automáticos (seguro de paro, impuestos progresivos) ya están diseñados para aumentar el gasto público en recesiones sin requerir nuevas leyes, proporcionando un estímulo inmediato.

En segundo lugar, los postkeynesianos proponemos controles estratégicos de precios y políticas de ingresos para frenar la inflación por el lado de los costes. A diferencia de la ortodoxia que rehúye la intervención o solo propone bajadas de impuestos que benefician a unos pocos, aumentando la extracción de rentas, economistas como John Kenneth Galbraith y Minsky han defendido controles selectivos cuando grandes oligopolios ya fijan precios a su antojo. Un ejemplo actual serían topes a los precios de la energía y alimentos esenciales durante la emergencia: al estar estos sectores dominados por pocos actores, el Estado puede limitar incrementos abusivos sin arriesgar desabastecimiento. De hecho, “las empresas ya controlan precios, por lo que no es difícil para el gobierno controlar lo que ya está controlado” refiriéndonos a mercados concentrados. Durante 2022-2023, varios países aplicaron topes al precio de la electricidad o gasolina con resultados muy positivos, señalando el camino de la intervención. Minsky, por su parte, no descartaba congelaciones salariales y de precios temporales pactadas – las clásicas políticas de ingresos, para frenar espirales inflacionarias de salarios y márgenes empresariales. La clave es combinar estas medidas con otras políticas para evitar efectos adversos (por ejemplo, subsidios a productores si se controla el precio final, para que mantengan la producción).

Tercero, los postkeynesianos enfatizan la inversión pública y la planificación de la producción en sectores críticos. Ante el encarecimiento de hidrocarburos, un Estado emprendedor puede invertir aceleradamente en energías alternativas (renovables, nuclear) para reducir la dependencia y estabilizar los costos energéticos a mediano plazo. De igual forma, puede financiar directamente aumentos de producción agrícola (o liberar reservas estratégicas de alimentos y energía) para compensar la escasez provocada por la guerra. Nicholas Kaldor propuso en los años 60 del siglo pasado un enfoque visionario: crear reservas internacionales de materias primas y hasta una moneda de reserva basada en commodities, de modo que los precios de productos clave se mantuvieran estables. Esa idea –revitalizada por Kaldor en 1964 durante la primera UNCTAD– buscaba estabilizar ingresos de países exportadores y contener la inflación importada en países consumidores, controlando la subida de precios con reservas públicas de alimentos y energía a nivel mundial. En la coyuntura actual, una versión actualizada podría ser acuerdos internacionales para aumentar la producción de petróleo (vía países OPEP+) o granos (vía corredores seguros) combinados con compras y ventas coordinadas de reservas para suavizar los precios.

En cuarto lugar, los economistas poskeynesianos planteamos medidas distributivas para enfrentar la inflación de guerra. Dado que gran parte de la reciente inflación proviene de “beneficios caídos del cielo” (windfall profits) en sectores oligopólicos favorecidos por la escasez, una solución es gravar esos beneficios extraordinarios y redistribuirlos. Un estudio poskeynesiano reciente (Wildauer et al., 2023) analizó distintas respuestas a un shock de precios energéticos y halló que la política más efectiva para contener la inflación sin destruir empleo fue redistribuir las ganancias extraordinarias a los trabajadores mediante impuestos a beneficios inesperados. En otras palabras, un “windfall tax” a petroleras, eléctricas o exportadores agropecuarios – cuyos precios se dispararon por la guerra – y destinar esa recaudación a aliviar a consumidores (vía subsidios, cheques energéticos o bajadas de otros impuestos) ayuda a frenar la espiral inflacionaria reduciendo márgenes empresariales excesivos, sin recurrir a la vía ortodoxa de provocar una recesión.

Esta estrategia poskeynesiana aborda la inflación como un “conflicto distributivo” –un tira y afloja entre beneficios y salarios– por lo que procura ajustar ese balance (vía impuestos y transferencias) en lugar de simplemente subir tipos de interés y enfriar la economía. Autores como Steve Keen apoyan enfoques no convencionales donde el control de la inflación no recaiga solo en el banco central, sino en políticas fiscales dirigidas y regulación, señalando que la inflación actual no proviene de una demanda sobrecalentada sino de choques de costos y de la arquitectura financiera que amplifica esos choques.

Todas estas medidas poskeynesianas rompen con el laissez-faire: implican un Estado intervencionista que coordina esfuerzos con el sector privado

Finalmente, es esencial mencionar que todas estas medidas poskeynesianas rompen con el laissez-faire: implican un Estado intervencionista que coordina esfuerzos con el sector privado (pactos de precios y salarios), que invierte directamente y que regula mercados clave. Lejos de “crowding out”, este enfoque sostiene que una presencia estatal fuerte es necesaria para stabilizar un capitalismo propenso a crisis, tal como Minsky teorizó en su hipótesis de inestabilidad financiera. Jan Kregel, seguidor de Minsky, destaca que, sin controles públicos, los mercados financieros tienden a exacerbar las fluctuaciones en lugar de amortiguarlas, y esto es evidente en la volatilidad de materias primas sin regulación. En resumen, la receta poskeynesiana ante el caos económico desatado por la guerra pasa por fiscalidad expansiva, control de precios estratégicos, inversión estatal y reparto equitativo de cargas, en lugar de confiar ciegamente en la contracción monetaria o la “mano invisible”, o meras bajadas de impuestos que solo beneficia a unos pocos. Se trata de rescatar el papel de la política económica democrática para proteger a las mayorías frente a la inflación y el desabastecimiento, evitando así que el coste de la guerra lo paguen los trabajadores y consumidores más vulnerables.

Desfinanciarización y reforma energética: frenar la especulación y rediseñar el mercado eléctrico

Un elemento crítico agravante de la actual crisis de precios es la financiarización de las materias primas y la desregulación de los mercados energéticos en décadas recientes. De ello ya hemos hablado largo y tendido en estas líneas, pero nadie hace nada. Petróleo, gas, trigo y otros commodities esenciales no solo se compran para consumo, sino que se negocian masivamente en mercados de futuros y derivados por inversores puramente financieros. Esta especulación intensiva ha amplificado los picos de precios durante la guerra: los fondos de inversión y banco añaden demanda artificial y volatilidad Los postkeynesianos llevamos tiempo advirtiendo de estos peligros. Jan Kregel, por ejemplo, sostiene que la entrada de actores financieros “no tradicionales” (fondos indexados, ETFs (exchange-traded funds), grandes bancos) en los mercados de alimentos y energía durante los 2000s fue un factor clave tras el alza de precios 2006-2008 y nuevamente en la guerra de Ucrania y en la crisis actual. Su análisis muestra cómo la especulación puede desvincular los precios de la oferta y demanda reales: los precios futuros suben por la “burbuja” financiera y arrastran los precios spot al alza, perjudicando tanto a consumidores como a países importadores pobres.

Para combatir esta financiarización desestabilizadora, los poskeynesianos proponemos reformas regulatorias profundas: volver a separar la banca comercial de las actividades especulativas (reinstituir elementos de la ley Glass-Steagall), imponer límites estrictos de posición a los fondos en mercados de futuros (evitando que un mismo actor acapare contratos de trigo o crudo), exigir mayores márgenes de garantía para frenar el apalancamiento en derivados, y prohibir instrumentos puramente especulativos como los fondos indexados de commodities que compran sin intención de uso físico. Adicionalmente, se aboga por mayor transparencia y regulación internacional: por ejemplo, una base de datos pública de inventarios globales y flujos de commodities, coordinada por la ONU, para disipar rumores y prevenir compras de pánico. Algunos economistas sugieren reactivar el espíritu de acuerdos previos (como el desaparecido Commodity Stabilization Corporation planteado por Keynes y Kaldor) adaptado al siglo XXI, creando consorcios internacionales que intervengan en mercados clave: comprando futuros cuando los precios se desploman por debajo de costos (sosteniendo a productores) y vendiendo reservas cuando hay picos especulativos (protegiendo a consumidores). Esto implicaría dotar de fondos a instituciones globales para operar como “market maker” de último recurso en materias primas esenciales, análogo a un banco central, pero para bienes físicos.

En el sector energético, la guerra ha evidenciado evidentes fallos del modelo liberalizado, en especial el sistema marginalista de precios eléctricos vigente en muchas regiones (por ejemplo, en la Unión Europea). En este mecanismo, el precio mayorista de la electricidad lo marca la última central necesaria para cubrir la demanda (habitualmente centrales de gas de costo alto), de modo que cuando sube el gas, toda la electricidad se paga al precio más caro. En 2022, con el gas por las nubes tras la escalada bélica, países europeos vieron el precio eléctrico multiplicarse varias veces, otorgando beneficios extraordinarios a generadores inframarginales (renovables, nuclear, hidráulica, con costes bajos) que cobraban precios inflados muy por encima de sus costes. Es la gran “estafa” del mercado marginalista, pues las eléctricas obtuvieron rentas inesperadas millonarias a costa de consumidores y pequeñas comercializadoras. Los poskeynesianos nos sumamos a las voces que denuncian este diseño de mercado, argumentando que un bien esencial como la energía no debería dejarse a una subasta volátil que premia la especulación y el poder de mercado.

Las propuestas de rediseño del mercado eléctrico incluyen varias medidas interrelacionadas. Primero, desacoplar el precio de la electricidad del gas. Por ejemplo, pagar a los generadores inframarginales (renovables, nuclear) un precio fijo o por costes promedio a largo plazo, en lugar de pagarles el precio marginal instantáneo. Así se evitaría que una punta en el gas encarezca todo el pool eléctrico. Durante la crisis de Ucrania, España y Portugal lograron una excepción temporal (tope al gas) para limitar el precio considerado del gas en el mercado eléctrico, reduciendo artificialmente el precio final. Una reforma permanente podría establecer mercados separados o mecanismos de compensación para desligar tecnologías baratas de la espiral especulativa del gas.

Una empresa pública podría comprar energía renovable con contratos a 10-15 años a precio fijo razonable y revenderla a consumidores regulados

En segundo lugar, tarifas reguladas y contratos a largo plazo: potenciar contratos bilaterales de largo plazo a precios estables entre productores y consumidores, incluso con participación pública. Si bien la UE propuso fomentar estos contratos, hacerlo sin más regulación simplemente traslada el problema al mercado a plazo, donde también hay especulación y barreras de entrada. En cambio, se sugiere que el Estado actúe como intermediario. Por ejemplo, una empresa pública podría comprar energía renovable con contratos a 10-15 años a precio fijo razonable y revenderla a consumidores regulados, garantizando estabilidad de precios y financiando nuevas inversiones verdes.

En tercer lugar, límites al comercio especulativo de energía: restringir la participación de agentes puramente financieros en los mercados mayoristas de electricidad y gas. Los poskeynesianos abogamos porque sólo productores, distribuidores y consumidores cualificados (grandes industrias) puedan operar en dichos mercados, para reducir la liquidez especulativa que amplifica la volatilidad. Asimismo, implementar cortes temporales cuando los precios diarios suban excesivamente sin causa fundamental, evitando picos aberrantes.

Finalmente, regulación de la propiedad y la competencia: luchar contra el oligopolio eléctrico. La propuesta poskeynesiana incluye fortalecer las empresas públicas de energía o crear nuevas donde no las haya, para introducir competidores sin afán de lucro que moderen los precios. También realizar auditorías de costos en las empresas dominantes, detectar prácticas de manipulación de precios (por ejemplo, retirar capacidad para forzar subidas) y sancionarlas con dureza. Incluso se plantea la renacionalización parcial de redes o activos estratégicos, dado que la energía es un bien público. Estas medidas estructurales enfrentan la oposición de las corporaciones, pero apuntan a recuperar el control democrático sobre un sector vital.

La filosofía poskeynesiana para los mercados de materias primas y energía es revertir la excesiva financiarización y mercantilización de bienes esenciales

En síntesis, la filosofía poskeynesiana para los mercados de materias primas y energía es revertir la excesiva financiarización y mercantilización de bienes esenciales. Frente a la doctrina neoliberal que desde los años 90 liberalizó estos mercados bajo la premisa de eficiencia (premisa desmentida por los hechos, pues los precios se han vuelto más inestables y propensos a burbujas) se propone una vuelta a mecanismos mixtos público-privados. Esto significa mercados más regulados, con intervención pública directa para estabilizar precios y asegurar suministro, y con menos intermediarios financieros buscando extracción de rentas. Al fin y al cabo, como señala Jan Kregel, la especulación desenfrenada no solo causa injusticia social inmediata (hambre, pobreza energética) sino que distorsiona la estructura productiva de países enteros, generando booms artificiales seguidos de colapsos que impiden un desarrollo sostenible. Poner freno a estas dinámicas requiere valor político para enfrentarse a los intereses creados de Wall Street y las grandes energéticas, pero los postkeynesianos argumentamos que es imprescindible para evitar que las leyes del mercado desregulado socaven el bienestar de las naciones. La guerra ilegal contra Irán, con sus repercusiones económicas, ha servido en última instancia para exponer las debilidades del sistema global actual –tanto en lo geopolítico como en lo económico– y ha dado renovada fuerza a estas ideas de reforma. Un nuevo orden internacional más equilibrado demandará también un nuevo pensamiento económico, uno que privilegie la estabilidad, la equidad y el control democrático sobre los mercados. Pero que no se preocupen los extractores de rentas, el occidente decadente no hará nada de esto.

La entrada Medidas poskeynesianas contra los efectos de la guerra en Irán y el fin del liderazgo occidental se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

El ISDS es una amenaza para nuestro futuro

Arturo — Mon, 27 Apr 2026 06:00:00 +0000

Fotografía: Reproducción de grafiti de banksy

Manifiesto de la Sociedad civil en contra del Sistema de disputa entre inversor y estado.

El sistema de disputa entre inversor y Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) está amenazando una transición sostenible y justa lejos de combustibles fósiles y la urgente necesidad de una transformación ecológica y social para las personas y el planeta. Reconocemos la inclusión de este riesgo en los pilares temáticos de la primera Conferencia sobre Transición para Alejarse de los Combustibles Fósiles.

Hacemos un llamado a los gobiernos para construir una coalición de países comprometidos con salir del ISDS.

