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Delcy Rodríguez y Mia Mottley, Primera Ministra de Barbados, dan declaraciones este 27 abril 2026

2026-04-28T08:15:00.002-04:00

Diosdado Cabello en Mérida, encuentro por una Venezuela Libre de sanciones, 27 abril 2026

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Nuevos acuerdos de Venezuela entre Colombia y Barbados: Analiza internacionalista Ramón López

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A Pulso con Luigi Pisella: ¿Está listo el sector privado para el incremento responsable del 1-M?

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Video Campaña Mediática de Guyana en contra del reclamo de Venezuela sobre el territorio Esequibo

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Chávez invicto: Es una obligación del Pueblo, del gobierno, del partido, cuidar la paz

2026-04-28T07:55:00.002-04:00

Columna de Juan Martorano 529: Ojo: El próximo lunes 4 de mayo arrancan en la Corte Internacional de Justicia audiencias para decidir el fondo de la controversia sobre nuestro territorio Esequibo

2026-04-28T07:54:00.001-04:00

*JUAN MARTORANO

Nuestros lectores y lectoras que saben de nosotros desde hace años saben muy bien que uno de nuestros temas recurrentes en nuestros análisis es el de la reclamación histórica y cuasi bicentenaria sobre el territorio Esequibo o Guayana Esequiba. Y en esta oportunidad debemos en este esfuerzo por retomar este tema que esta edición de esta columna vamos a referirnos de ello.

Esto porque el Fiscal General de la República Cooperativa de Guyana, Mohabir Anil Nandlall, informó que el 4 de mayo la Corte Internacional de Justicia iniciará audiencias sobre el fondo del caso que Guyana presentó contra Venezuela por la disputa territorial sobre el Esequibo, un extenso territorio administrado por Georgetown y reclamado por Caracas.

Según explicó Nandlall en su programa de debate ‘Issues In The News’ en la noche del martes (21 de abril), las vistas se llevarán a cabo en La Haya, donde se ubica el tribunal, toda esa primera semana de mayo y posiblemente se extienda a la siguiente.

Nandlall agregó que se unirán al equipo de abogados internacionales de Guyana en La Haya en las audiencias.

Recordemos que el Acuerdo de Ginebra es un instrumento internacional vinculante depositado en las Naciones Unidas y basado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional.

La disputa se agravó desde que en diciembre de 2023 Venezuela celebró un referéndum para recuperar el Esequibo y se exacerbó el año pasado al elegir Caracas en sus comicios regionales un gobernador para la región.

En febrero pasado, las petroleras estadounidenses ExxonMobil y Chevron reafirmaron durante la quinta Conferencia de Energía celebrada en Georgetown su interés en asociarse con Guyana para desarrollar su pujante sector petrolero y satisfacer así la demanda mundial.

El Ministerio de Recursos Naturales de Guyana aseguró su compromiso de «trabajar en colaboración con todas las partes interesadas», agradeciendo especialmente la cooperación de las petroleras estadounidenses, presentes en el importante Bloque Stabroek.

Guyana se atribuye la posesión de reservas de crudo (que se roba a Venezuela) estimadas en 11.000 millones de barriles, logró aumentar la producción de petróleo de 120.000 bpd a más de 900.000 entre 2020 y 2025.

En ese sentido, la postura de la República Cooperativa de Guyana resulta verdaderamente inconcebible, puesto que busca la ratificación del Laudo Nulo e írrito de París del 3 de octubre de 1899 que nos despojo de ese territorio. Cabe destacar que para esa fecha, Guyana no existía como sujeto de Derecho Internacional debido a que era una colonia del entonces imperio británico. Detalle no menor en el análisis de esta controversia territorial.

En cambio, la República Bolivariana de Venezuela debe la próxima semana y sobre todo porque nuestra Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Eloina Rodríguez Gómez conoce al detalle los pormenores del caso, debido a que el 8 de abril de 2024 (y ratificada en agosto del año pasado) viajó hasta La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia, no solo para ratificar la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte en este caso, sino además para consignar documentos que sustentan nuestra posición y que ratifican nuestra defensa de la vigencia del Acuerdo de Ginebra y de que la solución de esta controversia debe ser satisfactoria y de común acuerdo entre las partes (incluyendo del Reino Unido, que aunque se hagan los locos como decimos popularmente en Venezuela, son parte del mismo y tienen implicaciones directas en este caso).

Cuando Inglaterra en mayo de 1966 otorgó la independencia política a la entonces Guayana Británica, fue parte de un juego geopolítico para revertir la campaña en su contra, donde el débil jurídico era Venezuela. Ahora por parte de la opinión pública internacional, el débil jurídico es Guyana, debido a que el país “grande y poderoso” de Venezuela, le quiere “arrebatar 2/3 de su territorio” a ese “pequeño país”.

Lo que subyace y no se dice es que las grandes transnacionales de EEUU y Gran Bretaña no solo buscan apropiarse del petróleo que hay en la zona, y fundamentalmente en su parte marítima. Sino del oro, el níquel, el cobre, cobalto, tierras “raras” que abunda en la zona.

Porque si bien es cierto que la energía del petróleo mueve las maquinarias, transporte y las industrias del mundo. Las economías reales se sustentan sobre bienes tangibles (oro, diamantes, plata, cobre, níquel, estaño, etc) y el desarrollo de los países en base a la ciencia y la tecnología (de ahí la importancia del hallazgo del fundo La Aurora, al sur del estado Bolívar, de óxidos críticos valorados en más de 339 mil millones de dólares) y que está cercana a la zona del Esequibo y cuyo dato conoce muy bien el Instituto de Geología de EEUU y el propio Reino Unido. De ello esperamos referirnos en próximas ediciones de esta columna.

Este proceso representa una fase decisiva en el conflicto fronterizo, con sesiones destinadas a evaluar los argumentos de ambas naciones antes de una sentencia definitiva.

