Derecho, sociedad y medio ambiente

El TS reconoce que se tiene derecho a acceder a informes ambientales finalizados

2011-11-21T06:10:00.000-08:00

Una reciente sentencia que ha notificado recientemente ha reafirmado la obligación de la Administración de permitir el acceso a informes aun cuando no se haya terminado el procedimiento administrativo. Esta interpretación desestima la pretensión de la Administración general del Estado de evitar su acceso basándose en que eran documentos inconclusos, excepción al derecho de acceso que preveía la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente y ahora la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

La Sentencia del Tribunal Supremo 6202/2011, de 29 de Septiembre de 2011, resuelve el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 11 de marzo de 2008, en la que se resolvieron dos denegaciones de acceso a la información ambiental de la Confederación Hidrográfica del Ebro en relación con el Programa de Puesta en Carga de la Presa de Itoiz.

Denegación inicial de los Informes de denegación de presas por estar inconclusos.

Inicialmente un particular y el Ayuntamiento de Valle de Longuida solicitaron a la Confederación Hidrográfica del Ebro

-"1º.- Copia íntegra de todos los Informes de auscultación de las dos presas Itoiz, realizados entre el 1 de enero de 2003 y la actualidad, incluidos en su caso los apéndices.

-2º.- Copia íntegra de todos los Informes de auscultación de las laderas vertientes al vaso del embalse de Itoiz, realizados entre el 1 de enero de 2003 y la actualidad, incluidos en su caso los Apéndices."

Ante la solicitud formulada, se informó por el Jefe del Área del Proyectos y Obras de la CHE por relación al art. 28 del Reglamento de Seguridad de Presas y Embalses que, dada la naturaleza de la fase de puesta en carga de la presa, la documentación generada al respecto tiene un carácter provisional y está sujeta a continuos cambios, de modo que, concluía, no procedía por tanto proporcionar tal información. Con base en la exposición de tal informe entendió la Resolución ahora recurrida que los datos de que se trataba tenían carácter provisional y, por tanto, no procedía su entrega al interesado ...>> (Antecedente de Hecho segundo).

El artículo 3.3 de la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, preveía que las Administraciones públicas podrán denegar una solicitud de acceso a la información sobre medio ambiente cuando afecte a documentos o datos inconclusos. Actualmente, la vigente Ley 27/2006 matiza y aclara este motivo de denegación de la siguiente forma:

Que la solicitud se refiera a material en curso de elaboración o a documentos o datos inconclusos. Por estos últimos se entenderán aquellos sobre los que la autoridad pública esté trabajando activamente. Si la denegación se basa en este motivo, la autoridad pública competente deberá mencionar en la denegación la autoridad que está preparando el material e informar al solicitante acerca del tiempo previsto para terminar su elaboración.

La abogacía del Estado se acogió a este motivo de denegación (en la redacción de 1995) y mantuvo judicialmente la naturaleza "inconclusa" de los documentos solicitados.

El TS ratifica el razonamiento de TSJ de Aragón según el cual no es lo mismo “documento inconcluso” que “procedimiento inconcluso”. Una vez que un documento está terminado existe el derecho de poder acceder a él independientemente de si el procedimiento del que forma parte ha finalizado o no.

Razonamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón:

CUARTO.- […] La falta de definición legal de qué pueda entenderse por documento inconcluso no permite entender como tal todo aquel documento cuyo contenido pueda ser luego modificado por datos o apreciaciones posteriores, puesto que tal consideración impediría finalmente considerar concluidos todos los documentos hasta que se pudiera fin al expediente tramitado o en el caso de autos, a la obra hecha y las memorias finales a presentar. Por el contrario, una vez que el documento queda fijado en su propio contenido y finalidad en el momento en que es expedido y, en su caso, suscrito por quien lo confecciona debe entenderse concluso, por tener por sí eficacia bastante. Y respecto de los informes de que se trata, es indudable que el informe hecho para valorar la resistencia del terreno o los extremos que técnicamente corresponda son documentos que por sí solos tienen la eficacia que les pueda corresponder.

El hecho de que posteriormente, visto el desarrollo de los acontecimientos o hechas las nuevas valoraciones fácticas, técnicas o jurídicas, se produzca el cambio de lo que el primer documento pudo contener podrá dar lugar a la modificación de su contenido, pero no por ello aquel documento puede ser considerado inconcluso, sino, en todo caso, equivocado en su previsión o apreciaciones.

QUINTO.- Por tanto, el posible valor relativo de los informes interesados y su documentación técnica, derivado de su carácter de mera recogida de datos o previsión que puede verse alterada luego, no suponía que aquellos documentos fueran inconclusos, puesto que no se trataba de un documento en formación, redacción o borrador, sino de informes a valorar luego en todo el proceso de construcción y utilización de las obras hidráulicas para cuyo fin se hacían. Por ello, en aplicación de la normativa citada, y que es de aplicación, el recurrente tenía derecho al acceso a tal información. Y la resolución recurrida, por tanto, incurrió en motivo de anulación por infringir tales normas en su decisión. Y no existiendo norma imperativa alguna distinta de las expuestas que deslegitime la petición del actor, procede estimar la demanda rectora del procedimiento 317/04, en la medida en que solicita lo que interesó ante la Administración>>.

Razonamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón:

“Como acertadamente señala la Sala de instancia en la sentencia recurrida, no se puede confundir -como pretende la Administración recurrente- un "informe inconcluso" -es decir en fase de borrador, pendiente todavía por ejemplo de firma por su autor, o de su preceptiva conformidad por el jefe de la unidad técnica correspondiente- con un "expediente inconcluso" en el que figuran sucesivos informes -todos ellos "conclusos"- a los que se podrán ir añadiendo nuevos datos o resultados de distinto signo conforme avancen las distintas fases del procedimiento administrativo. En este segundo supuesto de "expediente inconcluso" o inacabado, porque todavía carece de resolución final de archivo, los documentos a él incorporados -como son, en el caso que examinamos, los informes de auscultación del embalse ya emitidos, solicitados por el Sr. Norberto ; o el "Programa de Puesta en Carga" expedido en la fase de llenado de la presa requerido por el Ayuntamiento de Longuida- son documentos evidentemente conclusos, aunque el procedimiento administrativo todavía no haya finalizado y no se excluya la posibilidad de que se emitan luego otros informes conforme a los nuevos datos que, en su caso, vayan apareciendo durante la ejecución del proyecto.”

A esa misma conclusión llegó esta Sala del Tribunal Supremo en otros casos similares como son los examinados en las sentencias de 3 de octubre de 2006 (casación 2424/2003 ), 4 de abril de 2006 (casación 311/2003 ), 17 de febrero de 2004 (casación 3457/2000 ) y 28 de octubre de 2003 (casación 3928/1999 ). En ellas se realiza una exégesis del artículo 3.3 de la Ley 38/1995, de 12 de diciembre , tomando como punto de partida la interpretación extensiva otorgada por la jurisprudencia comunitaria a la materia de "medio ambiente" y el criterio de transparencia con el que debe ser tratada, así como el espíritu y finalidad de la Directiva 90/313/ CEE de 7 de junio de 1990 , de la que trajo causa dicha Ley 38/1995 y la posterior Directiva 2003/4 / CE de 28 de enero de 2003 que la sustituyó tras el Convenio de Aarhus de 25 de junio de 1998 y la posterior Ley 27/2006, de 18 de julio , actualmente vigente, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. De la fundamentación de la sentencia citada en primer lugar - sentencia de 3 de octubre de 2006 (casación 2424/2003 )- extraemos los siguientes párrafos:

Aprobadas nuevas restricciones económicas en procedimientos judiciales para la defensa de los intereses colectivos.

2011-10-31T10:14:00.000-07:00

Las últimas modificaciones de las leyes por las que se rigen los procedimiento judiciales incorporan nuevas medidas que intentan agilizar la justicia incluyendo más barreras de carácter económico.

En el final de la legislatura, se ha aprobado la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal que modifica varias leyes sobre procedimientos judiciales para intentar hacer frente a la subida exponencial de la litigiosidad, especialmente en el orden civil.

Aunque algunas de estas medidas son bienvenidas por intentar simplificar los trámites, otras tienen mucho más calado porque suponen la limitación de poder acceder a la tutela judicial efectiva al imponer barreras económicas anteriormente inexistentes.

Las limitaciones que se introducen en el orden contencioso-administrativo, el ámbito en el que se revisan las actuaciones de las regulaciones y actuaciones de las diferentes administraciones va a suponer una traba más a la labor de denuncia de las ilegalidades cometidas por quien deber velar por el objetivo de los intereses generales.

Recomiendo la lectura de la nota de prensa de Ecologistas en Acción al respecto en la que se denuncian las graves repercusiones que tiene sobre la actuaciones de las organizaciones . Las modificaciones legislativas van a implicar una seria limitación al acceso a la justicia de asociaciones ecologistas que hasta el momento vienen defendiendo precariamente los intereses colectivos de la sociedad, poniendo de relieve las auténticas arbitrariedades de los poderes públicos.

Lejos de atajar las causas de la lentitud de la justicia, la ley 37/2011 refuerza una vez más las mordazas que se deben sufrir en la denuncia de la ilegalidad. Como se dice en la nota de prensa, “medidas como las adoptadas en esta Ley supondrán un nuevo paso en la gran brecha que se está abriendo entre las instituciones y la sociedad”.

Nota de prensa Ecologistas en Acción.

Nuevas restricciones económicas para la defensa legal de los intereses ambientales y sociales

El Blog de Sevach: Aprobada definitivamente la Ley de Agilización Procesal

http://contencioso.es/2011/09/23/aprobada-definitivamente-la-ley-de-agilizacion-procesal/

Aprobadas Directrices de conservación de la Red Natura 2000

2011-10-12T02:15:00.000-07:00

Ya se han publicado oficialmente las Directrices de conservación de la Red Natura 2000. En el BOE de 244 de 10 de octubre de 2011, se recoge la Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de patrimonio natural y biodiversidad. Entre estos acuerdos, se encuentra la aprobación las “Directrices de conservación de la Red Natura 2000”. Las Directrices pueden consultarse en la web del MARM

La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad faculta al El Ministerio de Medio Ambiente a que con la participación de las Comunidades autónomas, elabore unas directrices de conservación de la Red Natura 2000 en el marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

Estas directrices constituirán el marco orientativo para la planificación y gestión de dichos espacios y serán aprobadas mediante acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente (art. 41. 3 LPNB).

Un instrumento de estas características ha sido largamente esperado desde que se previera en la Ley 4/1989. Aplicadas a la Red Natura, la asociaciones ecologistas solicitaron en el 2002 la aprobación de unas directrices similares donde se establecieran directrices y criterios orientadores sobre planificación y gestión de espacios[3].

La validez de las Directrices para la Ordenación de los recursos Naturales fue cuestionado por las Comunidades Autónomas que recurrieron determinados preceptos de la Ley 4/1989, de conservación de espacios naturales flora y fauna pero la Sentencia 102/1995 respaldó su aprobación advirtiendo la necesidad de que existan esas Directrices, básica en sí misma, no puede conllevar el carácter básico anticipado de las reglas concretas que se dicten al amparo del precepto, cuya impugnación, en su día, queda abierta” (art. 8 LCEN) [4].

Importancia de las Directrices

Debe destacarse la iniciativa esperada de dotar de unas directrices comunes en todo el territorio del Estado que guíen la siguiente fase de la construcción de la Red Natura 2000. No en vano, una gestión efectiva de la una efectiva gestión del sistema de áreas protegidas requiere una aproximación coordinada con respecto a las unidades que componen el conjunto del sistema y con otros usos y actividades que inciden sobre el territorio. Este aspecto es de vital importancia para la adecuada concurrencia de niveles políticos que deben concurrir para una adecuada protección de los intereses públicos.

Esta coordinación necesita una dirección global que provea una dirección al conjunto y establezca directrices a la gestión del espacio natural. Los planes de manejo o gestión por su parte, en un nivel inferior, ofrece una amplio marco para las actuaciones locales, entre otros aspecto, integrando las líneas maestras de las directrices, articulando los objetivos específicos del lugar, controlando los programas de conservación necesarios o estableciendo la zonificación precisa para el control de los usos y actividades [1].

Si a nivel comunitario deberían existir unas directrices guiadas por los objetivos que persiguen las dos Directivas Aves y Hábitats, también deberían aprobarse un marco global de gestión a nivel estatal. En lo que se refiere a las directrices de ordenación previstas en la antigua ley 4/1989 siempre se ha echado en falta un liderazgo que permitiera unos criterios mínimos comunes en la gestión de los recursos.

Las directrices de ordenación pueden facilitar uno de los aspectos que deben sustentar una red ecológica en un territorio complejo, esto es, un primer escalón en la planificación del sistema de espacios protegidos que defina los elementos estructurantes de carácter permanente tanto del conjunto del sistema como de cada espacio que forma parte de él e incluya su relación con la planificación territorial y la definición de sus contenidos [2].

Estructura y contenido de las directrices

Como indica el apartado de “Fundamentos Técnicos” las secciones en las que se agrupan las Directrices de conservación de la Red Natura 2000 obedecen a una agrupación sistemática y ordenada de conceptos basada en la lógica de la planificación. Lo esencial es que lo señalado en ellas quede incorporado en el instrumento de gestión, independientemente de la forma final que éste adopte.

La finalidad es que los instrumentos de gestión de la Red Natura 2000 se elaboren con una lógica técnica que responda a los objetivos de conservación que se pretenden alcanzar. Para ello se establecen pautas que aseguren una conexión clara entre objetivos a alcanzar y medidas de actuación.

Además de establecer unos “Principios Generales”, en la redacción de las directrices se ha optado por segmentar su contenido en “Directrices” propiamente dichas y vinculantes, y “Recomendaciones”, sin ese carácter imperativo.

Las directrices y recomendaciones se enmarcan en los siguientes apartados.

1. ÁMBITO TERRITORIAL

2. INVENTARIO

3. ESTADO DE CONSERVACIÓN

4. OBJETIVOS

5. ZONIFICACION

6. MEDIDAS Y ACCIONES

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

8. EVALUACIÓN ECONOMICA Y PRIORIDADES

9. COHERENCIA DE LA RED

Valoración.

Es muy loable la calidad técnica del documento. Desde el punto de vista jurídico, se percibe un documento muy trabajado, conciso y exhaustivo. Precisamente sorprende por las referencias que tenemos a la normativa básica abstracta y genérica. El espíritu que subyace a las directrices se sintetiza en este párrafo “la finalidad de estas Directrices es que los instrumentos de gestión de la Red Natura 2000 se elaboren con una lógica técnica que responda a los objetivos de conservación que se pretenden alcanzar en los espacios que conforman la Red. Para ello se han establecido pautas que permitan y aseguren una conexión clara entre medidas de actuación y objetivos a alcanzar, evitando así que los instrumentos de gestión se conviertan en unos documentos vacíos de contenido y con propuestas inconexas y poco mensurables.”

