El pronunciamiento de la FNE es uno de los pasos esenciales en el proceso donde poco más de la mitad de la propiedad del centro médico -un 55,75% bajo propiedad de Cecilia Karlezi- fue comprado mediante un pacto de los dueños de Clínica Indisa y la financiera EuroAmerica.

Según se reveló a inicios del año pasado, cada parte tomó cerca de la mitad de dicho porcentaje.

FNE da luz verde a la compra de Clínica Las Condes por parte de EuroAmerica

Ahora bien, tras un aumento de capital de CLC, EuroAmerica incrementó su porcentaje de participación y, actualmente, posee un 29,79%.

Con ello como contexto, la Fiscalía analizó la operación de control, donde se detalla en la resolución de aprobación que ambas partes son activas en las industrias de seguros y prestaciones de salud.

Por el lado de EuroAmerica, se anotó la venta de seguros de vida; seguros de salud y seguros de accidentes personales, todos colectivos. Clínica Las Condes, por su parte, ofrece prestaciones de salud y también comercializa seguros de salud individuales, masivos y de accidentes escolares.

En el marcado de seguros, la FNE decidió analizar los alcances a nivel nacional, independiente que la concentración de Seguros CLC está en la región Metropolitana. Distinto fue el caso de las prestaciones de salud, donde se analizó un alcance acotado a Las Condes y Vitacura.

Así, en la evaluación de efectos horizontales en la venta de seguros de vida, el resultado apuntó que los umbrales de concentración no serían superados en ninguno de los segmentos analizados, mientras que en los posibles riesgos verticales -donde la entidad resultante pudiera bloquear el accedo de competidoras de EuroAmerica a las prestaciones de salud de CLC, sea en seguros o servicios de salud-, se determinó que la entidad resultante no tendría la habilidad de materializar tales estrategias.

“Por lo anterior, fue posible descartar que la Operación resulte apta para reducir sustancialmente la competencia en los segmentos analizados”, concluye la resolución de la FNE.

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Cabe recordar que este joven cayó por aproximadamente 200 metros mientras descendía del macizo acompañado de un amigo, quien dio aviso de esta situación.

Acto seguido, se activó inmediatamente el operativo por parte de Carabineros, logrando ser rescatado esta jornada por personal de la Fuerza Aérea.

A su vez, el rescate del cadáver en cuestión se vio complicado debido a las condiciones climáticas de la zona.

Asimismo, de acuerdo a información de Radio Bío Bío, el cuerpo será llevado hasta el Hospital Regional de Puerto Montt.

En dicho recinto asistencial, es aguardado esperado por personal de la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal.

Tras los trámites legales respectivos, se espera que el cuerpo del excursionista fallecido en el volcán Calbuco sea entregado a su familia.

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Según información de La Radio, sería un grupo de cuatro personas, quienes llevaron a cabo un “turbazo” en una farmacia de la cadena Cruz Verde.

En cuestión de segundos los implicados robaron distintas especies ubicadas en los estantes más cercanos a la puerta de ingreso, tras aquello, corriendo por las calles aledañas.

No hay heridos

Hasta el lugar llegaron funcionarios de seguridad municipal de Viña del Mar y personal de Carabineros para realizar las pericias correspondientes.

Se informó que no hubo heridos a raíz del hecho y que de momento, los involucrados están siendo buscados.

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Recordemos que Castro había estado en el centro de la controversia por una sostenida tensión interna con la titular de la cartera, la ministra social cristiana, Judith Marín.

De acuerdo a información de Radio Bío Bío, el anuncio fue comunicado a dirigentes de Renovación Nacional ayer lunes, concretándose hoy la remoción de Castro.

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El divertido momento se originó en el segmento publicitario donde se promocionaban algunos productos especiales para la postura y la espalda. Uno de ellos fue el denominado Backlounge, que llamó especialmente la atención del conductor de TVN.

“Esta silla nos va a servir a todos los que trabajan todo el día sentados y necesitan estirar la espalda, pero de forma segura y solos”, señaló la promotora de la marca.

Eduardo Fuentes protagoniza estrepitosa caída en el matinal

“Tiene muchas formas de estiramiento. Tú lo vas haciendo según tu nivel, y te va a ayudar a fortalecer la espalda, que es importante hoy en día”, dijo la mujer sobre los detalles del aparato, lo cual motivó a Eduardo a probarlo mientras una segunda persona promocionaba otro producto junto a Monserrat Álvarez.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y, tras ubicarse en la máquina, la compleja postura le jugó una mala pasada y terminó en el piso del estudio, provocando las risas inmediatas de los presentes.

“Está experimentando con los productos”, dijo la promotora mientras el periodista permanecía en el suelo entre risas.

