Imagen: Reproducción del grafiti de Banksy en una puerta de una casa bombardeada en Gaza

A pocas semanas de la Junta General de Accionistas de CAF del próximo 14 de junio, las organizaciones abajo firmantes queremos mostrar públicamente nuestro rechazo a la implicación continuada de la empresa vasca en el Tren Ligero de Jerusalén (JLR, por sus siglas en inglés), una infraestructura clave para la consolidación de la ocupación ilegal israelí sobre territorio palestino ocupado.

Mientras CAF anuncia beneficios históricos —40 millones de euros solo en el último trimestre y récord de pedidos—, continúa obteniendo beneficios económicos de un proyecto que contribuye directamente a la expansión y consolidación de los asentamientos ilegales israelíes en la Jerusalén Este ocupada. El crecimiento económico de CAF no puede desvincularse de su participación en un sistema colonial, genocida, de ocupación y discriminatorio, en violación del derecho internacional. 

Desde 2019, CAF participa junto a la empresa israelí Shapir en la ampliación, operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén, una infraestructura que conecta asentamientos ilegales israelíes con Jerusalén Oeste y que forma parte de la estrategia de anexión territorial impulsada por el Estado de Israel. A través de ello, CAF desempeña un papel estructural e indispensable en la consolidación  y expansión del proyecto que, en últimas, busca una “Jerusalén unificada” como capital del Estado de Israel .

Desde décadas atrás, diversos organismos internacionales han señalado la ilegalidad de los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. Más recientemente, en julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reafirmó que la ocupación israelí es ilegal e instó a todos los Estados a adoptar medidas para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan al mantenimiento de esta situación ilícita.

Asimismo, en septiembre de 2025, CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas de empresas vinculadas a actividades relacionadas con los asentamientos ilegales israelíes.

Ante esta situación, una coalición de organizaciones de la sociedad civil —NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Observatori DESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por el Centro Guernica 37— presentó el pasado 18 de febrero de 2026 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue la posible responsabilidad penal de la dirección de CAF por su participación en el proyecto.

La Fiscalía ha confirmado ya que está investigando la denuncia.

Durante años, organizaciones palestinas, vascas, sindicatos y movimientos de solidaridad internacionales han denunciado y movilizado contra la participación de CAF en el Tren Ligero de Jerusalén. Hoy reiteramos que no vamos a detenernos hasta que termine la impunidad de CAF y la empresa ponga fin a su rol en la ocupación y colonización del territorio palestino.

Mientras CAF intenta normalizar su implicación en un proyecto vinculado a la ocupación, el apartheid y la expulsión de población palestina, la sociedad civil organizada continúa movilizándose para exigir responsabilidades políticas, económicas y judiciales.

Por ello, exigimos:

• Al Gobierno del Estado español, que adopte medidas efectivas contra las empresas que operan y obtienen beneficios de actividades vinculadas a la ocupación ilegal del territorio palestino, incluyendo a CAF.
• A la Fiscalía, que continúe con la investigación abierta y ejerza plenamente sus funciones impulsando las actuaciones necesarias ante la Audiencia Nacional.
• A las administraciones públicas y a toda empresa con participación pública, que excluyan a CAF de contratos y licitaciones públicas mientras mantenga su participación en el Tren Ligero de Jerusalén, incluido el macrocontrato de Alta Velocidad de RENFE actualmente en proceso de licitación.
• Al Gobierno de Euskadi, que retire su inversión de CAF mientras siga participando de la ocupación israelí.
• A CAF, que se retire inmediata y definitivamente del proyecto del Tren Ligero de Jerusalén y ponga fin a toda colaboración con la ocupación y colonización israelí del territorio palestino.

No es aceptable que dinero público y contratos institucionales continúen beneficiando a empresas implicadas en proyectos que sostienen violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos del pueblo palestino.

Llamamos a organizaciones sociales, sindicatos, colectivos, entidades y personas comprometidas con la justicia y los derechos humanos a sumarse a esta exigencia colectiva antes de la Junta General de Accionistas de CAF del próximo 13 de junio.

Porque no puede haber normalidad económica ni beneficios empresariales construidos sobre la ocupación, el apartheid y el genocidio del pueblo palestino.

Organizaciones firmantes

La entrada Carta abierta: No a la impunidad de CAF. La sociedad civil exige responsabilidades se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Por Juan Laborda. Publicado originalmente en El Salto.

Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo ocurrido en el Congreso de los Diputados el martes 28 de abril no fue un mero accidente parlamentario. Fue una definición política en toda regla. El Pleno derogó el Real Decreto-ley 8/2026 por 177 votos en contra, 166 a favor y 5 abstenciones, tumbando una prórroga extraordinaria para contratos de alquiler que vencieran antes de 2028. La propia información oficial del Congreso recuerda que la finalidad del decreto era evitar que la carga media del alquiler, sumados gastos y suministros básicos, rebasara el 30% de los ingresos medios de los hogares. Que Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya votaran contra eso significa, lisa y llanamente, colocarse del lado de la renta inmobiliaria frente al derecho social a una vivienda digna. En otros momentos de la historia serían echados a gorrazos. Ahora vivimos tiempos de maleza, de “vivan las cadenas”, y demás distopías inimaginables.

Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social

Y aquí conviene llamar a las cosas por su nombre. La Constitución no consagra un “derecho a especular”; consagra, en su Artículo 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y además ordena a los poderes públicos regular el suelo “para impedir la especulación”. Es verdad que el Artículo 47 no tiene la misma aplicación inmediata que los derechos fundamentales clásicos, pero eso no lo convierte en adorno retórico: es un mandato constitucional inequívoco. Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social, en la que la propiedad rentista pesa más que la vida material de la mayoría.

Dicho esto, también sería un error convertir el decreto rechazado en una solución milagrosa. Era una medida defensiva y coyuntural, no una transformación estructural. Servía para amortiguar un golpe, no para desactivar la máquina que lo produce. Precisamente por eso la crítica debería ser doble: contra quienes tumbaron una protección mínima y contra quienes siguen respondiendo a una crisis sistémica con parches de emergencia.

La vivienda y los alimentos convertidos en activos

El problema de fondo no es solo el alquiler en España. El problema es que dos esferas que deberían permanecer fuera del casino —la vivienda y la alimentación— han sido progresivamente absorbidas por la lógica de la rentabilidad financiera. No es un desvío accidental; es una orientación política acumulada durante décadas. En Estados Unidos, la gran ola desreguladora fue también bipartidista: la administración de Bill Clinton impulsó la Gramm-Leach-Bliley Act de 1999, que favoreció la integración financiera, y Clinton firmó además la Commodity Futures Modernization Act de 2000, que rehízo el marco regulatorio de derivados y favoreció la expansión de los mercados “over the counter (OTC)”. En Europa, la Tercera Vía Laborista asumió amplias dosis de liberalismo de mercado como horizonte de modernización. La financiarización no fue solo obra de la derecha clásica; también fue administrada, legitimada y normalizada por buena parte de la socialdemocracia atlántica.

En vivienda, la literatura es ya abrumadora. Manuel B. Aalbers explicó hace tiempo que la financiarización convierte no solo la casa, sino también al propietario y al deudor, en objetos de extracción financiera. Más recientemente, trabajos de Aalbers y Cody Hochstenbach describen un “desacoplamiento” entre precios de la vivienda y deuda hipotecaria: tras la crisis global, los precios pueden dispararse incluso cuando el peso relativo de la deuda hipotecaria ya no crece al mismo ritmo, porque el motor pasa a ser cada vez más la riqueza, el capital institucional y la inversión patrimonial. Para el caso español, Javier Gil García y Miguel A. Martínez López sostienen que varias reformas estatales reactivaron la financiarización de la vivienda a partir de 2013, y Jordi G. Guzmán habla ya sin rodeos de un verdadero “complejo vivienda-finanzas” en la España posterior a 2008.

Lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo

En materias primas alimentarias, el cambio ha sido igualmente profundo. Tang y Xiong mostraron que, con la entrada masiva de inversión indexada desde los primeros dos mil, los futuros de materias primas en Estados Unidos se volvieron crecientemente correlacionados entre sí, especialmente los incluidos en grandes índices. El BCE constató que las correlaciones entre rendimientos de materias primas y rendimientos financieros aumentaron desde comienzos de siglo. Adams y Glück concluyen que la mayor comovilidad entre commodities y bolsa no puede explicarse solo por ventas forzadas durante la crisis de 2007-2009; y Ding y coautores hallan que la financiarización elevó la volatilidad y estrechó la relación dinámica entre materias primas y mercado bursátil. En Román Paladín: lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo.

Sobre la cuestión de si las series han pasado de estacionarias a no estacionarias conviene introducir un matiz serio. La literatura no es unánime. Hay trabajos que encuentran tendencias estocásticas comunes, alta volatilidad y una estructura de dependencia mucho más “financiera” en los precios de commodities; incluso se ha descrito que, en el régimen posterior a la financiarización, las variables presentan tendencias estocásticas de alta volatilidad. Pero también existen análisis que, una vez se modelizan bien las rupturas estructurales y la no linealidad, encuentran estacionariedad tendencial en muchas commodities, con la notable excepción del petróleo en varios ejercicios.

El Decreto protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero

El punto políticamente importante no es convertir un debate econométrico complejo en eslogan, sino entender su significado material: si una serie es estacionaria, los shocks acaban disipándose alrededor de una tendencia; si domina una dinámica integrada o con fuertes tendencias estocásticas, los shocks dejan cicatrices más persistentes, hacen más difícil distinguir fundamento y especulación y facilitan episodios de overshooting, burbujas y spikes de precios. Además, organismos como la UNCTAD subrayan que la actividad especulativa en mercados alimentarios financiarizados aumenta de forma muy marcada durante las crisis.

Por qué el decreto era insuficiente

Precisamente por eso el Decreto era insuficiente incluso antes de ser derribado. Protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero y el parque residencial en soporte de extracción rentista. España sigue llegando tarde al núcleo del problema: el parque de vivienda social apenas ha pasado del 2,5% al 3,4% del total nacional, todavía lejísimos del 8% europeo que el propio Ministerio de Vivienda toma como referencia de convergencia. No hablamos de una desviación marginal: hablamos de un diseño histórico que ha preferido subvencionar acceso privado, endeudamiento y valorización patrimonial antes que construir una infraestructura pública de alojamiento realmente anticíclica.

Tampoco basta con repetir que “falta oferta” si después se deja la solución en manos de un sector privado fragmentado, con poca escala industrial y sometido a ciclos de suelo, financiación y rentabilidad. El Banco de España estimó primero un déficit en torno a 600.000 viviendas hasta 2025 y, en su actualización posterior, situó el desajuste acumulado entre nuevas viviendas y creación de hogares en 400.000-450.000 entre 2022 y 2024, concentrado sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Al mismo tiempo, el INE proyecta 3,69 millones de hogares más entre 2024 y 2039, y la población residente ya se situó en 49,69 millones a 1 de abril de 2026. Es decir: el país no solo arrastra déficit; además gana población y hogares a una velocidad que vuelve grotesco cualquier enfoque de pura administración del síntoma.

Incluso el nuevo PERTE de industrialización de la vivienda, siendo una señal valiosa en la dirección correcta, revela los límites del momento político. La inversión pública prevista es de 1.300 millones en diez años con el objetivo de consolidar un ritmo de unas 15.000 viviendas industrializadas al año y llegar a 20.000 anuales en una década. Eso puede ayudar a mover el modelo productivo, pero no alcanza ni de lejos la escala del desequilibrio actual. Y parte, además, de una posición muy débil: distintos informes sectoriales sitúan la cuota de la construcción industrializada residencial en España en torno al 1%-2% de las viviendas terminadas. El decreto rechazado, por tanto, era insuficiente no porque regular el alquiler sea inútil, sino porque regular solo el alquiler sin transformar la estructura de producción de vivienda equivale a achicar agua sin cerrar la vía de entrada.

Construir a la escala del problema

La comparación con China debe leerse como una lección de escala industrial. El plan quinquenal chino para 2021-2025 fijó que los edificios prefabricados superaran el 30% de la nueva construcción, dentro de una estrategia explícita de industrialización, digitalización y robotización del sector. La literatura reciente sobre construcción fuera de la obra en China muestra además el enorme despliegue normativo, territorial y productivo con el que el Estado ha empujado esa transición, aunque también señala barreras y cuellos de botella. La diferencia con España es brutal: allí la cuestión se trata como política industrial de país; aquí todavía se aborda demasiadas veces como nicho tecnológico o como promesa voluntarista.

