La sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal confirmó un fallo que había ordenado a la empresa de medicina prepaga CEMIC abstenerse de incrementar la cuota con fundamento en la edad del afiliado, esto es que a mayor edad más alta es la cuota.

En el caso, el juez de primera instancia había asegurado que “el aumento establecido con sustento en la edad del afiliado está destinado a tornar más onerosa la cuotas de quienes, por su realidad personal, pasan a integrar el sector poblacional más vulnerable, compuesto generalmente por jubilados con una importante disminución en sus ingresos, justamente en el momento que más requieren del servicio médico contratado”, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

En la apelación, la empresa había argumentado, entre otras cuestiones, que “de modificarse el sistema imperante en todas las entidades de medicina prepaga, el mayor costo que generen las numerosas prestaciones que deban darse a las personas que alcanzan los 65 y 70 años, debería ser trasladado al precio de las cuotas de afiliación de los restantes afiliados que no se encuentren en ese estadio de la vida y que por lo general requieren menos asistencia médica”.

Según los camaristas Alfredo Gusman, Santiago Kiernan y Ricardo Guarinoni, “el vínculo que se establece entre la empresa médica y el asociado es de larga duración; por consiguiente, en líneas generales, la curva de utilidad marginal de las partes es inversa… De allí que ‘el consumidor hace un esfuerzo económico cuando es joven, cuando tiene una cierta solvencia patrimonial o cuando está sano, a fin de ser compensado cuando llegue la vejez o cuando no tenga dinero o carezca de salud’”.

Asimismo, señalaron que “se trata de un contrato aleatorio, ya que las partes no saben si se van a ser requeridos los servicios médicos o no, lo cual depende de un acontecimiento que es la enfermedad… Así, ‘la empresa asegurativa está legitimada a difundir los riesgos en función de un cálculo probabilístico pero no a trasladarlos sin asumir ninguno … la aleatoriedad es para ambas partes y no es admitida una cláusula que neutralice el riesgo, lo excluya o lo limite; si el alea queda a cargo de una sola de las partes y la otra tiene una certeza de ganar, la cláusula es nula’”.

“Sobre esta base, forzoso es concluir en que la cláusula contractual que faculta a la empresa médica a imponer aranceles adicionales por edad resulta abusiva… De tal modo, colisiona con el artículo 42 de la Constitución Nacional, en cuanto garantiza a los consumidores el derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, así como de trato equitativo y digno”, aseguraron.

IProfesional.com - 10/09/10

El Gobierno estudia la posibilidad de disponer un mecanismo automático para elevar periódicamente los aportes a las obras sociales que pagan los monotributistas y el personal de servicio doméstico, en un porcentaje similar al del alza promedio de los salarios de convenio. Además, el objetivo sería disponer una escala para que, dentro del esquema del monotributo, paguen más para la salud quienes facturen más, a diferencia de lo que ocurre actualmente, que rige un aporte de $ 70 para todos por igual.

De aprobarse, la medida tendría su impacto en 1,2 millones de monotributistas del esquema general y en otros 300.000 que están en el monotributo social y, por lo tanto, abonan la mitad del aporte para la atención sanitaria. Además, subiría el aporte a la obra social del personal doméstico, que hoy está en $ 46,75 por mes.

El proyecto fue explicado por el superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, que participó del XIII Congreso de Salud de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), y también anunció que se enviará un proyecto de ley para obligar a los afiliados de las obras sociales y, eventualmente, de las prepagas a que antes de presentar un recurso de amparo por reclamo de coberturas, pasen por una instancia de conciliación obligatoria.

El mecanismo de ajuste automático de aportes a las obras sociales incluiría también, según el proyecto, el monto de la cápita que paga el PAMI a los prestadores y el aporte transferido por la Anses a las obras sociales para la atención de quienes cobran el seguro de desempleo del sistema de la seguridad social.

Bellagio especificó, en diálogo con periodistas, que según la iniciativa los aportes subirían a la par de la actualización del ingreso mínimo mensual por afiliado que tienen garantizado las obras sociales. Esa cifra, que se mueve en los meses de diciembre, subió un 24,5% en 2008 y un 29% en 2009. Los porcentajes corresponden al promedio de las subas salariales promedio, acordadas en los convenios colectivos, según información que el Ministerio de Trabajo le pasa a la Superintendencia. Ahora se evalúa que el ajuste se distribuya en dos veces por año.

Bellagio también anunció que el Ministerio de Salud enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un sistema de conciliación obligatoria previa a un juicio por reclamo de afiliados de las obras sociales, por la cobertura de prestaciones. Así, antes de presentar un amparo a la Justicia para que una prestación sea cubierta, la persona debería ir a la instancia administrativa. Según el superintendente, el tema fue hablado ya con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

La intención de esa iniciativa es que disminuya la cantidad de amparos que ingresan a la Justicia. Hoy, la Superintendencia tiene un área para resolver reclamos, pero acudir a esa instancia no es algo obligatorio. Bellagio sostuvo que ingresan unos 100 pedidos por mes y que el 90% se resuelve, por lo que se evitan los juicios.

Como el organismo regula sólo a las obras sociales, en principio el sistema funcionaría para esas entidades y para el PAMI, pero no se descarta que queden también alcanzadas las prepagas, ya que, si bien no tienen un marco regulatorio específico, sí están obligadas por ley a otorgar el mismo programa médico que las obras sociales.

Consultado por La Nacion, Pablo Giordano, presidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp), opinó que para las prepagas sería muy beneficioso ser incluidas en un sistema de conciliación previo a juicios. Sin embargo, algunos referentes del sector privado de la salud expresaban ayer aquí varias dudas sobre la viabilidad de la propuesta. “Un amparo necesita de un trámite rápido; no creo que sea aceptable no garantizarle al afiliado que pueda reclamar por la vía rápida judicial”, afirmó el director de una entidad. Una traba práctica sería el hecho de que la Superintendencia tiene sus oficinas en la Capital, sin una red en el interior.

Fuente: La Nacion

El acuerdo firmado entre FATSA y las cámaras CONFECLISA y ADECRA se logró después de casi ocho horas de negociaciones en la sede central del ministerio de Trabajo, monitoreadas personalmente en diversos tramos por el titular de la cartera, Carlos Tomada, incrementa el salario de los trabajadores un 32 por ciento.

El sector empresario estuvo representado por los titulares de CONFECLISA, Gustavo Mammoni y de ADECRA, Jorge Cherro, mientras que por FATSA lo hicieron Carlos West Ocampo, Héctor Daer, Susana Rueda y los asesores letrados Lucio Garzón Maceda y Federico West Ocampo.

Al término de las negociaciones, el titular de FATSA, Carlos West Ocampo, dijo a Télam que “tras largas y duras negociaciones logramos firmar más o menos en los términos que nos habíamos propuesto el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo”.

Tras destacar que “logramos que el salario básico de una enfermera llegue en febrero a 3.000 pesos”, West Ocampo añadió que “luego de una desgastante negociación acordamos un incremento del 18 por ciento para agosto, un 5 por ciento para diciembre y un 9 más en febrero”.

Sobre si estaba satisfecho con los resultados, el sindicalista precisó que “por supuesto. Estamos hablando de salarios muy bajos y nos hubiera gustado firmar otra cosa pero éste era un conflicto que ya llevaba varios meses con un sector empresario muy heterogéneo y el resultado creo que es satisfactorio para la mayoría de los trabajadores”.

El convenio celebrado con el sector empresario que tendrá vigencia hasta agosto de 2011, destrabó un largo conflicto con el gremio de que nuclea a los trabajadores de la sanidad argentina”.

Durante el conflicto, FATSA realizó dos medidas de fuerza que afectaron las prestaciones médicas en las principales clínicas, sanatorios privados y en los establecimiento psiquiátricos y geriátricos, como así también los centros de diagnóstico.

Expediente N° 1.394.249/10

En la Ciudad de Buenos Aires, el dia primero de septiembre de 2010, siendo las catorce horas, en la sede de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), en el expediente de la referencia se reúnen, por una parte, el Sr. Carlos West Ocampo, Hector Ricardo Daer, Pedro Borgini, Susana Stochero, Nilda Iglesias, Monica Chungo e Irma Raczkowki, en representacion los trabajadores y por la otra, el Sr. Guillermo Gomez Galizia con DNI 4.557.953 en su caracter de Presidente, Jose Hector Laurensio con CIPF 6.255.637 en su carácter de Vicepresidente, Fernando Peralta con DNI 8.068.395 en su carácter de prosecretarto, Eduardo A. Fernandez con D.N.I. 11.396.577 en su carácter de protesorero, tal como 10 acreditan con la documentación que se adjunta en este acto, constituyendo el domicilio en Av. Rivadavia NO 926 Piso 6 Of. 601 de la C.A.B.A. en representación de la Camara de Instituciones de Diagnostico Medico -CADIME-, el Dr. Jorge Carrascosa DNI 7.887.412 en representación de la Camara de Entidades de Diagnostico y Tratamiento Ambulatorio -CEDIM-con domicilio en la calle Montevideo 451 Piso 11 of. 111, en su carácter de Vicepresidente y el Sr. Julio Alberto Machuca con D.N.I. 4.276.555 en su carácter de apoderado tal como 10 acredita can la documentación que se adjunta en este acto, constituyendo el domicilio en calle Sarmiento N0839 de la
C.A.B.A. en representacion de Colmegna SA.Las partes en conjunto manifiestan, que luego de largas y trabajosas negociaciones colectivas tendientes a la renovación parcial del Convenio colectivo de Trabajo 108/75, han arribado a un acuerdo que explicitan de la siguiente manera:

1. Los comparecientes se reconocen reciprocamente, por su representación y representatividad como únicas partes legitimadas para la negociación del CCT 108/75.