“Pasé de largo”, expresó Fuentes, mientras que Monserrat comentaba: “Es que tiene tanta flexibilidad”.

“Es que no me afirmé (…) me solté y pasé de largo”, aclaró mientra intentaba una segunda vez probar el aparato, esta vez con éxito.

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Eugenio Campos, director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, conversó con Expreso Bío Bío, sobre los alcances de esta investigación que apunta a una posible red organizada de trata de personas. El fiscal adelantó que la cifra de menores involucrados podría ser aún mayor y que el Ministerio Público está indagando la eventual participación de funcionarios públicos en esta trama que habría operado durante meses bajo una aparente legalidad.

Una organización detrás

—Se han abierto investigaciones por al menos 200 niños que ingresaron en estos vuelos chárter, pero la cifra podría ser mayor. ¿De qué periodo estamos hablando?

Estamos dando cuenta de un hecho absolutamente grave, primero no tanto por la cantidad de personas, sino porque las personas que estamos tratando son niñas, niños y adolescentes. Los primeros antecedentes que ha podido recabar el Ministerio Público, que conllevaron que el fiscal nacional tomara la decisión de hacer la denuncia de oficio, dicen relación con un periodo que va entre enero y abril del año 2025. Estamos indagando también respecto de otro vuelo chárter en octubre del mismo tiempo. Fui bastante cauto y conservador en señalar la cifra de 200, pero la realidad nos puede dar una bofetada y que el número sea el doble. Eso lo va a determinar el desarrollo de la investigación.

—Usted ha dicho que detrás de esto hay un grupo muy organizado. ¿Qué se ha podido identificar? ¿Esto es trata de personas?

No es una conclusión, sino las máximas experiencias. Uno puede decir que acá puede haber una junta espontánea, pero puedo creer en uno o dos vuelos. Pero una reiteración o patrón común de actuar durante varios meses con un volumen de personas, una masificación bajo una misma figura que es la reunificación familiar de ciudadanos haitianos, niños, niñas y adolescentes que particularmente pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad, nos lleva a pensar que, por cierto, es un foco a considerar el tema de una organización. Para que esto pueda ser un éxito, como pareciera que lo estaba siendo hasta el momento, requiere un cierto grado de organización. La ley chilena, abrazando diversos tratados internacionales, castiga con severidad la trata de personas, particularmente cuando son niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El solo hecho de que nos organicemos para esto, sin siquiera acometer aquella empresa ilícita, ya el legislador adelanta y lo sanciona penalmente.

—Cuando una persona sale o ingresa a Chile con menores de edad, se le piden una serie de papeles. Acá entraba un adulto con docenas de niños. ¿Cómo puede ser que funcionarios públicos hayan hecho vista gorda? ¿Hay responsabilidad en ellos?

Por eso es que la unidad que dirijo, la Unidad Anticorrupción, se aboca, entre otros delitos, a los delitos de funcionarios. Aquí vemos que eventualmente tenemos intervención de instituciones públicas. Está la Dirección General del Registro Civil, que tiene que aportar muchos antecedentes sobre esta investigación; el Servicio Nacional de Migraciones; la Subsecretaría de la Niñez; la Policía de Investigaciones de Chile con su función de policía internacional. Todas estas instituciones están conformadas por funcionarios públicos. Va a ser obviamente un foco de la pesquisa si existe o no intervención de particulares, pero también de funcionarios públicos que pudieron dejar de cumplir su deber o que eventualmente pudieron haber recibido algún tema de dádiva o promesa, eso lo va a determinar la investigación. En el caso de la trata de personas, el funcionario público puede tener una sanción agravada. Imaginémonos que nosotros vamos a hacer la misma operación respecto de tres o cuatro menores lícitamente para un tema de reunificación: todo lo que debiéramos realizar en cuanto a documentación y las diversas barreras que normalmente se ponen para este tipo de casos.

El destino de los niños y el financiamiento

—La investigación se ha centrado en principios de 2025, pero ¿podría extenderse a períodos anteriores?

No queremos ponernos una camisa de fuerza en esta investigación. No hay que perder el foco: los afectados o presuntamente afectados son niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos, respecto de los cuales entendemos que se utiliza la figura de la reunificación familiar para aparentar una cierta legalidad que no es tal; eso lo va a determinar la investigación. Estamos hablando de un periodo de enero a abril del 2025 y de un vuelo que tenemos bajo nuestra sospecha de octubre del 2025. Si tenemos que extender la investigación a otros periodos, no hay duda alguna de que lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre.

—¿Quién pagó estos vuelos chárter?

Es un objetivo también de la investigación poder determinar el financiamiento precisamente de estos vuelos.