El sistema de ISDS se encuentra en miles de tratados de comercio e inversión. Permite que las empresas transnacionales demanden a los gobiernos en tribunales opacos fuera del sistema legal nacional por cambios en leyes o políticas que puedan afectar de cualquier forma sus ganancias esperadas. El ISDS otorga a los inversores transnacionales privilegios que ninguna empresa pequeña o ciudadano/a tiene, en particular las personas y comunidades más afectadas precisamente por esas inversiones.

Los impactos del sistema de arbitraje ISDS son palpables en todas las áreas de la sociedad y la economía, desde la salud pública a los servicios públicos, hasta la seguridad nacional o regulación sobre el uso seguro de sustancias químicas. Es un sistema profundamente antidemocrático que pone en riesgo los derechos, las soberanías y la autodeterminación.

Durante muchos años, empresas petroleras, de gas y mineras así como corporaciones energéticas han demandado a cientos de países usando el ISDS , y esto va en aumento. Empresas de combustibles fósiles y del sector minero han usado el ISDS para ganar más de 87 mil millones de dólares de dinero público desde 1998.

Además de esto, en años recientes hemos visto un aumento en casos que directamente afectan políticas específicas de transición energética. Empresas transnacionales están demandando en relación con medidas que incluyen la descarbonización, por rechazar otorgar nuevas licencias de extracción de carbón o ampliar licencias existentes, impuestos extraordinarios sobre beneficios energéticos excesivos, prohibición de extraer petróleo en alta mar, regulación sobre el fracking y el cierre de yacimientos de gas.

Las comunidades más afectadas por la crisis climática son casi siempre las más afectadas por estas demandas de ISDS ya que precisamente son estas quienes están luchando contra la destrucción del medio ambiente por la actividad minera y otros proyectos extractivos, incluida la creciente demanda de minerales críticos.

Los principales riesgos del ISDS para una transición para alejarse de los combustibles fósiles y realmente avanzar en una transición energética son el aumento significativo de los costes asociados al pago de estas millonarias demandas a los inversores transnacionales y el efecto de congelación regulatoria sobre leyes y políticas necesarias. Las empresas transnacionales pueden demandar cantidades enormes de dinero público a través del ISDS, por lo general mucho mayores de las que obtendrían en un tribunal doméstico. Las reclamaciones recientes han alcanzado miles de millones, lo que supera la capacidad de muchos países para pagar y socava su capacidad para apoyar una transición justa. Como resultado, el temor a ser demandados puede hacer que los países retrasen o decidan no adoptar las medidas necesarias sobre los combustibles fósiles y otras industrias extractivas. Los países ya han admitido que esto está ocurriendo.

Los organismos de la ONU han planteado preocupaciones fundamentales sobre el ISDS, incluido el informe del IPCC de 2022 y los informes de los Relatores Especiales. La Corte Internacional de Justicia ha subrayado que los tratados de inversión no deben interpretarse de forma aislada, sino en armonía con el derecho internacional climático, y que los países tienen obligaciones derivadas de múltiples fuentes del derecho internacional para prevenir, mitigar y reparar el cambio climático y los daños resultantes. La Hoja de Ruta de Bakú a Belém de las presidencias de la COP29 y la COP30 identifica el ISDS como una barrera sistémica.

Hacemos un llamado a los gobiernos para que comiencen a construir una coalición comprometida a liberarse de todas las formas de ISDS. Esta alianza buscaría formas para:

Cancelar tratados con ISDS, o renegociarlos para eliminar el ISDS, entre los gobiernos implicados, de maneras que aborden las «cláusulas de supervivencia».
Participar colectivamente con otros países para apoyar un mayor potencial de alejamiento del ISDS.
Comprometerse a no firmar nuevos acuerdos con ISDS.
Incluir disposiciones sobre la eliminación del ISDS en un futuro Tratado sobre Combustibles Fósiles.
Iniciar negociaciones para un tratado multilateral que permita avanzar hacia un mundo libre de ISDS.

Organizaciones firmantes

Global and regional

350.org
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Amnesty International
bilaterals.org
CAN Europe
CANLA (Climate Action Network Latin America)
Caritas Europa
Center for International Environmental Law (CIEL)
Centroamérica Hub de Finanzas Sostenibles
CIDSE
Corporate Europe Observatory (CEO)
E3G
European Environmental Bureau
European Trade Justice Coalition
Financial Transparency Coalition
Focus on the Global South
Friends of the Earth Europe
Friends of the Earth International
Global Forest Coalition
GRAIN
Greenpeace
IBON International
JASS – Just Associates
JESC-Jesuit European Social Centre
Natural Justice: Lawyers for Communities and the Environment
Nordic Climate Justice Coalition
Oxfam International
Pacific Network on Globalisation
Peace Brigades International (PBI)
Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC
Protección Internacional Mesoamérica
Red Europea Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia
Resource Justice Network
Society for International Development (SID)
Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI)
Third World Network
Transnational Institute
We Don’t Have Time
Yes to Life No to Mining

National

350 Aotearoa, Aotearoa New Zealand
Campaign Againbst Foreign Control of Aotearoa, Aotearoa New Zealand
Coal Action Murihiku, Aotearoa New Zealand
Coal Action Network Aotearoa, Aotearoa New Zealand
Greenpeace Aotearoa, Aotearoa New Zealand
Lifestock inc Ltd, Aotearoa New Zealand
Ngā Toki Whakarururanga, Aotearoa New Zealand
Sustainable North Trust, Aotearoa New Zealand
Zero Waste Aotearoa, Aotearoa New Zealand
Armenian Environmental Front volunteer initiative, Armenia
AidWatch, Australia
Australian Conservation Foundation, Australia
Australian Fair Trade and Investment Network, Australia
Australian Forests & Climate Alliance (AFCA), Australia
Australian Manufacturing Workers Union, Australia
Australian Religious Response to Climate Change, Australia
Bushfire Survivors for Climate Action, Australia
Climate Action Burwood/Canada Bay, Australia
Climate Action Monaro, Australia
Climate Action Network Australia, Australia
Climate Emergency Australia, Australia
Climate Reality Project Australia & Pacific, Australia
Combined Retired Union Members Association (CRUMA), Australia
Currie Country Social Change Aboriginal Corporation, Australia
Darebin Climate Action Now, Australia
Friends of the Earth Australia, Australia
GeneEthics, Australia
Jubilee Australia, Australia
Lighter Footprints, Australia
Migrante Australia of New South Wales, Australia
Nature Conservation Council of NSW, Australia
New South Wales Nurses & Midwives’ Association, Australia
NSW Retired Teachers’ Association, Australia
Parramatta Climate Action Network, Australia
Peoples Climate Assembly, Australia
SEARCH Foundation, Australia
Social Responsibilities Committee Anglican Church Southern Queensland, Australia
South Coast Labour Council, Australia
Sutherland Shire Environment Centre, Australia
Tax Justice Network Australia, Australia
Union Aid Abroad – APHEDA, Australia
Uniting Church in Australia, Synod of Victoria and Tasmania, Australia
Victorian Trades Hall Council, Australia
Vote Earth Now, Australia
AK Europa, Austria
Anders Handeln Austria, Austria
Attac Austria, Austria
GLOBAL 2000, Austria
Informationsgruppe Lateinamerika – IGLA, Austria
Transform! at, Austria
11.11.11, Belgium
achACT, Belgium
ACV-CSC, Belgium
ATTAC Belgium, Belgium
Broederlijk Delen, Belgium
Centre Tricontinental (CETRI), Belgium
CNCD-11.11.11, Belgium
Entraide & Fraternité, Belgium
Fédération des services sociaux, Belgium
Les Amis de la Terre – Belgique asbl, Belgium
Solsoc, Belgium
vzw Climaxi, Belgium
Fundación Internet Bolivia, Bolivia
Fundación Solón, Bolivia
Programa de Asistencia Agrobioenergetica al Campesino PAAC, Bolivia
SOMOS SUR, Bolivia
TerraJusta, Bolivia
Instituto EQUIT – Gender, Economy and Global Citizenchip, Brazil
REBRIP – Rede Brasileira pela Integração dos Povos, Brazil
Dukingire Isi Yacu (DIY), Burundi
Association for Solidarity through Humanitarian Imperative Action International, Cameroon
Green Development Advocates (GDA), Cameroon
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), Canada
Atlantic Regional Solidarity Network, Canada
Attac Québec, Canada
BC Casa Vancouver Island, Canada
Black Environmental Initiative, Canada
Canadian Association of the Club of Rome (CACOR), Canada
Canadian Centre for Policy Alternatives, Canada
Canadian Interfaith Fast For the Climate, Canada
Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), Canada
Citizens Climate Lobby Canada, Canada
Climate Action Network Canada (CAN-Rac), Canada
Common Frontiers, Canada
Grandmothers Act to Save the Planet (GASP), Canada
Guatemala Research Group, University of Northern British Columbia, Canada
Legal Advocates for Nature’s Defence, Canada
Maquila Solidarity Network, Canada
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, Canada
Mining Injustice Solidarity Network, Canada
MiningWatch Canada, Canada
National Union of Public and General Employees (Canada), Canada
Trade Justice Network, Canada
Chile Mejor sin TLC, Chile
Censat Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia, Colombia
Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia
Comité para la defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, Colombia
LazosTech, Colombia
Magazín de la Amazonía y Moviccapp, Colombia
Observatorio Ambiental Ciudadano – Veeduría Ciudadana, Colombia
Shambala, Colombia
Youth Council – La Primavera – Vichada, Colombia
Shujaa-Initiative, Congo DRC
Colombia Solidarity, Denmark
CRAC, Denmark
Den Grønne Ungdomsbevægelse, Denmark
Fossilfri Fremtid, Denmark
Frie Bønder Levende Land (Danish La Via Campesina), Denmark
NOAH – Friends of the Earth Denmark, Denmark
Amigas de la Tierra, España
ATTAC España, España
Colectivo Sur Cacarica, España
Confederación General del Trabajo, España
Departamento de Ecología Integral, Conferencia Episcopal Española, España
Ecologistas en Acción, España
Enginyeria sense Fronteres, España
Enginyeria sense fronteres de les Illes Balears, España
Fundación Vida Sostenible, España
Intersindical Solidària, España
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España, España
Medicusmundi Spain, España
Observatori del Deute en la Globalització (ODG), España
Recortes Cero, España
REVO Prosperidad Sostenible, España
Salva la Selva, España
Unión Universal Desarrollo Solidario, España
Austrian Trade Union Federation, Europe
Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), Fiji
Amis de la Terre France / Friends of the Earth France, France
Attac France, France
BLOOM, France
CliMates, France
Confédération paysanne, France
France Amérique Latine, France
France Nature Environnement, France
GAFE-France, France
MABD, France
Notre Affaire A Tous, France
Reclaim Finance, France
Veblen Institute, France
Association for Farmers Rights Defense (AFRD), Georgia
Andy Gheorghiu Consulting, Germany
Attac Berlin, Germany
Attac Germany, Germany
BUND Regionalverband Nordschwarzwald/ D, Germany
CADEHO Menschenrechtskollektiv, Germany
FDCL – Center for Research and Documentation Chile-Latin America, Germany
German NGO Forum on Environment and Development, Germany
Hamburger Energietisch e. V., Germany
Hondurasdelegation, Germany
Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel, Germany
Misereor, Germany
Netzwerk gerechter Welthandel, Germany
PowerShift e.V., Germany
Stiftung Asienhaus, Germany
Umweltinstitut München e.V., Germany
Weltladen Hailer, Germany
Zukunftsrat Hamburg, Germany
NatureFriends Greece, Greece
Residencia Pacífica La Puya, Guatemala
Instituto para el Futuro Común Amerindio IFCA, Honduras
Red de abogadas defensoras de derechos humanos, Honduras
National Society of Conservationists – Friends of the Earth Hungary, Hungary
Association for Promotion Sustainable Development, India
Samata, India
The Future We Need, India
Aceh Wetland Forum, Indonesia
Coalition Against Mining in Aceh, Indonesia
Ekologi Maritim Indonesia, Indonesia
Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesia
KRuHA – people’s coalition for the right to water, Indonesia
Puanifesto, Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Indonesia
Think Inc Indonesia Legal Office, Indonesia
Afri (Action from Ireland), Ireland
Christian Aid Ireland, Ireland
Comhlámh, Ireland
Communities Against the Injustice of Mining (CAIM network), Ireland
Earth Restore, Ireland
Financial Justice Ireland, Ireland
Friends of the Earth Ireland, Ireland
Green Greystones, Ireland
National Council for People with Disabilities (NCPD), Ireland
Trócaire, Ireland
ATTAC Italia, Italy
Fairwatch, Italy
Rinascimento Green, Italy
Community Action For Health And Development (CAHED), Kenya
Action Solidarité Tiers Monde (ASTM), Luxembourg
Mouvement Ecologique, Luxembourg
Seniors for Climate Luxembourg, Luxembourg
Consumers’ Association of Penang, Malaysia
Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth Malaysia), Malaysia
Friends of the Earth Malta, Malta
GeoComunes, México
MIRA Feminismos y Democracias, México
Otros Mundos Chiapas, México
Procesos Integrales para la Autogestion de los pueblos, México
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), México
Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz, México
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), México
Rizoma Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes, México
Justiça Ambiental JA!, Mozambique
Both ENDS, Netherlands
Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Netherlands
Handel Anders! (Dutch Trade Justice Coalition), Netherlands
Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands, Netherlands
OECD Watch, Netherlands
Platform Duurzame en Solidaire Economie, Netherlands
Working group Food Justice, Netherlands
Nigerian Women Agro Allied Farmers Association, Nigeria
Policy Alert, Nigeria
Renevlyn Development Initiative, Nigeria
Handelskampanjen, Norway
Colectivo Voces Ecológicas COVEC, Panamá
Ecological Society of the Philippines, Philippines
Legal Rights and Natural Resources Center – Friends of the Earth Philippines, Philippines
Sibuyanon Against Mining, Philippines
Polish Zero Waste Associaion, Poland
Campo Aberto, Portugal
CIDAC – Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral, Portugal
Ecomood Portugal, Portugal
Extinction Rebellion Minho, Portugal
GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, Portugal
Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural, Portugal
TROCA – Plataforma por um Comércio Internacional Justo, Portugal
ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, Portugal
ActionAid International Senegal, Sénégal
ONG Solidarité Ci Sutura, Sénégal
Umanotera, Slovenia
Alternative Information & Development Centre (AIDC), South Africa
Jordens Vänner / Friends of the Earth Sweden, Sweden
Alliance Sud, Switzerland
Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland, Switzerland
Public Eye, Switzerland
Sustainable Holistic Development Foundation (SUHODE Foundation), Tanzania
TATIC, Tanzania
Baloos Foundation, Timor Leste
Network of Rural Women Producers Trinidad and Tobago, Trinidad and Tobago
Centre for Citizens Conserving Environment & Management (CECIC), Uganda
ABColombia, United Kingdom
Action for Southern Africa (ACTSA), United Kingdom
Balanced Economy Project, United Kingdom
CAFOD, United Kingdom
Campaign against Climate Change, United Kingdom
Compassion in World Farming, United Kingdom
Corporate Justice Coalition, United Kingdom
Debt Justice UK, United Kingdom
Earth Thrive, United Kingdom
EcoNexus, United Kingdom
Encountering Existence Ltd, United Kingdom
Environmental Justice Foundation (EJF), United Kingdom
Environmental Network for Central America (ENCA), United Kingdom
Faith for the Climate, United Kingdom
Fire Brigades Union, United Kingdom
Fresh Eyes, United Kingdom
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland, United Kingdom
Friends of the Earth Scotland, United Kingdom
Fuel Poverty Action, United Kingdom
Gaia Foundation, United Kingdom
Global Justice Now, United Kingdom
Global Witness, United Kingdom
Green New Deal Rising, United Kingdom
Greenpeace UK, United Kingdom
Labour Behind the Label, United Kingdom
London Mining Network, United Kingdom
Mothers Rise Up, United Kingdom
Oxfam GB, United Kingdom
PCS Union, United Kingdom
Positive Money, United Kingdom
Stamp Out Poverty, United Kingdom
Tipping Point UK, United Kingdom
Trade Justice Movement, United Kingdom
War on Want, United Kingdom
Weald Action Group, United Kingdom
350 Bay Area Action, United States
350 Wisconsin, United States
Alliance for Global Justice, United States
Center for Economic and Policy Research (CEPR), United States
Cross Border Network for Justice & Solidarity, United States
Denver Justice and Peace Committee, United States
Earth Ethics, Inc., United States
Earthworks, United States
Global Justice Ecology Project, United States
Indigenous Research Center of the Americas, United States
Institute for Agriculture and Trade Policy, United States
Institute for Policy Studies – Global Economy Project, United States
Latin America Solidarity Coalition, United States
Local Futures, United States
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), United States
NETWORK Lobby for Catholic Social Justice, United States
Nicaragua Solidarity Coalition, United States
Portland Central America Solidarity Committee (PCASC), United States
Public Citizen, United States
Rethink Trade, United States
Rochester Committee on Latin America, United States
SAFES, United States
Sierra Club, United States
Sisters of Mercy of the Americas – Washington DC Justice Team, United States
Trade Justice Education Fund, United States
United Church of Christ, United States
Cross border organizing working group / line 5 coalition, United States and Canada
REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, Uruguay
NatureWize Vietnam, Vietnam
Yemeni Observatory for Human Rights, Yemen
Climate Action Network Zimbabwe, Zimbabwe

