SERGIO ROCAMORA

Turismo y Consumo: Responsabilidad objetiva del hotelero por servicios ofrecidos

2018-02-02T18:29:00.000-03:00

Responde el titular del Complejo Vacacional por los daños sufridos por la actora al caerse de una de las bicicletas que se ofrecían como parte de los servicios en el complejo hotelero.

Aplica responsabilidad objetiva y teoría de las cargas dinámicas al estar en mejores condiciones de probar el demando y con los elementos aportados por la actora como consumidor tiene por acreditado el incumplimiento del deber de seguridad por parte del complejo vacacional, desplazando sobre el mismo la carga de demostrar el uso indebido por parte de la víctima o las condiciones tales de provocar la rotura del rodado por parte del consumidor o de autoinferirse el daño. De esta forma, si el demandado lo acredita sin dudas, se puede sostener la alegada culpa de la víctima que en este caso se rechaza por entender inexistente.

Caso: la actora y su cónyuge adquirieron una estadía en el Centro Turístico vacacional Ymcapolis, que la demandada Asociación Cristiana de Jóvenes de la República posee en Villa Arcadia, Sierra de la Ventana (Provincia de Buenos Aires). Mientras andaba en una bicicleta proporcionada por el establecimiento experimentó una caída y sufrió una fractura en el brazo y fue atendida en una sala de primeros auxilios de la zona y que se le colocó un yeso. Se "fracturó la muñeca izquierda y se lesionó el codo del mismo lado. Fue asistida primero en un establecimiento de Sierra de la Ventana, en donde se le colocó un yeso.Luego, consultó con un médico traumatólogo, se le practicó una corrección quirúrgica y, finalmente, el 8 de marzo de 2012 se realizó una cirugía de la muñeca izquierda. Debió permanecer con el brazo inmovilizado y recibió tratamiento kinésico". Pericia: determina "cicatriz de 7 cm., con protuberancia blanda visible en el extremo discal, por la que estimó una minusvalía del 4% TO. Al realizar el examen de funcionalidad de ambas manos encontró pérdida en la potencia de apriete de la mano izquierda, equivalente a la limitación de 40 grados de la articulación metacarpo falángica. Como la articulación interfalángica proximal no se encuentra afectada, el experto asignó otro 4% TO por esta limitación".

El Tribunal entiende que "... las leyes de protección de los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata, pues dicha norma es de raigambre constitucional y está estructurada sobre la base de una razonable aplicación del principio protectorio propio del Derecho del Consumo, que el Cód. Civil y Comercial de la Nación recoge no sólo para los contratos en general (arts. 1096 a 1122 del Código Civil y Comercial de la Nación), sino que también extiende a ámbitos específicos".

El Tribunal señala que "cuando un hecho tiene lugar en forma súbita o inesperada es razonable que la víctima encuentre dificultades para acreditar de manera incontestable cómo sucedió". Si solamente pudiera probarse el infortunio por prueba directa, muchos daños injustos quedarían sin reparación, pues no sería correcto obligar al damnificado -sobre todo cuando ha sido dañado en su integridad física- a que en medio de su desconcierto y dolor se ocupe de preconstituir prueba para un futuro juicio".

Se desplaza "sobre la demandada la carga de acreditar el uso indebido o en condiciones tales de provocar la rotura".

Se aplica al caso la responsabilidad objetiva como forma de aligerar la carga de prueba del consumidor, presumiendo "la responsabilidad para favorecer a quienes sufren daños y tropiezan generalmente con dificultades para probar los factores de atribución subjetivos. El otro mérito importante es trasladar el costo del daño sobre quien está en mejores condiciones para soportarlo". Este mecanismo de atribución legal de desplazamiento no pretende ser una sanción sino trasladar las consecuencias dañosas a un sujeto distinto

As´"...basta con acreditar la sola existencia de un menoscabo, experimentado en el ámbito del contrato para tener por configurado un incumplimiento de esa obligación, sin que sea necesario probar, además, cuál fue la cosa generadora de ese perjuicio y qué características tenía. De lo expuesto se infiere que más allá de s i la bicicleta en movimiento es o no una cosa inerte, en el caso, su utilización como parte de los servicios ofrecidos y el daño ocurrido en el predio de la emplazada, son suficientes elementos para tener por acreditado el incumplimiento del deber de seguridad y, por ende, para desplazar sobre la demandada la carga de demostrar el uso indebido por parte de la víctima o en condiciones tales de provocar la rotura y de autoinferirse el daño. Sólo así se hubiera podido acreditar la alegada culpa de la víctima (art. 40 ley 24.240).

"...como parte del atractivo para los turistas, en el complejo de la demandada se facilitan o alquilan bicicletas. De allí, cuanto menos, éstas deben encontrarse en buenas condiciones para evitar daños a los usuarios, presupuesto que no se verifica en el caso pues la testigo presencial pudo observar que la cadena estaba fuera de su sitio. Repárese que no es habitual que una simple caída tenga entidad para desarmar el mecanismo que permite la tracción de un biciclo.Si ello sucede con facilidad y sin la intervención activa de quien la conduce, es dable presumir que tenía un vicio que lo hacía impropio para su destino y que la entidad accionada no verificó ese extremo antes de poner las bicicletas a disposición de los turistas, generando -así- un peligro potencial para la integridad física de éstos. En la especie, la emplazada no ha ofrecido ninguna prueba tendiente a demostrar la causal de exoneración articulada. Pretender -como se infiere de las quejas- que sea la actora quien demuestre en forma pormenorizada y exhaustiva, que la caída no obedeció a su impericia o falta de cuidado, importa desvirtuar el funcionamiento de las reglas de la responsabilidad objetiva -deber de seguridad- aplicable al caso".

Indemnización

Computando el Tribunal "la edad de la víctima al momento del hecho -57 años- su estado civil -casada- y las circunstancias vitales que surgen de estos autos y del incidente sobre beneficio para litigar sin desembolso de gastos", el salario mínimo vital y móvil -$ 8.060- y una tasa de descuento del 8%, la Cámara reduce la reparación a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000).

Daño moral: EL Tribunal se inclina por asignar al daño moral carácter resarcitorio y entiende que "la víctima debió experimentar mientras disfrutaba sus vacaciones.."lo cual "...terminó con la ilusión de tener un apacible descanso, sino que derivó en atenciones médicas, con intervención quirúrgica, dolores y limitaciones en el movimiento" reconoce la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000)

Fallo Completo

En Buenos Aires, a los días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, hallándose reunidas las señoras jueces de la Sala “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dras. María Isabel Benavente, Mabel De los Santos y Elisa M. Diaz de Vivar, a fin de pronunciarse en los autos “Garrobo, Estela c/Asociación Cristiana de Jóvenes de la República s/daños y perjuicios”, expediente n° 106.826/2013, la Dra. Benavente dijo:

I.- La sentencia de fs. 227/236 hizo lugar a la demanda y condenó a la emplazada -con extensión a su seguro- a abonar la suma que indica, con más sus intereses y las costas del juicio. Viene apelada por la actora y la citada en garantía. En tanto la primera procura se eleve el quantum de las indemnizaciones concedidas, el seguro cuestiona la responsabilidad que se le endilgó a la demandada y, en subsidio, solicita se reduzcan los montos indemnizatorios.

II.- Ante todo, examinaré las normas a la luz de las cuales corresponde estudiar el caso. El art. 7° del Código Civil y Comercial reproduce -en lo sustancial y en lo que aquí interesa- el art. 3° del código derogado, según la modificación introducida en su momento por la ley 17.711. Rigen, entonces, los principios de irrectroactividad y de aplicación inmediata de la ley, en virtud de los cuales la nueva disposición se aplica hacia el futuro, pudiendo alcanzar los tramos de situaciones jurídicas que no se encuentran aprehendidas o alcanzadas por la noción de consumo jurídico (conf. ROUBIER, PAUL, Le droit transitoire (Conflicts des lois dans le temps), 2ª ed. Pariz, ed. Dalloz et Sirey, 1960, nro. 42, p. 198 y nro. 68, p.334, citado por Kemelmajer de Carlucci, El artículo 7 del 1 Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme, La Ley Online AR/DOC/1330/2015). La nueva normativa mantiene, sin embargo, la excepción al principio de aplicación inmediata cuando se trata de contratos en curso de ejecución. En tal caso, se aplica la ley vigente al momento de la celebración del acuerdo, que regirá durante toda la vida de la relación jurídica hasta su extinción. Es lo que se conoce como principio de ultractividad de la ley, esto es, la ley supletoria ha sido derogada y modificada por otra pero, por aplicación del principio de libertad contractual, perdura hasta la extinción de la relación jurídica (conf. Borda, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil. Parte general”, La Ley, 13º ed. Bs.As. 2008, t. 1, p. 169). Siempre, claro está, que no se trate de normas supletorias más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. En tales condiciones, las leyes de protección de los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata, pues dicha norma es de raigambre constitucional y está estructurada sobre la base de una razonable aplicación del principio protectorio propio del Derecho del Consumo, que el Cód. Civil y Comercial de la Nación recoge no sólo para los contratos en general (arts. 1096 a 1122 del Código Civil y Comercial de la Nación), sino que también extiende a ámbitos específicos (conf. Aída Kelmemajer de Carlucci “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, 1era. edición, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág.61).

III.- Por estrictas razones de orden metodológico, corresponde examinar en primer lugar las quejas de “La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA”.

Al contestar la citación en garantía, la recurrente admitió expresamente que la actora y su marido adquirieron una estadía en el Centro Turístico vacacional Ymcapolis, que la demandada posee en Villa Arcadia, Sierra de la Ventana (Provincia de Buenos Aires). También sostuvo que mientras Garrobo andaba en una bicicleta proporcionada por el establecimiento experimentó una caída y sufrió una fractura en el brazo, aunque afirmó que se trató de un infortunio casual, tal vez por falta de dominio del rodado. Asimismo, reconoció que fue atendida en una sala de primeros auxilios de la zona y que se le colocó un yeso. Con sustento en la declaración de Pazos (fs. 85), la sentencia recurrida tuvo por acreditado que el siniestro obedeció a una deficiencia en la bicicleta cuya cadena se salió y provocó el infortunio por el que reclama Estela Garrobo. La compañía aseguradora -que no cuestionó el encuadre jurídico efectuado por el primer juzgadorafirmó que la actora debió probar que el biciclo no se encontraba en condiciones previsibles y normales de uso y que esa fue la causa adecuada del accidente, extremo que, a su modo de ver, no puede ser acreditado con la única prueba ofrecida por la víctima. Recuerdo que según el art. 377 del Cód. Procesal, corresponde la carga de la prueba a quien afirme la existencia de un hecho controvertido; y “cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción”. Vale decir, dicha disposición requiere la existencia de la compatibilidad entre los presupuestos de hecho contenidos en las normas de las cuales las partes persiguen la obtención de un efecto jurídico favorable. Para acreditar la deficiente prestación del servicio, la actora ofreció prueba de testigos. De los tres propuestos, sólo 3 compareció Pazos, quien declaró a fs. 85.Explicó que si bien no se hospedaba en el predio de la demandada, se encontraba recorriendo el parque junto a su esposo, por estar permitido el ingreso de terceros. En esas circunstancias, dijo haber presenciado la caída de Garrobo y, al acercarse para ayudarla, vio que la bicicleta estaba caída. Señaló que “la “señora decía que se había salido la cadena y efectivamente… estaba salida…”. Esta declaración no fue impugnada por la emplazada, que sólo se limitó a considerar que era insuficiente para probar que las lesiones experimentadas obedecieron a un vicio de la cosa.

A partir de esos elementos, coincido con el Sr. Juez de grado, en que las circunstancias en que tuvo lugar el accidente se encuentran suficientemente acreditadas. No se diga que los dichos de ésta carecen de fuerza convictiva, toda vez que por más que Pazos no estuviera alojada en el predio, la emplazada no cuestionó que éste sea de acceso público -como afirma la testigo- y, por ende, nada impedía que pudiera caminar por el interior del complejo (art. 456 CPCCN). En tales condiciones, la aseveración formulada -cuya sinceridad está fuera de discusión- es suficiente para tener por probado el hecho y el deficiente funcionamiento de la cosa y, por ende, para desplazar sobre la demandada la carga de acreditar el uso indebido o en condiciones tales de provocar la rotura. Repárese que cuando un hecho tiene lugar en forma súbita o inesperada es razonable que la víctima encuentre dificultades para acreditar de manera incontestable cómo sucedió. Si solamente pudiera probarse el infortunio por prueba directa, muchos daños injustos quedarían sin reparación, pues no sería correcto obligar al damnificado -sobre todo cuando ha sido dañado en su integridad física- a que en medio de su desconcierto y dolor se ocupe de preconstituir prueba para un futuro juicio. Precisamente, uno de los méritos más relevantes de la responsabilidad objetiva es aligerar la carga probatoria de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o debilidad para hacerlo (conf.Josserand, Louis, “Derecho Civil”, t. II, v. I (Teoría general de las obligaciones), p. 378, trad. de Santiago Cunchillos y Manterola, Buenos Aires, 1950). La respuesta del derecho en estos casos es presumir la responsabilidad para favorecer a quienes sufren daños y tropiezan generalmente con dificultades para probar los factores de atribución subjetivos. El otro mérito importante es trasladar el costo del daño sobre quien está en mejores condiciones para soportarlo. En palabras de Lambert-Faivre, esto implica la evolución de una deuda de responsabilidad a un crédito de indemnización (conf. Lambert-Faivre, Yvonne, “La evolución de la responsabilidad civil de una deuda de responsabilidad a un crédito de indemnización”, trad. Eliana Núñez, en: Alterini, Atilio- López Cabana, Roberto, “Derecho de daños (y otros estudios)”, p. XIII, Buenos Aires, Argentina, 1992).

