Estudios Jurídicos

¿Cuáles son las funciones del albacea?

2026-05-25T21:13:24.129-04:00

Las funciones del ejecutor testamentario dependerán de las indicaciones del testador, las cuales está obligado a respetar. Existen dos clases de albacea:

1.- Universal: cuando queda a cargo de todo lo relacionado con la herencia, hasta la entrega de los bienes. Incluye las funciones de contador partidor.

2.- Particular: a diferencia del anterior, en este caso se atribuyen funciones específicas. Entonces, solo tendrá a su cargo aquellas encomiendas que se detallen en el testamento.

Las funciones más comunes que se delegan al albacea incluyen la interpretación del testamento, administrar, contar y partir los bienes de la herencia. También se le asigna el pago de las deudas de la herencia y proteger los bienes que se hayan heredado a menores o incapaces, entre otros.

La lista de funciones particulares puede ser muy extensa y deben cumplirse en su totalidad, siempre y cuando estén enmarcadas en la ley.

Sin embargo, en el testamento no siempre se especifican sus funciones. En estos casos, aplican las que están establecidas en las leyes. Las cuales incluyen:

Hacerse cargo del entierro y funeral de acuerdo a las costumbres o según indique el testador.
Confirmar la validez del testamento.
Conservar los bienes de la herencia y velar por su seguridad.
Vigilar que se cumpla con todo lo que establezca el testamento.
Pagar el legado en metálico.
Asegurarse que se haga el inventario de bienes con la presencia de herederos y demás personas interesadas.

Fuente:

https://garanley.com/herencias/que-es-albacea-obligaciones/

¿Qué es un albacea?

2025-10-28T22:11:00.004-04:00

El albacea testamentario es quien se encarga de cumplir con las instrucciones que deja una persona en su testamento. Es designada por el propio testamentario para que haga cumplir su última voluntad.

El nombramiento debe quedar establecido en el mismo testamento para que sea válido. Se trata de un cargo voluntario, que debe ser aceptado por la persona en cuestión. Tampoco es obligatorio dar retribución alguna por las funciones que cumpla, pero el testador puede especificar que se le otorgue retribución profesional.

Esta persona tiene la responsabilidad de hacer cumplir el testamento, por lo tanto se trata de alguien de mucha confianza para el testador. No puede transferir el cargo a sus herederos ni delegar sus funciones al menos que esta posibilidad quede expresa en el testamento. Sin embargo, en este caso la responsabilidad de lo que hagan será del albacea.

Un testador puede nombrar uno o varios albaceas que actuarán de forma mancomunada o solidaria, según se indique. Es decir, todos son responsables en sus funciones o se dividen las obligaciones entre todos.

El albacea tendrá una serie de funciones que quedarán plasmadas en el testamento. Tendrá que velar por la seguridad de los bienes mientras no se haya hecho el inventario solemne. Además, debe procurar que este se lleve a cabo. Como ejecutor del testamento, debe asegurarse que todas las personas interesadas sean parte del proceso.

Fuente:

https://garanley.com/herencias/que-es-albacea-obligaciones/

In dubio pro operario

2025-02-23T18:01:00.000-04:00

In dubio pro operario es una locución latina, que expresa el principio jurídico de que en caso de duda en la hermenéutica de la norma, se favorecerá al trabajador (operario). Es un principio interpretativo de Derecho laboral, que podría traducirse como "ante la duda a favor del operario o trabajador".

Este principio jurídico implica que tanto el juez como el intérprete de una norma debe, ante una duda de interpretación, optar por aquella que sea más favorable al trabajador.

Las condiciones para poder aplicar esta regla son:

Debe existir duda verdadera en cuanto al sentido o alcance de la norma legal.

La interpretación no debe ser contraria a la voluntad del trabajador. Más que la interpretación literal debe preferirse la que tome en cuenta el ratio legis de la norma.

Este criterio responde al sentido en sí mismo del derecho laboral, que difiere del objetivo del derecho común, mientras que éste apunta a establecer igualdad entre los contratantes, el derecho laboral apunta a proteger al trabajador, por ser la parte más débil en cuanto a la negociación.

A continuación se aplica el criterio a un ejemplo concreto:

Se presenta una reclamación judicial por despido, el empleador puede alegar abandono voluntario del trabajador. También puede ocurrir que el trabajador quiera irse de la empresa, comunicarle al empleador su renuncia, pero no dejar constancia por escrito de ello, y luego reclamar el despido.

La empresa envía un telegrama de reintegro el mismo día de la audiencia, el dilema es si ese telegrama es o no válido para configurar ánimo resolutorio del reclamante. La respuesta es negativa, en tanto se entendió que de haber sido esa la voluntad de la empresa, debió haberlo consignado expresamente en la audiencia. Si bien se utiliza en algunos ordenamientos, no es un principio universal y no es respetado en todos los países.

BIBLIOGRAFIA

https://es.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_operario

¿QUIEN FUE PLATÓN?

2024-10-01T22:51:00.000-04:00

Discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes en la tradición occidental

En la antigua Atenas, una ciudad que se enorgullecía de su arte y su democracia, nació un hombre que cambiaría el curso del pensamiento occidental para siempre. Platón, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, emergió como una de las figuras más influyentes de la filosofía y la teoría política. Su vida, tejida entre las complejidades de la política ateniense y el amor por el conocimiento, es un relato fascinante de la búsqueda del entendimiento humano.

Nacido en el seno de una familia noble en 428/427 a.C., Platón estaba predestinado a una vida de influencia política. Sin embargo, su encuentro con Sócrates, un filósofo que vagaba por las calles de Atenas cuestionando todo, lo llevó por un camino diferente. Bajo la tutela de Sócrates, Platón se sumergió en el estudio de la ética, la virtud y la naturaleza de la justicia.

La ejecución de Sócrates en 399 a.C., un evento que sacudió el alma de Platón, lo impulsó a cuestionar la sociedad y sus valores. Decidido a encontrar un sistema donde la justicia y la virtud prevalecieran, Platón viajó a través de Italia, Egipto y la India, absorbiendo conocimientos y ampliando su visión del mundo.

En su retorno a Atenas, Platón fundó la Academia, una escuela que sería el epicentro del pensamiento filosófico durante más de dos milenios. Fue aquí donde enseñó a Aristóteles, y juntos, sentaron las bases de la filosofía occidental.

La obra de Platón es extensa y profundamente influyente. En "La República", exploró la idea de un estado gobernado por filósofos-reyes, individuos guiados por la razón y la sabiduría. Sus "Diálogos" reflejan una variedad de temas, desde la naturaleza del amor en "El Banquete" hasta la inmortalidad del alma en "Fedón". La "Alegoría de la Caverna", quizás su contribución más famosa, nos invita a cuestionar nuestra percepción de la realidad y a buscar una verdad más profunda.

Platón creía en un mundo de formas ideales, donde todo lo que experimentamos es solo una sombra de su verdadera esencia. Esta visión trascendental influenció no solo la filosofía, sino también el desarrollo de la ciencia, la política y el arte.

Su influencia se extendió mucho más allá de su propia vida, que terminó en 348/347 a.C. A través de su legado, Platón nos desafía a preguntar, a explorar y a soñar con un mundo de posibilidades. En sus enseñanzas, encontramos la esencia misma del pensamiento filosófico: la eterna búsqueda de la verdad.

Fuente:

https://www.facebook.com/jessicacanaltravel

FE NOTARIAL

2024-07-09T21:20:00.000-04:00

Es la garantía dada por el Estado, por conducto del Notario Público, que permite dar por ciertos los hechos contenidos en una acta notarial o escritura pública, generando la seguridad jurídica. El Derecho Mexicano considera al Notario Público como sujeto al cual le otorga el ejercicio de la Fe Púbica, por ello la Fe Notarial es aquella parte de la Fe Pública que el Estado ejerce por medio de un Notario Público.

Dentro de las grandes familias jurídicas occidentales, encontramos dos sistemas notariales a saber: el latino y el anglosajón. El Notario Latino interviene en los actos jurídicos y presencia los hechos jurídicos, los cuales con su intervención estarán revestidos de la Fe Pública, que al ser otorgada por el Estado al Notario se convierte en Fe Notarial y que son plasmados en constancias elaboradas por el propio Notario. El Notario anglosajón debe abstenerse de intervenir en el acto jurídico que se realiza ante su presencia, siendo únicamente un depositante de la Fe Pública, sin papel activo en la celebración del acto jurídico. En nuestro sistema notarial mexicano, derivado del Notariado Latino se precisa de la intervención del Notario en los hechos o actos jurídicos que son sometidos a su conocimiento.

El ejercicio de la Fe Notarial consta en diversos instrumentos jurídicos, denominados Actas Notariales y Escrituras Públicas, en las primeras existe la garantía otorgada por el Estado de que se realizaron los hechos jurídicos que contiene el acta, en tanto que en la segunda se da la garantía de que se realizó un acto jurídico.

El elemento a través del cual se ejerce la Fe Pública lo constituye el sello de autorizar con el que cuenta el Notario, a través del estampado del sello en la hoja respectiva.

El Notario Público cuenta con diversos elementos para el ejercicio de la Fe Pública: los folios, que son las hojas en las cuales redacta los instrumentos jurídicos, los que forman libros que a su vez forman el Protocolo del Notario, así como el sello de autorizar, siendo éste el que mediante su impresión en los folios respectivos constituye el acto de ejercicio de la Fe Pública otorgada al Notario Público.

Guillermo CONTRERAS HERNÁNDEZ

BIBLIOGRAFIA

CIENFUEGOS SALGADO David, VÁZQUEZ-MELLADO GARCÍA Julio César; 2014; VOCABULARIO JUDICIAL; México; Instituto de la Judicatura Judicial-Escuela Judicial.

Ayudas sociales para gastos funerarios en Caracas

2024-01-13T22:37:00.004-04:00

Noticias

En la actualidad los gastos funerarios en Venezuela rondan entre los 300 y 1000 dólares, lo que hace que sea un servicio muy costoso para la mayoría de la población. Como parte de sus programas de ayudas sociales, actualmente la Alcaldía de Caracas dispone de un programa para brindar ayuda a las familias más necesitadas cuando se trata de gastos funerarios.

A través de la Fundación Caracas o FundaCaracas se presta asistencia en cuanto a cobertura funeraria a las personas que así lo requieran. Y pueden solicitar el servicio gratuito directamente en la sede de FundaCaracas, ubicada en la avenida Universidad.

ORDENANZA DE GASTOS FIJOS

Durante 2023 el Concejo Municipal de Caracas aprobó una ordenanza para regular el uso de los cementerios y los servicios funerarios en el municipio Libertador.

Esta medida busca establecer tarifas únicas y evitar la especulación por parte de algunas empresas, así como garantizar la protección de los derechos del usuario.

FUNERARIA HABILITADA

Mientras que en diciembre de 2023, la Alcaldía de Caracas habilitó una nueva funeraria en cumplimiento con la nueva ordenanza acerca de los servicios fúnebres.

Mediante su cuenta de X, la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez, compartió que la referida funeraria está ubicada en la parroquia Santa Rosalía.

Además, anunció que han realizado enlaces para prestar la atención necesaria, y se incluyen tres capillas y áreas acordes.

EN CHACAO

Por su parte, la alcaldía de Chacao también dispone de este tipo de ayuda a sus habitantes. Se trata de los programas de Desarrollo Social Chacao, en 2021 atendieron más de 200 casos de gastos médicos y funerarios. Sin embargo, se desconoce si para 2024 este programa se mantiene activo.

Los habitantes de este municipio, pueden comunicare directamente con la Alcaldía de Chacao mediante el correo desarrollosocialchacao@gmail.com o exponer el caso a través de WhatsApp 0414-3294685

COSTOS DE GASTOS FUNERARIOS

En Caracas, las urnas básicas oscilan entre 200 y 300 dólares, mientras que las de lujos llegan a los mil dólares. Mientras que la cremación de un cuerpo ronda los $500.

En la mayoría de los casos, las familias con pocos recursos crean campañas de donación para poder costear los gastos funerarios de su conocido.

Fuente

https://venezuelainformahoy.com/las-ayudas-sociales-para-gastos-funerarios-en-caracas/

FE PÚBLICA

2024-01-10T21:53:00.000-04:00

Es la garantía que otorga el Estado, por conducto de personas facultadas para ello, de que los acontecimientos o hechos con relevancia jurídica ocurrieron en la forma y bajo las circunstancias precisadas en la constancia respectiva. El Estado Mexicano, con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de los Derechos Humanos, en específico la Seguridad Jurídica prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa de otorgar instrumentos jurídicos a partir de los cuales los gobernados tengan la certeza sobre la ocurrencia de acontecimientos que ocurrieron en el pasado y que tienen trascendencia jurídica, respecto de los cuales dicho gobernado sin haber sido partícipe de los mismos cuente con los medios que le otorguen la convicción de que esos hechos o acontecimientos ocurrieron en el tiempo y en la forma en que se considera que se llevaron a cabo.

Surge así la figura de la Fe Pública, siendo el medio por virtud del cual el Estado otorga la garantía a los gobernados de que cierto acontecimiento ocurrió de la manera y bajo las circunstancias que se señalan, garantía de que así se verificó el evento sin haber sido presenciado por nosotros y que por virtud de la misma los tenemos por ciertos y verdaderos y que al ser invocados por medio de las constancias que expiden los funcionarios a quienes se le otorga la Fe Pública les demos el crédito necesario. Bernardo Pérez Fernández del Castillo en su obra Derecho Notarial señala que “si los acontecimientos se hubiesen percibido directamente por los sentidos, estaríamos en presencia de una evidencia”, por ello es que la Fe Pública hace referencia a un acto o acontecimiento en el cual podemos o no estar presentes, y dar por hecho sin lugar a dudas un acontecimiento determinado, a pesar de no estar presentes en él al tener la garantía estatal de que en realidad fue así como se verificó, pues fue así como el Fedatario Público lo hizo constar.

La Fe Púbica actualmente es depositada en ciertos sujetos jurídicos que sin su intervención sería imposible tener la certeza de que un hecho ocurrió de una manera determinada. Los sujetos a los cuales se “les enviste” de Fe Pública son de diversa índole, todos ellos mediante la habilitación o autorización que les es concedida otorgan seguridad jurídica y certeza en los diversos campos en los cuales intervienen. Así, la Fe Pública puede ser Notarial, Judicial o Actuarial, de acuerdo al órgano que interviene en el acto, a ellos puede añadirse la Fe Pública Comercial, que corresponde a la otorgada al Corredor Público y la Fe Pública Ministerial, que corresponde a aquélla con la que cuenta el Ministerio Público en ejercicio de sus funciones de autoridad administrativa, antes de la entrada en vigor en toda la República Mexicana del proceso acusatorio adversarial.