Por eso hace falta una construcción masiva de vivienda asequible financiada públicamente o avalada por una banca pública de desarrollo con mandato claro. Y aquí tampoco conviene inventar nada exótico. Europa está llena de precedentes. KfW es uno de los mayores bancos públicos de inversión y desarrollo del mundo: financia vivienda, industria e infraestructuras actuando por cuenta del Estado alemán y de los Länder. En Francia, Bpifrance funciona como el gran brazo financiero público para impulsar el crecimiento empresarial y la inversión estratégica. España cuenta con ICO, una entidad de titularidad estatal con un papel relevante, pero históricamente orientada sobre todo a captar financiación en los mercados y canalizar crédito a través de bancos colaboradores. Ese modelo puede ser útil para determinadas políticas, pero resulta insuficiente para liderar una gran estrategia de reindustrialización residencial basada en vivienda asequible, financiación estable y plazos largos.

Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado, la política de vivienda siempre llegará tarde

Además, la necesidad de una banca pública fuerte se vuelve más clara cuanto más concentrado está el sistema privado. Según el Banco de España, el peso de los cinco mayores bancos españoles ha pasado de alrededor del 40% en 2007 a cerca del 70% en 2023, y el supervisor situaba a España entre los países europeos con mayor concentración bancaria entre las grandes economías. Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado cuyo criterio básico es la rentabilidad ajustada al riesgo, la política de vivienda siempre llegará tarde y a menor escala de la necesaria.

La prueba de fuego para Pedro Sánchez

Si Pedro Sánchez quiere revalidar el poder en las próximas elecciones generales, no le bastará con administrar mejor que la derecha una crisis heredada. Tiene que ofrecer una ruptura legible con un modelo agotado. No hablo de retórica; hablo de asumir políticamente que el neoliberalismo ha dejado de ser una solución y se ha convertido en parte esencial del problema. El adversario no es solo electoral. Es una constelación de intereses inmobiliarios, financieros y regulatorios que ha colonizado la conversación pública con una idea tóxica: que vivienda, crédito y alimentos deben ordenarse ante todo por precio de mercado, aunque eso destroce vidas. Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo primero es blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos

Eso exige varias decisiones a la vez. Primera: blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos. Segunda: construir una palanca financiera pública con músculo para industrialización, promoción asequible y rehabilitación a gran escala. Tercera: disputar el terreno intelectual a la ortodoxia de la escasez autoprovocada.

En la eurozona, la independencia del Banco Central Europeo está blindada por el artículo 130 del TFUE y por el propio diseño institucional del banco. Democratizar esa arquitectura no debería significar politizar cada decisión de tipos de interés, sino someter objetivos, coordinación fiscal-monetaria y rendición de cuentas a un control democrático mucho más fuerte del actual. Y, si se quiere estudiar la Teoría Monetaria Moderna, hay que hacerlo con seriedad: varias contribuciones europeas recuerdan que los Estados del euro no gozan de soberanía monetaria plena, de modo que cualquier traslación mecánica de la MMT exigiría reformar, no solo reinterpretar, la gobernanza monetaria europea.

El sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política

Dicho de otra manera: el sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política. El momento exige un giro rooseveltiano: expulsar a los lobbies del centro del Estado, reordenar las prioridades del crédito, tratar la vivienda como infraestructura social y devolver a la política la capacidad de mandar sobre las finanzas cuando estas invaden lo que nunca debieron dominar. Si no se hace, vendrán otros a capitalizar el malestar con una mezcla de xenofobia, autoritarismo cultural y obediencia económica a los mismos intereses de siempre.

Corolario

Mi tesis final, en suma, es esta: el liberalismo está agotado, muerto, finiquitado. Su promesa de prosperidad general ha desembocado en una economía donde los bienes básicos se convierten en activos, la desigualdad se normaliza y la política se limita a gestionar el daño. La OCDE lleva años documentando un aumento sostenido de la desigualdad de ingresos en la mayoría de economías avanzadas. Si a eso añadimos la mercantilización de la vivienda, la precarización de los alimentos y la subordinación del Estado a la lógica rentista, el resultado no es libertad: es inseguridad material de masas.

La defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica

Y el balance ecológico es igual de demoledor. La OMS considera el cambio climático una amenaza fundamental para la salud; el IPCC sostiene que ya ha afectado negativamente a la salud física y mental en todas las regiones evaluadas; y el PNUMA advierte de que, sin recortes mucho más rápidos de emisiones, el objetivo de 1,5 °C se escapará en pocos años. Cuando un modelo económico necesita depredar suelo, energía, hogares y alimentos para seguir generando rentas, no solo fabrica desigualdad: también fabrica vulnerabilidad climática y enfermedad. Por eso la defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica.

El verdadero debate, entonces, no es si había que prorrogar dos años unos alquileres. Claro que había que hacerlo. El verdadero debate es si vamos a seguir tolerando que comer y habitar dependan de la rentabilidad de fondos, bancos y mercados de derivados. Ahí está la línea divisoria de nuestro tiempo. Y quien no la vea, quien siga creyendo que todo se arregla dejando “hacer al mercado”, no está defendiendo la modernidad: está protegiendo un orden viejo, desigual y cada vez más autoritario en sus salidas políticas.

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La UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes

El nuevo informe de Corporate Europe «Permiso para contaminar», revela cómo la Comisión Europea está recortando drásticamente las normas de concesión de permisos para las infraestructuras energéticas e industriales. Esto forma parte de una amplia campaña desreguladora impulsada por algunas de las industrias más contaminantes de Europa. Aunque la UE presenta esta agenda como una «simplificación» de la legislación en materia de permisos, en la práctica se corre el riesgo de socavar las protecciones sociales y medioambientales, conseguidas con tanto esfuerzo, que sustentan estas normas.

Desde que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asumió su segundo mandato, las normas de concesión de permisos han sido objeto de un ataque constante por parte de las grandes empresas tecnológicas, la industria de los combustibles fósiles y los grupos de presión del sector minero. Es más, bajo etiquetas como «estratégico» o «interés público superior», los proyectos perjudiciales pueden eludir cada vez más los procedimientos habituales de concesión de permisos. Pero, ¿quién decide qué tipo de proyectos se benefician de esa etiqueta?

Los documentos obtenidos por CEO (Observatorio Europeo de las empresas) revelan cómo los principales contaminadores han presionado para obtener un acceso más fácil a los permisos —y a las subvenciones públicas— para proyectos de infraestructura contaminantes. Revelan cómo la Comisión Europea ha invitado activamente a los actores del sector a dar forma a su agenda de desregulación de los permisos. Europa corre el riesgo no solo de vivir con más contaminación, sino también de pagar a los contaminadores para que la generen.

Entre las principales medidas que se están aplicando para satisfacer las exigencias del sector se incluyen:

• la tramitación acelerada de los permisos para infraestructuras industriales y energéticas, dejando de lado la participación democrática;
• evaluaciones medioambientales más sencillas y rápidas, lo que se traduce en una menor protección;
• un mayor número de proyectos contaminantes clasificados como «estratégicos» o de «interés público» y que, por lo tanto, reciben un trato especial en los procesos de concesión de permisos, por encima de las preocupaciones medioambientales o sociales;
• la apertura a la posibilidad de debilitar las leyes de protección del agua y de la naturaleza.

Entre las principales conclusiones del informe se incluyen:

Exigencias del sector incorporadas a la nueva legislación de la UE: Las medidas propuestas en ReSourceEU, el «Omnibus medioambiental», el «Paquete de redes» y la Ley de Aceleración Industrial acelerarían los proyectos, debilitarían o eludirían las evaluaciones de impacto ambiental, ampliarían las aprobaciones tácitas y restringirían el acceso a la justicia. Los sectores y proyectos estratégicos —entre los que se incluyen la minería, el gas fósil, la captura, el transporte y el almacenamiento de CO₂, el hidrógeno y los centros de datos— serían calificados de «interés público» y se beneficiarían de una tramitación acelerada de los permisos. Se esperan más concesiones a la presión de la industria en la próxima Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, así como en la propuesta de infraestructura de transporte de CO₂.

La industria celebra los logros en materia de desregulación, pero quiere más: el grupo de presión del sector del petróleo y el gas IOGP elogió la Ley Ómnibus de Medio Ambiente y el Paquete de Redes por lograr «avances reales en las demandas de larga data de la industria». Los miembros de BusinessEurope presionaron con éxito para conseguir exenciones de las evaluaciones de impacto ambiental para los proyectos de infraestructura de hidrógeno y CO₂ en la Ley de Aceleración Industrial. La IOGP y Euromines han formado una «Coalición Informal sobre Permisos» para hacer campaña a favor de un amplio «paquete ómnibus de permisos» destinado a debilitar múltiples protecciones medioambientales de una sola vez.

Una influencia sin precedentes de la industria en la formulación de políticas: Ursula von der Leyen solicitó consejos sobre desregulación directamente a la Mesa Redonda Europea de la Industria, se asoció con grupos del sector de los combustibles fósiles para organizar talleres sobre cómo «agilizar» la concesión de permisos y se basó en nuevos procesos de consulta —los «Diálogos de Implementación» y las «Evaluaciones de la Realidad»— dominados en gran medida por la industria.

Fondos públicos para respaldar a las industrias contaminantes: A petición de estas, la Comisión también está apoyando financieramente a las industrias contaminantes mediante nuevas medidas de «reducción de riesgos», un Banco de Descarbonización Industrial, normas de ayudas estatales más flexibles y otros mecanismos de financiación pública.

El informe incluye tres estudios de caso que ilustran los efectos potencialmente devastadores sobre las personas y el medio ambiente.

En Suecia, los modos de vida indígenas están siendo destruidos, se están perdiendo hogares y se está contaminando el agua en aras de un nuevo proyecto minero.
En toda Europa, las comunidades podrían verse obligadas a aceptar nuevos gasoductos de CO₂ que plantean graves riesgos de seguridad en caso de fuga, al tiempo que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles.
En Irlanda, el aumento vertiginoso de la demanda de electricidad procedente de los nuevos centros de datos está contribuyendo al alza de los precios de la energía y al riesgo de apagones, mientras se construyen nuevas centrales de combustibles fósiles para abastecerlos.

«Permiso para contaminar» ponen de manifiesto solo algunas de las consecuencias potencialmente desastrosas que tendría la supresión de las normas de la UE en materia de permisos para las personas y el medio ambiente. Puede leer los casos prácticos completos aquí. o bien los resúmenes a continuación.

Nuevas minas en el norte de Suecia

Destrucción del modo de vida indígena: La nueva mina de mineral de hierro y metales de tierras raras de la empresa minera estatal LKAB, Per Geijer, amenaza con interrumpir la última migración estacional que queda de la comunidad indígena sami local de Gabna, dedicada al pastoreo de renos. Lars-Marcus Kuhmunen, presidente de Gabna, explica: «Todo gira en torno al pastoreo de renos. Si eso deja de existir, la cultura sami también dejará de existir. »

Calificada como estratégica: Per Geijer es uno de los 47 proyectos dentro de la UE calificados como estratégicos en virtud de la Ley de Materias Primas Críticas, que limita el proceso de concesión de permisos a «no más de 27 meses», restringiendo las evaluaciones ambientales y la consulta a la comunidad. LKAB ejerció una influencia desmesurada sobre el proceso, reuniéndose con altos funcionarios de la Comisión en seis ocasiones durante los tres meses previos a que la Comisión concediera a Per Geijer el estatus estratégico.

LKAB lleva la batalla a la UE: El recientemente dimitido director ejecutivo de LKAB, Jan Moström, también ha sido presidente del poderoso grupo de presión Euromines, que se ha asegurado de que la agenda de desregulación de la industria minera sueca se promueva a nivel de la UE, por ejemplo, mediante la creación de la Coalición Informal para la Concesión de Permisos junto con el grupo de presión del petróleo y el gas IOGP.