Y esa sentencia definitiva la Corte podría dictarla en agosto de este año. ¿Sería una especie de Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 pero ahora 2.0?

Este será el debut de Coromoto Godoy, quien además de ser nuestra representante permanente ante Naciones Unidas en sustitución del historiador y camarada Samuel Moncada, debería ser agente del Estado ante esta instancia para dirimir aunque no reconozcamos la jurisdicción de la Corte, esta controversia que ya va para 200 años.

Amanecerá y veremos.

¡Bolívar y Chávez Viven. Sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

¡Leales siempre: Traidores Nunca!

* Abogado, Defensor de Derechos Humanos, Militante Revolucionario y de la Red Nacional de Tuiteros y Tuiteras Socialistas. , jmartoranoster@gmail.com, j_martorano@hotmail.com , juan_martoranocastillo@yahoo.com.ar , cuenta tuiter e instagram: @juanmartorano, cuenta facebook: Juan Martorano Castillo. Canal de Telegram: El Canal de Martorano

Venezuela libre

2026-04-28T07:52:00.003-04:00

Por la Profesora Carolina Escarrá

En estos días ha sido muy recurrente en los medios venezolanos, latinoamericanos y estadounidenses, titulares que señalan que EEUU ha “levantado sanciones”, en especial luego de la emisión de ciertas “licencias” en el marco del ecosistema bancario en el espectro de lo público en Venezuela.

Licencias OFAC:

Antes de comenzar a explicar las diferencias entre el otorgamiento de licencias y el “levantamiento de sanciones” de parte de EE.UU. hacia Venezuela, sin caer en explicaciones sobre el tema económico que como politóloga manejo de una manera suficiente pero no exhaustiva, es menester aclarar que flexibilización no es lo mismo que eliminación y que aún a este momento, de acuerdo con el Observatorio Venezolano Antibloqueo, tenemos 1088 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Debo aclarar que algunos voceros hablan de 1081 y otros de 1044. En todo caso, las que han sido retiradas o levantadas, tienen que ver con la eliminación de algunas personas de la lista de nacionales especialmente designados de la OFAC.

Marco Jurídico: Análisis de las licencias OFAC 56 y 57 en el contexto venezolano.
Concepto central: Diferencia entre la flexibilización mediante licencias y levantamiento real de sanciones.
Impacto económico: Restricciones en el sistema bancario público y la operatividad del Banco Central de Venezuela (BCV).
Soberanía: el llamado al levantamiento total de las medidas coercitivas unilaterales para la seguridad jurídica nacional.

Medidas Coercitivas Unilaterales:

Por una parte, el simple hecho de otorgar licencias implica “sanciones”, lo que es en sí mismo un mecanismo ilegal. Ello implica que un gobierno extranjero y sus lacayos en el país se dieron la posibilidad de pedir unos y de emitir otros, medidas coercitivas unilaterales en el marco de una guerra híbrida sin cuartel que han desatado contra Venezuela. Aunque hubo medidas previas en 2003 y 2011, luego de fallecer Chávez y declarar fraude en las primeras elecciones de Maduro en 2013, un grupo de apátridas se inventaron calentar la calle siguiendo el manual de Gene Sharp y aplicaron “La salida”. Los medios de comunicación crearon la narrativa de la represión de parte del Estado para contener la manifestación nada pacífica, y esto llevó a la emisión de un Act. o Ley en el congreso de EEUU, en diciembre de 2014, donde instruían al presidente de turno (Obama), emitir una lista de personas “sancionadas” en no más de 90 días.

Esta ley dio pie para la emisión -en marzo de 2015- de un decreto en el que además de “sancionar” a 7 connacionales, declararon a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria” a su política exterior y a su seguridad nacional. De allí se han desprendido las más de 1000 medidas coercitivas unilaterales contra personas, instituciones, activos, y hasta colectivos de Venezuela. En gran medida restringen la manera como Venezuela puede relacionarse especialmente a nivel comercial con el resto del mundo.

“Sanción” al Banco Central de Venezuela.

Una de esas medidas coercitivas unilaterales impactó directamente al Banco Central de Venezuela y a otras entidades de la banca pública. Así, a través de la Orden Ejecutiva 13850 del 1 de noviembre de 2018, intitulada “Bloqueo de bienes de personas adicionales que contribuyen a la situación en Venezuela”, en la primera administración del Presidente Donald Trump, señala con respecto a lo que entiende por Gobierno de Venezuela en su ordinal d), el cual estipula: “el término “Gobierno de Venezuela” significa el Gobierno de Venezuela, cualquier subdivisión política, agencia o instrumentalidad del mismo, incluido el Banco Central de Venezuela, y cualquier persona que sea propiedad o esté controlada por, o que actúe para o en nombre del Gobierno de Venezuela”.

En el resumen que hacen en la página web del Departamento de Estado, señala: “entre otras cosas, autoriza la imposición de sanciones de bloqueo a las personas que el Secretario del Tesoro determine, en consulta con el Secretario de Estado, que operan en el sector aurífero de la economía venezolana o en cualquier otro sector de la economía venezolana que determine el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado. Además, autoriza la imposición de sanciones de bloqueo a las personas que el Secretario del Tesoro determine, en consulta con el Secretario de Estado, que son responsables o cómplices de, o que han participado directa o indirectamente en, cualquier transacción que involucre prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela, o que sean familiares directos adultos de dichas personas.”

Desde 2018 el Banco Central de Venezuela y otras “agencias” fueron el blanco de esa medida coercitiva unilateral. Desde entonces, los activos del BCV que se encuentran en el extranjero han sido congelados. En el 2019, se autorizó a Guaidó a usar parte de ese bien congelado, y se restringió la posibilidad de que las autoridades electas constitucionalmente por el pueblo venezolano, pudieran participar abiertamente en el sistema bancario internacional que usa el patrón dólar y la plataforma swift.