2. Ambito Personal y Territorial: EI acuerdo alcanzado sera de aplicacon en todo el ambito personal y territorial comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 108/75.

3. Escala de Salarios Basicos: las partes acuerdan establecer un aumento de los salarios basicos de todos los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo 108/75, el que se hará efectivo en tres tramos el primero a partir del primero de agosto del corriente año, el segundo a partir del primero de diciembre del corriente año a y el ultimo a partir del primero de febrero de 2011, todo ello de conformidad con las escalas que se explicitan a continuacion:

basicos de convenio  108/75 a partir de
………………………………AGOSTO 2010 /DICIEMBRE 2010/FEBRERO 2011
PRIMERA CATEGORIA        2.883,87       3.103,83       3.226,03
SEGUNDA CATEGORIA        2.757,49       2.967,81       3.084,66
TERCERA CATEGORIA        2.682,02       2.886,58       3.000,23
CUARTA CATEGORIA         2.506,50       2.697,67       2.803,88
QUINTA CATEGORIA         2.306,40       2.482,32       2.580,05

4.-La diferencia entre los salarios basicos vigentes al 31/07/2010 Y los aqui acordados, asi como los valores resultantes de la incidencia de los nuevas remuneraciones sobre los adicionales legales y convencionales seran remunerativos a todos los efectos legales y convencionales con la sola excepcion que sobre dichos montes, correspondientes a los aumentos enunciados, no se realizaran contribuciones patronales al Sistema de Seguridad Social (excepto Obras Sociales) de todo el personal de cada empresa. Esta excepcionalidad parcial reqira hasta el 31/12/2011, fecha esta a partir de la cual tendran naturaleza de remunerativos a tcdos los efectos. Los aumentos salariales otorgados durante el 2010 “a cuenta” podran ser absorbidos hasta su concurrencia
Los importes de los adicionales legales, convencionales y voluntarios, que resultan de tomar como base el salario basico convencional, a los fines de su pago, deberan ser calculados de conformidad con los valores establecidos en las nuevas escalas salariales insertas en el paraqrafo tercero del presente acuerdo.

5-Las partes acuerdan: 1.-Prorrogar la excepcionalidad parcial establecida en la clausula 5 del acuerdo firmado el 16 de julio de 2008 homologada mediante Resolucion 1707/08 hasta el dia treinta y uno de julio de 2011; 2.-prorrogar la excepcionalidad parcial establecida en la clausula 5 del acuerdo firmado el 25 de agosto de 2009 homologada mediante Resoluclon 1456/09 hasta el dia treinta de septiembre de 2011.

6.-En caso que alguna empresa acredite fehacientemente dificultades economico financieras para hacer frente al aumento salarial aqui acordado, podra negociar con la filial FATSA que corresponda la adecuacion de los plazos de vigencia de las clausulas del presente acuerdo, asi como tambien podran diferir hasta el mes de enero del 2011, el pago de la diferencia del mayor valor del aguinaldo correspondiente al segundo semestre del 2010, por efecto del aumento salarial aqui acordado.

7.-Modificase el articulo 14 del convenio colectivo 108/75, incorporandose el inciso 9, el que quedara redactado de la siguiente manera:
Adicional por Licenciatura en imagenes: Adicional por Titulo de Licenciatura en imaqenes: El personal que posea un obtenga el Titulo universitario de “Licenciado en Imaqenes”, otorgado por instituciones o establecimientos educativos reconocidos por el Ministerio de Salud de la Nacion y el Ministerio de Educacion de la Nacion, que se desempeñe en la funcion para la que ha sido formado, percibira un adicional salarial mensual equivalente al 15% de su salario basico. Aquellas empresas que a la firma del presente abonen alguna suma en dicho concepto, podran absorber hasta su concurrencia el importe.

8.-Las partes acuerdan actualizar el valor del Beneficio Social contemplado en el articulo 33 del CCT 108/75 en la suma de pesos novecientos ($900) a/partir del primero de agosto de 2010, hasta tanto se alcance un acuerdo definitivo sobre el Instituto. Este benefio mantendrá el caracter no remunerativo oportunamente acordado.

9.-Seguro de Fidelidad: las partes acuerdan reformular el Segura de Fidelidad establecido en el articulo 17 del CCT 108/75. Transitoriamente V hasta tanto se alcance un acuerdo definitivo sobre el Instituto se establece el valor del Seguro la suma de setecientos pesos ($ 700)

10.-Descuentos y Sanciones: Las partes acuerdan que cada empresa abonara en forma normal y habitual los salarios de los dias de paro y movilizacion dispuestos por FATSA, desde el inicio del plan de lucha en procura de esta escala salarial, hasta el dia de la fecha. Del mismo modo aquellas empresas que abonen premios por presentismo deberan paqarlo en forma Integra y total. Aquellas Empresas que hubieren efectuado descuentos deberan abonar la totalidad de los salarios y premios caidos junto con las remuneraciones del mes de agosto. Asimismo las sanciones disciplinarias que las empresas hubiesen dispuesto con motivo del plan de lucha, seran dejadas sin efecto, borradas de los legajos personales, no tenidas en cuenta como antecedentes y en el caso que las mismas hubieren producido consecuencias economicas, los montos deberan ser reintegrados con las remuneraciones correspondientes al mes de agosto.

11.-Contribucion extraordinaria: Las empresas comprendidas en el ambito de aplicacion del CCT 108/75 realizaran una contribucion extraordinaria, a favor de la Federacion de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, con la finalidad de realizar obras de caracter social, solidario y asistencial, para el mejoramiento de los servicios que presta la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina (OSPSA), en interes y beneficio de todos los trabajadores comprendidos en la convencion colectiva, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 9º de la Ley 23.551. Esta contribucion consistira en el pago de una suma de pesos doscientos ($200,00), por cada trabajador encuadrado en el Convenio Colectivo 108/75, la que sera abonada en diez cuotas mensuales iguales de pesos veinte ($ 20,00) cada una con vencimiento el dia 15 de cada mes o el dla habil siguiente en su caso, con excepcion de los meses de diciembre 2010 y junio de 2011. EI deposito se realizara en la cuenta especial de. FATSA que se encuentran a disposicion en el sitlo web www.sanidad.org.ar colocando ei importe en el campo “Contribucion Extraordinaria”.

12.-Cuota de Solidaridad: Se establece para todos los beneficiarios del CCT. 108/75 un aporte solidario equivalente al 1% de la remuneracion integral mensual, durante la vigencia del presente acuerdo. Este aporte estara destinado entre otros fines, a cubrir los gastos ya realizados y a realizar, en la qestion, concertacion y el posterior control del efectivo cumplimiento y correcta aplicacion del los convenios y acuerdos para todos los beneficiarios sin excepcion, al desarrollo de la accion social y la constitucion de equipos sindicales y tecnicos que posibiliten el desarrollo solidario de los beneficiarios convencionales, contribuyendo a una mejor calidad de vida para los trabajadores y su grupo familiar. Los Trabajadores afiliados a cada uno de los sindicatos de primer grado adheridos a FATSA, compensaran este aporte con el pago del mayor valor de la cuota asociacional. Los empleadores actuaran como agentes de retencion del aporte solidario y realizaran el deposito correspondiente con el procedimiento habitual, en forma mensual y en la cuenta especial de FATSA conforme lo vienen realizando hasta el presente, disponiendo de boletas de deposito en la paqina web www.sanidad.org.ar.

13.-Las partes acuerdan continuar trabajando en la Comision Tecnica creada en el afio 2008, con el proposito de analizar el impacto de la nueva tecnoloqia en el desarrollo de las relaciones laborales.

14.-Vigencia: el presente acuerdo tendra un año de vigencia, esto es desde el 01-08-10 hasta el 31-07-11. Cedida la palabra a la representación empresarial, manifiesta que solicita que copia del presente acuerdo y el dictamen de la Superintendencia de Servicios de Salud sean remitidos a los agentes del Seguro de Salud, incluyendo al INSSJP, a las Obras Sociales Provinciales y a los Ministerios y Secretarias de Trabajo de todas las Provincias. Asimismo solicita que en los considerandos de la resolución homologatoria del presente acuerdo se incluya el siguiente texto: “Es oportuno destacar que para arribar a este acuerdo se ha tenido en cuenta lo informado por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nacion por Dictamen de fecha 31 de agosto de 2010, que se agrega a este expediente, del cual surge que el incremento salarial que pacten las partes en un Convenio de Trabajo será referencial para las practicas medico asistenciales que se brindan dentro del Sistema del Seguro de Salud”.
Las partes intervinientes ratifican en todos sus términos lo acordado y solicitan la pronta homologacion del presente acuerdo.
Sin mas, siendo las 16 horas, se levanta la audiencia, firmando las partes ante mi, que certifico.-

Las autoridades de la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) llevan adelante una intensa negociación en el marco del convenio colectivo de trabajo 122 que comprende al personal técnico, administrativo y de maestranza de Clínicas, Sanatorios, Institutos con internación, Establecimientos Geriátricos y Sanatorios de Neurosiquiatría. También sigue demorado el convenio colectivo 108 (establecimientos sin internación) y el 459 (empresas de emergencias médicas).