A pesar de que en la actualidad el uso de ordenadores permite tener certeza de la realización de acontecimientos y hechos con relevancia jurídica por medio de la consulta mediante el uso de Internet, es preciso y necesario contar con la Fe Pública, pues sólo la garantía que otorga el Estado por medio de sus fedatarios públicos es la que legalmente puede tener eficacia probatoria para tener por ciertos aquellos acontecimientos con relevancia jurídica.

Guillermo CONTRERAS HERNÁNDEZ

BIBLIOGRAFIA

CIENFUEGOS SALGADO David, VÁZQUEZ-MELLADO GARCÍA Julio César; 2014; VOCABULARIO JUDICIAL; México; Instituto de la Judicatura Judicial-Escuela Judicial.

La Audiencia Preliminar

2023-10-10T17:27:00.001-04:00

La audiencia preliminar es un espacio o antesala del juicio, y la obligatoriedad de la comparecencia a ella pretende que las partes se sienten frente al juez o jueza y mediante la conciliación y mediante la rectoría de estos se encuentre la solución del problema. Es preferible invertir algún tiempo en esta antesala, antes de dirigirse a la audiencia de juicio donde la solución queda en manos del juez.

El manejo de la audiencia preliminar, como fase preliminar al juicio, otorga a las partes la oportunidad de expresar los motivos del conflicto para obtener una solución. Lo que ha dicho la doctrina, de la audiencia preliminar, es que ella cumple una función conciliadora, saneadora, ordenadora del proceso, que involucra a las partes intensamente en la búsqueda de una solución bajo la condición del propio juez o jueza, que en algunos casos no es el juez o jueza que va a pronunciar el fallo, sino el juez o jueza que se encarga de orientar a las partes, partiendo del análisis de los hechos para llegar al problema, y de este para encontrar la solución que las partes se dan.

El procedimiento en la audiencia preliminar pretende que siempre hay una salida por medio de la negociacion, y si al final no hay acuerdo se irá a la audiencia de juicio. El juez o jueza de la audiencia preliminar no está facultado para decidir la causa, sino para intervenir como modelador.

Venezuela:

El artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

“Audiencia preliminar. Presentada la acusación el Juez convocará a las partes a una audiencia oral, que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte.

La víctima podrá, dentro del plazo de cinco días, contados desde la notificación de la convocatoria, adherir a la acusación del Fiscal o presentar una acusación particular propia cumpliendo con los requisitos del artículo 326.

La admisión de la acusación particular propia de la víctima al término de audiencia preliminar, le conferirá la cualidad de parte querellante en caso de no ostentarla con anterioridad por no haberse querellado previamente durante la fase preparatoria. De haberlo hecho, no podrá interponer acusación particular propia si la querella hubiere sido declarada desistida”.

El Juez de Control debe en esta etapa del proceso depurar el juicio, es decir, verificar la viabilidad de la acusación.

Al Juez le corresponde:

.- ordenar y corregir los vicios formales de la querella,

.- resolver sobre las excepciones,

.- ordenar la prueba anticipada,

.- resolver lo concerniente a las medidas cautelares,

.- aplicar el procedimiento especial por admisión de los hechos y los acuerdos reparatorios, y

.- no le es dable absolver la instancia o prolongar un proceso indefinidamente.

BIBLIOGRAFIA

PERDOMO, Juan R.; DERECHO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; Tribunal Supremoi de Justicia, Serie eventos Nº 24; Caracas Venezuela, 2007

EXHORTO

2023-06-13T08:29:00.000-04:00

(Del lat. exhortāri). Medio o vinculo de comunicación procesal, por medio del cual un juzgador, encomienda a otro de su misma jerarquía, para que en auxilio de las labores del juzgado exhortante, efectué la práctica de una actuación, diligencia, notificación o emplazamiento, dentro de su ámbito territorial, y realice todos los actos que sean necesarios para cumplimentar la solicitud contenida en el exhorto.

La manera de diligenciar los exhortos puede tener diferencias en cuanto a la forma de tramitarlo, así el Juez exhortado lo efectúa conforme a las disposiciones legales aplicables en el lugar donde ejerce jurisdicción y en estricto apego a lo requerido, pero también es factible que el Juez exhortante requiera que la diligencia del exhorto se efectué tomando en cuenta situaciones específicas que permitan la prontitud en la impartición de justicia y se atienda al principio de economía procesal en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El exhorto es diverso de la requisitoria y la carta rogatoria, en atención a la relación existente entre los juzgadores exhortante y exhortado; así la requisitoria es el oficio que un juzgador superior dirige a otro de menor jerarquía, ordenándole que ejecute alguna resolución que expide el órgano de mayor grado; por su parte, la carta rogatoria (o suplicatorio), es el medio expedido por un juez de grado inferior, dirigido a uno de grado jerárquico superior, para la práctica de alguna diligencia o el cumplimiento de una resolución jurisdiccional.

En la práctica judicial, este medio de comunicación procesal se da ante la necesidad de efectuar alguna actuación procesal, en un lugar fuera del ámbito de competencia territorial de un juzgador, la cual se encomienda a otro órgano jurisdiccional del mismo grado, para que la ejecute, para ello se deben de precisar todos los datos que permitan su desarrollo, así como remitir las copias del expediente de origen que sean necesarias, solicitando que tenga a bien remitir el acuse correspondiente.

Una vez que es recibido el exhorto el juez exhortado, debe de acordar su desahogo, y al ser cumplimentada, debe remitirlo al juzgador exhortante, solicitándole su respectivo acuse de recepción. Es importante precisar que en la práctica de los exhortos, no son aplicables los impedimentos que tengan los titulares de un órgano jurisdiccional, de conformidad al artículo 42 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Fuentes: De Piña, Rafael, y De Piña Vara, Rafael, Diccionario de Derecho, Porrúa, México, 1992; Diccionarios jurídicos temáticos, Derecho Procesal, Tomo Cuatro, segunda edición, Oxford, México, 2000; Instituto de Investigaciones Jurídicas, Enciclopedia Jurídica Mexicana, Porrúa, UNAM, México, 2004.

Marco César OLIVAS CALLEROS

BIBLIOGRAFIA

CIENFUEGOS SALGADO David, VÁZQUEZ-MELLADO GARCÍA Julio César; 2014; VOCABULARIO JUDICIAL; México; Instituto de la Judicatura Judicial-Escuela Judicial.

EQUIDAD DE GÉNERO

2021-10-10T21:45:00.000-04:00

El concepto de equidad está vinculado a la justicia, imparcialidad e igualdad social. El género, por otra parte es una clase o tipo que permite agrupar a los seres que tienen uno o varios caracteres comunes; se trata de establecer una igualdad, imparcialidad o justicia de aquellas personas que guarden algún tipo de desventaja por razones de sexo, edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacionalidad, condición social, salud, religión, opinión o capacidades diferentes.

De esta manera encontramos que el objetivo de la equidad o igualdad de género es ofrecer a todas las personas, independientemente de su situación, las mismas condiciones, oportunidades y tratamiento, tomando en cuenta las características de cada uno para garantizar el acceso de las personas a sus derechos; en consecuencia no se trata de eliminar las diferencias, sino de valorarlas y darles un trato equivalente para superar las condiciones que mantienen las desigualdades sociales.

Este concepto aparece en distintos ámbitos de la realidad social, como por ejemplo en el contexto familiar, cuando se hace el reparto de tareas domésticas sin valorar o hacer diferencias de sexo, e incluso en el área laboral, la política, en escuelas, cuando se desaparecen las distinciones; de esta manera se observan dos circunstancias para satisfacer la igualdad de oportunidades y la creación de las condiciones para que puedan aprovechar dichas oportunidades.

Es de resaltarse que la igualdad de género constituye un derecho fundamental reconocido internacionalmente, por lo que es obligatorio, debiéndose de optimizar los recursos para corregir esas desigualdades, y lograr la satisfacción personal, familiar, profesional, económica y social de las mujeres y hombres en el acceso de empleos, condiciones de trabajo, desarrollo profesional, capacitación y participación en los procesos de tomas de decisiones.

Irma ARIAS SÁNCHEZ

BIBLIOGRAFIA

CIENFUEGOS SALGADO David, VÁZQUEZ-MELLADO GARCÍA Julio César; 2014; VOCABULARIO JUDICIAL; México; Instituto de la Judicatura Judicial-Escuela Judicial.

Formas de Violencia contra las Mujeres

2021-06-19T22:55:00.002-04:00

LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Definición

Artículo 14. La violencia contra las mujeres a que se refiere la presente Ley, comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento física, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado.

Formas de violencia

Artículo 15. Se consideran formas de violencia de género en contra de las mujeres, las siguientes:

1. Violencia psicológica:

Toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celotipia, comparaciones destructivas, amenazas y actos que conllevan a las mujeres víctimas de violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar su sano desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio.

2. Acoso u hostigamiento:

Toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer que pueda atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que puedan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él.

3. Amenaza:

Anuncio verbal o can actos de la ejecución un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial con el fin de intimidar a la mujer, tanto en el contexto doméstico como fuera de él.

4. Violencia física:

Toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales como lesiones internas o externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física.

5. Violencia doméstica:

Toda conducta activa u omisiva, constante o no, de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación, persecución o amenaza contra la mujer por parte del cónyuge, el concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien mantiene o mantuvo relación de afectividad, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguíneos y afines.

6. Violencia sexual:

Toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo ésta no sólo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, tales como actos lascivos, actos lascivos violentos, acceso carnal violento o la violación propiamente dicha.

7. Acceso carnal violento:

Es una forma de violencia sexual, en la cual el hombre mediante violencias o amenazas, constriñe a la cónyuge, concubina, persona con quien hace vida marital o mantenga unión estable de hecho o no, a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o introduzca objetos sea cual fuere su dase, por alguna de estas vías.

8. Prostitución forzada:

Es la Acción de obligar a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza, o mediante coacción corno la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la opresión psicológica o el abuso del poder, esperando obtener o haber obtenido ventajas o beneficios pecuniarios o de otro tipo, a cambio de los actos de naturaleza sexual de la mujer.

Gaceta Oficial No. 40.548 de fecha 25 de noviembre de 2014

9. Esclavitud sexual:

Es la privación ilegítima de libertad de la mujer, para su venta, compra, préstamo o trueque con la obligación de realizar uno o más actos de naturaleza sexual.

10. Acoso sexual:

Solicitud de cualquier acto o comportamiento de contenido sexual, para sí o para un tercero, o el procurar cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado que realice un hombre prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, y con la amenaza expresa o tácita de causarle a la mujer un daño relacionado con las legítimas expectativas que ésta pueda tener en el ámbito de dicha relación.

11. Violencia laboral:

Discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo, públicos o privados, que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, tales como exigir requisitos sobre el estado civil, la edad, la apariencia física o buena presencia, o la solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos, que supeditan la contratación, ascenso o la permanencia de la mujer en el empleo. Constituye también discriminación de género en el ámbito laboral el quebrantar el derecho de igual salario por igual trabajo.

12. Violencia patrimonial y económica:

Toda conducta activa u omisiva que directa o indirectamente, en los ámbitos público y privado, esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de violencia o a los bienes comunes, así como la perturbación a la posesión o a la propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades; limitaciones económicas encaminadas a controlar sus ingresos; o la privación de los medios económicos indispensables para vivir.

13. Violencia obstétrica:

Es la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres.

14. Esterilización forzada:

Realizar o causar intencionalmente a la mujer, sin brindarle la debida información sin su consentimiento voluntario e informado y sin que la misma haya tenido justificación, un tratamiento médico o quirúrgico u otro acto que tenga como resultado su esterilización o la privación de su capacidad biológica y reproductiva.

15. Violencia mediática:

Es la exposición de la mujer, niña o adolescente, a través de cualquier medio de difusión, que de manera directa o indirecta explote, discrimine, deshonre, humille o que atente contra su dignidad con fines económicos, sociales o de dominación.

16. Violencia institucional:

Acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta Ley, para asegurarles una vida libre de violencia.

17. Violencia simbólica:

Son mensajes, valores, iconos, signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad.

18. Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes:

Todos los actos que implican su reclutamiento o transporte dentro o entre fronteras, empleando engaños, coerción o fuerza, con el propósito de obtener un beneficio de tipo financiero u otro de orden material de carácter ilícito.

19. Trata de mujeres, niñas y adolescentes:

Es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de mujeres, niñas y adolescentes, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o de otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre mujeres, niñas o adolescentes, con fines de explotación, tales como prostitución, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, !a servidumbre o la extracción de órganos.

20. Femicidio:

Es la forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado.

21. Inducción o ayuda al suicidio:

Es la consecuencia extrema de la violencia psicológica, acoso, hostigamiento y amenaza que generan las condiciones para provocar la muerte de una mujer por motivaciones de género.

BIBLIOGRAFIA

LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; Gaceta Oficial No. 40.548 de fecha 25 de noviembre de 2014; República Bolivariana de Venezuela; Asamblea Nacional; Caracas Venezuela

El Contrato de Trabajo

2021-05-17T13:35:00.003-04:00

CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO DETERMINADO

Entre NOMBRE DE LA EMPRESA, C.A., sociedad mercantil domiciliada en calle _______ cruce con calle ______, Santa ______, Urb. ______, Galpón Nº ____, Caracas, Municipio Libertador del Distrito Capital e inscrita en el Registro Mercantil _________ de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha ___ de Marzo de 2.00_ , bajo el Número __, tomo 43-A-Sdo., representada en este acto por su Director el ciudadano __________ ___________, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Caracas y titular de la Cédula de Identidad N° V-____________, quien a los efectos de este documento se denominará EL PATRONO, por su parte, y el ciudadano _________________, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de estado civil divorciado, domiciliado en Urb.__________, Calle __, casa No. ______, Caracas, Municipio Libertador del Distrito Capital y titular de la Cédula de Identidad N° _____________, quien en lo sucesivo se denominará EL TRABAJADOR, por la otra parte, se ha convenido en celebrar un (01) contrato de trabajo a tiempo determinado que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: CARGO Y FUNCIONES A DESEMPEÑAR: EL TRABAJADOR se compromete a prestar sus servicios a EL PATRONO desempeñando el cargo de AYUDANTE GENERAL DE PLANTA, teniendo entre sus principales funciones: Carga y descarga, limpieza y empaque de perfiles, mecanizado (perforar perfiles, meter gomas, poner escuadras) y toda actividad inherente o conexa con el proceso de mecanizado, limpieza de equipos y herramientas y limpieza del área de trabajo, relacionadas directamente con su cargo.