Frente a la valoración discrecional de la administración a veces con excesivo alejamiento de los objetivos de conservación de las ZEPAs y ZECs, lo que permiten las directrices y nos permitirían es reducir ese ámbito de discrecionalidad en base a criterios comunes de carácter técnico.

[1] DAVEY A. G., National System Planning for Protected Areas, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 1998 Pág. 28 (URL: http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_publications/?333/National-System-Planning-for-Protected-Areas, última consulta 12/10/2011)

[2] EUROPARC-España, Plan de acción... op. cit. Pág. 47 (http://www.redeuroparc.org/documentos_anexos/planaccion.pdf, última consulta 10/11/2011]

[3] ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, GREENPEACE, SEO/BIRDLIFE Y WWF/ADENA, “225 medidas para el Desarrollo Sostenible” presentadas por estas asociaciones el 21 de febrero de 2002 al Ministerio de Medio ambiente que deben ser contempladas por la futura Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) para convertirse en un instrumento eficaz. Apartado 9, medida propuesta nº 7.

[4] STC 102/1995. Fundamento decimocuarto.

Recopilación de Twits - Seminario sobre Valoración Económica de la Biodiversidad

2011-10-04T02:34:00.000-07:00

El pasado 30 de septiembre y 1 de octubre, Ecologistas En Acción ha celebrado un interesante seminario con el título ¿Hay que poner precio a la biodiversidad? sobre la valoración económica de la biodiversidad, oportunidades y riesgos.

Durante los dos días, se ha realizado un repaso desde todas las perspectivas que pueden afectar a esta valoración tan específica. Se han puesto sobre la mesa, argumentos a favor de los posibles beneficios de la valoración económica y monetaria, pero también los peligros que encierra ese tipo de lenguaje y las perversiones que puede conllevar un reduccionismo económico.

A lo largo del seminario, pude ir enviando vía Twitter (@ARuizSalgado) algunas pinceladas de las diferentes intervenciones. Aunque la comprensión y selección de las ideas es forzosamente subjetiva he intentado prestar atención a todas las cuestiones que podían ser interesantes para los interesados en esta cuestión. Las ponencias y los videos serán puestas a disposición en breve por Ecologistas en Acción.

Como en todos los wicked problems, la ética de bases y los marcos mentales que dan forma a los conceptos y preocupaciones que guían nuestra forma de intentar comprender y dar respuesta a un problema social hacen imposible dar una respuesta simple a lo que es necesariamente complejo y radicalmente sociopolítico. Sin embargo, sí pueden extraerse planteamientos que deben afrontarse para enmarcar y situar la valoración económica en sus justos términos.

Estas ideas sobre valoración podrán servir de mimbres para construir junto con el marco teórico de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España, la vara de medir de las diferentes políticas, actuaciones y propuestas que se desarrollen para afrontar el cambio global a largo plazo.

¿Hay que poner precio a la biodiversidad?. Seminario sobre valoración económica de la biodiversidad, oportunidades y riesgos

30 de septiembre - 1 de octubre, 2011
Círculo de Bellas Artes C/ Alcalá 42, Madrid
Sala Valle Inclán, 5º Piso

Sep 30, 9:13am vía HootSuite

Hoy toca salir del despacho, Seminario de @ecologistas y @FBiodiversidad ecologistasenaccion.org/article21322.h…

Introducción al TEEB (Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad). Antecedentes y expectativas. Benjamin Simmons. Jefe de la Unidad de Comercio, Políticas y Planificación Económica. PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). Ginebra (Suiza).

Sep 30, 11:27am vía HootSuite

"[utilizar] La valoración económica depende de con quién estemos hablando" B. SIMMONS en seminario valoración económica de Ecologistas en Acción

Hacia una economía que tenga en cuenta el planeta y las personas. Aniol Esteban. Director del Área de Economía Ambiental. New Economics Foundation. Londres (Reino Unido).

Sep 30, 12:34pm vía HootSuite

"Somos muy malos convirtiendo el uso de recursos naturales en bienestar humano" A. ESTEBAN @NewEconomics en Seminario @ecologistas

Sep 30, 12:49pm vía HootSuite

A.ESTEBAN @neweconomics "Tenemos que dar respuesta conjunta a una triple crisis: ecológica, energėtica y económica" Seminario @ecologistas

Sep 30, 1:00pm vía HootSuite

Cerrando A. Esteban, cita Bateman: "Sin el medio ambiente estamos muertos, su valor es infinito" Seminario valoración económica @ecologistas

¿Por qué lo llaman valoración cuando quieren decir mercantilización? Pedro Lomas. Investigador en Ecología y Economía Ecológica. Universidad Autónoma de Madrid.

Sep 30, 1:13pm vía HootSuite

¿Por quė lo llaman valoración cuando quieren decir mercantilización? P. LOMAS en Seminario valoración económica @ecologistas

Sep 30, 1:26pm vía HootSuite

"Como no podemos modificar el modelo económico, se encaja la realidad en el modelo" P. LOMAS en Seminario @ecologistas

Sep 30, 1:42pm vía HootSuite

"El lenguaje no es un instrumento neutro de valoración porque condiciona preguntas a responder, reglas de juego,..." LOMAS en @ecologistas

Sep 30, 1:48pm vía HootSuite

LOMAS "No se trata tanto de fallos de mercado como de sus propios límites" en @ecologistas

Sep 30, 1:51pm vía HootSuite

"Las dimensiones ecológica (límites) y social (necesidades) deben ser las que dirijan la economía" LOMAS en seminario @ecologistas

Valoración económica de los ecosistemas y la biodiversidad: oportunidades y peligros del nuevo pragmatismo ambiental. Erik Gómez-Baggethun. Investigador en Economía Ecológica y asesor científico. Instituto de ciencia y tecnología ambiental. Universidad Autónoma de Barcelona.

Sep 30, 4:15pm vía HootSuite

Esperando la charla de Erick GÓMEZ-BAGGETHUM. ¿Nos hablará de economizar la ecología o ecologizar la economía" seminario @ecologistas

Sep 30, 4:21pm vía HootSuite

"3 tipos de afrontar desde el ecologismo la valoración: el creyente, el purista y el pragmätico" GÓMEZ-BAGGETHUM Seminario @ecologistas

Sep 30, 4:52pm vía HootSuite

"No se trata tanto de evitar la mercantilización, sino de poner límites al mercado y a la mercantilización" GÓMEZ-BAGGETHUM @ecologistas

Sep 30, 5:04pm vía HootSuite

"luces valoración: Explicitación dependencia social ecosistemas, modificación sistemas contables ,.." GÓMEZ-BAGGETHUM @ecologistas

Sep 30, 5:07pm vía HootSuite

"Sombras valoración: simplificación complejidad, reproduce lógicas de mercado y crecimiento económico,..." GÓMEZ-BAGGETHUM @ecologistas

Sep 30, 5:25pm vía HootSuite

"A veces el que algo tenga valor 0, no es un fallo de mercado, es porque hay una asimetría de poder" GÓMEZ-BAGGETHUM seminario @ecologistas

Sep 30, 5:30pm vía HootSuite

GÓMEZ-BAGGETHUM "No hay que confundir (y hay que evitar) pago por compensación y justificación del daño" seminario @ecologistas

Sep 30, 6:47pm vía Twiffo

la valoración económica no puede ser la única forma de valorar. hay que dar voz a otros lenguajes. ¿Qué pasa si no es rentable conservar. GÓMEZ-BAGGETHUM turno de preguntas @ecologistas

Proyecto VANE: valoración de los activos naturales de España. Diego Azqueta. Director Científico del Proyecto. Catedrático de Teoría Económica. Universidad de Alcalá.

Sep 30, 6:57pm vía HootSuite

"Hay ejemplos buenos de utilización del mercado para la conservación: ejemplo Riet Vell @SEO" www.rietvell.com Intervención persona público.

Oct 01, 10:47am vía HootSuite

3 éticas valoración antrocéntrica extendida, de la Tierra, derechos naturaleza. Todas tienen sus limitaciones. AZQUETA sem. @ecologistas

Oct 01, 10:56am vía Twiffo

No es posible sustituir capital natural por artificial. Conocer su valor total no es útil para la sosteniblidad, pero tiene mucha utilidad en micro y macroeconomía. En diferentes momentos AZQUETA seminario @ecologistas

Oct 01, 11:07am vía HootSuite

AZQUETA comenta iniciativa Yasuní. Clave conocer coste de oportunidad, lo que dejado de ganar por conservar @ecologistas yasuni-itt.gob.ec/

Oct 01, 11:09am vía HootSuite

AZQUETA "El precio es un voto sesgado porque depende del valor adquisitivo. Tiene que controlarse estos efectos". Seminario @ecologistas

Oct 01, 11:14am vía HootSuite

El VANE no puede ni debe servir para calcular expropiaciones, ni aplicar ley de responsabilidad ambiental. AZQUETA en seminario @ecologistas

Instrumentos económicos y fiscales para la conservación de la biodiversidad. Ignasi Puig Ventosa. Director del Área de Economía Ecológica y Fiscalidad. Ent, Environment & Management. Barcelona.

Oct 01, 11:27am vía Twiffo

"El mercado es incapaz de suministrar la cantidad "óptima" de bienes públicos (biodiversidad). Se requiere intervención pública: reglamentación, comunicación, gasto públicopúblico y/o incentivos" I. PUIG seminario @ecologistas

Oct 01, 11:35am vía HootSuite

"La utilización de iniciativas fiscales de carácter ambiental es marginal a nivel estatal" I. PUIG seminario @ecologistas

Oct 01, 11:46am vía HootSuite

"No hay que confundir PSAs con subvenciones públicas condicionadas. Los PSAs puros tienen poco recorrido en España" I. PUIG @ecologistas

Oct 01, 11:55am vía Twiffo

"Los incentivos funcionan mejor si se aprueban con suficiente antelación, con amplia discusión y con una previsión de su evolución. Los tributos finalistas tienden a tener mejor aceptación" I. PUIG seminario @ecologistas

El ‘Fetichismo de lo Visible’ en la evaluación de servicios de los ecosistemas. Berta Martín. Investigadora del laboratorio de socio-ecosistemas. Universidad Autónoma de Madrid.

Oct 01, 12:35pm vía HootSuite

Ahora, Berta Martín: "El fetichismo de lo visible" seminario valoración @ecologistas

Oct 01, 12:40pm vía HootSuite

MARTÍN "Círculo perverso: aumentan las medidas de conservación, pero aumentan impulsores indirectos y directos de degradación"@ecologistas

Oct 01, 1:01pm vía HootSuite

"Luces valoración económica: visibiliza conflictos sociales y trade-offs, ayuda toma decisiones, poder educativo e informativo" MARTÍN

Oct 01, 1:06pm vía HootSuite

"Sombras: valoración monetaria invisibiliza componentes clave de los ecosistemas para suministrar servicios" MARTÍN @ecologistas

Oct 01, 1:11pm vía HootSuite

"Sombras Cambia escala valores primando valor monetario, invisibiliza instituciones no formales comunitarias de gestión" MARTÍN @ecologistas

Oct 01, 1:16pm vía Twiffo

"valoración es mucho más que la valoración monetaria, también debe añadirse evaluación biofísica y componentes ecológicos y culturales clave e instituciones no formales" MARTÍN @ecologistas

Oct 01, 1:24pm vía HootSuite

A pregunta sobre propuestas concretas, más en Evaluación de los Servicios Ecosistemas en España" MARTÍN @ecologistas

Oct 01, 1:28pm vía Twiffo

Respondiendo a pregunta "los instrumentos económicos pueden servir si permiten empoderar a comunidades rurales, no pueden ser fin en sí mismo" MARTÍN @ecologistas

El papel de los pagos por servicios ambientales. Pablo Martínez de Anguita. Profesor de desarrollo forestal y rural. Universidad Rey Juan Carlos.

Oct 01, 4:12pm vía HootSuite

"El valor va más allá de la utilidad pero no hay que renunciar a la economía, puede ponerse al servicio de la conservación" MNEZ.ANGUITA

Oct 01, 4:25pm vía HootSuite

"Los PSAs tienen sentido cuando nos conducen a integrar los circuitos económicos en el resto de la realidad" MNEZ.deANGUITA @ecologistas

Oct 01, 4:27pm vía HootSuite

"Lo importante de los PSAs es que fomenten el desarrollo rural y la organización comunitaria" MNEZ.deANGUITA seminario @ecologistas

Oct 01, 4:37pm vía HootSuite

"El mayor reto en los PSAs está en conjugar el nivel estatal y local basándose en el ppio. de subsidiariedad ambiental" MNEZ.de ANGUITA

Oct 01, 4:39pm vía HootSuite

"La custodia del territorio es un instrumento perfecto para desarrollar los PSAs" MNEZ.de ANGUITA seminario @ecologistas

Oct 01, 4:56pm vía HootSuite

"la custodia del territorio se basa actualmente en filantropía, tiene que reconocerse socialmente a través de financiación estable" ANGUITA

Oct 01, 5:08pm vía HootSuite

"La decisión en PSAs es multicriterio, tan importante es la valoración como la organización misma del mecanismo" MNEZ.deANGUITA @ecologistas

Consecuencias sociales de los pagos ambientales. Nancy Arizpe, Universidad Autónoma de Barcelona (pendiente de confirmar).

Oct 01, 5:47pm vía Twiffo

"A nosotros no nos importaba conservar sin recibir dinero, pero nuestros hijos sólo quieren recibir dinero" citado por Nancy ARIZPE ¿Efectos sociales a corto plazo de los PSAs? Seminario @ecologistas

Debate

Oct 01, 6:20pm vía HootSuite

Debate: La valoración económica no aborda las causas de la pérdida de biodiversidad. No pone freno a impulsores indirectos de cambio. J.Grau

Oct 01, 6:24pm vía HootSuite

Debate "la valoración económica no puede ser la única herramienta porque el problema de pérdida de biodiv. no es sólo económico" M.ANGUITA

Presentación Informe de resultados de la "Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España".

2011-09-26T11:43:00.000-07:00

Hoy, 26 de septiembre, se ha presentado en el CaixaForum de Madrid, el informe de resultados del Proyecto "Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España".

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España, promovido por la Fundación Biodiversidad, constituye el primer análisis que se realiza sobre el estado y las tendencias de los servicios de los ecosistemas terrestres y acuáticos de España y a su contribución al bienestar de sus habitantes.