Régimen de “licencias”:

Ya con la administración del presidente Biden se habían emitido algunas “licencias” para permitir a ciertas empresas extranjeras participar de una especie de régimen especial de relacionamiento comercial con la República Bolivariana de Venezuela, como sucedió en el caso específico de Chevron por ejemplo, empresa a la cual, mediante la emisión de una licencia, se le permitía desarrollar y mantener algunos procesos vinculados a la cadena de producción y extracción del petróleo venezolano.

No obstante, luego de la agresión sin precedentes del 3 de enero, ha comenzado un interés especial de parte de la actual administración de los Estados Unidos, para buscar una mayor producción de petróleo, lo que ha hecho proliferar las “licencias” otorgadas a más empresas del área petrolera, aurífera, minera y vinculada a las tierras raras, para beneficiar principalmente a los Estados Unidos y a sus países y empresas aliadas.

Luego se percataron que para el relacionamiento idóneo con las empresas venezolanas y poder trasladar personal, insumos, inversiones y otros activos a nuestro país, debían flexibilizar las actividades del Banco Central de Venezuela y otras de esas “agencias” de la banca pública venezolana.

Licencias 56 y 57:

En todo caso la licencia 56 permite a empresas y personas negociar contratos comerciales con el gobierno venezolano lo que permitirá facilitar el acceso a ingresos petroleros y agilizar los trámites comerciales estratégicos de acuerdo con las declaraciones de altos funcionarios, incluyendo la posibilidad de establecer acuerdos preliminares, firmar memorandos de entendimiento y presentar propuestas en licitaciones públicas, para que compañías internacionales especialmente de Estados Unidos, puedan avanzar en negociaciones directas con el gobierno, sin violar restricciones de la OFAC.

Por otro lado, la licencia 57, permite transacciones financieras con el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro, que incluyen apertura de cuentas, remesas, pagos con tarjetas y servicios de banca en dólares. En todo caso, como son licencias específicas y tienen sus propios límites, uno de ellos es que prohíben cualquier transacción con entidades o ciudadanos de Rusia, Irán, la República Popular Democrática de Corea y Cuba, así como empresas controladas por China y a cualquier persona que figure en la lista de nacionales especialmente designados de la OFAC.

Acompañar el peregrinaje:

Todo ello, podría tener un impacto importante en la economía venezolana como lo dicen algunos voceros, especialmente en lo inmediato si logramos las inversiones que se están planteando para potenciar nuestra industria nacional con inversión extranjera, facilitando el acceso a mercados internacionales y operaciones financieras antes muy limitadas.

Pero del mismo modo, al tratarse de “licencias”, y no un levantamiento de la Orden Ejecutiva 13850, además de las restricciones propias de la licencia, también podría ser eliminado cuando la administración actual de Estados Unidos lo decida, además de que no impide la inclusión de cuentadantes de los bancos o de empresas nacionales a lista de nacionales especialmente designados de la OFAC, lo que de por sí, no genera total seguridad jurídica, ni constituye un acto de justicia.

Es por esta razón que debemos acompañar el peregrinaje de nuestras autoridades en nuestra exigencia justa por el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales en su totalidad para que Venezuela, finalmente, pueda volar libre.

Análisis: Permiso para pago de la defensa de Maduro y Flores se debe a un acuerdo a tres bandas

2026-04-28T07:50:00.001-04:00

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CARACAS.- Para el abogado y analista político, Juan Martorano Castillo, el permiso por parte de la Oficina de Control de Activos (OFAC) de EEUU para que el Gobierno venezolano pague los costos del juicio del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, obedecen a un acuerdo a tres bandas entre el Departamento de Justicia de EEUU, los abogados del mandatario y su esposa y el Gobierno venezolano.

«Hay algo que es extremadamente importante. Si no hubieran autorizado estos fondos el juez tenía la posibilidad de desestimar los casos por la imposibilidad de Maduro de escoger a su defensa», indicó Martorano Castillo en entrevista con la periodista Anahí Arizmendi en programa transmitido por Unión Radio.

Asimismo, destacó que el próximo 5 de mayo vence la licencia de Citgo y que la empresa que la adquirió, Amber Energy, está ofreciendo $ 11.000 millones a la OFAC para que no renueve la licencia, por lo que ven como un obstáculo para tales negociaciones el hecho de Nicolás Maduro regrese a Venezuela.

El Sur global versus la gran América

2026-04-28T07:48:00.002-04:00

ISABEL RIVERO D' ARMAS

El Sur Global como categoría ontoepistémica, es decir, integral, es una evolución de las nociones neocoloniales excluyentes como países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Incluye a África, Asia, Oceanía, América Latina y el Caribe, que tienen una historia en común de formas de abuso de poder de las que han sido blanco de ataque, pero también de resistencia, con una proyección en 2030, que concentra a tres de cuatro de las grandes economías mundiales, como China, India, Brasil e Indonesia, en este espacio geopolítico e identitario de lucha por la justicia social.

Frente a esta visión emancipadora del Sur Global surge, en el contexto de la doctrina Monroe, corolario de Trump a la doctrina Monroe, la gran América del Norte, entendida como una manera de asegurar el eje de defensa de la Casa Blanca contra el narcoterrorismo, constructo que va más allá del de terrorismo, el cual cobra auge después del episodio de las torres gemelas. La lucha contra el narcoterrorismo se gesta en la etapa más recalcitrante del capitalismo global, caracterizada por las invasiones, violatorias de la soberanía nacional, vestidas de ofensivas e incursiones militares “quirúrgicas”.

La gran América del Norte, que va de Groenlandia a Ecuador y de Alaska a Guyana e incluye a México y Venezuela, es propuesta por Hegseth, secretario de guerra de EEUU, que justifica el gasto en la seguridad nacional estadounidense, aquí entendida como regional, que no es otra cosa que la guerra; no privilegia una historia en común, sino lo económico, pues las naciones que la forman se caracterizan por ser ricas en recursos.