Desregulación del agua: En diciembre de 2025, la UE anunció que reabriría la Directiva Marco del Agua para fomentar una mayor actividad minera. La comisaria responsable de la legislación sobre el agua, la sueca Jessica Roswall, se reunió con LKAB y Euromines en múltiples ocasiones, e incluso visitó a Per Geijer junto con Moström.

Recurso judicial: Gabna ha presentado un recurso contra Per Geijer ante los tribunales, pero no son los únicos. Varias organizaciones de Portugal han llevado a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la mina de litio de Barroso, que también ha sido calificada de «proyecto estratégico». Cabe esperar más resistencia.

Gasoductos de CO₂ en toda Europa

Los nuevos gasoductos de CO₂ construidos por la vía rápida pueden ser letales: los planes de la UE para los gasoductos de CO₂ se están acelerando gracias a lagunas en la normativa. Sin embargo, como han demostrado los accidentes en el condado de Yazoo (EE. UU.), suponen un grave riesgo para la salud. Las fugas pueden provocar asfixia, hospitalizaciones masivas y efectos duraderos sobre la salud. Dada la densidad de población mucho mayor en Europa, la rotura de un gasoducto podría incluso resultar mortal.

Retrasan la eliminación gradual de los combustibles fósiles: Los gasoductos se utilizan para justificar el uso continuado del petróleo y el gas, con la promesa (poco realista) de que las emisiones serán capturadas, transportadas y almacenadas.

Italia y Alemania tienen grandes planes: La UE tiene previsto construir 19 000 km de gasoductos de CO₂ para 2050, con un coste de hasta 23 000 millones de euros, que atravesarán algunas de sus zonas más densamente pobladas. Alemania e Italia tienen grandes planes, y sus respectivos líderes, Mertz y Meloni, abogan por una flexibilización de las leyes de concesión de permisos. En ambos casos se están encontrando con una fuerte oposición.

Los gasoductos de CO₂ en Italia: como parte del polémico proyecto de captura y almacenamiento de carbono de Rávena, y con el respaldo de los gigantes del gas Eni y Snam, se prevé construir gasoductos de CO₂ a solo unos metros de viviendas. Se prevé la construcción de un gasoducto de CO₂ de 100 km a través de zonas con alto riesgo de terremotos e inundaciones, así como de lugares con gran biodiversidad y hábitats importantes protegidos por la normativa europea Natura 2000. Se está tramitando por la vía rápida y se considera de interés público superior gracias a su inclusión en la lista de la UE de proyectos de interés común.

La industria consiguió lo que quería: tanto la Mesa Redonda Europea de la Industria (ERT) como BusinessEurope presionaron para que se introdujeran lagunas normativas en relación con las infraestructuras de CO2. La ERT también presionó para crear una «red troncal de infraestructuras de CO2» de tuberías en toda Europa, algo que probablemente conseguirá en la próxima ley sobre infraestructuras y mercados de CO2, impulsada también por grupos como el de petróleo y gas IOGP.

Centros de datos en Irlanda

Grandes planes de expansión: El plan de la Comisión —marcado por las grandes empresas tecnológicas— consiste en triplicar el número de centros de datos en Europa en un plazo de cinco a siete años. Esto supondrá un aumento de las emisiones, escasez de agua y facturas de energía más elevadas, al tiempo que supondrá un respiro para la industria de los combustibles fósiles, ya que se construirán nuevas infraestructuras de gas para abastecerlos. Debido a la gran presencia de las grandes empresas tecnológicas en Irlanda, este país se encuentra en primera línea en Europa del crecimiento exponencial de estas «fábricas de IA».

Las facturas de los hogares subvencionan las fábricas de IA: Irlanda tiene los segundos precios de electricidad para los hogares más altos de Europa, pero los operadores de centros de datos solo pagan la mitad de lo que pagan los hogares, y esta desigualdad va a empeorar. Mientras que se espera que las facturas de los hogares aumenten entre un 8 % y un 21 % en los próximos cinco años, los centros de datos verán cómo sus precios bajan un 14 %.

La gran demanda de electricidad conduce al uso de combustibles fósiles: en las afueras de Dublín se han construido grandes complejos que agrupan a docenas de centros de datos, los cuales consumen la asombrosa cifra del 50 % de la demanda eléctrica de la ciudad. Debido a la escasez de electricidad, estos complejos se alimentarán cada vez más con combustibles fósiles, como es el caso de las instalaciones de Microsoft en Grange Castle.

El Gobierno irlandés respalda a las grandes tecnológicas: Ya en 2017, el Gobierno irlandés intentó eludir la aprobación de las autoridades locales proponiendo calificar los centros de datos como infraestructura «estratégica», lo que habría limitado las posibilidades de recurso y acelerado la concesión de permisos. Además, está realizando importantes inversiones en nuevas infraestructuras de GNL para satisfacer la creciente demanda de electricidad, lo que socava los objetivos climáticos del país.

Éxito del lobby de las grandes tecnológicas en Irlanda: Las grandes tecnológicas ya han conseguido revocar una moratoria de facto sobre los nuevos centros de datos en Dublín, impuesta por el regulador energético irlandés, y desde entonces el Gobierno irlandés ha introducido una política favorable a los centros de datos, denominada LEAP.

Las grandes tecnológicas apuntan a las leyes de la UE: Los planes para centros de datos recientemente aprobados podrían incumplir múltiples leyes de la UE que forman parte de su sistema de concesión de permisos, razón por la cual ahora son objeto del cabildeo de las grandes tecnológicas. Pero en lugar de plantar cara, la UE ha desplegado la alfombra roja, invitando a grupos de la industria tecnológica como Digital Europe y la CCIA a un evento especial para partes interesadas sobre el Paquete Medioambiental, que posteriormente incluyó la aceleración de las evaluaciones ambientales.

Las grandes tecnológicas apuntan a la concesión de permisos: los documentos de presión política revelan que las grandes tecnológicas quieren acelerar el proceso de concesión de permisos, minimizar las obligaciones climáticas y medioambientales y debilitar la capacidad de las comunidades locales para oponerse a sus planes. Google quiere que la Comisión Europea limite el derecho a presentar objeciones contra los permisos para centros de datos únicamente a quienes vivan en un radio de 50 metros.

Lee los casos prácticos completos y mucho más en nuestro último informe «Permiso para contaminar: la UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes».

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Imagen: Fotograma de la película La Gran Apuesta (Adam Mckay 2015)

El Tribunal Supremo se alinea con los bancos y estima que el sobrecoste de las hipotecas, más de 25.000 euros de media que han pagado casi un millón de clientes, no es abusivo

Juan Torres López Publicado originalmente en CTXT

El magistrado emérito y presidente de honor de esta revista, José Antonio Martín Pallín, está mostrando en sus intervenciones y libros que en España se viene produciendo un golpe de Estado judicial. Sus argumentos me parecen de gran solidez y comparto esa opinión. Todavía más, viendo cómo se instruye y acusa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o a la esposa del presidente del Gobierno, por no hablar de lo sucedido con el anterior fiscal general. En este artículo, sin embargo, no me propongo incidir en esa idea, sino mostrar que el Tribunal Supremo español tiene una querencia especial que le lleva a favorecer de forma desproporcionada a los poderosos en general y a los bancos en particular.

Utilizaré como prueba de ello un caso que ha tenido un enorme coste para millones de españoles, el de las reclamaciones por la utilización por las entidades bancarias del denominado Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

El IRPH

El IRPH es un índice oficial calculado por el Banco de España como media de los tipos de los préstamos hipotecarios que dan las entidades bancarias. A diferencia de otro quizá más conocido, el Euríbor (tipo de interés medio al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario), el IRPH incorpora en su cálculo los diferenciales (el tipo fijo que los bancos pueden sumar al interés de referencia) y las comisiones que los bancos cobran. Por tanto, es más caro para el consumidor. 

Por esta última razón, el Banco de España advirtió en 1994 de que, para igualar ambos índices, cuando se aplicara el IRPH se debería añadir un diferencial negativo al precio real del mercado.

El problema

Esa cantidad de dinero supuso una merma muy notable de gasto en consumo que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios

Si ese diferencial no se incluye, el consumidor al que un banco aplica el IRPH terminará pagando bastante más al final de la hipoteca que si se le aplica cualquier otro. Y el problema se produjo cuando, en miles de casos, los bancos no sólo no lo aplicaron, sino que ni siquiera informaron con un mínimo detalle a sus clientes del sobrecoste en el que incurrían.

El daño total producido es difícil de calcular, pero hay estimaciones que dan buena medida de su magnitud y gravedad. Las del beneficio extraordinario que obtuvieron los bancos españoles al aplicar el IRPH en lugar de otros índices más bajos varían entre los 25.000 millones de euros entre 2004 y 2009 de la asociación de consumidores Asufin, los 37.000 millones de euros calculados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los 44.000 millones de Goldman Sachs. El sobrecoste pagado en promedio por cada consumidor se situó entre 25.000 y 28.000 de euros, y el número de personas afectadas se estima entre 500.000 y un millón.

Es importante señalar que el sobreprecio que los bancos impusieron a sus clientes no provocó solamente un daño o coste económico particular a las personas afectadas. Esa cantidad de dinero tan grande que dejó de estar en sus bolsillos para irse a la cuenta de beneficios de los bancos supuso una merma muy notable de gasto en consumo o de ahorro familiar que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, disminuyó también los ingresos de miles de empresas productivas. Un efecto muy negativo para la economía que se produjo, además, en años particularmente complicados por vivirse bajo el impacto de una gran crisis económica.

Las reclamaciones

Cuando los pagos mensuales de la hipoteca comenzaron a darse, miles de personas comprobaban que pagaban más dinero que otras personas que las tenían de la misma cuantía. Enseguida descubrieron que los bancos les habían aplicado un tipo de interés basado en un índice más elevado sin haberles informado de ello. Comenzaron a interponerse entonces cientos de reclamaciones y demandas judiciales.

Sobre la mesa se pusieron dos cuestiones esenciales. La primera, si los bancos habían actuado con buena fe profesional, si cumplieron con un elemental deber de transparencia y, como he dicho, si informaron a sus clientes de que el índice aplicado terminaría por hacerles pagar una cantidad más elevada. La segunda, si la posible falta de información había supuesto un abuso real, es decir un sobrecoste sustancial y no poco significativo.

Las disputas llegaron finalmente al Tribunal Supremo y al de Justicia de la Unión Europea y el resultado ha sido muy claro: proteger a la banca, recurriendo para ello a construcciones jurídicas que poco tienen que ver con la idea material de justicia, en el sentido más elemental y auténtico de este término.

La trampa del Tribunal Supremo 

Para comprender lo que ha hecho el Supremo, no basta con decir que falló a favor de los bancos. Hay que saber explicar cómo lo hizo, porque la sofisticación del mecanismo es precisamente lo que lo hace tan eficaz y difícil de combatir.

El Tribunal construyó a lo largo de varios años un mecanismo de protección a los bancos basado en tres elementos fundamentales.

El primero, separar transparencia de abuso para vaciar de contenido a ambas. El Supremo estableció en 2017 que el IRPH era un índice oficial y que su mera oficialidad implicaba transparencia. Cuando en 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obligó a corregir esa posición, el Supremo lo aceptó formalmente. Pero rápidamente neutralizó su efecto estableciendo que la transparencia quedaba cumplida sólo con que el contrato mencionara el índice e hiciera referencia a la Circular del Banco de España, sin necesidad de explicar al cliente qué dice ni qué implica. 

El segundo elemento fue hacer que el desequilibrio entre las partes fuese prácticamente indemostrable. Para ello, el Supremo estableció que, aunque se acreditara falta de transparencia, la cláusula seguía siendo válida salvo que se demostrara que había una desproporción “muy evidente” entre el tipo efectivo y el de mercado en el momento de la firma. Y para ello descartó expresamente la comparación entre el IRPH y el euríbor (el único dato que la mayoría de los afectados puede acreditar con facilidad), exigiendo en cambio una prueba pericial que es de enorme complejidad y de alto coste, sobre todo para los consumidores.