—¿Están coordinándose con otros países para ver si esto pudo haber ocurrido en lugares vecinos?

El Ministerio Público va a hacer todos los requerimientos de información, tanto nacionales como internacionales, necesarios para poder aclarar estos hechos.

—La investigación es incipiente, pero ¿consideran seguir la pista y tratar de ubicar a estos niños, algunos que están inubicables hoy día?

Absolutamente, pero eso es la labor fundamental al día de hoy. Si tengo niñas, niños y adolescentes que ingresaron bajo esta lógica de un ilícito, con circunstancias de vulnerabilidad, donde eventualmente venían con un responsable adulto que pareciera ser que desconocemos si es un familiar directo o no tiene ninguna familiaridad, obviamente que saber el destino de estas niñas, niños y adolescentes es prioridad número uno para el Ministerio Público.

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Este martes, tras la actualización del escalafón planetario, el karateca nacional figura en la cima de la categoría +84 Kilos.

Rojas llegó a 5205.00 puntos, con lo que desplazó al italiano Matteo Avanzini (5085.00) y al egipcio Taha Tarek Mahmoud (4230.00).

“El sueño ya no es sueño. Aún no me lo creo. Que se sepa que ese país largo de la esquina del mundo está para cosas grandes”, celebró el nacional en sus Redes Sociales.

“Por primera vez en la historia del número uno del ranking mundial de karate. Y vendrán más compatriotas también”, agregó Rodrigo Rojas.

Cabe recordar que el chileno viene de coronarse como “Grand Winner” en la temporada del Circuito Mundial de Karate. Además, ha sumado múltiples títulos como campeón sudamericano y panamericano.

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¡EL MEJOR DEL MUNDO! 1⃣

El karateca Rodrigo Rojas hizo historia al ascender al número uno del ranking planetario en la categoría +84 kilos .

Múltiple campeón sudamericano, panamericano y de Premier League, Rodrigo está viviendo el año más destacado de su carrera al… pic.twitter.com/0hrFtbOo7W

— Team Chile (@TeamChile_COCH) June 16, 2026

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Resulta que el comunicador estaba cubriendo la antesala del compromiso válido por la primera fecha de la fase grupal, cuando se encontró en las cercanías de un recinto con un grupo de hinchas que portaba la camiseta de La Roja. Entonces, fue por ellos.

“Hermanos chilenos. ¿Cómo vivimos otra vez el Mundial viéndolo de fuera?”, expresó con tono irónico el trasandino Ariel Schvartzbard.

“Otra vez. Pero tu sabes que si el Mundial comienza hoy, no se puede jugar sin los chilenos“, respondió uno de los requeridos. “Chile es muy bello y muy lindo, pero con Chile no se juega”, agregó.

El periodista, por su parte, insistió: “Con Chile no se juega porque no juega el Mundial”.

Ahí, el hincha de La Roja sacó el comodín: “Pero tenemos una Copa que dura cien años”, expresó, en alusión a la Copa Centenario que Chile le ganó a Argentina en 2016. “Y vos no la vas a tener nunca, che”, le agregó con risas.

El argentino, en tanto, se defendió con las Copas del Mundo de la ‘Albiceleste’: “Hay una doradita que no la podés tocar, eh”, agregó. “No la puedo tocar, pero la otra tampoco tú”, contestó el hincha.

Finalmente, al ser consultado si el Mundial se disfrutaba igualmente pese a la ausencia de La Roja, el chileno remarcó que “sí, esto es fútbol. Alegría para todos”

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Mientras algunos piden rapidez por la crisis laboral, expertos defienden una implementación en cuatro años para asegurar sostenibilidad.

El primer punto -gradualidad- levanta cuestionamientos porque se trata de un proyecto urgente considerando la crisis que hay en el mercado laboral, debiera ser más rápido. Sin embargo, en el mundo técnico aseguran que se ha esperado 50 años y que otros cuatro es suficiente para aplicar una política que debe ser sostenible en el tiempo.

Se enciende el debate por la Sala Cuna Universal

Pero el nudo más importante está en los mecanismos para financiar la Sala Cuna Universal.

Joseph Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, dijo que hay espacio para que se use el fondo justamente sin afectar la sostenibilidad de largo plazo.

“El fondo ha tenido superávits un buen tiempo. Entonces, efectivamente admite reducir o transferir parte de esa cotización a financiar las salas cunas”, aseguró Ramos.

Luis Solís, presidente de Unapyme, comentó que desde el sector no niegan que hay puntos que deben ser discutidos y eventualmente con cambios, pero valoraron que no se aplique un costo adicional. Según el representante del sector, “cualquier alternativa que permita alivianar la carga para poder contar con una ley de sala cuna, nosotros la vemos con buenos ojos”.