Hoy, 26 de septiembre, se ha presentado en el CaixaForum de Madrid, el informe de resultados del Proyecto "Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España".

El informe de síntesis puede descargarse en la web de la Fundación Biodiversidad y próximamente en la web del proyecto Ecomilenio. El informe completo estará también disponible en este último portal.

Aunque derivado del Millennium Ecosystem Assessment, la aplicación en España del marco conceptual e incluso la mejora de algunos conceptos, va a convertir este informe en un documento imprescindible para plantear el futuro de las políticas para la sostenibilidad.

Informe de síntesis disponible en: http://www.fundacion-biodiversidad.es/images/stories/recursos/proyectos/biodiversidad/2008/fgua/lecomilenio.pdf

Extractos del informe:

Mensajes clave de la Evaluacion de los Ecosistemas del Milenio de España

1.- Del buen funcionamiento de los ecosistemas de España y su biodiversidad depende el futuro social, cultural y económico de su población, ya que constituye la base biofísica o “capital natural” sobre el que se asientan el resto de capitales de origen humano.

2.- En los últimos 50 años los ecosistemas y la biodiversidad de España han sufrido un proceso acelerado y sin precedentes de alteraciones como resultado de la insostenibilidad del modelo de desarrollo económico predominante y el estilo de vida asociado al mismo.

3.- La interacción sinérgica entre el modelo económico y los patrones demográficos ha promovido drásticos cambios de uso del suelo que constituyen actualmente el principal impulsor directo que subyace al deterioro de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.

4.- El 45% de los servicios de los ecosistemas evaluados se han degradado o se están usando insosteniblemente, siendo los servicios de regulación los más negativamente afectados.

5.- La creciente población urbana está promoviendo una explotación insostenible de servicios de abastecimiento tecnificados y ciertos servicios culturales demandados desde las ciudades, en detrimento de importantes servicios de regulación y servicios culturales asociados al medio rural, incrementando nuestra vulnerabilidad ante las previsibles perturbaciones naturales relacionadas con el cambio climático.

6.- Muchos aspectos del bienestar de la población española se están viendo negativamente afectados por el progresivo proceso de degradación que están experimentando los servicios de los ecosistemas.

7.- España no es autosuficiente respecto al suministro de algunos alimentos, fibras, agua y energía que su modelo económico demanda, dependiendo a día de hoy en aproximadamente un 30% de los servicios de abastecimiento y recursos geóticos procedentes de otros ecosistemas del planeta.

8.- La transición hacia la sostenibilidad en España pasa por lograr una gestión adaptativa del capital natural para el bienestar de su población, lo cual requiere de la adopción de medidas estructurales encaminadas a construir un nuevo marco de gobernanza que module las interacciones entre la sociedad humana y los ecosistemas y que redefina el verdadero papel de la economía en un modelo de desarrollo justo socialmente y sostenible en términos ecológicos.

9.- La actual crisis financiera constituye, paradójicamente, una “ventana de oportunidad” propicia para impulsar un cambio en nuestro modelo de desarrollo e iniciar una verdadera transición hacia la sostenibilidad.

[…]

10. ¿Con qué estrategias y acciones podemos iniciar un proceso de transición a la sostenibilidad socioecológica de España?. De la ciencia aplicada a la aplicación de la ciencia.

- Una verdadera transición hacia la sostenibilidad de España requerirá de la adopción de nuevos paradigmas basados en la aceptación de los límites biofísicos de los ecosistemas de España, así como del desarrollo de aproximaciones integrales a la gestión de los ecosistemas y sus servicios que transciendan los enfoques sectoriales convencionales.

- La consolidación de la Ciencia de la Sostenibilidad, como disciplina centrada en el análisis de las interrelaciones dinámicas entre naturaleza y sociedad desde un enfoque transdisciplinario, contribuirá a sentar las bases y principios que permitan construir un proceso de desarrollo socialmente justo y ambientalmente sostenible.

- Una verdadera transición hacia la sostenibilidad sólo será viable bajo un nuevo marco institucional de gobernanza multinivel y sobre la base de un cambio en los valores y patrones de comportamiento a nivel social e individual.

- Para detener la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad en nuestro país será necesario desarrollar, de forma articulada e integradora, una “caja de herramientas” compuesta por medidas que vayan desde la legislación ambiental específica, hasta los incentivos económicos e instrumentos de mercado, las eco-tecnologías, la Planificación socioecológica del territorio, los modelos de cogestión adaptativa basados en la comunidad y, finalmente, las estrategias de educación para la sostenibilidad.

- El enfoque de los “servicios de los ecosistemas” abre una ventana de oportunidad para tender puentes y romper barreras entre las dos respuestas institucionales más importantes para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas que se han desarrollado recientemente en nuestro país: la Ley de Conservación de la Biodiversidad y el Patrimonio Natural y la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

[…]

11. ¿Cómo podemos gestionar el flujo de los servicios de los ecosistemas de España para asegurar el bienestar de su población?. ¿Qué hemos aprendido? Más fuerte juntos

- El desafío de la sostenibilidad en España pasa por la gestión adaptativa de su capital natural para el bienestar de su población. Se trata de un cambio de modelo cuyo objetivo central sea mantener la capacidad de los ecosistemas de suministrar servicios a la sociedad gestionando su integridad ecológica y su capacidad adaptativa (o resiliencia socioecológica) frente a sorpresas o perturbaciones de origen natural o antrópico.

- La alternativa a la insostenibilidad que el actual modelo de desarrollo ha provocado dependerá de la capacidad que tengamos como sociedad de transformar nuestro estilo de vida.

- La fuerza que están adquiriendo los movimientos sociales actualmente se interpreta como una clara señal de que la sociedad española se encuentra predispuesta a llevar a cabo cambios importantes desde la ventana de oportunidad que ha abierto la reciente crisis financiera.

- Solo a través de la participación se puede conseguir la cohesión social necesaria para alcanzar dicho cambio. La transición hacia la sostenibilidad pasa por la conciencia individual y por un mayor conocimiento sobre los vínculos naturaleza-sociedad que hagan entender al ciudadano las consecuencias globales que sus decisiones cotidianas tienen sobre los ecosistemas locales, regionales y de todo el planeta, así como sobre su propio bienestar.

- El proceso de transición hacia la sostenibilidad propuesto pasa por cambiar la concepción actual del urbanismo y el modo de vida de las ciudades españolas, las cuales deben ser rediseñadas como unidades suministradoras de servicios en un contexto territorial a través de redes socioecológicas de áreas verdes que potencien la cohesión social y la reconexión con la naturaleza.

- Luchar contra la amnesia ecológica -que nos hace olvidar que formamos parte de los sistemas ecológicos y que dependemos de ellos para todo- así como contra la anestesia tecnológica –que nos hace reposar la esperanza en un optimismo ciego hacia las tecnologías presentes y futuras será fundamental para promover el cambio social que desde el cambio individual alimenten la tan necesaria transición hacia la sostenibilidad.

La "Administración legisladora". Un caso de indebida aplicación de las leyes.

2011-09-01T09:00:00.000-07:00

¿Cuándo surge un conflicto de leyes, puede la Administración dejar de aplicar una ley para aplicar otra? ¿Y si no está tan claro que exista tal contradicción y la Administración opta por dejar de aplicar la legislación vigente, sacándose de la manga una interpretación en base a una hipotética ley que todavía no se ha aprobado?.

Esa situación es la que se me planteó a inicios de agosto en la Comunidad de Madrid. En un municipio de esta Comunidad se había solicitado la ocupación de terrenos en un Monte incluido en el Catálogo de Utilidad Pública (C.U.P.), para poder abrir un hotel de lujo.

Debe conocerse desde el principio que en la Comunidad de Madrid es aplicable la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid

que prevé un plazo limitado para la cesión de derechos como esta ocupación. Con posterioridad, con carácter básico y aplicable a todo el territorio estatal, se aprobó la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes que permite una mayor flexibilidad. El problema es que el órgano competente para prever el desarrollo legislativo, la Asamblea de Madrid, todavía no ha ampliado el plazo de cesión de derecho, continuando vigente en toda su extensión y literalidad la ley madrileña 16/1995.

Siendo esta la aparente sencillez, la Dirección General se tuvo conocimiento del informe que permitía obviar la aplicación Ley 16/1995 invadiendo -de aprobarse el expediente- competencias de la asamblea, al arrogarse competencias claramente legislativas.

El texto del informe concluía lo siguiente: “a expensas de que se produzca en el futuro una modificación de la Ley 16/05 para adaptarla a la normativa estatal y mientras se dan por parte de la Dirección General unas directrices en cuanto a la interpretación de este asunto, de forma excepcional y en este caso concreto, no hay inconveniente en que se establezca un plazo de ocupación de 29 años tal y como solicita el beneficiario xxxxxxxx S.L.”.

Este tipo de interpretación y en especial el considerar que “no hay inconveniente en que se establezca un plazo superior” es contraria al principio de jerarquía normativa, al sometimiento de la Administración a la Constitución y al ordenamiento jurídico la actuación y a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Como se ha mencionada, a falta de una hipotética derogación, todavía no aprobada, la norma aplicable es la vigente Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. Esta norma define con claridad en su art. 13 el régimen de autorizaciones en Montes incluidos en el C.U.P.:

“6. Excepcionalmente podrán autorizarse servidumbres, ocupaciones temporales y otros derechos a favor de terceros en montes catalogados, siempre que se justifique su compatibilidad con las funciones de utilidad pública del monte.

Cuando la titularidad del monte gestionado por la Comunidad de Madrid corresponda a otra administración pública se requerirá, a tales efectos, el previo informe favorable de la entidad titular.

Los derechos de ocupación serán siempre otorgados por un tiempo definido, no pudiendo éste exceder de quince años.”

Siendo esta la legislación aplicable, a la Administración sólo le es posible aplicar las leyes y las normas con rango de ley, estándole vetado la interpretación contraria a las mismas o la aprobación de disposiciones general y actos administrativos que sean contrarios a ellas.

La Administración debe ser especialmente cuidadosa en ajustar su actuación al Estado de Derechos, pues la Constitución establecer que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE). Igualmente, se garantiza constitucionalmente el principio de legalidad, jerarquía normativa e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE). Por otra parte y especialmente en este caso, el artículo 103.1 de la Constitución impone explícitamente a la Administración que sirva al interés público, pero que lo haga con "objetividad" y con "sometimiento pleno a la ley y al Derecho" (en el mismo sentido art. 3.1 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

No es superfluo añadir que Las Leyes de la Asamblea de Madrid están sujetas únicamente al control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional (art. 42 Ley Orgánica 3/1985, de 25 de febrero, Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid). Por tanto, la Administración no tiene atribuido ningún poder legislativo que pueda oponerse a la fuerza de ley que tiene el artículo 13.6 Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. Es la Asamblea la que debe decidir la concreción de las obligaciones en el marco de la legislación estatal.

Precisamente en base al sometimiento pleno a la ley y al Derecho, la Administración no puede dejar de aplicar una disposición legal considerando que es contradictoria. Lo único que puede realizar si así lo estima conveniente, es impulsar la correspondiente modificación legislativa que permita el desarrollo legislativo en el marco de la legislación básica. En ningún caso, puede adoptarse la decisión propuesta en el Informe a riesgo de autorizar un uso viciado de anulabilidad ex art. 63.1 L30/1992.

Este caso es interesante para comprender las diferentes competencias que le corresponde al Poder Legislativo (Asamblea) y al Ejecutivo (Gobierno/Administración). A veces el ímpetu administrativo y el afán por alcanzar un resultado rápido, impiden comprender el significado de las Instituciones y Procedimientos que tan importantes son en sociedades complejas.

Tres ejemplos de gestión del patrimonio geológico y minero: El bueno, el feo y el malo

2011-07-26T00:53:00.000-07:00

La gestión del patrimonio geológico y minero es incipiente, pero ya existen numerosos ejemplos que ponen a prueba, tanto el interés de las Administraciones en hace cumplir la ley, como en el interés de los ciudadanos. Podemos comprobar diferentes situaciones a través de la comparación de tres “modelos” de conservación de patrimonio y comprobar cómo han resuelto las amenazas en Zumaia, Mazarrón y Aledo.

- Zumaia

Las principales presiones sobre el espacio proceden de los usos recreativos, científicos, pesqueros y de la recogida de especimenes para su estudio o colección. Desde el punto de vista paisajístico, las amenazas más significativas se localizarían en el ámbito terrestre, producidas por modificaciones de los usos del suelo o por la construcción de infraestructuras. Tampoco son desdeñables las presiones derivadas de la presencia de la carretera N-634 (Diagnóstico. Epígrafe 2 PORN).

La apertura del centro de interpretación geológica Algorri en Junio de 2005 y la tramitación de la zona como biotopo protegido han creado las condiciones necesarias para desarrollar un programa de divulgación geológica que está dando ha dado resultados muy positivos (HILARIO ORÚS, 2008). Tal vez no sea coincidencia que en el marco de la divulgación de los valores del enclave, se rodara y emitiera en televisión un documental "Flysch, el susurro de las rocas", documental de geología que emitió TVE 2.

La legislación vasca prevé en la tipología de espacios naturales protegidos de , la figura de biotopo protegido. (Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco art. 15 L16/1994). En base a esta norma, se elaboró un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que se aprobó mediante Decreto 33/2009. El mismo día, se aprobó la declaró Biotopo Protegido el tramo litoral Deba-Zumaia (Decreto 34/2009, de 10 de febrero)

Desde el punto de vista de la geoconservación destacan dos procedimientos que están en marcha. Por un lado El Departamento de Desarrollo del medio rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha elaborado un plan de gestión del Biotopo recientemente presentado (7/6/2011). Por otro, el Geoparque de la Costa Vasca forma ya parte de la red de Geoparks.

Tampoco puede olvidarse que el flysch de Zumaia ha sido propuesto como un lugar de interés geológico de relevancia internacional (GEOSITES)

En este caso la implicación y cooperación entre las diferentes administraciones parece clave para que la conservación se desarrolle relativamente rápido y de forma efectiva. Este modelo se asienta también sobre la divulgación y el geoturismo como dinamizador de la conservación.

- Conjunto minero de Mazarrón

El 21 de febrero de 2011, me llegó por email la noticia aparecida en La Verdad de la degradación que sufrió el coto minero de Mazarrón. Un lugar supuestamente conservado por sus valores históricos y culturales, protegido en base al patrimonio histórico (Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio histórico). Nada de eso le valió para evitar que su expolio para extraer las tuberías con el fin de venderlas posteriormente.

