NS/NC

Ejercicios de sumisión: Trump en el bolsillo de Kim y Vlad

2026-08-25T20:15:08.700-03:00

Por Gabriel Puricelli

Cuando el 16 de agosto Donald Trump anunció que Estados Unidos iba a acortar seis días los ensayos militares Ulchi Freedom Shield —el mayor ejercicio conjunto con Corea del Sur, que ese mismo lunes había arrancado con 18.000 soldados surcoreanos en el terreno—, la Casa Blanca ensayó una batería de justificaciones que, tomadas por separado, hasta podrían sonar razonables. Que los ejercicios son caros. Que Kim Jong-un «ha sido poco amenazante y ha mostrado respeto». Que las maniobras conjuntas envían una «señal totalmente inapropiada y hostil» hacia Pyongyang. Tomadas en conjunto, sin embargo, esas razones dibujan algo mucho menos razonable: una nueva decisión de política exterior de Trump que no se explica por consideraciones estratégicas sino por una topografía afectiva, un mapa de simpatías y rencores personales que termina, fatal y puntualmente, favoreciendo a alguien que manda con puño de hierro.

Conviene no perder de vista una escena reveladora. En las entrevistas que Maggie Haberman y Jonathan Swan, del New York Times, le hicieron a Trump para el libro Regime Change, que recoge encuentros que se extendieron durante buena parte de este año, el presidente les mostró con un orgullo que no se esforzó por ocultar una nota de dos páginas —escrita no por ningún historiador sino por un multimillonario sudafricano del mundo del golf— que lo ubicaba por encima de Mao, Stalin, Hitler, Gengis Kan y Atila en cuanto al poder del que dispone. Según relatan los periodistas, Trump no se ofendió por la compañía: la paladeó. Recitó los nombres de la lista con la satisfacción de quien se ve retratado bajo una buena luz.

La fascinación de Trump por el poder desnudo —ese que no necesita cortapisas legislativas, prensa libre ni oposición parlamentaria— es la constante que lo lleva, una y otra vez, a inclinarse por los hombres fuertes cuando tiene que elegir entre ellos y los aliados tradicionales de EE.UU. Lo vimos con Vladímir Putin en Ucrania, lo vemos con la incondicionalidad hacia Benjamin Netanyahu, y lo vemos ahora con Kim Jong-un, a quien Trump le hace un regalo que ningún funcionario de carrera del Pentágono recomendaría: relajar la postura disuasiva en la península coreana justo cuando Pyongyang más la está desafiando.

El gesto hacia Kim no sorprende sólo porque consiente la proliferación, sino porque pasa por alto nuevas formas de revisionismo del líder dinástico. Corea del Norte no sólo representa una amenaza para sus vecinos, sino que se ha vuelto una pieza indispensable del esfuerzo bélico ruso en Ucrania: cerca de 15.000 soldados norcoreanos pasaron por la región de Kursk, un centenar de especialistas en misiles se desplegó en Voronezh, y Pyongyang le suministró a Moscú unos cuatro millones de proyectiles de artillería y más de un centenar de misiles balísticos KN-23 y KN-24. A esta altura, Corea del Norte cubriría alrededor de la mitad de las necesidades de munición del agresor ruso.

A cambio, Kim recibe divisas, petróleo, tecnología militar y algo que ningún adiestramiento en tiempos de paz puede ofrecer: experiencia de combate real. El tratado de asociación estratégica que Putin y Kim firmaron en junio de 2024 no es un papel inútil: es un pacto que apuntala la capacidad rusa de seguir bombardeando ciudades ucranianas. Todo lo que alivie la presión sobre Pyongyang —y reducir ejercicios que Kim considera provocadores la alivia— termina, por una cadena de favores que a Trump quizás ni le importe trazar, fortaleciendo también a Moscú. El presidente que una vez prometió llevar la paz a Ucrania en las primeras 48 horas de su mandato le hace, sin proponérselo o sin que le importe, un favor indirecto, pero significativo, al hombre que prolonga la guerra en ese país europeo.

El propio Trump, agreguemos, no se preocupó en disimular el otro motivo de su decisión, más mezquino que su genuina simpatía por Kim: le reprocha a Seúl no haberse sumado al pedido estadounidense de participar en la guerra contra Irán. El recorte de los ejercicios con un aliado de siete décadas no responde solo a una lectura indolente de la disuasión, sino también a un ajuste de cuentas personal: la factura que le pasa a un socio que no quiso embarcarse en una guerra que Trump eligió solo. Es la diplomacia entendida como un libro de favores a cobrar y agravios pendientes, no como una arquitectura de intereses compartidos.

La noticia, por cierto, no es un rayo en cielo sereno: cae sobre un terreno ya abonado por la ansiedad. Los aliados tradicionales de Washington en el Lejano Oriente —Japón, Corea del Sur, Filipinas, Australia, y también el gobierno en Taiwán— vienen haciendo saber desde hace meses que les preocupa la falta de atención de una Casa Blanca empantanada en el Golfo Pérsico. No es una percepción antojadiza. El Pentágono ya les había retirado interceptores THAAD para reforzar el frente iraní; el USS George Washington, el único portaaviones con base avanzada en Asia, fue reasignado a Medio Oriente para relevar al USS Abraham Lincoln, menguando la presencia estadounidense en el Pacífico occidental a mínimos históricos. Washington, además, ha consumido, en seis meses de guerra con Irán, cerca de un tercio de sus Tomahawk y hasta un 65% de los interceptores Patriot, pensados en buena medida como resguardo frente a una eventual contingencia con China. A eso se suma que Trump llegó a calificar a Taiwán de «indefendible» y a insinuar que la isla es, ante todo, una ficha de negociación con Beijing. No sorprende que las encuestas en la región revelen que la confianza en Washington se ha derrumbado, ni que Seúl —»furiosa» puertas adentro, según trascendió, aunque hacia afuera mantuviera la pose de «coordinación estrecha»— teja, junto a Tokio y Canberra, acuerdos de defensa bilaterales que prescinden cada vez más de la tutela estadounidense.

Y aquí conviene hacerse una pregunta que excede la psicología presidencial. ¿No estaremos asistiendo, además del capricho de un hombre obsesionado con figurar junto a los grandes tiranos de la historia y del enojo ante la prudente abstinencia surcoreana en Irán, a los temblores de la sobreextensión de una potencia que ha comprometido más recursos de los que es capaz de reproducir y del adelgazamiento de la fuerza militar estadounidense?

Los reportes sobre el USS Abraham Lincoln y el USS Tripoli, con tripulaciones que después de más de 250 días de despliegue en el mar Arábigo racionan comida, carecen de jabón y pasta dental y conviven con lavarropas rotos y moho en los baños, no son una curiosidad para la prensa: son una luz de alarma respecto de las capacidades materiales estadounidenses y de la dudosa competencia del liderazgo civil en Washington. Cuando la Armada más grande del planeta no logra garantizarles, como denuncian las familias de los soldados, jabón a sus propios marineros en el Golfo, es lícito sospechar de que la opción entre Corea del Sur y Medio Oriente no es simplemente una elección: es, también, la constatación de un límite material.

Marine Le Pen en busca de la presidencia y de una absolución

2026-08-17T20:49:40.444-03:00

Por Gabriel Puricelli

El 7 de julio, Marine Le Pen vio confirmada su condena por malversación de fondos públicos por el Tribunal de Apelación de París. En el mismo instante, anunció su candidatura a la presidencia para las elecciones de abril de 2027. Su declaración, relativamente inesperada, abre en los hechos una larga campaña electoral que desembocará en sendas votaciones en abril y mayo venideros.

El caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional (hoy Agrupación Nacional, RN) en el Parlamento Europeo no es un asunto trivial. La justicia probó que Le Pen y su partido diseñaron desviaron sistemáticamente fondos europeos para pagar a empleados que, en realidad, trabajaban en exclusiva para la estructura nacional de la organización en Francia.

En la sentencia de apelación, el tribunal condenó a Le Pen a tres años de prisión (dos de ellos en suspenso y uno de cumplimiento firme mediante vigilancia con tobillera electrónica), a una multa y a una pena de inhabilitación de 15 meses. La cuestión clave es que la corte de apelación consideró que ese tiempo, contado desde la sentencia en primera instancia, ya ha transcurrido en su totalidad y, por lo tanto, la deja en condiciones de ser candidata. Así y todo, tener que hacer campaña vistiendo tobillera electrónica no es una imagen auspiciosa, así que Le Pen presentó un recurso de casación para suspender la ejecución de esa pena firme.

Un tribunal supuestamente a medida

En cualquier caso, con su anuncio de que "esta noche soy candidata a la elección presidencial", Le Pen desplazó inmediatamente el conflicto desde los estrados judiciales al tribunal de la opinión pública. La premisa es típicamente demagógica: el sufragio universal es un sacramento de purificación moral y legal. Le Pen pretende instituir al electorado como un tribunal de alzada que puede enmendar decisiones judiciales y hacer del veredicto de las urnas una instancia judicial superior habilitada para absolver los delitos probados en sede penal. No se trata de revertir jurídicamente un dictamen de culpabilidad, sino de subordinar la legalidad al resultado aleatorio de una votación. Un desafío al Estado de derecho en toda la regla.

La hazaña que se propone concretar tiene un antecedente exitoso en los Estados Unidos, donde a Trump su elección en 2024 le sirvió como un escudo contra múltiples imputaciones, suspendiendo los varios procesos judiciales en los que figuraba como acusado. Le Pen pretende importar desde la otra orilla del Atlántico la política de no procesar a un presidente en ejercicio y de privar a la judicatura de su condición de poder independiente, estigmatizándola como brazo del "Estado profundo" o del establishment que pretende proscribir a los “verdaderos” representantes del pueblo. Si ganara la elección, Le Pen obtendría la presidencia con el bonus de una amnistía de facto.

RN o FN, la diferencia es solamente una letra

Durante el calvario judicial de Le Pen, la figura de Jordan Bardella (el veinteañero presidente del RN) emergió como el plan B inevitable de la extrema derecha. Desde hace por lo menos un año las encuestas lo vienen midiendo como candidato presidencial y lo ubican cómodamente primero en la intención de voto para la primera vuelta. Su campaña, hasta ahora, estaba basada en una definición eufemística: "si mañana a Marine se le impidiera presentarse, yo sería su candidato". El repentino anuncio de Le Pen abortó la sucesión y dio por tierra con la bicefalia. Si hay algo que el RN fue, desde el tiempo en que se denominaba FN, otra vez quedó claro que lo sigue siendo: una estructura dinástica e hiperpersonalista. Que quede supeditado a la fortuna judicial de una sola persona es una consideración de segundo orden.

Desde que Marine Le Pen heredó de su padre Jean-Marie la presidencia del entonces Frente Nacional, en 2011, el partido se embarcó en una calculada estrategia de dédiabolisation (desdemonización) para horadar su techo electoral. El intento sólo parcialmente exitoso de jubilar la retórica antisemita y xenófoba estridente y de darse una pátina de respetabilidad republicana y la adopción de un discurso soberanista fue validado por los medios de comunicación tradicionales y acompañado por la expansión del imperio mediático de Vincent Bolloré, dueño del grupo Canal+.

Mientras los medios audiovisuales y escritos de este magnate militaban la normalización de la extrema derecha y promovían la alianza del RN con la derecha tradicional de Les Républicains (LR), el lepenismo se mantenía en sus trece. Como lo ha documentado extensamente el multimedio digital independiente Mediapart, las finanzas, las empresas proveedoras de las campañas y la estrategia de comunicación del RN siguen en manos de antiguos miembros del Groupe Union Défense (GUD), un grupúsculo estudiantil de extrema derecha conocido por su violencia callejera y su racismo. No sorprende, aunque sea paradójico, que el sensible papel de asegurar la relación del RN con la prensa, es decir, la primera línea en la batalla de la dédiabolisation estuvo en manos Caroline Parmentier (diputada y asesora íntima de Le Pen), autora de escritos profundamente racistas, homófobos y antisemitas en publicaciones ultra-católicas durante los años noventa. La normalización se ha centrado en intentar cambiar cómo el partido es percibido, dejando intacta su matriz ideológica y su corazón organizativo.

La izquierda rota y la pretensión de hegemonía de Mélenchon

Mientras la extrema derecha estrecha filas en torno a Marine, la izquierda francesa afronta el camino hacia 2027 sin encontrar el hilo común que le diera su último triunfo, el del Nuevo Frente Popular en las elecciones legislativas de 2024. Uno de los obstáculos para vertebrar una alternativa unificada es Jean-Luc Mélenchon, quien sin embargo es la figura más favorecida por la intención de voto del peuple de gauche. A las puertas de competir por cuarta vez por el Elíseo, Mélenchon y su partido, La France Insoumise (LFI), insisten en que les corresponde hegemonizar cualquier coalición basándose en su peso electoral previo y su capacidad de movilización.

Las primarias abiertas para resolver la candidatura presidencial fueron una idea que tuvo cierta tracción hasta hace pocas semanas, pero esa alternativa se ha esfumado después del rechazo a esa mecánica por el Partido Comunista y el anuncio del Partido Socialista de que eligiría su candidato en una elección cerrada a sus afiliados. Los Ecologistas, últimos defensores de la idea, quedan sin socios para llevarla adelante y todo apunta a un escenario de Mélenchon y los cuatro enanos (si sumamos a Place Publique, la izquierda de perfil socioliberal de Raphaël Glucksmann).

Las diferencias en el seno de las izquierdas no son meramente de poder, sino ideológicas. En un extremo cercano al centro, Raphaël Glucksmann ha lanzado su propia plataforma política marcando distancias insalvables con LFI, defendiendo un proyecto nítidamente pro-europeo y con reminiscencias de la Tercera Vía de Tony Blair, Gerhard Schröder y otros (entonces) progresistas de principios de siglo. Pegado a la raya izquierda, Mélenchon (ambiguo frente a los regímenes autoritarios fuera del continente y euroescéptico), resulta difícil de digerir para muchos votantes socialistas y ecologistas y es mirado con reticencia por los comunistas.

Sin un candidato de consenso que logre sintetizar estas dos almas de la izquierda, el electorado progresista llegará fracturado a la primera vuelta de abril de 2027, poniendo en riesgo su presencia en el balotaje final y predisponiendo mal a sus electores para votar al candidato contrario a Le Pen, de quien no hay motivos para sospechar que no vaya a ser la candidata a batir en esa votación definitiva.

Una Macronie deshilachada

Entretanto, un curioso ausente en las apuestas respecto de quiénes se enfrentarán en la segunda vuelta es el espacio centrista. La macronie atraviesa una crisis existencial profunda. El movimiento que Emmanuel Macron fundó en 2016 como un vehículo electoral personalista hoy enfrenta la prueba de fuego de sobrevivir a la prohibición constitucional de un tercer mandato sucesivo de su creador. Sin el pegamento del liderazgo de Macron, la balcanizacion queda a la vista de todos.

Una sorda guerra civil enfrenta en su seno a dos candidatos acaso competitivos, sendos ex-primeros ministros. En el rincón derecho, Édouard Philippe, actual alcalde de Le Havre ya hace campaña con una estrategia de distanciamiento calculado. Su partido, Horizons, busca presentarse como la opción de centroderecha ordenada y previsible. Su posicionamiento es atractivo para la derecha tradicional, con figuras de peso de Les Républicains como Laurent Wauquiez, sugiriendo que con solo emanciparse de su pasado macronista podría liderar una gran coalición conservadora y de centro.

En el rincón izquierdo, Gabriel Attal, líder de los diputados oficialistas en la Asamblea Nacional, y su partido Renaissance representan la continuidad pura y sin complejos. Preferido por el núcleo duro del electorado macronista, su juventud y su retórica parlamentaria lo muestran como un "mini-Macron", efecto conscientemente buscado. Su debilidad obvia es que no suelta el lastre del desgaste de la gestión y la desilusión con la promesa post o trans ideológica del Macron de 2016. Attal está por otra parte asociado a la autoría de las políticas más impopulares del gobierno saliente, como la reforma de las jubilaciones.

Por izquierda o por derecha, quienes se disputan la sucesión dentro de la macronie se enfrentan al colapso del «en même temps», la fórmula con la que Macron sugería aplicar al mismo tiempo lo mejor de las propuestas programáticas de los campos ideológicos enfrentados desde los tiempos de Revolución Francesa. Ante la polarización extrema, en Francia como en todas las democracias del mundo, el centro se está vaciando y sus votantes se encaminan a quedar atrapados por las mismas órbitas ideológicas a las que habían tributado antes. La coalición macronista de clases medias altas urbanas, jubilados y profesionales liberales se está desmoronando.

La sombra del régimen de Vichy

Paradojas de la “normalización”, en 2027, Francia enfrenta una elección que es cualquier cosa, menos “normal”. Una victoria, que no puede ser descartada, de Marine Le Pen sería un vuelco institucional de consecuencias incalculables. El RN es el heredero directo del Frente Nacional, un partido fundado en 1972 por nostálgicos del colaboracionismo, ex-miembros de la división SS Charlemagne y defensores acérrimos del régimen del mariscal Philippe Pétain en Vichy.

Aunque haya pulido su retórica, un gobierno lepenista implicaría la puesta en marcha de reformas de corte iliberal, como la preferencia nacional (una ruptura directa con los principios de igualdad consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789), es decir la discriminación de quienes aspiran, sin tenerla aún, a la nacionalidad francesa en el acceso al empleo, la vivienda social y las prestaciones de salud. El giro en política exterior esperable acercaría al país a Vladimir Putin y su pretendida área de influencia.

Este escenario no debe leerse, de ninguna manera, como un hecho inevitable. La sociedad francesa ha demostrado históricamente capacidad de resistencia. El frente republicano —esa alianza táctica y espontánea de votantes de diversas ideologías que se unen en segunda vuelta para bloquear a la extrema derecha— ha funcionado con éxito en previas citas electorales, la más reciente de ellas las legislativas anticipadas de 2024.

La propia supervivencia de este dique de contención democrático dependerá de si de las fuerzas republicanas, hoy fragmentadas, alcanzan a ofrecer un horizonte de esperanza socioeconómica y de estabilidad institucional frente al repliegue identitario y el plebiscito judicial que propone Marine Le Pen. La moneda sigue en el aire, pero el juego nunca ha sido tan peligroso.

Molotovs con vodka: EEUU y la pretensión de un estado de excepción global

2026-07-23T10:42:57.472-03:00

Por Gabriel Puricelli

El alcohol al 40% no arde. Cualquier estudiante de química de escuela secundaria lo entiende a la perfección. Sin embargo, en el universo inventado en el que vive de a ratos el gobierno de Donald Trump, unas botellas de vodka con un trapo en el pico no constituyen un gesto patético, sino que pueden estar en el centro de un atentado terrorista de magnitud existencial.

Durante la reciente reunión ministerial celebrada en Washington el pasado 16 de julio sobre el “resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda”, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, opacó al anfitrión, el secretario de Estado Marco Rubio, con una actuación memorable. Con impostada gravedad, Bessent rememoró el incidente del 28 de enero del año pasado en las inmediaciones del Capitolio, cuando una persona identificada como Ryan Michael English se entregó a las autoridades portando unas botellas pequeñas de vodka que imaginaba podían ser usadas como cócteles Molotov. Ese día, Bessent enfrentaba su audiencia de confirmación ante el Congreso y era unos de los posibles blancos del ataque así imaginado por la persona detenida. La relectura ideológica que Bessent propuso de este desatino —donde el “arma” en cuestión contenía un líquido con 60% de agua, previniendo cualquier combustión— fue que no se trató de un acto extravagante y solitario, sino de un sofisticado y sanguinario “atentado de izquierda” contra su propia vida y contra la estabilidad de la república.

