El funcionario, que es autoridad de aplicación de la ley sancionada el año pasado que regula a la medicina prepaga lo mismo que de la que rige para las obras sociales, aseguró a la edición on line de la revista Mercado que la medida proyectada constituye una de las reglamentaciones que vino reclamando el sector privado para que fuera modificada la cláusula que lo obliga a dar ingreso a personas que quieran asociarse con una enfermedad preexistente, sea temporaria, crónica o de alto costo.

Entran en esa categoría desde diabetes y SIDA hasta la artritis, cardiovasculares, cáncer, hipertensión, asma bronquial, Parkinson.

Superintendente de Salud, Ricardo Bellagio

La Superintendencia ya había dispuesto anteriormente sobre las preexistencias temporarias, como el caso de las embarazadas, cuyo derecho de admisión había sido habilitado por la ley, tendrán la obligación de permanecer tres años con la afiliación después del parto, cuyos gastos deberá pagar divididos en esos meses y adicionados a la cuota de su plan.

En las declaraciones al medio especializado en economía y negocios, Bellagio dijo que también se pensaba en algún mecanismo de compensación al que pudieran acudir las empresas (un fondo o algo así) para atender a socios que ingresaran con enfermedades que demandaran tratamientos muy costosos.

Además de estos temas, la autoridad de aplicación abrirá a las prepagas el régimen de débito automático que rige en los hospitales de gestión descentralizada para que, a través de la AFIP, las obras sociales les reintegren el costo de prestaciones que hayan recibido sus afiliados. Normalmente, al hacerse la admisión, la administración del nosocomio pide el número de CUIL y de ahí surge su pertenencia a la seguridad social.

El texto de la entrevista publicada es el siguiente:

-¿Cómo se distingue a partir de la ley entre iniciativa privada y encuadre social en la salud?
-Tenemos financiadores y prestadores, y en el medio está la integración. Los elementos prácticos en una atención de salud deben estar orientados con normativas que aseguren claramente cuáles son los derechos del usuario, pero también cuáles son las obligaciones de las entidades en cuanto a la prestación. La referencia pasa por el programa médico obligatorio, a partir del cual las empresas de medicina prepaga ofrecen planes superadores y complementarios, generalmente no en cuanto a la prestación médica, sino por ejemplo en hotelería, calidad en determinados servicios, transportes, etc.
Y cuando realizan una inversión en tomógrafos o resonadores de última generación, lo mismo que medicamentos de avanzada, la Superintendencia hará la evaluación tecnológica y, en caso de haberse reunido evidencia científica, los autoriza e incorpora al programa médico obligatorio: si se necesita un equipo o medicación no es para uno, sino para todos.

-¿En qué punto de la reglamentación de la ley estamos?
- Como faltaba en la ley un sinnúmero de sujetos que son financiadores de un sistema privado, la Presidenta, a través del decreto de necesidad y urgencia 1991, incluyó a: cooperativas, mutuales, sociedades comerciales, asociaciones civiles. Así llegamos al número de 568 registradas. Hubo además un segundo decreto, que primero extendía a un subsistema privado de salud la regulación de empresas de medicina privada mencionadas por la ley. Y en segundo, hacía que cualquier reclamo, sea para una obra social o para una empresa de medicina privada, se concentre en un solo lugar, que es la Superintendencia de Servicios de Salud.

-¿Cree que afecta el equilibrio económico de las prepagas que la ley las obligue a admitir pacientes con enfermedades preexistentes?
- Antes de la regulación, las empresas de medicina prepaga seleccionaban a la población de mejores recursos y con menos posibilidades epidemiológicas para asociarla. Hoy, la ley acepta que haya preexistencias y se las haga constar en una declaración jurada, que la empresa puede corroborar. Las hemos clasificado en tres: temporarias, crónicas, y de alto costo y baja incidencia.

Secretaría de Comunicación Pública

Se esperaba que a fines de 2011 se empezara a aplicar un incremento de 5,5% en el costo de las prepagas, pero finalmente se frenó. Ahora, luego negociar durante el mes de abril y tras una puja entre las empresas y sus prestadoras, el aumento comienza a aplicar.

Semanas atrás, clínicas y sanatorios había anunciado que cobrarían bonos a los afiliados de prepagas que asistieran a tratarse, como forma de reclamo para mejorar los aranceles que recibían. Sin embargo, las prepagas se negaban a aumentar el pago debido a que no habían sido autorizadas a subir sus cuotas.

Así, el Gobierno interviene en el mercado de las prepagas luego de que en los últimos días de 2011 reglamentara la ley que regula al sector.

Una inédita medida cautelar, firmada por la jueza Fabiana Martinelli (Juzgado Civil N° 1), frenó el aumento de un 5,5% sobre la cuota de mayo que tenía previsto la prepaga OSDE.

Esta cautelar se suma a otra resolución judicial que afectó a Swiss Medical y que se dictó hace poco más de un mes. En trámite, y a la espera de pronta resolución judicial, se encuentra otro freno que también podría interponerse a Cimesa.

En todos los casos, la solicitud fue realizada por un único usuario (tomado como caso testigo) en beneficio de todos los afiliados a dichas empresas.

Estas presentaciones contaron con el apoyo de la organización social Protectora, que asegura que estos incrementos son “ilegales, después de la ley de Regulación de las Prepagas N° 26.682;que fue reglamentada en diciembre de 2011″.

A partir de dicha legislación, las subas deben respetar un mecanismo legal, en el cual la compañía se presenta ante el Ministerio de Salud de la Nación con una estructura de costos que justifique el pedido de suba en las cuotas.

Luego, este organismo pide el visto bueno de la Secretaría de Comercio de la Nación, quien aprueba o no el aumento mediante un dictamen vinculante.