Días antes unas máquinas habían entrado máquinas entraran sin permiso hasta el corazón del paraje minero y desecaran una de las dos balsas de estériles del conjunto 'Recuperada', incluidas en el catálogo de elementos protegidos. Los trabajos forman parte de un proyecto de la Dirección General de Industria y la Universidad Politécnica de Cartagena, con ayuda de la Unión Europea, para regenerar suelos contaminados (Noticia La Verdad).

Si ya de por sí el hecho es lamentable, no lo es más la pasividad de la administración que se limitó a proteger sobre el papel el coto minero y se desentendió posteriormente de su gestión. En particular el Ayuntamiento de Mazarrón no había aprobado el plan especial de protección de los recursos y hasta la fecha de la noticia no había realizado ninguna actuación legal tendente a esclarecer el expolio o las obras que afectaron al lugar.

- Cabezo del Molino en Aledo (Murcia),

El último caso es desgraciadamente más corto. Lo recoge Guillén Mondéjar en un artículo suyo (págs. 13 y 14). El Cabezo del Molino de Aledo (Murcia) tenía un interés científico puesto que su estudio le había permitido explicar la historia geológica de la cuenca terciaria de Lorca. Al interés afectivo se le unía un interés científico y didáctico.

No debían pensar así otros interesados porque el lugar es ya de interés urbanístico y ya cuenta con una urbanización que ha destruido completamente el enclave.

Si el caso de Zumaia era paradigmático de la cooperación administrativa, consenso en los valores que servían de base para el lugar y conservación efectiva, los demás no lo son tanto. El coto minero de Mazarrón, pese a estar protegido legalmente, se aprecia una descoordinación entre los diferentes niveles y desinterés por parte de la administración más cercana al territorio. En el supuesto del Cabezo del Molino, ni hubo interés en conservar.

En síntesis y sin ánimo exhaustivo, pueden ser tres modelos de gestión que podrían calificarse como bueno, feo y malo respectivamente. Tres ejemplos de implicaciones o desafecciones de las Administraciones públicas en la gestión del patrimonio común.

¿se necesita una legislación sobre conservación del patrimonio geológico?

2011-07-14T00:23:00.000-07:00

Hace unos días se planteo en un foro si hacía realmente falta una egislación expresa para el patrimonio geológico, cuando estamos viendo que la de patrimonio natural ni se cumple ni se hace cumplir, no se transpone adecuadamente a las CCAA, o se torea convenientemente "por el interés general". Es una cuestión que me hago a menudo en el enfoque de conservación de la naturaleza y, tal vez, por deformación profesional hasta vería que el enunciado no es del todo correcto.

De entrada si se quiere tener herramientas para incidir en la actuación de las administraciones y en las conductas de la ciudadanía, la respuesta, indudablemente es sí. No sólo porque sólo porque la administración sólo puede hacer aquello que legalmente le es permitido y es el único instrumento que permite exigir su cumplimiento. Además, la legislación es también una herramienta de comunicación (a veces bastante roma, lo reconozco), pero permite la jeraquización de prioridades entre todos los grupos sociales heterogéneos. El simple hecho de que se mencionara el “patrimonio geológico” y la “custodia del territorio” ha generado un aluvión de publicaciones, seminarios y expectativas que no hubieran prosperado de no haberse incluido.

En cuanto a si la legislación no se cumple, no se si no se cumple la legislación o es que hay casos en los que no se cumple?. El matiz es bien distinto. Como abogado ecologista veo casos frecuentemente en que judicialmente se está respaldando el cumplimiento de la ley (lenta, con lagunas en algunos aspectos y con mucho coste de los implicados, pero esto es otra batalla).

En todos los casos en los que se falla a favor de proteger los valores naturales, necesariamente tiene que existir una ley que no se cumple, una administración que infringe activa o pasivamente sus obligaciones (sea la causa de origen de unitiva pública o privada), alguien que recurre en base a la ley infringida la actuación administrativa y la administración de justicia que sólo puede valorar si se ha incumplido la legislación. Por tanto, en un Estado de Derecho sólo a través de la ley podemos proteger aquellos bienes que la sociedad considera más valiosos.

Si no existe más cumplimiento de la legislación (hablaríamos más de grado de cumplimiento que de si se cumple o no), probablemente sea por la falta de concienciación de la ciudadanía. Al margen de la corrupción, los políticos suelen hacer aquello que les permite más votos y las preocupación de la gente no son, ni la geodiversidad, ni la defensa del patrimonio natural.

El verdadero problema de la ley es que no existe una verdadera cultura de la legalidad (muy relacionada con la calidad democrática). Si la administración infractora (léase decisor político), antes de realizar la ilegalidad valorase las repercusiones negativas que pudieran derivarle, seguramente se evitarían muchas lamentaciones.

Hasta que ese día llegue, las Administraciones que hacen bien las cosas y las organizaciones que defienden los intereses comunes necesitan de las mejores herramientas legales que refuercen las conductas positivas hacia los objetos de conservación.

La conservación del paisaje (I)

2011-06-24T02:04:00.000-07:00

El desarrollo de la conservación del territorio y de sus valores ha dependido siempre de la percepción que primaba en cada preciso momento, cada vez más ambiciosa, a causa del mejor conocimiento de los procesos naturales y la relación que las actividades que la sociedad tiene sobre ellas.

En estos últimos años ha empezado a ganar peso la consideración espacial del paisaje, entendiéndolo como un territorio, realidad compleja y frágil compuesto de múltiples elementos naturales y culturales (MANIFIESTO POR UNA NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO, 2006), que es percibido por la población. Esta postura reconoce el paisaje como la unión de ambos aspectos, objetivo y subjetivo. Ello supone que desde el punto de vista del pasaje, deban atenderse a ambas perspectivas.

El marco jurídico se ha desarrollado en el ámbito internacional a raiz de los trabajos previos y la aprobación del Convenio Europeo del Paisaje y en el ámbito español, por la ratificación del mencionado convenio y el desarrollo legislativo autonómico.

El Convenio Europeo del Paisaje

El concepto de paisaje aplicado al conjunto del territorio y aplicado a un ámbito territorial amplio, ha sido introducido por el Convenio Europeo del Paisaje (CEP), firmado el 20 de octubre de 2000 en Florencia. Promovido por el Consejo de Europa, este Convenio surge inicialmente del Congreso de Poderes Locales y regionales de Europa y se orienta hacia las autoridades locales, que tiene por objeto promover la protección, la gestión y la ordenación de los paisajes europeos.

EL CEP representa una nueva manera de considerar al paisaje como un bien común a todos los ciudadanos y generalizado a todo el territorio. Se basa fundamentalmente en dos aspectos fundamentales: Un ámbito de aplicación amplio que incluye tanto paisajes singulares como ordinario; y un fortalecimiento del papel de la ciudadanía en la percepción y valor de los paisajes (PRIORE, 2001; DÉJEANT-PONS, 2006).

- Ámbito de aplicación

El Convenio Europeo del Paisaje reconoce en su Preámbulo que el paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, ecológico, medioambiental y social, y que constituye un recurso favorable para la actividad económica y que su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación de empleo. Contribuye a la formación de las culturas locales y es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea.

Además se reconoce expresamente que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos.

La Convención Europea del paisaje, reconoce los valores culturales, ecológicos, ambientales, económicos y sociales de los paisajes europeos, y señala su contribución a la formación y consolidación de las culturas locales y la identidad de sus gentes, al desarrollo económico y a la calidad de vida de las poblaciones en cualquier tipo de entorno.

Estos valores se encuentran actualmente amenazados por diversos motivos, entre ellos ciertas actividades humanas como el desarrollo de grandes infraestructuras, urbanizaciones, prácticas agrícolas intensivas, etc. Ante la creciente pérdida de la diversidad y calidad de nuestros paisajes, el Consejo de Europa promueve la cooperación mutua entre los distintos países europeos para su protección, gestión y ordenación y recomienda a los signatarios a elaborar disposiciones legales para la protección, la gestión y la planificación del paisaje.

Se establece la obligación de los Estados signatarios a reconocer los paisajes en su normativa como un componente esencial del entorno de las personas, una expresión de su diversidad, de su patrimonio cultural y natural, y una base de su identidad.

La Convención define el paisaje como “cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones” (art. 1.a).

Su ámbito de aplicación se extiende a todas las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas; incluye los espacios terrestres, las aguas interiores y marítimas, y concierne tanto a los paisajes considerados excepcionales como a los cotidianos o degradados (art. 2). En definitiva, se persigue proteger, gestionar y ordenar cualquier parte del territorio resultado de la interacción hombre-naturaleza, o lo que es lo mismo, prácticamente toda la extensión del continente europeo y sus zonas marítimas.

El CEP trata al paisaje como un bien publico generalizado a todo el territorio, no se refiere únicamente a los paisajes que posean unas cualidades específicas (como los paisajes de mayor valor natural).

El hecho de que el Convenio se aplique a todos los paisajes, y no únicamente a los paisajes con unas cualidades específicas puede implicar la necesidad de modificar la legislación en la mayoría de los países signatarios.

- Fortalecimiento del papel del ciudadano

El Convenio define Paisaje como “un espacio, como lo percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de los factores naturales y/o humanos". Esto implica que deben ser tenidas en cuenta las opiniones y percepciones de todos los grupos y no únicamente las opiniones de los expertos o de los políticos. La participación del público implica una amplia consulta con todos los individuos, organizaciones y órganos administrativos en los distintos niveles. Un enfoque participativo, basado en el dialogo, significa que los valores asignados a los paisajes por los diferentes grupos tendrá que ser objeto de negociación y consenso por las distintas partes implicadas.

PRIORE constata que el convenio reconoce el valor paisaje, desde un punto de vista subjetivo, por la capacidad que tienen lo individuos de establecer una relación sensible con el territorio, y, desde un punto de vista objetivo, por los territorios que se perciben gracias a esta relación. Consecuentemente el paisaje debe convertirse en un interés relevante para el Derecho en razón, de la relación que suscita entre los individuos y el territorio. Una vez determinada, reconocida y protegida, el Derecho deberá ofrecer una protección a esos territorios, en función del valor que le atribuyan los individuos que hayan trabado aquella relación (PRIORE, 2001).

Por este y otros motivos, esta nueva concepción, que está en la base del Convenio Europeo sobre el Paisaje y que, por oposición a la concepción elitista, podríamos denominar social, recompone el acercamiento al paisaje a partir de su dimensión subjetiva, pues se le reconoce como un factor fundamental de la calidad de vida de todos los ciudadanos y como un ingrediente esencial su identidad y de su desarrollo cultural y socioeconómico. Sobre la base de esta nueva concepción, se revaloriza el papel del ciudadano. Debidamente sensibilizado y educado, deberá ser animado a ver y a reconocer «su» paisaje, a disfrutar del mismo y a participar en las decisiones sobre su conservación, y ello en el contexto de un proceso de consultas públicas, especialmente en el nivel local (PRIORE, 2001).

Los Estados que sean Partes de la Convención se comprometen a reconocer jurídicamente el paisaje como elemento fundamental del entorno humano y su identidad; a definir y aplicar políticas del paisaje destinadas a su protección, gestión y ordenación, estableciendo mecanismos de participación pública; y a integrar el paisaje en todas aquellas políticas sectoriales que puedan tener efectos directos o indirectos sobre el mismo, como las de ordenación territorial o la urbanística. En particular, deberán lograr los siguientes objetivos:

- aumentar la sensibilización sobre el valor de los paisajes, sus funciones y su transformación, tanto de la sociedad en general como de las autoridades públicas;

- fomentar la formación de especialistas en la materia y la introducción de los valores de los paisajes en la educación escolar y universitaria;

- profundizar en el conocimiento de los paisajes de todo el territorio de cada Estado que sea Parte de la Convención, mediante la identificación y calificación de los mismos y la caracterización de las dinámicas y presiones a las que se encuentran sometidos;

- definir objetivos de calidad paisajística para cada una de las categorías de paisaje identificadas;

- establecer los instrumentos de intervención adecuados destinados a la protección, gestión y ordenación del paisaje, para la aplicación efectiva de todas las medidas anteriores.

El Convenio obliga además a los Estados signatarios a establecer procedimientos para la participación del público en general, autoridades locales y regionales y otras partes interesadas en las cuestiones relacionadas con el paisaje.

El CEP, promueve la consideración transfronteriza del paisaje a todos los niveles, comarcales, regionales autonómicos, estatales, y facilita en su definición y contenido ir mas allá de los limites administrativos. Que a veces son una carga para la conservación y gestión del paisaje ya que este debe de tener una consideración territorial además de la propia cultural.

Es labor de todos, ciudadanos y políticos, discutir sobre los retos de la entrada en vigor y aplicación del Convenio Europeo del Paisaje en nuestro país, que permitan la formulación de políticas que logren una efectiva incorporación de la participación pública en la protección, ordenación, planificación y gestión del paisaje.

Bibliografía

- DÉJEANT-PONS, M., (2004) Les espaces naturels et le paisaje: la Convention européen du paisaje, en ARGULLOL MURGADAS, E. (dir.), La dimensión ambiental del territorio frente a los derechos patrimoniales. Un reto para la protección efectiva del medio natural, Tirant lo Blanch, Valencia.

o (2006) La convención Europea del Paisaje, en MATA, R. y TARROJA, A. El paisaje y la gestión del territorio, Diputació de Barcelona, Barcelona

- MANIFIESTO POR UNA NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO (2006) http://nuevaculturadelterritorio.wordpress.com/acerca-de/ (última consulta 24/06/11)

- PRIORE, R., (2001) Derecho al paisaje, Derecho del paisaje. La evolución de la concepción jurídica del paisaje en el Derecho comparado y en Derecho internacional, Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental, nº 31, julio.

- QUINTANA ROMOJARO, C., (2003) El convenio europeo del paisaje ¿Instrumento jurídico o papel mojado?, Otrosí, nº 46, abril.

- ZOIDO, F. (2003) La Convención Europea del Paisaje y su aplicación en España en FOLCH, R. (coord.) El territorio como sistema, Diputació de Barcelona, Barcelona.

o (2006) Principales retos de adaptación de la Convenión Europea del Paisaje a las políticas de ordenación del territorio en Europa en MATA, R. y TARROJA, A. El paisaje y la gestión del territorio, Diputació de Barcelona, Barcelona

- Web de Convenio Europeo del Paisaje

- Web MARM Convenio Europeo del Paisaje

- Web MARM Convenio Europeo del Paisaje (2)

NOTA: Este texto está basado en las aportaciones realizadas para la preparación del documento de trabajo del Grupo de Trabajo “Paisaje y custodia del territorio” en el Congreso Nacional de Medio Ambiente 9

El acceso a la información ambiental

2011-06-14T00:34:00.000-07:00

Una norma clave en nuestro ámbito de actividad es la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente que deroga la anterior Ley 38/95, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente. Es una norma que tiene su origen en el Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materi a de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998. Además, la Ley 27/2006 traspone las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE.