Así entendida, la responsabilidad civil no es una forma de sancionar al culpable sino de trasladar las consecuencias dañosas a un sujeto distinto del que las sufrió cuando existe una razón que justifique tal desplazamiento (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída-Parellada, Carlos, “Factores objetivos de atribución”, p. 187, en: Mosset Iturraspe (dir.), “Responsabilidad civil”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1992). Pues bien, a la luz de lo expuesto, si de la protección de la parte débil del contrato se trata, no es extraño que el régimen aplicable a los daños causados en las relaciones de consumo se asiente en el factor objetivo de atribución (art. 5,6 y 40 de la ley 24.240 y sus modificatorias), que es la respuesta más adecuada para satisfacer la directiva que establece el art. 42 CN. En este sector del derecho, es decir, tratándose de una relación de consumo, el prestador del servicio asume un deber de seguridad de resultado, esto es, debe suministrar el servicio en condiciones tales que no se produzcan daños a la persona o a los bienes del contratante (conf. Trigo Represas, Félix A.”Responsabilidad por daños sufridos por la caída de un consumidor en un supermercado, provocada por pisos en mal estado” LA LEY 2011-C, 1). En estos casos, a diferencia del régimen de la responsabilidad extracontractual que prevé el art. 1113 del Código Civil, que obliga al pretensor a probar el contacto material entre la cosa riesgosa o viciosa y la sede del daño, basta con acreditar la sola existencia de un menoscabo, experimentado en el ámbito del contrato para tener por configurado un incumplimiento de esa obligación, sin que sea necesario probar, además, cuál fue la cosa generadora de ese perjuicio y qué características tenía. De lo expuesto se infiere que más allá de s i la bicicleta en movimiento es o no una cosa inerte, en el caso, su utilización como parte de los servicios ofrecidos y el daño ocurrido en el predio de la emplazada, son suficientes elementos para tener por acreditado el incumplimiento del deber de seguridad y, por ende, para desplazar sobre la demandada la carga de demostrar el uso indebido por parte de la víctima o en condiciones tales de provocar la rotura y de autoinferirse el daño. Sólo así se hubiera podido acreditar la alegada culpa de la víctima (art. 40 ley 24.240). En efecto, no se discute que como parte del atractivo para los turistas, en el complejo de la demandada se facilitan o alquilan bicicletas. De allí, cuanto menos, éstas deben encontrarse en buenas condiciones para evitar daños a los usuarios, presupuesto que no se verifica en el caso pues la testigo presencial pudo observar que la cadena estaba fuera de su sitio. Repárese que no es habitual que una simple caída tenga entidad para desarmar el mecanismo que permite la tracción de un biciclo.Si ello sucede con facilidad y sin la intervención activa de quien la conduce, es dable presumir que tenía un vicio que lo hacía impropio para su destino y que la entidad accionada no verificó ese extremo antes de poner las bicicletas a disposición de los turistas, generando -así- un peligro potencial para la integridad física de éstos. En la especie, la emplazada no ha ofrecido ninguna prueba tendiente a demostrar la causal de exoneración articulada. Pretender -como se infiere de las quejas- que sea la actora quien demuestre en forma pormenorizada y exhaustiva, que la caída no obedeció a su impericia o falta de cuidado, importa desvirtuar el funcionamiento de las reglas de la responsabilidad objetiva -deber de seguridad- aplicable al caso. En consecuencia, propongo al Acuerdo rechazar los agravios de la citada ene garantía y confirmar en este punto la sentencia.

IV.- Ambas partes se agravian por la cuantía de los daños establecida en el pronunciamiento. a) Incapacidad sobreviniente: Por incapacidad sobreviniente debe entenderse cualquier alteración del estado de salud física o psíquica de una persona que le impide gozar de la vida en la medida en que lo hacía con anterioridad al hecho, con independencia de cualquier referencia a su capacidad productiva (conf. Alpa-Bessone, “Il fatti illeciti”, en Tratatto de Diritto Privato (dir. Resigno), XIV-6, p- 9. La protección de la integridad corporal y la salud estuvo implícitamente consagrada en la Constitución Nacional de 1853 (S.C.J.Mendoza, sala I, marzo 1- 1993, “Fundación Cardiovascular de Mendoza c/Asociación de Clínicas de Mendoza” E.D. T. 153 pág. 163 con nota de Susana Albanese) y, explícitamente, en el art. 42 de la Carta Magna y a través de la incorporación de los tratados internacionales, en la modificación de 1994. Así, tal protección resulta, entre otros, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25.1:”Todo ser humano tiene el derecho a un nivel de vida que le permita a él mismo y a su familia gozar de salud y bienestar; tiene derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia”); del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12.1: “Los Estados se comprometen al reconocimiento de derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”); de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5.1: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y art. 11.1: “Toda persona tiene el derecho… al reconocimiento de su dignidad”); del art. 18 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”). Por otro lado, participo de la opinión según la cual el “daño psicológico” carece de autonomía (CNCiv., Sala G, LA LEY 1995-E-, págs. 461/277, “T.I.A. c/ Casagrande”, del 22 de marzo de 1995, entre otros). Esto significa que tales afecciones no configuran un tercer género independiente de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, porque se distingue previamente el bien jurídico lesionado -integridad corporal, derecho de la personalidad- de las consecuencias que su ilegítima afectación provoca; lo que no impide, desde luego, que si un hecho lesivo de esa naturaleza genera disminución de posibilidades de obtención de ganancias mediante actividad retribuida, comporte un daño patrimonial indirecto que pasará a integrar la partida “incapacidad”. A raíz de la caída, Estela Garrobo se fracturó la muñeca izquierda y se lesionó el codo del mismo lado. Fue asistida primero en un establecimiento de Sierra de la Ventana, en donde se le colocó un yeso.Luego, consultó con un médico traumatólogo, se le practicó una corrección quirúrgica y, finalmente, el 8 de marzo de 2012 se realizó una cirugía de la muñeca izquierda. Debió permanecer con el brazo inmovilizado y recibió tratamiento kinésico.

Luego de practicados los estudios de rigor, el Dr. Magaldi -designado perito médico de oficio- comprobó una cicatriz de 7 cm., con protuberancia blanda visible en el extremo discal, por la que estimó una minusvalía del 4% TO. Al realizar el examen de funcionalidad de ambas manos encontró pérdida en la potencia de apriete de la mano izquierda, equivalente a la limitación de 40 grados de la articulación metacarpo falángica. Como la articulación interfalángica proximal no se encuentra afectada, el experto asignó otro 4% TO por esta limitación. En ambos casos, atribuyó relación causal a las secuelas con el hecho (ver fs. 130/134). El informe fue observado a fs.137ss y fs. 206. Desde el punto de vista psicológico, la Lic. Chambo no encontró discapacidad de carácter permanente pues señaló que el cuadro neurótico desapareció. De todos modos, consideró que existen aún indicadores de trastornos de la autoestima, por lo cual aconsejó realizar tratamiento psicoterapéutico (conf. fs. 121/123). Para fijar el monto de este perjuicio, cuadra tener primordialmente en cuenta que el derecho a la reparación del daño injustamente experimentado tiene jerarquía constitucional, toda vez que el neminem laedere, reconoce su fuente en el art. 19 CN (CSJN, “in re” “Santa Coloma” (Fallos 308:1160); Ghünter”, (Fallos 308:111; “Aquino” (Fallos 327:3753). Por otra parte, la indemnización debe ser adecuada para dar satisfacción al principio de la reparación plena, al que se refiere el art. 1740 del nuevo Código Civil y Comercial. Esta se asienta en cuatro reglas fundamentales: el daño debe ser fijado al momento de la decisión; la indemnización no debe ser inferior al perjuicio, la apreciación debe formularse en concreto y no debe ser superior al daño sufrido (conf.Pizarro, Ramón D., “El principio de reparación plena del daño. Situación actual. Perspectiva”, en Separata de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 199. No debe soslayarse que una lectura sesgada del art. 1746 del CCyC hace referencia a la adopción de determinadas pautas que darían cuenta de que debería emplearse un criterio matemático para calcular el resarcimiento. Así, según dicha disposición, en el caso de lesiones, la indemnización debe consistir en una suma de capital que, debidamente invertido, produzca una renta que permita al damnificado continuar percibiendo durante su vida útil una ganancia que cubra la disminución de su aptitud para realizar actividades productivas o económicamente favorables, y que se agote al término del plazo que razonablemente pudo continuar realizando esas tareas. Como se advierte, esta fórmula, prevista para el caso de incapacidad permanente, en base a la función resarcitoria (arts. 1708 y 1716), al principio de inviolabilidad de la persona humana (art. 51) y al de la reparación plena (art. 1740), todos ellos objetivos de la responsabilidad civil, junto con el deber de prevención (arts. 1708 y 1710), forman un dispositivo que es necesario tener primordialmente en cuenta para cuantificar el perjuicio producido (conf. Galdós, en Lorenzetti (dir) “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, 1º ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 294). Se trata de una herramienta, es decir, de una pauta orientadora para lograr acercarse en forma objetiva a la reparación adecuada pero que no descarta la aplicación de las particularidades del caso que son, justamente, las que permiten a los jueces resolver con justicia cada situación individual. En la especie, la única incapacidad irreversible que ha sido peritada es la de índole física por la que el perito estimó el 8% TO. Para ello tomó en consideración el problema funcional -afortunadamente de menor importancia- y las cicatrices remanentes en el brazo.En este punto considero que la demandada y su seguro tienen bastante razón, porque el 4% computado por este último menoscabo parece excesivo, sobre todo si no inciden sobre la vida productiva sino sólo en la vida de relación. Por tanto, sólo tomaré en cuenta el 6% TO, comprensiva de las proyecciones que esas cicatrices irregulares pueden traer aparejadas en el diario vivir (art. 477 CPCCN), aunque como daño a un bien de la personalidad, habré de justipreciarlas al valorar el daño extrapatrimonial.

Por tanto, en función del art. 1746 citado tomaré en cuenta las variables del caso, esto es, la edad de la víctima al momento del hecho -57 años- su estado civil -casada- y las circunstancias vitales que surgen de estos autos y del incidente sobre beneficio para litigar sin desembolso de gastos (expte. N. 106.820/2013). Computaré -asimismo- el salario mínimo vital y móvil -$ 8.060- y una tasa de descuento del 8%. Sobre esa base estimo que deberá reducirse la reparación a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000). b) Daño moral: Desde siempre, me incliné po r la corriente que asigna al daño moral carácter resarcitorio (conf. CSJN, del 24-8-95, “Pérez, Fredy c/ Ferrocarriles Argentinos”, JA 1997-III, síntesis; CNCiv., Sala A, del 1-10-85, LL 1986-B, pág. 258; ídem, Sala C, del 8-6-93, JA 1994-IV-síntesis; ídem, Sala F, JA 1988-IV, pág. 651), ya que busca en definitiva contribuir a compensar la conmoción que el padecimiento genera mediante el alivio que puede importar la suma que se otorga (conf. Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría Gral. de la Responsabilidad Civil”, Buenos Aires, 1989, p. 179 y sigtes., Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, F.A., “Derecho de Obligaciones”, La Plata, 1969, t. I, p.251 y sgtes.). No queda reducido al clásico “Premium doloris” (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.), sino que además de ello, apunta a toda lesión del espíritu que se traduce en alteraciones desfavorables para las capacidades del individuo de sentir -“lato sensu”-, de querer y de entender (conf. Bueres, Alberto J., “El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la psique, a la vida de relación y a la persona en general”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario”, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, Nº 1, 1992, pág. 237 a 259; Pizarro, Ramón Daniel, “Reflexiones en torno al daño moral y su reparación”, JA, 1986-III- 902 y 903; Zavala de González, Matilde, “El concepto de daño moral”, JA, 1985-I- 727 a 732). Este criterio es el que finalmente prevaleció en el Código Civil y Comercial (art. 1740 “in fine”). A partir de la perspectiva señalada, no abrigo dudas del menoscabo que la víctima debió experimentar mientras disfrutaba sus vacaciones. El hecho no sólo terminó con la ilusión de tener un apacible descanso, sino que derivó en atenciones médicas, con intervención quirúrgica, dolores y limitaciones en el movimiento. Por todo ello, corresponde reconocer la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) que estimo adecuada para proporcionar las satisfacciones compensatorias que mitiguen el daño causado.