En caso de ser positivo, a partir de la autorización, la prepaga debe comunicar en forma escrita a sus afiliados la suba con 30 días de antelación.

“Las empresas -señaló el abogado y presidente de Protectora, Mario Vadillo- están haciendo lobby y aumentan la cuota sin previa autorización”. En este sentido, subrayó que esto es “ilegal y toman por la fuerza un ajuste torciendo el brazo de la ley”.

“Es más -dijo- muchas prepagas han subido sus cuotas pero esto constituye un abuso de parte de la empresa”. El letrado solicitó a otros afiliados de prepagas denunciar las subas, así se frenan los aumentos de las restantes empresas.

El texto de la nueva ley entiende que el Estado debe regular los aumentos. Antes, el régimen de prepaga era concebido como un contrato entre privados. Sin embargo, a la luz de esta nueva disposición, “el precio (costo del servicio/cuota) es fundamental en la contraprestación”, indicó el jurista quien -además- señaló que la prestación implica “un pago por adelantado” y esto, ante cualquier contingencia, debe cubrir sin resistencia los servicios médicos abonados.

Los Andes intentó tener alguna respuesta de las prepagas cuestionadas pero resultó imposible. Desde una de ellas, un alto ejecutivo explicó que “aún no estaban al tanto de dicha resolución” y que “debía ser estudiada en profundidad por el departamento de Asuntos Legales” de la compañía.

Por su parte, el legislador provincial y vicepresidente de la Comisión de Salud de Diputados, Daniel Llaver (UCR), observó a título personal que “rechaza y repudia” estos aumentos en las prepagas por ilegales.

Aún así, declaró que el fondo de este conflicto radica en la misma política económica nacional. “La inflación -remarcó- afecta al consumidor y este efecto está oculto y hay que blanquearlo”.

También aseguró que los aumentos aplazados deberán ser aplicados más adelante porque los costos, ante la escalada de precios, deben ajustarse.

Gabriela Balls
losandes.com.ar

¿Se concentra el negocio de la medicina prepaga? Es el fuerte interrogante y debate que se abrió en el sector a partir de la reciente entrada en vigencia de la ley de medicina privada. Y también del altísimo número de entidades que se inscribieron en el Registro de la Superintendencia de Servicios de Salud: 568 prepagas.

Ahí figuran entidades de todo tipo, desde sociedades anónimas, mutuales, cooperativas, fundaciones, colegios médicos y profesionales de todo el país, con padrones que engloban a millones de beneficiarios en algunos casos o solo a miles, en otros.

Según la ley todas las entidades “deben cubrir como mínimo en sus planes de cobertura médico asistencia el Programa Médico Obligatorio (PMO) en vigencia”, al margen de si otorgan o no otras coberturas.
Sin embargo, y como reconoció días atrás el Superintendente Ricardo Bellagio, de las 568 entidades, “algunas sólo brindan planes de cobertura parciales” y “hay entidades que ni siquiera cumplen con un capítulo completo del PMO”.

En el sector dicen que si se aplica inmediatamente la ley, más de la mitad de la entidades – especialmente del interior del país – directamente desaparece. Entonces los afiliados de esas entidades tendrían dos alternativas: atenderse en el hospital público o pasarse a otra prepaga. Otros opinan que la ley es inaplicable por lo que habrá que reformularla porque no responde a la realidad del sector ni a las necesidades de la población.

El problema se agravó porque originalmente la ley aprobada por el Congreso excluía de esta regulación a las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones. Pero luego, en noviembre, a través de un DNU se modificó el texto con gran amplitud ya que quedaron “incluidas en la presente ley las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones cuyo objeto total o parcial consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a lo usuarios, a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistema de pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o a través de terceros vinculados o contraídos al efecto, sea por contratación individual o corporativa”.

Las prepagas más chicas quieren que se les permita mantener las coberturas básicas y parciales que responden – dicen – a gente de bajos recursos que no pueden pagar una cobertura integral. Y apuntan sus dardos hacia algunas prepagas grandes que serían, aseguran, las artífices de la ley y del DNU.

“Esto está hecho para concentrar el negocio”, aseguran cooperativistas del interior.
Ismael Bermúdez

Clarin
2 abril 2012

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, recibió a empresas de medicina prepaga que buscan una autorización del Gobierno para aumentar sus cuotas 5,5 por ciento, aunque postergó hasta la semana próxima cualquier decisión oficial.

Moreno se entrevistó con autoridades de las compañías Galeno, Omint, Swiss Medical, Medicus, OSDE, Medifé y Mapfre, que reúnen a más de tres millones de afiliados, y les pidió unos días para evaluar la situación, antes de responder.

La reunión se desarrolló en un clima de cordialidad, en horas de la tarde, y en ese marco, las prepagas le expresaron al funcionario su necesidad -según indicaron las empresas- de aumentar las cuotas 5,5% para cubrir sus costos operativos.

“Déjenmelo estudiar, lo voy a analizar a fondo y la semana que viene, muchachos, les doy una respuesta”, sostuvo Moreno al término del encuentro, para el cual también fue convocado el superintendente de Salud, Ricardo Bellagio.

Si bien algunas versiones periodísticas daban cuenta en las últimas horas sobre la posibilidad de que el Gobierno autorizara hoy mismo a las prepagas a aumentar sus cuotas, incluso a partir de abril próximo, Moreno postergó hasta la semana entrante la decisión oficial.

La respuesta del funcionario es aguardada con suma expectativa no solo por las compañías involucradas en la negociación y sus miles de afiliados, sino además por las clínicas, sanatorios y demás entidades prestadoras del sistema nacional de salud, tras su advertencia de masificar el cobro de copagos.

Estas empresas privadas dijeron que las prepagas se mostraban renuentes a pagar sus servicios con aumento (estacional) y que por ese motivo iban a comenzar a exigir copagos de entre 5 y 50 pesos a los afiliados.