La entrada El ISDS es una amenaza para nuestro futuro se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Compendio de estrategias frente a la contaminación

Nuria — Sat, 25 Apr 2026 05:56:00 +0000

Fotografía: La vacuna del Oeste. En Barrio del Oeste. Salamanca

Cómo la industria obstaculiza la regulación de las sustancias químicas tóxicas

Informe publicado por CIEL (Center for International Enviromental Law) y Corporate Europe Observatory

La contaminación por sustancias químicas tóxicas es una crisis que afecta al mundo entero. ¹ Se han identificado en total 350.000 sustancias químicas y mezclas diversas en los inventarios de los países y regiones, ² y las pruebas demuestran que muchas de las sustancias químicas industriales son dañinas para la salud de las personas. ³

A pesar de que existe cada vez mayor evidencia de la presencia de sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente y en el organismo humano, las brechas regulatorias aún abundan. ⁴ Si bien existen diversas razones que explican esta situación, un factor clave que contribuye a la brecha regulatoria es el uso de diferentes tácticas engañosas por parte de los fabricantes para seguir produciendo y comercializando productos tóxicos.

Dese el tabaco a los combustibles fósiles, del plástico a las sustancias químicas, hay un largo historial de intereses corporativos y de sus aliados que emplean tácticas engañosas para evitar la regulación de los productos dañinos. A continuación, se enumeran algunas de las tácticas más habituales: ⁵

No divulgación de información que evidencia efectos perjudiciales: cuando una investigación interna de una empresa revela información perjudicial sobre sus productos, en muchas ocasiones dicha información no se comparte con el público en general, ni con los reguladores, o se oculta adrede. ⁶
Menoscabo de la ciencia independiente y realización de investigaciones que favorezcan a los intereses corporativos: se financia a los académicos para que promuevan hallazgos amigables para la industria, se seleccionan las conclusiones por conveniencia y se refuerzan los hallazgos amigables en el discurso público o con vistas a influir en los procesos legislativos; ⁷ se critica el diseño de estudios independientes o se vuelven a analizar datos sobre la base de parámetros nuevos a fin de obtener resultados que respalden las pretensiones respecto de la inocuidad de sus productos; ⁸ se realizan análisis que inducen al error a modo de generar soluciones engañosas; ¹⁰ no se revelan las fuentes de financiamiento de la industria ni los conflictos de interés en las investigaciones académicas. ¹¹
Señalamiento de «otras causas» como generadoras de los daños: se desvía la culpa de un producto o de una industria mediante la cita de otras causales alternativas para los impactos negativos. ¹²
Intimidación de científicos independientes que son usados como blanco de críticas: se desacredita a determinados autores y se acosa e intimida a científicos que publican estudios que echan luz sobre los impactos en la salud de un producto industrial específico. ¹³
Desarrollo de campañas de RR.PP.: se difunden mensajes en favor de la industria para redefinir la narrativa en torno a los productos. ¹⁴
Utilización de grupos fachada: se financian grupos de base falsos (una práctica que se conoce como «astroturfing») y se reclutan participantes para darle credibilidad a las narrativas amigables para la industria y promoverlas. ¹⁵
Aprovechamiento de vacíos legales o engaño al sistema: se identifican y aprovechan las lagunas en la legislación, mediante una elusión deliberada de las normas, o una conspiración dentro de la industria para evitar la regulación. ¹⁶
Énfasis en los costos económicos por sobre todos los demás: se manipulan datos para distorsionar los análisis de beneficios en función de los costos, lo que lleva a una sobreestimación de los costos de la regulación y una subestimación de los beneficios. ¹⁷

Cuando la industria genera dudas, realiza cabildeos con los reguladores y políticos, y presenta de forma engañosa sus productos como «seguros» a fin de demorar, limitar o impedir la regulación en el ámbito nacional, regional o global, lo hace a expensas del medio ambiente y de la salud de las personas. ¹⁸

A menudo las empresas se presentan como socios esenciales en la formulación de las políticas ¹⁹ ya que tienen acceso exclusivo a los datos sobre las sustancias químicas que utilizan, y en muchas ocasiones alegan la «confidencialidad». ²⁰ Sin embargo, los registros históricos indican un patrón de participación deshonesta en los procesos de políticas y de regulación mediante el ocultamiento de datos y su manipulación, o a través de intentos por desacreditar la ciencia independiente que da a conocer los daños que pueden generar sus productos. El secreto y la confidencialidad comerciales no deben usarse como excusas para integrar a los fabricantes y cabilderos en los procesos de formulación de políticas y en los órganos de toma de decisiones. Las empresas y sus asociaciones comerciales no deben tener la posibilidad de influir en la formulación de políticas respecto de las sustancias dañinas que fabrican, ni tampoco en el marco más amplio de políticas sobre sustancias químicas. Las instituciones deben desarrollar políticas sólidas sobre conflicto de intereses a fin de salvaguardar la formulación de políticas de aquellos intereses ya creados.

Los siguientes cuatro estudios de caso ilustran algunas de las tácticas que se describieron más arriba.

Estudios de Caso

No divulgación de información que evidencia efectos perjudiciales: sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS)

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por su sigla en inglés, también conocidas como «sustancias químicas eternas») pertenecen a un grupo de más de 10.000 ²¹ sustancias químicas sintéticas cuya principal propiedad de ‘persistencia’ se deriva de los fuertes enlaces entre el carbono y el flúor. En el marco del Convenio de Estocolmo, algunas PFAS se han identificado globalmente como Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), en tanto muchas otras con una persistencia similar e igual de preocupantes no se encuentran incluidas en la lista. ²² Las PFAS tienen propiedades impermeables, antigrasa y resistentes al fuego, por lo que se utilizan ampliamente en la industria y en productos profesionales y de consumo, desde maquinaria hasta impermeables para la lluvia. Pero es enorme el precio que se paga por ello en la salud humana y animal, así como en el medio ambiente, y algunos lo consideran uno de los problemas de salud pública y ambiental más urgentes del mundo moderno. ²³ Es muy probable que se identifiquen otros problemas para la salud humana y ambiental cuando se continúe con las investigaciones de esta clase de sustancias químicas. ²⁴

Existe cada vez más evidencia sólida, aportada por científicos independientes, de que la producción de PFAS debería regularse y restringirse. Las PFAS son sumamente problemáticas debido a su alta persistencia, ²⁵ lo que brinda una «base suficiente para su regulación.» ²⁶ Ya se ha comprobado que algunas PFAS son tóxicas y se las asocia con efectos que alteran el funcionamiento endocrino, también con la carcinogenicidad, toxicidad para el sistema reproductivo, efectos sobre el sistema inmune, y el metabolismo de los lípidos. ²⁷ La investigación además demuestra que la contaminación por PFAS no puede eliminarse durante determinados momentos clave de su ciclo de vida, ni tampoco durante la fabricación de algunas de las PFAS más controvertidas (por ejemplo, los fluoropolímeros), ²⁸ ni al finalizar dicho ciclo, durante el proceso de incineración tradicional. ²⁹ Además, queda claro que resultarían prohibitivos los costos de eliminar las PFAS de nuestros cuerpos ³⁰ o del medio ambiente. ³¹ Por otro lado, aún no existen tecnologías de limpieza totalmente efectivas y escalables.

Desde fines de la década de los noventa, los tribunales de los Estados Unidos obligaron a los principales productores de PFAS a revelar información sobre su toxicidad, aunque durante décadas habían ocultado la evidencia para evadir y luchar contra la regulación. ³² Los análisis académicos de documentos antaño secretos de productores de PFAS como DuPont y 3M demuestran que para el año 1970, las empresas sabían que estas sustancias químicas resultaban «altamente tóxicas cuando se inhalaban y moderadamente tóxicas cuando se ingerían.» ³³ Esto sucedió cuarenta años antes de que la comunidad de salud pública tuviera conocimiento de los daños que causaban dichas sustancias. ³⁴ Estos documentos además demostraron que los fabricantes utilizaron «diversas estrategias que se aplicaban también al tabaco, la industria farmacéutica y otras industrias para incidir en la ciencia y la regulación en particular, mediante la supresión de la investigación desfavorable y la distorsión del discurso público.» ³⁵ En consecuencia, se demoró significativamente la acción a nivel regulatorio. ³⁶ De igual modo, las investigaciones han demostrado que Arkema, un importante productor francés de sustancias químicas, cuyos productos incluyen PFAS, conocía los daños que producían estas sustancias desde al menos finales de los noventa y podrían haber limitado su propagación al medio ambiente diez años antes de que se tomara acción al respecto. ³⁷

Cuando la regulación de algunas PFAS resultó inevitable, la industria financió su propia ciencia para justificar sus demandas de exenciones respecto de clases enteras de PFAS para que no quedasen sujetas a la regulación. El Proyecto «Forever Lobbying» (cabildeo eterno) una investigación interdisciplinaria transfronteriza que se lanzó en 2025- reveló la importancia de dos artículos científicos muchas veces citados, ³⁸ cuyos autores eran consultores del sector industrial o empleados de las empresas fabricantes de fluoropolímeros. Se aprovecharon estos artículos para respaldar las pretensiones de la industria que sostiene que los fluoropolímeros deben exceptuarse de la regulación ya que son demasiado grandes para penetrar en las células o causar daños. ³⁹ Afirman que los fluoropolímeros son «Polímeros que generan poca preocupación» conforme los criterios establecidos por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). ⁴⁰ En realidad, la OCDE nunca ha acordado tales criterios, ⁴¹ y puede sostenerse que afirmar lo contrario fue «de dudosa honestidad». ⁴²

Tal como informó en 2024 la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB, por su sigla en inglés), a pesar de que las empresas tenían conciencia de la persistencia de las PFAS y de sus potenciales peligros, «no informaron como correspondía al público ni a los reguladores» y «contribuyeron de un modo significativo a la propagación descontrolada de PFAS a través de varios ambientes y poblaciones.» ⁴³ En la actualidad, y a pesar de la crisis de contaminación por PFAS, la regulación sigue siendo claramente irregular. El Convenio de Estocolmo que regula los COP ayudó a la eliminación gradual de algunas PFAS ⁴⁴ luego de años de oposición por parte de la industria. Sin embargo, con posterioridad a la reglamentación de una sustancia química, las empresas, en general, la reemplazan con alguna PFAS similar o con sustancias que se degradan en PFAS (un proceso que se conoce como ‘sustitución lamentable’). ⁴⁵

En el ámbito de la UE, se intenta hoy en día desarrollar una restricción amplia que cubra casi todas las PFAS a fin de evitar las sustituciones lamentables. ⁴⁶ Sin embargo, el proceso se enfrentó a múltiples desafíos que debilitan los esfuerzos por regular y prohibir las PFAS. Existe evidencia de que la industria tiene un acceso privilegiado a los encargados de tomar las decisiones, ⁴⁷ de que promueve «un temor engañoso, exagerado o potencialmente deshonesto» mediante el cabildeo a través de mensajes sobre la ciencia, las alternativas y la economía, ⁴⁸ y que impulsa soluciones derivadas de la industria para la crisis de contaminación por PFAS. ⁴⁹

Existen daños a partir de las PFAS bien documentados y los responsables de tomar las decisiones cuentan con una justificación clara y urgente para regularlas. La industria tiene intereses creados para defender el statu quo. Ha demostrado que está dispuesta a esconder la verdad, a auspiciar la ciencia, a difundir información engañosas y estrategias de manipulación, y a luchar contra las iniciativas regulatorias y de políticas que podrían proteger el medio ambiente y la salud humana del daño causado por sus productos.