- Contenido del derecho al acceso a la información ambiental:

Ley 27/2006, como las normas que incorpora, se sustenta en tres pilares. El primero es el relativo al derecho de acceso a la información de las Administraciones Públicas en materia de medio ambiente; El segundo pilar se refiere al derecho de participación en los procesos de toma de decisiones relativas al medio ambiente; El tercer pilar asegura el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos en relación con asuntos medioambientales. Trataremos exclusivamente la regulación del derecho de acceso por ser ese el objeto del presente documento.

En relación con el acceso a la información, el artículo 3 L27/2006 reconoce a todas las personas físicas y jurídicas los siguientes derechos:

A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede.
A ser informados de los derechos que le otorga la presente Ley y a ser asesorados para su correcto ejercicio.
A ser asistidos en su búsqueda de información.
A recibir la información que soliciten en los plazos máximos establecidos [...].
A recibir la información ambiental solicitada en la forma o formato elegidos, en los términos previstos [...].
A conocer los motivos por los cuales no se les facilita la información, total o parcialmente, y también aquellos por los cuales no se les facilita dicha información en la forma o formato solicitados.
A conocer el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la recepción de la información solicitada, así como las circunstancias en las que se puede exigir o dispensar el pago.

A diferencia del acceso a los documentos administrativos prevista en la Ley 30/1992, el derecho a solicitar información no depende de que seamos parte en un determinado expediente administrativo o “interesados”. Esto es, nuestra solicitud no tiene que estar motivada en el sentido de que no tenemos que explicar la finalidad a la que destinaremos la información obtenida o la finalidad que perseguimos con la solicitud. Lo que sí debemos hacer, como se explica más adelante, es identificar claramente el documento o documentos que son objeto de la solicitud de información.

La Ley faculta el derecho de acceso a la información sobre el medio ambiente toda información de carácter ambiental disponible por las Administraciones públicas bajo cualquier forma de expresión y en todo tipo de soporte material (toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma), siempre y cuando se refiera a una relación de materias de contenido ambiental que se relacionan.

- Concepto de Autoridad pública

El concepto de Autoridad pública debe entenderse de forma amplia, pues no sólo incluye a las Administraciones territoriales, sino también a la Administración Institucional y Corporativa y a cualesquiera instituciones que ejerzan potestades públicas. El artículo 2.4 enumera las siguientes:

a. A.El Gobierno de la Nación y los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas.

b. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración local y las Entidades de Derecho PÚBLICO que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades locales.

c. Los órganos públicos consultivos.

d. Las Corporaciones de derecho público y demás personas físicas o jurídicas cuando ejerzan, con arreglo a la legislación vigente, funciones públicas, incluidos Notarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

Además de las anteriores, tendrán la condición de autoridad pública, a los solos efectos de lo previsto en la regulación del derecho de acceso “las personas físicas o jurídicas cuando asuman responsabilidades públicas, ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos relacionados con el medio ambiente bajo la autoridad de cualquiera de las entidades, órganos o instituciones previstos en el apartado anterior [las enumeradas anteriormente]”.

La norma sólo se aplica al Poder Ejecutivo, puesto que se excluyen aquellas instituciones del Poder Legislativo y Judicial. El artículo 2.3 dispone que quedarán excluidas del concepto de autoridad pública “las entidades, órganos o instituciones cuando actúen en el ejercicio de funciones legislativas o judiciales. En todo caso, cuando actúen en el ejercicio de funciones legislativas o judiciales, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley las Cortes Generales, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, el Tribunal Constitucional, los juzgados y tribunales que integran el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas u órganos de fiscalización externa de las Comunidades Autónomas”.

- Forma de las solicitudes y procedimiento:

Las solicitudes de información ambiental deberán dirigirse a la autoridad pública competente para resolverlas y se tramitarán de acuerdo con los procedimientos que se establezcan al efecto (art. 10.1 L.27/2006).

Se entenderá por autoridad pública competente para resolver una solicitud de información ambiental, aquella en cuyo poder obra la información solicitada, directamente o a través de otros sujetos que la posean en su nombre (art. 10.2 L.27/2006).

No obstante lo dicho, el art. 20.1 L.20/1992 obliga a que el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remita directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si éste pertenece a la misma Administración Pública.

Los procedimientos de acceso a la información ambiental deberán respetar las siguientes garantías (art. 10.2 27/2006):

a. Cuando una solicitud de información ambiental esté formulada de manera imprecisa, la autoridad pública pedirá al solicitante que la concrete y le asistirá para concretar su petición de información lo antes posible y, a más tardar, antes de que expire el plazo establecido en el apartado 2.c.1 [máximo un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla].

b. Cuando la autoridad pública no posea la información requerida remitirá la solicitud a la que la posea y dará cuenta de ello al solicitante.

Cuando ello no sea posible, deberá informar directamente al solicitante sobre la autoridad pública a la que, según su conocimiento, ha de dirigirse para solicitar dicha información.

c. La autoridad pública competente para resolver facilitará la información ambiental solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, teniendo en cuenta el calendario especificado por el solicitante, lo antes posible y, a más tardar, en los plazos que se indican a continuación:

1. En el plazo máximo de UN MES desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, con carácter general.

2. En el plazo de DOS MESES desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible cumplir el plazo antes indicado. En este supuesto deberá informarse al solicitante, en el plazo máximo de un mes, de toda ampliación de aquél, así como de las razones que lo justifican.

En el caso de comunicar una negativa a facilitar la información, la notificación será por escrito o electrónicamente, si la solicitud se ha hecho por escrito o si su autor así lo solicita. La notificación también informará sobre el procedimiento de recurso.

- Denegaciones Excepciones al derecho de acceso.

Puede suceder que se necesite un formato específico que dé soporte a la información que solicitamos. Cuando así se solicita expresamente, la Administración deberá satisfacer tal solicitud en el formato requerido. Se denegará el acceso en esa forma en dos supuestos (art. 11.1 L.27/2006):

- cuando la información ya haya sido difundida en otra forma o formato al que el solicitante pueda acceder fácilmente. En este caso, la autoridad pública competente informará al solicitante de dónde puede acceder a dicha información o se le remitirá en el formato disponible.

- Que la autoridad pública considere razonable poner a disposición del solicitante la información en otra forma o formato y lo justifique adecuadamente.

La solicitud de información, es conveniente que sea clara y concreta porque un alto grado de imprecisión y generalidad en la petición no hará posible determinar el objeto de lo solicitado y la Administración la rechazará por ser excesivamente genérica.

Dispone el artículo 11.3 que cuando la autoridad pública resuelva no facilitar la información, parcial o totalmente, en la forma o formato solicitados, deberá comunicar al solicitante los motivos de dicha negativa en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolver, haciéndole saber la forma o formatos en que, en su caso, se podría facilitar la información solicitada e indicando los recursos que procedan contra dicha negativa en los términos previstos en el artículo 20.

Las autoridades públicas podrán denegar las solicitudes de información ambiental cuando concurra cualquiera de las circunstancias que se citan o si la revelación de la información puede afectar negativamente a cualquiera de los extremos que se enumeran en el art. 13. En cualquier caso los motivos de denegación mencionados deberán interpretarse de manera restrictiva. Para ello, se ponderará en cada caso concreto el interés público atendido con la divulgación de una información con el interés atendido con su denegación (art. 13.4 L.27/2006).

Las autoridades públicas no podrán en ningún caso ampararse en los motivos previstos en el apartado 2, letras a (confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas), d (datos de carácter comercial e industrial), f (datos personales), g (intereses o a la protección de un tercero voluntario) y h (protección del medio ambiente) de este artículo, para denegar una solicitud de información relativa a emisiones en el medio ambiente (art. 13.5 L.27/2006).

Más información:

- Guía sobre el Acceso a la Justicia Ambiental sobre el Convenio de Aarhus AJA

- Ecologistas en Acción:

- Convenio de Aarhus – Ecologistas en Acción

- El “Procedimiento de Queja” por incumplimiento del Convenio de Aarhus

- Web UNECE Convenio Aarhus

- The Aarhus convention: an implementation guide

- A simplified guide to the Aarhus Convention […]

Redes ecológicas. Red Natura 2000 y conectividad

2011-05-31T04:46:00.000-07:00

DE LA FRAGMENTACIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS LAS REDES ECOLÓGICAS Y LA RED NATURA 2000

Desde las primeras medidas conservacionistas de los años setenta del siglo pasado se han adoptado numerosas iniciativas sobre conservación de espacios naturales que van más allá de la simple delimitación de espacios ante la insuficiencia de la protección aislada de espacios. Los conocimientos científicos acerca del funcionamiento y organización de los sistemas naturales han evolucionado en las últimas décadas. La anterior visión estática y homogénea que se tenía de la naturaleza ha sido reemplazada por el reconocimiento de los sistemas ecológicos como sistemas dinámicos, que evolucionan en el espacio y en el tiempo por la actuación de perturbaciones de distinta naturaleza e intensidad.

En Europa, el territorio se encuentra áltamente fragmentado y muy afectado por los usos humanos. No existen espacios lo suficientemente extensos como para mantener por sí mismos la integridad ecológica de sus ecosistemas naturales claves, por lo que los programas de actuación deben mirar hacia fuera de las fronteras de los espacios BENNET en GARCÍA MORA (2003). Para intentar mantener los flujos invisibles que mantienen estos espacios, nace así el concepto de redes ecológicas, áreas que, más allá de la coordinación administrativa, tienen alguna forma de interrelación física que permiten soslayar las barreras existentes en territorio y aseguren la continuidad de las funciones ecológicas.

En los 70 y 80 surgió en Europa occidental (Holanda) el concepto de Redes Ecológicas, precisamente en ámbitos donde los hábitats se encuentran seriamente fragmentados por la alta intensidad del desarrollo económico (BENNET, 2004a).

Las Redes ecológicas aprovechan las posibilidades de las redes funcionales que posibilita una mejor coordinación institucional entre diferentes espacios (red funcional) pero lo distintivo de ellas,, y su rasgo caracterizador frente a “redes” de otra naturaleza, es la verdadera interconexión entre los espacios protegidos mediante elementos territoriales que faciliten la continuidad de los procesos ecológicos.

LA RED NATURA 2000

Las “redes ecológicas” como la inciden sobre el aspecto estructural de las mismas porque pretenden una interrelación que permita el flujo de especies entre los elementos de la red y la continuidad de los procesos naturales que los sostienen. Estos objetivos se apoyan en la coordinación intrainstitucional a nivel de la administración ambiental y aprovechan las posibilidades de las redes funcionales porque el conjunto de las ZECs contarán con criterios comunes de designación, directrices de gestión, etc... (LUCIO et alt. 2002)

La Red Natura 2000 y otras de la misma familia como EECONET o la Red Esmeralda, son las principales apuestas europeas para garantizar el mantenimiento, o en su caso el restablecimiento de la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Art. 2.1 y art. 3.1, D.92/43). La Red Natura 2000 pretende crear un sistema de relaciones en el que los espacios protegidos no sean islas naturales desconectadas entre sí, sino una auténtica “red ecológica coherente” en la que sus ecosistemas y hábitats correspondiendo la función de enlaces a los “corredores ecológicos”.

Especial hincapié se hace en la Red Natura en la Zonas núcleo, verdadero caballo de batalla en la UE, compuestas por las Zonas de Especial Protección de las Aves, reguladas por la Directiva 79/409, y las Zonas de Especial Conservación, designadas en virtud de la Directiva 92/43. La función de conexión se encomienda a los corredores ecológicos, elementos del paisaje que por su estructura lineal y continua o por su papel de puntos de enlace) resultan esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres.

Las ZECs que deben designarse y conservar lugares que contribuyan a la coherencia ecológica de la red en su conjunto, debería conllevar la necesidad de superar una visión de red funcional de tipo administrativo en beneficio de tomar en consideración los flujos que existen en el paisaje como objeto de conservación. Ello tiene que ser reforzado con los elementos del paisaje que permitan la conectividad entre los diferentes nodos.

La complejidad de la protección de estos elementos incluye la dificultad en su identificación, dado que implica un alto conocimiento de los ecosistemas en los que se integran y los diversos impactos que hacen peligrar su integridad, conlleva que su inclusión en la Directiva se haga de forma flexible. Por consiguiente “cuando lo consideren necesario, los Estados miembros se esforzarán por mejorar la coherencia ecológica de Natura 2000 mediante el mantenimiento y, en su caso, el desarrollo de los elementos del paisaje que revistan primordial importancia para la fauna y la flora silvestres que cita el artículo 10” (Artículo 3.3 D.92/43).

Esta previsión es completada por la contenida en el artículo 10 D. 92/43 “Cuando lo consideren necesario, los Estados miembros, en el marco de sus políticas nacionales de ordenación del territorio y de desarrollo y, especialmente, para mejorar la coherencia ecológica de la red Natura 2000, se esforzarán por fomentar la gestión de los elementos del paisaje que revistan primordial importancia para la fauna y la flora silvestres”. La propuesta de directiva incluía la obligatoriedad de crear corredores, pero el rechazo de los Estados terminó reformando la literalidad hasta alcanzar la naturaleza de recomendación.

La legislación básica española incorpora, las obligaciones anteriores. En la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se define el concepto de corredor ecológico como “el territorio, de extensión y configuración variable, que, debido a su disposición y estado de conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de especial relevancia para la flora o la fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de especímenes de esas especies” (art. 3.8 LPNB).

En su artículo 20 LPNB, se pone en manos de las administraciones con competencia en esta materia la definición de las herramientas necesarias para garantizar la conectividad entre los espacios protegidos. Serán los planes de ordenación los instrumentos para garantizar la conservación y protección de los corredores.

Asimismo, el art. 46 LPNB establece la necesidad de dotar de coherencia y conectividad a la red de espacios protegidos. En particular “se fomentará la conservación de los corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora silvestres”. Las Comunidades autónomas fomentarán la conservación de los corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales que resulten esenciales o revisten primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre las poblaciones de especies de fauna y flora silvestre.

¿MÁS ALLÁ DE LAS REDES ECOLÓGICAS?

La conceptualización de las redes ecológicas en base a corredores ecológicos y sobre todo, si se han diseñado exclusivamente en función de especies, ha suscitado una crítica por su carácter reduccionistas si se mantiene que lo principal de la conservación es el mantenimiento de los flujos existentes.

Las políticas sobre ENPs no deben ceñirse a las fronteras de las respectivas zonas protegidas sino extenderse a todo el territorio en su conjunto con la gradación protectora que sea necesaria para no coartar el desarrollo económico y social, pues las simples conexiones físicas, los corredores ecológicos, no garantizan la continuidad de esos flujos.