La imagen no deja de ser trágica en su comicidad: la primera potencia militar del planeta declarándose bajo asedio a causa de un líquido incombustible. Pero sin dudas sintetiza con precisión la idea detrás de la convocatoria a la reunión: la invención deliberada de una amenaza para construir un dispositivo de control real.

La amenaza del “terrorismo político de izquierda” que articuló la cumbre de Washington es, en términos empíricos, una completa ficción. No hay hoy redes clandestinas organizadas, ni ejércitos de liberación operando en las sombras, ni conspiraciones destinadas a subvertir el orden institucional mediante la lucha armada. Lo que existe, en cambio, es la decidida vocación política de fabricar un hombre de paja.

La iniciativa de Washington es la proyección internacional de la política de excepción que ha desplegado en el ámbito doméstico desde la segunda llegada de Trump al gobierno. La estrategia consiste en convertir cualquier atisbo de disidencia, protesta social, movilización sindical o crítica periodística en una manifestación implícita de “terrorismo”, con un doble propósito. Por un lado, desplazar el foco de la atención pública para que no quede fijado en la profundización de las desigualdades socioeconómicas y la erosión de la democracia; por el otro, dibujar la coartada perfecta para encarcelar, silenciar o proscribir las manifestaciones de disidencia.

Cuando unas botellas de vodka que jamás podrían haber sido precursoras de un fuego se presentan como un dispositivo letal, la vara de lo que constituye una “amenaza a la seguridad nacional” se ha rebajado hasta la arbitrariedad absoluta. Bajo semejante enfoque, el ejercicio legítimo de los derechos civiles pasa a ser categorizado, sin mediación alguna, como un acto pre-terrorista. Las reminiscencias del macartismo de los años ´50 no podrían ser más evidentes.

La realización de esta reunión ministerial se entiende mejor si nos valemos de un concepto propuesto por la llamada Escuela de Copenhague de estudios internacionales. En su teoría de la securitización, los autores asociados a la misma sostienen que hay fenómenos que, sin ser intrínsecamente problemas de seguridad, pasan a ser percibidos como tales mediante un acto del lenguaje ejecutado con éxito por un actor investido de autoridad política. Toda la reunión llevada a cabo en Washington cabe dentro de esa definición.

En este caso, al calificar un problema inexistente como una “amenaza existencial”, el gobierno de Trump busca romper las reglas habituales del juego democrático y justificar la adopción de medidas extraordinarias e invita a sus huéspedes en Washington a sumarse a esas acciones. Vista así, la reunión no funcionó como un foro de inteligencia ni como un espacio de cooperación policial transnacional, sino que fue un acto masivo de securitización.

La presencia del canciller Quirno y el fetiche de la amenaza importada

Dada la sumisión del gobierno actual de Argentina, la asistencia del canciller Pablo Quirno no requería siquiera de un RSVP. Si existiera en nuestro país algún tipo de amenaza terrorista, la primera obligación constitucional de un gobierno no es poner en un avión a su ministro de Relaciones Exteriores para que asista a una cumbre en el exterior, sino rendir cuentas con carácter de urgencia ante el Congreso Nacional. Asistir a un cónclave de estas características sin haber presentado previamente, al menos, un informe riguroso de inteligencia constituye un nuevo desarreglo institucional y una nueva elusión del control republicano.

La adhesión del mileísmo al relato de Trump y Rubio roza en este caso el delirio. Ni en el territorio nacional, ni en los países vecinos existe amenaza alguna de terrorismo o de violencia política desde hace por lo menos dos décadas. La sociedad argentina archivó hace rato la cuestión de la violencia armada y el conflicto social contemporáneo se encauza estrictamente dentro de los márgenes constitucionales.

¿Qué hace entonces el canciller Quirno ratificando en Washington un documento que alerta sobre una “amenaza extrema”? La respuesta es tan clara como alarmante: no viajó a defender la seguridad de los argentinos frente a un peligro real, sino a importar el libreto del pánico norteamericano para traducirlo en insumo de política doméstica, facilitando la persecución de movimientos sociales y la estigmatización de la disidencia bajo el rótulo de “extremismo”.

Esta dinámica cobra mayor sentido si la inscribimos en el despliegue hemisférico de la Doctrina Donroe. A diferencia de la doctrina de seguridad nacional de la Guerra Fría, que respondía a la lógica del enfrentamiento bipolar, el lineamiento trumpiano promueve un mecanismo de sincronización ideológica y subordinación política. La reunión en Washington expuso el nivel de articulación alcanzado por la internacional reaccionaria en el hemisferio occidental.

En el corazón del planteo articulado por Marco Rubio, que tuvo tiempo de rememorar las acciones armadas tanto de los extintos Montoneros, como de los Tupamaros, hoy plenamente integrados en la política democrática en Uruguay, se lleva a cabo un peligroso desplazamiento conceptual que pone como vara de la seguridad no las amenazas a la soberanía o la vigencia de los derechos humanos, sino la homogeneidad ideológica de los gobiernos, que se espera converjan todos en valores de extrema derecha. El relato comporta también una definición de enemigo: terroristas pueden ser la prensa libre, el sindicalismo y los adversarios electorales.

Ante semejante deriva ideológica, la Argentina representada por Quirno opta por el mimetismo retórico y la importación sin filtro de las obsesiones discursivas de la Casa Blanca, subordinando la agenda exterior del país a la política doméstica estadounidense.

Un representante gubernamental que acepta que un episodio con unas botellas incombustibles de vodka sirva de premisa para discutir de seguridad, nos adentra en un terreno de arbitrariedad que amenaza el estado de derecho.

La securitización del pluralismo político impulsada por Washington y convalidada con la presencia del gobierno argentino en esta reunión no busca protegernos de amenaza real alguna: busca blindar el poder contra la disidencia. Mientras otros gobiernos, sobre todo en nuestra región, sigan siendo la claque de este pánico fabricado y fingiendo protegernos de molotovs que no arden, la verdadera amenaza no estará en ninguna disidencia, sino en los despachos donde se redactan las leyes de excepción.

La cuarta es la vencida: Keiko Fujimori y la ilusión de la estabilidad peruana

2026-07-12T23:04:11.482-03:00

Por Gabriel Puricelli

Con la demora a la que obliga el escrutinio hasta el último voto en una elección ajustadísima, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamó a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta electa para el período 2026-2031. Lo hizo tras un escrutinio agónico, con los nervios crispados de una sociedad habituada a dirimir sus destinos políticos en un photo finish. Los números definitivos mostraron a la futura presidenta menos de 50 mil votos por delante del candidato de izquierda Roberto Sánchez. Un país cortado en dos por un láser.

La proclamación produce una inevitable sensación de déjà vu. La escena peruana parece atrapada en una obra de teatro circular, donde el guión se reescribe con ligeras variaciones pero bajo idéntica estructura dramática. Lo vivido en este 2026 se espeja con asombrosa fidelidad en la fractura expuesta en procesos anteriores, singularmente el de 2021. El balotaje, ese artefacto de la ingeniería electoral diseñado para forjar mayorías artificiales a partir de la dispersión, ha vuelto a fabricar la ilusión de dos mitades compactas allí donde en verdad habita un archipiélago de minorías atomizadas.

Para analizar el mandato que obtuvo la líder de Fuerza Popular, hay que proceder a una disección. La geografía electoral vuelve a trazar una línea de demarcación que es tanto territorial como sociológica. Por un lado, Lima metropolitana y las regiones de la costa norte, integradas a los flujos dinámicos de la economía global, blindaron la candidatura fujimorista como un dique de contención contra el cambio de modelo. Por el otro, el sur andino, la Amazonía y las zonas rurales postergadas se volcaron masivamente hacia la izquierda, reeditando un patrón de resistencia que ya parece estructural.

Como bien apunta la politóloga Omayra Peña Jiménez, del Instituto de Estudios Peruanos, lo que vemos “no es una grieta coyuntural, es una fractura estructural que el sistema político no ha sabido procesar”. Las instituciones peruanas operan bajo una lógica de confrontación perpetua y no facilitan la edificación de consensos mínimos. En este escenario, la victoria de Fuerza Popular no se explica por una súbita ola de entusiasmo doctrinario, sino por la tenue erosión del antifujimorismo.

En efecto, hay síntomas de que el peso del pasado ya no gravita de la misma forma sobre las nuevas cohortes de votantes. Para el electorado joven, los episodios más sombríos de la década de los noventa pertenecen más al territorio de los textos escolares que a la memoria emotiva. El fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori en 2024 puede haber operado como un deceso simbólico de la vieja polarización; al desaparecer el cuerpo físico del autarca, la discusión sobre el indulto “humanitario”, recurrente en anteriores elecciones, perdió su centralidad como tema de campaña, permitiendo a Keiko Fujimori centrarse en la cuestión del orden y la gestión de la economía contemporánea.

La siempre esquiva estabilidad

Despejada la incógnita del triunfador electoral, queda en el aire la pregunta de si la presidencia de Keiko logrará quebrar la maldición de la inestabilidad crónica que eyectó de la Casa de Pizarro a sus antecesores inmediatos. Desde 2016, Perú se convirtió en un régimen triturador de presidentes, con destituciones por «incapacidad moral permanente» a repetición. Sin embargo, existen razones para especular con que la gestión a punto de iniciarse gozará tal vez de cierta estabilidad.

La primera diferencia sustantiva radica en la naturaleza del oficialismo en ciernes. Los gobiernos anteriores —desde el tecnocrático y débil esquema de Pedro Pablo Kuczynski hasta el amateurismo desarticulado de Perú Libre con Pedro Castillo, pasando por la orfandad parlamentaria de Dina Boluarte— carecieron de organizaciones políticas reales que los respaldaran. Eran franquicias electorales efímeras o coaliciones de ocasión. Fuerza Popular, por el contrario, representa el artefacto partidario mejor estructurado, disciplinado y longevo del Perú contemporáneo. Su bancada en el nuevo Congreso bicameral puede llegar a ser inmune al transfuguismo que suele atomizar los grupos parlamentarios.

A este factor organizativo se suma una reconfiguración del tablero legislativo. El Congreso muestra menos fragmentación parlamentaria y la derecha conservadora tiene una presencia compacta, que puede llegar a ser mayoritaria. No obstante, esta posible estabilidad no equivale automáticamente a un apoyo popular sólido. La impaciencia es la actitud que prevalece en los electorados de las democracias contemporáneas y no sería sorprendente constatar en breve que no hay “luna de miel” de Keiko con la opinión pública.

¿Un autoritarismo previsor?

Es en este cruce entre posible estabilidad parlamentaria y fragilidad social donde cabe atender las advertencias del docente e investigador de la Universidad del Pacífico Roger Merino sobre la emergencia de lo que denomina una “dictadura por diseño”. Este académico contrasta el fujimorismo de segunda generación con la experiencia autocrática de los años noventa liderada por el padre de la nueva presidenta y Vladimiro Montesinos.

Según Merino, el diseño autoritario de los noventa se fue improvisando sobre la marcha. Por el contrario, el escenario que se prefigura bajo Keiko invierte esa lógica temporal y esboza un “autoritarismo preventivo”, cocido a fuego lento en múltiples iniciativas parlamentarias en los últimos años. Mediante contrarreformas legislativas y un sutil copamiento de los organismos autónomos —incluyendo el Tribunal Constitucional y los entes del sistema electoral—, Keiko ha edificado una arquitectura legal a la medida de sus intereses. Este reformateo busca debilitar los contrapesos republicanos y crear un escudo de impunidad preventivo: se han restituido los tribunales policiales-militares para juzgar los actos de represión bajo la figura de “delitos de función” y se ha blindado de manera anticipada a las fuerzas públicas frente a eventuales procesos por violaciones a los derechos humanos, debilitando el control de convencionalidad de los magistrados locales.

La gran incógnita a despejar a partir de la toma de posesión es cómo reaccionará el Perú excluido de los beneficios de la modernización globalizada. Carlos Meléndez anticipa que la verdadera oposición al gobierno de Keiko Fujimori no se articulará en los pasillos del Congreso sino en las calles de Lima y, sobre todo, de las regiones donde más arraigados están los movimientos sociales y donde Keiko tuvo una votación marcadamente minoritaria.

El sur andino ha sido históricamente un foco de resistencia irreductible frente al tirón centralista de Lima. El estallido social de los años 2022 y 2023 dejó una profunda huella de resentimiento y demandas de justicia insatisfechas que la transición institucional posterior simplemente decidió ignorar. Con la infraestructura legal autoritaria ya lista y un discurso oficial que criminaliza preventivamente la movilización ciudadana, el riesgo de una recaída en la violencia estatal no se puede descartar.

Para los actores económicos dominantes, la continuidad está garantizada bajo la enseña de la certidumbre tecnocrática. La promesa de mantener a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva funciona como el bálsamo habitual. Sin embargo, los equilibrios macroeconómicos son de una fragilidad extrema cuando se asientan sobre sociedades fracturadas. Keiko Fujimori ha logrado finalmente coronar la ambición mítica de su apellido, pero el país que recibe está lejos de ser el del orden pacificado de los noventa. Es una caldera cuyo diseño de seguridad está pensado para contener la presión, pero no para apagar el fuego.

Mercosur: la silla vacía del sospechoso de siempre

2026-07-06T12:12:24.275-03:00

1 de julio de 2026

El cierre de la 68.ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur en Asunción ofrece una radiografía extraordinariamente nítida de las contradicciones que anidan en el estado actual de la integración sudamericana. La capital paraguaya fue escenario de una marcada disociación: el bloque avanza por la inercia de sus compromisos técnicos e institucionales e impulsado por la realidad económica, mientras su superestructura política exhibe niveles inéditos de fragmentación, desinterés y desdén diplomático. El presidente paraguayo Santiago Peña ofició de anfitrión de un encuentro marcado por tensiones subyacentes y ausencias clamorosas.

La fotografía oficial de la cumbre ofrece un mapa político de la nueva y compleja realidad regional, muy alejada de cualquier monolitismo. El bloque es hoy un mosaico diverso y complejo donde conviven liderazgos muy disímiles. Por un lado, Luiz Inácio Lula da Silva aparece erigido, por el mero peso específico de Brasil, en el garante último de la continuidad del bloque.

El debut de Yamandú Orsi, quien asumió en nombre de Uruguay la presidencia pro tempore aporta un complemento de ideas comunes, aunque sin resignar la pretensión de Montevideo de flexibilizar la unión aduanera para abrir nuevos mercados fuera de la región. A ellos se sumó el flamante mandatario boliviano Rodrigo Paz, cuya presencia sanciona la plena incorporación de su país al mercado común.

El cuadro se completó con la presencia de los estados asociados, representados por dos figuras que ilustran el giro de la región hacia la derecha: el ecuatoriano Daniel Noboa y el chileno José Antonio Kast. Con esta variopinta composición el Mercosur deja definitivamente de ser un club de afinidades ideológicas y se vuelve una arena de coexistencia, donde líderes políticos de signos opuestos se sientan a la mesa para gestionar un entramado comercial y económico interdependiente.

Faltazo y diplomacia de facción

En el lenguaje de la diplomacia, las ausencias suelen comunicar con mayor elocuencia y crudeza que los discursos oficiales. Fue precisamente una silla vacía la que acaparó las especulaciones en la capital guaraní. La decisión de Javier Milei de desertar de la cita constituye un nuevo y episodio de una política exterior regida por el faccionalismo ideológico antes que por la persecución del interés nacional.

El relato de la Casa Rosada intentó débilmente justificar un nuevo faltazo escudándose en la urgencia de la crisis doméstica desatada alrededor de la corrupción de Manuel Adorni. No obstante, la coartada apenas disimuló con desgano el verdadero mensaje del gobierno libertario. En las mismas horas durante las que sus pares se reunían, Milei optaba por recibir con honores en la Quinta de Olivos al senador brasileño Flávio Bolsonaro. Este gesto, de cara a las elecciones presidenciales que enfrentarán a Lula y la extrema derecha en octubre próximo, fue una nueva provocación gratuita, adobada con la sobreactuación a la que es adepto Milei.

Al privilegiar la construcción de una entelequia reaccionaria global por sobre la relación institucional con Brasil —el principal destino de las exportaciones industriales argentinas—, el gobierno perpetra otra abdicación de la diplomacia de Estado. La ausencia en Asunción es el síntoma de una concepción que entiende los foros multilaterales como plataformas que resultan estériles a menos que puedan ser vampirizadas para la llamada “batalla cultural”. Este autismo diplomático viene aislando cada vez más a la Argentina de los centros de toma de decisiones.

El florecer tardío del regionalismo abierto

A contramano de este ruido político, la agenda sustantiva demostró que la “sala de máquinas” del Mercosur sigue operando. El comunicado conjunto delineó un programa enfocado técnicamente en la facilitación del comercio, la modernización aduanera y la transformación digital. En materia de inserción global del bloque, se conmemoró el hito de la entrada en vigor provisional del pilar comercial del acuerdo con la Unión Europea, un tratado que ya comienza a alterar el perfil del intercambio bilateral.

Paradójicamente, es ahora, en el clímax de la fragmentación política y de la balcanización ideológica, cuando el bloque parece estar cumpliendo finalmente con el mandato original del regionalismo abierto. Esa visión acuñada en los años noventa postulaba que la integración regional no debía construirse como una fortaleza amurallada para persistir en la vieja sustitución de importaciones, sino como un trampolín para la competitividad y el eslabonamiento con las entonces nacientes cadenas globales de valor. Durante tres décadas, la idea quedó sin concretarse. Hoy, la vigencia parcial del acuerdo con la UE, el relanzamiento de las negociaciones del Mercosur con Japón y la dinámica que imponen el comercio con China y las inversiones provenientes de esa potencia emergente son todos elementos delinean una apertura a contramano de la desaceleración decenal de la globalización.

En cualquier caso, la deserción de Argentina escamotea una discusión necesaria sobre el futuro de los sectores de mayor valor agregado del bloque. Los sectores menos competitivos de sus dos mayores economías enfrentan con incertidumbre un acuerdo con la UE que los sectores del extractivismo ven como una gran oportunidad. Es frente a esto que la fractura del eje Buenos Aires-Brasilia puede tener consecuencias indelebles. Dentro de los límites impuestos por ese acuerdo, los estados están llamados a sostener las respectivas industrias en su esfuerzo por adaptarse y competir. Mientras que Brasil parece preparado a proveer ese sostén, en Argentina campea un laissez-faire decimonónico que se solaza en ver como las importaciones de la UE le ponen el último clavo al féretro la industria nacional.

El giro securitario que le gusta a Washington

El envión comercial, sin embargo, no elimina los puntos de controversia. En un giro que refleja el signo de la época, la seguridad regional irrumpió en una agenda en la que habitualmente se trata más que nada de nomenclaturas arancelarias. Las intervenciones de Kast y Noboa introdujeron en el orden del día la cuestión del crimen organizado transnacional, que es tanto una realidad como un caballo de Troya de la estrategia de seguridad hemisférica de los EE.UU.