V.- En síntesis. Propongo al Acuerdo confirmar la sentencia en lo principal que decide y modificarla en los siguientes puntos: a) reducir el monto de la incapacidad a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000) y b) elevar la cuantía del daño moral a la cantidad de PESOS CUARENTA MIL ($40.000). De compartirse, las costas de Alzada serán impuestas a la citada en garantía que resulta vencida, por aplicación del criterio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN) del que no encuentro motivos para apartarme. Las Dras. Mabel De los Santos y Elisa M. Diaz de Vivar adhieren por análogas consideraciones al voto precedente.Con lo que terminó el acto, firmando las señoras jueces por ante mi que doy fe. Fdo.: María Isabel Benavente, Mabel De los Santos, Elisa M. Diaz de Vivar.

Ante mí, María Laura Viani (Secretaria). Lo transcripto es copia fiel de su original que obra en el libro de la Sala. Conste.

Buenos Aires, agosto de 2017.

Y Visto: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) confirmar la sentencia en lo principal que decide y modificarla en los siguientes puntos: a) reducir el monto de la incapacidad a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000) y b) elevar la cuantía del daño moral a la cantidad de PESOS CUARENTA MIL ($40.000). 2) Imponer las costas de Alzada serán impuestas a la citada en garantía que resulta vencida, por aplicación del criterio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN). 3) En atención a la forma en que se resuelve que modifica la base regulatoria, déjase sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia de grado anterior (conf. art.279 del Código Procesal) y en consecuencia, procédese a adecuar las mismas de conformidad a la normativa legal mencionada. I – Por la labor letrada realizada en la instancia anterior se tendrá en consideración la naturaleza del asunto, el mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad, la eficacia y la extensión de los trabajos realizados, las etapas procesales cumplidas, el resultado obtenido, la trascendencia jurídica y moral del litigio, el monto del proceso y las pautas legales de los arts. 6, 7, 9, 14, 19, 37 y cc. de la ley 21.839 -t.o.24.432.

En consecuencia con lo expuesto, fíjanse los honorarios del Dr. Gonzalo Patricio Riquelme en su carácter de letrado patrocinante de la parte actora por su labor en la primera etapa, en la suma de PESOS ($.) y los de la Dra.Graciela Irene Faldetta, en el mismo carácter por su labor en la segunda y tercera etapa, la suma de PESOS ($.). Al letrado apoderado de la parte la citada en garantía, Dr. Alberto José Bunge, por su labor en las tres etapas, la suma de PESOS ($.). Al Dr. José María Ojea, por su labor en las dos primeras etapas, en su carácter de letrado apoderado de la parte demandada, la suma de PESOS . ($.).

II.- En el caso de los peritos intervinientes se ponderará la naturaleza del peritaje, apreciado por su calidad, importancia, complejidad, extensión y mérito técnico-científico del mismo, monto económico comprometido, proporcionalidad que deben guardar estos emolumentos en relación a los de los letrados actuantes en el juicio (cf. art. 478 del CPCCN). Se fijan los honorarios del perito médico, Dr. Pablo Magaldi, por su informe pericial de fs. 130/4, la suma de PESOS ($.) y a la perito psicóloga, Lic. Amalia Cecilia Chambo por su dictamen de fs. 121/3, la suma de PESOS ($.).

III- Ponderando las constancias de autos, naturaleza del asunto, monto económico comprometido y pautas legales del art.2, inciso e) del Anexo I del Decreto Reglamentario 2536/2015, regulase los honorarios del Dr. Hernán Gabriel Sosto, en la suma de PESOS ($.).

IV- Finalmente y por la labor profesional realizada en esta instancia y que culminó con el dictado de la presente sentencia definitiva, regúlase a la Dra. Graciela Irene Faldetta, la suma de ($.) y al Dr. Alberto José Bunge, la suma de PESOS ($.), conf. art.14, ley de Arancel). Regístrese, notifíquese por Secretaría y oportunamente devuélvase.-

Maria Isabel Benavente

Mabel De Los Santos

Elisa M. Diaz De Vivar

Maria Laura Viani

"Garrobo Estela c/ Asociación Cristiana de Jóvenes de la República s/ daños y perjuicios", Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, 01/09/2017 - Cita: MJ-JU-M-107707-AR | MJJ107707 | MJJ107707

Fuente: Ed. Microjuris.com Argentina - Cuadro de rubros indemnizatorios: https://microjurisar.files.wordpress.com/2018/01/recorte.png

Información, Publicidad Engañosa y Consumidores

2018-01-29T20:05:00.000-03:00

Un reciente fallo del Tribunal de Justicia Europeo (8 de febrero de 2017 asunto C-562/15) nos permite ver aún más claro el concepto de información, el de publicidad y cuando la misma es engañosa llevando los mismos al derecho de consumo argentino.

Nuestro derecho local es muy impreciso respecto de los parámetros y conceptos legales que definen a la publicidad dirigida a consumidores y más cuando se trata de engañosa.

En Europa la publicidad comparativa se encuentra permitida mientras respete ciertos criterios legales que pretenden preservar el concepto de comparación netamente vinculado al derecho de información de los consumidores.

El fallo trata específicamente sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa respecto de un litigio entre grandes supermercados (Carrefour e ITM).

Recuerda este Tribunal que "...la licitud de la publicidad comparativa en toda la Unión debe apreciarse únicamente a la luz de los criterios establecidos por el legislador de la Unión (véanse las sentencias de 8 de abril de 2003, Pippig Augenoptik, C‑44/01, EU:C:2003:205, apartado 44, y de 18 de noviembre de 2010, Lidl, C‑159/09, EU:C:2010:696, apartado 22)".

Enseña el Tribunal Europeo que en su reiterada jurisprudencia "la publicidad comparativa contribuye a poner de manifiesto de manera objetiva las ventajas de los distintos productos comparables y, de este modo, a estimular la competencia entre los proveedores de bienes y servicios en beneficio de los consumidores, los requisitos exigidos a esta publicidad deben interpretarse en el sentido más favorable, garantizando al mismo tiempo que la publicidad comparativa no se utilice de manera desleal y contraria a la competencia o de modo que perjudique a los intereses de los consumidores (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de octubre de 2001, Toshiba Europe, C‑112/99, EU:C:2001:566, apartados 36 y 37; de 19 de septiembre de 2006, Lidl Belgium, C‑356/04, EU:C:2006:585, apartado 22, y de 18 de noviembre de 2010, Lidl, C‑159/09, EU:C:2010:696, apartados 20 y 21 y jurisprudencia citada)".

El término y su contenido es de importancia porque la publicidad engañosa constituye, además, un concepto extrapenal que en el Derecho Europeo concurre a configurar no solo infracciones administrativas sino criminales. Ello ocurre con el delito específico en el artículo 282 del Código Penal Español el cual tipifica la conducta de publicidad engañosa.

Para nuestro caso en argentina, no estando permitida la publicidad comparativa, nos interesa rescatar el alcance del concepto de información y de publicidad para los consumidores.

Siguiendo los lineamientos del máximo tribunal de referencia podemos sostener válidamente para nuestro derecho local que la publicidad comparativa tiene por finalidad "…poner de manifiesto de manera objetiva las ventajas de los distintos productos comparables y, de este modo, a estimular la competencia entre los proveedores de bienes y servicios en beneficio de los consumidores" (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de octubre de 2001, Toshiba Europe, C‑112/99, EU:C:2001:566, apartados 36 y 37; de 19 de septiembre de 2006, Lidl Belgium, C‑356/04, EU:C:2006:585, apartado 22, y de 18 de noviembre de 2010, Lidl, C‑159/09, EU:C:2010:696, apartados 20 y 21 y jurisprudencia citada).

Siguiendo la línea del máximo tribunal europeo podemos sostener entonces válidamente que existe publicidad engañosa cuando la misma "omite una información sustancial que necesita el consumidor medio, habida cuenta del contexto, para adoptar una decisión sobre una transacción con conocimiento de causa, o que disimula esta información o la proporciona de manera poco clara, ininteligible, ambigua o extemporáneamente, y que, por consiguiente, puede llevar al consumidor medio a adoptar una decisión sobre una transacción que de otro modo no habría adoptado”.

Así podemos considerar que una publicidad es engañosa para los consumidores cuando “de cualquier modo, por acción o por omisión, pueda inducir a error a los consumidores a los que se dirige y afectar su comportamiento económico…”.

También es engañosa “una publicidad que omite una información sustancial que necesita el consumidor medio, habida cuenta del contexto, para adoptar una decisión sobre una transacción con conocimiento de causa, o que disimula esta información o la proporciona de manera poco clara, ininteligible, ambigua o extemporáneamente, y que, por consiguiente, puede llevar al consumidor medio a adoptar una decisión sobre una transacción que de otro modo no habría adoptado” (artículo 4, letra a), de la Directiva 2006/114, en relación con el artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva 2005/29).

Respecto del concepto de “información esencial”, el Tribunal Europeo señala que la normativa aplicable (Directiva 2005/29) no define en que consiste. Pero que no obstante ello construye ese concepto tomando el artículo 7, apartados 1 y 2 de esa Directiva.

Así la información que se considera esencial es la información que necesita el consumidor medio, habida cuenta del contexto, para adoptar una decisión sobre una transacción con conocimiento de causa y, en consecuencia, cuya omisión puede llevarle a adoptar una decisión sobre una transacción que de otro modo no habría adoptado.

El Tribunal Europeo le reclama a los tribunales nacionales verificar, conforme las circunstancias de cada caso, “teniendo en cuenta los consumidores a los que va dirigida, si una publicidad puede tener tal carácter engañoso” y “tomar en consideración qué percepción tiene el consumidor medio de los productos o servicios objeto de la publicidad de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”

Plazo Razonable. Demora procesal no puede recaer sobre los imputados

2018-01-17T13:49:00.002-03:00

La Corte Federal vuelve, con nueva composición, sobre sus antecedentes y los confirma en favor del plazo razonable y defensa en juicio cuando se trata del conflicto de esa garantía con el ejercicio de la acción penal estatal y los procedimientos recursivos.

Caso

La defensa se agravió ante la CSJN contra la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (aquí fallo), que por mayoría confirmó la condena como coautores del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y rechazó los argumentos de violación de plazo razonable.

Los hechos imputados por los que se dictó condena -estafa contra la administración pública, arts. 172 y 174 inc. 5° del Código Penal impusieron las penas de cuatro años de prisión, inhabilitación especial por igual término para ejercer cargos sindicales y multa,

El Tribunal Oral Criminal de General Roca tuvo por acreditada la comisión del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, ocurrida en el año 1999, en Bariloche contra Omar Goye, ex intendente de Bariloche (destituido en 2013) y los sindicalistas Walter Cortés, de la Asociación de Empleados de Comercio, Ovidio Zúñiga de Uthgra y el Secretario General de la UOCRA de Neuquén, Víctor Cárcar quienes en abril de 2014 fueron condenados a cuatro años de prisión por la defraudación al policlínico sindical Arbos de Bariloche en 1999 (ver info pública http://www.telam.com.ar/notas/201508/118113-reves-judicial-ex-dirigentes-sindicales-bariloche-por-subsidios.php).

Los mismos fueron imputados En la causa se investigó la obtención fraudulenta de subsidios del Ministerio de Salud de la Nación, durante los años 1999 y 2000, destinados al apoyo a obras sociales, por parte directivos de la Asociación Regional Bariloche de Obras Sociales (ARBOS) que habría provocado un perjuicio al Estado del orden de los dos millones de pesos. El directorio estaba integrado por los nombrados y por Omar Goye, como contador de dicha entidad.

Por el mismo plazo Cortés, Zúñiga y Cárcar fueron inhabilitados para actuar en los gremios y a Goye no se le permitirá ejercer la profesión de contador; además el TOF les aplicó multas de 45.000 pesos a cada uno en concepto de restitución de los subsidios de Nación, que ascendieron a dos millones de pesos y deberán afrontar las costas del juicio. (info pública en http://www.telam.com.ar/notas/201508/118113-reves-judicial-ex-dirigentes-sindicales-bariloche-por-subsidios.php)

Los hechos que dieron origen a la acusación son del año 1999.

La investigación se inició en el año 2002.

La citación a indagatoria fue en el año 2003.

Las requisitorias de "elevación a juicio se formularon en el año 2006.

La citación a juicio es de fecha 28 de abril de 2008

La sentencia condenatoria es del 7 de abril de 2014.

Confirmándose la sentencia condenatoria en febrero de 2016.

El agravio de la defensa es que la duración del proceso excedía el doble del plazo previsto en abstracto para la prescripción de la acción penal.

Entre los hechos imputados de 1999 y el inicio de la investigación con la primer condena transcurrieron 14 años de los primeros hechos y 12 años desde el inicio de la investigación criminal.