En comparación con el modelo de Redes ecológicas, en el que el conjunto de espacios naturales protegidos se integran en la red mediante elementos territoriales que facilitan la continuidad de los procesos ecológicos, los Sistemas se caracterizan por garantizar la integridad ecológica. El territorio se analiza en su conjunto, atendiendo no sólo a los criterios de representatividad y conectividad, sino de complementariedad, coherencia interna y coherencia externa. En una aproximación de sistema se considera tanto el territorio protegido como otros elementos territoriales, en especial ecosistemas seminaturales, que pueden cumplir un importante papel como zonas de amortiguación e interconexión. (MÚGICA et alt. 2002)

Como afirma LUCIO FERNÁNDEZ El paso más avanzado en el diseño de redes de conservación se alcanzaría cuando el criterio no fuera sólo mantener la conectividad para ciertas especies sino el mantenimiento de la integridad del paisaje. Esto debería alcanzarse mediante la conservación de configuraciones paisajísticas que aseguren el mantenimiento del conjunto de flujos y funciones ecológicas, responsables de los bienes y servicios ambientales que el paisaje presta a la sociedad. Las grandes dificultades teóricas y prácticas que presenta la aplicación de este tipo de aproximación hace que al día de hoy los ejemplos de redes basados en estos conceptos no pasen de ser ensayos de tipo teórico o académico (LUCIO FERNÁNDEZ et alt, 2002), aunque el trabajo en esta línea es continuo (EUROPARC-España, 2009).

BIBLIOGRAFÍA

- BENNETT, G. 2004a. Integrating Biodiversity Conservation and Sustainable Use: Lessons Learned From Ecological Networks. IUCN, Gland,Switzerland, and Cambridge, UK.

- BENNETT, G. 2004b. Linkages in Practice: a Review of Their Conservation Practice. IUCN, Gland(Switzerland) and Cambridge (UK).

- BENNETT G., WIT, P., The Development and Application of Ecological Networks A Review of Proposals, Plans and Programmes, AIDEnvironment, Ámsterdam, IUCN, July 2001

- EUROPARC-España. 2009. Conectividad ecológica y áreas protegidas. Herramientas y casos prácticos. Ed. FUNGOBE Madrid.

- GARCÍA MORA, M.P. y MONTES, C (eds.). 2003. Vínculos en el paisaje mediterráneo. El papel de los espacios protegidos en el contexto territorial/Linkages in the Mediterranean landscape. The role of protected areas in the territorial context. Junta de Andalucía. Sevilla.

- LUCIO FERNÁNDEZ, J.V.; ATAURI MEZQUIDA, J.A.; SASTRE OLMOS, P. y MARTÍNEZ ALANDI, C.. 2002. Conectividad y redes de espacios naturales protegidos: del modelo teórico a la visión práctica de la gestión

- MÚGICA, M., De LUCIO, J.V, et alt. 2002. Integración territorial de espacios naturales protegidos y conectividad ecológica en paisajes mediterráneos, Junta de Andalucía, Sevilla.

El uso de la ley para legitimar macroproyectos. Informe del Defensor del Pueblo a las Cortes.

2011-04-14T10:13:00.000-07:00

Cuando la ciudadanía percibe que la clase política (léase sus representantes o posibles representantes) son el tercer problema a los que tenemos que enfrentarnos (Barómetro CIS febrero 2011, pregunta 5ª) y no tienen confianza en el principal mecanismo político, algo muy grave nos está sucediendo como comunidad política. Pero cuando se decide por tales representantes sortear el cumplimiento de sentencias y evitar la participación ciudadana simplemente decidiendo un proyecto por ley, la brecha de confianza entre políticos y ciudadanía se agranda enormemente.

Parece que se ha generalizado de un tiempo a esta parte el recurso generalizado de acudir a la ley para evitar pronunciamientos judiciales (por ejemplo, los proyectos de Castilla-León, Urbanización de Valdecañas o Catálogo canario de especies protegidas). En un post anterior ya se hizo referencia a la utilización de la ley para eludir el cumplimiento de una sentencia judicial, pero es ahora el Defensor del Pueblo en su informe anual el que valora esta elección jurídica muy discutible.

Preocupación técnica legislativa

Aunque el Defensor del Pueblo no da el paso de considerar inconstitucional las leyes que cita, se hace de la preocupación por el tipo de soluciones que están adoptando los poderes legislativos en materia de ordenación territorial, urbanística y ambiental en los últimos años, y por la tendencia observada en la función legislativa.

Destaca el informe que “Se utiliza la fuerza de ley para modificar un reglamento o un acto administrativo, en forma que aparenta cómo puede hacerse por ley lo que no puede hacerse por decreto, cuando el hecho es que, por ejemplo, el tribunal no anuló las modificaciones a un decreto por razones de falta de rango normativo suficiente. Cabe pues aproximar que hay indicios de que mediante ley se busca sobreponerse a pronunciamientos judiciales firmes sin rectificar los defectos que llevaron a anular el decreto, sin siquiera intentar rectificarlos, habiendo prescindido de todo procedimiento administrativo previo, de toda información pública y de todo informe oficial y proceder por la vía directa a conseguir mediante ley singular lo que no se consiguió aplicando la ley general.” (Pág. 900)

A golpe de ley especial “se está alterando el marco común o habitual de la toma de decisiones de ordenación del territorio, sobreponiendo disposiciones con rango de ley no sólo al Derecho general, sino incluso contrariando los pronunciamientos de los tribunales”.

Sobre el supuesto conflicto entre desarrollo económico, social y medioambiental.

El defensor del pueblo aclara que nada tiene contra el desarrollo económico y social, “siempre que ese desarrollo no acarree una grave pérdida de valores naturales. "Las leyes referidas al principio deben pues interpretarse como dirigidas a velar por la utilización racional de los recursos naturales, para protegerlos y mejorar la calidad de la vida, a la defensa y restauración del medio apoyándose en la solidaridad colectiva" (Pág. 903).

Sentado lo anterior realiza unos interesantes comentarios sobre la relación entre el uso racional de los recursos naturales derivado del Art. 45 y las prácticas reprochables.

[Pág. 904] “Esta Institución no puede dejar de señalar la escasez de algunos debates parlamentarios por menciones sin profundidad (‘apuestas’ por un cambio de modelo, cambio impedido por ‘la rigidez del marco legal actual’; consideración de las reglas de preservación como ‘obstáculos’ que impiden la construcción de centros turísticos, y de ésta como algo que va a generar ‘riqueza, empleo y futuro’; concepción de las reglas de preservación como ‘trámites administrativos’ culpables, que es preciso remover y acelerar. De todo esto se deduce cómo se concibe la preservación de un espacio natural como expresión de retroceso, de subdesarrollo y de perjuicio a una comarca, signo de pobreza, desempleo y atraso. No está admitida la preeminencia del desarrollo económico-social sin examinar y evaluar previamente su compatibilidad con la conservación, protección y mejora de los recursos naturales y ecosistemas; porque no es cierto que se respete el régimen de protección simplemente estableciendo la obligación de someter a evaluación de impacto ambiental los futuros proyectos antes prohibidos.

El mandato de conservar y restaurar el medio ambiente dirigido a los poderes públicos es la lógica consecuencia del derecho de los ciudadanos, reconocido en el artículo 45 CE, de disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. Las leyes, y sobre todo las leyes singulares han, pues, de aplicarse atendiendo a la regulación general y particular en materia de audiencia ciudadana, de acceso ciudadano a la información ambiental y, siendo una decisión de contenido territorial y ambiental, su ejecución habrá de respetar las reglas generales de procedimiento. La racionalidad de la utilización, y en consecuencia de las decisiones sobre la utilización, racionalidad requerida por el artículo 45 CE, tiene su vertiente procedimental en la legislación general, y esta vertiente es determinante de la racionalidad (105.c) CE). Es decir, la vertiente procedimental en la adopción de actos administrativos constituye parte de la racionalidad que reconocemos entre las directrices contenidas en el artículo 45 CE, de modo que no atenerse al procedimiento es indicio claro y fuente de irracionalidad, de no estar ya utilizándose racionalmente los recursos naturales o de estar propiciándose usos no racionales.

Conclusión

En el informe del 2010, como en el anterior, se realizan serias denuncias sobre la discutible forma de adoptar decisiones mediante ley -“la alternativa cero no tiene ya ninguna posibilidad. La participación ciudadana ha disminuido y el acceso a la justicia también (Pág. 905)”-. No obstante dicho lo anterior no es menos cierto que con todo y con eso, Nada ha llevado a la calificación de inconstitucionalidad que aconsejaría formular un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Está bastante alejada la situación actual de la regla del “gobierno de los mejores” como fundamento de la representación política democrática. A pesar de la, al menos, aparente contradicción entre la argumentación y la resolución final, es importante que una de las autoridades de eso que se llama control horizontal (accountability horizontal), haga público su preocupación por la dinámica legislativa cuando tienen relación con la ejecución de proyectos urbanísticos o portuarios.

El Supremo ratifica la nulidad del desdoblamiento de la M-501

2011-02-21T02:53:00.001-08:00

El viernes 18 de febrero se notificó la resolución del Tribunal Supremo sobre el recurso que la Comunidad de Madrid interpuso contra la sentencia que anulaba la 'Duplicación de calzada de la carretera M-501. Tramo M-522 a Navas del Rey'. Un hito más en el esclarecimiento del conflicto causado por la Administración madrileña al omitir los trámites necesarios de evaluación de impacto y agravado por la aceleración de la finalización de la obra tras la sentencia del TSJ de Madrid para situar la posible sentencia del Supremo ante una infraestructura ya construida.

La sentencia del Supremo aclara la obligación de consultar con carácter previo a la Comisión Europea sobre la idoneidad de realizar el referido proyecto desde la perspectiva medioambiental (Art. 6.4 Directiva 92/43) y que, en consecuencia su falta constituye causa de nulidad de pleno derecho.

El TS confirma también la interpretación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de que la seguridad vial no es equiparable a la protección de la salud humana o de seguridad pública, para dar preponderancia a intereses públicos sobre los de protección de valores naturales excepcionales.

La nueva sentencia como la confirmada del TSJ, deben ser leídas con detenimiento puesto que dan respuesta a un asunto complejo como el que se ha planteado en esta ocasión. Pero si algo puede extraerse de las circunstancias que han rodeado a la evaluación ambiental de la M-501 ha sido la nefasta intervención de la administración madrileña que ha intentado sortear los obstáculos que planteaba la legalidad de su actuación con subterfugios procedimentales que al final han abocado a una realidad en la que existe un desdoblamiento ya construido y una sentencia del Tribunal Supremo ratificando el proceder ilegal de la Comunidad de Madrid.

Noticias:
El País, El Mundo,
http://www.ecologistasenaccion.org/article19810.html (18/2/2011)
http://www.ecologistasenaccion.org/article10495.html (2/2008)

Link Sentencias:
- STSJ Madrid
- ST. Supremo

Duplicidades administrativas

2011-02-11T03:39:00.000-08:00

Sobre el debate para hacer frente a las duplicidades administrativas y la simplificación de trámites administrativos, podéis leer el artículo de El País de 11 de de febrero.

¿Lince de papá o de mamá?, La duplicidad de políticas y órganos estatales o autonómicos llega a veces al absurdo - Las ideas para mejorar la gestión se enredan en el debate

Conflictos en la gestión de Red Natura

2011-01-23T13:25:00.000-08:00

La política sobre áreas protegidas en Europa ha sido elaborada fundamentalmente por las Instituciones europeas -principalmente la Comisión-, representantes de los Estados, representantes de ONGs internacionales y expertos técnicos. Si a este hecho se le añade la escasa información que se ha facilitado en las etapas iniciales de la construcción de Red Natura a los ciudadanos en general y a las poblaciones afectadas en particular acerca de los costes y oportunidades, se puede afirmar que la Red Natura, a pesar de constituir un instrumento muy relevante para la conservación natural, nace con escaso apoyo ciudadano y escasa legitimidad de aquellos que tienen que prestar un mayor consentimiento para su efectividad.

Una concepción participada y garante de la responsabilidad compartida requiere que la participación no quede relegada a un mero trámite en la designación de las Zonas de Especial Conservación (ZECs). Es en la primera fase del procedimiento, antes de elevar las primeras propuestas a las Consejerías, donde deberían iniciarse las consultas públicas y donde éstas tendrían su sentido. Sin olvidar la labor continuada de información y comunicación que deben promover las Administraciones para crear una conciencia social favorable a la implantación de la Directiva Aves y la Directiva Hábitats.

La participación no fue incluida en el texto de la Directiva de 1992, aunque eso no ha evitado que desde entonces se haya realizado un especial hincapié en la necesidad de adaptar la gestión de las ZECs a los requerimientos de la participación. Además, no hay que olvidar que en base al convenio de Aarhus, incorporado a España por la Ley 27/2006, es obligatoria la participación pública real y efectiva en asuntos de carácter ambiental.

La gestión a largo plazo de las ZECs sitúa la participación más allá de la actuación inconexa y puntual en los trámites de “Audiencia a los interesados” o “Información pública”. La participación para que sea fructífera debe formar parte nuclear del diseño de la gestión desde la fase temprana de elaboración de los planes, hasta la evaluación periódica de los mismos.
Esta importancia ya ha sido puesta de manifiesto en tres de las referencias más importantes en la elaboración de planes de gestión en España: la Guía metodológica para la elaboración de Planes de Gestión de los LICs en Navarra, el manual Planificar para gestionar los espacios naturales protegidos de EUROPARC-España y las Directrices para la redacción de Planes de Gestión de la Red Natura 2000 de SEO.

Para abordar los conflictos en la gestión de Red Natura, la Comisión financió un contrato para promover las mejores prácticas en participación, con la finalidad de lograr un equilibrio adecuado entre los intereses potencialmente en conflicto y los usos de los espacios Natura 2000.
Las tareas consistieron en la revisión de las prácticas actuales en los distintos Estados miembros, la redacción de estudios de casos para demostrar las buenas prácticas, y la formulación recomendaciones sobre la mejor manera de hacer frente a la gestión de conflictos en la Red Natura.