El mandatario chileno arguyó la vulnerabilidad del mayor proyecto de infraestructura del bloque, el Corredor Bioceánico. El eje Santiago-Quito expuso prioridades divergentes entre estos dos miembros asociados y los tres miembros plenos a través de cuyos territorios avanza la carretera multimodal: Brasil, Paraguay y Bolivia. Esta securitización que postulan los presidentes del Pacífico esconde mal el objetivo de empujar al bloque en dirección hacia la cooperación policial y en inteligencia con EE.UU. A tan sólo días de la decisión del gobierno de ese país de declarar organizaciones terroristas a dos bandas criminales originadas en Brasil, esos discursos presidenciales tienen poco de casuales.

La presidencia pro tempore semestral que hereda Yamandú Orsi tendrá como tareas mantener el envión aperturista —algo que es política de Estado para Montevideo— y desplegar dotes de orfebrería política para zurcir una diplomacia presidencial deshilachada.

El Mercosur que exhibió la cita paraguaya es una criatura institucional bifronte. Por un lado, el bloque ostenta herramientas técnicas sólidas, un tratado bi-regional en plena fase de despliegue y una resiliencia burocrática que todavía tiende puentes allí donde la política insiste en dinamitarlos. Por la otra, padece la afirmación de algunos de sus socios mayores en trincheras ideológicas que agregan tensiones en ese plano a las todavía mal resueltas en el plano primordial del Mercosur, que es el comercial.

El mercado común sobrevive, en buena medida, en piloto automático, pero ninguna entidad resiste eternamente el sabotaje de sus líderes. Si algunos rebajan la diplomacia a escaramuzas culturales, el bloque persistirá, a lo más, como un gigante con pies de barro: comercialmente abierto, pero incapaz de sostener a las industrias de Brasil y Argentina frente a la competitividad europea. Frente a este vínculo asimétrico con la UE, la acción o la inacción de los Estados será la diferencia entre fenecer destruyendo empleo o reconvertirse de manera socialmente provechosa.

El improbable renacimiento: la izquierda estadounidense acierta varios plenos

2026-07-06T11:42:23.963-03:00

junio 25, 2026

Es una de esas ironías que la historia, en su paciente despliegue, reserva para recordarnos que los marcos analíticos con los que intentamos aprehender la realidad pueden estar, muchas veces, un paso detrás de los hechos. Mientras el socialismo democrático europeo se debate en una penumbra existencial, y se cuentan con menos que los dedos de una mano los gobiernos encabezados por partidos de esa familia, al otro lado del Atlántico, en el corazón mismo del imperio, está ocurriendo un renacimiento que hasta hace nada hubiéramos despachado como una quimera.

Los resultados de las recientes elecciones primarias que han sacudido la escena política estadounidense no son un accidente estadístico. Son la manifestación de un cambio profundo que está teniendo lugar dentro del Partido Demócrata. Lo que hemos presenciado no es meramente una victoria de candidatos progresistas sobre el aparato tradicional, sino la insinuación de una nueva correlación de fuerzas que amenaza la vigencia del consenso centrista que ha definido a ese partido desde la era Clinton.

A la victoria del socialista Zohran Mamdani en las elecciones de alcalde de la ciudad de Nueva York en noviembre pasado, se viene a sumar ahora la de la también socialista Janeese Lewis George en las primarias para la alcaldía de Washington D.C. En una ciudad abrumadoramente demócrata, donde los republicanos sólo compiten para guardar las formas, la ahora candidata tiene asegurada su elección. Aunque haya que volver a leerlo después de escribirlo, dentro de cinco meses tanto la capital financiera del mundo como la capital política de los EE.UU. tendrán jefes municipales socialistas.

En lo que ya se puede calificar de una modesta pero destacable ola, el 3 de junio fueron consagrados candidatos por el Partido Demócrata para las elecciones de medio término cuatro dirigentes apoyados por el senador independiente Bernie Sanders en Montana, California y Nueva Jersey. A esos triunfos del ala izquierda se sumaron esta semana tres candidatos a la Cámara de Representantes sostenidos por Mamdani en Nueva York. A la consagración de estas nuevas figuras para las elecciones nacionales hay que sumarle cinco (posiblemente seis) futuros miembros socialistas de la asamblea legislativa del estado de Nueva York que también ganaron sus primarias.

Este incipiente giro tiene artífices bien identificables. Desde su elección al Senado por su Vermont adoptivo, Sanders se ha proyectado como el patriarca de una nueva generación de activistas y ha logrado transformar lo que parecía una utopía en una hoja de ruta viable. Pero si Bernie ha sido el sembrador, las figuras de Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) y del ya mencionado Mamdani representan la cosecha. Que figuras como Claire Valdez y Darializa Ávila Chevalier vayan a representar a Nueva York en el Capitolio a partir del año que viene es algo que no puede explicarse sin la red de contrapoder que ellos han ayudado a tejer.

Estos resultados son la «prueba de vida» de una izquierda que ha dejado de ser un grupo de protesta ruidoso en la periferia para convertirse en un factor de poder con capacidad de veto y liderazgo. El Squad de Ayanna Pressley, Rashida Tlaib, Ilhan Omar y AOC en el Capitolio sale fortalecido con estas nuevas incorporaciones y empieza a alterar la aritmética legislativa. Este grupo ya no busca apenas incidir en la agenda; busca dictar los tiempos y los temas del debate. La retórica del establishment ha colapsado: la descalificación de que la izquierda es piantavotos está siendo desmentida por los hechos.

Sin desmerecer el trabajo organizativo desde abajo, es necesario subrayar que un factor al menos igualmente decisivo, catalizador de estas victorias, es el ambiente de opinión pública que ha desatado definitivamente la guerra de elección trumpiana en Medio Oriente. Una mutación de la mirada del electorado demócrata hacia Israel que ya estaba en curso se ha acelerado al máximo desde el ataque estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero pasado. La evidencia es contundente. El apoyo bipartidario incondicional a Israel, otrora un dogma sagrado para las élites, se desploma entre la ciudadanía. Según los datos más recientes de Gallup el 65% de los demócratas simpatiza más con los palestinos, frente a un exiguo 17% que mantiene su simpatía por los israelíes. Este vuelco no es una anomalía, sino una tendencia estructural. A esto debemos sumar los informes del Pew Research Center, que señalan que el 83% de los votantes que se ubican a la izquierda en el espectro político tienen una visión desfavorable de Israel.

Benjamín Netanyahu, protagonista tácito de estas elecciones a muchos miles de kilómetros de la Tierra Prometida ha logrado lo que parecía imposible: arruinar la reputación del Estado de Israel ante la opinión pública estadounidense. La brutalidad de la campaña en Gaza —descrita por académicos como Omer Bartov como una dinámica genocida— ya había dejado una huella indeleble. Si a esto añadimos la impopular guerra contra Irán y su impacto económico deletéreo, la ecuación se completa: la aventura bélica, vista por la mayoría de los estadounidenses como una escalada innecesaria, ha terminado por fracturar la lealtad de sectores que, hasta hace poco, habrían votado por candidatos alineados con aquella incondicionalidad secular.

En estas elecciones, por el contrario, la inercia de aquella lealtad automática se ha vuelto un yunque colgado del cuello de los candidatos del establishment demócrata. Recibir o no dinero del Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí (AIPAC) fue un hecho que llevó a los electores a abrazar o descartar un candidato. Hasta uno progresista, aunque inconmoviblemente pro-israelí, como Adriano Espaillat, malogró su reelección por aceptar para su campaña 600.000 dólares de ese grupo de presión. Los millones inyectados en estas contiendas (a menudo utilizando pantallas legales), a diferencia del ciclo electoral de hace dos años, donde alcanzaron para eyectar de sus bancas a los miembros del Squad Jamaal Bowman y Cori Bush, fueron inocuos o contraproducentes esta vez.

Sin embargo, sería un error analítico atribuir este éxito únicamente a preferencias de política exterior. Lo que permitió que la izquierda prevaleciera frente a maquinarias electorales bien financiadas fue la disciplina en mantener el foco de las campaña en la asequibilidad y el costo de vida. Estos candidatos comprendieron que la indignación moral por sí sola no gana elecciones; la clave fue conectar las propuestas con la realidad doméstica. La “receta Mamdani”: centrar su discurso, de manera obsesiva y constante, en la crisis de la vivienda, el costo de los alimentos y la precariedad de los servicios públicos, logró transformar la angustia social en vector de una agenda política concreta. Aún en campañas donde se puede gastar dinero sin límite, una billetera abultada no garantiza la victoria cuando el desafiante logra evidenciar que el incumbente está ideológicamente desconectado de los intereses de quienes pretende representar.

Estos éxitos pueden ser poca cosa comparados con la toma del Palacio de Invierno o con las nacionalizaciones laboristas en el Reino Unido de posguerra, pero nos ponen ante un punto de inflexión que marca el fin de un aspecto de la excepcionalidad estadounidense: un sistema político sin izquierda. El mito de la infalibilidad de la política exterior imperial no sólo no ha podido ser resucitado por el guerrerismo de Trump, sino que yace enterrado más profundamente al atarse a las topadoras de Netanyahu. Mientras tanto, algo nuevo, aún incierto, pero innegablemente transformador amenaza con echar raíces. El descrédito de AIPAC puede ser una oportunidad para una relación bilateral que tenga en cuenta el bienestar de los israelíes y no se ocupe de sostener carreras políticas. La política puede volver a ocuparse de que la vida sea para algo más que trabajar. Y es precisamente en esas posibilidades inciertas donde reside, contra todo pronóstico previo, la esperanza.

La soberanía colombiana en juego en la segunda vuelta

2026-07-06T11:31:54.581-03:00

17 de junio de 2026

La historia de las relaciones internacionales latinoamericanas siempre ha sido, en cierto modo, una crónica de la búsqueda de la autonomía frente a un centro de gravedad que no tolera los satélites oscilantes. Lo que estamos presenciando en vísperas de la segunda vuelta de la elección presidencial colombiana es una escenificación dramática de esa historia. La disputa que enfrenta al oficialista Iván Cepeda y al ultraderechista Abelardo De la Espriella puede ser vista como una contienda que opone la reafirmación soberana del país a una propuesta de capitulación estructural.

Cuando Donald Trump, desde la impunidad de su red Truth Social, se permitió anunciar a De la Espriella como su favorito en Colombia, no estaba simplemente «expresando una opinión». Estaba poniendo en práctica una forma de injerencia, un tipo de soberanía delegada que es la que vertebra la Doctrina “Donroe». Esta, a diferencia de la vieja Doctrina Monroe, ya no se viste de decoro diplomático ni manifiesta un respeto pro forma por el principio de autodeterminación. El presidente actúa así porque puede y porque ese candidato favorito está actuando conspicuamente de un modo que licúa el interés nacional de Colombia y lo vuelve un apéndice de la agenda doméstica de los socios de Trump en el sur de la Florida.

De la Espriella, lejos de ser una anomalía, es la encarnación perfecta de este nuevo paradigma. Su candidatura no es solo la de un abogado mediático que capitaliza el descontento; es la de un ciudadano estadounidense que, con la misma naturalidad con la que ejerce su derecho al voto en el distrito 27 de Florida —un bastión republicano representado en Washington por la congresista María Elvira Salazar—, aspira a gestionar los destinos de la nación colombiana. No es un detalle banal que se trate de la primera ocasión en la historia de Colombia que compite como candidato un titular de doble ciudadanía que figura inscrito como republicano en el padrón electoral de EE.UU. De la Espriella ha financiado al partido del elefante con donaciones de cerca de 100 mil dólares, acción que le ha valido una interlocución privilegiada, sin intermediarios, con Marco Rubio, actual Secretario de Estado. Cuando Salazar, con esa vehemencia que caracteriza al lobby cubano-estadounidense de Miami, bendice la candidatura de De la Espriella, no lo hace como una parlamentaria extranjera opinando sobre asuntos locales; lo hace como una accionista que protege una inversión. La relación es, en efecto, circular y cerrada: De la Espriella es el puente, pero también es el peón.

La vocación por servir a los EE.UU. es una inclinación que tiene hondas raíces en la política colombiana y una tradición que sólo se interrumpió nítidamente con la victoria electoral de Gustavo Petro en 2022. Esa orientación fundada en una incondicionalidad con pocos matices es conocida en la literatura de relaciones internacionales como Respice Polum, la locución latina que le pone nombre al principio de «mirar hacia el polo” del poder estadounidense. El curso así fijado de la política exterior colombiana llevó a un alineamiento irrestricto, que hizo que el país, por ejemplo, fuera el único de la región en enviar tropas a la Guerra de Corea. La búsqueda de un paraguas protector se tradujo durante décadas en una fidelidad incondicional, que tuvo su colofón en el Plan Colombia, una de las grandes iniciativas de la así llamada “guerra” de EE.UU. contra las drogas. Aún en su versión más pura, ese esquema nunca dejó de ser una relación de Estado a Estado, asimétrica, sí, pero institucionalizada.

Lo que propone De la Espriella hoy es la degradación de ese Respice Polum. Si antes el alineamiento era una estrategia deliberada de las élites locales para legitimar su poder doméstico mediante la validación externa, ahora se vislumbra como una absorción lisa y llana. La Doctrina “Donroe» es la actualización de este desdén por el ejercicio soberano: ya no se busca un aliado estratégico para un equilibrio global; se busca un gerente local que opere bajo las directrices del movimiento MAGA.

La intervención de Trump no es un tímido o velado apoyo, es una orden de mando. La legitimidad, en este nuevo esquema que se pretende imponer, ya no emana de las urnas en Bogotá, sino de la validación en Mar-a-Lago. No hay pudor porque, en la lógica trumpista, el mundo es un tablero de transacciones y Colombia, si llegara a quedar bajo el mando de una figura como De la Espriella, sería simplemente una pieza más que cambia de manos y ayuda a asegurar que los intereses estadounidenses en la región no sufran sobresaltos.

La relación de De la Espriella con Marco Rubio, confirmada por un encuentro privado entre los dos en enero de 2026, cierra el círculo de esta arquitectura. Rubio, el halcón por excelencia, cuando de América Latina se trata, ve en Colombia no un socio, sino un flanco. La estabilidad política de Colombia, bajo su lógica, se mide exclusivamente en términos de contención ideológica y control de la migración y de seguridad hemisférica. No hay espacio en esta visión para la autonomía de los países del continente ni para aspiraciones a una diplomacia multilateralista.

Mientras Iván Cepeda defiende los logros de la gestión saliente, que entrega una economía en crecimiento, con baja inflación y desempleo cada vez más controlado, el candidato de la extrema derecha hace campaña con la promesa de dolarizar la economía y de facilitar la apertura de cuentas bancarias en dólares en EE.UU. para «protegerse» de una situación local que pinta como imprevisible. La propuesta es casi paródica: la solución a la fragilidad del Estado-nación colombiano es la entrega de los bastiones de política económica a la jurisdicción estadounidense. Es el Respice Polum llevado a su expresión máxima: el «norte» ya no es solo una referencia geopolítica, es el dueño de la caja fuerte.

La elección presidencial de Colombia en 2026 no es un plebiscito sobre el modelo económico ni sobre los matices de la política pública; la radicalidad del planteo de De la Espriella la convierte en un referéndum sobre la continuidad misma del Estado colombiano como entidad soberana. Si el Respice Polum fue, en su momento, la forma que las élites colombianas eligieron para navegar el siglo XX y, sobre todo, la Guerra Fría, la apuesta redoblada por un alineamiento incondicional amenaza la condición independiente del país.

La radicalidad del planteo de la oposición no guarda simetría alguna con la política exterior que heredaría, de prevalecer en la elección, Iván Cepeda. La autonomía que cultivó Petro, una senda que el candidato actual del oficialista Pacto Histórico impulsa seguir transitando, no ha representado una ruptura ni un enfrentamiento con EE.UU. Sin embargo, con Washington erigiendo fronteras ideológicas en lo que cada vez menos desprejuiciadamente llama su patio trasero, esa política exterior colombiana es presentada como una amenaza. No basta con que Petro haya demostrado en su última visita a la Casa Blanca que no se engolosina con un antiimperialismo de púlpito, no es suficiente que enmiende rispideces retóricas preservando la dignidad nacional: sumisión es lo que se le exige y el abanderado de la oposición está dispuesto a ofrecerla.

Es por ello que cuando colombianas y colombianos vuelvan a acudir a las urnas el próximo domingo, no solo estarán eligiendo a Cepeda o a De la Espriella: estarán decidiendo si el país conserva un margen de maniobra propio o si, definitivamente, prefieren que sea gestionado como una sucursal, con las directrices dictadas por un post en una red social. Sin invasión, pero bajo un esquema que está vigente hace cuatro meses en la mitad venezolana de la antigua Gran Colombia. Para Washington la política hemisférica ya no es “exterior”: deja de reconocer fronteras y se involucra en campañas electorales ajenas promoviendo a los cultores de la aquiescencia. Bajo la Doctrina “Donroe”, cuando los progresistas latinoamericanos se enfrentan a la extrema derecha tienen enfrente no solo a adversarios domésticos legítimos, sino a un patrocinador extranjero que blande un garrote grande.

Brasil: Lula frente a la pinza de Trump y la resistencia bolsonarista

2026-06-14T21:20:25.519-03:00

10 de junio de 2026

A menos de cuatro meses de volver a las urnas para definir su próximo presidente, la escena política brasileña está atravesada por continuidades densas y rupturas subterráneas. Quien busque un escenario de pacificación institucional tras el trauma del asalto a los tres poderes en 2023 se encontrará, en cambio, con una guerra de posiciones donde las trincheras se han cavado más hondo. Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta a la última prueba de fuego de su longeva carrera política: demostrar que sigue siendo el único líder capaz de gestionar la complejidad brasileña o asistir al retorno de una extrema derecha que aprendió a sobrevivir —y a organizarse— sin depender de la presencia de Jair Bolsonaro en la boleta electoral.

La fotografía demoscópica de la actualidad refleja una polarización de carácter estructural. Los últimos datos de Datafolha le otorgan a Lula da Silva una intención de voto del 47% en una segunda vuelta, cuatro puntos porcentuales por encima de Flávio Bolsonaro. La extraordinaria resiliencia del líder del PT, electo presidente por primera vez hace 24 años, está apuntalada por el voto del nordeste y de los sectores populares en general.

Sin embargo, las encuestas advierten también que la ventaja del oficialismo se da en un contexto de altísima cristalización del voto, donde el margen de crecimiento es estrecho y el rechazo al gobierno se mantiene firme en torno al 40%. La certeza de que el antilulismo dispone de un piso electoral idéntico al que ostentaba en 2022 es uno de los datos duros de la elección en ciernes. Mientras el triunfo en la primera vuelta que se celebrará el 4 de octubre parece estar al alcance de la mano de Lula, evitar una segunda vuelta se presenta como una cima demasiado alta.

El balance de Lula III: las costuras de un modelo

Para comprender la paridad en el escenario actual, hay que pasar revista al balance de esta tercera gestión de Lula, signada por un pragmatismo obligado a convivir con restricciones severas, tanto internas (en primer lugar, la condición muy minoritaria del PT y de toda la izquierda en el Congreso) como globales.