El conflicto es sumamente agudo: El derecho de la sociedad a perseguir el esclarecimiento de la verdad, la determinación de las responsabilidades y la sanción de quienes cometen hecho de gravedad social que más aún como el de autos afecta los recursos de todos los ciudadanos.

En las sentencias condenatorias en las distintas instancias no hay dudas de que los hechos imputados existieron, que fueron probados y que los sindicados merecen condena. La Corte no se expide sobre esto y se detiene sobre el plazo razonable como límite, como garantía de los imputados frente al ejercicio del legítimo poder punitivo estatal.

Ciertamente el problema está en el plazo por demás laxo desde que se inició la investigación hasta la sentencia.

Esta sentencia de la CSJN genera una posible responsabilidad en los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial que se deberá investigar. Por cuanto la CSJN entiende que la mora no debe cargar sobre los imputados aún cuando estos hayan articulado numerosos artículos recursivos a distintos órganos judiciales en todas las instancias.

Independiente de ello esto demuestra la alta ineficiencia del aparato punitivo del Estado en contexto de delitos que poder que hacen al necesario y normal control público. Y ciertamente el gran problema que genera en el ejercicio de la acción criminal y el juzgamiento las instancia múltiples recursivas en cualquier estado del proceso.

La CSJN siempre entiende que debe probarse la conducta obstructiva y maliciosa de la defensa para hacer recaer el problema de la mora en el plazo razonable.

No obstante el fallo no puede pasar desapercibido. El Presidente del Tribunal recurrido (Cámara Federal de Casación) Mariano Hernán Borinsky que confirma la sentencia del TOC, es quien preside la Comisión para la Reforma del Código Penal designada por el Estado Nacional (Decreto 103/2017 de fecha) 13/02/2017).

Borinsky en su fallo (aquí texto) concluye en su análisis que el plazo razonable no puede ser aplicado por cuanto si bien ha existido una demora en la causa no ha existido prescripción de la acción penal amparada por plazo razonable. La propia defensa acepta que la causa no estaba prescripta y que prescribía días después del dictado de la sentencia condenatoria.

Asimismo Borinsky señala (discrepando la CSJN sobre el punto) que la demora no ha causado perjuicio (vale aclarar que los imputados no estuvieron privados cautelarmente de libertad) y que la mora se ha debido a las acciones recursivas de las defensas imponiendo a la causa su envio al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, al Tribunal Oral Federal de General Roca, a la Cámara Federal de General Roca, a la Cámara Federal de Casación Penal y a la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte Federal entiende que ese argumento no es válido para hacerlo recaer sobre los imputados. El argumento jurídico de ese instituto se asienta en que la existencia de una causa criminal de por sí importa una afectación de los intereses del imputado cuando transcurre un plazo irrazonable. No necesita privación de libertad, sino estar sometido a proceso.

En este punto cabe señalar que este criterio de la actual composición de la CSJN no refiere en ningún punto respecto de la prescripción de la acción penal. Habla solo respecto de plazo razonable. Un criterio judicial que protege la garantía de defensa en juicio y derecho de defensa que podría o no coincidir con la prescripción.

Cabe recordar que la CSJN en su anterior composición (“Oliva Gerli”, Fallos 333:1987, 19/10/2010) remitiendo a “Egea” afirmó que cualquiera sea el criterio que se adopte respecto de la suspensión del curso de la prescripción “la duración del proceso penal por casi dos décadas, viola ostensiblemente las garantías de plazo razonable del proceso y del derecho de defensa”.

Recordando que en “Mozzatti” (Fallos: 300:1102) consideró que el “medio conducente” para salvaguardar las garantías constitucionales debía ser la declaración de la “extinción de la acción penal por prescripción”, conf. casos “Casiraghi” (Fallos 306:1705), “Bartra Rojas” (Fallos: 305:913), “YPF” (Fallos: 306:1688); temperamento luego reafirmado en el caso “Amadeo de Roth” (Fallos: 323:982 -esp. voto de los jueces Petracchi y Boggiano-) y en el caso I. 159.XLIV in re “Ibáñez” (11/08/2009), en el que la propia Corte declaró la extinción de la acción penal como vía jurídica idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal.

Por ello Borinsky recordaba en su voto los precedentes “Mattei” (Fallos: 272:188) y “Mozzatti” (Fallos:300:1102) señalando que cuando la excesiva duración del proceso puede resultar irrazonable y la prescripción aparece como medio idóneo para consagrar efectivamente esa garantía (conf. Fallos: 323:982;327:327 y 4815 y causa C.2625. XL “Cabaña Blanca S.A. s/infracción a la ley 23.771 –causa Nº 7621—“, rta. el 07/08/07),“se encuentra limitado, por supuesto, a la demostración por parte de los apelantes de lo irrazonable de esa prolongación (Fallos:330:4539 y sus citas) pues en esta materia no existen plazos automáticos o absolutos y, precisamente, ‘la referencia a las particularidades del caso aparece como ineludible’”.

La Corte dice que "considera imperioso aplicar al caso aquí traído aquel principio rector en lo que a la garantía de la defensa en juicio y al derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas se refiere y, por tal motivo, resulta de toda evidencia que lo resuelto por el a qua no se condice con lo reiteradamente sostenido por este Tribunal y ello en la medida en que se justificó la demora en la tramitación del proceso penal en el tiempo insumido en la resolución de las incidencias planteadas por la defensa de los imputados sin siquiera calificar de dilatoria esa actividad" (Considerando 6°).

Ciertamente hay una diferencia de criterio importante entre la CSJN y quienes integran la actual Comisión redactora del Código Penal.

Para Borinsky y la Cámara Federal de Casación el Plazo Razonable debe analizarse en función del instituto de la Prescripción. Si hay prescripción entonces hay violación de Plazo Razonable. Para la CSJN por el contrario, el plazo razonable debe aplicarse aún sin perjuicio del instituto de la prescripción.

Este es un punto importante a resolver en una nueva redacción del Código Penal Argentino donde el instituto de Plazo Razonable (creación pretoriana de la Corte) no está regulado específicamente sino es en referencia al instituto de la prescripción.

Decisión jurídica CSJN

La Corte Federal ha reiterado en "Goye" (26/12/2017 - FAL FGR 81000599/2007 Goye, Omar y otros s/ administración pública), con una nueva composición a la de sus precedentes de plazo razonable, su posición enfática de que "no puede hacerse recaer en el imputado la demora en la tramitación del proceso cuyo impulso diligente está a cargo del Estado"a fin de "resguardar la eficacia misma de la garantía de defensa en juicio".

De esta forma consolida y refiere expresamente como leading case a su precedente "Mattei" (Fallos: 272:188). Reafirmando que el avance del desarrollo queda "a cargo de los órganos específicamente instituidos al efecto y sus deficiencias no pueden serles endilgadas al imputado" caso contrario se afectaría "el derecho a un juicio razonablemente rápido si se admitiera retrotraer el proceso a etapas válidamente precluidas".

El precedente "Mattei" (29/11/1968) sentó las bases sobre Plazo Razonable en el Derecho argentino.

Jurisprudencia sobre este tópico en este link.

Asimismo la CSJN señala como precedentes directos de su decisión sus propios procedentes "Barra" (09/03/2004), "Acerbo" (21/08/2007) y "Funes" (14/11/20014).

El fallo "Barra" (Fallos: 327: 327) consolidó el criterio de que es "inaceptable justificar la demora del proceso considerando en contra del imputado sus peticiones" (posteriores pronunciamientos CSJ 960/2006 (42-M)/CS1 "Montes, Alejandro Daniel y otros s/ infracción al arto 166, inc. 2 del C.P.", sentencia del 15 de julio de 2008 y CSJ 1008/2007 (43-R) /CS1 "Richards, Juan Miguel y otros s/ defraudación - causa n° 46.022/97", sentencia del 31 de agosto de 2010).

En "Acerbo" (Fallos: 330:3640) se estableció como parámetro para el plazo razonable que "no puede atribuirse a la actividad de la defensa un papel decisivo en la demora cuando no medió una especial vocación de dilatar el proceso", que la dilación no puede recaer sobre el imputado siendo que el "principal responsable de la dilación ha sido el desempeño de los diversos órganos de la administración de justicia".

Asimismo recordó que más reciente en "Funes" (CSJ 294/2011 f47- F)/CS1 "Funes, Gustavo Javier y otro s/ encubrimiento, etd - incidente de excepción por extinción de la acción penal - rec extraordinario"), apoyándose en los precedentes "Amadeo de Roth" (Fallos: 323:82) y "Albán Cornejo y otros vs. Ecuador" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (22/11/2007) que el imputado no es el responsable de velar por la celeridad y diligencia de la actuación de las autoridades en el desarrollo del proceso penal, razón por la cual no se le puede exigir que soporte la carga el retardo en la administración de justicia

habrían sido presuntamente cometidos en el año 1999. La investigación se inició en el año 2002, la citación a indagatoria fue en el año 2003, las requisitorias de "elevación a juicio se formularon en el año 2006 y la citación a juicio el 28 de abril de 2008, siendo que a días de operar la prescripción de la acción penal, el 7 de abril de 2014 se dictó la sentencia condenatoria que fue confirmada en febrero de 2016.

La defensa sostuvo que la duración del proceso excedía el doble del plazo previsto en abstracto para la prescripción de la acción penal y se agraviaron porque la Cámara Federal de Casación reconoció que la tramitación del proceso se demoró considerablemente pero justificó la razonabilidad de su extensión no en una supuesta complejidad del caso ni en una eventual conducta desleal u obstructiva de los recurrentes sino esencialmente en la actividad recursiva de los accionados.

Sobre Plazo Razonable recomendable la tesis doctoral en Derecho-UBA de Daniel Pastor. Un artículo breve sobre el tema puede leerse en este link

www.sergiorocamora.com

Aportes en torno al fallo Fontevecchia en la Jurisprudencia constitucional argentina

2017-02-16T00:06:00.004-03:00

El Fallo CSJ 368/1998 (34-M)/CS1 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso 'Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina' 14/02/2017 (ver Texto completo del fallo "Fontevecchia" de la CSJN aquí) posee esta afirmación:

"6º) Se encuentra fuera de discusión que las sentencias de la Corte Interamericana, dictadas en procesos contenciosos contra el Estado argentino son, en principio, de cumplimiento obligatorio para este (art. 68.1, CADH) (conf. doctrina de Fallos: 327:5668, voto de la jueza Highton de Nolasco, considerando 6°). Dicha obligatoriedad, sin embargo, alcanza únicamente a las sentencias dictadas por el tribunal internacional dentro del marco de sus potestades remediales. En efecto, es con ese alcance que el Estado argentino se ha obligado internacionalmente a acatar las decisiones de la Corte Interamericana".

Por ello es posiblemente el párrafo mas polémico y que pondrá en debate la jurisprudencia de la CSJN en cuanto a la perspectiva jurisprudencial que venia sosteniendo la Corte Federa sobre la extensión y alcance de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humano y de se jurisdicción dentro de la Argentina.

Por cuanto cabe poner en resalto ese fundamento en función de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San Josè de Costa Rica - 1969) que entre otros artìculos establece

Artículo 67

"El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo."

Artículo 68

"1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes."

Véase además la redacción de los artículos 62, 63 y 67 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San Josè de Costa Rica - 1969)

Artículo 62 .. 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención".

En función de ello la Ley 23.054 estableció en su artìculo 2º "Reconócese la competencia de la Comisión Intereamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido, y de la Corte Ineramericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención bajo condición de reciprocidad".

Y adicionalmente la Convención dispone en ese mismo artículo 62:

" 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial."

Véase de interés para el debate el artículo de Hitters, Juan Carlos "¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte IDH?"