“No nos cerramos a que no existan otras formas, pero lo que no consideramos correcto es que se siga cargando la mano a empresas de menor tamaño”, sentenció Solís.

La diputada del movimiento Demócratas, Johanna Pérez, dijo que el propio ex Gobierno incluía eso en su propuesta.

“Yo escuchaba a la propia exministra Orellana hoy, y reconocía que también el gobierno del presidente Boric utilizaba porcentajes del Seguro de Cesantía. Tenemos que generar acuerdos y aquí habían varias bases de acuerdo. No podemos financiar como nos gustaría, probablemente con recursos públicos”, dijo la parlamentaria.

En una entrevista en Radio 13c, el ministro Tomás Rau, dijo que hay que distinguir en “tocar los fondos” y reducir la cotización.

Y en relación a los dichos de la diputada Pérez, en conversación con CNN Chile la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, dijo que en la administración anterior presentaron una indicación que contemplaba un 0,1% de compensación desde el Seguro de Cesantía.

“Esto en acuerdo de que hay que impedir que se transformara en un nuevo costo al empleador en un momento que el mercado laboral no está precisamente dinámico. Pero un 0,1% es distinto a un 0,35%”, sentenció Orellana.

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La medida —solicitada por el gobierno— se extenderá por 30 días, a contar del vencimiento del periodo que establece el decreto 81 del Ministerio del Interior.

En los antecedentes, el Ejecutivo expone que la implementación de la medida ha sido fundamental para estabilizar la zona. En ese sentido, argumentan que los hechos de violencia rural disminuyeron un 79% en comparación con 2021, año que registró la mayor cantidad de eventos.

A la vez, complementaron que el despliegue operativo permitió detener a 1.468 personas vinculadas con diversos delitos. Pese a esta reducción, desde La Moneda se advirtió que persiste el uso de armas de fuego. Así, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de 2026, estos hechos aumentaron un 37% respecto del mismo periodo del año anterior.

En el primero de estos procedimientos se incautaron armas de fuego, municiones y una camioneta con encargo por robo. A juicio del Ejecutivo, estos antecedentes justifican mantener un despliegue estatal coordinado y avanzar hacia una Jefatura de la Defensa Nacional unificada.

Tras la aprobación en la Cámara, corresponde que el Senado se pronuncie sobre la extensión del Estado de Excepción Constitucional.

APROBADO | La Cámara respalda la solicitud del Presidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de excepción en la macrozona sur.

— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) June 16, 2026

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Se trata de Bastián Rubilar Valdés y Moisés López Garcés, quienes fueron condenados por los homicidios de Heber Monsalves, Pablo Salamanca y Diego Alarcón. Las víctimas fueron atacadas a disparos al exterior del local nocturno.

En el juicio se dividió la responsabilidad por estos crímenes. De esta forma, se dio por acreditada la autoría de Bastián Rubilar solo por el homicidio calificado de Heber Monsalves.

Por su parte, Moisés López fue declarado culpable de los homicidios simples de Pablo Salamanca y Diego Alarcón.

La fiscalía pide para Rubilar la pena de 15 años de cárcel y 40 años de presidio para López.

La sentencia que deberán cumplir ambos condenados se conocerá el próximo 3 de julio por el Tribunal Oral en lo Penal.

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Se trata de un hombre de 50 años, identificado como Luis Marcelo Vallejo Fuentes. Era un paciente renal y llevaba 11 años bajo tratamientos de diálisis.

Durante la mañana del sábado, la víctima comenzó a sentirse mal en su domicilio ubicado en el mismo sector. Se dirigió al Cesfam San Gerónimo en busca de ayuda, pero no habría alcanzado a ingresar y se habría desvanecido en la vía pública.

Según la denuncia, diversas personas lo auxiliaron, pero terminó perdiendo la vida cerca de la entrada del centro asistencial. Tras ello, llegó una ambulancia y personal de salud intentó reanimarlo, pero ya era tarde.

Familia y testigos acusan falta de criterio

La situación ha generado controversia, y es que familiares y testigos aseguran que desde el recinto negaron su ayuda mientras la víctima se encontraba desplomada afuera.

“Me acerqué al consultorio a pedir ayuda. La respuesta fue que no me iban a pasar ni una silla y que lo trajeran en brazos. Dijeron que era una persona en situación de calle y que no podían hacer nada”, señaló un hombre para Chilevisión.

En ese contexto, la familia del fallecido acusa una presunta negligencia por parte del personal del Cesfam. Además, rechazan que Vallejo haya sido confundido con una persona en situación de calle. “Vivía junto a sus cercanos, además de portar su documentación, teléfono celular y otras pertenencias al momento del incidente”, explicaron al citado medio.