En materia económica, bajo la conducción del ministro Fernando Haddad, Brasil ha sorteado los vaticinios más agoreros de la ortodoxia, logrando mantener el crecimiento del PIB en márgenes estables y la inflación controlada. La prudencia fiscal ha tranquilizado el ambiente de negocios, pero ha constituido un corset presupuestario que limitó la inversión pública expansiva que caracterizó a los primeros gobiernos de Lula. Hay crecimiento, pero no un boom del consumo como el de la primera década del siglo.

La política social, seguramente (otra vez, siempre) el rubro más destacado del gobierno petista, se centró en suturar las heridas más graves relanzando un Bolsa Família fortalecido e impulsando programas de vivienda popular. Con estas herramientas, el PT ha seguido mejorando paulatinamente la calidad de vida del subproletariado rural y urbano tradicional, aunque sin encontrar un lenguaje para interpelar a los trabajadores informales y de la economía de plataformas, sectores donde el relato del emprendedurismo y la teología de la prosperidad operan como un sentido común crecientemente difundido.

La proyección internacional de Brasil, en la que Lula ha invertido tanto desde la primera vez que llegó a la presidencia, durante el actual mandato logró devolver el país a su rol de promotor de la autonomía del Sur Global y de mediador indispensable en la transición climática. Sin embargo, con Donald Trump al mando en Washington, la colisión ha sido frontal. El fracaso de la diplomacia brasileña en Venezuela ha tenido en la invasión estadounidense a ese país (la primera contra un país de América del Sur) un colofón trágico. Las bases sudamericanas de la proyección global de Brasil se han revelado un fangal y la Doctrina Donroe pone al país en una inédita posición defensiva.

La persistencia bolsonarista y el temblor del Banco Master

Si alguien pensó que el bolsonarismo era un brote psicótico transitorio o que dependía tan sólo de la conexión umbilical con su líder, los hechos demuestran lo contrario: el fenómeno tiene raíces profundas y se apoya sólidamente en la amalgama del poder del agronegocio, el establishment de seguridad y el proselitismo de las denominaciones pentecostales lideradas por los pastores más acaudalados. Boi, bala e bíblia, comparten la B de un bloque social anudado por una ideología coherente, que interpela consistentemente a parte de las clases medias que ven con zozobra un progreso social de los sectores vulnerables que amenaza restarles distinción.

Esas sólidas bases, sin embargo, tiemblan ante el escenario electoral con el escándalo del Banco Master, a cuya quiebra escandalosa están asociadas figuras de la derecha, pero sobre todo, Flávio Bolsonaro, después de la exposición de sus intercambios con el detenido banquero Daniel Vorcaro. El Primer Hijo aparece coordinando un financiamiento de 27 millones de dólares para patrocinar Dark Horse, la biografía cinematográfica de Jair Bolsonaro.

El impacto de este escándalo está alterando la dinámica política. Por un lado, desacredita el relato de la pureza moral frente a la corrupción que se le endilga como inherente al PT. Por el otro puede, tal vez, abrir una brecha para que sectores del Centrão se tienten de presentarse como alternativa de orden sin el lastre de la corrupción del clan carioca.

El factor Trump: geopolítica del terror, aranceles y soberanía

El elemento verdaderamente disruptivo de esta campaña es la Casa Blanca. El regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos ha reconfigurado los términos del debate político en toda América Latina, y Brasil es el teatro de operaciones principal de esa estrategia.

La reciente decisión de Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, de designar los grupos criminales Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas internacionales constituye una intervención directa en la política doméstica brasileña. La medida, tomada desoyendo las protestas formales y los argumentos jurídicos presentados por el gobierno de Lula, fue celebrada abiertamente por Flávio Bolsonaro como un resultado exitoso del pedido en ese sentido que él mismo hizo en su más reciente visita a Washington.

Esta decisión trumpiana tiene consecuencias en tres niveles: valida el relato de la derecha brasileña de que el gobierno del PT carece de control territorial o es cómplice de las facciones criminales; brinda apariencia legal a la injerencia en asuntos de otros estados, prohibida por el derecho internacional, y autoriza a las agencias de inteligencia estadounidenses a extender sus operaciones a territorio brasileño; y viene a complementar la punición arancelaria que Trump ha impuesto a exportaciones siderúrgicas y agrícolas brasileñas, buscando asfixiar la recaudación fiscal de Haddad e intentando forzar a Brasil a distanciarse de los BRICS.

La elección presidencial de Brasil no se limitará a optar entre la continuidad de un elenco gobernante o el regreso de la extrema derecha. Tres preguntas fundamentales que marcarán la fisonomía de América del Sur se pondrán a votación en octubre: ¿Resisten las fuerzas democráticas la presión de una extrema derecha transnacionalizada liderada desde Washington? ¿Tiene el estado brasileño la capacidad de sostener un modelo de desarrollo autónomo e integrado al Sur Global frente a la pinza de las presiones arancelarias y las lógicas punitivas de la «guerra contra el terrorismo» promovidas por EE.UU.? ¿Es posible suturar la fractura social de un país que goza de estabilidad macroeconómica pero que aún necesita tiempo para proteger establemente a las mayorías de la intemperie de la informalidad laboral y la violencia cotidiana?

Es indudable que el lulismo es eficaz administrando el gobierno y que constituye un dique de contención contra la deriva autoritaria, pero enfrenta serias dificultades para ofrecer un horizonte de transformación profunda a una sociedad recorrida por ansiedades de distinto tipo, desde la relacionada a la incertidumbre en la que viven los más vulnerables, hasta la percepción de amenaza por el lento ascenso de los de abajo entre cierta franja de la clase media. Brasil acude a las urnas con desafíos sociales a cuestas, pero sabiendo también que la opción electoral invita a decidir: o un ejercicio pleno de su soberanía nacional o la restauración de un orden conservador que lo prefiere satélite.

Colombia: Cepeda defiende el balance progresista ante una oposición radicalizada

2026-06-02T23:26:49.321-03:00

El balance del mandato de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia colombiana, es una de las principales materias de disputa en la elección presidencial que tendrá lugar este domingo 31 de mayo. Lo que el mandatario saliente planteó como un proyecto de transformación estructural llega a la recta final definido por una compleja combinación de aciertos macroeconómicos, una aguda crisis de seguridad en algunos territorios y viendo emerger el fenómeno político de una opción de extrema derecha encarnada por el abogado Abelardo de la Espriella. En este escenario, la continuidad del progresista Pacto Histórico, con el senador Iván Cepeda como abanderado, no está garantizada, como sí lo está, casi, la realización de un balotaje tres semanas después. Tendrá que superar a un desafiante que puede ser el verdugo de la derecha tradicional en la primera vuelta.

La gestión económica de Gustavo Petro desafió los pronósticos catastrofistas de la oposición, pero también evidenció las limitaciones estructurales del país. El comportamiento de las variables clave ofrece un panorama de estabilización inflacionaria y mejoras en el nivel de empleo acompañado de una severa vulnerabilidad fiscal. Tras el enfriamiento posterior al boom post pandemia, la economía colombiana mostró una moderada resiliencia al registrar un crecimiento del 2,6% del PIB en 2025, en aceleración respecto al relativo estancamiento de 2024.

El mayor éxito de la gestión económica de Petro radica en el control de la inflación. Después de heredar una inercia inflacionaria que alcanzó su pico en marzo de 2023 con un alarmante 13,3% anual, Colombia cerró 2025 con una inflación anual del 5,3%. El mercado de trabajo vio bajar la tasa de desempleo, que se ubicaba en el 10,6% al inicio del mandato, en agosto de 2022, al 8,2% a finales de 2025. Este dinamismo en la ocupación vino acompañado de una política agresiva de transferencias monetarias (como el programa Renta Ciudadana), que logró una reducción histórica de la pobreza de ingresos en el país.

No obstante, el impacto sobre la desigualdad estructural ha sido modesto. Petro logró revertir la tendencia a ensancharse de la brecha durante la gestión de su inmediato predecesor Iván Duque, pero no logró devolverlo a los niveles más bajos de la historia, que se registraron durante el segundo mandato del presidente centrista Juan Manuel Santos. Aunque se hayan registrado leves mejorías estadísticas, atribuibles a los subsidios directos, la profunda brecha entre la Colombia urbana y la rural permanece estancada.

El talón de Aquiles del balance económico del gobierno de izquierda es el déficit fiscal, que se ha ampliado hasta llegar a 6,4% del PIB en 2025 (un déficit primario de 3,5%). Quien sea que esté a cargo del próximo gobierno, heredará un margen de maniobra extremadamente reducido.

Como es de esperar en una país que convivió con un conflicto interno armado generalizado entre 1964 y 2016 y que no ha desterrado definitivamente la violencia, la ciudadanía colombiana va a juzgar a los candidatos por aquello que hayan hecho o están prometiendo hacer al respecto. En materia de seguridad el balance de la estrategia de “Paz Total” desplegada por Petro arroja un saldo mediocre. La ambiciosa estrategia de pacificación simultánea con múltiples actores armados terminó por atomizar el conflicto.

Por un lado, las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sufrieron constantes suspensiones, derivadas de la renuencia de la guerrilla a abandonar el secuestro y las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita. Por otro lado, la fragmentación de las disidencias de las antiguas FARC (divididas entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia) convirtió los ceses al fuego bilaterales en ventanas de oportunidad para que estos grupos expandieran sus estructuras. Entre 2022 y 2025, organizaciones como la Segunda Marquetalia duplicaron su presencia en la Amazonía y los departamentos del litoral Pacífico.

Hay consenso entre parte de los analistas respecto de que el error fundamental de la “Paz Total” fue asumir que el conflicto seguía una lógica vertical de insurgencia contra el Estado. En la práctica, los territorios han vivido una guerra horizontal: enfrentamientos sanguinarios entre el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo por el control de las rutas de narcotráfico y los pasos fronterizos.

El ejemplo más dramático es la región del Catatumbo, donde el choque frontal entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC desató una crisis humanitaria sin precedentes recientes. Para comienzos de 2026, la cifra de desplazados y civiles confinados en esta zona fronteriza rozaba las 100.000 personas, lo que ha erosionado la credibilidad de la promesa de paz de Petro y ha alimentado un hondo resentimiento social en las periferias.

De esa frustración ciudadana se alimenta en parte el fenómeno político de Abelardo de la Espriella y su movimiento Defensores de la Patria. Conocido abogado penalista, lanzó una campaña con una estética y narrativa agresivamente demagógicas, distanciándose del lenguaje de los partidos tradicionales. Su programa político, bajo la insignia de “Patria Milagro”, es un popurrí de las ideas más extremas de la derecha radical contemporánea. Propone una política de seguridad de inspiración bukelista que es, en los hechos, una vuelta de rosca a la “Seguridad Democrática” de la presidencia de Álvaro Uribe. El restyling incluye un despliegue masivo de drones e inteligencia artificial con el que promete alcanzar control territorial pleno en 90 días, la construcción de 10 megacárceles de máxima seguridad y la reanudación inmediata de la fumigación aérea de cultivos ilícitos para erradicar las más de 330.000 hectáreas de coca del país. Todo ello, tras la adopción de la que jura que será su primera medida: la cancelación definitiva de todas las mesas de diálogo de la “Paz Total”.

En materia económica, De la Espriella opta por el menú paleolibertario: motosierra a ministerios y eliminación de entidades regulatorias, y una drástica reducción de impuestos a las empresas para supuestamente alcanzar un crecimiento del PIB del 7% anual.

El ascenso de la extrema derecha —que en los sondeos de mayo de 2026 ya supera el 30% de la intención de voto, entre cinco y diez puntos porcentuales detrás de Iván Cepeda— ha dinamitado la estrategia de la derecha tradicional. El Centro Democrático, partido fundado por Uribe, curiosamente había optado por un perfil moderado, a bastante distancia del talante de su fundador y del de Iván Duque, con una candidata mujer, Paloma Valencia, que se vio rápidamente relegada a un distante tercer lugar en las encuestas (apenas por encima del 10%).

La campaña presidencial del Pacto Histórico, frente a la pérdida de popularidad del planteo petrista de la “Paz Total”, también recalibró su discurso. Aunque se propone como un proyecto de profundización y defensa del legado de Petro, lo hace con un estilo propio que es más que un matiz. Frente a la retórica de mano dura y shock fiscal, Cepeda no se limita a resistir los ataques, sino que plantea una contraofensiva ideológica basada en lo que denomina las “Tres Revoluciones” (ética, socioeconómica y política).

Uno de sus ejes es preservar el legado social del gobierno saliente, para lo que promete la creación del “Banco del Pueblo” para otorgar créditos subsidiados y combatir el flagelo del «gota a gota» (los préstamos informales de los usureros con los que están endeudados millones de colombianos). El Pacto Histórico insiste con una transición energética sin extractivismo y la defensa de Colombia como una «potencia mundial de la vida», rechazando el regreso a las fumigaciones aéreas con glifosato y la reactivación desenfrenada del sector hidrocarburífero que propone su la oposición.

Otro eje es la difícil redefinición de la seguridad. Cepeda evita volver sobre la noción de “Paz Total” y se enfoca en golpear los nodos de lavado de activos y las estructuras financieras de los carteles en las grandes ciudades, más que en la persecución al campesino cultivador: en la búsqueda de una paz con justicia social. Defiende mantener abiertos los canales de negociación con el ELN y las disidencias de las FARC, pero endureciendo la postura estatal y garantizando con la fuerza el cese de hostilidades hacia la población civil.

Finalmente, Cepeda busca movilizar a la opinión pública alertando sobre los riesgos institucionales que representa el auge de la ultraderecha populista. La campaña del Pacto Histórico se esfuerza por emparentar a De la Espriella con Nayib Bukele o Javier Milei, advirtiendo que sus propuestas económicas y de seguridad terminarán por socavar la democracia colombiana, quebrar la división de poderes (por su intención de cerrar la Justicia Especial de Paz) y sumergir al país en un régimen autoritario. Al posicionarse como el candidato de la estabilidad institucional, los derechos humanos y la justicia social, busca no solo retener el voto progresista, sino atraer a sectores de centro y centroderecha que ven con temor la radicalización punitivista de la extrema derecha.

Las elecciones presidenciales de 2026 enfrentan a Colombia a profundas contradicciones. El balance de Gustavo Petro deja un país socialmente más consciente de su deuda de igualdad y económicamente estable, pero territorialmente fragmentado, fiscalmente estresado y fatigado por una violencia que sigue sin ser erradicada.

Las dudas de parte de la ciudadanía no han propiciado el regreso de las élites políticas tradicionales, sino que han pavimentado el camino para una extrema derecha disruptiva, punitiva e ideológica que promete orden a cualquier costo. El electorado acudirá a las urnas no solo para elegir un nuevo gobernante, sino para decidir si profundiza el trabajoso tránsito hacia una democracia más igualitaria o si abraza el experimento de un autoritarismo de mercado de consecuencias institucionales impredecibles.

La vertiginosa erosión de Rodrigo Paz en Bolivia

2026-06-02T23:25:38.279-03:00

Bolivia atraviesa una crisis política y social aguda que rememora otras pasadas que se devoraron gobiernos. Apenas medio año después de la asunción de Rodrigo Paz Pereira como presidente, el paisaje que tiene enfrente es una intrincada red de protestas, bloqueos de carreteras y movilizaciones que amenazan la estabilidad de su gobierno. Lejos de responder a una lógica de oposición partidaria organizada o a los hilos de un único liderazgo indiscutido, las revueltas actuales reflejan un malestar horizontal, multiétnico y multisectorial. En ascuas está la mitad occidental del país, incluida La Paz, mientras que una apacible calma sigue imperando en el oriente.

El desencadenante directo de lo que empieza a parecerse a una insurrección popular fue la promulgación, el 10 de abril, de la ley 1.720 de reconversión de tierras. Presentada por el gobierno como una reforma de corte técnico destinada a modernizar el sector agrario, dinamizar el mercado de suelo y facilitar el acceso al crédito, la norma catalizó un descontento social que subía de temperatura sin alcanzar el hervor.

La ley autorizaba la reclasificación de la pequeña propiedad rural a la categoría de mediana propiedad. Lo que para los tecnócratas de La Paz era un avance que permitiría a los productores utilizar sus tierras como garantía prendaria ante el sistema financiero privado para obtener crédito, fue recibido como una amenaza existencial directa por los campesinos, que vieron puesta en riesgo la inembargabilidad que la Constitución consagra para la pequeña propiedad individual o comunitaria.

Los sindicatos agrarios y las comunidades originarias leyeron la medida como un mecanismo encubierto para propiciar el despojo legal de sus territorios colectivos (Tierras Comunitarias de Origen) en favor de la expansión del agronegocio y los fondos financieros. En lugar de evocar la modernización imaginada por sus promotores, la ley 1.720 evocó el fantasma de la ejecución bancaria y el desalojo, preocupación que se agravó ante la ausencia de un proceso de consulta previa, libre e informada, requisito constitucional para cualquier reforma que altere la gestión del territorio indígena y campesino.

La ley terminó siendo de las más efímeras que haya conocido Bolivia: el 13 de mayo, después de que ambas cámaras del Congreso volvieran sobre sus pasos, Paz promulgó su abrogación. La rapidez con la que se desdijo, sin embargo, no desactivó el conflicto, sino que evidenció la fragilidad del gobierno y atizó la manifestación de otros descontentos sectoriales.

La fisonomía de las protestas destaca por su heterogeneidad. No se trata de un bloque monolítico, sino de una confluencia de sectores con agendas disímiles que terminaron encontrando un enemigo común en la inacción gubernamental. Cada actor de este frente mayormente espontáneo de resistencia tiene su agenda.

Los sindicatos campesinos y organizaciones de las naciones originarias han hecho de la defensa del estatus jurídico de la tierra su bandera principal. Encararon semanas de marchas que recorrieron el país a pie, exigiendo la abrogación de la ley de la discordia. Sus exigencias primigenias, luego, dieron lugar al pedido de destitución de los ministros del área económica y la exigencia de que no se penalicen los bloqueos ni el derecho a la protesta.

La Central Obrera Boliviana (COB) amplió el conflicto mucho más allá del debate agrario. Su movilización denuncia el impacto en los trabajadores de la crisis económica actual, marcada por la escasez de combustibles y la pérdida de poder adquisitivo. La COB exige un plan de emergencia económica, control de precios de la canasta básica y un reajuste salarial urgente que compense la pérdida del poder adquisitivo.

El sector del transporte tuvo sus propias razones para protestar: afectados por filas interminables en las estaciones de servicio y por miles de vehículos inutilizados por la venta de combustibles contaminados, los transportistas urbanos e interdepartamentales paralizaron las principales arterias del país. Sus demandas son prácticas: la normalización en cantidad y con calidad asegurada del abastecimiento de hidrocarburos y la disminución de cargas impositivas. Su paro sectorial y las protestas agrarias simultáneas ahogaron las rutas comerciales del eje central del país, creando una incipiente crisis humanitaria al interrumpir los suministros de alimentos en las grandes ciudades.