En el mismo sentido, Vega, Lorena A. y Gustavo J. Vega, "Obligatoriedad de los precedentes en el sistema argentino"

El debate está abierto. Y será más que interesante

Domicilio electrónico y Legajo digital. Reforma Procesal Penal de Mendoza. Agosto 2016

2016-08-02T09:22:00.000-03:00

El tema de las reformas procesales penales, en mi opinión, pasa por el tema del presupuesto. Podemos tener la mejor ley que si no hay dinero para implementar la infraestructura que se necesita quedan como buenos deseos. El caso de la notificación electrónica penal la hemos propuesto y planteado innumerables veces hace fácil 8 años que es también el tiempo que en el Fuero Civil se usa. Esa reforma solo requiere un artículo nada más como el que se hizo para el Código Procesal Civil de Mendoza o el de la Nación. Me consta que la Corte ha hecho todo lo que ha estado en sus manos y hasta ha buscado apoyo en los últimos años de organismos internacionales, pero sin financiamiento es letra muerta. Igual o peor es el caso del "expediente digital". Quién no quisiera tenerlo implementado ? Nadie. Ojalá dejemos de vivir en las "cavernas tecnológicas" del Derecho y se implemente. Pero el problema es presupuestario, que el Estado tenga el dinero para llevarlo a cabo. Ni siquiera como dirigencia hemos podido implementar en toda la provincia el Codigo Procesal Penal de 1989 y han pasado más de 15 años. Y falta presupuesto. Todo lo demás son muy buenas intenciones. El Servicio de Justicia que le damos a los ciudadanos es terriblemente malo: tardío, costoso, burocrático, ineficiente, lento...etc. Con todo respeto, seguimos discutiendo reformas procesales en las cuales en muchos aspectos (no todos como la prisión preventiva sancionada) estamos de acuerdo y son muy buenas y con muy buenas intenciones, pero todo sin presupuesto. Se crean muchas exceptativas, pero cuando la Corte de Mendoza tenga que implementar estas reformas no va a tener el dinero ni la infraestructura para hacerlas. Serán muy buenas intenciones si no se dice de dónde sale el dinero para concretarlas. Y en el proyecto, no está. Bien intencionado

Reforma Parcial Código Procesal Penal de Mendoza

2016-08-01T22:41:00.001-03:00

Proyecto Oficial del Poder Ejecutivo Provincial de Reforma parcial del Código Procesal Penal de Mendoza. Agosto 2016

Ingreso a Honorable Cámara de Diputados de Mendoza

Expte. 71261 - Mendoza, 26 de julio de 2016 - NOTA Nº 474-L

Texto Completo con exposición de fundamentos y articulados en este link para bajar en pdf:

https://goo.gl/1c1fmI

Artículos propuestos de reforma

Artículo 87 bis. Facultades de Ayudantes Fiscales

Artículo 104. Intervención del querellante particular

Artículos 155 y 156. Fundamentación

Artículo 177. Notificaciones

Artículo 181. Prohibición de traslado del expediente. Vistas

Artículo 284 Detención

Artículo 318. Declaración informativa

Artículo 324. Compulsa de actuaciones, reserva y secreto

Artículo 346. Del archivo

Artículo 350. Oposición

Artículo 353. Sobreseimiento

Artículo 361. Elevación a juicio

Artículo 362. De las audiencias orales

Representación de derechos de incidencia colectivos de intereses patrimoniales individuales

2015-12-16T23:53:00.000-03:00

Las Asociaciones de Consumidores pueden representar derechos de incidencia colectivos de intereses individuales homogéneso de naturaleza patrimonial, pero tienen por carga procesal acreditar la existencia del hecho común único suceptible de lesión a los intereses individuales colectivos y acreditar que solo representan intereses afectados o lesionados de consumidores o usuarios en los términos del Art. 1 de la Ley 24240

Fallo 09/12/2015

CSJN “Consumidores Libres Cooperativa Ltda. Prov. Servo Acc. Como e/ AMX Argentina (Claro) s/ proceso de conocimiento”

“4°) Que en recientes precedentes esta Corte reconoció que, de acuerdo a las disposiciones del artículo 43 de la Constitución Nacional, las asociaciones de usuarios y consumidores se encuentran legitimadas para iniciar acciones colectivas relativas a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, incluso de naturaleza patrimonial.

Ello, en la medida en que demuestren: la existencia de un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos; que la pretensión esté concentrada en los "efectos comunes u para toda la clase involucrada; y que de no reconocérsela legitimación procesal podría comprometerse seriamente el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir (confr. CSJ 361/2007 (43-P)/CS1 "Padec c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales“; CSJ 2/2009 (45-U)/CS1 "Unión de Usuarios y Consumidores c/Telefónica Comunicaciones Personales S.A. - ley 24.240 y otro s/ampo proc. Sumarísimo (art. 321, inc. 2°, C. P. C. y C. U Y CSJ519/2012 (48-C)/CS1 "Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario u falladas el 21 de agosto de 2013, el 6 de marzo de 2014 y el 24 de junio de 2014, respectivamente)”

“5°) …la sola circunstancia de que un planteo persiga la defensa de esa categoría de derechos de incidencia colectiva no exime a los tribunales de justicia de examinar si quien procura su tutela es uno de los sujetos habilitados por el ordenamiento jurídico para formular la pretensión.”

“6°) Que ello es así ya que en materia de legitimación procesal el Tribunal ha sostenido que corresponde como primer paso, delimitar con precisión tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y, de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos y que, en todos esos supuestos, la comprobación de la existencia de un "caso U es imprescindible ya que no se admite una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición. No obstante, agregó que el "caso" tiene una configuración típica diferente en cada uno de los supuestos mencionados, lo que resulta esencial para decidir sobre la procedencia formal de las pretensiones (Fallos: 332:111, considerando 9°)”

….

“9°) Que esta delimitación que, valga la reiteración no fue cuestionada por la parte actora, gravita sobre el planteo de autos. En efecto, como ha dicho esta Corte, para la admisión formal de toda acción colectiva se requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado (Fallos: 332:111, considerando 20) pues, resulta razonable exigir a quienes pretenden iniciar procesos colectivos una definición cierta, objetiva y fácilmente comprobable de la clase, lo cual exige caracterizar suficientemente a sus integrantes de forma tal que resulte posible a los tribunales corroborar, en la etapa inicial del proceso, tanto la existencia de un colectivo relevante como determinar quiénes son sus miembros (CSJ 566/2012(48-A)/CS1 "Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c/ Loma Negra Cía. Industrial Argentina S .A. Y otros "del 10 de febrero de 2015, considerando 11).10) Que de conformidad con esta doctrina, y tomando en consideración el especial encuadramiento impositiva de los sujetos integrantes del colectivo delimitado, la accionante debió cumplir de un modo razonable con la carga de precisar el grupo relevante de usuarios que, no obstante haber contratado como responsables inscriptos el servicio de la demandada, le otorgaron a este un destino compatible con el ámbito subjetivo previsto en el artículo 1° de la ley 24.240.11) Que el cumplimiento de este recaudo resultaba indispensable atento a que fue la propia actora quien encuadró su acción en los términos del artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor. Sin embargo, las genéricas afirmaciones contenidas tanto en la demanda como en las posteriores presentaciones realizadas en la causa, en modo alguno resultan suficientes para tener por corroborada, aun de modo indiciario, la existencia y conformación de un colectivo de consumidores que la asociación pudiese representar en los términos de la ley 24.240. En virtud de ello, no cabe sino concluir en que la actora carece de legitimación para promover una acción como la deducida en el sub examine.”

......

Argentina. CSJN 1193/2012 (48-C)/CS1 “Consumidores Libres Cooperativa Ltda. Prov. Servo Acc. Como e/ AMX Argentina (Claro) s/ proceso de conocimiento” Fdo. Lorenzetti, Maqueda, Highton, Fayt

Recurso extraordinario interpuesto por la actora: Consumidores Libres Cooperativa Ltda. de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria.

Traslado contestado por AMX Argentina SA (CLARO)

Tribunal de origen: Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 5.

Delito de desbaratamiento de derechos acordados

2015-12-16T23:28:00.000-03:00

“El delito de desbaratamiento de derechos acordados se consuma cuando ya realizada la disposición patrimonial se torna incierto o litigioso el derecho adquirido (Fallos: 306:757; 307:1853; 308:2605; 311: 925 y Competencia N° 414; L. XLVI, "Rizzo de Speranza, Rosa y otros si defraudación falsedad ideológica", resuelta el 12 de octubre de 2010) lo cual, en el caso "sub exámine", habría resultado por medio de la celebración de una escritura con garantía hipotecaria rubricada en sede provincial que, en definitiva, habría frustrado el cumplimiento de las condiciones pactadas preliminarmente (conf. Fallos: 326: 4734)”. CSJN “Lusneque, Carlos Alberto y otros s/ defraudación por desbaratamiento” 01-12-2015. Dictamen Procurador al que remite Fallo CSJN Comp CCC 8210/2013I1/CS1

Problemas de Tentativa, Dolo y Culpa en un Homicidio de Tránsito

2015-05-10T23:16:00.003-03:00

Problemas de Tentativa, Dolo y Culpa en un Homicidio de Tránsito Fallo completo link
CAMARA 1ra PENAL PARANA, ENTRE RÍOS
6 de Abril de 2015
Id Infojus: NV11199
SINTESIS
Declara autor material y penalmente responsable de los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa en concurso real, a un hombre que circulando a excesiva velocidad y en contramano atropelló a un menor y a su hermano cuando se disponían a ingresar a un colegio. Declara que el acusado se encontraba en dominio de sus facultades más allá de la ingesta de alcohol y drogas que se le constatara, dado que pudo perfectamente iniciar la marcha con su rodado, trasladarse con él por distintas arterias de la ciudad, habiendo realizado incluso maniobras de esquive al eludir a otros vehículos, lo que revela también capacidad de reacción frente a obstáculos que se le iban presentando.

Registro de datos genéticos. Derecho a la intimidad. Declara inadmisible el recurso de inconstitucionalidad

2015-05-10T22:58:00.000-03:00

Carnero, Luis Alberto s/ Ejecución de pena privativa de la libertad - Recurso de inconstitucionalidad

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - CORDOBA - 19/03/2015

Registro de datos genéticos. Derecho a la intimidad. Declara inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la ley 9680 de la Provincia de Córdoba que crea y regula el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, peticionado por un condenado por un delito de abuso sexual con sentencia firme. La norma impugnada dispone la extracción de una muestra de material genético, su asentamiento en un registro y la confección de un legajo con los datos personales de cada individuo. Advierte que la creación de un banco informativo de condenados por sentencia firme de delitos sexuales tiene como objetivo facilitar ulteriores investigaciones criminales, sumado a que la información de la base de datos es secreta y sólo se puede acceder por orden judicial

Fallo completo Infojus: http://www.infojus.gob.ar/rechazan-inconstitucionalidad-registro-condenados-delitos-abuso-sexual-cordoba-nv11038-2015-03-19/123456789-0abc-830-11ti-lpssedadevon
@sergiorocamora

Principio de Ejecución.Actos preparatorios. Distintas posturas

2015-04-21T22:59:00.000-03:00

Caso de Hurto en grado de tentativa.
Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) Autos N°. 40.265. “S., R. A.”. Sobreseimiento. Robo tentado. Inst. 11/133. Sala VII. h. 28/02/2011
Fallo Link: http://goo.gl/jMV8nt

Principio de Ejecución. Actos preparatorios

2015-04-21T22:54:00.002-03:00

Violencia de genero. Abuso sexual agravado de menor conviviente obligada a prostituirse

2013-09-13T08:23:00.001-03:00

Nadal, Guillermo Francisco s/ recurso de casación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - 05/09/2013

Rechaza un recurso de casación interpuesto por la defensa de un condenado en orden al delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal y en perjuicio de una menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente. Señala que se trata de un caso que constituye una gravísima situación de violencia de género dado que el encartado, padrastro de la víctima, obligaba también a la madre de la menor a prostituirse. Sostiene, realizando una severa crítica al fallo recurrido, que el a quo, al negar la tipicidad de este último hecho bajo la calificación de amenazas coactivas, omitió el deber de asistir a la mujer que denunció a su concubino ignorando la obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, establecida en la Convención de Belém do Pará, Ley N° 24.632.

Fallo completo http://www.infojus.gov.ar/archivo.php?archivo=nadal.pdf

Causas de Justificación, Antijuridicidad, Teoría del Delito

2013-08-31T01:03:00.001-03:00

Unidad XIV. Derecho Penal, Parte General, Causas de Justificación, Antijuridicida, Teoría del Delito, Abogacióna, Universidad de Congreso

Full Texto

Antijuridicidad. Teoría del Delito

2013-08-31T00:43:00.004-03:00

Unidad XIII. Antijuridicidad. Teoría del Delito. Derecho Penal Parte General. Universidad de Congreso. Carrera de Abogacía.

Texto Full

Medidas de Seguridad. Privación de Libertad. Iindeterminación. Control. Fallo CSJN

2013-07-17T09:30:00.001-03:00

Doctrina del Tribunal expuesta en el precedente "R., M. J. s/insania" (Fallos:331:211), en el que se estableció que la medida de privación de la libertad del paciente debe ser revisada judicialmente mediante procedimientos simples, expeditivos, dotados de la mayor celeridad y, si correspondiera prolongarla por razones terapéuticas, ello debe ser objeto de un minucioso control periódico jurisdiccional obligatorio de los motivos de la internación, a los efectos de estudiar si las condiciones que determinaron su reclusión se mantienen o se modificaron en el tiempo, y siempre en el marco de los principios y garantías constitucionales, ya que de no ser así, la internación se convierte en los hechos en una pena privativa de la libertad sin límite de duración. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.

Fuente : OFICIAL - Corte Suprema de Justicia de la Nación (www.csjn.gov.ar)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL. [Sumarios relacionados] [Ver fallo completo]

(LORENZETTI, FAYT, MAQUEDA, ZAFFARONI)

A., G. J. s/ causa nº 12434.