Menoscabo de la Ciencia Independiente: Bisfenol A (BPA)

Los bisfenoles son un tipo de sustancia química utilizada para producir polímeros y resinas. ⁵⁰ El Bisfenol A (BPA) sea tal vez el bisfenol más conocido, ⁵¹ una sustancia química disruptiva del sistema endocrino que interfiere con la función hormonal. ⁵² Otro uso importante que se le da al BPA es en la fabricación de policarbonato plástico que se utiliza habitualmente para el envasado de alimentos, por ejemplo, las botellas para bebidas, y el revestimiento de latas de metal. ⁵³ En un primer lugar, allá por la década de 1930, ⁵⁴ se halló que imita al estrógeno y, desde entonces, se han documentado muchos efectos sobre la salud, incluidos los impactos sobre el sistema reproductivo y el metabolismo, ⁵⁵ no siendo esta enumeración taxativa. El BPA también puede tener efectos inmunotóxicos e incidir en el neurodesarrollo, ⁵⁶ aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y cánceres relacionados con lo hormonal y, además, puede afectar la fertilidad. ⁵⁷ Algunos efectos inclusive pueden pasar de una generación en otra. ⁵⁸ Un análisis de 2020 que evalúa 20 años de investigaciones sobre el BPA halló que hay «una abrumadora evidencia del daño» que produce a la salud humana la exposición al BPA, inclusive en dosis bajas. ⁵⁹

Un estudio de biomonitoreo de 2023 encontró que un 92% de los adultos en 11 países europeos presentaban BPA en la orina, lo que indica que muy probablemente esté presente en la mayoría de las personas. ⁶⁰

Los intereses comerciales detrás del BPA actúan a la defensiva y cuestionan la ciencia independiente que respalda su regulación. Por ejemplo, en la Unión Europea, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, por su sigla en inglés) agregó el BPA a la lista de candidatas para ser consideradas Sustancias Extremadamente Preocupantes (SEP), actualizando el listado en diversas etapas a fin de incluir las propiedades tóxicas para la reproducción y aquellas endocrino-disruptivas con posibles efectos severos sobre la salud humana, además de los efectos de los disruptores endocrinos en el medio ambiente. La asociación de comercio e industria del plástico en Europa, que lleva el nombre de PlasticsEurope, le inició juicio a ECHA en ocasión de las tres actualizaciones efectuadas y ha perdido siempre. ⁶¹

En la causa PlasticsEurope c. ECHA (Caso T-636/17), que tramitó ante el Tribunal General de la Unión Europea respecto de las propiedades de los disruptores endocrinos que afectan a las personas, la industria cuestionó de diversos modos los estudios científicos utilizados por ECHA para su toma de decisiones. PlasticsEurope argumentó que la Autoridad de Inocuidad Alimentaria (EFSA, por su sigla en inglés) había señalado que algunos de los estudios tenían limitaciones o eran poco fiables. ⁶² Sin embargo, la evaluación de EFSA tenía otro alcance, al evaluar el riesgo relacionado con un uso en particular en lugar de abordar los peligros intrínsecos de la sustancia, por lo que los reclamos sobre las limitaciones no resultaron relevantes conforme lo que argumentaba PlasticsEurope. ⁶³ También afirmaban que no se les daba la debida importancia a ciertos estudios ni se los tomaba en cuenta y que dichos estudios no respaldaban las conclusiones de ECHA. ⁶⁴ La sentencia del Tribunal indicó que numerosos estudios demuestran los efectos adversos sobre los ciclos hormonales, algo que la industria no abordó en su demanda; que muchas de las críticas ya se habían tratado en el proceso de análisis a los fines de actualizar el listado del BPA; y que no impugnaba esas respuestas. ⁶⁵

De todos modos, algunos países y regiones con determinados regímenes políticos han regulado con éxito ciertas aplicaciones del BPA, y otros se encuentran en el proceso de hacerlo. Por ejemplo, Canadá, los Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Suecia, Bélgica, el bloque comercial del MERCOSUR, China y Corea del Sur, cuentan con diferentes normas para el BPA presente en algunos o en todos los materiales que entran en contacto con los alimentos para bebés y niños, ⁶⁶ y la UE adoptó recientemente una prohibición más amplia del BPA en materiales que entran en contacto con alimentos. ⁶⁷ El Reino Unido se encuentra en proceso de considerar su regulación y la Agencia de Normas Alimentarias realiza consultas para proponer una prohibición respecto del BPA y otros bisfenoles en los materiales que entran en contacto con los alimentos. ⁶⁸ Habiendo dicho esto, muchas de las normas resultan insuficientes y limitadas en cuanto a su alcance.

El BPA también fue un tema que se abordó en las negociaciones en curso para contar con un Tratado Global sobre Plásticos. Existen varias propuestas para un listado global de sustancias químicas a ser reguladas que incluye el BPA, y los productos que lo contienen, en particular, juguetes, productos para niños y materiales que entran en contacto con los alimentos para niños menores de tres años, y que también son parte de las propuestas para la eliminación gradual de una lista de productos. ⁶⁹ Cada una de estas propuestas, así como otras que apuntan a prohibir el uso de sustancias químicas tóxicas en los plásticos fueron resistidas por los grupos industriales, ⁷⁰ cuya presencia ha sido bien documentada en las negociaciones del tratado sobre plásticos. ⁷¹

Establecimiento de Grupos Fachada: Benceno

El benceno es una sustancia química que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Desde hace tiempo, se sabe que tiene efectos graves para la salud, con informes que lo vinculan desde la década de 1890 con la anemia aplásica (una afección severa de la sangre), e informes que lo relacionaban con la leucemia ya en la década de 1920. ⁷² Existe hoy en día una evidencia clara del vínculo causal entre el benceno y la leucemia mieloide, así como asociaciones positivas con otros tipos de leucemia y de cáncer de la sangre. ⁷⁴ El benceno también es genotóxico, lo que significa que daña el ADN, siendo sus principales efectos la clastogenicidad (daño estructural a los cromosomas) y la aneugenicidad (número anormal de cromosomas). ⁷⁶

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado al benceno en el Grupo 1, «carcinogénico para los seres humanos» e indica que hay evidencia suficiente de que produce cáncer en los humanos, en una clasificación que existe hace décadas. ⁷⁷ En la UE, el benceno se clasifica como un carcinógeno 1A en la Directriz de Clasificación, Etiquetado y Envasado. ⁷⁸ En los Estados Unidos, se encuentra regulado en el marco de la Ley de Aire Limpio como «Contaminante Peligroso para el Aire». ⁷⁹

El benceno se encuentra estrechamente vinculado a los combustibles fósiles ya que está presente en productos petrolíferos como la gasolina y se libera durante la producción de plásticos. ⁸⁰ En tanto un análisis del American Petroleum Institute de 1948 llegó a la conclusión de que «la única concentración de benceno absolutamente segura es cero», ⁸¹ la industria intentó limitar la regulación del benceno, incluso a través de Concawe (Conservación del Aire y Agua Limpios en Europa), un grupo de investigación creado por empresas petroleras en 1963 para «llevar a cabo investigaciones sobre temas ambientales relacionados con la industria petrolera». ⁸² Concawe se opuso al establecimiento de límites de exposición ocupacional más firmes para el benceno en Europa e intentó incidir en la clasificación de IARC que sostenía que los gases de escape diésel eran cancerígenos para los seres humanos, así como en la evaluación de riesgos del benceno realizada por ECHA. En 2017, Concawe encargó un proyecto para volver a analizar los datos sobre el impacto del benceno a niveles de exposición bajos y presentó los resultados a ECHA. Se excluyeron «datos críticos, lo que imposibilitaba la observación del comportamiento ante dosis bajas», conforme lo indicó un experto en salud ambiental. ⁸³ Este informe se incluyó en el análisis de ECHA, pero en marzo de 2018, el Comité de Evaluación de Riesgos (CER) finalmente recomendó un límite de 0,05 ppm.

Durante dicho proceso y una vez publicada la recomendación, Concawe continuó oponiéndose a las conclusiones del órgano científico de la UE mediante el envío de una carta a la presidencia del CER en noviembre de 2017 donde expresaba sus inquietudes y proponía un límite de 0,5 ppm durante tres años, para luego llegar a 0,25 de allí en más, conforme un documento de posición del mes de marzo de 2019, seguido de una reunión en abril de 2019 con un órgano de la Comisión Europea. ⁸⁴ En última instancia, la UE prestó su acuerdo a una propuesta casi idéntica, mediante la adopción de límites de exposición de 0,5 ppm de abril de 2024 a 2026, y un límite algo más estricto de 0,2 ppm de allí en adelante. La Comisión Europea presentó esto como «la opción más equilibrada entre una protección adecuada de los trabajadores en la UE y la prevención del cierre y otras desventajas severas para las industrias.» ⁸⁵ Ello ilustra más que nada el papel y el poder de los grupos fachada y de las estrategias de desinformación de la industria al menoscabar las políticas y la regulación que buscan proteger la salud humana y el medio ambiente.

Combinación de Estrategias de Desinformación: Plaguicidas

Existe un amplio consenso científico de que los plaguicidas juegan un papel clave para lograr una disminución en la cantidad de insectos, lo que incluye los polinizadores que resultan vitales para nuestra provisión de alimentos. ⁸⁶ Los actores de la industria han empleado una serie de tácticas para asegurar que sus productos, incluidas muchas clases de plaguicidas, permanezcan en el mercado. En particular, ha estado en el candelero el grupo de neonicotinoides (también conocido como neónicos o NNI), uno de los insecticidas de uso más generalizado. Los neonicotinoides atacan el sistema nervioso central de los insectos y es habitual su uso en tratamientos sistémicos, incluidos los revestimientos de las semillas. A medida que la planta absorbe en forma gradual el insecticida, los insectos se encuentran expuestos en forma constante. En la UE, el primer insecticida neonicotinoide fue autorizado en 2005. ⁸⁷ Para el año 2012, la nueva evidencia científica llevó a la Comisión Europea a solicitarle a EFSA que analice los riesgos asociados al uso de clotianidina, imidacloprid y tiametoxam en abejas. ⁸⁸ Los estudios también señalaron daños relevantes para la salud humana a partir de estas sustancias. ⁸⁹

En 2013, la EFSA publicó un Documento de Orientación sobre la evaluación de riesgos en relación con los efectos de los plaguicidas en las abejas («Documento de Orientación sobre las Abejas»), ⁹⁰ así como un Dictamen Científico en la que EFSA concluyó que los tres neonicotinoides (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam) representan un riesgo severo para las abejas. ⁹²

En respuesta al Dictamen sobre los tres neonicotinoides, Syngenta, el desarrollador y mayor productor de tiametoxam, ⁹³ solicitó una revisión. En una carta del año 2012 a la Comisión Europea, ⁹⁴ la empresa planteó que los neonicotinoides «no dañan la salud de las poblaciones de abejas», aun cuando el Documento de Orientación sobre Abejas se basó en numerosos estudios publicados antes de dicho año. Bayer, otra empresa química que produce neonicotinoides, ⁹⁵ encargó a «un panel de científicos especializados en abejas» su propio análisis del Dictamen de EFSA. En realidad, los científicos fueron parte de un panel que incluía a la empresa Exponent, ⁹⁶ defensora de productos.

David Michaels, profesor del Departamento de Salud Ambiental y Ocupacional de la Universidad George Washington, afirma que las corporaciones contrataron empresas de defensa de productos para ayudarlos a crear incertidumbre científica sobre posibles daños causados por sus productos. ⁹⁷ Exponent sostuvo que EFSA «sobreestima los riesgos para las abejas melíferas» y no señaló los plaguicidas sino otras causas como, por ejemplo, «un mantenimiento inadecuado de las colmenas.» ⁹⁸ Este análisis se realizó junto con una campaña de cabildeo masivo por parte de los productores Bayer y Syngenta, y la amenaza de acciones judiciales por parte de Syngenta. ⁹⁹

La UE finalmente prohibió en 2018 el uso al aire libre en la UE de los tres neonicotinoides imidacloprid, clotianidina y tiametoxam-. ¹⁰⁰ Sin embargo, la prohibición se ve constantemente socavada ¹⁰¹ por un vacío legal que permite exenciones en el ámbito nacional. Del mismo modo, el Documento de Orientación sobre Abejas de la EFSA (publicado en 2013) ha experimentado muchas demoras en su implementación. Croplife Europe ¹⁰² le escribió a la Comisión Europea expresando su oposición al Documento por su «nivel irrealista de conservadurismo,» ¹⁰³ y muchos países de la UE bloquearon su implementación, repitiendo los argumentos de la industria. ¹⁰⁴ Las empresas ahora piden un mayor involucramiento de la industria ¹⁰⁵ «en todas las etapas» del desarrollo de documentos de orientación de la UE.

Surgió otra estrategia cuando Dow y Bayer lanzaron en el mercado de la UE dos insecticidas nuevos, sulfoxaflor y flupiradifurona. Estas sustancias químicas tienen el mismo mecanismo de acción que los neonicotinoides. Ahora bien, en 2012, ¹⁰⁶ Dow y Bayer crearon dos categorías nuevas de insecticidas para caracterizarlos de un modo diferente. Las dos sustancias químicas se prohibieron en Francia a partir de 2018 ¹⁰⁷ debido a su mecanismo de acción idéntico a los neonicotinoides. En contradicción con la evidencia científica, Bayer sigue vendiendo y elogiando los plaguicidas sobre la base de flupiradifurona ¹⁰⁸ debido a que son «ambientalmente amigables para las abejas melíferas y para los abejones y para la mayoría de los insectos beneficiosos.»