A menudo, un verdadero conflicto surge de una disputa que se intensifica gradualmente desde de un desacuerdo a un conflicto entre personas y / o grupos. Por lo tanto, ya que no toda disputa o desacuerdo puede ser visto como un conflicto real, el término “conflicto” requiere una mayor definición para comprender mejor cómo tratarlos y cómo gestionar los conflictos. El estudio plantea tres tipos de situaciones conflictivas:

diferencias de opinión: los individuos tienen una visión diferente sobre un tema pero la situación no ha evolucionado hasta convertirse en desacuerdo o en un conflicto abierto, a menudo debido a que no hay necesidad de una cooperación real.

desacuerdos: los individuos no están de acuerdo en la solución de un problema, sin embargo mantienen la confianza mutua entre ellos, no interfiere en el proceso de cooperación y las negociaciones siguen siendo posibles. Aun cuando no se esté de acuerdo en el conocimiento de los hechos, o en las valoraciones que se derivan de este conocimiento, las partes siguen manteniendo la cooperación mutua.

conflictos: los individuos no están de acuerdo en una solución de un problema y la confianza mutua entre las partes se ha perdido. Como resultado, las partes eligen estrategias no cooperativas. Estos pueden dar lugar a subterfugios, mentiras, resistencias pasivas, ridículo, incomprensión fingida o incluso acciones violentas.

En la prevención de los conflictos, los Planes de Gestión de los espacios son una pieza clave, tanto en el proceso mismo de elaboración, como documento en sí que debe ser aplicado. En este sentido, se identifican dos funciones que no se pueden perder de vista de estos planes: por un lado se trata de una herramienta técnica que tradicionalmente se centra en los objetivos de conservación, la gestión de medidas, objetivos y seguimiento del lugar; por otra parte, puede ser una herramienta que juegue un papel fundamental en el proceso de definir objetivos comunes y compartir puntos de vista entre todos los implicados en el uso y la gestión del sitio.El conjunto de informes merece ser leído en profundidad porque establece un marco conceptual avanzado y meditado, y porque realiza una comparativa amplia de los conflictos conocidos en torno a la gestión de Red Natura.

Principales Conclusiones:

Los stakeholders importan: Los propietarios y usuarios deben participar en la toma de decisiones y procesos de planificación de la gestión, así como en el la propia gestión. Deben reconocerse sus responsabilidades compartidas mediante el establecimiento de objetivos claros para la conservación, pero asegurando la flexibilidad de las medidas de gestión acordadas.

Una buena base de conocimientos es esencial para la comunicación y la toma de decisiones: El conocimiento científico adecuado es esencial, pero el conocimiento local y la experiencia deben ser utilizados para llenar los vacíos de conocimiento y desarrollar medidas de gestión específicas del sitio contrastadas en el tiempo. Esto tiene la ventaja adicional de incrementar el apoyo y el sentido de apropiación del proceso entre los propietarios de tierras y usuarios.

La gestión participativa tiene que ser aprendida: La gestión participativa y la planificación de los espacios Natura 2000 presentan retos y oportunidades para todas las partes involucradas. Los responsables necesitan formación sobre qué comunicar, cómo comunicar, la forma de anticipar, mitigar o evitar los conflictos y cómo negociar y construir consenso.

La aplicación de Natura 2000 es un proceso: Para garantizar una gestión sostenible, los compromisos a largo plazo son necesarios para desarrollar la comprensión mutua y dialogante, requisitos previos para la construcción y mantenimiento de las relaciones entre los usuarios de la tierra y los propietarios.

Información y educación dirigidas a las necesidades de las partes interesadas: Se necesitan estrategias claras de divulgación, comunicación, información y educación a diferentes niveles (local, nacional y europeo). Estas estrategias deben destacar, por ejemplo, que se puede alcanzar un equilibrio entre las (aparentes) socio-económicas limitaciones y los beneficios y oportunidades de Natura 2000, cuando las medidas de gestión se desarrollan en colaboración con las partes interesadas.

Compartir la innovación, el conocimiento y la experiencia: El intercambio de mejores prácticas entre los propietarios, usuarios del lugar, gestores, públicos interesados, otros agentes económicos y decisores públicos (policy makers) dentro y entre los Estados miembros es la mejor manera de demostrar que las zonas Natura 2000 aportarán beneficios a nivel local.

La responsabilidad de la gestión del lugar debe ser recompensada:La asignación de fondos o mecanismos de recompensa que sean sencillos y accesibles pueden ayudar a garantizar que los propietarios privados y/o gestores cumplen su parte en la gestión de las áreas Red Natura.

Los informes están disponibles en la web de la Comisión Europea:
- Natura 2000: Addressing conflicts and promoting benefits
- Current practices in solving multiple use issues of Natura 2000 sites: conflict management strategies and participatory approaches
- Dealing with conflicts in the implementation and management of the Natura 2000 Network: a review of 24 best practice case studies
- Summary workshop report: conflict management in the Natura 2000 Network

El cierre del Estado federal

2011-01-17T00:12:00.000-08:00

El desarrollo del modelo territorial contenido en el Título VIII de nuestra Constitución ha sido una fuente inagotable de conflicto político en nuestra historia democrática. Aplicar fuerzas al debate continuo y cíclico sobre esta cuestión, ha impedido que se preste atención a problemas más a la largo plazo, como el de la sostenibilidad.

Hace un par de semanas, Javier Tajadura, llamaba a reflexionar sobre el Estado federal en España. Desde el punto de vista de la autonomía política de las regiones, España sería ya un Estado federal en la medida en que tal autonomía política de los entes infraestatales que lo componen está garantizada y consolidada.

Sin embargo, una cosa que destacaba de España y la hacía distintiva en relación con el Constitucionalismo comparado es el “principio dispositivo”. “En virtud de dicho principio, la Constitución española de 1978 no identifica las comunidades autónomas que conforman el Estado ni -lo que es más grave- cuál es el nivel de autonomía política de las mismas. Eso no ocurre en ningún Estado Federal del mundo. En todos ellos la Constitución Federal establece cuántos y quiénes son los titulares de la autonomía política y, por supuesto, cuál es el contenido de esa autonomía. Las consecuencias de ello resultan muy claras. En cualquier régimen federal, el aumento o disminución de las competencias de los poderes centrales o territoriales exige, inexcusablemente, una reforma de la Constitución”.

En España, al no recoger la Constitución ni la relación de comunidades autónomas ni la amplitud de sus competencias, tales operaciones son diferidas a otras normas, los estatutos de autonomía. Ello permite que se pueda modificar la distribución del poder en España, una cuestión materialmente constitucional y que incumbe a todos los españoles, mediante la reforma de un estatuto de autonomía y sin necesidad de activar el procedimiento de reforma constitucional. De esta forma, el proceso constituyente permanece indefinida y peligrosamente abierto.”

Para paliar esta situación, TAJADURA propone consolidar definitivamente el Estado autonómico como Estado federal mediante una reforma constitucional. “Reforma que por un lado, incluya en la Constitución los nombres de las 17 comunidades autónomas existentes y por otra, establezca directamente el reparto de competencias entre poderes centrales y territoriales. Los estatutos de autonomía, como normas institucionales básicas, se limitarían entonces a establecer la organización interna de la respectiva comunidad. Una tal reforma debería completarse con un diseño básico de instrumentos y órganos de cooperación multilateral imprescindibles para garantizar el eficaz funcionamiento del Estado, la lealtad institucional, y la cultura federal.”

Interesante propuesta para terminar de configurar un modelo territorial de indudable valor.

Fuente: El País, Javier Tajadura , El horizonte federal de España (7/01/2010)

http://www.elpais.com/articulo/opinion/horizonte/federal/Espana/elpepuopi/20110107elpepiopi_4/Tes

Las riberas del mar océano [Documental]. Una mirada sobre los usos conflictivos en el litoral.

2010-12-20T01:33:00.000-08:00

Los audiovisuales son una excelente herramienta para introducirse en la comprensión de la problemática ambiental. La serie Las riberas del mar océano es un ejemplo de ello. El pasado domingo, la 2 emitió el capítulo 12, (Nuestro legado). Se realiza una buena síntesis para comprender los conflictivos usos sociales y económicos del litoral español.

Es precisamente las alusiones a la corrupción urbanística como uno de los males del litoral español, las que el Ministerio pretendió retirar.

Fuente imágen figura: Directrices para el tratamiento del borde costero (MARM)

Más información: Destrucción a toda Costa 2010, Greenpeace
Web Ministerio Área aguas marinas y litoral

La Red Natura en el 2011. Retos a corto plazo.

2010-12-17T01:41:00.001-08:00

La Red Natura en España sigue siendo una iniciativa que suscita gran interés por el contraste con la política de conservación en España basada en espacios naturales protegidos. No obstante, algunos sectores la perciben como una obligación impuesta desde instancias comunitarias que limita el desarrollo económico de la población, y otros como una propuesta legislativa más, decepcionante por la facilidad de sortear las restricción de usos.

La construcción de la Red Natura en España tiene un desarrollo desigual en el conjunto del territorio . Existen CCAA con una integración seria de los espacios Red Natura en su sistema de áreas protegidas, pero también están aquellas en cuya legislación nada dicen sobre cómo entenderlas en su relación con la ordenación del territorio o ni siquiera tienen Ley de áreas protegidas (Madrid).

Tras la aprobación de la Ley 47/2008, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, el marco jurídico de la Red Natura no se encuentra completo. La Ley remite a al desarrollo de las Comunidades Autónomas aspectos amplios que en muchos casos quedan vacíos por la laguna legislativa. Se requeriría detectar y exigir que se clarifiquen estas lagunas.

En el próximo año, habrá una aprobación cada vez mayor de planes de gestión derivados de la obligación que reconoce la directiva de que los Lugares de Interés Comunitario, deban declararse como Zonas de Especial Conservación con arreglo a las legislaciones nacionales y se acompañen de Planes de Gestión. Ya se están dando casos (Andalucía, por ejemplo) que con la premura se pretende asimilar los planes de gestión a los instrumentos de planificación y gestión actuales (PORNs, y PRUGs). Sin embargo, los PORN difícilmente pueden ser planes de gestión porque los objetivos de unos y otros son distintos y para que los PRUG puedan servir como planes de gestión, debe haberse previsto en su contenido todos y cada uno de los hábitats y especies de interés comunitario y tener previstos para ellos medidas de gestión adecuadas.

Un último aspecto a tener en cuenta es el talón de Aquiles de la protección comunitaria en este ámbito: la evaluación de afecciones. La protección de las directivas comunitarias es flexible siempre y cuando no se afecte a los objetivos de conservación y se evalúe previamente la afección de planes y proyectos. Frente a esta situación, la práctica nos indica que el principal instrumento en España para estas evaluaciones, la Evaluación de Impacto Ambiental, no reúne las debidas condiciones de imparcialidad y rigor técnico y, frecuentemente, los perjuicios se solventan a través de medidas compensatorias que son insuficientes y no guardan relación con los daños que causa la infraestructura o proyecto.

Cómo se consigan resolver estos tres retos a corto plazo, marcará la credibilidad de la Red Natura y corregir los desaciertos en esta fase conllevará un tiempo mayor que una reflexión y decisión decidida en esta nueva etapa de las declaraciones y planificación de ZECs.

Web Red Natura Ministerio, Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

Web Biodiversidad Comisión Europea

Guía Natura 2000 Europarc-España

La red Natura: una idea ambiciosa, una realidad frágil (2005), pág. 52.

Apatía democrática

2010-12-10T03:06:00.000-08:00

El último Barómetro del CIS de noviembre revela de nuevo el escaso interés de los españoles y españolas por la política.

Como se hace eco la noticia de El País, las instituciones que emanaron de la Transición son desconocidas y poco apreciadas. El barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que un 57,5% de los españoles conoce muy poco o casi nada el texto de la Constitución de 1978 y, aunque estén bastante o muy satisfechos con el texto, un 54,1% considera que habría que modificarla, frente a un 24,7% que aboga por dejarlo tal y como está.

El estudio también refleja que los españoles consideran bueno el armazón del sistema nacido de la Constitución pero desconocen o critican las distintas instituciones que lo garantizan. Así, un 50,7% está satisfecho con la forma en que funciona la democracia en España, frente a un 47,1% que no lo está.

Parece que estamos satisfechos con lo que tenemos, aunque lo valoremos con cierto desapego, y como se pregunta Jose María Ruiz Soroa, ¿funciona la democracia en automático?.
Este abogado pone el énfasis en un aspecto destacable de nuestras sociedades postmodernas: el cinismo democrático. La sociedad asume una actitud de consumidora política y se ahorra los costes de la implicación. El sistema estaría funcionando de una manera aceptable a pesar de (o gracias a) la absoluta carencia de “virtud ciudadana” en la población.

Pero como también advierte, los indicadores de buena calidad institucional dejan de lado que la sociedad civil no tiene músculo democrático. Si esto va ligado a a unas élites caracterizadas por sus bajas atención y responsabilidad, producen unos rendimientos institucionales muy pobres.

¿Funciona nuestra democracia gracias o a pesar de nuestra apatía?. ¿Esta situación puede afectar a la resiliencia o capacidad del sistema para afrontar retos futuros?.

Invierte en el valor más seguro que existe. Invierte en el Ser Humano. Campaña CONGDE

2010-12-02T00:57:00.000-08:00

Me ha llamado la atención la campaña de la Coordinadora de ONGD-España: "Invierte en el valor más seguro que existe.Invierte en el Ser Humano."

A través de un grupo ficticio denominado 'The Humans Group', ofrece un análisis de la realidad internacional y claves para entender las pérdidas humanas que genera el sistema que rige el mundo y opciones para que las personas apuesten por el ser humano a través de sus comportamientos cotidianos

La iniciativa The Humans Group tiene como objetivo cambiar la forma de invertir de las personas, animándolas a invertir su tiempo y dinero en favor del ser humano, tal y como hacen a diario miles de personas en las cientos de ONGs de desarrollo. Porque las personas deben ser lo primero.

The Humans Group es un grupo ficticio creado por la Coordinadora ONG para el Desarrollo España, que llama la atención de una sociedad que privilegia a las economías más poderosas y cierra los ojos a las desigualdades que existen en el mundo.

Es demasiado frecuente que las soluciones que se ofrecen para hacer frente a los problemas, tiendan a estar desconectadas del contexto humano en el que deben funcionar. Para hacer frente al reto de la sostenibilidad ¿serán eficaces exclusivamente medidas tecnológicas y monetarizar la biodiversidad para introducirla en el mercado?. Los retos tienen unas raíces sociales, culturales y económicas que deben contemplarse en su conjunto. Esta campaña me recuerda que siempre tendremos que contar con el modo de pensar, relacionarse y comprender del ser humano.

Fuente: El mundo, 2.12.2010
http://thehumansgroup.com/

Entrevista Elinor Ostrom en Agenda Viva.

2010-11-03T10:55:00.000-07:00

En el último número de la Agenda Viva de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente se incluye una entrevista muy interesante a Elinor Ostrom, economista, Premio Nobel de Economía 2009 e investigadora de la gobernanza de bienes comunes.