La falta de respuesta motivó la realización de medidas de fuerza, con asistencia a los lugares de trabajo, que determinaron reprogramacion de cirugías y la atención sólo de urgencias. La medida fue dispuesta por la Federación de Sanidad (FATSA) y avalada por asambleas de trabajadores realizadas en todos los centros asistenciales de La Plata y los distritos que integran la regional de ATSA. En la región de La Plata, Gran La Plata y distritos vecinos, hay casi 15 mil trabajadores que se desempeñan en alguno de estos establecimientos sanitarios.

El paro se llevó adelante miercoles y jueves en reclamo de una mejora salarial para los enfermeros que ubique el sueldo minimo en 3.000 pesos. ATSA reclama un incremento del 32% similar al acordado en el marco de la paritaria 107/75 para los trabajadores de los hospitales mutualizados y para el resto de los sectores de la sanidad que se obtuvieron en las paritarias del sector.

En La Plata y los 43 distritos que integran la región la medida tuvo un fuerte impacto en las principales clínicas, sanatorios, consultorios y empresas de diagnóstico.

Prensa ATSA La Plata

Como es de conocimiento, las actividades de nuestro sector de diagnóstico médico se están desarrollando en medio de una difícil puja con el gremio de la Sanidad, el cual demanda un determinado incremento de salarios que para las empresas les resulta difícil de cumplir de no mediar la seguridad de un aumento de aranceles que lo compense adecuadamente.

Dentro de este escenario están emergiendo curiosamente algunos hechos, que no son nuevos por otra parte, pero que nos obligan a volver sobre algunas reflexiones que en otras ocasiones consideramos oportuno compartir con Usted.

La defensa irrestricta del sector financiador de sus intereses, se traduce en los hechos en el mantenimiento –hoy inadmisible- de un marco desregulatorio para el quehacer de la salud y sin la aplicación de aranceles éticos, mínimos y obligatorios, que es nuestro firme reclamo. Toda esta situación le permite a dicho sector continuar con el de alta concentración financiera y prestacional en detrimento de la propia existencia de las cientos de pymes prestadoras de los segmentos del diagnóstico médico y tratamiento ambulatorio.

Este proceso de concentración lamentablemente también ha alcanzado al sector de las obras sociales sindicales, sin dejar de valorizar por ello la importancia de estas como columna del sistema solidario de la seguridad social.

En este escenario volvemos a ver cómo nuevamente las prepagas resuelven el aumento de las cuotas a sus beneficiarios, que luego de manera mínima se trasladan a los aranceles, mientras por el lado de los prestadores se intenta sin fortuna, a distintos niveles, alguna reivindicación arancelaria, dentro de un contexto en que aparece en ciernes la conformación de una nueva entidad integrada por representantes de empresas prepagas y empresas prestadoras. O lo que vendría a ser una paradójica combinación de intereses opuestos como son en definitiva los de los prestadores y los financiadores que compran sus servicios.

Esta asociación podría transformarse en el instrumento de una clara estrategia del sector financiador para absorber al sector prestador bajo la máscara de una mejor defensa del interés en común.

Desde CA.DI.ME. siempre hemos reiterado la importancia de que la empresa prestadora esté asociada a la entidad que le corresponda por la actividad que desarrolla de manera específica.

Por esta razón fundamental es que a fines de la década del 70 surgió CA.DI.ME. El desarrollo alcanzado por nuestro sector en ese entonces determinó que sus prestadores se agremiaran en una entidad específica, diferenciada de los prestadores de la atención médica con internación, para que los representara y defendiera con absoluta autenticidad.

La conformación de una entidad de prestadores correspondió incluso con la necesidad de distinguir y concientizar al profesional o profesionales que emergían como empresa pyme de la salud, de la organización eminentemente profesional destinada a los objetivos científico-técnicos de la especialidad y de la defensa de la matrícula.

Todas estas motivaciones objetivas no han variado hasta hoy. La naturaleza de los intereses y problemas de la internación o “de la cama”, por ejemplo, son totalmente distintos a los del diagnóstico médico y tratamiento ambulatorio; como de la misma manera también lo son con respecto a los financiadores.

Por ello sorprende que en una entidad confluyan organizaciones prestadoras con las del financiamiento, por más que estas últimas sean propietarias de unidades de internación y de diagnóstico médico y tratamiento ambulatorio. Particularidades éstas que explican el creciente fenómeno de concentración financiera y prestacional que viene dominando al sector de la salud.

No nos cansamos de enfatizar que la lógica de la agremiación de cada sector es ajustarse a lineamientos específicos, esto es teniendo en cuenta la naturaleza y características propias de la actividad que desarrollan sus componentes.

Su lógica indica, entonces, que no deben existir organizaciones que intenten asumir la representación de actividades o sectores que le son ajenos.

Nuestro subsector, el que referencia CA.DI.ME a lo largo y ancho del país,está constituido por mas de 10.000 pymes prestadoras de diagnóstico médico y tratamiento ambulatorio, como tal hacemos irrestricta defensa de sus intereses con indiscutible legitimidad.

La fortaleza y autenticidad de nuestro reclamo, parte entonces del hecho de mantenernos como expresión fiel del sector prestador, sin mixturas de ninguna especie.

Esto nos permite denunciar con énfasis y sin atenuantes no sólo las causas que han generado la crisis en nuestro sector, sino también prever la situación en ciernes, para nada alentadora a no ser que se logren cambios sustanciales en el estado actual de desregulación y pauperización arancelaria.

La concentración financiera y prestacional que hoy revela la salud, implica comprender no sólo que el mantenimiento de aranceles depreciados es funcional al hecho concentrador, sino también que la regulación de aranceles mínimos éticos obligatorios es el único instrumento que impedirá continuar con su feroz avance.

Recordemos que para los grandes actores de la medicina prepaga, los mecanismos desregulatorios que aún sobreviven curiosamente dentro de un contexto económico contrario al que los impuso, no sólo son condiciones fundamentales para acrecentar su poder de concentración financiera, sino también para: 1) transferir hacia ellos importantes recursos de la seguridad social; 2) crear una relación oligopsónica con los prestadores, por la cual fijan el valor de los aranceles y 3) incursionar en el mercado de trabajo de estos últimos financiando la incorporación de servicios propios de atención médica con fondos de la seguridad social, transformándose así en entidades financiadoras y prestadoras a la vez. Por este doble rol pueden actuar con mecanismos de deslealtad a la competencia, concentrando la demanda en sus establecimientos propios.

Todo ello ayuda a tener la suficiente claridad para que las empresas prestadoras no terminen sumándose -en busca de posibles soluciones- al accionar gremial de entidades que no responden a sus intereses específicos y que tradicionalmente actúan desde posiciones diametralmente diferentes a las del quehacer prestacional.

Para entender más esta problemática de la concentración posibilitada por la inexistencia de marcos regulatorios, sólo basta repasar las consecuencias que la misma produjo con el tiempo. Estas fundamentalmente son: expulsión de la actividad de cientos de prestadores pequeños y medianos, y de los que aún nos mantenemos en pie pero vacilantes: desfinanciados, sin rentabilidad, con capacidad ociosa y con ingresos insuficientes.

Y para constatar el final que puede esperarnos pero el que procuramos evitar con nuestra lucha y hasta las últimas instancias, valga echar una rápida mirada sobre cómo muchas actividades quedaron estructuradas por resultado de la fuerte concentración productiva y de centralización de capitales existentes a manos de grupos extranjeros, gestadas principalmente durante los años noventa.

Al igual que en el sector salud, la desactivación de mecanismos regulatorios y la apertura económica, produjo la sideral y sistemática oligopolización de casi todas las actividades empresarias: desde las primarias hasta las exportadoras, pasando por las industriales, las comerciales y la de los servicios. Este proceso pudo darse más fácil en “mercados imperfectos” –como el nuestro- en los cuales era absolutamente imperativo mantener resguardadas con instrumentos específicos la operatividad y competitividad de los actores pequeños y medianos frente a los grandes.

En síntesis, somos empresas prestadoras del nivel pequeño y mediano que se debaten en un mercado desregulado y monopolizado por los actores del financiamiento y la concentración; quienes además de poner en peligro nuestra continuidad también cercenan la posibilidad de los jóvenes profesionales en constituirse en una nueva pyme del sector y a los que sólo les espera su proletarización.

¿Cuál seria una alternativa para ir enfrentando esta situación hasta lograr la regulación del sector?. Sin ninguna duda la asociatividad y sus diferentes modalidades es uno de los caminos posibles.

La mayoría de los prestadores de diagnóstico medico son del nivel pequeño y mediano, por lo cual el desempeño individual de los mismos resulta muchas veces dificultoso cuando no estéril, frente a las dificultades que deben enfrentar en su desenvolvimiento empresario.

La unión de las empresas prestadoras es una de las salidas que se presentan para tratar de equilibrar la disparidad de fuerzas que se establece en el escenario de la salud. Pero no una unión como simple expresión de un conjunto de empresas agrupadas circunstancialmente, sino una unión “cooperativa”, establecida por una relación institucional en permanente solidaridad con sus intereses.

Es importante remarcar que muchos de los prestadores de nuestro sector no han advertido las posibilidades que ofrece esta unidad que da fortaleza, quedando a merced de las arbitrarias decisiones y condicionamientos por parte de quienes los contratan.