Las prepagas, argumentando mayores costos, insistieron en la necesidad de subir las cuotas e incluso reclamaron que el permiso oficial tenga retroactividad al 1 de marzo.

Las empresas que asistieron a la reunión de este lunes están agrupadas en la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (CIMARA), pero también concurrió OSDE, que no pertenece a esa entidad y que lidera la nómina de compañías con mayor cantidad de afiliados, al contar con 1,3 millones.

En el encuentro con Moreno, las prepagas tuvieron que mostrar y explicar sus estructuras de costos en un intento por convencer al funcionario sobre la necesidad del aumento.

La protesta de las clínicas empezó el miércoles y ya afecta a miles de pacientes, especialmente en el Gran Buenos Aires. En una recorrida por el oeste del conurbano, Clarín comprobó que cuatro grandes centros de salud ya cobran entre 10 y 50 pesos para todas las consultas y prácticas ambulatorias. Son el San Juan de Dios (Ramos Mejía), Corporación Médica (San Martín), Bessone (San Miguel) y Clínica Modelo de Morón, que atienden a afiliados de Medicus, Omint, Swiss Medical, Galeno y Docthos, entre otras prepagas.

“Estamos en estado de alerta. Algunas clínicas ya implementaron los copagos y otras están ajustando sus sistemas para hacerlo pronto”, confirmó Jorge Cherro, presidente de Adecra, la cámara que agrupa a los sanatorios independientes. Según el empresario, si no les dan una solución, en los próximos días habrá copagos en más de 30 centros que atienden a más de 15 mil personas por día en Capital, el conurbano, Córdoba y Rosario.

El jueves, Eliana Obredor (59) fue al hospital San Juan de Dios y se encontró con la sorpresa: le pidieron $ 25 para atenderse con un especialista en columna. Ayer volvió para ver a un gastroenterólogo y le pasó lo mismo. “En dos días pagué 50 pesos”, se quejó al salir, y dijo que va a ir a Medicus para que se los devuelvan. “La gente reaccionaba contra las empleadas, pero ellas no tienen la culpa”, agregó Ramón Akerman, su marido.

El desconcierto también reinaba en la Clínica Modelo de Morón, que cobra los copagos desde ayer para “mantener la calidad médica”, según explicó la empresa en una serie de carteles. Para un análisis de laboratorio piden $ 15, para una consulta $ 20 y para diagnósticos por imágenes $ 40.

“Ya pago una fortuna para tener Galeno, lo único que faltaba era que cobren un extra por cada consulta”, se indigna una señora que espera en la guardia. Poco después, sale de un consultorio Solange Tagliavini (27), una vecina de Castelar que tuvo que pagar el copago para que la vea un médico clínico. “Debería ir a Swiss Medical a que me devuelvan los 22 pesos, pero no tengo tiempo”, dice.

En la Corporación Médica San Martín, los coseguros rigen desde el martes y afectan a los afiliados de diez coberturas.

Por su parte, la Clínica Bessone de San Miguel cobra desde el miércoles adicionales de hasta $ 50. “Si puede, espere unos días a que se solucione el conflicto”, recomiendan a quien llama para pedir un turno.

Esa resolución, de hecho, podría estar cerca. Según Cherro, las clínicas están “muy expectantes” por la reunión que tendrán el lunes las prepagas en la Secretaría de Comercio Interior. Y es que allí el Gobierno podría autorizar el aumento de cuotas que permitiría la actualización de aranceles que reclaman.

“Llevé a mi hijo al San Juan de Dios y me cobraron $ 25. LA verdad que me parece un exceso, con la fortuna que ya pago para tener a mi familia en Omint”, consideró Darío Amigo, un vecino de Villa Luzuriaga. De nuevo en su casa, hizo el reclamo y le pidieron ir a una sucursal a tramitar el reintegro. Dice que siente bronca: “Me molesta que, por una pelea entre empresas, yo tenga que perder tiempo en ir a que me devuelvan algo que nunca me tendrían que haber sacado”.

Clarin
Martín Grosz
24/03/12

Quien debe aprobar el incremento de cuotas -que los empresarios usarán casi en su totalidad para pagar la suba salarial pactada en la paritaria de agosto con el gremio de la Sanidad- es el superintendente de Salud, Ricardo Bellaggio. Pese a que este funcionario depende del ministro de Salud, Juan Manzur, quien detuvo la aplicación del aumento de cuotas que debía regir a partir del 1 de febrero, fue el omnipresente secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

El poderoso funcionario le encomendó a Bellaggio que, antes de permitir la suba del 5,5% en las cuotas, exigiera a las empresas un detallado informe sobre su estructura de costos; las prepagas cumplieron en tiempo y forma, pero hasta la fecha no se produjo la aprobación oficial.

Ante esta situación Jorge Cherro, presidente de ADECRA (la cámara que reúne a clínicas, laboratorios, centros de medicina ambulatoria, etc.), emitió un comunicado en el que informaba que se iban a cobrar «copagos» a los afiliados de las prepagas, ante la negativa de éstas a aumentar los honorarios que les abonan por consultas, tratamientos, análisis e internaciones.

Esos copagos también deben ser aprobados por la Superintendencia de Salud, por lo que -pese al anuncio de la entidad- eran tan inaplicables como los aumentos de cuota. Claramente, los dueños de clínicas y laboratorios («prestadores», en la jerga del sector) decidieron llamar la atención con un anuncio que a priori no podía ser llevado a la práctica. De hecho, ningún afiliado de prepaga debió abonar monto extra alguno estos días.