La parálisis de Rodrigo Paz y el rápido desgaste institucional

La velocidad con la que se erosionó el capital político de Rodrigo Paz Pereira es sintomática de una incapacidad para interpretar la gramática social de Bolivia. Llegó a la presidencia con un discurso institucionalista, enfocado en el libre mercado y la restauración de las instituciones, pero rápidamente evidenció una notable miopía estratégica. En lugar de aplicar una estrategia de contención y resolver las demandas de manera temprana y mediante instancias de diálogo focalizadas, su gobierno optó por desmerecer las protestas, tildándolas de “reacciones políticas anacrónicas” o “sabotajes del ala radical”.

Al ignorar las alarmas en el sector campesino y subestimar el impacto de la escasez de combustibles en las ciudades, el gobierno permitió que conflictos de distinta naturaleza económica y geográfica fueran madurando en paralelo. Cuando el Ejecutivo finalmente reaccionó, ya era demasiado tarde: las agendas sectoriales se habían amalgamado en un petitorio nacional e intransigente. La falta de mayoría propia en la Asamblea Legislativa Plurinacional terminó de maniatar al presidente, evidenciando una preocupante incapacidad de reacción y negociación antes de que los distintos gremios se unieran en un solo bloque opositor en las calles.

Para entender el laberinto actual, es imprescindible contrastar la gestión de Paz con el modelo de gobernanza aplicado durante casi dos décadas por el Movimiento al Socialismo (MAS). Más allá de su predominio en las urnas durante dos décadas, el MAS puso en juego en la gestión su naturaleza de movimiento de movimientos y no de partido político tradicional. De allí nace una estrategia de coparticipación directa del poder, a través de un sistema de cuotas asignadas a los movimientos sociales. Esa institucionalización de los actores encapsuló el conflicto social dentro del propio aparato del Estado, permitiendo desactivar tensiones antes de que estallaran. El gobierno de Rodrigo Paz no les reservó a estos actores ningún espacio cerca del núcleo de decisiones, devolviéndolos a la intemperie institucional e incentivando la reactivación de la protesta callejera como única herramienta de interlocución con el poder político.

Este fenómeno de conflictividad horizontal y bloqueos masivos no es nuevo; representa, de hecho, el retorno al patrón de comportamiento político que caracterizó a Bolivia entre 2000 y 2005, el turbulento período previo a la primera llegada de Evo Morales a la presidencia. Los paralelismos con el pasado reciente son alarmantes. La espiral de reclamos se ha ido enhebrando de modo inquietantemente similar a lo que pasó durante las llamadas “guerras” del agua (en 2000) y del gas (en 2003).

La dimensión internacional: Washington, la OEA y el factor argentino

Con Donald Trump y Marco Rubio a cargo de la política exterior de Estados Unidos, no pasó mucho tiempo hasta que ese país se pronunció sobre este conflicto doméstico, intentando transformarlo en un tablero de disputas políticas hemisféricas. El propio gobierno de Paz ha escalado su retórica y el ámbito de resolución del conflicto a la arena hemisférica, con el canciller Fernando Aramayo solicitando formalmente la asistencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Esta decisión vierte gasolina adicional en el fuego de las protestas. Para los sectores movilizados, la intervención de la OEA evoca de inmediato el oscuro rol que desempeñó la organización bajo la gestión de su entonces secretario general, Luis Almagro, en 2019, cuando sus cuestionados informes de auditoría electoral catalizaron el pronunciamiento militar que forzó la renuncia de Evo Morales. El pedido de Aramayo es leído por los manifestantes no como una búsqueda de mediación neutral, sino como un llamado al tutelaje extranjero. Es en esa clave, más que en las pretextadas razones humanitarias, que hay que entender el envío de alimentos realizado por el gobierno argentino de Javier Milei.

El gobierno de Rodrigo Paz ha dejado que le cuenten tempranamente las costillas. Exhibe hoy la debilidad de los ejecutivos aislados, que ceden ante la calle pero no logran desactivar el descontento de fondo. El vertiginoso desgaste de su figura en apenas seis meses de gestión evidencia que los mecanismos tradicionales de representación política no alcanzan para contener. Si no logra construir puentes orgánicos con el mundo sindical y campesino, y termina delegando la resolución de su crisis interna en actores extranacionales, el país corre el riesgo de ingresar en un bucle de ingobernabilidad crónica. En Bolivia, el tiempo político no se mide en los relojes de los palacios gubernamentales, sino en la resistencia de los puntos de bloqueo que estrangulan sus carreteras.

Movilización Progresista Global: la paz como condición del bienestar

2026-04-24T12:01:57.364-03:00

“¡Qué frágil y precaria es la paz en la sociedad actual con los gobiernos de hoy!” La Movilización Progresista Global que se lanzó en Barcelona el 16 y 17 de abril pudo haber sido presidida por la exclamación de Jean Jaurès en el discurso que publicó en 1905 en L’Humanité después de que le impidieran entrar en Alemania para darlo en Berlín. La cuestión de la guerra, que tan profundas divisiones causó en la izquierda en todos los rincones del planeta a partir de 1914, esta vez suscitó la necesidad de volver a unirla con todos sus muy distintos colores e intensidades. A partir de la convocatoria del Partido del Socialismo Europeo (PSE) y con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez como enérgico anfitrión, el progresismo finalmente protagoniza un evento que le planta cara a la internacional negra de Donald Trump y sus acólitos.

El PSE que lidera el exprimer ministro socialdemócrata sueco Stefan Löfven logró reunir no sólo a la familia de la Segunda Internacional, hoy dividida entre la Internacional Socialista y la Alianza Progresista, sino al progresismo latinoamericano que se referencia en otro viejo obrero metalúrgico (como Löfven), Lula Da Silva, a los demócratas estadounidenses y grandes partidos de la oleada descolonizadora de posguerra en el sur del mundo, como el Partido del Congreso indio y el Congreso Nacional Africano.

Lejos de la parsimonia rutinaria de otros encuentros, en Barcelona hubo asistencia perfecta del progresismo realmente existente, el que gobierna y el que pretende gobernar, y hubo una exhortación potente y audible que Sánchez puso en palabras: “¡A partir de hoy la vergüenza cambia de bando y lo va a hacer para siempre!”. Bajo esa consigna, el encuentro se propuso plantarle cara a la extrema derecha y también a las derechas tradicionales que van cayendo bajo su influjo. Una de las líderes presentes, la italiana Elly Schlein, viene abogando hace tiempo por “no dejarle el internacionalismo a los nacionalistas”. Desde Barcelona partió con fuerza una iniciativa que empieza a contrastar la hiperactividad que desde hace un lustro monopolizan la Conferencia de Acción Política Conservadora, nacida en Estados Unidos, y el Foro de Madrid, motorizado por los ultramontanos españoles de Vox.

Una agenda pacifista y de reafirmación del derecho internacional va hoy de la mano con una de revitalización de los estados de bienestar y en pro de la justicia tributaria global. En la coyuntura actual, la guerra viene a demandar recursos fiscales que se restan de los fondos para la política social, el cuidado, la educación, la cultura y la ciencia.

Aunque Sánchez brilló como anfitrión, el protagonismo fue colectivo. El equilibrio entre voces del norte y del sur del mundo garantizó el compromiso de figuras como Claudia Sheinbaum, que dejó atrás el aislacionismo en el que se sentía cómodo AMLO. Para Lula, con un liderazgo regional dañado tras el zarpazo trumpiano a Venezuela, Barcelona fue una ocasión para reverdecer su estatura global, apuntalado por la presencia del colombiano Gustavo Petro, el uruguayo Yamandú Orsi y el chileno Gabriel Boric. La familia progresista también acogió y ofreció destaque al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien la ocasión también le sirvió para proyectarse hacia una liga internacional de máxima relevancia.

El mundo de la prepotencia sin orden que llega a su paroxismo con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es la realidad contra la que se recorta el proceso que la reunión activó. Contrariamente a la primera guerra mundial que provocó uno de los grandes cismas históricos de la izquierda, entre quienes permanecieron inconmoviblemente pacifistas y quienes se sumaron al esfuerzo bélico de sus países, la guerra de elección de Trump encuentra a todos los progresistas en el mismo campo. Con Sánchez como portaestandarte en Europa, despunta un movimiento por la paz que el progresismo puede abrazar sin dejarse resquebrajar por las tensiones que lo dividieron cada vez que tronaron las armas, fuera en Afganistán o en Sarajevo.

Una agenda pacifista y de reafirmación del derecho internacional va hoy de la mano con una de revitalización de los estados de bienestar y en pro de la justicia tributaria global. El pacifismo nunca fue una forma de idealismo. En la formulación del pionero del socialismo francés, solamente “en paz el crecimiento de la democracia y el socialismo es seguro”. En la coyuntura actual, la guerra viene a demandar recursos fiscales que se restan de los fondos para la política social, el cuidado, la educación, la cultura y la ciencia. Los conservadores, en la voz del canciller alemán Friedrich Merz, ya han sido explícitos en su planteo de que el esfuerzo de defensa europeo que requiere la guerra en Ucrania y la retirada del paraguas defensivo estadounidense no puede llevarse a cabo sin recortar en esas áreas.

La erosión de la legitimidad democrática y la emergencia de las extremas derechas está estrechamente asociada al deterioro de la política social y a un ascensor social que ya lleva décadas fuera de servicio. La guerra le provee a la derecha el pretexto para profundizar recortes que refuerzan un círculo vicioso. En la base de las demandas en las que se embandera el discurso de las derechas radicales hay un chauvinismo del bienestar, que pretende negarle a los inmigrantes el acceso a beneficios (que éstos empiezan a pagar en forma de IVA apenas llegan a sus países de acogida). A poco de andar, ese chauvinismo aúpa al poder a fuerzas que terminan négandole derechos a todos, sin distinguir estatus migratorio.

La cuestión de la paz, tal como fue declinada en los discursos en Barcelona, está atada a la cuestión de la justicia social. La presidenta mexicana citó una máxima de Benito Juárez, de quien subrayó su condición de indígena zapoteco: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Es decir, la paz tiene una dimensión internacional, pero también doméstica y su precondición es el reconocimiento de la dignidad de los estados y de las personas. Lula lo dijo haciendo una pregunta nada retórica: “¿El pobre va a pagar por la irresponsabilidad de la guerras?”

La reunión de Barcelona planteó cosas que requieren reunir una masa crítica imponente para ser llevadas a la práctica. En ese sentido, la presencia de Tim Walz, candidato derrotado a la vicepresidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, muestra un compromiso de esa organización, una gran carpa donde muchos progresistas conviven con muchos liberal-conservadores, que es altamente inusual. Más que la presencia por videoconferencia del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani y del senador socialista Bernie Sanders, hecho esperable y natural en una convocatoria de la izquierda democrática, que una figura del mainstream partidario como el todavía gobernador de Minnesota estuviera presente puede marcar un hito de acumulación de fuerzas. La crítica de la guerra, con esas espaldas, puede estar más cerca de transformarse a mediano plazo en un veto efectivo a las aventuras bélicas.

Para la crónica argentina del evento vale anotar que además de Kicillof, estuvo en Barcelona Esteban Paulón, coordinador de la Alianza Progresista de las Américas y, como tal, integrante del núcleo organizador de la Movilización Progresista Global. Como es notorio, se trata de figuras que representan espacios que no están unidos por una alianza común en el país. Queda abierta la pregunta de cómo podría traducirse al argentino la propuesta y el impulso que provienen de Barcelona.

En la era más reciente de la globalización, las grandes movilizaciones globales en pro de una agenda pacifista, transformadora, ambientalista, feminista habían tenido su origen en la sociedad civil. Con antecedentes como el movimiento contra la guerra de Vietnam o las protestas contra los misiles estadounidenses en Europa, el último movimiento a escala planetaria se había condensado, después de las “batallas” de Seattle, Quebec y Génova, en el Foro Social Mundial, durante la primera década de este siglo. Esta vez son los partidos progresistas los que lanzan el desafío. Queda por verse si se trata de un brote episódico de internacionalismo o si, volviendo siempre a Jaurès, el progresismo recupera «el coraje de actuar y entregarse a las grandes causas sin saber qué recompensa reserva a nuestro esfuerzo el universo profundo, ni si le reserva una recompensa».

Publicado originalmente en la web de noticias y análisis 4 Palabras.

Maduro y parte de la oposición venezolana, de nuevo cara a cara

2021-10-07T21:30:00.000-03:00

Diálogo en México, apatía en Venezuela

En El Tribuno, Salta, 18 de septiembre de 2021

Por Gabriel Puricelli

Con la duda acerca de cuánta vocación tienen las partes de alcanzar algún acuerdo, el 13 de agosto se abrieron en México negociaciones sobre el futuro de Venezuela entre el gobierno de Nicolás Maduro y el sector de la oposición que encabeza quien fuera proclamado "presidente encargado" por la Asamblea Nacional cuyo mandato caducó en 2020, Juan Guaidó. Las posiciones de máxima con las que llegan son el levantamiento de todas las sanciones económicas internacionales y la realización de nuevas elecciones presidenciales sin proscripciones y con observadores internacionales, respectivamente.

No es la primera vez que ambos sectores sostienen un diálogo, pero las rondas anteriores, siempre con el rol facilitador de Noruega, se interrumpieron sin alcanzar resultados. Sin embargo, los cambios que han ocurrido en Venezuela y en el mundo desde la última vez que ambos bandos se vieron las caras hacen poco prudente anticipar que se vaya a repetir el fracaso.

Consultada para este artículo, Marisela Betancourt, politóloga de la Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela), sostiene que estamos ante el reinicio de "un viejo diálogo frente a un nuevo país".
Para la analista, hay un contraste marcado entre las condiciones en las que se dio el diálogo en República Dominicana en 2018 y las que rodean el que está empezando este año. Betancourt describe la Venezuela de hace tres años como "un país muy polarizado, con una oposición muy activa fortalecida por un año previo de mucha violencia política, durante el que ocurrieron las últimas protestas callejeras masivas hasta la fecha y que se hallaba en el pico del éxodo migratorio".

Frente a ese contrincante empoderado, el chavismo eligió levantarse de la mesa y apuntar al corazón de su debilidad: la fragmentación interna y la falta de criterio común sobre la participación electoral.
Por ello pateó el tablero de la negociación y llamó a elecciones anticipadas, en las que su único adversario real terminó siendo una abstención, que se revelaría impotente.

Betancourt describe la Venezuela de 2021 como un país que se comporta muy distinto: "Una sociedad pasiva, despolitizada, frustrada, volcada hacia la supervivencia, donde el 54% (según una encuesta de Datanálisis) percibe una mejora relativa de la calidad de vida respecto de 2018 y donde baja la polarización porque la gente ha tenido que coexistir para sobrevivir a la penuria económica".

Entretanto, la división de una oposición que solo pudo derrotar al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con la unidad más amplia, se ha consolidado. Así, Maduro ha podido tener negociaciones parciales que le han permitido remendar su maltrecha legitimidad. Por un lado, acordó con la Alianza Democrática, minoría en la Asamblea Nacional electa en 2020 con la participación de solo una franja de la oposición, una nueva composición del Consejo Nacional Electoral. El chavismo retiene una mayoría de tres, pero incorpora a dos miembros de reconocido perfil opositor. Por el otro, acordó con su adversario en las elecciones de 2015, Henrique Capriles, la liberación de 50 presos políticos y el cese de la persecución contra 60 opositores. Con esta última concesión se aseguró de que Capriles se sumara al cada vez más amplio campo de los opositores, que se niegan a reincidir en la táctica de la abstención y anunciará su participación en las elecciones regionales y locales que deben tener lugar en noviembre próximo.

Ahora bien, también hay fisuras en el PSUV. En efecto, el 8 de agosto se celebraron elecciones primarias para seleccionar los candidatos del partido en el poder para las elecciones del 21 de noviembre y hubo un enfrentamiento en todos los niveles entre los candidatos apoyados por Maduro y los sostenidos por Diosdado Cabello. Aunque prevalecieron los del bando madurista, los seguidores de Cabello cuestionaron la validez de los resultados en varios estados, echando sombra sobre el éxito relativo de una votación que convocó a tres millones y medio de ciudadanos. El retroceso electoral del expresidente de la Asamblea Nacional sucede a un debilitamiento de sus apoyos entre los militares, uno de los pilares del régimen autoritario del cual Cabello fue cabeza visible desde la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013. Su ocaso relativo puede ser un factor que facilite acuerdos en México.

Otro elemento de la coyuntura actual sobrevuela el reinicio de esta vieja negociación: los bandos que negocian en México llegan igualmente desvalidos en cuanto a apoyo popular en Venezuela. Según una encuesta de la firma Datincorp de principios de agosto, 63% de los venezolanos se declara "nada satisfechos" con el desempeño de Maduro y 77% dice lo mismo del accionar de Guaidó. Con esos números a la vista, sorprende poco que la politóloga Betancourt describa como apática la reacción de los venezolanos de a pie a la noticia del reinicio del diálogo.

El último factor a mencionar es el cambio de gobierno en EEUU. Como dijimos al principio, Maduro pretende que el diálogo resulte en el levantamiento de las sanciones internacionales, las más gravosas de las cuales son medidas unilaterales estadounidenses. Aunque (con un ojo en el exilio venezolano en Florida) Biden no quiere ser visto como blando con Maduro, su preferencia sería disminuir la tensión con Venezuela y solo alguna mejora en la situación de derechos humanos allí y un enderezamiento de las reglas electorales le permitiría relajar las sanciones sin pagar costos domésticos.

El presidente del gobierno italiano, Giulio Andreotti, supo decir que el poder desgasta al que no lo tiene. Las condiciones en que se sientan los de Maduro y los de Guaidó a la mesa tendida en México parecen adecuarse a esa máxima. Está por verse si Maduro se convence de que la preservación parcial de ese poder hoy pasa por aceptar un paulatino retorno a la democracia.

Impeachment: ¿más problema para los demócratas que para Trump?

2019-07-08T14:46:00.001-03:00

La amenaza de impeachment que beneficia a Trump

En revista Replanteo de Junio de 2019

Por Gabriel Puricelli*

Hay una expresión del idioma inglés que no es fácilmente traducible al español: “he’s all over the place”. Se usa para referirse a alguien cuya conducta es inasible, que está envuelto en demasiados asuntos y el sentido de cuyas acciones es difícil de discernir. Probablemente no haya en nuestro idioma un modo de captar mejor la coyuntura que atraviesa el presidente de los EE.UU.: Donald Trump is all over the place.

Las semanas que han transcurrido desde la publicación del informe del fiscal especial Robert Mueller han sido trepidantes. Una lista incompleta nos muestra que Trump no sólo se ha esforzado mediante múltiples intervenciones públicas en imponer su lectura del durísimo informe, sino que ha desplegado una estrategia de comunicación defensiva centrada en victimizarse, ha disparado salvas en su intermitente guerra comercial con China, ha viajado al Reino Unido para ser agasajado en el palacio y repudiado en la calle, ha tratado de convencer al mundo de que Irán está incendiando buques-tanque petroleros en el Golfo Pérsico y ha intentado chantajear a México para forzarlo a ser la policía migratoria de los EE.UU. Ante el desafío de capturar en pocas líneas semejante variedad de asuntos, vamos optar módicamente por analizar las secuelas del informe Mueller, y vamos a tomarlo como punto de apoyo para tratar de entender las nuevas reglas que rigen la relación entre el Partido Republicano trumpizado y sus adversarios demócratas.