Un elemento clave en las estrategias de algunas empresas productoras de plaguicidas para lograr que se autorice su producto son los intentos frecuentes por ignorar o descalificar evidencia independiente, revisada por pares y que surge de la evaluación regulatoria, ¹⁰⁹ solo permitiendo que se considere única o principalmente la ciencia proveniente de la industria. ¹¹⁰ Por ejemplo, las autoridades utilizan la escala de puntuación de Klimisch para evaluar la fiabilidad de los estudios toxicológicos. Este sistema lo desarrollaron tres empleados de BASF y se ha utilizado para descartar los estudios independientes. ¹¹²

Se ha inclusive demostrado que algunas empresas productoras de plaguicidas tratan de incidir en las evaluaciones científicas a los fines regulatorios mediante estudios fantasma (una táctica considerada como fraude científico). Tres ejemplos para destacar en cuanto a los escritos fantasma se relacionan con Monsanto y el glifosato (el ingrediente activo en RoundUp). En el año 2000, se publicó en la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology una evaluación de inocuidad y una evaluación de riesgo de RoundUp donde se sostiene que «no hay ningún indicio preocupante para la salud humana.» ¹¹³ El artículo que se conoce como el de Williams, Kroes, y Munro fue citado como evidencia de la inocuidad del glifosato durante dos décadas y fue apuntalado por numerosas normas aún después de que un juicio de 2017 sacase a la luz correos electrónicos que sugieren que los empleados de Monsanto fueron los autores fantasma de dicho documento. ¹¹⁴ Finalmente, el artículo fue retractado en 2025, ¹¹⁵ con posterioridad a un artículo científico de Kaurov y Oreskes. Sin embargo, tal como lo señalaron estos autores, el retiro del artículo «no borrará 25 años de influencia.» ¹¹⁶ Existe evidencia de que un segundo documento que se publicó como el de ‘Kier & Kirkland 2013,’ también había sido en parte un artículo fantasma y, desde su publicación, no ha sido retractado. ¹¹⁷ En Kier & Kirkland, los correos electrónicos y documentos internos de la empresa demostraron que un empleado de Monsanto fue señalado en primera instancia como autor y luego eliminado antes de su publicación. ¹¹⁸ Esta misma táctica se repitió en otro artículo sobre glifosato que se centraba en impactos en el sistema reproductivo, en el cual el empleado de Monsanto fue eliminado de la lista de autores. ¹¹⁹

Conclusión y Recomendaciones

La evaluación de riesgos y la prevención de los daños a la salud humana y al medio ambiente derivados de las sustancias químicas constituyen el eje central de su gestión. La evidencia histórica demuestra que muchas empresas que fabrican estos productos minimizan, tergiversan o manipulan la información científica sobre los peligros de sus productos para resistirse a la regulación o demorarla. La protección de la salud y el medio ambiente requiere tener en cuenta este hecho comprobado y actuar en consecuencia.

Con ese fin, se debe prohibir la participación en los procesos regulatorios a aquellas empresas que fabrican, introducen en el mercado, venden, utilizan y comercian sustancias reguladas (en especial sustancias químicas, plaguicidas y plásticos) que pueden causar daños al medio ambiente y/o a la salud. Estas empresas y las asociaciones comerciales afines no deberían poder influir en la formulación de políticas sobre las sustancias peligrosas que fabrican, ni tampoco incidir en el marco más amplio de políticas sobre productos químicos. En tanto deberían poder participar en consultas públicas o audiencias, o responder a solicitudes oficiales de información sobre sus productos, no deberían poder ejercer presión en privado sobre los encargados de formular las políticas, ofrecerles atenciones, ni gozar de otro tipo de acceso informal o tras las bambalinas. Este enfoque no sería inédito. Tras constatar que la industria tabacalera socava de manera sistemática la toma de decisiones de interés público en materia de salud, las autoridades de salud pública actuaron, y la OMS adoptó normas para ayudar a garantizar que la industria del tabaco no participe en la elaboración de políticas de salud pública. ¹²⁰

A fin de hacer cumplir lo antedicho, es fundamental que existan normas y procedimientos claros sobre conflictos de interés en los espacios de formulación de políticas y en los ámbitos científicos a nivel internacional, regional y nacional. Las autoridades del sector público también deberían implementar normas sobre transparencia que exijan la divulgación de cualquier reunión de cabildeo mantenida con la industria química. Resulta decisivo que los funcionarios establezcan con urgencia canales científicos sólidos, bien financiados y totalmente independientes que sirvan de base para la toma de decisiones sobre la regulación de sustancias químicas, a fin de evitar la dependencia de datos que son proporcionados por la industria.

Bibliografía complementaria:

Libros:

Oreskes, Naomi and Erik M. Conway. «Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming.» Bloomsbury Press, 2010.
Michaels, David. «Doubt Is Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health.» Oxford University Press, 2008.
Foucart, Stephane, Stephane Horel, and Sylvain Laurens. «Les gardiens de la razón – Enquête sur la désinformation scientifique.» La Decouverte, 2020.

Artículos académicos:

Evans-Reeves, Karen A., Britta K. Matthes, Phil Chamberlain, Nino Paichadze, Anna B Gilmore, and Melissa Mialon. «Intimidation against advocates and researchers in the tobacco, alcohol and ultra-processed food spaces: a review.» Health Promotion International 39 no. 6, (2024). https://doi.org/10.1093/heapro/daae153.

Acknowledgments

The Pollution Playbook: How Industry Blocks Regulation of Toxic Chemicals was authored by Rachel Radvany (Center for International Environmental Law) and Vicky Cann and Nina Holland (Corporate Europe Observatory). It was edited by Cate Bonacini. Special Thanks to Giulia Carlini, Claire Robinson, Noa Simon Delso, David Azoulay, Aidan Steer, Barnaby Pace, and Elana Baurer for their review and project support.

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1 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Environmental Outlook on the Triple Planetary Crisis: Stakes, Evolution and Policy Linkages (OECD, 2025), 157, https://doi.org/10.1787/257ffbb6-en.

2 Zhanyun Wang et al., «Toward a Global Understanding of Chemical Pollution: A First Comprehensive Analysis of National and Regional Chemical Inventories,» Environmental Science & Technology 54 no. 5 (2020), 2578, https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.9b06379?ref=article openPDF.

3 United Nations Environment Programme (UNEP), Global Chemicals Outlook II: From Legacies to Innovative Solutions (UNEP, 2019), 150-155, https://www.unep.org/resources/report/global-chemicals-outlook-ii-legacies-innovative-solutions.

4 UNEP, Global Chemicals Outlook, vii; United Nations Environment Programme (UNEP), Global Framework on Chemicals-For a Planet Free of Harm from Chemicals and Waste (UNEP, 2023), 5-8, https://wedocs.unep.org/items/78b44b29-7325-4924-a16a-4bfl94ef64c9.

5 Rebecca Goldberg and Laura Vandenberg, «The science of spin: targeted strategies to manufacture doubt with detrimental effects on environ-mental and public health.» Environ Health 20 no. 33 (2021), 4-5 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33771171/; Tess Legg et al., «The Science for Profit Model-How and why corporations influence science and the use of science in policy and practice,» PLoS ONE 16 no. 6 (2021), 6-9, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253272.

6 Legg et al., «Science for Profit,» 9; K. Michael Cummings et al., «The Cigarette Controversy,» Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention 16 no. 6 (2007), 1071-1072, https://aacrjournals.org/cebp/article/16/6/1070/260310/The-Cigarette-Controversy.

7 Carey Gillam, «Revealed: The secret push to bury a weedkiller’s link to Parkinson’s disease,» The Guardian, 2 de junio de 2023, 5-7, https://www.theguardian.com/us-news/2023/jun/02/paraquat-parkinsons-disease-research-syngenta-weedkiller.

8 Legg, «Science for Profit,» 9.

10 Lianne Sheppard et al., «Flawed analysis of an intentional human dosing study and its impact on chlorpyrifos risk assessments,» Environment International 143 (2020), https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105905.

11 Legg, 11; «The Fossil Fuel Industry Hid the Truth about Its Funding of Fracking Research,» Union of Concerned Scientists, 12 de octubre de 2017, https://www.ucs.org/resources/fossil-fuel-industry-hid-truth-about-its-funding-fracking-research.

12 Goldberg, «The Science of Spin,» 2.

13 Margot Gibbs et al., «Poison PR,» Lighthouse Reports, 27 de septiembre de 2024, https://www.lighthousereports.com/investigation/poison-pr/; Agathe Bonfour, «Manufactured Doubt-The plastics industry is taking lessons from Big Oil to undermine science,» Source Material, 27 de noviembre de 2024, https://www.source-material.org/plastics-science-merchants-doubt-oil-tobacco/.

14 Zach Boren and Emma Howard, «Companies behind campaign to end plastic waste produced 1,000 times more plastic than it cleaned up,» Unearthed, 20 de noviembre de 2024, https://unearthed.greenpeace.org/2024/11/20/alliance-to-end-plastic-waste-oil-chemical-exxon-shell-total/.

15 Kevin Grandia, «Leaked Memo: Oil Lobby Launches Fake ‘Grassroots’ Campaign,» Desmog, 13 de agosto de 2009, https://www.desmog.com/2009/08/13/oil-lobbys-energy-citizens-astroturf-campaign-exposed-launch/.

16 US Environmental Protection Agency, «Volkswagen Violations,» last updated March 19, 2025, https://www.epa.gov/vw/learn-about-volkswagen-violations; «Bisphenol A in food containers: almost €20 million in fines,» Autorité de la concurrence, 11 de enero de 2024, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/en/press-release/bisphenol-food-containers-almost-eu20-million-fines.

17 «Sabotaging EU Pesticide Reduction Law (SUR),» Corporate Europe Observatory, 19 de noviembre de 2023, 8, https://corporateeurope.org/en/2023/11/sabotaging-eu-pesticide-reduction-law-sur; Ton van der Ham and Vincent Harmsen, «WUR admits: ‘Scientists should not have participated in pesticide lobby’,» BNNVARA, 10 de octubre de 2024, 9, https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/wur-erkent-wetenschappers-hadden-niet-mogen-deelnemen-san-pesticidenlobby.

18 Goldberg, «The science of spin,» 2.

19 «International negotiations,» European Chemical Industry Council (Cefic), 27 de marzo de 2025, https://cefic.org/policy/international-negotiations/sh-science-policy-panel-nbsp-nbsp.

20 Wang et al., «Toward a Global Understanding,» 2576.

21 «ECHA publishes PFAS restriction proposal,» European Chemicals Agency (ECHA), 7 de febrero de 2023, https://echa.europa.eu/-/echa-publishes-pfas-restriction-proposal.

22 «Overview,» Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs), accessed 23 de enero de 2025, https://www.pops.int/Implementation/Industrial POPs/PFAS/Overview/tabid/5221/Default.aspx.

23 «Per and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS),» UN Environment Programme, consultado el 25 de noviembre de 2025, https://www.unep.org/topics/chemicals-and-pollution-action/pollution-and-health/persistent-organic-pollutants-pops/and.

24 Ian T. Cousins et al., «The high persistence of PFAS is sufficient for their management as a chemical class,» Environmental Science: Processes & Impacts 12, (2020), 2308, https://doi.org/10.1039/DOEM00355G.

25 Cousins, «High persistence of PFAS.»

26 Ian T. Cousins et al., «Why is high persistence alone a major cause of concern?» Environmental Science: Processes & Impacts 5 (2019), p781, https://doi.org/10.1039/C8EM00515J.

27 «Per-/polyfluorinated compounds,» Human biomonitoring for Europe (HBM4EU), consultado el 15 de enero de 2026, https://www.hbm4eu.eu/hbm4eu-substances/per-polyfluorinated-compounds/.

28 Joost Dalmijn et al., «Emission inventory of PFASs and other fluorinated organic substances for the fluoropolymer production industry in Europe,» Environmental Science: Processes & Impacts 2 (2024), https://doi.org/10.1039/D3EM00426K.

29 «Etude bibliographique sur la thermodégradation des PFAS [Literature review on the thermal degradation of PFAS],» L’Institut national de l’environnement industriel et des riesgos (Ineris), 5 de febrero de 2025, https://www.ineris.fr/fr/etude-bibliographique-thermodegradation-pfas.

30 Gretta Goldenman et al., «The cost of inaction: a socioeconomic analysis of environmental and health impacts linked to exposure to PFAS,» Nordic Council of Ministers (2019), 14 https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1295959/FULLTEXT01.pdf.

31 «The Bill,» The Forever Lobbying Project, actualizado por última vez en enero de 2025, https://foreverpollution.eu/lobbying/the-bill/.

32 Nina Gaber et al., «The Devil they Knew: Chemical Documents Analysis of Industry Influence on PFAS Science,» Annals of Global Health 89 no. 1 (2023), 2, https://doi.org/10.5334/aogh.4013.

33 Nina Gaber et al., «The Devil they Knew,» 9.

34 Gaber et al., «The Devil they Knew,» 1.

35 Gaber et al., «The Devil they Knew,» 1.

36 Gaber et al., «The Devil they Knew,» 2.

37 Emilie Rosso, «PFAS INVESTIGATION. Pollution and endangering the lives of others: how the industrial company Arkema has been ‘preparing its defense’ for years (2/3),» France 3 Rhône-Alpes, 13 de junio de 2024, https://france3-regions.franceinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/enquete-pfas-depuis-des-annees-arkema-prepare-sa-defense-2-3-2985893.html.

38 Barbara J Henry et al., «A Critical Review of the Application of Polymer of Low Concern and Regulatory Criteria to Fluoropolymers,» Integrated Environmental Assessment and Management 14 no. 3 (2018), 316-334, https://doi.org/10.1002/ieam.4035; Stephen H Korzeniowski et al., «A critical review of the application of polymer of low concern regulatory criteria to fluoropolymers II: Fluoroplastics and fluoroelastomers,» Integrated Environmental Assessment and Management 19 no. 2, 326-354, https://doi.org/10.1002/ieam.4646.

39 «The Disinformation Campaign,» The Forever Lobbying Project, consultado el 25 de noviembre de 2025, https://foreverpollution.eu/lobbying/the-disinformation-campaign/.