«No entendemos por qué los prestadores hicieron lo que hicieron; en lugar de ir a Comercio o a la Superintendencia, nos culpan a nosotros de que no les alcanza la plata. A nosotros, con estas cuotas, tampoco», se encrespa Belocopitt. Agrega que «los usuarios no tienen nada que ver en esta pelea, pero los quisieron poner en el medio, sin sentido».

Cabe apuntar que las empresas de medicina prepaga están divididas en dos cámaras: CIMARA, que representa a las más grandes, y ADEMP, que nuclea a las medianas y chicas. Swiss Medical, sin embargo, no está en ninguna de ellas: hace un tiempo Belocopitt decidió retirarse de CIMARA, disconforme con algunas decisiones de la cámara. Un rumor indica que, ante lo crítico de la situación que atraviesa el negocio, ambas cámaras estarían negociando una fusión, y convencer a Belocopitt de que retorne; después de todo, Swiss Medical tiene cerca del 20% del mercado, y es por lejos el jugador más importante.

En la actualidad hay unos 5,5 millones de afiliados al sistema de medicina privada, de los cuales -en números redondos- cerca de un millón y medio paga la cuota mensual en forma directa; los otros cuatro millones están en el sistema a través de acuerdos entre sus empleadores o sus sindicatos y las empresas del sector. Y dado que la cuota es un porcentaje de sus salarios, la suba de la cuota se produce automáticamente cada vez que se les aumenta el sueldo.

Cherro, el representante de los prestadores, había tenido ya un encontronazo con Moreno a mediados del año pasado, cuando el funcionario los amenazó con aplicar la Ley de Abastecimiento si -por no llegar a un acuerdo con los empresarios- les cortaban el servicio a los afiliados. En esa reunión se informó que estaban negociando un aumento del 30% con las empresas (15% en agosto, otro 15% en diciembre); sin embargo, quedó un resto del 5,5% impago, que es lo que está en cuestión por estas horas.

Por: Sergio Dattilo

Ambito Financiero
23/03/2012

Es una suba que sería, en promedio, del 5,5% y que, según las prepagas, se justifica por la variación de los costos que le significó al sistema el incremento salarial acordado con el sindicato de la sanidad el año pasado: la última etapa de esa recomposición de los ingresos laborales se cumplió en febrero pasado.

En rigor, esos salarios son pagados por las entidades prestadoras, de las cuales una parte son propiedad de las propias prepagas y otra parte son clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico independientes. Tal como informó ayer LA NACION, este último grupo de empresas advirtió -desde una entidad que las reúne- que, ante la falta de una mejora en los aranceles que les abonan las prepagas, cobrarían copagos a los pacientes cada vez que requieran atención. Las prepagas no otorgan una suba de aranceles porque dicen necesitar el alza de cuotas que el Gobierno aún no autorizó.

Ayer, según pudo saber LA NACION, desde el Gobierno se les advirtió a las clínicas que serían sancionadas en caso de aplicar ese cobro de adicionales, considerados ilegales si no están explícitamente contemplados en los contratos con los afiliados.

Ahora, en el sector prestador esperarán a ver las novedades que surjan de la reunión con Moreno. Fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud señalaron ayer que no hubo reclamo alguno de pacientes por el cobro de copagos, a la vez que una recorrida de LA NACION permitió observar que ayer no se produjo ese cobro de adicionales, al menos en forma generalizada.

El presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), Jorge Cherro, sostuvo que en los casos en que a un paciente se le cobre un adicional podrá reclamar el reintegro a la prepaga. Señaló además que en ningún caso habría abandono de persona, ya que la atención de urgencias y emergencias estaría garantizada sin la exigencia del pago de un extra.

En declaraciones radiales, Cherro dijo que los cobros comenzarán “en los próximos días” e insistió en que las entidades prestadoras están desbordadas por el desfase entre sus ingresos y los gastos que afrontan. Por eso, reclamó que desde el Gobierno “se pongan los pantalones largos” y resuelvan el problema.

“La situación nunca fue tan crítica como ahora”, señaló otro referente del sector, que afirmó que las obras sociales de los sindicatos (el otro gran sector financiador de la salud) fueron mejorando los aranceles a su cargo, porque reciben más dinero gracias a los aumentos de salarios acordados por convenios. Según el directivo, el sector privado hoy tiene márgenes acotados para hacer las inversiones necesarias, una situación a la que se suman las complicaciones burocráticas que en los últimos tiempos aparecieron para la compra de insumos e instrumental importados.

Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (Cimara), Federico Díaz Mathé, aseguró que en caso de que las clínicas pidan un copago a los pacientes, las prepagas garantizarán que puedan atenderse gratuitamente en otro centro asistencial, o bien realizarán el reintegro de lo abonado. Señaló que el tema no es algo generalizado: “Son algunas clínicas y sanatorios en algunas localidades que violan el contrato con las prepagas”, dijo.

Otras fuentes del sector no descartaron la posibilidad de cortes de servicios a las prepagas.

Estructura de costos
Según fuentes de la Superintendencia, en la reunión del lunes se presentará la metodología para la presentación de estructuras de costos que tendrán que seguir de ahora en más las entidades que venden planes de salud cada vez que busquen aumentar las cuotas. Pero más allá de eso, las compañías esperan una respuesta para ver si podrán aplicar la suba de precios que habían previsto ya para febrero, y que quedó en suspenso luego de una convocatoria que hizo Moreno ese mismo mes.

La intervención del Estado en los valores de los planes de salud fue dispuesta por la ley de regulación de la actividad, aprobada en mayo del año pasado por el Congreso. La norma aún está siendo reglamentada en los aspectos prácticos por las autoridades de aplicación: la Superintendencia y Comercio Interior.

En los últimos años, si bien sin regulación formal, Moreno ya tomaba parte en el tema, y en la práctica era quien autorizaba las subas. Ahora tiene esa atribución formalmente.