SEGUNDA: DURACION Y FECHA DE INICIO: El presente contrato tendrá una duración de seis (6) meses, a contar desde el día uno (01) de Marzo de 2.016 y concluirá el día treinta y uno (31) de Agosto de 2016, salvo que las partes convengan, antes del vencimiento del plazo indicado prorrogarlo.

TERCERA: JORNADA DE TRABAJO: La jornada ordinaria de trabajo será diurna y tendrá una duración de Cuarenta (40 horas) semanales en horario comprendido entre los días Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. con una (1) hora de descanso.

CUARTA: SALARIO ESTIPULADO: Como contraprestación al servicio prestado por EL TRABAJADOR, EL PATRONO se compromete a pagar la cantidad de Once Mil Quinientos setenta y ocho con 00/100 Bolívares mensuales (Bs. 11.578,00). El pago de la remuneración, y demás derechos, beneficios o indemnizaciones aplicables, se harán conforme a la modalidad más conveniente y establecida por EL PATRONO, que EL TRABAJADOR conoce y acepta expresamente.

QUINTA: LUGAR DONDE DEBE PRESTARSE LOS SERVICIOS: EL TRABAJADOR prestara sus servicios en la siguiente dirección: calle _______ cruce con calle ______, Santa ______, Urb. ______, Galpón Nº ____, Caracas, Municipio Libertador del Distrito Capital.

SEXTA: NORMAS A CUMPLIR: EL TRABAJADOR se compromete a cumplir y respetar fielmente las normas y procedimientos de la empresa para la cual presta el servicio, al buen cuido y manejo de los equipos que le sean asignados y a tratar con absoluta discreción la información que manejará en el desempeño de sus funciones.

DISPOSICIONES GENERALES

SEPTIMA: Queda convenido, que en caso de fijación y/o aumento de salarios decretados por el Ejecutivo Nacional, EL PATRONO lo homologará solamente hasta la concurrencia que resulte establecida por la diferencia, siempre y cuando sea aplicable a la naturaleza de los Contratos de Trabajos a Tiempo determinado.

OCTAVA: La terminación del presente Contrato de Trabajo por incumplimiento de cualquiera de las partes en forma injustificada, obliga únicamente a lo establecido en la Ley vigente aplicable sobre la materia.

NOVENA: Es convenio expreso entre las partes, someter y agotar cualquier situación de conflicto de intereses, a los trámites y procedimientos administrativos aplicable a la materia.

DECIMA: Todo lo no previsto en el presente contrato se regirá de acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica del Trabajo vigente.

Para los efectos de este contrato se elige como domicilio a la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos tribunales las partes declaran expresamente someterse.

En Caracas, al Primer (01) día del mes de Marzo de 2.016.

EL PATRONO:

Firma :_________________________

C.I. :___________________________

Fecha:_______________________

Hora:_______________________

EL TRABAJADOR:

Firma :_________________________

C.I. :___________________________

Fecha:_______________________

Hora:_______________________

BASES LEGALES

Capítulo II

Del Contrato de Trabajo

Artículo 55 Contrato de trabajo

El contrato de trabajo, es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo bajo dependencia, a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley.

Artículo 56 Obligaciones de las partes

El contrato de trabajo, obligará a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se deriven según la Ley, las convenciones colectivas, las costumbres, el uso local, la equidad y el trabajo como hecho social.

Artículo 57 Régimen supletorio

Si en el contrato de trabajo celebrado entre un patrono o una patrona y un trabajador o una trabajadora no hubiere estipulaciones expresas respecto al servicio que deba prestarse y a la remuneración, éstos se ajustarán a las normas siguientes:

a) El trabajador o trabajadora estará obligado u obligada a desempeñar los servicios que sean compatibles con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición, y que sean del mismo género de los que formen el objeto de la actividad a que se dedique el patrono o la patrona.

b) La remuneración y demás beneficios deberán ser adecuados a la naturaleza y magnitud de los servicios y no podrán ser inferiores al salario mínimo, ni a lo que se pague por trabajos de igual naturaleza en la localidad y en la propia entidad de trabajo.

El patrono o la patrona no puede modificar las condiciones de trabajo si implican desmejora para el trabajador o trabajadora, si ponen en peligro su integridad, o si van contra la normativa prevista en esta Ley su reglamento y demás leyes que rigen la materia.

Artículo 58 Forma del contrato de trabajo

El contrato de trabajo se hará preferentemente por escrito, sin perjuicio de que pueda probarse la existencia de la relación de trabajo en caso de celebrarse en forma oral. Cuando esté probada la relación de trabajo y no exista contrato escrito, se presumen ciertas, hasta prueba en contrario, todas las afirmaciones realizadas por el trabajador o trabajadora sobre su contenido.

Artículo 59 Contenido del contrato de trabajo

El contrato de trabajo escrito se extenderá en dos ejemplares originales, uno de los cuales se entregará al trabajador o trabajadora, mientras el otro lo conservará el patrono o la patrona. Este contendrá las especificaciones siguientes:

1.- El nombre, apellido, cédula de identidad, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y dirección de las partes.

2.- Cuando se trate de personas jurídicas, los datos correspondientes a su denominación y domicilio y la identificación de la persona natural que la represente.

3.- La denominación del puesto de trabajo o cargo, con una descripción de los servicios a prestar, que se determinará con la mayor precisión posible.

4.- La fecha de inicio de la relación de trabajo.

5.- La indicación expresa del contrato a tiempo indeterminado, a tiempo determinado o por una obra determinada.

6.- La indicación del tiempo de duración, cuando se trate de un contrato a tiempo determinado.

7.- La obra o la labor que deba realizarse, cuando se trate de un contrato para una obra determinada.

8.- La duración de la jornada ordinaria de trabajo.

9.- El salario estipulado o la manera de calcularlo y su forma y lugar de pago, así como los demás beneficios a percibir.

10.- El lugar donde deban prestarse los servicios.

11.- La mención de las convenciones colectivas o acuerdos colectivos aplicables, según el caso.

12.- El lugar de celebración del contrato de trabajo.

13.- Cualesquiera otras estipulaciones lícitas que acuerden las partes.

14.- Los demás establecidos en los reglamentos de esta Ley.

El patrono o la patrona deberá dejar constancia de la fecha y hora de haber entregado al trabajador o trabajadora el ejemplar del contrato de trabajo mediante acuse de recibo debidamente suscrito por éste o ésta en un libro que llevará a tal efecto, de conformidad con los reglamentos y resoluciones de esta Ley.

El otro ejemplar del contrato de trabajo deberá ser conservado por el patrono o la patrona desde el inicio de la relación de trabajo hasta que prescriban las acciones derivadas de ella.

Modalidades del contrato de trabajo

Artículo 60 El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o para una obra determinada.

Artículo 61 Contrato a tiempo indeterminado

El contrato de trabajo se considerará celebrado por tiempo indeterminado cuando no aparezca expresada la voluntad de las partes, en forma inequívoca, de vincularse sólo con ocasión de una obra determinada o por tiempo determinado.

Se presume que las relaciones de trabajo son a tiempo indeterminado, salvo las excepciones previstas en esta Ley. Las relaciones de trabajo a tiempo determinado y por una obra determinada son de carácter excepcional y, en consecuencia, las normas que lo regulan son de interpretación restrictiva.

Artículo 62 Contrato a tiempo determinado

El contrato celebrado por tiempo determinado concluirá por la expiración del término convenido y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga. En caso de dos prórrogas, el contrato se considerará por tiempo indeterminado, a no ser que existan razones especiales que justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar la relación.

Las previsiones de este artículo se aplicarán también cuando, vencido el término e interrumpida la prestación del servicio, se celebre un nuevo contrato entre las partes dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del anterior, salvo que se demuestre claramente la voluntad común de poner fin a la relación.

El contrato de trabajo se considerará por tiempo indeterminado, si existe la intención por parte del patrono o de la patrona de interrumpir la relación laboral a través de mecanismos que impidan la continuidad de la misma.

En los contratos por tiempo determinado los trabajadores y las trabajadoras no podrán obligarse a prestar servicios por más de un año.

Artículo 63 Contrato para una obra determinada

El contrato para una obra determinada deberá expresar con toda precisión la obra a ejecutarse por el trabajador o trabajadora.

El contrato durará por todo el tiempo requerido para la ejecución de la obra y terminará con la conclusión de la misma. Se considerará que la obra ha concluido cuando ha finalizado la parte que corresponde al trabajador o trabajadora dentro de la totalidad proyectada por el patrono o la patrona.

Si dentro de los tres meses siguientes a la terminación de un contrato de trabajo para una obra determinada, las partes celebran un nuevo contrato para la ejecución de otra obra, se entenderá que han querido obligarse, desde el inicio de la relación por tiempo indeterminado.

En la industria de la construcción la naturaleza de los contratos para una obra determinada no se desvirtúa, sea cual fuere el número sucesivo de ellos.

Artículo 64 Supuestos de contrato a tiempo determinado

El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo determinado únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando lo exija la naturaleza del servicio.

b) Cuando tenga por objeto sustituir provisional y lícitamente a un trabajador o trabajadora.

c) Cuando se trate de trabajadores o trabajadoras de nacionalidad venezolana que prestarán servicios fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

d) Cuando no haya terminado la labor para la que fue contratado el trabajador o trabajadora y se siga requiriendo de los servicios, bien sea por el mismo trabajador o trabajadora u otro o otra.

Será nulo el contrato de trabajo por tiempo determinado por causas distintas a las antes señaladas, en consecuencia, el trabajador o trabajadora se encontrará investido de la estabilidad prevista en esta Ley.

Artículo 65 Contratos de trabajo para prestación de servicios en el exterior

Los contratos de trabajo celebrados por trabajadores venezolanos y trabajadoras venezolanas para la prestación de servicios fuera del país deberán extenderse por escrito, ser autenticados ante funcionarios o funcionarias competentes del lugar donde se celebren y legalizados por un funcionario o funcionaria consular de la nación donde deban prestar sus servicios. El patrono o la patrona deberá otorgar fianza o constituir depósito en un banco venezolano a entera satisfacción de la Inspectoría del Trabajo, por una cantidad igual al monto de los gastos de repatriación del trabajador o trabajadora y los de su traslado hasta el lugar de su residencia. Además, serán parte integrante de dichos contratos las estipulaciones siguientes:

a) Los gastos de transporte y alimentación del trabajador o trabajadora y todos los que se originen por el cumplimiento de obligaciones sobre inmigración u otro concepto semejante, serán por cuenta del patrono o de la patrona.

b) Se aplicarán las disposiciones de la legislación social venezolana.

c) El trabajador o trabajadora deberá recibir del patrono o de la patrona, antes de su salida, información escrita sobre las condiciones generales de vida y requisitos a que deberá someterse en el país donde va a prestar sus servicios.

REFERENCIAS

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Gaceta Oficial N° 6.076 Extraordinario del 7 de mayo de 2012)

Función Social del Derecho

2020-08-13T22:48:00.001-04:00

Enviado por Cesar Mazari

Introducción

El concepto de las funciones del derecho y en especial el de "Función Social del Derecho", tiene gran importancia para cualquier teoría del derecho que intente una explicación general de la naturaleza del derecho.

Al igual que muchos otros conceptos teorico-juridicos, el de las funciones del derecho es relevante también para muchas otras disciplinas relacionadas con el derecho. En el caso que nos ocupa, surgen como preponderantes los aportes de la Sociología Jurídica para el esclarecimiento de este concepto. No obstante, también es muy relevante el concepto en estudio para las consideraciones de los abogados, jueces y funcionarios que se enfrentan a problemas sobre la interpretación y aplicación correcta de normas jurídicas, para los politólogos que desean explicar la interacción del derecho con otras instituciones sociales o con el poder político; etc.

Sin embargo, a pesar de tener tamaña importancia, no es un tema que sea desarrollado y precisado como otros en las facultades de Ciencias Jurídicas o en los manuales de texto. Es más, en la misma doctrina existen corrientes completas que designan a "Función del Derecho" como una cosa y las demás como otra. Y luego esto se complica aun más al agregarle el concepto de "Social" a esas funciones.

En este trabajo el lector podrá encontrar en el primer capítulo una explicación sistemática y breve sobre los conceptos que se entremezclan para dar como resultado el de "Función Social del Derecho".

En el capítulo segundo, una vez precisado debidamente el concepto del fenómeno jurídico en estudio, se procederá a diseccionar y examinar en detalle las diferentes esferas de su composición, y allí poder apreciar con mayor claridad en qué consiste la "Función Social del Derecho".

Finalmente, se expondrán las conclusiones del equipo elaborador y se citaran las fuentes bibliográficas consultadas.

Esperando que el presente trabajo cumpla con las expectativas, dejamos en manos del lector su lectura y examen.

Gracias.

CAPITULO UNO:

Función social, función del Derecho y función social del Derecho

Reseña:

En este trabajo se ha optado por iniciar el análisis desde las bases conceptuales, para ir delimitando el objeto de estudio. Partiendo de esta premisa, empezamos por indagar sobre los siguientes conceptos.

FUNCIÓN SOCIAL:

Existen numerosas maneras de entender los términos "Función" y "Social", ya sea desde el punto de vista político, religioso, lingüístico, matemático, sociológico, etc. y de acuerdo a cual sea la acepción que se tome y se mezcle con los elementos de concepto jurídico, podrá salir una nueva interpretación de esa palabra pero aplicada al derecho.

A los efectos de este trabajo, entenderemos por "función" (etimológicamente proviene del latín functio, funcionis, y significa ejecución, ejercicio de una facultad): "el propósito o tarea que se le atribuye a una cosa". En cambio, por el término "Social", hacemos referencia a "sociedad", entendida como "conjunto de individuos que se interrelacionan entre sí".

Antes de hablar de las "funciones sociales del derecho", tema que será abordado en capítulos posteriores, habría que plantearse como cuestionamiento de base "que se entiende por función social".

En principio nos encontramos con uno de esos conceptos ambiguos en los que se produce una divergencia entre el sentido teleológico del mismo y su traducción y concreción en la realidad social. Creo que ordenando la considerable literatura existente, en la que no faltan los trasvases de conceptos biológicos a las ciencias sociales, cabría distinguir varios criterios sobre la definición del concepto social de función.

Una primera clasificación es la de funciones reales y funciones ideales, según el plano ontológico. Las primeras son aquellas que realmente desarrolla el derecho en la sociedad, verificables en el análisis descriptivo. Las segundas son las que se pretende que el derecho realmente desarrolle, que no tienen por qué coincidir con las primeras.

Una segunda distinción es la de funciones y fines; y, funciones y medios, según que se trate de investigar los fines o valores del derecho, o bien los instrumentos de que se vale para realizar tales fines.
Una tercera distinción es la de funciones subjetivas y funciones objetivas, según que se investiguen las pretensiones del legislador en el momento de promulgar las normas, o de precisar que funciones desarrollan objetivo y ostensiblemente las normas en la sociedad con independencia de las intenciones del legislador.