Municipio descarta negligencia médica

Sin embargo, desde el municipio mantienen otra versión de los hechos.

Afirman que Luis Vallejos sí habría sido atendido al interior del Cesfam, pero habría solicitado su alta tras negarse a ser derivado a un recinto de mayor complejidad. Su deceso se habría producido posteriormente.

“Hemos podido indagar que los funcionarios cumplieron a cabalidad con los protocolos de la corporación. La ambulancia asistió al lugar y se brindó la ayuda requerida”, indicó Jesús Montealegre, director de la Asociación de Funcionarios de Salud de Puente Alto a CHV.

De igual manera, desde el municipio confirmaron la apertura de una investigación administrativa para clarificar cómo ocurrieron los hechos.

En tanto, la familia del fallecido ya presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

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A comienzos de este mes, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.822, Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Contiene avances concretos y establece por primera vez un catálogo comprehensivo de derechos para las personas mayores de 60 años, a la salud sin discriminación, a la autonomía en sus decisiones, a una vida libre de violencia, al trabajo digno, a la conectividad digital y a la participación cultural y deportiva; crea procedimientos judiciales específicos con representación legal garantizada para quienes no puedan procurársela; y por primera vez, tipifica la discriminación por edad como categoría sancionable.

El problema es que gran parte de nuestra política pública en envejecimiento descansa en evidencia generada en el norte global, en contextos demográficos, culturales y sanitarios que no son nuestros. Y esto es relevante porque los estudios en trayectorias de vida muestran que la forma en que envejecemos depende de factores genéticos y no genéticos que son profundamente locales como las condiciones sociales, económicas, ambientales y conductuales. Diseñar políticas con datos ajenos implica intervenir sobre una realidad que no hemos medido.

En Chile no tenemos cohortes longitudinales nacionales que tracen las trayectorias de envejecimiento en la población. La investigación en psicogeriatría es marginal pese a que la ley consagra el derecho a la salud mental de las personas mayores. No tenemos instrumentos validados para medir la prevalencia del edadismo en salud, empleo o acceso financiero, aunque la norma lo tipifica como discriminación sancionable. Y la investigación básica sobre los mecanismos celulares del envejecimiento es financiada de manera insuficiente e intermitente.

No es solo un problema académico. La ley ordena al Estado desarrollar programas de cuidado para personas con dependencia, una Política Nacional de Envejecimiento y protocolos de salud específicos.

Necesitamos que la Política Nacional de Envejecimiento -la ley ordena dictar en los próximos seis meses- incluya un componente explícito de inversión en investigación; que ANID abra instrumentos específicos para investigación en envejecimiento y que las universidades ocupemos activamente los espacios que esta ley abre. Debemos estar presentes en el Senama reforzado, los nuevos Consejos Asesores Regionales y el Comité Interministerial.

Chile tiene universidades sólidas, una comunidad científica comprometida y, ahora, un marco legal que reconoce el envejecimiento como prioridad de Estado. Falta articular esos elementos con decisión y visión de largo plazo. Estamos listos para asumir la tarea.

Christian González-Billault
Centro GERO de Longevidad Saludable y Políticas Públicas en envejecimiento

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La información fue dada a conocer en el marco de la apertura del albergue a cargo de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno, donde se indicó que el dispositivo también servirá como punto de aplicación de nuevos catastros.

Por medio de una ficha tipo, se pretende actualizar la situación médica y social de quienes pernoctan en estos dispositivos, permitiendo orientar mejor la ayuda estatal el próximo año.

Así lo detalló el seremi de Desarrollo Social en Los Lagos, Carlos Seitz, precisando que “a nivel regional tenemos 740 personas en situación de calle, sin embargo, el año pasado se atendieron 1.700 RUT distintos”.

“Eso te indica que hay mucha gente que se está desplazando desde una comuna a otra y utilizando los dispositivos disponibles. Por eso también nosotros estamos trabajando, la ministra (María Jesús Wulf) hizo la presentación de un nuevo cuestionario que le vamos a aplicar a la gente en situación de calle, que viene con algunas algunas eh ideas que vienen a mejorar”, agregó.

Con el catastro se busca incluir a personas que no tienen RUT, además de incluir información médica. Hay personas que se desplazan dentro de la región o entre regiones; de los que se busca tener un registro más detallado para orientar la ayuda de una manera más eficiente.

“Este cuestionario va a servir para incluir a personas que no tienen RUT o que no lo recuerdan. También viene a actualizar la situación médica de estas personas. ¿Por qué?, porque esa información no se actualiza desde el año 2017. También hay mucha gente que se desplaza, por lo tanto, no nos permite tener actualizado un catastro y este cuestionario nos va a venir a ayudar bastante en eso”, aseveró la autoridad.