SENTENCIA del 13 de Noviembre de 2012

Suspensión juicio a prueba. Violencia familiar

2013-07-16T23:25:00.000-03:00

Tribunal Oral en lo Criminal, Ciudad de Buenos Aires

Fallo 13 de mayo de 2013

Violencia contra la mujer. Concede la probation a un hombre que habría cometido actos de violencia contra su esposa.

Estima que la suspensión del proceso por un lapso de hasta tres años, durante el cual el imputado debe cumplir ciertas pautas de conducta, entre las que se encuentra primordialmente la realización voluntaria de un tratamiento psicológico y cuyo incumplimiento determinaría la reactivación del juicio y el aseguramiento de la pretensión punitiva estatal, puede erigirse en un medio sumamente diligente para la prevención de la violencia contra la mujer, en cumplimiento de lo normado en el art. 7°, inciso b), de la "Convención de Belém do Pará".

Entiende que la CSJN en el caso "Góngora, Gabriel Arnaldo" si bien parece establecer, en términos de apariencia teorética, el carácter inconciliable de la admisión del instituto mencionado con la incorporación de la referida Convención a nuestro ordenamiento positivo, se advierte de otros párrafos de la sentencia que, para su procedencia, debe estarse más bien a las circunstancias concretas de cada caso sometido a estudio

Texto completo http://www1 .infojus.gov.ar /jurisprudencia/NV5052-n_suspension -nacional-2013.htm;jsessionid =1p06b8wx4tcxd1mscaqkt2y4lm?0

HOMICIDIO CULPOSO. RESULTADO. NULIDAD. DEBER DE CUIDADO

2013-04-22T21:07:00.001-03:00

CAMARA DE APELACIONES EN LO CRIMINAL DE MENDOZA

Expte. N° P-81.290/04 Apel. N° 93/2/U

“F. c/ REYES Carolina y OLIVARES Gonzalo p/ HOMICIDIO CULPOSO”

Mendoza, 25 de noviembre de 2009.-

AUTOS Y VISTOS: la presente causa arriba intitulada, y;

CONSIDERANDO:

I.- Contra el auto que resuelve no hacer lugar a la oposición al requerimiento fiscal de elevación a juicio dictado por el Dr. Marcos Pereira, titular del Quinto Juzgado de Garantías, (fs. 277/278), se alza en tiempo y forma la defensa técnica de la imputada CAROLINA VALERIA REYES SABINA interponiendo recurso de apelación (fs. 281), invocando como puntos de agravio: el rechazo a su oposición al requerimiento formulado, cuando debiera haber ordenado el sobreseimiento de su defendida; el ordenar la elevación al Juzgado Correccional, cuando es competencia de la Cámara del Crimen en turno, que la resolución es nula por falta de fundamentación y finalmente, la valoración sacada de contexto de la declaración indagatoria de la imputada.

Al fundar su recurso (fs. 293/296), el apelante en primer lugar sostiene que, omite valorar la parte de la declaración indagatoria de Reyes cuando contesta que no tuvo opción de evadir a la moto porque “apareció de repente y sin luz”. La consecuencia de esta valoración antojadiza y arbitraria hace aparecer la conducción de la encartada como carente de cuidado y precaución, distraída, lo cual no es así, ya que el impacto se debió exclusivamente al manejo antirreglamentario del conductor de la moto.

En segundo lugar, entiende que el a quo no ha valorado los argumentos vertidos por la defensa en la oposición a la elevación a juicio, lo que torna nula su resolución. Así, sostiene que conforme al tipo penal endilgado a su ahijada procesal (art. 84 C.P.) la muerte debe ser consecuencia de un manejo antirreglamentario de la normativa de tránsito que provocara el accidente de tránsito, sin embargo no se expresa en ningún momento cuál o cuáles son las normas infringidas por ella que mediante un nexo causal lleven al resultado de muerte acaecido. Contrariamente al conductor de la moto, Reyes conducía con todo el cuidado y atención que las normas de tránsito requieren.

Finalmente, afirma la nulidad del resolutivo atacado, toda vez que no valora cierta prueba, remitiéndose a lo afirmado anteriormente en el auto de procesamiento, cuando las resoluciones judiciales deben auto abastecerse y por no indicar las normas de tránsito violadas por la imputada.

II.-Expuestos los agravios expresados por la defensa, y previo a ingresar en el análisis de los mismos, traídos a conocimiento y resolución del suscripto, corresponde aludir a la resolución atacada.

A fs. 277/278, obra auto del Quinto Juzgado de Garantías, por medio del cual se resuelve no hacer lugar a la oposición interpuesta a fs. 227/229 y en consecuencia eleva a juicio (arts. 366 y 367 C.P.P. ley 1908) la presente causa al JUZGADO CORRECCIONAL que por turno corresponda, por resultar CAROLINA VALERIA REYES SABINA y GONZALO ERNESTO OLIVARES RICORBELLI, autores penalmente responsables del delito de HOMICIDIO CULPOSO CALIFICADO (art. 84, párr. 2° C.P.).

En dicha resolución, el Sr. Juez, entiende que la existencia material del hecho y la autoría de los imputados se encuentran acreditados, de acuerdo a la valoración de las declaraciones testimoniales efectuada en el auto de procesamiento, el acta de procedimiento, croquis ilustrativo, necropsia y la indagatoria de la imputada Reyes.

Respecto a esta última, entiende que la escasa velocidad a que según ella se dirigía o la aparición repentina de la moto que a su vez venían sin luces, son circunstancias que pueden atemperar el grado de responsabilidad a la hora de cuantificar la pena, pero en esta etapa procesal, estima que se encuentran reunidos los elementos de convicción suficientes como para juzgar que existe un hecho delictuoso y que ambos autores son culpables, en virtud de los argumentos vertidos en el auto de procesamiento, al cual se remite. Agregando que Reyes, con su descargo, no logra eximirse del deber exigible a todo conductor, “que no sólo comprende considerar la velocidad sino los inconvenientes de todo orden que existen para la conducción de vehículos que obliga a hacerlo con extrema precaución…”.

Concluye el magistrado que “resulta claro con el grado de probabilidad que exige esta etapa del proceso que la encartada no advirtió la presencia de la moto cuando circulando a poca velocidad, aquélla apareció en un contexto donde la visibilidad era buena según relato de la mayoría de los testigos. Adviértase que ella misma dice “no la vi” y allí radica justamente su falta de cuidado y de precaución que evidencia cierta distracción de su parte contribuyendo al resultado dañoso–el resaltado me pertenece- sin olvidar que fue el rodado conducido por ella el que embistió a la moto donde se trasladaba la víctima.”

III.-A fs. 297 vta., consta la remisión de estos autos a la Fiscalía de Cámara de Apelaciones en lo Criminal, notificándose del recurso interpuesto la representante del Ministerio Público en esta instancia.

IV.-Comenzando el análisis del recurso traído a conocimiento de este Tribunal analizaré en primer lugar el agravio relacionado con la errónea interpretación de la declaración indagatoria de Reyes.

La inferencia que efectúa el a quo no me parece alejada de las reglas de la lógica, como lo afirma el recurrente. Es que, resulta razonable inferir, como lo hace el magistrado, de la declaración de la imputada -al decir “...no lo vi...”-,y la acreditación de que la visibilidad era buena, la conclusión de que Reyes actuó con falta de cuidado y precaución, y que ello a su vez evidencia “...cierta distracción de su parte contribuyendo al resultado dañoso.”

Este deber de cuidado que el Sr. Juez de Garantías endilga a la imputada surge del art. 48 inc. b) de la ley de tránsito provincial N° 6082 que reza, en su parte pertinente: “Los conductores deben: (...)b) en la vía publica, circular con cuidado y prevención conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o del animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del transito”,imponiendo el deber a todo conductor de circular con cuidado y prevención.

Tampoco parece “antojadiza” la conclusión impugnada, como afirma el apelante, en tanto ella se apoya, como ya fue mencionado, en las pruebas que indican la óptima visibilidad en el lugar y momento del hecho (v. pericia de fs. 56/1).

Discrepo asimismo con el agravio de la defensa, en este mismo contexto, relacionado con que el impacto se debió exclusivamente al manejo antirreglamentario del conductor de la moto. Ello en razón de que la ley N° 6082 establece en su art. 68 que “el conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del transito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así deberá abandonar la vía o detener la marcha.” y luego, en el art. 69 inc. e) 1., que “en las encrucijadas urbanas sin semáforos, la velocidad precautoria, nunca superior a veinte (20) kilómetros por hora.”

Es decir, de aquí también se deriva la conducta debida -y no observada, por la encartada en su accionar- tanto en lo que se refiere al deber de circular siempre a una velocidad tal que tenga siempre el total dominio de su vehículo,como ala velocidad máxima permitida en las encrucijadas urbanas sin semáforo (veinte kilómetros por hora).

Ello así, porque en el presente caso, se encuentra demostrado que Reyes se dirigía a una velocidad mínima de 43 km/h” instantes antes de comenzar a imprimir las huellas de frenado”, circunstancia que coincide con el impacto (v. pericia accidentológica de fs. 56/60 y croquis ilustrativo de fs. 61). Asimismo, los testimonios de Natalia Martinengo (fs. 85), Claudia Cicilotto (fs. 86), Leonardo Flaviani (fs. 87) y Leandro Ferrer (fs. 88) son concordantes al afirmar que Reyes “disminuyó” la velocidad al llegar a la esquina por la presencia de “serruchos en el asfalto”, sin embargo reconocen la aparición repentina de una motocicleta sin luces con tres ocupantes sin casco, que fue advertida por ellos por su impacto con el Peugeot 306 en que se dirigían, deduciéndose por tanto como manifestó la conductora que “no vio la motocicleta” y por ende, no pudo evitar el impacto.

Por otra parte, esta conducta atribuida a la encartada, se obtiene de la plataforma fáctica del requerimiento fiscal (v. fs. 223), el que considera que “surge de las testimoniales reseñadas precedentemente que Carolina Reyes no frenó antes del impacto...”.

Por lo tanto, surgiendo de la prueba obrante en autos la violación a los preceptos legales referidos, se puede afirmar que con su conducta antirreglamentaria, provocó una situación de riesgo desaprobado por el ordenamiento jurídico y que a su vez, se tradujo en un resultado dañoso, esto es, el accidente entre ambos vehículos, donde falleció Erica Cornejo.

En otras palabras, en la medida en que era previsible “ex ante” para la imputada que se acercaba a la intersección entre dos vías de circulación y que debía disminuir la velocidad al cruzar la misma, a una máxima de 20 km/h, para poder advertir el cruce de otro vehículo a una alta velocidad, es exigible la evitación de la producción del resultado ya que con su conducta produjo un riesgojurídicamente desaprobado, al que además podría atribuírsele el concreto resultado dañoso de la muerte de Erica Romina Cornejo el día del accidente.

V.-Respecto al agravio esgrimido por el quejoso que se refiere a la nulidad por falta de especificación de las normas que su asistida habría inobservado, conforme establece el art. 84 del C.P, que impide la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y priva de validez al decisorio, entiendo que el Juez de Garantías, se funda en un concepto de deber de cuidado necesario al conducir un vehículo, sin especificar, en que consistió la inobservancia a los reglamentos al desplegar su conducta, que provocaran el resultado lesivo acaecido. En este aspecto, le asiste razón al defensor en la medida que no pudo refutar concretamente la inobservancia a los preceptos legales citados ut supra.

Conforme lo expresado ut supra, respecto a la figura penal en la que se ha encuadrado la conducta de la imputada por el Sr. Juez de Garantías en el resolutivo atacado, sosteniendo que la misma incurrió en una “inobservancia de los reglamentos” -de tránsito en este caso-, se observa que el magistrado no ha especificado qué norma o normas infringió la conductora, imputándole en forma precisa y concreta en que consistió el disvalor de su acción.

En este sentido, resulta insoslayable para garantizar el legítimo derecho a defensa del imputado en un proceso penal, que se impute de forma clara, precisa, concreta y circunstanciadamente, el ilícito cometido, para así ejercer su descargo conforme a derecho.

La fundamentación de las resoluciones consiste en la explicación racional y comprensible que debe brindar el tribunal por escrito acerca de las razones por las que resuelve en un sentido u otro. Respecto de las cuestiones “de hecho” deberá explicar por qué las conclusiones a las que arriba pueden ser inducidas de las pruebas que invoca al efecto; respecto de las de “derecho”, deberá explicar por qué los hechos que da por acreditados tienen las consecuencias jurídicas penales o civiles que se le asignan, y en su caso, los alcances de ella. Dicho de otro modo consistirá en la explicación de las razones de hecho y derecho, suficientes para legitimar la parte resolutiva. (“Código Procesal Penal”, Cafferata Nores- Aída Tarditti, Tomo I y II, Ed. Mediterránea).

La exigencia de la motivación obedece a una doble razón. Por un lado, se conecta con la garantía de la defensa en juicio, ya que a través de ella las partes del proceso conocen las razones que explican la decisión y pueden interponer los recursos que la ley concede. Por el otro, plasma un deber de transparencia propio del Poder Judicial como integrante del Estado democrático de derecho ya que responde al propósito que la colectividad pueda controlar así la conducta de quienes administran justicia en su nombre.(Cafferata Nores, ob. cit.).