Uno cuarto deslinde, avanzado por Robert Merton y ampliamente desarrollado en la investigación social, es el de la dicotomía funciones expresa y funciones latentes, según que haya que establecer las funciones que claramente aparecen en las normas de derecho y que son perfectamente compresiblemente por los sujetos sociales, o las que en un segundo plano y no directamente advertibles ejecutan dichas normas con una incidencia que es algunos casos son comparables o superiores a las funciones expresas.

Este elenco de funciones se complica y entrelazan entre sí, siendo además desigualmente interpretables. Ahora bien, para precisar que entendemos por "Función Social", utilizaremos la concepción del término que se utiliza en Sociología, para la cual la sociedad o el cuerpo social se asimila a un organismo vivo, donde cada individuo es una pieza que se engrana y se interrelaciona con las demás, y donde cada cual cumple un papel dentro de la totalidad del sistema, es decir, la sociedad. Los roles, asumidos o asignados según estatus, edad o sexo, y enmarcados dentro de un grupo en un contexto cultural específico, vienen a determinar el tipo de función que le puede ser exigida o que se puede esperar de un individuo. Una mujer puede ser madre, esposa, hija, empleada, líder de su equipo de trabajo y sostén de hogar, todo al mismo tiempo, lo cual la obliga a actuar según la función que esté desempeñando en cada caso.

Lo mismo acontece con las instituciones, por ejemplo, el matrimonio tuvo desde sus orígenes la función de la procreación y protección de los hijos, para luego ser estos protectores de los padres, el ejército sirve para proteger los límites externos del estado, la religión sirve como moderadora del culto supraterrenal, etc.

Entonces, función social sería el propósito o tarea que cumple un individuo, institución o entidad dentro de la sociedad.

FUNCIÓN DEL DERECHO Y FINALIDAD DEL DERECHO

Tomando un concepto integral, podemos decir que el derecho es "el sistema de normas coercibles que rigen toda la conducta humana en interferencia intersubjetiva, para realizar en dichas conductas determinados valores propios del derecho. A tal fin, las normas aludidas prescriben qué conductas son ilícitas (un grupo limitado), reconociendo implícitamente como lícitas a todas las demás (que son infinitas), y disponiendo respecto de algunas conductas lícitas —pocas o muchas— cuáles son y cómo deben hacerse, prescribiendo además para las transgresiones a los deberes jurídicos antedichos, las sanciones que deberán aplicarse a los responsables de las mencionadas transgresiones". [1]

Este "fenómeno" denominado "derecho" trata sobre un conjunto de normas de conducta humanas en interferencia intersubjetiva. Es decir, el derecho en su propia esencia trae aparejada la cualidad de ser una institución "social", pues trata sobre individuos o personas que se relacionan, convirtiéndose en normas que guían esas relaciones.

Ya sabemos que es el derecho, mas ahora corresponde precisar su "Función", si es que la tiene. Sin embargo, esto no es tan sencillo pues como indicamos en la introducción muy pocos tratadistas han escrito en forma sencilla sobre ello, o por lo menos en forma directa.

Cuando decimos que es función del derecho la resolución conflictos oficiales interpretamos el concepto de función en su acepción de medio; cuando decimos, por otro lado, que es una función del derecho la estabilidad de las relaciones sociales, lo interpretamos en su acepción de fin. Es frecuente ver que un sociólogo acoge varias dimensiones del concepto de función en su definición.

Si acudiéramos al hombre de la calle para que nos diera una respuesta de cuáles son, a su parecer, las funciones que desarrolla el derecho en la sociedad, quizás no entendería bien la pregunta, pero nos contestaría muy probablemente que el derecho funciona para que exista una organización en la sociedad, para controlar a las personas, para resolver los conflictos y para hacer justicia. Tal vez esta sería una respuesta muy cercana a la que daría un sociólogo del derecho o un jurista.

En muchas obras encontramos que "Función" del derecho es equiparada a "fin" del derecho, dándole el término de "función teleológica" o "Finalidad funcional". No obstante, consideramos que "Finalidad" no es sinónimo de "Funcionalidad", lo cual quedará explicado en las líneas siguientes.

En términos generales, el "fin" de algo es aquello para lo cual existe, o en otras palabras, su razón de ser. Ahora bien, siendo el derecho (según queda explicado) una norma obligatoria de convivencia, se dice comúnmente que tiene también una finalidad que se busca alcanzar aplicándolo.

Según la concepción más generalizada, el fin del derecho es la "justicia", vale decir que el fin o ideal supremo al que debe orientarse el derecho, es la vigencia plena y auténtica de la justicia en la convivencia humana.

Entonces ¿Qué hace el derecho para lograr ese fin en la sociedad? Pues se convierte en "regulador de la convivencia humana en sociedad". Su naturaleza lo dota de las cualidades para tener esta función, como lo es la capacidad de coercibilidad de las normas jurídicas, las cuales son, entre todas las demás normas sociales, las únicas cuya naturaleza posee la facultad de exigir su cumplimiento por la fuerza.

Para finalizar este título: el derecho es un conjunto de normas coercibles que regulan la convivencia humana, su función es la de moderador u ordenador de las relaciones entre sujetos en la sociedad y su finalidad es la justicia social.

FUNCIÓN DEL DERECHO: REGULADOR DE LAS RELACIONES SOCIALES.

La concepción funcional del derecho ha supuesto un enriquecimiento de la tradicional visión estructuralista, preocupada por el posicionamiento del derecho como elemento de una estructura social estable. Preguntarse por las funciones del derecho es observarlo en movimiento dentro de las relaciones de los sujetos que se valen de él y ver qué fines persigue o qué sentido tuvo su promulgación en la mente del legislador.

Esta visión funcional del derecho vino de la mano de los sociólogos del derecho, contribuyendo a ellos los primeros protagonistas de la revuelta contra el formalismo, gestada en el transito del siglo XIX al XX.

La experiencia histórica muestra de modo inequívoco la extrema vulnerabilidad de las sociedades políticas, y la poca duración de las ideologías, los líderes y las clases dirigentes. El derecho como orden y regulador, frente al abismo insondable del caos y las violencias desatadas, pretende sentar los principios materiales y formales para conseguir la paz y la estabilidad y permanencia de un sistema social y político constituido.

La función del derecho como ordenador o regulador implica defender la vida, la libertad y la propiedad de las personas.

El derecho romano (y esta concepción predomina en el derecho común), se presenta a sí mismo como titular del monopolio de la violencia. El derecho asume la carga de castigar al culpable de un delito (el fin de la justicia privada), y dar a cada uno lo suyo (para evitar el ejercicio violento del propio derecho). La instauración de una justicia pública significa la entrega del delincuente para evitar la venganza privada (manus inectio), o la entrega de la cosa a su dueño para evitar la necesidad de recuperarla con violencia (sacramentum in rem). Y modernamente se concibe también el derecho como la garantía de la libertad.

La teoría del Estado cada vez más elaborada y compleja, hace algo más que garantizar un orden, edifica un ordenamiento jurídico, que tiene vocación de significar la unidad y universalidad del derecho, basado en la Constitución como norma fundamental, identifica y define los sujetos del Estado, ordena jerárquicamente las normas según un rango, instaura la justicia y la fehaciencia, y para llenar las lagunas acude a los fundamentos, los principios generales, a la analogía, al precedente, a la tradición.[2]

En cuanto a la manera en que el Derecho cumple con esta "Función de ordenador o regulador social", el autor Álvarez Caperochipi comenta que "El ordenamiento identifica y define los sujetos del derecho, identifica los órganos del gobierno y de administración central del Estado, con el correspondiente otorgamiento de competencias, y el control presupuestario y jurisdiccional de su actividad, reconoce junto al Estado y administración pública, la subjetividad jurídica de la persona física, de sujetos corporativos y de entes económicos (sociedades) o históricamente relevantes (ayuntamientos, comunidades autónomas, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, corporaciones), y define también los fines de las instituciones políticas y administrativas, como instrumentos de reforma social.

Como orden formal el derecho identifica la normativa vigente, le otorga un rango, y define su vigencia (temporal, territorial, personal). El derecho define los mecanismos de promulgación de las leyes, tras su debate parlamentario en una cámara que asume la representación popular y la toma en consideración de las posturas de las minorías ideológicas o nacionales relevantes. Instituye públicamente la justicia e instaura unos tribunales que tienen facultades ejecutivas, y a través de los cuales el ciudadano individual puede exigir la persecución del delito (jurisdicción penal), puede reclamar su propiedad (jurisdicción civil), puede controlar la actividad de la administración (jurisdicción contenciosa), y puede reclamar sus derechos laborales (jurisdicción social).

Además el derecho construye un sistema público de fehaciencia: de las personas, los comerciantes, la propiedad, el protocolo y de los actos patrimoniales (Registro civil, mercantil, de la propiedad, protocolo notarial), para dar testimonio de su existencia y contenido esencial."[3]

FUNCIÓN SOCIAL DEL DERECHO

Las tendencias del desarrollo del Derecho de la actualidad han tenido como consecuencia transferencias de los puntos básicos en sus funciones sociales. La cuestión de las funciones sociales del derecho es el problema de los servicios que el Derecho produce a la sociedad: ¿para qué sirve principalmente el Derecho? ¿Qué quiere el Derecho conseguir en la sociedad? ¿Con que fines se establecen y se imponen las reglas de Derecho?

La Sociología del Derecho contesta por lo general así: El Derecho es un instrumento de poder social que por medio del equilibrio de intereses contradictorios debe conseguir y fomentar la solidaridad de la comunidad. El Derecho es, con otras palabras, un importante elemento de todo proceso de integración social al que los sociólogos llaman "control social". [4]

La organización social de la comunidad jurídica, y con ella la tarea capital del derecho, es considerada como una aportación específica para la sociedad, por lo que la FUNCIÓN SOCIAL DEL DERECHO consiste básicamente en "la regulación e integración de la sociedad".

Esta función social del derecho puede desglosarse en numerosas formas de manifestación. Surgen así las sub funciones sociales del derecho, que se estudiaran en el capítulo siguiente, y que citamos a continuación:

Organización de la sociedad

Orientación y persuasión,

Estructuración, legitimación y restricción del poder político,

Resolución de conflictos,

Control social,

Seguridad,

Justicia.

CAPITULO DOS:

Manifestaciones de la función social del Derecho

Reseña:

Seguidamente se analizaran cada una las facetas o manifestaciones que asume el derecho al cumplir su función social, conforme fuera explicado en el capítulo anterior.

FUNCION DE ORGANIZACIÓN

El derecho es un instrumento de organización de la sociedad, un medio para la propia subsistencia, ya que sin un mínimo de organización la sociedad, colectiva de un siempre difícil equilibrio de voluntades, no podría permanecer.

Los teóricos del pacto social intuyeron la necesidad de la constitución de una sociedad política tras el abandono del estado de naturaleza, porque dicha sociedad proporcionaría la organización necesaria para que los derechos naturales de las personas fueran respetados. En el estado de naturaleza se gozaba de unos derechos absolutos, pero totalmente desprotegidos y sometidos a la ley del más fuerte; con la constitución de la sociedad política los poderes públicos y sus normas otorgaría la protección necesaria, aunque los derechos dejaran de ser absolutos.

La organización de la sociedad es una de las funciones más transparentes del derecho, porque no hay posibilidades de subsistencia fuera de la sociedad, y cualquier sociedad, hasta la más elemental sociedad familiar, necesita de una mínima organización.

El derecho lleva a cabo esta función organizativa en dos ámbitos, en las relaciones jurídicas públicas y en las relaciones jurídica privadas. En el primero abundan las normas de organización para establecer las relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos. El derecho constitucional contiene un apartado, la parte orgánica de la Constitución, la medida del derecho público constitucional, administrativo, penal, procesal, financiero es un derecho de organización propiamente dicha. En el ámbito jurídico privado hay menos normas de organización propiamente dichas, pero el derecho establece las reglas de las relaciones intersubjetivas, que en su conjunto es un sistema de organización que evita las situaciones de conflicto y el imperio de la arbitrariedad.

La función organizadora del derecho se redimensiona al ordenar y jerarquizar los intereses sociales en el seno de sus propias normas, de una manera sustantiva, y en los procedimientos formales para la acción política, de manera procesal. Decía Ihering que el derecho era la resultante de una diagonal de fuerza de intereses sociales combatientes para obtener el reconocimiento jurídico, en una perspectiva sociológica neutra; y Marx ha hecho clásica la visión del derecho como la representación ideológica de intereses sociales dominantes, en una perspectiva de lucha de clases. En los sistemas democratices estos intereses sociales se conjugan con la inevitable situación de dependencia de unos respecto de otros en las normas dictadas tras un proceso en el que los intereses tienen como punto de partida las mimas oportunidades formales de conseguir el reconocimiento del derecho; otra cosa es que las condiciones socioeconómicos desdibujen una verdadera igualdad de oportunidades. El derecho sigue siendo un ordenador de los interese sociales, a los que introduce y jerarquiza en el marco de las normas del juego democrático.

FUNCIÓN ORIENTATIVA Y PERSUASIVA

Son funciones generales que es posible predicar de todas las reglas sociales.

La función orientativa-persuasiva del derecho depende de la naturaleza del sector jurídico; hay normas de ius cogen y otras meramente dispositivas, normas coactivas y normas de promoción, normas de conducta y normas de apoyo. La orientación y la persuasión no tienen la misma fuerza en todos los espacios del derecho, evidentemente.

También depende del carácter general/abstracto de las normas jurídicas, puesto que la influencia es más poderosa cuando se dibujan modelos o tipos de conducta y se refieren a la generalidad de las personas o a un alto contingente de las mismas. En cualquier caso, las normas jurídicas contienen unos modelos, y estos modelos influyen en el comportamiento, por la mera publicidad e imagen de vínculo que siempre proyecta el derecho.

La influencia es una realidad incluso para quienes no son destinatario directo de las normas de derecho. También depende de la actitud de los sujetos ante los modelos o tipos que ofrecen las normas, de quienes colaboran en la aplicación de dichas normas, los operadores jurídicos, jueces, abogados, policía, etc., y de quienes son recepcionarios o destinatarios de las mismas.

FUNCIÓN DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS

En principio no hay más que dos procedimientos para zanjar los conflictos de intereses: o bien la fuerza (triunfo de quien sea más fuerte, por su vigor muscular, o por las armas que tenga, o por su astucia), o bien una regulación objetiva (es decir, que no derive de ninguna de las partes en conflicto, sino de una autoridad imparcial y que sea impuesta a aquellas partes por un igual), la cual sea obedecida por los antagonistas.