Para demostrar que hubiera habido abuso, el perito del consumidor afectado tendría que reconstruir el coste medio real de todas las hipotecas firmadas en España en el mes exacto de la firma, para lo cual se necesita combinar fuentes del Banco de España, estadísticas del INE y datos de tipos medios de mercado, y justificar en cada caso la elección metodológica realizada. Pero el banco, por su parte, contratará a su propio economista con criterios diferentes, igualmente defendibles. Y el Supremo se reserva el derecho a rechazar cualquier metodología sin haber fijado de antemano qué fuentes son válidas, ni cuántos puntos de diferencia constituyen una desproporción suficiente. 

El tercer elemento fue aún más ingenioso y taimado. Para determinar el daño real, el Supremo no pidió comparar el IRPH con el euríbor ni tomar en consideración el sobrecoste total de la hipoteca. Estableció que el IRPH se debía comparar con un índice sintético representativo del coste medio del crédito general en el mercado, y no sólo con otros índices hipotecarios. Al incorporar referencias más amplias, el resultado es un índice inevitablemente más elevado, lo que facilita concluir que el daño ocasionado por la aplicación del IRPH es reducido. 

Como añadido, el Supremo exigió que cada afectado probase individualmente qué entendió a la hora de contratar, qué información recibió y cómo se produjo la comercialización concreta de su hipoteca, lo cual hizo prácticamente inviable la litigación colectiva, que es la que favorece la resolución de este tipo de abusos a favor de los consumidores.

El resultado del mecanismo completo es evidente y previsible: si la transparencia se supera con casi cualquier mención formal al índice, y si el abuso sólo se declara ante una desproporción que hay que demostrar con una pericial que el Supremo puede rechazar sin argumentos objetivos, y comparando el IRPH con índices de tarjetas de crédito, la nulidad del IRPH se convierte en prácticamente imposible.

Europa corrigió en falso

Muchas personas afectadas por el IRPH pusieron sus esperanzas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque la Directiva europea 13 de 1993 estableció con claridad que una cláusula no negociada individualmente puede ser declarada nula si causa un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor, y que el consumidor debe poder comprender sus consecuencias económicas reales. Una directiva que tiene primacía sobre el derecho nacional.

Con ese fundamento, el TJUE sentenció en 2020 que el IRPH no es intocable por el hecho de ser un índice oficial; que los bancos debían haber facilitado información suficiente; y que, si no lo hicieron, el juez puede declarar la nulidad. Y en 2024 reafirmó que la publicación oficial no bastaba para cumplir la exigencia de transparencia y que la comparación debe hacerse con el conjunto del mercado hipotecario, no solo con el euríbor.

Sin embargo, el tribunal europeo no declaró abusivo el IRPH, no dijo que las cláusulas fueran nulas por definición y no estableció una consecuencia automática. Manteniendo formalmente una posición diferente a la del Supremo, lo que hizo en realidad fue establecer principios abstractos y devolver la pelota a los tribunales españoles.

Y lo más revelador llegó en febrero de 2026. Una sentencia de 12 de febrero vino a respaldar explícitamente la posición del Supremo: la transparencia no exige al banco explicar la metodología del índice, siendo suficiente informar de la variabilidad y sus consecuencias económicas. Seis años después de su primera corrección al Supremo, el tribunal europeo se puso de acuerdo con él. 

No es justicia, es política. Son privilegios

A la hora de juzgar el comportamiento de los bancos, muchos jueces dictaron sentencias sensatas y equilibradas. El Tribunal Supremo, por el contrario, recurrió a argumentos sibilinos para imposibilitar, en la práctica, que los abusos de los bancos pudieran revelarse. Recurriendo a argumentos claramente torticeros ha permitido que estos últimos hayan producido un daño multimillonario a millones de españoles, a miles de empresas y al conjunto de la economía. 

En la crisis de 2008 se quiso convencer a la gente de que los bancos que se habían hundido a base de estafar a sus clientes mediante todo tipo de irregularidades y engaños eran “demasiado grandes para dejarlos caer”. En el caso del IRPH, el Tribunal Supremo español nos ha demostrado que, además, son suficientemente poderosos como para que no se pueda (o no se quiera) quitarles sus privilegios. No ha hecho justicia, ha dado otros nuevos al más fuerte. 

Y eso quizá explique también por qué se dan golpes de Estado contra unos políticos y no contra otros.

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Artículo original publicado en enriquedans.com por Enrique Dans

Que más de cincuenta países se reunan en Santa Marta, Colombia, en la primera conferencia dedicada específicamente a la transición fuera de los combustibles fósiles no es una extravagancia diplomática ni un gesto para la galería. Es, en realidad, la constatación de algo mucho más incómodo: que el sistema energético basado en carbón, petróleo y gas ya no puede seguir presentándose como sinónimo de estabilidad, seguridad o sentido común.

La propia organización del encuentro habla de una participación de más de 53 naciones entre los que se encuentra España, y su mera existencia revela hasta qué punto el debate ha cambiado de naturaleza: ya no se trata de discutir si conviene «reducir emisiones» en abstracto, sino de cómo se abandona, de manera justa y ordenada, una dependencia que se ha convertido en un riesgo sistémico.

Durante décadas, la industria fósil se ha vendido como supuesto garante de la seguridad energética. Era, supuestamente, lo firme, lo serio, lo disponible, frente a unas renovables caricaturizadas como intermitentes, inmaduras y casi decorativas. Basta mirar lo ocurrido con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz para entender que esa narrativa se ha roto. El precio del Brent subió entre un 10% y un 13% en las primeras horas del conflicto hasta rozar los 82 dólares por barril, mientras la AIE calificaba la situación como «la mayor perturbación del suministro en la historia del mercado global del petróleo». Europa podía tener «quizá seis semanas» de combustible de aviación si el bloqueo persistía, mientras en Asia varios gobiernos activaban medidas de emergencia como teletrabajo, restricciones de viajes oficiales, cierres escolares o semanas laborales de cuatro días para ahorrar combustible. Si eso es «seguridad», a lo mejor convendría revisar el diccionario.

Si alguien dudaba todavía de lo que significa esa dependencia en términos concretos, la crisis del estrecho de Ormuz lo ha aclarado de forma brutal: no solo se trata de gasolina o electricidad. Los precios spot del gas en Asia subieron más de un 140% tras el ataque al complejo de Ras Laffan en Qatar. Más del 30% de la urea mundial, el fertilizante que hace posible producir trigo y maíz a escala global, pasa por ese estrecho. Cuando se corta el suministro de gas, no sube el precio de llenar el depósito: sube el precio del pan.

La gran paradoja de nuestro tiempo es que seguimos llamando «fiables» a unas fuentes de energía cuyo precio, suministro y disponibilidad dependen de estrechos marítimos, guerras regionales, petromonarquías, autocracias varias y cadenas logísticas que pueden romperse en cuestión de días. En realidad, los combustibles fósiles no ofrecen seguridad: ofrecen vulnerabilidad geopolítica aplazada. Y eso explica que la cita de Santa Marta no deba interpretarse como el delirio de un grupo de idealistas, sino como la respuesta racional de países que empiezan a comprender que la soberanía energética del siglo XXI no consistirá en encontrar el último barril, sino en dejar de necesitarlo.

A estas alturas, además, la discusión tecnológica está muy lejos de donde estaba hace apenas una década. La pregunta de si puede el mundo funcionar solo con renovables ya no pertenece al terreno de la especulación militante, sino al de la literatura científica consolidada. Un paper académico publicado en IEEE Access concluye que el 100% renovable es factible a escala global y a bajo coste. El artículo divulgativo de Helsinki Times basado en ese trabajo resume con bastante claridad algo que muchos llevamos tiempo defendiendo: solar, eólica, almacenamiento, electrificación, acoplamiento sectorial e hidrógeno para aquellos usos difíciles de electrificar forman ya una arquitectura coherente, no una colección de experimentos inconexos. Y sí, sobre esto mismo escribí ya en 2022, precisamente porque las excusas empezaban entonces a sonar viejas.

Lo interesante es que, desde entonces, la realidad ha seguido avanzando más deprisa que la conversación pública. Según el análisis global citado por AP a partir de datos de Ember, en 2025 las renovables superaron por primera vez un tercio de la generación eléctrica mundial, mientras el carbón cayó por debajo de otro tercio. Más importante aún: la electricidad limpia creció lo suficiente como para cubrir todo el aumento neto de la demanda, y solar más eólica llegaron a cubrir el 99% de ese crecimiento. Esto no significa que hayamos ganado nada de forma irreversible, pero sí que el relato de que las renovables son un «complemento» ha dejado de corresponderse con los hechos. Ya no están adornando el sistema: están empezando a redefinirlo.

Además, las dos variables que durante años sirvieron como refugio retórico de los inmovilistas, coste y almacenamiento, se están desmoronando. El coste de los módulos solares ha caído un 99% en las últimas cuatro décadas. El precio de las baterías de ion-litio ha bajado más de un 99% desde 1991. Y cuando una tecnología mejora y se abarata de ese modo, deja de ser una alternativa para convertirse en una trayectoria dominante. Por eso la cuestión ya no es si las renovables pueden competir: es cuánto tiempo más pretendemos seguir fingiendo que no han ganado ya gran parte de esa competición.

Por supuesto, un mundo sin combustibles fósiles no se construye solo con placas solares en los tejados y aerogeneradores en las costas. Requiere redes mucho más robustas, almacenamiento a distintas escalas, electrificación masiva del transporte y de la calefacción, rediseño industrial, flexibilidad de la demanda y vectores como el hidrógeno o los electrocombustibles para usos específicos donde la electrificación directa no baste. El informe Renewables 2025 de la IEA enlazado antes y las propuestas de IRENA para triplicar la capacidad renovable y doblar la eficiencia energética antes de 2030 insisten en ello. Es decir: no estamos ante una transición simple, pero sí ante una transición perfectamente imaginable, modelizable y técnicamente abordable. Lo que falta no es física. Lo que falta es decisión política, alineación regulatoria y voluntad de enfrentarse a intereses creados.

Ahí es donde la discusión se vuelve realmente incómoda: porque si el obstáculo ya no es tecnológico, entonces hay que señalar a los responsables reales del retraso. Y esos responsables tienen nombres, balances y consejos de administración. La lógica del sector fósil sigue siendo brutalmente simple: como explicaba un reportaje de The Guardian, toda compañía quiere producir el último barril vendido. No el penúltimo. No uno menos por responsabilidad climática. El último. De ahí la importancia de intentar construir marcos políticos nuevos, como la Declaración de Belém o incluso la idea de un tratado de no proliferación fósil: no porque vayan a resolver por sí solos el problema, sino porque ayudan a desplazar la norma social y política. Igual que ocurrió con otras industrias cuya legitimidad empezó a erosionarse antes de desaparecer o encogerse.

Lo utópico no es pensar en un mundo post-fósil. Lo utópico, en el peor sentido del término, es creer que podemos seguir quemando hidrocarburos como hasta ahora sin que el coste económico, social y geopolítico se nos lleve por delante.

La objeción habitual es que todo esto suena muy bien mientras no se hable de cemento, acero, fertilizantes, aviación o transporte marítimo. Pero precisamente ahí es donde la transición deja de ser un eslogan y pasa a ser una estrategia seria: electrificar todo lo electrificable, reservar las moléculas verdes para lo difícil, reducir despilfarros absurdos y reorganizar la demanda. No hay magia: hay ingeniería, planificación y prioridades. La alternativa, además, no es mantener el mundo tal como está, sino resignarnos a un sistema fósil cada vez más caro, más volátil, más litigioso, más subsidiado y más destructivo climáticamente.

La pregunta correcta, por tanto, no es si un mundo sin combustibles fósiles es posible. La evidencia disponible dice que sí lo es, y cada año con más claridad. La pregunta correcta es quién está dispuesto a acelerarlo y quiénes siguen trabajando, con subvenciones, lobby y propaganda, para retrasarlo todo lo que puedan. Porque el futuro energético ya no se decide entre lo posible y lo imposible, sino entre lo inevitable y lo bloqueado. Y cuanto antes entendamos que la dependencia fósil no es una garantía de prosperidad sino una forma de chantaje estructural, antes empezaremos a tratar las renovables no como una opción moralmente deseable, sino como lo que son: la infraestructura básica de una economía moderna, segura y civilizada.