Las soluciones podrán venir, entonces, a través de una concepción que comprenda colectivamente el problema.

En definitiva y por ultimo, debemos estar alerta, no confundirnos y consolidar el accionar en conjunto de nuestro subsector, pues ello será siempre nuestra arma de lucha más efectiva.

CADIME

La Comision Directiva

Al cumplirse la segunda jornada de un paro nacional de 48 horas, los manifestantes se nuclearon, a partir de las 15, frente a las cámaras empresarias ubicadas en pleno centro porteño y exigieron aumentos salariales del 32 por ciento.
La movilización arrancó en la intersección de Saavedra y Alsina. Luego, los trabajadores marcharon por la avenida Rivadavia y después, por Callao hasta Tucumán.

Durante el reclamo, los manifestantes arrojaron huevos contra la sede de la Confederación de Clínicas y Sanatorios (CONFECLISA), en Tucumán al 1600, mientras que los trabajadores encabezados por los secretarios generales, Carlos West Ocampo y Héctor Daer, se concentraron frente a la otra sede empresaria (ADECRA) de Montevideo al 400.

Desde una camioneta, West Ocampo sostuvo: “Nos manifestamos frente a las cámaras porque los empresarios se niegan a recomponer los salarios de los trabajadores. Los empresarios creen que nuestro pedido de aumento salarial de un 32 por ciento es la locura de un grupo de dirigentes y esto es la necesidad que tienen los trabajadores que cobran sueldos miserables”, añadió el sindicalista.

Además, anunció que “fueron convocados para mañana a las 11 por el Ministerio de Trabajo para una reunión con los empresarios”.

Por su parte, a través de un comunicado, el presidente de ADECRA, Jorge Cherro, afirmó que desde el sector empresarial están “dispuestos a negociar con el gremio, pero no podemos permitir que nos impongan condiciones que fueron acordadas con los hospitales de comunidad, queremos ejercer el derecho que nos asiste a partir de la ley de paritarias a negociar nuestro convenio con el gremio, en el seno del Ministerio de Trabajo”.

Clarin
26/08 19:00 hs

Expte 1.399.508/2010

De nuestra consideración:

ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ADECRA), CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE CLINICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES (CONFECLISA), CAMARA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD (CEPSAL); CAMARA ARGENTINA DE CLINICAS Y ESTABLECIMIENTOS PSIQUIATRICOS (CACEP), ASOCIACION ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS (AAEG), CAMARA DE INSTITUCIONES DE DIAGNOSTICO MEDICO (CADIME), CAMARA DE ENTIDADES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO (CEDIM) Y LA FEDERACION DE CAMARAS DE EMERGENCIAS MEDICAS Y MEDICINA DOMICILIARIA. a Vuestra Autoridad respetuosamente se presentan y dicen:

I. Que venimos a denunciar, en los términos y con los alcances previstos en la ley 14786, que según resulta público y notorio y también surge de la resolución que se encuentra publicada en www.sanidad.org.ar la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, domiciliada en Dean Funes 1241, Ciudad de Buenos Aires,
ha dispuesto un paro de actividades para los días 25 y 26 de agosto de 2010, alegando que nuestras representadas signatarias de los CCT 122/75, 108/75 y 459/06 se han negado a concertar los reclamos salariales efectuados por dicha asociación y “sólo” han ofrecido a través de medios periodísticos un incremento del 22% en cuotas.

II. Este paro reitera los argumentos de aquel que intempestiva y arbitrariamente se llevó a cabo el día 11 de agosto de 2010, con fijación de guardias mínimas en forma unilateral por parte del gremio, sin que el mismo diera aviso de la medida de fuerza a adoptar en forma oportuna, ni que Vuestra Autoridad activara el procedimiento previsto en la ley 25877 y su decreto reglamentario 272/2006 (art 7 y ss) para la fijación CONJUNTA de dichas guardias mínimas.

III. Desde ya rechazamos la medida de fuerza a adoptarse y hacemos expresa reserva de reclamar a la asociación sindical los daños y perjuicios que la misma nos ocasione, y de adoptar las medidas disciplinarias pertinentes contra los trabajadores que participen de la misma

IV. Tal como dan cuenta las presentaciones anteriores a la presente efectuadas por nuestras representadas ante Vuestra Autoridad hemos intentado con carácter previo a la medida de fuerza del 11 de agosto próximo pasado, y con posterioridad a la misma, que la negociación se desarrolle en carriles “normales” tratando de sentarse en una mesa de negociación privada o en el seno de Vuestro Ministerio, en el marco de la ley 23546, para acercar las propuestas salariales a nuestro alcance y que se comprenda la necesidad de un ajuste de los valores que los financiadores del sistema (entidades de medicina prepaga, PAMI, obras sociales provinciales y obras sociales del Régimen Nacional de Obras Sociales) abonan a los prestadores del sector por sus servicios, para poder solventar dichas propuestas

V. Lo único que hemos logrado hasta la fecha del gremio es que nos digan que el incremento pretendido por el mismo alcanza a un porcentaje absolutamente inaccesible para nuestra Industria (32% sobre los básicos), con una vigencia anual y que debe ser aplicado no luego del 31 de diciembre de 2010. Sin sentarse siquiera a escuchar la situación de nuestros sectores y analizar la oferta que se pretendió transmitir infructuosamente

VI. Por tal motivo consideramos la medida de fuerza anunciada como intempestiva e ilegítima, por un lado porque no se ha ni siquiera activado por Vuestra Autoridad el procedimiento de negociación colectiva previsto en las normas aplicables y por otro lado porque esta destinada a afectar el servicio de salud que brindamos, tales como cirugías programadas y de urgencia, asistencia a pacientes internados, atención de la demanda en las emergencias, consultas médicas ambulatorias, diagnósticos programados y de urgencia, tratamientos médicos ambulatorios y atención, traslados y derivaciones de urgencias y emergencias de pacientes con fines sanitarios. Todas estas actividades resultan especialmente delicadas por cuanto en ellas se encuentra en juego la “salud” y la “vida” de las personas de toda edad que tanto en emergencia como en atención programada acuden a los establecimientos que nucleamos, y/o son atendidas por urgencias, emergencias y/o traslados, donde la paralización de actividades dificulta y compromete en grado sumo la atención de los pacientes y de las actividades programadas y no programadas. Todo ello sin que se hubieran agotado los mecanismos de conciliación previa pertinentes y sin que se haya considerado la condición de prestadora de un servicio público esencial de las empresas afiliadas a nuestras representadas, en los términos del artículo 24 de la ley 25877 y artículo 7 y ss del Decreto 272/2006

VII. Por todo lo expuesto solicitamos se tenga por denunciada por nuestra parte la medida de fuerza anunciada por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, domiciliada en Dean Funes 1241, Ciudad de Buenos Aires disponiéndose el encuadramiento del citado conflicto en los términos de la ley 14786, en los términos del artículo 24 de la ley 25877 y art. 7 y ss del Decreto 272/2006 .

Fuente:
www.cadime.com.ar

Radios abiertas, asambleas y recorrida por todos los establecimientos sanitarios de la región forman parte de las medidas que concretó en la jornada de hoy la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Regional La Plata (ATSA- La Plata) como parte de un plan de lucha en reclamo de aumento salarial.

Según informó el prosecretario gremial de ATSA La Plata, Carlos Luna, hoy se hicieron asambleas permanentes en el Hospital Español y entre las 11 y las 17 una radio abierta frente al Instituto Médico Platense.

Mañana, martes habrá radio abierta en el Instituto Médico Platense y una asamblea de delegados en la sede de Ipensa. Además, los dirigentes gremiales y los representantes de los trabajadores recorrieron más de 80 centros asistenciales privados de la jurisdicción de ATSA La Plata (que abarca 43 distritos de la provincia) para informar a los agentes de santidad sobre los alcances del paro de 48 horas que realizarán el miércoles y jueves próximo para lograr un salario mínimo de 3.000 pesos para los enfermeros.

El plan de lucha incluye a los trabajadores de hospitales, clínicas, sanatorios privados y empresas de emergencias de la región y del interior de la provincia. La medida fue dispuesta por la Federación de Sanidad (FATSA) y avalada por asambleas de trabajadores realizadas en todos los centros asistenciales de La Plata y los distritos que integran la regional de ATSA.

El jueves pasado hubo protestas frente a las sedes de FECLIBA, los trabajadores de ATSA la Plata realizaron asambleas en la clínica Ipensa (59 entre 3 y 4), con la participación de delegados y de integrantes de la Comisión Directiva de la entidad gremial.

Las medidas en reclamo de mejoras salariales continuaron el viernes por la mañana con una protesta frente a la sede de ACLIBA (en calle 5 al 670) y posteriormente frente a la delegación La Plata de esa entidad. El viernes se hicieron además asambleas de delegados y dirigentes de ATSA en el Hospital Español, ubicado en 9 y 36.

El 11 de agosto los trabajadores sanitarios realizaron un paro de 24 horas que obligó a reprogramar más de 500 cirugías establecidas con anticipación en los centros asistenciales de gestión privada de la zona de La Plata, Berisso, Ensenada y otros 40 distritos de la provincia. No obstante, las emergencias y las guardias permanecieron con sus diagramas habituales, según establecía la modalidad de la medida de fuerza.