Así, una resolución carece de motivación cuando el juez no razona sobre los elementos introducidos en el proceso, esto es, “no da razones suficientes para legitimar la parte resolutiva de la sentencia” (De la Rúa, Fernando, “La Casación Penal”, ed. Depalma, 1994).

De ello, se arriba a la conclusión, que el a quo motivado suficiente su resolutivo, en relación a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 155, 198 inc. 3, y 199 del C.P.P. ley 6730.

En conclusión, por las consideraciones y fundamentos expuestos, considero que corresponde declarar la nulidad absoluta del auto de elevación a juicio solamente en relación a la imputada Carolina Reyes.

VI.-Es criterio de este Tribunal que en los casos de nulidad corresponde disponer le apartamiento del Juez interviniente ante la necesidad de resguardar la imparcialidad que objetivamente el órgano jurisdiccional debe mantener (art. 204 C.P.P. ley 6730).

Por todo ello,

RESUELVO:

I.- Hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa técnica de la imputada a fs. 281 de autos, sin costas (arts. 557 y 558 del C.P.P. ley 6730) y en consecuencia declarar la nulidad de la resolución de fs. 277/278, sólo en relación a la situación de la imputada Reyes, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 155, 198 inc. 3, 199 y 473 del C.P.P ley 6730.

II.- Disponer el apartamiento del titular del Quinto Juzgado de Garantías de las presentes actuaciones, y su remisión al subrogante legal para que resuelva sobre la base de las consideraciones aquí expuestas, la oposición a la elevación a juicio planteada por la imputada CAROLINA VALERIA REYES SABINA, debiendo comunicar previamente al Juzgado mencionado, lo aquí ordenado.

III.- Regular los honorarios profesionales por la labor desarrollada en la alzada, del Dr. Carlos Benavidez Bocca en la suma de CUATROCIENTOS PESOS ($400) de conformidad con lo dispuesto por el art. 560 C.P.P.

COPIESE, REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y BAJEN.-

Error de prohibición. Malversación de caudales públicos

2013-04-22T21:02:00.000-03:00

Cámara de Apelaciones de Mendoza

Expte. N° 16.286/08 -433-

“F. c/ Tieppo, Jorge Luis A. y Nieri, Lisandro p/ Malversación de Caudales Públicos. ”

Mendoza, 5 de febrero de 2010.-

AUTOS Y VISTOS: la presente causa arriba intitulada, y;

CONSIDERANDO:

A)Que el vocal Ramiro Javier Salinas dijo:

I)Contra el auto que rechaza la oposición y resuelve elevar la causa a juicio dictado por el Sr. Juez titular del Sexto Juzgado de Garantías (fs. 170/178), se alzan en tiempo y forma el Dr. Juan Horacio Day, en representación de los imputados Jorge Tiepo y Lisandro Nieri (fs. 180 y vta.).

Entiende que “…se ha errado al considerar dolosa la eventual irregularidad en los préstamos cuestionados, ya que se ha omitido considerar que los mismos se concedieron con el correspondiente aval técnico-legal”.Afirma que este razonamiento, expuesto en el escrito de oposición al requerimiento de elevación a juicio, no ha sido tratado en el auto impugnado.

En oportunidad de realizarse la audiencia para que el recurrente informe oralmente, el Dr. Day afirma que debe revocarse la resolución recurrida y sobreseerse a los imputados, pues una correcta interpretación de los hechos conlleva la falta de aspecto subjetivo del tipo endilgado en autos.

Cuestiona de arbitraria la resolución en tanto no se han atendido los agravios defensivos, lo que lleva a reiterar los argumentos.

Entiende que la resolución nº 1093/05 permite préstamos para empleados pero nunca se firmó porque tenía un dictamen negativo del Dr. Milla, en consecuencia nunca tuvo vigencia.

Los créditos fueron otorgados por una resolución de permite préstamos hasta 15.000 pesos y sólo por ésta se puede atacar la conducta de los imputados.

Afirma la defensa que no se está cuestionando el aspecto objetivo de la conducta, sino el subjetivo, pues estamos ante un caso de error de prohibición inevitable. Ello así en tanto, los préstamos se otorgaron luego de que las áreas técnicas dictaminaran favorablemente a su concesión. En relación a este tema, la resolución hace jugar negativamente un dictamen del Dr. Milla en el expediente que creaba la línea para empleados, sin meritar que en el caso de autos se consideró viable el crédito.

Considera que teniendo en cuenta que Tieppo tenía en sus manos préstamos millonarios, no parece razonable exigirle que analice en particular los préstamos aquí achacados.

Entiende que es irracional por violar el principio de subsidiaridad, sujetar estos casos a la materia penal cuando los organismos administrativos están interviniendo y el Derecho Penal sólo se justifica cuando otras áreas no puedan dar respuesta, lo que no ocurre en autos.

En relación al co-imputado Nieri, las consideraciones expuestas son más patentes, a su entender, en tanto éste actuó reemplazando a Tieppo, por tanto el error y la falta de conocimiento del derecho es más patente.

Concluye solicitando se revoque el auto recurrido y se disponga el sobreseimiento de los imputados por atipicidad de la figura en su aspecto subjetivo.

II)La Sra. Fiscal de Cámaras, es notificada de la audiencia para informar oralmente a fs. 189.

III-a) Comenzaré el análisis del recurso interpuesto centrando la atención en el aspecto principal que discute la defensa, cual es, el supuesto error de prohibición en que habrían incurrido sus asistidos.

Consecuentemente debe descartarse en este estudio, tal como lo consiente la defensa, el efectivo otorgamiento de préstamos –tres atribuibles a Tieppo y uno a Nieri-, como también que las personas beneficiadas con los créditos revestían en esa oportunidad la calidad de agentes o funcionarios del estado.

También debe quedar fuera del análisis del presente recurso, por lo menos en lo que hace al aspecto objetivo de los ilícitos endilgados, la existencia de la resolución nº 1093/05 y en su caso si los dos primeros créditos se otorgaron al amparo de esa norma administrativa, o si en definitiva ellos fueron autorizados dentro de la línea de crédito de hasta $ 15.000, destinada a inversiones de activos fijos y/o de capital de trabajo (Resolución nº 117/04), pues la imputación jurídico penal está relacionada con la imposibilidad de incluir a agentes o funcionarios de la Administración Pública en los beneficios que concede el Fondo. En otras palabras, a los efectos del tema que la defensa trae a discusión –error de prohibición-, carece de relevancia si los créditos se otorgaron al amparo de la Resolución nº 1093/05 –y en este caso si realmente tuvo vigencia- o de la 117/04, pues bajo ninguna de esas normativas esta admitido otorgarlos a los agentes o funcionarios de la Administración Pública.

Sin perjuicio de ello, debe destacarse también que la discusión aparece estéril desde el punto de vista objetivo, en tanto la imputación que origina estas actuaciones está centrada en la imposibilidad de otorgar “…créditos a personas que presten servicios” en el Fondo para la Transformación y Crecimiento de Mendoza en razón de su incompatibilidad con la ley 6071 (arts. 1 y 10), del Reglamento de condiciones, Línea de Crédito hasta 15.000 (Resolución nº 117/04) y del Estatuto del Empleado Público (Dcto.-Ley 560/73, art. 14 inc. c), circunstancia que motivó la afirmación de que las resoluciones 1515/05, 1463/05 y 1418/06 -respecto a Tieppo- y 123/06 –respecto a Nieri- sean consideradas contrarias a las leyes, como también la de que se habría dado a los caudales administrados una aplicación distinta a la que estuvieren destinados.

Ello surge claramente del auto recurrido –v. fs. 176 vta.- , que si bien afirma que la Res. Nº 1093/05 “…fue dictada por Tieppo, con la colaboración de Nieri…”, centra la imputación en el hecho de que “…autorizaron la aplicación de fondos de la Administradora, para un empleo diferente al que estaban destinados, ordenando la concesión de préstamos con dinero de la entidad a favor de agentes que se desempeñaban en el organismo…” citando como legislación violada la ley 6071, arts. 1 y 10, Dcto. Ley 560/73, art. 14 inc. c) y Resolución nº 117/04, art. 5 inc. h).

Así, la existencia de la Resolución nº 1093/05 es utilizada por el a-quo como un argumento para afirmar el elemento subjetivo de los ilícitos endilgados, concretamente el conocimiento de la imposibilidad de otorgar créditos a los agentes o funcionarios de la Administración Pública (v. fs. 177 vta.).

Puede afirmarse, que la existencia o no de la resolución 1093/05 sólo tiene relevancia para analizar el aspecto subjetivo del hecho, es decir, si es una circunstancia que gravita ya sea positiva o negativamente en el conocimiento de la imposibilidad de otorgar los créditos endilgados, pero no forma parte del núcleo de la imputación jurídico penal.-

Consecuentemente, no resulta acertada la postura de la defensa en tanto pretende que se analice la conducta de sus asistidos sólo por la violación a la Resolución nº 117/04, pues en definitiva esa es la posición del juez a-quo.

III-b) Destacadas estas aclaraciones preliminares que según mi entender resultan necesarias para abarcar el estudio del recurso, centraré la atención en el supuesto error de prohibición, aspecto al que la defensa se refiere de manera preferente.

Se afirma el Dr. Day en los dictámenes de las áreas técnicas que opinaron favorablemente a la concesión de los préstamos, circunstancia que permitiría afirmar que los imputados incurrieron en un error de prohibición inevitable en relación con la imposibilidad de comprender que existía un impedimento legal de otorgar préstamos a los agentes o funcionarios de la Administración Pública.

Acierta la defensa en cuanto a que en los expedientes administrativos que se formaron con motivo de los requerimientos de créditos aquí analizados (recibidos ad-effectum videndi), no se advierten objeciones por parte de las áreas técnicas en relación a la posibilidad de otorgar los préstamos cuestionados.

Sin embargo, también puede observarse que los dictámenes no se pronuncian de manera expresa –especialmente el emitido por la asesoría letrada-, respecto a la prohibición que surge del capítulo 2,4) inc. h) de la Resolución nº 117/04, que establece como postulantes excluidos para esa línea de créditos a “…los agentes o funcionarios del Estado nacional, provincial y/o municipal, que se desempeñan en el ámbito ejecutivo, legislativo o judicial”.

Tampoco hay un pronunciamiento concreto en los dictámenes en cuestión, en relación a la incompatibilidad de los créditos requeridos, con el Estatuto del Empleado Público ni con los lineamientos generales de creación del Fondo.

Es decir que, lo dictaminado por el área técnica en relación a los préstamos que aquí constituyen el objeto procesal se ha limitado a los aspectos formales sin pronunciarse en particular sea positiva o negativamente, por la incompatibilidad de la utilización de los recursos del Fondo para necesidades personales de los agentes de ese ente.

Desde ese punto de vista, pierden relevancia los dictámenes técnicos en tanto carecen de la precisión que autorizaría a pensar en la existencia de un error de prohibición y en su caso, la posibilidad de que este fuera inevitable.

Es que para que el error de prohibición sea inevitable o invencible y en ese caso, excluya la culpabilidad del imputado, no deben haber existido motivos para dudar de la antijuridicidad de la conducta.

En este sentido se afirma que: “Los medios para evitar un error de prohibición son reflexión e información…. Un error de prohibición de quien no ha puesto o no ha agotado estos medios no es en modo alguno eo ipso… vencible, sino que la vencibilidad depende de tres presupuestos o requisitos que se basan uno en otro: el sujeto tiene que haber tenido un motivo para reflexionar sobre una posible antijuridicidad de su conducta o para informarse al respecto … Cuando exista un motivo, el sujeto o bien no debe haber emprendido ningún tipo de esfuerzos para cerciorarse o bien estos deben haber sido tan insuficientes que sería indefendible por razones preventivas una exclusión de la responsabilidad … Cuando el sujeto, pese a existir un motivo, se ha esforzado en pequeña medida por conocer el Derecho, su error de prohibición es sin embargo vencible solamente cuando unos esfuerzos suficientes le habrían llevado a percatarse de la antijuridicidad”(Conf. Claus Roxin “Derecho Penal. Parte General. Tomo I”. Ed. Civitas. Traducción de la 2ª edición alemana , pag. 884/885).

En el caso de autos, puede afirmarse que han existido motivos para que los imputados reflexionen sobre la posible antijuridicidad de la conducta tales como a)dictámenes técnicos deficientes en tanto omiten el pronunciamiento sobre un aspecto expresamente previsto en la reglamentación que regula la línea de crédito que se analiza (Res. Nº 117 art. 5 inc. h); b) el conocimiento por parte de los imputados, en general, de la contradicción normativa de otorgar préstamos para beneficios particulares a agentes o funcionarios del Estado nacional, provincial o municipal y c) la conciencia de estar ante el caso concreto de empleados del fondo.