40 «The Disinformation Campaign,» The Forever Lobbying Project.

41 Stéphane Horel et al., «The Stress Test Methodology,» The Forever Pollution Project, 14 de enero de 2025, https://foreverpollution.eu/lobbying/the-stress-test-methodology/.

42 «The Disinformation Campaign,» Forever Lobbying Project.

43 Olatz Finez Marañón et al., «From Risk to Resilience: Navigating Towards a Toxic-Free Future,» European Environmental Bureau, abril de 2024, 66, https://eeb.org/library/from-risk-to-resilience-navigating-towards-a-toxic-free-future/.

44 «The new POPs under the Stockholm Convention,» The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs), consultado el 22 de enero de 2025, https://www.pops.int/TheConvention/ThePOPs/TheNewPOPs/tabid/2511/Default.aspx.

45 Olasunkanmi Dosunmu et al., «The unintentional role of chemical regulation in regrettable substitution: The case of PFAS,» Environmental Science and Policy 174 (2025), https://doi.org/10.1016/j.envsci.2025.104275.

46 Vicky Cann, «Chemical reaction: inside the corporate fight against the EU’s PFAS restriction,» Corporate Europe Observatory (enero de 2025), 8, https://corporateeurope.org/en/chemical-reaction.

47 Cann, «Chemical reaction,» 22.

48 «The Disinformation Campaign,» Forever Pollution Project.

49 Cann, «Chemical reaction,» 23-25.

50 «Bisphenols,» ECHA, consultado el 20 de enero de 2026, https://echa.europa.eu/hot-topics/bisphenols.

51 Jodi Flaws et al., «Plastics, EDCs, and Health: A Guide for Public Interest Organizations and Policy-Makers on Endocrine Disrupting Chemicals and Plastics,» (IPEN and The Endocrine Society, 2020), 44, https://www.endocrine.org/-/media/endocrine/files/topics/edc guide 2020 v1 6chgennew-version.pdf.

52 Flaws et al., «Plastics, EDCs, and Health,» 18-19.

53 US Food and Drug Administration, «Bisphenol A (BPA): Use in Food Contact Application,» última actualización, 20 de abril de 2023, https://www.fda.gov/food/food-packaging-other-substances-come-contact-food-information-consumers/bisphenol-bpa-use-food-contact-application.

54 Andreas Gies and Ana M. Soto, «Chapter 10-Bisphenol A: contested science, divergent safety evaluations,» in Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation, (Publications Office of the European Union, 2013), 20, https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/late-lessons-2.

55 Miriam Meister, «Bisphenol A in low doses can affect the reproductive system and behaviour,» DTU Food Institute, 19 de abril de 2016, https://www.food.dtu.dk/english/News/Nyhed?id=ee009a3b-e421-4858-8bel-6103080a9978.

56 Barbara Demeneix and Rémy Slama, «Endocrine Disruptors: from Scientific Evidence to Human Health Protection,» (European Parliament Policy Department for Citizen’s Rights and Constitutional Affairs, 2019), 32, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf.

57 European Environment Agency (EEA), «Human exposure to Bisphenol A in Europe,» September 13, 2023, https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/human-exposure-to-bisphenol-a.

58 Jennifer T. Wolstenhome et al., «Transgenerational Bisphenol A Causes Deficits in Social Recognition and Alters Postsynaptic Density Genes in Mice,» Endocrinology, Volume 160, Issue 8, agosto de 2019, 1858, https://doi.org/10.1210/en.2019-00196; David López-Rodriguez et al., «Multi-and Transgenerational Outcomes of an Exposure to a Mixture of Endocrine-Disrupting Chemicals (EDCs) on Puberty and Maternal Behavior in the Female Rat,» Environmental Health Perspectives 129 no. 8, agosto de 2021, 15, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34383603/.

59 Frederick S. Vom Saal and Laura Vandenberg, «Update on the Health Effects of Bisphenol A: Overwhelming Evidence of Harm,» Endocrinology 162 no. 3 (2021), 18, https://doi.org/10.1210/endocr/bqaa171.

60 EEA, «Human exposure to BPA in Europe.»

61 ClientEarth, «EU Court delivers final blow to plastics industry on BPA,» 9 de marzo de 2023, https://www.clientearth.org/latest/press-office/press-releases/eu-court-delivers-final-blow-to-plastics-industry-on-bpa/.

62 Case T-636/17, PlasticsEurope v. Eur. Chem. Agency (ECHA), ECLI:EU:T:2019:639, 45-47 (20 de sep. de 2019), https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document?source=document&text=&docid=217994&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ-first&part=1&cid=15648547.

63 Case T-636/17, PlasticsEurope v. Eur. Chem. Agency (ECHA), ECLI:EU:T:2019:639, 45-47 (20 de sep. de 2019).

64 Id. at 46-50.

65 Id. at 71-82.

66 Lindsey Parkinson, «Bisphenols,» Food Packaging Forum, 23 de julio de 2025, https://foodpackagingforum.org/resources/background-articles/bisphenols.

67 «EU prohibition on the use and trade of Bisphenol A from 20 January 2025,» European Commission, 7 de marzo de 2025, https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/news/eu-prohibition-use-and-trade-bisphenol-20-january-2025.

68 «Consultation on the proposal to implement a ban on the use of bisphenol A (BPA) other bisphenols and bisphenol derivatives in food contact materials,» UK Food Standards Agency, última actualización, 2 de octubre de 2025, https://www.food.gov.uk/news-alerts/consultations/consultation-on-the-proposal-to-implement-a-ban-on-the-use-of-bisphenol-a-bpa-other-bisphenols-and-bisphenol-derivatives-in-food?utm_source-Food+for+Thought Newsletter&utm_campaign=179585ad2f-EMAIL CAMPAIGN 2025 11.25 11_19&utm_medium=email&utm_term=0 179585ad2f-205500638.

69 United Nations Environment Programme, «Compilation of draft text of the international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment,» UNEP/PP/INC.5/4 (9 de julio de 2024), 67-68, https://wedocs.unep.org/items/d34bla24-0ed4-46de-bd89-0094bf699ea6; Switzerland, on behalf of a group of 85 countries, «Further development of Article 3 on Plastic Products,» 10 de agosto de 2025, https://resolutions.unep.org/incres/uploads/mex-swi proposal on art. 3 plastic products 1L.pdf.

70 «Corporate Advocacy on the UN Global Plastics Treaty,» InfluenceMap, Noviembre de 2024, https://influencemap.org/briefing/Corporate-Advocacy-on-the-UN-Global-Plastics-Treaty-30143; «Corporate Advocacy on the UN Global Plastics Treaty-2025 Update,» InfluenceMap, diciembre de 2025, https://influencemap.org/briefing/Corporate-Advocacy-on-the-UN-Global-Plastics-Treaty-2025-Update-33706.

71 «Fossil Fuel and Petrochemical Lobbyists Overrun Plastics Treaty Negotiations,» Center for International Environmental Law, 7 de agosto de 2025, https://www.ciel.org/news/inc-5-2-lobbyist-analysis/.

72 UK Health Security Agency, «Benzene: general information,» última actualización, 4 de octubre de 2024, https://www.gov.uk/government/publications/benzene-general-information-incident-management-and-toxicology/benzene-general-information; «Aplastic anemia,» Mayo Clinic, 3 de mayo de 2025, https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/aplastic-anemia/symptoms-causes/syc-20355015.

74 «Committee for Risk Assessment RAC, Opinion on scientific evaluation of occupational exposure limits for Benzene,» European Chemicals Agency (ECHA), 9 de marzo de 2018, 6. https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/benzene_opinion_en.pdf/4fec9aac-9ed5-2aae-7670-5226705358c7.

76 TECHA Risk Assessment Opinion, 8.

77 World Health Organization International Agency for Research on Cancer (WHO IARC), «Benzene Volume 120,» in IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, (IARC, 2019) 33, https://publications.iarc.who.int/576.

78 ECHA Risk Assessment Opinion, 4.

79 «Initial List of Hazardous Air Pollutants with Modifications,» US Environmental Protection Agency, última actualización, 18 de diciembre de 2025, https://www.epa.gov/haps/initial-list-hazardous-air-pollutants-modifications.

80 David Azoulay et al., «Plastic and Health: The Hidden Costs of a Plastic Planet,» (Center for International Environmental Law, 2019), 18-19, https://www.ciel.org/plasticandhealth/.

81 «Toxicological Review: Benzene, Department of Safety,» American Petroleum Institute, septiembre, 1948, 4, https://www.documentcloud.org/documents/1373098-00010795/?mode=document.

82 Concawe, «Who are we,» consultado el 8 de diciembre de 2025, https://www.concawe.eu/who-are-we/.

83 «Uncovered: how a research group created by BP, Shell and ExxonMobil undermined European laws designed to protect people from cancer risks,» Transport & Environment Europe, 29 de noviembre de 2023, https://www.transportenvironment.org/articles/how-concawe-a-research-group-created-by-bp-shell-and-exxonmobil-undermined-european-laws-designed-to-protect-people-from-fossil-fuel-emission-linked-cancer-risks.

84 Transport & Environment Europe, «Research group created by BP, Shell and ExxonMobil.»

85 Transport & Environment Europe, «Research group created by BP, Shell and Exxon Mobil.»

86 Simon G. Potts et al., «Summary for policymakers of the assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production,» (IPES, 2016), 10 (point 14), https://zenodo.org/records/2616458.

87 «Neonicotinoids,» European Commission, consultado el 23 de enero de 2026, https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/approval-active-substances-safeners-and-synergists/renewal-approval/neonicotinoids_en.

88 «Statement on the findings in recent studies investigating sub-lethal effects in bees of some neonicotinoids in consideration of the uses currently authorised in Europe,» EFSA, Junio de 2012, 2 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2012.2752.

89 Jean-Marc Bonmatin et al., «An update of the Worldwide Integrated Assessment (WIA) on systemic insecticides,» Environmental Science and Pollution Research 28 (2021), 11712, https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-12853-6.

90 «EFSA Guidance Document on the risk assessment of plant protection products on bees,» European Food Safety Authority (EFSA), 4 de julio de 2013, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2013.3295.

92 «EFSA identifies risks to bees from neonicotinoids,» European Food Safety Authority (EFSA), 16 de enero de 2013, https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130116.

93 «Thiamethoxam,» American Chemical Society, 6 de octubre de 2012, https://www.acs.org/molecule-of-the-week/archive/t/thiamethoxam.html.

94 «Letter to Commissioners: Sustainable intensive agriculture-EFSA review on neonicotinoid risks to bee health,» Syngenta, 21 de noviembre de 2012, https://corporateeurope.org/sites/default/files/letter from syngenta to commissioners maire geoghegan-quinn and dacian ciolos 21st november 2012.pdf.

95 Bayer, «Neonicotinoids: Bayer’s Systematic Risk Management & Portfolio Evolution,» (Bayer, 2025), 5, https://www.baver.com/sites/default/files/baver-neonicotinoids-report-2025-4-15-final.pdf.

96 «Letter to EFSA: EFSA peer review of the pesticide risk assessment,» Bayer, 41.

97 David Michaels, «Mercenary Science: A Field Guide to Recognizing Scientific Disinformation,» (American Educator, Winter 2021-2022), https://www.aft.org/ae/winter2021-2022/michaels.

98 «Letter to EFSA: EFSA peer review of the pesticide risk assessment,» Bayer, 42.

99 «Pesticides against pollinators,» Corporate Europe Observatory, 11 de abril de 2013, https://corporateeurope.org/en/agribusiness/2013/04/pesticides-against-pollinators.

100 «Neonicotinoids,» European Commission.

101 «Banned pesticides still widely used: How EU Member states abuse emergency authorisations,» PAN Europe, January 12, 2023, https://www.pan-europe.info/press-releases/2023/01/banned-pesticides-still-widely-used-how-eu-member-states-abuse-emergency.

102 The European Crop Protection Association (ECPA) changed its name to Croplife Europe in 2021. «2021: A pivotal year for CropLife Europe,» Croplife Europe, December 2021, https://croplifeeurope.eu/a-pivotal-year-for-croplife-europe/.

103 «Letter to the European Commission: Review and update of the EFSA Bee Guidance Document,» European Crop Protection Association (now Croplife Europe), 16 de junio de 2017, https://croplifeeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/28136 Letter to DG SANTE on the ECPA proposal for a protective and workable EU Bee Risk Assessment.pdf.

104 «Chapitre 3 (2016-2019),» in «Le dernier souffle d’un projet de protección des abeilles [The final gasp of a bee protection project],» Pollinis, consultado el 20 de noviembre de 2025, https://www.pollinis.org/enquete/le-scopaff-contre-les-abeilles-histoire-dun-scandale-environnemental-europeen/le-dernier-souffle-dun-projet-de-protection-des-abeilles/.

105 «Open Letter of Business and Agri-Food Industry stakeholders on the need for a high-performing EFSA to boost the competitiveness of the EU agri-food sector,» 28 de mayo de 2025, https://croplifeeurope.eu/wp-content/uploads/2025/05/Open-industry-letter-on-better-EFSA-performance FINAL.pdf.

106 «Sulfoxaflor and flupyradifurone: Neonicotinoids or not?» Pesticide Action Network (PAN) Europe, septiembre de 2016, https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/factsheets/201609%20Factsheet%20What%20is%20a%20neonicotinoid Flupvradifurone Sulfoxaflor EN PAN%20Europe.pdf.

107 Bonmatin et al., «WIA on systemic insecticides,» 11712.

108 «Let’s Talk About Flupyradifurone,» Bayer, última actualización, 24 de noviembre de 2023, https://www.bayer.com/en/agriculture/lets-talk-about-flupvradifurone.

109 «Missed and Dismissed,» PAN-Europe and Générations Futures, 2014, https://www.pan-europe.info/old/Resources/Reports/PANE%20-%202014%20-%20Missed%20and%20dismissed.pdf.

110 Helmut Burtscher, «They ‘didn’t even read’ the glyphosate studies,» interview by Fabian Schmidt, Deutsche Welle, 23 de marzo de 2017, https://www.dw.com/en/european-regulators-didnt-even-read-risk-studies-on-monsanto-pesticide-glyphosate/a-38087834.