La publicación de las conclusiones a las que llegó el fiscal especial encargado de determinar si los intentos de Rusia de influenciar el resultado de las elecciones de noviembre de 2016 contó con la colusión del beneficiario de esos intentos, es un momento de la máxima significación para el actual presidente. Obsesionado por ratificar la legitimidad de su acceso a la presidencia, aún después de obtener casi tres millones de votos menos que su contrincante por el entonces oficialismo, Hillary Clinton, Trump ha machacado con la idea de que el informe demostró que no hubo ni colusión, ni obstrucción de justicia. Cuando niega lo primero, sostiene haber ganado las elecciones limpiamente. Cuando rechaza lo segundo, se pone a cubierto de uno de los tres delitos por los cuales fue destituido por el Congreso Richard Nixon. Tricky Dick fue sometido a juicio político, recordemos, por obstrucción de justicia, abuso de poder, y desacato al Congreso.

Lo cierto es que Trump esquiva la bala del informe Mueller porque el fiscal especial tiene las manos atadas por la política impuesta por el Departamento de Justicia, del que es funcionario, de no acusar penalmente al presidente en ejercicio. El informe, sin embargo, es clarísimo al señalar que las conclusiones allí expuestas pueden servir al Congreso para imponer el remedio del impeachment. Y allí, en la posibilidad del juicio político, se abre otra controversia. Concebido como remedio constitucional para lidiar con presidentes a los que el traje de la república les queda chico, en la coyuntura actual se ha vuelto un veneno político para la oposición demócrata. Lejos están los días en que una decisión de tanta gravedad podía concitar apoyos en los dos (únicos) partidos representados en el Congreso: los siete republicanos que se sumaron a la mayoría demócrata para iniciar en 1972 el proceso de destitución de Richard Nixon no aparecen (ni aparecerán) por ningún lado. Trump ha trabajado con enorme éxito para destruir todo terreno común que pudiera existir entre republicanos y demócratas y se ha asegurado de que la adhesión y el respeto a la ley y a las reglas del juego democrático sean una consideración subordinada por completo a los intereses de partido. Con la muerte del último senador republicano con juego propio, John McCain (quien se aseguró de que Trump no estuviera invitado a sus funerales), se evaporó el último vestigio de cualquier inclinación entre los miembros de ese partido hacia el bipartisanship. Ese espíritu de acuerdo bipartidario en ciertos temas fundamentales, otrora invocado por dirigentes en ambas orillas de la distinción política estadounidense es hoy una palabra que aflora frecuentemente a los labios de los demócratas pero que ha sido desterrada del lenguaje del Grand Old Party. Trump lo sabe bien. Cuenta con ello.

El presidente sabe también que él se ha transformado en el gran elector de sus correligionarios en sus respectivos distritos: la amenaza de su excomunicación puede desbaratar precarias mayorías en varios lugares. Bajo ese yugo se extinguen todas las posibles virtudes de sus senadores y representantes. A ello hay que agregar lo que la ciencia política llama gerrymandering, el dibujo caprichoso de cientos de distritos electorales, cuyas fronteras han sido diseñadas a medida de la elección sin competencia de muchos miembros de la cámara baja: ello facilita la elección de extremistas y fundamentalistas que no están obligados a contrastar sus posturas con ningún candidato más moderado. Entre temerosos que se pliegan por necesidad a las posiciones de Trump y ultras electos y reelectos casi sin competencia, la mesa está servida para la radicalización ideológica y el hiperpartidismo, los dos sabores de helado favoritos del actual presidente.

Por otra parte, el Partido Republicano tiende a encoger al compás de la declinación demográfica de su electorado, lo que lo empuja cada vez más a actuar con la mentalidad de quien está sitiado y defiende su fortificación, sin que nada más importe. En ese contexto, es casi imposible imaginar una fisura que haga ceder el dique de la mayoría republicana en el Senado, sin la cual un juicio político, aún si pudiera ser iniciado por la Cámara de Representantes, donde mandan los demócratas, está condenado a la esterilidad.

Para los demócratas no resulta fácil aprovechar las municiones que les provee el informe Mueller, por razones que en muchos casos son las opuestas a las que determinan la conducta de sus contrincantes. Aunque la demografía está de su lado (aumenta el número de latinos y otras minorías que votan desproporcionadamente por ellos), el gerrymandering y las medidas para restringir el derecho a elegir que vienen impulsando hace más de una década sus adversarios hacen que eso no tenga una traducción automática en votos. Más aún, con el sistema de Colegio Electoral, ya van dos elecciones en este siglo donde obtener más sufragios no ha servido para alcanzar la presidencia. Por otra parte, así como los republicanos se angostan ideológicamente y se corren a la derecha, los demócratas se ensanchan y ya no abarcan simplemente una franja entre el centro y la centroderecha, sino que se quedan con todo el resto de la centroderecha que abandonan los republicanos e incorporan una franja de centroizquierda que se compone de antiguos independientes, nuevos votantes y dirigentes tradicionales que vuelven a abrevar en las fuentes del New Deal rooseveltiano y el proyecto de la Great Society de Lyndon B. Johnson, abandonadas (salvo por unos pocos) durante los años del centrismo de Clinton y de Obama. Encontrar una agenda que promedie los intereses y valores de los vecinos de suburbios que van abandonando el voto tradicional a los republicanos, de los granjeros del medio oeste, de los sindicatos industriales y de las jóvenes generaciones de las grandes metrópolis con sus demandas (no sólo) posmaterialistas es una tarea muy difícil. Ello provoca a veces fracturas y (más frecuentemente) una parálisis táctica que impide aprovechar los errores del adversario. Agreguemos el ingrediente de una dirigencia parlamentaria que es una herencia de la etapa centrista y que se aferra a la búsqueda de consensos que se han vuelto imposibles por el total desinterés que muestran los republicanos. La cuestión del juicio político a Trump es el tema perfecto para hacer aflorar esos problemas. Por un lado, están quienes se inclinan por impulsarlo, con el sencillo argumento de que las violaciones de la ley que ha cometido Trump son más que suficientes para requerir ese remedio. Las más de las veces se trata de dirigentes que tienen la reelección asegurada en distritos donde los republicanos han encogido hasta ser testimoniales. Por otro lado, están quienes consideran arriesgado ese camino, porque podría galvanizar a los republicanos y complicar las chances de reelección de muchos demócratas en distritos competitivos o que tienen tradición de voto cruzado: a un partido distinto en cada categoría a elegir. Los primeros tienden a pensar que la elección presidencial de 2020 ya está ganada, los segundos, que hay una cuesta empinada que subir para ganar el Colegio Electoral.

La indefinición demócrata beneficia a Trump en un nivel obvio: esquiva de momento la amenaza de destitución. Pero, más crucialmente, lo beneficia en otro: lo mantiene en el centro de la escena. Que la palabra impeachment esté en el aire le permite jugar a la victimización, a mostrarse en el lugar más paradójico posible para el líder más fuerte del mundo: el de perseguido. Trump tiene otra ventaja estratégica, que deriva del angostamiento ideológico de su base: le resulta más sencillo representar a un electorado más homogéneo. Esto se ve reforzado por otra cuestión en la que Trump se desmarca por completo de sus adversarios y de sus predecesores: está exclusivamente preocupado por representar y no (o no mucho) por gobernar. Vale decir, para Trump no importa en lo más mínimo no haber contado con la aprobación mayoritaria de la opinión pública desde el inicio de su gestión. Al contrario de cualquiera de sus predecesores, que no sólo gozaron por momentos de tasas de aprobación por encima de los votos obtenidos, sino que calibraron sus acciones de gobierno para tratar de alcanzar esas tasas, Trump está convencido de que para ejercer el poder basta con haber sido electo y con mantener luego la adhesión de los propios. Ese es el new normal al que sus adversarios no logran adaptarse. Trump les propone un duelo a muerte que los demócratas eluden porque entienden que la radicalización del enfrentamiento lo beneficia a él, pero al rehuirlo le facilitan salirse con la suya. En política no hay un árbitro para pitar las faltas contra las reglas de juego de ningún jugador: cuando hay un jugador que espera eso, el otro jugador probablemente se beneficie de la violación de las reglas, más aún si está convencido de que no hay tal violación, sino simplemente unas reglas nuevas: es problema es del adversario si no está anoticiado de que eso es así.

Las críticas a Trump, por cierto, no caen en el vacío. Los demócratas también satisfacen la necesidad de representación de su propio electorado al realizarlas. Pero su incapacidad de hacer algo decisivo al respecto los pone en el rincón de la impotencia frente a un presidente que hace lo que se le antoja o, para ser precisos, que hace lo que favorece a intereses particulares, sin mayor consideración por alguna noción que pueda pasar por bien común.

El juego tiene mucho de ruleta rusa, pero tal vez se esté jugando con un revólver con el tambor vacío. Nada le garantiza a Trump su reelección en noviembre de 2020, pero su capacidad de representar a una minoría electoralmente viable (una cuyo voto puede lograr la mayoría en el Colegio Electoral que elige presidente) le pone un piso alto a los demócratas. Esa capacidad de representación resiste casi impertérrita impugnaciones (como las que fundamenta el lapidario informe Mueller) que en el pasado hubieran herido de muerte a cualquier político de cualquier rango: cuando tanto los demócratas como la prensa liberal machaca con la colusión con Rusia, los efectos no tienen nada que ver con los que causaba el anticomunismo hasta la caída del Muro de Berlín y tampoco parecen importar mucho las inconductas presidenciales de otro tipo. La hiperpartidización conlleva la disculpa instantánea de los errores del bando propio y el blindaje ante las críticas de los ajenos. El anticomunismo o el reproche a Nixon funcionaron porque había bipartisanship. Cuanto más demoren los demócratas en entender esto, más energía desperdiciarán en pegarle a Trump en donde ni a él ni a su electorado les duele.

* Coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.

Trump herido, pero no de muerte

2018-11-11T22:39:00.000-03:00

La ola azul no liquida a Trump
Domingo 11 de noviembre de 2018
Por Gabriel Puricelli

¿Lo que no me mata, me fortalece? Por detrás de la furia indisimulada con la que Trump ha enfrentado a la prensa para ostentar lo que pretende se le reconozca como una “victoria” el 6 de noviembre es fácil adivinar las dudas que lo asaltan. Si nos atenemos a los hechos, la toma de control por el Partido Demócrata de la Cámara de Representantes mortifica al presidente en primer lugar por el poder que ésta tiene de citarlo a declarar en cualquier investigación que se lleve adelante sobre su desempeño. Eso es lo que explica la velocidad relampagueante con que se deshizo del Fiscal General Jeff Sessions, a quien hace meses venía criticando por no poner obstáculos a la investigación del fiscal especial Robert Müller, y su reemplazo interino por Matthew Whitaker, quien ha hecho saber que no cree que los representantes tengan derecho a citar al jefe de estado.

Aún perdiendo por amplio margen en el voto popular, el Partido Republicano mantuvo el control del Senado. Como el recuento de los votos enviados por correo no termina aún en tres estados, no sabemos con qué margen de bancas: hasta el momento, aumentó en dos su ventaja. Con ello, Trump se asegura que no será destituido por un juicio político, ya que los dos tercios de votos senatoriales son inalcanzables, no sólo porque los republicanos son más, sino porque ahora hay más trumpistas entre ellos. Aún despejada esa duda, el presidente está fastidiado porque en la cámara baja habrá número hipotético suficiente para acosarlo non stop con investigaciones hasta noviembre de 2020, cuando él se imagina batallando por su reelección.

La temida ola azul se materializó con el cambio de color de 31 bancas en la cámara baja. El Partido Demócrata amplió a 7,1% la ventaja en el voto popular del 2,1% que había obtenido en la elección presidencial de 2016 y ganó en los tres estados que volcaron el Colegio Electoral en favor de Trump hace dos años: Pensilvania, Wisconsin y Michigan. La oposición no sólo aumenta sus bancas (cosa que es bastante común en las elecciones a mitad del mandato presidencial), sino que lo hace con números entre los más altos para el Partido Demócrata en este tipo de elecciones. En las elecciones en los estados, no sólo le ha arrebatado siete gobernaciones a los republicanos, sino que ha avanzado en casi todas las legislaturas y ha estado tan cerca en Florida y Georgia que todavía no se ha podido oficializar un ganador en ninguno de esos dos estados. Incluso en un lugar donde los demócratas no lograron ganar un abanca en el Senado, como en Texas, tuvieron un candidato viable por primera vez en décadas.

Aunque sólo un líder con la arrogancia y el narcisismo de Trump podría calificar de “victoria” este escenario, tampoco se puede sostener que su evidente derrota sea el fin de su proyecto político. Para nada. En primer lugar, hay que decir que dos de los cuatro objetivos de máxima de su presidencia conservadora ya fueron alcanzados antes de esta elección: imponer una mayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia (que puede durar décadas, dada la juventud relativa de los dos nueves jueces que nombró Trump) y la baja dramática de los impuestos a los ricos. El tercer objetivo, una renovación masiva de la infraestructura del país, tal vez se haya vuelto más sencillo ahora que los demócratas controlan la cámara baja: seguramente se quejarán menos de los nuevos gastos presupuestarios que esto implicará de lo que se hubieran quejado los republicanos más conservadores en lo fiscal. En definitiva, sólo uno de los objetivos de máxima de Trump 2016 ha quedado definitivamente fuera de su alcance: le eliminación de la reforma del seguro de salud, el Obamacare.

¿Hacia dónde irá el Partido Demócrata? Nuevas y reforzadas caras de izquierda (desde Alexandria Ocasio-Cortez hasta Bernie Sanders) convivirán en el nuevo congreso con demócratas que lograron hacerse elegir en distritos conservadores prometiendo que no habrá control de armas y haciendo profesión de fe contraria al aborto legal. Ha habido más de una receta para ganar nuevas bancas y eso le ha dado al partido un gran triunfo. Sin embargo, ello no resuelve la fórmula para ganar, con una única receta nacional, frente a un Trump cuyo apoyo no se ha desfondado y que seguirá teniendo a favor una economía que lo ayudó a no ser arrasado esta vez y que no se debe descartar que lo ayude a volver a ganar en 2020.

Brasil: la democracia, rehén de los jueces

2018-03-12T00:31:00.002-03:00

El Brasil de la heliastrocracia
11 de marzo de 2018
Por Gabriel Puricelli

El 27 de febrero, en una larga conversación con una de sus más duras críticas en la prensa, Mônica Bergamo, que la Folha de São Paulo publicó dos días después, Lula se definió, trágico, como “un hombre que sabe lo que le espera”. Exactamente una semana después, el Tribunal Superior de Justicia confirmaba esa convicción del ex-presidente brasileño, rechazando el hábeas corpus preventivo presentado por sus abogados para que se le asegurara que no enfrentará prisión hasta que la última instancia judicial haya revisado la condena de primera y segunda instancia que pesa sobre él por “corrupción pasiva y lavado de dinero”.

La democracia en Brasil camina por una cornisa que se angosta cada vez más y cada decisión judicial en el proceso al líder del Partido de los Trabajadores la acerca más al precipicio. Lula carece de cualquier privilegio para hacer frente a sus acusadores, pero es el hombre que lidera (sin siquiera la sombra de un perseguidor cercano) las encuestas de opinión para la elección presidencial de octubre. No está aquí en discusión simplemente el futuro de un viejo líder. Si hiciera falta aclararlo, no se trata de un hombre providencial, si es que los hombres providenciales existen. Lo que está en riesgo es la posibilidad de que la palabra del soberano, del pueblo brasileño, ponga un cierre a un proceso de deterioro de la legitimidad democrática en el país que arrancó con la destitución de Dilma y se profundiza cada día que el gobierno que la sucedió lleva adelante su acción con el apoyo de menos del 5% de la población.

En tanto el juicio político a Dilma fue el camino constitucional que el Congreso encontró para forzar un cambio de gobierno sin consultar a los brasileños en las urnas, sólo una nueva consulta podrá enderezar ese grosero ultraje al espíritu constitucional y democrático. Si en esa consulta no compite, para ganar o para ser derrotado, el candidato que seguidores y detractores saben que es el que cuenta con más apoyo, quien sea que gane las elecciones de octubre arrancará su mandato con un déficit de legitimidad parecido al que tiene hoy el pentacampeón de la impopularidad, Michel Temer.

No cabe duda de que el Partido de los Trabajadores gobernó mediante una alianza con sectores de centroderecha y derecha que se mantuvo unida, en parte, mediante un mecanismo ilegal (fisiológico, dicen en Brasil) de compra y recompra de la lealtad de sus parlamentarios. Hay evidencia, también, de que cuadros del propio PT participaron del cobro de esos peajes espurios. De más está decir que cada acto de corrupción probado merece su condena en sede judicial. Sin embargo, el juicio sobre la obra de gobierno que se llevó adelante usando esos, entre otros mecanismos (incluyendo todos los legales en manos de los gobernantes), le cabe sólo al soberano. Esta piedra basal de la democracia ha sido removida en Brasil para implantar lo que llamaremos una heliastocracia, un régimen donde los jueces (los heliastas en la Grecia clásica) se arrogan el monopolio de la decisión de quién puede ser candidato con el procedimiento penal como mera coartada. Con un poco de pereza intelectual, a ese nuevo régimen que tiene como mascarón de proa a Sergio Moro, juez de esa jurisdicción, se lo llama República de Curitiba, olvidando que en ausencia de poderes equilibrantes no se puede hablar de república. Y los jueces (y el ministerio público fiscal) escapan hoy a cualquier forma de control proporcionado de parte de los otros dos poderes, reducidos a ruinas por acciones propias y por una estrategia deliberada de demolición de los propios jueces.

En manos de ellos está hoy permitir o no que la elección presidencial sea un ejercicio de regeneración y de retorno pleno a la democracia.

La France, comme si de rien n'était

2017-05-09T08:40:00.004-03:00

Macron: la continuidad por toda novedad
Martes 9 de mayo de 2017
Por Gabriel Puricelli

La victoria contundente de Emmanuel Macron contiene menos novedad de lo que el nuevo presidente de Francia querría admitir. No se trata del primer adulto joven en llegar a un cargo tan importante en un país tan relevante (baste pensar en Bill Clinton o en Tony Blair, que al llegar al poder tenían una edad cercana a la de este nuevo líder del G7). No se trata de una plataforma de ruptura con el gobierno actual. En fin, su movimiento En Marche! no es mucho más que un reagrupamiento transversal de políticos profesionales.

Para una elección durante cuya primera vuelta quedó en evidencia la soledad política en medio de la cual expiraba el quinquenio de François Hollande, que su sucesor sea quien fue su ministro de Economía es una paradoja curiosa y es la evidencia más elocuente de la continuidad inesperada que encarna Macron.

Tampoco podemos pasar por alto cómo un énarque reemplaza en la presidencia a otro: la Escuela Nacional de Administración, una de las grandes escuelas terciarias de Francia, concebida para surtir de cuadros de dirección al estado vuelve a contar con uno de los suyos en el vértice de la nación, el cuarto de la V República, después de Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac y el presidente saliente.