Una función importante del derecho, la de mayor aceptación social, la que parece más evidente a los profanos del derecho, es la capacidad de resolución de los conflictos sociales. Una mentalidad simple diría que está, y no otra, es la razón de la existencia del derecho. El derecho existe para resolver los conflictos que se generan en la sociedad. No solo el hombre de la calle ve que es esta la función clave del derecho. También ha gozado del favor de los teóricos, que han sabido ver como el derecho es una respuesta a un conflicto y que está es su razón genealógica. Quienes valoran especialmente la seguridad jurídica como un fin primordial del derecho considerado el destacado relieve a esta función del derecho frente a aquellos otros que se fijan en otros fines y valores, como la justicia, la libertad, la igualdad, etc.

Por otro lado la manera en que el derecho hace frente al conflicto, son variadas las actitudes que asume: a) unas veces lo acepta y absorbe en nuevas normas reguladoras, cuando la razón del conflicto tiene suficientes apoyos en la opinión pública; b) otras veces se enfrenta a él, cuando la razón del conflicto no se acomoda al sentir de la sociedad democrática, o a los intereses del poder dominante; c) en ocasiones lo canaliza y orienta, porque la regulación social es legítima y además no atenta a los valores que defiende el derecho; y d) y no faltan situaciones en las que es el propio derecho el que genera conflicto, cuando no hay una adaptación del derecho a la generalidad de los sectores sociales donde se aplica.

Estas cuatro actitudes representan, respectivamente, funciones reguladoras, represoras, orientadoras y generadores de conflicto. La penalización de conductas socialmente reprobables, las infracciones jurídicas de colectivos profesionales recabando el mantenimiento de privilegios injustificados, las normas arbitrales y laudos laborales, y la jurisprudencia permisiva en materia de libertad de expresión son cuatro ejemplos que ilustran esas distintas posiciones del derecho.

Sin embargo el derecho fracasa con cierta frecuencia en su tarea de resolver conflictos por dos importantes razones, que son fácilmente constatables en la realidad de los hechos. Primero, porque el derecho, más que resolver, en ocasiones pone paños calientes a un conflicto que no deja de desaparecer y segundo, porque el mismo derecho puede ser causa de conflicto ante una situación bien avenida antes de su promulgación.

FUNCION DE ESTRUCTURAR, LEGITIMAR Y LIMITAR EL PODER POLITICO

Decía Max Weber que el poder tenía que ser reconocido y aceptado por los súbditos para ser un poder estable, de esta manera el poder se hacía legitimo; su teoría del poder es una teoría de los títulos en que los poderosos se apoyan para ser aceptados como tales; el poder va unido a la oportunidad de su acatamiento y a la obediencia de los súbditos.

El Derecho satisface también la necesidad de organizar el poder político, esto es, el poder del Estado y de los demás entes públicos que lo integran. El Derecho precisamente organiza la serie de órganos competentes que hablan y actúan en su nombre. Sucede que, si bien por una parte, el Derecho positivo formalmente válido y además vigente es en realidad tal Derecho positivo de manera efectiva porque y en tanto lo apoya el poder del Estado; en cambio, por otra parte acontece también que el poder del Estado está organizado y ungido por el Derecho, o, dicho con otras palabras, el Derecho es uno de los ingredientes más importantes del poder del Estado. En efecto, por una lado, el poder del Estado se apoya sobre una serie de hechos sociales, y es poder estatal precisamente porque es el resultado de los poderes sociales más fuertes.

Pero, a su vez, el Derecho da al poder del Estado su organización. El Derecho no sólo organiza el poder político, sino que además lo legitima o intenta legitimarlo, en cuanto que lo organiza o se propone organizarlo según criterios de justicia, según valores de rango superior.

La organización del poder político por medio del Derecho representa una limitación de ese poder, no especificado en una serie de diversas competencias, sería un poder que llegaría tan lejos como llegase la influencia .efectiva que ejerciera en cada momento sobre sus súbditos . El alcance de tal poder político no organizado no estaría restringido nada más que por los límites de su propia fuerza: llegaría en cada instante hasta donde llegase esa fuerza y, en ocasiones, sería tal vez abrumador v se convertiría en tiranía insoportable. Otras veces, cuando fallase total o parcialmente la influencia efectiva de ese poder político no organizado, o llegaría a no existir en aquel momento, o su alcance vendría a ser muy corto cuando fallara en parte.

FUNCIÓN DE CONTROL SOCIAL

El derecho es una de las formas de control social, como las demás formas culturales, religión, literatura, economía, arte, etc. Caracteriza al derecho frente a otras formas de control la especial vinculación que sus normas provocan en el común de sus destinatarios, vinculo derivado de la coactividad institucionalizada, que es una nota que lo caracteriza singularmente. Desde el positivismo jurídico actual consideran que el ordenamiento jurídico es fundamentalmente un orden coactivo del comportamiento.

La idea de control social puede ser entendida de maneras muy variadas. Ha sido destacado por algunos autores una ambigüedad característica de esta expresión. A veces, se dice que el Derecho es un sistema de control social porque supervisa el funcionamiento de las demás instituciones sociales resolviendo los conflictos que se puedan producir dentro del sistema social. En este caso, se hablaría de control social como una función integradora. Otras veces, en cambio, se añade a la anterior significación la de que el Derecho sirve como dirección y guía de conductas, con lo cual se le está calificando de mecanismo no sólo de integración, sino también de regulación. Debe quedar claro que las normas sociales y las normas morales funcionan también en este doble sentido (integrador y regulativo) y que únicamente si descendemos al concreto modo en que realizan su tarea es posible efectuar la distinción entre los diversos órdenes normativos. Como es sabido, esta tarea en el caso del Derecho es llevada a cabo por instituciones. [5]

Resulta interesante aludir a las distintas posibilidades que tienen las autoridades normativas para regular comportamientos. En este sentido, las opciones que pueden seguir son la de incentivar la conducta que quieren que se lleve a cabo o desincentivar aquella que deseen que no se produzca. Ahora bien, una conducta puede ser incentivada o desincentivada en dos momentos distintos. Puede hacerse antes de que la conducta se realice o puede hacerse después de que la conducta haya tenido lugar. Si combinamos ambas variables (incentivar/desincentivar y antes/después), obtenemos las siguientes posibilidades de actuación por parte del Derecho, que podríamos denominar "técnicas de control social" que implementa el Derecho para cumplir con su "Función Social de integrar y regular la sociedad"[6]:

Incentivar una conducta deseable antes de que ésta se produzca:

Estos son supuestos de promoción. Si se pretende, por ejemplo, que se produzca una mayor inversión en innovación tecnológica en el sector agrícola, se pueden conceder créditos a bajo interés para los agricultores que deseen renovar su maquinaria. El otorgamiento de subvenciones también puede constituir un buen ejemplo de este tipo de medidas.

Desincentivar una conducta indeseable antes de que ésta se produzca.

En este caso nos hallamos ante medidas de prevención. Ejemplos de éstas se encuentran en las normas que establecen la vigilancia de un evento en previsión de que pueda suceder algún altercado. No se espera, pues, a que se produzca el comportamiento que se quiere desalentar, sino que el Derecho se anticipa.

Incentivar una conducta deseable después de que ésta se produzca.

Las medidas incluidas en este apartado pueden llamarse premios. Si a alguien por haber invertido parte de su dinero en obras culturales se le ofrece la posibilidad de desgravar en su declaración de la renta, puede entenderse que es un premio que pretende alentar este tipo de inversiones. Lo mismo sucedería en el caso de que a un preso se le reduzca la pena por buen comportamiento. Una vez producido el buen comportamiento, se le concede la reducción. Queda clara, pues, la diferencia entre subvenciones y desgravaciones fiscales. Ambas comparten el hecho de ser medidas destinadas a alentar conductas deseadas, pero mientras se subvenciona algo que se pretende que se realice, se premia algo ya realizado.

Desincentivar una conducta indeseable después de que ésta se produzca.

Esta es una técnica de represión. Las sanciones constituyen un ejemplo paradigmático. Si el homicidio está sancionado con una pena de 20 años de prisión, se pretende desalentar que se cometan homicidios. Pero, a diferencia de las medidas de prevención, ello se lleva a cabo actuando una vez que el delito se ha producido.

Una importante función del derecho es, pues, la función de control y determinación del comportamiento, que entiendo tiene una justificación y un límite. La justificación está en la naturaleza de los derechos y bienes protegidos; la esencialidad de los mismos justifica su protección por normas coactivas, pues de lo contrario, dejados a la voluntariedad de las personas, se facilitaría su probable vulneración. El límite está en la adecuación de la protección coactiva a la valoración social de derechos y bienes, correspondencia de la materia jurídica y la axiología social, evitando que queden fuera del derecho actos y comportamientos que deben estar protegidos por él, o que permanezcan dentro de su control otros cuya regulación debe dejarse a la regla social o ética.

FUNCIÓN DE SEGURIDAD JURÍDICA

La idea intuitiva que subyace a la de que el Derecho cumple (o debe cumplir) la función de seguridad es que las personas a las que van destinadas las normas jurídicas deben saber a qué atenerse, es decir, deben conocer con anterioridad a sus comportamientos cuáles de éstos están prohibidos, son obligatorios o les están permitidos. En definitiva, la seguridad se refiere a la posibilidad de planificar las conductas, saber de antemano qué consecuencias se derivarán de ellas y, así, poder actuar con conocimiento de causa.

Esta idea intuitiva puede recogerse de una manera muy esquemática en una definición técnica, según la cual se daría seguridad jurídica, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Que las normas jurídicas sean claras

Si se pretende que los ciudadanos se comporten de una determinada manera, que guíen su conducta a través de lo dispuesto en las normas jurídicas, éstas deben expresarse en un lenguaje que les resulte comprensible. Por eso, las normas se expresan en el lenguaje natural correspondiente (español, inglés, italiano, etc.).

Esta circunstancia, que posibilita que el mensaje pueda ser recibido adecuadamente por sus destinatarios, genera, como es sabido, algunos problemas (ambigüedad, vaguedad, textura abierta) conectados a las características propias de este tipo de lenguaje. Por tanto, hay que tener en cuenta que no existe la claridad absoluta y que, de nuevo, se trata de un concepto gradual. Pero sigue habiendo un margen en el que las autoridades normativas pueden actuar, si al menos son conscientes de estos problemas.

Que las normas jurídicas sean conocidas

No podría hablarse de seguridad si las normas se ajustaran al requisito anterior (fueran claras en grado sumo), pero no fueran dadas a conocer a sus destinatarios. Éstos desconocerían qué es lo que el Derecho les pide y, por tanto, vivirían en un estado de inseguridad permanente, al desconocer si sus conductas están prohibidas o no. Para cumplir con esta condición, pues, es necesario que las normas sean públicas y que se eviten al máximo las normas secretas, aquellas a las que los ciudadanos no tienen acceso.

Por supuesto, esta condición hay que interpretarla en un sentido débil. No se trata de exigir que todas las personas conozcan todas las normas jurídicas vigentes en un determinado país. Ni siquiera el jurista más brillante puede aspirar a conseguirlo. Se trata tan sólo de que exista la posibilidad de conocer el contenido del sistema jurídico de que se trate y para eso basta con que los ciudadanos puedan acceder a las publicaciones oficiales.

Que el Estado cumpla con sus propias normas y las haga cumplir

Las anteriores condiciones de nada servirían si el Estado no cumpliera con sus propias normas y no las hiciera cumplir a los destinatarios, incluyendo aquí la prohibición de dictar normas desfavorables con carácter retroactivo. En definitiva, para que exista seguridad jurídica el Estado debe respetar lo que en términos generales podemos denominar el principio de legalidad. Un Estado que incumpliera sistemáticamente con las normas de su sistema jurídico generaría un estado de inseguridad permanente. Los ciudadanos no sabrían a qué atenerse. No obstante, hay que hacer dos puntualizaciones.

Por un lado, nos encontramos de nuevo con una característica gradual. Más que hablar de cumplimiento o incumplimiento es más realista hablar de grados de cumplimiento o incumplimiento. Es tolerable para la seguridad jurídica un cierto grado de incumplimiento, pero a partir de un determinado umbral podría decirse que ya no se da esta condición necesaria para tildar de jurídicamente seguro a un determinado Estado.

Por otro lado, es pertinente mencionar aquí una distinción importante. Se trata de la diferencia que existe entre una actuación discrecional y una actuación arbitraria. Un cierto grado de discrecionalidad no sólo es compatible con la seguridad jurídica, sino que a veces es recomendable y, en todo caso, no se puede suprimir del todo debido, entre otras cosas, al hecho de que las normas se expresen en lenguaje natural. Por el contrario, la arbitrariedad, que se caracteriza por tomar decisiones sin ofrecer las razones que las justifican, echa por tierra cualquier intento de generar seguridad en las personas. [7]

FUNCIÓN DE JUSTICIA

Aquí analizaremos la función teleológica de la justicia a la que nos referimos en el capítulo anterior cuando dijimos que la "finalidad" del derecho es la "justicia". Pues bien, ahora analizaremos la funcionalidad del derecho en relación a su finalidad.

Pocas nociones son tan complejas como la de justicia. Aquí no es el lugar idóneo para elucidar este concepto. Bastará, para lo que aquí interesa, partir de una aproximación intuitiva a su significado y apuntar algunas distinciones que se mostrarán relevantes a la hora de analizar el alcance de esta función.

Los seres humanos nos caracterizamos por tener valores morales. Se suele entender que lo que define este tipo de valores es que son últimos. Con ello se quiere decir, normalmente, que sirven de justificación de nuestras acciones o comportamientos, sin que ellos requieran un fundamento ulterior. Si esto es así, resulta fácil darse cuenta de que uno de los criterios para valorar los sistemas jurídicos en general y cada una de sus normas en particular será su adecuación a la moralidad.

Sin embargo, cuando hablamos de valores morales es muy importante prestar atención a una distinción que nos evitará caer en algunos errores muy frecuentes. Se trata de la distinción entre moral positiva (o social) y moral crítica. Se llama moral positiva al conjunto de principios y valores morales que comparten los miembros de un determinado grupo social (que puede englobar a la sociedad en su conjunto o referirse sólo a una subclase de la misma). Se llama moral crítica al conjunto de principios y valores morales "esclarecidos", es decir, aquellos que resultan a partir de un proceso de justificación racional.

Para que un valor o principio forme parte de la moral crítica debe estar justificado y para tal justificación nada importa que forme parte o no de una determinada moral positiva. Por el mero hecho de que unos valores sean los sustentados por la mayoría de los miembros de una determinada sociedad (formen su moral positiva) no se puede inferir que sean los valores que deberían regular el comportamiento de esa sociedad (que formen la moral crítica). Del mismo modo, del hecho que unos determinados principios sean defendidos sólo por una minoría no se infiere que no puedan estar justificados racionalmente.