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Artículo original publicado en espacio-publico.com por Paco Cantero

Fotografía: Guillaume Périgois en Unsplash

La civilización europea (aquella que se forjó en el mármol de Atenas, se ordenó bajo el derecho de Roma, brilló en la elegancia de Viena y alcanzó su cima estética en el Renacimiento del siglo XV) no está simplemente en crisis: es víctima de una erosión sistémica. Lo que hoy conocemos como la estructura institucional de la Unión Europea se ha convertido en una arquitectura rígida, cada vez más alejada del interés ciudadano y crecientemente subordinada a lógicas financieras globales que desplazan el bien común. En un mundo que vira aceleradamente hacia la multipolaridad, donde nuevos bloques de poder emergen con soberanía real, Europa corre el riesgo de convertirse en un actor irrelevante.

Para que Europa recupere su esencia, debemos reconocer que las estructuras actuales han agotado su propósito histórico. La construcción de una Alternativa Continental no es solo una propuesta ideológica, sino una de las pocas vías reales que tiene el continente para recuperar protagonismo. Esta alternativa exige la superación del orden unilateral y la construcción de un espacio euroasiático soberano, cimentado en una formación humana de excelencia y una economía de soberanía productiva real.

El realismo de la fractura: La permanencia de los pueblos

Cualquier visión de futuro debe partir de un diagnóstico honesto del presente. La construcción de este espacio soberano choca hoy con la realidad de una fractura profunda entre Europa occidental y Rusia. Estas diferencias constituyen un problema grave cuya resolución no será inmediata; la situación geopolítica contemporánea ha levantado muros que tardarán años, quizás décadas, en derribarse.

Sin embargo, al abordar este conflicto, debemos elevar la mirada: los dirigentes políticos y sus decisiones son, por definición, temporales y transitorios. Las administraciones pasan, pero los pueblos permanecen. La identidad de una nación y su cultura están siempre por encima de la política de turno.

El reencuentro hacia una auténtica cooperación euroasiática debe ser un proceso gradual de desescalada y reconstrucción de la confianza. El imperativo de la unión responde a una necesidad histórica y estratégica que trasciende las crisis del presente. Sin la profundidad geográfica y energética del espacio ruso y la tradición humanista e industrial de Europa occidental, el continente seguirá siendo un escenario de disputa para potencias externas. Solo reconociendo los intereses compartidos podremos recuperar la capacidad de actuar como bloque coherente.

El desafío de la financiarización global

La reconstrucción europea requiere identificar los modelos que hoy limitan la soberanía de los Estados y que deben ser reemplazados por una estructura de gobernanza más equitativa. En primer lugar, la creciente influencia de la gran gestión de activos financieros globales. Fondos de inversión de escala sistémica (BlackRock) operan con lógicas de rentabilidad que con frecuencia entran en conflicto con los intereses de largo plazo de ciudadanos y Estados. Esta estructura debería dar paso a una gobernanza que priorice el bienestar colectivo frente a los intereses de los fondos de inversión internacionales.

En segundo lugar, nos enfrentamos al riesgo de un tecno-feudalismo impulsado por actores del sector tecnológico (Peter Thiel y Elon Musk) que, bajo una retórica de innovación, promueven modelos donde la soberanía de los datos y las infraestructuras críticas queda en manos privadas. La Alternativa Continental rechaza este modelo: la tecnología debe servir a la ciudadanía y al interés general, no consolidar nuevas formas de monopolio.

El imperativo Euroasiático y la autonomía productiva

La superación del actual marco de dependencia es una condición necesaria para construir un espacio de mayor autonomía estratégica. La combinación de la capacidad industrial y tecnológica de Alemania, Francia e Italia con la inmensidad de recursos energéticos del espacio euroasiático crearía un bloque productivo sin precedentes. Esta vía es la única que podría sostener una voz propia frente a las grandes hegemonías externas. Para que esta soberanía sea real, la economía debe blindarse contra la especulación:

• Moneda Soberana Euroasiática: una unidad monetaria anclada a Activos Puros (reservas energéticas, producción industrial de alta tecnología, metales estratégicos, infraestructuras) que elimine la dependencia de la deuda fiduciaria y la volatilidad de los mercados de divisas.
• Blindaje de Servicios Públicos: la educación, la sanidad y los servicios sociales no pueden ser tratados como nichos de mercado. Su gestión debe responder a criterios de interés general.
• La Vivienda como Derecho: la vivienda debe ser reconocida como necesidad básica y pilar de la cohesión social, alejada de su función como activo puramente especulativo.
• Sectores Estratégicos: el acceso a la energía, el agua y las redes de comunicación se definen como patrimonio colectivo, no susceptible de gestión con lógica meramente especulativa.

El canon de la excelencia: belleza, verdad y ciencia

Nuestra respuesta al vacío cultural es el retorno al Canon de la Excelencia occidental y euroasiática. No podemos construir un futuro sin cimientos sólidos en el pasado. Reivindicamos la herencia del Renacimiento italiano de los siglos XV y XVI: desde el Quattrocento temprano de Donatello, cuya revolución escultórica preparó el terreno para el Renacimiento clásico de Miguel Ángel y Rafael, hasta la síntesis plena de proporciones y humanismo que caracteriza a estos últimos. Reconocer la distancia generacional y estilística entre estos maestros no mengua su grandeza, sino que enriquece nuestra comprensión de una tradición en permanente diálogo consigo misma.

Recuperamos también la mirada de los impresionistas de la segunda mitad del siglo XIX (Monet, Renoir y tantos otros) que devolvieron a la pintura la capacidad de apreciar la belleza efímera del entorno natural. Junto a ellos, Camille Pissarro, nacido en las Antillas Danesas en 1830 y formado entre la tradición caribeña y la escuela parisina, enriqueció el movimiento con una sensibilidad singular que trasciende las fronteras nacionales y testimonia la fecundidad del diálogo entre culturas.

La soberanía se funda también en la palabra. No existe Europa sin Miguel de Cervantes, que nos legó la ética del idealismo frente al materialismo vulgar. Esta visión se enriquece con la profundidad de Fiódor Dostoyevski y León Tolstói, quienes comprendieron que el ser humano necesita raíces profundas para no ser arrastrado por el nihilismo. Regresamos igualmente a la razón como fundamento político: el imperativo moral de Immanuel Kant, la visión histórica de Hegel y el equilibrio institucional propuesto por Montesquieu, cuya influencia sobre el constitucionalismo moderno es inseparable de la Ilustración francesa en la que también participó Voltaire.

En el ámbito científico, honramos el legado de Max Planck, Albert Einstein y Niels Bohr, cuyos descubrimientos en física cuántica y relatividad nacieron de un pensamiento riguroso y de la libertad académica, no de la rentabilidad inmediata. Reivindicamos igualmente a Dmitri Mendeléyev, cuya sistematización del universo químico en la tabla periódica (1869) sigue siendo uno de los logros intelectuales más perfectos de la ciencia moderna, y a Konstantin Tsiolkovski, el pionero ruso de la astrofísica teórica y la cohetería, cuyas ecuaciones de propulsión (desarrolladas entre finales del siglo XIX y principios del XX) siguen siendo fundamento de la ingeniería espacial contemporánea.

Para ser verdaderamente soberanos, proponemos el desarrollo de una infraestructura digital euroasiática propia. No podemos permitir que nuestros datos y comunicaciones dependan de servidores extranjeros controlados por intereses ajenos al continente. La tecnología debe ser el nuevo acero de nuestra independencia estratégica.

Una nueva educación y resistencia cultural

Para formar a los ciudadanos del mañana, proponemos un sistema que proteja nuestra identidad cultural y prepare para el futuro tecnológico:

• El Legado Clásico como Soberanía Intelectual: recuperar el estudio del latín y el griego antiguo como ejercicios de libertad intelectual y acceso directo a las fuentes de nuestra civilización.
• Excelencia Tecnológica y Politécnica: la formación debe ser puntera en ciencias exactas e ingeniería. Queremos ciudadanos capaces de comprender tanto el pensamiento filosófico clásico como la arquitectura de la inteligencia artificial.
• Independencia Educativa: revisión crítica de las agendas ideológicas financiadas por fundaciones externas, devolviendo el espacio académico al debate plural y a la búsqueda honesta de la verdad.

Para contrarrestar la deriva cultural actual, se propone una estructura de diplomacia cultural a través de la Red de Organizaciones Culturales Euroasiáticas (ROCE):

• Centros de Pensamiento Independientes: espacios de resistencia intelectual inspirados en el papel histórico del Ateneo de Madrid, refugio de la inteligencia libre frente al dogmatismo durante los siglos XIX y XX, y que actualmente mantiene encendida la llama de una institución que ha sido cuna y escenario de algunos de los movimientos sociales, culturales y políticos más importantes de la historia de España. Estos nuevos centros funcionarán como foros de debate elevados donde la palabra sea soberana, desafiando los consensos fijados por las agendas globalistas y recuperando la autonomía del pensamiento civil frente al poder financiero y estatal.
• Mecenazgo Popular: creación de fondos ciudadanos para financiar el arte clásico, la arquitectura tradicional y los medios de comunicación independientes, rompiendo el monopolio de los grandes fondos de inversión sobre la cultura.
• El Eje de la Inteligencia: intercambio masivo de estudiantes y científicos para liderar la investigación biotecnológica ética y el desarrollo de la energía de fusión, protegiendo los descubrimientos europeos de lógicas extractivas de patentes.

El triunfo de la identidad

Las estructuras actuales deben ser superadas para que Europa renazca con plena consciencia de su historia y de sus responsabilidades. Ante el ascenso de un mundo multipolar, la Alternativa Continental representa una de las pocas vías para recuperar el control colectivo de nuestro destino. Frente a la financiarización sin límites y la dependencia tecnológica, debemos levantar el proyecto de una Eurasia fuerte, intelectualmente orgullosa y conectada con su herencia plural. Es el momento de que los pueblos vuelvan a caminar por la senda de la grandeza que ellos mismos construyeron.

La entrada Renacimiento de Europa: la encrucijada de una civilización se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Artículo original publicado en rebelion.org por Eric Toussaint

El año 2025 es considerado por los cristianos como un año del jubileo bajo la bandera de la anulación de la deuda. Con este motivo, el CADTM vuelve a publicar una serie de artículos sobre las anulaciones de deudas, las luchas por la condonación de la deuda y el papel de la deuda en los conflictos políticos, sociales y geoestratégicos a lo largo de la historia.

Hammurabi, rey de Babilonia, y las anulaciones de deuda

El Código de Hammurabi se encuentra en el Museo del Louvre de París. De hecho, el término “código” es inapropiado, pues Hammurabi nos legó más bien un conjunto de reglas y de juicios sobre las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. El reino de Hammurabi, “rey” de Babilonia (situada en el Iraq actual), comenzó en 1792 antes de J.C. y duró 42 años. Lo que la mayor parte de los manuales de historia no señalan es que Hammurabi, como otros gobernantes de las ciudades-estado de Mesopotamia, proclamó en varias ocasiones una anulación general de las deudas de los ciudadanos con los poderes públicos, sus altos funcionarios y dignatarios. Lo que se ha llamado el Código de Hammurabi, fue escrito probablemente en 1762 antes de J.C. Su epílogo proclamaba que “el poderoso no puede oprimir al débil, la justicia debe proteger a la viuda y al huérfano (…) a fin de hacer justicia a los oprimidos”. Gracias al descifrado de los numerosos documentos escritos en cuneiforme, los historiadores han encontrado la huella incontestable de cuatro anulaciones generales de deuda durante el reinado de Hammurabi (en 1792,1780, 1771 y 1762 antes de J.C.).