Lo que en televisión aparece como frescura y novedad puede ser en realidad el fruto orgánico de un orden para el que las elecciones son el momento de plebiscitarse. Es cierto que la segunda vuelta entre Macron y Marine Le Pen es la primera de la que están ausentes los campos tradicionales de la política democrática francesa, pero es la segunda, después de 2002, en la que la política tradicional (esta vez con parte de esos dos campos fundidos en un candidato que intenta “promediarlos”) y con ella su élite, se plebiscitan frente al desafío antisistema, primero, del fascismo crudo de Jean-Marie Le Pen y, esta vez, de la versión bajas calorías de lo mismo dirigida por la hija de aquel. En el caso de Chirac, el plebiscito no sólo fue contundente (más del 80% de los votos), sino que la elección indicó una clara dirección de centroderecha para el futuro gobierno, sin el embrollo de la cohabitación esquizofrénica Mitterrand-Chirac o Chirac-Jospin. Esta vez, con Macron, figura principal de un movimiento embrionario que tanto podrá consolidarse como sufrir su primer derrota en las elecciones parlamentarias de junio, recibe un mandato más débil dada la caída de la participación electoral, la casi duplicación de los votos del Frente Nacional respecto de 2002 y la naturaleza híbrida de su mensaje ideológico.

La elección de Macron, en fin, es una reivindicación tardía de Dominique Strauss-Kahn, el referente socialista que se encaminaba a una coronación en primera vuelta en 2012 hasta que se descalificó a sí mismo con un intento de violación de una mucama de un hotel de Nueva York. En un curioso juego de espejos, así como el libertino socialista que todos conocían y ansiaban votar en el turno anterior quedó fuera de carrera por un crimen intolerable, esta vez fue François Fillon, el mojigato abanderado del conservadurismo católico, el que se autoeliminó cuando emergió a la luz su ejercicio del nepotismo y su enriquecimiento a costa de los contribuyentes. El camino que se le cerró en 2012 al primer exponente realmente popular de la corriente social-liberal del Partido Socialista, se le despejó en 2017 a su hijo putativo, que tuvo que abandonar un Partido Socialista (averiado por la adopción de las tesis social-liberales como doctrina de gobierno) para poder lanzarse al ruedo.

Tal como lo supo prontamente Hollande en 2012, los dados de la fortuna pueden mostrar el día de la elección sus caras ideales, pero no se puede esperar que caigan del lado correcto cada día de gobierno. El presidente saliente nunca superó su condición de presidente par défaut, de hombre que llegó al Elíseo en lugar de otro, de alguien que se benefició no sólo del derrape del corredor más veloz, sino de correr contra un predecesor que había federado todos los odios de Francia en contra de sí. Desprovisto de carisma y de anclaje sólido en ninguna de las corrientes ideológicas del partido, navegó en el mar de las contradicciones entre éstas y las lanzó unas contra otras, sumando al fracaso de su zigzagueo en la gestión la detonación implosiva del partido que el genio de François Mitterrand unificara en 1971.

Macron tuvo la suerte de que el mezquino Primer Ministro que le tocó en desgracia cuando Hollande lo sumó al gabinete fuera Manuel Valls. El representante impenitente de la derecha del PS se encargó de echarlo del gobierno, impidiendo que compitiera contra él en las primarias. Forzado a improvisar una balsa política que miraba más hacia las elecciones de 2022 que a las de este año, Macron se halló de pronto a distancia óptima de la inminente implosión del PS. Justicia quiso que Valls perdiera igual las primarias del partido gobernante. La corrupción de Fillon completó el alineamiento de los planetas.

No abonamos aquí a la idea de que estemos frente a un presidente por casualidad: todo en la biografía de Macron lo preparó para la responsabilidad que está a punto de asumir. Todo en su carta de navegación lo orientaba, aunque tal vez más tarde, al Palacio del Elíseo. Francia y sus instituciones lo acogieron para prepararlo junto a otro puñado de sus mejores y más brillantes. Sorteó con destreza obstáculos y se encaramó a las oportunidades. Macron tiene en sus manos la presidencia, un partido de gobierno por construir y una mayoría parlamentaria por ganar. Nada indica que no vaya a lograrlo, pero nada indica que todo vaya a resultar tan fácil como lo fue hasta ahora.

Trumpazo a la democracia estadounidense

2016-11-14T01:39:00.003-03:00

The Donald, surfer de la furia
13 de noviembre de 2016
Por Gabriel Puricelli

“Sé cómo ganar” fue una las frases que se escucharon de Donald Trump durante la campaña electoral. La invariable arrogancia con que la pronunció se estrelló contra la autosuficiencia de sus adversarios, que hicieron caso omiso de la letra chica de las encuestas y su advertencia de que la intención de voto medida se podía considerar segura dentro de cierto margen de error. Porque no cabe endosar a las encuestas la perplejidad con la que se recibió la confirmación de que Trump sí sabía cómo ganar, sino a la expresión de deseos que blindó no sólo a quienes estaban en competencia con él, sino a una mayoría abrumadora de los observadores.

De los dos candidatos, ganó la competencia quien fue capaz de ser tomado como la mejor arma de protesta contra el otro. Parados ambos sobre dos sólidos bloques electorales de no menos de 40% de los votos, la estocada la dio quien fue capaz de lograr que a una mayoría de indecisos le costara menos aceptarlo como el modo de herir al otro. El “concurso de impopularidad” como inapelablemente lo bautizara la revista británica The Economist se saldó con un resultado que nunca estuvo fuera de lo posible, pero en el que las élites políticas, culturales y mediáticos se rehusaron a creer, sin lograr arrastrar en ese rechazo a ese 1% de los votantes que alcanzó para vocar del lado de Trump los delegados al Colegio Electoral de Wisconsin, Michigan y Pensilvania.

Nada puede minimizar este triunfo como síntoma de la erosión de la legitimidad que corroe a las democracias del mundo desarrollado. Las miserias de posición percibidas por una minoría cada vez más numerosa surgen del retroceso de las clases medias y de la convicción que se hace carne entre quienes precariamente se aferran a esa condición social de que no habrá ascenso para ellos como lo hubo para las generaciones de posguerra y no lo habrá para sus sucesores. El triunfo de Trump debe inscribirse en un fenómeno que ya impactó y continuará impactando a Europa y no hay modo de ignorarlo.

Consolarse con la coincidencia de algunas de sus promesas con los rechazos que definen las posturas progresistas de otras fuerzas en todas las latitudes del globo es una actitud contra la que es necesario advertir, no porque nos hiera la imbecilidad de quienes se dan ese consuelo, sino porque minimiza la vocación restauradora con la que Trump barrena la ola de furia que lo depositó en la Casa Blanca.

A 15 años del atentado contra las Torres Gemelas

2016-09-12T01:15:00.002-03:00

Los efectos perdurables de una atrocidad
Domingo 11 de septiembre de 2016

Por Gabriel Puricelli

El atroz crimen cometido por los seguidores de Osama Bin Laden hace 15 años sigue siendo el telón de fondo sobre el que se recortan todos los atentados terroristas cometidos por los jihadistas desde entonces. El derrumbe de las Torres Gemelas es también la imagen que atormenta a un establishment político y de defensa de los EE.UU. que se encuentra desde aquel momento enfrentado a la paradoja de controlar el poder más letal que haya estado nunca en manos de una única superpotencia y no poder, sin embargo, ordenar el mundo a su voluntad.

El 11 de septiembre de 2001 dio lugar a una reorientación radical de la política exterior estadounidense, que abandonó de un plumazo el realismo y adoptó una doctrina revolucionaria pergeñada por los neocons que rodeaban a George W. Bush, en cuyo corazón había una idea: impulsar un cambio de régimen en los países considerados una amenaza, bajo el supuesto de que la democratización los haría amigos de los EE.UU. El banco de pruebas fue Irak, con consecuencias que se ven claramente en la hecatombe de violencia y muertes en masa que arrasa hoy a parte de Medio Oriente y el norte de África.

El atentado del que hoy se cumplen 15 años contuvo también dos novedades estratégicas. Por un lado, fue la puesta en práctica de una amenaza: llevar el frente de batalla a los países que encarnan al “infiel”. Por el otro, fue la demostración de la escala del daño que se podía causar prescindiendo de cualquier tecnología bélica. Esas dos novedades se hicieron rutina, con atentados repetidos en ciudades europeas y de países aliados de los EE.UU., llevados a cabo por medios o bien poco sofisticados o bien no convencionales y a la vez absolutamente ordinarios: de los aviones comerciales al camión del reciente atentado en Niza, sin desdeñar, claro, las armas de fuego.

Pero allí donde los terroristas han persistido con modos de causar muerte que han probado su eficacia sangrienta, los EE.UU. han abandonado la doctrina neocon y abrazado una peculiar forma del realismo centrada en los asesinatos selectivos. Esta estrategia, transformada en doctrina en un dictamen del primer Fiscal General de la presidencia de Barack Obama, Eric Holder, ha incluido la ejecución extrajudicial del cerebro del atentado de Nueva York y de decenas de otros “combatientes enemigos” en media docena de países distintos, seguida de una estela de muertes de quienes estaban cerca de donde distintos aviones no tripulados lanzaron sus misiles: “daños colaterales”.

La devastación del sur de Manhattan ha tenido efectos pedagógicos perdurables. Convenció a parte de los estadounidenses de que “allá afuera” todo es peligro y alimenta, hasta hoy, pulsiones aislacionistas y belicistas que son activadas en provecho propio por distintos líderes domésticos. Demostró a bolsones significativos de comunidades de origen inmigrante en los propios EE.UU. y en Europa que hay un terrorismo hágalo-usted-mismo al alcance de la mano, promoviendo así el accionar tanto de grupúsculos sociopáticos como de movimientos fundamentalistas más amplios.

Sanders puede hacer un mundo de Michigan

2016-03-14T13:17:00.001-03:00

Lunes 14 de marzo de 2016
Michigan, el mundo de Sanders
Por Gabriel Puricelli

Hasta el propio Bernie Sanders se había ido a dormir antes de que fuera proclamado el ganador de la primaria demócrata del martes pasado en el estado de Michigan. Ese solo hecho debería bastar para dar una dimensión tanto de la sorpresa que su ajustada victoria significó, como de la confianza casi ciega que sociedades modernas como la estadounidense depositan en los oráculos contemporáneos. No vamos a caer aquí en pronosticar lo contrario de sus supuestas profecías, porque seguramente contribuiríamos a reforzar el prestigio de quienes las anuncian al (con toda probabilidad) equivocarnos. Sin embargo, estamos obligados a señalar cómo la impostura de quienes se creen capaces de adelantarnos el final de la película escamotea la discusión de aquello que es importante y que ya ha emergido en estas primarias como la cuestión que las definirá en perspectiva histórica.

No se trata simple o solamente de hacer leña de los encuestadores caídos después de anunciar que Hillary Clinton ganaría el estado del medio oeste por más de 20 puntos porcentuales: las encuestas no son, en definitiva, más que la munición con que cargan sus armas los pundits, los analistas y los observadores “informados” que dominan el aire televisivo y radiofónico y el flujo de los bits en las sitios web periodísticos. Los mismos que habían comprado pochoclo para ver una remake de Clinton vs. Bush casi un cuarto de siglo después, reservan su mejor cara de sorpresa para hablar de los estragos que está haciendo Donald Trump en la interna republicana, pero recuperan su mejor cara de suficiencia para tranquilizar a quienes los escuchan con la aseveración de que la normalidad está a salvo porque los demócratas elegirán inevitablemente a Hillary. La posibilidad de que el desempeño de Sanders anuncie una nueva normalidad escapa casi por completo a análisis pertrechados de series históricas de datos que posibilitan una visión despejada por el espejo retrovisor pero que iluminan de manera incierta lo que viene.

En lugar de sorprendernos por el comportamiento electoral de los estadounidenses, convendría compararlo con el de los ciudadanos de otras democracias en el hemisferio norte. En efecto, la huida desde el centro hacia izquierdas y derechas de tonos más fuertes es un fenómeno que en los años posteriores a la crisis financiera del 2008 se ha verificado en cada votación en la mayoría de esos países. La movilización de sectores que se habían acostumbrado al abstencionismo también apareció como un rasgo repetido. Sin transformar esto que constatamos al comparar, en una tendencia que debería verificarse mecánicamente en todo el mundo desarrollado, no es descabellado suponer que la erosión de la legitimidad de estos distintos sistemas políticos, que se manifiesta en el abandono masivo de adhesiones políticas consolidadas, está detrás de la emergencia de nuevos partidos y liderazgos también en los EE.UU.

La relevancia inocultable de Sanders reside allí. Y Michigan lo pone en evidencia no tanto por la sorpresa, sino porque la composición social del estado es muy representativa del promedio de los EE.UU. actuales y es muy similar a la que tienen la mayoría de los estados que van a votar desde el 15 de marzo en adelante. La ventaja que Hillary tiene entre los superdelegados que votarán en la convención demócrata en Filadelfia en julio, pero que no son electos en las primarias, hace que sí sea muy difícil que Sanders llegue a ser el candidato, pero el sesgo que el senador socialista le ha dado al debate político ya marca decididamente la campaña.

Hay otro factor que se omite: la manufactura del consenso político en EE.UU. se situó en el “centro” en el contexto histórico de la Guerra Fría. Con un anticomunismo al que sólo le faltaba ser mencionado en la constitución, a la democracia estadounidense se le habían amputado conceptos que habían circulado libremente en su seno hasta el período de entreguerras. Un veterano como Sanders funciona como un filamento entre el presente y una tradición que fue marginada, pero lo significativo son los menores de 40 años que, votando en proporciones de hasta dos a uno por él sobre Hillary, muestran que las palabras prohibidas de otro tiempo pueden ser pronunciadas de nuevo.

Está suficientemente dicho y repetido lo que Trump significa como amenaza para el sistema político de su país y para el mundo en el que su país es la única superpotencia. Bien dicho. No dejemos de lado, sin embargo, la consideración de la campaña “insurgente” de Sanders y su contribución a que el debate político incorpore los temas y demandas que han sido parcialmente ignoradas en las últimas tres décadas. Sin su concurso, el juego de la deslegitimación de Trump tendría muchas más posibilidades de arrasar con todo.

Se termina la guerrita fría

2015-07-21T07:35:00.002-03:00

El fin de otra antigualla
21 de Julio de 2015
Por Gabriel Puricelli

Los autazos remendados que se pavonean por el malecón de La Habana empezaban a parecer nuevos frente al anacronismo de la ausencia de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. La decisión de Raúl Castro y Barack Obama de ingresar tardíamente en la era de la post Guerra Fría, que arrancó hace más un cuarto de siglo, tiene en la reapertura formal de sedes diplomáticas en sus respectivas capitales un momento que es tanto de clímax como de anticlímax. Lo uno, porque escriben una página que está automáticamente inscripta en los libros de historia. Lo otro, porque si se repasa la agenda posible de la relación bilateral ahora que tomó la ruta de la normalidad, resulta casi menos conflictiva que la agenda entre Noruega y Suecia.

Miremos con perspectiva: Estados Unidos tiene con México una relación en la que debe lidiar con problemas de una dimensión que hace que los que tiene o pueda tener con Cuba resulten irrisorios. Narcotráfico, inmigración ilegal y violencia, por nombrar sólo los negativos. Los mismos que figuran al tope del ranking en la relación de Washington con los países inmediatamente al sur de México. La amenaza no proviene de los estados, sino de sociedades en tensión, agrietadas por la desigualdad, atraídas y repelidas por el rumor de la sala de máquinas del capitalismo norteamericano. Flujos de inversiones compensan parcialmente el lado oscuro de ese orden del día.

En cambio, Cuba no es una amenaza existencial para los Estados Unidos desde que los soviéticos desarmaron sus lanzaderas misilísticas en 1962 y hace rato que ha dejado de desafiar con su apoyo espiritual o material a insurgencias latinoamericanas o africanas. Al contrario, La Habana es la Oslo del Caribe a la hora de poner la mesa para las guerrillas colombianas y el gobierno de Bogotá. Hasta Raúl Castro puede funcionar de sordina de la trompeta de Nicolás Maduro cuando hay una cumbre como la reciente en Panamá.

Todos los problemas que venimos de repasar tienen una escala y un nivel de dificultad que empequeñecen las cuitas que provoca Cuba en Washington. Y no hablamos siquiera de los problemas que presenta para la única potencia contemporánea el vasto escenario que va desde Libia hasta Pakistán. Cuba no tiene nada dañino que exportar a su vecino geográficamente más cercano y Estados Unidos no encuentra ya razones para negarle a sus empresas la posibilidad de asociarse provechosamente con el estado castrista como lo han hecho españoles o canadienses, por nombrar sólo a dos jugadores grandes en el gran lagarto verde.

¿Borra este inventario 50 años de desconfianza? No de un plumazo. ¿Elimina esta auditoría veloz las ganancias retóricas que ambos gobiernos pueden obtener frente a sus ciudadanos criticándose mutuamente? Menos todavía. Sin embargo, nos mentiríamos a nosotros mismos si no describiéramos esta realidad material que ha debilitado para siempre las bases de esa desconfianza y la justificación de esa retórica.

Nixon fue a China arriesgando infinitamente más de lo que puso en juego Obama para este restablecimiento del vínculo con Cuba. Y lo mismo vale al comparar a Mao con el más joven de los Castro.

Un acuerdo para que Irán no prolifere

2015-07-15T07:35:00.001-03:00

Un hijo inesperado de la Primavera Árabe
Miércoles 15 de julio de 2015
Por Gabriel Puricelli

Cuando Federica Mogherini tuiteó “Hecho. Tenemos el acuerdo”, toda la tensión de meses discutiendo la letra fina de cómo encuadrar a Irán en un régimen (temporario) de no proliferación se disipó y el mundo quedó frente a un hecho de la envergadura de la firma de la paz entre Israel y Egipto. Es necesario remontarse a 1978 para encontrar un evento de semejante significación para la seguridad del planeta. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad fue la encargada de darle una cara fresca al resultado de negociaciones conducidas tras bambalinas a cara de perro, luego de que Irán tuviera que rendirse ante el costo económico de años de sanciones internacionales y aceptar que su uso de la tecnología nuclear sea supervisado de manera detallada e intrusiva por la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Pero las negociaciones no sólo fueron posibles porque Irán tuvo que doblarse para que no se rompiera el consenso doméstico que mantiene en pie a la teocracia de los ayatolás, sino porque EE.UU., sus aliados europeos, Rusia y China han llegado a la conclusión de que necesitan un Irán estable para restablecer alguna forma de equilibrio geoestratégico en un Medio Oriente estallado luego de la primavera árabe, engullido hoy por la inestabilidad y el debilitamiento de varios estados soberanos en las orillas asiática y africana del Mediterráneo. Un ejercicio del más estricto realismo muestra no sólo que el combate al Estado Islámico en (lo que fueron) Irak y Siria se basa ya en una alianza de hecho entre estadounidenses e iraníes, sino que a mediano plazo Arabia Saudita necesita ser equilibrada por otro actor de peso militar y unidad doméstica similar para que no se aventure en un expansionismo que termina en el financiamiento de fuerzas siniestras como EI.

La necesidad de todos tiene cara de hereje: los tres países europeos que fueron parte de las duras negociaciones, Alemania, Francia y el Reino Unido saben también que la consolidación de la baja de los precios del petróleo (que se esperanzan ayudará a dinamizar sus economías en algún caso anémicas) dependen de la normalización de las exportaciones iraníes de crudo y que el flujo sin fin de refugiados que intentan alcanzar las costas o las fronteras de la UE sólo amainará en parte si Medio Oriente deja de expulsar poblaciones enteras.