Cabe recordar que en la región de los Lagos no existe la figura del Código Azul, toda vez que por las características de la zona se mantienen albergues en funcionamiento durante todo el año.

Además, se ponen en marcha las “rutas” de atención a personas que no acuden a los albergues, ya que se exige que no exista consumo de alcohol u otras sustancias al interior de estos recintos.

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La víctima recibió cinco disparos, uno de ellos en la cabeza, declaró Kozak en una rueda de prensa, añadiendo que dos ciudadanos bielorrusos habían sido detenidos, aunque no imputados, en relación con el caso.

Kozak confirmó que el fallecido, a quien la fiscalía identificó como Robert K., realizaba actividades artísticas en las que expresaba críticas hacia las acciones actuales de las autoridades de la Federación Rusa.

Los medios locales identificaron también a la víctima como un artista y *performer* ruso célebre por sus críticas al líder de Rusia.

Tres días antes de su muerte, Skrepetsky había viajado a Berlín con motivo del Día de Rusia —festividad que se celebra el 12 de junio para conmemorar la declaración de soberanía del país previa a la disolución de la Unión Soviética—, donde protagonizó una protesta exhibiendo una caricatura de estilo iconográfico que representaba a Iósif Stalin y a Putin, según informó el medio de comunicación Meduza.

Russian artist and Kremlin critic Semyon Skrepetsky was shot dead Monday morning in Poland, officials said, in a killing that has shocked opposition activists and raised questions about whether his political work played a role in his death. https://t.co/16NObVtkif

— CBS News (@CBSNews) June 16, 2026

La identidad de la víctima constituiría un elemento clave para la investigación, señaló Kozak por teléfono.

Polonia afirma que su papel como centro logístico para el envío de suministros militares y de otro tipo a Ucrania la ha convertido en objetivo de espías rusos que intentan recopilar información sobre el apoyo a los esfuerzos de Kiev para repeler la invasión rusa, así como perpetrar actos de sabotaje.

La embajada de Rusia en Varsovia no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Jacek Dobrzynski, portavoz del ministro polaco de servicios especiales, declaró que la Agencia de Seguridad Interna había estado colaborando estrechamente con la policía y la fiscalía en este asunto.

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Según reportó el diario O Globo, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) abrió una investigación en 2025 sobre el Bell tras recibir una denuncia anónima donde fue acusado de ofrecer este servicio sin licencia.

Tras la denuncia, la ANAC encontró que operaba con “mantenimiento vencido y un registro de horas de vuelo inconsistente”, señala el medio. El organismo solicitó a la empresa dueña del vehículo aéreo los libros de vuelo, pero la compañía no los entregó.

Ante esta respuesta, la agencia multó a Turfik Comércio de Frutas Ltda. y pidió que fuera investigada in situ, pero se desconoce en qué quedó el proceso. Ahora, las autoridades brasileñas investigan el fatal accidente del pasado domingo.

También encontraron que la otra aeronave involucrada en el accidente, un Eurocopter con matrícula PR-DJJ, igualmente estaba bajo la vigilancia de la ANAC por sospecha de prestar servicios de taxi aéreo.

Ahora, el organismo anunció que investigará si las aeronaves realizaban transporte ilegal de pasajeros al momento de la colisión.

Recordemos que el Eurocopter chocó por atrás al Bell cuando ambos sobrevolaban la ciudad de Río de Janeiro, dejando a 6 víctimas fatales: Oliver Tree, Gaspar Prim (Gaspi), el productor audiovisual Lucas Vignale, el productor musical Lucas Frota, el piloto Alexandre Souza y el piloto del Eurocopter, Charles Marsillac.

Por el momento, Tiago Faierstein, director ejecutivo de la ANAC, dijo que “los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado”.

Pero advirtió que “debemos verificar si estas aeronaves —o al menos una de ellas, la que transportaba pasajeros— realizaban lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”.

Esto no fue un accidente.

Fue una intercepción directa a toda velocidad de un helicóptero con un solo tripulante (o permítanme dudar, hasta vacío) contra el helicóptero de Gaspi y Oliver Tree. pic.twitter.com/P5l91vMXNX

— ☩ ✺ DEUS VULT ✺ ☩ (@Bracesco2023) June 15, 2026

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De acuerdo con los registros administrativos del Servicio Nacional de Migraciones, entre 2022 y 2025 se otorgaron 28.522 residencias temporales a ciudadanos haitianos, siendo 2024 el año con el mayor volumen de autorizaciones.

Según información a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, las cifras son elocuentes respecto del impulso dado a la entrega de visados por reunificación familiar, en su mayoría dirigidos a menores de edad, cuyos padres habrían emigrado desde 2016 a Chile.