En la época de Hammurabi, la vida económica, social y política se organizaba alrededor del templo y del palacio. Estas dos instituciones, muy imbricadas, constituían el aparato del estado, el equivalente a nuestros poderes públicos de hoy, en los que trabajaban numerosos artesanos y obreros, sin olvidar los escribas. Todos eran alojados y alimentados por el templo y el palacio. Recibían raciones de alimentación que les garantizaban dos comidas completas por día. Los trabajadores y los dignatarios del palacio eran alimentados gracias a la actividad de un campesinado al que los poderes públicos proporcionaban (alquilaban) tierras, instrumentos de trabajo, animales de tiro, ganado, agua para el riego. Los campesinos producían en particular cebada (el cereal de base), aceite, frutas y legumbres. Tras la cosecha, los campesinos debían entregar una parte de ella al estado como alquiler. En caso de malas cosechas, acumulaban deudas. Además del trabajo en las tierras del templo y del palacio, los campesinos eran propietarios de sus tierras, de su vivienda, de su rebaño y de los instrumentos de trabajo. Otra fuente de deudas de los campesinos estaba constituida por los préstamos concedidos a título privado por altos funcionarios y dignatarios a fin de enriquecerse y de apropiarse los bienes de los campesinos en caso de no pago de esas deudas. La imposibilidad en la que se encontraban los campesinos de devolver las deudas podía llevar igualmente a su reducción a la esclavitud (miembros de su familia podían igualmente ser reducidos a la esclavitud por deudas). A fin de garantizar la paz social, en particular evitando un deterioro de las condiciones de vida de los campesinos, el poder anulaba periódicamente todas las deudas¹ y restauraba los derechos de los campesinos.

Las anulaciones generales de deuda se han escalonado en Mesopotamia a lo largo de 1000 años

Las proclamaciones de anulación general de deudas no se limitaron al reino de Hammurabi: comenzaron antes de él y se prolongaron después de él. Se tiene la prueba de anulaciones de deuda que se remontan al año 2400 antes de J.C., es decir seis siglos antes del reino de Hammurabi, en la ciudad de Lagash (Sumer), los más recientes se remontan a 1400 antes de J.C., en Nuzi. En total, los historiadores han identificado con precisión una treintena de anulaciones generales de deuda en Mesopotamia entre 2400 y 1400 antes de J.C. Se puede seguir a Michael Hudson² cuando afirma que las anulaciones generales de deuda constituyen una de las características principales de las sociedades de la Edad del Bronce en Mesopotamia. Se encuentran por otra parte en las diferentes lenguas mesopotamicas expresiones que designan estas anulaciones para borrar la deuda y poner las cuentas a cero: amargi en Lagash (Sumer), nig-sisa en Ur, andurarum en Ashur, misharum en Babilonia, shudutu en Nuzi.

Estas proclamaciones de anulación de deuda eran ocasión de grandes festividades, generalmente en la fiesta anual de la primavera. Bajo la dinastía de la familia de Hammurabi fue instaurada la tradición de destruir las tabletas sobre las que estaban inscritas las deudas. En efecto, los poderes públicos tenían una contabilidad precisa de las deudas en tabletas que eran conservadas en el templo. Hammurabi muere en 1749 antes de J.C., tras 42 años de reinado. Su sucesor, Samsuiluna, anula todas las deudas con el estado y decreta la destrucción de todas las tabletas de deudas salvo las que se refieren a deudas comerciales.

Cuando Ammisaduqa, el último gobernante de la dinastía Hammurabi, accede al trono en 1646 antes de J.C., la anulación general de las deudas que proclama está muy detallada. Se trata manifiestamente de evitar que ciertos acreedores se aprovechen de algunos fallos. El decreto de anulación precisa que los acreedores oficiales y los cobradores de impuestos que han expulsado campesinos deben indemnizarles y devolverles sus bienes bajo pena de ser ejecutados. Si un acreedor ha acaparado un bien por presión, debe restituirlo y/o pagarlo por entero, si no lo hace es condenado a muerte.

Como consecuencia de este decreto, se pusieron en pie comisiones a fin de revisar todos los contratos inmobiliarios y eliminar los que estaban afectados por la proclamación de anulación de deuda y de restauración de la situación anterior, statu quo ante. La puesta en práctica de este decreto era facilitado por el hecho de que, en general, los campesinos espoliados por los acreedores continuaban trabajando en sus tierras aunque éstas se hubieran convertido en propiedad del acreedor. A partir de ahí, anulando los contratos y obligando a los acreedores a indemnizar a las víctimas, los poderes públicos restauraban los derechos de los campesinos. La situación se degradará un poco más de dos siglos más tarde.

Los límites de los actos de anulación de las deudas

En Mesopotamia, durante la Edad del Bronce, los esclavos por deudas eran liberados pero no los demás tipos de esclavos (en particular los que eran prisioneros de guerra).

Los actos de anulación de deuda no deben ser presentados como decisiones que hicieran progresar la emancipación social, se trataba de restaurar el orden anterior, que incluía numerosas formas de opresión. Sin embargo, sin embellecer la organización de estas sociedades de hace 3000 a 4000 años, hay que subrayar que los gobernantes intentaban mantener una cohesión social evitando la constitución de grandes propiedades privadas, tomando medidas para que los campesinos mantuvieran un acceso directo a la tierra, limitando el aumento de las desigualdades, vigilando el mantenimiento y el desarrollo de los sistemas de riego. Michael Hudson subraya, por otra parte, que la decisión de declarar la guerra correspondía a la asamblea general de los ciudadanos y que el “rey” no tenía el poder de tomar la decisión.

Parece que, en la cosmovisión de los mesopotamios de la edad del bronce, no hubo creación original por un dios. El gobernante (ruler), confrontado al caos, reorganizó el mundo para restablecer el orden normal y la justicia.

Después de 1400 antes de J.C., no se ha encontrado ningún acto de anulación de deuda. Las desigualdades se reforzaron y desarrollaron fuertemente. Las tierras fueron acaparadas por grandes propietarios privados, la esclavitud por deudas se enraizó. Una parte importante de la población emigró hacia el noroeste, hacia Canaan con incursiones hacia Egipto (los faraones se quejaban por ello).

A lo largo de los siglos que siguieron, considerados por los historiadores de Mesopotamia como tiempos obscuros (Dark Ages) -a causa de la reducción de las huellas escritas-, se tienen sin embargo pruebas de luchas sociales violentas entre acreedores y endeudados.

Egipto: la piedra Rosetta confirma la tradición de las anulaciones de deuda

La piedra Rosetta de la que se apropiaron miembros del ejército napoleónico en 1799 durante la campaña de Egipto fue descifrada en 1822 por Jean-François Champollion. Se encuentra hoy en el British Museum en Londres. El trabajo de traducción fue facilitado por el hecho de que la piedra presenta el mismo texto en tres lenguas: el egipcio antiguo, el egipcio popular y el griego del tiempo de Alejandro Magno. El contenido de la piedra Rosetta confirma la tradición de la anulación de las deudas que se instauró en el Egipto de los faraones a partir del siglo VIII antes de J.C., antes de su conquista por Alejandro Magno en el siglo IV antes de J.C. Se lee en ella que el faraón Ptolomeo V, en 196 antes de J.C., anuló las deudas debidas al trono por el pueblo de Egipto y más allá.

Aunque la sociedad egipcia del tiempo de los faraones fuera muy diferente de la sociedad mesopotámica de la Edad del Bronce, se encuentra la huella evidente de una tradición de proclamación de amnistía que precede a las anulaciones generales de deuda. Ramsés IV (1153-1146 antes de J.C.) proclamó que quienes huyeron podían volver al país. Quienes estaban encarcelados eran liberados. Su padre Ramsés III (1184-1153 antes de J.C.) hizo igual. Hay que señalar que en el 2º milenio, parece que no había esclavitud por deudas en Egipto. Los esclavos era prisioneros de guerra. Las proclamaciones de Ramsés III y IV concernían a la anulación de los atrasos de impuestos debidos al faraón, la liberación de los presos políticos, la posibilidad para las personas condenadas al exilio de volver al país.

Solo a partir del siglo VIII antes de J.C. se encuentran en Egipto proclamaciones de anulación de deudas y de liberación de los esclavos por deudas. Es el caso del reinado del faraón Bocchoris (717-711 antes J.C.), cuyo nombre fue helenizado.

Una de las motivaciones fundamentales de las anulaciones de deuda era que el faraón quería disponer de un campesinado capaz de producir suficientes alimentos y disponible cuando fuera necesario para campañas militares. Por estas dos razones, era necesario evitar que los campesinos fueran expulsados de sus tierras por la influencia de los acreedores.

En otra parte de la región, se constata que los emperadores sirios del primer milenio antes de J.C. adoptaron igualmente la tradición de anulación de las deudas. Lo mismo ocurrió en Jerusalén, en el siglo V antes de J.C. Como prueba, en 432 antes de J.C., Neemías, ciertamente influenciado por la antigua tradición mesopotámica, proclama la anulación de las deudas de los judíos endeudados hacia sus ricos compatriotas. Es en esa época cuando se redacta la Torah. La tradición de las anulaciones generalizadas de deuda formará parte de la religión judía y de los primeros textos del cristianismo vía el Levítico que proclama la obligación de anular las deudas cada siete años y en cada jubileo, es decir, cada 50 años.

Conclusión

Hoy, la devolución de la deuda constituye innegablemente un tabú. Es presentada por los jefes de estado y de gobierno, los bancos centrales, el FMI y la prensa dominante como inevitable, indiscutible, obligatoria. Los ciudadanos y ciudadanas deberían resignarse al pago de la deuda. La única discusión posible es sobre la forma de modular el reparto de los sacrificios necesarios a fin de conseguir suficientes medios presupuestarios para mantener los compromisos tomados por la nación endeudada. Los gobiernos que han pedido prestado han sido elegidos democráticamente, los actos que han realizado son por tanto legítimos. Hay que pagar.

Es esencial atravesar la pantalla de humo de la historia contada por los acreedores y restablecer la verdad histórica. Anulaciones generalizadas de deuda han tenido lugar de forma repetida en la historia. Esas anulaciones corresponden a diferentes contextos. En el caso que acabamos de evocar, las proclamaciones de anulación generalizada de deuda eran tomadas a iniciativa de gobernantes preocupados por preservar la paz social. En otros casos, las anulaciones fueron resultado de una lucha social exacerbada por la crisis y el ascenso de las desigualdades. Es el caso de Grecia y Roma antiguas. Otros escenarios hay que tomar en cuenta también: la anulación de deuda decretada por países endeudados que plantean un acto soberano unilateral, la anulación de deuda concedida por los vencedores a un país vencido o/y aliado… Una cosa es cierta: a escala histórica, la deuda juega un papel motor en numerosas grandes conmociones sociales y políticas.

Traducido por Alberto Nadal

Eric Toussaint (doctor en ciencias políticas, presidente del CADTM de Bélgica, www.cadtm.org, miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia). Damien Millet y Eric Toussaint han dirigido el libro colectivo La Deuda o la Vida, Editorial Icaria, Economía, ISBN: 9788498883848, Año Publicación: 2011, páginas: 336, que recibió el Prix du livre politique à la Foire du livre politique de Liège en 2011). Último libro publicado, Damien Millet et Eric Toussaint, AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, Paris, 2012.

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Alto al Acuerdo Global y Comercial “modernizado” entre la Unión Europea y México

Attac España suscribe el presente comunicado

Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para exigir que no ratifiquen ni el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “modernizado” ni el Acuerdo Global que contiene un apartado sobre protección de inversiones y un mecanismo controversial que permite el  arbitraje inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).  

El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate y ni consulta pública. Se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19. Seis años más tarde, en medio de múltiples crisis y conflictos, los mandatarios europeos y mexicanos se apuran a firmar un acuerdo “modernizado” que tendrá peores consecuencias que su versión anterior, vigente desde 2000, por las siguientes razones:

1. Beneficia a los inversores extranjeros en detrimento de la población local, el ambiente y el clima.

El Acuerdo Global incluye un apartado sobre la protección de inversiones que contiene el recurso del arbitraje inversor-Estado. Este mecanismo, conocido también por sus letras en inglés: ISDS (Investor-State-Dispute Settlement) le concede a inversores extranjeros el acceso privilegiado y exclusivo a un tribunal internacional para resolver sus controversias con estados. México es el 3er país más demandado ante tribunales de arbitraje a nivel mundial. Lleva más de 500 millones de dólares gastados en laudos perdidos y costos de defensa y aún hay demandas pendientes que suman al menos 5.500 millones de dólares. El Acuerdo Global amplía los derechos del arbitraje a inversores de otros países europeos y restringe la soberanía mexicana de decidir sobre sus políticas públicas a favor de la población, del ambiente y del clima y vice versa.