La norma regulatoria indica que, antes de cobrar un ajuste, las empresas deberán presentar al Gobierno cuáles fueron las variaciones en los costos, para evaluar el caso. Además, quedaron limitadas las subas a los afiliados por razones de edad (no las justificadas por la inflación de costos), cuando se trata de personas que tienen 65 años o más.

Tironeos

Costos. Las clínicas y sanatorios reclaman un aumento de los aranceles que les cobran a las prepagas para hacer frente a la última etapa de un aumento salarial, que se cumplió en febrero.

Traslado. Las prepagas afirman que no pueden dar esa suba de aranceles si no trasladan el mayor costo a sus afiliados; por eso pidieron la autorización del Gobierno para incrementar los precios de sus planes de salud en un 5,5 por ciento.

Adicionales. Ante ese estado de cosas, la asociación de clínicas privadas, Adecra, advirtió que las entidades prestadoras comenzarán a cobrar copagos a los pacientes cada vez que se atiendan.

Advertencia. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud se les dijo a las clínicas que la aplicación de copagos es ilegal si esos adicionales no se previeron en los contratos con los afiliados.

Convocatoria. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, decidió ayer citar para el lunes a directivos de las empresas de medicina prepaga, que esperan obtener respuesta al pedido de autorización para incrementar el valor de las cuotas.

Por Silvia Stang  | LA NACION

22/03/12

El panorama es complejo y tiene como punto destacado que a partir de mañana los afiliados a las prepagas encontrarán inconvenientes para ser atendidos en algunos centros de salud que no son propiedad de las prepagas.

“Desde hace no menos de 15 días que esperamos una respuesta por parte de las prepagas y no tenemos nada. Las compañías ya fueron advertidas de que esto iba a ocurrir y ahora llevaremos a cabo la medida”, sostuvieron los prestadores a El Cronista.

La puesta en marcha de este plan tendrá distintas frecuencias, y se irá sucediendo a lo largo de toda la semana en forma progresiva. La idea es que se repita en caso de que durante los próximos días no obtengan una respuesta positiva.

Tendrá como epicentro entre 25 y 30 centros de salud (entre clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico), es decir aquellos que concentran el mayor caudal de pacientes.
De acuerdo con los tiempos que había dispuesto en su momento el propio Gobierno, los plazos ya se corrieron.

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, había solicitado a las empresas de medicina prepaga que presentara un informe completo con su estructura de costos, de modo de estudiar caso por caso y “aprobar o no” el alza en las cuotas.

El plazo para cumplir con esto era el 17 de febrero, y luego Moreno se tomaría un lapso máximo de 15 días para determinar los incrementos. Esa documentación fue enviada por las compañías, aunque todavía no recibieron novedades el respecto.

Si se hubieran respetado los tiempos pactados en un comienzo, las subas en las cuotas “y como consecuencia las tarifas que cobran los prestadores a las prepagas” habrían comenzado a correr entre fines de marzo y comienzos de abril.

En medio de esto, durante los últimos días los prestadores intentaron que las prepagas les entregaran esa suba, mientras aguardaban por el visto bueno del Gobierno. Pero esa propuesta tampoco tuvo éxito, por lo que ahora se avanzó con las medidas de fuerza.

Las últimas reuniones del sector de la Salud con Moreno, en febrero pasado, se realizaron en tres tandas. De la primera participaron la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales y OSDE, en tanto que a la segunda asistieron la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp) y los hospitales de comunidad. Luego fue el turno de los proveedores de las empresas de medicina privada.

Martes, 20 de Marzo de 2012 12:14
Fuente: agencias/cronista/www.visionfederal.com

Los casi 1700 laboratorios de Buenos Aires, en forma organizada, trabajamos con la obra social provincial, el Pami, con las prepagas, con obras sociales sindicales; prácticamente con todo el espectro de la seguridad social de la provincia. Y nos encontramos con que la retribución, pese a que los salarios han tenido algún tipo de reconocimiento y de mejora, no se ha trasladado en la misma medida a nuestros aranceles, señaló.

Las trabas en la importación también generan problemas. Nuestra profesión ha crecido, y a nivel mundial en Argentina estamos muy bien. Somos consumidores de insumos, aparatología importada, y nos preocupa que estas dificultades puedan repercutir en algún momento en la atención de más de 8 millones de personas de la provincia de Buenos Aires que atendemos los laboratorios de análisis clínicos privados, advirtió Torres, que recordó que hace dos años faltaron insumos importantes como jeringas y agujas.

En una gacetilla de prensa, el titular de la Federación pidió que se reconozca que el aumento de los ingresos en las obras sociales debe trasladarse a los aranceles. Y con respecto al problema de la importación, solicitó que se tome conciencia de que no se trata de un insumo de confort, sino de algo íntimamente ligado al cuidado de la salud y a la atención de la enfermedad, por lo tanto debe ser tenido en cuenta porque esto afecta a la población.

Por su parte, el secretario de la entidad, Luis García, se manifestó en el mismo sentido. La medicina prepaga se niega a asistirnos económicamente, con la necesidad que tenemos los bioquímicos. Ellos aumentan sus cuotas periódicamente, tuvieron un aumento en agosto, otro en diciembre, y ahora iban a tener otro en febrero, pero la Secretaría de Comercio lo postergó. No nos están trasladando el aumento a las cuotas que ellos les pasan a sus asociados. Tenemos un atraso con todas las prepagas en general.

Además, subrayó: Hay una resistencia, aducen que hay una nueva ley de reglamentación de la medicina prepaga que nos está perjudicando muy seriamente en lo económico, pero no queremos ser los perjudicados. Los costos de los laboratorios se han incrementado con los aumentos de los sueldos de los empleados de sanidad, que desde agosto hasta febrero fue de un 33 por ciento. Y muy lejos de eso, las empresas de medicina prepaga no quieren reconocer el aumento. En el mejor de los casos, nos han reconocido, entre agosto y enero, un escaso 15 por ciento, mientras el costo de funcionamiento del laboratorio aumentó muy por encima, entonces hay un atraso muy significativo.