El secretario General de ATSA La Plata, Pedro Borgini explicó que todas las protestas son “con la presencia en los lugares de trabajo. No queremos molestar a nadie pero la negociación con el sector empresario se dilató demasiado y advertimos que esto podría suceder. Realmente necesitamos que los ingresos de los compañeros estén acordes a la situación del país”.

El dirigente aclaró que “estamos reclamando 3000 pesos de básico para las enfermeras y un aumento del 32% para todos los trabajadores de la salud privada”.

En la capital bonaerense el plan de lucha alcanzó a sanatorios, clínicas, geriátricos y empresas de servicios de emergencias. La huelga fue planteada por FATSA y ratificada en la delegación La Plata bajo la consigna “Sin salario no hay Salud”.

Las autoridades de la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) llevan adelante una intensa negociación en el marco del convenio colectivo de trabajo 122 que comprende al personal técnico, administrativo y de maestranza de Clínicas, Sanatorios, Institutos con internación, Establecimientos Geriátricos y Sanatorios de Neurosiquiatría. También sigue demorado el convenio colectivo 107 (centros de salud pertenecientes a las sociedades de socorros mutuos); el 108 (establecimientos sin internación) y el 459 (empresas de emergencias médicas).
En la región de La Plata, Gran La Plata y distritos vecinos, hay casi 15 mil trabajadores que se desempeñan en alguno de estos establecimientos sanitarios.

Prensa ATSA La Plata

La Comisión de Salud del Senado empezará el debate frenado desde 2008, cuando fue aprobado el proyecto por Diputados, según anunció su presidente, el senador radical José Manuel Cano (Tucumán).
Entre los cambios que se esperan está el aumento de los beneficios en medicamentos para enfermedades crónicas, para las cuales el Programa Médico Obligatorio (PMO) sólo provee una cantidad  básica. Además, se profundizará sobre la conservación de la antigüedad del usuario que desee pasarse de una prepaga a otra a fin de que esta sea respetada por cualquier compañía.
Por último, ante los aumentos desproporcionados del valor de los planes y la arbitrariedad con la que se aplican, se pedirá que el control de precio se unifique para que no haya diferencias en los incrementos que sufren, por un lado, el 1,2 millón de usuarios directos y los 3 millones corporativos.
En la actualidad, las empresas no tienen mayores restricciones que las estipuladas en el Plan Médico Obligatorio y las acciones generadas por el Comercio Interior para frenar los aumentos desmedidos.
En el proyecto proveniente de Diputados, se prohíbe que la edad sea causa de rechazo de una afiliación, mientras que el Ministerio de Salud y Defensa del Consumidor definirá los porcentajes de aumento en los costos para mayores de 65 años. Sin embargo a los mayores de esa edad con más de una década como afiliado no se les podrá subir la cuota a causas etarias.
La iniciativa obliga a las prepagas a cubrir, como mínimo, el PMO y el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Además, sólo se pueden ofrecer planes de coberturas parciales en servicios odontológicos o de emergencias y traslados. Asimismo, se fijó una excepción para otorgar planes parciales a las empresas que desarrollen su actividad en una única localidad, con menos de 5000 usuarios.

A contramano de la tendencia en los países más desarrollados, en la Argentina el sector privado de la salud crece sin prisa, pero sin pausa, en la captación de nuevos afiliados de la mano de las obras sociales, que actúan como principales financiadores y socios directos en muchos casos de las entidades prestadoras de servicios médicos.

Pese a la expansión, el sector arrastra quejas y cuestionamientos hacia el sistema integral de salud argentino. Mientras el retraso en las tarifas (actualmente bajo control de la Secretaría de Comercio Interior) es el reclamo coyuntural más escuchado, el Programa Médico Obligatorio (PMO) es el blanco estratégico hacia donde se disparan las críticas.

El sector privado de la salud local enlaza tres subsistemas. El mayor de ellos es el de las obras sociales sindicales nacionales y provinciales, con 14.513.956 y 6.291.186 afiliados, respectivamente, entre las cuales manejaron durante 2009 la cifra de $29.072 millones. Por otra parte el PAMI, siempre con los datos de 2009, atendió a 4.065.000 beneficiarios, jubilados y pensionados y movió $9.181 millones.

En tanto, el subsistema privado propiamente dicho (donde se admiten los “fines de lucro” a diferencia de los dos subsistemas anteriores), ofrecido por empresas de medicina prepaga o sanatorios, clínicas u hospitales de comunidades de modo directo, cubre a 4.600.000 personas de poder adquisitivo medio o alto que gastaron en 2009 $12.807 millones.

Los datos corresponden al informe 2010 de la consultora de mercado Key Market sobre el gasto de salud en la Argentina. Allí se detalla que alrededor del 65% se encuentra en la Capital Federal, Gran Buenos Aires y las principales ciudades del país: Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

Para poner en el contexto las cifras, vale decir que el gasto total del país en salud fue de $102.000 millones y que más de 17 millones de personas, el 43% de la población, queda fuera de las coberturas mencionadas anteriormente y dentro de la atención pública (hospitales estatales), que manejó sólo el 28% del total de los recursos. En 2007 ese porcentaje era aún mayor, un 45%, lo que indica el avance del sector privado, especialmente a través de la afiliación a obras sociales.

Planes: aumentos y retrasos

Según el informe de la consultora, durante 2009, el valor de un plan promedio para una persona de hasta 30 años rondó los $330 mensuales, mientras que para una familia estuvo alrededor de los $956 por mes.

Si se toma la prima media de mercado (el valor promedio de la cuota), el aumento no es paralelo al de la inflación ni al incremento de precios autorizado por el Gobierno para las prepagas. En 2004, la cuota media fue de $114; en 2007: $153; en 2008: $194 y en 2009: $231.

Esto se debe a que “los precios promedio de los planes no evolucionan exactamente como la curva de los aumentos autorizados debido a que se agregan e informan planes de menor punto de precio (incluyen copagos, etc) a los que efectivamente son contratados por la población”, aclara el estudio de Key Market.

Darío Durand, gerente general de Medifé, dice que en 2009 “se notó una marcada disminución de la incorporación de nuevos afiliados. Quienes pagan la totalidad de la cuota de sus bolsillos retrasaron su decisión de tomar una prepaga u optaron por empresas con cuotas de menor precio”, también sintieron la detención del crecimiento del empleo formal.

Durand sostiene que los costos aumentaron más que los ingresos y se redujo el margen de utilidad ya que no pueden trasladarse en su totalidad a los precios por el “límite lógico” del poder de compra de sus asociados. No obstante, observa una lenta recuperación en el segundo trimestre de este año para revertir la “meseta” de crecimiento que se produjo en 2009.

Entre los problemas del sector menciona “la acrítica incorporación de nuevas tecnologías y medicamentos al mercado sin una adecuada regulación de la obligación de cobertura” y el retraso en el pago de reintegros de la APE a las obras sociales. Sugiere que el Estado debe hacer una amplia convocatoria para definir los límites de obligaciones de cobertura.

Por su parte Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), reconoce que “existe un retraso arancelario crónico superior al 30%, que proviene del fin de la convertibilidad de la que salimos mal parados cuando se hizo duro reponer insumos en dólares: aparatología, medicamentos”. A lo que se agrega el problema de conseguir recursos financieros para pagar los aumentos salariales del personal que representa un 60% de los costos”.

“Tenemos una matriz tributaria muy injusta, una gran parte de nuestra actividad está exenta de IVA (la facturación a obras sociales y PAMI), pero la totalidad de nuestras compras están gravadas con IVA, sólo podemos utilizar para desgravar el IVA el porcentaje de facturación con IVA nuestra, que es la particular. Estamos conversando para que se nos permita utilizar ese excedente técnico del IVA como un crédito fiscal para el pago de otras cargas. Esto ayudaría a las clínicas más chicas, que son las que más dependen de la seguridad social y menos facturación con IVA pueden hacer”.

Desde otra óptica, Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, dice que la gente percibe que las empresas de medicina prepaga cobran cuotas muy caras porque hay una superposición de roles confusos según los cuales el sector privado estaría reemplazando o compensando carencias del sistema público.

“El sistema funciona mal, el 45 o el 50% de la gente no tiene cobertura y se tiene la sensación de que si no se tiene obra social o una prepaga nos puede pasar cualquier cosa. La gente compra nuestros servicios porque se siente desprotegida, forzada a hacerlo y entonces todo le parece caro. En países ricos, los mejores sistemas de salud están en manos del Estado, como en Inglaterra o España”.

Belocopitt considera que “lo que hay que resolver es garantizar el derecho a la salud para todos, el sistema debe ser público. El sector privado puede dar lo adicional: atender o brindar mejor hotelería, siempre hay quien va a querer algo diferente. Deberíamos tener usuarios que contraten el servicio porque les guste y no porque no tienen más opción”.

Coincide en que “la tecnología es carísima, cada vez más, estamos obligados a dar todo lo que existe y sólo podemos financiarnos con la suba de cuotas; se genera un círculo poco sano”. Como ejemplo cita tratamientos con medicación oncológica de $100.000 mensuales; operaciones artificiales de corazón que cuestan hasta $2.500.000 o la nueva vacuna contra el cáncer prostático que vale US$90.000 la unidad.

Hugo Quintana es el titular de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), cuya obra social, OSPOCE, ya tiene 300.000 afiliados. “El costo de la medicina en el mundo aumenta entre un 7 y un 8% anual, por el avance tecnológico”, informa.