La evolución anual evidencia una curva difícil de explicar sin un factor externo relevante. Las cifras abren la interrogante sobre si existió un incentivo sistemático para gestionar ingresos o, como ahora indaga la Fiscalía, si detrás de estos movimientos operó una estructura orientada al traslado de menores desde Haití hacia Chile.

En términos concretos, en 2022 se otorgaron 6.804 residencias temporales. En 2023, la cifra descendió a 4.508. Sin embargo, en menos de 12 meses el número se disparó, alcanzando en 2024 un total de 10.412 visas entregadas por el Servicio Nacional de Migraciones.

En otras palabras, los permisos concedidos en 2024 más que duplicaron los registrados en 2023, convirtiéndose en el punto más alto del período analizado.

En 2025, último año completo del gobierno de Gabriel Boric, la cifra cayó a 6.808. Según explicó el entonces director de Migraciones, Luis Thayer Correa, tras advertencias internas y comunicaciones a organismos como la DGAC y la Policía de Investigaciones, en agosto de ese año se decidió suspender la entrega de visados por reunificación familiar.

Menores concentran la mayor parte

Otro elemento que genera preocupación es la composición etaria de los beneficiarios. Los datos muestran que el grupo de 17 años o menos representa, por amplio margen, el segmento predominante en la entrega de visados desde la oficina consular de Chile en Haití.

Al desglosar las cifras, 9.128 mujeres menores de edad recibieron residencias temporales, mientras que en el caso de los hombres la cifra alcanzó a 8.810.

En total, cerca de 18 mil menores de edad aparecen dentro de las autorizaciones concedidas entre 2022 y 2025. En segundo lugar se ubica el tramo entre 18 y 29 años, con 2.347 mujeres y 1.630 hombres, manteniéndose una mayor presencia femenina en casi todos los grupos etarios.

Las dudas abiertas

Los datos cobran especial relevancia tras el informe administrativo de la Contraloría, que detectó múltiples deficiencias en los procedimientos asociados a la reunificación familiar.

Entre las observaciones se incluyen falencias en la verificación de antecedentes de los menores, falta de información sobre quienes figuraban como tutores y dudas respecto de los vínculos de parentesco de las personas que los recibieron en Chile.

Incluso, fiscalizadores constataron que, al acudir a domicilios declarados, los menores no fueron encontrados, mientras que los ocupantes señalaron desconocer su paradero o negaron que vivieran en esos lugares.

¿Quién contrató los aviones?

Otra interrogante apunta a la logística del proceso. La tramitación masiva de visas habría requerido una coordinación compleja, que incluyó el traslado de menores en vuelos chárter cuyo costo puede superar los 120 mil dólares por operación.

Esto ha abierto la sospecha sobre la eventual existencia de una estructura organizada detrás del proceso, con posibles fines de lucro, sin que hasta ahora se haya identificado una entidad sin fines de lucro responsable de dichas gestiones.

Convenio Chile–OIM: trato fenecido

En este contexto, reaparece el rol de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que en 2018 firmó un acuerdo con el Estado de Chile para colaborar en procesos de reunificación familiar de ciudadanos haitianos.

Radio Bío Bío revisó ese convenio —remitido a la Unidad de Investigación por un auditor—, en el que se establece que la OIM efectivamente participó en la coordinación administrativa del proceso desde Haití, facilitando la tramitación de solicitudes y el vínculo con las autoridades chilenas.

Sin embargo, dicho acuerdo dejó de estar vigente pocos meses después de su implementación, en medio del progresivo deterioro institucional y de seguridad en Haití. Esta situación fue reconocida oficialmente por la actual administración diplomática del gobierno de José Antonio Kast.

A la luz de esta línea de tiempo, se desprende que durante el período en que se produjo el peak de visas por reunificación familiar —hoy bajo cuestionamiento— la OIM ya no estaba operando activamente en el proceso. En consecuencia, la tramitación y coordinación de estos ingresos habría quedado radicada exclusivamente en el consulado de Chile en Puerto Príncipe, sin el soporte del organismo internacional.

2014 – 2024

Según un informe del Servicio Nacional de Migraciones (2024), el crecimiento de la comunidad haitiana en Chile fue especialmente acelerado entre 2016 y 2018. Mientras en 2011 se registraban 1.641 personas, en 2018 la cifra llegó a 179.091. Al cierre de 2022, el total estimado alcanzaba 184.721 residentes.

El documento también señala que se trata de una población mayoritariamente en edad laboral, concentrada entre los 30 y 39 años, grupo que representa el 47,1% del total.