Al igual que el neoliberalismo, este Norte Global tiene como telón de fondo el marco cognitivo moral, desde lo religioso, que es el protestantismo, el de los ultraconservadores. En él, el cristianismo protestante se vincula a la guerra. Su participación en ella, desde el ejército, se concibe como un mandato divino para salvar el mundo de la degradación, a fin de justificar una economía bélica.

A diferencia del Sur Global, donde los países se unen en resistencia contra cualquier forma de dominación y saqueo, la gran América del Norte avanza en la ofensiva militar, el control de la energía y en la representación social de los inmigrantes como criminales.

Columna de Juan Martorano 528 Actualización del caso Maduro-Flores: Autorización a la OFAC para el pago de la defensa privada a nuestros héroes. Contenido y alcance

2026-04-27T06:56:00.003-04:00

Juan Martorano

Iniciamos la presente edición de nuestra columna, haciendo una salvedad o aclaratoria para la web de aporrea, donde no pudimos introducir la nota al pie que colocamos en la edición de redes sociales, debido a que al momento de escribir y enviar dicha edición, a los pocos minutos nos llegó la noticia y a la par la licencia de la OFAC donde se autorizó la liberación de los fondos para el pago de la defensa privada a nuestro Presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Sin duda, que en medio de lo malo y de tantas cosas, es una buena noticia. Pero ahora queremos explicar los bemoles, contenido y alcance de esta licencia.

Lo primero que tenemos que expresar es que esta licencia que autoriza y que libera los recursos para el pago a Barry Pollack y Mark Donnelly, abogados de nuestros héroes antiimperialistas secuestrados en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, fue producto de un acuerdo a tres bandas: De ellos con el Departamento de Justicia de EEUU y de la Diplomacia Bolivariana de Paz que encabeza la hoy Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez..

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Ahora vayamos a los puntos más importantes de este acuerdo que ha devenido en la autorización de la OFAC que estamos comentando.

El primer punto versa de que el Estado podrá usar fondos nacionales para la defensa de su Jefe de Estado en condición de prisionero de guerra y su esposa cuyos ingresos sean posteriores al 5 de marzo de 2026.

Esto es así debido a que esta autorización, como toda licencia de la OFAC impone una condición temporal precisa y es a partir de esa fecha que indicamos en el párrafo más arriba porque es la fecha del restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas y consulares entre Estados Unidos y Venezuela.

Como complemento a este punto, eso significa que los pagos deberán realizarse con recursos nuevos, girados o depositados después de ese día y expresamente destinados a costear la defensa. Quedan excluidos los activos soberanos congelados con anterioridad en territorio estadounidense, así como cualquier suma sujeta a embargos o litigios de acreedores del Distrito Sur de Nueva York.

El segundo punto o restricción de la autorización indica que no se permite que el pago de los abogados del Presidente Maduro y Cilia Flores sea con dineros de gobiernos extranjeros, esto según la Orden Ejecutiva 14373 de enero de 2026.

Esto quiere decir que los “Foreign Govermment Deposit Funds”, definidos en esa Orden Ejecutiva 14373 se refiere a la canalización de los ingresos por las ventas de petróleo venezolano hacia cuentas especiales bajo el control de la Secretaría del Tesoro de EEUU no pueden aplicarse a los honorarios de la defensa. Además que la misma no puede costearse con financiamiento de países como Rusia, China, Irán, Cuba o cualquier otro que Estados Unidos no autorice para dichos fines.

El tercer punto, y creemos que es el más importante, es que producto de este acuerdo, la defensa privada retiró sus mociones de desestimación de la acusación, al considerar que las licencias otorgadas por la OFAC resolvieron los asuntos subyacentes.

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Esto tenía que ser así, ya que de mantener esta situación y concretado el retiro de la defensa privada del caso, independientemente de la asignación de abogados federales públicos a Maduro y Flores, esto hubiese constituido un juicio nulo o tendrían que haberse desestimado de manera inmediata y automática los cargos a Maduro y Flores, con la consecuencia inmediata de su liberación como lo hemos indicado en nuestro peregrinar que hemos iniciado desde el 19 de marzo del presente año y que no hemos parado. Si bien el sistema de justicia y político de EEUU tiene sus bemoles, estos no van a suicidarse por el ejercicio de la presidencia imperial de Donald Trump que pretende llevarse por delante todas sus reglas y su funcionamiento, y como desean preservarse, de alguna manera pretenden frenar con decisiones autónomas, plantarle cara al poder omnímodo del hoy Presidente de ese país.

En este punto, se mantiene el secuestro del Presidente Maduro y de su esposa Cilia Flores. Pero se abren las posibilidades de continuar la batalla en términos diplomáticos y jurídicos. Aunque eso es lo que menos tiene este caso, elementos jurídicos.

Y el último punto versa sobre la solicitud hecha al juez Alvin H. Hellerstein para la celebración de una audiencia dentro de sesenta (60) días para que la defensa prepare y revise las pruebas del caso.

Esto significa que la audiencia, que se celebraría en fecha 25 de junio de 2026, salvo que el juez determine otra cosa o surja una circunstancia que amerite adelantar o retrasar dicha fecha, debe realizar una audiencia de estatus de este caso tanto con los fiscales federales de este caso como con los abogados de la defensa y los “acusados”, con exclusión del cómputo bajo la ley de Juicio Rápido.

Libros sobre la CIA

Documentales sobre Venezuela

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Sin duda que esta emisión de estas licencias por parte de la OFAC resuelven el obstáculo normativo que había paralizado el proceso penal por delitos vinculados a narcotráfico, lavado de activos y supuesta posesión y uso de armas de guerra por parte del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, amenazando con anularlo y cuya consecuencia jurídica inmediata debía ser su liberación y retorno seguro al país como hemos sostenido en ediciones anteriores de nuestra columna e intervenciones tanto en foros como en programas en medios de comunicación a los que hemos sido invitados o por otras vías. Sin embargo, la materialización de los pagos a los abogados de la defensa va a depender de que el Gobierno Bolivariano hoy liderado por la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez realice las transferencias correspondientes en los términos autorizados.