En una emotiva ceremonia, el presidente del Centro de Bioquímicos IX Distrito, Gilberto Landi, y el titular de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Torres, descubrieron en el Salón de Actos de la sede del Centro -Falucho 3545- una placa en honor al primer presidente de dichas entidades, Dr. Félix Antuá Fares Taie.

Del acto, en el que se recordó con anécdotas y se remarcó la condición de excelente profesional y gran persona del homenajeado, participaron su esposa Edith Lilia Bello; sus hijos Gustavo, Claudia y Hernán Fares Taie, y su hermana Berta Fares Taie.

“Félix fue nuestro primer presidente, el que estableció las bases para que se haga este Distrito y la Federación Bioquímica”, resaltó Landi. Y Torres lo consideró “pionero de las instituciones profesionales organizadas”.

Fuente: 0223.com.ar
Exposición de FABA
05-03-2012

Las empresas de medicina prepaga deberán informar desde el 1 de abril a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los datos de sus afiliados que abonen por sus planes de cobertura más de 2.000 pesos por mes.

La medida se estableció mediante la Resolución General 3.270, publicada hoy en el Boletín Oficial y será de carácter obligatorio, por lo que las compañías que no cumplan con el suministro de la información a la AFIP serán sancionadas.

“Las prepagas deberán suministrar a la AFIP, mensualmente, el nombre y apellido de sus afiliados, el documento de identidad, el domicilio, datos descriptivos del vínculo entre la empresa y el titular, el valor de la cuota y la cantidad de beneficiarios del plan”, especificó la AFIP.

En un comunicado de prensa, el organismo recaudador que preside Ricardo Echegaray informó sobre el “nuevo régimen de información que deberán cumplir las empresas prestadoras de servicios de medicina prepaga cuando el plan de sus afiliados supere los 2.000 pesos”.

“El nuevo régimen entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2012″, agrega el parte.

Según la AFIP, “las empresas de medicina prepaga deberán utilizar el programa aplicativo denominado “AFIP-DGI-RÉGIMEN INFORMATIVO DE CUOTAS DE MEDICINA PREPAGA- Versión 1.0″, que genera el formulario de declaración jurada N 918″, que está disponible en la página de la AFIP y en caso de incumplimiento serán sancionadas. El organismo recordó que “desde hace tres años, el Fisco viene implementando una serie de regímenes de información que son de extrema importancia para obtener datos que manifiesten consumos en sujetos con determinada capacidad contributiva” como los que se obtienen a través de “tarjetas de crédito y débito y colegios privados”, entre otros..

Las empresas de medicina privada esperan una aprobación de Moreno para aumentar las cuotas

El incremento del 5,5% en las cuotas que pretendieron poner en marcha desde febrero las empresas de medicina prepaga ya fue freezado hace pocos días por el Gobierno, y ahora directamente analiza posponerlo entre 20 y 30 días más.

Las empresas deberán presentar una planilla con sus costos antes del 17 de este mes, documento que será analizado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, durante un lapso máximo de 15 días.

Así, los retoques (en caso de ser aprobados), comenzarán a tener vigencia para las cuotas de marzo, aunque si las negociaciones se demoran, todo pasará para abril.

La semana pasada, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, mantuvieron encuentros con los distintos integrantes de la cadena de la medicina prepaga, y la consigna fue clara: en febrero no habrá aumentos de las cuotas. Es que el Gobierno hará debutar la ley que regula al sector y que fue reglamentada a fines del año pasado. Y allí se especifica que el Estado es quien tiene la potestad para autorizar retoques en las cuotas, previa fiscalización de las cifras de las compañías.

La normativa indica que los aumentos serán permitidos por el Gobierno (cuando estén fundados en variaciones de la estructura de costos y un razonable cálculo actuarial de riesgos). El visto bueno debe ser otorgado por el Ministerio de Salud, aunque la secretaría de Comercio Interior tiene a su cargo la realización de un dictamen previo.
Desde ya, lo que entienda Moreno será prácticamente determinante para saber si un retoque de precios tiene o no lugar.

La suba del 5,5% que se iba a llevar a cabo quedó como un rezago de acuerdos firmados en 2011, y que tienen relación con los incrementos salariales pactados por el gremio de la Sanidad, del 33,3% y dividido en tres etapas (en agosto y diciembre entraron en vigencia las dos primeras). La última se aplicará con el sueldo de febrero, y por esto la suba de cuota prevista para este mes.

Esta situación lleva a que los prestadores de las empresas de medicina prepaga (como sanatorios, clínicas o centros de diagnóstico) registren una sangría en su cuentas, debido a que deberán pagar los salarios de febrero con aumento, aunque no recibirán una mejora en los pagos de las prepagas.

Las reuniones del sector con Moreno se realizaron en tres tandas. De la primera participaron el presidente de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales, Jorge Aufiero, y el gerente de OSDE, Tomás Sánchez de Bustamante, en tanto que a la segunda asistieron la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp) y los hospitales de comunidad. El viernes último fue el turno de los representantes de clínicas y sanatorios, proveedores de las compañías de medicina privada.

Durante este último encuentro Moreno dejó en claro su posición. Los prestadores de las prepagas, que no están alcanzados por la ley de regulación, tendrán vía libre con sus reclamos, siempre y cuando no se generen inconvenientes con la atención a los pacientes.

Cronista.com

MATÍAS BONELLI Buenos Aires
14-02-12

Para poder operar en el sistema, las compañías de medicina privada deberán informar sobre su situación financiera y afiliados.