Rusia y China, en fin, lograron hacer de las negociaciones no sólo una oportunidad de proteger a un aliado, sino de cooperar con las cuatro naciones occidentales que participaron del proceso, morigerando los efectos de las tensiones militares o económicas que los oponen en otros escenarios.

Los beneficios de que el acuerdo se cumpla al pie de la letra son obvios, pero los riesgos que traería aparejado su incumplimiento son enormes. En juego está la seguridad de Israel y las perspectivas de encontrar a mediano plazo una estabilidad para la región que igualmente no deja de ser el cinturón de fuego del mundo del siglo XXI.

Tsipras: un presente griego para la troika

2015-01-26T23:06:00.000-03:00

Lunes 26 de enero de 2015
Un eurocomunista extemporáneo
Por Gabriel Puricelli

El resultado de las elecciones griegas encierra varias historias, además de la anunciada reacción ciudadana al austericidio dictado desde Berlín por Angela Merkel. Es la historia del suicidio del Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok), el partido cuya adoración del líder y fundador Andreas Papandreu lo asemejara más que ninguno en la posguerra a los movimientos nacionalpopulares latinoamericanos. El Pasok pagó en votos contantes el giro político de 180 grados que puso en práctica (con el decisivo empujón de la Comisión Europea) el hijo de Andreas, Yorgos. El ajustazo que llevó a la recesión durante su gobierno se profundizó con el gobierno de “gran coalición” actual en el que el Pasok se transformó en el chico de los mandados de su archienemigo histórico, Nueva Democracia, el partido del primer ministro saliente, Antonis Samaras. El celo fiscal con el que el actual viceprimer ministro Evangelos Venizelos se identificó hizo del Pasok un partido en el que ni Yorgos Papandreu quiso seguir estando: el ex primer ministro se presentó a elecciones con lista propia y, claro, no alcanzó el 3 por ciento de los votos necesario para acceder a bancas parlamentarias.

El voto griego también contiene la historia de la testarudez cuasi religiosa de la troika conformada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que convocó a los griegos a una travesía del desierto sin premio para ellos. Una política de salvataje in extremis del euro por la que se sometió a una sobredosis de recortes a las vulnerables mayorías griegas, para que las mayorías alemanas no tuvieran que enterarse de que el sueño hegemónico puede tener costos para la vida. Es la historia de una Europa donde no se puede decir en público que todos los ciudadanos de los países de la Zona Euro tienen que contribuir con su libra de carne para que Alemania pueda seguir siendo una potencia exportadora principalísima.

Las preferencias de los griegos encapsulan la historia de la larga marcha de los eurocomunistas griegos desde la disidencia dentro del Partido Comunista hasta la llegada al gobierno. Grecia no eligió una expresión política surgida de la nada para expresar su frustración ante la crisis desatada por años de abuso patrimonialista del Estado por las élites que lo dominaron desde el fin de la dictadura de los coroneles y por el remedio atroz suministrado por la troika. Eligió a Syriza, la Coalición de la Izquierda Radical, la confluencia que impulsaron los viejos cuadros del “Partido Comunista del Interior”, después de romper con los estalinistas del “Partido Comunista del Exterior” y abrirse a los movimientos sociales de los ’80 y a la naciente ecología política. Los comunistas que combatieron la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial evolucionaron en direcciones divergentes ante el intervencionismo soviético en Europa. Muchos de ellos, forzados por la dictadura de los coroneles al exilio en Italia, abrazaron el modo de oponerse a Moscú y de concebir las alianzas políticas de sus correligionarios italianos y promovieron una visión comunista desde el interior de Grecia, distinta de la impuesta desde el exterior por los mandamases de la URSS.

Un jovencísimo Alexis Tsipras fue jefe de la Juventud Comunista representando a esos adultos del partido inspirados por el eurocomunismo de Enrico Berlinguer y los acompañó en la salida del partido (la sigla histórica, KKE, quedó en manos de los ortodoxos) y en la búsqueda de alianzas que su viejo partido no hubiera aceptado jamás.

Syriza, la forma que hace tiempo adoptó esa política de alianzas, es entonces un sujeto político con una larga historia y hondas raíces en la cultura política griega. Llega al gobierno con el desafío de encontrar aliados nuevos para alcanzar la mayoría en el Parlamento que se le escapó por milésimas. Llega rodeada de unas expectativas a las que Tsipras trató de darle un marco realista en la campaña. Y llega en un tiempo en que los pesimistas creían que era el de optar entre la resignación de las grandes coaliciones o la bestia negra de la ultraderecha. Un eurocomunista extemporáneo tiene delante de sí la oportunidad de demostrar que no es así.

Arrivederci, Presidente Napolitano!

2015-01-14T13:00:00.000-03:00

Hoy deja la colina del Quirinale después de ejercer la presidencia de la República Italiana durante nueve años y de ser el único jefe de estado de la historia republicana del país en ser reelecto, Giorgio Napolitano. Histórico jefe del ala "mejorista" del viejo Partido Comunista Italiano, modeló el gobierno como ninguno en su lugar lo había hecho antes, sobrepasando ampliamente los límites de su poder ceremonial. Lo que sigue lo escribíamos hace más de un año y vale como apunte para una semblanza. Arrivederci compagno Giorgio!

Poder a lo Napolitano
Por Gabriel Puricelli
24 de mayo de 2013

os meses pasaron desde las elecciones de febrero, antes de que los italianos tuvieran un gobierno. Cuando la fumata blanca se disipó, se encontraron con que el nuevo presidente del Consejo de Ministros era un joven político que no había sido candidato para el cargo y con que la alianza de gobierno incluía a Silvio Berlusconi, el mismo que los ganadores de las elecciones habían jurado desterrar de la política de una vez y para siempre. Las consecuencias de los comicios italianos, tan novedosos y variados, no disimulan, sin embargo, el gatopardismo esencial que los explica. El gran ganador, por el momento, de la multitud de cambios que se han producido para que todo siga igual es el prestidigitador por excelencia de la Segunda República.

Los hechos de la elección fueron éstos: la centroizquierda fue primera minoría, con menos votos de los esperados; la derecha fue segunda, con más votos de los esperados; los “indignados” obtuvieron uno de cada cuatro votos válidos. Bajo el particular sistema electoral impuesto por el berlusconismo, el que llega primero en la carrera nacional, se queda con la mayoría de las bancas de la Cámara de Diputados, y el que llega primero en una región, se queda con la mayoría de los legisladores que le corresponden a la misma en el Senado. Las probabilidades de que nadie alcance una mayoría en esa Cámara son, entonces, estructuralmente altas. En ese campo minado, el Partido Democrático (PD) y sus aliados de Izquierda, Ecología y Libertad (SEL) alcanzaron la mayoría en Diputados y quedaron muy lejos de ésta en el Senado.

Las promesas que el PD y SEL habían hecho a sus electores eran claras: terminar definitivamente con la era Berlusconi y no aliarse para gobernar con la centroderecha posdemocristiana del presidente del gobierno “técnico” saliente, Mario Monti. Eso dejaba como único aliado posible al único partido que había prometido no aliarse con nadie, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), es decir, los “indignados” seguidores del comediante Beppe Grillo. Si todos cumplían sus promesas electorales, era imposible formar gobierno. Llamar a elecciones no era posible tampoco, porque el presidente de la República no puede disolver el Parlamento cuando está en los últimos seis meses de su mandato: era necesario elegir uno nuevo antes de convocar otra vez a los ciudadanos a las urnas.

Convocada la asamblea que elige indirectamente al jefe de Estado, y habiendo fracasado (y con escándalo) allí también la centroizquierda en imponer a sus candidatos, el sindicalista Franco Marini y el ex jefe de gobierno Romano Prodi, surgió la posibilidad de coincidir en una propuesta común con el M5S: Grillo postuló al jurista Stefano Rodotá, un ex diputado de izquierda como presidente de la República. El SEL adhirió rápidamente a la propuesta, esperando que el PD hiciera lo propio. Y allí sucedió lo que puede ser visto a la vez como lo impensado y como lo más pensado: el PD acordó con Berlusconi y con Monti reelegir a Giorgio Napolitano y éste los conminó a aliarse entre sí para formar gobierno.

Lo impensado fue la ruptura indolente del contrato (y de la alianza) electoral por el PD, incluyendo la renuncia al liderazgo del partido del jefe de gobierno que no fue, Pier Luigi Bersani. Lo más pensado fue el segundo acto del presidencialismo sui generis hacia el que se ha deslizado Italia.

Napolitano encargó a Enrico Letta, número dos del PD detrás del renunciante Bersani, la formación del nuevo gobierno, con ministros pertenecientes a las tres fuerzas mencionadas y tecnócratas “independientes” heredados del gobierno saliente. El jefe de Estado, reemplazando a todos los efectos prácticos al Parlamento, ponía en marcha su segundo gobierno en un año y medio. En noviembre de 2011, intervino decisivamente para facilitar la salida de Berlusconi del gobierno, al nombrar al ex comisario europeo Monti como senador vitalicio y ponerlo, entonces, en condiciones legales de ser nombrado jefe de gobierno. Los días de Il Cavaliere estaban contados, pero el activismo de Napolitano evitó un llamado a elecciones antes del fin de la Legislatura y forzó a los berlusconianos y al PD a ponerse de acuerdo en apoyar un “gobierno técnico” dirigido por Monti. Éste se puso entonces a la cabeza de una administración fuertemente resistido por los sindicatos, pero no salpicado por la corrupción de su antecesor. A través de Monti, Napolitano impuso su preferencia por una línea de austeridad económica para sortear la crisis de la deuda italiana, pero, al mismo tiempo, e involuntariamente, puso al Pueblo de las Libertades de Berlusconi y al propio PD del que él proviene en el mismo escaparate para ser atacados sin tregua por el ascendente Grillo. Contados los votos en febrero último, quedó claro cuán legítimo era ese gobierno que conservadores y progresistas apoyaron sin chistar: Monti no alcanzó el diez por ciento de los votos.

Pero en tanto la elite política tradicional sintió que Napolitano podía sacarle las castañas del fuego (Berlusconi porque mantiene el poder necesario para que los jueces no terminen de encerrarlo en un calabozo, el PD porque no quiere empeorar su desempeño electoral), consintió nuevamente en que fuera el titular de un cargo que se supone relativamente ceremonial, y no el Parlamento, quien diera forma al gobierno de Letta, definiendo qué partidos debían integrarlo e incluso imponiendo algunos ministros que no fueron propuestos por ninguno de los tres integrantes de la novel coalición.

El gran campeón de un presidencialismo a la italiana, desde el fin de la Primera República tras los procesos de Mani Pulite, que terminaron con la era democristiana a fines de los ochenta, fue Berlusconi. Éste nunca logró alcanzar su sueño porque nunca convenció a una mayoría de italianos de que darle a él ese poder adicional era una buena idea. De manera inesperada, sin embargo, y sin mediar cambio constitucional alguno, Napolitano, se encaramó en la cúspide del poder deshaciendo y haciendo gobiernos. Si alguna ratificación simbólica de ese poder necesitaba, la logró al transformarse en el primer presidente de la República reelecto desde el fin de la monarquía.

El presidencialismo alla Napolitano se ha colado entre las grietas del elitismo cupular del PD y de la antipolítica de Grillo, y se ha beneficiado del permanente trabajo berlusconiano de socavar mediante leyes electorales envenenadas la posibilidad de un parlamentarismo que produzca mayorías estables.

Los pocos y repetidos ingredientes que Napolitano ha usado para crear su governissimo de amplia coalición prefiguran un menú igualmente limitado en las opciones de política para sacar a Italia de un estancamiento económico que está creando pobreza dentro del país y que representa una amenaza para la estabilidad monetaria de Europa. Mientras tanto, amontonar a todos los políticos tradicionales en el mismo gobierno probablemente favorezca la consolidación de las nuevas formas de representación verticales y antidemocráticas que pone en práctica Beppe Grillo como capo di tutti i capi de la antipolítica 2.0.

Escapando de la sombra de Atatürk

2014-12-16T23:01:00.001-03:00

El hombre fuerte de Turquía
Jueves 25 de septiembre de 2014
Por Gabriel Puricelli

Las esquirlas que matan y mutilan en una ancha región del mundo son esquirlas del estallido del Imperio Otomano. No se puede hablar de Palestina, de Irak, de Siria sin hablar de un imperio que pasó a mejor vida hace casi un siglo y de la fallida partición de su vasto territorio por los aprendices de brujo europeos. Sin embargo, cuando se habla del que fue el centro político otomano, de Turquía, hay que hablar más de la república laica que lo sucedió que del viejo imperio, que le ha ahorrado a los turcos su herencia de inestabilidad.

El 10 de agosto, los turcos eligieron por primera vez a su presidente por el voto directo de los ciudadanos. Surge así un semipresidencialismo a la francesa. El voto fue un paso más en el perfeccionamiento de un sistema democrático que se ha desembarazado de la tutela militar, y en el que una mayoría de los turcos optan de nuevo por el islamismo moderado como opción favorita. Paradójicamente, lo que puede verse como un paso adelante desde el punto de vista sistémico, viene de la mano de la legitimación de un liderazgo, el del ex-Primer Ministro y ahora Presidente Recep Tayyip Erdoğan, que carga con una serie de acciones autoritarias, en particular durante el pasado año y medio.

La república turca se fundó no sólo sobre la abolición de la monarquía, sino sobre la abolición del califato, que sancionó la separación definitiva entre el estado y la religión. En sus casi dos décadas en la cumbre del poder, hasta su muerte en 1938 mientras ejercía la presidencia, Mustafa Kemal Atatürk se aseguró de que el fundamento del poder fuera absolutamente secular, proviniera de la voluntad ciudadana o del monopolio del uso de la fuerza puesto en manos de las fuerzas armadas en las que él mismo iniciara su carrera.

El flamante presidente turco se inscribe en una corriente política que lucha pacientemente hace décadas por derribar tabúes laicos como los que impidieron por muchos años el uso femenino del velo en cualquier institución del estado. Los reaseguros del laicismo, estratégicamente implantados en instituciones no electas como las ya mencionadas fuerzas armadas, el poder judicial y (en particular) la Corte Constitucional han resultado obstáculos formidables para Erdoğan, que los enfrentó con la fuerza electoral que le dio a su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) tres mayorías parlamentarias consecutivas. Antes de la creación del AKP en 2001, la Corte Constitucional disolvió los dos partidos islamistas de los que desciende: en 1998 prohibió el Partido del Bienestar (RP) y en 2001, el Partido de la Virtud (FP). El propio Erdoğan se vio impedido de asumir como Primer Ministro en 2002 porque desde 1998 pesaba sobre él una prohibición para ser electo para un cargo público, después de que leyó en un acto un verso de un poeta nacionalista panturco que fue interpretado por las cortes como una reivindicación del Islam contraria a la laicidad del estado. Ese recitado lo llevó incluso cuatro meses a prisión, en 1998, y lo eyectó de su cargo de alcalde de Estambul, que ejercía desde 1994 en representación del RP. En marzo de 2003, tras una reforma legal decidida por la Gran Asamblea Nacional (parlamento), el actual hombre fuerte de Turquía pudo ser electo para una banca, pasando de inmediato a ocupar el sillón de Primer Ministro que su correligionario Abdullah Gül había ocupado desde la victoria del AKP a fines del año anterior.

Ya en el poder, e incluso después de renovar en 2007 su mayoría parlamentaria con cinco millones de votos más que en la anterior elección, el AKP tuvo que enfrentar un juicio de la Corte Constitucional en 2008 que no llegó a ilegalizarlo porque no se alcanzó en el tribunal la mayoría calificada necesaria. Erdoğan eludió así el destino de Necmettin Erbakan, que fue eyectado del cargo de Primer Ministro en 1997 cuando los jueces (con las fuerzas armadas detrás) disolvieron el Partido del Bienestar.

La fortaleza de Erdoğan se basa tanto en su carisma, en el empuje que ha mostrado el crecimiento económico del país en sus largos años en el poder y en la frágil paz que se ha alcanzado con la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), sino en la capacidad que demostró de redefinir el mapa político turco. La fundación del AKP no consistió simplemente en la creación de una entidad politico-legal que permitiera a los islamistas seguir participando de las elecciones, sino que convocó a buena parte de los cuadros de los partidos conservadores que habían dominado la escena política turca desde los años ´50. Esa fusión dio lugar a la emergencia de lo que hoy es un partido claramente predominante, que duplica con facilidad en votos a sus opositores kemalistas del Partido Republicano del Pueblo (CHP) y cuadruplica a la derecha nacionalista panturca del Partido del Movimiento Nacional (MHP).

El CHP y el MHP intentaron vanamente desafiar ese predominio con la postulación de un candidato común a la presidencia, el ex-Secretario General de la Organización de la Conferencia Islámica Ekmeleddin İhsanoğlu. Con él, buscaron convocar tanto a la base socialdemócrata del CHP, como a los ultranacionalistas del MHP, cuyo brazo paramilitar, los Lobos Grises, contó entre sus filas Mehmet Ali Ağca, quien intentara asesinar al Papa Juan Pablo II en 1981. El candidato “atrapatodo” quedó, con 38% de los votos, a 14 puntos de alcanzar a Erdoğan. En el fallido intento, el CHP sufrió una fuga de votos que le permitió a un candidato de izquierda proveniente del Kurdistán, Selahattin Demirtaş, alcanzar casi el 10% de los votos, cerca del doble de lo que los partidos kurdos logran habitualmente en cualquier elección nacional.

Erdoğan sobrevive también a las masivas manifestaciones en su contra que empezaron en junio de 2013 en la parte europea de Estambul y se extendieron hasta marzo de este año, cuando fueron detenidos por cargos de corrupción algunos familiares de ministros del gobierno del AKP. Sin pestañear ante encuestas que indicaban una caída de su popularidad por la violenta represión de las protestas, la respuesta del entonces Primer Ministro incluyó 22 muertes entre los manifestantes. Las denuncias de corrupción, a su vez, fueron el síntoma de una ruptura política en el seno de la familia política islamista, ya que los jueces y policías que actuaron en función de ellas fueron vinculados por Erdoğan con el movimiento del predicador islámico Fethullah Gülen, que es considerado una especie de Opus Dei islámico y que es uno de los afluentes originales del AKP.

La llegada de Erdoğan a la presidencia seguramente significará la ratificación de la ruptura más significativa que impulsó como Primer Ministro en la política exterior turca: el abandono de la alianza con Israel. En un contexto turbulento como el que viven los vecinos Irak y Siria (donde el líder turco ha flirteado con jihadistas opuestos a Bashar Assad), los EE.UU. van a seguir encontrando en Turquía, el único país de la OTAN en el extremo oriental del Mediterráneo, a un socio indócil, cuyo autoritarismo doméstico puede traerle también futuros dolores de cabeza.

El "califato" en Irak y Siria

2014-10-11T20:16:00.001-03:00

El 10 de octubre de 2014, una conversación con Pablo Quintana en La Tijereta, en Radio Kalewche, sugiriendo algunas pistas para entender el fenómeno del Estadio Islámico en Irak y Siria.