La entrevista es muy recomendable y trata asuntos sobre gestión colaborativa de bienes comunes, sistemas ambientales, comunicación social, etc.. Se extraen algunas respuestas para la reflexión.

[…]

En su opinión, a nivel más global o a escala local, pero en un nuevo mundo global civilizado, ¿cuáles serían las claves para enfrentarnos correctamente a los retos medioambientales?

Tendría que haber niveles múltiples de organizaciones que permitieran a la gente diseñar reglas que se adaptasen a la ecología local. En España existe esa larga tradición, parte de la cual procede del norte de África, como resultado de la migración de ideas, que ha tenido bastante éxito, al menos en términos de algunos sistemas de irrigación. Si tenemos manuales en los que no se habla de la complejidad del medio que tratamos de regular ni de la necesidad de instituciones adecuadas, instituciones que encajen bien, entonces los dirigentes políticos educados con estos manuales piensan que todo esto es muy sencillo y que lo único que necesitan es dar órdenes desde arriba. Ya que muchos procesos biológicos ocurren a distintas escalas (pequeña, mediana y grande), las prácticas de gobierno que puedan lidiar con este nivel de complejidad deben estar organizadas a múltiples escalas y estar adecuadamente relacionadas.

Cualquier sistema que se diseñe para manipular y regular sistemas biológicos complejos debe incluir tanta variedad de acciones que realizar como las que existen en los sistemas que se quieren regular. El problema con el cambio global es que todo el mundo quiere centrarse sólo en el plano internacional. Afortunadamente, cada vez más personas están reconociendo que podemos y debemos hacer mucho a nivel local y regional. Si simplemente nos sentamos a esperar, será un desastre total. Nosotros podemos organizarnos localmente y después ir a nuestros vecinos y decir: «Mirad lo que estamos haciendo, vosotros podríais hacer esto». Entonces podemos empezar a crear redes de sistemas de éxito y aprender a ponerlos en práctica.

[…]

Usted habla de que la responsabilidad en la conservación de la naturaleza, en su buena gestión, una gestión sostenible, tiene que ver con que las personas se sientan responsables de las áreas en las que viven. Creo que es claramente opuesto a lo que está pasando actualmente con la globalización. La gente vive en ciudades, se siente muy alejada de la naturaleza, de los problemas cotidianos del cambio climático. ¿Podría desarrollar algo más este punto?

Sí, estoy de acuerdo con usted y me preocupa este tema. Creo que es posible conseguir que la gente de las áreas urbanas revise mucho más sus responsabilidades sobre las emisiones de gases causantes del efecto invernadero que hubo en el pasado. Con eso producirían beneficios reales para su propio vecindario y para sus propios hogares, invirtiendo en un mejor aislamiento, utilizando menos el coche. Cuidarían más su salud, al desplazarse andando o en bicicleta.

Se pueden hacer muchas cosas. Sobre esto hay un artículo mío en Solutions (Soluciones). Lo escribí hace tres o cuatro meses aproximadamente. Hay beneficios locales públicos que la gente puede recibir al mismo tiempo que se están generando beneficios para el medio ambiente mundial. Por supuesto, si son sólo unas pocas personas, no tendrá consecuencias, pero si cada vez más personas sienten «Éste es el tipo de vida que debería vivir", esto puede ayudar sustancialmente a resolver el problema global.

Las soluciones pasan por conseguir que la gente reconozca que puede enfrentarse a todo eso. En Estados Unidos en algunos barrios la población se ha puesto muy en serio a crear huertos comunitarios. Algunos dicen: «Bah, ¿qué puede resolver eso?». Pero si se puede conseguir que la mayor parte de la verdura para una comunidad pequeña se produzca allí mismo, de forma local, además, con todo el mundo

[…]

Usted hace especial hincapié en la comunicación. Se supone que ahora estamos más interconectados y comunicados que nunca, pero, sin embargo, tenemos los problemas que tenemos. ¿Qué piensa usted sobre la comunicación?

Bueno, creo que ahora gracias a la interconexión tenemos la oportunidad de conseguir mayores objetivos. Y tenemos que reconocer que, en una serie de casos, sin esta comunicación la autoorganización no se podría llevar a cabo. Hay ejemplos de gente que usa sus teléfonos móviles para llevar a cabo acciones colectivas.

Tenemos que mejorar nuestra forma de trabajar en red a nivel de vecindario, de ciudad, de estado, a nivel de país más que a nivel mundial. Y para seguir enseñando de alguna manera la “tragedia de los comunes” necesitamos enseñar a la gente la gran variedad de medios que han utilizado quienes han superado esa “tragedia de los comunes” a múltiples niveles.

Lo que hemos descubierto es que los individuos, a través de la comunicación, a través de la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre lo que van a hacer con juntamente, construyen un nosotros bien definido que les permite seguir normas, cooperar y, en ocasiones, sancionarse unos a otros y ayudar a que todo esto se mantenga. Si estás en una pesquería o tienes un pastizal y sabes que el beneficio a largo plazo de tu familia es que no lo destruyas, y si puedes hablar con las otras personas que utilizan ese recurso, entonces también puedes crear reglas que encajen en el escenario local y organizar a la gente para hacerlas cumplir. Pero si la comunidad no tiene una buena forma de comunicarse entre sí o los costos de la autoorganización son demasiado altos, entonces no se organizará, y habrá fracasos.

[…]

Y ¿ha podido encontrar en su investigación algunos rasgos característicos que distingan aquellas comunidades que pueden aportar mucho de cara al futuro de las comunidades que no han obtenido éxito? ¿Podría enumerar las características que normalmente tienen las comunidades que logran autogobernarse?

Si el grupo tiene una visión común del futuro, puede ver lo que puede hacer. A veces la gente quiere colaborar, pero no tiene ni idea de lo que puede hacer; pero si de verdad llegan a entender algunas de sus acciones, hay líderes locales, líderes de escala más grande, que asumen algunas responsabilidades de comunicar y unir a la gente sin apropiarse de todos los beneficios. Y esos grupos poseen una historia de las acciones internas, de confianza a nivel local. Al principio se requiere mucho esfuerzo para construirla, pero si se llega a construir, la gente puede alcanzar muchos objetivos.

El resto de la entrevista está en el número 21, Otoño, de la Agenda Viva que edita la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.

El jurado de la publicidad de AUTOCONTROL falla contra la publicidad de Fonvella Ecoligera

2010-10-27T09:43:00.000-07:00

Recientemente he conocido la resolución del jurado de la publicidad de AUTOCONTROL estimando una reclamación de la Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya por el anuncio de agua "Ecoligera" de Fonvella.

El anuncio comienza con la imagen de una profesora dando clase a unos niños.

La profesora señala a la pizarra en la cual se puede leer el siguiente texto: “Ser ecológico + ahorrar”.

Escuchamos a la profesora que le dice a los niños: “A ver, vosotros en casa qué hacéis para ser ecológicos y además ahorrar”.

A continuación vemos a uno de los niños que contesta: “Yo reciclo papeles y hago libretas”. A lo largo de esta locución, hemos visto una imagen del niño en el salón de su casa recogiendo papeles y finalmente formando con los mismos, una libreta.

Contesta otra niña: “Yo apago todas las luces para no gastar”. Observamos cómo la niña va apagando las luces de las habitaciones de su casa.

Volvemos a ver a la profesora que le dice a otro de los niños: “¿Y tú, Daniel?”.

La cámara enfoca a otro chico que dice: “En mi casa bebemos Font Vella”. Se escuchan las risas generalizadas de sus compañeros.

La profesora le contesta: “¿Y eso, Daniel, es económico y ecológico?”.

Daniel, muy sonriente, responde: “Claro que sí, señorita.”

El tribunal ha reconocido lo siguiente:

- Sobre la alegación “La primera hecha con plástico reciclado”, entiende la Sección que vulnera la Norma 14 del Código de Conducta Publicitaria, en tanto que un consumidor medio podrá fácilmente concluir que la garrafa de plástico promocionada está hecha en su integridad con plástico reciclado, cuando solamente se encuentra fabricada con este material en un 25%.

- Respecto a la alegación “40% más barata”, resuelve el Jurado que es una expresión publicitaria claramente ambigua, pues puede ser interpretada por el público de los consumidores como una comparación de precios, tanto en relación con los productos anteriores del mismo anunciante, como en relación con otros productos competidores, circunstancia que no se corresponde con la realidad, pues aquella alegación parece referirse al ahorro en relación con productos anteriores del mismo anunciante.

- Asimismo, en relación con el mensaje “ecológico” que transmite el anuncio, resuelve el Jurado que también resulta engañoso en tanto que no resulta acreditada por el anunciante la ventaja medioambiental que representa el producto promocionado.

AUTOCONTROL es un ejemplo de autorregulación empresarial que vela por el cumplimiento del Código de Conducta Publicitaria, entre otros. Las resoluciones son vinculantes para las empresas adheridas y recomendaciones para el resto.

Débil control legislativo y fiscal de los Presupuestos del Estado y participación pública inexistente, según índice comparativo internacional

2010-10-21T06:28:00.000-07:00

España ha sumado 63 de 100 puntos en la Encuesta de Presupuesto Abierto, perdiendo puntos por la deficiente supervisión del Presupuesto General por parte del Legislativo y del Tribunal de Cuentas así como por la falta de participación ciudadana en el proceso presupuestario, revela hoy la organización pro-transparencia Access Info Europe.

Los niveles de transparencia presupuestaria en España han sido por primera vez evaluados mediante la Encuesta de Presupuesto Abierto, el índice bienal de los niveles de acceso y participación en los procesos presupuestarios en 94 países en todo el mundo. El monitoreo fue llevado a cabo por Access Info Europe y el International Budget Partnership, organización con sede en Washington.

El resultado final de 63 puntos sitúa a España en el puesto 17 del ranking internacional, detrás de otros países democráticos como Francia, Noruega y el Reino Unido, y también detrás de nuevas democracias como Sudáfrica, Polonia, Perú, Chile, Brasil, Sri Lanka e India.

Los principales fallos hallados en España son:

El Ejecutivo en España no publica ni un Documento Presupuestario Preliminar ni un Presupuesto Ciudadano (accesible en fondo y forma) ni tampoco una Revisión Evaluativa Semestral sobre los Presupuestos Generales a mitad del año fiscal;
Falta de consultas por parte del Legislativo y del Ejecutivo con organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes;
Débil poder del Legislativo puesto que no puede aprobar cambios en el presupuesto durante el año fiscal correspondiente;
Ausencia de informes en tiempo oportuno sobre el gasto público por parte del Tribunal de Cuentas.
Falta de información desde El Tribunal de Cuentas en relación al seguimiento de sus recomendaciones por parte del Ejecutivo.

El International Budget Partnership y Access Info Europe recomiendan que España debe:

Publicar un Documento Presupuestario Preliminar;
Producir y publicar un Presupuesto Ciudadano y una Revisión Semestral;
Mejorar el contenido del Informe a Fin de Año y del Informe de Auditoría;
Facilitar oportunidades para que el público en general pueda presenciar las audiencias del Legislativo sobre presupuestos;
Aumentar los poderes del Legislativo y del Tribunal de Cuentas para permitir una supervisión integral del proceso presupuestario.

Resto de la información en http://www.access-info.org/

Información presupuestaria del Estado de 2010 y proyecto de 2011

Portal de la Administración presupuestaria

El futuro del Convenio de Diversidad Biológica se debate en Nagoya

2010-10-19T02:25:00.000-07:00

Este lunes se ha iniciado la 10º Conferencia de la Biodiversidad en Nagoya (Japón). La Conferencia de las Partes es el órgano rector del Convenio de Diversidad Biológica, los avances y la aplicación del Convenio a través de las decisiones que adopta en sus reuniones periódicas.

Canal “Somos biodiversidad” para el seguimiento de la Conferencia

Con motivo de esta cumbre de la biodiversidad, Ecologistas en Acción, que ya está participando en dicha Conferencia, pone en marcha un canal de televisión por internet (http://www.somosbiodiversidad.tv), que nace con el objetivo de acercar la décima Cumbre sobre Biodiversidad a quien desee informarse sobre todo lo que rodea a un encuentro decisivo para el futuro del planeta.

Somosbiodiversidad.tv es una herramienta que aborda todas las cuestiones relacionadas con la Biodiversidad desde una perspectiva global y muy especialmente todo lo que ocurra en Nagoya. Para ello incluye contenidos muy diversos, como debates, entrevistas, informativos o documentales. Además incorporara diariamente crónicas de nuestro enviado especial, Jaume Grau, a la cumbre de Nagoya y que permitirán conocer de primera mano todo lo que ocurre en la conferencia.

Además, Ecologistas en Acción ha creado el blog http://caminoanagoya.blogspot.com que, junto a una página en facebook y otra en twitter, permitirán seguir las informaciones de nuestro enviado especial a la Cumbre de la Biodiversidad.

Plan estratégico del Convenio de Diversidad Biológica

La comunidad mundial reconoció a principios de este año que no había logrado alcanzar los la meta aprobada en 2002 de reducir significativamente la pérdida de biodiversidad para 2010. Hay consenso en el nivel mundial de que el proceso falló rotundamente. "La comunidad internacional ha fracasado individual y colectivamente en implementar las metas de biodiversidad", le dijo a BBC Mundo Ahmed Djoghlaf, secretario ejecutivo de la Convención.

El fracaso para detener la pérdida de biodiversidad tiene consecuencias graves para el futuro de la humanidad, incluyendola pérdida de servicios ambientales que mejoran nuestro bienestar y los recursos que se necesitan luchar contra los efectos del cambio climático.

En Nagoya se planteará un nuevo Plan Estratégico que intentará proporcionar un marco para los gobiernos nacionales para luchar contra la biodiversidad pérdida. En él se abordarán las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad, tales como los patrones de consumo y los impactos del aumento del comercio y el cambio demográfico.

Uno de los temas más controvertidos en Nagoya es el llamado protocolo ABS (siglas en inglés de Access and Benefit Sharing), con el que se busca regular el acceso a los recursos genéticos de las plantas y el reparto de los beneficios que se logren a partir de ellas. "Hasta hoy el acceso no ha sido regulado, en muchos casos ha sido abierto y eso ha generado una enorme desigualdad en el reparto de beneficios", le dijo a BBC Mundo Gonzalo Oviedo, asesor en políticas sociales de la IUCN.

El artículo “La biodiversidad divide al mundo” es una buena introducción al este espinoso asunto.

Jornada Observatorio RSC. "Una propuesta hacia la regulación"

2010-10-15T05:59:00.000-07:00

http://www.observatoriorsc.org/images/stories/audio/Proyectos/invitacion.derechos.personas.htm