Advierte que el problema crecerá; ya en algunos países donde los sistemas médicos públicos son muy buenos “se restringen los servicios a pacientes mayores de cierta edad, porque es muy costoso para su expectativa de vida” y destaca que en la Argentina “no se restringe nada, no se discrimina a nadie por la edad, eso está muy bien, pero deben decirnos cómo se paga”.

Para Quintana, “el sistema argentino de obras sociales es el mejor y debe fortalecerse con crecimiento económico y mayor empleo, también hay que tener un buen sistema de salud pública”. El sindicalista reclama también un organismo regulador de las empresas de medicina prepaga, un retraso inexplicable del Congreso, donde hay varios proyectos de ley en este sentido, “porque nadie las controla”.

La concentración del mercado

“Como característica general se evidencia una concentración de empresas, como evidencia la adquisición por parte de Omint de CS Salud (ex Consolidar Salud), que pertenecía al Grupo BBVA Banco Francés”.

Muchas empresas contratan planes de medicina prepaga para ofrecer algunos beneficios mayores a sus empleados. Estos acuerdos corporativos están en la mira de las grandes empresas de medicina prepaga, en 2007 representaron el 45% de sus cápitas (el 55% era contratado de modo individual), en 2009 ese porcentaje llegó al 48% de las cápitas.

Las 15 primeras obras sociales representan el 54% del total de los afiliados a este tipo de obra social (incluye obras sociales de dirección y obras sociales sindicales).

Las diez principales obras sociales representan el 46% de este tipo de cápitas. Entre las principales se encuentran OSECAC (Empleados de comercio), OSPRERA (Personal rural y estibadores) y OSPECOM (Personal de la construcción).

Si se distingue por tipo de beneficiario, dentro de las obras sociales, el 69,3% se trata de trabajadores en relación de dependencia; el 20% son jubilados y pensionados; el 6,5%, monotributistas; el 1,4% son beneficios por desempleo; un 1,3%, adherentes, y el 0,6% corresponde al servicio doméstico.

Anahí Abeledo
Fuente: iEco
17.08.10

El secretario adjunto de la federación sindical, Héctor Daer, dijo a LA NACION que si bien hubo gestiones desde el Ministerio de Trabajo, aún no se avanzó en las negociaciones en las que se busca que el básico para las enfermeras llegue a los $ 3000.

Desde el sector empleador, Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), afirmó que se está a la espera de que la cartera laboral convoque a las partes para iniciar las conversaciones.

La mencionada entidad, junto con otras siete que reúnen a prestadores sanitarios, envió una carta formal al ministro Carlos Tomada, pidiendo la apertura de las negociaciones colectivas y advirtiendo sobre la convocatoria a un paro de actividades.

Los responsables de las clínicas rechazan dos conductas del sindicato: que hayan dispuesto medidas de fuerza cuando las negociaciones ni habían comenzado, y que se busque replicar los mismos términos del acuerdo firmado entre el gremio y otras entidades, como los hospitales de colectividad. “Hasta ahora sólo recibimos pretensión de imposiciones y paros, pero de negociación no hubo nada”, afirmó Cherro.”Queremos negociar y no que nos impongan qué firmar”, dijo, en referencia a la pretensión de que se acepte un acuerdo en los términos del que involucra a los hospitales de colectividad. Ese pacto prevé un aumento del 20% en una primera etapa  y de otro 10% en diciembre. Al ser acumulativa, la mejora es del 32 por ciento.

Para Cherro, la realidad de las clínicas, sobre todo las del interior del país, es muy diferente de la que pueden mostrar esas entidades prestadoras. “En el sindicato saben que no tenemos los recursos”, agregó, tras explicar que los ajustes arancelarios ofrecidos por las prepagas, las obras sociales y el PAMI no permiten dar esos niveles de aumentos.

Fuente:

Silvia Stang
LA NACION

Como es de su conocimiento a través de la información que le enviamos periódicamente, nos encontramos discutiendo los incrementos salariales requeridos por el sector trabajador para el convenio colectivo 108/75.

Dichas negociaciones se encuentran actualmente con dificultades, dada la falta de una adecuada actualización de los aranceles que perciben las empresas prestadoras por parte de los financiadores, y el aumento considerable en los demás costos de producción de estas empresas.

En este escenario, nos parece oportuno recordar algunos datos de la realidad que creemos de suma relevancia a la hora de llevar a cabo sus propias negociaciones arancelarias con sus financiadores.

Nos referimos especialmente a la situación de las empresas de medicina prepaga, las que recientemente han conseguido la autorización del Gobierno Nacional para incrementar un 15% sus cuotas a sus beneficiarios. Aumento que se suma a los anteriores y que para una mayor comprensión graficamos en el siguiente cuadro:

Histórica y sistemáticamente la argumentación de los prepagos de aumentar cuotas a sus beneficiarios para posteriormente incrementar aranceles, resulto en los hechos una falacia, por cuanto la mayoría de los prestadores nunca recibieron dichos aumentos en esa proporción.

Desde CADIME no nos oponemos a que los prepagos logren una justa rentabilidad de sus empresas y a que aumenten para ello sus cuotas; pero de igual manera defendemos nuestra rentabilidad por lo que exigimos establecer una regulación integral de este sector y un mecanismo obligatorio de traslado a los aranceles de los prestadores, de la mayor recaudación que reciban. Situación esta ultima contemplada por el proyecto de regulación con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación que recepta los aportes efectuados oportunamente por la Cámara.

Sabemos que la negociación individual del prestador con su financiador es muy difícil por las asimetrías de las partes propias de un mercado totalmente desregulado, por lo que entendemos necesaria aprovechar las distintas alternativas que puedan presentarse para impulsar una permanente presión sobre el sector financiador.

En esa tesitura es que le sugerimos que mientras se avanza en la negociación paritaria, Usted le comunique a sus financiadores del sector de la medicina prepaga la necesidad impostergable de instrumentar a la brevedad un aumento de emergencia de sus aranceles que permita enfrentar los mayores costos de producción de la empresas.

En síntesis, la Cámara insiste en que la única solución para el ordenamiento definitivo del sector prestacional de la salud, pasa por su regulación y la consecuente concertación de aranceles mínimos, basados en costos de producción y de aplicación obligatoria.

Fuente:
www.cadime.com.ar

La Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad Argentina convocó a un paro nacional de actividades para el 25 de agosto en demanda de mejoras salariales. La medida de fuerza será a partir de las 6 de la mañana del 25 de agosto y por 48 horas.

La Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) convocó a un paro nacional de actividades para el 25 de agosto en demanda de mejoras salariales.

En declaraciones periodísticas, el titular de FATSA, Carlos West Ocampo, precisó que la medida de fuerza será “a partir de las 6 de la mañana del 25 de agosto y por 48 horas, con movilizaciones de trabajadores”.

Tras señalar que la organización sindical ratificó “el estado de alerta y movilización”, puntualizó que a partir del 23 habrá “asambleas informativas en todos los establecimientos”.

El gremialista indicó que “la oferta empresaria hasta ahora es insuficiente, ya que sólo llega al 22 por ciento, mientras que nosotros queremos un aumento en todas las escalas, de manera que una enfermera llegue a un salario básico de 3.000 pesos en todos los convenios colectivos de trabajo”.

West Ocampo aclaró que “durante la medida de fuerza se cumplirán con los servicios y guardias mínimas, conforme a lo que dispone la normativa legal, pero responsabilizamos a las cámaras patronales por las consecuencias que las medidas de acción directa puedan ocasionar”.

Esta medida de fuerza, la segunda en lo que va del mes, paralizaría las actividades en las clínicas y sanatorios, establecimientos psiquiátricos y geriátricos y centros de diagnóstico.

La semana pasada los trabajadores sanitarios realizaron un paro de 24 horas que obligó a reprogramar más de 500 cirugías establecidas con anticipación en los centros asistenciales de gestión privada de la zona de La Plata, Berisso, Ensenada y otros 40 distritos de la provincia.

Fecha: 19/08/2010

Sanidad convoco a un paro para la semana que viene por salarios

La Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), convocó a un paro nacional de actividades para el 25 de agosto en demanda de mejoras salariales, En declaraciones a Télam, el titular de FATSA, Carlos West Ocampo, precisó que la medida de fuerza será “a partir de las 6 de la mañana del 25 de agosto y por 48 horas, con movilizaciones de trabajadores”.

Tras señalar que la organización sindical ratificó “el estado de alerta y movilización”, puntualizó que a partir del 23 habrá “asambleas informativas en todos los establecimientos”.

El gremialista indicó que “la oferta empresaria hasta ahora es insuficiente, ya que sólo llega al 22 por ciento, mientras que nosotros queremos un aumento en todas las escalas, de manera que una enfermera llegue a un salario básico de 3.000 pesos en todos los convenios colectivos de trabajo”.

West Ocampo aclaró que “durante la medida de fuerza se cumplirán con los servicios y guardias mínimas, conforme a lo que dispone la normativa ñlegal, pero responsabilizamos a las cámaras patronales por las consecuencias que las medidas de acción directa puedan ocasionar”.

Asimismo, el máximo dirigente del gremio de Sanidad, informó que “además del paro se llevarán a cabo marchas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades del interior del país, el 26 de agosto”.

Aunque no quiso brindar detalles, West Ocampo no descartó la posibilidad que haya en el transcurso de la semana alguna oferta empresaria, no obstante reiteró que “si no se atienden nuestros reclamos pararemos nuevamente el 25 de agosto”.