En efecto, un dictamen técnico legal que omite toda consideración sobre la incompatibilidad para obtener el préstamo requerido por parte de personas que prestan servicios en la entidad provincial, cuando es conocida la vinculación laboral de esas personas, es un elemento importante para no confiar en la actuación correcta de quien lo emite y consecuentemente es un motivo para reflexionar sobre la antijuridicidad de su conducta.

Por otro lado, es posible afirmar el conocimiento por parte de los imputados de que las personas que requerían esos créditos eran agentes del fondo.

Así lo reconoce el propio Tieppo cuando en su indagatoria acepta el conocimiento de manera expresa respecto a Perelló, Astudillo y Fernández (v. fs. 76 vta. y 77).-

Asimismo, puede afirmarse que una relación laboral relativamente larga (desde 1996 respecto de Vazquez y de Astudillo; desde 1.997 respecto de Fernandez y desde 2004 en relación a Perelló), es un indicio muy importe que permite inferir el conocimiento personal entre quienes componen el plantel de un equipo de trabajo.

Respecto a la imposibilidad de otorgar préstamos a agentes públicos se encuentra expresamente reconocido por Tieppo en su declaración indagatoria (v. fs. 77).

El co-imputado Nieri lo niega, pero su posición no es razonable ni exculpa su proceder, en tanto puede afirmarse que quien tiene un cargo importante en un organismo público (Sub-Director de financiamiento de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y Crecimiento de Mendoza), conoce las normas elementales o nucleares que regulan su actuación, entre las que pueden mencionarse las que aquí se achaca a los imputados (ley 6071, arts. 1 y 10, Dcto. Ley 560/73, art. 14 inc. c) y Resolución nº 117/04, art. 5 inc. h).

Es que no es lógico, razonablemente, alegar y por lo tanto aceptable, un desconocimiento de normas que forma parte del núcleo de una actividad o función que se ejerce, sobre todo cuando se trata de personas que ocupan cargos jerárquicos en el ámbito que regulan esas disposiciones que se alega desconocer.

Reiterando, puede afirmarse que, la existencia previa de dictámenes técnicos que omiten de manera evidente, toda consideración sobre la posibilidad de acceso al préstamo requerido por parte de personas que se encuentran en principio, imposibilitadas por su condición de agentes del Estado, impone a los imputados el deber de verificar la juridicidad de ese proceder y consecuentemente se excluye el error de prohibición alegado, pues la conciencia de obrar de modo posiblemente injusto que aquélla situación acarrea, debería mover a los imputados a abstenerse de su conducta.

III-c) Tampoco le asiste razón a la defensa en cuanto a que teniendo en sus manos préstamos millonarios “no parece razonable exigirle que analice en particular los préstamos aquí achacados”.

Si bien así anunciado el presupuesto, aparece como razonable la conclusión de la defensa, ésta se desvanece si se adiciona a los hechos en estudio, la particularidad de que los préstamos en cuestión eran pretendidos por agentes del Fondo.

Es que, no es lógicamente aceptable considerar que los imputados no han prestado el cuidado necesario a los préstamos cuestionados, aún cuando implicaban poco monto, pues la calidad de empleados (Fernández, Astudillo y Vázquez) o contratado (Perelló) por el Fondo y su conocimiento personal por parte de aquéllos, permite presumir, mediante una máxima de experiencia, que los expedientes que contenían la pretensión crediticia han constituido un trámite especial que ha requerido la atención particular de quienes los concedieron.

III-d) La defensa plantea también la violación al principio de subsidiaridad en razón de que actualmente se encuentra interviniendo la órbita administrativa por los mismos hechos que motivaron estas actuaciones.

Sin embargo no menciona el recurrente concretamente cuál sería el instituto en el cual se manifestaría el principio que alega. Y esto es importante porque la ley otorga distintos medios en los que se plasma el principio invocado, tales como los indicados en el artículo 26 del C.P.P., a través de los cuales se manifiesta el interés político criminal de un Estado determinado.

Es que no parece acertado aceptar que los límites del derecho vigente puedan quedar sin más, a los criterios político criminales del juez, sin sujeción a los lineamientos que el legislador introduce a través de las normas que dicta.

En este sentido resulta ilustrativo citar a C. Roxin en oportunidad de fundamentar los límites del criterio de la necesidad preventivo de punición, que junto a la falta de culpabilidad puede conducir a la exclusión de la responsabilidad jurídico penal. Este autor afirma que “El reconocimiento de que, junto a la falta de culpabilidad, también la falta de necesidad preventiva de punición puede conducir a la exclusión de la responsabilidad jurídicopenal no significa que esta categoría del delito quede a merced de la inseguridad jurídica, en la que se empeñan todos los pronunciamientos científicos sobre lo preventivoespecialmente o preventivogeneralmente necesario. Pues cuando se interpreta el Derecho vigente no se trata de posibilitar al juez una exención de pena conforme a sus propias representaciones políticocriminales, sino que se deben averiguar las hipótesis preventivas que sirven de base a la ley. Ello no abre mayores espacios de libertad que los que en otros casos se conceden a la interpretación del Derecho vigente y al desarrollo de la dogmática jurídicopenal.” (Conf. “Derecho Penal. Parte General. Tomo I”. Ed. Civitas. Traducción de la 2ª edición alemana, pag. 793).

Entonces, corresponde rechazar este agravio de la defensa en tanto la sola alegación de que se encuentra interviniendo la órbita administrativa por los mismos hechos, no resulta suficiente para considerar superadas las pretensiones preventivas del legislador al incorporar al código penal los tipos endilgados a los aquí imputados.

IV) Por las consideraciones expuestas, entiendo que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto, con costas (arts. 557 y 558 del C.P.P.), y conformar en un todo la resolución recurrida, glosada a fs. 170/178 de autos. ASÍ VOTO.

B) Que el vocal Alejandro José Miguel dijo: adhiero a los argumentos vertidos por el magistrado preopinante. ASÍ VOTO.

C) Que el vocal Pedro Jorge Funes dijo: adhiero a los argumentos vertidos por el magistrado preopinante. ASÍ VOTO.

Por todo ello el Tribunal,

RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 180 y vta. por la defensa de los imputados Jorge Luis Alberto Tieppo y Miguel Lisandro Nieri y confirmar la resolución de fs. 170/178, con costas (arts. 557 y 558 del C.P.P.).

II) Regular los honorarios profesionales del Dr. Juan Horacio Day por la labor en esta alzada, en la suma de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800) -art. 560 C.P.P. ley 6730-.

COPIESE, REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y BAJEN.-

TEORIA DEL DELITO: GUIA ESTUDIO CAP. VIII DERECHO PENAL. PARTE GENERAL

2013-04-14T22:40:00.000-03:00

Esquema de clase
Capítulo VIII
Teoría del Delito, Parte General,
Universidad de Congreso. Comisión Prof. Sergio Rocamora

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TEORIA DEL DELITO: GUIA ESTUDIO CAP. VII DERECHO PENAL. PARTE GENERAL

2013-04-08T16:07:00.002-03:00

Esquema de clase capítulo VII, Teoría del Delito,
Derecho Penal, Parte General, Universidad de Congreso. Comisión Prof. Sergio Rocamora

Texto: Link: http://es.scribd.com/doc/134734062/Teoria-Del-Delito

Trabajo en ejecución pena privativa de libertad.

2013-03-08T12:17:00.000-03:00

Regimen condiciones ejecución pena privativa libertad. Trabajo. Aplicación analógica de la normativa laboral Competencia. Derecho Publico Administrativo

22/02/2013
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I
Autos "Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria SUTPLA y otros v. Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y otros"

Es competente el fuero contencioso administrativo, y no el laboral, para resolver la acción de amparo tendiente a obtener el cumplimiento del art. 106 y concs., ley 24.660, consistente en brindar trabajo a personas privadas de la libertad ambulatoria alojadas en distintos establecimientos penitenciarios de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, en tanto la pretensión no recae sobre normas regulatorias del derecho del trabajo (individual o colectivo) sino sobre las que regulan la condiciones del régimen penitenciario, ajenas al marco de los arts. 20 y 21 inc. a) de la Ley 18.345, que deben ser resueltas al amparo de la normativa de derecho público administrativo relativa a las políticas penitenciarias, sin que obste a ello, el hecho de que se solicite la aplicación analógica de la normativa laboral, pues ello no modifica el carácter público del vínculo.

Fuente: Abeledo Perrot

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REINCIDENCIA COMO AGRAVANTE ?

2012-12-07T18:17:00.001-03:00

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN

SENTENCIA n° 1031 - 20 de diciembre de 2012

A., E. O. y V.,S. H s/ robo agravado

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán (Argentina) declaró la inconstitucional del art. 50 del Código Penal y redujo la pena impuesta a quien resultó condenado por robo agravado y registraba una condena anterior.

El tribunal consideró que dicho artículo viola el principio de culpabilidad, el principio de proporcionalidad de la pena, el principio de reserva, el principio de legalidad, el principio de derecho penal de acto y el principio de prohibición de persecución penal múltiple (ne bis in ídem), los que aparecen reconocidos en las garantías constitucionales consagradas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Sigue el criterio sentado por Raúl Zaffaroni como minoría en e año 1989 ante Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en pleno, in re "Guzmán, Miguel F." del 08/08/1989, La Ley 1989-E, 165) al sostener "Es decir, ninguna de las propuestas que quieren legitimar el instituto de la reincidencia, es constitucionalmente viable, porque todas van a dar al derecho penal de autor o a una entelequia destructiva del concepto de bien jurídico (conf. Voto del Dr. Zaffaroni)".
Cita asimismo el precedente de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (Cámara Federal de Casación Penal, Sala IIº, in re "Argañaraz, Pablo Ezequiel s/ recurso de casación" de fecha 08/05/2012, publicado en Sup. Penal 2012 -J.-, 59). "En orden al agravio relativo al rechazo de la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal, en mérito de lo resuelto en la causa n° 14.423 'Rearte, Mauro Germán s/ recurso de casación' (reg. n° 19569, rta. el 21/12/11) y sus precedentes -a cuyas consideraciones y fundamentos me remito por razones de brevedad- cualquier agravación de la pena o de sus modalidades de ejecución en función de la declaración de reincidencia del artículo 50 del Código Penal, como así también la imposibilidad de obtener la libertad condicional prevista en el artículo 14 del mismo cuerpo lega, deben ser consideradas inconstitucionales por su colisión con normas del magno texto (artículo 18) e instrumentos internacionales incorporados a él (artículos 5°, 6° y 29° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 10° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)"

Y los antecedentes:
Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Necochea, in re "Ucio, Alejandro O.", del 22/09/2008, publicado en LLBA 2008 -diciembre-, causa N° 1263

TOC Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Capital Federal, in re "González, Alejandro Ramón; Cnochaert, Ricardo L. y Ávila Gustavo Ariel s/ Robo agravado" del 5 de septiembre de 2011, causa nº 3887.

Fallo completo: aeo.pdf

HOMICIDIOS DOLOSOS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. INVESTIGACIÓN CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 2012

2012-11-30T08:36:00.000-03:00

Argentina. CSJN. Informe sobre investigaciones de Homicidios en Ciudad de Buenos Aires. La tasa delictiva en esta zona azul según muestra el siguiente mapa es de 13.8 por mil, en contraste con el resto de la ciudad cuya tasa desciende a 2.68 por mil,

similar a las registradas en Europa occidental y Canadá. La tasa más elevada se concentra en la medialuna de la zona sur, zona de barrio marginados de Buenos Aires.

Informe completo

http://www.csjn.gov.ar/dbei/ii/ii.html

Raúl Zaffaroni: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8F1-9YTfGvY

DELITOS DE LESA HUMANIDAD. RATIFICA CONDENAS. PARTE ACUSADORA. QUERELLANTE. CAPACIDAD. OFENDIDO. DAMNIFICADO.

2012-09-03T12:33:00.000-03:00

PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD AGRAVADA POR EL USO DE VIOLENCIA Y AMENAZAS (ARTS. 144 BIS, INCISO 1 Y ÚLTIMO PÁRRAFO, EN FUNCIÓN DEL ARTÍCULO 142, INCISO 1ª Y 5ª DEL C.P, LEY 14616)

APLICACIÓN DE TORMENTOS PSÍQUICOS Y/O FÍSICOS AGRAVADOS POR RESULTAR LAS VÍCTIMAS PERSEGUIDOS POLÍTICOS (ARTÍCULO 144 TER, PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL C.P.

INHABILITACION ABSOLUTA Y PERPETUA

PARTE ACUSADORA. CAPACIDAD

Causa Nro. 13.667

"Greppi, Néstor Omar y otros s/ recurso de casación"

CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV

23/08/2012

Confirma un fallo condenatorio dictado por el Tribunal Oral Federal de La Pampa en el marco de una causa en la que se investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, hechos ocurridos durante la última dictadura militar.

Jueces Mariano Hernán Borinsky , Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos

Texto completo aquí