Eso es, de manera resumida lo que implican estas licencias en el caso Maduro- Flores.

Y de ahí la importancia de que ellos lograron mantenerse con vida pese a su combate en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 durante la incursión armada estadounidense a Venezuela y que los ha privado de manera ilegítima de su libertad. Pero que entendieron que este secuestro, este rapto ellos han sabido convertirlo en un espacio de resistencia y de batalla.

No queda otra que acompañar a nuestro Presidente legítimo Nicolás Maduro y a su esposa Cilia en esta batalla, en la que cada vez más se abren rendijas que más temprano que tarde podría conducirlos a su libertad.

Dios con nosotros.

¡Bolívar y Chávez Viven. Sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

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El amparo legal de Maduro y el laberinto del príncipe en decadencia

2026-04-27T06:55:00.002-04:00

Kelly J. Pottella G.

La detención de un jefe de Estado en ejercicio no constituye un acto jurídico aislado, sino un síntoma del agotamiento de la hegemonía procesal de Occidente. El análisis de los eventos actuales revela una trama donde la legalidad doméstica intenta, sin éxito, contener la fuerza gravitacional de la soberanía. El 3 de enero de 2026 marcará en los anales de la historia el inicio de una paradoja jurídica sin precedentes: el procesamiento del presidente Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores de Maduro ante el Distrito Sur de Nueva York bajo el expediente de la acusación sustitutiva (Superseding Indictment) S4 11 Cr. 205 (AKH). Este evento trasciende lo penal para convertirse en una autopsia del orden internacional, donde al intentar someter a un mandatario en funciones a la jurisdicción de un tribunal local, el príncipe en decadencia ha quedado atrapado en un laberinto de sus propias contradicciones geopolíticas, intentando aplicar leyes nacionales a sujetos protegidos por el Derecho de Gentes (Jus Gentium).

La arquitectura de este caso descansa sobre una esquizofrenia institucional. Sin embargo, el hito del 24 de abril de 2026 representa el colapso de este artificio, pues mediante la moción por carta (Letter Motion) identificada como el Documento 306, el Fiscal de los Estados Unidos (United States Attorney), Jay Clayton, junto a los fiscales asistentes (Assistant United States Attorneys) Kaylan E. Lasky, Henry L. Ross, Kevin T. Sullivan y Kyle A. Wirshba, ha debido admitir la cualidad estatal de los procesados. Al autorizar que el Gobierno de Venezuela sufrague la defensa legal con fondos disponibles tras el 5 de marzo de 2026 bajo licencias enmendadas (Amended Licenses) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control), el sistema estadounidense ha otorgado un reconocimiento fáctico de legitimidad que anula la narrativa de la usurpación y choca frontalmente con la Orden Ejecutiva (Executive Order) 14373. Resulta ontológicamente imposible sostener una condena por empresa criminal (Criminal Enterprise) cuando el propio Estado acusador admite explícitamente la legitimidad financiera del ente soberano que sufraga la defensa.

Ante esta realidad, la lógica de alta política dicta tres escenarios posibles derivados de la inviabilidad de una condena:

El primero es el Escenario de la Impasibilidad Procesal por Seguridad Nacional. Bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (Classified Information Procedures Act), la fiscalía se negará a revelar pruebas críticas en la etapa de descubrimiento de evidencias (Discovery) para no comprometer activos de inteligencia. Al invocar la defensa su derecho constitucional bajo la Sexta Enmienda (Sixth Amendment) de la Constitución de los Estados Unidos, el Juez Alvin K. Hellerstein se verá compelido a declarar un juicio nulo (Mistrial) o el sobreseimiento de la causa (Dismissal). Este escenario permite al Poder Ejecutivo retirar los cargos sin admitir una derrota política, argumentando que los intereses de la justicia y la seguridad nacional impiden proceder.

El segundo es el Escenario de la Transacción Soberana. El reconocimiento de los fondos estatales activa la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (Foreign Sovereign Immunities Act). En este tablero, el proceso se detiene mediante una resolución extrajudicial donde Estados Unidos intercambia la libertad de los procesados por garantías de estabilidad energética. Aquí, el juicio funciona únicamente como una herramienta de presión donde la condena nunca fue el objetivo, sino el activo de cambio protegido por la Doctrina del Acto de Estado (Act of State Doctrine).

El tercero es el Escenario del Reconocimiento de Guerra y Repatriación. Al haber sido capturados en una operación militar, los procesados invocan el Tercer Convenio de Ginebra de 1949. Si el tribunal acepta su estatus de Prisioneros de Guerra (Prisoners of War), la justicia penal ordinaria pierde competencia. La única salida legal sería la repatriación al finalizar las hostilidades diplomáticas, lo que reafirmaría la Doctrina Drago y el principio de no intervención, obligando al Príncipe en Decadencia a reconocer que la ley local debe claudicar ante el equilibrio del Derecho de Gentes. En última instancia, la inviabilidad de la condena es el resultado de un sistema que, al intentar devorar al adversario, ha expuesto sus propias costuras jurídicas y estratégicas.