Conclusiones

En esta obra, tuvimos un capitulo uno dedicado a delimitar los conceptos con que se trabajarían en la obra a fin de entender a que nos referimos cuando decimos "Función Social del Derecho", ya que por este concepto se pueden entender cosas muy diversas, según cuál sea el referente de "función", "social" y "Derecho". En este trabajo se desentraño tales términos y distinguimos primeramente que cuando nos referíamos a función social del derecho estaríamos haciendo referencia al papel que cumple el derecho en la sociedad y no a la finalidad que el derecho pretende alcanzar.

En efecto, aún dando por sentada una interpretación teleológica de función (por tanto, relativa a los fines que persigue una institución), no es lo mismo preguntarse acerca de cuál es la finalidad perseguida por una determinada norma jurídica en relación con una comunidad reducida de individuos, que indagar acerca de cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar por cualquier sistema jurídico en relación con cualquier sociedad humana. Los estudios de sociología jurídica deberían contestar al primer interrogante, mientras que responder al segundo tal vez sea más propio de la teoría del Derecho. Así, puede decirse, en una primera aproximación, que tiene sentido que la teoría del Derecho aborde el tema de las funciones del Derecho siempre que lo haga a un nivel abstracto como el citado.

Partiendo de conceptos de sociología jurídica y de las obras de Introducción al Derecho estudiadas (Teoría Jurídica), determinamos que la "Finalidad" del derecho era el valor "justicia", mientras que la "FUNCIÓN SOCIAL DEL DERECHO" era la "la regulación e integración de la sociedad".

En el capítulo segundo se citaron y desarrollaron las maneras o fases en que se desarrolla la función social del derecho. No sería conveniente volver a repasar tales fases pues fueron explicadas en forma extensa, así que nos limitaremos a exponer las reflexiones y conclusiones arribadas durante la investigación y desarrollo del presente trabajo.

El derecho se nos muestra como el conjunto de reglas que dan orden a la sociedad, regulan la convivencia y resuelven los problemas sociales. Las razones y el sentido del derecho parecen tener su principal asidero en estas variables. El derecho es, al mismo tiempo, un factor para lo cohesión social. Posibilitar el orden social es, sin duda, una de sus principales funciones, pero la medida en que lo haga y la manera en cómo lo consiga es al final lo verdaderamente digno de analizar. Lo mismo sucede cuando observamos que el derecho es, y debe ser, factor de cambio social, aun cuando en realidad el derecho también se ha mostrado como instrumento para la desestabilidad social y como obstáculo para el cambio.

Para lograr sus fines, el derecho cumple no sólo con la función de resolver los problemas para la cohesión, el orden y la paz social, sino que además para lograrlo cumple con la principal función de regular la función pública, cuyo cometido será hacer posible que el derecho alcance tales expectativas. Sin embargo, si afirmamos que el derecho resuelve los problemas sociales, podríamos caer en la generalidad y superficialidad de un argumento que requiere de un análisis más profundo y serio.

Una de las actividades que mejor refleja la vida del derecho es la que se observa cuando los jueces y magistrados deciden, con base en el propio derecho, a quién corresponde el derecho. Lo que resulta trascendente si reconocemos que la compleja vida social se muestra cada vez más conflictiva por la contradicción de intereses y la colisión de los derechos; pero qué tanto el derecho, a través principalmente de los tribunales, resuelve los problemas sociales y qué tanta certeza podemos tener de ello.

El derecho, además, para la consecución de los fines aludidos, se constituye como el principal instrumento del poder político que le opera; por ello resulta indispensable identificar como funciones sociales del derecho a aquellas que se vinculan con el poder que le da vida y además le opera: el poder político. Así, el derecho cumple la trascendente función de organizar al poder político y lo hace repartiendo las funciones públicas al dar origen a las instituciones encargadas de operarlo y repartiendo las competencias. En este sentido, una institución pública es tal si su origen es en ley y ésta regula, a su vez, su funcionamiento. El despliegue de las funciones públicas de una institución, en general, y de los servidores públicos a ellas adscritas, en lo particular, siempre debe tener su origen en ley.

El derecho, además de organizar al poder político, le impone límites. Ésta es una de las variables más importantes cuando de las funciones sociales se trata. Lo que distingue al derecho en la modernidad es precisamente su función limitadora del ejercicio de las potestades del Estado, ya que gracias a ello los sistemas políticos no son totalitarios, sino democráticos, y los excesos y abusos de autoridad tienen, por el derecho, formas de restricción y represión.

Finalmente, el derecho cumple con la función esencial de dar legitimidad a los actos de autoridad desplegados en el ejercicio del poder político. Un acto de autoridad, al ser imperativo y, por ende, restrictivo de los derechos fundamentales, requiere de su legitimación, y ésta la provee el derecho. La validez de un acto de autoridad, luego entonces, depende, en esencia, de tener su origen en un mandato de ley, que por supuesto está hecho para hacer posible la vida social y mantener el orden y la paz social.

Recordemos también las funciones de control social y seguridad jurídica, que son aspectos de relevancia y siempre discutidos cuando se habla de derecho justo.

Sin más que agregar, damos por terminado este trabajo, con la satisfacción de haberlo podido terminar en tiempo y forma.

Bibliografía

Álvarez Caperochipi, José Antonio. "Introducción al Derecho". Pamplona- España. 2010.

Del Vecchio, Giorgio. "Filosofía Del Derecho". Ed. Bosch. Barcelona- España. 1953

Recasens Siches, Luis. "Tratado General De Sociología". Ed. Porrúa. México.

Rehbinder, Manfred. "Sociología del Derecho". Editorial Pirámide. Madrid- España. 1981.

Torre, Abelardo. "Introducción al Derecho". LexisNexis Abeledo- Perrot. Buenos Aires- Argentina.

Vilajosana, José M. "Funciones del Derecho: un marco conceptual".

Autor:

Cesar Mazari

[1] Torre, Abelardo. Introducción al Derecho. LexisNexis Abeledo- Perrot. Buenos Aires- Argentina. Pág. 27-28

[2] Álvarez Caperochipi, José Antonio. Introducción al Derecho. Pamplona- España. 2010. Pág. 44-45

[3] Ib?d. Pág. 47

[4] Rehbinder, Manfred. Sociología del Derecho. Editorial Pirámide. Madrid- España. 1981. Pág. 155

[5] Vilajosana, José M. nociones del Derecho: un marco conceptual? Pág. 278.

[6] Bobbio, Norberto. ?Contribuciones a la teoría del derecho?. 1980. Pág. 367-381. Citado en Vilajosana, José? M. ?p. Cit. Pág. 280-281.

[7] A. Pérez Lugo. ?La seguridad jurídica?. Editorial Ariel. Barcelona- España. 1991. Citado en Vilajosana, José? M. ?p. Cit. Pág. 283.

Leer más: http://www.monografias.com/docs115/funcion-social-del-derecho/funcion-social-del-derecho2.shtml#ixzz5CNtWxEkX

Posesión de Estado

2020-08-10T20:31:00.000-04:00

El estado de familia es el conjunto de derechos y deberes subjetivos familiares explicitados en la ley; como el derecho de alimentos, la vocación hereditaria, etc. Ese estado de familia que goza una persona puede ser observado según los comportamientos sociales e individuales que son habituales al estado que se invoca, unido a las circunstancias particulares de esa misma persona.

Al decir de Llambías, existe posesión de estado, cuando una persona disfruta de determinado estado de familia, con independencia del título sobre el mismo. Además continúa diciendo que esta noción ha sido obtenida por analogía con la posesión de las cosas. Pues así como hay posesión cuando alguien detenta como dueño de ella, y por tanto aprovechar los beneficios que rinde según su naturaleza, en el orden de la familia hay posesión de estado cuando alguien ocupa una determinada situación familiar –de hijo, padre, esposo, etc.- y goza de hecho de las ventajas anexas a la misma soportando igualmente los deberes inherentes a esa situación.

Los tribunales argentinos, en general, asignan mayor relevancia para la configuración de la posesión de estado, al trato padre-hijo –tractus-, no exigiendo la concurrencia simultánea del nombre, trato y fama. Asimismo, la jurisprudencia mayoritaria deja librado a la apreciación del juez la existencia y valoración de la posesión de estado.

Bibliografía

ANTINORI, Néstor Eduardo; Conceptos básicos del derecho - 1a ed. - Mendoza: Universidad del Aconcagua, 2006.

Lucro cesante

2020-08-03T20:57:00.001-04:00

El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o sus familiares como consecuencia del daño, y que ésta no se habría producido si el evento dañino no se hubiera verificado.

El lucro cesante ocurre cuando hay una pérdida de una perspectiva cierta de beneficio. Por ejemplo, el comerciante cuya mercancía ha sido destruida puede reclamar el precio de la misma, así como el beneficio que habría obtenido.

Si bien se admite generalmente la indemnización por lucro cesante, la jurisprudencia suele exigir una carga probatoria mucho mayor, y son mucho más cautelosos a la hora de concederla.

Requisitos

Para que se pueda conceder una indemnización por lucro cesante, la jurisprudencia exige dos requisitos:

v Que el lucro cesante exista y pueda ser probado, junto con su relación directa con el daño causado. Éste es el requisito más difícil.

v Que pueda ser determinada económicamente la cuantía que se ha dejado de percibir; por ejemplo, si una persona no pudo trabajar durante un mes por culpa de un daño causado, el lucro cesante sería su sueldo durante un mes (menos, en su caso, las pensiones que habría podido percibir).

Aunque si bien es cierto que se tiende a exigir estos requisitos, la jurisprudencia más reciente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo está optando por indemnizar "aquella pérdida futura que razonablemente se prevea que puede ocurrir". Para realizar el "quantum" (cuantía) de la indemnización por lucro cesante, cuando éste se refiere a beneficios futuros, debe obtenerse mediante apreciaciones prospectivas, fundadas en criterios objetivos de experiencia, entre los que pueden servir los que operan en el mundo económico, contable, actuarial, asistencial o financiero según las disciplinas técnicas o científicas correspondientes, de acuerdo con el examen y ponderación de las circunstancias de cada asunto.

Determinación

Los tribunales no han fijado un criterio único, y depende en gran medida de las circunstancias y de las pruebas del caso concreto. Si el daño ha sido dentro de una relación contractual, dependerá también de los términos pactados en el contrato.

BIBLIOGRAFIA

https://es.wikipedia.org/wiki/Lucro_cesante#:~:text=El%20lucro%20cesante%20es%20una,da%C3%B1ino%20no%20se%20hubiera%20verificado.

Abintestato

2020-07-30T20:11:00.000-04:00

Abintestato es un término jurídico procedente del latín ab intestato (sin testamento), que se refiere al procedimiento judicial sobre la herencia y la adjudicación de los bienes del que muere sin testar o con un testamento nulo, pasando entonces la herencia, por ministerio de la ley, a los parientes más próximos.

Procedimiento abintestato

Se aplica en aquellos casos en los que el causante fallece sin testamento o cuando habiéndolo otorgado, éste es nulo o ha perdido su validez; cuando falta la condición impuesta al heredero o éste muere antes que el testador o repudia la herencia o es incapaz de suceder. También se aplica en caso de que el testamento no disponga de todos los bienes del causante, en cuyo caso la sucesión legítima será sólo de los bienes de los que no hubiese dispuesto. En estos casos, será la ley quien determine quiénes tienen derecho a esa herencia.

Roma

Roma tiene su punto de partida con la sucesión ab-intesto en Ley de las XII Tablas que dice en su Tabla V: "Si intestato moritur, tui suus heres necescit, agnatus proximus familiam habeto, si agnatus nec escit, gentile familiam habeto". Es decir: si muere intestado un pater familias sin herederos suyos, tome la familia el agnado más próximo, si no hubiese agnado, a los gentiles.

Los sui o herederos suyos: El hijo o la hija, el nieto o la nieta, sean sanguíneos o adoptivos. También lo son la mujer "in-manu" es decir la mujer que está sometida al poder del marido, porque ocupa el lugar de hija, y la nuera sujeta al poder del hijo, la cual es considerada como nieta. Gayo herederos suyos a los hijos "póstumos".

Agnados: Son agnados los cognados unidos por el sexo masculino, los cognados por su padre; por ejemplo, el hermano nacido del mismo padre, su hijo y el hijo de este hijo. En cuanto a los cognados unidos por el sexo femenino no son agnados sólo cognados por derecho natural.

Gentiles: Sólo en los tiempos primitivos heredaban. Gayo afirma que el ius gentilicium cae completamente en desuso, lo que significa que en la época imperial la sucesión gentilicia había desaparecido totalmente.

Ya en el derecho pretoriano se reconoce la sucesión por órdenes y grados. En su última etapa, con la Bonorum Possesio se presentan a cuatro diferentes parentescos, que, en orden se irían descartando para heredar. Ellos eran:

1. Bonorum possesio unde líberi: Los liberi eran los libres sometidos al inmediato poder del pater, comprendía a los sui del derecho civil incluyendo a los adoptados y a las mujeres in manu, y a los descendientes emancipados.

2. Bonorum possesio unde legítimi: Si los anteriores no se presentaban, se procedía con los legitimi, que eran los agnados. Se sucedían según el grado de proximidad de parentesco. Primero los agnados del causante, luego la madre y los hijos y por último, el ascendiente.

3. Bonorum possesio unde cognati: Si no se presentaban los legitimi, se llamaba a los cognados o parientes de sangre más próximos. Podía llegar hasta el sexto grado (hijos de primos hermanos entre sí) y en la herencia de un sobrino, que está en séptimo grado. Ello siempre respetando jerárquicamente al pariente de grado más próximo.

4. Bonorum possesio unde vir et uxor: donde establece un llamado reciproco de sucesión entre marido y mujer, siempre que se trate de "matrimonium iustum".

España

El orden que deberá seguirse se encuentra regulado en el Código Civil de España en el libro III, título III, capítulo IV: del orden de suceder según la diversidad de líneas. El llamamiento para heredar se establece por orden, salvo excepción, comenzando por los hijos y sus descendientes, seguidos de ascendientes, cónyuge y parientes colaterales. A falta de personas que tengan derecho a heredar, y previa declaración del juzgado, el estado asumirá la herencia a beneficio de inventario.