112 Claire Robinson et al., «Achieving a High Level of Protection from Pesticides in Europe: Problems with the Current Risk Assessment Procedure and Solutions,» European Journal of Risk Regulation 11 (2020), section II.2., https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-risk-regulation/article/achieving-a-high-level-of-protection-from-pesticides-in-europe-problems-with-the-current-risk-assessment-procedure-and-solutions/1162DF6B1E3DF0OFB801F484FD3ADB91; «Ensuring a higher level of protection from pesticides in Europe: The Problems with Current Pesticide Risk Assessment Procedures in the EU and Proposed Solutions,» (Citizens for Science in Pesticide Regulation, 2018), 32, https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/White%20Paper Dec2018.pdf.

113 [RETRACTED] GM Williams et al., «Safety evaluation and risk assessment of the herbicide Roundup and its active ingredient, glyphosate, for humans,» Regulatory Toxicology and Pharmacology 31 no. 2 Pt 1 (2000), abstract, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10854122/.

114 Alexander A. Kaurov and Naomi Oreskes, «The afterlife of a ghost-written paper: How corporate authorship shaped two decades of glyphosate safety discourse,» Environmental Science and Policy 171 (2025), https://doi.org/10.1016/j.envsci.2025.104160.

115 «Glyphosate safety article retracted eight years after Monsanto ghostwriting revealed in court,» Retraction Watch, 4 de diciembre de 2025, https://retractionwatch.com/2025/12/04/glyphosate-safety-article-retracted-elsevier-monsanto-ghostwriting/.

116 «Glyphosate safety article retracted,» Retraction Watch.

117 «Screening of new Monsanto Papers,» Corporate Europe Observatory, 8 de noviembre de 2017, point 6, https://corporateeurope.org/en/food-and-agriculture/2017/11/screening-new-monsanto-papers.

118 «Screening of new Monsanto Papers,» Corporate Europe Observatory.

119 Carey Gillam, «Decades of Deceit,» presentation to a European Parliament hearing, 11 de octubre de 2017, slide 6., https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/129120/PH Glyphosate Gillam.pdf.

120 World Health Organization (WHO), «Guidelines for implementation of Article 5.3,» FCTC/16.1 (1 de enero de 2013), https://fetc.who.int/resources/publications/m/item/guidelines-for-implementation-of-article-5.3.

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A los bancos centrales les tiemblan las piernas

Arturo — Thu, 23 Apr 2026 06:00:00 +0000

Fotografía: La presidenta del BCE, Christine Lagarde, conversando con el vicepresidente Luis de Guindos el pasado 5 de febrero. / BCE

Juan Torres López. Publicado originalmente en Contexto

La parálisis actual de las autoridades emisoras responde a un diseño defectuoso de la arquitectura de su política monetaria, incapaz de dar respuesta a los problemas económicos de nuestro tiempo

Durante décadas, los bancos centrales han hablado antes que nadie, diciendo lo que había que hacer, y con la prepotencia típica de quien está seguro de que posee la verdad absoluta. Sus directivos han actuado siempre como árbitros de la política económica en general y únicos custodios de la credibilidad institucional.

Por eso sorprende tanto la cautela, incluso el mutismo actual. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habla con desconocida modestia: “Simplemente no podemos ofrecer una orientación”. En la Reserva Federal, Jerome Powell, en lugar de pontificar como era habitual, se ha limitado a subrayar “la incertidumbre que rodea el shock del petróleo”.

Estos días, los bancos centrales dan la imagen del jugador que mira desde el banquillo sin saber si el entrenador le va a pedir que salga al campo ni qué deberá hacer si tiene que jugar.

Una actitud muy distinta a la que adoptaron cuando estalló la guerra en Ucrania y los precios de la energía se dispararon. Inmediatamente mantuvieron que la inflación era de naturaleza monetaria y respondieron con su único instrumento: la subida de tipos. Sin importarles que la inflación tuviera un origen claramente externo; ni que subir el precio del dinero sobre unos costes energéticos ya disparados supusiera añadir más leña al fuego.

Prepotencia injustificada

La tradicional actitud prepotente de los bancos centrales ha sido siempre, cuando menos, llamativa, porque todos ellos cargan con un largo historial de predicciones erróneas y de consecuencias devastadoras.

La presidenta Lagarde aseguró que sería “muy improbable” una subida de tipos en 2022

Powell insistió en que la inflación pospandémica era “transitoria”. No lo era. La presidenta Lagarde aseguró que sería “muy improbable” una subida de tipos en 2022. Los subió ese mismo año. El Banco de la Reserva de Australia prometió públicamente que los tipos no subirían hasta 2024; los subió en 2022.

No son anécdotas aisladas. Los estudios académicos muestran que las proyecciones de los principales bancos centrales han estado sistemáticamente sesgadas en la misma dirección (mostrando escenarios más optimistas que la realidad) y que sus errores, casualmente, siempre tienden a favorecer al sector financiero y a los grandes capitales.

Más independencia y poder, peor rendimiento

Es muy significativo que los grandes errores y fracasos de los bancos centrales se hayan producido precisamente cuando han disfrutado de total independencia y, además, siempre por la misma razón.

Siendo una de sus principales funciones garantizar la estabilidad financiera, resulta que la creciente independencia de los bancos centrales no ha evitado una mayor recurrencia de episodios de inestabilidad. La base de datos más reciente registra más de 151 crisis bancarias sistémicas de 1970 a 2019, 200 de deuda soberana desde 1960 y 414 cambiarias desde 1950: el período de mayor densidad de crisis de toda la historia documentada.

Ni siquiera se puede decir que la inflación se haya mantenido controlada gracias a la política monetaria, pues se moderó por factores estructurales

Ni siquiera se puede decir que la inflación se haya mantenido controlada gracias a la política monetaria, pues se moderó por factores estructurales: la integración de China que hundió los precios industriales en Occidente; y las políticas de recortes, el envejecimiento demográfico, la desigualdad y la debilidad inversora que han mantenido la economía con el freno puesto. Cuando esas fuerzas desaparecieron –con la pandemia y las guerras comerciales–, la inflación regresó con virulencia y los bancos centrales no supieron preverlo ni explicarlo.

Además, una cosa es domeñar un indicador estadístico y otra frenar las subidas de precios de lo que más importa. La inflación general acumulada en la UE entre 2010 y 2024 fue del 39%, pero los precios de la vivienda subieron el 53%. Mientras los precios de consumo se moderaban por factores estructurales, los activos –vivienda, bolsa, deuda– se encarecían, sin que los bancos centrales hayan sido capaces de evitarlo. Y esta inflación es la que más condiciona la vida económica real.

La razón por la que se producen tantos fallos, los errores continuos y graves de los bancos centrales es algo cada día más evidente. No son, como se quiere hacer creer, instituciones técnicas o neutrales. Como expliqué con detalle en mi libro Más difícil todavía, responden a un diseño ideológico basado desde los años ochenta en tres grandes pilares: la inflación es un fenómeno monetario, su independencia es un principio rector imprescindible para evitar expectativas inflacionistas y los tipos de interés son la herramienta necesaria y suficiente para influir sobre los precios.

El primero cae ante la evidencia: la inflación tiene múltiples causas y aplicar siempre la misma respuesta es como recetar el mismo tratamiento para cualquier enfermedad.

El segundo ha mostrado sus límites en las crisis. Durante la pandemia, la coordinación con los gobiernos fue inevitable, aunque improvisada y sin marco institucional claro.

El tercero es cada vez más cuestionado. Los tipos de interés no afectan por igual a todos los sectores ni garantizan una transmisión eficaz al conjunto de la economía.

¿Cambio de actitud o falta de rumbo?

A la vista de tantos fallos acumulados, cabe preguntarse si la moderación de estas últimas semanas significa que los bancos centrales se han dado cuenta de ese sesgo y de sus efectos nocivos y que, por tanto, están dispuestos a rectificar.

Naturalmente, no podemos saber lo que pasa por la cabeza de sus dirigentes, pero sí conocemos sus análisis y los instrumentos a los que se siguen aferrando para tomar medidas ante los problemas económicos. Y ahí no hay mucho margen para el optimismo.

Subir ahora los tipos sólo beneficiaría a los grandes poseedores de capital y paralizaría aún más la actividad económica

La economía global está en tensión desde hace tiempo y los precios suben por múltiples factores: aranceles de Trump, concentración de los mercados, restricción crediticia, burbuja de la inteligencia artificial y, últimamente, por la guerra de Irán. Sin embargo, los bancos centrales siguen pensando en si utilizan o no el único instrumento de siempre: los tipos de interés. Y el problema es evidente. Subir tipos enfría la demanda, pero no resuelve cuellos de botella ni abarata la energía. Lo que provoca, en cambio, es un efecto claro: encarece la financiación, frena la inversión y debilita la actividad. Y no hay que ser un lince para darse cuenta de que, en economías deprimidas como la europea, que crece al 0,9%, o en la de Estados Unidos, afectada por los aranceles, eso podría ser una puntilla definitiva que las frenara en seco. Una vez más, subir ahora los tipos sólo beneficiaría a los grandes poseedores de capital y paralizaría aún más la actividad económica.

El silencio actual de los bancos centrales no es humildad. Es parálisis. No se parece al del sabio que calla porque sabe que las palabras precipitadas hacen daño. Es el del técnico que, ante un tablero de control para el que fue entrenado en condiciones de laboratorio, descubre que los indicadores no responden como el manual predice.

Lo que los hechos están imponiendo, con la fuerza acumulada de varios choques simultáneos, es el reconocimiento de que los modelos de los bancos centrales no sirven. Cada vez resulta más evidente que el único instrumento que utilizan produce efectos imprevisibles cuando los problemas son de naturaleza mixta y compleja. La arquitectura de la política monetaria está mal diseñada y no es útil ante los problemas económicos de nuestro tiempo.

Todo indica que los bancos centrales empiezan a ser conscientes de ello. Lo dicen, entre líneas, cuando admiten, como Lagarde, que no pueden “ofrecer orientación”, o cuando Powell subraya la incertidumbre como si fuera una novedad y no la condición permanente de la economía real.

Por eso, ahora que el entrenador les dice que se preparen para salir al campo, les tiemblan las piernas.

Las reformas que se necesitan

Es un error alegrarse de la moderación y cautela actual de los bancos centrales. Es sólo una muestra de su impotencia que nos indica la urgencia de rediseñarlos profundamente.

Hay que ampliar su mandato más allá del control de la inflación, incluyendo estabilidad financiera sistémica, prevención de burbujas de activos, sostenibilidad ambiental y objetivos de desarrollo sostenible, evaluando los efectos distributivos de cada decisión.

Se debe redefinir la medición de la inflación, incluyendo el precio efectivo de la vivienda –no el alquiler equivalente hipotético– y los activos que realmente determinan el bienestar de las personas y la buena marcha de las empresas.

Es imprescindible sustituir la brocha gorda de los tipos de interés por instrumentos quirúrgicos

Es imprescindible sustituir la brocha gorda de los tipos de interés por instrumentos quirúrgicos: coeficientes de capital contracíclicos, límites a la relación préstamo-valor en hipotecas, requisitos de liquidez sectoriales que actúen sobre los focos de fragilidad sin ahogar el conjunto de la economía…

Urge reformar su gobernanza: los órganos de gobierno de los bancos centrales son socialmente homogéneos, lo que genera puntos ciegos colectivos. Se necesita diversidad de enfoques, rendición de cuentas real ante los parlamentos y evaluaciones externas independientes.

Y es fundamental institucionalizar la coordinación de su política monetaria con la política fiscal, no como subordinación, sino como arquitectura: protocolos formales, transparentes y sujetos a rendición de cuentas.

El problema no es que los bancos centrales se equivoquen tanto. Es que actúan como si no pudieran equivocarse nunca. Y que se lo estamos permitiendo.

Juan Torres López

Es economista y catedrático jubilado de Economía Aplicada. Es miembro del Consejo Científico de Attac España

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Científicos cuestionan el dogma del capitalismo: es posible «un alto grado de bienestar» sin crecimiento económico

Arturo — Tue, 21 Apr 2026 06:00:00 +0000

Fotografía: Reproducción de grafiti de Banksy. Estamos todos en el mismo bote.

Adhik Arrilucea. Publicado originalmente en Público

Un estudio liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona muestra que el desarrollo perpetuo no es necesario si se prioriza la redistribución de la riqueza y la producción de los recursos esenciales.

El crecimiento económico y el desarrollo sostenible son el compás de las sociedades occidentales que buscan mantener sus tendencias al alza de acumulación de recursos y riqueza. Pero este no es el único paradigma que existe. De un tiempo a esta parte, se han popularizado nuevas formas de imaginar otros mundos posibles. Así, los movimientos sociales, la ciencia y la filosofía han desplegado la investigación sobre el decrecimiento. Al contrario de las políticas actuales, este enfoque atiende a los límites del planeta y defiende que, mediante una redistribución justa, es posible vivir de manera digna y con todas nuestras necesidades cubiertas sin incrementar la producción.

Estas teorías y enfoques no son nuevas. En noviembre de 2023, la propia Letizia Ortiz llegó a citar a ecólogos como el científico del CSIC Antonio Turiel. Así, reconoció el desarrollo de ideas, según las cuales «desarrollo y sostenible ya no pueden ser algo [que vayan juntos]». Lo hizo durante el XVI Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, al que le acompañaba, entre otras figuras, el entonces ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá. Este replicó, no obstante, que los postulados decrecentistas «parecen de una debilidad de fundamentos extrema». No obstante, los expertos han continuado el desarrollo de un andamiaje teórico en esta línea capaz de analizar la realidad de la crisis climática en todas sus vertientes.

Un nuevo estudio liderado por científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) plantea cómo alcanzar «un alto bienestar» y un clima seguro sin crecimiento económico. El trabajo, publicado en Nature Climate Change, es una perspectiva. Es decir, no se trata de un caso de estudio al uso, donde se investiga una cuestión específica –a la que se aplica una metodología para obtener unos resultados de los que extraen unas conclusiones–. No obstante, pasa por el mismo mecanismo de revisión que los artículos habituales.

¿Qué es el decrecimiento?