Referencias Bibliográficas

· Comité Internacional de la Cruz Roja. (1949, 12 de agosto). Convenio (III) de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. https://n9.cl/4j0oz

· Constitución de los Estados Unidos de América, Sexta Enmienda. Administración Nacional de Archivos y Registros. https://n9.cl/4p2upw

· Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (2026, 24 de abril). Moción por carta referente a las licencias enmendadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para Maduro Moros y Flores de Maduro [Documento 306, Caso 1:11-cr-00205-AKH]. Corte de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York. https://n9.cl/19hm0h

· Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell. (1976). Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), 28 U.S.C. § 1602. Instituto de Información Legal. https://n9.cl/m5ibm

· WSVN 7News Miami. (2026, 25 de abril). EE. UU. acepta que el gobierno venezolano pague los honorarios legales de Maduro. Associated Press. https://n9.cl/vpdt8

· Universidad de Yale. (1907). Convención (IV) relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre (Doctrina Drago). Proyecto Avalon. https://n9.cl/h5h5g

Miembro de la Red Nacional de Escritor@s Socialistas de Venezuela. Promotora cultural. Pertenece al periódico comunitario Enlazando la Diversidad. Estudiante de sociología. Vocera del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de Cultura por Dtto Capital.

kellypottella@gmail.com

Columna de Juan Martorano 527 Actualización del caso Maduro-Flores: Crónica de una "Muerte anunciada"

2026-04-27T06:53:00.004-04:00

Juan Martorano

A 112 días del secuestro del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su condición adicional de prisionero de guerra, y de su esposa, diputada y Primera Combatienta, Cilia Flores, hoy queremos proceder a la actualización de su caso, por la obligación moral que tenemos con nuestros héroes antiimperialistas.

La prensa amarillista y hegemónica recientemente ha titulado: "El caso de Nicolás Maduro entra en una fase crítica: Sus abogados privados renuncian y será asistido por defensores públicos". Veamos que fue lo que sucedió para proceder a las explicaciones pertinentes.

En el día de ayer, viernes 24 de abril de 2026, el juez Alvin H. Hellerstein inició el proceso para asignar defensores públicos federales (CJA) a ambos acusados, luego de que su equipo de abogados privados solicitara retirarse por falta de pago de honorarios.

La defensa privada, encabezada por el abogado Barry Pollack, presentó una moción para retirarse del caso. La razón principal radica en las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que bloquean los fondos del gobierno venezolano destinados a costear la representación legal. El tribunal determinó que Maduro y Flores no disponen de recursos personales lícitos en territorio estadounidense para mantener una defensa privada.

Pollack argumentó en audiencias previas que la imposibilidad de recibir pagos viola el derecho constitucional de los acusados a elegir su propio abogado, según la Sexta Enmienda. Sin embargo, el juez Hellerstein rechazó desestimar los cargos por este motivo y optó por la vía de los defensores públicos, como ocurre con cualquier acusado que no pueda costear una defensa privada. La misma situación aplica a Cilia Flores.

Este giro se produjo después de que vencieran los plazos otorgados por el juez para resolver el conflicto de financiamiento. La fiscalía sostuvo desde el inicio que, ante la ausencia de fondos utilizables, los acusados deben recurrir al sistema de defensores públicos federales.

El proceso continúa en la Corte Federal de Nueva York sin fecha definida aún para el juicio principal. Esta asignación de defensores públicos representa un cambio significativo en la estrategia legal de Maduro, quien hasta ahora contó con un equipo privado de alto perfil.

Pero, lo más peligroso no es este evento del retiro de los abogados privados y del inicio del procedimiento para fijarle a Maduro y a Flores unos defensores públicos (Violentando la Quinta y Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, viciando el juicio y anulándolo). Sino lo que viene después.

El juez Hellerstein tiene una averiguación abierta para determinar la nacionalidad del Presidente Maduro. Pretenden reeditar el bodrio de que Maduro no tiene nacionalidad venezolana sino colombiana, y con ello según la lógica anglosajona anula su elección como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y, por ende, no goza de las inmunidades y prerrogativas en su condición de Jefe de Estado y de Gobierno a la luz del Derecho Internacional Consuetudinario y del propio Derecho estadounidense.

Lo otro es investigar los elementos técnicos de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Es decir, validar la tesis del Departamento de Estado de EEUU de reforzar el no reconocimiento de la condición de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno de Maduro, no solo para así justificarse ellos de que el Primer Mandatario y Prisionero de Guerra no goza de inmunidades y prerrogativas, sino además de dotar del necesario combustible al extremismo de derecha representado en María Corina Machado, para activar movilizaciones en Venezuela, presionar al parlamento para que declare una inexistente falta absoluta del Jefe de Estado y activar unas elecciones presidenciales anticipadas, una vez se complete el ciclo de "reinstitucionalización del país", que en estos momentos ocupa el Tribunal Supremo de Justicia, y que continuaría luego, por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esto que ha ocurrido lo hemos dicho en nuestro peregrinar que iniciamos el 19 de marzo en la Casa de las Letras Andrés Bello y que hasta la Esquina Caliente frente a la Plaza Bolívar. Lo que realmente han hecho los abogados Pollack y DOnnelly es una estrategia que vicia a esta pantomima judicial de nulidad absoluta.

Lo peligroso de esto, además de barrer con siglo y cuarto de jurisprudencia del Derecho estadounidense y del Derecho Internacional Público Consuetudinario, es darle el combustible necesario al extremismo fascista y de derecha para dar al traste y acabar con la Revolución Bolivariana.

Por ello, nuestro llamado al pueblo es a la resistencia y al combate. A seguir movilizados en solidaridad con nuestro Presidente Maduro y Cilia y presionar por su liberación inmediata. Y a prepararnos para tiempos convulsos y de combate que se avecinan.

No podemos dejar perder lo que tanto sacrificio y vidas ha costado. Por eso nuestro llamado es a la organización, a la unidad, a la lucha, batalla para luego obtener la victoria.

Parte del legado de Chávez continuado por Maduro que debemos rescatar en estos difíciles momentos.

¡Bolívar y Chávez Viven. Sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

¡Leales siempre: Traidores Nunca!

Abogado, Defensor de Derechos Humanos, Militante Revolucionario y de la Red Nacional de Tuiteros y Tutiteras Socialistas. Www.juanmartorano.blogspot.com , www.juanmartorano.wordpress.com , jmartoranoster@gmail.com, j_martorano@hotmail.com , juan_martoranocastillo@yahoo.com.ar , cuenta tuiter e instagram: @juanmartorano, cuenta facebook: Juan Martorano Castillo. Canal de Telegram: El Canal de Martorano.