Los hijos del fallecido herederán la totalidad de la herencia, sin distinción por edad o sexo, dividiéndola en partes iguales, conservando el cónyuge el derecho de usufructo del tercio destinado a mejora. A falta de descendientes, herederán los ascendientes, a la mitad si sobreviven ambos progenitores, y en su totalidad si sólo le sobrevive uno, conservando el cónyuge el derecho de usufructo de la mitad de la herencia. Si el heredero es el cónyuge, heredara los bienes en su totalidad; y de ser los parientes colaterales tendrán preferencia hermanos y sobrinos sobre los parientes de cuarto grado que son los últimos previstos por la ley en los que existe derecho a heredar ab intestato, conservando el cónyuge el derecho de usufructo de dos tercios de la herencia.

BIBLIOGRAFIA
https://es.wikipedia.org/wiki/Abintestato

DEBIDO PROCESO

2020-07-28T23:16:00.000-04:00

La noción de proceso halla su raíz en el término de origen latino processus. Según informa el diccionario de la Real Academia Española (RAE), este concepto describe la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural, o bien necesarias para concretar una operación artificial.

Desde el punto de vista jurídico, un proceso es la añadidura y valoración de documentación escrita en toda causa civil o penal, laboral, mercantil que sirve para entender y esclarecer los hechos. Desde el punto de vista de la biología se entiende por proceso evolutivo a las transformaciones continuas de las especies a raíz de modificaciones desarrolladas en sucesivas generaciones. Para la industria, el denominado proceso para la fabricación de un producto consiste en poner en práctica todas las operaciones que se necesitan para modificar las particularidades de cada materia prima hasta lograr la conformación del objeto final. En fin el termino proceso es utilizado en diferentes áreas del conocimiento y la producción pero para efecto de lo que nos ocupa trataremos de encuadrar el termino dentro del ámbito del derecho.

En el Sistema Penal Acusatorio se entiende cómo debido proceso la aplicación durante la investigación de la comisión de un delito, la aplicación del proceso que se siga al presunto responsable bajo los principios de inmediación, concentración, publicidad, continuidad y contrariedad, presunción de inocencia, la nulidad de la prueba ilícita, el derecho de las personas detenidas a que sea informados de sus derechos. En este nuevo modelo penal acusatorio y adversarial, las garantías constitucionales de todo ciudadano cobran sentido y se hacen realidad cuando al ser sometido a un juicio o ser parte de él, cuentan con un contexto procesal adecuado, para decirlo con otras palabras Ferrajoli refiere “…tanto las garantías penales como las procesales valen no solo por sí mismas, sino también unas y otras como garantías reciprocas en su efectividad”.

Las garantías procesales dice Miguel Carbonell “…son aquellas que se dirigen a la formación del juicio, lo que comprende la recolección de las pruebas, el desarrollo de la defensa y la convicción del órgano judicial; se trata de garantías como la formulación de una acusación exactamente determinada, la carga de la prueba, el principio de contradicción, las forma de los interrogatorios y demás actos de la instrucción, la publicidad, la oralidad, los derechos de la defensa, la motivación de los actos judiciales etcétera”. En este nuevo modelo basado en el debido proceso, donde se busca conocer la verdad histórica de los hechos, sustentada en la igualdad y libertad de las partes para exponer su verdad.

En este sentido Ferrajolli refiere “…el objetivo justificador de proceso penal se identifica con la garantía de la verdad, una verdad no caída del cielo, sino obtenida mediante pruebas y refutaciones, frente al abuso y el error”. El valor de la verdad se proyecta de forma directa sobre el quehacer judicial o sea sobre el desempeño profesional del Juez, al que el nuevo modelo penal acusatorio, basado en el debido proceso, donde al juzgador se le exija. Ferrajolli señala “…tolerancia para las razones controvertidas, atención y control sobre todas las hipótesis y contrahipotesis en conflicto, imparcialidad frente a la contienda, prudencia, equilibrio, ponderación y duda como habito profesional y como estilo intelectual”. El artículo 20 constitucional nos da las bases y principios sobre los cuales está constituido el nuevo proceso penal acusatorio y oral, basado como ya lo dijimos en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

Ahora bien por lo expuesto anteriormente pareciera que los principios de legalidad y del debido proceso son aplicables solo en el ámbito penal, nada más falso que eso, estos principios tienen un ámbito de aplicación mucho más amplio, en el cual se contempla la protección de los derechos, obligaciones y prerrogativas, de aquel sujeto que se encuentra sometido a un procedimiento jurídico. Los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, serán aplicables en lo conducente a los procedimientos para la aplicación de sanciones por infracciones administrativas o incluso penitenciarias. Siendo ello así se pueden extender los principios, incluso al ámbito no penal, es decir al de los procedimiento de otras ramas del derecho.

Volviendo al ámbito penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en opinión consultiva señalo; las garantías englobadas dentro del debido proceso deberán respetarse en tres momentos: 1.- Al Momento de la Detención 2.- En el desarrollo del procedimiento judicial y 3.- En el cumplimiento de una medida reeducativa o de internamiento. En las tres etapas antes referidas nos obliga a aplicar los principios del debido proceso, sumado a una defensa técnica adecuada, siempre que no se contradiga la esencia misma de la etapa a la cual se aplica. Sobre el particular el Código Nacional de Procedimiento Penales en su artículo 12 establece: Principio de juicio previo y debido proceso; Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un Órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las Leyes que de ellos emanen.

En el apartado II relacionado con el trámite de apelación; artículo 480. Efectos de la apelación por violaciones graves al debido proceso. Cuando el recurso de apelación se interponga por violaciones graves al debido proceso, su finalidad será examinar que la sentencia se haya emitido sobre la base de un proceso sin violaciones a derechos de las partes y determinar, si corresponde, cuando resulte estrictamente necesario, ordenar la reposición de actos procesales en los que se hayan violado derechos fundamentales. Artículo 481. Materia del recurso; Interpuesto el recurso de apelación por violaciones graves al debido proceso, no podrán invocarse nuevas causales de reposición del procedimiento; sin embargo, el Tribunal de Alzada podrá hacer valer y reparar de oficio, a favor del sentenciado, las violaciones a sus derechos fundamentales.

José Luis TRUJILLO SOTELO

BIBLIOGRAFIA

CIENFUEGOS SALGADO David, VÁZQUEZ-MELLADO GARCÍA Julio César; 2014; VOCABULARIO JUDICIAL; México; Instituto de la Judicatura Judicial-Escuela Judicial.

Legítima defensa

2020-07-19T21:40:00.000-04:00

[DP]

Causa eximente de responsabilidad criminal por la que una persona en defensa propia o ajena realiza una acción antijurídica y no resulta criminalmente responsable de ella cuando concurran los siguientes requisitos:

1) que sea objeto de una agresión ilegítima, es decir, que se ponga en peligro por otra persona dolosamente el bien jurídico que trata de defender; en caso de defensa de su morada o sus dependencias, se considera agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla;

2) que haya necesidad de defensa y proporcionalidad del medio empleado para repeler la agresión, y

3) que la agresión no haya sido previamente provocada por el que se defiende de ella. Ej.: agresión repentina por una persona con un puñetazo inopinado teniendo como respuesta otro puñetazo que causa la pérdida de dos incisivos.

BIBLIOGRAFIA

ORTIZ Sánchez Mónica, Pérez Pino Virginia; LEXICO JURIDICO PARA ESTUDIANTES; 2004; EDITORIAL TECNOS (GRUPO ANAYA, S. A.), Juan Ignacio Luca de Tena, 15 - 28027 Madrid

DAÑO MORAL

2020-07-01T22:13:00.002-04:00

Daño, el término proviene del latín damnum y está vinculado al verbo que se refiere a causar perjuicio, menoscabo, molestia o dolor. Daño es el efecto de dañar. Moral es una palabra de origen latino, que proviene del términos moris (“costumbre”). Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social, que funciona como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de cuáles acciones son correctas (buenas) y cuáles son incorrectas (malas). Según otra definición, la moral es la suma total del conocimiento que se adquiere sobre lo más alto y noble, y que una persona respeta en su conducta. Las creencias sobre la moralidad son generalizadas y codificadas en una cierta cultura o en un grupo social determinado, por lo que la moral regula el comportamiento de sus miembros.

Por otra parte, la moral suele ser identificada con los principios religiosos y éticos que una comunidad acuerda respetar. El conjunto de normas morales es denominado como moralidad objetiva, que consiste en la existencia de normas sociales no necesariamente escritas que van más allá de la voluntad de un sujeto de acatarlas, la moralidad subjetiva serían los actos que realiza una persona para respetar o violar la norma moral impuesta por la sociedad o un sector de esta.

Se entiende por daño moral la evaluación económica que se haga sobre los desperfectos padecidos por una persona en sus bienes y derechos, valorando hipotéticamente los padecimientos sufridos por la víctima durante y después de haberse desplegado una conducta por una o más personas que le genero aflicción, pesar, vacío por la pérdida de un ser querido, deshonra por injurias o calumnias emitidas en su contra. El daño moral es aquel que causa daño o algún deterioro a la persona en su íntegra armonía psíquica, emocional, afectiva o bien en su reputación y / o en su buena fama, su autoestima o su heteroestima.

Los daños en general se clasifican en Daños patrimoniales y Daños Morales. Esto, además de constituir una extraña dualidad de conceptos y resultados de una misma conducta ilícita, contiene consecuencias legales distintas. El daño moral contrario al daño patrimonial, implica una reducción del nivel de las aptitudes personales e íntimas del sujeto, que ni el dinero, ni bienes intercambiables por este, pueden reparar a la víctima. El ejemplo más claro de este lo podemos identificar con la pérdida de un ser querido, donde si bien el dinero servirá de manera compensatoria para reparar el daño causado, nunca repara la ausencia definitiva de la persona ausente.

El daño moral y el daño patrimonial pueden presentarse de manera simultánea o por separado, por su naturaleza es fácilmente identificables, el primero no puede ser cuantificado con elementos materiales y económicos mientras que el segundo como ya se dijo se cuantifica de manera directa y es medible desde el punto de vista económico, además de que forman parte del patrimonio objetivo de la víctima.

Ahora bien el daño, la lesión, el agravio o el menoscabo que sufre una persona en su patrimonio o en su ser físico o moral, o en sus derechos o facultades, siempre podrá ser objeto de una valoración económica. Esto es un presupuesto central de la responsabilidad civil, en el Sistema Jurídico Mexicano. Daño Moral en una interpretación amplia, consistiría en la minusvaloración, limitación o pérdida que sufre victima por la acción de otro y que se materializa en una acción perturbadora para que su personalidad y por la naturaleza del daño, no puede ser considerado dentro de los daños materiales por no ser susceptibles de considerarse dentro del intercambio mercantil, ni son evaluables económicamente por su propia naturaleza y en consecuencia no se pueden traducir de forma automática e inmediata, en una valoración de tipo económica.

La figura jurídica de “daño moral” tiene su origen en la Doctrina Francesa y apareció bajo la denominaron de “Domages Morales”. Hoy en día, la jurisprudencia y la doctrina, coinciden en identificarlo por todas aquellas manifestaciones psicológicas, afectivas, emocionales o íntimas que sufre una persona por la realización de una conducta Ilícita que no es cuantificable, de manera directa, en el ámbito económico de la víctima. El daño moral, sería un cierto deterioro de los elementos psíquicos y espirituales que atentan contra el normal desarrollo cognitivo o emotivo del ser humano, incluyendo todo agravio que la persona sufre en su dignidad, honorabilidad, integridad física o cualquier elemento que pudiere alterar la normalidad de sus facultades mentales o espirituales.

El daño moral se viene a traducir en el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual y los padecimientos provocados a la víctima por el acto cometido en su contra. Se entendería como una modificación en el desarrollo de su capacidad de entender, querer o sentir y que, anímicamente, actúa como en su perjuicio como un desequilibrio o pérdida de aptitudes o expectativas de quien haya sido perjudicado.

Para la jurisprudencia francesa el daño moral, sería el dolor sufrido por una persona como consecuencia de un hecho ilícito de que es víctima produciendo una disminución en sus atributos o facultades morales. Por su parte la Jurisprudencia Argentina ha sostenido que el daño moral seria la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precioso en la vida del hombre que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual de la persona que se relacionan con sus más gratos afectos. La jurisprudencia, en otras latitudes, considera que es daño moral el que proviene de un hecho ilícito que ofende, no a los derechos patrimoniales ni a la persona física, sino a la personalidad moral del damnificado, hiriendo sus legítimos sentimientos, lo que se identifica como el patrimonio moral de una persona. Finalmente, existe otra jurisprudencia que identifica al daño moral como cualquier inquietud o perturbación que se ocasiona al ánimo de una persona, generando un menoscabo en su patrimonio, por las aflicciones, fatigas, que se le genera a la víctima.

José Luis TRUJILLO SOTELO

BIBLIOGRAFIA

CIENFUEGOS SALGADO David, VÁZQUEZ-MELLADO GARCÍA Julio César; 2014; VOCABULARIO JUDICIAL; México; Instituto de la Judicatura Judicial-Escuela Judicial.

ARRAIGO

2020-06-28T22:58:00.000-04:00

En materia penal es la restricción provisional de la libertad ordenada por un juez, con la finalidad de que la persona, sobre quien pesa en su contra la presunción legal de la comisión de algún delito castigado con pena de prisión, no se sustraiga a la acción de la justicia.

Dicha restricción de libertad acontece durante la averiguación previa, la cual se impone con vigilancia de la autoridad para los efectos de que éste cumpla con los requerimientos del Ministerio Público, en razón de la investigación que lo vincula con la comisión de un hecho delictivo.

En otras palabras, es el hecho de poner a una persona bajo investigación penal por parte de los entes encargados de procuración de justicia, bajo la vigilancia de los respectivos cuerpos policíacos.

Esta figura jurídica se encuentra prevista en el párrafo octavo del artículo 16 constitucional, la cual dispone que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Que dicho plazo podrá prorrogarse siempre y cuando la autoridad ministerial acredite que subsisten las causas que le dieron origen, para finalmente autorizar hasta una duración total que no exceda de ochenta días.

Asimismo, en nuestro sistema jurídico, existe el diverso arraigo para delitos graves, conforme lo establece el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

En cambio, en la materia mercantil, conforme lo dispone el artículo 1171 del Código de Comercio, el arraigo tiene la naturaleza de una medida precautoria emitida por un juez, a petición de parte, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda, con la finalidad de impedir que el arraigado abandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso y responder de la sentencia que se dicte.

Rodolfo SÁNCHEZ ZEPEDA

BIBLIOGRAFIA

CIENFUEGOS SALGADO David, VÁZQUEZ-MELLADO GARCÍA Julio César; 2014; VOCABULARIO JUDICIAL; México; Instituto de la Judicatura Judicial-Escuela Judicial.

AUXILIARES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

2020-05-31T19:58:00.000-04:00

Son funcionarios judiciales que, por encargo de jueces y magistrados, cooperan con los tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y prestan sus servicios profesionales dictaminando los asuntos que se les encomiendan en favor de la administración de justicia.