Habrá una matriz de costos para autorizar aumentos

Desde esta semana y hasta el próximo 28 de febrero, las empresas de medicina privada deberán concretar la inscripción provisoria en el nuevo registro online habilitado por la Superintendencia de Servicios de Salud en el marco de la ley 26.682, lo que significará el inicio formal del proceso de regulación y fiscalización que el Gobierno ejercerá sobre las compañías del sector. La apertura del registro, en la que las prepagas deberán inscribirse aportando información sobre sus afiliados, los modelos de contrato y el patrimonio y los estados contables de cada entidad, fue confirmada por el Superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio. Según explicó el funcionario, la inscripción provisoria se realizará en forma online a través de un formulario, posteriormente cada prepaga deberá validar su situación ante la AFIP y recién en marzo se concretará la inscripción definitiva una vez que la Superintendencia haya fiscalizado el cumplimiento de las condiciones de solvencia financiera necesarias para poder operar en el sistema.

Esto es algo nuevo y muy importante porque por fin habrá una sola salud en la Argentina, ya sea la de la seguridad social como ahora la del subsector privado, que tendrá que aplicar el Programa Medico Obligatorio (PMO) y presentar su padrón de beneficiarios, consideró Bellagio en declaraciones realizadas en la ciudad de Mar del Plata durante el acto de lanzamiento de la Campaña de Verano para la Difusión Institucional, Promoción de Hábitos Saludables y Prevención de Enfermedades.

A la par de la creación del nuevo registro, el mecanismo con el que se iniciará la supervisión del Estado de las compañías de medicina privada que hasta ahora no tenían regulación alguna, la Superintendencia comenzó a avanzar en la definición de otros aspectos claves de la normativa de regulación del sector, como el caso de la definición de la denominada matriz de cálculo actuarial de ajuste por riesgo que deberá fijar los diferenciales de cuotas que deberán pagar quienes se afilien a una prepaga con enfermedades preexistentes. Esa matriz, según anticipó el propio Bellagio semanas atrás, será establecida por un comité especial que tendrá un plazo de 90 días para definir la estructura de costos.

De acuerdo con la nueva normativa, los aumentos de las cuotas de las prepagas solo podrán efectuarse previa autorización de la Secretaría de Comercio Interior, que conduce Guillermo Moreno. Ese organismo tiene la potestad de emitir un dictamen vinculante sobre la base del análisis del modelo de estructura de costos elaborada por la Superintendencia y, una vez aprobado el incremento, las empresas del sector deberán informar a sus afiliados la suba 30 días antes de su aplicación. También fueron incluidas en la misma regulación que las prepagas aquellas entidades sin fines de lucro, como las obras sociales sindicales, que cuenten con planes superadores del PMO, aunque no fueron aclarados aún los parámetros que definirán esos planes especiales.

10-01-12

Cronista.com

ELIZABETH PEGER

Según múltiples fuentes, el 20% de los médicos argentinos han sido demandados judicialmente por presunta mala praxis (XIV Congreso Argentino de Salud, Mar del Plata, 2011).

Los honorarios profesionales que pagan obras sociales y empresas de medicina prepaga por una consulta médica son verdaderamente irrisorios.

En el ámbito público, la presión de una asfixiante demanda de atención, las deficiencias edilicias y el déficit de insumos y de enfermería profesional exponen al médico a ejercer su profesión en condiciones, en muchos casos, inaceptables.

Paralelamente, en el ámbito privado las presiones no son menores: listas de turnos agotadoras con un tiempo tan breve frente al paciente que imposibilita establecer una relación médico-paciente adecuada.

Ciertas especialidades médicas críticas muestran, en los últimos años, una notoria reducción en el número de aspirantes a cubrir vacantes, ya sea en la etapa formativa como en posiciones para especialistas experimentados.

Esto es consecuencia directa del desaliento que genera un escenario laboral cargado de abrumadoras responsabilidades y exigencias sin un reconocimiento acorde con ellas. No es lógico que un sistema de salud se sustente en la heroicidad de sus protagonistas. Las vocaciones, en muchos casos, son erosionadas por un escenario tan adverso. La calidad de vida del médico promedio ha descendido a niveles impensables.

Los “sistemas de adaptación” que han adoptado muchos médicos a este escenario no son los mejores ni para ellos ni, mucho menos, para sus pacientes.

Desde hace años se ha expandido la expresión “medicina defensiva”. Fue la respuesta que una gran proporción de médicos adoptó para intentar tener una posición más sólida, en términos probatorios, ante una eventual demanda judicial. Esto se tradujo, por ejemplo, en un aumento notorio en la solicitud de estudios complementarios que están más allá de los estándares recomendados. Esta conducta tiene claras implicancias en términos de dispersión de recursos económicos, además del tiempo ineficazmente empleado.

Todo este contexto ha generado un quiebre en la relación médico-paciente. Flota en el subconsciente colectivo de la comunidad médica, con distintos matices, la percepción de que todo paciente puede ser un potencial litigante.

El “sistema de adaptación” frente al honorario reducido de la consulta fue el incremento del número de consultas, que redujo drásticamente el tiempo ofrecido a cada paciente (además del pluriempleo).

Se cambió calidad por cantidad. La consulta es el eslabón fundamental de la actividad asistencial del médico. Las decisiones que se toman en la consulta marcan, muchas veces, el destino de un paciente. La consulta médica requiere un tiempo para escuchar atentamente al paciente, un tiempo para examinarlo minuciosamente, un tiempo para redactar una historia clínica completa y un tiempo para explicar al paciente y familiares su dolencia, el tratamiento que se debe instituir, los estudios por efectuar y las perspectivas. ¿Cuánto tiempo suman todos estos tiempos?