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Venezuela. Con el Mazo Dando, la resistencia del cuero contra el talón de hierro imperialista

2026-04-27T06:52:00.001-04:00

En un momento histórico en el que la agresión imperialista no da tregua y las complejidades de la transición económica bajo chantaje provocan estremecimientos en algunos de los componentes más radicales de la revolución, las palabras expresadas por Diosdado Cabello en la última emisión de Con el Mazo Dando asumen el peso de proponer una brújula necesaria para orientarse en la niebla de la guerra híbrida y de las noticias manipuladas por el enemigo.

Para quienes analizan las dinámicas venezolanas desde el exterior, es fundamental comprender qué es Con el Mazo Dando: no se trata de un simple talk show televisivo, sino del principal espacio de contraofensiva mediática y pedagogía política del chavismo, conducido semanalmente por el vicepresidente del PSUV.

Es un ágora televisiva en la que la dirección bolivariana habla directamente a las bases, desenmascara las maniobras de la oposición a través de las denuncias capilares de los “patriotas cooperantes” y analiza la geopolítica global con el lenguaje de la praxis revolucionaria y con ironía.

En la última emisión (el pasado miércoles), como siempre el análisis no se limitó a la crónica de los hechos, sino que fue una operación de verdad orientada a explicar cómo y por qué el chavismo está reorganizando sus fuerzas: en una fase que a algunos les parece un retroceso peligroso, pero que, en los hechos y sobre todo en la voluntad de los dirigentes bolivarianos, se entiende como una reorganización estratégica de las fuerzas populares.

La metáfora del cuero, que Cabello utilizó para indicar el temple del venezolano (“que si lo jalas por un lado se encoge por el otro”), no es un simple llamado a la resistencia pasiva o a la resignación. En la cultura profunda de la Venezuela rural, el cuero es un material orgánico que debe ser tratado y golpeado para servir, y que bajo los golpes no se rompe, sino que se hace más grueso.

Cabello trasladó esta dureza al cuerpo político del país: las sanciones y las agresiones imperialistas han actuado como golpes que, en lugar de destruir el material humano de la revolución, lo han hecho más aguerrido. Para los sindicatos, para los cuadros de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores y para la base revolucionaria que vive el trauma cotidiano del bloqueo, esta imagen significa que el sufrimiento de estos años no ha sido en vano, que la agresión del 3 de enero no anuló el coraje de un pueblo, sino que forjó un nuevo tipo de subjetividad política, capaz de superar también esta ardua prueba tras el secuestro del presidente y de la “primera combatiente”.

Mientras el sistema financiero occidental muestra toda su fragilidad estructural, derrumbándose bajo el peso de deudas abstractas y burbujas especulativas, la piel de la revolución se ha endurecido a través del sacrificio. Esta dureza es la premisa indispensable para el lanzamiento de la nueva campaña nacional “Venezuela Vuela Libre”, una iniciativa que va más allá de la simple propaganda y se plantea el objetivo de reconquistar la soberanía plena y la cohesión política, demostrando que Venezuela no solo resiste, sino que está lista para retomar el vuelo con sus propias fuerzas, rompiendo las cadenas del chantaje impuesto por Washington.

El discurso de Cabello fue particularmente técnico y detallado para responder directamente a esa parte de la base revolucionaria que, con honestidad militante pero también sin proponer alternativas, teme que las necesidades del pragmatismo económico puedan abrir la puerta a un retorno del neoliberalismo. La respuesta fue contundente, especialmente respecto al caso de los Derechos Especiales de Giro (DEG) ante el Fondo Monetario Internacional. Es un punto – dice Cabello – que los militantes internos y los solidarios internacionales deben comprender bien: estamos hablando de cerca de 5.000 millones de dólares que el FMI mantiene congelados por las presiones políticas estadounidenses.

Cabello aclaró con extrema firmeza que estos fondos no son un préstamo. No hay ninguna negociación para una deuda condicionada que implicaría recortes en el gasto social o privatizaciones, como ocurre trágicamente en Argentina bajo el yugo de los dictados del Fondo. Se trata de recursos que corresponden por derecho a Venezuela y que han sido secuestrados ilegalmente. Y que deben ser recuperados. El ejemplo utilizado por el capitán fue fulgurante en su sencillez: es como si el banco te bloqueara el sueldo que ya has ganado en tu cuenta corriente y luego alguien te acusara de ser un capitalista porque intentas retirarlo para las necesidades de tu familia.

Esta recuperación de recursos es un acto de justicia soberana, funcional al mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Cabello dio ejemplos directos que tocan la vida del barrio, ya ilustrados por la presidenta encargada: ese dinero sirve para adquirir transformadores eléctricos, repuestos para las tuberías de agua y medicamentos de alta tecnología que el bloqueo impide importar regularmente. Es la demostración de que el pragmatismo financiero del gobierno bolivariano está enteramente al servicio de la vida cotidiana y de la protección del pueblo, no del lucro de unos pocos.

En este marco de contraofensiva diplomática se inserta el encuentro crucial ocurrido precisamente hoy entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el presidente colombiano Gustavo Petro. Este diálogo marca un hito fundamental en la consolidación del eje andino y representa el fracaso de la estrategia de aislamiento intentada durante años por los gobiernos reaccionarios de Bogotá bajo la dirección del Departamento de Estado. El encuentro entre Rodríguez y Petro no solo trata de la necesaria normalización de las relaciones comerciales transfronterizas, sino que toca temas de seguridad energética regional y protección de la Amazonía.

Es la puesta en práctica de una visión multipolar que desafía la dictadura del dólar y las “tutelajes” impuestos, y propone una integración basada en la complementariedad productiva. Mientras el imperialismo intenta erigir muros, la Venezuela y la Colombia de Petro dialogan para construir puentes, demostrando que la estabilidad de la región pasa por el reconocimiento de la legitimidad del gobierno bolivariano y por la cooperación entre naciones hermanas. Esta es la verdadera naturaleza de la retirada estratégica: cerrar las brechas abiertas por la agresión para luego avanzar en un terreno diplomático y comercial más amplio y seguro, y sin derogar a los principios, dijo Diosdado.