Esta medida de fuerza, la segunda en lo que va del mes, paralizaría las actividades en las clínicas y sanatorios, establecimeintos psiquiátricos y geriátricos y centros de dignóstivo.

Quienes están exceptuados de la medida de fuerza son los hospitales de comunidades; Francés, Alemán, Italiano, Sirio Libanés, Británico, Español y Centro Gallego, por haber acordado salarios con FATSA. Télam
Fuente: www.inversorsalud.com.ar

Prestadores de la Salud pidieron intervención de Manzur

La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico pidió la intervención del ministro de Salud, con el fin de destrabar el conflicto salarial con trabajadores de la Sanidad

La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) pidió la intervención del ministro de Salud, Juan Manzur, con el fin de destrabar el conflicto salarial con los trabajadores nucleados en la Federación de la Sanidad.

En caso de poder conseguirlo, se llegaría a un principio de acuerdo con el gremio y así evitar nuevas medidas de fuerza en plena negociaciones paritarias, en un problema que arrastra años.

CADIME, que a su vez viene reclamando aumentos a las obras sociales y las prepagas, emitió un comunicado en el que solicita que la cartera de Manzur intervenga “de la manera más rápida posible” para evitar otro paro como el del 11 de agosto pasado, que dejó sin servicio médico a todos los empleados del sector, encargados de abastecer de insumos a los hospitales municipales y provinciales.

La cámara mantuvo diálogos con los gremialistas, pero no pudo avanzar como quería, debido a que los salarios de los convenios es superior a los acuerdos que lograron la mayoría de los sindicatos.

El texto también lleva el respaldo de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFEcLISA), y la Cámara de Empresas Prestadoras de Salud (CEPSAL).

Además, aparecen la Cámara de Empresas Prestadoras de Salud (CEPSAL), la Cámara de Establecimientos Psiquiátricos (CACEP) y la Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos (AAEG), entre otras.

Remarcaron que las conversaciones “no han tenido los avances que permitan ver un inmediato cierre de la negociación.

CADIME recordó que el gremio -aún cuando la autoridad de aplicación no ha efectuado una convocatoria oficial- se declaró en estado de alerta y movilización convocando a un paro de actividades que se cumplió el 11 de agosto último.

La entidad dejó en claro que desea otorgar un aumento, pero aclaró que el porcentaje que reclaman los trabajadores es muy superior y es imposible poder otorgarlo en el lapso que se pretende.

“Estamos impedidos de dar respuesta a dicho reclamo, dado que hasta el momento se observa una falta absoluta de actualización de los aranceles que perciben las empresas prestadoras por parte de los financiadores (Obras Sociales, PAMI, Prepagas)”, precisaron en la misiva.

También, resaltaron que se debe tener “presente que los insumos subieron h
asta un 40 por ciento, e incluso hubo aumentos en el sistema médico privado.

Los trabajadores de obras sociales y laboratorios, los cuales señalaron que ya hubo una notificación por un futuro aumento, aunque la cifra que maneja la empresa no es la misma que pretenden los empleados.
Por ello, solicitaron al Ministerio de Salud, mediante una carta, que resuelva de manera pacífica el conflicto por intermedio de la disposición de medidas concretas de recomposición arancelaria.

Explicaron que se podrá hacer frente a las demandas salariales e impedirán ver comprometida la prestación de este servicio esencial.

El Día - La Plata - 14/08/10

Prepagas amenazan con más alzas por presión gremial

Los empresarios vinculados a la medicina privada pedirán la intervención oficial para resolver una clásica cuestión laboral: si aceptan el reclamo de aumentos salariales para los trabajadores del sector, que piden un 35%, deberán tener autorización oficial para volver a subir las cuotas de las prestaciones. Según la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) y Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), que agrupan a las principales compañías, es la única forma de hacer frente al reclamo gremial. La otra opción, que no menciona públicamente la cámara, es que el Estado nacional aplique un subsidio al rubro para cubrir la diferencia salarial entre lo que ofrecen los privados (menos del 25%) y lo que pide el sindicato que conducen Carlos West Ocampo y Héctor Daer.
Ambito Financiero -
16/08/10

El gremio de sanidad reclamó que a partir del vencimiento del convenio (con fecha del 31 de julio de 2010), entre las Cámaras empresarias y dicha Federación, “la totalidad de los importes salariales devengados en el mes en curso son remunerativos a todos los efectos y deberán efectuarse el 100% de los aportes y contribuciones que establece la legislación en la materia”.

El sindicato de sanidad intimó a las cámaras empresarias, a través de este escrito que reproducimos a continuación:

“Encontrándose vencido desde el 31/07/2010, el último acuerdo colectivo firmado entre las Cámaras empresarias y nuestra Federación en el CCT 122/75, donde se dispusiera una excepcionalidad parcial en relación al pago de contribuciones patronales del monto de los aumentos oportunamente acordados, así como la prórroga parcial de excepcionalidades otorgadas durante los años 2007 y 2008, homologados mediante Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 1386/09. Recordamos a Ud. que la totalidad de los importes salariales devengados en el mes en curso son remunerativos a todos los efectos y deberán efectuarse el 100% de los aportes y contribuciones que establece la legislación en la materia.
Se ha dispuesto para verificar el cumplimiento de esta obligación un cuerpo de inspectores “ad hoc” que a partir del 15/09/2010 labren actas de inspección y notifiquen a la AFIP cualquier incumplimiento que sea detectado.
Notas de idéntico tenor han sido enviadas a las principales empresas del sector.
Queda ud. debidamente notificado”.

La carta fue firmada por el Dr. Federico West Ocampo, Director Dpto. Jurídico de FATSA

Fuente
Consultor de Salud

Prestadores dieron a conocer la
“Declaración de Santiago del Estero”

Los representantes de las Asociaciones y Federaciones de Clínicas y Sanatorios integrantes de la Comisión Nacional de Costos y Aranceles (CNCyA) dependiente de la Confederación de Clínicas y Sanatorios y Hospitales de la República Argentina (CONFECLISA) indicaron, entre otras cosas, que “se está llegando económicamente a una situación límite”.

Los representantes de las Asociaciones y Federaciones de Clínicas y Sanatorios integrantes de la Comisión Nacional de Costos y Aranceles (CNCyA) dependiente de la Confederación de Clínicas y Sanatorios y Hospitales de la República Argentina (CONFECLISA), presentes en la 27º Reunión del Grupo NORTE declaramos:

·Las posibilidades de continuar con las prestaciones de salud para pacientes internados han llegado económicamente a una situación límite.

.Los aranceles sanatoriales establecidos por las Obras Sociales no alcanzan para cubrir los costos de los incrementos salariales, los insumos y la renovación tecnológica.

.El sector privado de salud soporta impuestos distorsivos, compra insumos en dólares y no recibe ningún tipo de subsidio a pesar de ser generador de mano de obra intensiva tanto profesional como no profesional

. Ante la inminente convocatoria a una nueva paritaria salarial manifestamos la imposibilidad de afrontar subas salariales en caso de no obtener el financiamiento pertinente por parte de la Seguridad Social y las Prepagas.

.Reconocemos la dignidad del salario de nuestros trabajadores y el esfuerzo permanente por contribuir a brindar salud a toda nuestra comunidad. Sin embargo asumir nuevos compromisos en la situación actual no sería una decisión responsable.

.Los Valores de Referencia para las unidades de gasto sanatorial al 15/07/10 publicados por CONFECLISA, calculados por la CNCyA según metodología avalada por la cátedra de costos de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), indican lo siguiente:

Unidad Pensión $ 4,9741
Día Cama* $ 308,39
Unidad Quirúrgica $ 6,5813
Hora Quirúrgica $ 605,48
Unidad Rayos $ 1,8200
Unidad Otros Gastos $ 0,8370

* Día Cama incluye pensión (hotelería), 4 comidas, atención de enfermería 24hs, medico de planta 24hs.

Prácticamente ninguna Obra Social Nacional, Provincial, Municipal o Prepaga del norte del país alcanza mínimamente estos importes que deberían ser tomados como valores referenciales básicos.
De no revertirse esta tendencia existe el peligro latente del cierre de nuevos servicios e instituciones y la pérdida de más fuentes de trabajo en un futuro no muy lejano.

Asociación de Clínicas y Sanatorios de Chaco
Asociación de Clínicas y Sanatorios de Corrientes
Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos
Asociación de Clínicas y Sanatorios de Formosa
Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Salta
Federación de Clínicas y Sanatorios Privados de Santiago del Estero

Fuente:
Consultor de Salud

La Nacion
12 de agosto de 2010

Los trabajadores del sector privado de la salud, agrupados en el sindicato de Sanidad, realizarán este miércoles un paro por 24 horas, que afectará la normal atención en clínicas y sanatorios, en reclamo de un piso salarial de $ 3.000 para el personal de la actividad. La medida de fuerza fue dispuesta en una profundización del plan de lucha iniciado semanas atrás por el gremio que lidera Carlos West Ocampo ante la demora en la firma del incremento salarial con la cámara empresaria que agrupa a clínicas, sanatorios privados y compañías de emergencia médica.

El sindicato reclama un piso salarial de $ 3.000 para la categoría inicial de enfermería, lo que implica un incremento escalonado en torno al 32%, similar al acordado por Sanidad con las cámaras que agrupan a droguerías, laboratorios y hospitales de colectividad. Ante el anuncio de la medida de fuerza, desde el sector empresario no descartaron elevar un pedido a las autoridades del Ministerio de Trabajo para que intervenga en la negociación y declare la conciliación obligatoria, a fin de evitar la huelga.