Estos auxiliares pueden ser subalternos al juez (secretarios, actuarios, oficiales judiciales, taquígrafos, escribientes, comisarios) o colaboradores con la función jurisdiccional, pero que no pertenecen al órgano. En esta segunda categoría se encuentran peritos, síndicos, tutores, traductores, intérpretes, interventores, depositarios y albaceas, quienes son cooperadores de los funcionarios sin ejercer por ellos mismos jurisdicción.

Las diversas leyes y códigos de México, en la generalidad de los casos, catalogan quiénes pueden ser los auxiliares del juez al resolver la causa sometida a su jurisdicción. Por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 136 “Consultores Técnicos”, se hace referencia a estos auxiliares de las partes y la intervención de éstos en los juicios, al enunciar que: “Si por las circunstancias del caso, las partes que intervienen en el procedimiento consideran necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, así lo plantearán al Órgano jurisdiccional. El consultor técnico podrá acompañar en las audiencias a la parte con quien colabora, para apoyarla técnicamente”.

Daniel ÁLVAREZ TOLEDO

BIBLIOGRAFIA

CIENFUEGOS SALGADO David, VÁZQUEZ-MELLADO GARCÍA Julio César; 2014; VOCABULARIO JUDICIAL; México; Instituto de la Judicatura Judicial-Escuela Judicial.

AUDIENCIA

2020-04-07T20:48:00.000-04:00

En sentido amplio una audiencia es el acto de escuchar. En sentido estricto, se refiere a una escucha <> y <>; que ocurre como una fase específica de un proceso de toma de decisiones más amplio.

En un contexto institucional-mecanizado, la audiencia es el espacio procesal en que, a petición de parte, se exponen los intereses y las razones de algún actor afectado o influido por la toma de decisiones institucional. En este contexto las audiencias son el espacio para la exposición de los intereses relacionados con una decisión específica que serán evaluados, tomados en cuenta o desechados de la decisión final.-

La literatura ubica el origen de la figura de la <>; en la historia del Nuevo Mundo y la ubica como “el instrumento básico del Sistema Político-administrativo colonial de la Corona Española” NOHLEN, Dieter, (2006), cuyas “funciones se encontraban en la protección de los indios, el establecimiento de los tributos, el control de las cuentas de hacienda y de los ingresos de los municipios, así como la de informar sobre méritos y culpas de los funcionarios coloniales, que eran españoles nacidos en la península” (2006).-

En la actualidad, algunos países tienen vinculado el mecanismo de la audiencia al proceso legislativo ordinario. En tanto que, en el ámbito judicial, la audiencia es un procedimiento vinculado a impartición de justicia de forma oral (Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, (2001).

Fuentes: Cfr. “audiencia” en NOHLEN, Dieter, (2006): Diccionario de Ciencia Política Teorías, Métodos, Conceptos. México, Porrúa/El Colegio de Veracruz; Cfr. " hearing" en Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, (2001). LAW DICTIONARY, México, Heliasta.

Fermín Edgardo RIVAS PRATS

BIBLIOGRAFIA

CIENFUEGOS SALGADO David, VÁZQUEZ-MELLADO GARCÍA Julio César; 2014; VOCABULARIO JUDICIAL; México; Instituto de la Judicatura Judicial-Escuela Judicial.

AUTOPSIA / NECROPSIA

2020-04-02T19:17:00.000-04:00

Conforme al Diccionario de la Real Academia Española la palabra necropsia etimológicamente deriva de necro- y el gr. á½„ÏˆÎÏ, que significa vista y como única acepción desde el punto de vista médico la define como “examen de un cadáver”.- Por su parte el vocablo autopsia etimológicamente proviene de αὐτοψία = “examen visual” y es definido como el examen anatómico de un cadáver // examen minucioso.-

Como parte de las tareas cotidianas del médico forense o legista dentro del campo de la tanatología forense se encuentra la práctica de la necropsia o tanatopsia médico-legal y comúnmente llamada con el nombre de autopsia debe llevarse a cabo por disposición de la ley y previa autorización expresa de la autoridad legalmente competente con la finalidad de determinar la causa, el momento en el tiempo y la etiología médico-legal de la muerte de una persona como parte de una investigación judicial cuando ocurre de manera violenta (homicidio, suicidio o súbita), sospechosa, por accidente, en casos de muerte por enfermedad que no estén certificadas por el médico tratante del fallecido, así como aquellas en las que se tenga la sospecha o se denuncian actuaciones irregulares o negligentes en el ámbito médico.-

Baledón Gil la define como “la operación que se practica en el cadáver, con el objeto de determinar la causa de la muerte, y en algunos casos, las circunstancias concurrentes en el momento de la muerte”.-

La necropsia tienes como principales objetivos: el conocer el motivo o causa de la muerte, esclarecer un accidente, homicidio, suicidio, sucesión cronológica de los hechos, cronotanatodiagnóstico, trayectoria de un proyectil disparado por arma de fuego, posición de víctima y victimario para poder determinar la responsabilidad penal de una persona a quien se le imputa la comisión de un delito, supervivencia probable después de producida la lesión, tipo de lesión y agente vulnerable, identificación; o bien en tratándose de una muerte por accidente tránsito poder determinar: el impacto, proyección, caída, arrastramiento o machacamiento.-

Dependiendo del objeto o fin que se persiga existen tres tipos de necropsias, a saber:

1. Necropsia científica que es la que se realiza en personas fallecidas de la misa afección, que persigue obtener mayores datos de determinada entidad mórbida;

2. Necropsia anatomo-patológica, en la que analizan las modificaciones mórbidas en el cadáver, las esquelético-tegumentarias, viscerales y tisulares, que tiene por objeto comprobar la causa de la muerte y a veces detectar la existencia de algún proceso patológico cuya sintomatología hubiere tenido relevancia en la enfermedad diagnosticada; y

3. La necropsia médico-legal o también llamada judicial o forense que se realiza en auxilio de la administración de justicia en materia de investigación criminalística.-

Es necesario no perder de vista que la necropsia sólo puede practicarse en los cadáveres, es decir, cuando exista muerte real de una persona; de ahí que, resulta necesario que antes de poder llevar a cabo la necropsia debe investigarse sobre los signos de muerte somática de la persona.-

Finalmente es de precisar que para la realización y valoración jurídica del certificado suscrito por el médico forense debe tenerse en cuenta: El levantamiento del cadáver, estudio de la ropa que vestía el difunto al momento de fallecer, examen externo, hallazgos previo a la apertura y revisión de las cavidades corporales y exámenes complementarios (toxicológicos, bioquímicos, biológicos, etc).

Fuentes: Diccionario de la Lengua Española, 23ª ed., Madrid, Real Academia Española, 2014; Baldón Gil, Arturo, “Tanatología Forense. Necropsia”, en Qurioz Cuarón, Alfonso, Medicina Forense, 11ª ed., México, Porrúa, 2003, p. 575. NOTA: Los dos primeros tipos de necropsia clínica se practican en un Servicio de Anatomía Patológica de un hospital como parte de las investigaciones médicas que tengan importancia y trascendencia que ayuden al progreso de la ciencia.

Ulises FLORES SÁNCHEZ

BIBLIOGRAFIA

CIENFUEGOS SALGADO David, VÁZQUEZ-MELLADO GARCÍA Julio César; 2014; VOCABULARIO JUDICIAL; México; Instituto de la Judicatura Judicial-Escuela Judicial.

ARGUMENTACIÓN

2020-03-25T13:45:00.000-04:00

Desde el punto de vista gramatical, la palabra argumentación significa la acción y efecto de argumentar, o simplemente los argumentos para convencer; a su vez, argumentar es argüir, sacar en claro, aducir, alegar, poner argumentos; disputar, discutir, y también impugnar una opinión ajena.

La argumentación es una parte esencial de la retórica, que en la Época Antigua se basaba esencialmente en el discurso político y en el judicial; en la Edad Media en el discurso religioso y epistolar, mientras que en la Época Contemporánea tiene un auge especial en la publicidad y en la formación mediática.

La argumentación está vinculada fundamentalmente con el lenguaje, la lógica formal, la ética, la dialéctica y la filosofía; comprende aspectos de forma y de fondo en la expresión oral o escrita. El argumentador razona, define, explica, debate, cuestiona, aporta, propone, motiva y fundamenta una postura para resolver un problema.

La actividad argumentativa implica analizar profundamente una idea, tesis, opinión o postura para sustentarla con razones sólidas y pruebas. La argumentación se desarrolla en todas las actividades humanas en donde exista una alternativa de decisión e implica un examen crítico que busca conseguir el consenso y superar las diferencias de opinión para alcanzar la verdad.

Argumentación Jurídica. La argumentación es una herramienta y al mismo tiempo una actividad preponderante para el abogado, –como advierte María del Carmen Alanís –“Argumentar es la actividad central del Derecho.

Argumentos son los que se esgrimen a favor y en contra de proyectos legislativos; los que se plasman en los agravios y conceptos de violación de las demandas; los que justifican los fallos judiciales; los que fundan y motivan los actos administrativos; los que sistematizan el ordenamiento jurídico y dan propuestas de solución teóricas a problemas prácticos”.

A partir de la segunda mitad del siglo pasado se desarrolla lo que se conoce como neoretórica que basada en la filosofía jurídica busca trascender de la validez formal a la validez ética, para lo cual se escala de una simple racionalidad a una plena razonabilidad justificadora.

Debido a su importancia en el discurso jurídico actual, la argumentación jurídica se ha convertido en una rama autónoma de la filosofía del derecho, la cual implica el conjunto de conocimientos, teorías, técnicas y métodos cuyo objeto es resolver problemas a través de la justificación racional y razonable, con el empleo de enunciados, proposiciones, juicios y razonamientos jurídicos nutridos por valoraciones axiológicas, filosóficas, fácticas, empíricas, así como en las diversas fuentes del derecho.

Argumentación Judicial. El papel del juzgador en un contexto democrático es insoslayable, ya que éste tiene que analizar, plantear, resolver, decidir y justificar, en posiciones de constante antagonismo, los planteamientos jurídicos de hecho y de derecho que se plantean ante su potestad, de tal manera que pueda brindar a la sociedad en general (no sólo a las partes que acuden a él) un mensaje de certidumbre y confianza.

En la argumentación judicial se evidencia el proceso reflexivo que empleó el juzgador, a manera de motivación y fundamentación, para emitir una resolución, de tal forma que la conclusión a la que llegue el impartidor de justicia no es lo único que interesa, sino el proceso deliberativo que lo condujo a ello.

Cuando hay una argumentación judicial correcta no sólo se consigue el convencimiento de las partes, sino también la adhesión de éstas a la sentencia, ya sea que el pronunciamiento les resulte favorable o no. Dicha adhesión consiste en el reconocimiento, aceptación, comprensión y no únicamente la obediencia motivada por la coercitividad judicial.

Fuentes: Alanís Figueroa, María del Carmen, et. al. Argumentación jurídica en la impartición de justicia electoral en México. Argumentación jurisprudencial. Memoria de I Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2011, p. 7; PÁGINAS DE INTERNET, Diccionario de la Real Academia Española, http://lema.rae.es/drae/?val=argumentación. Consultado el 2 de agosto de 2014.

Walter M. ARELLANO TORRES

BIBLIOGRAFIA

CIENFUEGOS SALGADO David, VÁZQUEZ-MELLADO GARCÍA Julio César; 2014; VOCABULARIO JUDICIAL; México; Instituto de la Judicatura Judicial-Escuela Judicial.

ANTECEDENTES PENALES

2020-03-16T14:01:00.000-04:00

Los antecedentes penales son una medida que el juez penal de manera fundada y motivada ordena se recabe de las autoridades administrativas o penitenciarias, con el fin de obtener diversos elementos o datos delictivos anteriores a la conducta típica del procesado, para que en caso de que dicte sentencia condenatoria, fije la reincidencia del sentenciado e individualice la pena correspondiente, además de evitar se juzgue dos veces al sentenciado por los mismos hechos, aunado a que una vez que cause ejecutoria la aludida sentencia condenatoria se formara dicho antecedente penal y así la identificación del sentenciado como punto de referencia previo al registro de éste, los cuales incluyen datos generales, de media filiación, modus operandi.

Miguel Ángel Contreras Nieto señala que la identificación y registro de personas es un procedimiento a través del cual se recaban y organizan sistemáticamente aquellos caracteres propios de un individuo, que lo hacen único y lo distinguen de entre los demás de su especie.

La historia muestra que desde tiempos muy remotos han existido mecanismos para la identificación criminal y el registro de antecedentes penales; por ejemplo, hacia 1808, en Francia existió el Código de Instrucción Criminal en el cual concentraban la documentación necesaria para la identificación de personas, asimismo existieron métodos más rudimentarios como métodos de identificación criminal, como la marca de fuego, foto-galerías, retrato hablado, antropometría, mutilación, las cuales fueron llevadas a cabo en México hasta 1857, cuando la Comisión para la elaboración del proyecto de Constitución se prohibió la marca y mutilación.

A partir de la codificación de la legislación penal y procesal penal, se obligó judicialmente la identificación y registro de las personas responsables de la comisión de delitos, las cuales fueron modificándose al paso de los años hasta formar el Sistema de Identificación Dactiloscópico creado por Juan Vucetich, el cual rige en la actualidad en México y parte de los dibujos que forman en los dedos de las manos las crestas papilares: parennidad, inmutabilidad y diversiformidad, para los cuales existen los sistemas dedactilares y monodactilar, así como técnicas auxiliares de la palmatoscopia y poroscopia. Ésa técnica e identificación a través de la tipificación o caracterización del ADN, son los métodos de mayor confiabilidad en la actualidad.

Ante la enorme importancia del registro de antecedentes penales, surge la necesidad de crear el Registro Nacional de Reincidencia y Habitualidad, ya que se carecía de un control a nivel nacional y hacía utópica la idea de hacer efectivas las consecuencias de reincidencia y habitualidad.

Asimismo, tanto en los códigos penales, así como de procedimientos penales vigentes, en las leyes orgánicas del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, se encuentran ordenamientos jurídicos referentes a la identificación y registro de antecedentes penales.

Actualmente, es considerado un acierto legislativo a nivel nacional la Ley del Registro de Antecedentes Penales y Administrativos en el Estado de México, la cual fue publicada el 19 de septiembre de 1994 y reformada el 13 de junio de 1997, siendo el único estado que cuenta con dicha legislación.

Luis Manuel VILLA GUTIÉRREZ

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BIBLIOGRAFIA

CIENFUEGOS SALGADO David, VÁZQUEZ-MELLADO GARCÍA Julio César; 2014; VOCABULARIO JUDICIAL; México; Instituto de la Judicatura Judicial-Escuela Judicial.