La batalla, sin embargo, no solo se juega en las mesas de la diplomacia, sino también en el plano de la percepción cognitiva. Cabello analizó lúcidamente cómo la oposición extremista utiliza las redes sociales para conducir una guerra de sexta generación, orientada a producir un trauma colectivo y una sensación de derrota inminente. A través del uso masivo de cuentas automatizadas, los llamados bots, e influencers generosamente pagados por el imperialismo, se construye una narrativa de caos, hambruna y guerra civil que no encuentra eco en la realidad de las calles venezolanas.

El programa mostró videos de plazas llenas y de una normalidad laboriosa, evidenciando la discrepancia total entre la situación de caos y crisis narrada en las redes y la paz social que se respira en el país.

Esta resistencia cognitiva es fundamental para sanar las heridas del trauma causado por la guerra económica y, sobre todo, por la agresión del 3 de enero y el secuestro de Nicolás y Cilia. Las revelaciones de los “patriotas cooperantes” sobre María Corina Machado —quien voló a Madrid para gritar, junto al partido Vox, “¡Fuera la mona!” a la presidenta encargada — han puesto al desnudo la naturaleza manipuladora de esta estrategia: Machado fue descrita como una funcionaria de bajo nivel de las agencias estadounidenses, cuya única tarea es orquestar incidentes mediáticos: como en el caso de las provocaciones organizadas contra el periodista Prieto, para pintar al gobierno como una dictadura brutal justo cuando ella misma goza de una libertad de movimiento que usa para planificar sabotajes. Desenmascarar estos montajes sirve para devolver al pueblo la confianza en sus instituciones y en su propia fuerza organizada. Sin embargo, para comprender realmente el alcance de esta operación, que gira en torno a la “peregrinación” colectiva por todo el país, hay que ir más allá de la crónica y de los cánones de la militancia europea, y analizar cómo el chavismo está reforzando su consenso a través de una operación, en el fondo, propiamente gramsciana.

En esta búsqueda de unidad nacional, el gobierno bolivariano no se limita a la gestión del poder, sino que busca sanar las heridas del trauma colectivo a través de un hálito místico que recuerda al cristianismo primitivo. Es aquí donde se inserta el llamado a los valores del compartir, del cuidado y de la paz, transformando la resistencia política en una misión ética.

Como decir: por un lado la barbarie imperialista, que quisiera empujarnos a un abismo de violencia, por el otro la “fuerza tranquila” de una comunidad que sabe transformar el dolor en esperanza y que sabe mantener el gobierno del país.

La peregrinación semanal de Cabello, Delcy y Jorge Rodríguez en las provincias no es solo praxis marxista para hacer crecer la conciencia de las masas, sino un ejercicio de presencia que evoca el descenso a las catacumbas del pueblo tan querido por Chávez. Este contacto físico sirve para construir un nuevo sentido común donde la fuerza del cuero se une con la dulzura de la gratuidad.

Esta presencia constante de la dirección del chavismo por las calles del país es la negación de la política entendida como oficina burocrática o administración aséptica de algoritmos, típica del neoliberalismo europeo, y también síntoma de la crisis atravesada por la revolución. Es la actualización del mandato de Hugo Chávez de bajar a las «catacumbas del pueblo»: para decir que no existe una teoría revolucionaria correcta que no esté constantemente sumergida y verificada en el movimiento real de las cosas y por este constantemente puesta a prueba.

El dirigente revolucionario es un caminante que construye la línea política junto a las masas, pisando la tierra de los barrios y escuchando directamente las necesidades de los trabajadores. Esta pedagogía política gramsciana es lo que permite al chavismo mantener una hegemonía moral incluso en las dificultades materiales: el consenso no viene de los medios internacionales, sino de una narrativa “nuestramericana” compartida, en la que la familia que ayuda al vecino, y el soldado que defiende la frontera se reconocen en el mismo proyecto de dignidad nacional.

El ejemplo citado en el programa de Diosdado, el de una familia del Táchira que cuida a niños con problemas en su propio barrio, es el corazón palpitante del discurso sobre la gratuidad y el cuidado en el socialismo bolivariano. En el sistema capitalista, el cuidado es una mercancía o un costo social que el Estado recorta brutalmente para cuadrar las cuentas. En la Venezuela que sigue declarándose socialista, en cambio, incluso en una sociedad profundamente probada por años de “sanciones” que han golpeado los proyectos sociales, el cuidado es un acto de amor organizado que escapa a la métrica del valor de cambio.

Esta gratuidad no es beneficencia compasiva, sino un acto político de reapropiación de la vida: es la demostración práctica de que el pueblo organizado puede producir protección social de manera autónoma, haciendo que el bloqueo económico y la barbarie sean ineficaces en el plano moral y humano. Es aquí donde la durezza del cuero se une con la dulzura de la solidaridad comunitaria, creando una sólida barrera contra el individualismo liberal.

Finalmente, el análisis del actuar descompuesto y rabioso de Donald Trump en la escena política estadounidense e internacional fue realizado por Cabello con un realismo carente de toda ilusión diplomática. Trump representa el rostro ostentado y brutal del imperialismo, aquel que no usa la máscara de los derechos humanos para invadir, sino que declara abiertamente querer poner las manos sobre los recursos naturales venezolanos para apuntalar la economía estadounidense que hace aguas por todas partes.

En este escenario, la campaña “Venezuela Vuela Libre” (eslogan del programa) se convierte en un grito de independencia y por el regreso de Cilia y Nicolás (“Los queremos de vuelta!”): el grito de un pueblo que, aun bajo chantaje, está decidido a no convertirse en una colonia energética, sino que pretende seguir siendo un sujeto activo en el mundo multipolar.

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