Esta perspectiva establece los principios para modelizar escenarios de poscrecimiento. «El poscrecimiento es un término paraguas que engloba un conjunto de enfoques que priorizan la sostenibilidad ambiental, la equidad social y el bienestar humano por encima de la búsqueda perpetua del crecimiento económico», define en declaraciones a Público Aljoša Slameršak, autor principal del estudio e investigador del ICTA-UAB. Dentro de dicho paraguas, incluye el concepto del decrecimiento. Este «se refiere a la reducción planificada y equitativa de aquellas actividades económicas que son ecológicamente destructivas o que no contribuyen al bienestar humano».

La investigación argumenta que «el crecimiento incrementa la demanda de energía, tierra y uso de materiales. Esto resulta particularmente problemático en el caso de las economías de altos ingresos y las personas adineradas, que ya tienen niveles de uso de energía y materiales muy superiores a los necesarios para el bienestar«. Por el contrario, Slameršak apunta que el decrecimiento busca «disminuir la presión ecológica y liberar recursos actualmente destinados para el consumo excesivo, para garantizar condiciones de vida dignas para todos«.

La investigación identifica cinco principios fundamentales del poscrecimiento: bienestar, suficiencia, reducción de las desigualdades, reorientación de la economía y convergencia norte-sur. Según el autor principal, todos estos criterios vertebradores son indisociables entre ellos. «No se puede, por ejemplo, tener una economía que proporcione altos niveles de bienestar mientras se mantienen la sobreproducción y el despilfarro entre los ricos, ya que esto inevitablemente llevará a superar los límites planetarios». En la misma línea, sospecha de las «perspectivas de una vida buena para la mayoría mientras persistan las enormes desigualdades dentro de las sociedades y las relaciones económicas imperiales entre los países del norte y el sur global».

El artículo identifica varios mecanismos clave de la transición al poscrecimiento. «El poscrecimiento implica redistribuir y reestructurar la economía para proporcionar lo esencial, que garantice un nivel de vida digno para todas las personas, manteniendo el consumo adicional no esencial dentro de niveles compatibles con los límites planetarios. Esto exige reducir sustancialmente las desigualdades actuales», comenta en un comunicado el coautor Joel Millward-Hopkins, de la Universidad de Lausana.

¿Un escenario realmente posible?

Los científicos señalan que el incremento de la producción y el consumo hace más difícil la mitigación del cambio climático. No obstante, no es este un esquema mental extendido en la población, ni tampoco en el propio Gobierno, que defiende el desarrollo sostenible. Durante la primera sesión del G20 el pasado noviembre, Pedro Sánchez declaró que «el desarrollo inclusivo y sostenible es imposible sin paz«. Unos meses antes, en junio, aseveró en la apertura del Business Forum que «no es posible el desarrollo sostenible sin una participación mucho más decidida de las empresas». No obstante, ¿es posible cambiar las políticas actuales hacia el decrecimiento? ¿De veras se puede vivir bien sin este crecimiento?

Slameršak cuestiona la premisa de este planteamiento. «No creo que todas las clases sociales hayan tenido la misma experiencia de crecimiento económico», valora. Menciona que el profesorado catalán, por ejemplo «ha perdido efectivamente un 25% de su poder adquisitivo en la última década«. Si bien reconoce que ha habido un desarrollo económico desde la crisis financiera de 2008, «este crecimiento no ha seguido el ‘efecto goteo’ hacia todas las clases sociales. De hecho, gran parte del crecimiento que vemos hoy en día se sostiene, podría argumentarse, mediante la presión sobre las clases pobres y medias por parte de las clases rentistas y los ricos», abunda.

El investigador del ICTA-UAB considera «crucial» poner en cuestionamiento «la idea de que la calidad de vida depende del crecimiento». Indica así que esta noción se aleja del «sentido común» de la mayoría de las sociedades a lo largo de la historia, que tenían otros modos de producción y de organizar la vida. «Lo que se necesita para una vida buena, desde el punto de vista económico, es la satisfacción de las necesidades materiales básicas», defiende. «No es necesario ampliar el tamaño del piso sin fin, comer más alimentos o trabajar más horas cada año para ser feliz».

Una redistribución basada en la justicia social

El cuestionamiento al efecto goteo del crecimiento económico no es baladí, ni tampoco solo una opinión. El periodista de Público Jorge Otero recordaba un informe de la ONG Oxfam Intermón publicado en enero. Este denunciaba la «concentración extrema de la riqueza en el mundo». En su informe anual sobre el reparto de la riqueza, la ONG señaló que 2025 fue «un año histórico para el capital». De acuerdo con sus datos, un reducido grupo de 3.000 personas en todo el mundo acapara casi 18,3 billones de euros mientras «la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza con menos de 8,3 dólares al día».

El pasado mes de febrero The Wall Streel Journal publicaba un artículo titulado El gran dinero de la economía actual va al capital, no al trabajo. La pieza demuestra que la brecha de la desigualdad entre trabajadores y empresarios se ensancha año tras año. De acuerdo con los datos aportados por el diario económico, los salarios de la clase trabajadora en todo el mundo han pasado de representar el 58% de la riqueza global en 1980 a algo más del 51% ahora. En cambio, las empresas se quedan con una parte cada vez mayor de esa riqueza: ha pasado del 7 al 12%.

El estudio publicado en Nature Climate Change señala que los escenarios actuales de poscrecimiento y decrecimiento no aplican de manera coherente los principios fundamentales de una transición al poscrecimiento, lo que deja sin explorar buena parte de su potencial. En muchos casos, estos escenarios actuales se limitan a proyectar un estancamiento o una caída del PIB, sin transformar la producción ni la distribución.

¿A qué debemos renunciar?

«Nuestra investigación muestra que la mayoría de los países de altos ingresos, y en este grupo incluyo el estado español, en términos agregados, ya poseen y producen lo suficiente para proporcionar una vida digna a todos sus ciudadanos. El problema es que el acceso a estos recursos está mediado por una propiedad y un poder adquisitivo escandalosamente desiguales«, expresa el científico del ICTA-UAB. ¿Significa eso que no debemos renunciar a nada? Para el autor principal, lo principal de lo que nos debemos deshacer es «la posibilidad de acumulación ilimitada de poder y recursos por parte de una minoría».

Las clases medias y bajas no deberán renunciar «al acceso a bienes y servicios económicos esenciales». «A lo que debemos renunciar colectivamente es a un sistema económico construido sobre la extracción, la desigualdad y el desperdicio«, insiste. De este modo, el autor espera su estudio sirva para crear «imaginarios esperanzadores» en un contexto donde las ideas del crecimiento sostenible están tan arraigadas. «Al desarrollar escenarios rigurosos y demostrar que un futuro con alto bienestar y bajo crecimiento es materialmente posible, podemos ayudar a contrarrestar la narrativa de que «no hay alternativa» al modelo actual».

Adhik Arrilucea

Periodista de ciencia y medio ambiente en ‘Público’. Investigador predoctoral en la UC3M, está especializado en Teoría y Crítica de la Cultura. Con formación en Periodismo, Humanidades y Ciencias Políticas, cuenta con experiencia en comunicación científica en la Agencia SINC e institucional en el Ministerio de Industria. Es autor de una investigación académica sobre la cobertura mediática de los movimientos ecologistas y la crisis climática.

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La Unión Europea y la industria química quieren exponernos a más sustancias cancerígenas

Arturo — Sun, 19 Apr 2026 06:00:00 +0000

Fotografía: El 9 de febrero, activistas de XR Bélgica, apoyadas por Greenpeace, cerraron las oficinas del Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic), uno de los grupos de presión industrial más poderosos de la UE, en un intento de señalar a los responsables del importante retroceso actual en materia de protección de la salud y el medio ambiente.

Tom Kucharz @tomkucharz Publicado originalmente en El Salto Diario.

La Comisión Europea y la industria química vuelven a poner en cuestión uno de los principios básicos de la protección sanitaria y ambiental: limitar la exposición de la población a sustancias peligrosas. Bajo el nombre aparentemente técnico de “paquetes ómnibus”, Bruselas está impulsando una serie de reformas legislativas que, lejos de mejorar la regulación, buscan recortarla a costa de debilitarla.

Desde principios de 2025, la Comisión Europea ha lanzado diez de estos paquetes legislativos. El denominado Ómnibus VI sobre sustancias químicas apunta directamente a la regulación de productos cosméticos y podría permitir que sustancias peligrosas sigan utilizándose durante más tiempo en productos de uso cotidiano.

Si esta legislación se aprueba en su forma actual, supondría un grave retroceso para la salud pública en Europa, ya que facilitaría la presencia en cosméticos de sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR).

Una desregulación que beneficia a la industria

El 8 de julio de 2025, la Comisión Europea publicó su propuesta de reglamento ómnibus VI. El objetivo declarado es simplificar normas y reducir cargas administrativas para la industria. En la práctica, sin embargo, el texto introduce cambios que flexibilizan la prohibición de sustancias peligrosas en cosméticos y facilitan que permanezcan más tiempo en el mercado.

El Consejo de la Unión Europea adoptó ya en noviembre una posición sobre el texto, con algunas modificaciones menores. Posteriormente, el 12 de enero de 2026 se publicó el borrador del informe elaborado por los coponentes del Parlamento Europeo, que se mantiene en gran medida alineado con la propuesta de la Comisión e incluso profundiza algunos de sus retrocesos.

El paquete legislativo se encuentra actualmente en debate en el Parlamento Europeo y será votado en las comisiones de Medio Ambiente (ENVI) y Mercado Interior (IMCO) el próximo 24 de marzo.

Más exposición a sustancias peligrosas

Entre los cambios más preocupantes se encuentra la posibilidad de facilitar el uso de sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción en cosméticos, así como prolongar su permanencia en el mercado.

Estas sustancias CMR llevan más de 20 años prohibidas en los productos cosméticos (Directiva Europea de Cosméticos de 2003). Esta prohibición constituye una salvaguardia esencial para proteger la salud de los consumidores y la normativa vigente ya establece un marco para solicitar exenciones caso por caso.

Pero con la “simplificación” normativa, la Comisión, el Consejo y los coponentes del Parlamento Europeo quieren introducir varias lagunas en la regulación de los cosméticos. Primero, facilitar las exenciones para usar sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) limitando la evaluación de alternativas. Segundo, prolongar considerablemente el tiempo durante el que estas sustancias pueden permanecer en el mercado. Y, tercero, excluir de la prohibición automática a algunas sustancias CMR, como aquellas cuyo riesgo se manifiesta por inhalación o ingestión o las presentes en extractos vegetales no modificados químicamente (por ejemplo, aceites esenciales).

También se propone eliminar algunos requisitos introducidos recientemente para mejorar la legibilidad de las etiquetas químicas —como tamaños mínimos de letra o estándares de espaciado— que permiten a los consumidores comprender mejor los riesgos de los productos.

Frente a ello, eurodiputados de los grupos de la Izquierda, los Verdes, socialdemócratas y liberales han presentado enmiendas para reforzar la protección sanitaria. Entre otras medidas, plantean:

Restablecer los requisitos de etiquetado que la Comisión quiere eliminar.
Prohibir los disruptores endocrinos en cosméticos.
Prohibir los llamados “químicos eternos” (PFAS) en productos cosméticos.
Impedir que sustancias cancerígenas o tóxicas permanezcan más tiempo en el mercado.

Sin embargo, la mayoría política reaccionaria y autoritaria del Parlamento Europeo genera preocupación. Las fuerzas conservadoras y de extrema derecha cuentan con una mayoría potencial y existe el riesgo de que se alineen para mantener una agenda de desregulación favorable a la industria química.

Un proceso legislativo cuestionado

Además del contenido del ómnibus, también se ha cuestionado el modo en que la Comisión elaboró la propuesta. Varias organizaciones —entre ellas Corporate Europe Observatory, Générations Futures, Health and Environment Alliance, el European Environmental Bureau y el Center for International Environmental Law— presentaron una queja ante la Defensora del Pueblo Europea.

Según estas organizaciones, la Comisión Europea no presentó una base científica sólida ni llevó a cabo una consulta pública adecuada. En su lugar, se apoyó en un proceso informal de “reality check” dominado por la industria química.

La Defensora del Pueblo ha decidido examinar estas preocupaciones dentro de sus investigaciones más amplias sobre la toma de decisiones recientes de la Comisión.

Un problema de salud pública creciente

Este debate no es abstracto. La exposición a sustancias químicas peligrosas tiene consecuencias reales para la salud.

Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una de cada seis personas en edad reproductiva experimentará problemas de infertilidad a lo largo de su vida. En Europa, alrededor de 25 millones de personas se ven afectadas por la infertilidad.

En Francia, por ejemplo, el número de nuevos casos de cáncer aumentó un 40% entre 2003 y 2023, y la concentración de espermatozoides en el semen masculino disminuyó un 32% entre 1989 y 2005. Los costes sanitarios siguen aumentando: el gasto en atención hospitalaria creció más de un 40% entre 2014 y 2024. No podemos permitirnos seguir exponiéndonos a riesgos evitables.

En este contexto, debilitar la regulación de sustancias químicas presentes en productos de uso cotidiano resulta difícil de justificar desde el punto de vista sanitario.

La presión ciudadana puede marcar la diferencia

El debate parlamentario todavía está abierto. Organizaciones de la sociedad civil han lanzado campañas para movilizar a la ciudadanía y presionar a los eurodiputados para que rechacen las partes más perjudiciales del ómnibus.

Una de ellas permite interpelar directamente a representantes en el Parlamento Europeo para exigir que se incremente o se mantenga el actual nivel de protección frente a sustancias químicas peligrosas en cosméticos.

La iniciativa puede consultarse aquí: https://shaketonpolitique.org/es/interpelaciones/omnibus-6/

En un momento en el que la Comisión Europea habla constantemente de competitividad y simplificación normativa, conviene recordar que la protección de la salud pública no es una carga burocrática. Es un derecho fundamental.

Permitir que sustancias que sabemos que pueden provocar cáncer, mutaciones genéticas o problemas reproductivos sigan presentes en productos que usamos a diario no es simplificar la legislación. Es rebajar la protección de salud de la ciudadanía para satisfacer las demandas de los lobbies industriales.

Y esa es una motosierra regulatoria que no se debería emplear.

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