A pesar de que las clínicas y sanatorios argumentan que no tienen los recursos para financiar el incremento salarial, desde el gremio rechazaron esos fundamentos y señalaron que las empresas de medicina privada ya aplicaron un aumento en las cuotas a sus asociados para poder hacer frente a la recomposición salarial que reclama el personal. “Están en condiciones de pagar el aumento, no tienen excusas para seguir dilatando la discusión”, dijeron desde la entidad que encabeza West Ocampo.

La medida de fuerza prevista para el miércoles afectará la normal atención en las clínicas privadas, ya que los trabajadores agrupados en Sanidad solo atenderán guardias mínimas y el personal médico reprogramará cirugías previstas para ese día, precisaron fuentes sindicales.

La negociación de Sanidad constituye uno de los principales acuerdos salariales pendientes del último tramo de las paritarias, en el que ya renegociaron sus sueldos más de 3 millones de trabajadores privados.

9/08/2010
Cronista

Hasta 2003, vigente el sistema de jubilación privada, el PAMI estaba desfinanciado. Contaba con un presupuesto anual de sólo 2600 millones de pesos anuales. Además, gestionaba mediante un sistema conformado por 72 intermediarios que, según se investigó en su momento, llegaban a quedarse con hasta el 50 por ciento del gasto prestacional. Esto derivó en una atención paupérrima que alejó a los jubilados de la obra social. En la actualidad, PAMI cuenta con un presupuesto de 15.600 millones de pesos, con los que en 2009 prestó servicios a 3,7 millones de afiliados, un 89 por ciento del total. Las prestaciones médicas, los medicamentos gratuitos y otros con importantes descuentos y otros servicios que presta la institución son un ingreso indirecto que se suma a los haberes de los jubilados y pensionados.

El gasto del PAMI representa un 10 por ciento de la masa de haberes que cobran los beneficiarios del Anses, pero, según el informe de la obra social, dados los bajos precios que paga el PAMI por las prestaciones médicas, medicamentos y otros servicios comparados con los que se cobran en el ámbito privado, significan un 30 por ciento de ingreso indirecto adicional al haber previsional. Por otra parte, como los jubilados no tienen la posibilidad de contar con una obra social sindical, la única alternativa que les queda es afiliarse a una prepaga, que a partir de los sesenta años cobran en promedio, aproximadamente 600 pesos por mes, un 65 por ciento del haber mínimo actual.

Un gasto prácticamente ineludible para los mayores de 60 años es el de medicamentos. A precio de mercado son impagables para el bolsillo de los jubilados. PAMI está entregando medicamentos gratuitos a 650 mil jubilados y pensionados. El 87 por ciento de ellos ganan la mínima. Otro 13 por ciento recibe ese beneficio por el alto costo de sus tratamientos, que supera sus ingresos. Además, el organismo cubre el 100 por ciento en medicamentos para tratamiento de cáncer, HIV y otros de alto precio y alto riesgo de vida. Casi el 90 por ciento de los mayores sufren de hipertensión. Los medicamentos para esa patología son cubiertos con un 80 por ciento de descuento. En 2003 el descuento en estos fármacos era del 40 por ciento. También están cubiertos con el 80 por ciento de descuento los medicamentos para enfermedades cardiovasculares y colesterol. El gasto total de PAMI en medicamentos en 2010 fue de casi 3000 millones de pesos. El precio de mercado de esos fármacos –lo que hubiesen tenido que pagar los jubilados– es de 12 mil millones de pesos.

El titular del PAMI, Luciano Di Cesare, señaló a Página/12 que “el proceso de mejora de las prestaciones del organismo es paulatino y requiere no sólo del cada vez más alto financiamiento que deriva de la mejora en la situación económica nacional sino también de un trabajo persistente con los prestadores. Hasta 2003, las clínicas y los médicos, debido a la intermediación de los gerenciadores, recibían monedas por su trabajo. Así, muchos de ellos fueron perdiendo interés en su atención. Los jubilados no podían elegir ni cambiar a sus prestadores. Todo eso cambió y el proceso de transformación aún está en curso. Por eso invertimos en formación especializada en atención de mayores en médicos y enfermeras”.

La obra social de los jubilados y pensionados cubre en la actualidad todas las patologías que se presenten, sin condicionamientos, como los que tienen las prepagas. Por caso, en este momento atiende a 410 mil afiliados con tratamientos por diabetes. También realiza 700 trasplantes de órganos anuales, la mayor cantidad registrada por cualquier obra social nacional. Estas operaciones tienen un precio de mercado de entre 80 mil y 250 mil pesos. En 2009 realizó además 55 mil operaciones oculares de cataratas y 20 mil de cadera y rodilla. Todas estas cifras son siderales si se las compara con cualquier prepaga u obra social nacional.

Otro elemento que se incorporó en los últimos años es la entrega de elementos externos de tratamiento médico. Al igual que en el caso de los medicamentos, la cobertura fue aumentando año tras año. En 2005 se entregaron 20 mil lentes intraoculares; en 2009, 50 mil. En total, en cinco años los afiliados recibieron 192 mil lentes intraoculares. En el mismo lapso los afiliados recibieron 108 mil audífonos. Se pasó de 17.500 en 2005 a 40.150 el año pasado. También se entregaron 23.200 sillas de ruedas. Se comenzó con 3500 en 2005 y en 2009 se llegó a 11.200. En el mismo período se dispuso la entrega de 32.200 marcapasos.

El PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica y la segunda del continente, luego del Medicare, de Estados Unidos. La enorme cantidad de afiliados dificulta una atención del nivel que puede ofrecer una prepaga. Pero tiene a favor que no mide intereses en el momento de decidir una prestación de alto precio, que son cotidianas en personas de tercera edad. Así, y dada la importancia de la atención en salud de los jubilados, el organismo se constituyó en un distribuidor de un ingreso indirecto para los beneficiarios del sistema previsional estatal de suma importancia. Aparte de las prestaciones médicas, PAMI apoya a un millón y medio de afiliados con subsidios de asistencia sociosanitaria a través de distintas modalidades. Setecientos mil jubilados reciben 45 pesos mensuales que se suman a sus haberes y ochocientos mil reciben subsidios en comestibles, pago de alquileres, servicios y traslados por razones sociales. Además del constante incremento de sus prestaciones, PAMI tiene reservas por un valor de 7000 millones de pesos, la mitad de su presupuesto anual, fondos que lo ponen a salvo de una siempre probable caída de la recaudación, como ocurrió con la crisis internacional desatada en 2008, que tuvo su mayor impacto en el país en 2009.

2/08/2010
Página 12
Por Roberto Navarro

El sindicato de la sanidad declaró su estado de alerta y movilización y decidió ir a un paro de actividades en las clínicas privadas el 11 de agosto. Así lo afirmó, en diálogo con LA NACION, el secretario general de la federación de entidades gremiales del sector, Carlos West Ocampo.

Desde el sector empleador, Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), dijo estar sorprendido por el anuncio de medidas de fuerza y las protestas que hubo ayer en sanatorios de la Capital, dado que las negociaciones por una mejora salarial “recién están comenzando y sólo nos reunimos una vez”. Según Cherro, desde la entidad se le envió ayer una nota al sindicato para solicitar una reunión en los próximos días, en la que se presentará una contrapropuesta al pedido del sindicato.

La demanda gremial es por un incremento del 20% a partir de los salarios de agosto, más otro 10% que se implemente hacia fines de año. Se busca así, según los dirigentes del sindicato, “que una enfermera tenga un ingreso mensual que llegue a los 3000 pesos”.

Ese nivel de alza salarial replicaría el acuerdo que firmaron con el sindicato los hospitales de colectividad (como el Alemán o el Italiano), que tienen un convenio propio.

Discusión por los recursos

“En el sindicato saben que las clínicas no tenemos los recursos para ese aumento”, afirmó Cherro. El dirigente también se quejó de que se esté haciendo referencia a lo firmado por los hospitales. “Nuestra realidad es diferente a la de un grupo de prestadores que están sólo en la Capital Federal; nosotros tenemos otro convenio y por lo tanto queremos negociar, no que nos digan qué firmar”, replicó.

“No aceptamos medidas de fuerza porque estamos en negociación. Vamos a informar al Ministerio [de Trabajo] para que tome cartas, porque nos parece extemporánea la actitud del sindicato”, afirmó Cherro.

Las clínicas vienen haciendo reclamos por la crisis del sector y el constante aumento del costo prestacional desde hace años. West Ocampo rechaza el argumento de que ahora no están los recursos para pagar el aumento salarial: “No es cierto que no tengan plata”, afirmó. Y agregó: “Ellos aumentan sus aranceles a las obras sociales más de lo que nosotros pedimos como aumento de salarios”.

Para los representantes de las clínicas, hay diversas situaciones entre las entidades, con situaciones más críticas en el interior.

West Ocampo dijo que hay disposición para negociar. “Una cosa es sentarse a la mesa con una actitud de debilidad, y otra es ir con el sindicato movilizado”, argumentó.

Ayer, el secretario general de la seccional La Plata del sindicato, Pedro Borgini, emitió un comunicado advirtiendo que, en virtud del estado de alerta declarado, habrá asambleas en los establecimientos.

La Nacion
30/07/2010