2. Promueve un modelo extractivo sin fortalecer la producción local

El TLCUEM contiene un capítulo sobre recursos naturales que le impide a México poner precios diferenciales para el uso de sus minerales y recursos energéticos a nivel nacional y para la exportación. El capítulo de inversiones prohíbe la restricción del libre flujo de capitales y la imposición de los llamados requisitos de desempeño. Entonces ni los gobiernos europeos, ni el mexicano pueden obligar a los inversores del otro país a que, por ejemplo, usen un cierto porcentaje de contenido local en su producción o que transfieran tecnología y conocimiento. Sobre todo para México, país con recursos de interés para la Unión Europea, esto implica la restricción de medidas que promuevan el desarrollo económico y social a nivel  nacional y local. 

Debilita la producción agrícola mexicana

A cambio de obtener tres años más del derecho de regular su mercado energético, México eliminó aún más aranceles para la importación de alimentos a su mercado interno, sobre todo de carne y productos lácteos. Sumado a las concesiones ya dadas para la importación de más lácteos y otros productos agrícolas o alimentos procesados, esto amenaza la producción local de alimentos en México y la situación del campesinado. Además, promueve un comercio innecesario – ya que México no necesita importar ni más carne ni más lácteos para satisfacer la demanda nacional – que contribuye al cambio climático.

3. Promueve la relocalización de producción de ciertas industrias a México, sin garantizar estándares ambientales y laborales

El TLCUEM constituye el marco para que empresas europeas puedan relocalizar con más facilidad su producción a México. De hecho, muchas empresas europeas ya producen en México. La experiencia de Electrolux en Cd Juarez con su represión a los trabajadores que quieren formar un sindicato es  bien conocida. Recientemente, Volkswagen anunció el traslado de más partes de su producción de automóviles a México, donde lxs trabajadorxs ganan considerablemente menos y las leyes ambientales se implementan menos. Al mismo tiempo, la corporación anunció que eliminaría 30,000 puestos de trabajo en sus plantas en Alemania hasta 2030.

Actualmente, 50 zonas en México se encuentran en emergencia sanitaria y ambiental. La razón: la producción industrial indiscriminada. Una de las zonas más afectadas es la de Puebla-Tlaxcala donde Volkswagen y otras empresas europeas tienen sus plantas. El TLCUEM, como todos los tratados firmados por la UE, incluye solo un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible con disposiciones que no son vinculantes. El debilitamiento en la UE de la ley de debida diligencia (CSDDD) empeora esta situación.

A esto se suma que el tema de género es soslayado en el tratado aún cuando este comercio afecta directamente a muchas mujeres en México a nivel laboral y de consumo, pero también a nivel ambiental.

Estos son sólo algunos puntos preocupantes de este acuerdo. Se podría mencionar también la apertura a nivel nacional y de los estados provinciales de las licitaciones públicas a empresas europeas sin precedentes y con un impacto en la promoción de PYMES y el grave impacto sobre los derechos humanos. De hecho, la actualización del Acuerdo Global México–UE se ha realizado sin una evaluación integral de su impacto en derechos humanos. Al reducir el análisis al ámbito comercial, se oculta la responsabilidad de la relación bilateral en contextos de violaciones graves, como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado o el asesinato de personas defensoras en México. Ratificar el acuerdo en estas condiciones constituye una decisión política que asume responsabilidad en la continuidad de estas violencias.

El TLCUEM y el Acuerdo Global son instrumentos que profundizan un modelo económico destructor en México y en la Unión Europea con privilegios para inversores y daños para la población. No subsanan la asimetría existente entre las dos economías, ni promueven un desarrollo sostenible o un comercio que respete los límites planetarios. Por eso, instamos a los representantes políticxs de ambos lados del Atlántico a no ratificar estos acuerdos. 

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Una herramienta imprescindible de seguimiento de las políticas europeas de desregulación y una alerta sobre las posibles consecuencias sociales y ambientales de  la agenda de competitividad de la UE, donde se prioriza la competitividad empresarial sobre la regulación pública, bajo el pretexto de simplificación de trámites administrativos.

Arturo Martínez. Comunicación Attac España.

EL Observatorio Europeo de las Empresas (CEO por sus siglas en inglés) es un grupo de investigación y activismo que trabaja para sacar a la luz y cuestionar el acceso privilegiado y la influencia de que gozan las empresas y sus grupos de presión en la elaboración de las políticas de la Unión Europea (UE)

El observatorio nos advierte de las consecuencias sociales y ambientales que la vigente priorización de la competitividad empresarial sobre la regulación pública de la UE nos traerá si no revertimos la situación. Y para ello lleva a cabo el proyecto “Deregulation Watch” (Observatorio de la Desregulación) del que, desde Attac, ya os hemos dado cuenta y recomendado anteriormente. Deregulation watch analiza y documenta la agenda de desregulación promovida por la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen.

La Unión Europea está entrando en una nueva fase política en la que el objetivo de aumentar la “competitividad” empresarial se traduce en una reducción o flexibilización de normas sociales, ambientales, digitales y de protección de derechos.

Esta orientación política está fuertemente influida por las grandes patronales y grupos de presión empresariales, que consideran que muchas regulaciones europeas representan costes excesivos para las empresas. La consecuencia puede ser un debilitamiento progresivo de estándares construidos durante décadas en ámbitos como la protección ambiental, los derechos laborales, la privacidad digital, la transparencia corporativa y la salud pública.

La herramienta “Deregulation Watch”, que desde Attac España recomendamos, nos sirve de seguimiento  a las organizaciones sociales, sindicatos, activistas y ciudadanas interesadas en comprender cómo avanza este proceso de desregulación y qué sectores económicos son sus principales beneficiarios.

Contexto político y económico

El CEO sitúa el origen de esta ofensiva desreguladora en la preocupación de las instituciones europeas por la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China. Diversos actores económicos y políticos sostienen que Europa tiene un exceso de regulación que ralentiza la innovación, las inversiones y el crecimiento económico.

En este contexto, la Comisión Europea ha empezado a presentar propuestas de “simplificación normativa”, justificadas oficialmente como medidas para reducir burocracia y facilitar la actividad empresarial. Bajo este término de “simplificación” lo que se oculta es una estrategia más amplia de desmantelamiento regulatorio.

Las políticas europeas estén priorizando los intereses de grandes empresas industriales, tecnológicas, químicas y financieras frente a objetivos como la transición ecológica, la protección de consumidores o los derechos laborales.

Principales mecanismos de desregulación identificados

1. Paquetes “ómnibus” legislativos

Uno de los instrumentos más relevantes son las llamadas leyes “ómnibus”. Estas iniciativas agrupan múltiples modificaciones regulatorias en un solo paquete legislativo. El mecanismo dificulta el debate democrático y facilita la eliminación simultánea de distintas obligaciones regulatorias. Entre las áreas afectadas se encuentran:

• Requisitos de sostenibilidad empresarial.
• Normas medioambientales.
• Obligaciones de transparencia corporativa.
• Controles sobre cadenas de suministro.
• Protección de consumidores.

Este procedimiento favorece procesos rápidos y opacos, con poca supervisión pública.

2. Reducción de obligaciones de información empresarial

Otro aspecto central es la reducción de obligaciones de reporte y transparencia para las empresas.

La Comisión Europea ha planteado disminuir significativamente las exigencias de información relacionadas con sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa (RSC). El argumento oficial es que las pequeñas y medianas empresas soportan cargas administrativas excesivas.

Sin embargo, estas medidas pueden limitar la capacidad de controlar impactos ambientales, violaciones de derechos humanos y prácticas empresariales abusivas. Al tiempo que las empresas disponen de mayores márgenes para practicar “greenwashing”. Si no hay posibilidad de verificarlo ¿Qué va a evitar que se presenten como sostenibles sin serlo?

3. Obstáculos para nuevas regulaciones

El observatorio denuncia la creación de nuevos mecanismos institucionales que dificultan aprobar futuras regulaciones.

Entre ellos destaca el uso creciente de evaluaciones de impacto económico centradas casi exclusivamente en costes empresariales. Dejando en segundo plano beneficios sociales y ambientales.

Además, critica que determinadas propuestas exijan revisiones constantes de la legislación ya existente bajo criterios de competitividad, generando presión permanente para reducir normas protectoras.

4. Limitación de regulaciones nacionales

Otro elemento relevante es el intento de reforzar el mercado único europeo limitando la capacidad regulatoria de los Estados miembros. La Comisión Europea está impulsando controles más estrictos sobre las normativas nacionales que pueden afectar al funcionamiento del mercado interior. Esto puede dificultar que algunos países adopten estándares ambientales o sociales más ambiciosos que los mínimos europeos.

Se trata de una centralización normativa favorable a las grandes corporaciones multinacionales, interesadas en operar bajo reglas homogéneas y menos exigentes.

Sectores especialmente afectados

Sector ambiental y climático

Las políticas ambientales son uno de los principales objetivos de la agenda desreguladora.

Las industrias químicas, energéticas y automovilísticas aparecen frecuentemente como actores influyentes en las campañas de presión contra regulaciones ecológicas. El Observatorio advierte de posibles retrasos o debilitamientos en:

• Objetivos climáticos.
• Normas sobre sustancias tóxicas.
• Regulaciones de emisiones industriales.
• Requisitos de transición energética.
• Legislación sobre economía circular.

La narrativa de la competitividad se utiliza para justificar excepciones regulatorias y ayudas públicas a sectores altamente contaminantes.

Sector digital y tecnológico

Grandes empresas tecnológicas están ejerciendo una intensa presión para suavizar normas relacionadas con:

• Protección de datos.
• Inteligencia artificial.
• Transparencia algorítmica.
• Competencia digital.
• Moderación de contenidos.

Algunas propuestas de “simplificación digital” pueden reducir garantías fundamentales de privacidad y derechos de usuarios.

Por otro lado es alarmante la falta de transparencia en determinadas negociaciones entre instituciones europeas y grandes plataformas tecnológicas.

Derechos laborales y sociales

Entre las preocupaciones señaladas destacan:

• Debilitamiento de normas de seguridad laboral.
• Flexibilización de obligaciones empresariales.
• Menor protección para trabajadores de plataformas digitales.
• Reducción de estándares sociales en nombre de la competitividad.

Algunos sectores empresariales presentan las protecciones sociales como obstáculos económicos, favoreciendo un enfoque donde la reducción de costes laborales se convierte en prioridad política sobre otros derechos sociales.

Crítica al papel de los lobbies empresariales

Uno de los ejes centrales del análisis del Observatorio de la Desregulación es la influencia de los grupos de presión corporativos en la toma de decisiones europeas. Muchas de las propuestas actuales reproducen demandas históricas de grandes asociaciones empresariales europeas. Y representantes de la industria mantienen un acceso privilegiado a comisarios europeos y altos funcionarios.

El Observatorio denuncia especialmente:

• La desproporción entre acceso empresarial y acceso de organizaciones civiles.
• La opacidad de algunas reuniones y procesos consultivos.
• La incorporación casi literal de demandas empresariales en propuestas regulatorias.
• El uso del discurso de la competitividad para legitimar retrocesos normativos.

Estamos ante una forma de “captura corporativa” pavorosa de las instituciones europeas.

Riesgos identificados por el observatorio

El Corporate Europe Observatory considera que la actual ola desreguladora puede tener consecuencias profundas a medio y largo plazo. Y entre los riesgos principales menciona:

1. Debilitamiento de estándares ambientales y climáticos.
2. Menor transparencia empresarial.
3. Retroceso en derechos laborales y sociales.
4. Pérdida de protección de consumidores.
5. Reducción de controles democráticos sobre grandes empresas.
6. Aumento de la influencia corporativa en la legislación europea.
7. Obstáculos para futuras políticas progresistas.
8. Fragmentación de la confianza ciudadana en las instituciones europeas.

El observatorio teme que Europa abandone progresivamente su modelo regulatorio, históricamente más protector que el estadounidense, para adoptar una lógica más orientada a la liberalización económica.

Conclusión

Frente a todo ello, el Corporate Europe Observatory propone reforzar la vigilancia ciudadana, aumentar la transparencia institucional y mantener mecanismos regulatorios sólidos capaces de equilibrar intereses económicos con objetivos sociales, climáticos y democráticos.