Médicos y pacientes nos hemos acostumbrado a consultas de una brevedad extrema. Esto daña a ambas partes. El médico responsable sabe que está menoscabando su profesión y exponiéndose a cometer errores. El paciente no se siente contenido y tiene, muchas veces, la certeza de no haber sido correctamente evaluado. Ambos en definitiva son víctimas de un perverso sistema que ha reemplazado conceptualmente al binomio médico-paciente por el de prestador-cliente (subproducto del gerenciamiento de la salud aplicado a ultranza).

Ubiquemos ahora en este crítico contexto una actividad como la medicina, marcada en múltiples casos por la incertidumbre y los hechos fortuitos. Es lógico deducir que el desgaste laboral del médico desemboque, en muchos casos, en graves consecuencias para su salud física y mental. Patologías como el burn-out , el estrés crónico o el síndrome judicial comprometen hoy a un gran número de profesionales. El índice de insatisfacción profesional entre los médicos ha crecido notoriamente. Al médico le es muy doloroso admitir abiertamente estas íntimas vivencias vinculadas al ejercicio de su profesión.

El otro “sistema de adaptación” cuyos primeros indicios son evidentes es el que me atrevo a denominar como el de la “medicina evasiva”. Esto se traduce en evitar tratar pacientes con patologías críticas con un pronóstico reservado. Es decir, estamos transitando por el camino hacia el fin del “médico heroico”.

Las implicancias de la medicina evasiva son fáciles de deducir: médicos en la cúspide de su experiencia y capacidad intelectual que restringen voluntariamente su actividad profesional.

Muchos médicos, agobiados por este escenario laboral, deciden abandonar la medicina asistencial anticipadamente.

Todos somos potenciales pacientes. Cuando está comprometida nuestra salud, deseamos ser atendidos por médicos con una sólida formación sedimentada con la experiencia, con sentido común y con la tranquilidad espiritual necesaria para adoptar las mejores decisiones.

El camino por el que está transitando la medicina argentina en lo que hace al escenario en el que ejerce su profesión el médico no parece ser el mejor para lograr aquel “encuentro entre una conciencia y una confianza”, como fuera magistralmente definida la relación médico-paciente por Duhamel.

Mucho se ha avanzado en materia de los derechos de los pacientes, pero, paralelamente, se ha descuidado el derecho de los médicos a ejercer su profesión en condiciones acordes con la enorme responsabilidad a que los enfrenta diariamente su labor. Por los motivos previamente expuestos, esto termina repercutiendo, inexorablemente, en la calidad del servicio de salud. Las instituciones médicas y los legisladores deben enfocar urgentemente estas cuestiones como lo que realmente son: un verdadero problema de salud pública que requiere soluciones concretas.

02/01/2011
La Nacion
Por Roberto Borrone
El autor es doctor en Medicina, médico oftalmólogo y profesor universitario .

También regula los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud.

La norma crea el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, al que deberán inscribirse todas las firmas, así como también cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones. Por ello, éstas deberán suministrar información sobre su funcionamiento y administración a la Superintendencia de Servicios de Salud, que designará síndicos, auditores y veedores responsables de fiscalizar y controlar el respeto de la nueva reglamentación.

Una encuesta reciente realizada por SOGIBA reveló que el 97% de los obstetras y ginecólogos opina que las condiciones generales de trabajo son de regulares a muy malas y además la mitad consideró que empeorarán en el futuro. En este marco, SOGIBA trabaja por lograr un honorario ético mínimo común a las entidades que contratan tocoginecólogos y sobre un nomenclador para todos los sistemas en los cuales se desarrollan sus actividades (público, privado, obras sociales, prepagos y seguros de salud).

Al tema económico se suman diferencias con las Prepagas respecto de la organización de la atención, los planes de capacitación y categorización de profesionales, entre otros. Se conforma así un escenario que hace que los médicos se vean obligados a “sobreadaptarse” con reducción del tiempo de atención, situaciones de trabajo en riesgo por falta de tecnología o personal indispensable, aceptación de las relaciones de dependencia encubierta, entre otros que impactan en la calidad de atención de los pacientes.

En este sentido, comprometida con la visión de la igualdad sanitaria en un marco regulatorio de equidad para todos los integrantes que la componen, SOGIBA pone a disposición del Ministerio de Salud su experiencia jerarquizada y una opinión científica independiente y comprometida para lograr que la regulación de las empresas de medicina prepaga sea esté acorde a la realidad sanitaria del país.

SOBRE LA SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE BUENOS AIRES (SOGIBA)
Fundada en el 1º de julio de 1908, SOGIBA se propone propender el estudio, perfeccionamiento y divulgación de todos los aspectos de la obstetricia y de la ginecología, profundizar la investigación científica en dicha área; promover el progreso en la calidad del ejercicio profesional, entre otros objetivos científicos, profesionales como así también contribuir con la divulgación de información relevante para el cuidado integral de la salud de la mujer.

www.sogiba.org.ar

26/08/11

SANIDAD - ACUERDO SALARIAL 108/75 2011-2012

Aumento total respecto mes base 33%
Primer aumento Ago-11 18%
Segundo aumento Dic-11 10%
Tercer aumento Feb-11 5%

Base
Feb-11                 Ago-11 %               Dic-11 %                 Feb-12 %
3.226,03            3.806,72 18       4.129,32 28         4.301,16 33
3.084,66            3.639,90 18       3.948,36 28         4.112,67 33
3.000,23            3.540,27 18      3.840,29 28         4.000,10 33
2.803,88             3.308,58 18      3.588,97 28         3.738,32 33
2.580,05             3.044,46 18      3.302,46 28         3.439,89 33

CONCEPTO                               Ago-11                 Dic-11
SALA MATERNAL                1.000,00         1.100,00

TITULO LICENCIADO SALUD 15%

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA: 10
CUOTAS DE $ 26,- MENOS DIC/11 Y JUN/12