En cuanto a la distribución territorial, el 62,6% reside en la Región Metropolitana. Le siguen Valparaíso, con un 9,7%, y Maule, con un 7,4%. En regiones como Arica y Parinacota, Antofagasta y Magallanes, la presencia es marginal y no supera el 2% del total nacional.

Cabe precisar que este informe no incorpora el flujo registrado entre 2024 y 2025, periodo en el que se produjo el ingreso masivo de mujeres y menores de edad, varios de los cuales hoy son objeto de búsqueda por parte del Estado chileno.

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Recordemos que un reportaje de BBCL Investiga advirtió que documentos confidenciales establecen que, durante 2025, cientos de menores ingresaron a Chile acompañados por adultos cuya relación con ellos “no siempre fue verificada por las autoridades competentes”.

En ese contexto, el secretario de Estado calificó la situación como “bastante angustiante para muchas familias”, señalando que los antecedentes conocidos dejan en evidencia una serie de anomalías.

“Son niños que de alguna u otra forma fueron utilizados para ser traídos a nuestro país y donde, claramente, queda de manifiesto que no se cumplieron los procedimientos, no se cumplieron las reglas que dicen relación con la reunificación familiar”, dijo.

Asimismo, confirmó que existen investigaciones en curso por parte del Ministerio Público y que también se evalúa la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para esclarecer los hechos.

Consultado sobre una eventual citación a la Cámara Baja en calidad de representante de Interior y respecto de las posibles responsabilidades políticas asociadas al caso, Alvarado señaló que primero se debe esperar la determinación de Contraloría.

“Hay que esperar el informe final de la Contraloría, que determine claramente las responsabilidades de carácter administrativo, y si ese informe es categórico respecto a faltas concretas, definitivas, obviamente que hay personas que políticamente representan aquellos servicios y tendrán que dar la cara y tendrán que dar su opinión y responder”, culminó.

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Según informó el fiscal de Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Díaz, el hecho ocurrió cerca de las 02:40 horas en una vivienda ubicada en el sector Valle Verde Mar.

De acuerdo con la denuncia, la víctima se encontraba descansando cuando escuchó un fuerte estruendo proveniente del interior del inmueble. Al salir de su habitación, se encontró con cuatro desconocidos que habían ingresado tras romper uno de los accesos de la casa.

Los sujetos, vestidos con ropa oscura y algunos encapuchados, recorrieron las dependencias utilizando linternas mientras exigían dinero y especies de valor bajo amenazas. Al no encontrar efectivo, uno de los antisociales golpeó a la víctima en la cabeza, aparentemente con la empuñadura de un arma de fuego, provocándole lesiones.

Violento asalto en Limache

Además, los delincuentes intentaron inmovilizarlo para evitar que pidiera ayuda, manteniéndolo bajo constante intimidación mientras registraban el domicilio.

Durante el robo, los sujetos encontraron las llaves de un vehículo Ford Escape año 2020, además de teléfonos celulares, un notebook, carpetas de cuero y otras especies.

Posteriormente, obligaron a la víctima a subir al automóvil y la trasladaron contra su voluntad hasta la comuna de Villa Alemana. Allí, en el sector de calle Cádiz, le ordenaron descender del vehículo antes de huir por calle Las Higueras con el automóvil y el resto de las especies sustraídas.

El avalúo total de lo robado supera los 13 millones de pesos.

Tras la denuncia, la Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, que realizó peritajes en el inmueble y trabaja en el levantamiento de evidencia para identificar y ubicar a los responsables. La investigación continúa en desarrollo.

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El robo ocurrió en la estación de servicio ubicada en la Ruta 152, a la altura del kilómetro 65. Hasta el lugar llegó un grupo de 6 seis delincuentes que intimidó a las trabajadoras y robó diferentes artículos para luego darse a la fuga.

Sobre este procedimiento se refirió el mayor Bruno Gallardo, de la Tercera Comisaría de Penco, precisando que el ilícito se cometió bajo la modalidad de turbazo. Además de las especies, los delincuentes huyeron con dinero en efectivo.

Tras esto se generó una persecución que terminó en la población Libertad de Talcahuano. El comisario Gallardo confirmó la detención de dos involucrados y la recuperación de las especies robadas.

También reportó que el vehículo en que se desplazaban los ladrones había sido robado horas antes del turbazo en el servicentro.

Desde el municipio de Talcahuano, el director de Seguridad Pública, Patricio Fierro, indicó que se encontraban desplegados en una ronda preventiva cuando fueron alertados de la huida. El personal, con el apoyo de un dron, colaboró en la captura de los involucrados.

Los dos detenidos tienen antecedentes penales y ahora enfrentarán cargos por los delitos de robo con intimidación y receptación de vehículo robado. De momento, se desconoce el paradero de los otros cuatro delincuentes que participaron en el robo a la Shell.

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