Para saber más os remitimos a nuestra entrada: https://attac.es/curso-intensivo-sobre-la-ola-de-desregulacion-de-la-ue/

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Artículo original publicado en nuevatribuna.es por Rezgar Akrawi

El manifiesto publicado por Palantir Technologies no es un documento técnico ni una visión económica. Es un documento político explícito que anuncia una nueva etapa en la trayectoria del capitalismo digital, una etapa en la que ha abandonado la pretensión de neutralidad y ha decidido quitarse la máscara para mostrar su rostro ideológico completo. Palantir no es un caso aislado, es una de las grandes empresas tecnológicas condenadas por organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, por su participación en facilitar deportaciones forzadas, vigilancia masiva y persecución de disidentes. Informes documentados revelan una asociación directa entre ella y el ejército israelí, junto a empresas como Google, Amazon y Microsoft, en el suministro de sistemas de datos y focalización utilizados en operaciones militares contra Gaza, lo que la convierte en cómplice efectiva de crímenes de guerra documentados contra civiles palestinos.

Es una declaración de clase sobre un proyecto de alianza fascista digital que no se apoya únicamente en la violencia tradicional, sino en la vigilancia y la represión digital, el análisis de datos, la inteligencia artificial y la supresión de la disidencia mediante métodos imperceptibles pero de enorme impacto. Una alianza que hoy se encarna en su forma más evidente en el trumpismo, sus coaliciones y sus guerras agresivas.

Peter Thiel, cofundador de Palantir y mayor impulsor de la carrera política de Trump, no es simplemente un hombre de negocios que apoya a un candidato político. Es el cerebro ideológico que otorga a este proyecto su lógica, ve en la democracia tradicional un obstáculo ante el proyecto de la élite tecnológica, y ha declarado públicamente que el capitalismo y la democracia liberal son incompatibles. Esta alianza no es casualidad ni una convergencia pasajera, es un encuentro objetivo entre dos proyectos que comparten un único objetivo: concentrar el poder en manos de una camarilla financiera y política que cree poseer un «derecho natural» a gestionar las sociedades.

El manifiesto de Palantir revela con claridad que estamos ante una nueva forma de fascismo: una alianza del capital monopolista con el poder político nacional agresivo y la utilización de la violencia

Esta alianza encuentra hoy su traducción institucional en el movimiento de aceleración tecnológica que incluye a Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y otros. Lo que los une es su posición de clase y el interés común: eliminar cualquier restricción regulatoria o democrática que limite su capacidad de acumulación, dominación y expansión del control.

El manifiesto de 22 puntos: una lectura del contenido de clase

Palantir publicó un resumen del libro de su director ejecutivo Alexander Karp, «La República Tecnológica», en medio de una amplia reacción mundial y una creciente indignación política que superó millones de visualizaciones en pocos días. Sin embargo, la indignación no debe limitarse a la reacción emocional, porque el manifiesto es en esencia una hoja de ruta de clase que merece una lectura izquierdista precisa que vaya más allá de la mera condena.

El manifiesto fue construido con una precisión arquitectónica consciente, no al azar. Hay puntos que parecen moderados o humanitarios en apariencia, como el llamado a la tolerancia con los políticos en su vida personal, o a no regocijarse con la derrota del adversario. Estos puntos no son inocentes ni accidentales, son la fachada calculada que seduce al lector vacilante y otorga al manifiesto una imagen «equilibrada» antes de revelar su verdadero rostro. Esto es lo que los estudios ideológicos denominan la estructura del consenso fabricado: te dan una dosis de palabras razonables para que tragues con ellas la dosis venenosa. Por ello, lo que parece lógico en el manifiesto no es evidencia de su equilibrio, es evidencia adicional de su astucia. Sin embargo, todos estos puntos son utilizados como cobertura para hacer pasar una agenda ideológica integral que vincula todas estas preocupaciones con el proyecto de armamento, dominación y jerarquía civilizacional.

El punto primero afirma que «la élite de ingenieros de Silicon Valley está moralmente obligada a participar en la defensa de la nación». Este encuadre moral no es inocente. Cuando el contrato militar y de seguridad se presenta como un «deber moral», la presión social se convierte en un mecanismo para obligar a ingenieros y programadores a servir al aparato de guerra y represión, y toda voz disidente dentro de las empresas tecnológicas es silenciada en nombre del «patriotismo». Esto es una conversión de la conciencia individual en una mercancía al servicio del Estado militar-securitario y sus instituciones de espionaje.

La lucha por la justicia social y la liberación hoy pasa inevitablemente por la lucha por liberar la tecnología de esta alianza de clase agresiva

El punto segundo llama a «rebelarse contra la tiranía de las aplicaciones», es decir, rechazar la tecnología de consumo en favor de sistemas de seguridad y militares más profundos. Esto no es una crítica al capitalismo de consumo como podría parecer, es un llamado a redirigir la eficiencia tecnológica hacia la máquina de guerra y vigilancia en lugar del mercado del entretenimiento.

El punto quinto establece que «la pregunta no es si se construirán armas de inteligencia artificial, la pregunta es quién las construirá». Esta lógica determinista cerrada tiene como objetivo eliminar cualquier debate sobre el rechazo al armamento tecnológico desde la raíz. Cuando la elección se formula como «nosotros o el enemigo», se cancela la posibilidad de decir «no a las armas en absoluto». Es la misma lógica que utilizaron los gobiernos de la Guerra Fría para silenciar los movimientos de paz y restringir las organizaciones izquierdistas, y ahora regresa con ropaje digital.

El punto sexto exige que «el servicio nacional sea un deber general», y llama a reconsiderar el sistema de ejército voluntario en favor del servicio militar obligatorio. Este llamado revela claramente el rostro fascista clásico del manifiesto: cuando el Estado es incapaz de generar una voluntad espontánea de participar en sus guerras, recurre a la coacción institucional y la llama «responsabilidad compartida». Y lo más significativo es que la empresa que exige a los jóvenes sacrificar sus vidas en defensa de «Occidente» recauda al mismo tiempo miles de millones de dólares en contratos de guerras en las que esos jóvenes mueren. El deber es para todos, las ganancias son para la minoría.

El punto decimoséptimo afirma que «Silicon Valley debe desempeñar un papel en la lucha contra la delincuencia violenta». Esta propuesta parece pragmática en apariencia, pero en su esencia es una ampliación de las atribuciones de las empresas de seguridad privadas para superar el papel del Estado y convertirse en una fuerza de control social independiente, que opera con la lógica del beneficio y no con la lógica del derecho, la justicia independiente y la rendición de cuentas democrática.

El punto vigésimo exige «resistir la intolerancia generalizada contra la fe religiosa». Este punto no nace de una defensa genuina de la libertad de creencia, es una utilización oportunista del discurso religioso para construir una alianza ideológica con las corrientes conservadoras más susceptibles de ser movilizadas detrás de proyectos bélicos. La historia nos enseña que todo proyecto fascista necesitó una alianza con la institución religiosa para conferir al violencia un carácter sagrado, y eso es lo que persigue este punto bajo la cobertura de «libertad de fe».

El punto vigésimo primero es el más revelador sobre la dimensión ideológica profunda, cuando establece que «algunas culturas han producido un avance vital mientras que otras siguen siendo disfuncionales y retrógradas». Esta frase no es una opinión cultural pasajera, es el fundamento teórico del racismo colonial civilizacional que justifica la dominación, la ocupación y el asesinato de pueblos bajo la cobertura de la «gestión racional de la civilización». Esta lógica no difiere en esencia de «la carga del hombre blanco» que justificó el colonialismo en siglos pasados, y hoy se reproduce con el lenguaje de los algoritmos y los macrodatos. Y lo que la hace más peligrosa que su predecesora es que no necesita fuerzas coloniales visibles, le basta con una base de datos y un algoritmo de focalización.

Algoritmos de la muerte y la sociedad de vigilancia

No es posible leer este manifiesto al margen de lo que ocurre en las guerras contemporáneas. Informes periodísticos e investigativos han revelado el uso de sistemas de inteligencia artificial construidos por Palantir en listas de objetivos que han resultado en masacres contra civiles en Gaza. Lo que la empresa denomina «sistema de focalización inteligente» es en la práctica una máquina para gestionar el asesinato con eficiencia industrial. El asesinato no necesita una decisión humana responsable, necesita un algoritmo, datos suficientes y luz verde de un aparato que no está sujeto a ninguna rendición de cuentas democrática. Lo más importante en este contexto es que el uso de estos sistemas no puede separarse del discurso que justifica clasificar comunidades enteras como atrasadas o como una amenaza. El crimen no comienza con la bomba, comienza con la clasificación. Cuando comunidades enteras son definidas como un peligro, las operaciones de asesinato y focalización de civiles se convierten en «gestión de seguridad» y no en un crimen cuyos autores deben rendir cuentas.

Y lo más peligroso que las aplicaciones militares directas es lo que puede describirse como la «sociedad de vigilancia»: cuando el individuo sabe que está siendo vigilado en todo momento, y que cada una de sus interacciones digitales es registrada y analizada, comienza a ejercer vigilancia sobre sí mismo. Modifica su discurso, evita los temas sensibles, se aleja de las ideas radicalmente disidentes. Esta autovigilancia voluntaria debilita los movimientos izquierdistas, progresistas y las organizaciones laborales desde adentro sin necesidad de arrestos directos. Por ello, el llamado del manifiesto a una «comprensión profunda del comportamiento humano» como condición de seguridad es en realidad un llamado a construir un sistema integral para desarticular la acción política colectiva antes de que surja, y para predecir el comportamiento de protesta y desmantelarlo de antemano antes de que se convierta en un movimiento organizado.

Revelando el silencio obrero: la alternativa necesaria frente al fascismo digital

Lo llamativo en el manifiesto de Palantir, y lo verdaderamente sospechoso, es que no menciona ni una sola palabra sobre los trabajadores, los sindicatos, el derecho a la organización, la huelga. En un documento que habla de «la élite de ingenieros», el «deber moral» y las «culturas atrasadas», no hay lugar para los trabajadores y trabajadoras manuales e intelectuales que construyen estos algoritmos, los operan y viven bajo el peso de la misma vigilancia. Este silencio no es pasajero. Es un reconocimiento implícito de que el proyecto tecnológico fascista no puede enfrentarse a la pregunta de los trabajadores, porque los trabajadores solos, si se organizan, son capaces de detener por completo las líneas de producción de la muerte. La huelga general en Silicon Valley, o incluso en las propias oficinas de Palantir, es la pesadilla de este proyecto. Por ello, apoyar los sindicatos de trabajadores tecnológicos y vincular su lucha con una lucha global es un acto de resistencia de primer orden.

La cuestión fundamental no reside en cómo se utiliza la tecnología, es una cuestión de quién la posee y quién determina sus objetivos. La tecnología no se convertirá en una herramienta de liberación mientras permanezca en manos de los monopolios digitales aliados con los proyectos de la derecha, la guerra y la represión. Cualquier debate serio debe partir de la necesidad de la propiedad colectiva comunitaria de la infraestructura digital, y de someter los algoritmos y la inteligencia artificial a un control democrático genuino que represente los intereses de las masas trabajadoras y no de las élites monopolistas. Este camino tampoco se completa sin una campaña organizada para desarmar tecnológicamente a estos monopolios: boicotear sus servicios, revelar sus contratos secretos, llevar a sus responsables ante los tribunales internacionales por complicidad en crímenes de guerra, y presionar a las instituciones públicas para que corten sus relaciones con estas empresas. Cada contrato gubernamental con este sistema es una financiación directa de la máquina de asesinato y deportación, y detener este flujo financiero es la primera línea de confrontación.

El manifiesto de Palantir revela con claridad que estamos ante una nueva forma de fascismo: una alianza del capital monopolista con el poder político nacional agresivo y la utilización de la violencia, la represión y la jerarquía civilizacional para proteger esta alianza de cualquier amenaza popular. La única diferencia es que las herramientas de este fascismo hoy son los algoritmos, los macrodatos y la inteligencia artificial, y eso es lo que lo hace más hermético y más difícil de resistir.

La lucha por la justicia social y la liberación hoy pasa inevitablemente por la lucha por liberar la tecnología de esta alianza de clase agresiva. Es una cuestión eminentemente política, y parte de una lucha histórica sobre quién controla el futuro y la conciencia humana: la minoría monopolista aliada con los proyectos de asesinato y represión, o las masas trabajadoras que deben imponer su autoridad sobre las herramientas que moldean sus vidas y su destino.

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